Durante una conferencia de prensa, sostuvo que esta etapa permitirá conocer con claridad la situación del Estado y definir las primeras acciones de su gobierno.

Como parte de este proceso, informó la puesta en marcha de la “Oficina de la Presidenta Electa”, instancia que tendrá como principal función coordinar la transición con el gobierno saliente. “Todo el equipo se concentrará en el proceso de transferencia, por eso hemos decidido poner en marcha la Oficina de la Presidenta Electa”, afirmó. Asimismo, remarcó que “los problemas de los peruanos no pueden esperar”.

Equipo técnico

Como parte del proceso de transferencia de mando, Keiko Fujimori designó a los responsables de las comisiones encargadas de recibir la información y los pliegos presupuestales de los distintos sectores.

El segundo vicepresidente electo, Miguel Torres, asumirá la representación política de la plancha presidencial, mientras que Marco Vinelli fue nombrado jefe del equipo de transferencia y tendrá a su cargo la coordinación directa con los ministerios para conocer el estado de las cuentas públicas y la situación de cada cartera.

Keiko Fujimori indicó que el periodo de transición será una oportunidad para escuchar a diversos sectores, promover el diálogo y llegar preparada al inicio de su gestión.

En sus primeras declaraciones tras la proclamación, Fujimori señaló que inicia “una nueva etapa” y agradeció la confianza depositada por millones de ciudadanos.

La mandataria electa también aseguró que el país necesita recuperar el orden. “El Perú necesita recuperar el orden en sus calles, en sus instituciones y el Estado”, expresó durante su mensaje, en el que delineó algunas de las prioridades que marcarán el inicio de su administración.

Finalmente, Keiko Fujimori anunció las plataformas digitales oficiales que utilizará su despacho para informar a la ciudadanía sobre el avance del proceso de transferencia y las actividades que desarrollará antes de asumir formalmente la Presidencia de la República.

Estas cuentas serán el principal canal de comunicación durante la etapa de transición.

“Ya esta etapa concluyó, ya no estamos en elecciones. La población lo que hoy tiene es la expectativa, ¿qué va a hacer este nuevo gobierno? Los que votaron a favor y los que no votaron a favor de la señora Keiko Fujimori”, expresó ante la prensa.

Gutiérrez participó en la proclamación de Keiko Fujimori como parte de las autoridades invitadas y expresó un saludo institucional. Tras la ceremonia, se refirió al contexto que enfrenta el país y a las prioridades que deberá asumir la nueva gestión.

¿Qué temas planteó?

El titular de la Defensoría del Pueblo mencionó que la seguridad no es el único tema que preocupa a la ciudadanía. Asimismo, eñaló que también existe atención sobre el desempeño económico y los posibles efectos del fenómeno El Niño.

“Creo que el interés de todos los peruanos es en establecer que las expectativas de cambio que tienen que darse se puedan cumplir como tal. Y esas expectativas están vinculadas a la seguridad ciudadana”, indicó.

En otro momento, mencionó la corrupción entre los principales retos que deberá afrontar el Ejecutivo. Gutierrez sostuvo que distintos sectores del Estado presentan problemas que requieren intervención.

“Aparte de eso, también tenemos que ver cómo va a ser el Ejecutivo para ver el problema de la corrupción, nuestros hospitales tomados por mafias, EsSalud ya ni qué decir, o sea, todo eso tiene que abordarse rápidamente”, precisó.

El defensor del Pueblo consideró que el Congreso tendrá un rol relevante en la implementación de las políticas del Ejecutivo e indicó que el trabajo conjunto será necesario para responder a las expectativas ciudadanas.

Consultado sobre el posible escenario posterior a los comicios y las movilizaciones anunciadas en distintas regiones, Gutierrez planteó la necesidad de un proceso de acercamiento entre actores políticos.

“Tenemos que ingresar a un franco proceso de reconciliación nacional, y los gestos políticos son, o sea, quisiéramos sentir algo: la humildad del que gana y la grandeza del que pierde”, planteó.

Sobre el recurso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el excandidato Roberto Sánchez, el alto funcionario indicó que se trata de una decisión dentro del marco democrático. Asimismo, recordó que cada persona puede recurrir a las instancias que considere pertinentes.

El abogado sostuvo que, antes de continuar con la proclamación de Keiko Fujimori como ganadora de la segunda vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones debe resolver la apelación presentada contra el acta emitida por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2.

“Si es que se da la proclamación, habría ocurrido la sustracción de la materia; lo cual sería un precedente negativo porque todo litigante o toda parte tiene derecho a una audiencia para exponer los alegatos, los argumentos que correspondan”, comentó para RPP.

Asimismo, señaló que su organización política evaluará iniciar acciones ante la Corte Suprema, la Fiscalía Suprema, el Colegio de Abogados de Lima y las facultades de Derecho de universidades públicas y privadas si el JNE proclama a la fórmula presidencial sin realizar una audiencia previa.

“Si el Jurado Nacional de Elecciones decide proclamar sin previa audiencia, estaría pasando por encima del reglamento, la ley electoral. Tendríamos la posibilidad de accionar, pero tendríamos que evaluar”, indicó.

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En esa línea, señaló que el organismo electoral tiene la responsabilidad de oficializar los resultados una vez concluidas las instancias correspondientes y recordó que este cierre forma parte del funcionamiento regular del sistema democrático.

Burneo indicó que la confianza en la democracia se sostiene en el respeto a los resultados y en el cumplimiento de las reglas del proceso electoral. Además, afirmó que cada voto tiene el mismo valor dentro del sistema democrático.

En relación con ello, explicó que la igualdad del sufragio cuenta con respaldo constitucional y constituye un principio básico del sistema electoral. Asimismo, agregó que la legitimidad del proceso depende del trabajo de las instituciones encargadas de su organización.

“Todos los votos importan por igual y todos poseen exactamente el mismo valor democrático y el mismo respaldo constitucional”, precisó.

El encargado del organismo electoral también indicó que la democracia no concluye con la jornada de votación, sino que continúa en la etapa posterior. En esa línea, resaltó que esta fase implica el reconocimiento de los resultados y la necesidad de convivencia entre posiciones distintas.

“La confianza en la democracia se construye precisamente con esa certeza. Hoy culminamos todas las etapas previstas por nuestro ordenamiento constitucional y legal”, explicó.

Finalmente, destacó y agradeció el trabajo de los Jurados Electorales Especiales en la evaluación de actas y recursos durante el proceso. Burneo recordó que estas instancias forman parte del mecanismo que garantiza el desarrollo regular del sistema electoral.

El anuncio fue realizado por el vocero legal del partido, Roy Mendoza, quien indicó en RPP que la apelación corresponde al acta emitida por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2. Según explicó, mientras ese procedimiento permanezca pendiente, el máximo organismo electoral debería pronunciarse antes de cerrar el proceso de proclamación.

Horas antes de la ceremonia, la defensa legal de Juntos por el Perú consideró que el pleno del JNE debe analizar previamente los cuestionamientos formulados sobre el procesamiento de las actas provenientes del extranjero. Mendoza señaló que una decisión anticipada impediría que la agrupación exponga sus argumentos dentro del procedimiento electoral.

“Si es que se da la proclamación, habría ocurrido la sustracción de la materia; lo cual sería un precedente negativo porque todo litigante o toda parte tiene derecho a una audiencia para exponer los alegatos, los argumentos que correspondan”, advirtió previamente.

Advierten posibles acciones legales

El vocero legal indicó que el partido evaluará nuevas medidas si el Jurado Nacional de Elecciones continúa con la proclamación sin convocar previamente a una audiencia. Según explicó, esa posibilidad dependerá de la decisión que adopte el organismo electoral.

“Si el Jurado Nacional de Elecciones decide proclamar sin previa audiencia, estaría pasando por encima del reglamento, la ley electoral. Tendríamos la posibilidad de accionar, pero tendríamos que evaluar”, sostuvo.

De concretarse esa decisión, Juntos por el Perú indicó que analizará acudir a la Corte Suprema, la Fiscalía Suprema, el Colegio de Abogados de Lima y las facultades de Derecho de universidades públicas y privadas, instituciones que participan en la elección de integrantes del JNE.

Durante la entrevista también se consultó por la petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre ese procedimiento, Roy Mendoza informó que el expediente aún se encuentra en la etapa de calificación.

Pese al pedido formulado por Juntos por el Perú, el Jurado Nacional de Elecciones mantuvo la programación establecida para la ceremonia de proclamación. El organismo electoral oficializó a Keiko Fujimori como presidenta electa tras concluir el proceso correspondiente a la segunda vuelta presidencial.

El mensaje fue difundido minutos después de la ceremonia realizada por el máximo organismo electoral, que oficializó la victoria de la fórmula presidencial de Fuerza Popular para el período 2026-2031. La publicación también marca el inicio de las comunicaciones que la lideresa del partido realizará durante la etapa previa a su juramentación.

“Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí”, escribió.

La presidenta electa indicó que la siguiente etapa estará orientada a preparar el inicio de su gestión. Además, señaló que el trabajo previo a la asunción del mando estará basado en el diálogo y la coordinación.

“Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno”, aseguró.

La lideresa de Fuerza Popular también adelantó que utilizará sus cuentas oficiales para mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones que desarrollará junto a su equipo durante las próximas semanas. En ese sentido, invitó a los peruanos a seguir las publicaciones relacionadas con el proceso de transición.

“A través de estas cuentas, se compartirán los avances de esta etapa y el trabajo que venimos realizando. Los invito a acompañarnos”, exhortó.

Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí.

Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de… pic.twitter.com/b1mnqFyMdi

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 3, 2026

Próximo paso será la entrega de credenciales

Con la proclamación oficial de los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones, el proceso electoral entra en su fase final antes del cambio de gobierno. La entrega de credenciales a las autoridades electas está prevista para el 15 de julio en el Teatro Nacional de Lima.

Posteriormente, Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República para el período 2026-2031 durante la ceremonia de transferencia de mando programada para el próximo 28 de julio en el Congreso de la República.

La sesión estuvo programada para iniciar a las 12:00 p.m en la sede central del JNE, ubicada en el distrito limeño de Jesús María, sin embargo se retrasó durante varios minutos. La ceremonia está encabezada por el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, junto con los demás integrantes del Pleno de la institución Martha Elizabeth Maisch Molina, Gunther Hernán Gonzales Barrón, Ruben Jaime Torres Cortez, Aaron Oyarce Yuzzelli y Yessica Elisa Clavijo Chipoco.

Pese a tratarse del acto que formaliza su elección como presidenta de la República para el período 2026-2031, Keiko Fujimori decidió no acudir a la ceremonia. La información fue confirmada esta mañana por su equipo de prensa.

📡MIRA LA CEREMONIA AQUÍ

Personeros representan a Fuerza Popular

En lugar de la virtual mandataria electa, a la ceremonia asistieron los personeros legales de Fuerza Popular. Ellos representaron a la organización política durante la proclamación de los resultados oficiales que realiza el máximo órgano electoral.

Además de proclamar a Keiko Fujimori como presidenta electa, el Jurado Nacional de Elecciones oficializó a los integrantes de la fórmula presidencial de Fuerza Popular. De esta manera, Luis Galarreta quedó reconocido como primer vicepresidente de la República y Miguel Ángel Torres como segundo vicepresidente.

La proclamación general representa la última etapa del proceso electoral. Este procedimiento solo puede realizarse después de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) y el propio JNE resuelven en instancia definitiva todas las actas observadas, apelaciones y recursos de nulidad presentados por las organizaciones políticas.

Posteriormente, Keiko Fujimori deberá jurar al cargo como presidenta constitucional de la República para el período 2026-2031 durante la ceremonia de transferencia de mando programada para el 28 de julio en la sede del Congreso bicameral.

Según explicó, la autorización fue remitida por escrito el pasado 24 de junio y la solicitud se basará en la Ley 32181, promulgada en diciembre de 2024.

El letrado señaló que dicha norma permite que las personas mayores de 80 años, con autorización del Poder Judicial, puedan cumplir su condena en su domicilio en lugar de un establecimiento penitenciario.

“Entonces, estamos a la espera de que la Corte Suprema, a través de la Presidencia de la Sala Penal Permanente […], pueda calificar y señalar fecha para la vista de la causa”, expresó.

Torres Caro sostuvo que existen diversos informes médicos que acreditan un deterioro en la salud del exmandatario y afirmó que también atraviesa un cuadro de depresión.

Al respecto, manifestó: “Yo he conocido a Alejandro Toledo en su época de profesor, previa a ser presidente, y en su época de presidente. Obviamente, la agilidad mental, la fortaleza que todos estábamos acostumbrados a tener de Alejandro Toledo ya no es esa. O sea, yo no soy médico, pero se ve un deterioro cognitivo. Lo que más me ha impresionado es una situación de avanzada depresión. Él está desesperado, desde que llego hasta que me voy me pide ayuda”.

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Según el reporte de RPP, esta decisión se difundió a través del equipo de prensa de la lideresa en la antesala de la entrega de credenciales a la plancha presidencial, programada para el 15 de julio. El evento del JNE tiene como finalidad formalizar los resultados de la elección presidencial ya concluidos por los organismos electorales.

El acto oficial contará con la presencia de personeros de Fuerza Popular en reemplazo de la candidata presidencial. La ceremonia se realizará en la sede del Jurado Nacional de Elecciones ubicada en el distrito de Jesús María.

La programación del proceso electoral, esta instancia corresponde a la proclamación y oficialización de la plancha presidencial ganadora. En ella se incluye a los vicepresidentes designados dentro de la fórmula electoral.

Resultados oficiales finalizaron

El conteo final de votos a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se completó el 29 de junio. A ello se sumó la resolución de actas impugnadas por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE), lo que permitió cerrar la etapa de revisión del proceso.

De acuerdo con los resultados oficiales, la plancha de Fuerza Popular obtuvo 9 millones 223 mil 396 votos, equivalente al 50.135 %. La diferencia frente a su contendor de Juntos por el Perú fue de 49 mil 641 votos.

¿Cuándo se le entregarán las credenciales?

El Jurado Nacional de Elecciones estableció que la entrega de credenciales se realizará el 15 de julio. Este paso corresponde a la etapa final antes de la juramentación presidencial.

La asunción del cargo está prevista para el 28 de julio en la sede del Congreso bicameral. El periodo de gobierno será el 2026-2031, según el cronograma electoral.

Durante una actividad oficial, sostuvo que existen casos en los que autoridades son investigadas tras asumir cargos públicos sin que dichos procesos concluyan en una sentencia condenatoria.

El mandatario afirmó que es necesario replantear el funcionamiento del sistema siguiendo experiencias de otros países.

“Hay que seguir el camino de otros países. Si un fiscal denuncia y no consigue una sentencia, alguien tiene que asumir responsabilidades. No puede mantenerse una situación en la que se denuncie por casi todo el Código Penal y después esos casos terminen archivados”, expresó.

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El abogado Carlos Torres Caro señaló durante una entrevista en Exitosa, que la decisión del exmandatario se formalizó mediante un documento escrito. En ese contexto, se evalúa presentar el requerimiento una vez que se concrete el cambio de gobierno en el país.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | El expresidente de la República, Alejandro Toledo, le otorgó facultades a su abogado para solicitar un indulto humanitario debido al deterioro de su salud. Carlos Torres Caro, defensa legal del exmandatario, tramitaría el pedido una vez Keiko Fujimori asuma… pic.twitter.com/DGBKicE8RO

— Exitosa Noticias (@exitosape) July 3, 2026

Solicitud estaría dirigida al próximo gobierno

El letrado también explicó que el pedido no sería presentado de inmediato ante la administración de José María Balcázar. La estrategia legal considera que el trámite se realice cuando asuma la nueva gestión presidencial de Keiko Fujimori.

En esa línea, precisó que el documento sea ingresado después del cambio de mando del 28 de julio. Según explicó Torres, en dicho momento la autoridad entrante tendría la facultad de evaluar el pedido dentro de sus competencias.

El representante legal también mencionó que la administración saliente tendría un periodo limitado para analizar este tipo de solicitudes. Bajo ese argumento, se optaría por esperar la instalación del nuevo gobierno para presentar el expediente.

Defensa insiste en inocencia del exmandatario

El abogado señaló que Alejandro Toledo mantiene su posición de inocencia en el proceso judicial que enfrenta por el caso Odebrecht. Además, indicó que para su defensa se habría presentado información adicional sobre los fondos investigados.

“Él ha presentado una nueva prueba, anunciando que el dinero que se señala que él habría recibido, pues nunca lo recibió (...) hay una persona que tiene el dinero (...) él siempre sigue anunciando su inocencia, pero ante la situación de enfermedad que lo aqueja, tiene que llevar a cabo una situación como esta, de pedir un indulto”, precisó.

Si la solicitud prospera, corresponderá a la nueva administración determinar si corresponde otorgar o rechazar la medida. El caso se desarrolla en paralelo al proceso judicial que continúa su curso en el sistema de justicia peruano.

Con este dispositivo legal se declara el proyecto como de necesidad pública y de preferente interés nacional. Además, dispone que su ejecución se desarrolle bajo criterios de sostenibilidad fiscal y dentro del ordenamiento jurídico vigente.

La ley determina que la ejecución del proyecto deberá sujetarse a los principales sistemas administrativos del Estado. Entre ellos se incluyen los sistemas de programación multianual de inversiones, presupuesto público, endeudamiento, tesorería y las reglas fiscales junto al Marco Macroeconómico Multianual.

¿Cómo se ejecutará el proyecto?

La ley establece que la Nueva Carretera Central será ejecutada bajo titularidad pública. La definición de la modalidad de ejecución queda a cargo del Poder Ejecutivo conforme a la normativa vigente.

El texto contempla alternativas como obra pública tradicional o contratos de Gobierno a Gobierno. Asimismo, se incluyen esquemas de gerenciamiento de proyectos, oficinas especializadas y asistencia técnica de otros Estados, además de la participación privada bajo las reglas existentes.

El financiamiento del proyecto se realizará mediante recursos del presupuesto público y operaciones de endeudamiento. Además, se consideran ingresos generados por la propia infraestructura conforme a la normativa aplicable.

