Según cifras de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), durante 2025 se registraron 477 denuncias relacionadas con incumplimientos en la inscripción y depósito de aportes al sistema de pensiones.

La omisión o retraso en estos pagos puede afectar el historial previsional de los afiliados y comprometer la construcción de un fondo adecuado para la jubilación.

La importancia de revisar periódicamente los aportes

Daphne Zagal, vicepresidenta de Legal, Cumplimiento y Riesgos de AFP Integra, señaló que muchos trabajadores suelen revisar únicamente su boleta de pago, sin verificar si los aportes descontados fueron efectivamente depositados en su cuenta previsional.

“Así como revisamos otros productos financieros, también es importante hacer seguimiento al estado de cuenta previsional. Detectar a tiempo cualquier inconsistencia permite actuar oportunamente y proteger el ahorro destinado a la jubilación”, indicó.

¿Qué hacer si detectas una irregularidad?

La especialista recomienda realizar un seguimiento constante del estado de cuenta y adoptar medidas inmediatas si se identifican diferencias entre los descuentos realizados y los aportes registrados.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Revisar el estado de cuenta

Consultar periódicamente los aportes registrados en la AFP permite verificar que los depósitos se estén efectuando correctamente.

Comparar con la boleta de pago

Es importante contrastar el descuento previsional consignado en la planilla con el monto efectivamente abonado al fondo de pensiones.

Solicitar información y presentar reclamos

Si se detecta una diferencia o falta de registro, se recomienda contactar inicialmente al empleador. De persistir el problema, el trabajador puede acudir a Sunafil, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) o solicitar orientación directamente a la AFP.

Hacer seguimiento al fondo

Mantenerse informado sobre la evolución del ahorro previsional ayuda a planificar mejor la jubilación y detectar cualquier irregularidad de manera oportuna.

Multas pueden superar los S/281 mil

La normativa laboral contempla sanciones económicas para las empresas que incumplen con el pago de aportes previsionales.

Según Sunafil, las multas varían de acuerdo con el tamaño de la empresa y pueden oscilar entre S/1.230,50 para microempresas y S/281.035,50 para grandes compañías.

Estas sanciones buscan garantizar el respeto de los derechos laborales y la protección de los recursos destinados a la jubilación de los trabajadores.

Hay mucha informalidad e ilegalidad, hay muchos “pepe el vivo” que no tributan.

La economía ilegal debemos atacarla, el sector informal es muy heterogéneo, el sector de subsistencia hay que trabajarlo a largo plazo y mejorar su productividad. Hay mucha gente, medianas empresas o profesionales independientes que no pagan impuestos. Es fácil hacer la fiscalización porque se ve que no se está pagando los impuestos respectivos. A la economía criminal hay que erradicarla, están la minería ilegal, el contrabando, la tala ilegal. La idea es qué hacer para atraerlos a la formalidad, es lo más importante. Para los pequeños hay que trabajar políticas a largo plazo, mejorar su productividad. Hay mucha gente que no paga impuestos, pero también va de la mano con los servicios que obtenemos del Estado y si no nos da buenos servicios, entonces mucha gente dice: ¿Para qué pago impuestos si no recibo casi nada del Estado?

¿Cuánto habrá ‘contribuido’ la minería ilegal en la evasión fiscal?

Las exportaciones auríferas ilegales o informales suman siete mil millones de dólares. Hemos hecho el cálculo y sería alrededor de quinientos millones de soles lo que deberían pagar. Ojo, hay que tener en cuenta que hace cinco años había minería ilegal, pero no en la magnitud que hay ahora. La idea es qué hacer para que pague impuestos esta nueva actividad que crece de forma desorganizada, teniendo efectos sociales, económicos y ambientales.

¿El Congreso ayudó al crecimiento de la minería ilegal?

Todo el Congreso ayudó a que aumente. Además, hicimos el cálculo y solo el 0.01% del Presupuesto de la República se destina a la formalización minera. Entonces, no solo es el Legislativo, también el Ejecutivo. Si se quiere hacer algo y no está en el presupuesto, no existe, por más que queramos formalizar. Estoy de acuerdo en que hay que cambiar el Reinfo por un sistema que no sea transitorio, pero falta recursos para hacerlo. El 0.01% de presupuesto no alcanza para formalizar 30 mil que quedan, si es que no son 80 mil porque piensan reincorporar a los 50 mil que sacaron.  Reducir recursos para la lucha contra la minería ilegal implica que no hay voluntad política.

