Añade que la inestabilidad política es recurrente e impacta en el crecimiento de la actividad económica. Según sus cálculos, de no haber tenido ocho presidentes en 10 años, se hubiese podido crecer a tasas de 5% o 6% y la pobreza habría retrocedido a un dígito.

Estamos a puertas de un nuevo gobierno, pero en términos económicos ¿qué le ha significado al país tener una constante inestabilidad política con cambios de presidentes y de otros funcionarios?

Las crisis políticas en el Perú son recurrentes en toda la historia republicana. Pero recientemente, en los ochenta, las crisis políticas eran ministeriales, se agarraba a un mal ministro de Economía, de Interior o de Salud y caía el ministro. Así se resolvían las crisis políticas en los ochenta. En cambio, desde el dos mil hacia adelante, cayeron gabinetes. En la era Toledo hubo cinco gabinetes, con Alan García también. Humala ha tenido varios. Ahora, desde el 2016 en adelante, en los últimos diez años, las crisis son de otro calibre, son terremotos. Cae el gobierno completo, se van el presidente y todos sus ministros. Esto último sí tiene efectos en la economía porque atrasa toda la productividad estatal, se debilita. Todo el tema de las normas, del seguimiento, el cumplimiento de los planes de desarrollo sectorial se van truncando porque van cambiando muy rápido los funcionarios públicos.

Por esa inestabilidad política constante, a la economía del Perú se le ha pasado a denominar “economía zombie”.

Es un error pensar que no afecta. La inestabilidad política sí afecta, pues de lo contrario, la economía crecería 5% o 6%, pero crece 3%. La gente solamente mide el 3% y dice qué bien, no afecta, pero sí afecta.

¿Macroconsul tiene un estudio sobre qué tanto se habría reducido la pobreza en los últimos años sin la inestabilidad política que golpea al país?

En general, en los últimos diez años, en los últimos dos periodos presidenciales hemos tenido ocho presidentes, cuatro por cada periodo. Eso nomás per ha debilitado la burocracia y hecho que la economía crezca menos rápido. ¿Cuánto menos? Antes de esto crecíamos, con buenos precios de los metales, entre 5.5% y 6%. Ahora, se crece 2.5% o 3%, o sea, casi la mitad. Es el costo económico de la crisis política crecer a la mitad durante diez años.

De no haber tenido estas crisis recurrentes, ¿no tendríamos ese 25% o 26% de pobres en el país?

Estaría en 10% o 12%, siempre que se hubiese mantenido el ritmo de crecimiento hasta el año 2015 y no se caía a 2.5%. Si se hubiese mantenido en 6%, la pobreza estaría ahora en un dígito. Pobreza extrema sí habría porque hay nichos, nudos, digamos, muy complejos en la sierra que requieren una política explícita, pero la pobreza urbana estaría al mínimo. Después de la pandemia del Covid, la pobreza urbana se mantiene, pero con un crecimiento de 6% al año no sería así.

En términos económicos, ¿qué es lo más urgente que tendría que abordar el nuevo gobierno?

Antes que de economía, hay que hablar de estabilidad política porque no puede haber buena política económica si no hay estabilidad política. Tú puedes tener el mejor plan de gobierno pero te botan a los seis meses y no pasa nada. Los cimientos de una buena política económica es la estabilidad política, que el presidente dure los cinco años, que su ministro de Economía dure también los cinco años, en la medida de lo posible. Esto hará crecer la inversión, todos los procesos de APP y de concesiones comienzan a florecer y hay un avance. La mejor política es durar y si sobre esto se hacen reformas en infraestructura, salud y educación, la tasa de crecimiento crecerá en el mediano plazo.

Pero todo eso debe tener un acompañamiento equilibrado del Congreso, que este no se vaya por su cuenta, ¿no?

