La Fiscalía no descarta una red criminal en la Dret

El Ministerio Público solo dispone de un profesional para que atienda los casos de la dirección de Educación pues advierten el mismo modus operandi en varios procesos. Tras un año, la Contraloría no emite informe de auditoría

La Fiscalía no descarta una red criminal en la Dret

Por: Janina Rodríguez

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga la existencia de una red criminal que operaba sistemáticamente en la Dirección Regional de Educación de Tumbes (Dret).

Correo conoció que la Fiscalía ha ordenado a uno de sus abogados para que atienda todos los casos de la Dret que datan del año 2016. Esto en vista de que han detectado un mismo modus operandi en varios de los procesos contra funcionarios de dicha entidad educativa.

De esta manera se permitirá conocer la existencia de una red delictiva que concertaba para estafar al Estado.

Para lunes 24 de setiembre se ha programado la audiencia de prisión preventiva contra diez funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Tumbes (Dret) involucrados en el delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de colusión agravada por el pago de diez servicios fantasma en los institutos tecnológicos, el año pasado.

DEMORA. Pese a que el Ministerio Público presentó el requerimiento de prisión preventiva en el mes de julio, la Corte Superior de Justicia de Tumbes fijó fecha para este 24 de setiembre, casi dos meses después.

Es preciso indicar que la Fiscalía hasta el momento no ha recibido ningún informe de la Contraloría General de la República, a pesar de que el contralor anunció con bombos y platillos a un equipo especializado de auditores quienes realizarían una auditoría en la dirección de Educación.

Ha pasado más de un año y la Contraloría no hace llegar ni como denuncia sus informes al Ministerio Público.

Incluso se conoce que el fiscal a cargo del caso ha emitido varios oficios solicitando a la Contraloría el informe que tanto anunciaron, pero las respuestas siempre son las mismas; que se viene realizando aún la auditoría.

CONTRALORÍA. Cabe señalar que un informe de este órgano de control se considera una prueba preconstituida en el proceso a seguir; sin embargo pese la contratación de más auditores, la Contraloría no ha logrado cumplir con entregar dicha auditoría.

El caso en mención de los servicios fantasma solo cuenta con una pericia fiscal y la documentación recopilada por el Ministerio Público.

El fiscal a cargo del proceso Jonathan Rivas Céspedes continúa realizando las diligencias de la formalización de la investigación, mientras se lleva a cabo la audiencia de prisión preventiva.

El abogado ha solicitado el levantamiento del secreto bancario de los investigados a fin de conocer cuánto percibieron en el periodo de investigación u otros lapsos que la Fiscalía considere de importancia.

El Ministerio Público justificó los 18 meses de prisión preventiva en vista de que es un caso emblemático y ha sido considerado complejo, además de ello son 10 involucrados, los mismos que son investigados por varios delitos.

El fiscal considera que en ese tiempo pueden culminar la fase intermedia y la etapa de juicio oral y asegurar la presencia de todos los involucrados.

HECHOS. El exadministrador Jhonny Lindao Feria interpuso la denuncia ante la Fiscalía. Los expedientes a los que hace mención Jhonny Lindao, están referidos a órdenes de servicios entre los meses de mayo, junio y agosto del 2017 y supuestamente cinco de ellos debieron ser ejecutados en el instituto tecnológico José Quiñones.

Mientras que en el pedagógico José Antonio Encinas 4; ambas instituciones están ubicadas en la ciudad de Tumbes. Por otro lado, en el instituto tecnológico 24 de Julio, en Zarumilla, Lindao detectó un servicio irregular.

En total, los 10 servicios fantasma ascienden exactamente a S/ 296,609.42 y se encuentran debidamente cancelados, según el Siaf.

Según las diligencias efectuadas por el Ministerio Público, Jhonny Lindao Feria, es investigado en su calidad de jefe de la oficina de Administración de la Dret, cuya obligación era vigilar los caudales de la Dret, los cuales se encontraban bajo su custodia.

En tanto Vásquez Acosta, en su calidad de jefe de la oficina de Tesorería de la Dret, habría firmado los cheques que se cobraron por los servicios no realizados.

Asimismo, en calidad de cómplices se encuentra Javier Girón como jefe de la oficina del área de Contabilidad, quien habría realizado los devengados de los diez servicios pagados.

Además de Moscol Zapata especialista en finanzas de la oficina de dirección de gestión institucional (jefe de presupuesto), quien habría utilizado su usuario y clave para poder llevar a cabo las certificaciones presupuestarias de dichos servicios.

Por su parte, Wilfredo Chávez, especialista en educación del área de la dirección pedagógica, habría firmado los diez cheques que fueron cobrados por servicios que no se ejecutaron; mientras que Ysabel Arica del área de abastecimiento, habría elaborado las órdenes de servicios que al final fueron pagados pero no fueron ejecutados.

Asimismo Eliana Crespo, asistente administrativa del área de presupuesto, era la persona que tenía acceso directo al SIAF y SIGA y habría realizado los pedidos de servicios para los institutos; mientras que Rojas Guevara, habría captado a los supuestos proveedores y se habría confabulado con Riqui Carrillo para obtener los números RUC y clave sol de cada uno de los proveedores a cambio de dinero, además de acompañarlos a cobrar el dinero, para luego entregárselo a su primo Carlos Herrera Guevara.

PROVEEDORES. Quienes figuraban como proveedores de los “servicios fantasmas” fueron jóvenes cuyo promedio de edad es de 23 años.

El joven Anthony Carrillo Valladares declaró que recibió S/ 400.00 por cobrar un servicio que bordeaba los S/ 30,000.

Manifiesta que fue captado por el ciudadano César Rojas Guevara.

“Tu nomás le llevabas tu RUC y la clave SOL y él se encargaba de todo”, detalló el proveedor a un medio televisivo.

Además, indica que una vez retirado el dinero se lo entregaba a Rojas Guevara, quien lo esperaba con su primo Carlos Herrera Guevara en una camioneta.

Los llamativo es que ni César Rojas Guevara, ni Carlos Herrera Guevara, tienen vínculos con la Dret, por lo que se presume que serían los nexos entre los funcionarios y los proveedores.

El pedido de prisión preventiva fue presentado por el fiscal Jonathan Rivas Céspedes, ante el juez Edwin Anselmo Cohaila, del Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes.

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