En un comunicado señala que preocupa que TGP no haya informado de medida destinada a subsanar incumplimientos como que su sistema de transporte de gas no tenga suficiente capacidad de respaldo y redundancia, ni efectivos procedimientos de mantenimiento para alcanzar la disponibilidad mínima de 99% exigida en el Contrato de Concesión.

Sin embargo, hace hincapié, está planteando al Gobierno “una adenda muy ventajosa que extienda su concesión monopólica por 10 años”.

Proyecto

La ACG (integrada por empresas generadoras de electricidad e industriales) cuestiona que TGP pide se le adjudique directamente un nuevo proyecto, por 7 mil millones de Soles (denominado Ramal Sur), sin competencia, “con rentabilidad garantizada, con plazos de ejecución flexibles donde los riesgos de retraso son de cargo del Estado en su mayor parte”.

Indica que TGP pide que determinadas inversiones, en adelante, sean remuneradas como inversión adicional, “pretendiendo que los usuarios paguemos adicionalmente por el costo de subsanar su incumplimiento”, sin tener en cuenta que durante 20 años pagaron una tarifa que incluye todas las inversiones y gastos que deben asegurar la disponibilidad de 99%“.

Por ello, la ACG pide que se exija a TGP la ejecución de inversiones para que el sistema de transporte de gas tenga la disponibilidad obligada. También, que el proyecto Ramal Sur y la concesión del transporte de Camisea (cuando concluya el plazo de la concesión de TGP), sean sometidos a licitación.

El también exministro de Energía y Minas destacó que estas cifras reflejan el potencial económico que tendría una formalización efectiva y sostenible de la pequeña minería, siempre que se implementen mecanismos que permitan mejorar su productividad y rentabilidad.

En ese sentido, anunció que, como parte de las actividades de Rumbo a PERUMIN, se desarrollaría un estudio para evaluar el verdadero impacto económico que podría generar una minería artesanal formal y sostenible.

“Se habla, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), de que podría generar 1,5% de PBI más. Se habla de que podría generar entre 300.000 y 400.000 puestos más. Eso queremos tener evidencia”, sostuvo Incháustegui.

OPORTUNIDAD

Explicó que el proceso de formalización no debería limitarse al cumplimiento de requisitos legales, sino convertirse en una oportunidad para que los pequeños productores mineros incrementen sus ingresos y desarrollen actividades económicamente sostenibles.

“Tenemos que dejar de pensar en que se tienen que formalizar para cumplir con la ley. Se tienen que formalizar, pero también para generar rentabilidad”, afirmó.

Bajo esa perspectiva, planteó evaluar mecanismos que permitan a los pequeños mineros asociarse, aprovechar economías de escala y acceder a mayores oportunidades económicas, de manera que la formalización represente un beneficio tangible para quienes buscan operar dentro de la legalidad.

En otro momento, Incháustegui consideró necesario que el debate nacional sobre la minería artesanal deje de concentrarse únicamente en eventuales ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y priorice la construcción de un marco normativo que permita desarrollar una MAPE sostenible y responsable.

“Ya dejemos de hablar si se amplía o no el Reinfo y hablemos sobre cómo promover una MAPE sostenible y responsable”, enfatizó.

Señaló que ello representa un riesgo para los recursos públicos y, principalmente, para los derechos de los trabajadores vinculados a su protección en salud y a sus futuras pensiones.

Según con la información proporcionada por la Sunat al 26 de setiembre de 2026, 221 entidades adeudan S/ 297.6 millones a EsSalud, mientras que 271 registran deudas por S/ 289.8 millones correspondientes a la ONP, incluso desde hace más de treinta años.

Se trata de obligaciones superiores a S/ 50,000 por entidad que permanecen en cobranza coactiva, es decir, que se puede exigir legalmente el pago y aplicar medidas de cobranza.

Deudoras

La Contraloría informó que entre las entidades con mayores deudas figuran la Municipalidad Provincial de Chiclayo (Lambayeque), con más de S/ 32.0 millones pendientes con EsSalud, y la Municipalidad Distrital de La Victoria (Lima), con más de S/ 33.3 millones de deuda con la ONP.

También aparecen las municipalidades distritales de Breña, Surquillo, San Juan de Miraflores y San Miguel (Lima), Carmen de la Legua Reynoso (Callao), José Leonardo Ortiz (Lambayeque), entre otras.

En ese sentido, la Contraloría advierte que el incumplimiento de esas obligaciones puede generar el incremento de las deudas por intereses, costas y gastos, además de comprometer la disponibilidad presupuestaria de las entidades.

En el caso de las obligaciones con la ONP, también existe el riesgo de afectar los derechos previsionales de los trabajadores, mientras que las deudas con EsSalud podrían generar una eventual restricción de las coberturas de salud.

Ante esa situación, la Contraloría emitió 492 informes de orientación de oficio a nivel nacional dirigidos a las entidades que mantienen estas deudas, con el propósito de comunicar los riesgos identificados y promover que adopten las acciones correspondientes.