El funcionario señaló en RPP que los documentos de la operación se encuentran en la etapa final y serán formalizados ante notario, tras lo cual los recursos serán canalizados a la petrolera estatal mediante Petroperú Invest.

Del Carpio explicó que este primer tramo será financiado por dos bancos internacionales, mientras que para completar el objetivo de obtener hasta US$2.000 millones se contempla la participación de hasta cuatro entidades financieras.

Según indicó, varios acreedores han mostrado interés en el proceso, cuyo propósito es fortalecer la situación financiera de Petroperú.

El presidente de ProInversión estimó que la empresa podría dejar de requerir recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en los próximos dos o tres meses, dependiendo del avance del financiamiento y de su proceso de reestructuración.

Asimismo, descartó que el plan contemple la venta de bloques patrimoniales de Petroperú, como la Refinería de Talara.

Explicó que la propuesta busca incorporar gestión privada y nuevos socios que aporten capital y participen en la administración de la empresa estatal.

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Señaló que el país mantiene condiciones que le permite aumentar el gasto público mientras avanza en un proceso de consolidación fiscal. Destacó que la economía podría crecer 4% este año, pero por El Niño sería 3.4%.

En su exposición, Cuba precisó que del monto total presupuestado para el 2027, más de S/ 112,000 millones serán para pagar sueldos y pensiones (42%). En 2026 fueron S/ 110,400 millones.

Además, indicó que se estima destinar S/ 5,000 millones para hacer frente los embates de El Niño, un 0.5% del Producto Bruto Interno (PBI). El gobierno nacional recibiría S/2.023 millones

A nivel de instituciones, la Autoridad Nacional de Infraestructura recibiría el mayor monto del presupuesto (S/ 1,047 millones), seguida del Instituto Nacional de Defensa Civil (S/ 413 millones).

Recaudación

Cuba afirmó también la necesidad de ordenar los gastos tributarios, estableciendo discusiones “caso por caso”.

Según Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, los gastos tributarios suman S/ 27,697 millones.

Precisó que la exoneración tributaria más importante es la del IGV a los productos agrícolas, recomendando al Congreso presentar propuestas para cambiarla, pero con la que no está de acuerdo.

El segundo beneficio tributario de mayor peso es la inafectación del Impuesto a la Renta (IR) de la CTS, cuyo gasto se estima en S/ 2,065 millones anuales.

También está la exoneración del IGV en la Amazonía, con un gasto estimado de S/ 3,992 millones cada año.

Explicó que se trabaja en las evaluaciones necesarias para definir las condiciones para su potencial desarrollo. Sin embargo, no precisó la fecha de entrada en producción de Coroccohuayco ni una estimación específica de producción asociada al proyecto.

Rivera señaló que Coroccohuayco es una oportunidad de crecimiento relevante para la provincia de Espinar y para el país. El prospecto minero está a siete kilómetros de Antapaccay (subsidiaria de Glencore) y cuando empiece a operar, el mineral será transportado a la planta concentradora que ya existe en la zona.

Hace un año y medio, la compañía estimaba que con Coroccohuayco la producción minera en la zona se ampliaría 20 años. Sin embargo, el ejecutivo de Glencore señaló ahora que “de concretarse, el proyecto tendría el potencial de extender la actividad minera en Espinar, por más de 25 años.

Se estima que la inversión para poner en marcha el proyecto es de alrededor de $ 1,800 millones.

Meta

Rivera también indicó que Glencore tiene una estrategia de crecimiento estructural en cobre a nivel global, por lo que esperan superar el millón de toneladas de producción anual hacia finales de 2028 y alcanzar aproximadamente 1,6 millones de toneladas hacia 2035.

“Tanto Coroccohuayco como Quechua forman parte de oportunidades de crecimiento de largo plazo que se encuentran sujetas a sus respectivos procesos de evaluación y desarrollo”, agregó.

En la misma línea, sostuvo que Glencore evalúa permanentemente oportunidades que puedan fortalecer su portafolio de cobre y generar valor de largo plazo.

