De acuerdo al MINEM, la cifra equivale a casi todo lo recaudado durante el 2023: S/16,112 millones. Además, informó que solo en abril, la recaudación minera alcanzó S/6,353 millones, el monto mensual más alto del año, con un crecimiento de 92.1% respecto a los S/3,307 millones de abril de 2025.

Este incremento también benefició a los gobiernos regionales, municipalidades y universidades públicas, que recibieron transferencias por S/4,121 millones en los primeros meses de este año. El mayor impulso provino de las regalías mineras, cuya recaudación creció 143% solo en abril.

Así también, la bonanza se refleja en las exportaciones, pues durante el primer trimestre de 2026, las ventas mineras al exterior alcanzaron US$ 21,425 millones, un crecimiento de 57.3 %.

ALZA DE PRECIOS INTERNACIONALES DEL COBRE Y ORO

Sin embargo, detrás de estas cifras récord aparece una paradoja: el aumento no proviene de una mayor producción, sino del alza sostenida de los precios internacionales del cobre y el oro, que desde 2024 superan los máximos alcanzados durante la pandemia.

Refiere que las exportaciones de cobre sumaron 697,400 toneladas métricas finas entre enero y marzo, 1.9 % menos que en ese cuatrimestre del año anterior; mientras que las de oro alcanzaron 1.62 millones de onzas, una reducción de 1.4 %.

Al respecto, el especialista tributario Marcial García Schreck advirtió que el Perú no está aprovechando plenamente esta coyuntura favorable. Si bien la producción de cobre creció 3.6% entre enero y abril, la extracción anual se mantiene estancada en torno a 2.7 millones de toneladas. Respecto al oro, la producción retrocedió 4.1% en los primeros cuatro meses del año.

Con estas cifras, se determinaría que el Perú recauda más, exporta más valor y transfiere más recursos a las regiones debido al precio de los minerales, pero no produce más cobre ni más oro.

En ese sentido, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que el gobierno saliente está dejando de ejecutar obras de prevención por S/ 11,621 millones.

Precisó que la cartera de prevención que administra la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) involucra 61 proyectos valorizados en S/ 22,784 millones, pero al 19 de junio del presente año tuvo un avance promedio de 51%, mientras que 44 proyectos presentan restricciones presupuestales y seis permanecen suspendidos.

Entre los proyectos que deben destrabarse con carácter de urgencia, según la CCL, son aquellos que protegerán a Lima de inundaciones (S/ 1,550 millones por ejecutar, tiene un 3.7% de avance).

También están las obras de drenaje pluvial de cuatro distritos de Chiclayo (S/ 1,464 millones pendientes y 9.2 % de avance).

Del mismo están la obras de protección contra inundaciones del río La Leche en Lambayeque (suspendida, con S/ 1,217 millones por ejecutar y 9.9 % de avance, así como las del drenaje pluvial de cinco distritos de Trujillo (tiene 14.1 % de ejecución).

Agilizar

Al respecto, la CCL exhortó al Gobierno saliente a utilizar las semanas que restan de su gestión para acelerar y destrabar las obras críticas pendientes.

Además, hace un llamado al Gobierno entrante priorizar la prevención de desastres desde el primer día de gestión y destrabar de inmediato los S/ 11,621 millones pendientes, garantizando los recursos necesarios y establecer mecanismos extraordinarios.

Advierte también que de no culminarse a tiempo las obras actualmente en marcha, existe el riesgo de que parte importante de los avances e inversiones realizadas se pierda o resulte seriamente afectada cuando se presente el fenómeno de El Niño.

Los beneficiarios pertenecen a las comisiones de usuarios de San Fernando, Caña Hueca, Jatosisa Sotelo y Lurín, responsables del riego de más de 854 hectáreas dedicadas a la actividad agrícola.

Ese avance se logró con la entrega de cinco licencias de uso de agua otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que formalizan el aprovechamiento de cinco manantiales y un volumen anual de 4.32 hectómetros cúbicos de agua destinados a la actividad agraria.

