La intervención se hizo debido a que la instalación de la estructura no contaba con la autorización municipal correspondiente, por lo que se dispuso el retiro del estrado. Fueron los servidores de Seguridad Ciudadana, la Subgerencia de Fiscalización y el equipo de Circulación Vial, quienes acudieron a la vía pública.

Según informó la comuna provincial, la medida busca preservar el ornato de la ciudad y garantizar el libre tránsito vehicular y peatonal en una de las principales arterias de la ciudad. Cualquier actividad política o social que implique el uso de espacios públicos debe tramitarse con anticipación y cumplir con los permisos correspondientes, así como el certificado de seguridad y autorizaciones del área de circulación vial.

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“(Villaverde) se me acercó hace años atrás y que cuando supe quién era este señor cuestionado me alejé completamente. El error lo he aceptado como ser humano que soy, fue por eso que lo rechacé, lo negué por vergüenza y lo quiero decir,… a mí no me une ninguna amistad a ese señor”, manifestó.

Cabe señalar que estos vínculos se hicieron conocidos por chats filtrados en los que se mencionó un reconocimiento recibido por Grozo en Arequipa, este galardón fue entregado en pandemia por el entonces alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, a quien el candidato negó conocer.

“Fue porque en la pandemia fui el general que estuvo todos los días en la calle, 24 horas cuidando el control territorial de todos los peruanos”, señaló. Grozo añadió que esta medalla se le entregó de manera virtual y no tenía conocimiento de ello hasta que lo recibió.

PROMETE CADENA PERPETUA A SENTENCIADOS POR CORRUPCIÓN

De otro lado, el candidato presidencial aseguró que la primera ley que se hará realidad en un eventual gobierno suyo será el establecer cadena perpetua para los funcionarios y autoridades corruptos, no obstante, señaló que esto solo se hará realidad a través del Congreso.

Asimismo, expresó que se hará revisión de una serie de leyes aprobadas por el actual Congreso que mellan la lucha contra el crimen organizado como la inmunidad parlamentaria, la pérdida de dominio, las investigaciones a las bandas criminales, entre otras.

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La designación fue oficializada por el Gobierno de José María Balcázar mediante la Resolución Suprema N.º 009-2026-MIDIS. La norma fue publicada este 7 de abril en el diario oficial El Peruano.

El documento cuenta con la firma del jefe de Estado y de la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Norka Vásquez Dávila. Con ello, se formaliza su ingreso a la conducción de uno de los principales programas sociales dirigidos a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Cambio en la dirección del programa

La designación se produce tras la salida de Fernando Luis Parra Del Carpio, quien había asumido el cargo a finales de febrero de este año. Su renuncia fue aceptada mediante la Resolución Suprema N.º 008-2026-MIDIS, en la que el Ejecutivo señala “agradecer los servicios prestados al Estado”.

Este relevo se concretó en un corto periodo desde el nombramiento anterior dentro del mismo programa social.

Trayectoria en el sector público

En cuanto a su perfil profesional, Díaz Revilla es abogada titulada con mención honorífica y cuenta con más de 20 años de experiencia en la administración pública. Entre sus funciones recientes figura su paso por la Junta Nacional de Justicia, donde se desempeñó como secretaria general entre enero y junio de 2025.

Asimismo, ha ocupado cargos en distintas entidades del Estado a lo largo de su carrera. Su experiencia incluye funciones en áreas administrativas y de asesoría en instituciones públicas.

Vínculos con el gobierno de Dina Boluarte

Información difundida previamente por RPP dio cuenta de los vínculos de Giovanna Díaz Revilla con el gobierno de Dina Boluarte. Según documentos a los que accedió dicho medio, durante el 2023, se desempeñó como consultora del Despacho Presidencial bajo el régimen FAG. Posteriormente, fue designada como subsecretaria general en esa misma instancia.

Antes de ello, también tuvo funciones en el Ministerio de Energía y Minas en cargos de confianza dentro de la gestión de Boluarte. Estas responsabilidades se extendieron hasta inicios de 2025, previo a su incorporación a otra entidad del sistema de justicia.

En enero de 2025, fue nombrada secretaria general de la Junta Nacional de Justicia, cargo que ejerció hasta junio de ese mismo año. Esta posición forma parte de la alta dirección de la institución junto al pleno y la presidencia.

Otros cargos desempeñados

Además de sus funciones en el Ejecutivo, la funcionaria ha tenido participación en otras instituciones públicas. Entre ellas figura su rol como directora de ELECTROPERÚ y su acreditación como conciliadora extrajudicial por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Su trayectoria incluye también responsabilidades en distintos niveles de gestión dentro del Estado. Estas funciones se han desarrollado en sectores vinculados a la gestión pública y administración institucional.

Con este nombramiento, Díaz Revilla asume la dirección de Pensión 65, programa enfocado en la atención de adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Su gestión se inicia tras un reciente cambio en la jefatura del programa dentro del Midis.

De acuerdo con la normativa vigente, el jueves 9 de abril será el último día permitido para realizar actos proselitistas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que el silencio electoral comenzará a las 00:00 horas del 10 de abril, momento desde el cual quedarán prohibidas las actividades de propaganda política.

Cierres confirmados en Lima y regiones

Entre las actividades ya anunciadas, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, realizará su cierre el miércoles 8 de abril en la Plaza 2 de Mayo, en el Cercado de Lima.

El jueves 9 se concentrará la mayor cantidad de clausuras. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, encabezará una actividad proselitista en Villa El Salvador, mientras que Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, realizará su cierre en la avenida de la Peruanidad, en el distrito de Jesús María.

Ese mismo día, Carlos Álvarez, de País Para Todos, se reunirá con sus militantes en San Juan de Lurigancho. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, también convocará a sus simpatizantes en el Cercado de Lima.

Por su parte, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, realizará su actividad de cierre en Trujillo, en la región La Libertad.

Candidatos con sedes aún por confirmar

Algunas agrupaciones todavía no definen completamente los detalles logísticos de sus eventos.

Jorge Nieto, candidato de Buen Gobierno, anunció que su cierre será el 9 de abril, aunque hasta el cierre de esta nota no había informado el lugar.

En tanto, Wolfgang Grozo, de Integridad y Desarrollo, evaluaba realizar su actividad en San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador, con fecha ya definida para el jueves 9.

Asimismo, José Luna, candidato de Podemos Perú, convocará a sus simpatizantes en San Juan de Lurigancho ese mismo día.

Cierre previo en regiones

Algunos candidatos adelantaron sus actividades. Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, realizó su cierre de campaña el día anterior en Puno. Hasta el momento, no se ha confirmado si realizará un evento adicional en Lima.

Otras agrupaciones políticas aún no han informado oficialmente los lugares donde realizarán sus clausuras.

En declaraciones a Canal N, la líder opositora señaló que Domingo Pérez no actuaba como un fiscal independiente durante su gestión en el Ministerio Público. En su opinión, su actividad se orientaba a favorecer intereses partidarios y a perseguir a figuras que no compartían su línea ideológica.

“Los tiempos de Dios son perfectos. Lo que se está demostrando es lo que yo ya había señalado desde hace muchos años. Él no era un fiscal, era una persona que tiene un sesgo político y hoy se ha demostrado su verdadero color político”, afirmó.

La lideresa recordó que exintegrante del Equipo Lavajato utilizó presupuestos del Estado en procesos judiciales que terminaron por afectar a distintos mandatarios del país. Asmismo, consideró que usar dinero público para perseguir a opositores políticos es una práctica que debe ser rechazada por la sociedad.

Keiko Fujimori mencionó que la animosidad del exfiscal no se limitó solo a su caso, sino que también alcanzó al expresidente Alan García y al exalcalde de Lima Luis Castañeda. En su relato, sostiene que estos episodios forman parte de una estrategia de presión que busca afectar a figuras que no adscriben a su corriente.