“Perú es un país con un importante potencial cuprífero y forma parte de nuestra visión de crecimiento en la región. Sin embargo, no comentamos sobre activos específicos o potenciales transacciones mientras no exista información que haya sido anunciada públicamente”, anotó.

Actividad

Rivera, quien también es presidente del Mining Investment America (MIA) de Expomina, señaló que el objetivo de este foro trasciende lo protocolar para consolidarse como un espacio estratégico, diseñado para posicionar a las Américas como el destino más competitivo para el capital global.

“El MIA permitirá acercar las perspectivas del sector público, los inversionistas y la industria, y convertir ese diálogo en propuestas concretas. Desde el sector privado podemos aportar experiencia y propuestas técnicas orientadas a mejorar la competitividad, reducir ineficiencias y generar mayor predictibilidad para las inversiones”, detalló.

Añadió que también es importante que exista una coordinación permanente entre los distintos actores para identificar oportunidades de mejora en los procesos regulatorios y administrativos. “El objetivo no es flexibilizar los estándares, sino hacer más eficientes y previsibles los procesos, manteniendo los estándares que corresponden”, precisó.

Destacó que, entre las medidas planteadas por el Ejecutivo están el establecimiento de disposiciones para promover la inversión privada en exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos; optimizar los mecanismos contractuales; y simplificar los procedimientos administrativos vinculados a la cadena de valor de los hidrocarburos, incluyendo la petroquímica.

“Las facultades legislativas representan una posibilidad real para generar mejores condiciones para el desarrollo del sector. Necesitamos facilitar la exploración y producción, contar con mecanismos contractuales más eficientes y eliminar trabas que hoy retrasan la ejecución de proyectos”, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

Según el gremio, las medidas son especialmente relevantes frente a la necesidad de reponer las reservas de hidrocarburos del país y recuperar los niveles de inversión en exploración y producción.

La inversión anual en exploración pasó de $ 946 millones 700 mil (2012) a apenas $ 9.8 millones (2025), una reducción de 99%. Esta caída limita la posibilidad de descubrir y desarrollar nuevas reservas y compromete la capacidad del país para sostener su producción de hidrocarburos en el largo plazo.

En ese contexto, señala la SPH, resulta fundamental tener un entorno regulatorio ágil, predecible y eficiente que permita acelerar el desarrollo de proyectos, manteniendo los estándares ambientales y sociales exigidos.

Masificación

El gremio precisó que la revisión del marco regulatorio debe considerar una visión integral de la cadena de valor de los hidrocarburos, que incluya el desarrollo de infraestructura, la revisión del régimen de regalías, la masificación del gas natural y el impulso de actividades con mayor valor agregado, como la petroquímica.

Sobre la industria de petroquímica, la SPH indicó que su desarrollo puede contribuir a industrializar los recursos de hidrocarburos, atraer nuevas inversiones y generar cadenas productivas y empleo especializado.

“Necesitamos aprovechar esta oportunidad para fortalecer la seguridad energética del país y generar las condiciones que permitan aprovechar nuestro potencial hidrocarburífero. Una regulación más eficiente y una visión integral de la cadena de valor pueden contribuir a que nuestros recursos se conviertan en mayor desarrollo y oportunidades para el país”, agregó Cantuarias.

La medida busca acelerar las intervenciones que requieren atención inmediata ante posibles lluvias intensas y otros eventos asociados a la anomalía climática.

Bajo este esquema, las empresas podrán adelantar recursos para financiar y ejecutar servicios que el Estado necesita implementar con rapidez. A cambio, recibirán certificados por el monto invertido, los cuales podrán ser utilizados para el pago de su Impuesto a la Renta. De esta manera, el Ejecutivo busca movilizar recursos privados y reducir los plazos que demandan los procedimientos tradicionales de contratación pública.

Aunque el Decreto de Urgencia aún no establece la lista definitiva de actividades que podrán acogerse a este mecanismo, entre las intervenciones consideradas figuran la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, además de otros trabajos destinados a reducir los riesgos ante lluvias intensas.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) había planteado previamente utilizar esta modalidad para incorporar al sector privado en las labores de prevención.

