El modelo económico peruano necesita consolidarse a futuro para mejorar el bienestar del poblador medio y, sobre todo, el de menores recursos para evitar que sea caldo de cultivo del sector político que plantea políticas económicas trasnochadas que no han tenido resultados, como Venezuela, señaló el economista Juan José Marthans, ex jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En diálogo con Correo dijo que se necesita aplicar reformas estructurales bien diseñadas y bien ejecutadas, como el del sistema de pensiones y la descentralización.

¿Preocupan las propuestas de corte económico del señor Roberto Sánchez?

Las posibilidades de crecimiento del PIB y de su desempeño económico financiero para el 2026 y para los próximos cinco años van a depender mucho de la posibilidad de reforzar el modelo actual. Un segundo escenario es que si se modifica el modelo, tal como lo ha adelantado el señor Sánchez, las perspectivas para la economía peruana preocupan mucho porque no hay país en el mundo, ni en la región, que haya seguido la orientación política económica que promociona el señor Sánchez y que no haya fracasado. Es el estereotipo seguido por Maduro, Evo Morales, los Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador. Todos han conducido al descalabro económico, a la pérdida de bienestar de su gente y al empobrecimiento de su población.

Propone cambiar la Constitución...

El impacto será muy duro en la economía peruana. No creo que Perú crezca más en ese contexto y, con suerte, crecería 1% en el 2026. Para el quinquenio esperaría un crecimiento menor al 1% en promedio anual. Es decir, Perú retrocedería y dejaría de ser uno de los referentes de la buena macroeconomía de la región. Se retrocedería y, en menos de 12 meses, se perdería el grado de inversión (créditos se encarecerían). Hay que tener en cuenta que al señor Castillo le bastaron solo 18 meses para que nos degraden las tres calificadoras de riesgo y ya no somos BBB+, estamos en BBB. Con la propuesta del señor Sánchez pasaremos a BBB- en los próximos 12 meses.

Propuestas complicadas...

Apenan mucho ese tipo de propuestas. ¿Por qué las propone el señor Sánchez? Él sabe que está proponiendo alternativas de políticas económicas trasnochadas que no tendrán resultados. Su intencionalidad es política, llegar al poder, cambiar la Constitución y perennizarse en el poder, tal cual lo hicieron Chávez, Maduro, y Morales. Su propuesta económica está cargada de falsedad, de demagogia, de engaño a la clase popular y al electorado, no va generar bienestar, va generar pobreza.

Con un crecimiento de 1% de la economía será difícil bajar la pobreza...

No hay la menor duda que la pobreza aumentaría significativamente en el próximo quinquenio. Todas la economías de la región que han propuesto modificar la Constitución con un sesgo político y extremista, han tenido el mismo comportamiento: redujeron el nivel de la actividad económica, registraron inflación, incrementaron endeudamiento y licuaron inversión privada. En todos los casos la pobreza se ha deteriorado.

El modelo peruano...

Nadie niega que el modelo económico peruano necesita ser consolidado porque la buena macroeconomía no se ha traducido en mejorar el bienestar del poblador medio y, sobre todo, de los menores estratos socioeconómico. Hubo mejoras, pero no han sido lo suficientemente holgadas y es lo que genera el caldo de cultivo del sector político extremista del Perú, que plantea propuestas falaces y buscar el poder mediante el voto para perennizarse en el poder.

¿Qué hacer?

Se ha debido completar el modelo económico de Perú para generar el círculo virtuoso entre la buena macroeconomía y el bienestar. Se necesita aplicar reformas estructurales bien diseñadas y bien ejecutadas. Desde los años 90 no se ha aplicado reformas estructurales adecuadamente planteadas. Por ejemplo, el sistema de pensiones ha tenido muchas reformas en los últimos 30 años, pero en ningún caso se incorporó una característica estructural del mercado laboral: la informalidad. Otro ejemplo es la descentralización, tenemos 25 regiones, tenemos 1,800 gobiernos locales, pero ¿se puede pensar que en este contexto se desarrolle con eficiencia otra reforma de descentralización? La lógica lleva a la propuesta de macrorregiones, nunca se hizo.

¿Se necesita mejorar la descentralización?

