Según el dominical de Punto Final, rostros como Francisco Calisto, Patricia Iturregui, Harvey Colchado y otros serán los nuevos en esta etapa. Sin embargo, los congresistas como Sigrid Bazán, Guido Bellido, entre otros, que querían continuar en el cargo, no llegaron a ser elegidos, debido a que su partido no habría pasado la valla electoral.

SENADORES

En la Cámara de Senadores, Fuerza Popular lideraría con 22 curules, seguida de Juntos por el Perú con 14, Renovación Popular con 8, Partido Político del Buen Gobierno con 7, Obras con 5 y Ahora Nación con 4.

Entre los nuevos senadores destaca Francisco Calisto Giampietri, de Renovación Popular, militar de alto rango que da el salto a la política y se convierte en uno de los 60 senadores electos. “No será que yo deba cambiar, sino que el otro tiene que entender que se debe ir en la dirección adecuada. Yo vengo trabajando en el tema de la opción de cambiar el Perú y ha llegado el momento de poder hacerlo”, dijo.

También resalta Patricia Iturregui, del partido del Buen Gobierno, quien obtuvo la mayor votación de su agrupación y llega a la política por primera vez con un discurso centrado en el medioambiente y la comunicación directa con la ciudadanía.

DIPUTADOS

En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular también encabeza con 40 escaños, seguida de Juntos por el Perú con 31, Buen Gobierno con 18, Renovación Popular con 16, Obras con 15 y Ahora Nación con 10.

El nombre que llama la atención es el de Harvey Colchado, de Ahora Nación. Fue exjefe de la DIVIAC y recordado por el allanamiento a la entonces presidenta Dina Boluarte. Colchado tendrá que compartir el Parlamento con varios de los políticos que alguna vez investigó.

También ingresaría José Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo.

Al respecto, el politólogo Jeffry Radzinsky calificó los resultados como una votación compleja. En el caso de Carlos Álvarez, a pesar de los votos en varias regiones, no lograría ningún senador electo.

Según el testimonio de Phang ante la Contraloría, la ONPE adquirió 30 mil laptops, impresoras y 4 538 módems para 2 269 locales de votación en Lima y Callao. Sin embargo, la distribución de varios de esos equipos se realizó recién el 7 de abril, cuando el Plan Operativo Electoral (POE) establecía que debía completarse entre el 20 de marzo y el 4 de abril.

El retraso se originó porque la institución tuvo que replegar 5 441 kits compuestos por una laptop y una impresora que habían sido utilizados en jornadas de capacitación. Ese repliegue no estaba contemplado en el POE, lo que generó una carga adicional de configuración, embalaje y rotulado que se extendió hasta el propio día de los comicios.

Phang precisó ante la Contraloría que la estiba de los equipos informáticos culminó el domingo 12 de abril a las 4:30 de la madrugada, horas antes de la apertura de las mesas. Sobre ese momento, el funcionario reconoció que “todos éramos conscientes de que esto podía generar un atraso.”

Plazos que no correspondían a la realidad

El sábado 11 de abril, a las 4:28 de la tarde, el exgerente de Gestión Electoral José Samamé envió a Phang un nuevo cronograma de distribución vía WhatsApp. Ese documento, adjunto al acta de Contraloría, establecía un intervalo de entre tres y cuatro horas por ruta de distribución.

El problema es que ese plazo no correspondía a la operación real. El acta consigna que “el promedio de horas para la entrega de una ruta es de 8 horas aproximadamente”, es decir, más del doble de lo que el cronograma modificado contemplaba.

Phang comunicó a Samamé de manera verbal las inconsistencias del nuevo cronograma y propuso una alternativa: entregar únicamente el material electoral tradicional, sin los equipos informáticos, para reducir los tiempos de despacho. La respuesta fue negativa.

Según el testimonio de Phang, la razón que recibió fue que distribuir solo el material convencional “afectaría la meta institucional”, por lo que se mantuvo el esquema original de dos furgones por ruta.

Orden de suspender el STAE llegó un día antes de las elecciones

Entre las 10 y las 11 de la mañana del domingo 12 de abril, cuando ya eran evidentes los problemas en la instalación de mesas, Phang recibió una orden verbal telefónica de Samamé para suspender la entrega de los equipos informáticos y desactivar el uso del Sistema STAE en todas las mesas. La decisión llegó horas después de que los retrasos ya afectaban a miles de votantes en Lima y Callao.

El acta recoge además otro error logístico: en el colegio Chinchaysuyo del distrito de Sapallanga, en la provincia de Huancayo, llegaron los carteles de candidatos a diputados de Lima Provincias en lugar de los correspondientes a la región Junín.

El probable diputado Arturo Eusebio Padilla fue sentenciado por peculado doloso durante su gestión como presidente del directorio del centro vacacional Huampaní, cargo al que llegó en el gobierno de Pedro Castillo. Según la Contraloría, Padilla se instaló en un bungalow de las instalaciones desde el 17 de mayo de 2022 hasta el 2 de febrero de 2023, sin abonar ningún monto al Estado.

Al ser consultado sobre ese periodo, el candidato sostuvo que su permanencia respondía a razones laborales vinculadas a un proyecto de infraestructura.

“Me quedaba para efecto de trabajar para el tema del puente de doble vía”, aseguró.

El exfuncionario también registra una denuncia policial por haber abandonado la escena de un accidente de tránsito contra un mototaxi en aparente estado de ebriedad.

Dina Hancco y Daniel Barragán

La candidata a la vicepresidencia y probable diputada por Puno, Dina Hancco Hancco, registra una sentencia firme por contrabando que le impuso tres años y seis meses de pena suspendida. Antes de sumarse a la agrupación política de Belmont, postuló por Alianza para el Progreso liderada por César Acuña y Unión por el Perú, partido vinculado a Antauro Humala.

Mientras que el primer vicepresidente y virtual senador Daniel Barragán Coloma también tiene vínculos con el entorno de Antauro Humala y fue ministro de Defensa en los últimos días del gobierno de Pedro Castillo. Algunos representantes de bases regionales del partido OBRAS lo denunciaron ante el JNE por presuntamente exigir pagos para acceder a las listas de candidatos. Uno de los denunciantes relató que Barragán le solicitó 70 000 soles, y que quienes no tuvieran dicho dinero simplemente no podían postular.

Otros candidatos con antecedentes

El probable diputado por Junín, Máximo Peralta Jorpa, fue intervenido hace dos años por la Policía por presunto intento de feminicidio. Según el parte policial, el postulante agredió físicamente a su pareja con puñetes y patadas, y sus propios hijos solicitaron auxilio para proteger a su madre.

Walter Gago Rodríguez, candidato al Senado, acumula dos sentencias: una por delitos contra la confianza en los negocios y otra por libramiento y cobro indebido. Su historial incluye además infracciones reiteradas por conducir en estado de ebriedad y una deuda de casi 13 000 soles con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Otro de los representantes del grupo político que presenta cuestionamiento es el diputado Edgar Alvarado de la Cruz , quien registra una sanción municipal por conducir con alcohol en la sangre, lo que derivó en la suspensión de su licencia por tres años, mientras que Demetrio Flavio Valqui enfrenta una sentencia por tenencia ilegal de armas en agravio del Estado.

Estas elecciones presidenciales dejaron una paradoja: el ausentismo bajó respecto al 2021, pero las fallas operativas de la ONPE alcanzaron niveles inéditos.

Punto Final revisó los registros oficiales de la ONPE en las últimas cuatro elecciones (primera vuelta) y reveló la magnitud del retroceso. Sucede que en el 2011 no se instalaron 47; en el 2016, fue de 26; en el 2021 fue de 499 (en plena pandemia); pero en este 2026 fue de 211, considerando que se debían habilitar 92 720 para más de 27 millones 325 mil electores.

