La decisión de la mandataria respondería a las alertas del Comando FEN e informó que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, estará en Tumbes para coordinar acciones y activar los protocolos de emergencia.

Reporte

El grupo de trabajo previó lluvias de fuerte intensidad en Tumbes, con acumulados que podrían superar los 100 milímetros hasta la madrugada de hoy. Es decir, más de 100 litros de agua por metro cuadrado.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil difundió que las precipitaciones intensas alcanzarían a tres provincias de Tumbes y también ocho de Piura, bajo el nivel de peligro rojo según el aviso de corto plazo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

En Tumbes, la alerta comprende a las provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla. En Piura, en tanto, las zonas de riesgo son Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara.

El nivel rojo advierte de precipitaciones de intensidad extrema que podrían provocar inundaciones pluviales. Estas, además, podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, vientos fuertes y hasta granizo.

Respaldo

Desde Fuerza Popular, al menos tres congresistas apoyaron la decisión de la mandataria.

Los senadores Alejandro Aguinaga y Patricia Juárez saludaron la cancelación de su viaje a España. “Todos estamos alertas y prestos a ayudar”, escribió Juárez en X.

En tanto, la diputada Flor Meza indicó que la población vulnerable debe ser atendida y que Fujimori respondió de “inmediato” a la emergencia.

Una de las denunciantes afirmó que entregó S/1.740 por trámites relacionados con una contratación y recibió un contrato de locación de servicios. Otra persona aseguró que pagó S/15.000 por un supuesto puesto de subjefe de seguridad y una oferta laboral para su esposa.

De acuerdo con el reportaje, Araníbar citaba a los interesados en el Parlamento y les ofrecía recorridos por sus instalaciones. La División de Estafas de la Dirincri lo intervino cuando llegó al Congreso acompañado de uno de los denunciantes. El hombre negó haber recibido dinero y rechazó las acusaciones.

Por su parte, Harvey Colchado negó tener algún vínculo con Araníbar y sostuvo que este habría utilizado su nombre para engañar a personas que buscaban empleo. El legislador recordó que no se debe pagar por acceder a un puesto en una entidad pública y que las contrataciones deben realizarse mediante canales oficiales.

El reportaje también indicó que Araníbar registra denuncias anteriores por presuntas ofertas laborales en la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Municipalidad de Lima.

De acuerdo a un informe de “Cuarto Poder”, este resultado se suma a un examen dactiloscópico previo que determinó que la huella digital consignada en el documento tampoco le pertenecería. Ambos hallazgos forman parte de las indagaciones fiscales por presunta falsedad documental.

A ello se suma la denuncia sobre la presunta presencia de una trabajadora no declarada en su despacho parlamentario. Según los registros de ingreso al Congreso, la abogada Karolyn Bracamonte Valle acudió 27 veces a la oficina de Tapullima entre agosto y octubre, con una permanencia acumulada de 105 horas y 41 minutos, pese a no figurar en el cuadro oficial de personal.

La exasesora María Pinedo afirmó que Bracamonte elaboraba oficios y coordinaba documentos parlamentarios. Además, mensajes de WhatsApp difundidos por Cuarto Poder mostrarían coordinaciones para elaborar proyectos legislativos.

Sobre estos hechos, el penalista Percy Sota advirtió que la realización de funciones públicas sin nombramiento podría configurar el delito de usurpación de funciones, mientras que el constitucionalista Alejandro Rospigliosi señaló posibles infracciones relacionadas con el uso de personal no autorizado. Estas son apreciaciones legales y no determinan responsabilidades penales. Asimismo, el Reglamento del Congreso prohíbe el trabajo ad honorem en los despachos parlamentarios.

Consultada por la prensa, Tapullima evitó responder sobre las denuncias y señaló que esperará el avance de las investigaciones. Por su parte, Bracamonte sostuvo que sus visitas al Parlamento obedecieron a sugerencias profesionales brindadas a título personal.

En declaraciones a Exitosa, explicó que las empresas que se vean obligadas a paralizar sus actividades pueden recurrir a tres alternativas: el teletrabajo, las vacaciones forzadas y la suspensión perfecta o imperfecta de labores.

Sheput precisó que la diferencia entre ambas modalidades radica en el pago de las remuneraciones: en la suspensión perfecta no se paga al trabajador, mientras que en la imperfecta sí.

