Tanto que es dependiente de la importación de combustibles que, con la guerra en Medio Oriente, los precios al consumidor final subieron entre 40 y 70% desde marzo a la fecha.

Es así, que el Ejecutivo, mediante el Ministerio de Energía y Minas (Minem), está impulsando un decreto supremo (DS) para declarar en emergencia la comercialización de combustibles a nivel nacional, según adelantó el viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama.

Precisó que Perú importa más de 100 mil barriles de petróleo diario, que tiene una dependencia del precio internacional (para fijar los precios de los combustibles en el mercado interno de combustibles).

En ese sentido, explicó que el DS considerará como bienes esenciales al diésel B5, gasolinas, gasoholes y GLP para asegurar el abastecimiento y evitar prácticas especulativas.

Además, involucrará acciones de Osinergmin e Indecopi para supervisar precios, stocks y eventuales conductas de acaparamiento.

Agama señaló que el DS será emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), no por el Minem, y se publicará en los próximos días.

Carencia

El viceministro, durante su exposición ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, precisó que más del 90 % de los lotes petroleros son operados por empresas privadas bajo concesiones, que Petroperú produce solo unos 5 mil barriles diarios.

También se refirió a la refinería de Talara, recordando que tiene una capacidad para procesar hasta 95 mil barriles diarios, pero refina unos 60 mil barriles (porque no tiene suficiente abastecimiento de crudo porque Petroperú padece de capital de trabajo).

Advirtió que las inversiones en exploración y explotación requieren condiciones legales.

Durante su participación en la Conferencia de Ministros del Trabajo de América Latina y el Caribe, en Colombia, afirmó que el Perú asume este compromiso regional mediante acciones concretas centradas en tres líneas prioritarias.

La primera consiste en fortalecer la migración circular, regular y segura, a través de mecanismos de movilidad laboral internacional y acuerdos de cooperación con distintos países y organismos internacionales.

La segunda busca impulsar el reconocimiento de competencias y la formación para el empleo decente. La tercera plantea promover una agenda regional de justicia social e integración inclusiva, orientada a reducir las desigualdades y fortalecer el diálogo social frente a los desafíos actuales de los mercados laborales.

“El Perú viene impulsando una agenda orientada a promover la formalización laboral mediante la simplificación administrativa, la digitalización de servicios y el fortalecimiento de la inspección laboral. Entendemos la formalización no solo como cumplimiento normativo, sino también como una herramienta de inclusión productiva, movilidad social y desarrollo económico”, señaló Fernández.

Movilidad

Durante su exposición en el “Diálogo Ministerial: Migración e Inclusión Laboral”, destacó que este espacio constituye una oportunidad fundamental para reflexionar sobre uno de los principales desafíos de la región: garantizar que la movilidad humana se desarrolle con derechos, inclusión y trabajo decente.

También indicó que América Latina y el Caribe atraviesan una dinámica migratoria sin precedentes, en la que más de 48 millones de personas dejan sus lugares de origen en busca de oportunidades y mejores condiciones de vida, enfrentando posteriormente situaciones de informalidad laboral, precariedad y limitado acceso a la protección social.

Fernández insistió en que la migración laboral debe entenderse como una oportunidad para el desarrollo de las economías y sociedades de la región, razón por la cual América Latina y el Caribe deben continuar avanzando hacia una gobernanza migratoria articulada e inclusiva.

Como parte de su agenda en esta conferencia internacional, el titular del MTPE sostuvo reuniones con el ministro de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, Rolando Castro; la ministra de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, Miriam Roquel; el ministro de Trabajo y Empleo de Brasil, Luiz Marinho; así como con el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para los Países Andinos, Ítalo Cardona.

A ese pago se suman las regalías que pagan las empresas por la explotación de los recursos mineros, como el cobre, oro, plata, zinc, etc.

Sobre el particular, Juan Luis Kruger, CEO de Minsur, empresa minera que pertenece al Grupo Breca, señaló que Perú tiene un potencial gigantesco, sobre todo de cobre, zinc, plata, y tiene en compás de espera el desarrollo de proyectos valorizados en $ 60 mil millones.

El único proyecto que está en marcha, dijo, es Tía María (Arequipa), cuya inversión para entrar en operaciones será de unos $ 1,800 millones. “Demoró 15 años para ponerse en marcha”, indicó.

Pese a ello, manifestó que en los últimos 10 años, la minería aportó unos S/ 60 mil millones por concepto de canon (50% del Impuesto a la Renta que pagan las mineras al Estado) y de regalías (contraprestación que pagan por explotar el recurso minero).

Actualmente, los precios de los principales metales están en un nivel alto, no obstante los ajustes hacia arriba o hacia abajo. El oro está entre $ 4,500 y 4,700 la onza, mientras el cobre se mantiene sobre los $ 6 la libra.

Pasado

Kruger, quien intervino en Perú CEOS 6 Leaders Summit 2026 que organizó el Dorado Invesments, se preguntó: ¿Qué se hizo con ese dinero con el que se pudo construir 12 mil Km de trenes, cuatro ferrocarriles de Tumbes a Tacna; más de 500 hospitales de primer nivel y casi cuatro mil colegios de primer nivel?

Es decir, el aporte minero a las regiones no se reflejan en el bienestar de los pobladores porque se refleja en la falta de infraestructuras como carreteras, agua, desagüe, postas médicas, colegios adecuados.

El ejecutivo se refirió también que Perú pierde la oportunidad (de desarrollo), pero que es necesario mirar adelante. “El pasado no lo podemos volver a reescribir, pero el futuro sí. Y está en nuestras manos hacerlo”, comentó.

Precisó que se necesita confianza, con reglas de juego claras y estables, porque la minería es una industria de largo plazo; para producir una tonelada de cobre, se necesita un capital de trabajo inicial de entre $ 20 mil y 25 mil.

“Significa que cualquier proyecto mediano de cobre requiere inversiones de entre $ 2,000 millones y 2,500 millones de dólares. Uno más grande, como fue Quellaveco, demandó sobre los $ 5,000 millones”, precisó.