La economista Mercedes Aráoz, señaló que el tema “que le da un poco de miedo porque va ligado a los temas de seguridad es la Ley Mape porque aún no sale”.

“No sé cuándo vamos a sacar la Ley Mape, que es la Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería porque vienen las elecciones regionales, entonces quieren ganar votos (los candidatos a gobernadores y alcaldes) y pueden preservar el comportamiento de las economías ilegales, como en la minería”, precisó.

Aráoz, quien participó en el Foro Análisis de Propuestas – Segunda Vuelta Agenda 2026, que organizó la Universidad del Pacífico, manifestó que debemos cuidar, incorporar a la minería informal y formalizarla realmente.

Lavado

“Gran parte del problema de la minería ilegal es que es un mecanismo de lavado de activos y está manejada por las grandes organizaciones criminales transnacionales. Entonces, es un gran un riesgo”, comentó.

Como se sabe, la Ley Mape es la llamada a reemplazar al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que fue creada en diciembre de 2016 mediante el Decreto Legislativo 1293 y empezó a regir desde inicios del 2017.

Desde entonces, el Reinfo ha tenido cinco ampliaciones, siendo el último en 2026 y regirá hasta el 31 de diciembre de este año, en tanto se aprueba la Ley Mape.

El uso del Reinfo se ha desvirtuado porque muchos certificados de formalización son usados por mineros ilegales para procesar oro y cobre en plantas que exigen un documento que certifique que su producción es legal.

Según la empresa, la medida refleja una mayor previsibilidad sobre su situación en el corto plazo.

A través de un comunicado, la petrolera estatal señaló que la decisión reconoce avances en su proceso de estabilización. Asimismo, indicó que continúa enfocada en ejecutar su plan de reorganización, aunque aún enfrenta retos vinculados a esa etapa.

En su evaluación, S&P resaltó la capacidad financiera de Petroperú para atender sus obligaciones de deuda de corto plazo. También destacó los efectos del Decreto de Urgencia N.° 003-2026, aprobado por el Gobierno en mayo de 2026.

La clasificadora señaló además que el apoyo estatal previsto mediante un vehículo financiero de hasta 2,000 millones de dólares contribuye a garantizar la continuidad operativa de la empresa, financiar capital de trabajo y asegurar el abastecimiento de combustibles.

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Durante la presentación del Informe de Estabilidad del Sistema Financiero – Mayo 2026, explicó que tiene suficiente liquidez para hacer frente a la coyuntura mundial y local (elecciones), precisando que el sistema financiero peruano es sólido, muy líquido (tiene facilidad para acceder a dinero) y solvente.

Al respecto, la jefe de Riesgos de Conglomerados de la SBS, Carla Rodríguez, precisó que, en un escenario adverso, podría haber una salida del 30% de los depósito y el sistema financiero peruano puede seguir adelante.

Créditos

Espinosa explicó que la solidez del sistema financiero va de la mano con el crecimiento de los créditos, tanto de las personas como de las empresas.

Así, dijo que los créditos de consumo crecieron 8% en marzo 2026 (anual), “observándose una recuperación sostenida desde abril 2025, en línea con la recuperación de la demanda interna”.

Destacó la participación de las billeteras digitales en la entrega de créditos porque están incorporando a más personas, sobre todo en las zonas más apartadas del país.

Dijo que en 2025 y lo que va de 2026, los hogares se favorecieron por el crecimiento sólido del empleo formal, bajo nivel de inflación y condiciones de financiamiento favorables, que incidieron en su capacidad de pago y contribuyeron a la mejora en la calidad crediticia (caída de mora)”.

Espinosa señaló que tras alcanzar un pico de 10.5% en junio 2024, la morosidad cayó de forma ininterrumpida “hasta niveles incluso inferiores a los registrados en 2019”, aunque se moderó levemente en los últimos meses, pero la tendencia se mantiene firme.

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó un dictamen que regula la jornada laboral nocturna en el sector privado y establece un recargo remunerativo del 35% para los trabajadores que laboren en ese horario.

La iniciativa, sustentada en el Proyecto de Ley N.° 13597, fue aprobada durante la sesión presidida por el congresista Alex Paredes Gonzales y plantea nuevas disposiciones sobre el pago de beneficios vinculados al trabajo nocturno.

Jornada nocturna será entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana

El dictamen establece que la jornada laboral nocturna comprenderá el período entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente.

Asimismo, precisa que este horario tendrá aplicación uniforme a nivel nacional y no podrá ser reducido mediante acuerdos individuales o colectivos entre empleadores y trabajadores.

Según el texto aprobado, la medida busca otorgar mayor seguridad jurídica respecto a la definición del trabajo realizado durante la noche.

Recargo remunerativo de 35%

Uno de los principales cambios planteados es la creación de un recargo remunerativo equivalente al 35% por cada hora o fracción trabajada dentro del horario nocturno.

Este monto será calculado sobre la remuneración mensual del trabajador y tendrá carácter obligatorio e irrenunciable.

Además, el beneficio será considerado para el cálculo de otros derechos laborales y conceptos remunerativos establecidos por la legislación vigente.

Fiscalización del cumplimiento

La propuesta también incorpora disposiciones orientadas a fortalecer la fiscalización laboral para garantizar el pago efectivo del recargo nocturno.

El dictamen señala que la norma alcanzará a los trabajadores del sector privado sujetos a jornada máxima de trabajo, incluyendo regímenes especiales, salvo aquellas excepciones expresamente previstas por ley.

Otros proyectos aprobados en la Comisión de Trabajo

Durante la misma sesión, la comisión aprobó otras iniciativas relacionadas con materia laboral y de seguridad social.

Entre ellas figuran propuestas para fortalecer institucionalmente a Seguro Social de Salud, modificaciones a la Ley del Trabajo Portuario, cambios en la legislación sobre jubilación de trabajadores mineros y mejoras en beneficios laborales para diversos sectores.

Asimismo, se aprobó un proyecto que declara de interés público la construcción del Hospital II de Cañete y modificaciones a la Ley de Prestaciones Alimentarias para trabajadores del régimen privado.