El informe, elaborado a partir de un sondeo a 133 empresas del país (74% grandes empresas), muestra que el índice de expectativas empresariales del Banco Central de Reserva (BCR) volvió al tramo optimista, reflejándose en la gestión laboral interna: 62% de los líderes de Gestión Humana espera que la conflictividad laboral se mantenga estable. “Solo un 29% cree que aumentará, el nivel más bajo desde 2022”, indica.

Además, destaca que la caída del pesimismo es de casi 15 puntos porcentuales respecto de similar encuesta en la primera mitad del 2025. “La conflictividad laboral se estabiliza. Los que creen que aumentará en su organización cae del 43% en mayo del 2025 al 29% en la actualidad”, señala el informe.

Agrega, además, que diversos indicadores públicos confirman esa tendencia: las huelgas del sector privado entre enero y mayo de 2026 bajaron de 14 a 8, las demandas laborales ingresadas cayeron de 118 mil a 108 mil y las acciones del Módulo de Gestión de Cumplimiento de la Sunafil disminuyeron 13% en el primer semestre.

Aumento de planilla

En línea con el optimismo empresarial, el 36% de encuestados indicó que prevé aumentar su plantilla en lo que resta del 2026 y sólo 9% planea reducirla. Un punto por destacar es que las empresas de menor tamaño (menos de 100 trabajadores) tienen la mayor intención de contratación (60%).

La encuesta también recogió la respuesta sobre los principales factores del entorno que generan mayor incertidumbre o influencia en la decisión de contratación de las empresas, como la situación económica y política del país (49%), la dificultad para encontrar personal calificado (41%), riesgos climáticos por el Fenómeno del Niño (40%), posibles cambios en la regulación laboral (35%) y la presión salarial por inflación (29%).

El informe revela que el 59% de encuestados reporta que los trabajadores canalizan sus conflictos mediante denuncias a Sunafil, que se consolida como la vía más utilizada.

En contraste, los canales internos muestran avances, pero con desafíos: El 98 % tiene un canal de denuncias, pero señalan que los trabajadores aún dudan de su confidencialidad y temen represalias. La confianza promedio en los canales internos es de 3.3 sobre 5.

Los encuestados señalaron que los principales factores que influyen en el nivel de confianza en estos canales son la efectividad y respuesta. “Ver reflejados sus reclamos en acciones concretas”, según el informe.

Rol de los sindicatos

El estudio segmentó las respuestas según la sindicalización en las empresas. En empresas con sindicatos, las denuncias ante Sunafil (71%) son reportadas por los encuestados como la forma más recurrente de expresión de un conflicto laboral, en cambio, en empresas sin sindicato, los conflictos se canalizan directamente con el jefe inmediato (70%).

La expectativa de aumento de conflictividad es mayor en empresas sindicalizadas (35%) que en las no sindicalizadas (16%).

Además, al consultarse sobre las prioridades de Gestión Humana en las empresas, las tres más reportadas por los encuestados fueron: productividad y eficiencia operativa (68%), prevención temprana de conflictos (47%) y clima laboral y bienestar (46%).

En ese sentido, el informe señala que es importante que las empresas tengan reglas justas, brinden seguridad psicológica y propósito compartido para reducir conflictos.

“Las empresas no pierden juicios en los tribunales, los pierden el día que alguien dejó de sentirse escuchado. Por eso, hoy más que nunca, ser una empresa humana es también la mejor estrategia laboral”, señala Jorge Toyama, socio de la firma.

Al respecto, Lorena Jara, gerenta principal del Hub Convenios de Banco Pichincha del Perú, recomendó revisar con anticipación las finanzas y tener un plan frente a posibles gastos extraordinarios.

Por ello, señaló que una de las principales recomendaciones es evitar tomar decisiones financieras de último minuto. “Antes de recurrir a un préstamo, se debería evaluar cuánto dinero se tienen disponible después de cubrir los gastos esenciales, qué otras obligaciones se tienen y qué impacto tendría una nueva cuota sobre el presupuesto mensual”, indicó.

Jara dijo que la prevención también debe ser en el ámbito financiero. “Si una familia enfrenta un gasto inesperado, es importante que evalúe su capacidad real de pago y compare alternativas formales de financiamiento. Un crédito puede ser una herramienta útil cuando responde a una necesidad concreta y la cuota está dentro de las posibilidades del presupuesto”, anotó.

A tomar en cuenta

Así, la especialista recomendó que para evitar que una necesidad puntual se convierta en un problema financiero de largo plazo, se debe de considerar si realmente se necesita financiar un nuevo crédito sin comprometer las finanzas.