En cuanto al ausentismo, el panorama fue más alentador. El voto en Perú es obligatorio y acarrea sanciones, lo que históricamente ha contenido la abstención. En el 2011 no votó un 16.29%; en el 2016, el 18.20%; en el 2021 fue del 29.95%; y este 2026 el ausentismo se redujo al 23.8%, poco más de 6 millones y medio de ausentes.

Al respecto, el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, señaló que uno de los factores que explica la abstención es la migración, ya que muchos ciudadanos residen en el exterior sin actualizar su domicilio en el DNI. Añadió además que los electores mayores de 70 años tienen voto voluntario, aunque siguen figurando en el padrón electoral.

Respecto a las mesas no instaladas, Tuesta indicó que este año se mantuvo por debajo del 1% del total, similar o superior a las elecciones del 2021 y 2016.

POCO AUSENTISMO EN DISTRITOS

A nivel distrital, en Villa El Salvador se registró más del 75% de participación con apenas 15% de ausentismo; en Lurín superó el 67% de concurrencia con un 18% de ausentes; y en San Juan de Miraflores alcanzó más del 70% de electores que acudieron a las urnas.

Otro frente pendiente son las actas observadas, pues concluido el conteo de votos, quedan alrededor de 5 mil actas por revisar, un proceso que se lleva a cabo por primera vez.

El primer implicado en este caso es el jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, quien asumió el máximo cargo en 2020 tras un concurso de la Junta Nacional de Justicia y ratificado en 2024. El alto funcionario dispone de un equipo de asesores, analistas y personal de apoyo cuyo costo mensual, sumado a su remuneración, representa un gasto al Estado de 88 329 soles.

En su comparecencia ante el Congreso, Corvetto reconoció fallas pero las atribuyó a niveles inferiores de su estructura, sosteniendo que “el problema se ha suscitado en la gerencia de gestión electoral y precisamente en la subgerencia de producción electoral.” El Ministerio Público lo incluyó como testigo en la carpeta fiscal 205/2026.

En medio del proceso de investigación en su contra, el titular de la ONPE invocó el artículo 35 de la Ley N°30057, Ley de Servicio Civil. Este mecanismo estipula que cualquier funcionario público tiene el derecho de contar con asistencia legal cubierta por la entidad para la que trabaja, sea en procesos penales o administrativos.

José Samamé Blas: el único detenido

Samamé Blas ejercía hasta hace unos días como gerente de Gestión Electoral, el área responsable de planificar y ejecutar el despliegue del material electoral. Durante su gestión se aprobaron además los términos de referencia que abrieron paso a la contratación de la empresa Galaga.

El pasado 12 de abril, mientras las demoras se acumulaban en los locales de votación, presentó su renuncia. Fue detenido por flagrante delito de omisión de actos funcionales, convirtiéndose en el único privado de libertad en el marco de estas investigaciones. En su declaración ante la Policía, sostuvo que se considera “inocente” y trasladó la responsabilidad a la subgerencia bajo su línea de mando.

Juan Phang Sánchez

Juan Phang Sánchez fue señalado tanto por Corvetto como por Samamé como el responsable directo de supervisar el cronograma de distribución. El destituido funcionario tiene más de dos décadas en la institución y fue suspendido del cargo tras la jornada del 12 de abril.

Su nombre no aparece por primera vez en un contexto judicial. La Fiscalía lo investiga por presuntamente integrar la organización criminal “Los Gánsters de la Política”, vinculada al proceso de inscripción del partido Podemos por el Progreso del Perú. Según audios de 2018 revelados por Cuarto Poder registraron su voz presionando para agilizar esa inscripción, argumentando que las instrucciones venían “de la presidencia actual.”

El JNE incluyó también en su denuncia a Ricardo Saavedra Mavila, gerente de Organización Electoral, y a Edward Alarcón González, gerente de Administración. Ambos integran la estructura directiva que debía garantizar el correcto desarrollo del proceso y hoy forman parte de las investigaciones en curso ante el Ministerio Público.

Sin embargo, las imágenes y conversaciones difundidas por el periodista Edgard Aguilar muestran que decenas de vehículos de la empresa se encontraban en los almacenes de la ONPE listos para operar, pero sin recibir carga.

El informe señala que los camiones permanecieron detenidos porque el material electoral aún no estaba listo para su distribución.

En esa línea, Cristian Castillo, abogado de la empresa contratista Galaga, señaló que su representada contaba con la flota requerida para el traslado del material electoral y que el retraso se debió a la falta de documentación lista para su despacho.

Esta versión difiere de lo indicado previamente por la ONPE, que había responsabilizado a la empresa logística.

En el dominical de Punto Final, Alvarado afirmó que su empresa contó con todos los vehículos necesarios, pero que el área de despacho de la ONPE no tenía la mercancía lista a tiempo, considerando que el último camión salió recién el mismo domingo a las 5:51 de la mañana.

Como se conoce, en el marco de las Elecciones Generales 2026, más de 50 mil electores no lograron votar el 12 de abril, debido al cierre de varios locales, los cuales no contaban con el material electoral; solo lo hicieron al día siguiente. La ONPE responsabilizó a la empresa Galaga, pero esta respondió varios días después.

Según explicó Alvarado, su empresa decidió no pronunciarse antes para no interferir en el proceso. “Yo guardé silencio, me mordí la lengua. Mi silencio ha obedecido a que yo estaba en proceso de ejecución del servicio (...) La ONPE nos culpa a nosotros de no llegar a tiempo, pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese salido a hablar?”, sostuvo.

GALAGA ASEGURÓ QUE CONTABAN CON TODOS LOS VEHÍCULOS

El empresario afirmó que Galaga cumplió con proporcionar los recursos necesarios, incluyendo unidades vehiculares y conductores. Sin embargo, indicó que el principal problema fue que el material electoral no estaba listo para ser despachado a tiempo. “La entidad nos brindó 3 almacenes, en Eucaliptos, Lúcumo y San Pedro Life. Las 400 unidades no pueden estar amontonadas dentro de un almacén”, expresó.

Según relató, el proceso de despacho en el área de equipos de cómputo se extendía hasta las 4:30 de la madrugada, y desde allí las unidades debían trasladarse entre almacenes, completar los protocolos de apertura y cierre, y recién salir a ruta. Cada unidad demandaba entre 25 y 35 minutos en ese proceso, lo que sumaba cerca de 10 horas para el reparto total.

Sumado a ello, aseguró que se comunicó —vía WhatsApp— con Juan Phang, entonces subgerente de Producción Electoral de la ONPE, para comunicarle que tenía 35 unidades que no habrían cargado el material electoral y no podían salir a hacer su ruta prevista. Este le devuelve la llamada y le dice que esperen porque “ya va a salir el material”.

“La empresa cumplió con brindar los recursos, tanto en cantidad de unidades como en conductores para el reparto, oportunamente. Sin embargo, el área de despacho no tuvo la mercancía designada a tiempo”, dijo, asegurando que en la primera vuelta se usaron más de 434 unidades y casi 450 unidades utilizadas.

RESPECTO A INFORMES DE CONTRALORÍA

En cuanto al informe de Contraloría sobre advertencia en el manejo de camiones tipo furgón, Alvarado respondió que es falso porque los choferes contratados para el servicio sí cumplían con la experiencia para el manejo de estas unidades. "Tenemos una flota de casi 200 unidades propias y, en cada servicio, se ha mandado la documentación de nuestras unidades", indicó.

Respecto a la publicidad para contratar choferes adicionales, explicó que toda empresa de transporte debe contar con un plan de contingencia, ya que su flota habitual de cerca de 200 trabaja con clientes frecuentes durante el año y no permanece exclusivamente para procesos electorales, aclarando además que los términos de referencia no prohibían la subcontratación.

