El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunciará el jueves 22 de octubre una política fiscal contracíclica para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, el incremento del precio internacional del petróleo y las mayores tasas de interés en los mercados internacionales.

Así lo adelantó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, durante la inauguración del Cofide Perú Business Fest 2026, realizada el miércoles 14 de octubre en Lima. El funcionario explicó que las medidas buscan mantener el crecimiento económico, proteger el empleo y evitar una desaceleración que afecte especialmente a las micro y pequeñas empresas.

El titular del MEF señaló que la propuesta se encuentra en preparación y será presentada en coordinación con la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Sin embargo, todavía no se han informado los instrumentos fiscales, montos o sectores específicos que comprenderá el paquete.

¿Qué medidas económicas prepara el MEF para enfrentar El Niño?

Elmer Cuba explicó que su sector trabaja en una estrategia fiscal para responder a los riesgos que podrían afectar el desempeño de la economía peruana durante los próximos meses.

La propuesta tendrá un enfoque contracíclico, es decir, buscará utilizar herramientas de política fiscal para reducir los efectos de una eventual desaceleración de la actividad económica.

“Estamos diseñando en el Ministerio de Economía y Finanzas una política fiscal contracíclica muy potente”, manifestó el ministro durante el encuentro empresarial.

Cuba indicó que los detalles se terminarán de definir con la presidenta Keiko Fujimori y que serán anunciados el próximo jueves 22 de octubre.

El ministro no precisó si las medidas incluirán modificaciones tributarias, incremento del gasto público, transferencias o instrumentos de financiamiento. Estos aspectos deberán conocerse cuando el Ejecutivo presente la propuesta definitiva.

El Niño, petróleo y tasas de interés: los tres riesgos para la economía peruana

Durante su intervención, Cuba identificó tres factores que podrían afectar el crecimiento económico del Perú.

El primero es el fenómeno El Niño, cuyos efectos sobre la infraestructura, las actividades productivas y el transporte representan un riesgo para la economía nacional.

El ministro calificó el episodio climático como uno de los más severos de las últimas décadas y sostuvo que el Gobierno necesita preparar una respuesta para limitar sus consecuencias económicas.

El segundo factor es el incremento del precio internacional del petróleo, asociado con el conflicto en Medio Oriente.

Según Cuba, una subida prolongada de los combustibles puede trasladarse al costo de distintos productos y servicios, incluidos los materiales utilizados por las pequeñas empresas.

Como ejemplo, mencionó el impacto que podría tener el encarecimiento de los derivados del petróleo sobre los envases de plástico empleados por negocios de venta de alimentos.

El tercer riesgo está relacionado con el aumento de las tasas de interés internacionales, que podría encarecer el crédito y el financiamiento en diferentes monedas.

El titular del MEF advirtió que esta situación podría afectar las condiciones de financiamiento en el corto, mediano y largo plazo.

¿Cómo afectaría el aumento del petróleo y las tasas a las mypes?

Las micro y pequeñas empresas se encuentran entre las principales preocupaciones del Gobierno debido a su menor capacidad financiera para afrontar periodos de desaceleración.

El ministro señaló que estos negocios pueden experimentar dificultades cuando aumentan sus costos de producción, transporte o financiamiento.

“Estamos enfrentando un fenómeno El Niño fuerte, el incremento del precio internacional del combustible y el incremento de las tasas de interés en los mercados internacionales”, explicó Cuba.

El funcionario añadió que la microempresa es especialmente sensible a los ciclos económicos y cuenta con menos recursos para soportar una reducción de la actividad.

Por ello, el Ejecutivo busca mantener el dinamismo económico y generar condiciones para que estos negocios continúen operando y generando empleo.

MEF destaca expectativas de contratación e inversión privada

El titular de Economía también se refirió a los resultados de las encuestas de expectativas empresariales elaboradas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Según Cuba, los empresarios mantienen perspectivas favorables respecto de la contratación de trabajadores y las inversiones de sus propias compañías para los próximos tres y doce meses.

El ministro sostuvo que algunos indicadores empresariales se encuentran entre los niveles más altos de la serie estadística iniciada en 2013.

Sin embargo, reconoció que las expectativas generales sobre la economía han mostrado una reducción durante los últimos meses por la preocupación relacionada con El Niño.

En ese contexto, explicó que existe una diferencia entre la percepción de los empresarios sobre el futuro de sus propias compañías y su evaluación de la situación económica nacional.

El funcionario también afirmó que el riesgo país se encuentra alrededor de los 100 puntos básicos, nivel que presentó como una señal de confianza de los mercados.

Estas apreciaciones fueron realizadas por el ministro durante su exposición y no constituyen una garantía de que el empleo o la inversión mantendrán necesariamente su crecimiento.

Gobierno anuncia acciones para reducir barreras burocráticas a las mypes

Además del próximo paquete fiscal, Elmer Cuba anunció que el MEF impulsará medidas para mejorar las condiciones de funcionamiento de las micro y pequeñas empresas.

Uno de los ejes será facilitar el acceso a información relevante para los negocios, con el objetivo de que puedan desarrollar sus actividades y tomar decisiones con mayor claridad.

Otra prioridad será la simplificación de trámites y regulaciones, especialmente aquellos que se realizan ante las municipalidades.

El ministro manifestó que buscará coordinar con la nueva presidencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y su Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.

Estas acciones apuntan a revisar obstáculos administrativos que, según el Gobierno, dificultan la operación y el crecimiento de las pequeñas empresas.

¿Qué es una política fiscal contracíclica y para qué sirve?

Una política fiscal contracíclica consiste en utilizar herramientas del Estado para amortiguar las variaciones de la actividad económica.

Cuando existe riesgo de desaceleración, estas medidas pueden buscar sostener la demanda, la inversión o el empleo mediante instrumentos como el gasto público y las disposiciones tributarias, según la estrategia adoptada.

