El Congreso de la República oficializó la Ley N.º 32746, que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2025 y establece nuevas obligaciones para el seguimiento de observaciones de auditoría y obras públicas paralizadas.

La norma fue publicada este martes 3 de noviembre de 2026 en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La Cuenta General fue presentada por el Poder Ejecutivo, auditada por la Contraloría General de la República y evaluada por la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República.

Entre las principales disposiciones destaca la creación de un Inventario Nacional de Obras Públicas Paralizadas, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuya publicación deberá realizarse como máximo el 30 de junio de 2027.

MEF deberá identificar las obras públicas paralizadas en el país

La Ley N.º 32746 dispone que el nuevo inventario sea publicado en la página institucional del MEF y actualizado trimestralmente.

Para su elaboración, las entidades públicas que tengan obras paralizadas deberán presentar, dentro de los 90 días calendario siguientes a la entrada en vigor de la norma, un informe sobre la situación de cada proyecto.

Los documentos deberán identificar las obras, su ubicación, avance físico y financiero, saldo pendiente de ejecución, causas de paralización, situación contractual y legal, así como las medidas previstas para su reactivación.

La Contraloría deberá verificar la información del inventario al menos cada tres meses y presentar informes semestrales a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.

Contraloría tendrá seguimiento a recomendaciones sobre cuentas públicas

La legislación también establece que el MEF presente un plan para implementar las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría de la Cuenta General de la República 2025.

El documento deberá ser remitido a la Comisión Bicameral de Presupuesto en un plazo máximo de 30 días calendario, contados desde la entrada en vigor de la ley.

Además de las acciones correctivas, deberá incluir un diagnóstico de las observaciones correspondientes a los ejercicios fiscales de 2013 a 2025, las entidades responsables, los plazos y los hitos verificables.

El MEF tendrá que presentar informes trimestrales sobre los avances, incluyendo el seguimiento de observaciones relacionadas con las obligaciones previsionales y su impacto en el patrimonio público.

Aprobación de la Cuenta General no exonera responsabilidades

La norma aclara que aprobar la Cuenta General de la República 2025 no significa validar la gestión de todas las instituciones públicas.

Tampoco convalida actos administrativos ni exime a funcionarios o servidores de responsabilidades administrativas, civiles o penales que puedan determinar las autoridades competentes.

Por ello, la Contraloría, el Ministerio Público y el Congreso podrán continuar con las investigaciones y acciones de fiscalización correspondientes.

Sunat deberá compartir información contable con Contraloría

Otra disposición establece que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) proporcione a la Contraloría información financiera y contable agregada y anonimizada, necesaria para sus labores de auditoría.

Ambas instituciones deberán aprobar un protocolo técnico en un plazo de 30 días calendario desde la entrada en vigor de la ley, con medidas para proteger la reserva tributaria.

La norma también establece que la negativa o demora injustificada en proporcionar esa información constituye una infracción grave.

Comprar un automóvil o una vivienda mediante un fondo colectivo requiere evaluar más que el monto de la cuota mensual. Este sistema implica asumir pagos periódicos durante un plazo establecido y cumplir determinadas condiciones para acceder al bien.

Milagros Ward, subgerente de Marketing de Pandero, explicó que los consumidores deben conocer los costos del programa, las modalidades de adjudicación y sus obligaciones contractuales antes de inscribirse.

La especialista identificó cinco aspectos fundamentales para tomar una decisión informada y evitar compromisos que puedan afectar el presupuesto familiar.

1. Evaluar si la cuota mensual se ajusta al presupuesto

El primer paso consiste en determinar cuánto dinero puede destinar una persona al fondo colectivo sin comprometer sus gastos esenciales.

Como referencia de planificación financiera, Ward señala que las cuotas pueden representar entre el 20 % y el 30 % del ingreso mensual. Sin embargo, este rango debe evaluarse considerando otras deudas, responsabilidades familiares e imprevistos.

Por ejemplo, una persona con ingresos mensuales de S/3.000 podría tomar como referencia un rango de S/600 a S/900, siempre que su situación financiera lo permita. Esta cifra es ilustrativa y no constituye una recomendación universal.

