¿La agroindustria es una gran generadora de empleo?

Sí, agro es el principal fuente de empleo rural formal en el país. Creo que es el primer generador de empleo formal a nivel nacional. El sector agrario es el segundo sector generador de fuentes de divisas después de la minería. Pero es el primer sector en la generación de empleo formal. Genera empleos de dos formas. El empleo directo, es el que contrata la empresa, y el empleo indirecto, que se genera en actividades conexas. El sector exporta por 15 mil millones de dólares, parte importante se queda en la zona a través de sueldos y salarios, pago a proveedores, que son locales, como la tienda de fertilizantes, los transportistas, que son muy importantes. Los servicios para hacer reconstrucción, habilitaciones.

Exportar implica beneficios, pero también obligaciones

El sector agroexportador no solo está regulado por las autoridades nacionales, sino principalmente por nuestros clientes del exterior. Entonces tenemos que obtener certificaciones que incluyen, por supuesto, la trazabilidad de todos nuestros insumos y de la fruta. Y en esta trazabilidad no solo está la trazabilidad orgánica, sino también la trazabilidad laboral.

¿Cómo así?

Verifican cómo se trata a los trabajadores, cómo se contratan con las empresas que dan servicios a nuestras empresas. Entonces, no es casual que donde hay más polo de desarrollo es en la costa, donde hay más actividad, hay mayor bienestar. Pero este bienestar no está llegando a todos.

Entonces, ¿qué pasa con la infraestructura social?

Es la parte que le compete hacer al Estado, dar agua y desagüe, viviendas dignas, acceso a la salud, seguridad física, y es lo que está fallando. El sector agrícola ha sacado a más de un millón y medio de personas en Perú de la pobreza monetaria, pero no así de la pobreza multidimensional, corresponde al Estado de dotar servicios básicos como agua, desagüe, que el trabajador tenga acceso oportuno a la atención de salud.

¿Pero, no tienen seguro?

La empresa paga por una póliza de salud integral de todo riesgo para el trabajador y su familia, pero la prestación del servicio no es oportuna. Lo mismo pasa con la educación, nuestra Constitución dice que hay gratuidad y universalidad en ambos, en salud y en educación y vemos que en la realidad no lo hay.

Los impuestos que aportan los empresarios agrícolas.

No se está reflejando en beneficios para el trabajador. En el sector agrícola, en el área rural en general, no hay infraestructura. Para conectarnos a la electricidad, tenemos que poner torres, línea de transmisión, línea de distribución. Tenemos que poner infraestructuras, contratar empresas de transporte para trasladar a nuestros trabajadores porque no hay un servicio público de transporte, tenemos que construir canales para irrigar, construir reservorios. Estos sobrecostos del sector, que no tienen otros sectores, los asumimos. Para realizar nuestras actividades tenemos que hacer inversiones muchos más grande.

Sin considerar los riesgos del clima.

Exacto, además estamos sujetos y expuestos a fenómenos que otros sectores no lo tienen, el clima, que es de alto riesgo para el agro, por lo que tenemos que reinvertir utilidades. Cuando se dice que tenemos muchos beneficios por la tasa impositiva de 15% no toman en cuenta el alto riesgo que enfrenta el agro. Además, los trabajadores tienen participación del 10% de las utilidades, pero también pagamos el Bono Beta (Bonificación Especial por Trabajo Agrario, que equivale al 30% del sueldo mínimo) que es 6 veces más alto que una eventual reducción de tasa. Entonces, ¿qué beneficios tenemos, si lo que tenemos es principalmente sobrecostos? No he dicho en ningún momento que se cancele el Bono Beta. He dicho que tenemos que elevar la capacidad productiva de los trabajadores, vía capacitación.

Manteniendo reglas de juego, ¿se podrían incorporar más áreas de cultivo y duplicar el número de empleo?

Lo que tenemos que hacer para incorporar otras 200,000 hectáreas es generar nuevos suelos con irrigaciones. Tiene que desarrollarse el proyecto Majes Siguas II, donde hay 38,000 hectáreas nuevas. Tenemos que incorporar otras zonas como Chavimochic III, que sumaría otras 68,000 hectáreas, Chinecas también. Pero ¿por qué no pensamos más en el sur? El sur no ha tenido los suficientes proyectos. Por ejemplo, Ica es un valle que no ha tenido mayores inversiones de infraestructura hidráulica y lo necesita a gritos para incorporar más cantidad de tierras. Entonces tenemos ya eso y se tiene un sector privado que ha dado la talla y ha respondido frente a esas oportunidades.

¿Cuánto se necesita invertir para incorporar otras 200 mil hectáreas para la agroindustria?

Serían unos 20 mil millones de dólares y generaría 10 mil millones de dólares anuales en gastos operativos, que también se quedarán en la población y beneficiaría mucho al sur del país y las elecciones reflejan siempre sus carencias y el sur hace un voto de protesta. Este voto de protesta no se sana con una propuesta radical de cambio de modelo, se sana atendiendo esas necesidades. Una de las mejores herramientas para atender esas necesidades en el sur es desarrollar polos de desarrollo agrícola a través de las irrigaciones en el sur del país.

¿Hay proyectos en la sierra que se pueden incorporar a la agroindustria?

Perfectamente. Lo que pasa es que en la sierra no hay grandes extensiones de terrenos, es más difícil que en la costa. Pero sí, debiéramos incorporar la sierra y el sur, por supuesto. Hay zonas en Arequipa, Moquegua, Tacna, Ica, Nasca, Ayacucho también, pero Ayacucho ya es gran productor de palta. Las limitaciones de Ayacucho son los suelos planos. No es muy popular decirlo, pero las mejores condiciones para frutas y hortalizas, que son los cultivos de mayor valor, están en la costa, que tiene mayores condiciones de productividad. Con el desarrollo de las empresas agroindustriales en la costa, viene después el desarrollo de especialidades en la sierra, que tienen cultivos de mucho mayor valor, que requiere una atención más detallista. Está el Cusco, Puno inclusive. Entre los 1.500 y los 2.800 metros, hay posibilidades maravillosas para esos cultivos de altísimo valor.

