La postergación del proyecto minero Zafranal y la anulación de la licencia para iniciar la fase de explotación de Tía María podrían generar pérdidas de entre 18 mil y 20 mil millones de dólares para Arequipa. Además, podría ocurrir la eliminación de entre 3 mil y 5 mil empleos directos e indirectos.

Así lo advirtió el coordinador del Centro de Competitividad, Innovación y Promoción Empresarial (CCIPE) de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), Martín Quintanilla, quien explicó que ambas decisiones terminan convergiendo en un mismo efecto: el debilitamiento de la confianza empresarial y la reducción del dinamismo económico en Arequipa.

En el caso de Zafranal, precisó que no se trata de una cancelación, sino de una postergación del inicio de obras de construcción por parte de la empresa Teck Resources. Esta decisión fue adoptada en función del actual contexto político y social del Perú, que viene siendo evaluado por los inversionistas.

Detalló que este proyecto contempla una inversión cercana a los 2 mil millones de dólares, de los cuales alrededor del 30% ya habría sido ejecutado, lo que evidencia que la decisión no se da en una etapa inicial, sino en un proceso ya avanzado que ahora queda en pausa.

En contraste, señaló que en el caso de Tía María el Gobierno decidió anular la licencia que autorizaba el inicio de la fase de explotación, pese a que el proyecto ya contaba con el marco legal para avanzar, lo que incrementa la percepción de incertidumbre regulatoria.

“El problema es que esto da una mala imagen a nuestro país, porque los cambios de reglas permanentes generan desconfianza en los inversionistas extranjeros para seguir apostando por el Perú”, sostuvo el especialista.

FACTORES

En esa línea, advirtió que la falta de predictibilidad en las decisiones del Estado y la inestabilidad política están llevando a que empresas evalúen redirigir sus inversiones hacia países con mayor estabilidad y reglas claras, afectando la competitividad del Perú en el sector minero.

“A eso se suma la presencia de paradigmas en nuestra sociedad, que muchas veces se instalan y terminan influyendo en las decisiones públicas, frenando proyectos que podrían generar desarrollo. Estos paradigmas, al final, afectan no solo la inversión extranjera, sino también el comercio internacional y la posibilidad de que el país siga creciendo de manera sostenida”, agregó.

IMPACTO ECONÓMICO

Respecto al impacto económico, Quintanilla indicó que la ejecución de Tía María estaba prevista como uno de los principales motores del crecimiento, con un aporte estimado de 0,5% al Producto Bruto Interno (PBI), cifra que ahora dejaría de concretarse.

A nivel regional, explicó que la minería genera un fuerte “efecto arrastre”, dinamizando sectores como transporte, metalmecánica, servicios, comercio y logística, por lo que su paralización afecta no solo a la inversión directa, sino a toda la cadena productiva. En ese sentido, advirtió que los efectos.

NUEVAS AUTORIDADES DEBEN ASUMIR ROLES

El especialista señaló que las próximas autoridades deben priorizar tres acciones clave: recuperar la estabilidad jurídica, garantizar reglas claras y previsibles para la inversión y promover una mejor articulación con las comunidades para asegurar la licencia social de los proyectos.

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El Minem informó que tras la notificación respectiva, el expediente será devuelto a la Dirección General de Minería, que emitirá un nuevo pronunciamiento en estricto cumplimiento de las pautas establecidas por el CMP.

Al respecto, el ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), Carlos Gálvez, dijo que la reacción del Gobierno es una cuestión de incapacidad de la administración pública y temores infundados.

Señaló que el Minem se enreda al indicar que la construcción (en Tía María) sigue adelante, que solo se trata de levantar una observación de un depósito de material. “Esto habla de las malas formas porque no había necesidad de cancelar la autorización de explotación, solo informar y esperar el tiempo prudente para que la levanten”, precisó.

Manifestó a Correo que la falta de capacidad para manejar el problema solo manda muy malas señales al mercado inversor porque muestra a Perú como un país que da permiso y luego lo quita. “Están diciendo que en Perú no hay estabilidad jurídica”, anotó.

Inversión

El Minem precisó que la medida no da por concluido ningún procedimiento administrativo, “sino que solo implica la reevaluación técnica del expediente dentro del marco legal correspondiente”.

Sin embargo, a pesar de anular la autorización de explotación, el Gobierno dice estar dando todas las certidumbres a las inversiones mineras privadas en el territorio nacional.

Al 31 de diciembre del 2025, Southern Perú comprometió $ 790 millones para diferentes actividades en el desarrollo del proyecto de Tía María, ubicado en el valle de El Tambo, en Arequipa.

La inversión total para poner en operación Tía María sería de unos $ 2,000 millones.

Rápido

Al respecto, la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, precisó en RPP que el Minem tendrá una “actuación muy rápida” en la revisión del expediente de la operación minera.

Refirió que mediante esa revisión se pide validar todos los requisitos que exige la norma para otorgar la autorización se hayan cumplido.

“Dentro de esos requisitos que el CMP señala en su resolución, están los referidos a la absolución de una observación sobre la presentación de planos del diseño del depósito de desmonte y del cronograma de ejecución de actividades”, manifestó.

La emisión de bonos, dispuesto mediante el Decreto Supremo 057-2026-EF, permitirá ejecutar la Fase II del Plan Maestro para el mejoramiento y recuperación de los servicios operativos y portuarios de las Fuerzas Navales en el área de la Base Naval del Callao, a cargo del Ministerio de Defensa y la Marina de Guerra del Perú.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encargará de emitir los bonos y también asumirá el pago de la amortización, intereses, comisiones y demás gastos, con cargo al presupuesto público destinado al pago de obligaciones financieras del Estado.

El proyecto será respaldado por los Estados Unidos, que venderá equipos y servicios por $ 1,500 millones. También incluye el despliegue de hasta 20 funcionarios de ese país en el Perú por un período de 10 años, como parte del soporte técnico y operativo.

Suplementario

De otro lado, el MEF autorizó un crédito suplementario de S/ 419 millones 948 mil 514 para los gobiernos regionales y locales a fin de financiar 982 inversiones.

Al respecto, Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), precisó que si bien el crédito no es de un monto muy elevado en términos macroeconómicos (0.03% del PBI), respondería a criterios políticos en el marco de los últimos meses del gobierno saliente.

Además, indicó a Correo, se infiere que podrían darse más créditos suplementarios en los meses que restan.

“Con esa medida, se sigue yendo en contra de una senda de consolidación fiscal y se pasa la responsabilidad de esta consolidación al próximo gobierno. Aún más, se eleva el riesgo de que la meta de déficit fiscal (1.8% del PBI) no se cumpla este año”, anotó.