“No solamente contra nosotros, sino también contra el expresidente Alan García y Lucho Castañeda (exalcalde de Lima), pero bueno él hoy se pinta de cuerpo entero”, añadió Fujimori Higuchi.

#CuentasClaras La candidata Keiko Fujimori se pronunció sobre el anuncio de José Domingo Pérez, quien asumió la defensa de Pedro Castillo: "Él no era un fiscal, es una persona que tiene un sesgo político y, hoy, se demostró su color político" ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/9LX6xx2t0p

— Canal N (@canalN_) April 7, 2026

Posición de Domingo Pérez

José Domingo Pérez anunció que asumirá la representación legal de Pedro Castillo, quien cumple penado en el penal Barbadillo. El exfiscal sostuvo que el proceso del expresidente está marcado por irregularidades y que se trata de un caso que debe ser revisado por la justicia.

En una entrevista exclusiva con Exitosa, Domingo Pérez explicó que fue el propio Pedro Castillo quien le pidió describir su situación como la de un preso político y secuestrado de la justicia. Señaló que esta caracterización compartida con Castillo no se aleja de lo expresado por diversos juristas internacionales.

El exfiscal insistió en que Pedro Castillo no está siendo juzgado por delitos de corrupción en el caso que actualmente lleva. En su planteamiento, sostuvo que se debe verificar si existen los elementos necesarios para imponer o ratificar la condena que pesa sobre el expresidente.

La iniciativa busca que la habilitación en el colegio de abogados sea exigible únicamente como requisito para el ingreso a la carrera fiscal, pero no para permanecer en ella.

Alcances

Bajo la norma vigente, los requisitos de acceso rigen también durante toda la carrera. El proyecto propone separar ambos momentos: quien ingresa debe cumplir con estar colegiado y habilitado, pero una vez en funciones, solo la Junta Nacional de Justicia (JNJ) o la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público podrían separarlo del cargo.

En la exposición de motivos de la norma, Gálvez Villegas argumenta que permitir que un gremio profesional inhabilite a un fiscal en ejercicio constituye un mecanismo indirecto para removerlo, lo que afectaría la independencia y la seguridad jurídica del sistema de justicia y que los colegios de abogados se estarían arrogando facultades que la Constitución reserva a la JNJ y a la ANC.

Respuesta

Ayer, durante su discurso al asumir el decanato del Colegio de Abogados de Lima, la exfiscal de la nación, Delia Espinoza, cuestionó a Gálvez. “Rechazamos enfáticamente ese proyecto de ley, que lo que está haciendo es pretender debilitar las atribuciones constitucionales y legales del Colegio de Abogados de Lima y de los demás colegios de abogados del Perú, con un oscuro interés, o no tan oscuro, de generar impunidad”, aseguró.

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CAMPAÑA

Valderrama arribó a la región el domingo, que realizó un mitin en Huamachuco (Sánchez Carrión).

Ayer, en tanto, estuvo en Trujillo y recorrió sus principales calles. Luego, sostuvo una reunión con sus militantes en el local del Apra situado en el centro de la ciudad.

Durante su estadía en la capital liberteña, el aprista cuestionó los gobiernos apepistas en la región. “Hay mucho por hacer en La Libertad, sobre todo en materia de seguridad ciudadana y grandes proyectos de infraestructura. La Libertad ha sido abandonada por APP en los últimos tiempos y el Apra tiene que volver para hacer las obras y la justicia social”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que entre sus principales propuestas está la pacificación de Trujillo. Para ello, según dijo, plantea realizar un “shock de seguridad”, que consiste en repotenciar a la Policía -creando grupos especiales de inteligencia para capturar a cabecillas de redes criminales-, incrementar el número de agentes e invertir en seguridad ciudadana.

Valderrama también cuestionó el sistema de salud que se aplica en el país. Según dijo, ese sector está golpeado porque “el señor Acuña lo ha capturado”. “Ha hecho, lamentablemente del sector salud, su botín personal, su caja chica, poniendo directores, poniendo jefes, y creo que esto debe culminar”, afirmó.

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MITIN

La dirigencia de APP, por su parte, anunció que hoy dará detalles del mitin de cierre de campaña que realizará César Acuña en la explanada del coliseo Gran Chimú el 9 de abril.

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DETALLES

El foro tiene como objetivo aportar un mayor entendimiento del contexto previo a un día decisivo para el futuro del Perú.

Así, el importante evento se realizará mañana en la sede de América Televisión.

La cita contará con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales.

Entre ellos están el politólogo argentino Andrés Malamud, quien analizará el impacto que la elección de un nuevo presidente y un nuevo Parlamento, tanto en el Perú como en toda la región.

También participará la CEO de Datum, Urpi Torrado, que tendrá la tarea de explicar las proyecciones de este proceso electoral y cómo se está estructurando el voto con miras a la primera vuelta del domingo 12 de abril.

Finalmente, el politólogo peruano Carlos Meléndez aportará su su visión de cómo ha evolucionado la intención de voto hasta este momento y cuál ha sido el desempeño de los principales candidatos.

Cabe precisar que la cobertura del evento, así como las intervenciones de los invitados especiales, estarán disponibles en todas las plataformas de El Comercio y América Multimedia.

EXPERIENCIA

El 5 de febrero, El Comercio y América Multimedia realizaron un primer foro denominado “Radiografía de la primera vuelta de las Elecciones 2026”, con la finalidad de promover el diálogo y la discusión informada sobre los comicios.

La actividad que se realizó en el histórico edificio de El Comercio en el Centro de Lima, espacio que contó con la presencia de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, quien hizo un análisis de la situación económica del país y las perspectivas a corto plazo.

“Se encuentra secuestrado en este momento, porque no se le permitió el ejercicio libre de su defensa, así como estuvo juzgado por un tribunal compuesto por jueces que ya tenían una parcialidad manifiesta”, sostuvo en declaraciones al medio Yachay Wasy.

Agregó que, a su juicio, existía una “sentencia anticipada”, lo que –dijo– será parte de la estrategia de “resistencia legal” que impulsará en adelante.

En esa línea, llamó a respaldar una iniciativa política que busca la libertad del exmandatario, al considerar que su situación es injusta.

“Es un preso político, juristas internacionales, señalan de que, indebidamente, está privado su libertad. Vamos a lograr, a través de los recursos por las correspondientes [sic], la libertad del presidente”, remarcó Pérez Gómez.

No obstante, en otro momento, resaltó que varios partidos en carrera electoral respaldan la liberación de Pedro Castillo, al sostener que fue retirado del cargo de forma inconstitucional y que enfrentó un proceso con serias irregularidades.

“Diversas agrupaciones políticas que están en esta condición electoral coinciden con la libertad del presidente Pedro Castillo, porque se ha determinado que de una manera inconstitucional fue privado del ejercicio de su cargo en un proceso judicial plagado de irregularidades y sin permitirle una defensa libre”, concluyó.

Politización

La abogada penalista Romy Chang consideró, en declaraciones a Correo, que la decisión de Pérez refuerza los cuestionamientos sobre su actuación como fiscal. Refirió que su anuncio evidencia una posible inclinación política.

En ese sentido, señaló que “se refuerza la idea de que estaba marcado por intereses políticos” y que si antes existían dudas sobre si actuaba en defensa de la legalidad, “ahora la respuesta queda clara”.

Asimismo, advirtió que el hecho de asumir la defensa de un exmandatario vinculado a personas investigadas por su propio despacho fiscal “termina por confirmar esos cuestionamientos”.

En esa línea, Chang puso énfasis en los cuestionamientos éticos del caso y en la falta de sanciones efectivas. “Existe un impedimento ético”, advirtió, al considerar que, tras su paso por la función pública, debía mantener cierta distancia.

Sin embargo, remarcó que “lamentablemente no hay un control estricto” en los colegios de abogados para este tipo de situaciones.

En ese contexto, Chang sostuvo que incluso si se le impusiera alguna medida, “podría colegiarse en otro colegio del país”, por lo que, “en la práctica, no tendría mayor efecto”.