La especialista enfatizó que no basta con poder pagar la primera cuota: es necesario contar con capacidad económica para mantener el compromiso durante todo el contrato.

2. Revisar todos los costos del fondo colectivo

La cuota mensual no necesariamente representa el costo total del programa.

Antes de firmar, el consumidor debe verificar los conceptos establecidos en el contrato:

• Cuota capital: aporte destinado al valor del automóvil o inmueble.
• Cuota de inscripción: pago por ingresar al grupo.
• Cuota de administración: remuneración de la empresa por gestionar el fondo.
• Seguros y otros gastos: importes adicionales previstos en el contrato.

Ward indicó que, en Pandero Auto, la cuota de inscripción equivale al 4 % más IGV del valor del certificado, mientras que el cargo de administración depende del programa contratado.

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) también recomienda revisar los importes, la periodicidad y las condiciones de cada pago.

3. Conocer cómo se adjudica el auto o la vivienda

Uno de los aspectos más importantes es comprender que ingresar a un fondo colectivo no significa recibir el vehículo o inmueble inmediatamente.

La adjudicación puede producirse mediante diferentes modalidades autorizadas, entre ellas:

Sorteo: el asociado es seleccionado al azar conforme a las reglas establecidas en el contrato.

Remate: los participantes realizan ofertas para adelantar cuotas y la adjudicación se determina según las condiciones del programa.

En Pandero, los asociados que cumplen con sus pagos participan en asambleas mensuales donde se aplican estos mecanismos.

Por ello, el sistema requiere especial atención cuando la persona necesita recibir el bien en una fecha determinada. La SMV explica que el proceso depende de las reglas y modalidades de adjudicación de cada programa.

4. Leer las obligaciones, garantías y condiciones de retiro

Antes de suscribir el contrato, también es necesario conocer los requisitos para recibir el bien una vez obtenida la adjudicación.

Entre las obligaciones pueden figurar mantenerse al día en las cuotas, presentar la documentación solicitada, elegir al proveedor y constituir las garantías correspondientes.

En el caso de vehículos, pueden exigirse seguros según las condiciones del programa. Si el bien elegido supera el valor del certificado, el asociado deberá cubrir la diferencia o evaluar alternativas de financiamiento.

Asimismo, es importante revisar las penalidades por incumplimiento y las condiciones de retiro. La SMV señala que la devolución de aportes puede variar según el momento en que el asociado decida salir del fondo.

5. Verificar que la empresa esté autorizada por la SMV

Otro requisito fundamental es comprobar que la administradora del fondo colectivo cuente con autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores.

La SMV es la entidad encargada de autorizar y supervisar a las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos (EAFC).

Entre las señales que deben generar precaución se encuentran las promesas de adjudicación garantizada en una fecha específica, los costos poco claros y las solicitudes de depósito a cuentas personales.

La institución supervisora ha advertido que ninguna empresa puede ofrecer legalmente servicios de administración de fondos colectivos sin contar con la autorización correspondiente.

Para finalizar, Ward recomendó que la elección del programa responda a los objetivos y a la capacidad económica de cada persona.

La decisión debe considerar tanto el costo total como el plazo y las condiciones para acceder al bien, especialmente porque se trata de un compromiso financiero de largo plazo.

La economía peruana podría crecer 3 % durante 2027, pero esa proyección se reduciría a 2 % si el fenómeno El Niño se prolonga hasta el tercer o cuarto trimestre del próximo año y coincide con un escenario internacional desfavorable, según un informe del Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima.

El estudio, denominado 100 días: perspectivas y retos económicos, fue presentado por los docentes José Luis Nolazco y Julio del Castillo y plantea dos escenarios relacionados con la duración del evento climático, la evolución de la economía mundial y la respuesta del Estado.

Para el cierre de 2026, los investigadores estiman una expansión del producto bruto interno (PBI) de 3,3 %. Sin embargo, advierten que el desempeño del próximo año estará condicionado por los efectos de las precipitaciones sobre las actividades productivas.

¿Cuánto crecería el PBI peruano según la duración de El Niño?