El Ministerio de Economía y Finanzas, junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, deberá incorporar progresivamente los recursos necesarios en la programación multianual. Todo el proceso se desarrollará bajo las reglas fiscales y el marco macroeconómico vigente.

Con la norma se creará una Comisión Multisectorial de Coordinación y Seguimiento de carácter temporal. Este grupo estará integrado por representantes de los gobiernos regionales del ámbito de influencia del proyecto, además de otras entidades del Ejecutivo.

Sus principales funciones serán la coordinación interinstitucional, seguimiento del avance físico y financiero y supervisión de la programación de inversiones. Dicho grupo deberá remitir informes semestrales a la comisión competente del Congreso.

Mientras que, el Poder Ejecutivo deberá garantizar la publicación periódica de información sobre el avance del proyecto. Esto incluye datos sobre ejecución presupuestal, hitos principales y cronogramas referenciales.

La ley establece un plazo de 60 días calendario para su reglamentación y su vigencia comenzará al día siguiente de la publicación del reglamento correspondiente. Adicionalmente, autoriza la creación de mecanismos financieros adicionales para sostener el proyecto. Entre ellos se contemplan fondos de inclusión vial, fideicomisos y esquemas vinculados a ingresos de la infraestructura como peajes.

Juntos por el Perú apela el acta de proclamación del Jurado Electoral Lima Centro 2 a fin que el JNE reconsidere la afectación que ha sufrido el procedimiento electoral de Peruanos en el Exterior y declare la nulidad de las elecciones llevadas a efecto en las oficinas consulares.… pic.twitter.com/Vr2Dvc5vhN

— Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 3, 2026

¿Qué argumentos presentó el partido?

El expediente presentado por Juntos por el Perú argumenta que el proceso electoral realizado en las oficinas consulares registró presuntas deficiencias que comprometerían la transparencia del escrutinio. Según el documento, estas situaciones afectarían el principio de intangibilidad electoral que debe garantizar la conservación de la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

Dentro de los fundamentos de la apelación, la organización afirma que existen elementos suficientes para solicitar la nulidad de todas las actas correspondientes al voto en el exterior. El recurso sostiene que las presuntas anomalías detectadas justificarían la invalidación integral de esos sufragios.

“Habría mediado graves irregularidades concretizando actos vulneratorios del principio de intangibilidad electoral, ocasionando, a su vez la afectación grave del procedimiento electoral de segunda vuelta de peruanos en el exterior”, se indica en el documento.

Además de la apelación presentada ante el Jurado Electoral Especial, Juntos por el Perú trasladó su reclamo a través de sus canales oficiales de comunicación. En sus publicaciones, la organización sostiene que su actuación busca garantizar el respeto al debido proceso durante la segunda vuelta electoral.

La agrupación también afirma que las presuntas irregularidades detectadas en las mesas instaladas en las oficinas consulares justifican la revisión del procedimiento. Por esa razón, considera que corresponde evaluar la nulidad de las actas observadas para proteger la validez del voto emitido por los peruanos residentes en el extranjero.

Partido exige que se programe una audiencia

Como parte de su estrategia, Juntos por el Perú solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que convoque una audiencia para exponer de manera oral los argumentos contenidos en el recurso. La organización busca que el máximo organismo electoral escuche los fundamentos jurídicos antes de emitir una decisión sobre la apelación.

“¡Exigimos audiencia inmediata!”, demandaron.

Con esta actuación, la organización espera que las autoridades electorales evalúen los cuestionamientos formulados contra el proceso desarrollado en las oficinas consulares. La decisión que adopten los organismos electorales determinará si la apelación continúa su trámite o si los resultados del voto en el extranjero permanecen sin modificaciones.

La ceremonia está prevista para las 12:00 horas y se desarrollará en la sede de la institución, en el distrito de Jesús María.

La sesión pública será encabezada por el presidente del JNE, Roberto Burneo, junto con los integrantes del Pleno del organismo. Durante el acto se validará el cómputo final al 100 % de los comicios realizados el 7 de junio.

Con los resultados definitivos de las autoridades electorales, se oficializará el triunfo de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien obtuvo el 50.135 % de los votos válidos en la segunda vuelta presidencial.

Además de la proclamación de la nueva jefa de Estado, el JNE oficializará a Luis Galarreta como primer vicepresidente de la República y a Miguel Ángel Torres como segundo vicepresidente.

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La medida también revierte la situación que había llevado a declarar desierto el concurso al no quedar postulantes aptos tras la salida de los dos candidatos. Ahora, la JNJ deberá reprogramar las etapas pendientes para culminar el nombramiento del próximo titular de la ONPE.

#EnVivo

JNJ declara fundado el recurso de reconsideración en el concurso para la jefatura de la ONPE

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/0cYPqLmxGP

— Canal N (@canalN_) July 3, 2026

Pleno aprobó el recurso por mayoría

La decisión fue adoptada durante la sesión del Pleno realizada el jueves 2 de julio y convocada por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera. El recurso fue respaldado por los magistrados María Teresa Cabrera Vega, Gino Augusto Tomás Ríos Patio, Germán Alejandro Julio Serkóvic González y Rafael Manuel Ruiz Hidalgo.

En contra de la reconsideración votaron el vicepresidente Víctor Hugo Chanduví Cornejo y los magistrados Jaime Pedro de la Puente Parodi y César Galindo Sandoval. Con ese resultado, Carlos Loyola Escajadillo quedó nuevamente habilitado para continuar en el concurso público.

Como se recuerda, Carlos Loyola Escajadillo había sido retirado del proceso mediante la Resolución N.° 414-2026-JNJ. La JNJ determinó que el postulante omitió consignar dos procesos judiciales de naturaleza civil que se encontraban en trámite al momento de presentar su declaración para el concurso.

La exclusión de Loyola, sumada a la renuncia por motivos de salud de la postulante Amparo Ortega el pasado 23 de junio, dejó al proceso sin candidatos habilitados. Como consecuencia, el concurso para designar al nuevo jefe de la ONPE fue declarado desierto.

JNJ reformulará el cronograma

Tras reincorporar a Carlos Loyola Escajadillo, el Pleno dispuso que la Dirección de Selección y Nombramiento elabore, en el menor plazo posible, un nuevo cronograma con las actividades pendientes del concurso. Esta reprogramación permitirá retomar las etapas restantes hasta la designación del nuevo jefe de la ONPE.

El proceso busca nombrar al sucesor de Piero Corvetto, quien renunció al cargo en abril luego de los cuestionamientos surgidos por los problemas registrados durante la primera vuelta electoral del 12 de abril.

La Junta Nacional de Justicia indicó que las decisiones adoptadas durante este procedimiento se sustentan en el respeto al debido procedimiento, la legalidad y la transparencia. Según la institución, estos criterios buscan garantizar la objetividad durante la elección del nuevo titular del organismo electoral.

Mientras se aprueba el nuevo cronograma y concluye el concurso público, la ONPE permanece bajo la dirección interina de Bernardo Pachas. La JNJ deberá definir las fechas de las etapas finales antes de realizar el nombramiento definitivo.

Suspenso

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), envió un oficio al presidente del JNE, Roberto Burneo, para informarle que este “ha comunicado su decisión expresa, voluntaria e irrevocable de no jurar ni asumir el referido cargo”.

“La Oficina Legal y Constitucional del Congreso concluye que, al no existir una regulación expresa para este supuesto, y mientras el senador electo no se incorpore al Congreso, corresponde al JNE resolver la situación planteada”, se lee.

El abogado y especialista en materia electoral, José Naupari, detalló a Correo que el inconveniente no radica en si López Aliaga puede apartarse del cargo, sino cuándo puede hacerlo.

“Este Congreso no tiene ninguna competencia para definir la situación de López-Aliaga ni para pedirle al JNE una definición porque, siendo un caso de apartamiento de autoridades, el Jurado debe pronunciarse a pedido del Senado. Este aún no ha entrado en funciones”, indicó. En esa línea, indicó que no es posible convocar a un accesitario.

Por otro lado, según el reglamento del Congreso, los senadores o diputados solo pueden ser reemplazados por su accesitario en casos de fallecimiento; enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente para el ejercicio de sus funciones; inhabilitación o destitución en juicio político por infracción a la Constitución; condena mediante sentencia firme de pena privativa de libertad efectiva por la comisión de delito doloso. Es decir, lo de “Porky” está fuera de las causales.

En el documento, Cuadros agradeció la confianza recibida para asumir el ministerio, al que describió como una “alta responsabilidad al servicio de la patria”.

También sostuvo que durante su gestión actuó “con integridad, dedicación y estricto respeto por el interés público, contribuyendo al fortalecimiento de las políticas y acciones para el desarrollo de la educación en el Perú”.

La exministra también expresó su reconocimiento a los servidores y funcionarios del Ministerio de Educación por su labor en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Asimismo, manifestó: “De igual manera, hago extensivo mi más profundo agradecimiento a los docentes del país, quienes, día a día, cumplen la función de formar a los estudiantes para hacer de ellos personas con calidad humana, con mayores y mejores aprendizajes”.

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Incluso mucho antes de que inicie la gestión, los nombres voceados dan señales del estilo de gestión que se tendrá.