Claro, la idea es que el ganador tenga una coalición que le permita gobernar y avanzar en normas, que sigan lo que el Ejecutivo dice, no como ahora, en la que el Congreso hace lo que le da la gana y no lo que el Ejecutivo dice. Ya no tenemos un Gobierno presidencialista en el que se elige a un presidente para que ejecute la política económica, sino uno más de tipo parlamentario. El Congreso está ejecutando porque emite normas presidenciales.

Uno de los mayores problemas que se arrastra hace muchos años -y por el que no se hace nada- es la informalidad, ¿qué medidas debería tomar el siguiente gobierno para disminuirla?

Hay varios tipos de informalidad, cada una requiere políticas distintas. Por ejemplo, hay informalidad en pesquería, minería, industria, servicios, construcción. Cada una tiene diferente naturaleza; entonces hay que enfrentarla a un nivel más microeconómico. Solamente la laboral, requiere leyes transversales. Por ejemplo, el aporte de pensiones, el aporte a EsSalud, el Impuesto a la Renta a las personas. El régimen mype, por ejemplo, que tiene el RER (Régimen Especial a la Renta), que es malo, además del RUS, o sea, es un combo de medidas potentes. Las transversales, las que afectan a todos los sectores, solo son dos, tributarias y laborales. Hay normas sectoriales que empujan a ser informal, como la Ley de la Pequeña Minería.

Igual se necesitan leyes del Congreso…

Sí, todas necesitan una ley más calibrada para los sectores más pequeños. En cada sector económico hay empresas pequeñas, esta parte está bien lograda. Por ejemplo, en minería, la Ley MAPE. En agricultura también, para la industria también. O sea, en cada sector tienes empresas pequeñitas y se ha legislado mal para ellas.

¿Se tendrá un Senado que se espera tamizará normas que puedan ayudar a disminuir la informalidad?

El Congreso no tiene los equipos técnicos para hacer eso, tampoco el Ejecutivo. El nuevo presidente tendrá que solicitar mucha ayuda del mundo académico y de los gremios. Solo los académicos y los gremios tienen capital humano para hacer las reformas. Se tiene que apalancar en lo que más saben. Porque se puede tener buenas intenciones, pero son pésimas normas las que salen del Congreso porque muchas veces emite normas sin la opinión técnica de quienes saben. El Congreso está fuera de realidad y el Ejecutivo es muy timorato. Nunca hay buenas reformas en el Ejecutivo porque como el mandato es débil, no se atreve. Entonces, tienen que pedir ayuda a un tercer sector, que es el privado, que en el sentido amplio, son los gremios, los académicos, los estudiosos.

Esperemos que el nuevo gobierno no tenga una línea muy abierta a favor de la minería ilegal, actividad ligada la criminalidad...

Una de las fallas tectónicas de la política es esa. Si hubiese un referéndum y se pregunta a los peruanos si están a favor o en contra de la minería ilegal, ganaría quienes están en contra. Pero en la práctica, el presidente del Congreso favorece a una minoría. Esta es la gran falla de la democracia, o sea que no representa a la mayoría. Si se pregunta a la mayoría si quiere menos criminalidad, la mayoría diría que sí, pero en la práctica no es así. Eso es justamente porque la gente no estima mucho a la democracia porque votas, votas, votas pero nunca pasa nada. Si un señor me promete bajar la informalidad, yo voto por él pero una vez que sea presidente, tiene que cumplir su mandato. Esta parte está fallando. Se promete mucho y no hay rendición de cuentas porque la democracia peruana es débil. La democracia no es votar cada cinco años, significa rendir cuentas, transparencia.

Se necesita mejorar la institucionalidad, que falta hace mucho tiempo para ordenar el equilibrio de poderes y la formulación de leyes...

Tienen que alinearse los astros. Se requiere buena institucionalidad, buenos partidos y también buenas políticas. Las tres cosas, porque, por ejemplo, en los 80 teníamos buenos partidos, teníamos institucionalidad, pero malas políticas, o sea que no es tan sencillo porque los tres factores tienen que activarse.

¿Cómo enfrentar a la minería ilegal?