Asimismo, advirtió que esta decisión podría terminar por validar las críticas sobre una presunta politización en su actuación.

“De alguna manera le está dando la razón a quienes decían que estaba politizado”, afirmó. Añadió que este giro podría complicarlo en procesos e investigaciones pendientes vinculadas a su desempeño fiscal.

A la par, consideró que la elección tampoco favorece al exmandatario. “No es la mejor defensa a contratar”, apuntó.

Por su parte, el penalista Julio Rodríguez aseveró que, si bien todo letrado tiene el derecho de elegir a quién asesora, en este caso se percibe una continuidad en la línea de actuación de José Domingo Pérez.

En su opinión, su desempeño, tanto cuando era fiscal como ahora en la defensa, mantiene un componente político. “Estamos ante un caso singular, porque cuando era fiscal ya se evidenciaba una connotación más cercana al activismo político”, afirmó a Canal N.

Bajo ese enfoque, indicó que su actual rol no representa un cambio de fondo. “Ahora, desde la defensa, es más de lo mismo; sigue siendo un activista político”, afirmó, al remarcar que sus declaraciones no responden a un análisis técnico.

De igual modo, alertó que sostener que la sentencia estaba definida o que los jueces buscaban condenar “no es propio de un abogado desde el punto de vista jurídico”, sino que se trata de “cuestionamientos de carácter político”.

Reacción

Al respecto, Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, calificó como lamentable la decisión del exfiscal y sostuvo que este vínculo explicaría su actuación en investigaciones previas relacionadas con su agrupación.

“Podemos resumir, de esa decisión, que él siempre ha tenido una ideología contraria al fujimorismo y que por eso fue utilizado para la persecución contra Keiko Fujimori”, afirmó en RPP.

Asimismo, cuestionó el anuncio de que se sumará a un proyecto político.

“Eso quiere decir que no solo asume la defensa como abogado, que tendría toda la libertad de hacerlo, sino también que piensa como él, que cree en lo mismo y que, además, considera que el golpista no debe estar en la cárcel”, añadió.

Como se recuerda, el pasado 19 de marzo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió por unanimidad no ratificar a Pérez Gómez como fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, cargo desde el cual lideró investigaciones emblemáticas como los casos Cocteles y Rutas de Lima.

La decisión se sustentó en que, tras la evaluación integral de su desempeño, no se alcanzó la convicción necesaria para renovar su permanencia en el Ministerio Público, conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente.

El grupo de trabajo decidió no seguir las recomendaciones de su equipo técnico, que proponían suspender los procesos hasta la finalización del mandato del presidente para evitar conflictos con la separación de poderes.

Las denuncias que se están evaluando corresponden al periodo en que Balcázar se desempeñaba como congresista.

En las votaciones, el expediente N.° 254-2025-2026/CEPCR recibió tres votos a favor de la suspensión y cuatro en contra, mientras que las denuncias N.° 255-2025-2026/CEPCR y N.° 259-2025-2026/CEPCR obtuvieron dos votos a favor y cuatro en contra cada una.

Con estos resultados, la comisión decidió que las investigaciones continuarán su curso habitual a pesar de la actual investidura del jefe de Estado.

Las acusaciones están vinculadas a sus declaraciones en defensa del matrimonio infantil, al presunto impulso de una ley durante su gestión como titular de la Comisión de Educación que habría beneficiado a su hijo, y a la recomendación de una persona para un puesto en el sector público.

La parlamentaria afirmó que la participación de José Domingo Pérez en el equipo de defensa de Castillo no solo responde a su labor profesional, sino que también demuestra una afinidad ideológica con el exmandatario.

De acuerdo con la legisladora, esta cercanía justificaría las actuaciones previas del entonces fiscal en los casos relacionados con el fujimorismo.

“Podemos resumir de esa decisión que ha tomado es que él siempre ha tenido una ideología contraria al fujimorismo y por eso él fue utilizado para la persecución contra Keiko Fujimori”, declaró Juárez a RPP.

“Escucharlo, señalar que se suma a un proyecto político quiere decir que no solamente asume la defensa como abogado, que tendría toda la libertad de hacerlo, sino también que piensa como él, que cree en lo mismo y que además piensa que el golpista no debe estar en la cárcel”, agregó.

“La verdad es que es lamentable que esto ocurra con este señor”, concluyó.

Exfiscal José Domingo Pérez defenderá a Pedro Castillo en proceso por golpe de Estado

El exfiscal José Domingo Pérez Gómez asumió este lunes por la tarde la defensa legal del expresidente Pedro Castillo Terrones, quien cumple condena por el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. La designación se produce semanas después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidiera no ratificarlo en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios.

El anuncio fue realizado por el propio Pérez mediante un video difundido en redes sociales y posteriormente formalizado ante la Corte Suprema de Justicia.

“Me dirijo desde el penal de Barbadillo para anunciar a los peruanos que he asumido la defensa del presidente Pedro Castillo, que se encuentra injustamente recluido en este penal”, informó.

Asimismo, hizo referencia a la percepción de algunos especialistas sobre el caso. En esa línea, sostuvo que el proceso ha generado cuestionamientos en el ámbito jurídico internacional.

“El proceso penal contra Pedro Castillo ha merecido el repudio de muchos juristas internacionales”, indicó.

En su primer discurso oficial, la exmagistrada se refirió a diversos asuntos relacionados con el gremio, incluyendo el reciente proyecto de ley impulsado por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, que propone eliminar la exigencia de habilitación profesional de los colegios de abogados como requisito para continuar en el cargo de fiscal.

Asimismo, Espinoza rechazó la iniciativa y advirtió que vulnera “las atribuciones constitucionales y legales” del CAL. Asimismo, sostuvo que su aprobación fomentaría “la falta de valores morales en la profesión de abogado”.

“Es el caso que ahora, desde la Fiscalía de la Nación, se ha presentado un proyecto de ley para modificar el artículo 4 de la Carrera Fiscal con la finalidad de que la habilitación, en cualquier colegio de abogados del país deje de ser un requisito para la continuidad de los fiscales en sus funciones”, sostuvo.

“Rechazamos enfáticamente ese pretendido proyecto de ley que lo que está haciendo es pretender debilitar las atribuciones constitucionales y legales del Colegio de Abogados de Lima y de los demás colegios de abogados del Perú con un oscuro interés, o no tan oscuro, ya evidente de generar impunidad, de promover la falta de ética, de promover la falta de valores morales en la profesión de abogado”, agregó.

En ese sentido, la flamante decana del CAL sostuvo que la propuesta habría sido elaborada “a propósito” su elección en el cargo y advirtió que “vendría a empeorar la situación en la que ya se percibe a los fiscales desde la sociedad”.

“Eso no se ha trabajado ni siquiera en un mes, eso se ha trabajado a propósito de la elección de esta decana que representa la lucha contra la corrupción”, afirmó.

“La propuesta mencionada vendría a empeorar la situación en la que ya se percibe a los fiscales desde la sociedad hoy en día, y va en sentido contrario a los cambios que se espera en la administración de justicia, pues se requiere contar con magistrados reputados, probos, honorables, íntegros y respetuosos de los valores morales y éticos, pues antes de ser magistrado se es abogado”, señaló.

Es así como Espinoza resaltó que “la razón de ser de estos colegios profesionales es la vigilancia y el cumplimiento de las normas deontológicas, éticas, morales que son exigibles a todos los abogados sin excepción”, y que, “ante un grave incumplimiento, por hechos notorios y debidamente probados”, correspondería “una sanción, como es la inhabilitación por los órganos de la orden que corresponda”.

“Por todo ello, reafirmo la urgente necesidad de esta orden profesional de seguir trabajando para recuperar esos espacios de ética que están perdidos y se pretende seguir perdiendo por propuestas contrarias al propio Estado democrático de derecho, porque vamos a poner a nuestra orden en la cúspide del ejercicio profesional. Nuestra gestión se va a caracterizar por ello”, concluyó.

