La emisión de bonos, dispuesto mediante el Decreto Supremo 057-2026-EF, permitirá ejecutar la Fase II del Plan Maestro para el mejoramiento y recuperación de los servicios operativos y portuarios de las Fuerzas Navales en el área de la Base Naval del Callao, a cargo del Ministerio de Defensa y la Marina de Guerra del Perú.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encargará de emitir los bonos y también asumirá el pago de la amortización, intereses, comisiones y demás gastos, con cargo al presupuesto público destinado al pago de obligaciones financieras del Estado.

El proyecto será respaldado por los Estados Unidos, que venderá equipos y servicios por $ 1,500 millones. También incluye el despliegue de hasta 20 funcionarios de ese país en el Perú por un período de 10 años, como parte del soporte técnico y operativo.

Suplementario

De otro lado, el MEF autorizó un crédito suplementario de S/ 419 millones 948 mil 514 para los gobiernos regionales y locales a fin de financiar 982 inversiones.

Al respecto, Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), precisó que si bien el crédito no es de un monto muy elevado en términos macroeconómicos (0.03% del PBI), respondería a criterios políticos en el marco de los últimos meses del gobierno saliente.

Además, indicó a Correo, se infiere que podrían darse más créditos suplementarios en los meses que restan.

“Con esa medida, se sigue yendo en contra de una senda de consolidación fiscal y se pasa la responsabilidad de esta consolidación al próximo gobierno. Aún más, se eleva el riesgo de que la meta de déficit fiscal (1.8% del PBI) no se cumpla este año”, anotó.

Según el organismo, el ajuste responde a la actualización mensual de tarifas y está basado en indicadores económicos.

Se precisa que el alza en la tarifa del servicio de electricidad se realiza según la normativa vigente. El cálculo considera el Índice de Precios al por Mayor y el tipo de cambio. Además, se toman en cuenta los precios de combustibles.

Cabe precisar que las tarifas subirán 1.34% para usuarios domiciliarios; en tanto, para comercios e industrias 0.75%. El incremento aplica al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional que cubre gran parte del país.

Osinergmin informó que a pesar del incremento, la variación acumulada en lo que va del año es de -1.61% para usuarios residenciales. En sistemas eléctricos aislados, los incrementos alcanzan 10.72% para hogares y 12.37% para comercios e industrias.

¿Qué contempla la tarifa eléctrica?

La tarifa incluye costos de generación, transmisión y distribución. Estos forman parte del servicio. Además, se consideran contratos entre empresas eléctricas para garantizar el suministro. El cálculo incluye el Cargo Fijo y el Valor Agregado de Distribución.

En los dos años en que Petroperú operaría el lote, Perupetro haría el proceso para licitarlo, pero la petrolera no entregó información sobre la situación de los activos en el Z-69 (básicamente de las plataformas) por lo que hasta la fecha no se ha entregado la buena pro para su operación.

Por ello, ayer, Perupetro publicó un comunicado en el que cuestiona la falta de colaboración de Petroperú para sacar adelante el Z-69, indicando que la información también fue requerida a Proinversión, conforme el Decreto de Urgencia del 31 de diciembre 2025.

“La persistente ausencia de información impide completar la elaboración de las bases del proceso por convocatoria competitivo y atractivo para inversionistas interesados en operar el Lote Z-69”, precisó.

Riesgo

En noviembre 2025 venció el contrato temporal que asumió Petroperú para operar el Z-69, el que se amplió por seis meses.

“En mayo próximo vencerá el nuevo plazo y se corre el riesgo de que el lote quede sin operar porque ni Petroperú ha pedido una nueva ampliación ni se ha convocado a una nueva licitación”, explicó un vocero del sector.

Así, según el comunicado, ante la imposibilidad de seguir con una contratación mediante un proceso de licitación por la falta de información de los activos, condición indispensable para convocar a la licitación y, frente al próximo vencimiento del Contrato de Licencia, Perupetro pidió a Petroperú, conforme al contrato, realizar el cierre seguro de sus instalaciones para evitar contingencias ambientales y pasivos posteriores.

“Se ignora el problema del empleo y subempleo (por horas e ingresos), además de la inversión y seguridad”, señaló Germán Chávez, del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo (UCSP).

Refirió que, luego de un análisis de las propuestas electorales, se evidencian diagnósticos parciales y poco desarrollados sobre los factores que hoy condicionan la competitividad, la formalización del trabajo y el funcionamiento del Estado.

“La informalidad es un dolor, algo invisible que no se quiere ver y afecta al 65% de la población de regiones como Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac, Moquegua y Tacna. Sectores como minería y transporte registran una alta tasa de informalidad, mientras la industria presenta cifras por debajo del 40%”, estimó Chávez.

