La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.° 05198-2026-JEE-LICN/JNE, emitida el 5 de agosto, con lo que su salida de la lista quedó oficializada.

La solicitud fue presentada ante la mesa de partes del organismo electoral el 4 de agosto y posteriormente evaluada por la secretaría jurisdiccional.

El JEE determinó que el pedido cumplía con las condiciones establecidas en la normativa electoral y que fue presentado dentro del plazo correspondiente.

Rubio había comunicado previamente su decisión a las autoridades de su agrupación política mediante una carta. En el documento señaló: “Por razones strictly personales, a través del presente documento manifiesto mi renuncia irrevocable”.

Cabe mencionar que su dimisión se produjo a un día del vencimiento del plazo previsto para la aprobación e inscripción de las listas electorales.

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Tras cumplirse este 5 de agosto el plazo establecido en el cronograma electoral para la admisión de listas y la presentación de renuncias rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, explicó la situación legal de los postulantes que opten por retirarse de la contienda.

Durante una conferencia de prensa, el titular del ente electoral precisó que la renuncia de un candidato no implica su retiro automático de la contienda. Esta aclaración se dio luego de que Luis Rubio anunciara su renuncia a la candidatura por la alcaldía de Lima.

“Las renuncias no son automáticas, son sujetas a un proceso de evaluación y necesitan ciertos requisitos”, indicó Burneo.

Luego de recibir la documentación, el órgano electoral de primera instancia revisa la solicitud y emite un pronunciamiento. Si el pedido de renuncia no es aceptado, el postulante puede recurrir en apelación ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

En esta etapa del proceso electoral, el JNE anunció la puesta en marcha de una nueva plataforma web que permitirá transparentar el avance de las inscripciones. La herramienta permitirá a los ciudadanos consultar en tiempo real el estado de las fórmulas y listas presentadas por las organizaciones políticas a nivel nacional. En Lima Metropolitana, de las 29 listas registradas, 21 ya fueron admitidas.

Desde ahora, las Elecciones Regionales y Municipales 2026 entran en una nueva fase: la revisión de tachas ciudadanas y posibles exclusiones. Este proceso estará basado en la fiscalización de las hojas de vida de los candidatos realizada por los 91 JEE desplegados en todo el país.

Como parte del cronograma electoral, el organismo busca publicar el padrón definitivo de candidatos el 5 de septiembre. La tarea implica revisar y procesar los datos de aproximadamente 100 mil postulantes a nivel nacional.

Rubio renuncia a postular a la alcaldía de Lima y deja el camino libre a López-Aliaga

En nuestro país, el artículo 194 de la Constitución establece que “no hay reelección inmediata para los alcaldes”, una prohibición que aparenta ser categórica, pero que el líder de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, estaría en posibilidad de eludir.

Y es que el candidato a burgomaestre de Lima por dicho partido, Luis Rubio, presentó ayer su “renuncia irrevocable” a tal postulación. La lista que encabezaba se mantendría en carrera para los comicios de octubre con los aspirantes al Concejo Metropolitano. Sin embargo, López-Aliaga, como primer regidor –es decir, teniente alcalde– podría asumir la alcaldía de la capital si obtienen el triunfo.

Así lo adelantaron diversos especialistas en materia electoral como Silvia Guevara y Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Guevara refirió que la renuncia deberá ser aceptada, lo que podría convertir en alcalde al primer regidor de la lista de Renovación Popular, si este obtiene la victoria.

En diálogo con Canal N, subrayó que la dimisión de Rubio no invalida la lista de postulantes a regidores.

La misma opinión expresó Tuesta en su cuenta de X. “Así se cierra el círculo para darle la vuelta a la norma que prohíbe la reelección de alcalde”, añadió.

A TIEMPO

De acuerdo con el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), hasta hoy hay plazo para la renuncia de candidatos y retiro de listas.

En su solicitud, presentada ayer a las 11:00 a.m., en el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, Rubio se limita a mencionar que su decisión obedece a “razones estrictamente personales”.

Por la tarde, López-Aliaga emitió un comunicado en el que aseguró no tener autorización para dar detalles, aunque agregó que “circunstancias muy personales” impidieron a Rubio continuar.

Según la convocatoria difundida por la Presidencia de la República, la reunión forma parte del trabajo que el Ejecutivo desarrolla junto con las instituciones responsables de la organización del evento. Las coordinaciones buscan garantizar el desarrollo de las actividades previstas durante la permanencia del pontífice en el país.

Autoridades informarán avances

Al término del encuentro, la presidenta y el ministro de Relaciones Exteriores ofrecerán declaraciones a la prensa. Se espera que informen sobre el estado de las coordinaciones y las acciones adoptadas para la organización de la visita.

El viaje apostólico se desarrollará del 11 al 17 de noviembre. Durante ese periodo, León XIV cumplirá actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa como parte de una gira por Sudamérica que también incluirá Uruguay y Argentina.

La Diócesis de Chiclayo dio a conocer parte de la agenda que cumpliría el papa León XIV durante su visita a Lambayeque. El programa considera actividades en lugares vinculados con la labor pastoral que realizó cuando fue obispo de dicha jurisdicción.

Entre las principales actividades figura una misa multitudinaria que se celebrará en Lambayeque. El acto formará parte de las ceremonias centrales programadas para el recorrido pastoral del Santo Padre.

Además, el itinerario contempla visitas a la Catedral de Chiclayo, el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La agenda también incluye desplazamientos hacia las localidades de Santa Cruz y Saña, consideradas puntos representativos para la Iglesia local.

Y es que el candidato a burgomaestre de Lima por dicho partido, Luis Rubio, presentó ayer su “renuncia irrevocable” a tal postulación. La lista que encabezaba se mantendría en carrera para los comicios de octubre con los aspirantes al Concejo Metropolitano. Sin embargo, López-Aliaga, como primer regidor –es decir, teniente alcalde– podría asumir la alcaldía de la capital si obtienen el triunfo.

Así lo adelantaron diversos especialistas en materia electoral como Silvia Guevara y Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Guevara refirió que la renuncia deberá ser aceptada, lo que podría convertir en alcalde al primer regidor de la lista de Renovación Popular, si este obtiene la victoria.

En diálogo con Canal N, subrayó que la dimisión de Rubio no invalida la lista de postulantes a regidores.

La misma opinión expresó Tuesta en su cuenta de X. “Así se cierra el círculo para darle la vuelta a la norma que prohíbe la reelección de alcalde”, añadió.

A TIEMPO

De acuerdo con el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), hasta hoy hay plazo para la renuncia de candidatos y retiro de listas.

En su solicitud, presentada ayer a las 11:00 a.m., en el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, Rubio se limita a mencionar que su decisión obedece a “razones estrictamente personales”.

Por la tarde, López-Aliaga emitió un comunicado en el que aseguró no tener autorización para dar detalles, aunque agregó que “circunstancias muy personales” impidieron a Rubio continuar.

Y es que el primer caso que abordará el grupo será la denuncia que presentó una mujer por agresión contra el diputado Julián Pérez Mallqui de Juntos por el Perú (JP).

Precisamente, la bancada de izquierda designó como su representante a un polémico personaje: César Tito Rojas.

ANTECEDENTES

¿Quién es Tito Rojas? De acuerdo con reportes de la Dirección contra el Terrorismo de la PNP (Dircote), entre 2000 y 2004 habría visitado a internos sentenciados por terrorismo en el penal de Yanamayo, en Puno.

Además, fue presidente del comité electoral del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el brazo político de Sendero Luminoso.

