Señaló que en la medida en que Perú crezca más, la situación fiscal puede mejorar por los niveles macroeconómicos que hay. “El nuevo gobierno está recibiendo al país con la capacidad de hacer algo, aunque menos que antes”, precisó.

Pero, Cooper, quien fue entrevistada en el canal de YouTube de Repensando el Perú del Instituto Peruano de Economía (IPE), advirtió que la creciente polarización del país es el principal obstáculo para que la economía crezca aún más, aprovechando las condiciones favorables que tiene el país.

En ese sentido, dijo que el Perú está partido en dos, en alusión al clima de confrontación y desconfianza que dificulta alcanzar acuerdos y sostener políticas de largo plazo.

Confianza

Cooper, quien es vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos de Compañía Minera Antamina, señaló que el nuevo gobierno debe priorizar la reconstrucción de la confianza de los peruanos y evitar profundizar la confrontación política.

Refirió que el país necesita mejorar y fortalecer las capacidades del Estado y promover espacios de diálogo que permitan construir consensos para el desarrollo de largo plazo.

Sobre la economía, destacó que Perú necesita apostar por el fortalecimiento del capital humano y el empresariado.

Señaló que el país tiene millones de emprendedores, pero carece de políticas que permitan que los pequeños negocios crezcan. “Perú es chamba. Nadie lo ve”, manifestó la economista.

Al respecto, Álvaro Gómez-Sánchez, Gerente de Productos Financieros y Pensionables de RIMAC, señaló que se trata de una oportunidad valiosa para que las personas fortalezcan su economía personal. “Antes de pensar en nuevos gastos, conviene evaluar cómo este dinero puede contribuir a mejorar su situación financiera en el mediano y largo plazo”, anotó

En tanto, Iván Mostacero, Gerente Principal de Pasivos de Banco Pichincha del Perú, comentó que planificar su uso desde el momento en que se recibe permite fortalecer las finanzas personales, en lugar de incorporarlo automáticamente a los gastos habituales.

Para aprovechar mejor este ingreso extraordinario, los especialistas recomiendan:

• Priorizar pago de deudas. Antes de realizar compras o asumir nuevos gastos, es recomendable identificar y reducir obligaciones financieras con tasas de interés elevadas, como tarjetas de crédito o préstamos de consumo.
• Evaluar alternativas de inversión. Una vez cubiertas las necesidades prioritarias, es recomendable analizar opciones según los objetivos financieros y el perfil de riesgo de cada persona. “Existen alternativas más conservadoras, con rentabilidad garantizada, así como opciones diversificadas con mayor potencial de crecimiento en el largo plazo”, dijo Gómez-Sánchez.
• Construir o reforzar un fondo de emergencia. Destinar una parte de la gratificación a una reserva para imprevistos puede evitar recurrir al endeudamiento ante gastos inesperados.
• Separar una parte para el ahorro. Reservar una porción de la gratificación para objetivos futuros puede ayudar a fortalecer la estabilidad financiera. “La gratificación ofrece la oportunidad de separar recursos para el ahorro antes de que se integren a los gastos habituales. Existen alternativas que permiten generar rentabilidad, con tasas que pueden alcanzar hasta 3.20% de TREA a 360 días”, señaló Mostacero.

Largo plazo

A diferencia del ingreso mensual, la gratificación llega como un recurso adicional que ofrece mayor flexibilidad para tomar decisiones financieras. Destinarla a reducir deudas, fortalecer un fondo de emergencia o iniciar una estrategia de ahorro e inversión puede generar beneficios que trasciendan el corto plazo.

Según la Ley de Gratificaciones 27735, las empresas tienen plazo hasta el 15 de julio para hacer el depósito respectivo. “Además, la gratificación incluye una bonificación extraordinaria del 9% sobre el monto recibido por el aporte a EsSalud, o del 6.75% para quienes están afiliados a una Empresa Prestadora de Salud (EPS)”, precisó Gómez-Sánchez.

Según un estudio de Bumeran, el 84% de los trabajadores afirma que no logra ahorrar y el 72% señala que su sueldo dura menos de dos semanas. Además, el 53% asegura que destinaría un eventual aumento de ingresos al ahorro o la inversión, lo que refleja el interés de fortalecer sus finanzas cuando se tiene recursos adicionales.

En un comunicado, el MEF informó que la información técnica que sustenta la propuesta ha sido remitida a la Contraloría, entidad que cuestionó la propuesta del crédito suplementario por carecer de sustento técnico.

