Guillermo Shinno explicó que se reunió con representantes de distintas bancadas del Congreso para sustentar técnicamente el proyecto de ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape) impulsado por el Ejecutivo.

Precisó que la iniciativa no constituye un «Reinfo 2.0», sino un mecanismo diferente que busca retirar la protección legal a quienes realizan actividades de minería ilegal.

Respecto a las propuestas parlamentarias para ampliar el registro por dos o cuatro años, señaló que el Congreso tendrá la decisión final, aunque advirtió que el Gobierno evaluaría observar una eventual norma de prórroga.

El titular del sector reconoció que el tiempo para aprobar la nueva legislación es limitado, pero sostuvo que el Ejecutivo ya cumplió con presentar el proyecto con carácter de urgencia.

En otro momento, rechazó los cuestionamientos por un presunto conflicto de interés relacionado con su anterior vínculo laboral con la minera Aruntani y la firma de una resolución para financiar trabajos de cierre y remediación de sus unidades mineras. Aseguró que estas fueron cerradas por el Estado en 2019 y que la transferencia de recursos responde a lo establecido en la Ley 32732.

Asimismo, Shinno negó que empresas mineras hayan financiado viajes de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas a Australia, entre ellos el de la viceministra de Minas, Mayra Figueroa Valderrama, para participar en un encuentro del sector en Sídney.

Indicó que la Cámara de Comercio Peruano-Australiana agrupa a empresas y personas naturales, y que el propio ministerio destina recursos para cubrir la participación de sus funcionarios en eventos internacionales, con el objetivo de evitar posibles conflictos de interés.

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La Ley 30130 (2013) autoriza al Estado incorporar la participación de privados en el accionariado de Petroperú. Puede vender o emitir hasta el 49% del capital social.

Stark informó, además, que la petrolera está en camino de obtener su primer beneficio anual desde el 2021, año en que se acentuó su problema financiero, durante la gestión del entonces gerente general de la empresa, Hugo Chávez.

“Si alguien se presenta mañana interesado en participar en Petroperú, será bienvenido. Encontramos a la empresa en modo supervivencia. Es una locura”, precisó.

Stark dijo que se prevé cerrar el año con una ganancia neta de unos $ 350 millones, la mayor desde al menos 2016.

“Proinversión, está buscando inversionistas que aporten capital y experiencia en gestión a las unidades de negocio de Petroperú, pero los activos seguirán siendo propiedad de la empresa. Esta es y seguirá siendo una empresa propiedad del Estado peruano”, afirmó.

Reservas

De otro lado, según el Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos 2025, del Ministerio de Energía y Minas (Minem), las reservas totales de gas natural de Perú disminuyó 65% (2013- 2025).

Al respecto, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) precisó que la reducción no significa que se haya agotado el potencial gasífero del país porque existen recursos por explorar y evaluar.

De allí que destacó la importancia de fortalecer la actividad exploratoria y desarrollar nuevas fuentes de suministro para atender la demanda energética futura.

“Es fundamental recuperar la exploración, atraer nuevas inversiones y desarrollar proyectos que permitan asegurar la disponibilidad de este recurso en el largo plazo”, demandó Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

Durante su participación en la inauguración de la Expo Internacional del Sector Eléctrico PECIER-FISE 2026, que se desarrolla hasta este viernes 30 de octubre en el Centro de Exposiciones Jockey, explicó que el aumento de la producción de energía solar y eólica debe acompañarse de inversiones en tecnologías que permitan mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

“Vamos a relanzar nuevamente un paquete de licitaciones para poder atraer nuevamente inversión en hidroeléctricas”, afirmó Shinno.

Precisó que uno de los mecanismos que se evalúa para incentivar estas inversiones contempla garantizar tarifas durante períodos de 10, 15 o 20 años, bajo condiciones que deberán analizarse conjuntamente con ProInversión.

Esta alternativa busca brindar mayor predictibilidad a los inversionistas, considerando que los proyectos hidroeléctricos requieren largos períodos de construcción y pueden tardar entre siete y ocho años en entrar en operación.

Shinno también anunció que el Ejecutivo trabaja en la aprobación de los reglamentos pendientes vinculados al funcionamiento del mercado eléctrico, entre ellos el reglamento de licitaciones y el correspondiente a los servicios complementarios. “No más allá de diciembre deben salir todos los reglamentos”, aseguró.

Energías renovables

Shinno señaló que el Gobierno mantiene la proyección de alcanzar aproximadamente un 20% de participación de las energías renovables no convencionales, principalmente solar y eólica, en la generación eléctrica hacia el final del quinquenio.

Sin embargo, advirtió que una mayor incorporación de estas tecnologías también representa desafíos para la estabilidad del sistema, por lo que consideró necesario mantener una combinación de fuentes energéticas.

En esa línea, destacó la importancia de promover tanto nuevas centrales hidroeléctricas como generación térmica a gas natural, que contribuya a respaldar la continuidad del suministro.

También advirtió que el desarrollo de nuevas centrales térmicas dependerá de la identificación de reservas adicionales de gas natural. Según explicó, las reservas actuales de Camisea tendrían un horizonte aproximado de entre 10 y 13 años, situación que podría limitar el ingreso de nuevos inversionistas al sector de generación térmica.

La medida contempla recursos para prevenir los efectos del fenómeno de El Niño, impulsar la inversión pública y cumplir obligaciones en sectores como seguridad, salud y educación.

La iniciativa obtuvo 83 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones en la Cámara de Diputados. En el Senado, recibió 37 votos a favor, 10 en contra y seis abstenciones.

El texto aprobado corresponde a la fórmula sustitutoria presentada por la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, que aprobó la propuesta durante una sesión del 22 de octubre.

Según el desglose presentado por el titular de la comisión, José Arista Arbildo, S/ 702,9 millones se destinarán a prevenir los efectos de El Niño; S/ 2.308,6 millones, a garantizar la continuidad de los servicios esenciales; S/ 3.620,2 millones, a inversión pública y equipamiento; y S/ 1.596,7 millones, al cumplimiento de obligaciones ineludibles.

El paquete también incluye recursos para la adquisición de aviones caza, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, proyectos viales como el Anillo Vial Periférico, programas de salud y educación, Pensión 65 y empleo temporal.

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