La medida forma parte de la implementación de la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

El procedimiento estará regulado por un reglamento operativo aprobado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva 000081-2026-PE-ONP y elaborado en coordinación con la SBS.

El trámite se efectuará a través de la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), que centralizará los procesos de afiliación y traslado entre ambos regímenes.

El primer traslado podrá solicitarse en cualquier momento a partir de la fecha establecida. Para realizar cambios posteriores, el afiliado deberá permanecer al menos 24 meses en el régimen al que se haya trasladado.

El reglamento establece que los pensionistas por jubilación o invalidez no podrán acogerse a estos traslados debido a que ya reciben una pensión.

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Fue al presentar, en de la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, la Auditoría, la Cuenta General de la República 2025

“En los gobiernos locales apreciamos el mayor cuello de botella porque concentra siete de cada 10 soles no ejecutados en la inversión pública nacional”, señaló al indicar que no ejecutaron S/ 8,310 millones de su presupuesto para inversiones.

De los gobiernos regionales, Aguilar dijo que 21 superaron el 90% de ejecución de su presupuesto de inversión. Piura, Arequipa, Ayacucho, Junín, Amazonas, Áncash y Huancavelica alcanzaron una eficiencia superior al 98%.

Situación contraria fue en Ucayali, Lima, Lambayeque, Tumbes y Callao, que tienen el mayor saldo no ejecutado.

Paralizadas

El contralor precisó también que al 31 de diciembre de 2025 se identificaron 2,416 obras públicas paralizadas, que representan una inversión acumulada de S/ 67,139 millones, cuyo saldo pendiente de ejecutar es de S/ 32,243 millones.

Del total de obras paralizadas, los gobiernos locales representan el 70.1% (1,693), que equivalen al 15.7 % de la inversión total.

En tanto, el Gobierno Nacional concentra el 55.8 % del valor monetario de obras paralizadas (S/ 37, 433 millones), igual al 16% del total de proyectos detenidos.

Aguilar indicó que la Contraloría ejecutó 4,070 servicios de control a las obras paralizadas a nivel nacional.

“El Estado debe dejar de ser una barrera burocrática para el inversionista y nuestros ciudadanos, y convertirse en un facilitador del desarrollo. El Estado no debe generar obstáculos ni demoras injustificadas”, precisó.

Fue durante la ceremonia de inauguración de la décima edición de EXPOMINA PERÚ 2026, considerada la quinta feria minera más grande del mundo, que se desarrolla en Lima hasta este viernes 11 de setiembre.

Mesa de trabajo

Fujimori afirmó que su gobierno buscará simplificar los procesos burocráticos y ofrecer mayor predictibilidad a los inversionistas.

En esa línea, anunció la conformación de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio del Ambiente (Minam) para impulsar los principales proyectos de inversión del sector.

Hizo hincapié en la defensa del medio ambiente y de la promoción de la inversión sostenible, “porque estos no se oponen, se complementan”.

En ese sentido, la mandataria se refirió también al compromiso de su gobierno con la lucha contra las economías ilegales que afectan los bosques y las áreas naturales protegidas.

Recordó que el Perú tiene una cartera de 67 proyectos mineros que demandan una inversión de aproximadamente $ 64 mil millones, que el reto de su administración es convertir ese potencial en empleo, infraestructura y oportunidades de desarrollo para las regiones del país.