De acuerdo con la agenda oficial, César Astudillo deberá dar cuenta al pliego interpelatorio relacionado con las funciones y acciones de su sector.

Así, el ministro del Interior debe responder un pliego de 27 preguntas sobre la seguridad ciudadana y actuación de la PNP; así como el incremento de la ola de violencia, extorsión y sicariato en el país.

Pliego interpelatorio

El primer bloque del pliego de preguntas está relacionado a las acciones desplegadas de su sector para reducir la extorsión, el sicariato y los homicidios agravados.

César Astudillo deberá responder sobre la coordinación del Ministerio del Interior con otras entidades del Estado y recursos presupuestales para los programas de seguridad ciudadana; así como medidas de protección para defensores de derechos humanos y los acuerdos internacionales utilizados para combatir el crimen organizado transnacional.

También deberá explicar sobre los resultados de las investigaciones por secuestros y desapariciones, cifras sobre los patrulleros y vehículos motorizados de la Policía Nacional del Perú que se encuentran operativos y unidades inoperativas.

Astudillo deberá informar sobre las pesquisas en torno a los asesinatos de defensores ambientales y el caso del líder ashéninka Américo Pascual Tumisha.

Empresaria Susana Liliana Saldaña Ramos

Asimismo, el ministro deberá explicar respecto a su relación con la empresaria Susana Liliana Saldaña Ramos, candidata a la Alcaldía de La Victoria por Renovación Popular. Saldaña fue mencionada en una investigación policial por presunto cobro de cupos en Gamarra.

Además, otras preguntas están referidas a el excomandante General de la PNP, Óscar Arriola. El ministro deberá explicar sobre la razón por la que lo mantuvo en el cargo e investigaciones penales registradas contra Arriola.

El pliego interpelatorio también contempla el manejo presupuestal, la búsqueda de Vladimir Cerrón, la designación de Magali Ella Meza Mundaca como directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior; así como las garantías de independencia de la Policía Nacional en investigaciones complejas relacionadas con figuras políticas o personas cercanas al Gobierno.

Debate

La Junta de Portavoces que preside Óscar Reto, titular de la Cámara de Diputados e integrante de la bancada del Partido del Buen Gobierno, estableció que el tiempo de debate se distribuirá de forma proporcional entre los seis grupos parlamentarios, sin minutos adicionales.

Luis Galarreta

Asimismo, está prevista la invitación al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y de los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde, para que informen ante la Cámara de Diputados sobre asuntos de sus respectivas carteras.

Durante la sesión también se debatirán mociones orientadas a crear comisiones investigadoras sobre distintos hechos. Una de las propuestas plantea investigar presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas desarrolladas entre diciembre de 2022 y febrero de 2026.

Otra moción propone conformar una comisión investigadora para esclarecer los acontecimientos registrados el 25 de abril de este año en Colcabamba, región Huancavelica. Ambas iniciativas forman parte de los asuntos incluidos en la agenda del Pleno.

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Así lo establece el Decreto Supremo N° 012-2026-Minam publicado en el diario El Peruano que señala que el objetivo es evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión, y proponer las acciones y medidas de reforma que correspondan para fortalecer el funcionamiento institucional y el ejercicio de la rectoría del sector.

Se dispone que el Ministerio del Ambiente, a través de la Oficina de Planeamiento y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, realiza un diagnóstico que incluye la determinación de medidas de reforma y mejora organizacional.

La norma contempla la evaluación de la situación administrativa y organizacional, el planeamiento estratégico e institucional, el presupuesto, las inversiones, la gestión por procesos, los recursos humanos, la gestión de la integridad pública, entre otros.

El diagnóstico se formalizará en un informe técnico que se presentará al Despacho Ministerial del Minam.

Las recomendaciones contenidas en el informe técnico se implementarán, según corresponda, por el Ministerio del Ambiente y los organismos públicos adscritos al sector ambiental.

El dispositivo suscrito por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, señala que el financiamiento estará a cargo de los recursos del presupuesto institucional del Ministerio del Ambiente y de los organismos públicos adscritos al sector ambiental sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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Hace unos días, la presidenta del grupo, Giannina Avendaño de Juntos por el Perú (JP), afirmó que el tema se vería luego de la semana de representación prevista entre el 21 y 25 de setiembre.

Sin embargo, se vio obligada a retroceder luego de conocerse que la Junta de Portavoces aprobó, el pasado 9 de setiembre, que Constitución tiene dispensa para sesionar con normalidad.

EN DETALLE

En declaraciones a la prensa, Avendaño aclaró que el grupo que lidera no hará semana de representación.

“Vamos a seguir sesionando, vamos a hacer una serie de actividades, el documento tiene que evaluarse, recuerden que son 66 pedidos”, afirmó.

Precisamente, ayer las dos comisiones que estaban pendientes de evaluar sus informes sobre el pedido de facultades, votaron.

Las comisiones que rechazaron dar facultades son las de Energía y Minas; Producción; Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital; Infraestructura, Vivienda y Transportes; Trabajo y Seguridad Social; Justicia y Derechos Humanos; Defensa del Consumidor y Economía.

Las comisiones que recomiendan dar facultades son las de Ambiente, Defensa y Desarrollo Agrario.

Mientras que la Comisión de Modernización del Estado aprobó un informe que concluyó otorgar facultades, en parte, al Poder Ejecutivo.

PROCESO

La Comisión de Constitución tendrá que revisar los informes enviados por las 12 comisiones, cada una con una opinión sobre si otorgar o no facultades.

El grupo técnico de esa comisión deberá elaborar un dictamen que establezca si se deben dar o no facultades al Poder Ejecutivo.

El documento tendrá que ser sometido a votación en Constitución.

Si este es aprobado, deberá ser enviado a la Cámara de Diputados para su debate y votación.

En ese espacio se necesita mayoría simple.

Finalmente, el documento deberá ser elevado a la Cámara de Senadores, espacio que puede hacer cambios al texto.

Espá aseguró que esta coalición no constituye un tratado ni un acuerdo internacional jurídicamente vinculante, sino un “compromiso político”.

“No establece ni derechos ni obligaciones jurídicas a los Estados. Tampoco cuenta con un instrumento constitutivo”, declaró.

El canciller explicó que este mecanismo multilateral está orientado a la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, la trata de personas y la minería ilegal.

“Cualquier medida concreta que se plantee debe ser evaluada por el Estado, ejecutarse de conformidad con nuestra Constitución (...) empezando por el Congreso”, argumentó.

Agregó que el acuerdo no autoriza a EE.UU. a realizar operaciones en el país.

El pleno aprobó la continuidad del economista con 40 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones. La bancada de Juntos por el Perú (JP) protagonizó la única oposición a la decisión.

Desagregado

Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP), Partido del Buen Gobierno (PBG), el Partido Cívico Obras y Ahora Nación (AN) respaldaron mayoritariamente la propuesta.

La bancada oficialista emitió 18 votos a favor. Por su parte, RP y PBG sumaron 12 adhesiones, con seis cada uno.

Asimismo, Obras ofreció cinco respaldos y AN aportó cuatro.

En contraste, la bancada de JP votó en bloque en contra, con la excepción del senador Percy Herbert Osorio Palpan, quien se pronunció a favor.

Los 12 votos en contra fueron de José Castillo Terrones (hermano del golpista Pedro Castillo), Silvana Robles Araujo, Jaime Quito Sarmiento, Iber Maraví Olarte, Andrés Ramos Huillcas, Humberto Morales Ramírez, Wilfredo Verano Saravia, Joaquín Yauri Tunque, Serafín Andrés Luján, Hugo Ccahuana Aymachoque, Víctor Cutipa Ccama y José Chipana Chipana.