También se debe considerar cuánto se puede pagar mensualmente porque la cuota debe ser compatible con el dinero que queda disponible después de cubrir gastos esenciales. Además, es importante revisar la tasa, el plazo, las comisiones, los seguros y el costo total del financiamiento.

Además, si ya se tiene otros créditos, antes de asumir uno nuevo, conviene revisar si es posible ordenar las finanzas o consolidar deudas, evitando comprometer una proporción excesiva de los ingresos. Se debe evaluar también si se podrá seguir pagando la cuota ante una reducción de ingresos o un nuevo gasto inesperado.

Crédito por convenio

Así, en el conjunto de opciones que ofrece el sistema financiero existe el el crédito por convenio que permiten acceder a un préstamo personal con descuento por planilla.

“Este mecanismo facilita la programación de los pagos al realizarse el descuento directamente de la remuneración, aunque la contratación continúa sujeta a evaluación crediticia”, precisó Jara.

Explicó que en el caso de Banco Pichincha, permite acceder hasta S/200.000, sujeto a evaluación, y financiarse hasta en 72 meses. También permite consolidar deudas y realizar pagos anticipados sin costo, de acuerdo con las condiciones aplicables.

Señaló que los convenios pueden formar parte de una estrategia de bienestar financiero para los trabajadores. “Para las empresas, ofrecer alternativas formales puede facilitar que sus colaboradores conozcan opciones reguladas y tengan mecanismos de pago previsibles cuando necesitan financiar un proyecto, atender un gasto importante o reorganizar sus obligaciones”, manifestó.

Durante una visita de trabajo a Chiclayo, el titular del Minem indicó que el actual diseño técnico dificulta la culminación de los procedimientos administrativos en plazos razonables. Por ello, el sector prepara una reestructuración del sistema a través del proyecto de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Shinno explicó a la prensa que la iniciativa busca establecer un procedimiento más directo que permita concluir definitivamente el proceso de formalización de los pequeños productores mineros. Añadió que los equipos técnicos del ministerio evalúan las distintas variables para garantizar resultados concretos en el corto plazo.

Respecto a una eventual nueva ampliación del Reinfo, el ministro precisó que solo alcanzaría a los mineros que mantengan vigente su proceso de formalización, un universo estimado en 30 mil trabajadores a nivel nacional.

Asimismo, descartó la reapertura del registro para el ingreso de nuevos operadores y recordó que este mecanismo, creado como una medida transitoria, ya ha sido prorrogado en cinco oportunidades.

Las declaraciones fueron realizadas durante actividades en Chiclayo, donde el ministro participó en un simulacro de respuesta ante lluvias vinculadas al fenómeno El Niño.

Agregó el Minem continuará con las coordinaciones técnicas para definir el texto final del proyecto normativo que buscará reordenar y acelerar el proceso de formalización minera en el país.

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Pero no alcanzó para seguir el ritmo de crecimiento poblacional porque la cobertura nacional cayó de 83.9% a 83.3%, según los Censos de Población y Vivienda del INEI. Así, más de 5 millones de personas aún no tienen acceso a este servicio, casi 670 mil más que en 2017.

La cobertura urbana bajó de 90.5% en 2017 a 88.7% en 2025, el número de personas sin servicios subió en más de 700 mil. Más de la mitad de quienes hoy no tienen agua por red pública vive en zonas urbanas. En cambio, en el ámbito rural la cobertura aumentó de 58.9% a 61.1% por un menor crecimiento poblacional y un mayor número de personas atendidas.

Rezago

El IPE explica que el rezago urbano es porque las ciudades crecen de forma desordenada. Según sus cálculos, en 2025 casi dos de cada tres viviendas urbanas eran informales, que dificulta y encarece la ampliación de las redes. En las zonas periurbanas de Lima Metropolitana y Callao, el costo unitario de conexión puede ser hasta 25 veces mayor, según datos de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

Según un estudio de la Sunass, la pobreza multidimensional (carencias de servicios básicos como agua potable, saneamiento), más allá de los ingresos monetarios, bajaría 5.7 puntos porcentuales y en 9.02 puntos en las zonas rurales con el acceso universal al agua potable y saneamiento en Perú.

Y si la población de Perú tiene acceso a agua potable y saneamiento, la incidencia de la pobreza multidimensional a nivel nacional bajaría de 39.7 % a 34.03 %. En el ámbito rural, bajaría de 78.91 % a 69.89 %.

