Adolfo Peniche, gerente general de Compartamos Banco, explicó que los créditos grupales, como así se denominan a esa modalidad de préstamo, es una gran herramienta de reinserción al sistema financiero de aquellos que fueron excluidos, así como también de incorporar a nuevos clientes.

Precisó que también se le denomina crédito solidario porque un grupo de personas, que se conocen y confían entre si, se organizan y solicitan préstamos personales. “El crédito grupal implica otorgar créditos individuales, pero se gestiona de forma grupal”, agregó.

Explicó que cada uno es responsable de su crédito, pero para la devolución se ponen de acuerdo y escogen a uno del grupo, a quien entregan el monto quincenal que les corresponde y cumplen con el banco.

Confianza

Al respecto, Christian Laub, presidente del directorio de Compartamos Banco, precisó que los grupos se forman entre conocidos, teniendo referencia que tan buen pagador es una u otra persona.

“El crédito grupal es un mecanismo sensacional para ir trayendo nuevamente a la gente que salió del sistema. Lo que se busca es traer un cliente nuevo y que no salga, es importante otorgar créditos de calidad, cuya mora es mínima”, indicó.

Refirió que los créditos podrían crecer a tasas más altas, siempre que la economía nacional también tenga un mayor desempeño, como tener una expansión anual de 6%.

En tanto, César Sanguineti, gerente central de Administración y Finanzas del banco, dijo que en el primer trimestre de este año, Compartamos logró reinsertar a 26,060 personas en el sistema financiero.

Precisó que las billeteras digitales son una herramienta que ayuda a la reinserción.

En una entrevista con RPP, el titular del MEF reconoció las críticas sobre un posible debilitamiento de la posición del Ejecutivo frente a normas promovidas por el Congreso que implican mayores compromisos presupuestales para el Estado.

“No hemos descartado el tema, pero no queremos enturbiar el ambiente político, de que se puede tomar que estas decisiones están yendo en contra de algunas propuestas de candidatos. Queremos que pase tranquilo la segunda vuelta y ahí conversaremos nuevamente con el Ejecutivo, el Presidente, y discutiremos la posibilidad de generar camino al Tribunal”, indicó Acuña.

Entre las recientes leyes aprobadas por el Congreso que implican un elevado costo fiscal figuran aquellas que otorgan beneficios laborales al régimen CAS (Contratación Administrativa de Servicios) del sector público, como gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Acuña precisó que el Ejecutivo no se opone a las normas que amplían beneficios laborales, aunque cuestionó su aplicación por la existencia de vacíos normativos y la falta de gradualidad en su implementación.

“Nos preocupa el tema de los CAS, que da beneficios de aguinaldos y CTS, pero que requieren en su implementación darle gradualidad y también establecer algunas pautas importantes. Por ejemplo, ¿a partir de cuándo le pagas la CTS a un CAS? No queda claro, han dejado varios vacíos que tenemos que precisar”, refirió. 

El ministro también criticó la ausencia de límites definidos para la duración del régimen CAS y advirtió que el actual marco normativo genera incertidumbre tanto jurídica como presupuestal.

El titular del MEF subrayó que las leyes aprobadas deberán implementarse de manera progresiva, debido al impacto fiscal que implican.

En esa misma línea, señaló que el Gobierno analiza mecanismos para ordenar la implementación de estas medidas y ajustar aspectos técnicos que, según indicó, no fueron suficientemente desarrollados durante el debate en el Congreso.

Es así que en el próximo SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería, que organiza la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), se desarrollará la mesa redonda “América Latina en el Marco de la Competencia Global por los Minerales Críticos”, espacio clave para analizar el rol estratégico de la región en la nueva geopolítica de los recursos mineros.

El panel será moderado por Juan Carlos Guajardo, fundador y director ejecutivo de Plusmining, y tendrá la participación de destacados líderes del sector: Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM); Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero de Chile; Rinaldo Mancin, director de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos del Instituto Brasileño de Minería (IBRAM) y Angela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE.

La sesión se centrará en la respuesta de América Latina al contexto global, donde los minerales críticos, vitales para la transición energética, la electrificación y el avance tecnológico, han cobrado una importancia estratégica para las economías mundiales.

“Se abordarán los retos comunes de la región y las posibilidades de fortalecer su posición como un proveedor confiable de esos recursos mineros esenciales”, precisó la SNMPE.

