La reunión, que estaba prevista para tratar diversos proyectos y dictámenes vinculados al sector vivienda, construcción y saneamiento —temas que forman parte de la labor ordinaria de esta comisión especializada— no pudo iniciar formalmente por la falta de asistencia de sus miembros.

La ausencia de parlamentarios fue evidente desde el inicio de la sesión, lo que obligó a los integrantes presentes a levantarla sin desarrollar los puntos previstos en la agenda.

La suspensión de la sesión han generado cuestionamientos en algunos sectores por la aparente falta de compromiso de algunos congresistas con el trabajo legislativo en comisiones.

El evento, que se realizará en la sede de América Televisión, contará con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales. Entre ellos estará el politólogo argentino Andrés Malamud, quien analizará la evolución del voto y el desempeño de los principales candidatos

También estarán la CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado, y el politólogo peruano Carlos Meléndez.

La cobertura del evento y las intervenciones de los invitados especiales estarán disponibles mediante las distintas plataformas de El Comercio y América Multimedia.

Según la norma, el cargo de confianza de Superintendente Nacional estaba vacante, por lo que el Poder Ejecutivo decidió designar a un nuevo titular.

El documento que oficializa el nombramiento de Alvarado Gómez está firmado por el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y con el refrendo del ministro del Interior, José Mercedes Zapata Morante.

Finalmente, se aclara que este nombramiento se realiza conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que regula la participación del Ejecutivo en la designación de funcionarios públicos, así como a la normativa que establece los criterios necesarios para garantizar la idoneidad en el acceso y desempeño de los directivos de libre remoción.

Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino de Lama, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí, ahora expresidentes, fueron protagonistas de renuncias, vacancias y censuras.

Esto evidencia que la sucesión presidencial es un escenario bastante posible, por lo tanto, es importante conocer quiénes son los eventuales reemplazantes de los que hoy aspiran al sillón de Pizarro.

Así, Correo revisó los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia de las planchas que ocupan al menos los 10 primeros lugares en las preferencias electorales (ver infografía).

POSIBILIDAD

En las últimas semanas, el nombre de Carlos Álvarez (País para Todos) sonó con bastante fuerza como uno de los favoritos. Sin embargo, también el nombre de quien podría reemplazarlo eventualmente si es sacado del cargo.

Se trata de María Cristina Chambizea Reyes, una persona muy cercana ideológicamente con el expresidente Pedro Castillo, hoy preso en el penal de Barbadillo.

Si bien Álvarez parece ofrecer un discurso de derecha, con una alusión frecuente a la pena de muerte y una salida a la Corte de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cierto es que la persona que lo acompaña, demuestra todo lo contrario.

Chambizea es una mujer cajamarquina que fue asesora en el Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Castillo.

Además, aparece en una fotografía con Anahí Durand y tiene publicaciones que dejan en evidencia su postura política.

El 8 de diciembre de 2022, escribió en redes sociales “Fuerza Lilia Paredes Navarro, acá estamos. Sororidad contigo, hermano. No me aúno al festín”.

Un mensaje tras la captura de Pedro Castillo luego del golpe de Estado.

Su publicación va acompaña de un “Adelanto de elecciones” y “Asamblea Constituyente”.

Ricardo Belmont del partido Obras, el candidato presidencial con mayor edad (80 años), tiene como candidato a la primera vicepresidencia a Daniel Barragán, quien se desempeñó como ministro de Defensa de Pedro Castillo por un corto periodo.

Al igual que Belmont, Barragán tuvo acercamientos en algún momento con Antauro Humala, pues en 2021 fue su candidato a la segunda vicepresidencia con Unión por el Perú (UPP), partido con que se unió con el líder etnocacerista.

Un dato no menor es que UPP acudió ante el Tribunal Constitucional con la intención de que Antauro pueda postular a la presidencia, debido a que en ese momento se encontraba en prisión.

Por otro lado está Dina Hancco, candidata a la segunda vicepresidencia de Obras, que cuenta con una condena de tres años y seis meses de pena privativa suspendida de la libertad por el delito de contrabando.

IZQUIERDA

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) lleva a Analí Marquez Huanca y Brígida Curo Bustincio, como candidatas a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.La primera está a favor de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), registro que permite que la minería ilegal siga funcionando de manera impune.

La segunda es una mujer que, en redes sociales, comparte publicaciones que incitan a la violencia.

Por ejemplo, compartió un video de un dirigente de Puno que afirmaba que para hacer un cambio en el Perú, “debe correr sangre”.

Por su parte, Alfonso López Chau (Ahora Nación) tiene en su plancha presidencial a Luis Alberto Villanueva Carbajal como candidato a la primera vicepresidencia.

En un video difundido por Willax TV, la persona que hoy podría reemplazar a Chau si gana la presidencia, se describió en un evento como marxista, leninista, maoísta convicto y confeso.

En dicha cita participaron varios representantes de la izquierda, por eso Villanueva aprovechó el espacio para agradecerle a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y hoy prófugo de la justicia.

Además, obvió mencionar en su hoja de vida que durante muchos años fue secretario general del Partido Comunista Peruano Unidad.

A esto se le suma una denuncia que presentó su esposa ante la Policía por maltrato psicológico.

UNO MÁS

Finalmente está César Acuña de Alianza para el Progreso (APP) que tiene como candidato a la segunda vicepresidencia a Alejandro Soto, quien además ejerce como actual congresista.

Soto es uno de los candidatos a la vicepresidencia con más cuestionamientos, la mayoría, corresponde a su labor como parlamentario.

Para muestra hay varios botones. Por ejemplo, en 2023, cuando ejercía como presidente del Congreso, se reveló que contrató a su cuñada Yeshira Peralta Salas como coordinadora de su despacho.

A pesar de no tener título universitario registrado en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Peralta Salas fue contratada.

A esto se le suma la revelación de que los trabajadores de su despacho, entregaban dinero como una cuota, supuestamente voluntaria, a favor de Soto.

Con ese dinero se pagaba la publicidad en sus redes sociales como en Facebook y de esa manera darle mayor notoriedad a noticias que podrían mejorar su imagen.

Además, se conoció que sus trabajadores utilizarían cuentas falsas en Facebook para limpiar su imagen política.

Caso

El exalcalde de Lima, Ricardo Belmont Cassinelli, propietario de la Red Bicolor de Comunicaciones, RBC Televisión, edificó su proyecto mediático sobre una iniciativa que tomó forma desde la década de 1960, pero se consolidó en los años 80.

En 1986, Belmont lanzó una agresiva campaña para que la ciudadanía financiara la expansión del canal mediante la compra de acciones.

Más de 70 mil peruanos respondieron al llamado del denominado “Canal del Pueblo”. Sin embargo, décadas después, ninguno de ellos habría recibido las ganancias prometidas y tampoco recuperaron el dinero invertido.

Belmont habría recaudado al menos 2 millones de dólares mediante la venta de acciones, según estimaciones, aunque un reportaje de Cuarto Poder emitido, 2003, refirió que el monto podría ascender a 5 millones.