A menos de un mes para el cambio de mando, la atención se centra en el primer equipo que conformará la virtual presidenta Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular (FP).

De acuerdo con información revisada por Correo, la experiencia muestra que no existe una fórmula única.

Algunos presidentes le dieron prioridad a un perfil técnico para transmitir confianza, mientras que otros optaron por un perfil con mayor peso político en un intento por construir gobernabilidad (ver infografía).

En este recuento revisamos quiénes fueron los primeros jefes del Gabinete Ministerial de los gobiernos elegidos en los últimos 25 años y sus perfiles.

ANTECEDENTES

Cuando Alejandro Toledo llegó a Palacio de Gobierno nombró al abogado Roberto Dañino Zapata como su premier, a pesar de no ser una persona de su entorno cercano.

Además, su primer Gabinete Ministerial no tenía integrantes de Perú Posible -en su mayoría- sino que eran tecnócratas.

Cuando Toledo presentó a su equipo dijo que este era “pluripartidista”.

“En el Gabinete están representados todas las sangres para buscar consenso y concertación para la gobernabilidad no sólo en el Congreso sino también en el Ejecutivo”, afirmó.

En su segundo gobierno en 2006, Alan García nombró premier a Jorge del Castillo.

El entonces presidente definió a Del Castillo como una persona de confianza y “de gran cercanía fraternal”.

El nombramiento del aprista no causó sorpresa, porque lo acompañó en campaña y se encargó del plan de gobierno.

El primer Gabinete Ministerial de García estuvo conformado por seis militantes apristas y nueve técnico independientes.

Del Castillo destacó que su equipo tiene una equidad de género sumamente importante (seis mujeres), con sectores independientes, de otros partidos y con experiencia.

Por su parte, Ollanta Humala nombró a Salomón Lerner, de una izquierda moderada, cuando asumió la presidencia en 2011.

Lerner Ghitis fue una figura clave para Ollanta, pues no solo fue su consejero en la campaña, sino también financista desde el 2006.

El equipo del exmandatario estuvo conformado, entre varios personajes, por personajes de su promoción del Ejército.

Cabe recordar que Lerner renunció de manera sorpresiva tras una reunión del Consejo de Ministros.

En una misiva, dijo que si bien la gestión de Humala se desarrollaba de manera correcta, con diálogo y consenso, requería ajustes de la conducción general.

Su dimisión se dio en un contexto de conflictos sociales porque en Cajamarca se oponían al proyecto Conga.

Pedro Pablo Kuczynski nombró como premier en 2016 a Fernando Zavala.

Si bien el economista no era del partido ni participó en la campaña, si conocía a PPK, pues cuando este era ministro de Economía, fue su viceministro.

Finalmente, el gobierno electo más reciente es el de Pedro Castillo en 2021.

El exmandatario nombró al congresista Guido Bellido, integrante de Perú Libre (PL), partido que lo llevó al poder. Sin embargo, su designación no se dio por una cercanía entre ambos, sino más bien por una recomendación de Vladimir Cerrón, líder de la agrupación del lápiz.

“Existe mucha especulación acerca del futuro gabinete, pero también conspiración caviar, ante lo cual el presidente, el partido y la bancada, darán una sólida respuesta. ¡Vamos seguros al cambio que necesita la patria!”, escribió Cerrón en redes.

ANÁLISIS

Fernando Tuesta explicó que desde el gobierno de Alberto Fujimori, los partidos que llegaron al poder perdieron un peso significativo porque eran sobre todo vehículos electorales.

“Los partidos dejaron de traer a buenos profesionales, dejaron de comprometer a intelectuales y académicos”, dijo.

En diálogo con Correo, el politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) consideró que lo más probable es que Keiko traiga a tecnócratas de su línea en su primer Gabinete Ministerial.

“Como primer gabinete puede ser mucho más atractivo con profesionales y técnicos”, apuntó.

Sobre el próximo premier, Tuesta dijo que es seguro que la lideresa naranja apueste por alguien de su círculo cercano, esto debido a que el jefe del Gabinete Ministerial será su portavoz.

“No sería sorpresivo que designe a Carranza que estuvo en su plan de gobierno o alguien de ese perfil”, indicó.

Asimismo, Tuesta recordó que en los años en que Keiko intentó llegar al poder, estableció compromisos con diversos sectores con intereses, por lo tanto, tendrá que lidiar con diferentes grupos de interés.

En otro momento, el politólogo que probablemente, Keiko coloque en los ministerios claves a personas de confianza o también a algunos competidores de la primera vuelta, como Rafael Belaúnde Llosa.

“Cuando se habla de técnicos y políticos, no se toma en cuenta que los políticos perdieron un peso significativo”, agregó.

POSIBILIDAD

Para el analista político Juan Paredes Castro, la figura de Luis Galarreta no solo genera confianza en Keiko Fujimori, sino que también tiene un perfil con experiencia para la buena conducción de un Gabinete Ministerial.

“Es un hombre de confianza de Keiko que puede desempeñar perfectamente el papel con habilidad y destreza”, indicó a Correo.

En la misma línea, señaló que los integrantes del futuro Gabinete Ministerial deben tener una combinación entre los técnico y lo político.

“Cada sector necesita una explicación de lo que hace, porque los liderazgos son eminentemente técnicos, pero los técnicos tienen que ser también político”, afirmó.

Sin embargo Paredes Castro señaló que no necesariamente los integrantes del gabinete deben ser militantes del partido.

Por otro lado, recomendó que los ministros sean personajes que no le tengan miedo a la prensa, sino que sean capaces de explicar lo que hacen a la opinión pública.

El líder político precisó ante los medios que mantendrá una línea de total independencia ejecutiva respecto al próximo Gobierno, y aclaró que su posición habría sido idéntica de haber ganado el balotaje Roberto Sánchez.

En paralelo, la agrupación que dirige, El Buen Gobierno, enfrenta un escenario adverso ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La legislación electoral vigente exige que los partidos inscriban un mínimo de 8 fórmulas a gobiernos regionales y 40 candidaturas a alcaldías provinciales o locales para conservar su registro. Sin embargo, la organización solo logró formalizar 6 listas regionales y 36 candidaturas municipales, por debajo de los umbrales obligatorios.

Esta situación coloca al partido bajo el supuesto legal de cancelación de inscripción, decisión que será resuelta por el pleno del tribunal electoral a inicios de 2027.

Nieto minimizó el riesgo y atribuyó el incumplimiento a una caída masiva de la plataforma digital de pagos institucionales del Estado durante las últimas horas del cronograma de inscripción, lo que habría impedido a sus personeros completar las transacciones a tiempo.

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Rafael López Aliaga pidió formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que deje sin efecto la credencial que lo acredita como senador de la República. La solicitud fue presentada luego de ratificar su decisión “expresa, voluntaria e irrevocable” de no jurar ni asumir dicho cargo.

Mediante un oficio dirigido al presidente del JNE, Roberto Burneo, el líder de Renovación Popular indicó que conoció, a través de los medios de comunicación, el documento enviado por el presidente del Congreso, en el que se solicita al organismo electoral resolver su situación.

López Aliaga precisó que su decisión quedó materializada al no presentar, hasta el 30 de junio, la documentación requerida por el Reglamento del Congreso, fecha límite para cumplir con ese procedimiento.

La documentación requerida incluía el formulario de datos personales, la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, además de la declaración de no estar comprendido en las incompatibilidades establecidas en el artículo 92 de la Constitución Política del Perú.

Asimismo, solicitó al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones resolver el caso “tomando como referencia las Resoluciones N.° 12-2015-JNE y N.° 26-A-2015-JNE”, relacionadas con “autoridades subnacionales que no juraron ni asumieron sus cargos”.

Además, insistió en que se anule la credencial que lo acredita como senador de la República y que se convoque a Absalón Vásquez para que asuma el cargo en calidad de accesitario.

La Oficina Legal y Constitucional del Congreso concluyó que no existe un marco normativo que regule la situación de un senador electo que, antes de asumir funciones, comunica que no jurará ni ejercerá el cargo.

El documento indica que el Jurado Nacional de Elecciones, mediante la Resolución N.° 1412-2026-JNE, oficializó los resultados de las Elecciones Generales 2026 y proclamó a Rafael López Aliaga como senador de la República para el periodo 2026-2031 por el partido Renovación Popular.

El informe añade que López Aliaga informó al Jurado Nacional de Elecciones y al Congreso que, por decisión propia y sin mediar impedimento legal, no presentará sus credenciales ante la Oficialía Mayor, ni cumplirá con la entrega de sus datos personales, la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, ni con el acto de juramentación.

En ese sentido, la Oficina Legal y Constitucional señaló que las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes no contemplan esta situación en particular, debido a que corresponde a un proceso electoral ya precluido para asumir un cargo de elección popular como senador del Congreso bicameral.

También, el informe señala que, una vez que el parlamentario electo se incorpora al Congreso —tras presentar sus credenciales, declaraciones juradas y prestar juramento— queda sujeto a las reglas sobre irrenunciabilidad, vacancia, pérdida del escaño parlamentario y reemplazo por el accesitario, previstas en la Constitución y en el Reglamento del Congreso.

