Frente a ese situación, según dijo a RPP, deberá replantear rápidamente sus prioridades de gasto y una primera medida será evaluar la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra leyes de alto impacto fiscal

Señaló que el gobierno entrante también deberá revisar sus promesas incluidas en el plan de gobierno, tendrá que priorizar el presupuesto porque simplemente no existe espacio fiscal.

Obligaciones

Segura refirió que el Gobierno encontrará obligaciones que atender y para las cuales carece de financiamiento.

Dijo que el crédito suplementario de S/ 9,695 millones, el mayor de la historia y equivale a casi un punto del PBI, busca cubrir parte de los compromisos aprobados en los últimos meses, pero es insuficiente, se necesitan muchos recursos.

Explicó que el desembalse financiero ha sido generado por la aprobación de numerosas leyes que incrementan el gasto público sin establecer fuentes de financiamiento.

El economista señaló que varias de esas normas están vigentes y constituyen obligaciones que el Estado debe cumplir, pese a que no fueron incorporadas a tiempo en el presupuesto.

Entre ellas están el pago de CTS y gratificaciones a los trabajadores que están bajo el régimen de Contratación Administrativo de Servicios (CAS), cuyo costo supera los S/ 3,000 millones anuales y el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene presupuesto para pagar.

En ese sentido, cabe recordar que el MEF planteó a la Comisión de Presupuesto del Congreso hacer el pago gradual de los beneficios a los trabajadores CAS porque el fisco no tiene recursos, pero fue rechazado.

Segura también alertó que el Estado necesitará generar recursos para atender a El Niño porque el crédito suplementario no prevé partidas significativas para enfrentarlo.

Del total de asegurados, el 63.3% depende del Seguro Integral de Salud (SIS), que refleja la alta demanda sobre el sistema público y la necesidad de iniciativas complementarias impulsadas por el sector privado.

Al respecto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que en Perú, nueve de cada diez pacientes que se atienden en un centro de salud publica se ven obligados a comprar sus medicamentos en boticas y farmacias. Es así, que el 87% de los que se atienden bajo el SIS y el 92% de los pacientes de EsSalud acuden a establecimientos privados.

Privado

Es así que las empresas farmacéuticas están incrementando su participación en programas de acceso a medicamentos y prevención, estrategia que además de generar impacto social contribuye a reducir barreras económicas para miles de familias.

Una de ellas es Laboratorios Bagó del Perú, que está consolidando una gestión sostenible orientada a su Visión 2032: “Impulsamos un futuro más sano en todo, de valor compartido, innovación sostenible y liderazgo consciente”.

“La sostenibilidad en el acceso a la salud se expresa en hechos concretos y la empresa impulsa el programa de Apoyo al Paciente Contactum, que ha facilitado tratamientos gratuitos a 32,700 pacientes, contribuyendo a la continuidad terapéutica de quienes enfrentan limitaciones económicas para sostener sus tratamientos”, explicó Lucero Vergara Persivale, gerenta general de Bagó del Perú

En esa línea, refirió que también la educación en salud forma parte de ese propósito y el laboratorio llegó a 8.4 millones de personas con contenidos orientados a promover prevención, cuidado y bienestar, acercando información clara y confiable a la comunidad.