Así, ayer, el Ejecutivo publicó un decreto supremo y estableció una nueva metodología para generar una fórmula de pago a quienes les fueron expropiados sus tierras de cultivo, entre 1969 y 1972.

Mario Seoane, asesor legal de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA), señaló a Correo que en el 2013 el TC hizo una metodología y le ordenó al MEF que la aplique para desarrollar una fórmula de actualización e implemente un procedimiento administrativo de pago.

“El MEF implementó el procedimiento, pero hizo una fórmula mala, que no era la correcta porque salía en muchos casos cero soles y era totalmente confiscatorio (apropiación). El MEF insistió en que la fórmula era la correcta y el año pasado fuimos al tribunal, que respondió con una sentencia, declarando que la fórmula del MEF era inconstitucional por confiscatorio”, precisó.

Revisión

En la nueva sentencia, dijo Seoane, el TC le ordena al MEF que haga una nueva metodología y un nuevo procedimiento de pago.

Pero sugiere que el Tribunal, como ordenó hacer la nueva metodología, sea el que la revise para evitar de que el MEF quiera hacerlo y se tome otros diez años y los bonitas sigan en la eterna espera.

El jurista dijo que la revisión que haga el TC le tome dos meses y se proceda al pago de los bonos de la deuda agraria, que como es producto de una expropiación, no requiere estar programada en el presupuesto público. “Creo que el Tribunal, en un plazo razonable debería validar la fórmula”, anotó.

Sin embargo, el volumen que se envió al extranjero registró una caída de 1%, explicó el presidente del Comité de Frutas y Hortalizas de la Asociación de Exportadores (ADEX), Elkin Vanegas.

Explicó que los cambios abruptos de calor alteran los ciclos productivos de los cultivos, generando la presencia de plagas y, en consecuencia, problemas fitosanitarios. Es decir, el fenómeno de El Niño ya está impactando en el sector agrícola.

“En el norte del país se observa un impacto en la producción de uva, palta, arándano y en el mango de la variedad Kent, cuya floración requiere temperaturas cercanas a los 16 °C durante las primeras horas del día y la noche. Asimismo, la palta de Ayacucho registra un contenido de materia seca por debajo de 22%, lo cual afecta su exportación, pues deteriora la calidad”, señaló.

Por ello, señaló que es indispensable fortalecer el manejo y cuidado de los sembríos de los pequeños y medianos productores, monitorear el estado de los campos y adoptar medidas de prevención, por ello destacó la importancia de transferir conocimientos que permitan a los agricultores enfrentar de mejor manera los efectos climatológicos.

Recordó que episodios anteriores del fenómeno El Niño evidenciaron la alta vulnerabilidad de la infraestructura vial del país. Entre los puentes más afectados figuran Bolognesi, San Miguel, Independencia, Simón Rodríguez, Carrasquillo y Salitral, en Piura; Reque, Motupe, Zurita, Mórrope, Salas, Anchovira y Vilela, en Lambayeque; y Virú, en La Libertad.

Productos

En los primeros 5 meses del año, según el ADEX Data Trade, los envíos agroindustriales (no tradicional) alcanzaron $ 4 mil 252 millones, registrando un alza de 3.7% respecto al mismo periodo del 2025. Pero, en volumen (1,863 toneladas) tuvo una contracción de 2.3%.

En monto FOB sobresalieron las uvas ($ 783 millones 343 mil), paltas ($ 704 millones 759 mil) y los arándanos ($ 359 millones 202 mil). Considerando los volúmenes, el de las uvas cayó 0.4%, el de mangos retrocedió 10.8%, el del cacao en grano fue -2.7% y el del mango en conserva -29.6%. Pero el de las paltas se incrementaron en 9.5% y el de arándanos en 20.9%.

Sobre los despachos del sector agro tradicional, sumaron $ 267 millones, mayor en 28%. En volumen (95 mil 157 toneladas) se incrementó 31.1%. El café sin descafeinar y sin tostar ($ 228 millones 285 mil) lideró la demanda, seguido del azúcar de caña, lana sin cardar ni peinar, melaza de caña, cueros y pieles enteros de bovino, entre otros.

Al respecto, para fortalecer las agroexportaciones, ADEX realizó una capacitación dirigida al personal de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, a quienes capacito de las nuevas tecnologías y dispositivos incorporados en los envases utilizados para transportar alimentos.

