Tan solo en Arequipa y según informes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), existen alrededor de 150 minas informales donde más de 4 mil mineros trabajan diariamente en condiciones precarias, exponiendo su vida para extraer oro.

ORO EN AREQUIPA, VIDAS EN RIESGO

En Arequipa, la minería ilegal se concentra principalmente en provincias como Caravelí, Condesuyos y Castilla, además de zonas cercanas a Ayacucho. Allí, miles de trabajadores laboran sin contrato, seguro social, vacaciones ni compensación por tiempo de servicios (CTS).

La actividad consiste en extraer minerales sin autorización y sin cumplir normas ambientales, laborales ni de seguridad. En muchos socavones no existen soportes para evitar derrumbes, la ventilación es deficiente y el uso de explosivos se realiza sin controles adecuados.

Muchos trabajadores permanecen entre 12 y 17 horas diarias bajo tierra, en ambientes húmedos, oscuros y con altas temperaturas. Además, gran parte no cuenta con equipos de protección personal como cascos, botas, mascarillas o guantes.

Especialistas señalan que el crecimiento de la minería informal en Arequipa está relacionado con el elevado precio del oro, la falta de empleo formal y las dificultades para fiscalizar y formalizar la actividad minera. El auge se hizo más evidente desde inicios del siglo XXI, cuando el incremento del valor de los minerales atrajo a miles de trabajadores a los socavones.

Las consecuencias no solo afectan a quienes trabajan en las minas, sino que también provocan contaminación en los ríos y suelos por el uso de mercurio, daños a la flora y fauna, además de conflictos y violencia por el control de terrenos.

La Defensoría del Pueblo ha advertido que la minería informal e ilegal ya se encuentra presente en 21 de las 25 regiones del país. Diversos estudios coinciden en que esta actividad opera bajo condiciones laborales precarias, con jornadas excesivas y altos riesgos de accidentes, enfermedades y muerte.

CASOS EN SOCAVONES INFORMALES

Uno de esos casos es el de Mario, de 22 años, quien trabaja desde hace tres años en un socavón ubicado en el límite entre Arequipa y Ayacucho. Debido a limitaciones económicas, decidió ingresar a la mina para ayudar a su familia; sin embargo, hace seis meses, una enorme roca cayó a pocos centímetros de él y casi le fractura la cabeza.

A pesar de este peligro, el dueño de la mina solo le dijo que regresara a su pueblo y volviera cuando estuviera recuperado. No recibió dinero para el traslado ni para atenderse médicamente.

Historias como la de Mario son frecuentes en la minería ilegal. El 15 de marzo, dos trabajadores murieron aplastados tras el derrumbe de una roca de seis metros en un socavón ilegal en Huánuco. Roger Castro, director de Energía y Minas del gobierno regional, informó que la labor no contaba con permisos ni instrumentos ambientales.

Semanas después, en Cajamarca, tres personas resultaron gravemente heridas por una explosión de gases impulsada por la acumulación y manipulación inadecuada, según información preliminar.

El TC hizo eco de la demanda de Mónica Jimena Burga Fernández contra Magistrados de la Primera Sala Civil de Lambayeque y el MEF, pidiendo hacer los pagos, y otorgó al MEF (enero 2026) un plazo de 60 días, que venció el último 5 de mayo.

Suárez indicó que “encontrándose el expediente aún en sede del TC”, informó la imposibilidad material de cumplir el mandato contenido en la sentencia, en 60 días.

Por ello, pidió “se sirvan disponer” que el plazo de cumplimiento “pueda ser adecuadamente modulado en etapa de ejecución por el juez competente, o bien precisar un plazo razonable adicional”.

Dificultad

Así, refirió que se encuentra impedida de acudir ante el juez de ejecución, pese a encontrarse en curso el plazo fijado en la sentencia, que genera un riesgo cierto de incurrir en un incumplimiento no imputable.

Por ello, solicitó de forma excepcional y preventiva, un mayor plazo “en resguardo de los principios de buena fe procesal, de colaboración con la justicia constitucional”.