Mediante un oficio remitido este lunes 6 de abril, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, convocó oficialmente al premier y a su gabinete.

El documento señala que la sesión plenaria se llevará a cabo desde las 10:00 a. m. en el Palacio Legislativo, con la participación de todas las bancadas.

Dicha convocatoria atiende a la solicitud formulada por la Presidencia del Consejo de Ministros y se ajusta a lo establecido en el artículo 130 de la Constitución Política del Perú, que obliga al Gabinete a acudir al Congreso dentro de los 30 días de haber asumido funciones para solicitar el voto de confianza. Este mecanismo forma parte del control político que ejerce el Legislativo sobre el Ejecutivo.

#LoÚltimo | El Congreso cita al premier Luis Arroyo para el 16 de abril a las 10:00 a.m. Deberá exponer la política general del Gobierno ante el Pleno

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— Canal N (@canalN_) April 6, 2026

Durante la sesión, el premier Arroyo expondrá las principales medidas de su gestión y los lineamientos del Ejecutivo para los próximos meses. Posteriormente, el Pleno del Congreso abrirá el debate conforme a lo establecido en el reglamento parlamentario.

El documento oficial también pone en marcha el plazo para que las bancadas definan su posición frente al pedido del Ejecutivo. Se prevé que el debate incluya temas como la reactivación económica, la seguridad ciudadana y las reformas institucionales.

Desde el Parlamento, el legislador abordó las críticas vinculadas a la demora en los procesos y a la percepción sobre el rol que cumple la comisión dentro del Parlamento. En ese marco, explicó algunos de los factores que, según indicó, influyen en el desarrollo de las investigaciones.

Advierte sobre demoras en los procesos

Vergara señaló que uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la falta de celeridad en la evaluación de denuncias. En su explicación, indicó que estos retrasos no dependen únicamente de la presidencia de la comisión.

“El hecho de que de que no se sancione con celeridad o o que no se toque con celeridad los procesos que están en curso”, indicó.

Asimismo, detalló que existen factores internos que inciden en el avance de los casos, como la falta de quórum o el uso de mecanismos parlamentarios. En ese sentido, mencionó que estas situaciones pueden frenar el desarrollo de los procesos.

“No es una cuestión de del presidente la comisión si no más bien muchas veces por en concurrencia por falta de quorum o por simplemente porque se plantean algunos mecanismos como el reconsideraciones, etcétera, ¿no? Que no permiten avanzar los procesos, ¿no?”, explicó.

Percepción sobre el rol de la Comisión de Ética

El titular del grupo de trabajo también se refirió a las críticas que señalan que la comisión no cumple una función sancionadora. Vergara reconoció que existe una percepción negativa sobre su desempeño.

“Cierto es también el hecho de que pues la Comisión de Ética como comisión en todo este periodo y creo que desde desde que su creación, pues no ha tenido pues una en todo caso no ha tenido una imagen de de sancionadora propiamente, sino más bien de blindadora muchas veces”, señaló.

En esa línea, explicó que las decisiones finales no dependen únicamente del trabajo técnico realizado durante las investigaciones. Según indicó, los resultados responden a votaciones en las que intervienen distintos factores.

“Es cierto, pero esto es es porque evidentemente eh por más esfuerzo que haga el equipo técnico de la comisión para investigar y para dar un una un dictamen de eh sancionador, un informe sancionador, finalmente son los votos los que deciden. Y los votos lo que registran no obedecen necesariamente a a al trabajo técnico del equipo de la comisión, sino más bien a intereses partidarios o de bancadas, ¿no?”, argumentó.

Propuesta de cambios en la comisión

En medio de las críticas, el congresista planteó la posibilidad de modificar la estructura de la Comisión de Ética. Su propuesta busca que este tipo de evaluaciones no recaiga directamente en el Congreso.

“Entonces, por eso es que precisamente yo incluso me he sumado a decir que la comisión de ética debería ser externa al congreso, ¿no?”.

Casos en agenda

Respecto a los procesos que se encuentran en evaluación, como la posible suspensión de tres denuncias contra el presidente José María Balcázar y la audiencia de la denuncia de oficio presentada contra la congresista Kira Alcarraz, el legislador indicó que se espera avanzar en su revisión dentro de los plazos establecidos. En declaraciones para Correo, evitó adelantar una posición sobre estos casos.

“Bueno, nosotros este no podemos adelantar opinión, sin embargo, este yo espero eh que pues se permita a dar celeridad a la investigación”, enfatizó.

Asimismo, hizo referencia a otros casos en los que también se han presentado retrasos en su tramitación. El congresista de Acción Popular señaló que estos han estado vinculados a distintos factores propios del funcionamiento parlamentario.

“Sí, en lo que sí está claro nosotros hemos hemos tratado de dar la mayor celeridad, sin embargo, han habido estos pedidos de reconsideración, han habido pedidos de suspensión, de aplazamiento de parte, incluso a veces de oficio también por cuestiones propias del funcionamiento del Congreso, ¿no? Por ejemplo, la semana de representación que acaba de pasar. No se ha permitido dar celeridad”, explicó.

El anuncio fue realizado por el propio Pérez mediante un video difundido en redes sociales y posteriormente formalizado ante la Corte Suprema de Justicia.

“Me dirijo desde el penal de Barbadillo para anunciar a los peruanos que he asumido la defensa del presidente Pedro Castillo, que se encuentra injustamente recluido en este penal”, informó.

Asimismo, hizo referencia a la percepción de algunos especialistas sobre el caso. En esa línea, sostuvo que el proceso ha generado cuestionamientos en el ámbito jurídico internacional.

“El proceso penal contra Pedro Castillo ha merecido el repudio de muchos juristas internacionales”, indicó.

Situación legal de Pedro Castillo

El exmandatario Pedro Castillo fue sentenciado el 27 de noviembre por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión. La condena corresponde al delito de conspiración para la rebelión tras los hechos del 7 de diciembre de 2022.

El exjefe de Estado cumple su pena en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, ubicado en Ate. Además, el Poder Judicial dispuso recientemente la ampliación de su prisión preventiva por 12 meses en el marco de otras investigaciones en su contra.

Estos procesos adicionales están vinculados a presuntos delitos de corrupción y organización criminal durante su gestión. En ese contexto, su situación legal continúa en evaluación en distintas instancias judiciales.

Cuestionamientos al proceso judicial

Durante su intervención, el exfiscal también expuso críticas sobre el desarrollo del proceso penal. Sus declaraciones apuntan a aspectos relacionados con las garantías del derecho a la defensa.

“Se le ha privado de la libertad... sin permitirle el ejercicio de una defensa de libre elección, con jueces parcializados que tenían ya la condena anticipada”, denunció.

En ese marco, señaló que su objetivo será buscar la libertad del exmandatario a través de las vías legales correspondientes. También indicó que su participación se orientará a acciones dentro del sistema judicial.

Además, hizo referencia a la estrategia que adoptará en el proceso. En ese sentido, indicó que su intervención se desarrollará en el ámbito jurídico.

“Vamos a hacer la resistencia legal para lograrla en el ámbito judicial”, enfatizó.

Formalización ante la Corte Suprema

La designación fue comunicada de manera oficial mediante un escrito presentado ante el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema. En el documento, Pedro Castillo informó sobre el nombramiento de su nuevo abogado defensor.

“Por convenir a mi derecho a la defensa, informo a su Presidencia el nombramiento de mi abogado defensor José Domingo Pérez Gómez […] para que pueda ejercer mi representación legal”, se lee en el documento.

En el mismo escrito, el exmandatario solicitó que se reconozca formalmente la participación de su defensa en el proceso. Esta petición forma parte de los procedimientos establecidos dentro del sistema judicial.

