El informe de auditoría concluye que ProInversión validó, tramitó y suscribió un contrato de inversión para que la empresa pueda acogerse al RERA pese a que los representantes de Terminales Portuarios Chancay S.A. (hoy Cosco Shipping Ports Chancay Perú) no tenían el poder que acreditaba su capacidad legal para suscribir el documento, requisito exigido por la norma vigente, según El Comercio.

Posterior al aval de Proinversión se suscribieron cinco adendas al contrato, precisó el citado diario.

Tomando en consideración lo anterior, la Contraloría recomendó iniciar acciones civiles, trasladar hallazgos a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y determinar eventuales responsabilidades administrativas (en este caso Proinversión).

APN y MTC

El órgano de control también recomendó promover acciones penales por presuntas irregularidades relacionadas con autorizaciones y controles durante la construcción y puesta en marcha del terminal.

En ese sentido, la Contraloría realizó auditorías de cumplimiento a la participación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y a la del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encontrando observaciones en la aprobación de permisos del puerto, cambios en el trazado del túnel.

Así, concluye también que la APN aprobó el expediente técnico y otorgó habilitaciones portuarias para el proyecto pese a que existían discrepancias entre el expediente y la certificación ambiental vigente respecto al trazo del túnel.

Además, concluye que el MTC no realizó una evaluación técnica integral de la información obtenida durante las acciones de supervisión ambiental relacionadas con la variación del trazo del túnel, la suspensión del trasvase de arena y el mantenimiento correctivo de los geotubos (retienen elementos sólidos y filtran líquidos).

Según el informe, ello restringió el ejercicio oportuno de la potestad sancionadora frente a presuntos incumplimientos de obligaciones ambientales.

El informe titulado “Redes y economías criminales: la cara oculta detrás de los productos eléctricos ilegales”, del Observatorio de Productos Eléctricos Ilegales, advierte que las economías criminales vinculadas al comercio ilegal de productos eléctricos se desarrollan en entornos donde persisten desafíos relacionados con la fiscalización, la informalidad y la capacidad de control.

En ese contexto, factores como la inestabilidad política y las brechas institucionales registradas en la última década habrían generado condiciones complejas para enfrentar este tipo de actividades ilícitas en distintos sectores.

Según el Índice Global de Crimen Organizado 2025, Perú ocupa el segundo lugar a nivel mundial en comercialización de productos falsificados, detrás de China y Paraguay que empatan en el 1er lugar.

El índice también señala que las falsificaciones figuran entre los delitos ilícitos de mayor crecimiento en el mundo, consolidándose como una actividad ligada a redes criminales cada vez más sofisticadas.

En Perú, las economías ilegales moverían alrededor de $ 31 mil millones, equivalentes al 8% del PBI nacional.

ELÉCTRICO

Así, la falsificación relacionada al sector construcción representaría unos $ 700 millones, de los cuales cerca de $ 60 millones corresponderían al mercado de productos eléctricos: $ 20 millones en el segmento industrial y $ 40 millones en el residencial, un sector vulnerable a los productos eléctricos falsificados.

Según el informe, las redes criminales operan mediante mecanismos difíciles de detectar y, en muchos casos, unidos a la corrupción.

“Los productos ingresan al mercado sin controles efectivos y son comercializados como artículos ‘seguros’, ‘económicos’ o ‘de calidad’, pese a tener un ADN ilegal, falsificado o subestándar pudiendo ocasionar cortocircuitos, incendios y accidentes eléctricos en viviendas, comercios e industrias”, precisa el informe.

Es así que el Observatorio propone que medir los niveles de incautación, las pérdidas económicas y los accidentes asociados permitiría dimensionar no solo la evasión tributaria, sino también el costo real que esta economía criminal genera para el Estado y la ciudadanía.

Concluye que el mercado de productos eléctricos ilegales se sostiene sobre una triple estructura: 1) redes criminales que abastecen y distribuyen la oferta ilícita, 2) consumidores que, priorizan el ahorro inmediato sin dimensionar los riesgos a los que se exponen diariamente y 3) un estado resiliente, contribuyendo así a la permanencia de este mercado criminal.

Además, según la SBS, permitirá establecer estándares de protección y resguardo de los aportes previsionales, es decir, serán acreditados efectivamente en sus cuentas individuales y mejorar sus niveles de acumulación de recursos y pensión.

Las empresas administradoras de fondos suscribirán convenios con instituciones intermediarias que garanticen el cumplimiento de las condiciones de gestión de aportes y de su seguridad y disponibilidad, en línea con la implementación de la Plataforma de Acceso al Sistema Integrado Previsional Peruano (SIPP).

Voluntarios

Al respecto, Elio Sánchez, ex funcionario de la SBS y profesor de la Universidad del Pacífico, precisó que la norma propone para el aporte obligatorio (hay dos AFP que ya lo aplican, pero para los aportes voluntarios), que lo hacen las empresas respecto de los trabajadores en planilla.

Indicó a RPP que esa opción podría animar a pequeños empresarios a formalizarse porque son las que tienen el mayor número de trabajadores independientes.

Dijo que el aporte mediante billeteras digitales dará oportunidad a los afiliados que agotaron sus fondos de hacer aportes voluntarios y ahorrar para tener un mayor fondo.

Desde el 1 de junio de 2027, todo ciudadano que cumpla 18 años y los que tengan hasta 55 años, deberá afiliarse obligatoriamente al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP).