Pero no alcanzó para seguir el ritmo de crecimiento poblacional porque la cobertura nacional cayó de 83.9% a 83.3%, según los Censos de Población y Vivienda del INEI. Así, más de 5 millones de personas aún no tienen acceso a este servicio, casi 670 mil más que en 2017.

La cobertura urbana bajó de 90.5% en 2017 a 88.7% en 2025, el número de personas sin servicios subió en más de 700 mil. Más de la mitad de quienes hoy no tienen agua por red pública vive en zonas urbanas. En cambio, en el ámbito rural la cobertura aumentó de 58.9% a 61.1% por un menor crecimiento poblacional y un mayor número de personas atendidas.

Rezago

El IPE explica que el rezago urbano es porque las ciudades crecen de forma desordenada. Según sus cálculos, en 2025 casi dos de cada tres viviendas urbanas eran informales, que dificulta y encarece la ampliación de las redes. En las zonas periurbanas de Lima Metropolitana y Callao, el costo unitario de conexión puede ser hasta 25 veces mayor, según datos de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

Según un estudio de la Sunass, la pobreza multidimensional (carencias de servicios básicos como agua potable, saneamiento), más allá de los ingresos monetarios, bajaría 5.7 puntos porcentuales y en 9.02 puntos en las zonas rurales con el acceso universal al agua potable y saneamiento en Perú.

Y si la población de Perú tiene acceso a agua potable y saneamiento, la incidencia de la pobreza multidimensional a nivel nacional bajaría de 39.7 % a 34.03 %. En el ámbito rural, bajaría de 78.91 % a 69.89 %.

Un análisis de las transferencias internacionales efectuadas por usuarios de Global66 muestra que los envíos desde Perú para financiar estudios en el extranjero han registrado un crecimiento sostenido. El monto anual pasó de aproximadamente $ 2 millones en 2022 a $ 45 millones en 2025 (+182.9%).

España se consolidó, por amplia diferencia, como el principal destino de estos recursos, hacia donde enviaron aproximadamente $ 14 millones 230 mil. Le sigue Alemania con $ 1 millón 710 mil, Países Bajos con $ 1 millón 420 mil, Reino Unido con $ 1 millón 30 mil y Estados Unidos con $ 1 millón 180 mil.

“Vemos que las transferencias a universidades del exterior crecen año a año. Para esto, las plataformas digitales son grandes aliadas porque permiten realizar envíos de dinero de manera simple, rápida y con costos más competitivos que los de la banca tradicional”, señala María José Artacho, Country Manager de Global66.

Estacionales

El análisis realizado por la fintech latinoamericana permite identificar un patrón estacional constante en las transferencias realizadas desde Perú por motivos de estudio.

Así, enero, febrero, marzo y abril son los meses de menor actividad, mientras que los montos comienzan a incrementarse entre mayo y julio. El mayor movimiento se registra en setiembre, octubre y noviembre. Diciembre también mantiene un nivel elevado.

“Ese comportamiento coincide con el calendario académico del hemisferio norte, donde las matrículas y el inicio de clases en Europa y Estados Unidos se concentran principalmente entre setiembre y octubre. Durante esos meses aumentan los envíos destinados al pago por estudios”, señala Artacho.

Explica que la evolución de los envíos hacia España refleja el crecimiento de las transferencias educativas desde Perú. El monto pasó de aproximadamente $ 970,000 en 2022 a $ 3 millones 200 mil en 2023, para luego alcanzar $ 6 millones 700 mil en 2024 y $ 14 millones 230 mil en 2025.

Costos

Según el informe El impacto económico de los estudiantes internacionales en España 2024, elaborado por la Asociación de Programas Universitarios Norteamericanos en España (APUNE) y Spain Education Programs (SEP), la matrícula promedio de una maestría presencial en universidades públicas españolas asciende a 9,070 euros para estudiantes procedentes de países de fuera de la Unión Europea.

