La medida quedó establecida mediante la Resolución Suprema Nº 258-2026-PCM, luego de que la mandataria adelantara la decisión en julio.

Velarde había confirmado previamente que aceptó continuar en el cargo tras reunirse con Fujimori durante el proceso de transición presidencial.

“Quiero agradecerle por haber venido al BCRP personalmente, me siento honrado por el pedido que me ha hecho. Y, si en otras circunstancias no hubiera tal vez aceptado, quisiera hacerlo con mucho gusto y pienso dedicarme lo más rápido posible a cumplir con la tarea que me está encargando. Muchas gracias, Keiko, por la asignación, muy amable”, expresó.

La resolución se sustenta en el artículo 86 de la Constitución, que establece que corresponde al Poder Ejecutivo nombrar a cuatro integrantes del Directorio del BCRP, incluido su presidente. El documento lleva las firmas de Keiko Fujimori, Luis Galarreta y Elmer Cuba, mientras que la designación de Velarde aún deberá ser ratificada por el Congreso de la República.

Velarde ocupa la presidencia del BCRP desde septiembre de 2006 y ha sido ratificado anteriormente durante los gobiernos de Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo.

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Una es para enfrentar la informalidad laboral; otra para profundizar los mercados financieros y ampliar las fuentes de financiamiento para empresas y proyectos; una tercera para elevar la calidad y velocidad de la inversión pública; y una cuarta para reducir la evasión tributaria.

“Son cuatro frentes distintos con un mismo objetivo: aumentar la productividad del Perú y crear mejores condiciones para invertir, crecer y generar empleo formal”, señaló.

Galarreta dijo que se planteará al Congreso una agenda tributaria para simplificar y dar estabilidad, no generar más incertidumbre. “La propuesta de delegación de facultades prevé simplificar y optimizar los regímenes tributarios de las empresas de menor tamaño, reduciendo la dispersión que incentiva a muchas unidades productivas a mantenerse artificialmente pequeñas”, anotó.

Condiciones

En ese sentido, precisó que la reforma debe tener dos condiciones. “Primero, ser simple y predecible para el contribuyente. Segundo, ser fiscalmente responsable y ampliar la formalidad y la base tributaria”, precisó ante la Cámara de Diputados.

Enseguida, el presidente del Consejo de Ministros manifestó que “No se trata de regalar exoneraciones ni de debilitar la recaudación. Se trata de construir una ruta para que una empresa pequeña pueda crecer hasta convertirse en una empresa mediana y grande sin que el propio sistema la empuje a fragmentarse o esconderse. Aprovecharemos para evaluar algunas exoneraciones vigentes”.

Galarreta manifestó también que el Estado utilizará sus compras para abrir mercado a las MYPE.

“Durante el segundo semestre de 2026, Compras a MYPErú prevé requerimientos cercanos a 11 millones de soles para atender demanda pública de manera descentralizada, impulsando a empresas de sectores como textil-confecciones, cuero y calzado y metalmecánica”, explicó.

El crecimiento en la aceptación social refleja el trabajo sostenido del sector minero formal para transparentar su gestión, fortalecer el vínculo con las comunidades y generar beneficios tangibles en los territorios donde opera.

Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE, señaló que la minería formal enfrenta el reto de operar en contextos complejos, donde la falta de presencia efectiva del Estado y la expansión de la minería ilegal generan dificultades adicionales.

Durante el primer Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), explicó que la minería formal trabaja con horizontes de largo plazo, lo que exige construir relaciones de confianza duraderas y trasladar esas relaciones desde el plano personal hacia la institucionalidad.

“No se puede depositar toda la confianza en las personas. El desafío es crear institucionalidad para que los procesos y acuerdos sobrevivan a los cambios de líderes o equipos”, anotó.

La ejecutiva destacó que, pese a los avances, persisten desafíos en la gestión de los compromisos sociales porque muchos conflictos surgen por acuerdos ambiguos o con roles poco claros, situación que debilita la sostenibilidad de los proyectos. “Los acuerdos tienen que ser claros y medibles, con roles determinados. Es fundamental definir quién debe hacer qué”, señaló Grossheim.

El éxito de los diálogos, añadió, no depende de la cantidad de acuerdos firmados, sino de la calidad y posibilidad real de cumplirlos, así como del impacto tangible en los territorios.

“Un incumplimiento destruye la confianza y reconstruirla puede tomar años”, advirtió, subrayando la importancia de adaptar los acuerdos al contexto cambiante para mantener su vigencia y legitimidad.

Herramientas

El sector minero formal, según la SNMPE, viene impulsando diversas herramientas para fortalecer la gestión social y la prevención de conflictos. Entre ellas, destacan las orientaciones sobre gestión de reclamos y la debida diligencia en derechos humanos, que buscan dotar a las empresas de instrumentos prácticos y efectivos.

Grossheim aclaró que la diversidad territorial y empresarial del país obliga a adaptar esas prácticas a cada realidad, en vez de aplicar estándares homogéneos.

En contraste con el avance del sector formal, la minería ilegal sigue expandiéndose y genera creciente preocupación social. “Dos de cada tres peruanos creen que la minería ilegal ha aumentado en los últimos años y el 78% de la población percibe que estas actividades financian redes de crimen organizado”, alertó Grossheim, recalcando la urgencia de una respuesta estatal más firme.

La percepción positiva de la minería formal, que en 2018 estaba en el 25%, supera en 2026 el 45%, y el 62% de los encuestados considera que la actividad trae beneficios a las comunidades, según el gremio.

“Existen muchos acuerdos ambiguos, justamente se hacen así para que no haya un seguimiento real. Los acuerdos deben ser claros y precisos, con roles determinados; es fundamental definir quién debe hacer qué”, insistió Grossheim.

Dijo que la confianza interpersonal nos va a abrir la puerta, pero la confianza institucional nos la va a mantener abierta. “Y hacia ello es a lo que debemos trabajar”, concluyó la directora ejecutiva de la SNMPE en su presentación en el GESS 2026.

El superintendente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa, precisó que la ley otorga la opción de abaratar aún más las comisiones que pagan los afiliados a las AFP que administran sus fondos de pensiones.

Al respecto, según explicó en RPP, los grupos que operan en el sistema previsional (AFP) y tienen un banco y una compañía de seguros pueden reorganizar sus empresas, juntando algunas de estas para reducir costos y trasladar los ahorros a los afiliados mediante menores comisiones.

Posibilidad

Espinosa refirió que todo ello forma parte de la ley de reforma, que permite que una empresa de seguros, un banco, una caja, una financiera puedan administrar fondos de pensiones.

“Ese es el marco general. Hemos sacado un reglamento el año pasado, que es muy flexible, ágil, que permite que cualquiera de esas decisiones que un grupo tome sean decisiones muy rápidamente implementadas, con las medidas de supervisión prudencial”, señaló.

AFP Integra solicitó hace un par de semanas la autorización para ampliar sus actividades y ofrecer rentas de inversión a sus afiliados cuando lleguen a los 65 años.

Espinosa explicó que Integra pertenece a un grupo (Sura) que no tiene un banco ni una compañía de seguros en Perú, por lo que será la primera AFP que sume un nuevo negocio financiero.

La reforma previsional dispone pagar una pensión mínima de S/ 600 a los afiliados que cumplan 65 años y, además, hayan aportado 20 años. De no tener el fondo suficiente, el Estado cubre la diferencia.

En tanto, según manifestó Sergio Espinosa, el reglamento para aplicar la pensión mínima espera la validación del Ministerio de Economía y Finanzas.