Un análisis de las transferencias internacionales efectuadas por usuarios de Global66 muestra que los envíos desde Perú para financiar estudios en el extranjero han registrado un crecimiento sostenido. El monto anual pasó de aproximadamente $ 2 millones en 2022 a $ 45 millones en 2025 (+182.9%).

España se consolidó, por amplia diferencia, como el principal destino de estos recursos, hacia donde enviaron aproximadamente $ 14 millones 230 mil. Le sigue Alemania con $ 1 millón 710 mil, Países Bajos con $ 1 millón 420 mil, Reino Unido con $ 1 millón 30 mil y Estados Unidos con $ 1 millón 180 mil.

“Vemos que las transferencias a universidades del exterior crecen año a año. Para esto, las plataformas digitales son grandes aliadas porque permiten realizar envíos de dinero de manera simple, rápida y con costos más competitivos que los de la banca tradicional”, señala María José Artacho, Country Manager de Global66.

Estacionales

El análisis realizado por la fintech latinoamericana permite identificar un patrón estacional constante en las transferencias realizadas desde Perú por motivos de estudio.

Así, enero, febrero, marzo y abril son los meses de menor actividad, mientras que los montos comienzan a incrementarse entre mayo y julio. El mayor movimiento se registra en setiembre, octubre y noviembre. Diciembre también mantiene un nivel elevado.

“Ese comportamiento coincide con el calendario académico del hemisferio norte, donde las matrículas y el inicio de clases en Europa y Estados Unidos se concentran principalmente entre setiembre y octubre. Durante esos meses aumentan los envíos destinados al pago por estudios”, señala Artacho.

Explica que la evolución de los envíos hacia España refleja el crecimiento de las transferencias educativas desde Perú. El monto pasó de aproximadamente $ 970,000 en 2022 a $ 3 millones 200 mil en 2023, para luego alcanzar $ 6 millones 700 mil en 2024 y $ 14 millones 230 mil en 2025.

Costos

Según el informe El impacto económico de los estudiantes internacionales en España 2024, elaborado por la Asociación de Programas Universitarios Norteamericanos en España (APUNE) y Spain Education Programs (SEP), la matrícula promedio de una maestría presencial en universidades públicas españolas asciende a 9,070 euros para estudiantes procedentes de países de fuera de la Unión Europea.

El mismo documento señala que, entre los ciclos académicos 2018-2019 y 2022-2023, el gasto promedio anual de los estudiantes extranjeros aumentó un 190%, al pasar de 3,633 euros a 10,528 euros. Los programas de maestría son, además, la categoría que genera el mayor gasto individual dentro del sistema universitario español.

Durante su intervención, Velarde puso en perspectiva los cambios que permitieron consolidar el actual sistema monetario peruano después de la crisis inflacionaria de los años ochenta.

En ese contexto, resaltó el marco establecido desde la década de 1990 para preservar la estabilidad económica y limitar determinadas intervenciones sobre el funcionamiento del Banco Central.

El funcionario también señaló que Perú registra la inflación más baja de la región en lo que va del presente siglo. Como parte de su exposición, defendió que la meta inflacionaria del país se mantenga en 2 % y explicó que el BCRP cuenta con disposiciones legales que restringen el financiamiento del presupuesto del Gobierno mediante emisión inorgánica.

Velarde recordó además algunas de las medidas adoptadas durante los recientes choques internacionales y señaló que la tasa de referencia llegó hasta 7.75 %. Según explicó, esta respuesta permitió enfrentar el aumento del costo de vida sin alcanzar las tasas de dos dígitos aplicadas en Brasil, México y Colombia.

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Según un estudio de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), si toda la población peruana contara con acceso a agua potable y saneamiento, la incidencia de la pobreza multidimensional a nivel nacional disminuiría de 39.7% a 34.03%. En el ámbito rural, bajaría de 78.91% a 69.89%.

Precisa que el acceso a agua potable y saneamiento no solo mejora las condiciones de salud e higiene de las familias, también contribuye a reducir múltiples privaciones asociadas al bienestar de los hogares.

El estudio también muestra que la pobreza multidimensional en el Perú se redujo de 44.4% en 2024 a 39.7% en 2025. Sin embargo, advierte que esta mejora se concentró principalmente en hogares cercanos al umbral de pobreza, mientras que las familias que enfrentan mayores carencias simultáneas mantienen niveles de privación similares a los del año anterior.

Monetaria

Además, el análisis evidencia que la pobreza multidimensional sigue siendo significativamente mayor que la pobreza monetaria. Mientras esta última alcanzó el 25.7% de la población en 2025, la medición multidimensional llegó al 39.7%, lo que refleja que millones de personas aún enfrentan limitaciones relacionadas con servicios básicos, vivienda, salud, empleo y protección social, aun cuando superan la línea de pobreza por ingresos.