La población del sur que está inmersa en la minera ilegal puede ser llevada a la agroindustria, pero ¿qué se necesita?

Primero se necesita transparencia en la propiedad de los lotes. Hoy día, cuando uno va a la sierra, se encuentra terrenos, en teoría, propiedad de cooperativas, asignadas a personas, pero atrás hay un propietario. Se tienes que lidiar con tres personas que dicen ser dueños o tener derechos sobre el mismo suelo, limita mucho, da mucha inseguridad. Tendríamos que tener una transparencia de la propiedad, transparencia sobre los derechos y el acceso al agua. Habría que hacer una limpieza de los registros públicos para determinar quién es el titular real y no tener que lidiar con dos o tres. Hay superposiciones de títulos. Era una tarea de Cofopri que no se ha terminado.

¿Qué espera del 7 de junio?

Creo que tenemos que hacer ahora es votar con convicción, votar no con el hígado, sino con el corazón y con la cabeza. Votar por la construcción y no la destrucción.

¿En la eventualidad que salga Sánchez?

Tendrá que hacer unos esfuerzos muy grandes seguramente para ganarse la confianza, porque en la campaña ha sido bastante destructivo. Él ha hablado del BCR y el BCR ha sido un pilar fundamental. La política monetaria ha generado una estabilidad que nos ha permitido atraer inversiones. Hay que acordarse de lo que era la inflación y la devaluación de la moneda en el Perú en los años ochentas.

Alfonso Bustamante Canny

• Ex presidente de Confiep
• Director gerente y socio fundador de CFI Holdings
• Presidente del directorio de Agrícola Cerro Prieto
• Administrador de Empresas de la Universidad del Pacífico (Perú) y de la Universidad de Boston (EE.UU.)

Tanto que es dependiente de la importación de combustibles que, con la guerra en Medio Oriente, los precios al consumidor final subieron entre 40 y 70% desde marzo a la fecha.

Es así, que el Ejecutivo, mediante el Ministerio de Energía y Minas (Minem), está impulsando un decreto supremo (DS) para declarar en emergencia la comercialización de combustibles a nivel nacional, según adelantó el viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama.

Precisó que Perú importa más de 100 mil barriles de petróleo diario, que tiene una dependencia del precio internacional (para fijar los precios de los combustibles en el mercado interno de combustibles).

En ese sentido, explicó que el DS considerará como bienes esenciales al diésel B5, gasolinas, gasoholes y GLP para asegurar el abastecimiento y evitar prácticas especulativas.

Además, involucrará acciones de Osinergmin e Indecopi para supervisar precios, stocks y eventuales conductas de acaparamiento.

Agama señaló que el DS será emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), no por el Minem, y se publicará en los próximos días.

Carencia

El viceministro, durante su exposición ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, precisó que más del 90 % de los lotes petroleros son operados por empresas privadas bajo concesiones, que Petroperú produce solo unos 5 mil barriles diarios.

También se refirió a la refinería de Talara, recordando que tiene una capacidad para procesar hasta 95 mil barriles diarios, pero refina unos 60 mil barriles (porque no tiene suficiente abastecimiento de crudo porque Petroperú padece de capital de trabajo).

Advirtió que las inversiones en exploración y explotación requieren condiciones legales.

Durante su participación en la Conferencia de Ministros del Trabajo de América Latina y el Caribe, en Colombia, afirmó que el Perú asume este compromiso regional mediante acciones concretas centradas en tres líneas prioritarias.

La primera consiste en fortalecer la migración circular, regular y segura, a través de mecanismos de movilidad laboral internacional y acuerdos de cooperación con distintos países y organismos internacionales.

La segunda busca impulsar el reconocimiento de competencias y la formación para el empleo decente. La tercera plantea promover una agenda regional de justicia social e integración inclusiva, orientada a reducir las desigualdades y fortalecer el diálogo social frente a los desafíos actuales de los mercados laborales.

“El Perú viene impulsando una agenda orientada a promover la formalización laboral mediante la simplificación administrativa, la digitalización de servicios y el fortalecimiento de la inspección laboral. Entendemos la formalización no solo como cumplimiento normativo, sino también como una herramienta de inclusión productiva, movilidad social y desarrollo económico”, señaló Fernández.

Movilidad

Durante su exposición en el “Diálogo Ministerial: Migración e Inclusión Laboral”, destacó que este espacio constituye una oportunidad fundamental para reflexionar sobre uno de los principales desafíos de la región: garantizar que la movilidad humana se desarrolle con derechos, inclusión y trabajo decente.

También indicó que América Latina y el Caribe atraviesan una dinámica migratoria sin precedentes, en la que más de 48 millones de personas dejan sus lugares de origen en busca de oportunidades y mejores condiciones de vida, enfrentando posteriormente situaciones de informalidad laboral, precariedad y limitado acceso a la protección social.

Fernández insistió en que la migración laboral debe entenderse como una oportunidad para el desarrollo de las economías y sociedades de la región, razón por la cual América Latina y el Caribe deben continuar avanzando hacia una gobernanza migratoria articulada e inclusiva.

Como parte de su agenda en esta conferencia internacional, el titular del MTPE sostuvo reuniones con el ministro de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, Rolando Castro; la ministra de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, Miriam Roquel; el ministro de Trabajo y Empleo de Brasil, Luiz Marinho; así como con el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para los Países Andinos, Ítalo Cardona.