Su aplicación depende del presupuesto disponible, las reglas fiscales, la capacidad de financiamiento y los objetivos definidos por el Gobierno.

En el caso peruano, Elmer Cuba aseguró que el país dispone de condiciones financieras para responder a los riesgos externos y climáticos.

El ministro mencionó las reservas internacionales del Banco Central, el espacio fiscal y el acceso al financiamiento como factores de fortaleza económica.

No obstante, las reservas internacionales y los recursos fiscales cumplen funciones distintas, por lo que no deben interpretarse como fondos de libre utilización del Gobierno.

La efectividad de la estrategia que prepara el MEF dependerá de las medidas concretas que se anuncien y de su implementación.

En un comunicado señala que preocupa que TGP no haya informado de medida destinada a subsanar incumplimientos como que su sistema de transporte de gas no tenga suficiente capacidad de respaldo y redundancia, ni efectivos procedimientos de mantenimiento para alcanzar la disponibilidad mínima de 99% exigida en el Contrato de Concesión.

Sin embargo, hace hincapié, está planteando al Gobierno “una adenda muy ventajosa que extienda su concesión monopólica por 10 años”.

Proyecto

La ACG (integrada por empresas generadoras de electricidad e industriales) cuestiona que TGP pide se le adjudique directamente un nuevo proyecto, por 7 mil millones de Soles (denominado Ramal Sur), sin competencia, “con rentabilidad garantizada, con plazos de ejecución flexibles donde los riesgos de retraso son de cargo del Estado en su mayor parte”.

Indica que TGP pide que determinadas inversiones, en adelante, sean remuneradas como inversión adicional, “pretendiendo que los usuarios paguemos adicionalmente por el costo de subsanar su incumplimiento”, sin tener en cuenta que durante 20 años pagaron una tarifa que incluye todas las inversiones y gastos que deben asegurar la disponibilidad de 99%“.

Por ello, la ACG pide que se exija a TGP la ejecución de inversiones para que el sistema de transporte de gas tenga la disponibilidad obligada. También, que el proyecto Ramal Sur y la concesión del transporte de Camisea (cuando concluya el plazo de la concesión de TGP), sean sometidos a licitación.

El también exministro de Energía y Minas destacó que estas cifras reflejan el potencial económico que tendría una formalización efectiva y sostenible de la pequeña minería, siempre que se implementen mecanismos que permitan mejorar su productividad y rentabilidad.

En ese sentido, anunció que, como parte de las actividades de Rumbo a PERUMIN, se desarrollaría un estudio para evaluar el verdadero impacto económico que podría generar una minería artesanal formal y sostenible.

“Se habla, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), de que podría generar 1,5% de PBI más. Se habla de que podría generar entre 300.000 y 400.000 puestos más. Eso queremos tener evidencia”, sostuvo Incháustegui.

OPORTUNIDAD

Explicó que el proceso de formalización no debería limitarse al cumplimiento de requisitos legales, sino convertirse en una oportunidad para que los pequeños productores mineros incrementen sus ingresos y desarrollen actividades económicamente sostenibles.

“Tenemos que dejar de pensar en que se tienen que formalizar para cumplir con la ley. Se tienen que formalizar, pero también para generar rentabilidad”, afirmó.

Bajo esa perspectiva, planteó evaluar mecanismos que permitan a los pequeños mineros asociarse, aprovechar economías de escala y acceder a mayores oportunidades económicas, de manera que la formalización represente un beneficio tangible para quienes buscan operar dentro de la legalidad.

En otro momento, Incháustegui consideró necesario que el debate nacional sobre la minería artesanal deje de concentrarse únicamente en eventuales ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y priorice la construcción de un marco normativo que permita desarrollar una MAPE sostenible y responsable.

“Ya dejemos de hablar si se amplía o no el Reinfo y hablemos sobre cómo promover una MAPE sostenible y responsable”, enfatizó.

Señaló que ello representa un riesgo para los recursos públicos y, principalmente, para los derechos de los trabajadores vinculados a su protección en salud y a sus futuras pensiones.

Según con la información proporcionada por la Sunat al 26 de setiembre de 2026, 221 entidades adeudan S/ 297.6 millones a EsSalud, mientras que 271 registran deudas por S/ 289.8 millones correspondientes a la ONP, incluso desde hace más de treinta años.

Se trata de obligaciones superiores a S/ 50,000 por entidad que permanecen en cobranza coactiva, es decir, que se puede exigir legalmente el pago y aplicar medidas de cobranza.

Deudoras

La Contraloría informó que entre las entidades con mayores deudas figuran la Municipalidad Provincial de Chiclayo (Lambayeque), con más de S/ 32.0 millones pendientes con EsSalud, y la Municipalidad Distrital de La Victoria (Lima), con más de S/ 33.3 millones de deuda con la ONP.

También aparecen las municipalidades distritales de Breña, Surquillo, San Juan de Miraflores y San Miguel (Lima), Carmen de la Legua Reynoso (Callao), José Leonardo Ortiz (Lambayeque), entre otras.

En ese sentido, la Contraloría advierte que el incumplimiento de esas obligaciones puede generar el incremento de las deudas por intereses, costas y gastos, además de comprometer la disponibilidad presupuestaria de las entidades.

En el caso de las obligaciones con la ONP, también existe el riesgo de afectar los derechos previsionales de los trabajadores, mientras que las deudas con EsSalud podrían generar una eventual restricción de las coberturas de salud.

Ante esa situación, la Contraloría emitió 492 informes de orientación de oficio a nivel nacional dirigidos a las entidades que mantienen estas deudas, con el propósito de comunicar los riesgos identificados y promover que adopten las acciones correspondientes.