Ataques

Durante el debate, el senador Humberto Morales (JP) cuestionó que Velarde no acreditara sus credenciales ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y denunció sus supuestos vínculos con la minera Volcán, donde figuraría como accionista.

“La ley está hecha para todos, presidente, y por supuesto que esa ley debe ser cumplida por todos los peruanos. No puede haber excepciones, y por dignidad, mi bancada votará en contra”, afirmó el radical Morales.

Por su parte, Jaime Quito (JP) criticó la permanencia de Velarde en el cargo durante casi dos décadas y trató de vincular su continuidad con créditos del programa Reactiva Perú a empresas con las que, según él, tiene intereses.

“La minera Volcán recibió 10 millones de soles con la garantía de Reactiva Perú, empresa de la cual el señor Julio Velarde es accionista”, arguyó en coro con Morales.

Asimismo, Quito señaló una presunta ausencia de idoneidad en el cargo.

No obstante, el informe aprobado concluye que Velarde Flores cumple con los requisitos legales y constitucionales para ejercer la presidencia del directorio del BCRP.

Asimismo, que no existe incompatibilidad ni impedimento legal que imposibilite su ratificación en el cargo.

Víctor Flores (FP) sostuvo que Velarde tienes las credenciales para ser ratificado pues cuenta con una buena trayectoria académica nacional e internacional y Patricia Juárez resaltó la inflación baja del país en los últimos años gracias a su gestión.

Esto sucede a pesar de que Panamericana revelara que la abogada que se desempeña como técnica en la oficina del izquierdista sería su pareja sentimental.

EL CASO

Un informe periodístico mostró videos de la abogada junto al diputado Pérez Mallqui subiendo a un taxi tras culminar sus labores en el Congreso.

El video captado por el programa muestra a ambos personajes en una situación cercana, lo que evidenciaría un vínculo sentimental.

Más tarde, también concurrieron juntos a un centro comercial para hacer compras y luego se fueron a cenar.

El reportaje también difundió conversaciones de Messenger correspondientes a junio de este año.

“Por favor, regresa por mí y escribamos nuestra historia juntos. Construyamos algo bonito. Yo no quiero seguir viviendo así por vivir. No quiero ser una carga. Quiero que mi hija esté orgullosa de mí y de su padre. Estudiaremos juntos. Hagamos todo juntos sin hacernos daño”, se lee en el mensaje.

PENDIENTE

Por ahora, Pérez Mallqui afronta una investigación en la Comisión de Ética Parlamentaria, por presuntamente agredir a su expareja.

Cabe precisar que la contratación de su pareja en el despacho todavía no se abordó en la sesión pasada de la Comisión de Ética, debido a que el tema no estaba en agenda, pero se tiene previsto que se evalúe en una próxima audiencia.

Este medio se comunicó con el equipo de JP de la Cámara de Diputados para consultar si la joven sería removida del cargo u obtener alguna versión de Pérez Mallqui, quien en estos días rehuye de la prensa en los Pasos Perdidos, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

Este último organismo cesó a Zoraida Ávalos como fiscal suprema por límite de edad, pues ya tiene 70 años, y declaró improcedente un acuerdo de la Fiscalía para que la magistrada continúe sus labores hasta fin de año.

Reacción

La JNJ no solo ordenó cancelar el título otorgado a Ávalos como fiscal suprema titular, también que en la resolución que oficialice su salida se consigne su retiro desde el 14 de junio último, fecha en la que alcanzó la edad límite para ejercer sus funciones.

Además, rechazó una disposición previa de la Fiscalía de la Nación, emitida el 8 de junio último, en la que se acordaba que Ávalos continúe en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2026.

“Disponer el cese por límite de edad de la señora Zoraida Ávalos Rivera en el cargo de Fiscal Supremo, a partir del 14 de junio de 2026, fecha en la que cumplió setenta (70) años de edad”, reza el respectivo documento.

La JNJ sostiene que las disposiciones generales que se aplican a los servidores públicos para extender el vínculo laboral hasta el fin de un año fiscal no pueden aplicarse a los fiscales en materia de cese por límite de edad. Agregó que esto se encuentra regulado en la Ley de la Carrera Fiscal.

Con la salida de Ávalos Rivera, quien encabezaba la Primera Fiscalía Suprema Penal, podría variar la jefatura de algunos despachos fiscales.

La Junta de Fiscales Supremos continuará sus labores con sus miembros titulares Victor Raúl Rodríguez Monteza, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena Campana, Luis Carlos Arce Córdova, además de Gálvez Villegas, quien dirige el Ministerio Público.

Según el reporte oficial emitido el 16 de setiembre de 2026, 6028 de los 10 623 postulantes obligados entregaron el balance económico correspondiente al periodo comprendido entre el 7 de enero y el 5 de setiembre.

Cabe mencionar que los informes deben incluir los aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados durante las campañas.

Áncash registra el mayor número de reportes presentados, con 498 informes, seguida de Lima Provincias, con 439, y Ayacucho, con 369.

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La solicitud involucra a los empresarios chinos Zhihua Yang y Shui Qin, así como a Alicia Camargo, exfuncionaria del Despacho Presidencial, y al policía John Mendoza.

El documento fiscal, presentado el 31 de agosto, plantea acceder a información registrada entre el 10 de octubre de 2025 y el 17 de febrero de 2026.

La diligencia está vinculada con las investigaciones preliminares por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en agravio del Estado.

Los cuatro involucrados tendrán tres días hábiles para presentar sus argumentos, luego de ser notificados por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

La evaluación del pedido se realizará en una audiencia virtual reservada programada para el lunes 5 de octubre de 2026, a las 9:30 a. m., antes de que se emita una decisión.

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El Gobierno ofrece S/300 mil por información que permita ubicarlo y lograr su captura, luego de que fuera señalado como cabecilla de la organización criminal La Nueva Jauría.

La inclusión fue solicitada por la Tercera Macro Región Policial La Libertad mediante un oficio presentado el 1 de junio y concretada este miércoles 16 de septiembre. La medida fue aprobada por la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad del Mininter.

Según el expediente judicial, Bazán Valderrama fue señalado como uno de los responsables del secuestro del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido el 16 de mayo de 2022. El empresario permaneció privado de su libertad por más de dos meses y posteriormente fue asesinado y enterrado en un descampado del balneario Las Delicias, en Moche.

Por este caso, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de La Libertad declaró penalmente responsables a los acusados y condenó a Bazán Valderrama a cadena perpetua por el delito de secuestro agravado.

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Durante su presentación, sostuvo que esta decisión se enmarca en la política exterior y en la búsqueda de respuestas frente a problemas como la inseguridad ciudadana y la delincuencia organizada.

Espá señaló que la participación peruana responde a intereses nacionales y permitirá aprovechar espacios de cooperación internacional donde existan objetivos comunes, principalmente en materia de seguridad.

“No se trata de adoptar las prioridades de otro Estado, sino de aprovechar aquellos espacios en los que nuestros intereses convergen y pueden traducirse en resultados concretos para nuestros ciudadanos”, afirmó.

Cabe mencionar que el canciller descartó que la participación del país en este mecanismo multilateral afecte los lazos comerciales y diplomáticos con China.