En el caso de la pequeña minería y minería artesanal, el grueso de unidades no son delincuentes, son gente que quiere formalizarse, pero no puede pasar la legislación. No se puede reprimir a personas que se sabe que no pueden cumplir la ley porque se le ha puesto una valla muy alta porque la norma está mal dada. Pero como el Estado sabe que la ley está mal, tampoco reprime (la ilegalidad) y queda en el limbo. ¿Cómo cortar ese círculo vicioso? Primero recalibrando la ley. Se necesita una nueva ley MAPE, recalibrada a la realidad de la pequeña empresa minera. Una vez que salga la norma, el que no la cumpla, desafiando la norma, recién se le reprimirá. Se necesita una buena Ley MAPE

La nueva Ley MAPE duerme el sueño de los justos...

Porque hay pequeños grupos que gozan con el estatus quo. Los píos se apalancan de los mineros buenos chiquitos que tampoco pueden cumplir la ley, que está mal dada. Hay grupos formales que sí la cumplen, hay grupos informales que no la pueden cumplir y los delincuentes en el medio. La ley no se puede cumplir, es mala, la dieron los gobiernos regionales, no tiene incentivos. Una vez que se reforme todo y se dé un tiempo de adecuación, se puede meter la mano fuerte del Estado, la fuerza de las fuerzas del orden.

Iniciativas

El primer proyecto fue presentado el 12 de febrero por Américo Gonza Castillo (Perú Libre). La iniciativa no solo plantea el retiro de hasta 4 UIT, sino también la devolución total de los fondos a los herederos de afiliados fallecidos.

El segundo proyecto ingresó el 18 de febrero, impulsado por Darwin Espinoza Vargas (Podemos Perú), y propone el retiro extraordinario bajo el mismo tope de S/22,000.

Cinco días después, el 23 de febrero, Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) presentó un tercer proyecto con una propuesta similar de acceso a los fondos previsionales.

El cuarto proyecto fue presentado el 20 de marzo por Miguel Ángel Ciccia Vásquez (Renovación Popular), consolidando así un paquete de iniciativas que insiste en un nuevo retiro.

Estas iniciativas plantean un retiro facultativo y voluntario, que podrá ser solicitado por los afiliados conforme al procedimiento que establezca la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), como en los retiros previos.

Los cuatro proyectos ya se encuentran en la Comisión de Economía, a la espera de ser debatidos. Sin embargo, no fueron incluidos en la agenda del 18 de marzo ni en la del 1 de abril.

Anteriores

Hasta hoy, el Congreso aprobó ocho retiros extraordinarios de las AFP. Estas medidas iniciaron en 2020, inicialmente por la pandemia, y luego ante la desaceleración económica. En ese periodo, los afiliados pudieron disponer de hasta 4 UIT de sus fondos previsionales.

La postergación del proyecto minero Zafranal y la anulación de la licencia para iniciar la fase de explotación de Tía María podrían generar pérdidas de entre 18 mil y 20 mil millones de dólares para Arequipa. Además, podría ocurrir la eliminación de entre 3 mil y 5 mil empleos directos e indirectos.

Así lo advirtió el coordinador del Centro de Competitividad, Innovación y Promoción Empresarial (CCIPE) de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), Martín Quintanilla, quien explicó que ambas decisiones terminan convergiendo en un mismo efecto: el debilitamiento de la confianza empresarial y la reducción del dinamismo económico en Arequipa.

En el caso de Zafranal, precisó que no se trata de una cancelación, sino de una postergación del inicio de obras de construcción por parte de la empresa Teck Resources. Esta decisión fue adoptada en función del actual contexto político y social del Perú, que viene siendo evaluado por los inversionistas.

Detalló que este proyecto contempla una inversión cercana a los 2 mil millones de dólares, de los cuales alrededor del 30% ya habría sido ejecutado, lo que evidencia que la decisión no se da en una etapa inicial, sino en un proceso ya avanzado que ahora queda en pausa.

