El sector público ha perdido mucha capacidad, principalmente por la alta rotación de autoridades, señala a Correo Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE). Confía que habrá estabilidad política en los cinco años siguientes porque no será tan fácil disolver el Congreso ni vacar al presidente.

¿Qué balance puedes hacer del quinquenio que se cierra, con cuatro presidentes?

En términos económicos, la sensación principal es de oportunidad desperdiciada. Ha sido el quinquenio de mejores precios históricos para Perú, y no le hemos sacado suficiente provecho. La producción minera creció apenas un cachito en 2025, y este y el próximo año no se espera que crezca nada. Deberíamos estar en doble dígito, aprovechando los precios. En unos años, la ventana de vientos favorables se cerrará, y nos vamos a lamentar. Por otro lado, el sector público ha perdido mucha capacidad, y en buena parte se debe a la alta rotación de altas autoridades. Hemos tenido más de 170 ministros en estos cincos años. Es como si hubiésemos vivido permanentemente bajo gobiernos de transición o, lo que es casi lo mismo, sin gobierno. Así no se puede avanzar.

¿Ahora habrá más estabilidad política y social?

Confío en que sí. Fuerza Popular no tiene mayoría en ninguna cámara parlamentaria -está lejos de ello-, pero debería estar en capacidad de coordinar con otras fuerzas políticas para tener un gobierno estable y efectivo. Además, ahora hay algunos candados adicionales que amarran las armas nucleares que se usaron en el pasado reciente para disolverse entre poderes del Estado. El presidente no puede disolver el Congreso (solo la Cámara de Diputados), el Congreso tiene más margen de maniobra sobre lo que es o no es una cuestión de confianza, y la vacancia presidencial debe pasar por un doble filtro: dos tercios de la votación en cada cámara. La bancada de FP en el Senado debería también ser una garantía de duración por cinco años de la presidencia.

¿La minería ilegal, ligada a la criminalidad, debe ser prioridad del gobierno entrante?

Hay una fecha límite muy clara para que termine el Reinfo, a finales de este año. ¿El gobierno impulsará, desde el Minem una alternativa legislativa a tiempo? ¿Van a tener los congresistas el apetito político para priorizarla antes de que se venga otra extensión de la carta blanca para la minería ilegal? Es un asunto muy complicado, pero urge una atención rápida.

¿El super ciclo de precios altos acompañará al Perú otros cinco años?

Es imposible saberlo. Lo más probable es que el precio del cobre permanezca alto por los próximos años. La demanda global crece muy rápido por las inversiones en energía limpia, digitalización, inteligencia artificial, etc., y la oferta global crece lento. Esto presiona precios. En el mundo, una mina de cobre se tarda en promedio 17 años en salir adelante. En Perú son más de 60 años. Aún así, el ciclo se va a acabar como pasó con el guano, el salitre, el caucho, la anchoveta. ¿Por qué no sucedería ahora? Eventualmente, la tecnología cambia o se encuentra un sustituto más barato. Mientras más caro esté el cobre, se tendrá más incentivos en investigación y desarrollo para hallar un reemplazo. Se analizan, por ejemplo, aplicaciones alternativas de aluminio, grafeno, nanotubos de carbono, y otros. No sé cuántos años nos quedan, pero la lección histórica es aprovechar lo mejor que se pueda el buen momento mientras dura e invertir bien los excedentes que deja.

¿El 2026 cerrará con un déficit fiscal menor al proyectado?

Íbamos camino a eso gracias a una recaudación fiscal récord. El impuesto a la renta de tercera categoría (empresas) creció más de 30% en la primera mitad del año. El IGV más de 10%. El pago del impuesto especial a la minería más de 100%. Son números muy buenos. Con eso íbamos a entrar en la regla fiscal del déficit sin demasiado ajuste. Pero, la consigna parece ser que cuando hay plata extra tenemos que gastarla. Entonces se aprobó un crédito suplementario para gastar más y estar de nuevo al límite de la regla fiscal. Esa es una mala práctica. Deberíamos estar ahorrando para la época de vacas flacas.

Dices que los decretos de urgencia para reestructurar Petroperú deben convertirse en ley...

Si bien los DU tienen rango de ley, no es lo mismo. Una ley da una legitimidad política adicional, sobre todo cuando se trata de tomar decisiones difíciles para las que se requiere respaldo. Petroperú no se va a voltear sin decisiones complicadas, y no me queda claro que los DU den escudo suficiente para eso. Además, se tiene que avanzar con proteger más al directorio, ser más enfáticos con un plan de ingreso de capitales privados o de concesión privada, y todo eso puede venir en una nueva ley. Aquí tampoco queda mucho tiempo. Petroperú vive con la soga al cuello todas las semanas.

Dijiste que los $2,000 millones de créditos obtenidos, con aval del Estado serían los últimos que se facilitarían a Petroperú.