En el escenario menos adverso, el fenómeno El Niño extraordinario se mantendría hasta el segundo trimestre de 2027 y la economía internacional conservaría una evolución estable. Bajo esas condiciones, el PBI crecería 3 %.

En cambio, si las lluvias y sus efectos se prolongan durante la segunda mitad del año y se agravan las tensiones geopolíticas, la expansión económica se limitaría a 2 %.

Para esta segunda situación, el informe también proyecta una inflación de 3 % y una tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de 3,50 %.

Lluvias e inundaciones podrían afectar agricultura, transporte y comercio

El estudio advierte que los efectos de El Niño no se limitarían a las regiones donde se registren las precipitaciones más intensas.

En la costa norte, las inundaciones podrían perjudicar la agricultura de exportación, la pesca y el transporte. En Lima y Callao, los huaicos, cierres de carreteras e interrupciones de servicios podrían afectar el abastecimiento y los precios de los alimentos.

En la sierra y el sur, los principales riesgos identificados incluyen pérdidas agrícolas y dificultades para la actividad turística. En la selva, el incremento del caudal de los ríos podría interrumpir el transporte fluvial y aislar comunidades.

Las consecuencias también podrían alcanzar a las micro y pequeñas empresas (mypes), especialmente aquellas ubicadas en zonas afectadas por desastres, debido a pérdidas de mercadería, daños a sus locales y suspensión de actividades.

Microfinancieras podrían enfrentar mayor riesgo de morosidad

El Observatorio advierte que una emergencia climática prolongada puede afectar la capacidad de pago de los negocios que dependen de créditos para financiar sus operaciones.

Este escenario podría elevar la morosidad en las entidades de microfinanzas, especialmente entre los clientes que desarrollan actividades agrícolas, comerciales y de servicios en localidades expuestas a inundaciones.

Por ello, el informe plantea vigilar la calidad de las carteras crediticias y evaluar mecanismos de reprogramación cuando las circunstancias lo justifiquen.

Inversión pública e informalidad son otros desafíos para 2027

Más allá de los efectos climáticos, el reporte identifica la ejecución de la inversión pública como uno de los factores necesarios para sostener el crecimiento.

Para el periodo 2026-2029, ProInversión cuenta con una cartera de proyectos por adjudicar estimada en US$27.880 millones, que incluye infraestructura de transporte, saneamiento y abastecimiento de agua, según las cifras recogidas por el estudio.

Sin embargo, los investigadores advierten que disponer de recursos no garantiza la ejecución oportuna de las obras, especialmente en gobiernos locales con dificultades de gestión.

Otro desafío es la informalidad laboral, que, según el reporte, alcanza al 65 % de la población ocupada urbana y al 95 % de la rural. El Observatorio considera que este problema limita la productividad y la capacidad de crecimiento del país.

Reservas internacionales y superávit comercial respaldan la economía

El informe también destaca indicadores que podrían contribuir a enfrentar un entorno económico más complejo.

Para agosto de 2026, la balanza comercial acumulaba un superávit de US$47.700 millones en los últimos doce meses, mientras que las reservas internacionales netas ascendían a US$96.469 millones, equivalentes al 26 % del PBI, de acuerdo con los datos citados en el documento.

En el frente fiscal, el déficit acumulado se ubicaba en 0,9 % del PBI, por debajo del límite anual de 1,8 % previsto para 2026.

El Observatorio concluye que el crecimiento de 2027 dependerá tanto de la duración de El Niño como de la capacidad del país para ejecutar inversiones, preservar la sostenibilidad fiscal y elevar la productividad.

Perder las tarjetas bancarias o sufrir el robo del celular durante un viaje al extranjero puede poner en riesgo el dinero y la información financiera de una persona. Ante una situación de este tipo, actuar rápidamente y comunicarse con el banco resulta fundamental para evitar posibles operaciones fraudulentas.

Para facilitar este procedimiento, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) anunció que los peruanos ahora pueden solicitar el bloqueo de sus tarjetas bancarias y aplicaciones digitales desde cualquier parte del mundo, mediante la plataforma 1820.pe.

