Según el organismo, el ajuste responde a la actualización mensual de tarifas y está basado en indicadores económicos.

Se precisa que el alza en la tarifa del servicio de electricidad se realiza según la normativa vigente. El cálculo considera el Índice de Precios al por Mayor y el tipo de cambio. Además, se toman en cuenta los precios de combustibles.

Cabe precisar que las tarifas subirán 1.34% para usuarios domiciliarios; en tanto, para comercios e industrias 0.75%. El incremento aplica al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional que cubre gran parte del país.

Osinergmin informó que a pesar del incremento, la variación acumulada en lo que va del año es de -1.61% para usuarios residenciales. En sistemas eléctricos aislados, los incrementos alcanzan 10.72% para hogares y 12.37% para comercios e industrias.

¿Qué contempla la tarifa eléctrica?

La tarifa incluye costos de generación, transmisión y distribución. Estos forman parte del servicio. Además, se consideran contratos entre empresas eléctricas para garantizar el suministro. El cálculo incluye el Cargo Fijo y el Valor Agregado de Distribución.

En los dos años en que Petroperú operaría el lote, Perupetro haría el proceso para licitarlo, pero la petrolera no entregó información sobre la situación de los activos en el Z-69 (básicamente de las plataformas) por lo que hasta la fecha no se ha entregado la buena pro para su operación.

Por ello, ayer, Perupetro publicó un comunicado en el que cuestiona la falta de colaboración de Petroperú para sacar adelante el Z-69, indicando que la información también fue requerida a Proinversión, conforme el Decreto de Urgencia del 31 de diciembre 2025.

“La persistente ausencia de información impide completar la elaboración de las bases del proceso por convocatoria competitivo y atractivo para inversionistas interesados en operar el Lote Z-69”, precisó.

Riesgo

En noviembre 2025 venció el contrato temporal que asumió Petroperú para operar el Z-69, el que se amplió por seis meses.

“En mayo próximo vencerá el nuevo plazo y se corre el riesgo de que el lote quede sin operar porque ni Petroperú ha pedido una nueva ampliación ni se ha convocado a una nueva licitación”, explicó un vocero del sector.

Así, según el comunicado, ante la imposibilidad de seguir con una contratación mediante un proceso de licitación por la falta de información de los activos, condición indispensable para convocar a la licitación y, frente al próximo vencimiento del Contrato de Licencia, Perupetro pidió a Petroperú, conforme al contrato, realizar el cierre seguro de sus instalaciones para evitar contingencias ambientales y pasivos posteriores.

“Se ignora el problema del empleo y subempleo (por horas e ingresos), además de la inversión y seguridad”, señaló Germán Chávez, del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo (UCSP).

Refirió que, luego de un análisis de las propuestas electorales, se evidencian diagnósticos parciales y poco desarrollados sobre los factores que hoy condicionan la competitividad, la formalización del trabajo y el funcionamiento del Estado.

“La informalidad es un dolor, algo invisible que no se quiere ver y afecta al 65% de la población de regiones como Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac, Moquegua y Tacna. Sectores como minería y transporte registran una alta tasa de informalidad, mientras la industria presenta cifras por debajo del 40%”, estimó Chávez.

CENTRALISMO

El catedrático explicó que a esa omisión se suma la falta de propuestas concretas sobre descentralización, un factor que ya condiciona el desempeño económico del país, en un contexto donde la infraestructura, la conectividad y la integración productiva siguen siendo tratadas de forma tangencial en los planes de gobierno.

“Por ejemplo, Lima concentra el 45% del PBI, mientras que Arequipa apenas el 5.5%, pese a ser la segunda región en producción. Esta diferencia refleja no solo un problema de centralización nacional, sino también una débil articulación territorial que ni siquiera está siendo abordada en campaña”, señaló.

Manifestó que ese problema tiene una causa más profunda: la pérdida de institucionalidad, en el que el debilitamiento de las instituciones impacta directamente en la inversión, el empleo y la inseguridad, esta última elevando los costos para el país en S/30 mil millones al año.