“La incorporación del Perú al Escudo de las Américas no implica que el Perú haya tomado una decisión en detrimento de China, ni que haya renunciado a una política exterior autónoma y diversificada (...) fortalecer la cooperación con un socio en materia de seguridad no significa adoptar automáticamente posiciones frente a terceros países”, aseveró el canciller.

Ante el #PlenoDelSenado se presenta el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, a fin de informar sobre la incorporación del Perú al Escudo de las Américas. pic.twitter.com/1D1dB0n2Nn

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 16, 2026

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Durante su intervención, Fujimori sostuvo que el país enfrenta problemas estructurales que requieren decisiones políticas.

“Hace 50 días recibimos un país en crisis. Con muy poca capacidad de respuesta frente a los problemas de los peruanos. Recibimos un Estado en abandono y un Estado contradictorio”, afirmó.

Los grupos de trabajo estarán enfocados en reducir la informalidad laboral, ampliar el acceso al financiamiento, mejorar la gestión de la inversión pública y fortalecer el cumplimiento tributario.

Entre los integrantes figuran Gustavo Yamada, Miguel Jaramillo, Martín Naranjo, Milton von Hesse y Manuel Estela, provenientes del sector privado y la academia.

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Cabe mencionar que, durante la ausencia de Keiko Fujimori, su despacho quedará a cargo del primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta.

¡APROBADO! El #PlenoDelSenado aprobó el proyecto de resolución legislativa que autoriza la salida del país de la presidenta de la república, Keiko Fujimori. pic.twitter.com/HU0jMUPLCw

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 16, 2026

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También explicó que el Reglamento del Senado permite introducir modificaciones, aunque estas dependerán de los acuerdos que alcancen ambas cámaras.

Muñante descartó que una eventual modificación de lo aprobado por los diputados implique un enfrentamiento entre ambas instancias.

“No se trata de mostrar los dientes”, señaló, y planteó que las mesas directivas de ambas cámaras puedan reunirse para establecer consensos y evitar que las decisiones sean interpretadas como un desaire.

El legislador también pidió acelerar el análisis del pedido de delegación de facultades presentado por el Ejecutivo.

Según Muñante, el plazo de 15 días hábiles para que la Cámara de Diputados evalúe la solicitud culmina el 21 de septiembre.

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De acuerdo con la agenda oficial, Astudillo deberá responder un pliego interpelatorio de 27 preguntas, conforme a la moción admitida durante la sesión plenaria anterior. La intervención estará relacionada con las funciones y acciones de su sector.

Asimismo, está prevista la invitación al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y de los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde, para que informen ante la Cámara de Diputados sobre asuntos de sus respectivas carteras.

Durante la sesión también se debatirán mociones orientadas a crear comisiones investigadoras sobre distintos hechos. Una de las propuestas plantea investigar presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas desarrolladas entre diciembre de 2022 y febrero de 2026.

Otra moción propone conformar una comisión investigadora para esclarecer los acontecimientos registrados el 25 de abril de este año en Colcabamba, región Huancavelica. Ambas iniciativas forman parte de los asuntos incluidos en la agenda del Pleno.

La citación para la sesión fue suscrita por Hugo Rovira Zagal, oficial mayor de la Cámara de Diputados. Los legisladores abordarán estos puntos conforme al orden establecido en la agenda parlamentaria.

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El teniente general Fredy López Mendoza asumió la conducción de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante una ceremonia realizada en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de Puente Piedra. Con este acto, también quedó formalizado el término de la gestión de su antecesor, el general Óscar Arriola.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta Keiko Fujimori y contó con la participación del jefe del Gabinete, Luis Galarreta; el ministro del Interior, César Astudillo; el titular de Defensa, Rafael Belaunde, y los integrantes del alto mando de la Policía Nacional.

En su primer discurso como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), López Mendoza presentó los lineamientos que marcarán su gestión frente al incremento de delitos como la extorsión, el sicariato, los secuestros y el robo agravado.

“La Policía Nacional del Perú no puede responder a los desafíos del presente con las herramientas del pasado”. En esa línea, remarcó que se necesita una institución moderna, fortalecida y preparada para anticiparse al delito. Necesitamos una institución moderna, fortalecida y preparada para anticiparse al delito. Una Policía que utilice la información, la inteligencia, la tecnología y el conocimiento como instrumentos fundamentales para poder proteger a nuestra sociedad", expresó.

Para llevar adelante esta propuesta, el nuevo comandante general anunció que su gestión se basará en seis lineamientos operativos. El primero estará orientado a combatir la criminalidad mediante labores de inteligencia e investigación que permitan desarticular organizaciones delictivas transnacionales. El segundo será el control territorial, a través del reforzamiento de la presencia preventiva en las calles y una relación más cercana con la ciudadanía. El tercer eje estará dirigido a enfrentar la corrupción dentro de la institución, con acciones contra los agentes que incumplan la ley.

El cuarto lineamiento estará orientado a garantizar una atención digna a la ciudadanía. Como quinta medida, planteó revalorizar la función policial mediante la priorización de los servicios de salud, bienestar y defensa legal oportuna para los agentes que actúen conforme a la ley. Finalmente, el sexto pilar será el fortalecimiento de la capacitación permanente y la excelencia operativa del personal.

En entrevista con Canal N, señaló que una comisión de expertas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) visitó la provincia y reconoció los avances del Poder Judicial, pero identificó mayores carencias en otras instituciones del sistema de justicia.

“Por eso por lo que en esta oportunidad el Poder Judicial dijo, necesitamos que la Comisión de la OEA, haga una verificación sobre el estado situacional de las instituciones. No para que nos haga una auditoría, sino para que nos den asistencia técnica”, dijo.

Barrios informó que entre enero y agosto de 2026 se emitieron 623 medidas de protección y se registraron 397 casos de violencia en Condorcanqui, además de 142 decisiones finales en materia penal.

Indicó que el Poder Judicial cuenta con juzgados especializados, equipos multidisciplinarios, cámaras Gesell, traductores de awajún y tres deslizadores para facilitar el traslado del personal. Sin embargo, persisten problemas de conectividad, servicios básicos, alojamiento y falta de psicólogos y hogares de refugio para las víctimas.

La magistrada señaló que algunas menores deben ser trasladadas hasta Moyobamba para alejarlas de sus agresores debido a la falta de espacios de protección. Asimismo, consideró necesario fortalecer instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer, además de implementar unidades de flagrancia. Barrios también cuestionó que la violencia sexual contra menores sea atribuida a determinadas prácticas culturales y sostuvo que no se debe responsabilizar a las comunidades awajún o wampis por los delitos cometidos contra niñas y adolescentes.

Minería ilegal

Durante su visita a la zona, la jueza también alertó sobre la expansión de la minería ilegal en los ríos de Condorcanqui. Relató que observó numerosas dragas entre Santa María de Nieva, Utupis y Cenepa y recibió información sobre la presunta utilización de menores en labores de buceo para extraer oro.

Consideró que estos hechos podrían involucrar delitos de explotación laboral y trata de personas, además de minería ilegal, y advirtió sobre la contaminación de los ríos por el uso de sustancias como el mercurio.

Finalmente, Barrios sostuvo que la limitada presencia del Estado dificulta el control de las comunidades más alejadas y alertó que la expansión de la minería ilegal podría generar una situación similar a la de La Pampa, en Madre de Dios, si no se adoptan medidas.

Por ello, planteó mapear las comunidades, identificar riesgos y condiciones de seguridad y desarrollar una estrategia coordinada entre las instituciones públicas, con enfoque intercultural y presencia efectiva en las zonas más alejadas.

