En declaraciones a Minería, publicación del IIMP, precisó que esa situación no solo ocurre en zonas alejadas del país, sino que empieza a trasladarse a ciudades cercanas a enclaves de minería ilegal, generando inseguridad y reduciendo la inversión.

En ese contexto, alertó que esta situación podría profundizar riesgos estructurales para el país, incluyendo una posible pérdida del grado de inversión si no se revierte el deterioro institucional.

“En la medida en que el Perú pierde su institucionalidad, las entidades del Estado dejan de tener la presencia que deben, y eso puede traer consecuencias mucho más graves para la economía”, precisó.

Llamado

Por ello, De Vinatea hizo un llamado a la próxima gestión gubernamental para que tome decisiones estratégicas que permitan fortalecer la competitividad del país y asegurar la continuidad de las inversiones mineras en un contexto global de transición energética.

Además, señaló que el Perú tiene ante sí una oportunidad estratégica en el marco de la transición energética global por su papel como uno de los principales productores de cobre a nivel mundial.

“Lo que debe hacer el próximo gobierno (desde el 28 de julio), es implementar una política minera de Estado que incluya a todos los sectores y niveles de gobierno, de manera que la inversión minera vaya acompañada de presencia estatal y desarrollo territorial”, ratificó.