Por otro lado, un analista de la ONPE declaró ante la Contraloría que el retraso de los vehículos se generó por demoras en la organización de paquetes y embalajes, lo que coincide con la versión de Galaga. Además, la Contraloría detectó que algunos conductores registraban infracciones vehiculares que podrían haber afectado la distribución.

Galaga SAC ya remitió documentación ante la ONPE solicitando una rectificación pública, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contrató a la empresa Galaga S.A.C. por más de 6 millones de soles para la distribución del material electoral en Lima Metropolitana y el Callao, pese a que la empresa presentó la oferta económica más elevada entre los postores. Galaga ofertó S/ 6 368 332, mientras que AFE planteó S/ 5 898 928 y Hermes S/ 6 200 184.

Según el informe periodístico, en las bases originales de la licitación, la ONPE exigía que los camiones tuvieran una capacidad mínima de 10 metros cúbicos, pero durante la evaluación los criterios se modificaron: los representantes de la institución determinaron descontar dos metros correspondientes a la cabina del conductor. Las empresas Hermes y AFE (con camiones blindados, personal capacitado y flotas modernas) vieron reducida la capacidad acreditada de sus vehículos con ese nuevo criterio y quedaron fuera; Galaga, en cambio, cumplía con las condiciones modificadas y así fue como se le adjudicó la buena pro.

Adicionalmente, se incorporó una cláusula que otorgaba mayor puntaje a la empresa que acreditara titularidad sobre 68 vehículos, por encima del mínimo exigido de 40. Galaga cumplió ese requisito y ganó la licitación, pese a que en el Registro Único de Contribuyentes de la SUNAT figura con apenas 13 trabajadores.

Galaga presenta penalidades previas

Los antecedentes de Galaga con la propia ONPE no eran desconocidos al momento de la contratación, en procesos electorales anteriores, la institución ya le había impuesto tres penalidades por un monto total de 64 000 soles. Una vez iniciada la jornada, la Contraloría General de la República identificó nuevas irregularidades en la ejecución del contrato.

El vocero de la Contraloría, Guzmán Vera Coronel, señaló que el proveedor incorporó conductores no acreditados al servicio sin la validación correspondiente. Vera Coronel precisó que “algunos de ellos contaban con infracciones muy graves durante los 12 meses” previos a la elección, y que la empresa cambió conductores a discreción sin notificarlo a la ONPE, en contravención directa al contrato suscrito.

Chats internos de la ONPE expusieron la desorganización interna

Los hechos ocurridos el pasado 11 de abril (un día antes de los comicios) quedó registrado en conversaciones de WhatsApp entre conductores de Galaga, coordinadores de la empresa y funcionarios de la ONPE. Desde las 7 de la mañana, un conductor reportaba su ubicación con fotografías; casi doce horas después, informó que se encontraba cerca a su destino.

A la medianoche, cuando el cronograma indicaba que todo el material debía estar en los centros de votación, decenas de unidades continuaban sin despachar. El gerente de Galaga, Juan Alvarado, envió un mensaje de emergencia al entonces subgerente de Producción Electoral de la ONPE, Juan Phang , quien fue suspendido de su cargo, para solicitar la salida de los vehículos vacios.

Otro chat grupal de coordinación dejó constancia de la ausencia de comisionados de la ONPE y de efectivos policiales para acompañar los furgones.

Fallas en el Sistema STAE de la ONPE

Cabe señalar que la ONPE presentó el Sistema STAE como una plataforma digital para el conteo de votos y la elaboración de actas, con cobertura en Lima Metropolitana y el Callao. Para su implementación, se adquirieron laptops e impresoras por 41 millones de soles, con entrega completada por la empresa SIVCORP el 10 de septiembre de 2025.

El representante de SIVCORP, Marcos Sayán, confirmó al programa que los equipos fueron entregados según lo pactado, precisando que “la orden de compra tiene fecha 14 de julio del 2025 y culminó el día 10 de septiembre del 2025” y que “cuando ellos reciben los equipos, tienen que dar una conformidad de los bienes.” Pese a disponer de los 31 234 equipos desde hace seis meses, la ONPE no los puso a prueba ni los embaló oportunamente.

El vocero de la Contraloría, Guzmán Vera Coronel, explicó que el problema fue más allá del retraso logístico, al señalar que “ese material de cómputo no coincide a los enchufes o no llegaron los enchufes”, lo que impidió la instalación en los tiempos previstos. Las fallas también incluyeron laptops sin conexión a internet, equipos que no reconocían los códigos de acceso e impresoras con cartuchos de tinta de corta duración.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazó de manera categórica versiones difundidas en medios y redes sociales que señalaban supuestas reuniones o contactos entre su presidenta y un ciudadano vinculado a la eventual jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Mediante un comunicado oficial firmado por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, la institución negó cualquier relación con el ciudadano José Alfredo Pérez Duharte, quien fue mencionado en algunas versiones como supuesto accesitario para la jefatura de la ONPE.

JNJ descarta reuniones o contactos con ciudadano mencionado

En el documento, la presidenta de la JNJ afirmó que no ha sostenido reuniones ni contacto alguno —directo o indirecto— con la persona mencionada.

Asimismo, precisó que no conoce al ciudadano y desmintió cualquier insinuación en ese sentido.

La institución indicó que las afirmaciones difundidas carecen de sustento y solicitó a la ciudadanía y a los medios informarse a través de fuentes oficiales.

Investigación contra jefe de la ONPE continúa

El comunicado también confirmó que la investigación preliminar seguida contra Piero Corvetto Salinas, jefe de la ONPE, se inició de oficio por decisión del pleno de la Junta Nacional de Justicia.

Según la entidad, el procedimiento se encuentra actualmente a cargo de un miembro instructor designado y se desarrolla conforme al marco legal vigente y con respeto al debido proceso.

Este proceso está relacionado con los hechos denunciados públicamente sobre el desarrollo del reciente proceso electoral.

Llamado a evitar información no oficial

Finalmente, la JNJ exhortó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no difundir información proveniente de fuentes no oficiales, al considerar que este tipo de versiones puede generar confusión en la opinión pública.

Además, advirtió que la difusión de contenidos sin sustento podría afectar la institucionalidad democrática y el desarrollo de las investigaciones en curso.

El comunicado fue emitido en la ciudad de Lima, el 19 de abril de 2026, como parte de las acciones institucionales frente a la difusión de versiones sobre el proceso electoral.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó este domingo un documento ante el Ministerio Público en el que anunció que entregará su pasaporte y autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en el marco de la investigación fiscal por presuntas irregularidades durante las Elecciones Generales 2026.

El documento, presentado por su defensa legal y a la que accedió El Comercio, señala que el titular de la ONPE se pone a disposición de las autoridades en calidad de testigo en la investigación por el presunto delito de colusión en agravio del Estado.

Entrega de pasaporte y cancelación de vacaciones

Como parte de las medidas adoptadas, Corvetto informó que decidió cancelar un periodo vacacional previamente programado entre el 7 y el 12 de mayo, debido a la situación generada tras el proceso electoral.

Según el documento, la decisión fue tomada el 15 de abril de 2026, en coordinación con su defensa, considerando su responsabilidad constitucional frente al desarrollo de las elecciones.

El titular de la ONPE también cuestionó el pedido policial que buscaba establecer medidas restrictivas en su contra, calificándolo como un “despropósito y exceso”, debido a que cuenta con seguridad permanente del Estado.

“Mi persona cuenta con Seguridad del Estado las 24 horas del día (...), por lo que resulta un despropósito y exceso la solicitud del Comando de Operaciones de la PNP”, señaló en el documento presentado ante Fiscalía.

Policía reforzó control en fronteras

Previamente, la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso que sus unidades especializadas refuercen los controles en puertos, aeropuertos, terrapuertos y puestos fronterizos, ante la posibilidad de eventuales intentos de evasión por parte de funcionarios investigados.

La medida fue comunicada mediante un documento suscrito por el teniente general PNP Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal (DIRNIC).