Además, estima que un hogar con acceso a agua potable tiene una probabilidad significativamente menor de encontrarse en situación de pobreza multidimensional. Según los resultados, tener este servicio reduce en 36.8 pp la probabilidad de que un hogar sea considerado pobre multidimensional.

Los resultados refuerzan la importancia de acelerar el cierre de brechas en agua y saneamiento, especialmente en las zonas rurales y en los departamentos que históricamente presentan mayores niveles de pobreza multidimensional, como Cajamarca, Loreto, Puno, Pasco, Huánuco y Huancavelica.

El monto representa una parte importante de los US$187.461 millones que los cuatro países andinos exportaron al mundo durante el año pasado. En conjunto, las ventas internacionales de la CAN crecieron 11,5% respecto de 2024, al alcanzar US$168.083 millones.

Según las cifras oficiales de los países miembros, procesadas por la Secretaría General de la CAN, después del Perú se ubicaron Colombia, con US$50.205 millones; Ecuador, con US$37.152 millones; y Bolivia, con US$9.633 millones.

Entre los principales productos que la Comunidad Andina colocó en los mercados internacionales estuvieron los minerales de cobre, oro, aceites de petróleo, café, cacao y plátanos frescos.

CHINA FUE EL PRINCIPAL MERCADO

Las exportaciones de los cuatro países tuvieron como principal destino a China, mercado que concentró el 22,1% del total de las ventas externas de la Comunidad Andina. Le siguieron Estados Unidos, con 17,3%; la Unión Europea, con 13,2%; Panamá, con 5,6%; y los propios países de la CAN, con 5,3%.

Esto significa que la mayor parte de las exportaciones andinas durante 2025 se dirigió a mercados fuera de la Comunidad Andina, mientras que una proporción menor correspondió al intercambio comercial entre Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador.

COMERCIO DE PERÚ CON SUS VECINOS ANDINOS

En un bloque diferente de las cifras está el comercio intracomunitario, que comprende exclusivamente las exportaciones entre los cuatro países de la CAN.

Durante 2025, este intercambio alcanzó los US$9.842 millones, un crecimiento de 8% respecto de los US$9.109 millones registrados en 2024.

En este mercado, Perú fue el país que más incrementó sus ventas, con un crecimiento de 14,4% frente al año anterior.

Además, el perfil de los productos vendidos dentro de la CAN es diferente al de las exportaciones hacia el resto del mundo. En 2025, el 83,1% de las exportaciones intracomunitarias correspondió a productos manufacturados, es decir, bienes que incorporan mayor transformación y valor agregado.

En el caso peruano, las manufacturas representaron el 94% de sus exportaciones hacia los otros tres países andinos. Entre los principales productos vendidos estuvieron el alambre de cobre, alimentos para animales, gasóleo, combustible para aviones y harina de pescado o de crustáceos.

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La sentencia “resolvió definitivamente las controversias generadas alrededor de la metodología de actualización de los Bonos de la Deuda Agraria”, y aclaró los términos de la metodología de actualización que fueron establecidos en el Auto del TC del 16 de julio de 2023.

Seoane explicó a Correo que el 14 de julio último, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó un decreto supremo (DS), simulando el cumplimiento del mandato de la sentencia del TC, que considera una nueva maniobra dilatoria, insistiendo “en su equivocada política de incumplimiento de sentencias en relación a los bonos de la deuda agraria”.

Afirmó que en el DS, el MEF ha reiterado la fórmula de actualización que había sido declarada inaplicable por inconstitucional por el TC.

Incumplimiento

Además, según Seoane, el MEF ha omitido disponer la reapertura del procedimiento administrativo de registro, actualización y pago, que implica una voluntad de seguir persistiendo en la desnaturalización e incumplimiento de las sentencias del TC.

Esa posición, dijo, perjudica gravemente las expectativas de los bonistas de obtener una justa indemnización actualizada en un plazo razonable. “El MEF, como parte del Poder Ejecutivo, ha incurrido en una nueva infracción constitucional al desacatar una sentencia del TC”.

El TC advirtió varios problemas en la fórmula utilizada por el MEF (2017) para actualizar el valor de los bonos de la deuda agraria porque tomó enero 1969 como “año base” para obtener el tipo de cambio paridad.

La sentencia del TC de diciembre 2025 declara fundada la demanda de amparo, por violar los derechos fundamentales al debido proceso.