“La formalización brinda a los agricultores mayor seguridad sobre el uso del recurso hídrico, fortalece la gestión de sus organizaciones de usuarios y les permite planificar con mayor confianza el desarrollo de sus actividades productivas”, según la ANA.

Durante la entrega de licencias, el jefe de la ANA, Manuel Barreno Rodrigo, destacó que el acceso formal al agua constituye una herramienta fundamental para fortalecer la agricultura y promover una gestión más eficiente y sostenible del recurso hídrico en beneficio de las familias productoras de la cuenca.

Interinstitucional

Como parte de la jornada, la ANA y la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Lurín – Clase B suscribieron además un convenio de cooperación interinstitucional para evaluar alternativas de almacenamiento de agua en la cuenca alta del río Lurín.

El acuerdo permitirá desarrollar estudios especializados de hidrología, geología superficial, agrología, planeamiento hidráulico, topografía y evaluación económico-social, con el objetivo de identificar al menos dos alternativas técnicamente viables para la futura construcción de infraestructura de almacenamiento de agua que contribuya a mejorar la disponibilidad del recurso para la agricultura de la zona.

Explicó que el sector enfrenta un entorno cada vez más complejo, en el que ya no basta con la eficiencia productiva o la generación de valor económico, sino que es necesario incorporar de manera estructural nuevas exigencias vinculadas a la confianza, la sostenibilidad y la competitividad.

“La minería debe evolucionar para responder a nuevas exigencias de confianza, sostenibilidad y competitividad”, afirmó la ejecutiva, al remarcar que estos factores se han convertido en elementos centrales para la continuidad y legitimidad de la industria.

Durante el panel, que reunió a representantes de distintas compañías mineras internacionales, se discutió si el modelo de negocio del sector requiere ajustes profundos para adaptarse a las demandas actuales de inversionistas, gobiernos y comunidades.

Capacidad de adaptación

En ese contexto, Arias destacó que la capacidad de la minería para adaptarse a estas nuevas expectativas será determinante para su desarrollo futuro, especialmente en un entorno global marcado por mayores estándares ambientales, sociales y de gobernanza.

Además, hizo hincapié en la importancia de fortalecer los mecanismos de diálogo y articulación con los distintos grupos de interés, como parte de una estrategia que permita consolidar relaciones de largo plazo y mejorar la percepción de la industria.

El World Mining Congress 2026 continúa reuniendo en Lima a líderes globales del sector minero para debatir los principales desafíos y oportunidades de la industria, en un contexto de transformación tecnológica, transición energética y creciente demanda de minerales críticos.

De lo que se desprendería que existe una inclinación a realizar gastos sin control de cara a tentar a permanecer en un gobierno regional o gobierno municipal.

En esa línea, la Contraloría General identificó a diez gobiernos regionales que no incorporan en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 los recursos mínimos exigidos para que el Consejo Regional fiscalice su gestión. Están Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto y Madre de Dios.

Explicó que, según la normativa vigente, los gobiernos regionales deben destinar al Consejo Regional como mínimo el 1% del presupuesto asignado para gastos y servicios de los recursos ordinarios, “con la finalidad de que cuenten con la capacidad logística y el apoyo profesional necesario para el ejercicio de sus funciones de fiscalización”.

Incumplen

Sin embargo, al 15 de junio del 2026, advierte el órgano de control interno, no vienen cumpliendo con esa obligación legal.

Según los informes de control, los diez gobiernos regionales debieron destinar como mínimo para las actividades de fiscalización de sus consejos regionales un total de S/ 12,406 295, no obstante, se verificó que solo habían asignado S/ 6,646 197.

Es decir, asignaron el 53.6 % (en promedio) de lo que corresponde de acuerdo con la Ley n.° 31812.

La Contraloría General ha comunicado a los titulares de los gobiernos regionales los resultados del servicio de control para que adopten oportunamente las medidas preventivas y correctivas a n de no limitar presupuestalmente la función fiscalizadora del Consejo Regional.

El trabajo de control lo realizó entre el 1 de enero al 21 de mayo 2026. La Contraloría advierte que de no asignarse los recursos existe el riesgo de limitar su función fiscalizadora de los consejeros regionales.