Riesgos

Uno de los ejes centrales de la mesa redonda será la gestión de riesgos políticos y regulatorios, un factor determinante para sostener la confianza de los inversionistas en un entorno caracterizado por mayor volatilidad y competencia entre jurisdicciones.

“Los panelistas discutirán las condiciones necesarias para fortalecer la estabilidad, la institucionalidad y la predictibilidad, elementos clave para atraer inversiones de largo plazo”, anotó el gremio empresarial.

Además, se pondrá énfasis en la importancia de avanzar hacia estrategias regionales que permitan mejorar la competitividad de América Latina frente a otros polos mineros globales.

Ello incluye el fortalecimiento de marcos regulatorios, la promoción de estándares de sostenibilidad y la articulación entre sector público y privado para impulsar el desarrollo de proyectos.

La mesa redonda es parte de la agenda del XVI SIMPOSIO, que se realizará del 26 al 28 de mayo próximo en Lima.

El evento reunirá a líderes empresariales, autoridades y especialistas para debatir sobre inversión, sostenibilidad, innovación y el futuro de la minería en Perú y el mundo.

La carga rodante (vehículos y maquinaria) encabezó el incremento con un alza de 62.9%.

Le siguió la carga fraccionada (mercancía trasladada de forma individual en cajas u otros), que avanzó 10.9%, y los minerales a granel (cobre, zinc y concentrados), que subieron 9.3%.

Asimismo, los contenedores (cajones metálicos con diversos productos) crecieron 4.1%, mientras el granel sólido (granos, fertilizantes y cereales) registró una variación mínima de 0.1%.

Estos resultados representan un crecimiento de más del 4% frente al primer trimestre de 2025.

El ministerio de Transportes y Comunicaciones calificó esta alza como la mejor de la historia y destacó al Perú como actor estratégico en rutas marítimas en la región.

Le sigue la quinua, que avanzó 62.5%, y el algodón, que subió 57.9%, en distintas regiones del país.

El arándano registró un incremento de 23.8% en La Libertad, Lambayeque y Áncash.

Mientras que, el maíz amarillo duro creció 17.7% en San Martín, Madre de Dios e Ica.

La papa subió 12.1% en Huánuco, Cajamarca y Arequipa, mientras la palta avanzó 10.7% en Lima, Ica y La Libertad.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), lluvias moderadas favorecieron siembras.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Arroyo, afirmó que no se trata de un rescate como los realizados anteriormente. “Por primera vez, el financiamiento no vendrá del tesoro público, no se tocará un sol de los impuestos de todos los peruanos”, sostuvo.

Según el director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, el aval es para proteger la estabilidad energética del país frente a un contexto internacional marcado por el incremento del precio del petróleo, restricciones de liquidez y presiones financieras sobre la empresa estatal.

Para ese propósito, explicó en RPP, se está creando la empresa Sociedad de Propuesta Específica (SPE), como una subsidiaria de Petroperú, para que canalice y administre los 2,000 millones de dólares, pero bajo la supervisión de Proinversión.

Salvataje

Al respecto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, precisó que la deuda que asumirá Petroperú deberá ser cancelada dentro de siete años, pero que, inclusive, podría pagarse antes de 2033, porque se confía en que Petroperú mejorará su marcha.

En conferencia de prensa en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), manifestó que “se está asegurando que tenga los fondos suficientes para que pueda seguir operando. Pero no es un salvataje. Hemos establecido condiciones para el uso de esos recursos“.

Fue en alusión a los cuestionamiento que se le formula al Ejecutivo por entregar fondos sin límites a la petrolera estatal, cuya situación empresarial es de profunda crisis, pues carece de capital de trabajo y acumula deudas por más de 5,000 millones de dólares, principalmente por la ampliación y modernización de la refinería de Talara, que muy a pesar de la empresa no está dando los resultados que se esperaba: ser su motor.

“No son recursos de libre disponibilidad de Petroperú. Estaremos detrás de ellos, ProInversión, el Ministerio de Energía y Minas, además del Ministerio de Economía y Finanzas”, explicó.

Sobre el particular, el titular de la PCM, Luis Arroyo, señaló que Petroperú seguirá siendo una empresa estatal, pero su gestión debe cambiar para ser más sostenible.

“Este Gobierno de transición ha asumido un compromiso: no repetir los errores del pasado. Estamos garantizando el abastecimiento de combustible, protegiendo la estabilidad económica y, al mismo tiempo, cuidando el dinero de todos los peruanos”, afirmó.

