¿Es determinante la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la trazabilidad de la minería ilegal?

Hay una coordinación bastante estrecha con la Policía Nacional y con el Ministerio Público. El tema de la minería ilegal en concreto es un tema del marco legal que todos lo conocemos. El proceso de formalización que no culmina, que se prolonga. Diría que hay muy buena coordinación, especialmente con la Policía Nacional. Se han desarrollado canales de intercambio de información muy interesantes que han dado resultado para algunos casos.

¿Es mínimo el resultado contra la minería ilegal?

Lo que pasa es que, como le digo, la minería ilegal es un tema muy particular porque si bien es cierto desde el 2012 se tipificó como delito a la minería ilegal, en la práctica también se inició un proceso de formalización que tendría que haber durado cierto tiempo y hasta ahora no termina. Esto creó la figura que todos conocemos: el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) que se sigue prorrogando, generando mucha dificultad para definir, desde el punto de vista legal, qué cosa es un minero ilegal. Esto genera dificultad a la hora de perseguir la actividad desde el punto de vista policial o fiscal.

Mueve millones...

Sí, mueve fuertes sumas. Desde hace un tiempo en Perú, viendo información relacionada, la minería ilegal produce más dinero que el tráfico ilícito de drogas, lo ha superado. Es una data que aparece de todos los informes que recibimos.

De otro lado, ¿se sabe del ingreso de nuevos actores al sistema financiero?

Tenemos más de diez solicitudes en trámite de nuevas licencias. Uno es Revolut (neobanco y empresa de tecnología financiera británico que funciona 100% digital mediante una aplicación móvil), que permitirá una mayor competencia. Hay otro banco y una financiera también. Hay solicitudes de autorización para empresas emisoras de dinero electrónico, para empresas de préstamo de dinero y tres solicitudes para empresas de seguros. Algunos entran para dedicarse a productos muy específicos, como atender solo a los corporativos, solo a empresas grandes, no va a prestar a personas. Revolut se enfocará al público masivo, de consumo, sí tendrá un efecto en ese tipo de mercado. Cuando un banco obtiene licencia para hacer muchas cosas, no siempre hace de todo.

Cofide anunció que se facilitarán créditos a 60 años...

Me parece una excelente noticia. Es algo que veníamos conversando con la Federación de Cajas Municipales y con Cofide, pero había que hacer ajustes en la regulación para mover créditos subordinados, que se computarán como capital de primer nivel, para que Cofide compre los bonos que emitirán las cajas a fin de tener fondos para atender créditos, principalmente a las mypes. Como Cofide asume el riesgo, establecerá algunas condiciones a las cajas, como la clasificación de riesgo o gobiernos corporativos, para entregar créditos. Dependerá de las microfinancieras cómo y a quien prestarán los recursos que obtengan (con los bonos).

Las cajas conocen mejor a sus clientes, ¿podrán ampliar su cobertura de atención?

Es lo que se quiere. Las cajas tienen una especialidad en el tipo de cliente con el que trabaja. Es cierto que no solo atienden en sus regiones sino que se han extendido a otras, pero tienen un elemento de identificación regional y de conocimiento de sus clientes que les permite llegar más directamente a ellos. Que más mypes puedan financiarse dependerá del análisis de riesgo de cada una de las microfinancieras y de cada uno de los créditos que entreguen.

Los 12 índices que toma en cuenta la referida encuesta registraron resultados negativos aunque 11 se mantienen en el tramo optimista (por encima de los 50 puntos).

Las expectativas empresariales sobre la economía a tres meses registraron la más fuerte contracción porque pasó de 52 a 44.6 puntos (tramo pesimista).

En tanto, las expectativas de inversión, tanto a tres como a doce meses, se contrajeron en aproximadamente 5 puntos, pero ambos aún están sobre el rango optimista.

Precios

De otro lado, respecto de las expectativas a tres meses de precios promedio, según la encuesta del BCR, el de los insumos (para fabricar un sinnúmero de productos) se incrementó en 0.63% entre marzo y abril, pasando de 64 a 66.7%.

En tanto, las expectativas de los precios promedio de venta se incrementaron en 0.59%, pasando de 59.6% de marzo a 61.8% en abril.

Sobre la expectativa de tipo de cambio (el frente al dólar, principalmente) a 12 meses, para el promedio de analistas económicos y del sistema financiero, pasó de S/ 3.39 en marzo a S/ 3.44 por dólar en abril.

El dólar cerró el viernes 08 de mayo con caída semanal de 2.28% frente al sol, se cotizó en S/ 3.437, nivel no observado desde hace más de dos semanas.

“La menor incertidumbre electoral y el repunte en los precios de los metales favoreció una mayor oferta de dólares en el mercado cambiario”, dijo Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

El TC hizo eco de la demanda de Mónica Jimena Burga Fernández contra Magistrados de la Primera Sala Civil de Lambayeque y el MEF, pidiendo hacer los pagos, y otorgó al MEF (enero 2026) un plazo de 60 días, que venció el último 5 de mayo.

Suárez indicó que “encontrándose el expediente aún en sede del TC”, informó la imposibilidad material de cumplir el mandato contenido en la sentencia, en 60 días.

Por ello, pidió “se sirvan disponer” que el plazo de cumplimiento “pueda ser adecuadamente modulado en etapa de ejecución por el juez competente, o bien precisar un plazo razonable adicional”.

Dificultad

Así, refirió que se encuentra impedida de acudir ante el juez de ejecución, pese a encontrarse en curso el plazo fijado en la sentencia, que genera un riesgo cierto de incurrir en un incumplimiento no imputable.

Por ello, solicitó de forma excepcional y preventiva, un mayor plazo “en resguardo de los principios de buena fe procesal, de colaboración con la justicia constitucional”.

Al respecto, el asesor legal de la Asociación de Bonistas de Deuda Agraria, Mario Seoane, recordó que el TC ya había dispuesto en 2013, el pago a los bonistas, pero el MEF debía hacer el cálculo del valor de las tierras expropiadas.

Pero la fórmula que aplicó el MEF arrojó cero soles, lo que fue declarado inconstitucional por el TC y le ordenó hacer una nueva fórmula, aplicando un valor actualizado de los bonos

El monto a pagar a cada bonista está sujeto al número de hectáreas expropiadas. El importe total a pagar sería de unos S/ 3,000 millones.