Por el momento, el MEF está a la espera de que la Comisión Permanente del Congreso debata y apruebe el proyecto de ley respectivo, que se espera sea este lunes 13 de julio.

El MEF precisó que el sustento técnico del crédito suplementario está respaldado por el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029, documento oficial que proyecta para este año un déficit fiscal de 1.75% del PBI, nivel inferior al límite de 1.8 % establecido por la regla fiscal.

En consecuencia, según el MEF, el crédito suplementario mantiene un margen aproximado de S/ 1,260 millones respecto del límite permitido, confirmando que la propuesta preserva plenamente la sostenibilidad fiscal.

El MEF también informó que la Sunat incrementó en S/ 2,006 millones la proyección de ingresos tributarios para 2026 como resultado del mayor dinamismo de la actividad económica y de la recaudación. “Este mejor desempeño constituye uno de los principales fundamentos técnicos que respaldan el financiamiento del proyecto”, indicó.

En ese sentido, vale señalar que parte fundamental del incremento de la recaudación tributaria es el consumo privado y el aporte de la minería por los precios altos de los principales metales de exportación como cobrem oro, plata y zinc.

Estructura

El MEF señaló que el crédito suplementario se financia con S/ 2,900 millones de recursos ordinarios, S/ 1,260 millones provenientes de operaciones de crédito y S/ 5,436 millones de canon, sobrecanon, regalías y renta de aduanas. Estos últimos corresponden a mayores ingresos de los gobiernos regionales y locales y no representan una mayor carga para el Tesoro Público ni generan un deterioro de la posición fiscal del Estado.

La propuesta, según indicó, responde a criterios objetivos de priorización presupuestaria, considerando las demandas debidamente sustentadas por las entidades, sus niveles de ejecución presupuestal y los espacios fiscales disponibles.

En ese marco, los recursos se destinan a garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones regionales y municipales de 2026, la continuidad de los servicios públicos esenciales, la ejecución de inversiones en marcha, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y otras intervenciones prioritarias para la población.

Las empresas del régimen laboral privado tienen plazo hasta el 15 de julio de 2026 para depositar la gratificación por Fiestas Patrias, beneficio regulado por la Ley N.° 27735.

Según Julio Villalobos, asociado del Área Laboral del estudio Pérez-Llorca, Miranda & Amado, el beneficio equivale a una remuneración íntegra para los trabajadores que laboraron el semestre completo (enero-junio), además de una bonificación extraordinaria del 9 % para afiliados a EsSalud o del 6,75 % para quienes están en una EPS.

¿Qué ingresos se consideran para calcular la gratificación?

El especialista explica que la base de cálculo parte de la remuneración vigente al momento del pago e incorpora los conceptos remunerativos establecidos por la ley.

Entre ellos figura la Asignación Familiar, equivalente al 10 % de la Remuneración Mínima Vital (RMV), debido a que tiene naturaleza remunerativa.

En el caso de trabajadores que perciben ingresos variables, como comisiones, estos también pueden formar parte del cálculo siempre que cumplan el criterio de regularidad.

“En el caso de los trabajadores que perciben comisiones o remuneraciones imprecisas, estas solo se incluirán si cumplen con el requisito de regularidad; es decir, si se han percibido al menos en alguna oportunidad en tres meses dentro del semestre respectivo. Para incorporarlas, se promedian los montos percibidos y se suma el resultado al sueldo base”, explicó Villalobos.

¿Cuándo puede retenerse la gratificación?

Como regla general, la gratificación legal no está sujeta a descuentos previsionales ni contributivos. Sin embargo, existen excepciones previstas por la legislación.

La principal corresponde a las órdenes judiciales por pensión de alimentos, caso en el que el empleador está obligado a efectuar la retención.

“En casos de demandas por alimentos, la ley faculta a retener hasta un tope del 60 % del total de los ingresos del trabajador, incluyendo de manera obligatoria la gratificación de julio”, indicó el especialista.

Asimismo, las retenciones también pueden aplicarse cuando existe una orden judicial relacionada con obligaciones civiles o comerciales.

Gratificación proporcional para quienes no trabajaron todo el semestre

Los trabajadores que no completaron el periodo comprendido entre enero y junio reciben una gratificación proporcional por los meses calendario completos laborados.

Como ejemplo, Villalobos señala que un trabajador con un sueldo de S/ 3.000 que ingresó el 25 de abril solo computará mayo y junio. En ese supuesto, recibirá S/ 1.000 de gratificación más S/ 90 por concepto de bonificación extraordinaria.

