El Minem informó que tras la notificación respectiva, el expediente será devuelto a la Dirección General de Minería, que emitirá un nuevo pronunciamiento en estricto cumplimiento de las pautas establecidas por el CMP.

Al respecto, el ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), Carlos Gálvez, dijo que la reacción del Gobierno es una cuestión de incapacidad de la administración pública y temores infundados.

Señaló que el Minem se enreda al indicar que la construcción (en Tía María) sigue adelante, que solo se trata de levantar una observación de un depósito de material. “Esto habla de las malas formas porque no había necesidad de cancelar la autorización de explotación, solo informar y esperar el tiempo prudente para que la levanten”, precisó.

Manifestó a Correo que la falta de capacidad para manejar el problema solo manda muy malas señales al mercado inversor porque muestra a Perú como un país que da permiso y luego lo quita. “Están diciendo que en Perú no hay estabilidad jurídica”, anotó.

Inversión

El Minem precisó que la medida no da por concluido ningún procedimiento administrativo, “sino que solo implica la reevaluación técnica del expediente dentro del marco legal correspondiente”.

Sin embargo, a pesar de anular la autorización de explotación, el Gobierno dice estar dando todas las certidumbres a las inversiones mineras privadas en el territorio nacional.

Al 31 de diciembre del 2025, Southern Perú comprometió $ 790 millones para diferentes actividades en el desarrollo del proyecto de Tía María, ubicado en el valle de El Tambo, en Arequipa.

La inversión total para poner en operación Tía María sería de unos $ 2,000 millones.

Rápido

Al respecto, la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, precisó en RPP que el Minem tendrá una “actuación muy rápida” en la revisión del expediente de la operación minera.

Refirió que mediante esa revisión se pide validar todos los requisitos que exige la norma para otorgar la autorización se hayan cumplido.

“Dentro de esos requisitos que el CMP señala en su resolución, están los referidos a la absolución de una observación sobre la presentación de planos del diseño del depósito de desmonte y del cronograma de ejecución de actividades”, manifestó.

La emisión de bonos, dispuesto mediante el Decreto Supremo 057-2026-EF, permitirá ejecutar la Fase II del Plan Maestro para el mejoramiento y recuperación de los servicios operativos y portuarios de las Fuerzas Navales en el área de la Base Naval del Callao, a cargo del Ministerio de Defensa y la Marina de Guerra del Perú.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encargará de emitir los bonos y también asumirá el pago de la amortización, intereses, comisiones y demás gastos, con cargo al presupuesto público destinado al pago de obligaciones financieras del Estado.

El proyecto será respaldado por los Estados Unidos, que venderá equipos y servicios por $ 1,500 millones. También incluye el despliegue de hasta 20 funcionarios de ese país en el Perú por un período de 10 años, como parte del soporte técnico y operativo.

Suplementario

De otro lado, el MEF autorizó un crédito suplementario de S/ 419 millones 948 mil 514 para los gobiernos regionales y locales a fin de financiar 982 inversiones.

Al respecto, Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), precisó que si bien el crédito no es de un monto muy elevado en términos macroeconómicos (0.03% del PBI), respondería a criterios políticos en el marco de los últimos meses del gobierno saliente.

Además, indicó a Correo, se infiere que podrían darse más créditos suplementarios en los meses que restan.

“Con esa medida, se sigue yendo en contra de una senda de consolidación fiscal y se pasa la responsabilidad de esta consolidación al próximo gobierno. Aún más, se eleva el riesgo de que la meta de déficit fiscal (1.8% del PBI) no se cumpla este año”, anotó.

Según el organismo, el ajuste responde a la actualización mensual de tarifas y está basado en indicadores económicos.

Se precisa que el alza en la tarifa del servicio de electricidad se realiza según la normativa vigente. El cálculo considera el Índice de Precios al por Mayor y el tipo de cambio. Además, se toman en cuenta los precios de combustibles.

Cabe precisar que las tarifas subirán 1.34% para usuarios domiciliarios; en tanto, para comercios e industrias 0.75%. El incremento aplica al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional que cubre gran parte del país.

Osinergmin informó que a pesar del incremento, la variación acumulada en lo que va del año es de -1.61% para usuarios residenciales. En sistemas eléctricos aislados, los incrementos alcanzan 10.72% para hogares y 12.37% para comercios e industrias.

¿Qué contempla la tarifa eléctrica?

La tarifa incluye costos de generación, transmisión y distribución. Estos forman parte del servicio. Además, se consideran contratos entre empresas eléctricas para garantizar el suministro. El cálculo incluye el Cargo Fijo y el Valor Agregado de Distribución.