Según informó el Ejecutivo comunitario, la empresa no logró “identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos” asociados a la comercialización de productos ilegales y potencialmente peligrosos para los consumidores europeos.

Se trata de la sanción más alta aplicada hasta el momento bajo la normativa DSA, superando la multa de 120 millones de euros impuesta anteriormente a la red social X por problemas de transparencia.

Bruselas cuestiona evaluación de riesgos de Temu

La Comisión Europea señaló que Temu elaboró de manera deficiente el informe anual de evaluación de riesgos exigido a las grandes plataformas digitales.

Según Bruselas, la compañía analizó únicamente los riesgos generales del comercio electrónico sin considerar aspectos específicos de su funcionamiento, como los algoritmos utilizados para recomendar productos a los usuarios.

El Ejecutivo europeo sostuvo que esos sistemas “pueden amplificar la difusión de productos ilegales”.

Además, la investigación concluyó que la empresa “subestimó gravemente” la frecuencia con la que los consumidores europeos podían encontrar artículos ilegales dentro de la plataforma.

Detectaron cargadores y juguetes inseguros

La decisión de Bruselas se apoyó parcialmente en inspecciones realizadas por una consultora externa que evaluó productos comercializados en Temu.

El examen reveló que “un porcentaje muy elevado” de cargadores eléctricos no superaba pruebas básicas de seguridad y presentaba riesgos de quemaduras.

Asimismo, se detectó que numerosos juguetes para bebés contenían sustancias químicas por encima de los límites legales o representaban riesgos de asfixia debido a piezas desmontables.

Temu deberá corregir fallas antes de agosto

La plataforma tiene tres meses para pagar la multa, aunque puede presentar un recurso ante la justicia europea.

Además, la Comisión Europea ordenó a Temu presentar un nuevo plan de evaluación de riesgos antes del 28 de agosto de 2026 para corregir las deficiencias detectadas.

Fuentes comunitarias precisaron que la sanción está por debajo del máximo permitido por la DSA, que contempla multas de hasta el 6 % de la facturación anual global de una empresa.

Bruselas mantiene abiertas otras dos investigaciones contra Temu relacionadas con sus sistemas de recomendación y el acceso otorgado a investigadores externos para analizar sus algoritmos.

Según informaron fuentes jurídicas a EFE, los abogados del investigado presentaron un recurso ante la Audiencia de Barcelona para solicitar que se revoquen las medidas cautelares impuestas por la jueza instructora, entre ellas una fianza de un millón de euros y la retirada del pasaporte.

Jonathan Andic abonó la fianza para evitar el ingreso en prisión mientras continúa el proceso judicial por un presunto delito de homicidio.

Defensa sostiene que la caída pudo ser accidental

En el recurso, los abogados argumentan que Isak Andic, de 71 años, había sufrido una caída previa meses antes de su muerte debido a una dolencia en las rodillas, hecho que incluso habría quedado registrado en video durante un acto público.

La defensa considera que ese problema físico podría explicar que el empresario se precipitara desde aproximadamente 100 metros de altura mientras realizaba una caminata en Collbató junto a su hijo.

Además, niegan que Jonathan Andic hubiera realizado tres visitas previas al lugar donde ocurrió el fallecimiento, como sostiene la investigación de los Mossos d’Esquadra.

Según el escrito judicial, el acusado solo acudió dos veces a la zona: una excursión el 7 de diciembre y un segundo intento de caminata el día 10, suspendido por el mal tiempo.

Defensa rechaza contradicciones en declaraciones

Los abogados también cuestionaron que la jueza considere contradictorias las declaraciones de Jonathan Andic respecto al momento de la caída.

En una versión, el investigado indicó que vio precipitarse a su padre, mientras que en otra señaló que observó un cuerpo cayendo por el acantilado.

La defensa sostiene que se trata únicamente de diferencias de expresión debido a la rapidez con que ocurrieron los hechos. Según explicaron, Jonathan estaba de espaldas, escuchó un ruido y al girarse observó la caída.

Jueza mantiene sospechas de homicidio

La magistrada encargada del caso sostiene que existe un “cúmulo de indicios” que podrían implicar al hijo mayor del fundador de Mango en una presunta participación “activa y premeditada” en el homicidio.

La resolución judicial recoge la hipótesis policial de que Jonathan Andic habría actuado motivado por intereses económicos, ante el temor de que su padre modificara el testamento para destinar parte de su patrimonio a proyectos sociales.