Exclusivo

En ese sentido, el director ejecutivo de Proinversión señaló que la SPE cumplirá la función de fiduciario de los 2,000 millones de dólares que se destinarán, según el DU, específicamente como capital de trabajo de la petrolera estatal. Es decir, no deberá ser destinado para otros fines.

“La norma marca un punto de quiebre respecto a los modelos anteriores de financiamiento y representa una innovación financiera en la gestión de empresas públicas. Por primera vez, el esquema no contempla recursos del Tesoro Público ni el uso de impuestos de los peruanos para sostener la operación de la empresa”, precisó Del Carpio.

Agregó que de esa forma se deja atrás el modelo histórico de rescates fiscales y se reemplaza por financiamiento proveniente de banca privada internacional bajo supervisión técnica de Proinversión.

“Se habilitará una línea de financiamiento de hasta 2,000 millones de dólares provenientes de la banca internacional bajo un esquema de compromiso contingente. Se constituirá un vehículo de propósito especial (SPE) con un mecanismo de administración supervisada y una gobernanza técnica a cargo de Proinversión, que tiene la confianza de la banca internacional”, refirió.

De esa forma, prosiguió, aseguramos que los recursos (los 2,000 millones) se utilicen exclusivamente para garantizar la continuidad operativa de Petroperú, que en la actualidad tiene deudas por pagar por petróleo que ha recibido para refinar en Talara.

Garantía

Por su parte, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, consultado por Correo sobre el tema, precisó “que se procura mediante la norma dar mayor seguridad al uso de los recursos porque, efectivamente, un fideicomiso tiene legalmente la virtud de blindar su utilización y destinarlos para el uso para el cual se formuló la norma”.

“La norma es legal, requiere un cumplimiento, requiere mucha responsabilidad, pero una ley puede cambiar otra ley. Creo que también es positivo que no se ha dado una garantía explícita, pero obviamente al cabo de siete años (cuando se debe pagar los 2,000 millones), si Petroperú no tiene la capacidad de generar ingresos para poder pagar la deuda, el que asumirá la deuda será el Ministerio de Energía y Minas (Minem), porque se constituye como el garante, pero, al final, volteará al MEF y le va a solicitar recursos”, comentó.

Al final, prosiguió, el Estado acaba siendo una garantía implícita, “Lo que sigue ocurriendo en la empresa es que no hay ningún avance en lo que genera la insolvencia, que es el mal manejo de la empresa, su falta de transparencia y su pésimo gobierno corporativo”, afirmó.

Castilla basó su comentario porque “ninguno de los decretos de urgencia aprobados han sido cumplidos”.

Entonces, prosiguió, no veo tanto el problema en el supervisor por acción (Proinversión), sino veo el problema en que nada de fondo está cambiando en la forma en cómo se maneja Petroperú. “Igual, el problema de fondo sigue siendo el mismo: una empresa pública insolvente, manejada con móviles políticos y no con móviles empresariales”, precisó.

El Ejecutivo, bajo la administración de Dina Boluarte y José Jerí, emitieron decretos de urgencia para reestructurar Petroperú, considerando su situación financiera, venida a menos con la ampliación y modernización de la refinería de Talara.

Lo más grave, agregó, es que el propio decreto de urgencia reconoce que Petroperú tiene pérdidas estructurales, deterioro patrimonial, problemas severos de liquidez y restricciones para conseguir financiamiento privado.

“Es decir, el Estado está asumiendo grandes riesgos sobre una empresa cuya solvencia ya está seriamente cuestionada”, precisó.

Destacó que el argumento de “seguridad energética” utilizado por el Gobierno es la excusa perfecta para profundizar el vínculo entre Petroperú y el soberano (Ejecutivo). “Esto puede terminar costándole mucho más caro al país en riesgo fiscal, costo de financiamiento y credibilidad macroeconómica”, enfatizó.

Subsidio

Tuesta también se refirió al decreto de urgencia, que aclara expresamente que los compromisos asumidos para Petroperú “no afectarán” los fondos orientados a electrificación rural del Ministerio de Energía y Minas.

“Eso revela que dentro del mismo Gobierno existía conciencia de que podía percibirse una competencia por recursos y espacio fiscal”, anotó.

Precisó que buena parte de los mecanismos de inclusión eléctrica y subsidios del sistema energético se financian, directa o indirectamente, con cargos pagados en los recibos de luz.

“Hogares y empresas contribuyen, vía tarifas, a cerrar brechas de acceso energético en zonas pobres, rurales y amazónicas”, puntualizó.