Ojalá sean los últimos porque es un montón de plata y debería ser suficiente para pasar un bache temporal de liquidez. Pero eso supone que se arreglan las cosas a la interna (de la empresa). Que la unidad de flexicoking, la más valiosa de Talara, opere con solvencia. Que se puedan producir consistentemente 95 mil barriles al día y no estar al 60% de capacidad, que es lo que viene pasando. Que las compras se ordenen para no ir pagando a proveedores por crudo innecesariamente costoso. Que se apoye a un directorio independiente en el plan de Proinversión. Por eso, los $2,000 millones sí podrían suficientes como oxígeno temporal, pero si no se corrige lo de fondo, da lo mismo. Sin eso, volverán a pedir plata después.

Diego Macera

• Director del Instituto Peruano de Economía
• Economista por la Universidad del Pacífico
• Magíster en políticas públicas por la Universidad de Chicago
• Miembro del directorio del Banco Central de Reserva
• Miembro del Consejo Fiscal.

Así lo informa el Banco Central de Reserva (BCR) en su Resumen Informativo Semanal, en el que precisa que en junio 2026, el sector público no financiero (todas las entidades del Estado que proveen bienes, servicios y obras públicas) habría registrado un superávit económico de S/ 98 millones, en contraste con el déficit fiscal de S/ 3,279 millones que igual mes 2025 por el crecimiento de los ingresos corrientes del gobierno general (gobierno central, regional y local).

Respecto de la reducción de los gastos no financieros del Gobierno Nacional, indica que en la parte correspondiente a la Formación Bruta de Capital (inversión en maquinarias y obras, principalmente), en junio 2026 cayó 14.6% con relación al mismo mes del 2025, pasando de S/ 1,902 millones a S/ 1,625 millones.

Superávit y gastos

El BCR refiere también que en lo que va del año, señala, el sector público no financiero estaría acumulando un superávit de S/ 10,074 millones, superior al registrado en el mismo período de 2025 (S/ 995 millones).

Los ingresos corrientes del gobierno general (tributario y no tributarios) aumentaron en 23% interanual en junio 2026, principalmente por una mayor recaudación tributaria (33.1%), en particular por impuesto a la renta, IGV, ISC aplicado a productos diferentes de combustibles, Impuesto Especial a la Minería (IEM) y multas y traslado de detracciones.

En tanto, los ingresos no tributarios disminuyeron en 5.4%. El gasto no financiero del gobierno general en junio de 2026 aumentó en 2.4% interanual, en particular en los gobiernos subnacionales.

Por rubros del gasto, este incremento correspondió al gasto corriente, que se expandió en 9.5%, principalmente por remuneraciones y transferencias, lo que fue atenuado por la caída de los gastos de capital en 14.2%, particularmente de los otros gastos de capital.

Está dirigido a promover economías y sociedades más seguras en beneficio de la ciudadanía, según informó la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Sergio Espinosa, superintendente de la SBS, señaló que el avance del crimen organizado y su penetración en diversos estratos de la sociedad exige respuestas ágiles, valientes, coordinadas y técnicamente sólidas.

“Con el intercambio oportuno de experiencias, el aprendizaje mutuo y la adopción decidida de un enfoque basado en riesgos, podremos anticiparnos eficazmente a su capacidad de hacer daño”, precisó.

Explicó que la agenda del Pleno y la de los grupos de trabajo reunidos a lo largo de semana, aborda la creciente complejidad de la lucha contra el lavado de activos y otras manifestaciones del crimen organizado, así como los desafíos derivados del uso de nuevas tecnologías, los activos virtuales, los delitos ambientales (en especial la minería ilegal), los riesgos asociados a organizaciones sin fines de lucro y la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación público-privada.

Reformas

Espinoza también destacó que, desde el 2000, cuando Perú se incorporó al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) —hoy Gafilat— en el 2000, ha asumido el compromiso de impulsar reformas profundas para enfrentar amenazas nacionales y globales que representan el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Durante más de dos décadas, agregó, el Perú ha colaborado de manera estrecha con los países miembros para fortalecer su marco legal, consolidar sus capacidades institucionales y promover una cultura de cumplimiento alineada con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Desde el 14 de junio hasta ayer, delegaciones de 18 Unidades de Investigación Financiera (UIF) se reunieron en Lima para intercambiar experiencias, compartir las mejores prácticas internacionales y definir nuevas estrategias para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Es la tercera ocasión que el Perú es sede de esta importante reunión. La última vez que nuestro país acogió una reunión de Gafilat fue en el año 2019 en la ciudad de Arequipa, lo que evidencia la confianza de la comunidad internacional en la experiencia, el rigor técnico y el compromiso de los profesionales y funcionarios de la UIF-Perú, entidad especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En ese sentido, el 65% de los colaboradores que reciben una tarjeta de alimentación destina este beneficio a la compra de alimentos para el hogar, según información de ONURA, plataforma tecnológica especializada en soluciones tecnológicas de beneficios corporativos.

Mientras que el 35% restante utiliza las referidas tarjetas en restaurantes y establecimientos de comida.