El documento fue presentado con fecha 6 de abril de 2026 con el objetivo de formalizar la incorporación del exfiscal en la estrategia legal del caso. De esta manera, José Domingo Pérez asume desde este martes la representación de Pedro Castillo en las instancias judiciales correspondientes.

Desde el parlamento, Cueto expresó su respaldo a la norma e hizo referencia a episodios recientes en los que las fuerzas del orden intervinieron para controlar disturbios y actos de violencia contra infraestructura pública y privada. En su explicación, señaló que estas acciones han derivado en investigaciones contra el personal que participó en los operativos.

“A ver, lo que sucede es que normalmente estamos acostumbrados de hace muchísimos años que cuando las fuerzas del orden salen a a control hablar justamente el orden junto con la policía, al final siempre terminan siendo denunciados y hemos tenido una fiscalía que se ha encargado de eso, ¿no?”, argumentó.

Precedente durante las protestas en el Sur

En otro momento, recordó algunos episodios generados en el Sur del país tras la crisis política generada luego de la salida del expresidente Pedro Castillo.

“Acuérdese de los últimos sucesos con los desmanes que pasaron a raíz de la cajilla del señor Castillo, que tomaron aeropuertos, quisieron destruir aeropuertos, destruyeron un montón de bienes de interés público y privado y salió la fuerza del orden a controlar eso”, enfatizó.

Bajo su perspectiva, el accionar del Ministerio Público se ha centrado en investigar a los efectivos involucrados en estos operativos. Asimismo indicó que, según su apreciación, no se ha incluido en la misma medida a quienes promovieron las protestas.

“El resultado de esa vorágine un poco radical, hubieron muertos que hasta ahora están siendo investigados, pero lo llamativo es que acá la fiscalía creó un grupo especializado de fiscales, como 30 fiscales, solo avocado a las fuerzas del orden. No hay un solo dirigente que fueron los que asusaron que estén considerados”, explicó.

Con estos antecedentes, el parlamentario consideró que el decreto supremo busca establecer un respaldo jurídico para el accionar de las fuerzas del orden en situaciones de emergencia. Según explicó, la norma permitiría reducir el riesgo de procesos penales contra quienes participan en intervenciones.

“Entonces, yo creo que la el decreto supremo lo que hace es tratar de cobertura legalmente a las fuerzas del orden”, indicó.

¿Qué cambios se aplicarán con este Decreto Supremo?

El Decreto Supremo N° 003-2026-DE,podrá modificar el reglamento del Decreto Legislativo N° 1095 sobre el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Con esta norma se redefine el marco de actuación militar en escenarios de emergencia y establece nuevas condiciones para su participación en el control del orden interno.

El dispositivo precisa los supuestos en los que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en apoyo a la Policía Nacional, así como los procedimientos, niveles de mando y límites en el uso de la fuerza. Asimismo, incorpora disposiciones sobre planificación operativa, reglas de conducta y el marco legal aplicable a las intervenciones en situaciones de riesgo para la seguridad pública.

El problema radica en que los principales planes de gobierno no han detallado la viabilidad de sus medidas y una posible ejecución a largo plazo.

Sobre esta situación, el parlamentario señaló en declaraciones para Correo que su grupo ha realizado una revisión del estado del sistema sanitario y describió un escenario crítico en distintos niveles de atención.

“Mira, nosotros hemos evaluado el sector de salud sobre todo y salud lógicamente y hemos encontrado un colapso operacional a todo nivel”, respondió.

En esa línea, indicó que el Estado debería considerar mecanismos de financiamiento para mejorar la infraestructura hospitalaria y la capacidad de respuesta del sistema. Además, recordó que mientras la crisis de salud se agudiza, la gestión de José María Balcázar inyectará S/500 millones a Petroperú para reanudar operaciones.

“En este sentido lo que se requiere en este momento, si el Estado peruano es capaz de endeudarse por aviones, es capaz de endeudarse por otras cosas hasta por Petroperú, porque no sería un buen aval para de salud hacer un endeudamiento para poder mejorar el tema más sobre todo sus instalaciones y su equipamiento en gran capacidad”, declaró a Correo.

Corrupción y reestricción de presupuesto en salud

Zeballos, hizo referencia a los problemas de corrupción que, según explicó, afectan el uso de recursos destinados al sector salud y agravan la situación existente.

“Porque lo que se requiere en este día es disminuir esas transgresiones que hoy están generando corrupción y estas estas corrupciones le han quitado mucho presupuesto al seguro social y en el caso del Minsa pasa por lo propio, pero ya es mucho más directo”, enfatizó.

El legislador sostuvo que el Estado tiene capacidad para intervenir de manera directa mediante inversiones y la obtención de financiamiento externo para fortalecer el sistema sanitario.

“¿Por qué? Porque el Estado peruano sí tiene injerencia de hacer inversiones y de poder solicitar también préstamos para mejorar el sistema de salud. Lo que se requiere ahora es personas saludables que vayan por el desarrollo del país, sino de qué estamos hablando”, planteó.

Sobre reelección de congresistas “mochasueldos ”

Por otro lado, Zeballos también fue consultado sobre la situación de 9 congresistas denunciados por presuntos recortes de sueldo que buscan la reelección. En ese sentido, hizo referencia al principio de presunción de inocencia y al rol del electorado en este escenario.

El parlamentario considera que será la ciudadanía la que finalmente evalúe a los candidatos involucrados en este tipo de cuestionamientos.

“Yo creo que acá lo que Bueno, si bien hay hay un tema de presunción de inocencia, yo creo que la población va a ser la que en realidad tome la decisión en este momento, ¿no? Eso es lo que la población tiene que tomar en cuenta”, finalizó.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.° 02471-2026-JEE-LIC1/JNE, en la que se determinó excluir al candidato a la primera vicepresidencia de la República por el partido Un Camino Diferente.

Según el documento, el JEE tomó conocimiento de la existencia de una condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad vigente, lo que constituye una causal de exclusión electoral.

Resolución fue notificada a personera del partido

De acuerdo con el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la resolución fue notificada a la casilla electrónica de la personera legal de Un Camino Diferente, Marjorie Guarnizo Paz, el último viernes a la 1:57 p. m.

La medida confirma la salida del candidato del proceso electoral, luego de que se verificara la sentencia vigente en su contra.

El propio candidato solicitó su exclusión

El proceso se inició luego de que el mismo Fernández presentara, el 4 de marzo, un escrito solicitando su exclusión por no haber declarado la sentencia en su hoja de vida.

Ese mismo día, también anunció su renuncia al partido Un Camino Diferente, alegando divergencias con dirigentes de la organización política.

Tras esta solicitud, un fiscalizador del JEE solicitó información a la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad, que confirmó que un recurso de nulidad presentado por la defensa del exalcalde fue declarado improcedente el 11 de marzo.

Sentencia por difamación quedó firme en todas las instancias

El documento judicial señala que el exalcalde fue sentenciado en primera, segunda y última instancia por el delito de difamación agravada.

La pena impuesta fue de un año y ocho meses de prisión, la cual adquirió la calidad de cosa juzgada al tratarse de una condena firme.

Además, el propio candidato ratificó la existencia de la sentencia en el escrito presentado el 4 de marzo, en el que indicó:

“Solicito mi exclusión porque yo, César Arturo Fernández Bazán, sí tengo sentencia y en segunda instancia, así que mi exclusión sí va de acuerdo a las leyes”.

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El funcionario respondió de esta manera luego de que el candidato a la presidencia de la República por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lanzara duras críticas contra su persona y dejara entrever que ya no confía en el trabajo que realiza.

Como se informó, el exalcalde de Lima cuestionó que la ONPE solicitara que Fuerza Popular pague S/ 17 millones a cambio de que le entreguen las listas de electores utilizadas en la segunda vuelta de 2021. El monto fue precisado en un fallo judicial y corresponde al costo de producción y certificación de más de 2,5 millones de páginas, tanto impresas como digitales. Ocurre que el partido que lidera Keiko Fujimori denunció, sin pruebas, indicios de fraude en ese proceso.