Añadió que las empresas pueden solicitar este mecanismo ante la Sunafil, incluso sin que exista un fenómeno climático que afecte sus operaciones.

Finalmente, el titular del sector señaló que buscará perfeccionar este procedimiento, tomando como referencia la experiencia durante la pandemia de la COVID-19, a fin de evitar situaciones abusivas y garantizar los derechos laborales.

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El caso se remonta a junio de 2008, cuando agentes de Aduanas y de la unidad antidrogas descubrieron 15 paquetes con 1,030 kilogramos de cocaína ocultos en la cabecera de una cama de madera que iba a ser enviada a Ámsterdam. El peritaje determinó que el cargamento contenía 798 gramos de clorhidrato de cocaína pura.

En los documentos del envío, Landauro figuraba como remitente. Durante el proceso, explicó que trabajaba en la agencia de carga Panamericano Express I.R.L. y que utilizó su nombre en los registros debido a que la empresa no contaba con autorización aduanera para realizar despachos de terceros al extranjero. También señaló que acudió a la tienda de muebles para medir el paquete y calcular el costo del transporte.

Tras su detención en el aeropuerto Jorge Chávez, el 25 de junio de 2008, permaneció recluido en el penal Sarita Colonia hasta el 21 de mayo de 2009, cuando obtuvo comparecencia para afrontar el proceso en libertad.

El 14 de abril de 2011, la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel del Callao le impuso ocho años de prisión efectiva mediante el Expediente N.° 3254-2008. No obstante, el 21 de febrero de 2012, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revisó el recurso de nulidad N.° 1787-2011 y resolvió absolverlo por duda razonable, además de disponer la anulación de sus antecedentes.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, destacó los resultados de la visita oficial que realizó la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador, durante la cual la delegación peruana conoció experiencias en seguridad ciudadana, salud, educación y aplicación de inteligencia artificial.

En declaraciones a la prensa, el canciller calificó la visita como un “viaje muy positivo” y sostuvo que fueron dos días intensos de trabajo junto con las autoridades del Gobierno de Nayib Bukele, con el propósito de identificar iniciativas que puedan ser evaluadas para su aplicación en el Perú.

Espá resaltó que el intercambio permitió conocer directamente el funcionamiento de instituciones salvadoreñas y herramientas tecnológicas orientadas a la gestión pública.

Visita al CECOT permitió conocer modelo de seguridad penitenciaria

Uno de los puntos centrales de la agenda fue el recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), establecimiento penitenciario de máxima seguridad construido durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

El canciller señaló que la experiencia permitió observar un modelo que, según su evaluación, combina infraestructura especializada con la aplicación estricta de normas contra los líderes de organizaciones criminales.

“Es un régimen penitenciario, no solamente es cemento, es la aplicación de la ley rigurosamente a los cabecillas de las organizaciones criminales transnacionales; eso es lo que hemos podido apreciar con las autoridades de El Salvador en el CECOT”, expresó.

A partir de esa visita, Espá planteó que el Perú podría evaluar reformas legislativas, procesales y penitenciarias para reforzar el control de los centros de reclusión e impedir que integrantes de organizaciones criminales continúen coordinando delitos desde las cárceles.

Inteligencia artificial en salud fue otra de las experiencias destacadas

La delegación peruana también conoció el funcionamiento de la plataforma tecnológica Doctor SV y visitó el Hospital Nacional Rosales, como parte del intercambio de experiencias en servicios de salud.

Espá destacó el uso de herramientas de inteligencia artificial para apoyar la atención médica, optimizar procesos y mejorar la gestión de los servicios sanitarios.

El canciller sostuvo que estas tecnologías pueden ofrecer nuevas posibilidades para modernizar los sistemas de atención a pacientes y fortalecer los mecanismos de control de medicamentos.

Gobierno peruano conoció experiencias de modernización educativa

En materia educativa, la presidenta Fujimori y los integrantes de su comitiva conocieron iniciativas relacionadas con la infraestructura escolar y el uso de herramientas digitales en los procesos de enseñanza.

Uno de los aspectos resaltados por Espá fue la posibilidad de emplear inteligencia artificial para ofrecer acompañamiento personalizado a los estudiantes, mediante sistemas de apoyo al aprendizaje.

