El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Arroyo, afirmó que no se trata de un rescate como los realizados anteriormente. “Por primera vez, el financiamiento no vendrá del tesoro público, no se tocará un sol de los impuestos de todos los peruanos”, sostuvo.

Según el director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, el aval es para proteger la estabilidad energética del país frente a un contexto internacional marcado por el incremento del precio del petróleo, restricciones de liquidez y presiones financieras sobre la empresa estatal.

Para ese propósito, explicó en RPP, se está creando la empresa Sociedad de Propuesta Específica (SPE), como una subsidiaria de Petroperú, para que canalice y administre los 2,000 millones de dólares, pero bajo la supervisión de Proinversión.

Salvataje

Al respecto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, precisó que la deuda que asumirá Petroperú deberá ser cancelada dentro de siete años, pero que, inclusive, podría pagarse antes de 2033, porque se confía en que Petroperú mejorará su marcha.

En conferencia de prensa en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), manifestó que “se está asegurando que tenga los fondos suficientes para que pueda seguir operando. Pero no es un salvataje. Hemos establecido condiciones para el uso de esos recursos“.

Fue en alusión a los cuestionamiento que se le formula al Ejecutivo por entregar fondos sin límites a la petrolera estatal, cuya situación empresarial es de profunda crisis, pues carece de capital de trabajo y acumula deudas por más de 5,000 millones de dólares, principalmente por la ampliación y modernización de la refinería de Talara, que muy a pesar de la empresa no está dando los resultados que se esperaba: ser su motor.

“No son recursos de libre disponibilidad de Petroperú. Estaremos detrás de ellos, ProInversión, el Ministerio de Energía y Minas, además del Ministerio de Economía y Finanzas”, explicó.

Sobre el particular, el titular de la PCM, Luis Arroyo, señaló que Petroperú seguirá siendo una empresa estatal, pero su gestión debe cambiar para ser más sostenible.

“Este Gobierno de transición ha asumido un compromiso: no repetir los errores del pasado. Estamos garantizando el abastecimiento de combustible, protegiendo la estabilidad económica y, al mismo tiempo, cuidando el dinero de todos los peruanos”, afirmó.

Exclusivo

En ese sentido, el director ejecutivo de Proinversión señaló que la SPE cumplirá la función de fiduciario de los 2,000 millones de dólares que se destinarán, según el DU, específicamente como capital de trabajo de la petrolera estatal. Es decir, no deberá ser destinado para otros fines.

“La norma marca un punto de quiebre respecto a los modelos anteriores de financiamiento y representa una innovación financiera en la gestión de empresas públicas. Por primera vez, el esquema no contempla recursos del Tesoro Público ni el uso de impuestos de los peruanos para sostener la operación de la empresa”, precisó Del Carpio.

Agregó que de esa forma se deja atrás el modelo histórico de rescates fiscales y se reemplaza por financiamiento proveniente de banca privada internacional bajo supervisión técnica de Proinversión.

“Se habilitará una línea de financiamiento de hasta 2,000 millones de dólares provenientes de la banca internacional bajo un esquema de compromiso contingente. Se constituirá un vehículo de propósito especial (SPE) con un mecanismo de administración supervisada y una gobernanza técnica a cargo de Proinversión, que tiene la confianza de la banca internacional”, refirió.

De esa forma, prosiguió, aseguramos que los recursos (los 2,000 millones) se utilicen exclusivamente para garantizar la continuidad operativa de Petroperú, que en la actualidad tiene deudas por pagar por petróleo que ha recibido para refinar en Talara.

Garantía

Por su parte, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, consultado por Correo sobre el tema, precisó “que se procura mediante la norma dar mayor seguridad al uso de los recursos porque, efectivamente, un fideicomiso tiene legalmente la virtud de blindar su utilización y destinarlos para el uso para el cual se formuló la norma”.