La Oficina Legal propuso que los órganos parlamentarios evalúen la regulación del vacío normativo referido a los casos de parlamentarios electos que, por decisión unilateral, no juramenten ni ejerzan el cargo, con el objetivo de evitar incertidumbres jurídicas futuras y preservar la voluntad popular expresada en las elecciones.

La conformación de las juntas preparatorias de ambas cámaras quedó definida tras la entrega de credenciales a los diputados electos, actividad con la que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cerró el proceso de acreditación de los futuros representantes.

La junta preparatoria de la Cámara de Senadores estará presidida por Miguel Torres, en su condición de Senador por Distrito Único. Lo acompañarán Fernando Rospigliosi como Senador de mayor edad y Alejandro Muñante, de Renovación Popular, como Senador de menor edad.

En la Cámara de Diputados, la conducción recaerá en Cecilia Chacón, incorporada como Diputada Lima Metropolitana, con Luis Quispe Candia como Diputado de mayor edad y Romina Uribe Sáenz como Diputada de menor edad, ambos del Partido del Buen Gobierno y por la circunscripción de Lima Metropolitana.

Según la estructura de estas juntas, la presidencia recae en el senador o diputado más votado del partido más votado, mientras que la vicepresidencia corresponde al diputado más votado del mismo partido. Las secretarías se distribuyen entre el senador o diputado de mayor edad y el de menor edad, garantizando así una representación por experiencia y renovación generacional dentro de cada cámara.

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También explicó que la reciente autorización permitirá continuar con ese trámite ante la Comisión Permanente. “Estamos en la línea de entregar una administración con cuentas en azul, no en rojo”.

Durante el cierre del X Consejo de Estado Regional, el jefe de Estado indicó que espera presentar proyectos prioritarios que primero deberán ser aprobados por el Consejo de Ministros.

Por otro lado, Balcázar informó que el Ejecutivo solicitó facultades legislativas en materia de justicia. Según explicó, la propuesta busca modificar el marco legal relacionado con las denuncias contra gobernadores regionales.

Finalmente, el mandatario consideró necesario poner fin a las diferencias entre el Ministerio Público y la Policía Nacional en las investigaciones penales.

“Frente al crimen organizado hay que reforzar a la Policía Nacional para que sea la verdadera y única conductora de la política criminal”, subrayó.

¡Articulación descentralizada por el desarrollo del país! 🇵🇪
El presidente de la república, José María Balcázar Zelada, lideró el X Consejo de Estado Regional (CER) en la sede del COEN, un espacio de coordinación con ministros de Estado y gobernadores regionales para fortalecer… pic.twitter.com/ChIHuL0DTf

— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) July 2, 2026

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El Segundo Juzgado Constitucional de Lima rechazó una demanda de hábeas corpus que pretendía suspender la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta de la República.

El juez Jonathan Jorge Valencia López desestimó el recurso presentado el 22 de junio por el ciudadano Tomás Soldevilla, que también comprendía al JNE, la ONPE, el Reniec y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El demandante alegaba que Fujimori tendría doble nacionalidad, peruana y japonesa.

No obstante, el magistrado precisó que el hábeas corpus no constituye la vía idónea, ya que está orientado a la protección de libertades individuales y no de derechos colectivos ni de materias vinculadas a la seguridad nacional o soberanía del Estado, como argumentaba el demandante.

“Teniendo presente que los argumentos expuestos por el accionante no están referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, resulta improcedente la demanda en aplicación del artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional”, indica la resolución, con fecha 1 de julio.

Valencia López precisó que los llamados “derechos de naturaleza colectiva” que, según la parte demandante, estarían siendo vulnerados, “en realidad constituyen bienes jurídicos de relevancia constitucional”.

“En consecuencia, para una eventual tutela a través del proceso de habeas corpus, se requiere verificar la conexidad eincidencia de las conductas u omisiones denunciadas como lesivas, con el derecho a la libertad individual”, señala.

“Para ello, la presunta afectación del derecho conexo debe ser manifiesta y necesariamente derivar en un agravio concreto al derecho a la libertad individual, lo que no acontece en el presente caso, ya que de los hechos expuestos en la demanda se desprende que lo realmente cuestionado por el accionante, es la alegada afectación a los bienes jurídicos antes señalados debido a un aparente perjuicio producto de que una persona que supuestamente tendría doble nacionalidad, asuma el cargo de presidente de la República; hecho que bajo ningún modo incide de manera negativa, real, directa y concreta en el derecho a la libertad individual de la parte recurrente ni de otros sujetos y tampoco se ha acreditado en el presente caso conexidad alguna de los derechos o bienes jurídicos que se pretenden tutelar con el derecho a la libertad individual”, agrega.

Durante el encuentro dialogaron sobre seguridad ciudadana, transporte y prevención de desastres como parte de una agenda de trabajo.

Tras la cita, Reggiardo deseó éxito al próximo gobierno y destacó la importancia de fortalecer la institucionalidad del país.

“El éxito de la presidenta de la República será el éxito del Perú”, afirmó. Además, expresó: “Espero que, a partir del 28 de julio, con un nuevo gobierno, se pueda consolidar la institucionalidad en el Perú”, expresó.

El burgomaestre indicó que presentó su propuesta para crear una policía municipal y la Guardia Municipal, iniciativa que, según dijo, Keiko Fujimori “lo ve con buenas expectativas”. También señaló que existe disposición para trabajar de manera conjunta en temas relacionados con el transporte.

Finalmente, Reggiardo se mostró confiado en que el próximo gobierno impulse la puesta en funcionamiento de las locomotoras donadas a la Municipalidad Metropolitana de Lima para el proyecto del tren Lima-Chosica.

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El oficio fue remitido este jueves 2 de julio de 2026 al presidente del organismo electoral, Roberto Burneo.

La posición del Parlamento se basa en un informe de su Oficina Legal y Constitucional, el cual concluye que existe un vacío normativo para tramitar la renuncia de autoridades elegidas que aún no han jurado el cargo.

Por ello, señala que el JNE es la entidad competente para resolver el caso y determinar la validez de la credencial parlamentaria.

El documento también indica que el Congreso no cuenta con facultades para aceptar la renuncia de una persona proclamada que todavía no ha asumido funciones. En ese contexto, el JNE deberá evaluar el expediente y definir el mecanismo de sucesión en la lista de candidatos para el periodo 2026-2031.

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Según el organismo, el Ministerio de Economía y Finanzas no sustentó técnicamente el impacto que tendría este mayor gasto sobre las finanzas del país.

En su informe de orientación de oficio, la Contraloría indicó que el proyecto sí detalla el origen de los recursos y su destino, pero cuestionó que no explique el efecto de la medida sobre la sostenibilidad fiscal ni su relación con los riesgos macrofiscales previamente identificados por el propio ministerio.

También recordó que el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029 ya advertía un deterioro de las cuentas públicas, evaluación que no fue incorporada de manera expresa en la propuesta.

El proyecto contempla destinar S/ 9.596 millones para financiar inversiones públicas, garantizar la continuidad de servicios del Estado y atender otras obligaciones presupuestarias. De ese monto, S/ 4.160 millones corresponden a créditos suplementarios y S/ 5.436 millones provienen de recursos determinados.

Frente a estas observaciones, la Contraloría concluyó que existe una situación adversa que podría impedir una evaluación integral del proyecto durante su trámite legislativo.

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También indicó que, por ahora, no existe una reunión formal con la virtual presidenta electa y remarcó que su agrupación mantendrá su rol de control político.

“No hay una reunión todavía de manera formal. Esa decisión tiene que ver con la que tome nuestro líder, pero lo que es claro es que nosotros no vamos a renunciar a la posición de control político y fiscalización”, expresó.

Sobre el eventual pedido de facultades legislativas anunciado por Fuerza Popular, Bazán señaló que Renovación Popular revisará cada propuesta antes de adoptar una decisión. Explicó que algunos temas podrían recibir respaldo, mientras que otros serían observados.

“Las facultades se tienen que evaluar punto por punto. Hay temas en los cuales no estamos de acuerdo y vamos a pedir que se retiren”, indicó. Además, sostuvo que “En seguridad ciudadana y en el fenómeno del Niño está de más decir que se requieren medidas radicales” y planteó impulsar una reforma del sistema de justicia y del sistema penitenciario.

Finalmente, Bazán defendió la posibilidad de que Rafael López Aliaga postule nuevamente a la Alcaldía de Lima al considerar que existe un vacío legal sobre su situación como senador electo.

“Hoy Rafael López Aliaga no es senador de la República. Uno es senador cuando jura el cargo y desde ese momento se vuelve irrenunciable”, afirmó.

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El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada a favor del expresidente Pedro Castillo, con la que se buscaba anular el procedimiento parlamentario que dio lugar a su vacancia, ordenar su libertad y disponer su restitución en el cargo de jefe de Estado.

El colegiado desestimó el recurso que el ciudadano José Ponce Quispe interpuso el 10 de marzo de 2025, al considerar que se había producido una presunta vulneración de los derechos a la libertad e integridad personal.

En la demanda de hábeas corpus se sostiene que el acuerdo del Congreso que declaró la vacancia del exmandatario tras su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, formalizado mediante una resolución legislativa, es inconstitucional.