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Durante la ceremonia de relevo y reconocimiento del nuevo jefe policial, realizada en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, en Puente Piedra, Fujimori destacó que el país enfrenta delitos como la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y las acciones de organizaciones criminales.

La mandataria sostuvo que el Estado debe responder con firmeza ante esta situación y afirmó que la Policía Nacional tendrá un papel central en esa tarea. En ese sentido, anunció medidas orientadas a proporcionar a los agentes mejores herramientas, capacitación y condiciones de seguridad para el cumplimiento de sus funciones.

Al dirigirse a Fredy López, Fujimori destacó su trayectoria y experiencia profesional y señaló que el Gobierno confía en su conducción de la institución. “Cuente usted con todo el respaldo político y económico de parte de nuestro Gobierno”, afirmó la presidenta durante la ceremonia.

Fujimori también advirtió que el respaldo a la PNP debe estar acompañado de una conducta íntegra por parte de sus integrantes. Señaló que el Gobierno no permitirá que actos individuales de corrupción afecten la imagen de la institución y destacó la necesidad de reconocer la excelencia dentro de sus filas.

“Ese respaldo exige también una conducta ejemplar, como lo ha dicho nuestro comandante general. No podemos permitir que actos individuales de corrupción manchen el uniforme ni debiliten la confianza de la población”, sostuvo.

Durante el acto, la presidenta también reconoció la labor del teniente general Óscar Arriola, quien dejó el cargo de comandante general y pasó a situación de retiro.

Finalmente, agradeció a los policías que exponen sus vidas durante el cumplimiento de sus funciones y destacó su labor frente a los desafíos de seguridad que enfrenta el país.

¿Cambios en la PNP?

Sobre eventuales cambios Fredy López indicó que en todo caso las evaluaciones serán en base a la productividad. “No por pocos policías, vamos a quedar manchados todos los policías, pero sí vamos a combatir la corrupción”, declaró a la prensa tras la ceremonia.

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La presidenta Keiko Fujimori encabezó este miércoles la ceremonia de relevo de mando, en la que se reconoció al teniente general PNP Fredy López Mendoza como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La ceremonia se desarrolló en las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP) de la PNP, ubicada en el distrito de Puente Piedra.

Durante su discurso, la mandataria afirmó que su gestión respaldará “firmemente” a la institución policial y destacó que sus integrantes “arriesgan la vida” para proteger a los ciudadanos. Por ello, sostuvo que “merecen todo el apoyo del Estado y el reconocimiento del país”.

Asimismo, remarcó que su gobierno trabajará para dotar a la Policía de mejores herramientas para el cumplimiento de su misión, entre ellas capacitación, tecnología e inteligencia, además de garantizar condiciones dignas para sus integrantes.

“Ese respaldo exige también una conducta ejemplar, como lo ha dicho nuestro comandante general. No podemos permitir que actos individuales de corrupción manchen el uniforme ni debiliten la confianza de la población”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que su gestión actuará con firmeza “frente a cualquier desviación” dentro de la institución policial.

La jefa de Estado también afirmó que el crimen “ha declarado la guerra al Perú”, por lo que consideró que el Estado debe responder “con mayor firmeza”. En esta estrategia, señaló, la PNP “ocupará la primera línea”.

La ceremonia contó también con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; los titulares del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde; así como miembros del alto mando policial.

Durante el acto protocolar, se oficializó el término de la gestión del teniente general PNP Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional del Perú.

La presidenta Keiko Fujimori encabezó la ceremonia de relevo de cargo y reconocimiento del nuevo comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza.

El teniente general Fredy López Mendoza asume el máximo cargo de la institución policial tras la salida de Óscar Arriola Delgado.

El nombramiento fue establecido mediante la Resolución Suprema N.° 233-2026-IN, publicada en el diario El Peruano. La norma lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori, y del ministro del Interior, César Astudillo.

De acuerdo con la resolución, el comandante general de la PNP es designado por el presidente de la República entre los tres oficiales generales de armas en situación de actividad, con el grado de teniente general y respetando el orden de antigüedad en el escalafón.

“Asumo con humildad este cargo”, dijo Fredy López al tiempo de de agradecer a la presidenta Keiko Fujimori y al ministro del Interior, César Astudillo, por su confianza.

En tanto, la mandataria indicó que su gobierno respaldará a la Policía Nacional del Perú. “Ese respaldo también exige rectitud y responsabilidad”, subrayó Keiko Fujimori en su discurso.

¿Cambios en la PNP?

Sobre eventuales cambios Fredy López indicó que en todo caso las evaluaciones serán en base a la productividad. “No por pocos policías, vamos a quedar manchados todos los policías, pero sí vamos a combatir la corrupción”, declaró a la prensa tras la ceremonia.

Perfil de Fredy López Mendoza

Fredy López Mendoza se desempeña desde el 1 de enero de 2026 como jefe del Estado Mayor General de la PNP, considerado el segundo cargo de mayor jerarquía dentro de la institución.

Durante su trayectoria también ocupó puestos vinculados con la investigación criminal y la lucha contra la corrupción. En 2022 estuvo al frente de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y fue presentado como titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

El oficial también participó en actividades internacionales de cooperación policial. En marzo de 2026 encabezó una delegación peruana en Guayaquil, Ecuador, para fortalecer la coordinación contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal.

En el ámbito académico, Fredy López Mendoza es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su investigación de posgrado estuvo orientada al empleo de agentes encubiertos como técnica especial para investigar y combatir el crimen organizado.

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El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, reveló que viene recibiendo constantes amenazas de muerte por parte de organizaciones criminales que operan en el distrito. Según indicó, esta situación se ha agravado debido a las agresiones y actos de seguimiento dirigidos contra él y trabajadores de la municipalidad.

“La delincuencia se ha puesto muy agresiva. La mafia es tan agresiva que no tiene límite, y yo estoy amenazado, mis funcionarios están amenazados, tengo seguimiento. Yo estoy también amenazado por teléfono todo el tiempo y también los funcionarios están amenazados.También los empleados, los testigos, los fiscalizadores, ellos están amenazados, pasamos todos los filtros pero lo captan, los obliga con un arma”, declaró a RPP.

Frente a esta situación, Cano solicitó la intervención de la Policía Nacional y del Gobierno para reforzar las acciones contra el crimen organizado, especialmente ante la proximidad de la campaña navideña en el emporio comercial de Gamarra.

“Yo invito a la presidenta a tomar de una forma las soluciones. Estamos amenazados, estamos en peligro que esta campaña de Navidad no se pueda realizar porque voy a tener un millón de personas en las calles. Necesitamos más policías porque durante la campaña de Navidad va a ser una bomba de tiempo, es evitar una desgracia”, agregó.

El alcalde de La Victoria afirmó que el distrito cuenta con apenas 25 policías para brindar seguridad a una población de 200 000 habitantes y a más de 500 000 visitantes diarios.

Asimismo, señaló que La Victoria genera aproximadamente 6 338 millones de soles al año en impuestos, pero recibe apenas 14 millones de soles del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). Según explicó, este monto “no alcanza para cubrir ni la limpieza pública ni los servicios de seguridad”.

Como muestra de la situación de inseguridad en La Victoria, el burgomaestre mencionó dos casos ocurridos recientemente: un fiscalizador municipal sufrió una grave lesión en el ojo con un cuchillo durante un operativo, mientras que un trabajador del Mercado de Frutas fue asesinado tras negarse, según indicó, a pagar un cupo.

