En la edición de julio 2026, participaron 88 especialistas, encuestados entre el 20 y el 23 de julio.

”Más allá de la coyuntura inmediata, los economistas consideran que la principal reforma estructural pendiente es la del sistema de salud y aseguramiento, mencionada por el 61% de los encuestados", señala el IPE.

Le siguen la descentralización (47%), la educación (44%), la reforma laboral (43%) y la reforma política y judicial (41%). En el otro extremo, la reforma del sistema de pensiones obtiene apenas 5% de menciones.

En tanto, ante un eventual pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, el 84% de los economistas consultados considera que el Congreso debería delegar facultades para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y las economías ilegales.

En tanto, el 69% respalda otorgar facultades legislativas para impulsar la simplificación administrativa y destrabar proyectos de inversión.

Petroperú

Mientras que en tercer lugar de las prioridades aparece la reorganización de Petroperú (encaminada actualmente bajo la administración de Proinversión) y la modernización del marco regulatorio de hidrocarburos (38%).

Según la encuesta entre los 88 economistas, solo el 2% considera que el Congreso no debería otorgar facultades legislativas al Ejecutivo.

De otro lado, el 94% de los economistas consultados considera que el gobierno saliente no implementó las medidas necesarias de prevención contra El Niño 2026-2027.

Además, el 84% señala que el cambio simultáneo de autoridades nacionales y subnacionales dejará poco margen para preparar las nuevas gestiones antes del inicio de la temporada de lluvias.

Además, seis de cada diez economistas consideran que el país no está mejor preparado que en 2017 y una proporción similar cree que la respuesta frente al fenómeno de El Niño condicionará el nivel de aprobación del próximo gobierno.

Sobre el déficit fiscal indicó que no será tan alto este año y, probablemente, se tenga un resultado cercano a las reglas fiscales, pero no porque haya un esfuerzo de reducir gastos, sino porque se ha tenido una recaudación de ingresos fiscales muy importante, que de hecho sustenta en parte el crédito suplementario aprobado recientemente.

“El problema es que se basa en ingresos extraordinarios, no en aumento de ingresos permanentes y con una presión del gasto muy fuerte”, precisó el también director de Videnza.

Entonces, manifestó a Correo, el nuevo gobierno tendrá mucha presión para el gasto y hará difícil un proceso de consolidación fiscal que requiere el país.

“Si se crece más, se va a recaudar más, pero contener la presión de gasto es muy importante, especialmente la que proviene del Legislativo”, comentó.

Herencia

Además, según señaló Castilla, el gobierno entrante hereda 10 puntos del PBI en contingencias derivadas de sentencias judiciales, laudos arbitrales y garantías de asociación público-privada.

A ello se suma todo el legado de las aprobaciones que el Congreso ha hecho en iniciativas de gasto, que pueden sumar más de tres puntos del PBI, así como el tratamiento tributario preferencial que ha mermado ingresos permanentes para el fisco.

El exfuncionario explicó que el endeudamiento está en torno al 35% del PBI, no muy lejos del tope del 30% del PBI, pero con las contingencias puede crecer de forma importante.

En ese sentido, refirió que Petroperú es un tema importante que, probablemente, va a requerir una inyección adicional de recursos, en forma de garantías, o de extender alguna de las líneas de crédito que tiene con el Banco de la Nación.

“Por tanto, es urgente también lidiar con la situación de Petroperú, e ir al cumplimiento como mínimo de lo establecido en el decreto de urgencia. Esta es otra papa caliente que va a heredar el fisco”, precisó.

Entonces, según manifestó, entre contingencias y depender de ingresos extraordinarios, “las finanzas públicas, digamos, están tensionadas. Es un desafío que va a tener el gobierno entrante”.