El también exministro de Energía y Minas destacó que estas cifras reflejan el potencial económico que tendría una formalización efectiva y sostenible de la pequeña minería, siempre que se implementen mecanismos que permitan mejorar su productividad y rentabilidad.

En ese sentido, anunció que, como parte de las actividades de Rumbo a PERUMIN, se desarrollaría un estudio para evaluar el verdadero impacto económico que podría generar una minería artesanal formal y sostenible.

“Se habla, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), de que podría generar 1,5% de PBI más. Se habla de que podría generar entre 300.000 y 400.000 puestos más. Eso queremos tener evidencia”, sostuvo Incháustegui.

OPORTUNIDAD

Explicó que el proceso de formalización no debería limitarse al cumplimiento de requisitos legales, sino convertirse en una oportunidad para que los pequeños productores mineros incrementen sus ingresos y desarrollen actividades económicamente sostenibles.

“Tenemos que dejar de pensar en que se tienen que formalizar para cumplir con la ley. Se tienen que formalizar, pero también para generar rentabilidad”, afirmó.

Bajo esa perspectiva, planteó evaluar mecanismos que permitan a los pequeños mineros asociarse, aprovechar economías de escala y acceder a mayores oportunidades económicas, de manera que la formalización represente un beneficio tangible para quienes buscan operar dentro de la legalidad.

En otro momento, Incháustegui consideró necesario que el debate nacional sobre la minería artesanal deje de concentrarse únicamente en eventuales ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y priorice la construcción de un marco normativo que permita desarrollar una MAPE sostenible y responsable.

“Ya dejemos de hablar si se amplía o no el Reinfo y hablemos sobre cómo promover una MAPE sostenible y responsable”, enfatizó.

Señaló que ello representa un riesgo para los recursos públicos y, principalmente, para los derechos de los trabajadores vinculados a su protección en salud y a sus futuras pensiones.

Según con la información proporcionada por la Sunat al 26 de setiembre de 2026, 221 entidades adeudan S/ 297.6 millones a EsSalud, mientras que 271 registran deudas por S/ 289.8 millones correspondientes a la ONP, incluso desde hace más de treinta años.

Se trata de obligaciones superiores a S/ 50,000 por entidad que permanecen en cobranza coactiva, es decir, que se puede exigir legalmente el pago y aplicar medidas de cobranza.

Deudoras

La Contraloría informó que entre las entidades con mayores deudas figuran la Municipalidad Provincial de Chiclayo (Lambayeque), con más de S/ 32.0 millones pendientes con EsSalud, y la Municipalidad Distrital de La Victoria (Lima), con más de S/ 33.3 millones de deuda con la ONP.

También aparecen las municipalidades distritales de Breña, Surquillo, San Juan de Miraflores y San Miguel (Lima), Carmen de la Legua Reynoso (Callao), José Leonardo Ortiz (Lambayeque), entre otras.

En ese sentido, la Contraloría advierte que el incumplimiento de esas obligaciones puede generar el incremento de las deudas por intereses, costas y gastos, además de comprometer la disponibilidad presupuestaria de las entidades.

En el caso de las obligaciones con la ONP, también existe el riesgo de afectar los derechos previsionales de los trabajadores, mientras que las deudas con EsSalud podrían generar una eventual restricción de las coberturas de salud.

Ante esa situación, la Contraloría emitió 492 informes de orientación de oficio a nivel nacional dirigidos a las entidades que mantienen estas deudas, con el propósito de comunicar los riesgos identificados y promover que adopten las acciones correspondientes.

En RPP cuestionó que el Gobierno esté esperando se le delegue facultades legislativas para actuar contra El Niño para adoptar medidas de emergencia. “Mi impresión es que el Gobierno está subestimando a El Niño”, afirmó.

Es porque no está considerando el presupuesto adecuado para el próximo año, cuando se necesitará más inversión pública para reparar daños que podría ocasionar el fenómeno climático.

“En los malos tiempos, el Gobierno tiene que gastar. Sobre todo un Gobierno que tiene recursos para hacer eso, y El Niño es un mal tiempo”, señaló al indicar que el Ejecutivo puede utilizar DU para adoptar decisiones económicas y financieras frente a la emergencia, tal como se hizo durante la pandemia.

Inversión

Mendoza dijo que la inversión pública es uno de los principales instrumentos para afrontar El Niño, con obras de prevención y la reconstrucción, considerando que el crecimiento previsto es de 3.7%, insuficiente frente a la magnitud de los riesgos.

Así, dijo que la inversión pública debería crecer 15 o 20% porque los efectos de El Niño podrían ser más graves que en años anteriores. “Estos Niños son macroeconómicamente potentes, poderosos”, afirmó.

El economista recalcó que hay una gran diferencia entre El Niño de hoy y los de las versiones anteriores porque el país dispone de recursos. “O sea, podríamos haber actuado, podríamos actuar”, afirmó, indicando que el Ejecutivo debe anticiparse a los daños y presupuestar con tiempo las intervenciones necesarias. “Para todo eso hay que presupuestar con anticipación”, advirtió.