Años después, en 2022, la controversia se agudizó cuando trascendió que Ricardo Belmont Vallarino, “Ricky”, hijo del exalcalde de Lima, promovía la venta del canal.

Esta se frustró –por un momento– luego de que la titularidad de las acciones regresara a manos de Belmont Cassinelli. Sin embargo, Corporación Universal, de la familia Capuñay, terminó por adquirir el canal.

A la deriva

Más de tres décadas después, cerca de 56 mil afectados están agrupados en la Asociación de Accionistas de RBC, sin lograr recuperar el dinero que invirtieron en el proyecto.

Frente a esto, el hoy candidato presidencial sostiene que su empresa fue víctima de persecución durante el gobierno de Alberto Fujimori y remarca que el caso nunca llegó a instancia judicial.

Sin embargo, miles de peruanos no recibieron nada tras invertir en su canal.

La iniciativa, promovida por el congresista Álex Gonzales, titular de la Comisión de Trabajo, tiene como objetivo homologar los ingresos con los de otros regímenes laborales que cumplen funciones similares.

Dicha propuesta faculta a las entidades públicas a equiparar las remuneraciones de los trabajadores CAS, medida que se implementaría en los tres niveles de gobierno.

El objetivo es asegurar la igualdad salarial por trabajo de igual valor, medida que se aplicaría en cada entidad pública.

La propuesta se sustenta en el Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen de contratación administrativa de servicios.

Esta iniciativa señala que el aumento será progresivo y que su implementación dependerá de la disponibilidad presupuestal de cada entidad.

El proceso de nivelación salarial se llevará a cabo en un plazo máximo de cinco años.

El proyecto establece que la medida se implementará de manera gradual, permitiendo un ajuste progresivo de los sueldos.

Además, el proyecto define criterios técnicos para la nivelación salarial, considerando la equivalencia de funciones.

Asimismo, se tomará en cuenta el nivel de responsabilidad del puesto, así como la experiencia profesional del trabajador.

También se considerarán la formación académica y la antigüedad del trabajador.

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Según indicó, este interés refleja un mayor compromiso de la ciudadanía con el proceso electoral, además de evidenciar el trabajo desplegado por los equipos en campo.

La ONPE realizó el último domingo la segunda y última jornada de capacitación presencial dirigida a quienes cumplirán funciones en las mesas de sufragio durante las elecciones generales.

Como parte de sus actividades, Corvetto se trasladó a Pucallpa, donde supervisó la organización del proceso electoral, sostuvo reuniones con personal de la ODPE Coronel Portillo y la ORC local, y verificó el envío de material electoral hacia zonas alejadas como el centro poblado de Saweto, en el distrito de Masisea.

Corvetto informó que la #ODPECoronelPortillo inició el traslado del material electoral hacia zonas alejadas, como el centro poblado de Saweto, en el distrito de Masisea, ubicado a 48 horas de Pucallpa. #EG2026 #ONPEenRegiones pic.twitter.com/K5ASA3BnnN

— ONPE (@ONPE_oficial) April 8, 2026

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La entidad precisó que la instalación está programada para las 6:00 horas y debe realizarse con la presencia de los tres titulares y seis suplentes. En caso de completarse el equipo titular, los suplentes pueden emitir su voto y retirarse.

También se indicó que si faltan integrantes, se podrá convocar a electores presentes en la fila para completar la mesa.

Desde la ONPE se recordó además que los miembros de mesa que cumplan con su función recibirán una compensación de 165 soles. Sin embargo, no accederán al día de descanso si no participaron en las capacitaciones previas, según se explicó.

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• VER MÁS: JEE excluye a Arturo Fernández de elecciones por no declarar sentencia por difamación

Como informó Correo, el exalcalde de Trujillo fue sacado de la contienda electoral tras confirmarse que tiene “una condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad vigente”, por el delito de difamación agravada.

Ante esto, el 6 de abril, Un Camino Diferente apeló el fallo. Sin embargo, su “escrito no se encuentra autorizado por abogado colegiado habilitado ni la personera legal señala ser abogada y como consecuencia no consigna el número de la colegiatura”. Además, “no adjunta al escrito de apelación un comprobante de pago por concepto de tasa electoral”.

El Jurado, el 6 de abril, le dio un día hábil para subsanar las observaciones, “bajo apercibimiento de declarar improcedente el recurso impugnatorio, en caso de no hacerlo”.

De corregir la apelación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá convocar a audiencia para resolver en última instancia el proceso iniciado contra Arturo Fernández.

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En una audiencia virtual programada para las 9:30 de la mañana, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley va a evaluar el recurso de cuestión previa presentado el pasado 17 de marzo por la defensa del exmandatario. La solicitud cuestiona la decisión del Ministerio Público de continuar con la acción penal y el avance del proceso, al considerar que se habría omitido un requisito de procedibilidad vinculado a la estructura orgánica y conformación del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

La defensa del expresidente pide que se anule todo lo actuado por el Ministerio Público, así como los incidentes registrados hasta la fecha en el expediente.

En ese contexto, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley escuchará este miércoles a Castillo Terrones, quien participará desde el penal de Barbadillo, en Ate, donde se encuentra recluido. En la audiencia también intervendrán su defensa y las demás partes procesales, y se espera que el magistrado emita su decisión en los próximos días.

El último 26 de marzo, el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela dispuso ampliar por 20 meses el plazo de la investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Castillo, así como contra los exministros Juan Francisco Silva y Geiner Alvarado, en el marco de los casos acumulados PetroPerú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda.

Asimismo, el pasado 27 de febrero, Campos Barranzuela dispuso ampliar por 12 meses adicionales la prisión preventiva impuesta al exmandatario, en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión en perjuicio del Estado, vinculados a estos casos.

Con esta decisión, el expresidente permanecerá recluido en el penal de Barbadillo, mientras el proceso judicial continúa su curso en las instancias correspondientes.

El fallo del TC concluyó que no se evidencian vulneraciones a derechos fundamentales que justifiquen la nulidad de las resoluciones judiciales. Aunque el recurso sostenía que las medidas restrictivas eran arbitrarias, el tribunal determinó que las resoluciones fueron dictadas conforme al marco legal vigente.

Asimismo, precisó que el hábeas corpus no puede emplearse para cuestionar decisiones jurisdiccionales de fondo, sino únicamente para salvaguardar derechos frente a actos manifiestamente ilegales.

La prisión preventiva contra Pedro Castillo fue dictada en marzo de 2023 por un plazo de 36 meses y, posteriormente, ampliada por 12 meses adicionales a pedido del Ministerio Público.

El TC ratificó la vigencia de dichas disposiciones, sustentadas en las investigaciones de los casos Petroperú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda, en los que se le atribuyen presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias agravado.

Además, el tribunal también desestimó el pedido para anular la detención preliminar y la prisión preventiva dictadas por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

“La jueza provisional Norma Carbajal me ha sentenciado a 9 meses de cárcel, 200,000 soles de reparación civil y 62,400 de multa, por defender a policías y militares de la injusta e ilegal persecución de la ex fiscal Delia Espinoza”, se lee en la publicación de Rospigliosi.