“La norma es legal, requiere un cumplimiento, requiere mucha responsabilidad, pero una ley puede cambiar otra ley. Creo que también es positivo que no se ha dado una garantía explícita, pero obviamente al cabo de siete años (cuando se debe pagar los 2,000 millones), si Petroperú no tiene la capacidad de generar ingresos para poder pagar la deuda, el que asumirá la deuda será el Ministerio de Energía y Minas (Minem), porque se constituye como el garante, pero, al final, volteará al MEF y le va a solicitar recursos”, comentó.

Al final, prosiguió, el Estado acaba siendo una garantía implícita, “Lo que sigue ocurriendo en la empresa es que no hay ningún avance en lo que genera la insolvencia, que es el mal manejo de la empresa, su falta de transparencia y su pésimo gobierno corporativo”, afirmó.

Castilla basó su comentario porque “ninguno de los decretos de urgencia aprobados han sido cumplidos”.

Entonces, prosiguió, no veo tanto el problema en el supervisor por acción (Proinversión), sino veo el problema en que nada de fondo está cambiando en la forma en cómo se maneja Petroperú. “Igual, el problema de fondo sigue siendo el mismo: una empresa pública insolvente, manejada con móviles políticos y no con móviles empresariales”, precisó.

El Ejecutivo, bajo la administración de Dina Boluarte y José Jerí, emitieron decretos de urgencia para reestructurar Petroperú, considerando su situación financiera, venida a menos con la ampliación y modernización de la refinería de Talara.

Lo más grave, agregó, es que el propio decreto de urgencia reconoce que Petroperú tiene pérdidas estructurales, deterioro patrimonial, problemas severos de liquidez y restricciones para conseguir financiamiento privado.

“Es decir, el Estado está asumiendo grandes riesgos sobre una empresa cuya solvencia ya está seriamente cuestionada”, precisó.

Destacó que el argumento de “seguridad energética” utilizado por el Gobierno es la excusa perfecta para profundizar el vínculo entre Petroperú y el soberano (Ejecutivo). “Esto puede terminar costándole mucho más caro al país en riesgo fiscal, costo de financiamiento y credibilidad macroeconómica”, enfatizó.

Subsidio

Tuesta también se refirió al decreto de urgencia, que aclara expresamente que los compromisos asumidos para Petroperú “no afectarán” los fondos orientados a electrificación rural del Ministerio de Energía y Minas.

“Eso revela que dentro del mismo Gobierno existía conciencia de que podía percibirse una competencia por recursos y espacio fiscal”, anotó.

Precisó que buena parte de los mecanismos de inclusión eléctrica y subsidios del sistema energético se financian, directa o indirectamente, con cargos pagados en los recibos de luz.

“Hogares y empresas contribuyen, vía tarifas, a cerrar brechas de acceso energético en zonas pobres, rurales y amazónicas”, puntualizó.

De acuerdo con el órgano contralor, el proyecto culminaría recién en diciembre de 2028 y no en el último mes de 2026, como estaba previsto inicialmente. Esta modificación, además, podría ocasionar un incremento en el costo total de la obra.

En esa línea, advirtió que el consorcio presentó un cronograma bimensual con cambios en los plazos de ejecución de diversas actividades vinculadas al edificio del Terminal de Pasajeros y al cerco perimétrico, componentes que forman parte de las obras principales del proyecto.

“La acción del consorcio contraviene las disposiciones contractuales que establecen que un cronograma bimensual debe cumplir con los mismos requisitos del cronograma inicial y que, si en algún momento el avance real de los trabajos es demasiado lento para culminarlos dentro del plazo establecido, el ingeniero (supervisor) podrá ordenar al contratista la presentación de un programa revisado y un informe justificativo que describa los métodos propuestos para agilizar el avance y completar las obras en el plazo de término previsto”, señaló la Contraloría.

En ese contexto, señaló que durante una visita de inspección al proyecto, la comisión de control detectó un retraso injustificado del 27% en las obras del Terminal de Pasajeros y del cerco perimétrico hasta marzo pasado, evidenciando un ritmo de ejecución insuficiente para cumplir con el plazo contractual establecido.