ZANJADO

“Nunca hubo fraude, no hay una sola prueba que diga que hubo fraude. El juzgado nos dio la razón porque entregamos el padrón electoral, pero ellos (Fuerza Popular) querían las listas de electores, lo que significa huellas, firmas y fotos de los electores, cosa que es muy diferente. Cinco años después, el Poder Judicial nos da la razón y ya cuenta con esa información en digital, protegiendo los datos personales, como era nuestra intención desde un principio”, mencionó.

Señaló que más de 830 mil miembros de mesa a nivel nacional se están capacitando y serán ellos quienes dirijan las mesas de sufragio y los responsables de contar los votos en presencia de los personeros.

CAMBIOS

Piero Corvetto anunció que para este proceso electoral se estrenará una página web que ha sido creada para suplantar el flash electoral oficial que ofrecía la ONPE.

Indicó que la plataforma oficial estará habilitada una vez cerradas todas las mesas de votación. Esto ocurrirá a las 5 de la tarde, momento en el que se iniciará la difusión de los primeros resultados del proceso electoral. Sin embargo, comentó que para poder ver un mayor número de actas procesadas y computadas se tendrá que esperar aproximadamente a las 7: 30 de la noche.

“El escrutinio presidencial dura dos horas. Nuestra meta es llegar al 60% a las doce de la noche. Esta es una elección que la conduce la ciudadanía en presencia de los partidos políticos y con la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con trazabilidad del material electoral. Creo que se han hecho mejoras fundamentales y la ONPE garantiza que los resultados reflejen de manera plena la voluntad popular”, recalcó.

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En paralelo, los peruanos afrontaban su día a día en las calles sin la garantía de volver con vida a sus casas.

La muestra más evidente es el balance de asesinatos registrados en los primeros tres meses de los últimos años.

Y es que de acuerdo con el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) y revisada por este diario, se han reportado 518 homicidios en el primer trimestre del año, una cifra similar o superior a los años anteriores (ver infografía).

Es decir, la situación no cambió en nada.

LAS CIFRAS

Entre enero y marzo del año 2023 se registraron 339 homicidios, un año después, la cifra incrementó a 471 asesinatos en el mismo periodo.

En el primer trimestre del 2025 se reportaron 553 homicidios, mientras que en los tres primeros meses del año, ya se registraron 518 asesinatos.

Es decir, en el 2026 se tiene por lo menos de cinco a seis asesinatos por día, lo que se resume en un homicidio cada cuatro horas.

Los 180 homicidios perpetrados en el mes de marzo ocurrieron en las regiones de Cajamarca (1), Amazonas (1), Cusco (2), Áncash (2), Loreto (2), Arequipa (3), Huánuco (3), Lambayeque (3), Junín (4)Ayacucho (5), Ucayali (5), Madre de Dios (6), San Martín (7), Ica (7) y Puno (9).

En las regiones de Apurímac, Moquegua y Pasco, no se registró asesinatos ese mes.

Mientras que las regiones con más homicidios fueron Tumbes (11), La Libertad (14), Piura (14), Callao (17) y Lima (64).

LETRA MUERTA

Hace menos de una semana, el Gobierno de José María Balcázar oficializó la creación de un grupo encargado de diseñar un programa de gasto en seguridad ciudadana.

La medida fue aprobada mediante una resolución en El Peruano con la firma de Rodolfo Acuña, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y no implica acciones inmediatas contra la delincuencia.

La norma establece la conformación de un equipo multisectorial que deberá elaborar un Programa Presupuestal orientado a Resultados (PPoR), esto quiere decir, elaborar un plan técnico que defina cómo debe usarse el dinero del Estado para reducir la criminalidad.

El grupo estará conformado por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio del Interior, la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Como parte de su equipo, podrán convocar a representantes de Migraciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entre otros.

El mencionado equipo deberá elaborar un informe que se entregará al MEF.

Además, no contarán con presupuesto adicional para hacer el informe, sino que deberán usar los recursos que tienen sus instituciones.

Los miembros no recibirán ningún pago adicional.

Un dato que llama la atención es que la resolución señala que el grupo tendrá hasta 330 días calendario para hacer la tarea, es decir, casi un año.

Incluso, se precisa que ese tiempo podrá extenderse hasta que terminen la labor que le fue encomendada.

REALIDAD

El miércoles 1 de abril al promediar las 8:00 a.m., sicarios atacaron a balazos un bus de la empresa Virgen de la Puerta S. A., más conocida como Vipusa, a la altura del kilómetro 33.4 de la Panamericana Norte.

La unidad conocida como ruta C, que cubre el trayecto entre Ancón y Abancay, fue interceptada por dos sujetos en una motocicleta.

Los delincuentes realizaron varios disparos contra el vehículo en movimiento y huyeron.

Si bien el conductor y la cobradora resultaron ilesos, las pasajeras Sheyla Lina Vargas Pacco (18) y Benedicta Huaytalla Ramos (71) quedaron heridas y fueron trasladadas al hospital Lanfranco La Hoz en Puente Piedra, donde permanecen con pronóstico reservado.

Sin embargo, el atentado cobró la vida de la pasajera Hilda Carmen Otilia Monteverde Díaz de 76 años falleció tras recibir una bala perdida.

“Si para ustedes es seguro las cámaras y el blindaje, normal. Yo les demostraré que eso no basta para cuidarlos. Atentos a lo que se viene, ustedes mismos salen a regalar su vida. Es un juego al azar a ver quién se irá”, reza la amenaza.

Horas después del ataque, los conductores de Vipusa reportaron la recepción de un mensaje extorsivo de la organización criminal “La Seguridad del Sur”, en el que advierten nuevos atentados sino cumplen sus exigencias.

Solo dos días después del ataque, los choferes recibieron nuevas amenazas.

Por otro lado, en esos días, extorsionadores también atacaron a balazos a integrantes de un gremio de mototaxistas luego de que estos se negaran a pagar un presunto cupo de 15 de soles.

El atentado fue registrado en el cruce de la avenida Túpac Amaru, a la altura del paradero Correo, lugar hasta donde llegaron los delincuentes a bordo de una motocicleta.

Los delincuentes atacaron a balazos y se dieron a la fuga.

Producto del ataque, dos conductores resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al Hospital Sergio Bernales de Collique, para recibir atención médica.

“Punto Final” destacó en un informe que dicha actividad ilícita mueve alrededor de 12 mil millones de dólares al año -según el Instituto Peruano de Economía-, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera advierte que se ha convertido en la principal fuente de lavado de activos en la última década.

En el ámbito político, iniciativas impulsadas desde el Congreso, como la ampliación del REINFO o modificaciones a la Ley General de Minería, han sido cuestionadas por especialistas, quienes advierten que podrían debilitar la lucha contra esta actividad ilegal.

Asimismo, dio cuenta que un análisis del Observatorio de Minería Ilegal revela que solo 12 de los 35 partidos presentan propuestas concretas sobre el tema, mientras que 13 lo abordan de manera general y 10 no lo incluyen en sus planes.

El especialista César Ipenza alertó además en el informe periodístico, sobre planteamientos polémicos, como la no criminalización de esta actividad.

En tanto, la percepción ciudadana refleja creciente preocupación por la creciente minería ilegal y el hecho de que las autoridades no respondan adecuadamente, lo que refuerza la demanda por medidas más firmes frente a un problema que amenaza con desbordar al Estado.

Un informe de Cuarto Poder recogió algunas de estas iniciativas que incluyen cambios en atención primaria, incremento de recursos y uso de herramientas tecnológicas. Sin embargo, varios de estos planteamientos no desarrollan con claridad los mecanismos de financiamiento ni los plazos de ejecución.

Propuestas de Keiko Fujimori

La candidata de Fuerza Popular ha planteado la implementación de un sistema de telemedicina a nivel nacional. Esta medida busca reducir los tiempos de espera en consultas médicas y ampliar el acceso en zonas con limitada cobertura.