Luego se lee: “Por señalar que es pro terrorista, pro delincuencia y desquiciada. Espinoza fue sancionada por el Congreso y por la JNJ precisamente por las ilegalidades que cometió cuando era Fiscal. Tratan de SILENCIAR toda crítica a la mafia caviar que controla el sistema judicial. Esto confirma que hay que BARRER el sistema judicial. Con esta gente jamás podremos derrotar a la delincuencia”.

La jueza provisional Norma Carbajal me ha sentenciado a 9 meses de cárcel, 200,000 soles de reparación civil y 62,400 de multa, por defender a policías y militares de la injusta e ilegal persecución de la ex fiscal Delia Espinoza. Por señalar que es pro terrorista, pro…

— Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) April 7, 2026

Condenan a Fernando Rospigliosi a 9 meses de prisión suspendida por difamación agravada contra Delia Espinoza

Una decisión emitida en la Corte Suprema determinó la responsabilidad de Fernando Rospigliosi en un proceso por difamación agravada en perjuicio de Delia Espinoza. El adelanto de fallo establece una pena de 9 meses de prisión suspendida, sujeta al cumplimiento de condiciones durante el periodo fijado.

La resolución fue dictada por el Juzgado Supremo Unipersonal y leída por la jueza Norma Carbajal Chávez. El tribunal consideró acreditado el delito contra el honor conforme al artículo 132 del Código Penal, en el marco del proceso desarrollado en la sede judicial suprema.

Entre las medidas impuestas, se establece que el sentenciado no podrá cambiar de domicilio sin autorización ni salir de la ciudad sin aviso previo. También deberá presentarse cada 60 días ante la oficina de control biométrico para informar sobre sus actividades, además de abstenerse de cometer nuevos delitos dolosos.

El fallo incluye el pago de una reparación civil de S/200 000 a favor de Espinoza, así como una sanción de 100 días multa en beneficio del Estado. Asimismo, se dispuso el pago de las costas procesales, en línea con lo establecido en el Código Procesal Penal.

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La resolución fue dictada por el Juzgado Supremo Unipersonal y leída por la jueza Norma Carbajal Chávez. El tribunal consideró acreditado el delito contra el honor conforme al artículo 132 del Código Penal, en el marco del proceso desarrollado en la sede judicial suprema.

Entre las medidas impuestas, se establece que el sentenciado no podrá cambiar de domicilio sin autorización ni salir de la ciudad sin aviso previo. También deberá presentarse cada 60 días ante la oficina de control biométrico para informar sobre sus actividades, además de abstenerse de cometer nuevos delitos dolosos.

El fallo incluye el pago de una reparación civil de S/200 000 a favor de Espinoza, así como una sanción de 100 días multa en beneficio del Estado. Asimismo, se dispuso el pago de las costas procesales, en línea con lo establecido en el Código Procesal Penal.

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La intervención se hizo debido a que la instalación de la estructura no contaba con la autorización municipal correspondiente, por lo que se dispuso el retiro del estrado. Fueron los servidores de Seguridad Ciudadana, la Subgerencia de Fiscalización y el equipo de Circulación Vial, quienes acudieron a la vía pública.

Según informó la comuna provincial, la medida busca preservar el ornato de la ciudad y garantizar el libre tránsito vehicular y peatonal en una de las principales arterias de la ciudad. Cualquier actividad política o social que implique el uso de espacios públicos debe tramitarse con anticipación y cumplir con los permisos correspondientes, así como el certificado de seguridad y autorizaciones del área de circulación vial.

PARTIDO ASEGURA QUE SOLICITARON EL PERMISO HACE UNA SEMANA

Sin embargo, Edgar Gonzáles Dongo, secretario general del partido y candidato a diputado, aseguró que la solicitud se presentó hace una semana y en el tiempo oportuno. “Nos acaban de notificar que no hay autorización, nos sorprende esa actitud. A pesar que ayer solicitaron que se regularice un documento, se ha regularizado, pero ahora dicen que no, que está prohibido en los espacios públicos”, señaló.

Asimismo, invocó al alcalde provincial a recordar que se vive una fiesta democrática, asegurando que el mitin no cambiará de ubicación.

“El señor alcalde de repente desconoce, pero algún funcionario está desconociendo. No creo que haya mala intencionalidad”, añadió.

Pese a estas declaraciones, en el lugar señalado permanecen tres vehículos con los equipos de sonido para el mitin, además de 4 efectivos de Seguridad Ciudadana de la comuna provincial resguardando el lugar.

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El nombramiento se produce tras la salida de Juan Samanez Bilbao, quien ocupaba el cargo desde el 5 de febrero de 2026. Su renuncia fue aceptada por el Ejecutivo como parte de los cambios recientes en el sector.

Ambas resoluciones cuentan con la firma del presidente José María Balcázar y del titular del sector, Waldir Ayasta. Con ello, se formaliza la designación en un cargo considerado de confianza dentro de la estructura del ministerio.

Trayectoria profesional

En relación con su formación, la funcionaria es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con una maestría en Gerencia Pública por EUCIM Business School. Su experiencia en la administración pública incluye funciones vinculadas al sector minero.

Entre 2024 y 2025 se desempeñó como directora general de Formalización Minera. En ese periodo tuvo a su cargo procesos relacionados con la incorporación de actividades mineras al marco legal.

Antes de asumir el viceministerio, ocupó el cargo de directora de la Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera. Esta función la ejercía desde el 20 de enero de 2025 dentro de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem.

¿Qué funciones cumple el viceministerio de Minas?

El Viceministerio de Minas forma parte de los órganos de línea del Ministerio de Energía y Minas. Desde esta instancia se coordinan, ejecutan y supervisan las políticas relacionadas con el desarrollo sostenible de la actividad minera.

Entre sus competencias se encuentran la promoción de inversiones en el sector, la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. También abarca la gestión ambiental y la prevención de conflictos sociales asociados a la actividad extractiva.

Asimismo, este despacho tiene un rol en la regulación de la extracción de recursos minerales bajo parámetros establecidos por el Estado. Su labor incluye la articulación de medidas orientadas al desarrollo de la actividad dentro del marco normativo vigente.

“(Villaverde) se me acercó hace años atrás y que cuando supe quién era este señor cuestionado me alejé completamente. El error lo he aceptado como ser humano que soy, fue por eso que lo rechacé, lo negué por vergüenza y lo quiero decir,… a mí no me une ninguna amistad a ese señor”, manifestó.

Cabe señalar que estos vínculos se hicieron conocidos por chats filtrados en los que se mencionó un reconocimiento recibido por Grozo en Arequipa, este galardón fue entregado en pandemia por el entonces alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, a quien el candidato negó conocer.

“Fue porque en la pandemia fui el general que estuvo todos los días en la calle, 24 horas cuidando el control territorial de todos los peruanos”, señaló. Grozo añadió que esta medalla se le entregó de manera virtual y no tenía conocimiento de ello hasta que lo recibió.

PROMETE CADENA PERPETUA A SENTENCIADOS POR CORRUPCIÓN

De otro lado, el candidato presidencial aseguró que la primera ley que se hará realidad en un eventual gobierno suyo será el establecer cadena perpetua para los funcionarios y autoridades corruptos, no obstante, señaló que esto solo se hará realidad a través del Congreso.