Es decir, ese comportamiento refleja que, más allá de ser un incentivo laboral, los beneficios corporativos están siendo utilizados para atender necesidades esenciales y contribuir a una mejor administración del presupuesto familiar.

Según Rodrigo Gutiérrez, country manager de ONURA LATAM, el comportamiento de los colaboradores muestra que hoy los beneficios corporativos cumplen un rol mucho más estratégico que hace algunos años. “Ya no son percibidos solo como un incentivo, sino como una herramienta que ayuda a mejorar la economía familiar y brinda mayor tranquilidad financiera”, anotó.

Consumo en retail

Además, precisó, que los distintos beneficios cumplen funciones diferentes dentro de la economía del colaborador.

“Mientras las tarjetas de alimentación se destinan principalmente para cubrir gastos esenciales del hogar, las gift cards son utilizadas mayoritariamente en tiendas por departamento y establecimientos de retail, permitiendo la compra de ropa, tecnología, electrodomésticos y otros productos para la familia”, precisó.

Refirió que esa tendencia refleja un cambio en la forma en que las empresas gestionan sus beneficios laborales y confirma la importancia de que tengan esquemas de beneficios más flexibles y alineados con las necesidades reales de sus equipos.

“Los datos muestran que no existe un beneficio único para todos los colaboradores. Las personas valoran poder decidir cómo utilizarlo según sus propias necesidades. Esa flexibilidad es la que hoy genera mayor bienestar, compromiso y una mejor experiencia dentro de las organizaciones”, explicó.

Anotó que las organizaciones buscan ofrecer soluciones más flexibles que respondan a las necesidades reales de sus colaboradores, fortaleciendo no solo su bienestar financiero, sino también su compromiso, productividad y permanencia en la empresa.

Así, en el marco del estado de emergencia declarado por el Ejecutivo por la presencia de el Fenómeno El Niño 2026-2027, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), coordinó con autoridades regionales y locales la ejecución de acciones para intervenir puntos críticos y reducir el riesgo de inundaciones en Lambayeque.

Las acciones fueron definidas durante una reunión liderada en Chiclayo por el jefe de la ANA, Manuel Barreno, con representantes de entidades vinculadas a la gestión de los recursos hídricos.

Como primera medida, se priorizó la protección del sector El Rinconazo, en la margen derecha del río Reque, distrito de Tumán, mediante la instalación de geobolsas.

Las geobolsas o geocontenedores son grandes sacos flexibles fabricados con geotextiles de alta resistencia. Se rellenan con materiales como arena, tierra, lodo o concreto y se utilizan principalmente en ingeniería civil y ambiental para estabilizar taludes, proteger costas contra la erosión y construir diques o defensas ribereñas, según Google.

Descolmatación

Posteriormente, según informó la ANA, se ejecutarán trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de diques con material propio en diversos sectores del río Motupe, en el distrito de Mórrope, con el fin de incrementar la capacidad de conducción del cauce y disminuir el riesgo ante posibles crecidas.

Como parte de los acuerdos, la ANA pondrá a disposición la maquinaria necesaria para las intervenciones, mientras que el Gobierno Regional de Lambayeque, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), gestionará el abastecimiento de 108 mil galones de combustible.

Además, la Gerencia Regional de Agricultura adquirirá las geobolsas y el Proyecto Especial Olmos Tinajones asumirá la dirección técnica de los trabajos.

Como se recuerda, el 2 de julio de 2026 el Gobierno publicó el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, mediante el cual declaró el estado de emergencia en diversos distritos de 22 departamentos y el Callao por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida permite ejecutar acciones inmediatas de prevención, respuesta y rehabilitación para reducir el riesgo de desastres.

Tras el encuentro, Fujimori señaló que se establecieron lineamientos para impulsar acciones de prevención frente a los posibles impactos del fenómeno El Niño, así como objetivos específicos para cada ministerio.

“Hemos planteado una agenda de trabajo de cara a los próximos cinco años, con políticas públicas que sean medibles y con metas específicas para cada ministerio”, afirmó.

La mandataria electa informó que en la reunión participó la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro, con quien también abordó mecanismos de financiamiento para proyectos prioritarios, en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En ese sentido, destacó que existe un crédito preaprobado destinado a respaldar las labores de prevención ante la eventual llegada del fenómeno El Niño. Asimismo, indicó que durante la reunión se discutieron proyectos de infraestructura, especialmente vinculados al acceso al agua potable y el fortalecimiento de los servicios básicos.

Fujimori precisó que en la cita también participaron el primer vicepresidente electo, Luis Galarreta, y el jefe del equipo de transferencia, Marco Vinelli, quienes vienen articulando las acciones con el gobierno saliente.

Añadió que el objetivo es coordinar el trabajo entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales para poner en marcha, desde el 28 de julio, las obras y proyectos priorizados.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, se reúne con representantes del Banco Mundial pic.twitter.com/62VeIeM4LA

— Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 18, 2026