Según Ponce Quispe, el procedimiento de vacancia no respetó la exigencia de obtener 104 votos prevista en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, que se encontraba vigente cuando ocurrieron los hechos.

Asimismo, la demanda sostiene que este caso no se encuentra comprendido en los supuestos previstos en el artículo 117 de la Constitución para acusar a un presidente en funciones. Además, argumenta que el mensaje que leyó Castillo Terrones no llegó a configurar una situación de peligro para el Estado y que no se le brindó la oportunidad de rectificarse tras esos hechos.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional concluyó en su sentencia, a la que accedió RPP, que los cuestionamientos al procedimiento de vacancia presidencial no guardan una relación directa, concreta y negativa con la afectación del derecho a la libertad personal ni de los derechos conexos cuya tutela corresponde al hábeas corpus.

El colegiado también recordó que, en una sentencia anterior, ya había establecido que el Congreso actuó con legítima celeridad al declarar la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, en un contexto excepcional de emergencia y en defensa del orden constitucional que, según señaló, había sido vulnerado por el exmandatario.

El 4 de diciembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema sentenció al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, tras declararlo culpable del delito de conspiración para la rebelión por el fallido golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.

Además, el exmandatario cumple mandato de prisión preventiva mientras es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y otros, en el marco de los casos acumulados PetroPerú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

Durante la inauguración de la décima edición del CER, realizada en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el jefe del Gabinete precisó que 392 de esos proyectos ya cuentan con financiamiento para el 2026 por más de S/7 mil millones. En ese contexto, exhortó a priorizar una ejecución eficiente de los recursos públicos y culminar las obras en beneficio de la población.

Arroyo sostuvo además que el país atraviesa una etapa que demanda responsabilidad y estabilidad institucional, por lo que instó a las autoridades a continuar trabajando hasta el final de sus funciones y acelerar la inversión pública, al margen de las diferencias políticas.

Respecto al Fenómeno El Niño, señaló que el fortalecimiento de las acciones de prevención constituye una prioridad del Ejecutivo. En ese marco, destacó la declaratoria de emergencia por 60 días en 796 distritos del país, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, medida que permitirá ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación ante las intensas lluvias.

Finalmente, el titular de la PCM reafirmó la voluntad del Gobierno de mantener el diálogo con los gobiernos regionales para coordinar acciones frente a los principales desafíos del país. Durante la sesión del Consejo de Estado Regional, ministros, organismos especializados y gobernadores regionales evaluarán las medidas de prevención frente al Fenómeno El Niño y las acciones necesarias para proteger a la población y reducir los riesgos.

El presidente de El Salvador envió una carta en la que felicitó a Fujimori por su elección. Asimismo, expresó la voluntad de su gobierno de fortalecer los lazos de amistad, cooperación y entendimiento entre ambos países, y le deseó éxito en su próxima gestión.

Por su parte, el mandatario paraguayo, Santiago Peña, sostuvo una videollamada con la lideresa de Fuerza Popular y manifestó el interés de varios países de la región por trabajar con el Perú en iniciativas de integración. En respuesta, Fujimori reafirmó su compromiso de impulsar, desde el inicio de su gobierno, acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los peruanos.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, también le transmitió sus felicitaciones y destacó la importancia de contar con otra mujer al frente de un país en la región. Fujimori señaló que este hecho representa un incentivo para que más mujeres asuman roles de liderazgo y enfrenten los desafíos del continente.

A su vez, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, expresó sus mejores deseos para la próxima administración. La virtual mandataria agradeció el respaldo internacional y recordó que el Perú eligió por primera vez a una mujer como presidenta, lo que calificó como una gran responsabilidad.

Finalmente, Keiko Fujimori sostuvo una videollamada con la directiva de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), cuyos integrantes le expresaron su respaldo y buenos deseos. La virtual presidenta electa aseguró que asumirá el gobierno con entusiasmo y anunció que desde el primer día de gestión se adoptarán decisiones orientadas a cumplir los compromisos asumidos con la ciudadanía.

En declaraciones a Canal N, Molina explicó que el proyecto de ley observado por el Poder Ejecutivo corresponde al saneamiento técnico de los límites entre las provincias tacneñas de Candarave y Jorge Basadre, y aseguró que no modifica la frontera departamental entre Tacna y Moquegua. Precisó que el expediente se sustenta en la Ley 24888 de 1988, que ya definió esos límites.

Indicó que los procesos de delimitación territorial siguen un procedimiento técnico y legal que puede tomar varios años. Los expedientes son elaborados por los gobiernos regionales, evaluados por la Presidencia del Consejo de Ministros y luego enviados al Congreso, tras un análisis de mapas, documentos históricos y referencias geográficas, explicó el exfuncionario.

Según el exfuncionario, la controversia surgió por interpretaciones erróneas durante el proceso electoral y estaría vinculada a intereses relacionados con la distribución del canon minero y el valor de antiguos relaves. Sin embargo, sostuvo que estas diferencias deben resolverse por la vía institucional y no mediante medidas de fuerza.

Molina cuestionó el bloqueo del canal que abastece de agua a Ilo y remarcó que ninguna reivindicación territorial puede justificar la interrupción de un servicio básico. Asimismo, pidió al Ejecutivo conformar una comisión de alto nivel para dialogar con autoridades y comuneros, restablecer el suministro de agua y postergar la discusión territorial hasta después de las elecciones regionales y municipales.

Finalmente, criticó la falta de liderazgo de la Presidencia del Consejo de Ministros para enfrentar la crisis y consideró que el Congreso contribuyó a agravar el conflicto al aprobar una norma polémica en pleno contexto electoral.

También exhortó a las autoridades de Tacna y Moquegua a priorizar una agenda de desarrollo conjunto y un uso más eficiente de los recursos provenientes del canon y las regalías mineras, en lugar de profundizar la confrontación entre ambas regiones.

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Luis Enrique Arroyo Sánchez, aseguró que el Ejecutivo realizará una transferencia de mando “ordenada y transparente” tras la elección de Keiko Fujimori como presidenta electa del país.

Durante la ceremonia por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el jefe del Gabinete sostuvo que el Gobierno entregará “un país en marcha”, con una economía que mantiene su crecimiento, instituciones operativas y condiciones para garantizar la continuidad de las políticas públicas.

Arroyo afirmó que ese proceso será una muestra de la fortaleza democrática del país y reiteró que la administración del presidente transitorio José María Balcázar cumplirá la entrega del poder conforme a la Constitución.

Asimismo, indicó que el actual contexto político exige “responsabilidad, serenidad y absoluto respeto por la institucionalidad”.

Destacan la relación bilateral con Estados Unidos

Durante su intervención, el primer ministro también resaltó la relación entre Perú y Estados Unidos, a la que calificó como “sólida y duradera”.

Añadió que el vínculo económico constituye uno de los principales pilares de esa relación bilateral, junto con la cooperación en defensa, seguridad, lucha contra la delincuencia organizada y proyectos recientes en materia espacial.

🇵🇪🤝🇺🇸 | Perú reafirma compromiso con la estabilidad del país y el fortalecimiento de la relación entre el Perú y los Estados Unidos.

Durante la conmemoración del 250.º aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique… pic.twitter.com/Myg15Yj2Vz

— Consejo de Ministros (@pcmperu) July 2, 2026

JNE proclamará los resultados oficiales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente este viernes los resultados de la segunda vuelta presidencial celebrada el 7 de junio, luego de concluir el escrutinio al 100 %.

Según el conteo final, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, obtuvo 9.223.396 votos (50,135 %), mientras que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, alcanzó 9.173.755 votos (49,865 %), una diferencia de 49.641 sufragios.

Tras la proclamación oficial, Fujimori recibirá sus credenciales presidenciales el 15 de julio y asumirá la Presidencia de la República el 28 de julio, durante las celebraciones por la independencia del Perú.

Roberto Sánchez mantiene denuncias de fraude

Roberto Sánchez continúa rechazando el resultado electoral y sostiene, sin presentar pruebas públicas, que existió fraude durante la segunda vuelta.

El candidato solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para frenar la proclamación de los resultados, luego de que el JNE rechazara su pedido de anular la votación realizada por los peruanos residentes en el extranjero.

Sánchez argumenta que hubo cambios en el procedimiento de escrutinio de las actas del voto exterior respecto de la primera vuelta, aunque las autoridades electorales desestimaron su reclamo.

Así, agentes de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados al Crimen Organizado, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutaron cinco detenciones preliminares y 21 allanamientos en distintas sedes judiciales y viviendas vinculadas a los investigados.

De acuerdo a Canal N, entre los detenidos está el presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y su esposa; así como el coordinador de Servicios Judiciales de Recursos Humanos, el jefe de Imagen Institucional y el coordinador de Recursos Humanos de la institución.

Los allanamientos se desarrollaron en Lima, Trujillo, Puno, Abancay y Andahuaylas, e incluyeron las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, el Módulo Penal de Abancay, el Módulo Básico de Justicia de Andahuaylas y el Módulo Penal de esa provincia.