Asimismo, expresó que se hará revisión de una serie de leyes aprobadas por el actual Congreso que mellan la lucha contra el crimen organizado como la inmunidad parlamentaria, la pérdida de dominio, las investigaciones a las bandas criminales, entre otras.

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La designación fue oficializada por el Gobierno de José María Balcázar mediante la Resolución Suprema N.º 009-2026-MIDIS. La norma fue publicada este 7 de abril en el diario oficial El Peruano.

El documento cuenta con la firma del jefe de Estado y de la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Norka Vásquez Dávila. Con ello, se formaliza su ingreso a la conducción de uno de los principales programas sociales dirigidos a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Cambio en la dirección del programa

La designación se produce tras la salida de Fernando Luis Parra Del Carpio, quien había asumido el cargo a finales de febrero de este año. Su renuncia fue aceptada mediante la Resolución Suprema N.º 008-2026-MIDIS, en la que el Ejecutivo señala “agradecer los servicios prestados al Estado”.

Este relevo se concretó en un corto periodo desde el nombramiento anterior dentro del mismo programa social.

Trayectoria en el sector público

En cuanto a su perfil profesional, Díaz Revilla es abogada titulada con mención honorífica y cuenta con más de 20 años de experiencia en la administración pública. Entre sus funciones recientes figura su paso por la Junta Nacional de Justicia, donde se desempeñó como secretaria general entre enero y junio de 2025.

Asimismo, ha ocupado cargos en distintas entidades del Estado a lo largo de su carrera. Su experiencia incluye funciones en áreas administrativas y de asesoría en instituciones públicas.

Vínculos con el gobierno de Dina Boluarte

Información difundida previamente por RPP dio cuenta de los vínculos de Giovanna Díaz Revilla con el gobierno de Dina Boluarte. Según documentos a los que accedió dicho medio, durante el 2023, se desempeñó como consultora del Despacho Presidencial bajo el régimen FAG. Posteriormente, fue designada como subsecretaria general en esa misma instancia.

Antes de ello, también tuvo funciones en el Ministerio de Energía y Minas en cargos de confianza dentro de la gestión de Boluarte. Estas responsabilidades se extendieron hasta inicios de 2025, previo a su incorporación a otra entidad del sistema de justicia.

En enero de 2025, fue nombrada secretaria general de la Junta Nacional de Justicia, cargo que ejerció hasta junio de ese mismo año. Esta posición forma parte de la alta dirección de la institución junto al pleno y la presidencia.

Otros cargos desempeñados

Además de sus funciones en el Ejecutivo, la funcionaria ha tenido participación en otras instituciones públicas. Entre ellas figura su rol como directora de ELECTROPERÚ y su acreditación como conciliadora extrajudicial por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Su trayectoria incluye también responsabilidades en distintos niveles de gestión dentro del Estado. Estas funciones se han desarrollado en sectores vinculados a la gestión pública y administración institucional.

Con este nombramiento, Díaz Revilla asume la dirección de Pensión 65, programa enfocado en la atención de adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Su gestión se inicia tras un reciente cambio en la jefatura del programa dentro del Midis.

De acuerdo con la normativa vigente, el jueves 9 de abril será el último día permitido para realizar actos proselitistas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que el silencio electoral comenzará a las 00:00 horas del 10 de abril, momento desde el cual quedarán prohibidas las actividades de propaganda política.

Cierres confirmados en Lima y regiones

Entre las actividades ya anunciadas, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, realizará su cierre el miércoles 8 de abril en la Plaza 2 de Mayo, en el Cercado de Lima.

El jueves 9 se concentrará la mayor cantidad de clausuras. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, encabezará una actividad proselitista en Villa El Salvador, mientras que Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, realizará su cierre en la avenida de la Peruanidad, en el distrito de Jesús María.

Ese mismo día, Carlos Álvarez, de País Para Todos, se reunirá con sus militantes en San Juan de Lurigancho. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, también convocará a sus simpatizantes en el Cercado de Lima.

Por su parte, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, realizará su actividad de cierre en Trujillo, en la región La Libertad.

Candidatos con sedes aún por confirmar

Algunas agrupaciones todavía no definen completamente los detalles logísticos de sus eventos.

Jorge Nieto, candidato de Buen Gobierno, anunció que su cierre será el 9 de abril, aunque hasta el cierre de esta nota no había informado el lugar.

En tanto, Wolfgang Grozo, de Integridad y Desarrollo, evaluaba realizar su actividad en San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador, con fecha ya definida para el jueves 9.

Asimismo, José Luna, candidato de Podemos Perú, convocará a sus simpatizantes en San Juan de Lurigancho ese mismo día.

Cierre previo en regiones

Algunos candidatos adelantaron sus actividades. Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, realizó su cierre de campaña el día anterior en Puno. Hasta el momento, no se ha confirmado si realizará un evento adicional en Lima.

Otras agrupaciones políticas aún no han informado oficialmente los lugares donde realizarán sus clausuras.

En declaraciones a Canal N, la líder opositora señaló que Domingo Pérez no actuaba como un fiscal independiente durante su gestión en el Ministerio Público. En su opinión, su actividad se orientaba a favorecer intereses partidarios y a perseguir a figuras que no compartían su línea ideológica.

“Los tiempos de Dios son perfectos. Lo que se está demostrando es lo que yo ya había señalado desde hace muchos años. Él no era un fiscal, era una persona que tiene un sesgo político y hoy se ha demostrado su verdadero color político”, afirmó.

La lideresa recordó que exintegrante del Equipo Lavajato utilizó presupuestos del Estado en procesos judiciales que terminaron por afectar a distintos mandatarios del país. Asmismo, consideró que usar dinero público para perseguir a opositores políticos es una práctica que debe ser rechazada por la sociedad.

Keiko Fujimori mencionó que la animosidad del exfiscal no se limitó solo a su caso, sino que también alcanzó al expresidente Alan García y al exalcalde de Lima Luis Castañeda. En su relato, sostiene que estos episodios forman parte de una estrategia de presión que busca afectar a figuras que no adscriben a su corriente.

“No solamente contra nosotros, sino también contra el expresidente Alan García y Lucho Castañeda (exalcalde de Lima), pero bueno él hoy se pinta de cuerpo entero”, añadió Fujimori Higuchi.

#CuentasClaras La candidata Keiko Fujimori se pronunció sobre el anuncio de José Domingo Pérez, quien asumió la defensa de Pedro Castillo: "Él no era un fiscal, es una persona que tiene un sesgo político y, hoy, se demostró su color político" ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/9LX6xx2t0p

— Canal N (@canalN_) April 7, 2026

Posición de Domingo Pérez

José Domingo Pérez anunció que asumirá la representación legal de Pedro Castillo, quien cumple penado en el penal Barbadillo. El exfiscal sostuvo que el proceso del expresidente está marcado por irregularidades y que se trata de un caso que debe ser revisado por la justicia.

