El riesgo de la presencia del insecto Bactericera cockerelli afectaría el 17.05% de la producción nacional.

Según Rubén Carrasco, director ejecutivo de CultiVida, en los campos de cultivo más afectados, las pérdidas podrían llegar hasta el 100% de la cosecha.

Manifestó que la sanidad vegetal es fundamental para proteger la producción y la economía de los agricultores, sobre todo los pequeños, por lo que resulta indispensable reforzar el monitoreo de los campos y promover el Manejo Integrado de Plagas para reducir los riesgos.

Expansión

El insecto fue identificado inicialmente en Huancabamba, Piura, en 2021, luego se extendió hacia el sur, hasta Áncash. Las zonas que podrían enfrentar un eventual avance de este insecto están Huánuco, Junín y Pasco.

“El insecto se alimenta de la planta y transmite patógenos asociados al complejo de la punta morada y a la enfermedad conocida como papa manchada o zebra chip. Altera el crecimiento de la planta, reduce el rendimiento y disminuye la calidad de los tubérculos”, precisó Carrasco.

Señaló que el insecto preocupa por su capacidad de adaptarse a diferentes condiciones climáticas. Se le detectó hasta los 3.300 metros sobre el nivel del mar y puede sobrevivir a temperaturas de entre 2 °C y 3 °C.

Frente a ello, algunos agricultores pasaron de tres a quince las aplicaciones de plaguicidas por campaña, que sube los costos, que a su vez afectará la oferta y presionará los precios en el mercado de abasto.

Guillermo Shinno explicó que se reunió con representantes de distintas bancadas del Congreso para sustentar técnicamente el proyecto de ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape) impulsado por el Ejecutivo.

Precisó que la iniciativa no constituye un «Reinfo 2.0», sino un mecanismo diferente que busca retirar la protección legal a quienes realizan actividades de minería ilegal.

Respecto a las propuestas parlamentarias para ampliar el registro por dos o cuatro años, señaló que el Congreso tendrá la decisión final, aunque advirtió que el Gobierno evaluaría observar una eventual norma de prórroga.

El titular del sector reconoció que el tiempo para aprobar la nueva legislación es limitado, pero sostuvo que el Ejecutivo ya cumplió con presentar el proyecto con carácter de urgencia.

En otro momento, rechazó los cuestionamientos por un presunto conflicto de interés relacionado con su anterior vínculo laboral con la minera Aruntani y la firma de una resolución para financiar trabajos de cierre y remediación de sus unidades mineras. Aseguró que estas fueron cerradas por el Estado en 2019 y que la transferencia de recursos responde a lo establecido en la Ley 32732.

Asimismo, Shinno negó que empresas mineras hayan financiado viajes de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas a Australia, entre ellos el de la viceministra de Minas, Mayra Figueroa Valderrama, para participar en un encuentro del sector en Sídney.

Indicó que la Cámara de Comercio Peruano-Australiana agrupa a empresas y personas naturales, y que el propio ministerio destina recursos para cubrir la participación de sus funcionarios en eventos internacionales, con el objetivo de evitar posibles conflictos de interés.

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La Ley 30130 (2013) autoriza al Estado incorporar la participación de privados en el accionariado de Petroperú. Puede vender o emitir hasta el 49% del capital social.

Stark informó, además, que la petrolera está en camino de obtener su primer beneficio anual desde el 2021, año en que se acentuó su problema financiero, durante la gestión del entonces gerente general de la empresa, Hugo Chávez.

“Si alguien se presenta mañana interesado en participar en Petroperú, será bienvenido. Encontramos a la empresa en modo supervivencia. Es una locura”, precisó.

Stark dijo que se prevé cerrar el año con una ganancia neta de unos $ 350 millones, la mayor desde al menos 2016.

“Proinversión, está buscando inversionistas que aporten capital y experiencia en gestión a las unidades de negocio de Petroperú, pero los activos seguirán siendo propiedad de la empresa. Esta es y seguirá siendo una empresa propiedad del Estado peruano”, afirmó.

Reservas

De otro lado, según el Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos 2025, del Ministerio de Energía y Minas (Minem), las reservas totales de gas natural de Perú disminuyó 65% (2013- 2025).

Al respecto, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) precisó que la reducción no significa que se haya agotado el potencial gasífero del país porque existen recursos por explorar y evaluar.

De allí que destacó la importancia de fortalecer la actividad exploratoria y desarrollar nuevas fuentes de suministro para atender la demanda energética futura.

“Es fundamental recuperar la exploración, atraer nuevas inversiones y desarrollar proyectos que permitan asegurar la disponibilidad de este recurso en el largo plazo”, demandó Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.