Tito Rojas tendrá como tarea evaluar un caso de violencia. Sin embargo, el mismo fue sentenciado en 2016 por violencia psicológica en agravio de su hermana, por una disputa familiar por terrenos.

Dicha sentencia fue omitida en su hoja de vida como candidato ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), motivo por que fue multado con 22 mil soles.

Por otro lado, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, el Perú fue escenario de protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte y tras la destitución del golpista Pedro Castillo.

De acuerdo con información de Perú 21, un testigo protegido le entregó a la Fiscalía videos, fotos y audios de las reuniones donde se planificaron hechos violentos.

En la pesquisa se señala al diputado de Puno como parte de los dirigentes que ejerció control y dirección sobre las actividades de la organización que terminaron con la muerte de 18 personas en esa región.

Uno de los hechos tiene que ver con la caseta del peaje de Ilave que fue incendiada el 4 de enero de 2023.

Según la Fiscalía, el hecho fue organizado, planificado y dirigido por Tito Rojas y otros dirigentes.

CAMBIOS

Los otros cinco integrantes de Ética son Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular), Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular), Heber López Letona (Obras) y Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación).

Para el exoficial mayor del Congreso, José Elice, es importante que el Congreso precise los detalles de su reglamento, pues si bien se señala que cada bancada tendrá un representante, no indican si el voto de cada uno tendrá el mismo valor.

Esto debido a que cada bancada tiene un número de integrantes diferentes en el Congreso.

“Si el voto representa la proporcionalidad de tu grupo te verás obligado a tener la opinión de tu grupo y no votar de forma individual”, indicó.

En diálogo con Correo, consideró que es positivo que la Comisión de Ética solo tenga seis integrantes.

“Si son seis personas es genial, porque con ese número de personas se puede conversar mejor que con 12. Ya la cosa va a ser más franca, ya no tendremos tres representantes de una bancada, uno votaba a favor y otro no iba”, afirmó.

Luego que la Fiscalía iniciara una investigación preliminar contra el funcionario, su colega de la bancada de Renovación Popular (RP), Christian Aranda, lo denunció ante la Comisión de Ética. La queja, sin embargo, tendrá que esperar, pues el grupo de trabajo no ha sido instalado aún.

En curso

La denuncia pide que el diputado de izquierda sea suspendido por 120 días tras considerar que incurrió en una “grave infracción a la ética parlamentaria”. Puntualmente, le atribuye dos hechos: “irrupción, acoso y violencia psicológica” y una “agresión física flagrante en sede policial”; ambos en contra de su expareja, quien reside en el distrito de San Miguel.

La agresión, ya investigada por la Fiscalía Suprema de Familia –a cargo del fiscal supremo Luis Arce–, se suscitó a cuatro días de la juramentación de Pérez como parlamentario por la región Cusco.

Según el recurso presentado por el diputado de RP, el congresista “acudió al domicilio de su expareja y exabogada defensora (…) y, desde las 5:58 a.m., ejecutó un hostigamiento telefónico constante”.

“Al no recibir respuesta, ingresó sin autorización al domicilio (aprovechando la ausencia del padre de la víctima). De acuerdo a los registros de videovigilancia y el testimonio de la agraviada, el legislador irrumpió en su habitación, profirió expresiones ofensivas y realizó ademanes de agresión física, motivando que la víctima solicitara auxilio a la Policía Nacional y al Serenazgo”, añade.

Luego, denuncia una agresión en la comisaría de San Miguel, dependencia policial a la que ambos fueron trasladados tras el primer hecho. “Según el parte oficial y el testimonio de la agraviada, el denunciado propinó manotazos, un fuerte jalón de brazo y una zancadilla a la víctima, amenazándola con la frase: ‘te vas a arrepentir de lo que estás haciendo’. Sobre el particular, el médico legista y el comisario constataron las marcas en los brazos de la agraviada”, señala la acusación parlamentaria.

Además, afirma que el diputado de JP, “ante la flagrancia, (…) se negó a firmar el acta respectiva y alegó, mediante su defensa, supuestas irregularidades”.

Ayer, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, informó que se brinda apoyo psicológico no solo a la denunciante sino también a su familia. “Estamos dando soporte desde el primer día, desde el 30 de julio, a ella y su familia. Somos parte de la asesoría que está pidiendo protección judicial”, sostuvo en RPP.

La funcionaria agregó que si bien “le impusieron una restricción al diputado para que no se acerque (a la denunciante), no han dicho aún por cuantos metros (es el distanciamiento)”.

Voces

El evento se inició al promediar el mediodía y se realizó al interior del Palacio de Justicia. La primera en tomar la palabra fue Tello, quien recordó el compromiso que Fujimori asumió el último 28 de julio.

Tello Gilardi recordó “que la presidenta de la república haya jurado en el cargo (y señalado) que respetará la independencia y la separación de los Poderes del Estado”, así como la democracia.

“Nos preocupa, sin embargo, que su juramento solemne, es decir, su palabra, contraste frontalmente con voces recientes que, desde el ataque y la diatriba hacia la judicatura, alientan peligrosas formas de intervención del Poder Judicial, las cuales son inadmisibles en un estado democrático”, indicó en aparente alusión a Fernando Rospigliosi y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En esa línea, abogó por jueces “libres de presiones políticas o de cualquier otra índole”.

A su turno, Fujimori inició su discurso señalando que la “ciudadanía demanda procesos rápidos, transparencia y lucha implacable contra toda forma de corrupción”.

“Declaro ante ustedes y ante la ciudadanía el absoluto respeto de mi gobierno a la separación de poderes, a la independencia del Poder Judicial, al Estado de derecho y a la institucionalidad democrática como garantía indispensable para preservar la libertad y estabilidad de nuestra nación”, agregó en su alocución.

Luego, sostuvo que apoyará “decididamente la implementación de las unidades de flagrancia, la modernización tecnológica, el avance del expediente judicial electrónico y la capacitación permanente de magistrados y servidores judiciales”.

La iniciativa plantea que los legisladores participen presencialmente en las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente, las comisiones y otros órganos parlamentarios.

El proyecto establece que la participación virtual únicamente pueda utilizarse cuando los diputados cuenten con licencia por viaje fuera de Lima o al extranjero, o por motivos de enfermedad. En este último caso, Huilca señaló que se debería presentar “un certificado médico oficial” como sustento.

La propuesta cuenta con al menos cuatro firmas, entre ellas las de la propia Huilca, Harvey Colchado, César Holguín y José Marcelo Salazar.

Huilca explicó que busca precisar la modalidad de participación porque, a su criterio, la redacción actual no establece expresamente que la asistencia deba ser presencial.

“Porque bajo esa puerta abierta, que si bien es cierto se adecuó durante la pandemia, hemos seguido teniendo sesiones virtuales hasta el último día (del anterior Congreso). Bajo el reglamento anterior, similar al actual -y aprobado por los antiguos parlamentarios- se podría seguir sesionando de forma virtual. Incluso apelando a votar por celular, que me parece una barbaridad”, expresó para RPP.

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El recurso buscaba dejar sin efecto, de manera provisional, la acusación fiscal y la diligencia de control de acusación programada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima para el 27 de mayo. La solicitud fue presentada por el ciudadano Tomás Alberto Soldevilla Guerra mientras se resolvía el proceso principal.

Al analizar la apelación, la sala concluyó que el pedido no tenía sustento dentro del marco legal aplicable al proceso de hábeas corpus. En ese sentido, precisó que “en el caso concreto, la parte apelante pretende que este órgano jurisdiccional realice un control sobre actos fiscales mediante una medida cautelar que, por mandato legal expreso del artículo 18° del Código Procesal Constitucional, no se encuentra prevista para el proceso de hábeas corpus”.

Los magistrados también señalaron que la legislación no contempla la posibilidad de conceder la medida solicitada en este tipo de procesos. Por ello, indicaron que “al no existir un marco normativo que habilite la vía cautelar solicitada, el pedido cautelar debe ser desestimado, careciendo de objeto efectuar un análisis sobre el cumplimiento de los presupuestos procesales para la concesión de la medida cautelar solicitada”.

Tribunal ratificó la improcedencia del pedido

La sala sostuvo que no corresponde activar una medida cautelar dentro de un proceso constitucional cuando la norma no prevé ese mecanismo. En consecuencia, confirmó la resolución apelada y mantuvo la improcedencia de la solicitud presentada en favor de Roberto Sánchez.

De manera paralela, el exaspirante presidencial también intentó retrotraer el proceso penal mediante un recurso de nulidad. Con dicho pedido buscaba que el caso regresara a la etapa de control de acusación al alegar un presunto vicio procesal atribuido al juez Adolfo Farfán, titular del 33 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.

Sin embargo, ese recurso también fue rechazado por el Poder Judicial. De esta manera, el proceso penal contra Roberto Sánchez continúa conforme a las etapas previstas por la legislación vigente.

Como se recuerda, el exministro es investigado por los presuntos delitos de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, además de falsa declaración en procedimientos administrativos. En este caso, la Fiscalía ha solicitado una pena de cinco años y cuatro meses de prisión.

La Mesa Directiva estará presidida por Óscar de Jesús Reto Otero, acompañado por Analí Márquez Huanca como primera vicepresidenta, Harvey Julio Colchado Huamani como segundo vicepresidente y José Ricardo Yataco Torrealva como tercer vicepresidente.

Los voceros titulares serán Cecilia Isabel Chacón de Vettori, Ernesto Alonzo Zunini Yerren, Óscar de Jesús Reto Otero, Roxana María Rocha Gallegos, Víctor Eduardo Piñán Mamani y César Augusto Holguín Loaiza, en representación de sus respectivas bancadas.

Entre las principales atribuciones de la Junta de Portavoces se encuentran aprobar la agenda de las sesiones del Pleno, establecer las condiciones para los debates y coordinar las actividades de la Cámara de Diputados.

El órgano parlamentario también tiene facultades para aprobar la ampliación de la agenda del Pleno, establecer prioridades para el debate, elaborar el cuadro de comisiones y ratificar la designación del oficial mayor de la Cámara de Diputados.

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El calendario electoral establece una serie de etapas previas a la votación para definir las candidaturas que participarán en los comicios. Entre estas fases se encuentran la evaluación de observaciones, resolución de apelaciones y la inscripción definitiva de postulantes.

#ERM2026 | #CronogramaElectoral
En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, este miércoles 5 de agosto es la fecha límite para la presentación de renuncias de candidatos y retiro de listas ante el Jurado Nacional de Elecciones. pic.twitter.com/WMjd4EZGex

— JNE Perú (@JNE_Peru) August 4, 2026

Próximas etapas del cronograma electoral

Luego del cierre del plazo para renuncias y retiro de listas, los jurados electorales especiales (JEE) deberán resolver en primera instancia las tachas y exclusiones de candidaturas. Esta etapa tiene como fecha límite el 20 de agosto, según el cronograma establecido por el JNE.

Posteriormente, el 4 de setiembre culminará el periodo para resolver las apelaciones presentadas contra las decisiones de los JEE. Un día después, el 5 de setiembre, el Jurado Nacional de Elecciones declarará inscritas las candidaturas definitivas.

El cronograma también contempla el 3 de octubre como fecha límite para la exclusión de candidatos por situación jurídica. Este procedimiento permitirá determinar qué postulantes podrán participar en la jornada electoral.

Elecciones serán el 4 de octubre

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se desarrollarán el domingo 4 de octubre en todo el país. En esta jornada, los ciudadanos elegirán a gobernadores y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores provinciales y distritales.

El JNE recordó a las organizaciones políticas y a la ciudadanía la importancia de informarse mediante sus canales oficiales. La entidad señaló que el cumplimiento de los plazos permite garantizar un proceso electoral organizado y acorde con la normativa vigente.

En su pronunciamiento, López Aliaga indicó que no cuenta con autorización para revelar las razones que llevaron a Rubio a dejar la candidatura. Según explicó, la decisión estaría relacionada con circunstancias personales que impiden al candidato continuar en la contienda electoral.

El exalcalde cuestionó las versiones que intentan explicar la renuncia sin conocer los motivos internos de la decisión. En esa línea, expresó que “especular los porqués para una decisión tan importante es no solo absurdo sino infame”.

Asimismo, el líder de Renovación Popular aseguró que continúa firme en la carrera electoral y que el partido mantiene su participación en los próximos comicios municipales. La agrupación deberá definir cómo continuará su lista para la Alcaldía de Lima tras la salida de su candidato.

La renuncia de Rubio ha generado debate en la opinión pública sobre el escenario que podría enfrentar Renovación Popular si obtiene la victoria en las próximas elecciones municipales. Rafael López Aliaga, quien actualmente ocupa la Alcaldía de Lima, está impedido de postular a una reelección inmediata para el mismo cargo.

Yáñez Lazo, General de Brigada del Ejército del Perú en situación de retiro, tiene más de 34 años de servicio y experiencia en gestión pública, seguridad, infraestructura y prevención de riesgos. Entre sus anteriores funciones se encuentran la jefatura institucional de Cenepred e Indeci.

También estuvo a cargo del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS), fue jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República y se desempeñó como agregado militar del Perú en España. Recientemente brindó servicios especializados en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

El nuevo titular del OTASS es doctor en Ciencias de la Educación y cuenta con maestrías en Gestión Pública, Administración de Empresas y Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático.

El pedido busca que el Ministerio de Relaciones Exteriores detalle los efectos jurídicos, políticos y operativos que supondría la adhesión del país a esa coalición regional. Los legisladores consideran necesario conocer los compromisos internacionales que asumiría el Estado antes de avanzar con una decisión de esa naturaleza.

Solicitan precisiones sobre el marco legal

En el documento presentado por la bancada, los senadores sostienen que aún no existe información suficiente sobre la forma en que se concretaría la incorporación del Perú a ese bloque. También señalan que todavía no se ha explicado cuál sería el instrumento internacional que respaldaría esa eventual adhesión.

“Hasta la fecha no se han esclarecido los alcances jurídicos, políticos y operativos de dicha iniciativa, ni la naturaleza del instrumento internacional mediante el cual el Estado peruano se incorporaría”, se lee en el documento.

La propuesta también solicita que el canciller informe si una eventual participación del Perú en el Escudo de las Américas contemplaría mecanismos de intercambio de información o inteligencia. Del mismo modo, busca conocer si existirían operaciones coordinadas entre los países integrantes o la participación de personal extranjero en territorio nacional para enfrentar la criminalidad organizada y el narcotráfico.

La iniciativa lleva las firmas de los senadores Jaime Quito, Víctor Cutipa, Ruth Luque, Jaime Delgado y Alfonso López-Chau. Con ese respaldo, la bancada de Ahora Nación busca que el pedido sea debatido en el Pleno del Senado para definir si el canciller deberá acudir a responder las interrogantes planteadas.

En su primer mensaje a la nación por Fiestas Patrias, Fujimori recordó que recibió el país desorganizado, golpeado por la inseguridad y fragmentado por la desconfianza. Sin embargo, aseguró que no ofrecerá milagros inmediatos ni promesas vacías.

“He venido a ofrecer método, disciplina, trabajo y ruta clara. A partir de este momento, se inicia un cronómetro irreversible: nos esperan exactamente 1826 días de gestión”, afirmó.

Su discurso marca un hito en la vida política nacional porque por primera vez desde la independencia, es una mujer quien lo da portando la banda presidencial por elección popular, rompiendo así una barrera histórica en una nación donde el máximo poder había sido ejercido exclusivamente por hombres o asumida de manera transitoria por sucesión constitucional.

EL PRINCIPIO

A pesar de que su mensaje a la nación estaba previsto para las 12:30 p.m., la presidenta Keiko Fujimori salió de Torre Tagle recién a las 12:45 p.m. para dirigirse en un vehículo oficial al Congreso de la República.

En el hemiciclo la esperaban el rey Felipe VI de España; los presidentes Rodrigo Paz (Bolivia) Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Javier Milei (Argentina), Nasry Asfura (Honduras), Yamandú Orsi (Uruguay) José Raúl Mulino (Panamá); Tomás Gálvez (fiscal de la Nación), Josué Gutiérrez (defensor del Pueblo), Helder Domínguez (presidente del Tribunal Constitucional), Roberto Burneo (presidente del Jurado Nacional de Elecciones), entre otras altas autoridades.

Ya en la sede del Palacio Legislativo, Miguel Torres, presidente del Congreso y segundo vicepresidente del Perú, le colocó la banda presidencial a Keiko Fujimori.

La mandataria inició su discurso a las 1:19 p.m. tras un breve impase con legisladores de izquierda que optaron por retirarse del recinto.

Los primeros minutos de su mensaje estuvieron centrados en la situación actual del Estado, pero además en remarcar que se quedará solo los cinco años de gestión.

“Desde este 28 de julio de 2026, empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos cinco años. Ni un día más”, aclaró.

Más tarde señaló que son"1826 días en los que cada ministerio, cada región y cada funcionario público tendrá que trabajar intensamente, con metas medibles y rendición de cuentas constante".

PUNTOS

En su exposición que se extendió por 45 minutos, Keiko Fujimori hizo énfasis primero en medidas de contingencia frente al fenómeno El Niño y lucha contra la inseguridad (ver infografía).

La mandataria anunció que en los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno, en coordinación con la Policía; equipamiento para los policías, videovigilancia, mapas del delito, ampliación de unidades de flagrancia y más.

Las medidas anunciadas en materia de seguridad no son nuevas, pues han sido presentadas en diferentes planes de gobierno en diferentes elecciones a lo largo de los últimos años.

En el mensaje, Fujimori Higuchi habló de reducción de la pobreza, reducción de informalidad laboral y el crecimiento económico.

Al final de su discurso, la jefa de Estado hizo un llamado a la unidad a las fuerzas políticas de oposición a las que pidió tender puentes de diálogo. “Pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, apuntó.

En ese sentido, pidió buscar coincidencias para resolver los problemas que agobian al ciudadano y que retrasan el desarrollo.

“Que nuestras diferencias nos unan en la búsqueda del bien del país. No hay dos Perú distintos; hay un solo Perú, vibrante, multicultural, fuerte y milenario que está listo para ponerse de pie”, comentó.

Concluyó su discurso señalando que se quedará cinco años en el cargo, esto en respuesta a voces que advierten que no dejará el poder.

“El reloj ha comenzado a correr. Los 1826 días de trabajo por la grandeza de nuestra patria empiezan ahora mismo”, dijo.

ANÁLISIS

Sobre el mensaje a la nación de la presidenta Keiko Fujimori, el analista Juan Paredes Castro destacó varios puntos.

“Me parece muy importante la lucha frontal contra la criminalidad. (La presidenta) ha sido enfática. Una lucha frontal basada en inteligencia, en los sistemas que tenemos en el Ejército, FF.AA., Marina y Policía, es mucho más seria. Siendo un tema tan delicado, en términos de acción del Gobierno, no creo que quiera entrar en detalles. Muchos quisiéramos conocer de qué manera se va a combatir, pero las estrategias no se revelan. Lo segundo es la revitalización de la infraestructura vial: la extensión del Metro de Lima junto a las vías transversales, de la costa a la sierra, es un aspecto de integración interna muy importante”, declaró a Correo.

“La presidenta ha abordado todos los problemas fundamentales, quizá estamos acostumbrados a que se nos hable de todo. Ya iremos descubriendo qué es lo que le falta al Gobierno. No vamos a cambiar el país en una semana, (…) se debe marcar un antes y después en cada problema profundo que tenemos”, agregó.

Por su parte, el analista político José Requena consideró que el mensaje de Keiko Fujimori fue “consistente” y destacó que la mandataria optó por una agenda “acotada, aunque ambiciosa”.

“Es una agenda clara y predecible dentro de todo. Es positivo que ella quiera mantener la iniciativa política, siendo ella la que plantea la agenda, sin dejar que otros actores sean los que lo hacen”, sostuvo.

No obstante, Requena también identificó vacíos en el discurso presidencial.

“Quizás la no mención, aunque puede ser también voluntaria a mi juicio, de algunos aspectos de deterioro institucional y violación de derechos humanos en años recientes”, puntualizó.

Luis Israel Rubio Idrogo presentó este 4 de agosto su renuncia irrevocable a la candidatura a la Alcaldía Metropolitana de Lima por Renovación Popular, según un escrito ingresado a la mesa de partes del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro.

El documento fue presentado un día antes del vencimiento del plazo establecido en el cronograma electoral para la publicación de las listas admitidas y la presentación de renuncias o retiro de candidaturas, según reveló El Comercio.

En el escrito, Rubio señala que su decisión responde a motivos personales.

“Por razones estrictamente personales, a través del presente documento manifiesto mi renuncia irrevocable a dicha candidatura”, indica el oficio dirigido al presidente del JEE Lima Centro.

Renovación Popular mantiene vigente su lista

Pese a la renuncia del candidato a la alcaldía, la lista presentada por Renovación Popular continúa en el proceso electoral.

La fórmula incluye a Rafael López Aliaga, excandidato presidencial y exalcalde de Lima, quien postula como teniente alcalde o primer regidor.

El escrito de renuncia fue ingresado oficialmente este martes 4 de agosto, conforme al sello de recepción del Jurado Electoral Especial Lima Centro.

Renuncia se presenta antes del cierre del plazo electoral

De acuerdo con el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el 5 de agosto constituye la fecha límite para la publicación de las listas de candidatos admitidos, así como para la presentación de renuncias y el retiro de listas.

En su solicitud, Rubio también pide que el secretario general del Jurado Electoral Especial certifique su firma, conforme a los procedimientos previstos en la normativa electoral.

De acuerdo con el documento presentado, el pedido de sanción se sustenta en los hechos ocurridos el pasado 30 de julio de 2026 en una vivienda del distrito de San Miguel, en Lima. Según la denuncia, el legislador agredió a su expareja, tras ingresar al inmueble sin autorización, luego de que su expareja, una abogada, se negara a abrirle la puerta.

En la solicitud, Aranda argumenta que la conducta atribuida a Pérez Mallqui constituye una grave vulneración a los deberes éticos que deben cumplir los parlamentarios, además de contravenir los principios y valores que rigen la función pública y el derecho de las personas a vivir libres de violencia.

El legislador arequipeño considera que estos hechos ameritan una sanción ejemplar por parte de la Comisión de Ética, debido a la gravedad de las acusaciones y al impacto que tienen sobre la imagen del Congreso.

Este pedido de sanción se suma al solicitado por la agrupación Juntos por el Perú a la Comisión de Disciplina. El vocero Ernesto Zunini denunció el hecho la semana pasada por constituir una conducta incompatible con los principios de ética.

Cabe recordar que Julián Pérez Malqui registra antecedentes por violencia familiar. Asimismo, tras la reciente denuncia, la Fiscalía Suprema de Familia inició una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar.

El parlamentario afronta la investigación en libertad, luego de haber sido detenido por 48 horas y liberado el pasado 1 de agosto, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer los hechos.

VIDEO RECOMENDADO

La Junta de Portavoces del Senado, presidida por Miguel Ángel Torres Morales, aprobó por unanimidad que las siete comisiones ordinarias legislativas estén integradas por 12 senadores durante el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

El mismo número de integrantes tendrán la Comisión de Procedimientos Especiales y la Comisión de Control Político sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo.

Así será la distribución por bancadas

La distribución proporcional de escaños en cada comisión quedó establecida de la siguiente manera:

• Fuerza Popular: 4 senadores.
• Juntos por el Perú: 3 senadores.
• Renovación Popular: 2 senadores.
• Partido del Buen Gobierno: 1 senador.
• Partido Cívico Obras: 1 senador.
• Ahora Nación: 1 senador.

Siete comisiones ordinarias legislativas

Las comisiones ordinarias del Senado para el periodo 2026-2027 serán:

• Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.
• Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno.
• Comisión de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo.
• Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor.
• Comisión de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital.
• Comisión de Gestión del Estado y Contraloría.
• Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Comisiones de Ética e Inteligencia

La Junta de Portavoces también acordó la conformación de la Comisión de Ética Parlamentaria, que estará integrada por un senador de cada grupo parlamentario, sumando seis miembros.

Asimismo, definió la integración de la Comisión de Inteligencia, la cual contará con cinco miembros titulares y permanentes durante todo el periodo parlamentario.

La distribución será la siguiente:

• Dos senadores de Fuerza Popular.
• Un senador de Juntos por el Perú.
• Un senador de Renovación Popular.
• Un senador del Partido del Buen Gobierno.

Pleno ratificará los acuerdos

Antes de concluir la sesión de la Junta de Portavoces, el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales, informó que los acuerdos serán sometidos a ratificación durante la sesión plenaria convocada para el miércoles 5 de agosto.

La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, presidida por la primera vicepresidenta Analí Márquez Huanca, aprobó por mayoría el número de integrantes de las 16 comisiones ordinarias legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Asimismo, el órgano parlamentario dio luz verde a la conformación de la Comisión de Ética Parlamentaria, que ejercerá funciones durante los próximos dos años.

Comisiones con 26 integrantes

Las siguientes comisiones estarán conformadas por 26 diputados:

• Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.
• Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría.
• Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.
• Educación, Cultura y Deporte.
• Justicia y Derechos Humanos.
• Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.
• Infraestructura, Vivienda y Transportes.

Comisiones con 20 integrantes

Las siguientes comisiones contarán con 20 diputados:

• Defensa Nacional y Orden Interno.
• Desarrollo Agrario.
• Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos.
• Energía y Minas.
• Producción, Comercio Exterior y Turismo.
• Medio Ambiente y Sostenibilidad.
• Salud.
• Trabajo y Seguridad Social.
• Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

También se definieron las comisiones no legislativas

Durante la sesión, la Junta de Portavoces aprobó la composición de las comisiones ordinarias no legislativas para el mismo periodo parlamentario.

La Comisión de Acusaciones Constitucionales estará integrada por 26 miembros, mientras que la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo y la Comisión de Ética Parlamentaria tendrán seis integrantes cada una, conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados.

Así quedó conformada la Comisión de Ética Parlamentaria

La conformación de la Comisión de Ética fue aprobada por unanimidad, luego de que cada portavoz presentara la propuesta correspondiente.

Los seis integrantes serán:

• Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular).
• César Tito Rojas (Juntos por el Perú).
• Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno).
• Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular).
• Heber López Letona (Obras).
• Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación).

Pleno deberá ratificar los acuerdos

Antes de concluir la sesión, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez Huanca, informó que el Pleno se reunirá el miércoles 5 de agosto, a las 4:00 p. m., para ratificar los acuerdos adoptados por la Junta de Portavoces.

El Gobierno designó a Juan Teodoro Falconi Gálvez como viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), mediante una resolución suprema publicada este martes en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El dispositivo lleva la firma de Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego y encargado del despacho del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Aceptan renuncia de Shadia Valdez Tejada

Previamente, otra resolución suprema oficializó la aceptación de la renuncia de Shadia Valdez Tejada al cargo de viceministra de Justicia.

El documento expresa el agradecimiento del Ejecutivo por los servicios prestados durante su gestión en el Minjusdh.

Trayectoria de Juan Teodoro Falconi Gálvez

Juan Teodoro Falconi Gálvez es abogado y cuenta con más de 20 años de experiencia en la administración pública, donde ha desempeñado diversos cargos en el Estado.

Entre sus antecedentes figura su designación como viceministro de Justicia en 2017, durante el gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando Enrique Mendoza se desempeñaba como ministro de Justicia.

Ese mismo año también presidió la Comisión de Gracias Presidenciales.

Experiencia reciente en la PCM

Antes de su nuevo nombramiento, Falconi Gálvez ocupó el cargo de secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en 2025.

Con su designación, el Ejecutivo renueva la conducción del Viceministerio de Justicia, una de las principales instancias técnicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, afirmó que las Fuerzas Armadas no deben asumir la conducción de la lucha contra la criminalidad y sostuvo que esa responsabilidad debe mantenerse bajo el liderazgo de la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo militar en operaciones específicas.

En declaraciones a la prensa, el exoficial indicó que esperará conocer el proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo solicitará facultades legislativas en materia de seguridad antes de fijar una posición definitiva sobre la propuesta.

No obstante, señaló que, por la experiencia acumulada en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la minería ilegal, la investigación criminal debe continuar siendo una función de la Policía Nacional.

“A través de la experiencia que hemos tenido por años de trabajar contra el terrorismo y tráfico de drogas, las FF.AA. no deberían dirigir la lucha contra la inseguridad ciudadana, porque es un tema de investigación policial”, manifestó.

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Harvey Colchado, diputado: A través de la experiencia que hemos tenido por años de trabajar contra el terrorismo y tráfico de drogas, las FF.AA. no deberían dirigir la lucha contra la inseguridad ciudadana, porque es un tema de investigación policial

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Propone mantener el modelo de apoyo de las Fuerzas Armadas

Colchado recordó que las operaciones desarrolladas contra el terrorismo en el Alto Huallaga y los recientes golpes contra organizaciones vinculadas a la minería ilegal fueron liderados por la Policía Nacional con respaldo de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, sostuvo que ese esquema de cooperación entre ambas instituciones debería mantenerse en la estrategia para enfrentar al crimen organizado.

Cuestiona presencia de militares en el transporte público

El legislador también se pronunció sobre la propuesta de incorporar militares en el transporte público y en establecimientos penitenciarios, al considerar que estas medidas no representan una solución estructural frente a la inseguridad.

Según indicó, el Estado debería priorizar el fortalecimiento de la inteligencia policial, la investigación criminal, la adquisición de tecnología y el financiamiento de las unidades especializadas dedicadas a combatir la extorsión y las organizaciones criminales.

Critica gestión de la PNP y pide fortalecer la inteligencia

Durante sus declaraciones, Colchado cuestionó la gestión del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, al señalar que, a su juicio, no se han obtenido resultados suficientes frente al avance de la delincuencia y planteó su relevo.

