Indicó que el MEF prioriza la asignación de recursos a las obras que están por terminar.

Cuba explicó que el MEF hace una especie de censo de las miles de inversiones que se tiene para ver el nivel en el que están y por qué están paralizadas, con el fin de gastar primero y más rápido en las que están a punto de terminarse.

“Digamos que a una obra pública le falta 10% o 5%, entonces es mejor meter el dinero ahí para terminarla que darle recursos a un proyecto que apenas presenta 20% de inicio”, señaló.

Clasificar

En ese sentido, Cuba manifestó que el MEF hará una clasificación de las obras públicas que están abandonadas por diversas razones.

“Las obras públicas que son más fáciles vamos a sacarlas para adelante, pero hay otras que tienen complicaciones legales, porque las ponen en juicio y hay que ir con más cuidado”, comentó.

Refirió que se ha visto que en las regiones existen obras públicas que se inician y no se terminan. “Hay un sesgo a comenzar obras todo el tiempo, pero no hay incentivos para culminarlas y por eso no se siente el esfuerzo que hace el Perú en inversión pública”, precisó.

En ese sentido, se refirió a las diferentes obras pendientes de terminar. “Estamos hablando de carreteras, escuelas y comisarías que no se terminan, es decir, hay inversión pública porque se gastó en ladrillos, cemento, fierro, pero el servicio no llega a la gente”, señaló Cuba.

Inclusive, cuestionan la forma en que las fiscaliza. El 40% considera que tiene un carácter principalmente sancionador. Además, el 88% señala que los criterios o interpretaciones de los fiscalizadores de Sunat cambian con alguna frecuencia.

“Una fiscalización poco predecible eleva costos de cumplimiento y puede terminar convirtiéndose en una barrera adicional para crecer dentro de la formalidad”, señaló Patricia Rojas, Public Affairs Senior Director de Ipsos Perú.

Grandes

El estudio también recoge desafíos vinculados a los costos que implica la contratación formal. El 77% de las pymes considera que sus aportes superan los beneficios que reciben mediante los servicios públicos. También se recogen cuestionamientos sobre la calidad del servicio brindado por EsSalud”, anota.

Además, según el estudio, el 82% de grandes empresas tienen igual percepción de la Sunat; el 47% señala que los inspectores de Sunat cambian de criterio con frecuencia durante los procesos de auditoría.

El 80% califica como mala o muy mala su capacidad para cruzar información y evitar duplicidad de trámites; el 68% identifica la dificultad legal para desvincular personal por bajo desempeño como su mayor barrera laboral.

Coima

De otro lado, según el mismo estudio, el 26% de grandes empresas indicó que se le solicitó algún pago informal o coima en al menos una entidad pública, el último año.

“La interacción institucional evoluciona con el tamaño del negocio. La supervisión municipal inicial da paso a una fiscalización tributaria y laboral simultánea en los segmentos superiores. Este aumento en los puntos de contacto representa un reto adicional para el crecimiento de las empresas”, apuntó Rojas.

En tanto, ComexPerú plantea avanzar hacia una Nueva Formalidad, que ponga también el foco en las condiciones que enfrenta una empresa una vez que decide ingresar y permanecer en la formalidad.

“La fiscalización es indispensable, pero no puede convertirse en un costo adicional por ser formal. Si queremos ampliar la base tributaria, el Estado no puede concentrar sus esfuerzos en aumentar la presión sobre quienes ya cumplen”, dijo Jaime Dupuy, director del gremio empresarial.

Si falta agua o gas natural para la generación eléctrica por fenómenos climáticos, las tarifas domésticas no subirían, afirma el presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), César Butrón, tras participar en el foro Smart Energy Summit 2026. En entrevista con Correo dijo también que las distribuidoras del Estado tienen recursos que no pueden invertir por los trámites burocráticos y no atienden a clientes de la agroindustria.

¿Cómo ve al mercado eléctrico del país?

El mercado eléctrico en condiciones normales es inmune a la subida de precios de petróleo en el mercado internacional porque tenemos el gas natural de Camisea. Entre renovables, agua y gas, se atiende el mercado eléctrico. Pero, si pasa algo, como una sequía muy grave que disminuye el agua, o si se interrumpe el flujo de gas, entonces ahí sí el sistema eléctrico tiene que utilizar petróleo diésel. En este caso sí estamos sujetos a los altos precios del diésel. Esa es la realidad.

¿El Niño afectará la producción de electricidad?