CENTRALISMO

El catedrático explicó que a esa omisión se suma la falta de propuestas concretas sobre descentralización, un factor que ya condiciona el desempeño económico del país, en un contexto donde la infraestructura, la conectividad y la integración productiva siguen siendo tratadas de forma tangencial en los planes de gobierno.

“Por ejemplo, Lima concentra el 45% del PBI, mientras que Arequipa apenas el 5.5%, pese a ser la segunda región en producción. Esta diferencia refleja no solo un problema de centralización nacional, sino también una débil articulación territorial que ni siquiera está siendo abordada en campaña”, señaló.

Manifestó que ese problema tiene una causa más profunda: la pérdida de institucionalidad, en el que el debilitamiento de las instituciones impacta directamente en la inversión, el empleo y la inseguridad, esta última elevando los costos para el país en S/30 mil millones al año.

Para Chávez, si las elecciones de 2026 mantienen fuera del debate estos tres frentes, el próximo gobierno seguirá operando bajo una lógica reactiva, enfocada en contener crisis sin intervenir en los factores estructurales que limitan la competitividad, el crecimiento y la gobernabilidad del país.

Al término de la sesión, los contratos de futuros para mayo retrocedieron 18,54 dólares, después de que el martes las amenazas de Trump a Teherán dispararan el precio del crudo hasta los 112,95 dólares.

El WTI bajó de la barrera de los 100 dólares el barril, en la que se había instalado los últimos días, poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que aceptaba un alto al fuego de dos semanas si Irán aprobaba la reapertura inmediata y total del estrecho de Ormuz, clave para buena parte del suministro mundial de petróleo.

Además, el mandatario aseguró que las negociaciones para un acuerdo de paz definitivo en Irán y en la región se encontraban “muy avanzadas”.

Poco después, el ministro iraní de Exteriores confirmó el pacto y dijo que será posible “el paso seguro” por el estrecho de Ormuz durante este periodo.

El tráfico en el paso, que mantenía bloqueado de facto la Guardia Revolucionaria iraní, se reanudó con cautela este miércoles.

“Se observan los primeros indicios de actividad marítima en el estrecho de Ormuz tras el anuncio del alto el fuego, que incluye la reapertura temporal de esta vía marítima estratégica para facilitar las negociaciones”, dijo en un comunicado publicado este miércoles la plataforma de monitoreo marítimo MarineTraffic.

Sin embargo, Irán anunció después que había interrumpido la navegación de los buques petroleros por la vía marítima de crudo y mercancías como respuesta a los masivos bombardeos sorpresa que Israel lanzó hoy contra el Líbano, según reportes de la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

La portavoz de la Casa Blanca calificó de “falsas” las informaciones y afirmó que habían observado “un repunte en el tráfico en el estrecho”.

La medida se oficializó mediante la Resolución SBS N.° 01015-2026, publicada en el Diario Oficial, y responde a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Esta actualización busca fortalecer los mecanismos de control en un sector considerado vulnerable al uso indebido para actividades ilícitas.

Norma incluye nuevas obligaciones para empresas del sector

La nueva regulación establece lineamientos claros sobre los principales componentes del sistema de prevención de lavado de activos.

Entre los aspectos regulados destacan:

• Verificación de antecedentes de directores, trabajadores y proveedores
• Programas de capacitación obligatoria
• Elaboración de manuales y códigos de prevención
• Designación de un oficial de cumplimiento y su alterno
• Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
• Presentación de informes anuales
• Auditorías internas obligatorias
• Medidas contra el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva

Estas disposiciones buscan reforzar los controles internos en las empresas supervisadas.

Regulación alcanza apuestas deportivas en línea

La resolución también modifica el reglamento de infracciones y sanciones en materia de lavado de activos para incorporar nuevas modalidades de juego.

Entre ellas se incluyen:

• Empresas que operan juegos a distancia
• Plataformas de apuestas deportivas en línea
• Salas de apuestas que utilizan internet

Con esta ampliación, se fortalece la capacidad sancionadora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) sobre las empresas bajo su supervisión.

Coordinación entre SBS y Mincetur

La SBS, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), es responsable de establecer la normativa de prevención del lavado de activos para estos sectores.

Por su parte, el Mincetur se encarga de supervisar el cumplimiento de las obligaciones y aplicar sanciones en caso de incumplimientos.

Esta coordinación busca mejorar la vigilancia sobre actividades económicas susceptibles de ser utilizadas para operaciones ilícitas.

Nueva norma reemplaza regulación vigente desde 2016

La normativa aprobada mediante la Resolución SBS N.° 01015-2026 reemplaza el marco legal anterior establecido en la Resolución SBS N.° 1695-2016.

Según la entidad, la actualización responde a la necesidad de modernizar el sistema de prevención frente al crecimiento de plataformas digitales y nuevas modalidades de juego.