En una entrevista exclusiva con Exitosa, Domingo Pérez explicó que fue el propio Pedro Castillo quien le pidió describir su situación como la de un preso político y secuestrado de la justicia. Señaló que esta caracterización compartida con Castillo no se aleja de lo expresado por diversos juristas internacionales.

El exfiscal insistió en que Pedro Castillo no está siendo juzgado por delitos de corrupción en el caso que actualmente lleva. En su planteamiento, sostuvo que se debe verificar si existen los elementos necesarios para imponer o ratificar la condena que pesa sobre el expresidente.

La iniciativa busca que la habilitación en el colegio de abogados sea exigible únicamente como requisito para el ingreso a la carrera fiscal, pero no para permanecer en ella.

Alcances

Bajo la norma vigente, los requisitos de acceso rigen también durante toda la carrera. El proyecto propone separar ambos momentos: quien ingresa debe cumplir con estar colegiado y habilitado, pero una vez en funciones, solo la Junta Nacional de Justicia (JNJ) o la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público podrían separarlo del cargo.

En la exposición de motivos de la norma, Gálvez Villegas argumenta que permitir que un gremio profesional inhabilite a un fiscal en ejercicio constituye un mecanismo indirecto para removerlo, lo que afectaría la independencia y la seguridad jurídica del sistema de justicia y que los colegios de abogados se estarían arrogando facultades que la Constitución reserva a la JNJ y a la ANC.

Respuesta

Ayer, durante su discurso al asumir el decanato del Colegio de Abogados de Lima, la exfiscal de la nación, Delia Espinoza, cuestionó a Gálvez. “Rechazamos enfáticamente ese proyecto de ley, que lo que está haciendo es pretender debilitar las atribuciones constitucionales y legales del Colegio de Abogados de Lima y de los demás colegios de abogados del Perú, con un oscuro interés, o no tan oscuro, de generar impunidad”, aseguró.

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CAMPAÑA

Valderrama arribó a la región el domingo, que realizó un mitin en Huamachuco (Sánchez Carrión).

Ayer, en tanto, estuvo en Trujillo y recorrió sus principales calles. Luego, sostuvo una reunión con sus militantes en el local del Apra situado en el centro de la ciudad.

Durante su estadía en la capital liberteña, el aprista cuestionó los gobiernos apepistas en la región. “Hay mucho por hacer en La Libertad, sobre todo en materia de seguridad ciudadana y grandes proyectos de infraestructura. La Libertad ha sido abandonada por APP en los últimos tiempos y el Apra tiene que volver para hacer las obras y la justicia social”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que entre sus principales propuestas está la pacificación de Trujillo. Para ello, según dijo, plantea realizar un “shock de seguridad”, que consiste en repotenciar a la Policía -creando grupos especiales de inteligencia para capturar a cabecillas de redes criminales-, incrementar el número de agentes e invertir en seguridad ciudadana.

Valderrama también cuestionó el sistema de salud que se aplica en el país. Según dijo, ese sector está golpeado porque “el señor Acuña lo ha capturado”. “Ha hecho, lamentablemente del sector salud, su botín personal, su caja chica, poniendo directores, poniendo jefes, y creo que esto debe culminar”, afirmó.

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MITIN

La dirigencia de APP, por su parte, anunció que hoy dará detalles del mitin de cierre de campaña que realizará César Acuña en la explanada del coliseo Gran Chimú el 9 de abril.

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DETALLES

El foro tiene como objetivo aportar un mayor entendimiento del contexto previo a un día decisivo para el futuro del Perú.

Así, el importante evento se realizará mañana en la sede de América Televisión.

La cita contará con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales.

Entre ellos están el politólogo argentino Andrés Malamud, quien analizará el impacto que la elección de un nuevo presidente y un nuevo Parlamento, tanto en el Perú como en toda la región.

También participará la CEO de Datum, Urpi Torrado, que tendrá la tarea de explicar las proyecciones de este proceso electoral y cómo se está estructurando el voto con miras a la primera vuelta del domingo 12 de abril.

Finalmente, el politólogo peruano Carlos Meléndez aportará su su visión de cómo ha evolucionado la intención de voto hasta este momento y cuál ha sido el desempeño de los principales candidatos.

Cabe precisar que la cobertura del evento, así como las intervenciones de los invitados especiales, estarán disponibles en todas las plataformas de El Comercio y América Multimedia.

EXPERIENCIA

El 5 de febrero, El Comercio y América Multimedia realizaron un primer foro denominado “Radiografía de la primera vuelta de las Elecciones 2026”, con la finalidad de promover el diálogo y la discusión informada sobre los comicios.

La actividad que se realizó en el histórico edificio de El Comercio en el Centro de Lima, espacio que contó con la presencia de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, quien hizo un análisis de la situación económica del país y las perspectivas a corto plazo.

“Se encuentra secuestrado en este momento, porque no se le permitió el ejercicio libre de su defensa, así como estuvo juzgado por un tribunal compuesto por jueces que ya tenían una parcialidad manifiesta”, sostuvo en declaraciones al medio Yachay Wasy.

Agregó que, a su juicio, existía una “sentencia anticipada”, lo que –dijo– será parte de la estrategia de “resistencia legal” que impulsará en adelante.

En esa línea, llamó a respaldar una iniciativa política que busca la libertad del exmandatario, al considerar que su situación es injusta.

“Es un preso político, juristas internacionales, señalan de que, indebidamente, está privado su libertad. Vamos a lograr, a través de los recursos por las correspondientes [sic], la libertad del presidente”, remarcó Pérez Gómez.

No obstante, en otro momento, resaltó que varios partidos en carrera electoral respaldan la liberación de Pedro Castillo, al sostener que fue retirado del cargo de forma inconstitucional y que enfrentó un proceso con serias irregularidades.

“Diversas agrupaciones políticas que están en esta condición electoral coinciden con la libertad del presidente Pedro Castillo, porque se ha determinado que de una manera inconstitucional fue privado del ejercicio de su cargo en un proceso judicial plagado de irregularidades y sin permitirle una defensa libre”, concluyó.

Politización

La abogada penalista Romy Chang consideró, en declaraciones a Correo, que la decisión de Pérez refuerza los cuestionamientos sobre su actuación como fiscal. Refirió que su anuncio evidencia una posible inclinación política.

En ese sentido, señaló que “se refuerza la idea de que estaba marcado por intereses políticos” y que si antes existían dudas sobre si actuaba en defensa de la legalidad, “ahora la respuesta queda clara”.

Asimismo, advirtió que el hecho de asumir la defensa de un exmandatario vinculado a personas investigadas por su propio despacho fiscal “termina por confirmar esos cuestionamientos”.

En esa línea, Chang puso énfasis en los cuestionamientos éticos del caso y en la falta de sanciones efectivas. “Existe un impedimento ético”, advirtió, al considerar que, tras su paso por la función pública, debía mantener cierta distancia.

Sin embargo, remarcó que “lamentablemente no hay un control estricto” en los colegios de abogados para este tipo de situaciones.

En ese contexto, Chang sostuvo que incluso si se le impusiera alguna medida, “podría colegiarse en otro colegio del país”, por lo que, “en la práctica, no tendría mayor efecto”.