Asimismo, puso en duda que la reducción de homicidios refleje una mejora real de la seguridad ciudadana, al sostener que muchas víctimas de extorsión optan por no denunciar debido al temor a represalias.

Finalmente, afirmó que el principal problema no radica en la falta de presupuesto, sino en la gestión de los recursos destinados a la seguridad, e instó al Ministerio del Interior a fortalecer las áreas de inteligencia, investigación criminal y equipamiento tecnológico de la Policía Nacional antes de ampliar el rol operativo de las Fuerzas Armadas.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el uso de recursos públicos para financiar la defensa legal de Piero Corvetto, su exjefe, mediante dos desembolsos que suman más de 624 mil solesa favor del estudio de abogados Arbizu y Gamarra.

De acuerdo con resoluciones internas y el Acta de Admisión N° 08-2026-FUNC-ONPE, difundidas por el abogado David Dumet en el programa “Al revés y al derecho”, el primer pago fue de 100 mil soles, autorizado en abril de 2026, y el segundo corresponde a 524 mil soles, cuyo procedimiento administrativo se concretó el 22 de julio.

La Resolución de Secretaría General N° 71-2026-SG, firmada por el actual jefe interino de la ONPE y ex gerente general de la entidad en la gestión de Corvetto, Bernardo Pachas; aprueba un procedimiento de selección no competitivo para la contratación del “Servicio de Defensa Legal para el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas-FUNC 2026”, bajo el supuesto de servicio especializado de asesoría legal.

El beneficio de defensa legal cubre la etapa preliminar y la etapa preparatoria de los procesos penales y administrativos abiertos al exjefe de la ONPE por las fallas logísticas y presuntas irregularidades en la organización de las Elecciones Generales 2026, y se sustenta en la normativa que permite a funcionarios acceder a defensa financiada por la entidad cuando las investigaciones están vinculadas a sus funciones.

Reacciones

Aunque este es un beneficio para altos funcionarios del Estado, el pago para la defensa de Corvetto no ha pasado inadvertido en el Congreso.

El diputado Aldo Bravo (Renovación Popular) solicitó a la Contraloría que realice acciones de control al respecto. También cursó un oficio a la ONPE para pedir información sobre los criterios usados para su aprobación.

Solicitud

Zunini explicó que la solicitud se presentó tras conocer un segundo documento vinculado al caso.

“Hay dos actas. La segunda acta, en la que se da cuenta de una presunta violencia física, nos ha llegado después”, declaró a la prensa.

Según el oficio remitido a la Comisión de Disciplina del grupo parlamentario, Zunini solicitó el inicio de un procedimiento disciplinario y que se le imponga de una medida cautelar de suspensión contra Pérez Mallqui mientras dure la investigación.

“Como vocero de la bancada, lo que corresponde, de acuerdo al reglamento, es solicitar el inicio del proceso administrativo, y yo recomiendo, mientras dure este proceso, se determine la suspensión temporal del diputado”, indicó.

Doble rasero

Por su parte, el senador por JP Jaime Quito también se pronunció sobre el caso del congresista cusqueño.

“Primero, es condenable esa situación, mi solidaridad con la víctima y el rechazo a cualquier tipo de violencia y sobre todo hacia la mujer”, manifestó al ser abordado por los periodistas.

No obstante, Quito fue increpado los plazos aplicados en el caso de la excongresista Silvana Robles tras las votaciones de la Mesa Directiva del Senado.

“Había un hecho que ha sido dentro del Congreso y eso te da mayor situación de respuesta. El otro caso ha sido fuera del Congreso”, arguyó.

Al ser consultado sobre si existe un trato desigual entre ambos casos, Quito trató de justificarse.

“Lo que yo considero... son situaciones que tienen cada una su particularidad y, evidentemente, esperamos que la Comisión de Ética (...) pueda dar una respuesta de forma inmediata”, puntualizó.

Unas horas antes del ataque criminal, la presidenta Keiko Fujimori anunció el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en las calles y en el transporte público.

Al respecto, Correo consultó con expertos en la materia para conocer su opinión sobre la medida y si tendría o no un real impacto en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

LA MEDIDA

El 12 de julio, antes de recibir la banda presidencial, Keiko Fujimori aseguró que en los primeros meses de su gestión, el Perú podría ver cambios en los indicadores de inseguridad ciudadana.

“Lo que ustedes van a ver, sobre todo, es decisión política de nuestro gobierno. Desde los primeros meses ustedes empezarána notar un orden y recuperación de la paz en el Perú”, afirmó.

En aquella entrevista que ofreció a la revista Semana de Colombia, adelantó que las FF.AA. y la Policía participarían en rastrillajes, para buscar proactivamente a los delincuentes.

En su primer mensaje a la nación por Fiestas Patrias, la presidenta Fujimori anunció que durante los estados de emergencia, las FF.AA. asumirían temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno.

Mientras que el domingo por la noche, a través de una transmisión en su cuenta personal de Facebook, anunció la salida del personal militar.

“En los próximos días, pues las FF.AA. estarán en las calles y también en el sistema de transporte”, indicó.

Además, explicó que la estrategia forma parte del plan de su administración para enfrentar el incremento de la criminalidad y devolver la tranquilidad a la población.

ANÁLISIS

El exministro del Interior, Mariano Gonzáles, dice estar convencido de que se requiere un cambio en el enfoque que se ha tenido hasta el momento para combatir la inseguridad.

“El problema es que la inseguridad ciudadana ha pasado a ser un problema de seguridad nacional”, indicó.

Desde su punto de vista, si bien la Policía y las FF.AA. tienen un rol constitucional muy diferenciado, cuando el sistema está en riesgo, se debe variar ese enfoque, tema que podría ser tratado en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

“Esta es una opinión, pero se tiene que implementar de manera legal (el anuncio de la presidenta Fujimori sobre los militares a cargo del orden). Yo estoy a favor de esa variación porque si se trata de un problema de seguridad nacional, el Estado debe defenderse con todas sus herramientas”, señaló.

Finalmente, mencionó será necesario ejecutar un plan que incluya el monitoreo y una evaluación para evidenciar logros a corto plazo.

“La inseguridad es un problema estructural, pero si se puede tener resultados en corto plazo. Se requiere de un sistema e Inteligencia”, agregó.

OPUESTO

Por su parte, el exministro del Interior, Ruben Vargas, recordó que en los últimos cinco años, los gobiernos de turno utilizaron las declaratorias de emergencia como una “varita mágica” que iba a resolver el problema de criminalidad.

“Se usó como si fuera el antídoto mágico, pero después de todos estos años, vemos que es un absoluto fracaso porque se confundió estado de emergencia con estrategias para enfrentar al desborde criminal”, indicó.

Desde su punto de vista, ahora se cambió el nombre de esa “varita mágica” por “las Fuerzas Armadas en las calles” como gran solución para la lucha contra la criminalidad.

“Ojalá fuera así de fácil, pero con ese anuncio nos están indicando que no están entendiendo la naturaleza del desborde criminal”, sostuvo.

Vargas explicó que la criminalidad tiene por lo menos tres niveles: El primer está asociado con el robo en las calles, el segundo está relacionado a las estructuras criminales que extorsionan y contratan sicarios y el tercer nivel son las economías ilegales como el oro ilegal, la cocaína y el contrabando.

“Para enfrentar este desborde criminal se necesitan estrategias integrales e involucran a todas las capacidades del Estado, especialmente a la Policía Nacional y para que esta última cumpla su rol constitucional. tiene que hacerse una reforma profunda”, indicó.

El extitular del Interior agregósss que se necesitan formar equipos contra el crimen con presupuesto, con Inteligencia electrónica y urbana y no con militares en las calles.

