De acuerdo con cifras de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI; al primer trimestre del 2026, la población económicamente activa (PEA) juvenil ascendió a 2 millones 831 mil personas, de las cuales cerca de 271 mil se encontraban desempleadas. Sin embargo, el problema va más allá del acceso al trabajo. La calidad del empleo es el punto crítico: más de la mitad de los jóvenes ocupados se encuentra en situación de subempleo, es decir, en trabajos precarios o con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas.

Las cifras reflejan esta precariedad. Mientras la tasa de desempleo juvenil bordea el 9.6%, casi el doble del promedio nacional, la informalidad alcanza el 85%, muy por encima del promedio nacional (un ya alto 70%). A ello se suma una brecha en ingresos: un joven gana en promedio S/1,232 mensuales, significativamente menos que el promedio nacional de S/1,925.

Las barreras de entrada también son claras. La falta de experiencia (47.7%) y la escasez de vacantes formales (21.9%) explican por qué miles de jóvenes no logran insertarse en el mercado laboral. Esta situación empuja a muchos hacia la informalidad o los deja fuera del sistema, reflejado en el 17% de jóvenes que no estudian ni trabajan (NINI) en 2025.

PROYECCIONES

Frente a este escenario, las propuestas de los partidos en segunda vuelta presentan enfoques distintos. Fuerza Popular apuesta por incentivos a la contratación y al emprendimiento juvenil, como subsidios a la seguridad social, capital semilla y programas de formación técnica desde la secundaria, además de facilitar la transición al empleo formal.

Por su parte, Juntos por el Perú ha ofertado propuestas en distintos sentidos.

Recientemente ofrecieron aumentar el sueldo mínimo a S/ 1,500 mensuales (un aumento de 33%). Esta propuesta genera especial preocupación, pues en lugar de beneficiar a los jóvenes incrementaría más bien las barreras a la formalidad a este grupo ya vulnerable.

También ofrecieron un bono de S/ 6,150 soles para capacitación, emprendimiento o un subsidio al empleador; sin embargo, más allá de decir que será para 100,000 jóvenes, no se ha dado mayor detalle sobre la viabilidad técnica o económica de esta propuesta. Promueven además un Estado más activo en la generación de empleo, esto podría tener serias limitaciones dado el espacio fiscal con el que contará el próximo gobierno.

UNA GENERACIÓN EN RIESGO

El 56,1% de los jóvenes ocupados está subempleado y solo el 33,6% tiene un empleo adecuado.

Esto refleja que el principal problema de este segmento poblacional no es solo conseguir trabajo, sino acceder a uno con ingresos y condiciones dignas. El próximo presidente tiene un gran desafío frente la juventud.

DATO

1,232 soles es el ingreso promedio mensual de los jóvenes al primer trimestre de 2026.

La medida establece un apoyo económico de S/ 4 por galón de diésel B5 y B20 durante un periodo de dos meses.

De acuerdo con el Ejecutivo, el subsidio beneficiará a empresas y operadores de transporte formal en Lima, Callao y distintas regiones del país, siempre que cuenten con autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes emitidas por las autoridades competentes.

PARO

Sin embargo, el anuncio ha generado cuestionamientos desde el propio sector transporte, especialmente en el ámbito urbano de Lima y Callao, que sostiene que no ha sido incluido dentro del alcance del decreto o que aún no se ha publicado una norma específica para ese rubro.

“Como bien dice la norma, en el punto 2.2.2., nosotros estamos excluidos de recibir el subsidio, porque a nosotros se nos debería subsidiar por kilómetro recorrido. Sin embargo, no ha salido este decreto de urgencia”, señaló el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas y anunció que ellos seguirán en “pie de lucha”, es decir, acatarán el paro anunciado para este 2 de junio.

Vargas insistió en que el conflicto trasciende la cuestión del combustible y responde a una problemática estructural: la inseguridad y la presencia de sicariato han generado una escasez de conductores, lo que ha afectado la operatividad del sector.

Desde el gremio de transporte de carga, también anuncia apoyo a sus colegas en Lima.