Asimismo, advirtió que esta decisión podría terminar por validar las críticas sobre una presunta politización en su actuación.

“De alguna manera le está dando la razón a quienes decían que estaba politizado”, afirmó. Añadió que este giro podría complicarlo en procesos e investigaciones pendientes vinculadas a su desempeño fiscal.

A la par, consideró que la elección tampoco favorece al exmandatario. “No es la mejor defensa a contratar”, apuntó.

Por su parte, el penalista Julio Rodríguez aseveró que, si bien todo letrado tiene el derecho de elegir a quién asesora, en este caso se percibe una continuidad en la línea de actuación de José Domingo Pérez.

En su opinión, su desempeño, tanto cuando era fiscal como ahora en la defensa, mantiene un componente político. “Estamos ante un caso singular, porque cuando era fiscal ya se evidenciaba una connotación más cercana al activismo político”, afirmó a Canal N.

Bajo ese enfoque, indicó que su actual rol no representa un cambio de fondo. “Ahora, desde la defensa, es más de lo mismo; sigue siendo un activista político”, afirmó, al remarcar que sus declaraciones no responden a un análisis técnico.

De igual modo, alertó que sostener que la sentencia estaba definida o que los jueces buscaban condenar “no es propio de un abogado desde el punto de vista jurídico”, sino que se trata de “cuestionamientos de carácter político”.

Reacción

Al respecto, Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, calificó como lamentable la decisión del exfiscal y sostuvo que este vínculo explicaría su actuación en investigaciones previas relacionadas con su agrupación.

“Podemos resumir, de esa decisión, que él siempre ha tenido una ideología contraria al fujimorismo y que por eso fue utilizado para la persecución contra Keiko Fujimori”, afirmó en RPP.

Asimismo, cuestionó el anuncio de que se sumará a un proyecto político.

“Eso quiere decir que no solo asume la defensa como abogado, que tendría toda la libertad de hacerlo, sino también que piensa como él, que cree en lo mismo y que, además, considera que el golpista no debe estar en la cárcel”, añadió.

Como se recuerda, el pasado 19 de marzo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió por unanimidad no ratificar a Pérez Gómez como fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, cargo desde el cual lideró investigaciones emblemáticas como los casos Cocteles y Rutas de Lima.

La decisión se sustentó en que, tras la evaluación integral de su desempeño, no se alcanzó la convicción necesaria para renovar su permanencia en el Ministerio Público, conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente.

El grupo de trabajo decidió no seguir las recomendaciones de su equipo técnico, que proponían suspender los procesos hasta la finalización del mandato del presidente para evitar conflictos con la separación de poderes.

Las denuncias que se están evaluando corresponden al periodo en que Balcázar se desempeñaba como congresista.

En las votaciones, el expediente N.° 254-2025-2026/CEPCR recibió tres votos a favor de la suspensión y cuatro en contra, mientras que las denuncias N.° 255-2025-2026/CEPCR y N.° 259-2025-2026/CEPCR obtuvieron dos votos a favor y cuatro en contra cada una.

Con estos resultados, la comisión decidió que las investigaciones continuarán su curso habitual a pesar de la actual investidura del jefe de Estado.

Las acusaciones están vinculadas a sus declaraciones en defensa del matrimonio infantil, al presunto impulso de una ley durante su gestión como titular de la Comisión de Educación que habría beneficiado a su hijo, y a la recomendación de una persona para un puesto en el sector público.

La parlamentaria afirmó que la participación de José Domingo Pérez en el equipo de defensa de Castillo no solo responde a su labor profesional, sino que también demuestra una afinidad ideológica con el exmandatario.

De acuerdo con la legisladora, esta cercanía justificaría las actuaciones previas del entonces fiscal en los casos relacionados con el fujimorismo.

“Podemos resumir de esa decisión que ha tomado es que él siempre ha tenido una ideología contraria al fujimorismo y por eso él fue utilizado para la persecución contra Keiko Fujimori”, declaró Juárez a RPP.

“Escucharlo, señalar que se suma a un proyecto político quiere decir que no solamente asume la defensa como abogado, que tendría toda la libertad de hacerlo, sino también que piensa como él, que cree en lo mismo y que además piensa que el golpista no debe estar en la cárcel”, agregó.

“La verdad es que es lamentable que esto ocurra con este señor”, concluyó.

Exfiscal José Domingo Pérez defenderá a Pedro Castillo en proceso por golpe de Estado

El exfiscal José Domingo Pérez Gómez asumió este lunes por la tarde la defensa legal del expresidente Pedro Castillo Terrones, quien cumple condena por el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. La designación se produce semanas después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidiera no ratificarlo en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios.

El anuncio fue realizado por el propio Pérez mediante un video difundido en redes sociales y posteriormente formalizado ante la Corte Suprema de Justicia.

“Me dirijo desde el penal de Barbadillo para anunciar a los peruanos que he asumido la defensa del presidente Pedro Castillo, que se encuentra injustamente recluido en este penal”, informó.

Asimismo, hizo referencia a la percepción de algunos especialistas sobre el caso. En esa línea, sostuvo que el proceso ha generado cuestionamientos en el ámbito jurídico internacional.

“El proceso penal contra Pedro Castillo ha merecido el repudio de muchos juristas internacionales”, indicó.

En su primer discurso oficial, la exmagistrada se refirió a diversos asuntos relacionados con el gremio, incluyendo el reciente proyecto de ley impulsado por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, que propone eliminar la exigencia de habilitación profesional de los colegios de abogados como requisito para continuar en el cargo de fiscal.

Asimismo, Espinoza rechazó la iniciativa y advirtió que vulnera “las atribuciones constitucionales y legales” del CAL. Asimismo, sostuvo que su aprobación fomentaría “la falta de valores morales en la profesión de abogado”.

“Es el caso que ahora, desde la Fiscalía de la Nación, se ha presentado un proyecto de ley para modificar el artículo 4 de la Carrera Fiscal con la finalidad de que la habilitación, en cualquier colegio de abogados del país deje de ser un requisito para la continuidad de los fiscales en sus funciones”, sostuvo.

“Rechazamos enfáticamente ese pretendido proyecto de ley que lo que está haciendo es pretender debilitar las atribuciones constitucionales y legales del Colegio de Abogados de Lima y de los demás colegios de abogados del Perú con un oscuro interés, o no tan oscuro, ya evidente de generar impunidad, de promover la falta de ética, de promover la falta de valores morales en la profesión de abogado”, agregó.

En ese sentido, la flamante decana del CAL sostuvo que la propuesta habría sido elaborada “a propósito” su elección en el cargo y advirtió que “vendría a empeorar la situación en la que ya se percibe a los fiscales desde la sociedad”.

“Eso no se ha trabajado ni siquiera en un mes, eso se ha trabajado a propósito de la elección de esta decana que representa la lucha contra la corrupción”, afirmó.

“La propuesta mencionada vendría a empeorar la situación en la que ya se percibe a los fiscales desde la sociedad hoy en día, y va en sentido contrario a los cambios que se espera en la administración de justicia, pues se requiere contar con magistrados reputados, probos, honorables, íntegros y respetuosos de los valores morales y éticos, pues antes de ser magistrado se es abogado”, señaló.

