El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que la política constituye la hoja de ruta de la actual gestión y está estructurada en cinco ejes prioritarios, orientados a reducir brechas sociales, garantizar derechos fundamentales y fortalecer la capacidad del Estado.

El primer eje busca reducir la inseguridad ciudadana, mediante acciones contra los delitos violentos, la extorsión y el crimen organizado, además de fortalecer el acceso a la justicia y recuperar el control de zonas afectadas por economías ilegales.

El segundo eje está enfocado en reducir la vulnerabilidad frente a desastres y al cambio climático. Para ello, plantea mejorar el ordenamiento territorial, fortalecer la respuesta ante emergencias y promover la adaptación de las ciudades, los ecosistemas y las actividades productivas.

El tercer eje apunta al desarrollo integral de las personas, con medidas para mejorar los servicios de salud y educación, fortalecer las capacidades laborales, garantizar la seguridad alimentaria, ampliar el acceso a servicios básicos y reducir el trabajo infantil.

El cuarto eje busca elevar la productividad y promover el empleo formal, mediante el impulso a las micro y pequeñas empresas, mayor seguridad jurídica para las inversiones, reducción de brechas de conectividad y fortalecimiento del comercio exterior.

Finalmente, el quinto eje plantea consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho, fortaleciendo las instituciones, la rendición de cuentas, la coordinación entre entidades y el diálogo con la sociedad civil y el sector privado.

La política fue presentada previamente por Galarreta ante la Cámara de Diputados, el pasado 20 de agosto. En esa oportunidad, el jefe del Gabinete sostuvo que el Gobierno busca impulsar reformas para construir un Estado más eficiente y al servicio de la ciudadanía.

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La encuesta, que se realizó en la segunda quincena de agosto a una muestra representativa de empresas de los diversos sectores económicos del país, así como a instituciones financieras y analistas económicos, muestra que siete de los 12 indicadores de expectativas empresariales retrocedieron, pero se mantienen en el tramo optimista, por encima de los 50 puntos.

Los indicadores de expectativas sobre la economía a tres y doce meses fueron los que registraron las mayores caídas, pero están arriba de los 57 puntos, considerando que el tramo optimista es a partir de 50.

Moderado

Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó a Correo que en las expectativas a 3 y 12 meses, “se puede pensar que hay una corrección respecto de julio, cuando fueron bastante altas en torno al gobierno entrante. Ahora, esas expectativas se han moderado pero continúan siendo positivas”.

Además, a 3 y 12 meses se sentirá el impacto más fuerte del Fenómeno El Niño, “entonces es razonable pensar que las expectativas de la economías y del sector sean menores”.

Refirió que es importante reconocer que los indicadores siguen, en su mayoría, por encima de su nivel promedio de la primera mitad del año. “Entonces, las expectativas están mejor que lo que eran durante la campaña electoral”, anotó.

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El funcionario señaló en RPP que los documentos de la operación se encuentran en la etapa final y serán formalizados ante notario, tras lo cual los recursos serán canalizados a la petrolera estatal mediante Petroperú Invest.

Del Carpio explicó que este primer tramo será financiado por dos bancos internacionales, mientras que para completar el objetivo de obtener hasta US$2.000 millones se contempla la participación de hasta cuatro entidades financieras.

Según indicó, varios acreedores han mostrado interés en el proceso, cuyo propósito es fortalecer la situación financiera de Petroperú.

El presidente de ProInversión estimó que la empresa podría dejar de requerir recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en los próximos dos o tres meses, dependiendo del avance del financiamiento y de su proceso de reestructuración.

Asimismo, descartó que el plan contemple la venta de bloques patrimoniales de Petroperú, como la Refinería de Talara.

Explicó que la propuesta busca incorporar gestión privada y nuevos socios que aporten capital y participen en la administración de la empresa estatal.

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Señaló que el país mantiene condiciones que le permite aumentar el gasto público mientras avanza en un proceso de consolidación fiscal. Destacó que la economía podría crecer 4% este año, pero por El Niño sería 3.4%.

En su exposición, Cuba precisó que del monto total presupuestado para el 2027, más de S/ 112,000 millones serán para pagar sueldos y pensiones (42%). En 2026 fueron S/ 110,400 millones.

Además, indicó que se estima destinar S/ 5,000 millones para hacer frente los embates de El Niño, un 0.5% del Producto Bruto Interno (PBI). El gobierno nacional recibiría S/2.023 millones

A nivel de instituciones, la Autoridad Nacional de Infraestructura recibiría el mayor monto del presupuesto (S/ 1,047 millones), seguida del Instituto Nacional de Defensa Civil (S/ 413 millones).

Recaudación

Cuba afirmó también la necesidad de ordenar los gastos tributarios, estableciendo discusiones “caso por caso”.

Según Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, los gastos tributarios suman S/ 27,697 millones.

Precisó que la exoneración tributaria más importante es la del IGV a los productos agrícolas, recomendando al Congreso presentar propuestas para cambiarla, pero con la que no está de acuerdo.

El segundo beneficio tributario de mayor peso es la inafectación del Impuesto a la Renta (IR) de la CTS, cuyo gasto se estima en S/ 2,065 millones anuales.

También está la exoneración del IGV en la Amazonía, con un gasto estimado de S/ 3,992 millones cada año.

Explicó que se trabaja en las evaluaciones necesarias para definir las condiciones para su potencial desarrollo. Sin embargo, no precisó la fecha de entrada en producción de Coroccohuayco ni una estimación específica de producción asociada al proyecto.