Sí, porque se complica con el tema de rendición de cuentas. Los señores terminan sus gobiernos, terminan sus alcaldía y no le rinden cuenta a nadie. ¿Cómo se ha canalizado la descentralización en los últimos 30 años? Muy simple, cuando hay problemas políticos, el presidente de turno llama a los GORE (gobernadores regionales) y les amplia el presupuesto vía crédito suplementario, y regresan felices a sus regiones en un contexto de delincuencia, de corrupción, de escasa capacidad de gestión. Entonces, ¿cuál es el resultado final de la descentralización? Cero. Hay ex gobernadores regionales que están en la cárcel, como el de Cajamarca, el de Arequipa, el de Áncash. ¿Dónde está el exgobernador de Junín? Fugado.

¿Con un gobierno de Sánchez habrá “nuevos ricos” en las regiones?

Sin duda, habrá “nuevos ricos”, pero en función de la capacidad de acceso al gobierno, de la capacidad de vínculos con segmentos informales e ilegales, como la minería y tala ilegal, contrabando, narcotráfico, acompañado de un entorno de inseguridad creciente. Será muy malo para el pobre que ahora sufre extorsión y con un gobierno mal planteado, como el que sería el del señor Sánchez, la extorsión se triplicará. Hay necesidad de redefinir las reformas y ejecutarlas correctamente. Nadie ha querido plantearlas. Se tiene que buscar alguna alternativa y el grupo menos malo de propuestas que va a la segunda vuelta electoral podría plantearla y tener mayor posibilidad de éxito. Pero también vamos a tener que ser observadores de esa nueva administración. Por que si vamos tener cinco años más con reformas estructurales falaces, el descontento social se acentuará y se seguirá generando un caldo de cultivo para grupos de políticas extremistas ideologizadas.

¿Retrocedería la inversión privada?

Sin duda, se va licuar totalmente. Con la primera vuelta se empezó a observarse síntomas de este problema. Si en la segunda vuelta se reafirma la posición extremista desaparece la inversión privada o tiende a desaparecer. La agroexportación es una joya en materia de desarrollo y expansión económica, pero el señor Sánchez quiere destrozarla. En el sector minero quiere fortalecer al segmento ilegal y cambiarle las reglas de juego a la gran minería, romper la estabilidad jurídica, satanizar su desempeño. Perú se convertiría en tierra de nadie. Lamento mucho que se juegue de esta manera con las esperanzas y anhelos de gran parte de la población peruana, que es de menores ingresos.

¿Con Sánchez estaremos como Bolivia?

Se tendría una orientación a bolivianizar a la economía peruana, es gravísimo. Se pone en tela de juicio la permanencia de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, institución que es un pilar básico de la economía peruana ¿A cambio de qué? De poner directores a su medida para utilizar una parte sustancial de las Reservas Internacionales y desarrollar proyectos que encubren corrupción y robo. El problema no es quién va ser el ministro de Economía del señor Sánchez, el problema es cuántos días va durar, es el problema central. De otro lado, tenemos ministros de Economía que utilizan el brazo de la inversión pública para generar demanda y reactivar. Pero no han arreglado la ineficiencia de la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales. Entonces, se ha seguido dilapidando dinero público.

Entonces urgen cambios...

Para hacer eficiente la inversión pública hay que cambiar la capacidad de gobernanza de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. ¿Algún ministro de Economía hizo algo de esto? Nada. Nos han dado respuestas propias de muy corto plazo que no han solucionado la raíz de los problemas económicos del país y que en muchos casos han estado acompañados de cierto éxito en términos de crecimiento porque los precios internacionales de los comodities ayudaron. Hoy día tenemos buenos precios de los minerales, pero no se ha aprovechado bien porque se pone en tela de juicio el modelo y la Constitución.

Compleja situación, sin duda...