Asimismo, ha propuesto fortalecer el primer nivel de atención mediante los Comités Locales de Administración de Salud. También incluyó el abastecimiento de medicamentos, la reparación de equipos y la construcción de hospitales a través de inversión pública y alianzas.

Planteamientos de Roberto Sánchez

El candidato de Juntos por el Perú ha señalado la necesidad de aumentar el presupuesto del sector salud. Su propuesta contempla elevarlo del 6 por ciento al 9 por ciento del producto interno bruto.

También ha planteado mejorar el primer nivel de atención y ampliar la formación de profesionales en medicina. No obstante, durante sus actividades públicas no detalló cómo se financiarían estas medidas ni los plazos para su implementación.

Otras propuestas en debate

El candidato Rafael López Aliaga ha propuesto la creación de hospitales mediante acuerdos con clínicas privadas. Su iniciativa también considera cambios en el Ministerio de Salud y en EsSalud, así como la digitalización de historias clínicas.

En tanto, Alfonso López Chau ha planteado el uso de telemedicina, la adquisición de medicamentos y la construcción de establecimientos de salud. Según lo expuesto en su plan, estas medidas no incluyen detalles sobre el financiamiento ni los plazos de ejecución.

Por su parte, Jorge Nieto ha propuesto la digitalización del sistema mediante historias clínicas electrónicas y centros de información interconectados. Esta medida, de acuerdo con su planteamiento, permitiría mejorar la atención y facilitar la entrega de medicamentos.

Propuestas de Carlos Álvarez

El candidato de País para Todos ha planteado fortalecer el primer nivel de atención y aumentar el presupuesto del Seguro Integral de Salud. También ha considerado mejorar la disponibilidad de especialistas y reducir el gasto de los pacientes en medicamentos.

Dentro de su propuesta, ha señalado que busca disminuir en un 30 por ciento el gasto en medicinas para los ciudadanos. Según lo indicado en su plan, el nivel de inversión requerido dependerá del presupuesto disponible.

Asimismo, ha incluido el aumento de salarios para el personal de salud en zonas rurales. También ha propuesto reforzar las acciones contra la anemia y la desnutrición crónica.

Las iniciativas resultan claves durante esta última etapa de la campaña electoral, en la que el sector salud forma parte de las principales preocupaciones ciudadanas. El sistema enfrenta limitaciones relacionadas con equipamiento, atención oportuna y cobertura de servicios. No obstante, varios de estos enfoques aún requieren mayor desarrollo para precisar su aplicación en el ámbito nacional.

Ante ello, especialistas coinciden en que el electorado debe evaluar integralmente a las planchas presidenciales. “Punto Final” hizo un recuento de las fórmulas presidenciales en la recta final electoral.

En Fuerza Popular, Keiko Fujimori postula junto a Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miki Torres como segundo, ambos con experiencia parlamentaria.

En tanto, en Renovación Popular, Rafael López Aliaga integra su fórmula con Norma Yarrow y Jhon Ramos Malpica.

Por su parte, Carlos Álvarez, de País para Todos, apuesta por perfiles técnicos con Cristina Chambizea y Diego Guevara como vicepresidentes.

Mientras que en el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto está acompañado por Flor de María Matute y Carlos Caballero León, quien ha planteado incluso la posibilidad de una renuncia conjunta ante eventuales crisis.

En Juntos por el Perú, Roberto Sánchez presenta una plancha integrada por Analí Márquez y Brígida Curo, con representación de sectores regionales y un enfoque en temas de identidad y justicia social.

En este contexto, los vicepresidentes adquieren un rol clave como eventuales sucesores del mandatario, por lo que su trayectoria y capacidad de gestión resultan determinantes.

En el dominical de Panorama, afirmó incluso que en los últimos 25 años ha gobernado el antifujimorismo, por lo que indicó que el Perú está en una situación crítica. "No he sido presidenta todavía; espero poder tener esa oportunidad", mencionó.

La candidata reconoció ser una de las figuras con mayor rechazo, pero destacó que ese indicador ha bajado sustancialmente según las últimas encuestas. “Espero la oportunidad de llegar a segunda vuelta y seguir comunicando cómo devolver la confianza a los ciudadanos”, dijo.

A los indecisos les hizo el llamado directo a observar los debates, leer las propuestas y evaluar cada una si son viables o no.

Entre sus propuestas, refirió impulsar la seguridad ciudadana y la defensa de la autonomía del Banco Central de Reserva para mantener la inflación bajo control.

Asimismo, recordó las obras de su padre. “Tengo la escuela y decisión política heredada de mi padre, Alberto Fujimori”, apuntó.

Sin embargo, no es todo, pues un documento policial del 2015 revelaría que Castillo Grados fue denunciado por agredir a su propio hijo adolescente a puñetes y patadas. Según el reporte, el joven se refugió en casa de su tía y se negó a regresar por temor a su padre.

A esta denuncia se suma otra por falsificación de documentos.

ENTRE ADVERTENCIAS Y RESGUARDO

Por si fuera poco, cuando el equipo periodístico fue a buscarlo para obtener su versión, se encontró con un barrio “hostil”. Un grupo de personas vigilaba la zona y uno de ellos advirtió al periodista: “Somos muchas personas, como 20 personas acá trabajando, lo cuidamos de todo (al candidato)“.

Horas más tarde, cuando parecía que iba a dar respuesta, el mismo personaje se acercó y anunció que el candidato no llegaría. “El jefe no va a venir. Escúchame, solamente te digo a ti con todo respeto. Después no quieras que la gente te falte el respeto”, dijo el varón.

CANDIDATO RESPONDE

Dos días después, Castillo optó por defenderse en redes sociales. Tildó las denuncias de “falsas” y anunció acciones legales contra el dominical por coacción, difamación y daño moral.

El candidato expresó que no tiene sentencias por violencia familiar, alimentos ni maltrato a la mujer.

“Te vas a dar una sorpresa, vamos a ganar”, afirmó López Aliaga en entrevista con Panorama, agregando que los ataques en Andahuaylas habrían sido causados por sus rivales políticos.

Sobre las encuestas que lo ponen detrás de Keiko Fujimori y Carlos Álvarez, fue tajante y afirmó que no cree. "Datum e Ipsos me dieron información falsa y no les creo nada. Es una grave manipulación. Es la misma estrategia de hace 4 años. Carlos Alvarez es mi amigo”, dijo.

Respecto a la posibilidad de pasar a segunda vuelta, López afirmó que respetará la voluntad del pueblo.

PROPUESTAS

En cuanto a sus propuestas, prometió invertir en seguridad ciudadana y acabar con la extorsión, delito que se ha apoderado del país.

En economía, apostó por la inversión estatal con “ingeniería militar” en obras públicas y anunció giras al mundo árabe para atraer capital extranjero en infraestructura, evitando la doble tributación. Asimismo, reconoció que la confianza de empresarios vinculados a Odebrecht “sí se ha perdido”.

López Aliaga cerró su mensaje, instando a la inversión en el Perú.

El postulante de “País para Todos” aclaró que actualmente no existe ningun tipo de conflicto entre ambos. En declaraciones de junio del 2025, Arturo cuestionó la preparación de su hermano durante una entrevista en el programa Magaly TV La Firme.

El video volvió circular en redes sociales debido a la coyuntura electoral, sin embargo el humorista precisó que antes de acudir al evento oficial conversó con Arturo y este le deseó buena suerte en el evento.

“Nada, nada, todo está muy bien. Incluso he hablado con él (Arturo) en la tarde deseándome mucha suerte aquí en este encuentro con Cajamarca”, respondió.

Carlos Álvarez sugirió que su posicionamiento favorable en encuestas genera reacciones de otros competidores. En su percepción, la recirculación de declaraciones antiguas responde a estrategias de campañas adversas.

“Bueno, no sé. Ante los golpes bajos, las bajezas, las difamaciones, las calumnias o poner refritos de hace meses. Bueno, ¿qué se puede hacer?”, comentó.