Estas acciones respondieron a la información de que la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR) evaluaba solicitar al Ministerio Público la detención preliminar por siete días contra el titular de la ONPE y otros implicados, así como allanamientos e incautación de bienes.

Policía descarta detención del jefe de la ONPE

Sin embargo, el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, descartó públicamente la posibilidad de una detención contra Corvetto.

“No tenemos información. Nosotros, la policía no sabemos eso, así que la policía no lo ha detenido”, declaró en entrevista con TV Perú.

Durante la mañana del domingo, el jefe de la ONPE fue visto salir con normalidad de su vivienda hacia la sede institucional, mientras un patrullero policial permanece en vigilancia en los exteriores desde hace cuatro días.

La investigación fiscal se originó tras las demoras registradas durante el proceso electoral, debido a la falta de material electoral que impidió la instalación oportuna de algunas mesas de votación, situación que llevó a extender los comicios hasta el lunes 13 de abril.

El Congreso de la República del Perú iniciará desde este lunes 20 de abril su cuarta semana de representación correspondiente al año 2026, conforme a la programación establecida por la Junta de Portavoces desde diciembre de 2025.

Esta actividad se desarrollará hasta el viernes 24 de abril, periodo en el que los 130 congresistas deberán trasladarse a sus respectivas circunscripciones o a distintas zonas del país para atender demandas ciudadanas y recoger información sobre problemáticas locales.

La programación fue oficializada mediante el Oficio Circular N.º 036-2025-2026-ADP-OM/CR, emitido por la Oficialía Mayor del Parlamento, que establece las fechas correspondientes a las semanas de representación para los meses de 2026.

¿En qué consiste la semana de representación?

La semana de representación está contemplada en el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, el cual establece cinco días laborables continuos por mes destinados a que los parlamentarios mantengan contacto directo con la población.

Durante este periodo, los legisladores deben:

• Reunirse con ciudadanos y organizaciones sociales.
• Recoger denuncias documentadas de la población.
• Fiscalizar a autoridades locales y regionales.
• Mediar entre ciudadanos y entidades del Poder Ejecutivo.

Asimismo, durante estos días no se realizan sesiones ordinarias del Pleno ni de las comisiones parlamentarias, mientras que las actividades desarrolladas por cada congresista deben ser reportadas oficialmente.

Regulación sobre proselitismo político

La semana de representación coincide con el desarrollo de la campaña electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026, lo que ha generado atención sobre las actividades políticas que pueden realizar los parlamentarios.

Mediante la Resolución Legislativa N.º 11306, publicada en septiembre de 2025, se incorporó el artículo 25-A al Reglamento del Congreso, el cual establece que los parlamentarios pueden expresar y promover posiciones ideológicas o partidarias en el ejercicio de sus funciones.

No obstante, la norma precisa que no está permitido realizar actividades de proselitismo político durante las sesiones del Pleno o de comisiones, salvo que se solicite licencia sin goce de haber.

Contexto político previo al nuevo Congreso bicameral

El inicio de esta semana de representación se produce en medio del proceso electoral nacional y a tres meses de la entrada en funciones del nuevo Congreso bicameral, que regirá tras las elecciones generales.

Según resultados preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con más del 93% de actas contabilizadas, la candidata Keiko Fujimori Higuchi, del partido Fuerza Popular, lidera el conteo con 17.05%, seguida por Roberto Sánchez Palomino con 12.00%, y Rafael López Aliaga con 11.92%.

Durante esta semana, los parlamentarios recorrerán diversas regiones del país para reunirse con autoridades locales, organizaciones sociales y ciudadanos, con el objetivo de atender necesidades y demandas de la población.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el conteo de votos de la Elección de Fórmula Presidencial 2026 alcanzó el 93.484% de actas contabilizadas, según el reporte actualizado al 19 de abril de 2026 a las 09:00 a. m.

De acuerdo con los resultados oficiales preliminares, la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi se mantiene en el primer lugar del conteo con 2,687,661 votos, equivalentes al 17.056% de los votos válidos.

Resultados preliminares con más del 93% de actas procesadas

Según el reporte de la ONPE, el segundo lugar lo ocupa Roberto Helbert Sánchez Palomino, quien registra 1,891,908 votos, lo que representa el 12.006% de los votos válidos.

En tercer lugar figura Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, con 1,878,522 votos, equivalente al 11.921%.

El total de actas registradas hasta el momento asciende a 92,766, mientras que un porcentaje aún se encuentra en proceso de envío al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y una fracción permanece pendiente.

Conteo continúa con actas en proceso de envío

El reporte oficial indica que 6.216% de actas aún se encuentra en proceso de envío al Jurado Nacional de Elecciones, mientras que 0.300% permanece pendiente, lo que significa que los resultados finales podrían variar conforme avance el procesamiento.

El sistema de la ONPE permite visualizar los resultados en tiempo real a medida que se integran nuevas actas al conteo nacional.

Las autoridades electorales reiteraron que los resultados difundidos corresponden a datos preliminares, sujetos a actualización continua hasta la culminación del escrutinio oficial.

Datos clave

• Entidad: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
• Elección: Fórmula Presidencial 2026
• Actas contabilizadas: 93.484%
• Total de actas: 92,766
• Actualización: 19 de abril de 2026 — 09:00 a. m.

Resultados preliminares:

• Keiko Sofía Fujimori Higuchi: 2,687,661 votos (17.056%)
• Roberto Helbert Sánchez Palomino: 1,891,908 votos (12.006%)
• Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla: 1,878,522 votos (11.921%)

Estado de actas:

• En envío al JNE: 6.216%
• Pendientes: 0.300%

La Policía Nacional del Perú emitió una disposición interna para reforzar acciones de control en distintos puntos del país, en el marco de una investigación que involucra al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto. La orden a la que tuvo acceso El Comercio establece medidas preventivas ante un posible intento de salida del territorio nacional.

El documento, emitido por la Dirección Nacional de Investigación Criminal, instruye a diversas unidades a intensificar la vigilancia en espacios estratégicos. Entre estos se encuentran aeropuertos, puertos, terminales terrestres y zonas de frontera.

Detalles de la disposición policial

La comunicación interna señala que se tomó conocimiento de una solicitud vinculada a diligencias fiscales en curso. En ese contexto, se menciona la posibilidad de requerimientos como detención preliminar, allanamientos e incautaciones.

“La Dirección Contra la Corrupción (…) solicitaría siete días de detención preliminar, así como el allanamiento e incautación de bienes (…) con el fin de evitar la manipulación de pruebas y asegurar dispositivos digitales, oficinas y vehículos”, precisa el documento.

Refuerzo de vigilancia e inteligencia

La disposición también ordena a las unidades especializadas coordinar con áreas de inteligencia para ampliar las labores de seguimiento. Estas acciones buscan anticipar cualquier intento de evasión o desplazamiento fuera del país.

“Se orientará a intensificar las acciones propias de la función policial orientadas a la prevención ante eventuales intentos de evasión o salida del país”, se lee.

La orden precisa que todas las intervenciones deberán ejecutarse conforme a las normas vigentes. Asimismo, se establece que el uso de la fuerza debe regirse por los principios establecidos en la legislación.

Finalmente, se indica que cualquier hecho relevante deberá ser comunicado de forma inmediata al comando institucional. Este mecanismo busca mantener el seguimiento constante de las acciones desplegadas en todo el país.

La organización que no ha tenido reparos en sumar al etnocaerista Antauro Humala, quien purgó prisión por el “Andahuaylazo” (homicidio, secuestro y otros), propone una nueva Constitución y una mayor, o casi total, intervención estatal.

PANFLETARIO

No son pocas las iniciativas de JP que suponen un retroceso. Las principales están relacionadas al capítulo económico. El plan de gobierno, presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), propone “revisar y cambiar” hasta cinco artículos constitucionales. Entre ellos, el que limita al Estado a incursionar en la “actividad empresarial, directa o indirecta” (art. 60).

