Pero, ayer tuvo un fuerte alza y cerró con una cotización de S/ 3.474, ganando 1.88% de valor con respecto al jueves.

Al respecto, el jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), Martín Valencia, explicó que ese resultado es principalmente por factores locales relacionados con la incertidumbre del resultado del balotaje que mañana ungirá al nuevo Presidente de la República.

Señaló a Correo que a nivel mundial, el dólar se ha fortalecido por mejores resultados en los Estados Unidos. “Hoy salió el reporte oficial de nuevos empleos de mayo, que se incrementaron casi el doble de las expectativas que tenía el mercado”, comentó.

En tanto, Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, precisó que el resultado en el mercado cambiario peruano respondió también a un fuerte fortalecimiento del dólar global, cuyo índice (DXY) avanzó (+0.65%) y reforzó las expectativas sobre la fortaleza de la economía de EE.UU. y elevó la demanda por la divisa norteamericana.

Bolsa

Con relación a la Bolsa de Valores de Limas (BVL) registró una fuerte caída en la jornada de ayer, pasando de 53,550.87 a 50,928.87 puntos y le significó una pérdida de casi 5%.

Ese comportamiento también tuvo factores locales e internacionales.

Ante la incertidumbre de los resultados del balotaje de mañana, en el mercado local, muchos inversionistas optaron por vender acciones, principalmente del sector financiero, minero y de consumo.

La BVL también reaccionó en línea con el mercado mundial, cuyo mayor referente, Wall Street, tuvo importante caída. El S&P 500 y el Nasdaq registraron fuerte retroceso por los resultados del mercado laboral en EE.UU.

Sin embargo, ese crecimiento enfrenta una preocupación cada vez más evidente: la reducción sostenida de la oferta de nuevos proyectos inmobiliarios, situación que podría traducirse en un incremento de los precios de las viviendas durante los próximos meses, advirtió Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 101, elaborado por este gremio empresarial.

Según el estudio, el lanzamiento de nuevos proyectos de vivienda se redujo en 16.5% durante el primer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior.

Las mayores caídas se registraron en Lima Top (-46.3%) y Lima Centro (-44.4%), mientras que Lima Moderna apenas logró un crecimiento de 3.4%.

Al cierre del primer trimestre 2026 habían 1.017 proyectos con oferta disponible en Lima Metropolitana, menor en 7.6% frente al primer trimestre de 2025 y de 2.6% con respecto al trimestre previo (octubre-noviembre-diciembre 2025).

Valdivia explicó que la combinación de una demanda sostenida y una menor incorporación de nuevos proyectos está generando señales de tensión en el mercado inmobiliario.

“Según el informe, Lima Top se encuentra actualmente por debajo de los niveles considerados de equilibrio entre oferta y ventas, mientras que Lima Moderna se acerca rápidamente a una situación similar”, precisó.

Restricciones

Valdivia refirió que de mantenerse esa tendencia, el mercado podría enfrentar una reducción de las ventas no por falta de interés de los compradores, sino por la insuficiente disponibilidad de viviendas nuevas, producto de restricciones urbanísticas y dificultades en la gestión del desarrollo inmobiliario.

Las ventas de viviendas siguen creciendo de forma significativa en todos los segmentos del mercado, particularmente en los segmentos Mivivienda y vivienda no social, desde el tercer trimestre de 2023.

El representante de Capeco señaló que el riesgo de una escasez de viviendas ya dejó de ser una posibilidad para convertirse en una realidad.

“Ya no es un riesgo. Es una realidad. Como hemos visto, hay menos oferta, sobre todo en Lima Top y también en Lima Moderna. Esto es una crónica de una contracción anunciada que veníamos advirtiendo desde hace varios años”, afirmó.

Explicó que parte de esa situación responde a cambios normativos que han restringido el desarrollo de determinados proyectos habitacionales, especialmente aquellos orientados a sectores medios que anteriormente calificaban dentro de la vivienda social.

Esas modificaciones, indicó, han generado contradicciones en la política habitacional, pues mientras se promueve una mayor participación de la banca privada en el financiamiento de viviendas, se limitan las condiciones que permitían desarrollar proyectos accesibles para jóvenes profesionales y familias de ingresos medios.

Por ello, también advirtió que las trabas municipales y las restricciones urbanísticas en diversos distritos de Lima están dificultando la incorporación de nueva oferta inmobiliaria.

“Esa situación termina expulsando a potenciales compradores hacia otros distritos y restringiendo las oportunidades de acceso a una vivienda cerca de sus centros de trabajo o de sus familias”, comentó.