Beneficio

Los transportistas deberán contar con autorización y habilitación vehicular vigente otorgada por el MTC y tener RUC activo.

La organización destacó que la agricultura cumple un papel clave en la generación de empleo, el abastecimiento de alimentos y el desarrollo económico del país. En ese sentido, consideró necesario impulsar “soluciones viables, responsables y sostenibles” para fortalecer la competitividad del agro.

Asimismo, la Confiep exhortó a establecer espacios de coordinación entre el Estado, productores agrarios y otros actores involucrados, con el objetivo de encontrar alternativas que permitan atender la problemática del sector. “Escuchar al agro, sí. Paralizar el país, no”, remarcó el gremio en su pronunciamiento.

El gremio empresarial también afirmó que respeta el derecho constitucional a la protesta, siempre que esta se desarrolle de manera pacífica. Sin embargo, advirtió que los bloqueos de carreteras perjudican a millones de ciudadanos al afectar el transporte, el trabajo y las actividades cotidianas.

El pronunciamiento se da en medio de las protestas de productores de arroz y agricultores en regiones como San Martín, donde transportistas y pasajeros permanecen varados desde hace varios días en tramos de la carretera Fernando Belaúnde Terry.

ESCUCHAR AL AGRO, SÍ; PARALIZAR EL PAÍS, NO

La CONFIEP invoca al diálogo efectivo entre el Estado, los productores y los actores involucrados, a fin de construir soluciones mediante el entendimiento, la cooperación y el respeto a la ley, sin afectar el libre tránsito, el trabajo… pic.twitter.com/MNZ4wv1vsW

— CONFIEP (@CONFIEP) May 29, 2026

Precisó, durante su exposición en el Simposio Minero que organizó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que en el 2004 la tasa de pobreza monetaria del país era de casi 59%, pero se redujo a 22.7% en el 2014, año en que la economía empezó a tener un menor ritmo de crecimiento.

Así, recordó que entre el 2004 y el 2013 se generó un superávit fiscal como consecuencia de los ingresos excepcionales (por los altos precios de los metales) y permitió ahorrar en el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), que alimentó la inversión pública, la misma que creció a un ritmo de 15% y se redujo la pobreza.

“Se creó ese fondo con la idea de tener un ahorro que permitiera alimentar la inversión pública, que cuando cayeran los precios de exportación, se tuviera recursos para seguir sosteniendo el ritmo de la inversión pública”, precisó.

Pero, en el 2014, la inversión pública que estaba creciendo 20% pasó a caer 20%. “Con esto no defiendo la inversión pública y el gasto público, lo que digo es que los cambios no pueden ser tan bruscos, no puede ser pasar de más de 20 a menos de 20% y pensar que no afectará el crecimiento de la economía y lo afectó”.

“Después, desgraciadamente, hemos tenido realmente este periodo de los últimos 10 años, con cambios continuos de autoridades y nos ha pasado factura”, comentó en alusión a

Historia

Velarde refirió que el actual boom exportador de Perú es similar al que tuvo hace 75 años, cuando el país tuvo grandes ingresos que se plasmaron en inversiones para obras públicas, cuando se construyeron, escuelas.

Refirió que en la actualidad, en el país se registra una dinámica importante de la economía, que permite mayores ingresos al fisco a través del Impuesto General a las Ventas (IGV), que se refleja en los comprobantes de pagos.

Sobre el aporte de la minería a la economía nacional, señaló que el empleo en el sector no es tan importante, pero cuando se registran booms, como el de la actualidad, se contagia a toda la economía porque otros sectores también crecen fuertemente.

“En los últimos tiempos hay una recuperación del empleo bastante importante, por dos factores: Uno ha sido la agroindustria y ahora lo que vemos son todos los otros sectores como construcción, comercio, etc.”, manifestó el presidente del BCR.

Ese bloque regional —integrado por Arequipa, Puno, Moquegua, Cusco y Tacna— consolidó su relevancia con China, India y Estados Unidos como principales destinos.

