Del total de asegurados, el 63.3% depende del Seguro Integral de Salud (SIS), que refleja la alta demanda sobre el sistema público y la necesidad de iniciativas complementarias impulsadas por el sector privado.

Al respecto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que en Perú, nueve de cada diez pacientes que se atienden en un centro de salud publica se ven obligados a comprar sus medicamentos en boticas y farmacias. Es así, que el 87% de los que se atienden bajo el SIS y el 92% de los pacientes de EsSalud acuden a establecimientos privados.

Privado

Es así que las empresas farmacéuticas están incrementando su participación en programas de acceso a medicamentos y prevención, estrategia que además de generar impacto social contribuye a reducir barreras económicas para miles de familias.

Una de ellas es Laboratorios Bagó del Perú, que está consolidando una gestión sostenible orientada a su Visión 2032: “Impulsamos un futuro más sano en todo, de valor compartido, innovación sostenible y liderazgo consciente”.

“La sostenibilidad en el acceso a la salud se expresa en hechos concretos y la empresa impulsa el programa de Apoyo al Paciente Contactum, que ha facilitado tratamientos gratuitos a 32,700 pacientes, contribuyendo a la continuidad terapéutica de quienes enfrentan limitaciones económicas para sostener sus tratamientos”, explicó Lucero Vergara Persivale, gerenta general de Bagó del Perú

En esa línea, refirió que también la educación en salud forma parte de ese propósito y el laboratorio llegó a 8.4 millones de personas con contenidos orientados a promover prevención, cuidado y bienestar, acercando información clara y confiable a la comunidad.

De acuerdo un reporte del diario El Comercio, entre 2015 y 2024, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) registró más de 57 mil emergencias de origen natural que afectaron a 9,5 millones de personas, además de 1,2 millones de viviendas, 6 mil puentes y 32 mil kilómetros de carreteras.

Las lluvias intensas concentraron el 40% de estos eventos y fueron responsables de la mayor parte de los daños, mientras que la alerta por un posible FEN costero incrementa el riesgo de nuevas afectaciones hasta inicios del 2027.

La vulnerabilidad del país también está relacionada con el deterioro de la infraestructura. El 77% de las viviendas son informales y presentan graves deficiencias en pisos, techos y paredes. Asimismo, cerca de 27 mil colegios requieren ser reemplazados por completo, una brecha que, al ritmo actual de inversión, tardaría alrededor de 24 años en cerrarse y más de cinco décadas en algunas regiones amazónicas.

En materia presupuestal, el informe advierte que los recursos destinados por habitante para la zona norte del país son casi 30% menores que el promedio ejecutado en la última década. Además, aunque el 75% de las obras de la ANIN se inició antes de 2023, el avance financiero apenas alcanza el 36%, pese a contar con mecanismos especiales de contratación.

Ante este panorama, especialistas alertan que el Perú afrontará el próximo FEN y un eventual terremoto con importantes brechas en infraestructura y una baja capacidad de ejecución pública, por lo que consideran indispensable que el próximo gobierno priorice la prevención de desastres y acelere las inversiones para reducir la vulnerabilidad de la población.