Para Chávez, si las elecciones de 2026 mantienen fuera del debate estos tres frentes, el próximo gobierno seguirá operando bajo una lógica reactiva, enfocada en contener crisis sin intervenir en los factores estructurales que limitan la competitividad, el crecimiento y la gobernabilidad del país.

Al término de la sesión, los contratos de futuros para mayo retrocedieron 18,54 dólares, después de que el martes las amenazas de Trump a Teherán dispararan el precio del crudo hasta los 112,95 dólares.

El WTI bajó de la barrera de los 100 dólares el barril, en la que se había instalado los últimos días, poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que aceptaba un alto al fuego de dos semanas si Irán aprobaba la reapertura inmediata y total del estrecho de Ormuz, clave para buena parte del suministro mundial de petróleo.

Además, el mandatario aseguró que las negociaciones para un acuerdo de paz definitivo en Irán y en la región se encontraban “muy avanzadas”.

Poco después, el ministro iraní de Exteriores confirmó el pacto y dijo que será posible “el paso seguro” por el estrecho de Ormuz durante este periodo.

El tráfico en el paso, que mantenía bloqueado de facto la Guardia Revolucionaria iraní, se reanudó con cautela este miércoles.

“Se observan los primeros indicios de actividad marítima en el estrecho de Ormuz tras el anuncio del alto el fuego, que incluye la reapertura temporal de esta vía marítima estratégica para facilitar las negociaciones”, dijo en un comunicado publicado este miércoles la plataforma de monitoreo marítimo MarineTraffic.

Sin embargo, Irán anunció después que había interrumpido la navegación de los buques petroleros por la vía marítima de crudo y mercancías como respuesta a los masivos bombardeos sorpresa que Israel lanzó hoy contra el Líbano, según reportes de la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

La portavoz de la Casa Blanca calificó de “falsas” las informaciones y afirmó que habían observado “un repunte en el tráfico en el estrecho”.

La medida se oficializó mediante la Resolución SBS N.° 01015-2026, publicada en el Diario Oficial, y responde a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Esta actualización busca fortalecer los mecanismos de control en un sector considerado vulnerable al uso indebido para actividades ilícitas.

Norma incluye nuevas obligaciones para empresas del sector

La nueva regulación establece lineamientos claros sobre los principales componentes del sistema de prevención de lavado de activos.

Entre los aspectos regulados destacan:

• Verificación de antecedentes de directores, trabajadores y proveedores
• Programas de capacitación obligatoria
• Elaboración de manuales y códigos de prevención
• Designación de un oficial de cumplimiento y su alterno
• Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
• Presentación de informes anuales
• Auditorías internas obligatorias
• Medidas contra el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva

Estas disposiciones buscan reforzar los controles internos en las empresas supervisadas.

Regulación alcanza apuestas deportivas en línea

La resolución también modifica el reglamento de infracciones y sanciones en materia de lavado de activos para incorporar nuevas modalidades de juego.

Entre ellas se incluyen:

• Empresas que operan juegos a distancia
• Plataformas de apuestas deportivas en línea
• Salas de apuestas que utilizan internet

Con esta ampliación, se fortalece la capacidad sancionadora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) sobre las empresas bajo su supervisión.

Coordinación entre SBS y Mincetur

La SBS, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), es responsable de establecer la normativa de prevención del lavado de activos para estos sectores.

Por su parte, el Mincetur se encarga de supervisar el cumplimiento de las obligaciones y aplicar sanciones en caso de incumplimientos.

Esta coordinación busca mejorar la vigilancia sobre actividades económicas susceptibles de ser utilizadas para operaciones ilícitas.

Nueva norma reemplaza regulación vigente desde 2016

La normativa aprobada mediante la Resolución SBS N.° 01015-2026 reemplaza el marco legal anterior establecido en la Resolución SBS N.° 1695-2016.