Arequipa lideró el desempeño exportador del sur, seguida por Puno y Moquegua. El resultado confirma el peso económico de la zona sur en la oferta exportable del país y abre una oportunidad para fortalecer capacidades especializadas en comercio exterior, especialmente entre jóvenes, profesionales y empresas con potencial de internacionalización.

En ese contexto, la Universidad Católica San Pablo (UCSP) y la Asociación de Exportadores (ADEX) suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional orientado a impulsar la formación, capacitación e investigación aplicada en temas vinculados al comercio exterior, de acuerdo con las necesidades productivas y empresariales de la macrorregión sur.

“Las exportaciones son una actividad potente para el desarrollo porque permiten crecimiento, generan oportunidades y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas”, afirmó Efraín Zenteno, vicerrector académico de la UCSP.

Potencial

Por su parte, Jessica Dowd, directora del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCSP, destacó el potencial estratégico de Arequipa para consolidarse como un eje exportador del país. “Nuestro reto es acompañar a las empresas con capacitación, conocimiento e investigación que les permita identificar oportunidades y competir mejor internacionalmente”, refirió.

Sectores como minería, agroindustria, manufactura y servicios vienen ganando espacio por su capacidad para generar empleo, abrir nuevas oportunidades de negocio y conectar a empresas regionales con mercados internacionales.

Para Jorge Robinet, gerente general de ADEX, el reto está en ampliar la mirada exportadora: “Debemos venderle al mundo, a más de 8 mil millones de personas con distintas necesidades”.

En la firma del convenio también participaron Antonio Alvarado Patiño, director de ADEX Global Learning; y Diego Llosa Velásquez, gerente central de Exportaciones de ADEX.

Fue a propósito de que hoy viernes 29 de mayo se realizará el primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026, convocado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Así, Delgado destacó la importancia de fortalecer la cultura de prevención y protección financiera en el sector empresarial. “Los desastres naturales no solo dañan infraestructura; también paralizan operaciones, afectan inventarios, interrumpen cadenas de suministro y comprometen la continuidad de los negocios. Muchas empresas tardan meses en recuperarse y otras incluso no vuelven a operar”, señaló.

Explicó que el seguro contra desastres permite proteger, bajo un solo contrato, activos físicos esenciales como edificios, maquinarias, equipos y mercancías, además de cubrir pérdidas económicas derivadas de la interrupción de operaciones. “Contempla coberturas frente a terremotos, inundaciones, tsunamis, incendios y riesgos sociopolíticos”, precisó.

Prevención

El ejecutivo manifestó que entre los principales beneficios de ese tipo de seguro destacan la continuidad operativa del negocio, la reducción del impacto financiero ante emergencias, la protección del patrimonio empresarial, la optimización de costos al integrar múltiples coberturas y una gestión más eficiente de riesgos.

Precisó que debido al nivel de exposición sísmica del país las pólizas suelen contemplar deducibles razonables. “Por ejemplo, para una empresa con activos asegurados por $ 10 millones, el deducible podría representar alrededor del 1% del valor asegurado, dependiendo de la ubicación y el nivel de riesgo.

“La prevención ya no puede verse como un gasto, sino como una inversión clave para garantizar la sostenibilidad de los negocios frente a eventos cada vez más frecuentes y de mayor impacto”, concluyó Delgado.

Diversos gremios del sector aéreo y turístico expresaron su rechazo a las condiciones planteadas para la firma de la Adenda N°9 al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuya suscripción está prevista por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para mañana, 29 de mayo.

En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que la propuesta actual no recoge las necesidades del sector aéreo ni del turismo peruano, y cuestionaron la falta de sustento técnico para mantener la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional hasta el año 2041.

Gremios alertan impacto económico por la TUUA internacional

La TUUA de transferencia internacional comenzó a cobrarse el 7 de diciembre de 2025 y habría provocado la cancelación de ocho rutas internacionales desde y hacia Lima.

Los gremios también citaron estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), según las cuales esta tarifa generaría pérdidas de US$33 millones para el turismo receptivo durante 2026.