En esa misma línea preguntó si los militares estarán también en las peluquerías, bodegas, chifas, farmacias y todos los negocios que sufren de extorsiones, así como en todo tipo de transporte público.

“Se están desperdiciando recursos porque no entienden la naturaleza del problema. La lucha contra el crimen se da a partir de Inteligencia humana y tecnología, eso solo lo puede hacer una Policía honesta. Necesitamos extirpar a la corrupcion de la Policia en paralelo a la formación de los equipos que nos permitan enfrentar alas extorsiones”, apuntó.

SITUACIÓN

El caso más reciente de extorsión se presentó ayer.

Delincuentes grabaron el momento en que lanzan un artefacto explosivo contra un bus de la empresa de transporte público Translima en el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Panamericana Norte, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

El artefacto explosivo tenía la firma de la organización criminal “Centauro”.

El video fue enviado a través de WhatsApp a los números de los choferes y cobradores de la empresa.

Por ahora, se suspendió el servicio en las rutas cubiertas por las unidades de transporte de la empresa.

Representantes de la empresa señalaron que la flota de 60 buses paga cupos diarios de 55 soles por cada vehículo a cuatro agrupaciones delictivas: “Centauro”, “El Tren de Aragua”, “Los Norteños” y “Los Papis”. Sin embargo, existirían dos nuevas bandas que buscan cobrar cupos.

Una de ellas exigió una cuota de inscripción de 30 mil soles más un pago diario de 20 soles por vehículo, mientras que una quinta banda pidió 50 mil soles por inscripción y una cuota diaria de 15 soles por vehículo.

“Pienso que la próxima semana debe estar presentándose (...) Ha habido retrasos en lo que significan los nombramientos, por ejemplo, los viceministros”, dijo a la prensa.

Según Fujimori, la demora se debe a “trabas burocráticas” que estarían resolviéndose en los próximos días.

La mandataria explicó que el pedido será sustentado ante el Parlamento. “No voy a adelantar nada, porque esa es la labor del primer ministro y será él quien sustente con argumentos y se empiece un debate de fondo”, manifestó.

Lo que sí mencionó fue que los temas a tratar son la seguridad ciudadana y la prevención ante el fenómeno El Niño.

“Advertir si acaso hay algún elemento que podría estar viciando de constitucionalidad los procesos y, de oficio, puedan corregir el curso de las investigaciones”, dijo a Canal N.

Enco mencionó como ejemplo los casos de Ollanta Humala, Nadine Heredia y Alejandro Toledo, seguidos por el Equipo Especial.

“Todos están camino a caerse por errores de los fiscales al momento de plantear su estrategia inicial de investigación”, resaltó.

El exfuncionario saludó la reorganización del Ministerio Público por la forma en que se llevaron los casos.

“Estas investigaciones tenían más un tinte político que jurídico”, concluyó.

“No hay tiempo que perder. Se necesita la delegación de facultades para, justamente, luchar contra las emergencias que señaló la presidenta”, enfatizó en RPP.

Además, señaló que el Gobierno debe designar una autoridad responsable para coordinar la respuesta frente a la emergencia climática.

El presidente del Congreso, Miguel Torres, apoyó la decisión de Gálvez y cuestionó el uso de recursos públicos en las pesquisas desarrolladas por el equipo especial Lava Jato.

“No tengo ni la menor duda de que los millones de soles que fueron destinados a este tipo de investigaciones pudieron ser mejor encauzados”, declaró a la prensa.

De igual forma, el diputado Diego Bazán, de Renovación Popular, aseveró que la medida responde a la falta de resultados y no al reciente cambio de gobierno.

“El único país en Latinoamérica donde no se ha sancionado a nadie por estos casos es Perú, y esto es por culpa del Grupo Especial Lava Jato”, sostuvo.

“Ahora vamos a concertar las cuatro fuerzas para tratar de tener una idea común. Esa es la verdad”, declaró a la prensa.

El legislador anunció que se reunirá hoy a las 9:00 a.m. con representantes de Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno y el Partido Cívico Obras.

“El gobierno, me imagino, que ha hecho los ajustes que estime convenientes (...) tenemos toda la disposición”, expresó.

La diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, presentó la primera iniciativa legislativa del nuevo Parlamento bicameral, con la que plantea derogar siete leyes aprobadas por el Congreso anterior por considerar que debilitaron la lucha contra la delincuencia.

La parlamentaria oficializó un proyecto de 33 páginas que fue presentado formalmente ante la mesa de partes del Congreso. En el documento, la bancada de Juntos por el Perú sostiene que las normas vigentes han reducido las capacidades operativas de justicia.

Según el registro del Parlamento, la iniciativa propone derogar la norma que excluye a policías y militares de la jurisdicción ordinaria en los casos de delitos de función.

El proyecto también propone dejar sin efecto otras normas que, según la bancada, han resultado perjudiciales. Ahora, las comisiones ordinarias deberán analizar la iniciativa y emitir el dictamen correspondiente sobre su viabilidad técnica.

El primer expediente ingresado al Congreso bicameral corresponde al proyecto denominado “Ley que deroga diversas reformas legislativas que han generado retrocesos normativos en la lucha contra el crimen organizado”.

Catherin Palomino sostuvo que la aprobación de la iniciativa es prioritaria para restituir las facultades de investigación del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú.

La legisladora de Juntos por el Perú sostuvo que las normas actualmente vigentes han debilitado las herramientas de persecución judicial frente a las organizaciones criminales.

Entre las normas cuestionadas figura la ley que regula el juzgamiento de los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el fuero militar policial. El documento fue remitido a la Oficialía Mayor del Congreso para su posterior derivación a las comisiones correspondientes.

Además, la legisladora anunció una nueva iniciativa que buscará establecer cambios en las remuneraciones de las autoridades del Parlamento.

Palomino informó que la iniciativa propone reducir la remuneración mensual de los integrantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

La propuesta técnica también contempla eliminar los bonos extraordinarios y las asignaciones complementarias que reciben los representantes nacionales.

El proyecto referido al régimen salarial será remitido al vocero de la bancada de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, para que lo firme y continúe con el procedimiento parlamentario correspondiente.

La propuesta tiene como objetivo disminuir los gastos operativos derivados del nuevo esquema de dos cámaras legislativas. Para su elaboración, las dependencias administrativas del Congreso enviaron los antecedentes salariales que servirán como sustento económico del proyecto.

El Segundo Juzgado Unipersonal de La Libertad condenó al empresario y excandidato presidencial César Acuña a un año y seis meses de prisión suspendida.

La sentencia determinó la responsabilidad penal de Acuña como autor del delito de violación a la libertad de trabajo, en la modalidad de incumplimiento de resoluciones judiciales.

La jueza Katherine Dora Granda Fernández impuso una regla de conducta de cumplimiento obligatorio y ordenó el pago de una reparación económica superior al monto inicialmente reclamado en la vía administrativa.

La resolución judicial establece que la condena se sustenta en la omisión del pago de derechos laborales a la sucesión procesal de una docente.

De acuerdo con las investigaciones, el exgobernador incurrió en una conducta dolosa al no acatar los mandatos emitidos en la vía contencioso-administrativa laboral.

El fallo ordenó el cumplimiento inmediato de las obligaciones pendientes y advirtió que, de no acatarse lo dispuesto, podría revocarse la medida coercitiva.

Como parte de las reglas de conducta impuestas, el sentenciado deberá presentarse mensualmente ante la Oficina de Control para registrar sus actividades y justificar sus desplazamientos dentro del territorio nacional.

