El presidente ejecutivo de la institución, Jaime Moreno, precisó que ello fue posible en 30 días. Explicó que cuando asumió el cargo encontró entre 375 y 410 productos farmacéuticos sin existencias, principalmente para pacientes oncológicos y con enfermedades de alto costo.

Atribuyó esa situación a una deficiente planificación de las compras y a la falta de asignación oportuna de recursos

En ese sentido, la institución adjudicó la compra de medicamentos oncológicos por S/ 182 millones, cuyos primeros lotes ya están ingresando a las redes asistenciales del país.

“Hoy todos los medicamentos vitales están asegurados en el país. Los demás fármacos ingresan progresivamente mediante compras paralelas realizadas a través de concursos públicos”, precisó en una nota de prensa institucional.

Otros

Moreno informó también que ya compraron medicamentos para los pacientes con hemofilia, en todo el territorio nacional.

Señaló que la prioridad es garantizar la disponibilidad de los medicamentos destinados a emergencias, unidades de cuidados intensivos, centros quirúrgicos y tratamientos oncológicos.

Al respecto, manifestó que las adquisiciones realizadas durante su gestión tienen el control simultáneo de la Contraloría, con el fin de garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.

El gremio advirtió que es necesario actuar con anticipación para reducir el impacto del evento climático en la población y en el sector agrícola.

A través de un comunicado, AGAP manifestó su preocupación por las consecuencias que podría generar el fenómeno sobre la producción de alimentos, las actividades económicas y la seguridad alimentaria del país. En ese sentido, pidió priorizar medidas que permitan mitigar los riesgos antes del inicio de la temporada de lluvias.

Entre las acciones planteadas figuran la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, el fortalecimiento de defensas ribereñas, la protección de la infraestructura hidráulica, el reforzamiento de vías estratégicas, la mejora de los sistemas de drenaje y la ejecución de planes de contingencia en las zonas más vulnerables.

El gremio también solicitó que estas labores no se vean afectadas por el proceso de transferencia del Gobierno Nacional ni por la renovación de autoridades regionales y locales. Asimismo, instó a reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para garantizar una respuesta oportuna frente a la emergencia.

Finalmente, AGAP expresó su disposición para colaborar con las autoridades, poniendo a disposición su experiencia técnica y capacidad de articulación con el sector agrario.

El objetivo, señaló, es contribuir a las labores de prevención y fortalecer la preparación del país frente a un eventual Fenómeno El Niño de gran intensidad.

Las obras forman parte de los proyectos de inversión orientados a la reposición y prevención de los daños ocasionados por el Fenómeno de El Niño Costero, que culminaron con el cierre comercial al 31 de diciembre de 2025.

Según la Contraloría, las obras ejecutadas bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) no alcanzaron los niveles de economía (costo) ni de eficacia (tiempo) establecidos en los contratos.

Las inversiones fueron gestionadas inicialmente por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y luego transferidas a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Elevado

El órgano de control señala que entre el 2020 y 2025, las 32 obras, principalmente del sector Educación, registraron un costo ejecutado de S/ 2,029 millones al cierre comercial, cuando el monto contractual acumulado inicial fue de S/ 843 millones. Es decir, más del doble por las variaciones presupuestales permitidas por el modelo de contratación que formó parte del acuerdo G2G.

Las inversiones que forman parte del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC) estimaron la ejecución de obras en un plazo acumulado de 4414 días. Pero, se hicieron en 19093 días, que es tres veces más de lo previsto.

“El mayor plazo de ejecución acumulado se registró en los proyectos de infraestructura educativa, que ocasionó que comunidades escolares, con más de 2800 personas pertenecientes a las cuatro instituciones educativas de la muestra analizada, recibieran clases en ambientes provisionales o cedidos por terceras instituciones”, precisó.

Durante una entrevista con TV Perú, el titular del MEF explicó que la deuda pública se ubica en 28% del PBI, por debajo del tope de 30% fijado por la regla fiscal.

Asimismo, señaló que el déficit fiscal alcanza el 1.3% del PBI, inferior a la meta de 1.8%, por lo que aseguró que las medidas adoptadas no afectan la estabilidad económica ni generan riesgos financieros.

Acuña precisó que parte de los recursos destinados a los beneficios de los trabajadores del régimen CAS provienen de ingresos ya recaudados y que corresponden a los gobiernos locales.

Indicó que estos fondos se priorizan para financiar proyectos demandados por las propias municipalidades.