Además, señalaron que el aeropuerto limeño mantiene un crecimiento inferior frente a otros terminales de la región, como Panamá y São Paulo. Pese a la inauguración del nuevo terminal aéreo, que proyectaba movilizar 30 millones de pasajeros anuales, el Jorge Chávez cerró 2025 con 25,4 millones de pasajeros.

Adenda enfrenta procesos judiciales y críticas en el Congreso

El pronunciamiento advierte que la Adenda N°9 avanza mientras existen tres procesos judiciales activos vinculados al tema: una acción contencioso-administrativa y dos demandas de amparo.

Asimismo, los gremios recordaron que la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó recientemente un dictamen que declara de interés nacional la negociación de una nueva adenda sobre la TUUA doméstica e internacional, con el objetivo de fortalecer la competitividad aeroportuaria y el crecimiento económico y turístico.

Piden una adenda consensuada

Las organizaciones firmantes hicieron un llamado al MTC para reiniciar el proceso de diálogo junto a todos los actores vinculados al hub aeroportuario de Lima.

“El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es parte de la infraestructura estratégica del país”, indicaron los gremios, quienes pidieron una solución integral que permita fortalecer la conectividad y el crecimiento sostenible del Perú.

Entre las instituciones firmantes figuran COMEX PERÚ, Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA Perú) y Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

En 2022, el TC hizo una interpretación del artículo 79 de la Constitución y dio cierta facultad al Congreso de emitir leyes que generan gastos que están impactando la caja fiscal.

Los gastos no planificados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -en el Presupuesto Público- están generando una carga fiscal a futuro. En la actualidad, los mayores ingresos por el super ciclo de los mejores precios de los metales son superados por los gastos. Es decir, el déficit sigue preocupando.

Según el Consejo Fiscal (CF), las iniciativas del Congreso implicaron (hasta el 2025) un costo fiscal anualizado de S/ 11, 400 millones, considerando el carácter permanente de los pagos, como el aumento de las pensiones de los profesores jubilados, que igual al del maestro en actividad. También el pago de CTS y gratificaciones a los trabajadores CAS.

Eficiencia

Carranza, en declaraciones a RPP dijo estar de acuerdo con el diagnóstico del CF sobre el deterioro de las finanzas públicas y el riesgo de perder el grado de inversión en el 2031. “Ahora hay que controlar el gasto corriente”, afirmó.

Señaló que el problema no pasa en aumentar el gasto público, sino mejorar su eficiencia, que las inversiones se reflejen en beneficio de la ciudadanía.

Hizo hincapié en que los recursos públicos deben llegar realmente a las poblaciones vulnerables y no quedarse en “contrataciones de funcionarios por clientelismo político”.

El economista señaló también que el Banco Central de Reserva debe tener autonomía para que siga manejando la política monetaria con criterios técnicos y no políticos.

También cuestionó la propuesta de Juntos por el Perú, de subir el sueldo mínimo a S/1.500, advirtiendo que tendría serios efectos negativos sobre las pequeñas empresas y la formalidad laboral, que no podrán sostener un aumento de 33% de su planilla.

Esas obras buscan optimizar el riego de más de 15 mil hectáreas agrícolas e incorporarán más de 20 mil nuevas hectáreas a la producción, beneficiando a miles de familias agricultoras del valle Chicama.

La ANA participa en la evaluación técnica de la disponibilidad de agua y en la planificación de los recursos hídricos necesarios para garantizar la sostenibilidad de los proyectos de irrigación en el largo plazo, considerando escenarios de variabilidad climática y crecimiento de la demanda agrícola.

Lambayeque

También se inspeccionó la zona donde se prevé desarrollar el proyecto La Calzada, que busca mejorar y ampliar el servicio de agua para riego en el valle del río La Leche, en Lambayeque, beneficiando a miles de agricultores y más de 10 mil hectáreas agrícolas.

En el lugar se proyecta hacer obras hidráulicas para asegurar el abastecimiento de agua para la agricultura y proteger a las poblaciones frente a inundaciones ocasionadas por fenómenos climáticos extremos.

