El monto representa una parte importante de los US$187.461 millones que los cuatro países andinos exportaron al mundo durante el año pasado. En conjunto, las ventas internacionales de la CAN crecieron 11,5% respecto de 2024, al alcanzar US$168.083 millones.

Según las cifras oficiales de los países miembros, procesadas por la Secretaría General de la CAN, después del Perú se ubicaron Colombia, con US$50.205 millones; Ecuador, con US$37.152 millones; y Bolivia, con US$9.633 millones.

Entre los principales productos que la Comunidad Andina colocó en los mercados internacionales estuvieron los minerales de cobre, oro, aceites de petróleo, café, cacao y plátanos frescos.

CHINA FUE EL PRINCIPAL MERCADO

Las exportaciones de los cuatro países tuvieron como principal destino a China, mercado que concentró el 22,1% del total de las ventas externas de la Comunidad Andina. Le siguieron Estados Unidos, con 17,3%; la Unión Europea, con 13,2%; Panamá, con 5,6%; y los propios países de la CAN, con 5,3%.

Esto significa que la mayor parte de las exportaciones andinas durante 2025 se dirigió a mercados fuera de la Comunidad Andina, mientras que una proporción menor correspondió al intercambio comercial entre Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador.

COMERCIO DE PERÚ CON SUS VECINOS ANDINOS

En un bloque diferente de las cifras está el comercio intracomunitario, que comprende exclusivamente las exportaciones entre los cuatro países de la CAN.

Durante 2025, este intercambio alcanzó los US$9.842 millones, un crecimiento de 8% respecto de los US$9.109 millones registrados en 2024.

En este mercado, Perú fue el país que más incrementó sus ventas, con un crecimiento de 14,4% frente al año anterior.

Además, el perfil de los productos vendidos dentro de la CAN es diferente al de las exportaciones hacia el resto del mundo. En 2025, el 83,1% de las exportaciones intracomunitarias correspondió a productos manufacturados, es decir, bienes que incorporan mayor transformación y valor agregado.

En el caso peruano, las manufacturas representaron el 94% de sus exportaciones hacia los otros tres países andinos. Entre los principales productos vendidos estuvieron el alambre de cobre, alimentos para animales, gasóleo, combustible para aviones y harina de pescado o de crustáceos.

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La sentencia “resolvió definitivamente las controversias generadas alrededor de la metodología de actualización de los Bonos de la Deuda Agraria”, y aclaró los términos de la metodología de actualización que fueron establecidos en el Auto del TC del 16 de julio de 2023.

Seoane explicó a Correo que el 14 de julio último, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó un decreto supremo (DS), simulando el cumplimiento del mandato de la sentencia del TC, que considera una nueva maniobra dilatoria, insistiendo “en su equivocada política de incumplimiento de sentencias en relación a los bonos de la deuda agraria”.

Afirmó que en el DS, el MEF ha reiterado la fórmula de actualización que había sido declarada inaplicable por inconstitucional por el TC.

Incumplimiento

Además, según Seoane, el MEF ha omitido disponer la reapertura del procedimiento administrativo de registro, actualización y pago, que implica una voluntad de seguir persistiendo en la desnaturalización e incumplimiento de las sentencias del TC.

Esa posición, dijo, perjudica gravemente las expectativas de los bonistas de obtener una justa indemnización actualizada en un plazo razonable. “El MEF, como parte del Poder Ejecutivo, ha incurrido en una nueva infracción constitucional al desacatar una sentencia del TC”.

El TC advirtió varios problemas en la fórmula utilizada por el MEF (2017) para actualizar el valor de los bonos de la deuda agraria porque tomó enero 1969 como “año base” para obtener el tipo de cambio paridad.

La sentencia del TC de diciembre 2025 declara fundada la demanda de amparo, por violar los derechos fundamentales al debido proceso.

El estudio se elaboró a partir del análisis de información anónima de 71,143 colaboradores pertenecientes a 1,149 empresas y presenta bandas salariales para 207 cargos agrupados en 12 áreas del mercado laboral peruano.

Con base en datos reales de planillas, la guía busca ofrecer una referencia objetiva sobre las remuneraciones en el país para contribuir a una mejor toma de decisiones en materia de compensaciones.

Los resultados muestran que tener una política formal de revisión salarial no implica necesariamente actualizar las remuneraciones para preservar el poder adquisitivo de los colaboradores.

Mientras Colombia (90%), Chile (69%) y México (67%) presentan una mayor proporción de empresas que ajustan los salarios de acuerdo con la inflación, en Perú esta práctica alcanza únicamente al 46% de las organizaciones.