El candidato también indicó que no ofrecerá mayores detalles sobre sus asuntos familiares y reafirmó su cariño hacia su hermano Arturo.

“Yo amo a mi familia, no voy a tocar más el tema porque mi vida familiar no la ventilo a los medios de comunicación. Yo amo a mi hermano, amo a mi familia y más amo al Perú.”, puntualizó.

Carlos Álvarez, candidato presidencial de País para Todos, cierra su campaña presidencial en Cajamarca: Ante difamaciones y calumnias, ¿qué se puede hacer? Yo amo a mi familia, mi vida familiar no la ventilo. Amo a mi hermano

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— Canal N (@canalN_) April 5, 2026

Confirmación de cierre en Lima

Finalmente, Álvarez confirmó la organización del mitin final en la capital limeña y evitó especular sobre un eventual paso a segunda vuelta electoral. Su postura enfatiza que la decisión corresponde exclusivamente a los electores peruanos.

“Las encuestas son las encuestas, como le he dicho, pero hay que respetar hay que respetar eh la decisión del electorado, porque con serenidad”, manifestó.

Como se conoce, hasta este domingo 5 de abril las encuestadoras reconocidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) podrán difundir sus sondeos sobre intención de voto o simulacro, pero a partir del lunes 6 estará prohibida su publicación.

Al respecto, Luis Benavente indicó que esta medida atenta contra el principio de equidad electoral, pues generaría dos tipos de votantes: informados y desinformados.

“En un país tan informal, donde hay tanta cosa bamba, surgen las encuestas falsas al por mayor. Publican, según tal, la pregunta y el logotipo, y te ponen y eso trasciende”, señaló en Canal N.

Para el analista, la medida carece de sustento y no tiene parangón en el mundo. “La veda de encuestas ayuda a que surjan más encuestas falsificadas, las encuestas truchas, como les dicen (...) En las grandes democracias del mundo, en ningún país prohíben la publicación de encuestas”, declaró.

FECHAS DE MÍTINES

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, cerraría su campaña ese jueves 9 en Villa El Salvador, apostando por el sur de Lima, zona con alto peso electoral. La candidata del partido naranja lidera la intención de voto según Datum.

Carlos Álvarez, de País para Todos, realizará su mitin final en San Juan de Lurigancho el jueves, luego de visitar Sullana, Piura, el día anterior. El aspirante al más alto cargo ocupa el segundo lugar en las encuestas.

Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, convocará a sus seguidores en la avenida La Peruanidad, en Jesús María, también el jueves 9. El candidato figura en el tercer puesto de intención de voto.

Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, adelantó su cierre al miércoles 8 de abril en la Plaza Dos de Mayo. Mientras que Jorge Nieto de Buen Gobierno dio a conocer el cierre de campaña el jueves en Lima.

Asimismo, César Acuña cerrará en Trujillo el jueves, y otros candidatos como Alfonso López Chau y José Luna concentrarán sus eventos en Lima ese mismo día. Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, ya programó el suyo para este lunes 6 en Puno.

Según el titular del sector, actualmente operan 239 cámaras conectadas al sistema central de videovigilancia de la PNP. La plataforma permite detectar en tiempo real a personas buscadas por la justicia mientras circulan en las rutas afectadas por la criminalidad.

“Estamos hablando que ya se encuentran en funcionamiento 239 cámaras aproximadamente de más de 3 000 que se tienen proyectadas y es más, en los últimos meses ya hemos tenido resultados, personas solicitadas por la justicia han sido detectadas desde este centro e intervenidas inmediatamente por la Policía Nacional del Perú y llevadas a los órganos jurisdiccionales que son solicitados”, informó.

Resultados de la vigilancia centralizada

Desde la implementación del monitoreo, las autoridades han logrado intervenciones exitosas contra sospechosos. El ministro confirmó que varias personas requisitoriadas fueron ubicadas y detenidas gracias a la tecnología policial.

La inteligencia artificial integrada al sistema también resulta clave, pues permitirá reconocer inmediatamente a los individuos con alerta judicial. Esta capacidad agiliza las operaciones que antes requerían patrullajes extensivos por toda la ciudad.

José Zapata anunció que pronto se incorporarán más cámaras de empresas transportistas al centro policial. La meta establecida supera las 3000 unidades operativas para ampliar la cobertura en las zonas críticas.

Además, la Municipalidad de Lima adquirirá 40 mil dispositivos adicionales en los próximos días. Estas cámaras municipales se sumarán al esquema nacional coordinado por el Ministerio del Interior.

El transporte público sufre constantes amenazas de bandas organizadas que exigen cuotas y cometen homicidios. Los conductores y pasajeros enfrentan riesgos diarios en rutas específicas de la capital por la acción de estas organizaciones.

La PNP concentra esfuerzos para neutralizar a los grupos que operan contra el sector. La integración tecnológica representa una herramienta clave en la estrategia de seguridad vial anunciada por el gobierno.

El titular del organismo explicó a RPP que, tras el cierre de los locales de votación, se procederá al traslado del material electoral hacia los centros de cómputo para iniciar el procesamiento de actas. Precisó que primero se difundirá el avance del resultado presidencial, seguido por el de senadores, diputados y el Parlamento Andino.

Asimismo, indicó que los primeros resultados oficiales estarán disponibles desde las 5:00 p.m. y se actualizarán cada 15 minutos en el portal institucional de la ONPE, permitiendo un seguimiento progresivo del conteo.

No obstante, Corvetto señaló que no es posible estimar cuándo se alcanzará el 100 % de actas procesadas, debido a factores como el traslado de material desde el extranjero y zonas alejadas, así como la eventual existencia de actas observadas.

En estos casos, explicó, las actas con inconsistencias deberán ser evaluadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que podría incluir revisiones adicionales o reconteos, extendiendo los plazos finales.

Finalmente, destacó que las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) ya iniciaron el despliegue del material electoral tanto a nivel nacional como en el extranjero, en coordinación con la Cancillería, de cara a la jornada del 12 de abril.

La sesión del grupo de trabajo está programada para las 4:00 p.m. en la Sala Martha Hildebrandt, situada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Parlamento. Asimismo, será transmitida mediante la plataforma Microsoft Teams, según lo establecido en su agenda.

La audiencia se enmarca en la denuncia de oficio aprobada por la Comisión de Ética contra Alcarraz, vinculada a un presunto caso de agresión de la legisladora contra un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).

Cabe señalar que, en la sesión del lunes pasado, el grupo de trabajo llevó a cabo la audiencia de otro expediente en contra de la congresista no agrupada, esta vez por sus declaraciones dirigidas a una periodista del programa Contracorriente.

De acuerdo con información judicial, el cuaderno de debate ya se encuentra formulado, lo que permitirá avanzar hacia la emisión de un resultado en esta instancia del proceso.

El caso adquiere relevancia política debido a que la parlamentaria actualmente postula a la reelección como diputada por la región Lambayeque con el partido Renovación Popular.

Investigación se originó por omisión en hoja de vida

La denuncia fue presentada en 2021 ante el Ministerio Público del Perú, luego de detectarse que la congresista no habría informado al JNE sobre cargos desempeñados en empresas privadas.

Según la acusación, Córdova Lobatón habría omitido consignar que trabajó en:

• LOT Internacional S.A.C.
• LOT PLUS S.A.C.

Estos cargos habrían sido ejercidos entre 2018 y 2020, periodo que debía ser declarado en su hoja de vida cuando postuló por primera vez al Congreso en las elecciones de 2021.

Norma exige declarar experiencia laboral en sector público y privado

El caso se sustenta en lo establecido por el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas del Perú, que obliga a los candidatos a consignar en su declaración jurada toda su experiencia laboral en el sector público y privado.

La acusación fiscal fue formalizada en enero de 2023, y posteriormente el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo dispuso que el proceso continúe a la etapa de juicio oral.