“Se eliminará en la Nueva Constitución el aval a los contratos Ley y los regímenes tributarios y laborales”, agrega. A ello, se suma la renegociación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los “contratos sobre recursos naturales estratégicos: gas, minería, hidrocarburos, entre otros”.

Por otro lado, plantea un “sistema tributario progresivo que elimine privilegios y reduzca la evasión (de impuestos)”, así como “la aplicación del pago de impuestos a las sobreganancias”.

Por si fuera poco, sugiere un “control de precios” y la “prohibición gradual de exportación de minerales sin procesamiento y desarrollo de cadenas de valor nacionales”.

En este último sector, también se establecerá que el “100% de las concesiones extinguidas pasen al control del Estado” y que la “reducción del tiempo de las concesiones (mineras pase) de 30 a 5 años”. En síntesis, se ofreció al electorado un “mayor poder del Estado regulador”.

Sin embargo, una de las propuestas más polémicas es la creación del “Poder Popular” como un nuevo poder del Estado, “organizado desde formas básicas de participación ciudadana para la toma de decisiones”.

Es decir, un calco y copia de la dictadura chavista. El Estado, así, toma decisiones inconstitucionales bajo el concepto de que emanan del “poder popular”.

RETROCEDE

Una mención aparte merece la posición que ha tenido JP sobre el Banco Central de la Reserva (BCR) y su actual titular, Julio Velarde.

Sánchez apuntó contra el funcionario semanas atrás: “Usted, señor Julio Velarde, no nos representa. Nosotros, en nuestro primer día de gobierno, lo vamos a echar (…). Debemos cambiar el capítulo económico de la Constitución”.

Ayer, sin embargo, cambió de opinión en un intento por moderar su discurso ante una eventual segunda vuelta. Durante una conferencia de prensa, señaló que “hemos oído que está dispuesto a la conversación. (…) Nosotros estamos en la capacidad también de visitarlo y conversar con él, tomar un buen café y dialogar nuestros puntos de desencuentro”, aseveró.

Según la resolución emitida el 17 de abril, se anula la disposición previa y elimina la encargatura temporal que iba a asumir el gerente general de la ONPE, Bernardo Pachas.

La decisión ocurre en medio de graves denuncias de irregularidades en las Elecciones Generales 2026 tras reportes de retrasos en la instalación de mesas y observaciones sobre la distribución de material electoral.

A ellos se suma Acción Popular, que fue separado antes de tener un candidato presidencial.

En estos comicios, en los que los peruanos eligieron entre 37 organizaciones políticas, solo seis lograron asegurar la representación de sus bancadas.

Con el 79% de actas contabilizadas para senadores a nivel nacional, 88% en senadores regionales, 86% en diputados y 83% en el Parlamento Andino, estas son, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico Obras y Ahora Nación.

No pasan

De ese gran grupo de partidos perdedores en estas elecciones, hay varios que son considerados históricos para la vida política nacional. Entre ellos figura el Partido Aprista Peruano (APRA), fundado por el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre el 7 de mayo de 1924 en Ciudad de México.

En estas EG 2026, el APRA presentó a Enrique Valderrama como candidato presidencial.

En la elección al Senado, la agrupación alcanzó el 1.7% de los votos, mientras que en diputados solo llegó al 2%.

Otro caso es el del Partido Popular Cristiano (PPC), fundado por el exalcalde de Lima Luis Bedoya Reyes hace 60 años.

En estas elecciones, la agrupación integró la alianza Unidad Nacional, que llevó como candidato presidencial a Roberto Chiabra. En el Congreso, obtuvo 0.4% para el Senado y para diputados 0.6%.

Otro partido con trayectoria es Somos Perú, que fue fundado en 1995 por el ex burgomaestre de Lima Alberto Andrade Carmona. En estos comicios, llevó como candidato presidencial a George Forsyth.

En cuanto a votos para la Cámara Alta, el partido del “corazón” consiguió 1,2%, mientras que en la Cámara Baja tuvo apenas 1.7%.

Otro es Alianza para el Progreso (APP), creado por César Acuña Peralta en 2001 en la ciudad de Trujillo, que alcanzó 1.7% para senadores, mientras que para diputados obtuvo 1.2%.

Con APP, Acuña ha sido congresista, alcalde provincial de Trujillo, gobernador regional de La Libertad y hasta presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. “Solo me falta ser presidente”, expresó en alguna campaña.

Otros partidos con menos historia también tendrán que tratar de reinscribirse si quieren seguir existiendo. El Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), fundado en 1989, no presentó plancha presidencial, pero tampoco alcanzó los votos necesarios en ninguna de las dos cámaras del Congreso.

De igual forma, Avanza País, fundado por Pedro Cenas Casamayor el 10 de abril de 2000, tampoco mantendrá su inscripción tras obtener para el Senado 0.5% y en diputados 1%.

Entre los otros 29 partidos que deberán iniciar nuevamente su proceso de inscripción figuran Perú Libre, Podemos Perú, el Partido Morado, Perú Moderno, País para Todos, Primero la Gente, Venceremos y Sí Creo.

En las actuales elecciones, la valla electoral exigía el cumplimiento de dos condiciones simultáneas: alcanzar al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección de la cámara correspondiente y obtener un mínimo de representación, equivalente a 3 senadores o 7 diputados.

Requisitos

Tras este fracaso, las organizaciones políticas que deseen inscribirse en el ROP nuevamente deberán cumplir con dos exigencias.

La primera está establecida en la Resolución N.° 345-2019-JNE, vigente según el JNE, que fija en 24,800 el número mínimo de afiliados para lograr la inscripción.

El partido deberá volver a acreditar el padrón requerido por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y el Reglamento del ROP.

No obstante, desde 2024 se incorporó un nuevo requisito mediante la Resolución N.º 0051-2024-JNE.

Ahora se exige “la relación de adherentes en número no menor del tres por ciento (3%) de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional”, lo que equivale a 531.412 ciudadanos.

Asimismo, se indica que las organizaciones políticas cuentan con un plazo de dos años, contados a partir de la adquisición de formularios, para recolectar las firmas de adherentes y presentar la solicitud de inscripción ante el JNE.

En este proceso, la responsabilidad penal por eventuales irregularidades en la recolección de firmas recae en la persona designada por la organización y en quien suscribe la hoja de adherentes.

Además, no podrán inscribirse aquellas agrupaciones cuyo ideario o programa promueva la destrucción del Estado constitucional de derecho.

Opinión

Al respecto, el especialista electoral José Manuel Villalobos señaló a Correo que, aunque en estas elecciones hubo numerosos partidos inscritos, “el sistema está diseñado para que solo unos cuantos accedan al Congreso, evitando una alta fragmentación”.

Asimismo, explicó que la solicitud de inscripción de un partido político debe estar acompañada de documentos como las actas de constitución de comités, el acta de fundación, el estatuto y el reglamento electoral.

También incluye la designación de representantes y personeros legales y técnicos (titulares y alternos), además de un tesorero titular y un suplente.

Hay, en este contexto, un aspecto preocupante. Villalobos advirtió que los partidos con representación en el actual Congreso que no han superado la valla electoral podrían intentar aprobar una ley para evitar la cancelación de su inscripción.

No obstante, el experto en derecho electoral José Tello señaló que ello no sería posible.

“No puedes aplicar una ley desde un año antes de la elección, por el principio de intangibilidad normativa. Para esta elección ya no se puede aplicar ninguna ley y ellos están muertos en vida”, afirmó a este Diario.

Tello advirtió que la institucionalidad atraviesa una situación crítica debido a que la reforma de 2019 fue “errática”.

Añadió que el sistema hace competir a los partidos para que “se queden, compitan y mueran”, una lógica donde “el más fuerte sobrevive y el débil desaparece”.