Al respecto, el asesor legal de la Asociación de Bonistas de Deuda Agraria, Mario Seoane, recordó que el TC ya había dispuesto en 2013, el pago a los bonistas, pero el MEF debía hacer el cálculo del valor de las tierras expropiadas.

Pero la fórmula que aplicó el MEF arrojó cero soles, lo que fue declarado inconstitucional por el TC y le ordenó hacer una nueva fórmula, aplicando un valor actualizado de los bonos

El monto a pagar a cada bonista está sujeto al número de hectáreas expropiadas. El importe total a pagar sería de unos S/ 3,000 millones.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 080-2026-EF, publicado en la sección de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

De acuerdo con lo establecido, las acciones que recibirán financiamiento fueron priorizadas previamente en el Acta N.° 52 de la Comisión Multisectorial del Fondo para Intervenciones ante Desastres Naturales (Fondes).

La norma también precisa que el dinero transferido no podrá ser utilizado para fines distintos a los establecidos, bajo responsabilidad de las entidades beneficiadas. El decreto cuenta con las firmas del presidente José María Balcázar, del ministro de Defensa, Amadeo Flores, y del titular de Economía, Rodolfo Acuña.

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Se espera que genere ventas por $ 19 millones, tanto de productos y servicios turísticos del Perú para el mundo.

Posteriormente, el Perú Travel Mart continuará en viajes de familiarización a las ciudades de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Chachapoyas e Ica.

El evento está convocando a tour operadores y mayoristas de los distintos mercados emisores de turistas para el Perú. A la fecha, 197 empresarios y 10 medios de prensa internacional vendrán de 29 países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, España, Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, Reino Unido, China e India, entre otros. En 2026 se suma Australia como nuevo mercado.

Oportunidad

Maritza Montero, presidenta del comité organizador del Perú Travel Mart 2026, señaló que se ha superado todas las metas de las ediciones anteriores.

“Hoy el Perú Travel Mart se consolida como una oportunidad única para empresas nacionales dedicadas al turismo, quienes podrán mostrar de manera directa sus productos y servicios a compradores de 29 mercados internacionales”, comentó

Explicó que para la edición 2026 se consolidará la descentralización del evento con cinco destinos para los viajes de familiarización, donde más de cien compradores viajarán a Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Chachapoyas e Ica hasta el 20 de mayo.

“Ellos podrán disfrutar de las rutas turísticas de cada ciudad, su cultura, historia, gastronomía local y experiencias únicas que se han preparado como parte del Perú Travel Mart 2026″, precisó.

Montero refirió que Perú Travel Mart 2026 ha sido declarado Evento de Interés Turístico Nacional por el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mincetur) y se configura como un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer la imagen del país como un destino seguro.

Precisó a Correo que los bonistas tenían información de que la publicación será en estos días y que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe emitir un nuevo decreto supremo que apruebe un reglamento actualizado para cumplir con el pago respectivo.

Estima que tan pronto se publique el referido reglamento, el pago a los bonistas agrario debería concretarse a partir del próximo año.

El TC concluyó que el MEF incumplió los fallos previos al aplicar una fórmula que reducía significativamente el valor de la indemnización, afectando el derecho a la propiedad.

Obligación

El TC dispuso que el nuevo reglamento debe establecer una nueva metodología de actualización y un procedimiento administrativo renovado para el registro, actualización y pago de los bonos de la deuda agraria.

La medida debe busca atender los reclamos de quienes resultaron afectados por expropiaciones de tierras durante la reforma agraria (1969-1970).

Seoane explicó que el reglamento modificará la fórmula para hacer los cálculos de los bonos.

Se estima que son 300 mil bonistas los que deberán ser resarcidos por el Estado tras la expropiación de sus tierras hace más de 55 años, la mayoría de ellos fueron pequeños propietarios.

Precisó que se les debe pagar con el valor actualizado más los intereses, que sumarían unos S/ 3,000 millones.

“Lo interesante es que el TC ha ordenado que el pago puede ser en efectivo, en bonos, en tierras o en proyectos de inversión, en los que podrán acceder a acciones. El bonista va a escoger”, comentó.