En ese sentido, señaló que las disputas entre bandas familiares que se dedican a lotizar y alquilar informalmente espacios de la vía pública han derivado en enfrentamientos, incendios de vehículos y un saldo de 10 personas fallecidas.

Además, advirtió que el crimen organizado lleva más de 40 años operando en el distrito y que, según su versión, buscaría ampliar su influencia en las instituciones mediante el financiamiento de candidaturas para las próximas elecciones municipales.

En ese sentido, Rubén Cano sostuvo que algunos candidatos a la alcaldía de La Victoria estarían vinculados a organizaciones criminales.

“Hay dos grupos [de candidatos] que están financiados actualmente por estos grupos de crimen organizado (...) Estamos en una guerra contra el crimen organizado. “[¿Estamos ante el riesgo de que en el futuro, si alguna de estas personas es elegida, la criminalidad halle una complicidad desde la autoridad municipal?] Así es, porque son financiados, actualmente son financiados. Necesitamos que la presidenta vaya, el ministro del Interior vaya y juntos hagamos hagamos un proyecto de de defensa”, enfatizó.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció este miércoles sobre la postura de siete comisiones de la Cámara de Diputados, que rechazaron el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

El titular de Trabajo cuestionó que la Comisión de Constitución haya solicitado la opinión de más grupos de trabajo antes de emitir un pronunciamiento. Según señaló, esta decisión ha generado una “bulla innecesaria” en torno a las posturas adoptadas por las comisiones de Producción, Ciencia, Infraestructura, Trabajo, Justicia, Defensa del Consumidor, y Energía y Minas.

Sheput sostuvo que los pronunciamientos emitidos por estas comisiones tienen carácter “no vinculante” y señaló que la decisión final corresponderá al Pleno de la Cámara de Diputados. La sesión se realizará luego de que la Comisión de Constitución, presidida por la diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), apruebe su predictamen, previsto para el próximo 28 de septiembre.

“Acá el objetivo de la Comisión [de Constitución] es generar las condiciones para que se plantee una negación de facultades cuando ni siquiera se ha discutido en el Pleno. Lo que digan los señores de la comisión, el dictamen positivo o negativo llega al Pleno y ahí se discutirá y se verá de qué manera queda acortado el proyecto”, señaló a RPP.

Ante la posibilidad de que el pedido de facultades sea rechazado, Sheput consideró poco probable que se desestimen por completo todas las propuestas planteadas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, señaló que, de darse ese escenario, se podrá identificar a “quiénes son los responsables de que el Perú demore en salir adelante”.

“Si el Congreso niega las facultades, pues siempre quedan otros caminos de índole política, decretos de urgencias. Pero el Gobierno no va a claudicar en sus deseos de mejorar las cosas. Pero los responsables de que no haya un cambio inmediato, una volteada de página, serán aquellas bancadas que quieren que todo siga igual”, indicó.

En esa línea, Sheput manifestó que la bancada de Juntos por el Perú ha “demostrado una posición extrema” frente al pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

“Yo creo que por ahí hay un asesor [referencia a Roberto Sánchez] que todavía está picón porque ha perdido las elecciones. Entonces, él está llevando su incomodidad a su bancada”, sostuvo.

Posteriormente, Sheput afirmó que el Ejecutivo respetará las decisiones del Congreso bicameral y señaló que, en caso de no obtener facultades para legislar sobre determinadas materias, se evaluará recurrir a decretos de urgencia.

La medida fue oficializada mediante una resolución suprema publicada en el boletín del diario El Peruano, en la que se establece la conformación de este órgano consultivo.

Los nuevos integrantes son Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Arsenio Oré Guardia, José Chlimper Ackerman, Josefina Takahashi Sato y Milagros Álvarez Calderón Larco.

Según la resolución, la comisión consultiva estará a disposición del Despacho Presidencial y emitirá opiniones sobre los temas que le sean consultados, de acuerdo con las funciones establecidas para este órgano.

La norma precisa que el cargo de miembro de la comisión es de carácter ad honorem y de confianza, por lo que no genera vínculo laboral con el Estado.

La resolución suprema señala que la medida se sustenta en la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y las disposiciones que modifican el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial.

El documento lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

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El nombramiento fue establecido mediante la Resolución Suprema N.° 233-2026-IN, publicada en el diario El Peruano. La norma lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori, y del ministro del Interior, César Astudillo.

De acuerdo con la resolución, el comandante general de la PNP es designado por el presidente de la República entre los tres oficiales generales de armas en situación de actividad, con el grado de teniente general y respetando el orden de antigüedad en el escalafón.

López Mendoza asumirá el máximo cargo de la institución policial tras la salida de Óscar Arriola Delgado, quien pasó a situación de retiro a su solicitud. Su designación como comandante general también fue dada por concluida mediante la Resolución Suprema N.° 232-2026-IN.

La norma que oficializó la salida de Arriola fue publicada en el mismo boletín de El Peruano y expresa el agradecimiento por los servicios prestados por el oficial a la Policía Nacional y al país durante su gestión.

La presidenta Keiko Fujimori participará en la ceremonia de reconocimiento de Fredy López Mendoza como nuevo comandante general de la PNP, con lo que se formalizará su incorporación al máximo cargo de la institución policial.

Perfil de Fredy López Mendoza

Fredy López Mendoza se desempeña desde el 1 de enero de 2026 como jefe del Estado Mayor General de la PNP, considerado el segundo cargo de mayor jerarquía dentro de la institución.

Durante su trayectoria también ocupó puestos vinculados con la investigación criminal y la lucha contra la corrupción. En 2022 estuvo al frente de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y fue presentado como titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

El oficial también participó en actividades internacionales de cooperación policial. En marzo de 2026 encabezó una delegación peruana en Guayaquil, Ecuador, para fortalecer la coordinación contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal.

En el ámbito académico, Fredy López Mendoza es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su investigación de posgrado estuvo orientada al empleo de agentes encubiertos como técnica especial para investigar y combatir el crimen organizado.

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En el Hall de los Pasos Perdidos, el congresista de izquierda aseguró que Velarde no cumpliría –de acuerdo con su interpretación– los requisitos profesionales necesarios para ejercer altos cargos en el sector público y cuestionó sus supuestas vinculaciones con empresas privadas.

“Velarde no es el idóneo para estar al frente del BCR y lo he demostrado en la Comisión (de Procedimientos Especiales del Senado). No tiene los grados y títulos que todos los peruanos deben tener para ejercer la función profesional en el sector público. Tiene vinculaciones con empresas privadas”, exclamó.

Para reforzar su argumento, Morales, quien aparece en los planillones que el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso, presentó para inscribirse como partido, enfatizó que nuestro banquero central no registra títulos en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

REALIDAD

Por el contrario, el informe de la Comisión de Procedimientos Especiales sostiene que Velarde cumple los requisitos aplicables a su cargo establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica del BCR, el Reglamento del Senado y otras normas.

El grupo de trabajo añadió que no se identificaron impedimentos para la ratificación de nuestro banquero central.

En dicha comisión, en su sesión del 2 de setiembre, Morales protagonizó un altercado con Velarde, a quien le dijo: “Yo creo que usted, señor Velarde, ha hecho el trabajo que se le encomendó y punto. No entiendo por qué se esfuerzan para (elogiarlo)”.

Este lamentable reporte mereció incluso el pronunciamiento de la presidenta Keiko Fujimori, quien afirmó que “el resultado ha sido muy triste y estremecedor”.