Es así como Espinoza resaltó que “la razón de ser de estos colegios profesionales es la vigilancia y el cumplimiento de las normas deontológicas, éticas, morales que son exigibles a todos los abogados sin excepción”, y que, “ante un grave incumplimiento, por hechos notorios y debidamente probados”, correspondería “una sanción, como es la inhabilitación por los órganos de la orden que corresponda”.

“Por todo ello, reafirmo la urgente necesidad de esta orden profesional de seguir trabajando para recuperar esos espacios de ética que están perdidos y se pretende seguir perdiendo por propuestas contrarias al propio Estado democrático de derecho, porque vamos a poner a nuestra orden en la cúspide del ejercicio profesional. Nuestra gestión se va a caracterizar por ello”, concluyó.

Mediante un oficio remitido este lunes 6 de abril, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, convocó oficialmente al premier y a su gabinete.

El documento señala que la sesión plenaria se llevará a cabo desde las 10:00 a. m. en el Palacio Legislativo, con la participación de todas las bancadas.

Dicha convocatoria atiende a la solicitud formulada por la Presidencia del Consejo de Ministros y se ajusta a lo establecido en el artículo 130 de la Constitución Política del Perú, que obliga al Gabinete a acudir al Congreso dentro de los 30 días de haber asumido funciones para solicitar el voto de confianza. Este mecanismo forma parte del control político que ejerce el Legislativo sobre el Ejecutivo.

#LoÚltimo | El Congreso cita al premier Luis Arroyo para el 16 de abril a las 10:00 a.m. Deberá exponer la política general del Gobierno ante el Pleno

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— Canal N (@canalN_) April 6, 2026

Durante la sesión, el premier Arroyo expondrá las principales medidas de su gestión y los lineamientos del Ejecutivo para los próximos meses. Posteriormente, el Pleno del Congreso abrirá el debate conforme a lo establecido en el reglamento parlamentario.

El documento oficial también pone en marcha el plazo para que las bancadas definan su posición frente al pedido del Ejecutivo. Se prevé que el debate incluya temas como la reactivación económica, la seguridad ciudadana y las reformas institucionales.

Desde el Parlamento, el legislador abordó las críticas vinculadas a la demora en los procesos y a la percepción sobre el rol que cumple la comisión dentro del Parlamento. En ese marco, explicó algunos de los factores que, según indicó, influyen en el desarrollo de las investigaciones.

Advierte sobre demoras en los procesos

Vergara señaló que uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la falta de celeridad en la evaluación de denuncias. En su explicación, indicó que estos retrasos no dependen únicamente de la presidencia de la comisión.

“El hecho de que de que no se sancione con celeridad o o que no se toque con celeridad los procesos que están en curso”, indicó.

Asimismo, detalló que existen factores internos que inciden en el avance de los casos, como la falta de quórum o el uso de mecanismos parlamentarios. En ese sentido, mencionó que estas situaciones pueden frenar el desarrollo de los procesos.

“No es una cuestión de del presidente la comisión si no más bien muchas veces por en concurrencia por falta de quorum o por simplemente porque se plantean algunos mecanismos como el reconsideraciones, etcétera, ¿no? Que no permiten avanzar los procesos, ¿no?”, explicó.

Percepción sobre el rol de la Comisión de Ética

El titular del grupo de trabajo también se refirió a las críticas que señalan que la comisión no cumple una función sancionadora. Vergara reconoció que existe una percepción negativa sobre su desempeño.

“Cierto es también el hecho de que pues la Comisión de Ética como comisión en todo este periodo y creo que desde desde que su creación, pues no ha tenido pues una en todo caso no ha tenido una imagen de de sancionadora propiamente, sino más bien de blindadora muchas veces”, señaló.

En esa línea, explicó que las decisiones finales no dependen únicamente del trabajo técnico realizado durante las investigaciones. Según indicó, los resultados responden a votaciones en las que intervienen distintos factores.

“Es cierto, pero esto es es porque evidentemente eh por más esfuerzo que haga el equipo técnico de la comisión para investigar y para dar un una un dictamen de eh sancionador, un informe sancionador, finalmente son los votos los que deciden. Y los votos lo que registran no obedecen necesariamente a a al trabajo técnico del equipo de la comisión, sino más bien a intereses partidarios o de bancadas, ¿no?”, argumentó.

Propuesta de cambios en la comisión

En medio de las críticas, el congresista planteó la posibilidad de modificar la estructura de la Comisión de Ética. Su propuesta busca que este tipo de evaluaciones no recaiga directamente en el Congreso.

“Entonces, por eso es que precisamente yo incluso me he sumado a decir que la comisión de ética debería ser externa al congreso, ¿no?”.

Casos en agenda

Respecto a los procesos que se encuentran en evaluación, como la posible suspensión de tres denuncias contra el presidente José María Balcázar y la audiencia de la denuncia de oficio presentada contra la congresista Kira Alcarraz, el legislador indicó que se espera avanzar en su revisión dentro de los plazos establecidos. En declaraciones para Correo, evitó adelantar una posición sobre estos casos.

“Bueno, nosotros este no podemos adelantar opinión, sin embargo, este yo espero eh que pues se permita a dar celeridad a la investigación”, enfatizó.

Asimismo, hizo referencia a otros casos en los que también se han presentado retrasos en su tramitación. El congresista de Acción Popular señaló que estos han estado vinculados a distintos factores propios del funcionamiento parlamentario.

“Sí, en lo que sí está claro nosotros hemos hemos tratado de dar la mayor celeridad, sin embargo, han habido estos pedidos de reconsideración, han habido pedidos de suspensión, de aplazamiento de parte, incluso a veces de oficio también por cuestiones propias del funcionamiento del Congreso, ¿no? Por ejemplo, la semana de representación que acaba de pasar. No se ha permitido dar celeridad”, explicó.

El anuncio fue realizado por el propio Pérez mediante un video difundido en redes sociales y posteriormente formalizado ante la Corte Suprema de Justicia.

“Me dirijo desde el penal de Barbadillo para anunciar a los peruanos que he asumido la defensa del presidente Pedro Castillo, que se encuentra injustamente recluido en este penal”, informó.

Asimismo, hizo referencia a la percepción de algunos especialistas sobre el caso. En esa línea, sostuvo que el proceso ha generado cuestionamientos en el ámbito jurídico internacional.

“El proceso penal contra Pedro Castillo ha merecido el repudio de muchos juristas internacionales”, indicó.

Situación legal de Pedro Castillo

El exmandatario Pedro Castillo fue sentenciado el 27 de noviembre por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión. La condena corresponde al delito de conspiración para la rebelión tras los hechos del 7 de diciembre de 2022.

El exjefe de Estado cumple su pena en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, ubicado en Ate. Además, el Poder Judicial dispuso recientemente la ampliación de su prisión preventiva por 12 meses en el marco de otras investigaciones en su contra.

Estos procesos adicionales están vinculados a presuntos delitos de corrupción y organización criminal durante su gestión. En ese contexto, su situación legal continúa en evaluación en distintas instancias judiciales.

