A fumigar

COLUMNA: IVÁN SLOCOVICH

Atención con lo declarado ayer al diario El Comercio por el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, en el sentido de que la podredumbre que hemos conocido en los últimos días, a través de los audios del escándalo, no es exclusividad de la Corte Superior de Justicia del Callao, ahí donde se ha hecho famoso su expresidente Walter Ríos, pues el magistrado supremo ha dicho que una situación similar, en la cual el crimen organizado ha infiltrado el sistema, se vive en 14 distritos judiciales.

Esto es sumamente grave, pues quiere decir que casi la mitad de las 34 jurisdicciones judiciales del país cuentan en sus filas con magistrados que más bien deberían estar presos por ser parte de mafias a las que supuestamente deberían estar aplicándoles la ley. Queda claro por qué cada cierto tiempo los peruanos nos indignamos ante la mano blanda con que son tratados incluso prontuariados delincuentes que salen en libertad o ven archivados sus casos con suma facilidad.

En el 2014, una vez que fue desmontada la mafia encabezada por el exgobernador regional de Áncash César Álvarez, se hizo evidente que este personaje actuó por mucho tiempo con total impunidad gracias a que había logrado infiltrar la Corte Superior de Justicia del Santa. Fue una clarinada de alerta de la corrupción judicial. Pero poco o nada se hizo. Si se efectuaron cambios, fueron muy superficiales. No se miró más allá de lo que pasaba en Chimbote.

La administración de justicia y el poder de decidir quién va preso y quién queda en libertad no pueden estar en manos de hampones de medalla en el pecho que piden “diez verdecitos” o que absuelven a un potentado empresario de una provincia porque regaló computadoras para la Corte o becas para los magistrados. Esto último también es corrupción y debe ser erradicado si de verdad hay voluntad de limpiar el sistema judicial.

El presidente del Poder Judicial no tendrá mucho tiempo en el cargo, pero habrá hecho bastante si en los pocos meses que tiene por delante logra identificar a los corruptos e inicia el proceso para su destitución. El escándalo de los audios no puede quedar como un hecho aislado en la historia judicial del Perú. Debe servir para un cambio radical en el sistema, donde no tengamos a más delincuentes y sinvergüenzas fungiendo de jueces.

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