El ministro también exhortó a los gobiernos locales a utilizar primero los recursos del canon para atender sus necesidades más urgentes, descartando que todas las obras deban financiarse con recursos del Tesoro Público.

Finalmente, sostuvo que la actual administración dejará margen de maniobra al próximo gobierno para gestionar el presupuesto aprobado, acceder a financiamiento si lo considera necesario y realizar las modificaciones que estime convenientes para la ejecución de los recursos públicos.

Proinversión necesita conocer esos acuerdos porque son necesarios para hacer la programación de entrega de recursos, considerando que hay un crédito por $ 2,000 millones para la petrolera, que deberá recibir previo sustento. Se sabe que $ 500 millones están para la entrega.

El lunes pasado, mediante un oficio que envió al presidente de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, Proinversión le reiteró se le entregue los acuerdos que adoptó su directorio, el pasado 7 de julio, sobre la reestructuración.

Es que el gerente general de Petroperú, Gustavo Villa, adelantó que hay información que no se brindaría.

Petroperú ya había confirmado la aprobación de esos acuerdos, pero no se los entregó a Proinversión, que los necesita para formalizar los actos societarios y definir un cronograma para estructurar e implementar los instrumentos requeridos para la canalización de recursos.

Proinversión señaló que la falta de respuesta de Petroperú pone en inminente riesgo la capacidad operativa de la empresa, generando retrasos en la cadena de pagos.

Según el último decreto de urgencia sobre la reestructuración de Petroperú, Proinversión está encargada de este proceso, que implica que es responsable de administrar los recursos que se consiga para la petrolera estatal.

Sin embargo, Petroperú reaccionó y en un comunicado conjunto con Proinversión, informaron que “asumen el compromiso público de optimizar los procesos internos y facilitar de manera inmediata toda la información y soporte operativo que se requiera”.

Cabe precisar que no es la primera que Petroperú pone reparos en entregar información, lo que no le está facilitando el trabajo de reestructuración.

Recursos

De otro lado, según un informe de Moody’s, los elevados precios de los commodities y un sólido desempeño operativo no siempre se traducirán en una mayor calidad crediticia de las petroleras nacionales de América Latina.

Explicó que las empresas con balances más sólidos y fuentes de ingresos diversificadas pueden absorber con mayor facilidad los shocks relacionados con políticas y retrasos en los pagos soberanos (deuda del gobierno) para compensar subsidios.

Señaló que la liquidez, los altos niveles de deuda y la continuidad operativa siguen siendo los principales riesgos crediticios para Petroperú.

“A pesar de la mejora en su desempeño operativo, la calidad crediticia de Petroperú sigue reflejando un estrés agudo de liquidez, elevadas necesidades de capital circulante y dependencia de una intervención oportuna del Gobierno peruano”, precisó Moody’s.

Señaló que los mayores márgenes de refinación ayudaron a Petroperú a generar aproximadamente $ 273 millones en ebitda en el primer trimestre de 2026, en comparación con niveles cercanos al punto de equilibrio del año anterior.

Sin embargo, su liquidez continúa siendo débil, con solo alrededor de $ 34 millones en efectivo disponible y un ratio actual de cobertura de intereses (ebitda/gastos por intereses) de aproximadamente 0.8x, mientras que las cuentas por pagar elevadas siguen financiando las operaciones.

Las vivienda de interés social permiten recibir un subsidio estatal, mediante bonos, teniendo como paraguas financiero al Fondo Mivivienda. Pero, los beneficiarios deben cumplir ciertos requisitos.

La propuesta del MVCS es que si durante los primeros años de ese periodo deciden alquilar la vivienda, dejar de habitarla o incumplen las condiciones establecidas para acceder al beneficio, ya no solo perderían la posibilidad de recibir nuevos apoyos del Estado. El proyecto también contempla sanciones para quienes incumplan estas obligaciones.

Las viviendas de interés social son aquellas dirigidas a facilitar el acceso a una casa propia mediante subsidios y otros mecanismos de apoyo estatal del Fondo Mi Vivienda para personas que cumplen determinados requisitos.

Padrón

El proyecto de reglamento también propone la creación del Registro Nacional de Vivienda (RENAVI), un padrón donde deberán inscribirse los proyectos de Vivienda de Interés Social para acceder a los distintos programas y beneficios estatales.

Además, el proyecto fija parámetros técnicos para las viviendas. Como regla general, estas deberán tener un área inicial de 35 metros cuadrados, aunque excepcionalmente podrán construirse viviendas desde 25 metros cuadrados, siempre que cumplan con los requisitos de habitabilidad y seguridad establecidos en la norma vigente.