La nueva funcionalidad amplía el alcance de la línea de emergencia 1820, que permite contactar directamente con las áreas de bloqueo de las entidades financieras. El servicio es gratuito, funciona las 24 horas del día y evita que los usuarios tengan que realizar llamadas internacionales para comunicarse con sus bancos.

¿Cómo bloquear tus tarjetas bancarias si te roban el celular en el extranjero?

Según Asbanc, el procedimiento puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sea un teléfono móvil, una computadora o una tableta.

Para solicitar el bloqueo, los usuarios deben seguir estos pasos:

1. Ingresar a www.1820.pe desde un dispositivo conectado a internet.
2. Seleccionar la opción “Llama aquí” que aparece en la plataforma.
3. Indicar a la operadora virtual el nombre de la entidad financiera a la que pertenecen las tarjetas o aplicaciones.
4. Esperar la transferencia al área de bloqueos del banco correspondiente.
5. Solicitar el bloqueo de los productos bancarios y accesos digitales afectados.

La plataforma permite realizar una llamada por internet y conectarse con la misma central de atención disponible mediante el número 1820 en el Perú.

De esta manera, quienes se encuentren fuera del territorio nacional podrán comunicarse con sus bancos sin necesidad de efectuar llamadas telefónicas internacionales.

¿Qué pasa si tienes tarjetas de diferentes bancos?

Asbanc precisó que el servicio conecta con 21 entidades financieras, que representan aproximadamente nueve de cada diez tarjetas emitidas en el sistema financiero peruano.

Sin embargo, si una persona necesita bloquear tarjetas o aplicaciones de distintas entidades financieras, deberá realizar una llamada independiente por cada banco.

Esto significa que la plataforma funciona como un canal de comunicación con las entidades participantes, mientras que el bloqueo se gestiona directamente con cada institución financiera.

Línea 1820 ha gestionado más de 290 mil bloqueos desde 2024

La línea de emergencia 1820 comenzó a funcionar el 9 de julio de 2024 como una alternativa para facilitar el bloqueo de tarjetas bancarias ante robos, pérdidas y otras situaciones de emergencia.

Desde su lanzamiento, el servicio registra más de 1,5 millones de usuarios y 290 mil bloqueos gestionados, de acuerdo con información difundida por Asbanc.

El gremio bancario también informó que el tiempo promedio de atención para solicitar un bloqueo es de aproximadamente 3,5 minutos, lo que permite a los clientes iniciar rápidamente las medidas de protección de sus productos financieros.

Asbanc estima que el servicio evitó fraudes por más de S/ 353 millones

De acuerdo con estimaciones de Asbanc, el uso de la línea 1820 habría contribuido a evitar pérdidas por fraude superiores a los 353 millones de soles desde su implementación.

La asociación también señaló que el monto promedio que pierde una persona como consecuencia de un fraude tras el robo de su celular asciende aproximadamente a S/ 2.450.

Estas cifras reflejan, según el gremio financiero, la importancia de contar con canales de atención accesibles para solicitar el bloqueo de tarjetas y aplicaciones digitales ante una emergencia.

Asbanc amplía servicio de seguridad para peruanos que viajan al exterior

Nancy Figueroa, defensora del Cliente Financiero de Asbanc, explicó que la implementación de la plataforma web responde a la necesidad de fortalecer la protección de los usuarios del sistema financiero peruano.

“En Asbanc evaluamos e implementamos permanentemente nuevas iniciativas para estar más cerca de las personas, orientarlas, educarlas y brindarles herramientas que fortalezcan su seguridad financiera”, señaló.

La representante del gremio agregó que el objetivo es facilitar la comunicación con los bancos cuando los clientes atraviesan situaciones de emergencia, independientemente del país donde se encuentren.

“Queremos que nuestros clientes sepan que, estén donde estén, cuentan con una alternativa rápida y sencilla para comunicarse con sus bancos en los momentos más difíciles”, sostuvo Figueroa.

Con esta nueva funcionalidad, el servicio 1820 amplía su cobertura internacional y ofrece a los usuarios una vía adicional para proteger sus tarjetas y accesos digitales ante el robo o pérdida de sus dispositivos.