Al respecto, el Instituto Peruano de Economía (IPE), con datos de las tres citadas entidades públicas, precisó que entre el 2016 y 2020 las autoridades registraron una vigencia de 25, 6 y 7 meses (Perupetro, Minem y Petroperú, respectivamente), mientras que entre el 2021 y 2026 fue de 6, 5 y 4 meses.

“Hay un deterioro institucional generalizado en el Estado y en las entidades públicas del sector hidrocarburos”, señaló Carlos Gallardo, gerente general del IPE.

Pérdidas y rescates

Refirió que desde el 2013, Petroperú ha recibido rescates financieros de parte del Estado que suman S/ 32,100 millones, siendo el último por $ 2,000 millones (crédito obtenido en una entidad privada, pero tiene garantía del Estado) y de los cuales $ 500 millones están siendo gestionados ante Proinversión, que administrará los ingresos y gastos de la empresa.

La petrolera, actualmente, tiene pasivos (deudas) por $ 7,800 millones, los que suman cuatro veces su patrimonio (conjunto de bienes, derechos y obligaciones).

El principal activo de la petrolera es la refinería de Talara, por la que ha tomado grandes deudas, pero actualmente está operando por debajo de su capacidad, se estima en unos 45 mil barriles de crudo, cuando puede refinar hasta 95 mil barriles.

Desde marzo a la fecha, como consecuencia de la crisis del petróleo por la guerra en Medio Oriente, ha obtenido un buen margen de refinación (unos $ 40 por barril), que le ha permitido hacer caja a la petrolera.

“Tenemos que ser conscientes que en el mundo aún no hay ninguna tecnología que reemplace al petróleo y al gas. Nos guste o no, todavía el petróleo y el gas representan el 75% de la energía que se consume en el mundo”, advirtió.

En ese sentido, indicó que es importante activar la exploración aplicando incentivos, porque la situación actual que se tiene en el Perú desalienta la inversión en esta labor, como la alta tasa de regalías que no son competitivas.

Ello, según explicó en una actividad que organizó el Instituto Peruano de Economía (IPE), es para asegurar una matriz energética sostenible, sobre todo para incrementar las reservas probadas de gas natural, más allá de Camisea, que es el principal productor del país.

Agregó que Perú ahora compite en la región con Argentina, Colombia, Guyana y ahora Venezuela, país en el que esta industria se está reactivando.

José Mantilla refirió de que hay que preocuparse por tener regalías y canon muy competitivos para evitar que los inversionistas pasen años dedicados a convencer a las comunidades sobre los beneficios de tener un industria de hidrocarburos en desarrollo.

Lo más importante, añadió, es ver urgentemente el tema de la “tramitología”, para que no tarde 10 años (en obtener permisos y licencias) y le reste tiempo al contrato de concesión.

“La industria del petróleo y el gas es muy intensiva en presupuesto; un año de trámites realmente le quita gran rentabilidad”, anotó.

Contratos

Al respecto, el expresidente de Perupetro resaltó que hay una gran diferencia entre la industria de hidrocarburos y la minería.

“En minería, el minero está hasta que saca la última piedra que es económicamente viable. Pueden ser 50 años. Hay buenos casos, como Southern, en los que se sigue invirtiendo. Los contratos en minería siguen hasta que el proyecto es económicamente viable, pero no es así en petróleo, cuyos contratos son de hasta 30 años; y en gas, 40 años”, remarcó.

Dijo que lo mínimo que se podría hacer es pensar en llevar los contratos de petróleo a 40 años, pues de lo contrario “vamos a tener un caso como el que vivimos ahora y lo sufrimos todos los peruanos”.

De esta manera, se refirió al bajo volumen de la producción petrolera, que obliga al país a ser un importador neto de combustibles.

Esta situación ocurre porque no hay trabajos de exploración y porque se tienen paralizados lotes petroleros que se encargaron a Petroperú, como el 192 (Loreto) y cuyo contrato de 30 años venció y la empresa (Pluspetro Norte) tuvo que abandonarlo. Hasta ahora sigue paralizado por falta de un socio estratégico para la petrolera estatal.

Así lo revela el Barómetro FOOD 2025 de Edenred, elaborado con la participación de más de 1.600 colaboradores de empresas de distintos sectores, que identifica a la alimentación como el gasto que los trabajadores menos están dispuestos a reducir.

Según el estudio, el 80,3% de los encuestados afirmó que mantendría su presupuesto destinado a alimentos incluso frente a un escenario de incremento de precios.

Turismo, ropa y tecnología, entre los gastos que más podrían reducirse

En contraste, los trabajadores señalaron que estarían dispuestos a disminuir el gasto en otras categorías consideradas menos esenciales.

Los principales rubros que podrían recortarse son:

• Turismo (81,4%).
• Ropa (80,6%).
• Restaurantes (70,1%).
• Tecnología (67,8%).

Asimismo, el estudio indica que el 55,9% de los trabajadores destina más del 30% de su presupuesto mensual a la compra de alimentos.

Además, el 81,8% utiliza regularmente una tarjeta de alimentación para adquirir productos y preparar sus comidas en casa, como una estrategia para optimizar sus recursos.

“En un contexto donde el costo de vida continúa presionando el presupuesto de los hogares, es natural que, incluso al recibir un ingreso adicional como la gratificación, los trabajadores prioricen aquellos gastos que consideran esenciales. La alimentación se mantiene como la principal prioridad porque impacta directamente en la economía familiar, pero también en la salud y el bienestar”, señaló Carlos Loayza, gerente de Marketing y Producto de Edenred en Perú.

Los gastos esenciales concentran el presupuesto de los hogares

El informe también recoge datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que muestran cómo se distribuye el gasto de los hogares peruanos.

De acuerdo con el análisis de la Canasta Básica Familiar, los principales destinos del presupuesto son:

• Alimentos consumidos dentro del hogar: 28,9%.
• Alojamiento, agua, electricidad, gas y combustibles: 21,3%.
• Alimentos consumidos fuera del hogar: 12,3%.
• Salud: 8,3%.
• Transporte: 7,7%.

Estos resultados evidencian que los ingresos extraordinarios suelen utilizarse para fortalecer la economía familiar antes que para gastos discrecionales.

Beneficios corporativos ayudan a enfrentar el costo de vida

El Barómetro FOOD 2025 también destaca el impacto de los beneficios laborales orientados a la alimentación.

Más del 80% de los trabajadores considera que contar con una tarjeta de alimentación les permite afrontar mejor el incremento del costo de vida.

Además:

• El 88,68% afirma que mejora su presupuesto destinado a alimentos.
• El 71,9% considera que este beneficio contribuye a reducir el estrés financiero.

Según Edenred, este tipo de herramientas ayuda a disminuir la presión sobre el presupuesto familiar y favorece el bienestar de los colaboradores.