Además, el contratista decidió suspender de manera unilateral los trabajos en el mencionado terminal, manteniendo únicamente las labores relacionadas con la estructura metálica del techo, así como paralizar las obras del cerco perimétrico, ambas consideradas actividades críticas del proyecto.

Según el informe de control, toda suspensión de trabajos sin una instrucción previa y expresa del ingeniero supervisor carecería de sustento contractual.

Otro aspecto advertido es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no cuenta con los recursos financieros necesarios para cubrir los gastos previstos para este año y ejecutar las actividades del proyecto, situación que pondría en riesgo la continuidad de la ejecución física de la obra.

El déficit presupuestal asciende a S/65’358,641, debido a que la entidad proyectó ejecutar gastos por S/477’422,367, aunque actualmente solo cuenta con un presupuesto asignado de S/412’063,726. Esta situación podría afectar el cumplimiento oportuno de los compromisos asumidos, así como la disponibilidad financiera para atender aquellos acuerdos previstos a suscribirse durante el presente año fiscal.

Asimismo, la Contraloría General de la República advirtió un retraso del contratista en los pagos a proveedores pertenecientes a comunidades ubicadas en el área de influencia directa (AID) del proyecto, deuda que asciende a US$ 895,562. Según el órgano de control, esta situación podría desencadenar conflictos sociales y afectar el avance de las obras principales.

Las comunidades campesinas indígenas involucradas son Ayllopongo, Racchi Ayllu y Yanacona, ubicadas en el distrito de Chinchero, provincia de Urubamba.

Esa cifra posiciona al Perú como el sexto usuario más importante de América Latina, región que ha efectuado transacciones por $ 28,000 millones.

A diferencia de años anteriores, cuando el Bitcoin acaparaba la atención por su volatilidad, el dinamismo actual del mercado local está impulsado por las denominadas stablecoins (criptomonedas estables vinculadas al valor del dólar).

“En Perú, más del 90% del volumen transaccionado circula a través de esos activos, revela una búsqueda del usuario por proteger su capital y agilizar pagos sin depender de la intermediación bancaria tradicional”, precisó Daniel Acosta, gerente general de Binance para Latam Norte.

En ese sentido, explicó que ello responde a una necesidad de eficiencia económica.

Refirió también que el costo promedio de envío de remesas en Perú es del 6.6%. Con el uso de monedas estables, ese costo baja a menos del 0.5%.

Mejoras

Según el especialista, ese ahorro se traduce en un beneficio directo de entre $ 180 y $ 420 anuales para una familia promedio.

“No estamos hablando de proyecciones futuras, sino de un impacto real en la vida de las personas hoy. Las criptomonedas están dejando de ser un mercado que la gente visita y se convierten en una capa financiera que está usando”, precisó.

También explicó que uno de los pilares para que ese crecimiento se mantenga es la seguridad y la regulación, destacando la tecnología blockchain, que permite niveles de fiscalización superiores a las finanzas tradicionales.

De otro lado, indicó que solo en 2025, el uso de inteligencia artificial en infraestructuras de seguridad permitió bloquear más de 36,000 direcciones maliciosas, previniendo pérdidas por estafas que superan los $ 3,900 millones a nivel mundial.

“Estamos viviendo la convergencia histórica de las finanzas tradicionales y las digitales en un único ecosistema. Para el 2030, nadie va a preguntar si su dinero viaja por una red u otra, simplemente funcionará”, comentó el representante.

Mediante el Decreto de Urgencia 003-2026, publicado este lunes en el diario oficial El Peruano, el Ministerio de Energía y Minas quedó autorizado para respaldar compromisos financieros vinculados a la continuidad operativa de la petrolera estatal.

La norma establece que el monto máximo de estos compromisos asciende a US$2.000 millones, además de los costos financieros asociados. El dinero estará destinado exclusivamente al financiamiento de capital de trabajo, la reposición de combustibles e insumos y la cobertura de servicios necesarios para mantener la producción y el abastecimiento de hidrocarburos.