“No puedes hacer institucionalidad a punta de una pistola en la cabeza”, aseveró.

También cuestionó que la competitividad electoral como mecanismo para fortalecer la institucionalidad partidaria haya resultado “un fracaso”.

Señaló que hoy los partidos son percibidos como “máquinas electorales”, que funcionan como “buses” cargados de candidatos durante la campaña y luego pierden utilidad.

En ese sentido, propuso que las organizaciones se inscriban cumpliendo los requisitos legales, pero no estén obligadas a participar de inmediato en elecciones, a fin de consolidarse, formar cuadros y evitar la venta de candidaturas “como si fuese un mercado persa”.

Como ejemplo, mencionó el caso del APRA que pese a no superar la valla, existe y mantiene “todas las bases activas”, lo que demuestra que conserva presencia e identidad política.

“Incluso en una movilización de 25.000 personas, los apristas lograron movilizar gente”, resaltó.

Burneo reveló que el voto en el extranjero no registró las mismas dificultades logísticas que Lima Metropolitana.

Sin embargo, precisó que sí se presentaron incidencias en dos circunscripciones en Estados Unidos: Orlando y Nueva Jersey.

Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el voto exterior muestra que el 26.3% de las 2,543 actas de la elección presidencial fue observada y derivada al Jurado Electoral Especial (JEE).

América concentra el mayor volumen con 423 actas observadas sobre 1,570. Le siguen Europa con 224 actas de 839, mientras que Asia registra 21 observadas de 107.

En Oceanía, solo dos de 21 actas totales irán al JEE.

África cierra sin observaciones, con sus seis actas contabilizadas.

En específico

Orlando y Nueva Jersey concentran tasas de observación superiores al promedio exterior.

Orlando no cuenta con actas pendientes pero registra que nueve de sus 21 actas fueron derivadas al JEE, lo que representa el 42.9% del total. Por otro lado, al cierre de esta nota, Nueva Jersey acumulaba 31 actas para el JEE y 25 pendientes de contabilizar sobre un universo de 128.

El politólogo Jean Carlos Rodríguez sostuvo que el porcentaje de actas observadas en el voto extranjero de estas elecciones es mayor al registrado en 2021, que fue de un 5%, y apuntó a fallas tecnológicas.

“Probablemente sea por los problemas que presentó el STAE y los errores que cometieron los miembros de mesa: sumas erradas, falta de firmas, datos ilegibles”, señaló.

El especialista cuestionó directamente la gestión de la ONPE. “Desgraciadamente se han evidenciado ineficiencias en la contratación de personal, traslado de material electoral, y finalmente está generando la pérdida de la confianza”, concluyó.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, informó que 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional recibieron 15,470 actas observadas, de las cuales 4,822 corresponden a la elección presidencial.

“De las actas que ya hemos atendido, tenemos 106 que irán a recuento de votos”, precisó a RPP.

Clavijo advirtió que el proceso depende de la rapidez con que la ONPE remita los expedientes.

“Nosotros necesitamos que inmediatamente la ONPE nos envíe las actas tanto a los jurados electorales especiales como el ejemplar que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones para el cotejo respectivo”, indicó.

Contraste

El analista electoral Mathieu Rojas advirtió a Correo que los plazos podrían extenderse considerablemente y trazó una comparación internacional.

“En Chile entre la primera y la segunda vuelta hay un mes, en Argentina también, en Francia hay solo dos semanas. Yo no me quisiera imaginar cómo sería Perú si tuviéramos un sistema así“, señaló.

El especialista estimó que “probablemente nos va a demorar cinco o seis semanas que se proclamen los resultados de los Jurados Electorales Especiales”.

Rojas también alertó sobre una posible dilatación en caso de que se ordenen reconteos.

“Si cuando teníamos todos los miembros de mesa igual demoró 10 horas contar un acta, imagínate si vamos a un proceso de reconteo”, subrayó.

Durante una actividad oficial en el distrito de Monsefú, en la provincia de Chiclayo, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas explicó que la prioridad del Ejecutivo es asegurar la ejecución de inversiones. En ese contexto, remarcó que la gestión encabezada por el presidente José María Balcázar busca que el presupuesto llegue a la ciudadanía en forma de obras.

“Lo importante no es solo que los recursos lleguen a los territorios; lo que tiene que llegar también son las obras”, expresó.

#NotaDePrensa | 🏗️ Más obras para mejorar la calidad de vida en las regiones
Desde #Monsefú, el MEF reafirmó que los recursos públicos deben traducirse en obras concretas y oportunas, priorizando el financiamiento de proyectos que cierren brechas y mejoren los servicios en… pic.twitter.com/udQW0nNaqk

— Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) April 19, 2026

Prioridad en el cierre de brechas

El ministro también se refirió a las intervenciones que se vienen ejecutando en distintas zonas del país. Sobre este punto, mencionó que las acciones del Gobierno están orientadas a reducir brechas en servicios básicos y mejorar las condiciones de vida.

“Hoy he visto y he constatado cómo el sector Energía ha llevado luz a la población de Olmos. También el sector Vivienda seguirá acercando obras a esta zona de Lambayeque. Evidentemente, nosotros vamos a tener que buscar el financiamiento y daremos prioridad a ese tipo de cierres de brechas”, indicó.

El titular del sector explicó que una de las funciones del Ministerio de Economía y Finanzas es garantizar que los recursos asignados se utilicen de manera adecuada. Por ello, señaló que el objetivo es evitar retrasos o paralizaciones en los proyectos de inversión.

“Es una tarea que le corresponde al MEF: asegurar que los recursos se orienten adecuadamente y, sobre todo, que se ejecuten y no queden paralizados”, resaltó.

Finalmente, el ministro destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con los gobiernos regionales y locales. Acuña indicó que se busca mejorar la calidad del gasto a través de asistencia técnica y acompañamiento en la ejecución de proyectos.

Este enfoque apunta a optimizar el uso de los recursos en todos los niveles de gobierno. La finalidad es que las inversiones se concreten y generen beneficios directos en la población.

Ante este escenario, el parlamentario de Somos Perú difundió un mensaje a través de sus redes sociales y abordó los efectos que, según indicó, tendría esta decisión en distintos ámbitos.

En esa línea, planteó que la postergación del proceso podría afectar los vínculos entre ambos países. Asimismo, consideró que la medida compromete la continuidad de acuerdos construidos a lo largo del tiempo.

“Sin apasionamientos y con sentido común. Considero irresponsable y compromete nuestras relaciones bilaterales con EEUU de 200 años al postergar la firma para renovar nuestra flota de aviones planificada desde hace muchos años”, escribió.

El congresista también señaló que la decisión se dio en una fecha cercana a la firma simbólica del contrato. Desde su perspectiva, este aspecto tiene implicancias en la imagen del país frente a su contraparte.

“Sabemos que existen prioridades y múltiples necesidades en el país, pero si la decisión del actual gobierno era postergar o cancelar el proceso de compra hasta el próximo gobierno, ello no debió esperar hasta el mismo día de la firma del contrato; ello no solo lesiona nuestra imagen y credibilidad a nivel internacional, es además una falta de respeto a nuestro socio estratégico”, expresó.

Sin apasionamientos y con sentido común. Considero irresponsable y compromete nuestras relaciones bilaterales con EEUU de 200 años al postergar la firma para renovar nuestra flota de aviones planificada desde hace muchos años.

Sabemos que existen prioridades y múltiples…

— José Jerí (@josejeriore) April 18, 2026

Llamado a reconsiderar la medida

Finalmente, el parlamentario se dirigió al jefe de Estado para exhortarlo a que evalúe la decisión adoptada. En su pronunciamiento incluyó una reflexión sobre las posibles consecuencias en el ámbito diplomático y comercial.