Quiero hacer un llamado al segmento poblacional más pobre de mi país, les quiero decir con toda honestidad que los están engañando, los están utilizando. No digo que las alternativas son perfectas, pero para evitar que las alternativas jueguen a las propuestas de reformas estructurales mal hechas, hay que buscar nuevos mecanismos para que se ejecuten y así la buena macroeconomía empiece a alimentar el bienestar de los más pobres. Esto tendrá que redefinirlo la alternativa de la posición extremista y del cambio de modelo económico, y tendrá que anunciarlo porque los ministros de Economía en Perú no han sido lo suficientemente capaces de orientar una política económica asociada a reformas estructurales. Lo que han hecho es jugar a la política económica bomberil: hay déficit fiscal, entonces más impuestos o disminuir el gasto, pero ninguno observa que el problema fiscal tiene un componente en los bajos ingresos tributarios, que está asociado a un problema estructural que es la informalidad y nadie propone una solución para la informalidad.

En los últimos ocho años, el sector Salud dejó de ejecutar inversión por unos S/ 9,000 millones, en Educación fueron unos S/ 18,000 millones, señaló Marthans y se pregunto si ¿esto es justo? Precisó que Perú no tiene problemas de recursos, tiene problemas de capacidad de gestión, de gobernanza, de honestidad para administrar los recursos públicos.

Juan José Marthans

• Ex jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
• Ex director del Banco Central de Reserva
• Director del Área Académica de Economía del PAD
• Economista de la Universidad de Lima
• Máster en Banca y Finanzas
• Máster en Política Financiera en el Instituto de Economía adscrito a la Universidad de Colorado (EE.UU.).

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 020-2026-EM, publicada este sábado en el boletín del diario El Peruano.

De manera paralela, se dio por concluida la designación de Carlos Alfredo Virgilio Niño Neira Ramos al frente de la entidad, agradeciéndosele por los servicios prestados durante su gestión entre enero y mayo de este año.

Bertarelli es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta con una maestría en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad de Piura.

Además, posee una amplia trayectoria en el sector público, especialmente en Petroperú, donde ocupó diversos cargos de alta dirección, entre ellos los de presidente del directorio y gerente general.

Las resoluciones fueron suscritas por el presidente de la República, José María Balcázar, y el ministro de Energía y Minas, Walter Ayasta.

Así lo advirtió el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señalando que, con información de la Sunat, el comercial bilateral entre ambos países, entre enero y marzo 2026, sumó $ 407 millones.

“Sin embargo, tomando como referencia mayo de 2025 el intercambio comercial ascendió a $ 138 millones, lo que sería el flujo mensual potencial afectado por retrasos, sobrecostos logísticos, reprogramaciones de entregas y eventuales incumplimientos contractuales”, precisó.

Entre los productos de exportación de Perú que están más afectados son las barras de hierro y acero, productos de limpieza, plásticos, fibras textiles, lubricantes, condimentos y otros bienes manufacturados.

Impacto

“Esa situación impacta no solo a los exportadores nacionales, sino también a distribuidores, industrias y comercios bolivianos que dependen del abastecimiento peruano”, explicó Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam.

En tanto, entre los producto importados de Bolivia, el de mayor riesgo es la soya y sus derivados (aceites y harinas), que en el primer trimestre 2026 sumaron unos $ 146 millones. Representa más del 53 % de las compras peruanas.

“La interrupción de esos flujos puede generar impactos en cadenas productivas vinculadas a alimentos balanceados, avicultura, porcicultura, aceites e industria alimentaria.

Fue durante su discurso en la ceremonia de clausura del SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería, que organizó el gremio minero energético.

Señaló que los emprendimientos de todo tamaño y las industrias de largo plazo como la minería y la energía no pueden desarrollarse en medio de la incertidumbre crónica. “Necesitamos estabilidad jurídica y una visión país que no varíe cada vez que cambiamos autoridades”, manifestó.

Refirió que sin las condiciones adecuadas el bienestar no llega a las personas, no se cierran brechas ni se reduce la pobreza.

Torreblanca destacó que las variables institucionales son cruciales de cara a la segunda vuelta electoral, periodo en el que el país necesita sumar esfuerzos para recuperar su capacidad de crecimiento mediante la confianza y la inversión.

“La historia nos ha enseñado que los recursos naturales por sí solos no contribuyen al desarrollo. Se necesitan instituciones fortalecidas y reglas predecibles y adecuadas para atraer las inversiones que requiere el país”, afirmó.