Cuestionamientos al proceso judicial

Durante su intervención, el exfiscal también expuso críticas sobre el desarrollo del proceso penal. Sus declaraciones apuntan a aspectos relacionados con las garantías del derecho a la defensa.

“Se le ha privado de la libertad... sin permitirle el ejercicio de una defensa de libre elección, con jueces parcializados que tenían ya la condena anticipada”, denunció.

En ese marco, señaló que su objetivo será buscar la libertad del exmandatario a través de las vías legales correspondientes. También indicó que su participación se orientará a acciones dentro del sistema judicial.

Además, hizo referencia a la estrategia que adoptará en el proceso. En ese sentido, indicó que su intervención se desarrollará en el ámbito jurídico.

“Vamos a hacer la resistencia legal para lograrla en el ámbito judicial”, enfatizó.

Formalización ante la Corte Suprema

La designación fue comunicada de manera oficial mediante un escrito presentado ante el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema. En el documento, Pedro Castillo informó sobre el nombramiento de su nuevo abogado defensor.

“Por convenir a mi derecho a la defensa, informo a su Presidencia el nombramiento de mi abogado defensor José Domingo Pérez Gómez […] para que pueda ejercer mi representación legal”, se lee en el documento.

En el mismo escrito, el exmandatario solicitó que se reconozca formalmente la participación de su defensa en el proceso. Esta petición forma parte de los procedimientos establecidos dentro del sistema judicial.

El documento fue presentado con fecha 6 de abril de 2026 con el objetivo de formalizar la incorporación del exfiscal en la estrategia legal del caso. De esta manera, José Domingo Pérez asume desde este martes la representación de Pedro Castillo en las instancias judiciales correspondientes.

Desde el parlamento, Cueto expresó su respaldo a la norma e hizo referencia a episodios recientes en los que las fuerzas del orden intervinieron para controlar disturbios y actos de violencia contra infraestructura pública y privada. En su explicación, señaló que estas acciones han derivado en investigaciones contra el personal que participó en los operativos.

“A ver, lo que sucede es que normalmente estamos acostumbrados de hace muchísimos años que cuando las fuerzas del orden salen a a control hablar justamente el orden junto con la policía, al final siempre terminan siendo denunciados y hemos tenido una fiscalía que se ha encargado de eso, ¿no?”, argumentó.

Precedente durante las protestas en el Sur

En otro momento, recordó algunos episodios generados en el Sur del país tras la crisis política generada luego de la salida del expresidente Pedro Castillo.

“Acuérdese de los últimos sucesos con los desmanes que pasaron a raíz de la cajilla del señor Castillo, que tomaron aeropuertos, quisieron destruir aeropuertos, destruyeron un montón de bienes de interés público y privado y salió la fuerza del orden a controlar eso”, enfatizó.

Bajo su perspectiva, el accionar del Ministerio Público se ha centrado en investigar a los efectivos involucrados en estos operativos. Asimismo indicó que, según su apreciación, no se ha incluido en la misma medida a quienes promovieron las protestas.

“El resultado de esa vorágine un poco radical, hubieron muertos que hasta ahora están siendo investigados, pero lo llamativo es que acá la fiscalía creó un grupo especializado de fiscales, como 30 fiscales, solo avocado a las fuerzas del orden. No hay un solo dirigente que fueron los que asusaron que estén considerados”, explicó.

Con estos antecedentes, el parlamentario consideró que el decreto supremo busca establecer un respaldo jurídico para el accionar de las fuerzas del orden en situaciones de emergencia. Según explicó, la norma permitiría reducir el riesgo de procesos penales contra quienes participan en intervenciones.

“Entonces, yo creo que la el decreto supremo lo que hace es tratar de cobertura legalmente a las fuerzas del orden”, indicó.

¿Qué cambios se aplicarán con este Decreto Supremo?

El Decreto Supremo N° 003-2026-DE,podrá modificar el reglamento del Decreto Legislativo N° 1095 sobre el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Con esta norma se redefine el marco de actuación militar en escenarios de emergencia y establece nuevas condiciones para su participación en el control del orden interno.

El dispositivo precisa los supuestos en los que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en apoyo a la Policía Nacional, así como los procedimientos, niveles de mando y límites en el uso de la fuerza. Asimismo, incorpora disposiciones sobre planificación operativa, reglas de conducta y el marco legal aplicable a las intervenciones en situaciones de riesgo para la seguridad pública.

El problema radica en que los principales planes de gobierno no han detallado la viabilidad de sus medidas y una posible ejecución a largo plazo.

Sobre esta situación, el parlamentario señaló en declaraciones para Correo que su grupo ha realizado una revisión del estado del sistema sanitario y describió un escenario crítico en distintos niveles de atención.

“Mira, nosotros hemos evaluado el sector de salud sobre todo y salud lógicamente y hemos encontrado un colapso operacional a todo nivel”, respondió.

En esa línea, indicó que el Estado debería considerar mecanismos de financiamiento para mejorar la infraestructura hospitalaria y la capacidad de respuesta del sistema. Además, recordó que mientras la crisis de salud se agudiza, la gestión de José María Balcázar inyectará S/500 millones a Petroperú para reanudar operaciones.

“En este sentido lo que se requiere en este momento, si el Estado peruano es capaz de endeudarse por aviones, es capaz de endeudarse por otras cosas hasta por Petroperú, porque no sería un buen aval para de salud hacer un endeudamiento para poder mejorar el tema más sobre todo sus instalaciones y su equipamiento en gran capacidad”, declaró a Correo.

Corrupción y reestricción de presupuesto en salud

Zeballos, hizo referencia a los problemas de corrupción que, según explicó, afectan el uso de recursos destinados al sector salud y agravan la situación existente.

“Porque lo que se requiere en este día es disminuir esas transgresiones que hoy están generando corrupción y estas estas corrupciones le han quitado mucho presupuesto al seguro social y en el caso del Minsa pasa por lo propio, pero ya es mucho más directo”, enfatizó.

El legislador sostuvo que el Estado tiene capacidad para intervenir de manera directa mediante inversiones y la obtención de financiamiento externo para fortalecer el sistema sanitario.

“¿Por qué? Porque el Estado peruano sí tiene injerencia de hacer inversiones y de poder solicitar también préstamos para mejorar el sistema de salud. Lo que se requiere ahora es personas saludables que vayan por el desarrollo del país, sino de qué estamos hablando”, planteó.

Sobre reelección de congresistas “mochasueldos ”

Por otro lado, Zeballos también fue consultado sobre la situación de 9 congresistas denunciados por presuntos recortes de sueldo que buscan la reelección. En ese sentido, hizo referencia al principio de presunción de inocencia y al rol del electorado en este escenario.

El parlamentario considera que será la ciudadanía la que finalmente evalúe a los candidatos involucrados en este tipo de cuestionamientos.

“Yo creo que acá lo que Bueno, si bien hay hay un tema de presunción de inocencia, yo creo que la población va a ser la que en realidad tome la decisión en este momento, ¿no? Eso es lo que la población tiene que tomar en cuenta”, finalizó.