La nueva disposición también establece una modificación en el control previo de estas intervenciones. Las entidades públicas no tendrán que solicitar un informe previo de la Contraloría General de la República para ejecutar los servicios y las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) de emergencia bajo este régimen especial.

Sin embargo, la Contraloría mantendrá sus facultades de control simultáneo y posterior sobre las intervenciones.

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El Ejecutivo sustentó ante el Pleno del Congreso los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público correspondientes al año fiscal 2027.

Los tres proyectos serán publicados en el diario El Peruano. “Concluido el debate, los referidos proyectos son publicados en el Diario Oficial El Peruano y derivados a la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, la cual los analiza en sesiones públicas”, dice el Reglamento del Congreso.

La sesión se inició desde las 10:00 horas de este jueves 3 de setiembre. La primera exposición estuvo a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

El premier afirmó hoy que el presupuesto público de más de S/ 266 mil millones para el año fiscal 2027 marcará un punto de inflexión para el país.

Indicó que para el sector orden público y seguridad se han previsto S/15.400 millones, recursos que estarán orientados a fortalecer la investigación y persecución del delito, el sistema penitenciario y la capacidad operativa de la Policía Nacional.

A su turno, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, presentó ante los parlamentarios las principales propuestas del Ejecutivo, con énfasis en las prioridades del gasto público y las fuentes de financiamiento.

Elmer Cuba indicó que el proyecto de presupuesto público para 2027 (S/266.506 millones) representa un incremento de 3,5% respecto al presupuesto del año anterior.

Destacó el desempeño de la economía peruana y señaló que el país registra un crecimiento cercano al 3% en lo que va del año, pese a los efectos del Fenómeno El Niño.

La sesión fue convocada por el presidente del Congreso y de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y del Reglamento del Parlamento.

La normativa establece que la sustentación de las leyes presupuestarias debe realizarse dentro de las 48 horas posteriores a la presentación de los proyectos.

Los representantes del Ejecutivo explicaron los principales lineamientos de las propuestas, y posteriormente fueron analizados y debatidos por el Congreso para su eventual aprobación.

Así, tras la exposición, se procedió al debate, con la participación de los voceros de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el reciente acuerdo de la Junta de Portavoces Conjunta.

La sesión se levantó a las 13:36 horas luego de un amplio debate en que se pidió cerrar las brechas sociales.

El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres (@mikitorresfp), anuncia la sesión del Pleno en la que se sustentarán los proyectos de ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero, proposiciones legislativas clave que definirán el uso de los recursos del país. pic.twitter.com/1rBfvEoTz7

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 3, 2026

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Durante su exposición, destacó el desempeño de la economía peruana y señaló que el país registra un crecimiento cercano al 3% en lo que va del año, pese a los efectos del Fenómeno El Niño.

Elmer Cuba elevó la proyección de crecimiento económico para 2026 y 2027 a 3,5% y señaló que el objetivo del Gobierno es alcanzar tasas cercanas al 4% en los próximos años. En ese contexto, resaltó que la inversión privada viene creciendo alrededor de 15 %, impulsada por sectores como minería, construcción, industria y servicios. También destacó que la demanda interna aumentó 5,9 % en lo que va del año.

El titular del MEF identificó la evasión tributaria como uno de los principales problemas estructurales del país y sostuvo que existe margen para aumentar la recaudación sin modificar las actuales tasas del Impuesto a la Renta ni del IGV. Según explicó, reducir en dos puntos porcentuales la evasión permitiría obtener cerca de S/20 mil millones adicionales, recursos que podrían destinarse a infraestructura y políticas sociales.

Respecto al presupuesto 2027, Cuba señaló que la propuesta tiene un carácter descentralista y busca garantizar la continuidad de las inversiones y la operatividad de las entidades públicas. Entre los sectores priorizados mencionó a Interior, Defensa, educación y Desarrollo e Inclusión Social.

Educación contará con alrededor de S/49 mil millones, salud con S/32 mil millones, mientras que el transporte también representa uno de los principales rubros debido a las necesidades de infraestructura y logística.

