La última proyección del déficit fiscal del BCR es de 1.8% (2026) y de 1.5% (2027).

Refirió que se proyecta una reducción del déficit fiscal porque los precios de las exportaciones peruanas son más altas que los de las importaciones, y por actividad económica en crecimiento.

“Implica que hay mayores ingresos, pero no estamos viendo lo que se vio en el boom anterior, entre el 2004 y 2013, que generó ahorros. Fue posible porque había superávit fiscal”, precisó.

Explicó que la política fiscal de ahorro es una línea de Estado que ha tomado décadas y permite al Perú tener un grado de inversión, por tanto, tener la tasa de interés más bajas de América Latina

Futuro

Armas señaló que se está viendo que las proyecciones revisan al alza los gastos por las medidas que se han tomado (Congreso, principalmente), pero no se ve un impacto en el equilibrio fiscal porque suben los ingresos.

“Eso no significa que se deba ser complaciente. Significa que no se está ahorrando lo suficiente en un periodo de bonanza que tiene el país y que no debemos dar por sentado que va a durar por siempre”, comentó.

También ha permitido, prosiguió, tener un espacio fiscal que facilita al Perú poder responder ante choques adversos, por ejemplo, el Covid o El Niño

Armas explicó que los altos ingresos del país permiten, en la actualidad, tener las espaldas fiscales para poder enfrentarlo de manera adecuada. “Cuando no se ahorra es cuando hay problemas como pasaban en la década de los ochentas”, comentó al tiempo de indicar que no se ahorra para el futuro.

La decisión fue adoptada mediante la sentencia del expediente N° 00018-2023-PI/TC, que declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.° 31232, norma que modificaba las condiciones de reubicación de los habitantes de la zona baja del distrito de Belén, en la región Loreto.

El TC sostuvo que la ley vulneraba los principios de equilibrio presupuestario y las atribuciones del Poder Ejecutivo en la conducción de las finanzas públicas. En ese sentido, precisó que los congresistas no tienen iniciativa para promover normas que impliquen un impacto en el presupuesto del Estado.

Asimismo, el fallo dispone que todo proyecto de ley que excepcionalmente genere gasto público deberá contar previamente con un informe de sostenibilidad fiscal emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), además de identificar la fuente de financiamiento correspondiente.

El Tribunal Constitucional dispuso que los criterios establecidos en esta sentencia serán de aplicación obligatoria para todos los casos que se tramiten a partir de su publicación. Asimismo, exhortó al Congreso a adecuar el proceso legislativo conforme a estos lineamientos.

Belén (Loreto)

De igual forma, instó al Poder Ejecutivo a garantizar plenamente los derechos fundamentales de las personas que viven o vivían en la Zona Baja de Belén, en la región Loreto.

▶️ El Pleno del Tribunal Constitucional estableció como criterio interpretativo vinculante la preeminencia del Poder Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto y su competencia para la administración de la hacienda pública.

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— Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) July 10, 2026

La norma, publicada en el diario El Peruano, extiende la vigencia de los incentivos previstos en la Ley N° 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado. Estos beneficios vencían el 13 de julio de 2026 y continuarán vigentes desde el 14 de julio de este año.

La legislación permite que los migrantes retornados accedan, por única vez, a la exoneración del pago de tributos para el ingreso al país de determinados bienes adquiridos en el extranjero, reduciendo así los costos de su retorno.

Entre los bienes exonerados figuran el menaje de casa por un valor de hasta 50.000 dólares y un vehículo automotor de hasta el mismo monto, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa.

Asimismo, podrán ingresar libres de tributos instrumentos, maquinarias, equipos, bienes de capital, dispositivos médicos y otros implementos destinados a actividades profesionales, técnicas o empresariales, hasta por un valor máximo de 350.000 dólares.

Los beneficios están dirigidos a los peruanos residentes en el exterior que decidan retornar de forma permanente al país y que cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado y su reglamento.

Con esta ampliación, el régimen especial permanecerá vigente por tres años y medio adicionales, hasta finales de 2029, con la finalidad de incentivar el retorno de los connacionales y facilitar que retomen sus actividades laborales, profesionales o empresariales en el Perú.