El mismo documento señala que, entre los ciclos académicos 2018-2019 y 2022-2023, el gasto promedio anual de los estudiantes extranjeros aumentó un 190%, al pasar de 3,633 euros a 10,528 euros. Los programas de maestría son, además, la categoría que genera el mayor gasto individual dentro del sistema universitario español.

Durante su intervención, Velarde puso en perspectiva los cambios que permitieron consolidar el actual sistema monetario peruano después de la crisis inflacionaria de los años ochenta.

En ese contexto, resaltó el marco establecido desde la década de 1990 para preservar la estabilidad económica y limitar determinadas intervenciones sobre el funcionamiento del Banco Central.

El funcionario también señaló que Perú registra la inflación más baja de la región en lo que va del presente siglo. Como parte de su exposición, defendió que la meta inflacionaria del país se mantenga en 2 % y explicó que el BCRP cuenta con disposiciones legales que restringen el financiamiento del presupuesto del Gobierno mediante emisión inorgánica.

Velarde recordó además algunas de las medidas adoptadas durante los recientes choques internacionales y señaló que la tasa de referencia llegó hasta 7.75 %. Según explicó, esta respuesta permitió enfrentar el aumento del costo de vida sin alcanzar las tasas de dos dígitos aplicadas en Brasil, México y Colombia.

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Según un estudio de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), si toda la población peruana contara con acceso a agua potable y saneamiento, la incidencia de la pobreza multidimensional a nivel nacional disminuiría de 39.7% a 34.03%. En el ámbito rural, bajaría de 78.91% a 69.89%.

Precisa que el acceso a agua potable y saneamiento no solo mejora las condiciones de salud e higiene de las familias, también contribuye a reducir múltiples privaciones asociadas al bienestar de los hogares.

El estudio también muestra que la pobreza multidimensional en el Perú se redujo de 44.4% en 2024 a 39.7% en 2025. Sin embargo, advierte que esta mejora se concentró principalmente en hogares cercanos al umbral de pobreza, mientras que las familias que enfrentan mayores carencias simultáneas mantienen niveles de privación similares a los del año anterior.

Monetaria

Además, el análisis evidencia que la pobreza multidimensional sigue siendo significativamente mayor que la pobreza monetaria. Mientras esta última alcanzó el 25.7% de la población en 2025, la medición multidimensional llegó al 39.7%, lo que refleja que millones de personas aún enfrentan limitaciones relacionadas con servicios básicos, vivienda, salud, empleo y protección social, aun cuando superan la línea de pobreza por ingresos.

Además, estima que un hogar con acceso a agua potable tiene una probabilidad significativamente menor de encontrarse en situación de pobreza multidimensional. Según los resultados, tener este servicio reduce en 36.8 pp la probabilidad de que un hogar sea considerado pobre multidimensional.

Los resultados refuerzan la importancia de acelerar el cierre de brechas en agua y saneamiento, especialmente en las zonas rurales y en los departamentos que históricamente presentan mayores niveles de pobreza multidimensional, como Cajamarca, Loreto, Puno, Pasco, Huánuco y Huancavelica.

El monto representa una parte importante de los US$187.461 millones que los cuatro países andinos exportaron al mundo durante el año pasado. En conjunto, las ventas internacionales de la CAN crecieron 11,5% respecto de 2024, al alcanzar US$168.083 millones.

Según las cifras oficiales de los países miembros, procesadas por la Secretaría General de la CAN, después del Perú se ubicaron Colombia, con US$50.205 millones; Ecuador, con US$37.152 millones; y Bolivia, con US$9.633 millones.

Entre los principales productos que la Comunidad Andina colocó en los mercados internacionales estuvieron los minerales de cobre, oro, aceites de petróleo, café, cacao y plátanos frescos.

CHINA FUE EL PRINCIPAL MERCADO

Las exportaciones de los cuatro países tuvieron como principal destino a China, mercado que concentró el 22,1% del total de las ventas externas de la Comunidad Andina. Le siguieron Estados Unidos, con 17,3%; la Unión Europea, con 13,2%; Panamá, con 5,6%; y los propios países de la CAN, con 5,3%.

