Los beneficiarios pertenecen a las comisiones de usuarios de San Fernando, Caña Hueca, Jatosisa Sotelo y Lurín, responsables del riego de más de 854 hectáreas dedicadas a la actividad agrícola.

Ese avance se logró con la entrega de cinco licencias de uso de agua otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que formalizan el aprovechamiento de cinco manantiales y un volumen anual de 4.32 hectómetros cúbicos de agua destinados a la actividad agraria.

“La formalización brinda a los agricultores mayor seguridad sobre el uso del recurso hídrico, fortalece la gestión de sus organizaciones de usuarios y les permite planificar con mayor confianza el desarrollo de sus actividades productivas”, según la ANA.

Durante la entrega de licencias, el jefe de la ANA, Manuel Barreno Rodrigo, destacó que el acceso formal al agua constituye una herramienta fundamental para fortalecer la agricultura y promover una gestión más eficiente y sostenible del recurso hídrico en beneficio de las familias productoras de la cuenca.

Interinstitucional

Como parte de la jornada, la ANA y la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Lurín – Clase B suscribieron además un convenio de cooperación interinstitucional para evaluar alternativas de almacenamiento de agua en la cuenca alta del río Lurín.

El acuerdo permitirá desarrollar estudios especializados de hidrología, geología superficial, agrología, planeamiento hidráulico, topografía y evaluación económico-social, con el objetivo de identificar al menos dos alternativas técnicamente viables para la futura construcción de infraestructura de almacenamiento de agua que contribuya a mejorar la disponibilidad del recurso para la agricultura de la zona.

Explicó que el sector enfrenta un entorno cada vez más complejo, en el que ya no basta con la eficiencia productiva o la generación de valor económico, sino que es necesario incorporar de manera estructural nuevas exigencias vinculadas a la confianza, la sostenibilidad y la competitividad.

“La minería debe evolucionar para responder a nuevas exigencias de confianza, sostenibilidad y competitividad”, afirmó la ejecutiva, al remarcar que estos factores se han convertido en elementos centrales para la continuidad y legitimidad de la industria.

Durante el panel, que reunió a representantes de distintas compañías mineras internacionales, se discutió si el modelo de negocio del sector requiere ajustes profundos para adaptarse a las demandas actuales de inversionistas, gobiernos y comunidades.

Capacidad de adaptación

En ese contexto, Arias destacó que la capacidad de la minería para adaptarse a estas nuevas expectativas será determinante para su desarrollo futuro, especialmente en un entorno global marcado por mayores estándares ambientales, sociales y de gobernanza.

Además, hizo hincapié en la importancia de fortalecer los mecanismos de diálogo y articulación con los distintos grupos de interés, como parte de una estrategia que permita consolidar relaciones de largo plazo y mejorar la percepción de la industria.

El World Mining Congress 2026 continúa reuniendo en Lima a líderes globales del sector minero para debatir los principales desafíos y oportunidades de la industria, en un contexto de transformación tecnológica, transición energética y creciente demanda de minerales críticos.

De lo que se desprendería que existe una inclinación a realizar gastos sin control de cara a tentar a permanecer en un gobierno regional o gobierno municipal.

En esa línea, la Contraloría General identificó a diez gobiernos regionales que no incorporan en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 los recursos mínimos exigidos para que el Consejo Regional fiscalice su gestión. Están Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto y Madre de Dios.

Explicó que, según la normativa vigente, los gobiernos regionales deben destinar al Consejo Regional como mínimo el 1% del presupuesto asignado para gastos y servicios de los recursos ordinarios, “con la finalidad de que cuenten con la capacidad logística y el apoyo profesional necesario para el ejercicio de sus funciones de fiscalización”.

Incumplen

Sin embargo, al 15 de junio del 2026, advierte el órgano de control interno, no vienen cumpliendo con esa obligación legal.

Según los informes de control, los diez gobiernos regionales debieron destinar como mínimo para las actividades de fiscalización de sus consejos regionales un total de S/ 12,406 295, no obstante, se verificó que solo habían asignado S/ 6,646 197.

Es decir, asignaron el 53.6 % (en promedio) de lo que corresponde de acuerdo con la Ley n.° 31812.

La Contraloría General ha comunicado a los titulares de los gobiernos regionales los resultados del servicio de control para que adopten oportunamente las medidas preventivas y correctivas a n de no limitar presupuestalmente la función fiscalizadora del Consejo Regional.

El trabajo de control lo realizó entre el 1 de enero al 21 de mayo 2026. La Contraloría advierte que de no asignarse los recursos existe el riesgo de limitar su función fiscalizadora de los consejeros regionales.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su “más enérgico rechazo” a las declaraciones que plantean desconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial y califican el proceso electoral como un supuesto “fraude en desarrollo” sin presentar pruebas.

A través de un comunicado difundido este 24 de junio, el gremio empresarial cuestionó los pronunciamientos realizados tras conocerse los resultados preliminares de los comicios y defendió la necesidad de respetar las decisiones de los organismos electorales.

“Al igual que hicimos el 2021, demandamos a las organizaciones políticas a reconocer los resultados electorales”, señala el pronunciamiento.

COMUNICADO: EXIGIMOS RESPETO A LA DEMOCRACIA

El Perú necesita respeto a los resultados electorales y una transición ordenada. pic.twitter.com/UJ2qhhzpCG

— CONFIEP (@CONFIEP) June 24, 2026

Confiep advierte riesgos para la institucionalidad democrática

La organización sostuvo que las acusaciones sin sustento no contribuyen a fortalecer la transparencia electoral ni la confianza ciudadana.

Por el contrario, afirmó que este tipo de discursos generan incertidumbre, debilitan la institucionalidad democrática y favorecen la prolongación innecesaria del proceso de proclamación oficial de resultados.

La Confiep remarcó además que el Perú requiere una transición ordenada y respeto a la voluntad expresada en las urnas para garantizar la estabilidad política y económica.

Gremio empresarial alerta sobre desafíos urgentes para el país

En el documento, la institución señaló que el actual contexto político resulta especialmente preocupante debido a los desafíos que enfrenta el país.

Entre ellos mencionó el inminente Fenómeno El Niño, la crisis de inseguridad ciudadana y diversos retos económicos y sociales que demandan respuestas inmediatas por parte del próximo gobierno.

Según indicó, estos desafíos requieren una administración con plena legitimidad y capacidad de acción desde el primer día de gestión.

Recuerdan posición asumida durante las elecciones de 2021

La Confiep recordó que mantuvo una postura similar durante el proceso electoral de 2021, cuando también exhortó a respetar los resultados emitidos por las autoridades electorales.

Finalmente, el gremio ratificó su respaldo a la institucionalidad democrática y pidió a todas las fuerzas políticas actuar con responsabilidad frente a los retos que enfrenta el país.

“La Confiep ratifica su respaldo irrestricto a la institucionalidad democrática del país y a una transición de gobierno ordenada y oportuna”, concluye el comunicado.