El fallecimiento de Isak Andic ocurrió el 14 de diciembre de 2024 durante una excursión privada en una zona montañosa cercana a Barcelona.

Los combates ocurrieron en una zona rural del departamento de Guaviare, territorio considerado uno de los bastiones históricos de la antigua guerrilla de las FARC. Las facciones armadas se disputan el control de rutas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal.

“El balance proviene de la comunidad, que quedó atrapada en medio del fuego cruzado”, declaró Rodríguez en conversación con AFP. El funcionario indicó que las autoridades aún no han logrado ingresar al área debido al riesgo de minas y a las dificultades de acceso.

Zona permanece aislada por presencia de grupos armados

De acuerdo con las autoridades locales, los cuerpos permanecen en el lugar de los enfrentamientos mientras equipos de rescate esperan garantías de seguridad para ingresar.

Videos difundidos en redes sociales muestran intensas ráfagas de disparos cerca de viviendas rurales de la comunidad afectada.

El alcalde explicó que llegar desde San José del Guaviare hasta la zona del conflicto toma aproximadamente seis horas en camioneta 4x4, debido a las complejas condiciones geográficas de la región amazónica.

Disidencias se disputan narcotráfico y minería ilegal

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, afirmó que las organizaciones armadas buscan controlar economías ilícitas vinculadas al narcotráfico.

“Tienen un único objetivo: la economía criminal y vivir del narcotráfico”, declaró el funcionario a Blu Radio.

El Ejército colombiano informó que desplegó unidades militares por vía terrestre luego de que las condiciones climáticas impidieran una operación aérea en la zona.

Las disidencias enfrentadas pertenecerían a estructuras bajo órdenes de Iván Mordisco y grupos rivales dirigidos por alias Calarcá, quienes mantienen disputas constantes por corredores estratégicos para el tráfico de droga.

Violencia aumenta antes de elecciones presidenciales

La nueva masacre ocurre en medio de la peor ola de violencia registrada en Colombia en la última década y a pocos días de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo.

La seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos colombianos ante el incremento de atentados, secuestros y homicidios atribuidos a grupos armados ilegales.

El presidente Gustavo Petro impulsó negociaciones de paz con organizaciones criminales durante su mandato, aunque sectores de oposición cuestionan los resultados de esa estrategia.

El encuentro fue una iniciativa del vicepresidente del país y titular de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno, y de los jefes de bancadas de las fuerzas políticas con presencia parlamentaria.

A la reunión, realizada en la sede de la Vicepresidencia en La Paz, acudieron representantes de algunos sectores en conflicto y los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Educación, Beatriz García.

Sin embargo, no asistieron dirigentes campesinos aimaras de La Paz, de la Central Obrera Boliviana (COB) ni de los maestros rurales, algunos de ellos con órdenes de captura por los disturbios y hechos de violencia registrados durante las protestas y enfrentamientos con la Policía.

En el encuentro se estableció “realizar las gestiones necesarias para garantizar la asistencia de todos los dirigentes al diálogo”, lo que estará a cargo de las instituciones promotoras de derechos humanos y de la comunidad internacional.

Lara afirmó que la reunión supone “un primer paso” para consolidar un encuentro que permita resolver los conflictos en el país.

Para esto, se fijó una nueva reunión para este jueves en el Seminario San Jerónimo, en La Paz, con la participación de los líderes sindicales de las organizaciones que sostienen las protestas y los bloqueos de vías desde hace 22 días.

Por su parte, el ministro Lupo se comprometió a “dar garantías plenas” para que los dirigentes puedan asistir al diálogo sin ser perseguidos, arrestados ni hostigados.

“Nuestra voluntad de diálogo es absoluta (...) queremos sentarnos y discutir cada uno de los pliegos (documentos de peticiones)”, agregó Lupo.

La reunión en la Vicepresidencia se realizó de forma paralela al primer encuentro del Consejo Económico y Social, en el que Paz, que lleva poco más de seis meses de gestión, llamó a las organizaciones sociales a ser parte de su Gobierno.

Las manifestaciones y bloqueos de carreteras mantienen cercadas a La Paz y El Alto desde hace 22 días y se extendieron desde la semana pasada a otras de las nueve regiones del país, ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno medicinal.

Esta madrugada, Paz promulgó una ley que elimina las restricciones legales para una eventual intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos bajo el marco de un estado de excepción, aunque su Gobierno aseguró que recurrir a esa medida será la “última opción” si el diálogo no prospera.