En contraste, señaló que en el caso de Tía María el Gobierno decidió anular la licencia que autorizaba el inicio de la fase de explotación, pese a que el proyecto ya contaba con el marco legal para avanzar, lo que incrementa la percepción de incertidumbre regulatoria.

“El problema es que esto da una mala imagen a nuestro país, porque los cambios de reglas permanentes generan desconfianza en los inversionistas extranjeros para seguir apostando por el Perú”, sostuvo el especialista.

FACTORES

En esa línea, advirtió que la falta de predictibilidad en las decisiones del Estado y la inestabilidad política están llevando a que empresas evalúen redirigir sus inversiones hacia países con mayor estabilidad y reglas claras, afectando la competitividad del Perú en el sector minero.

“A eso se suma la presencia de paradigmas en nuestra sociedad, que muchas veces se instalan y terminan influyendo en las decisiones públicas, frenando proyectos que podrían generar desarrollo. Estos paradigmas, al final, afectan no solo la inversión extranjera, sino también el comercio internacional y la posibilidad de que el país siga creciendo de manera sostenida”, agregó.

IMPACTO ECONÓMICO

Respecto al impacto económico, Quintanilla indicó que la ejecución de Tía María estaba prevista como uno de los principales motores del crecimiento, con un aporte estimado de 0,5% al Producto Bruto Interno (PBI), cifra que ahora dejaría de concretarse.

A nivel regional, explicó que la minería genera un fuerte “efecto arrastre”, dinamizando sectores como transporte, metalmecánica, servicios, comercio y logística, por lo que su paralización afecta no solo a la inversión directa, sino a toda la cadena productiva. En ese sentido, advirtió que los efectos.

NUEVAS AUTORIDADES DEBEN ASUMIR ROLES

El especialista señaló que las próximas autoridades deben priorizar tres acciones clave: recuperar la estabilidad jurídica, garantizar reglas claras y previsibles para la inversión y promover una mejor articulación con las comunidades para asegurar la licencia social de los proyectos.

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El Minem informó que tras la notificación respectiva, el expediente será devuelto a la Dirección General de Minería, que emitirá un nuevo pronunciamiento en estricto cumplimiento de las pautas establecidas por el CMP.

Al respecto, el ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), Carlos Gálvez, dijo que la reacción del Gobierno es una cuestión de incapacidad de la administración pública y temores infundados.

Señaló que el Minem se enreda al indicar que la construcción (en Tía María) sigue adelante, que solo se trata de levantar una observación de un depósito de material. “Esto habla de las malas formas porque no había necesidad de cancelar la autorización de explotación, solo informar y esperar el tiempo prudente para que la levanten”, precisó.

Manifestó a Correo que la falta de capacidad para manejar el problema solo manda muy malas señales al mercado inversor porque muestra a Perú como un país que da permiso y luego lo quita. “Están diciendo que en Perú no hay estabilidad jurídica”, anotó.

Inversión

El Minem precisó que la medida no da por concluido ningún procedimiento administrativo, “sino que solo implica la reevaluación técnica del expediente dentro del marco legal correspondiente”.

Sin embargo, a pesar de anular la autorización de explotación, el Gobierno dice estar dando todas las certidumbres a las inversiones mineras privadas en el territorio nacional.

Al 31 de diciembre del 2025, Southern Perú comprometió $ 790 millones para diferentes actividades en el desarrollo del proyecto de Tía María, ubicado en el valle de El Tambo, en Arequipa.

La inversión total para poner en operación Tía María sería de unos $ 2,000 millones.

Rápido

Al respecto, la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, precisó en RPP que el Minem tendrá una “actuación muy rápida” en la revisión del expediente de la operación minera.

Refirió que mediante esa revisión se pide validar todos los requisitos que exige la norma para otorgar la autorización se hayan cumplido.

“Dentro de esos requisitos que el CMP señala en su resolución, están los referidos a la absolución de una observación sobre la presentación de planos del diseño del depósito de desmonte y del cronograma de ejecución de actividades”, manifestó.