Para Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), está bien focalizar la entrega de recursos del canon, pero más importante es que el órgano ejecutor sea Proinversión o la ANIN, no los alcaldes o gobernadores regionales, menos las comunidades, que no son entidades legales. En diálogo con Correo dijo que ello permitiría ejecutar obras bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

¿Cree que hay más entusiasmo para invertir en el sector minero?

La buena disposición del sector está presente siempre. Mi estimación personal es que este año podríamos alcanzar 7,000 millones de dólares de inversión. Aquí estoy juntando nuevos proyectos, reposiciones y mejoras. Según el Ministerio de Energía y Minas, la inversión minera, entre enero y junio de 2026, alcanzó los 3,304 millones de dólares.

Se duplicarán las inversiones...

Podemos llegar a 7,000 millones. Escuché al ministro Guillermo Shinno decir que se apunta a la ejecución de proyectos mineros y energéticos por $ 40,000 millones en los próximos 5 años. Yo creo que sería factible siempre que se den las oportunidades para la inversión. Espero que el Ejecutivo obtenga las facultades legislativas.

¿Es factible?

Pero, veo con preocupación el nombramiento de la cuñada del expresidente Castillo (Yenifer Paredes) como presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Lo veo con preocupación porque creo que van a meterle un palo a la rueda de la bicicleta, ¿no? Esto sería el mayor riesgo para un avance de la inversión minera.

El Ministerio de Energía y Minas señala que los pobladores que viven cerca de los yacimientos mineros no ven los beneficios que genera esta actividad económica porque los recursos se quedan en las capitales de regiones, ¿qué se necesita distribuir mejor el canon?

Hay que hacer dos cosas. Uno es, efectivamente, que se focalicen más en las comunidades que están en los alrededores. Pero lo que tiene que cambiar es quién es el órgano ejecutor. Si lo dejamos en manos de los gobiernos distritales o de los gobiernos provinciales o de los gobiernos regionales, o si lo dejamos en manos de los dirigentes de la comunidad, será peor. Se necesita un órgano ejecutor centralizado que defina bien la necesidad, el proyecto de ingeniería y su ejecución.

¿Y quién podría ser el órgano ejecutor?

Para empezar, creo que Proinversión tiene una buena oportunidad. O podría ser también la ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura), no sé a cuál de los dos quieran potenciar. A uno de los dos se le tendría que decir cuáles son los proyectos paralizados, asignarle los recursos y hacer que ellos los contraten no para ejecución directa de gobierno, sino para que contraten como si fuera Obras por Impuesto.

Es algo parecido a lo de Proinversión con Petroperú, que administra sus finanzas.

Claro, pero son dos cosas distintas. Para el uso del canon se necesita hacer planes integrados, se debe tener definiciones para ejecutar los proyectos, con estándares y calidad de ejecución. Se debe hacer con compañías responsables, no con el primo del alcalde. Tiene que trabajarse con planos estandarizados, calidad estandarizada, supervisión y ejecución estandarizada. Para obras de agua y desagüe, colegios y postas médicas se puede contratar compañías que puedan ejecutar obras en varios distritos y provincias.

¿Pero las comunidades?

Hay que tener cuidado, las comunidades no son una entidad legal voluntariamente reconocida por lo que no se les puede dar dinero. Corresponde que haya una entidad responsable, capaz, que pueda ejecutar obras en beneficio de las comunidades. Las comunidades no dan cuenta a nadie. Los distritos de San Marcos (Ancash) y Echarate (Cusco) son claros ejemplos de un uso inadecuado de los recursos porque no todos sus pobladores tienen todos los servicios básicos.

Carlos Gálvez

Ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Economista de la Universidad Federico Villarreal. MBA en Economía por la Universidad del Pacífico. Ocupó cargos en diferentes mineras del país.

La norma, refrendada por la presidenta Keiko Fujimori, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, hace hincapié que la designación fue comunicada al Congreso de la República.

En ese sentido, según el artículo 86 de la Constitución Política del Perú y la ley orgánica del BCRP, el nombramiento del economista Julio Velarde Flores por parte del Ejecutivo requiere la ratificación del Senado.

Con el nuevo nombramiento, Velarde va por un quinto período al frente del BCR, es decir, en el 2031 cumplirá 25 años al frente de este ente rector de la política monetaria del país.

Inflación

Es decir, el BCR es responsable de la estabilidad de la moneda peruana: el sol. Le permite controlar la inflación. Para este propósito, regula la cantidad de dinero que se maneja en la economía nacional, mediante el alza o baja de su tasa de interés de referencia (TIR).

Cuando los precios suben en exceso, el BCR sube su TIR para enfriar la demanda de créditos, que se encarecen. Pero cuando la economía se enfría, es decir, la gente compra muy poco, baja la TIR para estimular la toma de préstamos.

Su participación más conocida es su intervención para reducir la volatilidad del dólar, mediante un conjunto de instrumentos que le permite retirar o comprar (para luego devolver) dólares.

Velarde estrena su nuevo período con una inflación anual de 4.07% a julio 2026, generada por el choque de oferta de combustibles.

La medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 360-2026-MINEM/DM y tendrá una vigencia de hasta 30 días calendario. Según el Minem, el cierre de rutas dificulta el transporte terrestre de GLP desde Pisco y Callao hacia las regiones del sur.

La situación genera especial preocupación debido a que estas regiones no cuentan con plantas de abastecimiento con inventarios suficientes para enfrentar una interrupción prolongada. En caso de nuevos cierres de carreteras, el suministro dependería de las existencias disponibles en gasocentros, plantas envasadoras y otros establecimientos de la cadena de comercialización.

El sector advirtió que estos inventarios tienen una autonomía limitada y podrían resultar insuficientes para garantizar el abastecimiento de los usuarios, especialmente de los hogares.

Ante este escenario, la resolución dispone que Osinergmin evalúe y establezca medidas transitorias dentro de sus competencias para asegurar la continuidad del suministro. Estas podrían contemplar excepciones temporales a determinadas disposiciones de los reglamentos de comercialización y seguridad de hidrocarburos, así como medidas alternativas mientras persista la emergencia.

Asimismo, el Minem señaló que la declaratoria busca prevenir una eventual crisis de abastecimiento y garantizar la continuidad de las actividades vinculadas a la comercialización de GLP mientras se normalizan las condiciones de las vías.

La medida permitirá adoptar acciones temporales frente a las restricciones de transporte y reducir el impacto que una interrupción del suministro podría generar en las familias y otros usuarios de las cinco regiones afectadas.

LEE TAMBIÉN:

• Ministro Rafael Belaunde anuncia centros de retención para extranjeros en situación irregular
• Samahara Lobatón revela que tres nanas cuidarán a sus hijos durante su viaje a EE.UU.
• Lluvias: 866 mil personas en riesgo en La Libertad
• Premier Galarreta pide seis meses para exhibir resultados
• Huanta: Conductor mantuvo la calma durante sismo mientras transmitía en vivo (VIDEO)