Y el problema se agudiza...

Hay presión y no se da la importancia que se requiere, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, hay infiltraciones en ambos lados. Se ha visto que el Congreso cada vez ha tenido más presencia en el Ejecutivo. Si los congresistas venían con esa agenda, definitivamente es lo que se ha hecho en el Ejecutivo. Entonces el presupuesto es exiguo, no hay coordinación, no hay gente contratada que pueda ayudar a los mineros que realmente quieren ser formales porque hay quienes verdaderamente quieren serlo.

El nuevo Ejecutivo dispararía el gasto público.

Habrá que ver cuan infiltradas y cuan populistas están las fuerzas políticas del Congreso. Si seguimos así, vamos a tener un ajuste muy fuerte en el largo plazo, en el mediano plazo, y esto la población lo va a sufrir. No debemos seguir con esta feria populista. Tiene que cambiarse y se necesita llegar a acuerdo político, que alguien de peso lo plantee y que todos se adscriban a este acuerdo político para no generar mayores medidas populistas.

Se gasta mucho y es baja la recaudación tributaria...

Todos somos contribuyentes, tenemos que exigirle al Estado que se comporte de forma eficiente, tenemos que pedirle cuenta de qué cosas hace con nuestra plata. También hay que mejorar todo el tema de inversión pública porque hasta no se ha hecho una evaluación si ha redundado en el bienestar de la población. Si ayuda para el crecimiento, para dinamizar la economía, pero la idea de inversión es una mirada de largo plazo.

0.01

por ciento del Presupuesto es contra la minería ilegal.

15%

es la presión tributaria en Perú, considerada baja.

Carlos Casas Tragodara

Ex viceministro de Economía

Director Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico

Economista de la Universidad del Pacífico

M.A (Master of Arts in Economics) de la Universidad de Georgetown.

Pero, ayer tuvo un fuerte alza y cerró con una cotización de S/ 3.474, ganando 1.88% de valor con respecto al jueves.

Al respecto, el jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), Martín Valencia, explicó que ese resultado es principalmente por factores locales relacionados con la incertidumbre del resultado del balotaje que mañana ungirá al nuevo Presidente de la República.

Señaló a Correo que a nivel mundial, el dólar se ha fortalecido por mejores resultados en los Estados Unidos. “Hoy salió el reporte oficial de nuevos empleos de mayo, que se incrementaron casi el doble de las expectativas que tenía el mercado”, comentó.

En tanto, Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, precisó que el resultado en el mercado cambiario peruano respondió también a un fuerte fortalecimiento del dólar global, cuyo índice (DXY) avanzó (+0.65%) y reforzó las expectativas sobre la fortaleza de la economía de EE.UU. y elevó la demanda por la divisa norteamericana.

Bolsa

Con relación a la Bolsa de Valores de Limas (BVL) registró una fuerte caída en la jornada de ayer, pasando de 53,550.87 a 50,928.87 puntos y le significó una pérdida de casi 5%.

Ese comportamiento también tuvo factores locales e internacionales.

Ante la incertidumbre de los resultados del balotaje de mañana, en el mercado local, muchos inversionistas optaron por vender acciones, principalmente del sector financiero, minero y de consumo.

La BVL también reaccionó en línea con el mercado mundial, cuyo mayor referente, Wall Street, tuvo importante caída. El S&P 500 y el Nasdaq registraron fuerte retroceso por los resultados del mercado laboral en EE.UU.

Sin embargo, ese crecimiento enfrenta una preocupación cada vez más evidente: la reducción sostenida de la oferta de nuevos proyectos inmobiliarios, situación que podría traducirse en un incremento de los precios de las viviendas durante los próximos meses, advirtió Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 101, elaborado por este gremio empresarial.

Según el estudio, el lanzamiento de nuevos proyectos de vivienda se redujo en 16.5% durante el primer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior.

Las mayores caídas se registraron en Lima Top (-46.3%) y Lima Centro (-44.4%), mientras que Lima Moderna apenas logró un crecimiento de 3.4%.

Al cierre del primer trimestre 2026 habían 1.017 proyectos con oferta disponible en Lima Metropolitana, menor en 7.6% frente al primer trimestre de 2025 y de 2.6% con respecto al trimestre previo (octubre-noviembre-diciembre 2025).