Ilegal

La presidenta de la SNMPE formuló un llamado de urgencia para exigir un freno definitivo al avance de la minería ilegal, actividad cuyo impacto trascendió lo ambiental para convertirse en una amenaza directa a la gobernabilidad y a la presencia del Estado en el territorio.

En ese sentido, instó a analizar las consecuencias reales de la informalidad sin rodeos para poder estructurar políticas públicas eficaces.

Al cierre de su intervención, recordó que la ventana de oportunidad actual en el mercado internacional no es permanente y que el país compite activamente por capitales, tecnología y personal calificado. Por ello, exhortó a los actores nacionales a actuar de manera conjunta para poner en valor los proyectos pendientes.

“Este Simposio nos recuerda que el reto es transformar esos recursos en infraestructura, empleo formal, mejores condiciones y oportunidades para más peruanos”, concluyó.

La intervención se realizó en el panel denominado “Financiando el Motor del Crecimiento del País”, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. En dicho espacio, Velarde abordó el impacto de la actividad minera en la economía nacional y las oportunidades que representan los proyectos aún pendientes de ejecución.

Destaca aporte de la minería al crecimiento económico

El titular del BCR, recordó que algunos de los periodos de mayor crecimiento registrados por el país estuvieron vinculados al desarrollo de grandes inversiones en el sector extractivo. Según explicó, la expansión de la producción minera tuvo efectos en diversos indicadores económicos y sociales.

“El boom que hemos tenido de inversión y crecimiento de producción minera entre 2005 y 2013 propició un crecimiento enorme. Tuvimos un crecimiento de 6.6 %, con reducción de pobreza, aumento de ingresos fiscales y crecimiento en otros sectores”, resaltó.

Potencial para incrementar la producción de cobre

Uno de los temas centrales de su exposición estuvo relacionado con las perspectivas de crecimiento de la industria cuprífera nacional. Velarde indicó que la cartera de inversiones mineras vigente ofrece un amplio margen para elevar la capacidad productiva del país.

De acuerdo con sus estimaciones, el Perú dispone de proyectos que permitirían incrementar considerablemente la extracción de cobre. Además, señaló que el volumen potencial de producción podría modificar la posición del país en el mercado internacional.

“Podríamos tener una potencia adicional de 3,250 mil toneladas rápidamente. Y podríamos realmente, si terminamos todos los proyectos, superar incluso a Chile en cuanto a producción de cobre. Pero para eso, obviamente, tenemos que tener una hoja de ruta para simplificar un montón de detalles”, comentó.

Asimismo, indicó que la inversión asociada a estos proyectos alcanza aproximadamente los 47 mil millones de dólares. A su juicio, la ejecución de esa cartera permitiría ampliar la producción nacional en más de tres millones de toneladas adicionales.

Advierte sobre exceso de trámites

Pese al potencial identificado, Velarde consideró que existen factores que dificultan el avance de nuevas inversiones. Entre ellos mencionó la complejidad de los procedimientos administrativos requeridos para el desarrollo de proyectos mineros y cuestionó la cantidad de entidades públicas involucradas en los procesos de autorización y supervisión.

“Participan 29 entidades públicas, 13 ministerios, nueve organismos técnicos y más de 200 procedimientos. Ha habido un crecimiento explosivo en la cantidad de trámites necesarios”, alertó.

Finalmente, señaló que la simplificación de estos procesos será determinante para aprovechar el contexto favorable que enfrenta el sector minero. Según indicó, la reducción de barreras administrativas permitiría acelerar inversiones que podrían tener un impacto importante en el crecimiento económico del país.

Al respecto, el especialista del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), César Ipenza, señaló que el nuevo presidente deberá entender la magnitud del problema, una economía ilícita que arrastra graves impactos ambientales y delitos conexos, y que opera con impunidad en varias regiones del país.

MEDIDAS URGENTES

Entre las medidas más urgentes, el Observatorio exige cerrar definitivamente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el cual se ha convertido en un escudo legal para mineros informales que siguieron extrayendo oro sin controles.

También plantea aplicar el principio de responsabilidad ambiental para que quienes operan en zonas prohibidas respondan penal y civilmente, tal como recomendó el Tribunal Constitucional el año pasado, aunque el gobierno actual no actuó al respecto.