Sin embargo, en el último quinquenio parece no haberse hecho mucho en el sector. Distintas leyes promulgadas, ya sea con la venia del Ejecutivo o por la insistencia del Congreso, exponen que los responsables de estas falencias van más allá del Poder Ejecutivo.

Primeros pasos

Una de las normas más cuestionadas se publicó en abril del 2024. La Ley 31996 le abrió la puerta a más de catorce mil docentes que habían sido separados de la Carrera Pública Magisterial (CPM).

Los profesores que integraban dicho grupo habían sido nombrados de forma interina, bajo la antigua Ley del Profesorado (Ley 24029). Sin embargo, con la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944) se exigía una regularización.

Este proceso, oficializado mediante una resolución del Ministerio de Educación (Minedu), tenía que desembocar en la salida de dichos docentes. Parte de ellos no acudieron a la prueba de evaluación correspondiente y algunos la desaprobaron, entre otros factores.

No obstante, tiempo después, bancadas como Perú Libre y el Bloque Magisterial de Concertación Nacional impulsarían una iniciativa para que dicho grupo de docentes pudiese reincorporarse en sus labores.

En el Congreso, el trayecto fue el siguiente: se aprobó en primera votación, y fue exonerada de la segunda, en agosto del 2023. El gobierno de Dina Boluarte observó la ley en diciembre del mismo año tras asegurar que se afectaba la meritocracia.

Sin embargo, el Parlamento aprobó la medida por insistencia en abril del 2024. Lo hizo con 6 votos en contra y 92 votos a favor de Fuerza Popular (16), Perú Libre (9), Renovación Popular (8), Alianza para el Progreso (89), Juntos por el Perú (9), Bloque Magisterial (8), Podemos Perú (6), Somos Perú (4), No agrupados (9), Acción Popular (5), Avanza País (3) y Perú Bicentenario (5).

La ley fijó una reincorporación directa y convalidar el ejercicio efectivo de la docencia, entre otros; y una evaluación excepcional, por única vez, para algunos maestros. La ley también estableció un programa de fortalecimiento con el objetivo de preparar a los interesados en esta prueba, cuya participación era voluntaria.

También en el 2024 se emitió otra norma vinculada al sector (Ley 32121), pero lejos de abordarse la situación de los estudiantes, se aprobó un bono extraordinario de S/380 para docentes y auxiliares de educación.

El beneficio alcanzó a “nombrados y contratados de las instituciones educativas de educación básica y técnico-productiva”. Un desembolso de S/130 millones fue necesario para cubrir la demanda. La medida fue promulgada por el gobierno de Boluarte.

En cuanto a retribuciones económicas a docentes, hay más. Todo indica que el Tribunal Constitucional (TC) definirá la situación de la Ley 32581. Publicada en abril del 2026, la norma –que aún no cuenta con un reglamento para su implementación– estableció que la pensión de docentes jubilados y cesantes se equipare al personal de la primera escala magisterial, es decir, S/3300.

Los beneficiarios pertenecen a los sectores de la Educación Básica Regular, Alternativa, Especial y Técnico-Productiva. Fue aprobada por insistencia por el anterior Congreso. Hoy, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuestiona su aprobación.

“La otra es cambiar una norma populista que se ha dado. La madre de las batallas es la pensión vitalicia para los maestros. Esa es demasiado cara y rompe todo el equilibrio pensional del sector público. Lo vuelve injusto”, indicó al respecto el actual titular de la cartera, Elmer Cuba, un mes antes de asumir el cargo.

Hoy, Cuba ha detallado que el Gobierno buscará dialogar con los colectivos para negociar una nueva escala. Si bien el Colegio de Economistas del Perú ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, la gestión de Keiko Fujimori hizo lo propio.

Más casos

Otra ley flexibilizó las reglas para que un grupo de docentes del sector privado, sin título pedagógico o profesional, pudiesen regularizar su situación.

La Ley 32272 aprobada en marzo del 2025, durante el gobierno del entonces presidente José Jerí, otorgó un plazo excepcional de siete años para que dichos docentes continúen con sus labores, incluso sin contar con este reconocimiento académico.

​La ley en mención modificó el Decreto de Urgencia N.º 002-2020, que fue publicada en enero del 2020 para, precisamente, “luchar contra la informalidad en la prestación de servicios educativos de educación básica de gestión privada”. El objetivo era el “fortalecimiento de la educación básica” brindada por estas instituciones.

De otro lado, también se registran leyes cuestionables en torno al nivel de Educación Superior. En mayo del 2021, en el entonces gobierno de Pedro Castillo, se emitió la primera (Ley 31359) de cuatro prórrogas del bachillerato automático. Esta medida había sido ampliamente abordada y criticada por especialistas en la materia, quienes aseguraron que la exigencia y el rendimiento académico se verían perjudicados.

La medida se había implementado en abril de ese año mediante la Ley 31183, promulgada por el Congreso, con la actual senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) a la cabeza, tras no ser observada por el gobierno de Francisco Sagasti.

Otra norma también fue sujeto de múltiples observaciones. La Ley 31520, aprobada por insistencia en el Congreso en el 2022, modificó el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Con ello, se dispuso que representantes de determinadas universidades, que debían ser sujeto de fiscalización, ocupen un lugar en el equipo de trabajo. Con los cambios, se elegirían dos representantes de universidades públicas y un representante de las universidades privadas.

El acto contará también con la presencia del ministro del Interior, Cesar Astudillo, los viceministros del sector y los integrantes del Alto Mando Policial.

La ceremonia se desarrollará en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía, ubicada en Puente Piedra.

López Mendoza asumirá la conducción de la PNP en reemplazo del general Óscar Arriola, quien anunció su relevo del cargo el domingo 7 de septiembre. Antes de su designación, el nuevo comandante general se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General de la institución policial.

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Tras su exposición ante la Comisión de Desarrollo Agrario, pidió a los legisladores realizar una evaluación de los 66 puntos incluidos en la solicitud.

Vinelli explicó que uno de los cambios planteados busca modificar el sistema de atención durante las emergencias para permitir que el Instituto Nacional de Defensa Civil intervenga desde el primer día en la distribución de ayuda humanitaria. Según indicó, estas modificaciones requieren cambios legales que no pueden realizarse mediante decretos de urgencia.

“Las facultades se requieren... porque hay cosas que se tienen que cambiar a nivel de ley que no se pueden hacer con un decreto de urgencia”, afirmó el ministro.

También sostuvo que actualmente los gobiernos locales tienen a su cargo la primera atención, pero una emergencia puede paralizar sus operaciones y retrasar la llegada de ayuda a los damnificados.

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Durante la reunión abordaron asuntos relacionados con los vínculos entre ambos países y la promoción de inversiones.

En el encuentro también se resaltaron los lazos de amistad y cooperación entre Perú y España, además de la importancia de continuar fortaleciendo la relación económica y comercial.

Fujimori explicó a Aznar los principales ejes de su gestión, entre ellos las acciones en seguridad ciudadana, la atención ante los efectos del fenómeno El Niño, el impulso de proyectos de inversión y la ejecución de obras de agua y saneamiento.

Asimismo, ambos conversaron sobre una posible participación de la mandataria peruana en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, prevista para realizarse en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

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Y nada parece haber cambiado, pues un allegado de Tomas ubicó a su esposo en un cargo de confianza.

