Ello ocasionaría sobrecostos y arbitrajes por controversias derivadas del incumplimiento de contraprestaciones establecidas en el contrato, así como retraso en la culminación de la obra, cuyo monto de inversión es de $ 171 millones 054 mil 201.

Precisó que el control se hizo entre el 3 y 22 de junio de 2026 y se conoció que para los gastos de la obra hay un saldo disponible de S/ 24 millones 683 mil 022, insuficiente frente al monto proyectado de junio a diciembre de este año (S/ 156 millones 079 mil 667), es decir,. es menor en 84.38% al programado.

Contratos

El monto programado es por conceptos referidos al Diseño y Construcción, Ingeniero FIDIC (supervisor) y asistencia técnica en la gestión de la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO), cuyos contratos se encuentran suscritos y en ejecución.

La Contraloría indicó también que las gestiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para obtener el presupuesto para financiar la ejecución del Puente Santa Rosa, con la aprobación de un crédito suplementario y de una demanda adicional de recursos, no obtuvo respuesta al 18 de junio de 2026.

El Puente Santa Rosa es uno de los dos componentes del proyecto Vía Expresa Santa Rosa y su objetivo es asegurar un acceso fluido al aeropuerto y mejorar las condiciones de seguridad vial. Se prevé que estará listo el 5 julio de 2028.

La Contraloría también evidenció que Provías Nacional y el contratista permitieron la acumulación de material excedente y escombros en el área de la obra del puente Santa Rosa por parte de terceros, lo que genera el riesgo de reconocer ampliaciones de plazo y pagos adicionales al consorcio, por los costos en que se incurrirán para la eliminación de dicho material.

También se advirtió el retraso en la conformación de la DAAB (método alternativo de resolución de conflictos) para la solución de disputas entre las partes, la cual debió realizarse hasta el 26 de diciembre de 2025. Dicha situación podría generar atrasos y mayores costos en la ejecución de los trabajos de diseño y construcción del puente.

El sector también indicó que la asignación de recursos continuará realizándose con criterios técnicos. Para ello, se tomarán en cuenta los requerimientos sustentados por los organismos electorales, el nivel de ejecución del presupuesto ya otorgado y la disponibilidad de recursos, en cumplimiento de las normas de responsabilidad fiscal.

#ComunicadoMEF | Ante el pronunciamiento de las entidades que conforman el Sistema Electoral sobre los recursos asignados para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas informa lo siguiente: pic.twitter.com/cXD3r6F1Nj

— Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) July 7, 2026

Proyecto de ley incorpora recursos adicionales

El MEF informó que el proyecto de ley de crédito suplementario enviado al Congreso contempla fondos adicionales para completar el financiamiento del proceso electoral. Según señaló, esta medida busca atender de manera oportuna las necesidades que demande la organización de los comicios.

“El proyecto de Ley de Crédito Suplementario remitido al Congreso de la República propone incorporar recursos adicionales para complementar el financiamiento del proceso electoral, reafirmando el compromiso del Gobierno de atender oportunamente las necesidades que demande su adecuado desarrollo”, indicó.

La cartera señaló que mantiene una coordinación permanente con los organismos que integran el sistema electoral y con sus equipos técnicos. Asimismo, añadió que continuará evaluando los requerimientos que sean debidamente sustentados y priorizados mediante los mecanismos establecidos en la normativa presupuestaria.

“El MEF reafirma su compromiso con el adecuado desarrollo del proceso electoral, garantizando el uso responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos y brindando el soporte presupuestario necesario para que las elecciones se desarrollen con normalidad”, sostuvo.

¿Cuánto solicita cada organismo?

Durante la tarde de este martes, los titulares del JNE, la ONPE y el Reniec informaron el presupuesto que requiere cada institución para cumplir con el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En conjunto, señalaron que el sistema electoral necesita S/ 589,52 millones y que actualmente existe un déficit de S/ 264,5 millones.

Frente a ese situación, según dijo a RPP, deberá replantear rápidamente sus prioridades de gasto y una primera medida será evaluar la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra leyes de alto impacto fiscal

Señaló que el gobierno entrante también deberá revisar sus promesas incluidas en el plan de gobierno, tendrá que priorizar el presupuesto porque simplemente no existe espacio fiscal.

Obligaciones

Segura refirió que el Gobierno encontrará obligaciones que atender y para las cuales carece de financiamiento.

Dijo que el crédito suplementario de S/ 9,695 millones, el mayor de la historia y equivale a casi un punto del PBI, busca cubrir parte de los compromisos aprobados en los últimos meses, pero es insuficiente, se necesitan muchos recursos.

Explicó que el desembalse financiero ha sido generado por la aprobación de numerosas leyes que incrementan el gasto público sin establecer fuentes de financiamiento.

El economista señaló que varias de esas normas están vigentes y constituyen obligaciones que el Estado debe cumplir, pese a que no fueron incorporadas a tiempo en el presupuesto.

Entre ellas están el pago de CTS y gratificaciones a los trabajadores que están bajo el régimen de Contratación Administrativo de Servicios (CAS), cuyo costo supera los S/ 3,000 millones anuales y el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene presupuesto para pagar.

En ese sentido, cabe recordar que el MEF planteó a la Comisión de Presupuesto del Congreso hacer el pago gradual de los beneficios a los trabajadores CAS porque el fisco no tiene recursos, pero fue rechazado.

Segura también alertó que el Estado necesitará generar recursos para atender a El Niño porque el crédito suplementario no prevé partidas significativas para enfrentarlo.

Del total de asegurados, el 63.3% depende del Seguro Integral de Salud (SIS), que refleja la alta demanda sobre el sistema público y la necesidad de iniciativas complementarias impulsadas por el sector privado.

Al respecto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que en Perú, nueve de cada diez pacientes que se atienden en un centro de salud publica se ven obligados a comprar sus medicamentos en boticas y farmacias. Es así, que el 87% de los que se atienden bajo el SIS y el 92% de los pacientes de EsSalud acuden a establecimientos privados.

Privado

Es así que las empresas farmacéuticas están incrementando su participación en programas de acceso a medicamentos y prevención, estrategia que además de generar impacto social contribuye a reducir barreras económicas para miles de familias.

Una de ellas es Laboratorios Bagó del Perú, que está consolidando una gestión sostenible orientada a su Visión 2032: “Impulsamos un futuro más sano en todo, de valor compartido, innovación sostenible y liderazgo consciente”.

“La sostenibilidad en el acceso a la salud se expresa en hechos concretos y la empresa impulsa el programa de Apoyo al Paciente Contactum, que ha facilitado tratamientos gratuitos a 32,700 pacientes, contribuyendo a la continuidad terapéutica de quienes enfrentan limitaciones económicas para sostener sus tratamientos”, explicó Lucero Vergara Persivale, gerenta general de Bagó del Perú

En esa línea, refirió que también la educación en salud forma parte de ese propósito y el laboratorio llegó a 8.4 millones de personas con contenidos orientados a promover prevención, cuidado y bienestar, acercando información clara y confiable a la comunidad.