Esto significa que la mayor parte de las exportaciones andinas durante 2025 se dirigió a mercados fuera de la Comunidad Andina, mientras que una proporción menor correspondió al intercambio comercial entre Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador.

COMERCIO DE PERÚ CON SUS VECINOS ANDINOS

En un bloque diferente de las cifras está el comercio intracomunitario, que comprende exclusivamente las exportaciones entre los cuatro países de la CAN.

Durante 2025, este intercambio alcanzó los US$9.842 millones, un crecimiento de 8% respecto de los US$9.109 millones registrados en 2024.

En este mercado, Perú fue el país que más incrementó sus ventas, con un crecimiento de 14,4% frente al año anterior.

Además, el perfil de los productos vendidos dentro de la CAN es diferente al de las exportaciones hacia el resto del mundo. En 2025, el 83,1% de las exportaciones intracomunitarias correspondió a productos manufacturados, es decir, bienes que incorporan mayor transformación y valor agregado.

En el caso peruano, las manufacturas representaron el 94% de sus exportaciones hacia los otros tres países andinos. Entre los principales productos vendidos estuvieron el alambre de cobre, alimentos para animales, gasóleo, combustible para aviones y harina de pescado o de crustáceos.

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La sentencia “resolvió definitivamente las controversias generadas alrededor de la metodología de actualización de los Bonos de la Deuda Agraria”, y aclaró los términos de la metodología de actualización que fueron establecidos en el Auto del TC del 16 de julio de 2023.

Seoane explicó a Correo que el 14 de julio último, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó un decreto supremo (DS), simulando el cumplimiento del mandato de la sentencia del TC, que considera una nueva maniobra dilatoria, insistiendo “en su equivocada política de incumplimiento de sentencias en relación a los bonos de la deuda agraria”.

Afirmó que en el DS, el MEF ha reiterado la fórmula de actualización que había sido declarada inaplicable por inconstitucional por el TC.

Incumplimiento

Además, según Seoane, el MEF ha omitido disponer la reapertura del procedimiento administrativo de registro, actualización y pago, que implica una voluntad de seguir persistiendo en la desnaturalización e incumplimiento de las sentencias del TC.

Esa posición, dijo, perjudica gravemente las expectativas de los bonistas de obtener una justa indemnización actualizada en un plazo razonable. “El MEF, como parte del Poder Ejecutivo, ha incurrido en una nueva infracción constitucional al desacatar una sentencia del TC”.

El TC advirtió varios problemas en la fórmula utilizada por el MEF (2017) para actualizar el valor de los bonos de la deuda agraria porque tomó enero 1969 como “año base” para obtener el tipo de cambio paridad.

La sentencia del TC de diciembre 2025 declara fundada la demanda de amparo, por violar los derechos fundamentales al debido proceso.

El estudio se elaboró a partir del análisis de información anónima de 71,143 colaboradores pertenecientes a 1,149 empresas y presenta bandas salariales para 207 cargos agrupados en 12 áreas del mercado laboral peruano.

Con base en datos reales de planillas, la guía busca ofrecer una referencia objetiva sobre las remuneraciones en el país para contribuir a una mejor toma de decisiones en materia de compensaciones.

Los resultados muestran que tener una política formal de revisión salarial no implica necesariamente actualizar las remuneraciones para preservar el poder adquisitivo de los colaboradores.

Mientras Colombia (90%), Chile (69%) y México (67%) presentan una mayor proporción de empresas que ajustan los salarios de acuerdo con la inflación, en Perú esta práctica alcanza únicamente al 46% de las organizaciones.

Esa brecha también se refleja en la experiencia de los trabajadores. Solo el 37% de los colaboradores peruanos afirma que su empresa realizó un ajuste salarial durante el último año, lo que evidencia que este mecanismo aún no forma parte de las prácticas habituales de la mayoría de organizaciones.