Sostuvo que el minero que baja al río o entra al socavón es el actor más visible de la minería ilegal, pero también el más débil y el que menos gana. Detrás de él opera una cadena de financistas, autoridades aliadas, policías corruptos, compradores, plantas de beneficio y comunidades, donde el Estado controla poco o nada.

FINANCISTAS Y ALIADOS

Para que una mina ilegal opere, hay financistas o prestamistas, personas o redes que ponen el dinero, la maquinaria, el combustible, los explosivos y los campamentos. Estos “empresarios” muchas veces nunca pisan una mina, pero se quedan con la mayor parte de la producción.

Tienen como aliados a alcaldes, gobernadores y congresistas que ofrecen protección política, impulsan normas que flexibilizan la lucha contra la informalidad y frenan operativos.

Al respecto, el analista Iván Arenas señala que algunos congresistas ya representan a este tipo de minería. “Algunos gobiernos regionales también han sido los culpables de la informalidad, del fracaso del REINFO. Asimismo, en lugares donde hay minería informal, los alcaldes están coludidos y en algunos casos son hasta tenedores del registro”, afirmó.

POLICÍAS Y MILITARES EN LA CADENA

Miembros de la Policía y del Ejército también forman parte de la red, pues cobran cupos para permitir el paso de combustible, maquinaria o mineral, alertan sobre operativos, custodian convoyes y protegen rutas ilegales.

En Cusco, Puno y Lima habría policías involucrados en el robo de oro, mientras que en La Libertad han sido denunciados por liberar detenidos y hacer desaparecer mineral incautado. Según el medio Causa Justa, se les paga entre 10 000 y 50 000 soles por transportar minerales.

La cadena se completa con acopiadores locales, empresas exportadoras, intermediarios que “blanquean” mineral ilegal mezclándolo con producción formal y casas de compra que no verifican el origen. A nivel nacional, 304 plantas procesan minerales en 17 departamentos, muchas sin verificar la procedencia del mineral que reciben.

“Algunas reciben producción sin ningún tipo de fiscalización más allá del REINFO”, señaló Arenas.

Alrededor de esta actividad también operan redes dedicadas a la trata de personas, prostitución, extorsión, sicariato y lavado de dinero, así como proveedores de explosivos, traficantes de mercurio y empresas de transporte que completan el engranaje de una industria ilegal que mueve millones en el país.

La economista Mercedes Aráoz, señaló que el tema “que le da un poco de miedo porque va ligado a los temas de seguridad es la Ley Mape porque aún no sale”.

“No sé cuándo vamos a sacar la Ley Mape, que es la Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería porque vienen las elecciones regionales, entonces quieren ganar votos (los candidatos a gobernadores y alcaldes) y pueden preservar el comportamiento de las economías ilegales, como en la minería”, precisó.

Aráoz, quien participó en el Foro Análisis de Propuestas – Segunda Vuelta Agenda 2026, que organizó la Universidad del Pacífico, manifestó que debemos cuidar, incorporar a la minería informal y formalizarla realmente.

Lavado

“Gran parte del problema de la minería ilegal es que es un mecanismo de lavado de activos y está manejada por las grandes organizaciones criminales transnacionales. Entonces, es un gran un riesgo”, comentó.

Como se sabe, la Ley Mape es la llamada a reemplazar al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que fue creada en diciembre de 2016 mediante el Decreto Legislativo 1293 y empezó a regir desde inicios del 2017.

Desde entonces, el Reinfo ha tenido cinco ampliaciones, siendo el último en 2026 y regirá hasta el 31 de diciembre de este año, en tanto se aprueba la Ley Mape.

El uso del Reinfo se ha desvirtuado porque muchos certificados de formalización son usados por mineros ilegales para procesar oro y cobre en plantas que exigen un documento que certifique que su producción es legal.

Según la empresa, la medida refleja una mayor previsibilidad sobre su situación en el corto plazo.

A través de un comunicado, la petrolera estatal señaló que la decisión reconoce avances en su proceso de estabilización. Asimismo, indicó que continúa enfocada en ejecutar su plan de reorganización, aunque aún enfrenta retos vinculados a esa etapa.

En su evaluación, S&P resaltó la capacidad financiera de Petroperú para atender sus obligaciones de deuda de corto plazo. También destacó los efectos del Decreto de Urgencia N.° 003-2026, aprobado por el Gobierno en mayo de 2026.

La clasificadora señaló además que el apoyo estatal previsto mediante un vehículo financiero de hasta 2,000 millones de dólares contribuye a garantizar la continuidad operativa de la empresa, financiar capital de trabajo y asegurar el abastecimiento de combustibles.

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