EN DETALLE

El 11 de setiembre, mientras redacciones recibían información de que Zulema Tomás sería nombrada en Essalud, Javier Carmelo Ramos, director ejecutivo del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS), nombró a Miguel Palomino Paz como coordinador técnico en ese programa.

El dato no llamaría la atención sino fuera porque Palomino Paz es esposo de Zulema Tomás y conoce muy bien al nuevo jefe de este.

Esto debido a que cuando Tomás era ministra de Salud, nombró el 14 de octubre de jefe de la Unidad en Administración y Finanzas del Programa Nacional de Inversiones en Salud en la cartera que dirigía.

PASADO

Esta no es la primera vez que el esposo de Tomas aparece en medios.

Correo reveló que el 11 de octubre de 2019, cuando Tomas era ministra de Salud, designó a Rossana Medina Pacheco, esposa de Manuel Montes Boza, entonces titular de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), como intendenta de Promoción de Derechos de Salud en Susalud, organismo adscrito al Minsa.

Dos semanas después, su esposo Miguel Palomino fue nombrado coordinador de Gestión de la Sunarp.

DESCARGOS

“No, no conozco al señor Javier Erasmo Carmelo Ramos. No existe ningún nivel de cercanía o relación personal con el señor Javier Carmelo Ramos.”, fue la respuesta que envió la titular de Essalud, Zulema Tomás, a Correo.

Además, dijo tener conocimiento del nombramiento de su esposo.

“Respecto de dicha designación, corresponde al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y a la entidad competente explicar los criterios, el procedimiento y la documentación que sustentaron esa decisión. Yo no he solicitado, recomendado ni realizado gestiones para su nombramiento”, indicó.

En esa línea, Tomás aseguró que cuando firmó la designación de Carmelo Ramos en el Minsa en el 2019, no lo hizo por una decisión personal, sino porque era una propuesta de los directores correspondientes.

“En este caso específico, si se revisa la resolución y su proveído, se podrá verificar que la propuesta fue realizada por el Pronis y no por mí. Por tanto, no solicité, recomendé ni gestioné dicha designación”, sostuvo.

También defendió la trayectoria de su esposo.

“Asimismo, mi esposo con más de 40 años como servidor público, venía prestando servicios desde marzo de 2026, posteriormente presentó su renuncia debido al gesto de todo funcionario público de poner a disposición su cargo, cuando hay un cambio de gestión, siendo ratificado en el mismo cargo en setiembre de este año”, explicó.

Correo se ofreció para hablar con Tomás sobre el tema el mismo día de la elaboración de la nota. Sin embargo, su equipo indicó que no tenía disponibilidad por reuniones.

Según explicó, esta deficiencia puede contribuir a que internos condenados por delitos graves recuperen su libertad y posteriormente vuelvan a delinquir.

Álvarez también señaló que el programa Cárceles Productivas, implementado durante gestiones anteriores, constituye un avance, pero consideró necesario fortalecerlo para mejorar las condiciones de reinserción de la población penitenciaria.

Durante su exposición, además, alertó sobre problemas de corrupción dentro de los establecimientos penitenciarios, que permitirían que internos primarios sean ubicados junto a integrantes de organizaciones criminales. Indicó que esta situación facilita la captación de reclusos para trasladar mensajes de extorsión hacia sectores como el transporte.

Finalmente, el titular de Justicia cuestionó que los antecedentes penales puedan eliminarse una vez cumplida una condena sin que exista un proceso efectivo de reinserción social.

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La propuesta busca incorporar estas conductas a la Ley de Delitos Informáticos y establece penas que podrían llegar hasta los ocho años de prisión.

El proyecto señala que quienes utilicen estas redes para difundir sistemáticamente imputaciones falsas contra una persona o atribuirle hechos falsos con relevancia electoral podrían recibir entre cuatro y seis años de prisión, además de días-multa.

La pena aumentaría entre cinco y ocho años cuando existan circunstancias agravantes, como el uso de recursos provenientes de fuentes prohibidas por la legislación electoral o la participación de autoridades, funcionarios o servidores públicos. También se contempla el uso de fondos, infraestructura, información o personal de entidades públicas para operar estas redes.

La propuesta fue presentada el viernes y está pendiente de ser derivada a una comisión parlamentaria para su debate.

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En diálogo con Canal N, López Aliaga indicó que solicitó formalmente participar en el encuentro y expresó su disposición a asistir.

“Me encanta el debate”, afirmó al ser consultado sobre su presencia en la actividad electoral.

El candidato defendió la legalidad de su postulación y sostuvo que la legislación contempla la posibilidad de que un primer regidor asuma la alcaldía en determinadas circunstancias.

También cuestionó que se busque interpretar o modificar las normas específicamente por su candidatura. “Entonces, no van a legislar con nombres propios”, señaló.

López Aliaga evitó adelantar qué ocurriría después de las elecciones y remarcó que primero deberá conseguir el respaldo de los electores.

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La solicitud corresponde al Proyecto de Resolución Legislativa 8, presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado previamente por el Consejo de Ministros. La Junta de Portavoces acordó que los senadores que participen en el debate tendrán un minuto para fijar posición y no podrán ser interrumpidos.

¿Qué actividades realizaría la mandataria?

Durante su permanencia en Estados Unidos, la presidenta tiene previsto participar en el Debate General de la Asamblea General de la ONU y sostener reuniones con jefes de Estado y autoridades internacionales. Su agenda también incluye encuentros con inversionistas y actividades organizadas por el Banco de Desarrollo de América Latina y Americas Society/Council of the Americas.

Fujimori señaló que busca aprovechar la visita para promover inversiones y fortalecer contactos internacionales. Además, adelantó que su participación en el debate general estaría programada para el primer día de sesiones, mientras que las jornadas siguientes estarán destinadas a otras reuniones.

La mandataria también confirmó que recibió una invitación de Donald Trump para participar en una cena protocolar junto a otros jefes de Estado durante la semana de actividades de la ONU. Su asistencia dependerá de que el Senado apruebe previamente la autorización para salir del territorio nacional.

“Espero tener la posibilidad de saludarlo”, señaló al referirse a la invitación recibida.

¿Quién asumirá su cargo durante el viaje?

Durante la ausencia de la presidenta, el despacho presidencial quedaría a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. Esta disposición forma parte del pedido de autorización presentado ante el Senado para permitir la salida de Fujimori del territorio nacional.

Como parte de la agenda de la sesión, el pleno del Senado también analizará el informe que recomienda ratificar a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Este punto será tratado junto con la solicitud de viaje de la mandataria.

Song Yang informó que más de 20 funcionarios peruanos viajaron a China para participar en seminarios sobre tecnologías destinadas a prevenir desastres naturales. La capacitación forma parte del intercambio de conocimientos entre ambos países frente a fenómenos que pueden afectar al territorio peruano.

“Naturalmente, queremos compartir oportunidad de desarrollo con Perú, pueblo hermano. (...) Entonces, en este caso, queremos compartir la experiencia de lucha contra pobreza. Entre tanto, queremos compartir nuestras tecnologías”, indicó.

El embajador indicó que China también busca contribuir con el Perú en asuntos relacionados con la seguridad social y la lucha contra la inseguridad. Esta cooperación contempla el intercambio de experiencias y herramientas entre ambos países.

“Queremos contribuir para el desarrollo de derechos humanos, a través de contribución a la seguridad social y también lucha contra los efectos de El Niño”, explicó.

APEC 2026

Song Yang también resaltó la importancia de la cumbre APEC 2026, que se realizará en China en noviembre. Señaló que el encuentro permitirá a las 21 economías participantes intercambiar conocimientos, oportunidades y propuestas de innovación.