Esa brecha también se refleja en la experiencia de los trabajadores. Solo el 37% de los colaboradores peruanos afirma que su empresa realizó un ajuste salarial durante el último año, lo que evidencia que este mecanismo aún no forma parte de las prácticas habituales de la mayoría de organizaciones.

“Nuestros datos muestran que Perú ha avanzado en institucionalizar las revisiones salariales, pero todavía existe una diferencia importante cuando se trata de mantener el poder adquisitivo de las personas mediante ajustes por inflación. Esto evidencia que ambos conceptos responden a objetivos distintos dentro de la estrategia de compensaciones de una organización”, señaló Lesley Warren, Head of Research de Buk.

Salario y el mercado

El estudio evidenció la necesidad de tener información confiable sobre remuneraciones. El 38% de los colaboradores considera que percibe un salario por debajo del promedio del mercado, mientras que solo el 37% afirma estar satisfecho con su remuneración, 10 puntos porcentuales por debajo de Colombia, donde el 47% de los trabajadores se declara satisfecho con su salario.

La investigación también muestra que la remuneración de un mismo cargo puede variar significativamente según el tamaño de la empresa y el nivel de especialización requerido, evidenciando que la jerarquía organizacional no siempre determina los salarios más altos.

Por ejemplo, la remuneración mediana de un gerente general (CEO) es de S/ 12.980. Sin embargo, la banda salarial se extiende desde S/ 6.110 hasta S/ 29.820, lo que evidencia que el tamaño de la organización puede multiplicar casi por cinco la remuneración de este cargo.

Además, algunos perfiles altamente especializados registran remuneraciones superiores a las de posiciones ejecutivas tradicionales. Es el caso del gerente de Mina, cuya remuneración mediana alcanza los S/ 20.710, superando la mediana observada para un CEO.

La guía de Buk también identifica diferencias relevantes entre sectores. En Tecnología, el área con mayor número de cargos analizados, la ciberseguridad se consolida como una de las especialidades mejor remuneradas, con un jefe de Ciberseguridad que registra una remuneración mediana de S/ 11.380 y bandas superiores de hasta S/ 19.440.

En su Semanario 1317, el gremio empresarial señala que la menor cartera vigente, el aumento de los refinanciamientos y “el repunte de la morosidad revelan una vulnerabilidad que trasciende al sistema financiero y plantean el desafío de gestionar el riesgo climático de la manera más eficiente y estratégica”.

Del total de créditos otorgados por la banca múltiple a junio de 2026, el 58.9% fueron créditos empresariales.

Dentro de esa cartera, las microempresas registran una caída porque entre junio de 2025 y junio de 2026, el saldo de sus créditos cayó de S/ 4,876 millones a S/ 4,246 millones, menor en 12.9%, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Comex Perú explica que se distinguen tres tipos de cartera de créditos de las microempresas, según la situación de pago: vigentes, refinanciados o reestructurados y atrasados.

SITUACIÓN

Señala que los créditos vigentes mantienen sus pagos conforme a las condiciones pactadas y no presentan atrasos relevantes. Disminuyeron 14.1%, al pasar de S/ 4,669 millones a S/ 4,012 millones.

“En contraste, aumentaron los créditos que presentan dificultades de pago. Los refinanciados y reestructurados, que son aquellos cuyas condiciones originales deben modificarse debido a problemas del deudor para cumplir lo pactado, crecieron 39.9%, al pasar de S/ 15 millones a S/ 21 millones en el periodo analizado”, anota.

En tanto, los créditos atrasados, correspondientes a obligaciones cuyo pago no se realizó en la fecha prevista, aumentaron 11%, de S/ 192 millones a S/ 213 millones.

“En conjunto, la comparación muestra una evolución desfavorable de la cartera, marcada por la reducción de los créditos vigentes y el incremento de aquellos que requieren modificaciones o presentan atrasos”, precisa.

El gremio empresarial indica que la morosidad constituye otra dimensión relevante porque permite dimensionar la magnitud del riesgo de incumplimiento de pagos que acumulan un determinado número de días de atraso, reflejando una mayor probabilidad de incumplimiento y un mayor riesgo para la cartera.

“En el segmento de microempresas, los episodios de mayor morosidad han coincidido con periodos de fuerte afectación climática, como El Niño costero de 2017 y el FEN de 2023, lo que sugiere una relación relevante entre los choques climáticos y la capacidad de pago de las microempresas”, indica.