“Con profundo respeto Presidente Balcázar, lo invito a reflexionar, dejemos de lado las influencias nocivas para los intereses del país; de su decisión de hoy depende gran parte de nuestro presente y futuro diplomático y comercial”, planteó.

“En mi gabinete no hay ningún blanco, ningún acaudalado, ningún patrón. Aquí no hay caciques de tal manera que estamos hablando entre amigos del mismo nivel social. La policía y los militares también vinimos del pueblo. Y que mejor que servir al pueblo y para eso nos han colocado en la presidencia de la República”, aseveró.

Actividad en Lambayeque

Balcázar arribó esta tarde a la ciudad de Monsefú, en la región Lambayeque, para cumplir con actividades oficiales. En el evento participó acompañado por algunos ministros de Estado y autoridades locales.

El encuentro congregó a ciudadanos de la zona, ante quienes el presidente expuso los lineamientos de su gestión. En ese espacio también abordó temas vinculados al rol del Estado y la atención a la población.

En la actividad estuvieron presentes el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y miembros del gabinete. Entre ellos se encontraban el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, y el titular de Energía y Minas, Waldir Ayasta.

Además participaron el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola. Durante la jornada se anunció la creación de una universidad pública en Chiclayo y la implementación de institutos tecnológicos.

Inauguración de obra en Olmos

Horas antes, el mandatario se encontraba en el distrito de Olmos para inaugurar un sistema eléctrico rural en el centro poblado de Insculas. La obra beneficiará a más de 3,200 habitantes distribuidos en 21 localidades. En medio de la ceremonia, el líder del Ejecutivo resaltó su compromiso por concretar la entrega de obras durante su gobierno de transición.

“No estamos en campaña política. Nadie de los que está aquí al frente y, por lo tanto, no venimos a ofrecer, sino trayendo obras ya realizadas, es la única diferencia”, sostuvo.

¡Más desarrollo para las zonas rurales! 🇵🇪
En el distrito de Olmos, en el centro poblado de Insculas, el presidente de la República del Perú, José María Balcázar, lideró la inauguración del sistema eléctrico rural que beneficia a más de 3,200 ciudadanos de 21 localidades.

Esta… pic.twitter.com/JeVLusLDuA

— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) April 18, 2026

La decisión fue comunicada mediante una resolución jefatural emitida el viernes.

Según el documento, el titular del organismo informó “la cancelación de su descanso vacacional”, medida que modificó lo dispuesto previamente respecto a su ausencia temporal.

Días antes, una resolución emitida el 8 de abril señalaba que Corvetto haría uso de seis días de vacaciones entre el 7 y el 12 de mayo 2026, correspondientes al periodo 2022-2023.

Ese mismo documento también establecía que, durante esas fechas, el despacho de la Jefatura Nacional quedaría encargado a Bernardo Juan Pachas Serrano, gerente general. Con la nueva disposición, dicha medida quedó anulada.

📢 #ONPEChequea 🔎 | ACLARAMOS que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, no tomará vacaciones próximamente. Aquí lo explicamos. 🧵 pic.twitter.com/d4fcukDlM2

— ONPE (@ONPE_oficial) April 18, 2026

Entre los principales ejes mencionó proyectos de electrificación, acceso a servicios básicos y la futura creación de una universidad.

El mandatario destacó la reciente puesta en marcha de obras eléctricas y remarcó su impacto en zonas rezagadas.

“La luz representa la esperanza y el progreso”, expresó al referirse a la necesidad de reducir la brecha energética.

También señaló que su gestión está enfocada en resultados y no en promesas políticas. “No venimos a ofrecer, sino a cumplir con lo ya ejecutado”, manifestó ante autoridades locales y ciudadanos.

Respecto a la universidad anunciada para Olmos, indicó que el proceso de implementación ya está en marcha y que se reajustará la resolución de la comisión organizadora para otorgarle mayor presupuesto.

Esa información será necesaria para establecer qué postulantes competirán en la segunda vuelta programada para junio.

Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, indicó a RPP: “Nosotros tenemos previsto hacia la quincena de mayo tener, por lo menos, los resultados presidenciales, que es lo que necesitamos para determinar la segunda vuelta”.

La funcionaria explicó que el cronograma está ligado a la revisión de actas observadas, labor que en una primera etapa realizan los 60 Jurados Electorales Especiales instalados en el país.

Asimismo, precisó que hasta el 18 de abril, con corte a las 8:30 a.m., los JEE habían recibido 15 470 actas observadas.

También señaló que el 10% ya cuenta con pronunciamiento tras el cotejo de ejemplares para corregir errores materiales, aritméticos o falta de firmas.

• VER MÁS: César Acuña: rechazo popular marca el fin de una era

VOZ

Al cierre de esta publicación, el líder y fundador de APP seguía ocupando el décimo tercer lugar en los resultados de las elecciones presidenciales, con apenas 177,975 votos (1.13%).

Pese a que estas cifras le impedirán a APP tener representatividad en el nuevo Congreso de la República y perder su inscripción como partido al no pasar la valla electoral, Acuña dijo que “este provinciano se rinde”. “Desde donde me toque estar mi compromiso con el progreso de las familias humildes sigue intacto. Velaré siempre por el futuro de nuestros jóvenes”, añadió.

El también exgobernador regional de La Libertad se pronunció a través de sus redes sociales. La publicación está acompañada de un video en el que mezcla imágenes de la campaña electoral que realizó durante todo el país.

“Nuestro vínculo es para siempre y nace desde el corazón. El cariño y la confianza recibidos en cada rincón del país son el tesoro más grande que me llevo de estos miles de kilómetros recorridos. Mi labor no termina aquí, pues mantengo firme mi compromiso de velar por la seguridad y el progreso de nuestras familias humildes y jóvenes. ¡Gracias, pueblo peruano, por su amor incondicional!”, indica en el texto.

En el video, el también exalcalde de Trujillo reconoce tácitamente los resultados de los comicios y agradece el apoyo que recibió durante su visita a las diferentes regiones del Perú. “Hoy mi corazón tiene espacio solo para la gratitud. [...] Caminamos juntos todo el país. Cruzamos ríos y surcamos cielos para llegar donde otros no llegan, recorriendo cada camino sin detenernos para darnos la mano”, expresó.

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POSICIONES

Quien también se pronunció fue Martín Namay Valderrama, exgerente regional de La Libertad y uno de los principales operadores políticos de APP.

El dirigente apepista comentó que los resultados del domingo les debe a todos bajar al llano para “comenzar de cero” y “saber que los que han hecho daño al partido ya no deben estar”. “Espero ya se hayan ido. Seguiremos adelante”, señaló.

No obstante, para el regidor de Trujillo Jorge Vásquez Tirado, quien ha anunciado su salida de APP tras las elecciones, comentó que el partido de Acuña necesita “sacar a todas esas lacras” para poder recuperar protagonismo.

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“Nulidad parcial es cuando se refiere a una mesa de sufragio, por ejemplo. Todas esas están y van a ser evaluadas con objetividad por los magistrados en primera instancia de los Jurados Electorales Especiales”, advirtió durante la sesión extraordinaria.

No obstante, Burneo precisó que los expedientes serán resueltos por el pleno del JNE luego de ser apelados.

“Pierdan cuidado que vamos a evaluar todas las incidencias, inclusive aquellas que corresponde a nulidad total del proceso, que algunas organizaciones políticas y también ciudadanos han solicitado y están siendo respondidas”, señaló ante los congresistas.

El magistrado subrayó que el marco jurídico fija causales expresas para estos casos.

“El Jurado Nacional de Elecciones no escatima seguir actuando con probidad y de acuerdo a su criterio de conciencia y garantizando el derecho al sufragio en todo momento”, afirmó, en respuesta a quienes cuestionaron la extensión de la jornada de votación al 13 de abril.

Burneo defendió la constitucionalidad de las decisiones adoptadas. “Hemos tomado las medidas como máximo ente electoral y también intérprete del marco normativo”, sostuvo.

