¿Cómo van los esfuerzos de Entel por expandir su red 5G en el Perú?

Tenemos una estrategia enfocada en invertir en ello. El monto comprometido para este año supera los 200 millones de dólares, uno muy superior al del 2025 (…) Hoy tenemos un habilitador importante que permite acelerar el despliegue de la tecnología 5G, que es el espectro radioeléctrico.

Entel tiene 100 MHz continuos en la banda 3500 y esto nos permitirá hacer un despliegue mucho más eficiente. También existen otras bandas, tenemos una de 2300 donde ya hemos desplegado esta tecnología. De hecho, Entel lidera el ranking de calidad de red de la tecnología 5G, según OSIPTEL.

¿La sobrerregulación afecta a este y otros propósitos?

Desde mi perspectiva, y lo digo con humildad, debe haber un cambio en la visión de los reguladores en general. Las reguladoras deberían retomar uno de sus principales roles: ser promotores de la competencia y la innovación (…)

Si un servicio está en alta competencia no requiere mayor regulación, y el mundo móvil lo está. Hoy el usuario tiene todas las herramientas para sancionarnos si es que no está contento con nuestro servicio y portarse a cualquier operador en un minuto. Hay libertad absoluta.

Es un segmento muy regulado y con un enfoque, más que promotor de competencia e innovación, fiscalizador. Siempre hay que poner al consumidor en el centro, pero cuando este está empoderado y no está atrapado en un operador, la visión debería ser otra.

¿Se convocó a Entel para dialogar alguna iniciativa?

Hoy existe una voluntad en el regulador (OSIPTEL) por revisar todo el marco sancionatorio. Hay un proyecto en el que hemos aportado comentarios, se encuentra en esa fase.

Lo más importante en un marco que regula la facultad sancionadora, en este caso de OSIPTEL, es cerrar todos los espacios donde exista discrecionalidad del funcionario público al imponer una sanción. Eso quita predictibilidad, certeza jurídica y se puede prestar para que una sanción pueda ser considerada irracional.

No debería existir ningún margen para la discrecionalidad del funcionario público. Los supervisados deben tener el derecho de saber exactamente cómo es que se llega a determinar una sanción. Las multas se han incrementado de forma exponencial en los últimos diez años.

¿En relación a qué aspecto?

Están asociadas, sobre todo, a obligaciones que “buscan” combatir la inseguridad ciudadana. Casi el 70% de las últimas normas que se han dictado y de las multas por incumplir algún plazo están asociadas a ello. Hay que sentarse a revisar si toda esa normativa ha contribuido a disminuirla. Nosotros estamos comprometidos.

¿Qué propuestas o cambios sugerirían?

Hemos propuesto evaluar algunos temas. Cuando uno contrata un servicio público de telecomunicaciones y le da de baja, la numeración queda hibernando por sesenta días y, en ese plazo, cualquier persona puede utilizar WhatsApp vía Wi-Fi para cometer algún delito.

En ese caso no tenemos trazabilidad. Otra medida que se puede revisar son los temas de uso prohibido o indebido, mejorar esa normativa de manera tal que podamos actuar rápido. También podría revisarse el tema del levantamiento del secreto de las telecomunicaciones.

A veces tenemos abundantes requerimientos que no se puedan atender en los plazos que las autoridades quisieran, pero que hoy una empresa como Entel está obligada a cumplir con el marco legal vigente. Si queremos acelerar información hacia las autoridades, tendremos que modificar ciertos marcos legales.

Precisó, además, que los más de 75 informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), que datan desde el 2005, muestran al menos 13 fallas documentadas y advertencias a TGP sobre esos riesgos, y de la incapacidad de la empresa para programar monitorios adecuados, control de la erosión y reparaciones del sistema.

En respuesta a Reuters, TGP señaló que la rotura del gasoducto (1 de marzo de 2026) se produjo durante una inspección preventiva en una estación de válvulas en el distrito de Megantoni (Cusco), y que sigue la investigación sobre el accidente.

Indicó que con información objetiva, el evento se originó por una pérdida en un componente del sistema asociado a una de las válvulas de la línea de líquidos.

TGP agregó que hasta antes de esos trabajos no hubo indicios de anomalías en los ductos ni en las instalaciones anexas, que están en terreno inestable y propenso a deslizamientos y erosión.

Grietas.

Reuters refirió que una sanción de la OEFA de noviembre de 2019 señala que 11 de las 13 fallas en el gasoducto de líquidos de gas natural de 540 kilómetros fueron causadas por deslizamientos de tierra, reptación del suelo o erosión, peligros que los reguladores clasificaron como de alto riesgo a lo largo de múltiples tramos del gasoducto.

En varios casos, “las propias inspecciones de TGP detectaron grietas en el suelo a pocos metros de donde posteriormente se produjeron las roturas, según muestran los registros”.

En ese sentido, la agencia precisó que la empresa, en sus informes, afirmó haber sellado grietas superficiales con “agropol”, una película de polietileno, para prevenir la infiltración de agua y la erosión en aproximadamente 300 ocasiones. “La OEFA declaró que esta práctica era sistemática, carecía de un análisis exhaustivo y se realizaba en lugar de implementar medidas de prevención adecuadas”, señaló la agencia.

Refirió que TGP no respondió a las preguntas sobre las medidas que ha tomado para abordar los riesgos geológicos ni sobre si continúa utilizando plástico y agropol para reparar las grietas, los informes de segmentos de oleoducto expuestos o la calificación de los trabajadores que realizaban el mantenimiento.