Valdivia explicó que la combinación de una demanda sostenida y una menor incorporación de nuevos proyectos está generando señales de tensión en el mercado inmobiliario.

“Según el informe, Lima Top se encuentra actualmente por debajo de los niveles considerados de equilibrio entre oferta y ventas, mientras que Lima Moderna se acerca rápidamente a una situación similar”, precisó.

Restricciones

Valdivia refirió que de mantenerse esa tendencia, el mercado podría enfrentar una reducción de las ventas no por falta de interés de los compradores, sino por la insuficiente disponibilidad de viviendas nuevas, producto de restricciones urbanísticas y dificultades en la gestión del desarrollo inmobiliario.

Las ventas de viviendas siguen creciendo de forma significativa en todos los segmentos del mercado, particularmente en los segmentos Mivivienda y vivienda no social, desde el tercer trimestre de 2023.

El representante de Capeco señaló que el riesgo de una escasez de viviendas ya dejó de ser una posibilidad para convertirse en una realidad.

“Ya no es un riesgo. Es una realidad. Como hemos visto, hay menos oferta, sobre todo en Lima Top y también en Lima Moderna. Esto es una crónica de una contracción anunciada que veníamos advirtiendo desde hace varios años”, afirmó.

Explicó que parte de esa situación responde a cambios normativos que han restringido el desarrollo de determinados proyectos habitacionales, especialmente aquellos orientados a sectores medios que anteriormente calificaban dentro de la vivienda social.

Esas modificaciones, indicó, han generado contradicciones en la política habitacional, pues mientras se promueve una mayor participación de la banca privada en el financiamiento de viviendas, se limitan las condiciones que permitían desarrollar proyectos accesibles para jóvenes profesionales y familias de ingresos medios.

Por ello, también advirtió que las trabas municipales y las restricciones urbanísticas en diversos distritos de Lima están dificultando la incorporación de nueva oferta inmobiliaria.

“Esa situación termina expulsando a potenciales compradores hacia otros distritos y restringiendo las oportunidades de acceso a una vivienda cerca de sus centros de trabajo o de sus familias”, comentó.

Sostuvo que el minero que baja al río o entra al socavón es el actor más visible de la minería ilegal, pero también el más débil y el que menos gana. Detrás de él opera una cadena de financistas, autoridades aliadas, policías corruptos, compradores, plantas de beneficio y comunidades, donde el Estado controla poco o nada.

FINANCISTAS Y ALIADOS

Para que una mina ilegal opere, hay financistas o prestamistas, personas o redes que ponen el dinero, la maquinaria, el combustible, los explosivos y los campamentos. Estos “empresarios” muchas veces nunca pisan una mina, pero se quedan con la mayor parte de la producción.

Tienen como aliados a alcaldes, gobernadores y congresistas que ofrecen protección política, impulsan normas que flexibilizan la lucha contra la informalidad y frenan operativos.

Al respecto, el analista Iván Arenas señala que algunos congresistas ya representan a este tipo de minería. “Algunos gobiernos regionales también han sido los culpables de la informalidad, del fracaso del REINFO. Asimismo, en lugares donde hay minería informal, los alcaldes están coludidos y en algunos casos son hasta tenedores del registro”, afirmó.

POLICÍAS Y MILITARES EN LA CADENA

Miembros de la Policía y del Ejército también forman parte de la red, pues cobran cupos para permitir el paso de combustible, maquinaria o mineral, alertan sobre operativos, custodian convoyes y protegen rutas ilegales.

En Cusco, Puno y Lima habría policías involucrados en el robo de oro, mientras que en La Libertad han sido denunciados por liberar detenidos y hacer desaparecer mineral incautado. Según el medio Causa Justa, se les paga entre 10 000 y 50 000 soles por transportar minerales.

La cadena se completa con acopiadores locales, empresas exportadoras, intermediarios que “blanquean” mineral ilegal mezclándolo con producción formal y casas de compra que no verifican el origen. A nivel nacional, 304 plantas procesan minerales en 17 departamentos, muchas sin verificar la procedencia del mineral que reciben.

“Algunas reciben producción sin ningún tipo de fiscalización más allá del REINFO”, señaló Arenas.

Alrededor de esta actividad también operan redes dedicadas a la trata de personas, prostitución, extorsión, sicariato y lavado de dinero, así como proveedores de explosivos, traficantes de mercurio y empresas de transporte que completan el engranaje de una industria ilegal que mueve millones en el país.