También promueve la participación de empresas peruanas en SIAL París 2026, una de las principales ferias internacionales de alimentos y bebidas que se realizará en octubre, así como en la Expoalimentaria, cuya sede será Lima, entre el 23 al 25 de setiembre.

Al respecto, el Instituto Peruano de Economía (IPE), con datos de las tres citadas entidades públicas, precisó que entre el 2016 y 2020 las autoridades registraron una vigencia de 25, 6 y 7 meses (Perupetro, Minem y Petroperú, respectivamente), mientras que entre el 2021 y 2026 fue de 6, 5 y 4 meses.

“Hay un deterioro institucional generalizado en el Estado y en las entidades públicas del sector hidrocarburos”, señaló Carlos Gallardo, gerente general del IPE.

Pérdidas y rescates

Refirió que desde el 2013, Petroperú ha recibido rescates financieros de parte del Estado que suman S/ 32,100 millones, siendo el último por $ 2,000 millones (crédito obtenido en una entidad privada, pero tiene garantía del Estado) y de los cuales $ 500 millones están siendo gestionados ante Proinversión, que administrará los ingresos y gastos de la empresa.

La petrolera, actualmente, tiene pasivos (deudas) por $ 7,800 millones, los que suman cuatro veces su patrimonio (conjunto de bienes, derechos y obligaciones).

El principal activo de la petrolera es la refinería de Talara, por la que ha tomado grandes deudas, pero actualmente está operando por debajo de su capacidad, se estima en unos 45 mil barriles de crudo, cuando puede refinar hasta 95 mil barriles.

Desde marzo a la fecha, como consecuencia de la crisis del petróleo por la guerra en Medio Oriente, ha obtenido un buen margen de refinación (unos $ 40 por barril), que le ha permitido hacer caja a la petrolera.

“Tenemos que ser conscientes que en el mundo aún no hay ninguna tecnología que reemplace al petróleo y al gas. Nos guste o no, todavía el petróleo y el gas representan el 75% de la energía que se consume en el mundo”, advirtió.

En ese sentido, indicó que es importante activar la exploración aplicando incentivos, porque la situación actual que se tiene en el Perú desalienta la inversión en esta labor, como la alta tasa de regalías que no son competitivas.

Ello, según explicó en una actividad que organizó el Instituto Peruano de Economía (IPE), es para asegurar una matriz energética sostenible, sobre todo para incrementar las reservas probadas de gas natural, más allá de Camisea, que es el principal productor del país.

Agregó que Perú ahora compite en la región con Argentina, Colombia, Guyana y ahora Venezuela, país en el que esta industria se está reactivando.

José Mantilla refirió de que hay que preocuparse por tener regalías y canon muy competitivos para evitar que los inversionistas pasen años dedicados a convencer a las comunidades sobre los beneficios de tener un industria de hidrocarburos en desarrollo.

Lo más importante, añadió, es ver urgentemente el tema de la “tramitología”, para que no tarde 10 años (en obtener permisos y licencias) y le reste tiempo al contrato de concesión.

“La industria del petróleo y el gas es muy intensiva en presupuesto; un año de trámites realmente le quita gran rentabilidad”, anotó.

Contratos

Al respecto, el expresidente de Perupetro resaltó que hay una gran diferencia entre la industria de hidrocarburos y la minería.

“En minería, el minero está hasta que saca la última piedra que es económicamente viable. Pueden ser 50 años. Hay buenos casos, como Southern, en los que se sigue invirtiendo. Los contratos en minería siguen hasta que el proyecto es económicamente viable, pero no es así en petróleo, cuyos contratos son de hasta 30 años; y en gas, 40 años”, remarcó.

Dijo que lo mínimo que se podría hacer es pensar en llevar los contratos de petróleo a 40 años, pues de lo contrario “vamos a tener un caso como el que vivimos ahora y lo sufrimos todos los peruanos”.

De esta manera, se refirió al bajo volumen de la producción petrolera, que obliga al país a ser un importador neto de combustibles.

Esta situación ocurre porque no hay trabajos de exploración y porque se tienen paralizados lotes petroleros que se encargaron a Petroperú, como el 192 (Loreto) y cuyo contrato de 30 años venció y la empresa (Pluspetro Norte) tuvo que abandonarlo. Hasta ahora sigue paralizado por falta de un socio estratégico para la petrolera estatal.