“Nuestros datos muestran que Perú ha avanzado en institucionalizar las revisiones salariales, pero todavía existe una diferencia importante cuando se trata de mantener el poder adquisitivo de las personas mediante ajustes por inflación. Esto evidencia que ambos conceptos responden a objetivos distintos dentro de la estrategia de compensaciones de una organización”, señaló Lesley Warren, Head of Research de Buk.

Salario y el mercado

El estudio evidenció la necesidad de tener información confiable sobre remuneraciones. El 38% de los colaboradores considera que percibe un salario por debajo del promedio del mercado, mientras que solo el 37% afirma estar satisfecho con su remuneración, 10 puntos porcentuales por debajo de Colombia, donde el 47% de los trabajadores se declara satisfecho con su salario.

La investigación también muestra que la remuneración de un mismo cargo puede variar significativamente según el tamaño de la empresa y el nivel de especialización requerido, evidenciando que la jerarquía organizacional no siempre determina los salarios más altos.

Por ejemplo, la remuneración mediana de un gerente general (CEO) es de S/ 12.980. Sin embargo, la banda salarial se extiende desde S/ 6.110 hasta S/ 29.820, lo que evidencia que el tamaño de la organización puede multiplicar casi por cinco la remuneración de este cargo.

Además, algunos perfiles altamente especializados registran remuneraciones superiores a las de posiciones ejecutivas tradicionales. Es el caso del gerente de Mina, cuya remuneración mediana alcanza los S/ 20.710, superando la mediana observada para un CEO.

La guía de Buk también identifica diferencias relevantes entre sectores. En Tecnología, el área con mayor número de cargos analizados, la ciberseguridad se consolida como una de las especialidades mejor remuneradas, con un jefe de Ciberseguridad que registra una remuneración mediana de S/ 11.380 y bandas superiores de hasta S/ 19.440.

En su Semanario 1317, el gremio empresarial señala que la menor cartera vigente, el aumento de los refinanciamientos y “el repunte de la morosidad revelan una vulnerabilidad que trasciende al sistema financiero y plantean el desafío de gestionar el riesgo climático de la manera más eficiente y estratégica”.

Del total de créditos otorgados por la banca múltiple a junio de 2026, el 58.9% fueron créditos empresariales.

Dentro de esa cartera, las microempresas registran una caída porque entre junio de 2025 y junio de 2026, el saldo de sus créditos cayó de S/ 4,876 millones a S/ 4,246 millones, menor en 12.9%, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Comex Perú explica que se distinguen tres tipos de cartera de créditos de las microempresas, según la situación de pago: vigentes, refinanciados o reestructurados y atrasados.

SITUACIÓN

Señala que los créditos vigentes mantienen sus pagos conforme a las condiciones pactadas y no presentan atrasos relevantes. Disminuyeron 14.1%, al pasar de S/ 4,669 millones a S/ 4,012 millones.

“En contraste, aumentaron los créditos que presentan dificultades de pago. Los refinanciados y reestructurados, que son aquellos cuyas condiciones originales deben modificarse debido a problemas del deudor para cumplir lo pactado, crecieron 39.9%, al pasar de S/ 15 millones a S/ 21 millones en el periodo analizado”, anota.

En tanto, los créditos atrasados, correspondientes a obligaciones cuyo pago no se realizó en la fecha prevista, aumentaron 11%, de S/ 192 millones a S/ 213 millones.

“En conjunto, la comparación muestra una evolución desfavorable de la cartera, marcada por la reducción de los créditos vigentes y el incremento de aquellos que requieren modificaciones o presentan atrasos”, precisa.

El gremio empresarial indica que la morosidad constituye otra dimensión relevante porque permite dimensionar la magnitud del riesgo de incumplimiento de pagos que acumulan un determinado número de días de atraso, reflejando una mayor probabilidad de incumplimiento y un mayor riesgo para la cartera.

“En el segmento de microempresas, los episodios de mayor morosidad han coincidido con periodos de fuerte afectación climática, como El Niño costero de 2017 y el FEN de 2023, lo que sugiere una relación relevante entre los choques climáticos y la capacidad de pago de las microempresas”, indica.