Al respecto, Carlos Gonzales, experto en hidrocarburos, quien expuso en su calidad de amicus curiae (amigo del TC), dijo a Correo que se necesitan cinco de los siete votos para declarar inconstitucional el citado DU.

En tanto, Ángel Delgado, director de Proyecto de Reorganización Patrimonial de Petroperú en Proinversión (responsable de la aplicación del DU), en su presentación ante el TC, precisó que el DU no solo enfoca una simple insolvencia contable, sino busca proteger a la población más vulnerable, como Loreto.

En esa región, la producción de energía eléctrica depende 100% de combustibles como el diésel, donde Petroperú aplica un rol subsidiario porque el privado no tiene participación.

Bloques

Delgado, además, adelantó que la próxima semana se inicia a conformar los bloques patrimoniales de Petroperú.

La refinería de Talara, es el más importante activo de la empresa y la que da el soporte financiero, se constituiría como un bloque patrimonial, que tendría una administración privada, pero el Estado mantendría la titularidad.

“No implica una privatización la aplicación del DU”, precisó el representante de Proinversión.

Sin embargo, el titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirma que el DU promueve una privatización encubierta.

El Instituto Peruano de Economía (IPE), en su calidad de amicus curiae del TC, le respondió que al cierre del primer trimestre 2026, Petroperú tenía una deuda de $ 6,351 millones.

En el primer trimestre 2026, la deuda de Petroperú fue 10 veces más que en 2013, cuando se autorizó endeudamiento para la refinería.

Al respecto, Fernando González, especialista en inversiones y educación financiera, se preguntó si realmente los peruanos estamos preparados para la economía que viene.

Precisó que uno de los principales desafíos es saber qué hacer cuando la moneda cambia de valor, cómo proteger un negocio frente a posibles modificaciones en las reglas de juego y, sobre todo, cómo evitar que los ahorros pierdan poder adquisitivo.

Inclusive, según indicó, en la actualidad, se suma un factor que está cambiando rápidamente la forma de hacer negocios: la inteligencia artificial (IA).

Al respecto, señaló que para las pequeñas y medianas empresas, el reto ya no es preguntarse si deben usar o no la IA, sino identificar qué procesos pueden automatizar primero para ahorrar tiempo, reducir costos y ser más competitivas, especialmente aquellas que todavía no superan el millón de dólares de facturación anual.

González también se refirió a un punto que pasa desapercibido, como es el costo de la informalidad cuando un emprendimiento empieza a crecer. “Lo que inicialmente puede parecer una salida práctica puede convertirse más adelante en una barrera para acceder a financiamiento, proteger los activos y construir un patrimonio sólido”, anotó.

Decisiones

El especialista refirió que prepararse para la economía que viene no significa simplemente guardar dinero; significa saber cómo protegerlo, invertirlo y tomar decisiones estratégicas antes de que las circunstancias obliguen a hacerlo.

Fernando González, empresario, inversionista y autor de Del miedo a la libertad, participará en la Cumbre de Riqueza Inmobiliaria 2026. Con casi tres décadas de experiencia en inversiones y educación financiera, compartirá sus conocimientos y estrategias para proteger y hacer crecer el patrimonio en tiempos de incertidumbre.

El encuentro se realizará este sábado 29 de agosto, de 9:30 a. m. a 5:30 p. m., en Av. Navarrete 762, piso 3, San Isidro.

Además, para generar condiciones que permitan avanzar con los proyectos previstos en esas regiones.

El objetivo principal de la cita en Huamanga (capital de Ayacucho) será que los gobernadores de las seis regiones de la macroregión Centro y representantes del Poder Ejecutivo es impulsar y destrabar una cartera de 21 proyectos mineros que representan inversiones por más de $ 20,800 millones.

Apurímac

Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Apurímac concentra la mayor inversión, con siete proyectos valorizados en $ 11,888 millones.

Le siguen Cusco, con tres proyectos por $ 3,590 millones; Ica, con dos por $ 2,378 millones; Ayacucho, con dos por $ 1,519 millones; Huancavelica, con cinco por $ 1,155 millones; y Junín, con dos proyectos por $ 283 millones.

Jesús Quispe Aronés, presidente del comité organizador de la segunda Convención Minera de la Mancomunidad Regional de Los Andes – Andesmin 2026, explicó que uno de los principales objetivos del encuentro será articular a los gobiernos regionales, el Ejecutivo y la empresa privada para generar condiciones que permitan viabilizar nuevas inversiones mineras.

La reunión se desarrollará en el marco de Andesmin 2026, que se realizará del 29 de octubre al 1 de noviembre en Huamanga y pondrá especial énfasis en las oportunidades que representa el desarrollo de proyectos cupríferos para la macroregión centro.