La propuesta considera la construcción de las presas de La Calzada y Calicantro, interconectadas para optimizar el almacenamiento y distribución del agua en la cuenca del río La Leche.

“Esas obras ayudarán a regular el caudal del río, reduciendo el riesgo de inundaciones provocadas por el Fenómeno El Niño, y otorgando estabilidad y predictibilidad a los agricultores de la zona”, señaló la ANA en un comunicado.

Actualmente, los proyectos se encuentran en etapa de evaluación de viabilidad técnica y social.

Falleció cuando se estaba desempeñando como director del Banco Central de Reserva (BCR). Estudió economía en la Universidad del Pacífico y obtuvo una maestría en Economía en la Universidad de Georgetown (Estados Unidos).

Se desempeñó como presidente del Consejo Fiscal, entre diciembre de 2020 y abril de 2024, cuando terminó su período y el Gobierno de Dina Boluarte decidió no renovar su mandato.

Oliva tuvo una posición muy crítica del manejo del gasto público y su impacto en un mayor déficit fiscal.

Criticó al Ministerio de Economía y Finanzas (con Alex Contreras como titular) por adoptar medidas contables y decretos orientados a “maquillar la crisis” y encubrir el incumplimiento de las reglas macrofiscales.

Fue viceministro de Hacienda entre 2011 y 2015, periodo en el cual también integró el directorio del Banco de la Nación.

L

Además, el 58% de los peruanos que viajaron en 2025 planea mantener o aumentar sus viajes dentro del país este año.

Al respecto, José Ignacio Ais Rossenouff, especialista en turismo interno y externo de Nuevo Mundo Viajes, señaló que actualmente el consumidor peruano prioriza cada vez más las experiencias, escapadas y vacaciones familiares, buscando promociones, financiamiento y paquetes completos.

“Hoy el viajero planifica más, compara opciones y aprovecha campañas con descuentos para acceder a destinos nacionales e internacionales”, explicó.

Oportunidad

Es así que entre el 28 y el domingo 31 de mayo se realizará el Travel Outlet 2026, en Miraflores (Lima) donde se ofrecerán paquetes desde $79 y descuentos de hasta 80% en vuelos, hoteles y viajes nacionales e internacionales.

Entre los destinos internacionales con mayor demanda destacan República Dominicana, Estados Unidos, España y Colombia. Además, Curacao, Costa Rica, Japón y Tailandia vienen registrando un creciente interés entre los viajeros peruanos.

En el mercado nacional, Cusco, Arequipa, Iquitos y las playas del norte continúan liderando las preferencias para escapadas y viajes familiares.

Otro factor clave en el crecimiento del sector es el acceso al financiamiento y las promociones. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el turismo interno superaría los $ 6,800 millones en ingresos, consolidándose como uno de los motores de la reactivación económica en diversas regiones del país.

Al respecto, la decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, Erika Acuña Salinas, manifestó que las empresas medianas pueden lograr una reducción de entre 20% y 40% en costos de operaciones específicas cuando automatizan procesos bien definidos como gestión documental, clasificación de datos o atención al cliente.

Sin embargo, aclaró que el resultado depende de varios factores, como la calidad de los datos, la integración tecnológica y la capacitación del personal.

Refirió que contrario a lo que muchas personas creen, la inteligencia artificial ya no es exclusiva de grandes empresas.

Actualmente existen herramientas accesibles para pequeñas y medianas empresas, especialmente mediante servicios digitales y plataformas en la nube.

Infraestructura

La especialista señaló que el principal reto para las pymes no es necesariamente el costo de la tecnología, sino contar con infraestructura digital y personal capacitado para aprovecharla correctamente.

Acuña Salinas comentó que las aplicaciones más comunes de IA en el mercado peruano, registradas en los últimos años, incluyen chatbots para atención al cliente, automatización administrativa, análisis predictivo de datos y herramientas de apoyo para marketing y comunicaciones.

“Las empresas financieras y de telecomunicaciones lideran actualmente la adopción de inteligencia artificial en el Perú”, precisó.