El Poder Judicial condenó a César Acuña, excandidato presidencial, a un año y seis meses de prisión suspendida por el delito de violación a la libertad de trabajo

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La sanción penal se originó por el incumplimiento de una orden judicial que disponía el pago de los beneficios por preparación de clases y evaluación a favor de la docente Flor de María Saldaña Plasencia.

Tras el fallecimiento de la docente, su hijo Luis Alejandro Novoa Saldaña asumió la representación del proceso como sucesor procesal, condición que le fue reconocida en 2019.

El Poder Judicial ordenó el pago de los devengados e intereses legales determinados en el peritaje oficial realizado en mayo de 2022.

El tribunal desestimó los argumentos de la defensa técnica, que alegaba supuestos vicios en la notificación de las cédulas entregadas en la sede regional.

La judicatura confirmó la validez de la notificación realizada el 31 de mayo de 2023 en el local institucional ubicado en la calle Los Brillantes 650, urbanización Santa Inés.

La magistrada sostuvo que el acusado tenía pleno conocimiento del requerimiento judicial debido a su condición de titular del pliego y representante legal del gobierno regional.

El caso del diputado Julián Pérez Mallqui, elegido por Cusco e integrante de la bancada de Juntos por el Perú, continúa generando cuestionamientos en el ámbito político. El parlamentario fue detenido en flagrancia el pasado 30 de julio por una presunta agresión física y psicológica contra su expareja en San Miguel, y recuperó su libertad tras cumplirse las 48 horas de detención preliminar.

Sin embargo, la liberación del parlamentario no calmó las críticas, sino que incrementó los pedidos de sanción en su contra, a los que se sumó el rechazo expresado por la presidenta Keiko Fujimori.

Durante sus declaraciones a la prensa en Piura, la mandataria expresó su rechazo ante una eventual responsabilidad de Pérez Mallqui en el caso de agresión y señaló que, de confirmarse los hechos, ello representaría un desprestigio para la representación ciudadana en el Poder Legislativo. Asimismo, destacó la importancia de proteger los derechos de las mujeres.

“Yo voy a opinar, sobre todo, como mujer, porque no conozco los detalles legales, pero realmente, si lo que se ha conocido a través de las noticias es verdad, es muy lamentable que una persona como él ocupe un cargo como diputado. Y es muy lamentable de cara al mensaje que se da a las mujeres. Yo por supuesto que rechazo cualquier forma de violencia contra la mujer”, declaró Fujimori.

Keiko Fujimori se pronunció sobre pedido de gracia para Alejandro Toledo: “Se va a evaluar”

Keiko Fujimori informó que un eventual indulto para el expresidente Alejandro Toledo será evaluado por la Comisión de Gracias Presidenciales cuando esta inicie sus funciones. Precisó que la decisión se tomará tras una evaluación técnica y médica del caso.

“Esto se va a evaluar con dos tipos de análisis: un carácter técnico y médico y también con una mirada humanitaria. Se tiene que establecer a los miembros de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales. Estas personas empezarán cuando asuman sus funciones para hacer el análisis correspondiente”, manifestó luego de regresar de Piura con unos ministros.

Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú (JP) en la Cámara de Diputados, consideró que debe evaluarse la suspensión temporal del diputado Julián Pérez, investigado por presunta agresión física y psicológica contra su expareja.

Como se recuerda, Pérez Mallqui recuperó su libertad el último sábado luego de permanecer detenido durante 48 horas en la comisaría de San Miguel, plazo establecido para los casos de detención en flagrancia delictiva.

Al respecto, Zunini Yerrén indicó que corresponde iniciar un proceso administrativo contra el parlamentario y disponer su suspensión temporal mientras se desarrollan las investigaciones.

“Nosotros hemos dispuesto, después de que se estableció la liberación del diputado y habiendo conversado con el abogado, que llegó a altas horas de la noche a hacer las diligencias, hemos solicitado que se inicie el proceso disciplinario“, indicó a la prensa.

“Como vocero de la bancada, lo que corresponde, de acuerdo a reglamento, es solicitar el inicio del proceso administrativo, y yo recomiendo, mientras dure este proceso, se determine la suspensión temporal del diputado“, resaltó.

Zunini también señaló que no tenía conocimiento de los antecedentes penales de Pérez, los cuales habían sido declarados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al inicio de las elecciones generales. Asimismo, indicó que el retraso para activar el procedimiento sancionador respondió a la falta de acceso a la segunda acta policial donde figuran los detalles de la investigación.

“Particularmente, yo no tenía conocimiento de esos antecedentes, pero, reitero, en el caso la demora se debe a que hay dos actas que nos llega a nosotros en dos momentos distintos. Sin embargo, siempre hemos sido enérgicos, y yo quiero aclarar, porque parece que algunas declaraciones se han malinterpretado. Desde un principio, hemos sido enérgicos en condenar todo acto de violencia, ya sea psicológico o físico contra la mujer, lo hemos señalado de manera frontal”, señaló.

“Hay dos actas. La segunda acta en la que da cuenta de una presunta violencia física nos ha llegado a nosotros después, y en función a esa acta es que ya nosotros hemos dispuesto [las acciones]”, afirmó.  

Keiko Fujimori informó que un eventual indulto para el expresidente Alejandro Toledo será evaluado por la Comisión de Gracias Presidenciales cuando esta inicie sus funciones. Precisó que la decisión se tomará tras una evaluación técnica y médica del caso.

“Esto se va a evaluar con dos tipos de análisis: un carácter técnico y médico y también con una mirada humanitaria. Se tiene que establecer a los miembros de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales. Estas personas empezarán cuando asuman sus funciones para hacer el análisis correspondiente”, manifestó luego de regresar de Piura con unos ministros.

Alejandro Toledo solicita gracia presidencial y afirma que padece cáncer

El expresidente Alejandro Toledo solicitó que se acelere el trámite de su pedido de gracia presidencial, al señalar que enfrenta un delicado estado de salud mientras permanece recluido en el penal de Barbadillo.

En una entrevista concedida al programa Sin rodeos, conducido por la periodista Milagros Leiva, el exmandatario afirmó que padece cáncer y problemas cardíacos, por lo que espera recibir autorización para continuar su tratamiento en un centro médico.

“Le pido a la señora Keiko Fujimori, que recibió un mensaje mío cuando murió su papá, que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel”, declaró.

Asegura que continuará su tratamiento fuera del penal

Toledo sostuvo que, de obtener la gracia presidencial, continuará su atención médica en una clínica.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no se ha pronunciado sobre la solicitud formulada por el exjefe de Estado.

Habla sobre el fallecimiento de su suegra

Durante la entrevista, el expresidente también señaló que atraviesa un momento personal complicado tras el fallecimiento de su suegra, Eva Fernenbug.

Según indicó, la situación judicial que enfrenta tanto él como su esposa, Eliane Karp, dificulta la realización del sepelio.

Toledo explicó que Karp permanece en Tel Aviv, Israel, y sostuvo que no puede salir de ese país debido a la orden de captura internacional que pesa en su contra, según sus declaraciones.

Asimismo, indicó que mantiene comunicación semanal con su esposa para conocer su situación.

Se refirió a la salida de Ollanta Humala del penal

El exmandatario también comentó la salida del expresidente Ollanta Humala del penal de Barbadillo, luego de que el Tribunal Constitucional declarara nulo el proceso seguido en su contra por presunto lavado de activos.

Toledo afirmó que Humala se despidió de él antes de abandonar el establecimiento penitenciario.

“Él tuvo la generosidad de venir a mi habitación a despedirse y a explicarme que ya salía. Eso me hizo feliz”, manifestó.