Rivera señaló que Coroccohuayco es una oportunidad de crecimiento relevante para la provincia de Espinar y para el país. El prospecto minero está a siete kilómetros de Antapaccay (subsidiaria de Glencore) y cuando empiece a operar, el mineral será transportado a la planta concentradora que ya existe en la zona.

Hace un año y medio, la compañía estimaba que con Coroccohuayco la producción minera en la zona se ampliaría 20 años. Sin embargo, el ejecutivo de Glencore señaló ahora que “de concretarse, el proyecto tendría el potencial de extender la actividad minera en Espinar, por más de 25 años.

Se estima que la inversión para poner en marcha el proyecto es de alrededor de $ 1,800 millones.

Meta

Rivera también indicó que Glencore tiene una estrategia de crecimiento estructural en cobre a nivel global, por lo que esperan superar el millón de toneladas de producción anual hacia finales de 2028 y alcanzar aproximadamente 1,6 millones de toneladas hacia 2035.

“Tanto Coroccohuayco como Quechua forman parte de oportunidades de crecimiento de largo plazo que se encuentran sujetas a sus respectivos procesos de evaluación y desarrollo”, agregó.

En la misma línea, sostuvo que Glencore evalúa permanentemente oportunidades que puedan fortalecer su portafolio de cobre y generar valor de largo plazo.

“Perú es un país con un importante potencial cuprífero y forma parte de nuestra visión de crecimiento en la región. Sin embargo, no comentamos sobre activos específicos o potenciales transacciones mientras no exista información que haya sido anunciada públicamente”, anotó.

Actividad

Rivera, quien también es presidente del Mining Investment America (MIA) de Expomina, señaló que el objetivo de este foro trasciende lo protocolar para consolidarse como un espacio estratégico, diseñado para posicionar a las Américas como el destino más competitivo para el capital global.

“El MIA permitirá acercar las perspectivas del sector público, los inversionistas y la industria, y convertir ese diálogo en propuestas concretas. Desde el sector privado podemos aportar experiencia y propuestas técnicas orientadas a mejorar la competitividad, reducir ineficiencias y generar mayor predictibilidad para las inversiones”, detalló.

Añadió que también es importante que exista una coordinación permanente entre los distintos actores para identificar oportunidades de mejora en los procesos regulatorios y administrativos. “El objetivo no es flexibilizar los estándares, sino hacer más eficientes y previsibles los procesos, manteniendo los estándares que corresponden”, precisó.

Destacó que, entre las medidas planteadas por el Ejecutivo están el establecimiento de disposiciones para promover la inversión privada en exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos; optimizar los mecanismos contractuales; y simplificar los procedimientos administrativos vinculados a la cadena de valor de los hidrocarburos, incluyendo la petroquímica.

“Las facultades legislativas representan una posibilidad real para generar mejores condiciones para el desarrollo del sector. Necesitamos facilitar la exploración y producción, contar con mecanismos contractuales más eficientes y eliminar trabas que hoy retrasan la ejecución de proyectos”, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

Según el gremio, las medidas son especialmente relevantes frente a la necesidad de reponer las reservas de hidrocarburos del país y recuperar los niveles de inversión en exploración y producción.

La inversión anual en exploración pasó de $ 946 millones 700 mil (2012) a apenas $ 9.8 millones (2025), una reducción de 99%. Esta caída limita la posibilidad de descubrir y desarrollar nuevas reservas y compromete la capacidad del país para sostener su producción de hidrocarburos en el largo plazo.

En ese contexto, señala la SPH, resulta fundamental tener un entorno regulatorio ágil, predecible y eficiente que permita acelerar el desarrollo de proyectos, manteniendo los estándares ambientales y sociales exigidos.

Masificación

El gremio precisó que la revisión del marco regulatorio debe considerar una visión integral de la cadena de valor de los hidrocarburos, que incluya el desarrollo de infraestructura, la revisión del régimen de regalías, la masificación del gas natural y el impulso de actividades con mayor valor agregado, como la petroquímica.

Sobre la industria de petroquímica, la SPH indicó que su desarrollo puede contribuir a industrializar los recursos de hidrocarburos, atraer nuevas inversiones y generar cadenas productivas y empleo especializado.

“Necesitamos aprovechar esta oportunidad para fortalecer la seguridad energética del país y generar las condiciones que permitan aprovechar nuestro potencial hidrocarburífero. Una regulación más eficiente y una visión integral de la cadena de valor pueden contribuir a que nuestros recursos se conviertan en mayor desarrollo y oportunidades para el país”, agregó Cantuarias.

La medida busca acelerar las intervenciones que requieren atención inmediata ante posibles lluvias intensas y otros eventos asociados a la anomalía climática.

Bajo este esquema, las empresas podrán adelantar recursos para financiar y ejecutar servicios que el Estado necesita implementar con rapidez. A cambio, recibirán certificados por el monto invertido, los cuales podrán ser utilizados para el pago de su Impuesto a la Renta. De esta manera, el Ejecutivo busca movilizar recursos privados y reducir los plazos que demandan los procedimientos tradicionales de contratación pública.

Aunque el Decreto de Urgencia aún no establece la lista definitiva de actividades que podrán acogerse a este mecanismo, entre las intervenciones consideradas figuran la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, además de otros trabajos destinados a reducir los riesgos ante lluvias intensas.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) había planteado previamente utilizar esta modalidad para incorporar al sector privado en las labores de prevención.

La nueva disposición también establece una modificación en el control previo de estas intervenciones. Las entidades públicas no tendrán que solicitar un informe previo de la Contraloría General de la República para ejecutar los servicios y las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) de emergencia bajo este régimen especial.

Sin embargo, la Contraloría mantendrá sus facultades de control simultáneo y posterior sobre las intervenciones.

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