Según la entidad, la actualización responde a la necesidad de modernizar el sistema de prevención frente al crecimiento de plataformas digitales y nuevas modalidades de juego.

El anuncio se realizó durante un evento organizado por Proinversión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Según lo informado, en las próximas semanas se publicará un decreto supremo que formalizará el inicio del proceso de desarrollo de ambos proyectos.

La inversión estimada para la ejecución de las dos líneas asciende a S/ 36 000 millones.

“Las Líneas 3 y 4 no solo transformarán el transporte en Lima, sino que también reflejan el compromiso del Estado con la mejora de la infraestructura urbana”, señaló Luis Del Carpio.

Línea 3 recorrerá 38 kilómetros de forma subterránea

La Línea 3 del Metro de Lima tendrá una extensión de 38 kilómetros, será totalmente subterránea y contará con 29 estaciones.

Esta línea tendrá capacidad para transportar hasta 2 millones de pasajeros diarios, convirtiéndose en uno de los ejes principales del transporte urbano.

El recorrido previsto iniciará en:

• El Álamo (Comas)
• Pasará por Caquetá
• Continuará hacia la Estación Central
• Seguirá por avenidas Arequipa, Benavides y Panamericana Sur
• Finalizará en Pedro Miotta (San Juan de Miraflores)

Este trayecto permitirá conectar distritos densamente poblados del norte y sur de Lima.

Línea 4 conectará 13 distritos y movilizará 600 mil usuarios

La Línea 4 del Metro de Lima recorrerá 13 distritos mediante 28 estaciones y tendrá una capacidad estimada de 600 mil pasajeros diarios.

El recorrido proyectado iniciará en:

• Mercado Santa Anita
• Seguirá por la avenida Javier Prado
• Continuará por la avenida La Marina
• Avanzará hasta la avenida Elmer Faucett
• Finalizará en el cruce con la avenida Gambetta

Este tramo facilitará la conexión entre Lima Metropolitana y el Callao.

Proyectos no figuran en el Plan Nacional de Infraestructura

Pese a ser considerados prioritarios, las Líneas 3 y 4 fueron excluidas del Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026–2031, lo que generó interrogantes sobre su ejecución.

Al respecto, el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández, explicó que esta decisión responde a la complejidad financiera de los proyectos.

Indicó que el PNI solo incluye iniciativas que cuentan con un modelo definido de financiamiento y capacidad de endeudamiento.

“Las Líneas 3 y 4 son proyectos mucho más complejos que necesitan un modelo especial de estructuración financiera”, declaró Hernández en entrevista con RPP.

Ejecución podría extenderse hasta por una década

Según las estimaciones preliminares, ambos proyectos podrían ejecutarse en paralelo durante un periodo aproximado de 9 a 10 años.

Se prevé que:

• La Línea 3 se ejecute en un plazo de 4 a 5 años
• La Línea 4 requiera aproximadamente 6 años para su culminación

Estas obras forman parte de la estrategia estatal para modernizar el sistema de transporte urbano en Lima y Callao.

El documento fija las bases operativas y normativas para el desarrollo del terminal portuario, y establece lineamientos clave para fortalecer su rol estratégico a nivel nacional.

El plan aprobado define lineamientos para el desarrollo integral del puerto de Chancay y orienta la planificación y ejecución de iniciativas vinculadas a su crecimiento.

Dicha medida fue adoptada durante una sesión del Consejo Directivo de la entidad, encabezada por Luis Arroyo.

El plan posiciona al puerto de Chancay como un eje clave de desarrollo, integrando aspectos económicos, sociales y territoriales.

En la misma sesión, se dio luz verde al reglamento interno del Consejo Directivo, que establece las normas para la organización y funcionamiento de la entidad.

El reglamento define las atribuciones del órgano directivo y establece los procedimientos para la toma de decisiones.

Esta normativa tiene el fin de optimizar la gestión institucional, lo que permitirá una ejecución más eficiente de sus objetivos.