Exportaciones

El encuentro se realizará en un contexto de fuerte crecimiento de las exportaciones del sector. Entre enero y abril de 2026, los envíos mineros alcanzaron los $ 28,962 millones, un incremento de 60.6% respecto al mismo periodo de 2025, según cifras del Minem.

Quispe Aronés sostuvo que el comportamiento de las exportaciones y las perspectivas de la minería peruana también serán parte del análisis, así como la necesidad de fortalecer la competitividad de las regiones y mejorar las condiciones para atraer nuevas inversiones.

La agenda abordará, además, temas como sostenibilidad, innovación tecnológica, inteligencia artificial, transición energética, gestión eficiente del agua, competitividad, gobernanza y formación de talento humano.

Andesmin 2026 ha sido incluido en el Calendario de Eventos Mineros 2026 del Ministerio de Energía y Minas, como parte de los encuentros orientados a promover el potencial minero del país y las oportunidades de inversión en las regiones.

El Tribunal Constitucional (TC) analizará hoy la demanda de inconstitucionalidad que presentó la Defensoría del Pueblo contra el Decreto de Urgencia (DU) 010-2025 para la reorganización patrimonial de Petroperú.

Al respecto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) señala que Petroperú enfrenta una crisis estructural por años de deterioro operativo, elevado endeudamiento, pérdida de participación de mercado, rigidez de costos y persistentes problemas de gobernanza.

Precisa que la situación financiera es crítica: la deuda llegó a $ 6,351 millones en el primer trimestre de 2026, 10 veces más que en 2013, cuando se autorizó el endeudamiento para el inicio de la construcción de la Refinería.

Así respondió el IPE a una invitación que recibió del TC sobre el referido proceso de inconstitucionalidad.

Agrega que la situación de la empresa la “llevó a una creciente dependencia del respaldo financiero del Estado, sin que ello corrija los problemas de fondo de la empresa”.

Deuda fiscal

Prosigue que desde el 2013, el Estado ha comprometido más de S/ 32 mil millones para sostener a Petroperú, trasladando al fisco los costos de una empresa que no ha logrado recuperar viabilidad financiera por sus medios.

“Mantener esta dinámica no solo incrementa el costo fiscal, sino que posterga decisiones estructurales cada vez más urgentes”, indica.

Según el IPE, el DU constituye un punto de partida necesario para iniciar una solución de fondo.

“La reorganización patrimonial en bloques, la evaluación de mecanismos de participación privada y la reestructuración interna ofrecen una ruta operativa para ordenar la empresa, transparentar sus unidades de negocio y reducir ineficiencias. Dejar sin efecto este decreto implica un retroceso y eleva el riesgo por nuevos rescates sin transformación estructural”, comenta.

El Tribunal Constitucional (TC) revisará este martes las demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia 010-2025, que otorga a Proinversión la responsabilidad de reestructurar Petroperú ante su complicada situación financiera. La norma es cuestionada por la Defensoría del Pueblo y los colegios de Abogados e Ingenieros, que alertan sobreuna “eventual privatización” de la empresa estatal.

El decreto fue aprobado el 31 de diciembre de 2025, durante la gestión de José Jerí, y plantea reorganizar Petroperú mediante la separación de sus activos y unidades de negocio en bloques patrimoniales. Estos podrían ser administrados por operadores especializados, facilitando así la participación de empresas privadas.

La Defensoría del Pueblo sostiene que el Ejecutivo habría excedido sus atribuciones al modificar, mediante un decreto de urgencia, el régimen jurídico de Petroperú “eludiendo el debate parlamentario y vulnerando separación de poderes”. En su demanda, argumenta que la norma no cumpliría con los requisitos de urgencia e imprevisibilidad exigidos para su emisión.

Asimismo, la Defensoría cuestiona que la norma contemple mecanismos orientados a promover la inversión privada, debido al carácter estratégico que, según sostiene, tiene Petroperú para garantizar la seguridad energética nacional.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Talara también presentó una demanda contra el Decreto de Urgencia 010-2025. El Tribunal Constitucional analizará este recurso junto con la acción interpuesta por la Defensoría del Pueblo.

De manera paralela al proceso iniciado ante el Tribunal Constitucional, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) interpuso una demanda de amparo para impedir que se aplique el referido decreto.

El Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite la demanda, que fue presentada contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, Proinversión y Petroperú. La audiencia única del proceso quedó programada para el 5 de octubre de 2026.

El gremio advierte que la aplicación del Decreto de Urgencia 010-2025 podría poner en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores de Petroperú. Además, expresa su preocupación por la posibilidad de que la reorganización planteada termine en la transferencia o concesión de activos de la empresa.

La federación considera que las decisiones que adopten el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial serán determinantes para el rumbo de Petroperú. Asimismo, sostiene que estos procesos tendrán impacto tanto en la seguridad energética del país como en las condiciones laborales de sus trabajadores.