En materia de seguridad, el Gobierno plantea fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar la criminalidad y mejorar la operatividad de las instituciones responsables de la seguridad y defensa.

El ministro también destacó que la inversión pública alcanzará aproximadamente S/57 mil millones en 2027, mientras que el servicio de la deuda demandará unos S/31 mil millones.

Finalmente, Cuba resaltó que el presupuesto público aumentó cerca de 35% en cinco años, al pasar de los niveles registrados en 2022 a los S/266.506 millones previstos para 2027. Sin embargo, sostuvo que el principal desafío no es únicamente disponer de mayores recursos, sino mejorar la eficiencia del gasto, reducir la evasión tributaria y asegurar que la inversión pública se traduzca en mejores servicios para la población.

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sustentó este jueves 3 de setiembre la propuesta ante el Congreso y señaló que la lucha contra la inseguridad constituye una de las principales prioridades de su gestión.

Durante su exposición, Luis Galarreta explicó que los recursos destinados al sector seguridad estarán orientados a fortalecer la investigación y persecución del delito, el sistema penitenciario y la capacidad operativa de la Policía Nacional.

El premier sostuvo que el presupuesto debe ser evaluado no solo por el nivel de ejecución del gasto, sino también por los resultados y el impacto que genere en la ciudadanía.

El proyecto de presupuesto 2027 contempla además S/ 49.100 millones para educación, S/ 32.200 millones para salud y S/ 26.000 millones para transporte.

Según el Ejecutivo, estas áreas forman parte de las prioridades para reducir brechas sociales, mejorar los servicios públicos y fortalecer la infraestructura en el país.

“El Perú necesita un Estado que funcione y llegue a tiempo, que persiga al delincuente, que proteja al adulto mayor y brinde resultados concretos”, dijo.

Luis Galarreta indicó que el presupuesto supera en 3,5 % al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026 y afirmó que debe marcar un punto de inflexión para enfrentar los principales problemas del país. En ese sentido, planteó la necesidad de contar con un Estado más eficiente y con mayor capacidad de respuesta frente a las demandas de la población.

El jefe del Gabinete también sostuvo que la inseguridad, la baja productividad, la informalidad y la vulnerabilidad frente al cambio climático constituyen algunos de los principales desafíos que deberá afrontar el país. Para ello, consideró necesario impulsar la inversión privada, destrabar normas y generar condiciones para recuperar el crecimiento económico.

La propuesta será analizada por el Congreso durante los próximos meses.

La Comisión de Presupuesto deberá revisar la distribución de los recursos entre los distintos sectores y pliegos antes de que el proyecto sea sometido al debate y eventual aprobación del Parlamento.

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Velarde fue designado presidente del BCR en el 2006. Luego fue ratificado en el cargo por cuatro administración gubernamentales, incluyendo la de la presidenta Keiko Fujimori.

Tiene un posgrado en Economía por la Universidad del Pacifico, donde obtuvo el primer lugar en su promoción. Tiene maestría y estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Brown y estudios avanzados de Economía en el Instituto de Economía Mundial de Kiel.

Inflación

Tras recibir el Premio Legado de manos del director de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miro Quesada y de la rectora de la UPC, Milagros Morgan Rozas, Velarde refirió que la inflación baja se alcanzó por una serie de factores, como los consensos alcanzados después de que el país afrontó problemas de alta inflación.

Ademas, señaló que hoy existe un compromiso del gobierno de no solicitar préstamos al BCR.

A ello se suma el establecimiento de un rango meta de inflación de 3%, cifra distinta al de otros países de América Latina.

“Me es difícil entender que la mayor parte de países de América Latina tienen una meta tan alta. Todos los países desarrollados tienen una meta de 2%. No veo ningún beneficio en que por ser latinoamericanos tengamos que apuntar a una inflación mas alta”, comentó.

Además, dijo que un país con estabilidad de precios puede alcanzar un mayor y mas sano crecimiento.

El presidente de la entidad responsable de la política monetaria del país, recordó los periodos de inestabilidad política, que “han sido costosos”.