¿Se puede dar la nulidad parcial de los comicios? Expertos como el constitucionalista Enrique Ghersi aseguran que sí.

Ello debido a que el retraso en la instalación de decenas de mesas de sufragio -algunas hasta las cuatro de la tarde- ocasionó que muchos electores de Lima, que tenían varias horas en espera, se fueran sin sufragar.

Ello generó un gran ausentismo y afectó a los candidatos Rafael López Aliaga y Jorge Nieto.

Según Burneo, el ausentismo en la capital superó en 6% las elecciones de 2021.

Fallas

El JNE acumula 24,867 incidencias a lo largo del proceso electoral. Burneo detalló que estas abarcan todas las etapas, desde la selección de miembros de mesa hasta el repliegue de actas.

“Tenemos los informes del repliegue y del despliegue del material electoral, los cuales pondremos en conocimiento de esta digna comisión con todas las pruebas y todo el detalle”, se comprometió.

Respecto de los equipos tecnológicos, Burneo señaló que el software STAE no presentó fallas el día de la votación.

“Lo que ha fallado no es el software el día de la votación, lo que ha fallado son las máquinas o los equipos que fueron utilizados en ese software”, explicó.

El JNE había advertido que las impresoras fallaban desde la tercera hoja e instó a la ONPE a retornar al sistema convencional, requerimiento que fue ignorado.

El juez constitucional Iván Cabrera declaró improcedente el hábeas corpus, un recurso que protege la libertad de las personas, interpuesto por el ciudadano Rubén Serpa Valdez contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior.

La demanda también pedía prohibir a cualquier autoridad ingresar por la fuerza a la Residencia de la Embajada de México en Lima, donde Chávez permanece tras ser condenada a más de 11 años de prisión por conspiración para rebelión.

Cabrera determinó que la amenaza no era real ni inmediata y precisó que su permanencia es “una decisión propia y voluntaria”.

El juez precisó además que “el Gobierno peruano se encuentra aún evaluando dicha solicitud de otorgamiento del mencionado salvoconducto”, descartando una negativa formal.

Ordenó archivar definitivamente el expediente 18853-2025.

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En el registro, Humala afirma ante miembros de la llamada agrupación etnocacerista que “lo mejor que ha dado la izquierda, desde Pizarro hasta ahorita, como partido político, ha sido Sendero Luminoso y que me graben, carajo. Ha sido Sendero Luminoso, tenía ideología, tenía liderazgo y tenía martirologio”.

Estas declaraciones son relevantes porque el candidato presidencial Roberto Sánchez presentó a Humala como la figura que lideraría la lucha contra el crimen en un eventual gobierno de Juntos por el Perú, partido que disputa el segundo lugar con Rafael López-Aliaga para enfrentar a Keiko Fujimori en segunda vuelta.

Por esta grabación, Humala fue denunciado por apología al terrorismo en 2023.

Tras nuevas denuncias en su contra, sobre la pérdida de material electoral, la investigación que enfrenta en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) podría derivar en una medida cautelar: su suspensión preventiva en el cargo.

Constitucionalistas consultados por Correo coinciden en que la JNJ no solo está facultada para tomar dicha decisión, sino que la medida sería la más idónea de cara a la segunda vuelta.

En curso

La investigación preliminar a Corvetto se inició el lunes 13 de abril. La resolución que da inicio a este proceso, a la que accedió este Diario, le atribuye dos imputaciones.

Estas son: “1) la falta de instalación de mesas de sufragio, lo que habría impedido que electores ejerzan su derecho al sufragio, y 2) los retrasos generalizados en la instalación de mesas de sufragio, lo que habría generado que un número indeterminado de electores se retiren sin poder emitir su voto”.

En el mismo documento, en el que se consigna a Gino Ríos como miembro instructor, se otorgan diez días hábiles a Corvetto para que presente sus descargos. Tras esta presentación, Ríos Patio ya puede formular una propuesta de suspensión que, eventualmente, deberá debatirse en el pleno de la JNJ.

La Junta informó también, en un comunicado del 14 de abril, que otras denuncias ciudadanas contra Corvetto fueron acumuladas en este proceso. Ahora, sin embargo, se suman nuevas acusaciones por actas extraviadas o halladas en la vía pública.

Urgencia

El constitucionalista Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), detalló a Correo que una potencial suspensión, por parte del pleno de la JNJ, podría darse en dos semanas.

“Con este y todos los indicios que tenemos, que van desde la ineficiencia o posibles actos de corrupción –tras la denuncia penal del procurador del JNE– , evidentemente es posible dictar una medida cautelar de suspensión. Esta medida es necesaria para salvaguardar el resto del proceso electoral”, aseveró.

En esa línea, García Toma destacó que tras la suspensión del funcionario, el trámite del proceso que decida su destitución o no seguirá su curso.

Por otro lado, el también constitucionalista Enrique Ghersi consideró que “no es necesario esperar los descargos de Corvetto para dictar una medida de suspensión”.

“Yo pensaría que la JNJ se encuentra en posición de suspenderlo en cualquier momento. Hay elementos muy graves ocurridos en los últimos días: el señor Corvetto pidió vacaciones en medio de un proceso electoral y antes de la segunda vuelta; no se presentó ayer a una citación de la Policía porque, según dijo, estaba preparando sus descargos ante la Junta; y ahora aparecen votos en la basura”, apuntó.

Tanto Ghersi como García Toma coincidieron en que, ante una eventual salida de Corvetto, su reemplazo recaería en el secretario general de la ONPE, Elar Juan Bolaños Llanos.

Finalmente, fuentes de la JNJ refirieron que al interior de la entidad se apunta a una suspensión. Esta, sin embargo, podría tomar hasta treinta días hábiles. La segunda vuelta está agendada para el 7 de junio.

La ONPE, encabezada por Piero Corvetto, enfrenta serios cuestionamientos tras retrasar o postergar la instalación de mesas de votación el 12 de abril. A ello, se suma una denuncia periodística, emitida por el programa Beto a Saber, cuatro días después, sobre actas electorales halladas en la vía pública.

Desarrollo

El equipo de la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Sur, liderado por el fiscal provincial Ricardo López García, acudió al inmueble tras ser convocado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Dicha institución, a través de su Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales, requirió la presencia de la Fiscalía a fin de ejecutar un proceso de “constatación” a la ONPE.

En total, acudieron a la diligencia cinco fiscalizadores del JNE junto a otros diez funcionarios del MP. Este último grupo ingresó por la puerta número 2 de las instalaciones, conocidas como Eucalipto Parque Industrial, a bordo de un automóvil color negro.

Según detalló la Fiscalía, el objetivo fue “determinar el cumplimiento de las funciones de la ONPE sobre el material electoral”, así como su “existencia” en dicho almacén, usado en los comicios. Allí yace el material enviado por los jurados electorales especiales.

Supervisión

Al respecto, el presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló durante su presentación ayer en la Comisión de Fiscalización del Congreso que la “ONPE tiene el rol de organizar el proceso electoral en sí, incluyendo la logística”, mientras que el JNE “realiza la fiscalización del proceso mismo y administra, finalmente, justicia electoral”.

“Nos sumamos a la gran preocupación por los hechos gravísimos que han sucedido, en esta jornada electoral, ocasionados por ineficiencias en la organización que le compete a la ONPE; específicamente, en la ciudad de Lima Metropolitana”, sostuvo.

Posteriormente, reafirmó que el JNE continúa vigilante frente al “repliegue de la data o el material electoral para garantizar la transparencia del proceso”.

“Ya estamos recibiendo las actas observadas al nivel de los jurados electorales especiales. Ya se están resolviendo, si hubiera un recurso de apelación, el pleno del JNE los resolverá. Hace un año que estamos en sesión permanente”, finalizó.