Otras propuestas incluyen garantizar presupuesto para las fiscalías especializadas, que este año cuentan con cero soles; implementar medidas antisoborno en el Ministerio de Energía y Minas; aprobar una ley que prohíba el mercurio (metal que contamina ríos, suelos y poblaciones) para 2030. Asimismo, en la trazabilidad del oro, se busca activar el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA); y prohibir mediante decreto supremo la minería en ríos amazónicos.

Las propuestas están dirigidas a los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Según el Observatorio, ambos planes de gobierno presentan vacíos importantes: Fujimori no precisa cómo cerraría el REINFO ni cómo financiará una estrategia sostenida contra el crimen vinculado al oro ilegal; mientras que Sánchez propone cooperativas mineras y reducir plazos de caducidad de concesiones, sin abordar el problema de fondo.

Ante ello, Ipenza aseveró que “o ignoran la realidad del país y no entienden lo que implica esta actividad ilegal, por lo que no merecen gobernarnos; o están estrechamente vinculados a esa actividad y, por eso mismo, no la cuestionan ni plantean medidas concretas, reales y efectivas”, dijo.

En ese sentido, el OMI advierte que el próximo gobierno enfrentará una economía ilícita en el territorio nacional, que amenaza la seguridad de miles de peruanos y usa la corrupción como estrategia para operar.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI; al primer trimestre del 2026, la población económicamente activa (PEA) juvenil ascendió a 2 millones 831 mil personas, de las cuales cerca de 271 mil se encontraban desempleadas. Sin embargo, el problema va más allá del acceso al trabajo. La calidad del empleo es el punto crítico: más de la mitad de los jóvenes ocupados se encuentra en situación de subempleo, es decir, en trabajos precarios o con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas.

Las cifras reflejan esta precariedad. Mientras la tasa de desempleo juvenil bordea el 9.6%, casi el doble del promedio nacional, la informalidad alcanza el 85%, muy por encima del promedio nacional (un ya alto 70%). A ello se suma una brecha en ingresos: un joven gana en promedio S/1,232 mensuales, significativamente menos que el promedio nacional de S/1,925.

Las barreras de entrada también son claras. La falta de experiencia (47.7%) y la escasez de vacantes formales (21.9%) explican por qué miles de jóvenes no logran insertarse en el mercado laboral. Esta situación empuja a muchos hacia la informalidad o los deja fuera del sistema, reflejado en el 17% de jóvenes que no estudian ni trabajan (NINI) en 2025.

PROYECCIONES

Frente a este escenario, las propuestas de los partidos en segunda vuelta presentan enfoques distintos. Fuerza Popular apuesta por incentivos a la contratación y al emprendimiento juvenil, como subsidios a la seguridad social, capital semilla y programas de formación técnica desde la secundaria, además de facilitar la transición al empleo formal.

Por su parte, Juntos por el Perú ha ofertado propuestas en distintos sentidos.

Recientemente ofrecieron aumentar el sueldo mínimo a S/ 1,500 mensuales (un aumento de 33%). Esta propuesta genera especial preocupación, pues en lugar de beneficiar a los jóvenes incrementaría más bien las barreras a la formalidad a este grupo ya vulnerable.

También ofrecieron un bono de S/ 6,150 soles para capacitación, emprendimiento o un subsidio al empleador; sin embargo, más allá de decir que será para 100,000 jóvenes, no se ha dado mayor detalle sobre la viabilidad técnica o económica de esta propuesta. Promueven además un Estado más activo en la generación de empleo, esto podría tener serias limitaciones dado el espacio fiscal con el que contará el próximo gobierno.

UNA GENERACIÓN EN RIESGO

El 56,1% de los jóvenes ocupados está subempleado y solo el 33,6% tiene un empleo adecuado.

Esto refleja que el principal problema de este segmento poblacional no es solo conseguir trabajo, sino acceder a uno con ingresos y condiciones dignas. El próximo presidente tiene un gran desafío frente la juventud.

DATO

1,232 soles es el ingreso promedio mensual de los jóvenes al primer trimestre de 2026.