Bueno, el efecto de El niño (Costero) es que llueve mucho en la costa norte, pero causa sequía en el centro y sur. Las centrales hidroeléctricas más grandes están en el centro, enfrentarán una sequía, que puede ser leve o moderada, y eso va a hacer que reduzcan su producción. El Niño también provoca que haya menos viento y el sol sea menos fuerte, nos hará recurrir al diésel.

¿Con el diésel las tarifas se dispararán?

Las tarifas no, pero sí el costo de producción se va a disparar porque el megawatt-hora pasará de 36, 40 dólares a 280, 300 dólares. El generador debe respetar el contrato que pacta con la distribuidora a un determinado precio. Entonces, no se debe afectar la tarifa del cliente doméstico a pesar de circunstancias adversas, así está diseñado el sistema. Pero sí se puede afectar el cliente libre, que en sus contratos aceptaron cláusulas que les trasladan ese sobrecosto.

Si falta agua y el gasoducto tiene problemas, el caso sería grave...

Tenemos una reserva térmica diésel suficiente para atender la demanda del país, por lo que podemos asegurar que no habría racionamiento, que eso es lo importante. Pero los costos se incrementarían y tampoco impactarían en las tarifas.

¿Cuántos días se puede estar sin gas para generar electricidad?

Depende de que se mantenga la provisión de diésel para las centrales térmicas. Las que más aportan están en el sur y compran por barco se podrían mantener indefinidamente. Pero si se interrumpe el flujo de diésel por alguna razón internacional, ahí sí entraríamos en racionamiento.

¿Las distribuidoras estatales tienen problemas para dar sus servicios?

Las distribuidoras estatales tienen demasiadas limitaciones para invertir en ampliar, mejorar y hacer crecer sus redes. Hay muchos clientes que piden más energía y no pueden atenderlos porque sus sistemas ya no dan. Se tiene que arreglar la regulación de las empresas estatales. Tienen que liberarlas de los controles estatales para que puedan hacer sus inversiones a tiempo. Tienen recursos, no le piden recursos al Estado porque perciben por la tarifa, pero hay que dejar que se financien y puedan ejecutar con velocidad, con eficiencia. No lo pueden hacer.

¿De qué depende la solución?

Gran parte del problema se puede solucionar entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas para que simplifiquen todos los requisitos que tienen que cumplir. Tienen grandes cuellos de botella que les impide atender, sobre todo a la agroindustria del norte.

¿El Niño afectará infraestructuras eléctrica en muchos lugares?

La probabilidad de que las torres de alta tensión sean afectadas es muy baja porque los concesionarios de transmisión ya están tomando todas las previsiones. El problema está en la red de distribución. Por la regulación, las redes de distribución en gran parte del interior del país son aéreas. No hay forma de protegerlas ante una entrada del huaico, del río o la lluvia. Las empresas de distribución del norte enfrentan una situación muy compleja, será imposible que las redes queden indemnes si es que hay lluvias fuertes. Las distribuidoras hacen todos los preparativos, pero si el fenómeno es demasiado fuerte, no hay recursos suficientes. Entonces, sí, hay un problema de cortes y apagones continuos mientras haya lluvias fuertes. Sabemos que están haciendo todo lo posible para prepararse.

César Butrón

• Presidente del Comité de Operaciones Económicas del Sistema Interconectado Nacional (COES)
• Ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería
• Magíster en Regulación de Servicios Públicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sobre los beneficios tributarios, según Comex Perú, la OCDE no descarta que hayan contribuido a atraer inversión privada y al desarrollo del sector.

Sin embargo, la OCDE también mostró su preocupación sobre “los altos costos de contratación formal” porque para los trabajadores del régimen general, representan una obligación equivalente al 50% de la remuneración base.

Pero, el gremio empresarial, en su Semanario 1318 señala que en el régimen laboral agrario superan en 76% por la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA), que representa el 30% de la remuneración mínima vital, que no se da en ningún otro sector productivo.

“La BETA genera una distorsión significativa en el mercado laboral, con un desembolso acumulado de S/ 6,897 millones entre 2021 y 2025”, explica, pero precisa que el sector ha pagado 30% menos por Impuesto a la Renta (IR), S/ 5,265 millones, en este período, según la Sunat.

CAMBIAR

Comex Perú indica que en la práctica no existe una preferencia regulatoria hacia el sector agropecuario, “que la reducción del IR (15%) compensa parcialmente el exceso de obligaciones laborales, las cuales deberían revisarse primero antes de modificar el tratamiento tributario”.

De lo contrario, prosigue, la carga total que enfrenta el sector superaría lo reportado en las demás industrias y desincentivaría las inversiones porque, para comprometerse con ellas, se analizan ambas obligaciones en simultáneo.