De manera adicional, el decreto permite al Ministerio de Energía y Minas asumir compromisos de corto plazo por hasta US$500 millones mientras se concreta el mecanismo principal de financiamiento.

“Se tiene por finalidad asegurar, de manera inmediata y excepcional, la continuidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional, garantizando la seguridad energética del país y la estabilidad de las actividades económicas esenciales a nivel nacional”, indica la disposición.

Como parte de esta estrategia, Petroperú podrá constituir un vehículo de propósito especial para captar recursos de manera individual o junto a entidades financieras nacionales o internacionales. Proinversión será la entidad en

La norma estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y será implementada con participación de ProInversión.

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¿Es determinante la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la trazabilidad de la minería ilegal?

Hay una coordinación bastante estrecha con la Policía Nacional y con el Ministerio Público. El tema de la minería ilegal en concreto es un tema del marco legal que todos lo conocemos. El proceso de formalización que no culmina, que se prolonga. Diría que hay muy buena coordinación, especialmente con la Policía Nacional. Se han desarrollado canales de intercambio de información muy interesantes que han dado resultado para algunos casos.

¿Es mínimo el resultado contra la minería ilegal?

Lo que pasa es que, como le digo, la minería ilegal es un tema muy particular porque si bien es cierto desde el 2012 se tipificó como delito a la minería ilegal, en la práctica también se inició un proceso de formalización que tendría que haber durado cierto tiempo y hasta ahora no termina. Esto creó la figura que todos conocemos: el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) que se sigue prorrogando, generando mucha dificultad para definir, desde el punto de vista legal, qué cosa es un minero ilegal. Esto genera dificultad a la hora de perseguir la actividad desde el punto de vista policial o fiscal.

Mueve millones...

Sí, mueve fuertes sumas. Desde hace un tiempo en Perú, viendo información relacionada, la minería ilegal produce más dinero que el tráfico ilícito de drogas, lo ha superado. Es una data que aparece de todos los informes que recibimos.

De otro lado, ¿se sabe del ingreso de nuevos actores al sistema financiero?

Tenemos más de diez solicitudes en trámite de nuevas licencias. Uno es Revolut (neobanco y empresa de tecnología financiera británico que funciona 100% digital mediante una aplicación móvil), que permitirá una mayor competencia. Hay otro banco y una financiera también. Hay solicitudes de autorización para empresas emisoras de dinero electrónico, para empresas de préstamo de dinero y tres solicitudes para empresas de seguros. Algunos entran para dedicarse a productos muy específicos, como atender solo a los corporativos, solo a empresas grandes, no va a prestar a personas. Revolut se enfocará al público masivo, de consumo, sí tendrá un efecto en ese tipo de mercado. Cuando un banco obtiene licencia para hacer muchas cosas, no siempre hace de todo.

Cofide anunció que se facilitarán créditos a 60 años...

Me parece una excelente noticia. Es algo que veníamos conversando con la Federación de Cajas Municipales y con Cofide, pero había que hacer ajustes en la regulación para mover créditos subordinados, que se computarán como capital de primer nivel, para que Cofide compre los bonos que emitirán las cajas a fin de tener fondos para atender créditos, principalmente a las mypes. Como Cofide asume el riesgo, establecerá algunas condiciones a las cajas, como la clasificación de riesgo o gobiernos corporativos, para entregar créditos. Dependerá de las microfinancieras cómo y a quien prestarán los recursos que obtengan (con los bonos).

Las cajas conocen mejor a sus clientes, ¿podrán ampliar su cobertura de atención?

Es lo que se quiere. Las cajas tienen una especialidad en el tipo de cliente con el que trabaja. Es cierto que no solo atienden en sus regiones sino que se han extendido a otras, pero tienen un elemento de identificación regional y de conocimiento de sus clientes que les permite llegar más directamente a ellos. Que más mypes puedan financiarse dependerá del análisis de riesgo de cada una de las microfinancieras y de cada uno de los créditos que entreguen.