Según las pesquisas, la presunta organización criminal habría operado para ejercer control sobre decisiones dentro de la administración de justicia. Se trata de al menos 14 hechos investigados que permitirían identificar un esquema destinado a favorecer determinados procesos judiciales mediante presuntas prácticas irregulares.

De acuerdo a las investigaciones, los investigados habrían ejercido presiones y represalias contra magistrados para presuntamente influir en resoluciones judiciales; además, de promover designaciones irregulares de jueces supernumerarios y personal administrativo sin cumplir requisitos necesarios.

También se incluye presuntos actos de tráfico de influencias en procesos de contratación, manipulación del sistema informático institucional para direccionar expedientes judiciales, hostigamiento contra servidores que denunciaron irregularidades y el uso de documentación presuntamente falsa para acceder a cargos de confianza. Se investiga además, el presunto cobro de aportes económicos a trabajadores.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 097-2026-PCM, publicado en el diario El Peruano este jueves 2 de julio de 2026.

Así, la norma declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao, por peligro inminente ante intensas lluvias.

La medidas busca la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del riesgo existente, clasificado como muy alto, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

El dispositivo agrega que los gobiernos regionales y municipios comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de diferentes ministerios, entre otras instituciones, ejecutarán dichas medidas y acciones de excepción.

“Deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes”, se indica en el documento.

Se precisa que la implementación de las acciones previstas en la norma se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

La norma lleva la firma del presidente José María Balcázar; del titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y de nueve ministros de los sectores involucrados en las medidas a realizar de manera inmediata.

En medio de esos encuentros, persiste la incertidumbre sobre quiénes integrarán el próximo Gabinete Ministerial o quien lo encabezará. Lo que sí es seguro, en cambio, es que el próximo gobierno hereda diversos desafíos que no pueden esperar a ser abordados al 2027 y deben priorizarse este año.

De urgencia

La lideresa de Fuerza Popular deberá lidiar con problemas como el déficit fiscal, las deudas millonarias que arrastra Petroperú, la ampliación del Reinfo, la inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. Sobre este último, algunas instituciones públicas ya han realizado estimaciones.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), liderado por Julio Velarde –a quien Fujimori se comprometió a respaldar en el cargo–, señaló que el evento climático puede restar 0.7 puntos porcentuales al crecimiento del país al cierre de este año.

Los sectores más perjudicados serán el comercio, la agricultura, la construcción y la pesca.

Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), detalló que la captura de la anchoveta se redujo en 98% en mayo último, lo que afectará la producción de harina de pescado.

“Las cifras de crecimiento y de exportaciones del segundo y tercer trimestre serán más bajas de lo que se esperaba a inicios de año”, indicó a RPP.

Luego, recordó que la temporada de lluvias, que suele abarcar los meses de diciembre a marzo, impactará en los “cultivos de la costa norte, como el arroz, limón y caña de azúcar; así como a productos de la sierra central como el plátano”.

Sobre el sector construcción, precisó que 3 de cada 5 viviendas en todo el país (60%) “son informales; no tienen las estructuras adecuadas, servicios básicos o títulos de propiedad”.

En ese sentido, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) alertó a fines de junio último que Balcázar culminará su gobierno sin ejecutar S/11 621 millones destinados a obras de prevención.

Según la entidad, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) solo registra un avance estimado del 51%, al 19 de junio de 2026, de un total de 61 proyectos cotizados en S/22 784 millones.

Mientras tanto, Lima reporta un 3.7% de avance y S/1550 millones sin ejecutar; Lambayeque tiene un avance de 9.9% y S/1217 millones sin ejecutar, entre otros.

Criminalidad

En la lista continúan otros asuntos pendientes como la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Nueve de cada diez economistas señalan que estos factores “lideran los riesgos económicos de corto plazo”, de acuerdo al IPE.

Las cifras registradas a lo largo de este año no son alentadoras. Un total de 4867 decesos por muerte violenta se registraron hasta junio del 2026, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). De este grupo, 1055 fueron homicidios, otros 1108 no tienen causas específicas, 1557 corresponden a accidentes de tránsito, entre otros.

La inseguridad ciudadana le cuesta 11 mil 800 millones de dólares al país por año, de acuerdo al sexto reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia. Además, el 45% de ciudadanos refirió conocer negocios que cerraron o fueron restringidos por la delincuencia. Esto supone un crecimiento del 32% en comparación al 2025, es decir, un aumento de 3.2 millones de peruanos afectados.

Por otro lado, según una encuesta realizada por el IPE, ocho economistas de cada diez consideran que de buscar facultades legislativas, en el primer tramo de su gobierno, Fujimori “debería priorizar la seguridad ciudadana y la lucha contra economías ilegales”, por ejemplo, la minería ilegal.

En esa materia, el gobierno también tiene un asunto urgente: el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La ampliación de esta herramienta vence “el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero”.

Esta figura ha sido catalogada como una oportunidad para que miles de mineros informales operen incumpliendo reglas ambientales y normativas legales.

Petroperú

El déficit fiscal y una política que detenga el endeudamiento y el despilfarro en los que incurre Petroperú también serán asuntos a priorizar.

A mayo del 2026, el déficit fiscal se ubicó en 1.6% del PBI anualizado. Una cifra que aún genera alertas pese a un ligero descenso reportado por el BCR, pues del 2.2% registrado a fines de 2025 se pasó a un 2.1% al cierre del primer trimestre de 2026.

En abril y mayo últimos, mientras tanto, se reportaron cifras de 1.9% y 1.6% del PBI anualizado, respectivamente.

El Consejo Fiscal, por otro lado, alertó que el Congreso aprobó 11 leyes, entre enero y marzo de este año, que suponen un gasto de S/11 400 millones que bien podría llegar a S/15 000 millones.

El problema es una iniciativa de gasto que el Congreso no tiene, pero que fue amparada por una sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en pandemia. Sumado a ello, el gobierno de Balcázar impulsa un crédito suplementario de S/9000 millones en el Legislativo, equivalente a un 1% del PBI.

Petroperú, en tanto, registraba a octubre del 2025 pérdidas netas por S/1611 millones y, a diciembre del mismo año, deudas con proveedores que superaban los S/2569 millones.

El Estado ya había desembolsado, entre 2022 y 2024, un monto de S/17 mil 888 millones en ayudas económicas. Ese monto supera los presupuestos por año que reciben sectores como Salud y Educación.

Si bien José Jerí impulsó una política de austeridad bajo un Decreto de Urgencia con una vigencia de un año, el 31 de diciembre del 2025, Balcázar autorizó que la petrolera estatal pidiese financiamiento por $2000 millones a la banca privada internacional, frente a quien el Estado actuará como garante.

En ese contexto, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) envió un mensaje a Fujimori, de forma pública, para pedirle priorizar “la unidad nacional, la seguridad ciudadana, las acciones para enfrentar el fenómeno de El Niño, la generación de empleo formal y el crecimiento económico”.

“Reiteramos nuestra disposición de trabajar conjuntamente en una agenda de consensos que promueva la inversión privada, la competitividad, el empleo formal y más oportunidades”, acotó.

DETALLES

Ayer, el exalcalde de Lima, le envió un oficio a Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso.

En el documento, López Aliaga pide que le comuniquen su decisión de no asumir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objetivo de dejar sin efecto la entrega de su credencial y que se convoque a su accesitario, Absalón Vásquez.

El motivo del escrito es porque el 30 de junio venció el plazo para que los senadores elegidos presenten ante Oficialía Mayor del Congreso sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, los que no cumplan con dicho requisito, no pueden jurar ni ejercer el cargo de senador.

“Esperar únicamente el acto formal de instalación implicaría mantener innecesariamente vacante un escaño cuya representación corresponde a la organización política y, en definitiva, a los ciudadanos que respaldaron nuestra candidatura”, se lee en el documento.

ANÁLISIS

Para el experto en temas electorales, José Tello, si el Congreso resuelve hasta el viernes que RLA no está apto para asumir como senador, este podrá apelar ante el JNE.

Cabe precisar que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró recientemente improcedente la candidatura de López Aliaga como teniente alcalde de Lima, por haber sido elegido senador.

“En una apelación uno debe presentar un medio probatorio, en este caso sería un documento del Congreso que lo declara como no apto”, dijo.

Sobre el reemplazo para RLA en el Congreso, Tello señaló que la situación deberá ser definida por la Comisión Permanente o el nuevo Parlamento.

La propuesta busca inyectar 9 mil millones de soles al presupuesto del Estado para financiar obras, servicios públicos y otras medidas durante el 2026, entre ellas el pago de beneficios a los trabajadores del régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios).

Presión

El excandidato presidencial Roberto Sánchez llegó a Palacio de Gobierno junto a su nueva bancada de Juntos por el Perú, entre ellos el senador electo José Castillo, hermano del golpista Pedro Castillo; y la diputada electa Yenifer Paredes, cuñada del exmandatario.

“Solicitamos formalmente una reunión para tratar sobre la agenda única del crédito suplementario”, declaró Sánchez a la prensa a su salida.

El congresista añadió una comparación sobre la magnitud del monto y agregó que “son nueve mil millones de soles. Realmente, en los últimos cinco años no se ha planteado un crédito suplementario de esa magnitud”.

