Sostuvo que el minero que baja al río o entra al socavón es el actor más visible de la minería ilegal, pero también el más débil y el que menos gana. Detrás de él opera una cadena de financistas, autoridades aliadas, policías corruptos, compradores, plantas de beneficio y comunidades, donde el Estado controla poco o nada.

FINANCISTAS Y ALIADOS

Para que una mina ilegal opere, hay financistas o prestamistas, personas o redes que ponen el dinero, la maquinaria, el combustible, los explosivos y los campamentos. Estos “empresarios” muchas veces nunca pisan una mina, pero se quedan con la mayor parte de la producción.

Tienen como aliados a alcaldes, gobernadores y congresistas que ofrecen protección política, impulsan normas que flexibilizan la lucha contra la informalidad y frenan operativos.

Al respecto, el analista Iván Arenas señala que algunos congresistas ya representan a este tipo de minería. “Algunos gobiernos regionales también han sido los culpables de la informalidad, del fracaso del REINFO. Asimismo, en lugares donde hay minería informal, los alcaldes están coludidos y en algunos casos son hasta tenedores del registro”, afirmó.

POLICÍAS Y MILITARES EN LA CADENA

Miembros de la Policía y del Ejército también forman parte de la red, pues cobran cupos para permitir el paso de combustible, maquinaria o mineral, alertan sobre operativos, custodian convoyes y protegen rutas ilegales.

En Cusco, Puno y Lima habría policías involucrados en el robo de oro, mientras que en La Libertad han sido denunciados por liberar detenidos y hacer desaparecer mineral incautado. Según el medio Causa Justa, se les paga entre 10 000 y 50 000 soles por transportar minerales.

La cadena se completa con acopiadores locales, empresas exportadoras, intermediarios que “blanquean” mineral ilegal mezclándolo con producción formal y casas de compra que no verifican el origen. A nivel nacional, 304 plantas procesan minerales en 17 departamentos, muchas sin verificar la procedencia del mineral que reciben.

“Algunas reciben producción sin ningún tipo de fiscalización más allá del REINFO”, señaló Arenas.

Alrededor de esta actividad también operan redes dedicadas a la trata de personas, prostitución, extorsión, sicariato y lavado de dinero, así como proveedores de explosivos, traficantes de mercurio y empresas de transporte que completan el engranaje de una industria ilegal que mueve millones en el país.

La economista Mercedes Aráoz, señaló que el tema “que le da un poco de miedo porque va ligado a los temas de seguridad es la Ley Mape porque aún no sale”.

“No sé cuándo vamos a sacar la Ley Mape, que es la Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería porque vienen las elecciones regionales, entonces quieren ganar votos (los candidatos a gobernadores y alcaldes) y pueden preservar el comportamiento de las economías ilegales, como en la minería”, precisó.

Aráoz, quien participó en el Foro Análisis de Propuestas – Segunda Vuelta Agenda 2026, que organizó la Universidad del Pacífico, manifestó que debemos cuidar, incorporar a la minería informal y formalizarla realmente.

Lavado

“Gran parte del problema de la minería ilegal es que es un mecanismo de lavado de activos y está manejada por las grandes organizaciones criminales transnacionales. Entonces, es un gran un riesgo”, comentó.

Como se sabe, la Ley Mape es la llamada a reemplazar al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que fue creada en diciembre de 2016 mediante el Decreto Legislativo 1293 y empezó a regir desde inicios del 2017.

Desde entonces, el Reinfo ha tenido cinco ampliaciones, siendo el último en 2026 y regirá hasta el 31 de diciembre de este año, en tanto se aprueba la Ley Mape.

El uso del Reinfo se ha desvirtuado porque muchos certificados de formalización son usados por mineros ilegales para procesar oro y cobre en plantas que exigen un documento que certifique que su producción es legal.

Según la empresa, la medida refleja una mayor previsibilidad sobre su situación en el corto plazo.

A través de un comunicado, la petrolera estatal señaló que la decisión reconoce avances en su proceso de estabilización. Asimismo, indicó que continúa enfocada en ejecutar su plan de reorganización, aunque aún enfrenta retos vinculados a esa etapa.

En su evaluación, S&P resaltó la capacidad financiera de Petroperú para atender sus obligaciones de deuda de corto plazo. También destacó los efectos del Decreto de Urgencia N.° 003-2026, aprobado por el Gobierno en mayo de 2026.

La clasificadora señaló además que el apoyo estatal previsto mediante un vehículo financiero de hasta 2,000 millones de dólares contribuye a garantizar la continuidad operativa de la empresa, financiar capital de trabajo y asegurar el abastecimiento de combustibles.

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Durante la presentación del Informe de Estabilidad del Sistema Financiero – Mayo 2026, explicó que tiene suficiente liquidez para hacer frente a la coyuntura mundial y local (elecciones), precisando que el sistema financiero peruano es sólido, muy líquido (tiene facilidad para acceder a dinero) y solvente.

Al respecto, la jefe de Riesgos de Conglomerados de la SBS, Carla Rodríguez, precisó que, en un escenario adverso, podría haber una salida del 30% de los depósito y el sistema financiero peruano puede seguir adelante.

Créditos

Espinosa explicó que la solidez del sistema financiero va de la mano con el crecimiento de los créditos, tanto de las personas como de las empresas.

Así, dijo que los créditos de consumo crecieron 8% en marzo 2026 (anual), “observándose una recuperación sostenida desde abril 2025, en línea con la recuperación de la demanda interna”.

Destacó la participación de las billeteras digitales en la entrega de créditos porque están incorporando a más personas, sobre todo en las zonas más apartadas del país.

Dijo que en 2025 y lo que va de 2026, los hogares se favorecieron por el crecimiento sólido del empleo formal, bajo nivel de inflación y condiciones de financiamiento favorables, que incidieron en su capacidad de pago y contribuyeron a la mejora en la calidad crediticia (caída de mora)”.

Espinosa señaló que tras alcanzar un pico de 10.5% en junio 2024, la morosidad cayó de forma ininterrumpida “hasta niveles incluso inferiores a los registrados en 2019”, aunque se moderó levemente en los últimos meses, pero la tendencia se mantiene firme.