Además, según la SBS, permitirá establecer estándares de protección y resguardo de los aportes previsionales, es decir, serán acreditados efectivamente en sus cuentas individuales y mejorar sus niveles de acumulación de recursos y pensión.

Las empresas administradoras de fondos suscribirán convenios con instituciones intermediarias que garanticen el cumplimiento de las condiciones de gestión de aportes y de su seguridad y disponibilidad, en línea con la implementación de la Plataforma de Acceso al Sistema Integrado Previsional Peruano (SIPP).

Voluntarios

Al respecto, Elio Sánchez, ex funcionario de la SBS y profesor de la Universidad del Pacífico, precisó que la norma propone para el aporte obligatorio (hay dos AFP que ya lo aplican, pero para los aportes voluntarios), que lo hacen las empresas respecto de los trabajadores en planilla.

Indicó a RPP que esa opción podría animar a pequeños empresarios a formalizarse porque son las que tienen el mayor número de trabajadores independientes.

Dijo que el aporte mediante billeteras digitales dará oportunidad a los afiliados que agotaron sus fondos de hacer aportes voluntarios y ahorrar para tener un mayor fondo.

Desde el 1 de junio de 2027, todo ciudadano que cumpla 18 años y los que tengan hasta 55 años, deberá afiliarse obligatoriamente al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

En ese contexto, factores como la inestabilidad política y las brechas institucionales registradas en la última década habrían generado condiciones complejas para enfrentar este tipo de actividades ilícitas en distintos sectores.

Según el Índice Global de Crimen Organizado 2025, Perú ocupa el segundo lugar a nivel mundial en comercialización de productos falsificados, detrás de China y Paraguay que empatan en el 1er lugar.

El índice también señala que las falsificaciones figuran entre los delitos ilícitos de mayor crecimiento en el mundo, consolidándose como una actividad ligada a redes criminales cada vez más sofisticadas.

En Perú, las economías ilegales moverían alrededor de $ 31 mil millones, equivalentes al 8% del PBI nacional.

ELÉCTRICO

Así, la falsificación relacionada al sector construcción representaría unos $ 700 millones, de los cuales cerca de $ 60 millones corresponderían al mercado de productos eléctricos: $ 20 millones en el segmento industrial y $ 40 millones en el residencial, un sector vulnerable a los productos eléctricos falsificados.

Según el informe, las redes criminales operan mediante mecanismos difíciles de detectar y, en muchos casos, unidos a la corrupción.

“Los productos ingresan al mercado sin controles efectivos y son comercializados como artículos ‘seguros’, ‘económicos’ o ‘de calidad’, pese a tener un ADN ilegal, falsificado o subestándar pudiendo ocasionar cortocircuitos, incendios y accidentes eléctricos en viviendas, comercios e industrias”, precisa el informe.

Es así que el Observatorio propone que medir los niveles de incautación, las pérdidas económicas y los accidentes asociados permitiría dimensionar no solo la evasión tributaria, sino también el costo real que esta economía criminal genera para el Estado y la ciudadanía.

Concluye que el mercado de productos eléctricos ilegales se sostiene sobre una triple estructura: 1) redes criminales que abastecen y distribuyen la oferta ilícita, 2) consumidores que, priorizan el ahorro inmediato sin dimensionar los riesgos a los que se exponen diariamente y 3) un estado resiliente, contribuyendo así a la permanencia de este mercado criminal.