Lo que Sánchez busca es que ese tema sea visto por el próximo Congreso, donde tiene 32 diputados y 14 senadores. Es decir, tener un mayor peso en el destino de los recursos.

Fondo. La Comisión de Presupuesto aprobó su dictamen el pasado martes, 18 días después de ser presentado el proyecto de ley.

El paquete se divide en dos partes: La primera destina 4,160 millones de soles a un crédito suplementario en general; y la segunda habilita 5,436 millones más en canon y regalías para regiones y municipios.

El Consejo Fiscal lleva meses insistiendo en el riesgo de aprobar normas sin fuentes claras de financiamiento.

Sin embargo, el Gobierno Regional de Moquegua cuestionó su alcance al considerar que afectaba la zona de Quebrada Honda.

El representante del Comité de Lucha de Tacca, Aurelio Paria, defendió la iniciativa y afirmó que el proyecto “no le quita ni un centímetro cuadrado de su territorio” a Moquegua.

En el oficio enviado al Congreso, el Gobierno señaló que resulta necesario modificar la disposición complementaria final para “garantizar que estas zonas involucren a provincias y distritos en Tacna”, con el objetivo de precisar el alcance territorial de la norma.

Por su parte, la gobernadora de Moquegua Gilia Gutiérrez cuestionó el proyecto de ley. “Ha tenido serias irregularidades porque, primero, no se convocó a la región de Moquegua para hablar de sus límites”, señaló a Exitosa.

Durante la ceremonia, realizada en el hotel Sheraton, el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, afirmó que esta etapa es “un hecho histórico” al mejorar la calidad de las leyes y la representación política.

Rospigliosi agregó que el nuevo sistema permitirá “revisar, contrastar y perfeccionar” las normas mediante dos cámaras con funciones diferenciadas.

A través de una carta firmada por su presidente, Felipe James Callao, el gremio empresarial también extendió sus felicitaciones a los militantes de Fuerza Popular y al equipo de campaña de la presidenta electa.

En el documento, la SNI manifestó su deseo de que la próxima gestión contribuya a construir un país más seguro, con crecimiento económico, reducción de la pobreza y mayores oportunidades para todos los peruanos.

Asimismo, el gremio reafirmó su compromiso de promover iniciativas orientadas a fortalecer la industria manufacturera como motor de generación de empleo de calidad y de valor agregado para los recursos naturales.

También destacó su defensa de la democracia representativa, la institucionalidad, el libre mercado y la libre competencia como pilares para el desarrollo nacional.

Como parte de la comunicación, la SNI remitió a Keiko Fujimori un libro conmemorativo por el 130.º aniversario de la institución, en el que se recopilan los principales hitos y actividades desarrolladas por el gremio empresarial.

La Sociedad Nacional de Industrias expresa sus felicitaciones a la presidenta electa del Perú, @KeikoFujimori , y le desea los mayores éxitos en la importante tarea de conducir el país. 👏🇵🇪

Como gremio que representa al sector industrial peruano desde hace 130 años, reafirmamos… pic.twitter.com/RPXUHmavV4

— SNI (@SNIndustrias) July 1, 2026

“El Poder Ejecutivo entregará al próximo gobierno un país en marcha, con una economía que mantiene su crecimiento, instituciones operativas y condiciones que permitan asegurar la continuidad de las políticas públicas”, señaló Arroyo en su discurso.

El titular de la PCM también afirmó que el Perú atraviesa un proceso de transición democrática que, según indicó, debe desarrollarse con responsabilidad, serenidad y respeto por la institucionalidad.

Durante su intervención, Arroyo destacó además la relación bilateral entre Perú y Estados Unidos.

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La medida comprende al personal sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 de la Sunafil, el Poder Judicial, la Sunarp y Cofopri.

La norma establece que estas instituciones quedarán exceptuadas de las limitaciones previstas en los artículos 6 y 9 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con el fin de facilitar la ejecución de las mejoras remunerativas aprobadas previamente.

En el caso de Cofopri, también se autorizan modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático para financiar dichos incrementos.

Además, la ley modifica las disposiciones relacionadas con el Incentivo Único–CAFAE destinado al personal de la Biblioteca Nacional del Perú comprendido en el régimen laboral del Decreto Legislativo 276. En ese marco, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá aprobar, mediante resolución directoral, el monto y la escala de este beneficio durante 2026.

La disposición también exonera a la Biblioteca Nacional del Perú de determinadas restricciones presupuestarias y vinculadas a las transferencias al CAFAE.

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El informe de calificación técnica concluyó que no se acreditó un agravio directo ni la existencia de una infracción constitucional o delito de función atribuible al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, precisó que la organización y fiscalización del proceso electoral son competencias exclusivas de los organismos del sistema electoral y no de la Cancillería.

La denuncia fue presentada el 22 de junio por Pablo Salas Charca, personero legal alterno de Juntos por el Perú, agrupación que acusó al canciller de presuntas anomalías en el traslado de las actas de votación del extranjero.

El partido cuestionó el cambio del sistema de digitalización inmediata por el envío físico mediante valijas diplomáticas, al considerar que ello afectó la cadena de custodia.

Tras conocerse la denuncia, Carlos Pareja rechazó las acusaciones y sostuvo que el Ministerio de Relaciones Exteriores solo cumplió funciones logísticas y de asistencia consular.

Además, recordó que organismos como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y las misiones de observación internacional no reportaron irregularidades técnicas durante la jornada electoral, argumentos que fueron considerados antes del archivo definitivo del caso.

El procedimiento culminó con la emisión del acta descentralizada por parte del Jurado Electoral Especial de Huánuco.

Durante este proceso, los JEE realizaron audiencias públicas en sus respectivas jurisdicciones para dar a conocer los resultados oficiales de la votación. Estas sesiones fueron transmitidas en vivo mediante las redes sociales institucionales y el portal de la entidad.

Antes de la proclamación, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales remitieron a cada jurisdicción los reportes con el 100 % de las actas contabilizadas.

Con esa información, los órganos electorales elaboraron y suscribieron las actas correspondientes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 316 y 317 de la Ley Orgánica de Elecciones.

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Durante la ceremonia, el presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi, destacó que el regreso de la bicameralidad representa un paso para fortalecer la representación política y mejorar el proceso legislativo.

Rospigliosi explicó que esta capacitación proporcionará las herramientas necesarias para que los nuevos legisladores desempeñen sus labores desde el inicio de su gestión. Asimismo, señaló que el retorno de este modelo parlamentario es resultado de un proceso de reflexión constitucional y permitirá incorporar una segunda instancia para revisar y perfeccionar las leyes.

El titular del Legislativo precisó que la Cámara de Diputados será la encargada de iniciar el debate de los proyectos de ley, mientras que el Senado asumirá la función revisora.

En ese contexto, remarcó: “La fortaleza de la bicameralidad no reside en la supremacía de una cámara sobre la otra, sino en el diálogo institucional entre ambas”.

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“América Latina está entrando en una nueva era. Una era de liderazgo firme, de decisiones valientes y de gobiernos comprometidos con el futuro de sus ciudadanos. Felicitaciones Keiko Fujimori. Nuestros países tienen una oportunidad histórica para avanzar juntos”, escribió en su cuenta de la red social X.

Fujimori ganó las elecciones presidenciales de Perú para el periodo 2026-2031, tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral veintidós días después de la votación, y señaló que recibió los resultados con gran responsabilidad porque estará al frente de un país “dividido”.

Con el conteo al 100 %, la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, que sumó un total de 9.173.755 papeletas, lo que significa una diferencia de menos de 50.000 votos entre ambos candidatos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes, mientras que el 15 de julio, Fujimori recibirá las credenciales de presidenta electa y el 28 de julio será investida en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se impuso a Sánchez en su cuarta postulación a la presidencia de Perú, después de haber perdido en segunda vuelta contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

América Latina está entrando en una nueva era. Una era de liderazgo firme, de decisiones valientes y de gobiernos comprometidos con el futuro de sus ciudadanos.

Felicitaciones @KeikoFujimori. Nuestros países tienen una oportunidad histórica para avanzar juntos.

— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) July 1, 2026

En el documento también pidió que se convoque al candidato no proclamado que corresponda para asumir el escaño de Renovación Popular.

El excandidato presidencial señaló que el 19 de junio comunicó al Jurado Nacional de Elecciones su decisión de desistir de la proclamación y que el 22 de junio presentó un escrito similar ante la Oficialía Mayor del Congreso. Asimismo, indicó que el 30 de junio venció el plazo para presentar las declaraciones juradas y el formulario de datos personales exigidos a los senadores electos, requisitos que no entregó al haber decidido no incorporarse al cargo.

En su carta, López Aliaga sostuvo que no tiene sentido esperar la instalación formal del Senado para confirmar si jurará al cargo, ya que su decisión fue comunicada de manera anticipada.

“Esperar únicamente el acto formal de instalación implicaría mantener innecesariamente vacante un escaño cuya representación corresponde a la organización política y, en definitiva, a los ciudadanos que respaldaron nuestra candidatura en las urnas”, señaló.

Además, argumentó que el Reglamento del Congreso no contempla el caso de un senador electo que renuncia antes de asumir funciones y citó resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones como precedentes para sustentar su pedido.

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