El diplomático expresó además su satisfacción por la participación de la presidenta Keiko Fujimori en el foro. Sus declaraciones se produjeron tras su participación en la conferencia Multilateralismo y Derechos Humanos, realizada durante la Tercera Mesa Redonda China-América Latina y el Caribe sobre Derechos Humanos.

“APEC es una gran plataforma para 21 economías, para dialogar y profundizar no solamente conocimiento, sino también compartir oportunidades y promover fondos e innovación, y atraer mayor beneficio para toda Asia y Pacífico”, señaló.

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, exhortó al Congreso a aprobar las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, con el objetivo de agilizar las medidas para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño y atender otros problemas urgentes, entre ellos la inseguridad y la falta de acceso al agua potable.

Durante la supervisión de los trabajos preventivos que se realizan en el río Chillón, a la altura del kilómetro 40 de la carretera Lima-Canta, Arnillas señaló que el país necesita respuestas inmediatas y pidió a los parlamentarios priorizar las principales necesidades de la población.

“Pongámonos la camiseta del Perú”, manifestó el titular de Vivienda al destacar la importancia de tomar medidas oportunas frente a las emergencias y otros problemas que afectan al país.

Arnillas informó que el Ministerio de Vivienda ejecuta labores preventivas en 70 puntos críticos de la región Lima, identificados como zonas vulnerables ante el incremento del caudal de los ríos durante la temporada de lluvias.

Según precisó, hasta la fecha se han retirado aproximadamente 480 mil metros cúbicos de material de los cauces de los ríos. Asimismo, señaló que estos trabajos benefician a cerca de 2 millones de personas en la región Lima.

El ministro explicó que estas intervenciones tienen como objetivo recuperar la capacidad hidráulica de los ríos y disminuir el riesgo de desbordes que puedan poner en peligro a las poblaciones asentadas en las zonas aledañas a los cauces.

En cuanto a las labores en el río Chillón, Arnillas precisó que el Ministerio de Vivienda interviene un tramo de 12 kilómetros desde el río Trapiche hacia la parte alta y otros 6 kilómetros desde el puente Huatocay hacia la parte baja, en dirección a la bocatoma de La Atarjea.

Asimismo, el Ministerio de Vivienda lleva a cabo una intervención conjunta con la Municipalidad Metropolitana de Lima en un tramo de aproximadamente 4,2 kilómetros, ubicado entre los puentes Trapiche y Huatocay. Estas labores forman parte de las acciones preventivas frente al pronóstico de lluvias y el incremento del caudal de los ríos durante la próxima temporada.

El ministro señaló que las labores de prevención requieren una coordinación permanente entre el Gobierno nacional, las autoridades regionales y los municipios, debido a que los puntos críticos se encuentran distribuidos en distintas jurisdicciones. En ese sentido, Arnillas resaltó la importancia de contar con herramientas que permitan acelerar la ejecución de obras y medidas preventivas frente al Fenómeno El Niño.

El titular de Vivienda también indicó que la respuesta del Estado debe abordar otros problemas que afectan a la población, como la inseguridad ciudadana y las dificultades para acceder al servicio de agua potable.

“Al menos Renovación Popular ha adelantado que va a apoyar sí o sí las delegaciones en cuanto a inseguridad ciudadana y lucha contra el fenómeno del niño. Sin embargo, las otras medidas que son de simplificación administrativa, temas laborales o tributarios, eso vamos a revisar una a una cada una de estas delegaciones de facultades”, sostuvo.

Muñante también cuestionó la posibilidad de que el Gobierno presente un nuevo pedido limitado únicamente a esos dos asuntos, propuesta planteada por las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras. En esa línea, consideró que volver a tramitar la solicitud representaría una demora en el proceso y sostuvo que, si existen materias que deben ser aprobadas y otras rechazadas, corresponde al Pleno de la Cámara de Diputados adoptar una decisión.

“Creo que es una dilación innecesaria. Si ellos consideran que algunos puntos son los que se tienen que aprobar y otros no, que sea el Pleno de la Cámara de Diputados quien decida eso y luego va a pasar a la Cámara del Senado”, indicó a la prensa.

#EnVivo

Alejandro Muñante, senador de Renovación Popular, señaló que su bancada apoyará las facultades legislativas en materia de inseguridad ciudadana y lucha contra el fenómeno de El Niño.

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— Canal N (@canalN_) September 15, 2026

Senado podrá modificar el pedido

Respecto al trámite de la solicitud, Muñante recordó que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados deberá ser revisado posteriormente por el Senado. Señaló que esta segunda cámara puede introducir cambios al contenido recibido sin que ello implique desconocer la autonomía de cada instancia parlamentaria.

“Es reglamentario que el Senado pueda hacer modificaciones al dictamen, así que nosotros estaríamos actuando siempre dentro del margen de la ley y de la Constitución”

El legislador garantizó que su cámara realizará un “debate serio, objetivo, no ideológico” sobre la propuesta aprobada previamente por los diputados. Con ello, remarcó que cada materia incluida en el pedido deberá ser evaluada durante el proceso parlamentario.

Durante una entrevista en el programa Siempre a las ocho, de la plataforma El Comercio, Vinelli indicó que el premier Luis Galarreta encabeza las conversaciones con las agrupaciones políticas y que ya se han realizado reuniones con Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras. El ministro señaló que el Ejecutivo continuará acudiendo al Legislativo para sustentar los 66 puntos incluidos en el pedido.

“Vamos a continuar yendo al legislativo para poder explicar lo del pedido de facultades y yo soy optimista, yo creo que los diputados van a poder escuchar nuestros argumentos y finalmente van a poder debatir y decidir sobre la totalidad o un grupo de las medidas que estamos pidiendo”, afirmó.

Defiende medidas incluidas en el pedido

El titular del Midagri también rechazó que las propuestas relacionadas con minería ilegal o regulación financiera estén fuera de los objetivos del Gobierno. Explicó que la delegación permitiría modificar normas que el Ejecutivo considera necesarias para desarrollar su plan de gobierno y atender problemas como la inseguridad y el fenómeno El Niño.

Vinelli puso como ejemplo la minería ilegal, cuya atención requiere cambios normativos que, según explicó, forman parte del pedido presentado al Congreso. El Ejecutivo espera contar con esas facultades para implementar medidas contra esta actividad.

“Estamos a la espera de que ellos puedan aprobar para nosotros implementar las medidas que correspondan para poder atacar la minería ilegal”, indicó.

Medidas frente a El Niño y seguridad

El ministro afirmó que el Gobierno ya viene adoptando acciones que no requieren delegación legislativa, entre ellas disposiciones para enfrentar el fenómeno El Niño. Señaló que mediante decretos de urgencia y decretos supremos se han distribuido más de S/2.000 millones entre ministerios y gobiernos subnacionales para atender las acciones de prevención y emergencia.

En seguridad, mencionó la declaratoria de emergencia de cinco penales para permitir la presencia de las Fuerzas Armadas en sus alrededores. Sin embargo, explicó que ampliar la participación militar en determinadas funciones requiere modificar un decreto legislativo con rango de ley, por lo que esa medida sí depende de las facultades solicitadas.

Vinelli también planteó una modificación para agilizar la atención de damnificados durante una emergencia. Según explicó, el objetivo es que el Indeci pueda intervenir desde el primer día cuando una municipalidad afectada por un desastre no esté en condiciones de brindar ayuda a la población.