El especialista añade que quienes renuncien o cesen antes del pago tampoco pierden el beneficio, siempre que hayan acumulado al menos un mes completo de servicios durante el semestre. La gratificación proporcional deberá incluirse en su liquidación de beneficios sociales.

Multas por incumplimiento

El incumplimiento del pago constituye una infracción grave en materia laboral.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) puede imponer multas que varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados.

Para pequeñas empresas, las sanciones oscilan entre S/ 2.407,50 y S/ 24.407,50, mientras que para medianas y grandes empresas pueden alcanzar hasta S/ 139.742.

Finalmente, el especialista recuerda que los regímenes especiales, como el agrario, las microempresas y los trabajadores bajo el esquema de Remuneración Integral Anual (RIA), cuentan con reglas particulares que deben evaluarse de forma individual.

Refirió que, según estimaciones de los especialistas, el impacto en la economía podría ser mayor a $ 3,000 millones porque se dañarán tierras de cultivo, plantaciones, infraestructura hídrica, así como infraestructura de servicios públicos como salud, educación y comunicaciones.

“Los especialistas calculan que la producción de alimentos se reducirá a un 40% y en la pesca a un 70%, poniendo en riesgo la alimentación de la población”, comentó.

Entre los cultivos más afectados, la aceituna cayó 70,8%, la fresa 60.6%, el maíz choclo 42.4%, y la palta 6.9%. “Otros productos clave como la papa, arroz, menestras, cebolla, el mango y la fresa también presentan daños severos en distintas etapas de desarrollo”, precisó.

Gobiernos

En ese sentido, Rojas señaló que pese a la advertencia de los especialistas en temas relacionados con el clima, el gobierno central, los gobiernos regionales y gobiernos locales, no han ejecutado acciones de prevención ni utilizaron sus presupuestos establecidos en sus planes de contingencia.

“La única respuesta del Estado, a la fecha, es la declaración de emergencia en 796 distritos de 23 regiones por 60 días”, manifestó.

Señaló también que se generará desempleo y aumento de la pobreza en la zona rural.

Además, provocará la descapitalización y endeudamiento de los productores, la alteración del proceso fisiológico de las plantas y un aumento de plagas y enfermedades en los animales, que hará disminuir la oferta de alimentos.

En ese sentido, para impulsar una planificación anticipada, Proinversión organizó el taller informativo OxI “Planificar para prevenir: conoce los proyectos que se requieren frente al Fenómeno El Niño – Obras por Impuestos como alternativa de ejecución”.

En el encuentro se buscó fortalecer las capacidades de las entidades públicas para identificar territorios expuestos, priorizar intervenciones y evaluar su ejecución mediante OxI.

“El mecanismo constituye una alternativa para acelerar inversiones en gestión del riesgo de desastres”, destacó el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio.

Diversos

Explicó que mediante OxI se pueden ejecutar proyectos de inversión, IOARR (Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición), incluidas las de emergencia, actividades de operación y mantenimiento, servicios y viviendas rurales.

Del Carpio precisó que los Servicios por Impuestos también amplían la atención en educación, salud, saneamiento y planificación territorial.

Informó además que ya existen experiencias de OxI en las distintas etapas de la gestión del riesgo.

“En Cusco se ejecutan obras de protección en el río Tucsamayo por S/ 65 millones para más de 4,000 habitantes. En Ucayali se impulsa la ampliación del Sistema de Alerta Temprana por S/ 61 millones para más de 105,000 personas. En Ica, la modernización del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, por S/ 16 millones y beneficia a más de 800,000 habitantes”, precisó.

Entidades

En el taller informativo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) presentó sus competencias en la gestión reactiva del riesgo de desastres, así como información sobre los principales impactos ocasionados por eventos asociados al Fenómeno El Niño de 1982-1983, que ocasionó pérdidas equivalentes a cerca del 12 % del PBI de la época, mientras que El Niño Costero de 2017 afectó a cerca de 1,3 millones de personas.

También los antecedentes de emergencias registradas en el país y las principales necesidades identificadas para fortalecer la preparación y la respuesta frente a esos eventos.

En tanto, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) expuso sus funciones en la gestión prospectiva y correctiva del riesgo, presentando información sobre escenarios de riesgo, mapas de peligros y territorios con mayor exposición, elementos que constituyen insumos técnicos para la planificación de intervenciones e inversiones orientadas a reducir la vulnerabilidad de la población.

A partir de esas lecciones, planteó priorizar almacenes de contingencia, maquinaria pesada, motobombas, centros de operaciones de emergencia, drenaje pluvial, sistemas de alerta temprana, puentes y vías resilientes, así como la protección de colegios y establecimientos de salud.

