“Conocer cómo funciona este proceso es clave para tomar una mejor decisión financiera, tanto para el afiliado como para su familia. En el SPP no existe ninguna restricción legal que impida trabajar luego de jubilarse”, según Joel Boza, gerente de Operaciones al Afiliado en Prima AFP.

Precisó que cuando el afiliado inicia su trámite de jubilación o cumple la edad legal no está obligado a aportar a la AFP y su salario queda libre de descuentos previsionales.

Ingresos

Boza dijo que el afiliado recibirá un sueldo mayor, sin descuentos y puede decidir voluntariamente seguir aportando si así lo desea, por ejemplo, mediante una cuenta de aportes voluntarios con fin previsional.

Refirió que para evitar descuentos si el afiliado ya se jubiló debe comunicar a la AFP que inició el trámite de jubilación y sigue trabajando. También debe informar al empleador con una declaración jurada, que ya no corresponde realizar el descuentos.

Si el jubilado no informa su situación, la empresa seguirá descontando, pero el dinero irá a una cuenta especial dentro de la AFP, no a su cuenta individual, y deberá presentar una solicitud de devolución de aportes para recuperar esos descuentos.

“Hoy el 5 % de nuestros afiliados aptos para jubilarse han iniciado su trámite de jubilación o han realizado consultas al respecto. Sin embargo, muchos aún no lo hacen por temor a perder su empleo, cuando en realidad jubilación y trabajo sí pueden ir de la mano” finaliza Boza.

Según esta auditoría, solo el 15.15% de los candidatos presenta una arquitectura técnica capaz de sostener una verdadera política de Estado, mientras que la gran mayoría opera bajo un voluntarismo que ignora la realidad fiscal y los riesgos de seguridad nacional.

En ese sentido, el estudio del IDIS aplicó una metodología rigurosa en 12 ejes estratégicos, identificando una “peligrosa brecha de implementación” que supera el 70% en sectores como la industrialización, defensa y lucha contra la corrupción.

Según el reporte, el Perú enfrenta amenazas del siglo XXI con planes de seguridad y desarrollo diseñados bajo lógicas del siglo XX.

Urgencia

Al respecto, Jesús Salazar Nishi, presidente del IDIS, dijo que urge un cambio de rumbo en la estrategia de crecimiento porque “nuestro país no puede permitirse otro quinquenio administrando la inercia o simplemente exportando piedras sin transformar su estructura productiva”

Hizo hincapié que la ventana de oportunidad que tenemos con el puerto de Chancay y la demanda global de minerales críticos se cerrará si no logramos migrar hacia un modelo de mayor valor agregado basado en la industrialización regional y el desarrollo de zonas económicas especiales.

“El crecimiento del país no vendrá de la casualidad, si no de un Estado promotor que lidere el cierre de brechas de infraestructura para conectar la producción con los mercados globales”, indicó el ex presidente de la Sociedad Nacional de Industrias.

También se pronunció sobre la calidad técnica de quienes aspiran a ocupar el Ejecutivo y el nuevo Congreso bicameral, advirtiendo sobre el riesgo de la improvisación política.

Esta obra beneficiará a 29 provincias y 280 distritos de regiones del sur como Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ica y Cusco.

El acto contó con la participación de autoridades como el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, y representantes de la Autoridad Portuaria Nacional; así como representantes de la Sociedad Concesionaria San Juan Port S.A., quienes destacaron el impacto del proyecto en el desarrollo económico y logístico

Se trata además del primer contrato firmado por ProInversión como entidad concedente, en el marco de su nuevo rol en la promoción de grandes inversiones.

El terminal será desarrollado bajo la modalidad de Asociación Público-Privada e incluirá el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento. Se proyecta que se convierta en el tercer puerto más importante del país, después del Callao y Chancay, con infraestructura que permitirá atender carga a granel, general y en contenedores.

La obra contará con dos muelles y tres amarraderos, y estará orientada principalmente al manejo de minerales como hierro y cobre, con una capacidad de hasta 47 millones de toneladas métricas. Además, impulsará inversiones complementarias por más de 2,000 millones de dólares y generará 1,500 empleos en sus primeros años de operación.

El proyecto también contempla la creación de un fondo social que recaudaría cerca de 290 millones de soles para las zonas de influencia. Su ejecución se realizará en cuatro etapas, consolidando un nuevo polo de desarrollo en el sur y posicionando al Perú como un hub logístico regional.