Las cárceles y los corruptos

COLUMNA: IVÁN SLOCOVICH

Un juez del Callao ha dictado en primera instancia 13 años y cuatro meses de prisión en contra de cuatro exfuncionarios del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), entre ellos quien fuera su jefe máximo, Julio Magán, nada menos que por haber favorecido la liberación del narcotraficante y asesino chalaco Gerson Gálvez Calle (a) “Caracol”, condenado a 35 años de cárcel, y últimamente muy famoso por sus nexos con magistrados del Primer Puerto.

Lo resalto porque si bien estamos muy centrados en la corrupción del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) gracias a los audios del escándalo, sería bueno que en algún momento miremos también esa eterna podredumbre que existe en el Inpe, donde a juzgar por la sentencia dictada el miércoles contra Magán y compañía, el peligroso “Caracol” fue capaz de extender sus tentáculos hasta llegar a sus más altos funcionarios.

Eso no es casual ni un caso aislado. La liberación del delincuente chalaco, que tuvo que ser luego recapturado, es apenas una muestra de lo que es el Inpe, esa entidad a cargo de los reclusorios del país donde se instalan discotecas con luces de colores, ingresan por lo bajo frigobares y televisores, se planean crímenes, ingresan teléfonos celulares para la extorsión, se levantan sus celdas doradas, y se vende droga y trago más que en la calle. ¿Alguien dijo resocialización?

El Inpe tiene que ser reformado. Es más, debería ser refundado. Si tenemos nada menos que el exjefe de la institución con una condena de 13 años y cuatro meses por favorecer a un hampón del calibre de “Caracol”, quien incluso salió del penal del Callao a bordo de un auto que habría ingresado irregularmente, queda claro que ahí las cosas apestan como en las instituciones mencionadas en el primer párrafo de esta columna.

Si el principal problema que tenemos los peruanos es el de la inseguridad, poco o nada se podrá avanzar con un Inpe como el actual, que ha sido infiltrado por la corrupción, que impide que el Estado tenga bien cuidados a los delincuentes que son capaces, incluso, de extorsionar y ordenar crímenes desde sus celdas. Nada se logra con buenos jueces y fiscales, o con los mejores policías, si las cárceles son centros de operaciones de hampones gracias a malos funcionarios públicos.

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