De lo que se desprendería que existe una inclinación a realizar gastos sin control de cara a tentar a permanecer en un gobierno regional o gobierno municipal.

En esa línea, la Contraloría General identificó a diez gobiernos regionales que no incorporan en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 los recursos mínimos exigidos para que el Consejo Regional fiscalice su gestión. Están Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto y Madre de Dios.

Explicó que, según la normativa vigente, los gobiernos regionales deben destinar al Consejo Regional como mínimo el 1% del presupuesto asignado para gastos y servicios de los recursos ordinarios, “con la finalidad de que cuenten con la capacidad logística y el apoyo profesional necesario para el ejercicio de sus funciones de fiscalización”.

Incumplen

Sin embargo, al 15 de junio del 2026, advierte el órgano de control interno, no vienen cumpliendo con esa obligación legal.

Según los informes de control, los diez gobiernos regionales debieron destinar como mínimo para las actividades de fiscalización de sus consejos regionales un total de S/ 12,406 295, no obstante, se verificó que solo habían asignado S/ 6,646 197.

Es decir, asignaron el 53.6 % (en promedio) de lo que corresponde de acuerdo con la Ley n.° 31812.

La Contraloría General ha comunicado a los titulares de los gobiernos regionales los resultados del servicio de control para que adopten oportunamente las medidas preventivas y correctivas a n de no limitar presupuestalmente la función fiscalizadora del Consejo Regional.

El trabajo de control lo realizó entre el 1 de enero al 21 de mayo 2026. La Contraloría advierte que de no asignarse los recursos existe el riesgo de limitar su función fiscalizadora de los consejeros regionales.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su “más enérgico rechazo” a las declaraciones que plantean desconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial y califican el proceso electoral como un supuesto “fraude en desarrollo” sin presentar pruebas.

A través de un comunicado difundido este 24 de junio, el gremio empresarial cuestionó los pronunciamientos realizados tras conocerse los resultados preliminares de los comicios y defendió la necesidad de respetar las decisiones de los organismos electorales.

“Al igual que hicimos el 2021, demandamos a las organizaciones políticas a reconocer los resultados electorales”, señala el pronunciamiento.

COMUNICADO: EXIGIMOS RESPETO A LA DEMOCRACIA

El Perú necesita respeto a los resultados electorales y una transición ordenada. pic.twitter.com/UJ2qhhzpCG

— CONFIEP (@CONFIEP) June 24, 2026

Confiep advierte riesgos para la institucionalidad democrática

La organización sostuvo que las acusaciones sin sustento no contribuyen a fortalecer la transparencia electoral ni la confianza ciudadana.

Por el contrario, afirmó que este tipo de discursos generan incertidumbre, debilitan la institucionalidad democrática y favorecen la prolongación innecesaria del proceso de proclamación oficial de resultados.

La Confiep remarcó además que el Perú requiere una transición ordenada y respeto a la voluntad expresada en las urnas para garantizar la estabilidad política y económica.

Gremio empresarial alerta sobre desafíos urgentes para el país

En el documento, la institución señaló que el actual contexto político resulta especialmente preocupante debido a los desafíos que enfrenta el país.

Entre ellos mencionó el inminente Fenómeno El Niño, la crisis de inseguridad ciudadana y diversos retos económicos y sociales que demandan respuestas inmediatas por parte del próximo gobierno.

Según indicó, estos desafíos requieren una administración con plena legitimidad y capacidad de acción desde el primer día de gestión.

Recuerdan posición asumida durante las elecciones de 2021

La Confiep recordó que mantuvo una postura similar durante el proceso electoral de 2021, cuando también exhortó a respetar los resultados emitidos por las autoridades electorales.

Finalmente, el gremio ratificó su respaldo a la institucionalidad democrática y pidió a todas las fuerzas políticas actuar con responsabilidad frente a los retos que enfrenta el país.

“La Confiep ratifica su respaldo irrestricto a la institucionalidad democrática del país y a una transición de gobierno ordenada y oportuna”, concluye el comunicado.

El informe de auditoría concluye que ProInversión validó, tramitó y suscribió un contrato de inversión para que la empresa pueda acogerse al RERA pese a que los representantes de Terminales Portuarios Chancay S.A. (hoy Cosco Shipping Ports Chancay Perú) no tenían el poder que acreditaba su capacidad legal para suscribir el documento, requisito exigido por la norma vigente, según El Comercio.

Posterior al aval de Proinversión se suscribieron cinco adendas al contrato, precisó el citado diario.

Tomando en consideración lo anterior, la Contraloría recomendó iniciar acciones civiles, trasladar hallazgos a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y determinar eventuales responsabilidades administrativas (en este caso Proinversión).

APN y MTC

El órgano de control también recomendó promover acciones penales por presuntas irregularidades relacionadas con autorizaciones y controles durante la construcción y puesta en marcha del terminal.

En ese sentido, la Contraloría realizó auditorías de cumplimiento a la participación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y a la del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encontrando observaciones en la aprobación de permisos del puerto, cambios en el trazado del túnel.

Así, concluye también que la APN aprobó el expediente técnico y otorgó habilitaciones portuarias para el proyecto pese a que existían discrepancias entre el expediente y la certificación ambiental vigente respecto al trazo del túnel.

Además, concluye que el MTC no realizó una evaluación técnica integral de la información obtenida durante las acciones de supervisión ambiental relacionadas con la variación del trazo del túnel, la suspensión del trasvase de arena y el mantenimiento correctivo de los geotubos (retienen elementos sólidos y filtran líquidos).

Según el informe, ello restringió el ejercicio oportuno de la potestad sancionadora frente a presuntos incumplimientos de obligaciones ambientales.