Proinversión explicó que OxI es una modalidad de ejecución que permite acelerar el desarrollo de proyectos de inversión. Solo en el primer semestre de 2026 se adjudicaron intervenciones por S/ 5,872 millones, superando en seis meses el récord alcanzado durante todo 2025.

Este año, los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas disponen de una capacidad total de S/ 69,096 millones para ejecutar OxI: S/ 34,401 millones corresponden a gobiernos regionales; S/ 33,178 millones a gobiernos locales; y S/ 1,518 millones, a universidades públicas.

En declaraciones a Canal N, el funcionario informó que el presupuesto asignado este año al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) asciende a S/2,271 millones.

De ese monto, indicó que ya se ejecutaron S/1,187 millones, por lo que aún existen S/1,085 millones disponibles.

Calderón explicó que estos recursos fueron destinados específicamente para la organización de los comicios e instó a las autoridades electorales a priorizar su utilización en las actividades logísticas y operativas.

Asimismo, sostuvo que el presunto déficit de S/589 millones advertido por los organismos electorales puede ser cubierto con el saldo presupuestal aún no ejecutado.

El viceministro también anunció que el proyecto de ley de crédito suplementario contempla la incorporación de S/325 millones adicionales para reforzar el financiamiento del proceso electoral. Esta iniciativa será evaluada por la Comisión Permanente del Congreso.

Finalmente, el representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró que el Ejecutivo garantiza el financiamiento de las elecciones regionales y municipales de 2026, descartando que exista algún riesgo para su realización por motivos presupuestales.

El monto será depositado durante julio junto con la planilla de remuneraciones de cada entidad estatal.

El beneficio alcanza a los servidores del régimen 276, docentes de la Carrera Pública Magisterial y de universidades públicas, personal de salud, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, además de los pensionistas comprendidos en la disposición publicada en el diario oficial El Peruano.

En el caso de los trabajadores del régimen CAS, el aguinaldo ya no será otorgado debido a que la Ley N.° 32563 sustituyó ese beneficio por el derecho a percibir gratificaciones.

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En un comunicado, el ente regulador precisó que la supervisión que realiza al sistema cooperativo ha identificado prácticas heterogéneas en la evaluación crediticia, así como el uso de distintas metodologías para estimar la capacidad real de pago de los socios.

En ese contexto, prosiguió, resulta necesario tener un marco normativo que promueva una incorporación responsable de los socios al sistema cooperativo y un crecimiento sano de las colocaciones, teniendo como criterio central la evaluación de su capacidad de pago.

Responsabilidad

En esa línea, la SBS señaló que se propone responsabilidades para el Consejo de Administración y la Gerencia General, así como funciones específicas para el Comité de Riesgos, la Unidad de Riesgos y la Unidad de Auditoría Interna.

Refirió que si bien el proyecto de reglamento propone estándares mínimos para la evaluación crediticia, la idea central es proveer un reporte que sea una herramienta de gestión (tablero de control) de las Coopac para su uso en la medición, monitoreo, y seguimiento del riesgo de sobreendeudamiento de los socios minoristas.

En ese sentido, informó que desarrollará desde este mes una serie de talleres prácticos, presenciales y virtuales, para capacitar en la elaboración e implementación de esta herramienta.

El proyecto está publicado en el portal institucional de la SBS (https://www.sbs.gob.pe/normativa-y-estandares/normativa/prepublicacion-de-proyectos-normativos) y estará disponible hasta el próximo 7 de agosto para recibir comentarios y sugerencias de la industria y del público en general.

La gratificación es un beneficio que se entrega dos veces al año, en julio y diciembre. Los trabajadores de pequeñas empresas inscritas en el Remype reciben la mitad del monto, mientras que quienes laboran en microempresas, así como los independientes e informales, no acceden a este derecho.

El cálculo depende del tiempo trabajado durante el semestre. Quienes laboraron entre enero y junio completos reciben el equivalente a una remuneración mensual, mientras que quienes trabajaron solo parte del periodo perciben un sexto de la remuneración computable por cada mes calendario completo.

Además de la gratificación, los trabajadores reciben una bonificación extraordinaria equivalente al 9% para afiliados a EsSalud y al 6,75% para quienes cuentan con una EPS.

Este beneficio no está sujeto a descuentos por AFP ni por Impuesto a la Renta. Si el empleador incumple el plazo legal, deberá pagar intereses, y la Sunafil puede imponer multas de hasta S/120.000, según el régimen de la empresa y la cantidad de trabajadores afectados.

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