El ministro consideró que estas experiencias podrían contribuir a explorar alternativas para mejorar la educación peruana, especialmente mediante la incorporación de herramientas tecnológicas en las aulas.

Además, responde a la oposición y al rol que esta ejerce desde el Congreso. “Hay un signo muy nítido en un sector de la oposición: buscar que la presidenta no tenga ningún resultado”, puntualizó.

Tras su visita a El Salvador, ¿cuáles son sus primeras observaciones en materia de seguridad?

El primer balance es que una cosa es conocer el tema por artículos o videoconferencias, y otra verlo. En cuanto a seguridad, hemos visto dos realidades. La primera sobre los delincuentes que se pueden rehabilitar. Sobre ello, existen dos elementos: el cumplimiento de la mitad de la condena en una prisión de máxima seguridad y la otra mitad en una granja de trabajo bajo el programa “Cero Ocio”.

En Perú tenemos un programa de cárceles productivas, pero todavía no hemos alcanzado los niveles emblemáticos de El Salvador. En nuestra visita, preguntamos a los responsables, tanto funcionarios como los internos a cargo, cómo han evolucionado. Cómo es que surgió, por ejemplo, la crianza industrial de pollos. Nos han referido detalles específicos que podemos aplicar en el Perú.

Lo otro es la cárcel de máxima seguridad (CECOT) que alberga a los pandilleros condenados a cadena perpetua, con un régimen absolutamente cerrado, sin visitas y sin salida al parque exterior.

¿Cuál de todas las iniciativas tendría una aplicación más inmediata en el Perú?

Lo que hay que aplicar, de manera inmediata, es precisamente lo que no se ve. Esto es la primera etapa del modelo de El Salvador. Ellos elevaron la pena por tenencia ilegal de armas, de manera drástica, y luego eligieron a un grupo selecto de jueces a los que les dieron seguridad, tanto a ellos como a sus familiares.

Y para eso, nosotros tenemos el subsistema que inauguramos en Trujillo y que replicaremos en Lima Norte. Es un grupo de jueces elegidos, a los que se les da seguridad especial, y a los que se les lleva los casos de bandas dedicadas a la extorsión.

Así se empieza. ¿Para qué queremos cárceles especiales o granjas penitenciarias si todavía no tenemos la posibilidad (adecuada) de condenar a los extorsionadores y sicarios? Tenemos que empezar modificando los procedimientos penales y creando un sistema especial para juzgar al delincuente en el menor tiempo posible y de la manera más drástica.

La presidenta anunció una cárcel de máxima seguridad, ¿se asemejará a las condiciones del CECOT?

La realidad de El Salvador difiere de la nuestra en cuanto a las posibilidades que se tienen para reunir a los presos en las condiciones del CECOT. Nuestro afán, esencialmente, es construir cárceles en el menor tiempo posible.

Enfrentando la normatividad vigente, no son menos de cinco años de tramitología. Esa es la realidad legal de nuestro país. En la forma abreviada, no es menor a tres años. Eso no nos sirve. Tenemos que buscar fórmulas más creativas para tener una prisión en el más breve tiempo, o sea, pensando en que la construcción de la cárcel podría demorar de ocho meses a un año.

Los trámites previos, que son sumamente engorrosos, tienen que ser lo más expeditivos posible. Ya están los equipos de trabajo concentrados en eso, se les dio la indicación de explorar todos los caminos legales.

En el marco de las facultades legislativas aprobadas, ¿cuáles son las primeras medidas que implementará su sector?

Lo primero en lo que hemos trabajado es en la consideración del fiscal y el juez en casos donde la evidencia indica que el ciudadano ha actuado en defensa propia. La perspectiva de la administración de justicia debe ceder ante la evidencia. Y que el fiscal, si tiene alguna observación, tenga la responsabilidad de asumir la prueba en contra.

Esto para cortar que el fiscal pida la detención preliminar de cualquier persona que se defienda de un delincuente y que, desde la cárcel, tenga que probar el ciudadano que actuó correctamente. El sentido común nos indica que el fiscal debe probar que el ciudadano actuó de manera ilegal.

¿Se hará alguna modificación a la normativa?

Lo que nos autorizó el Congreso no fue modificar la norma procesal. Nosotros queríamos, en principio, que no existiera detención al ciudadano que usó su arma autorizada para defenderse de un delito.

Como no se nos ha autorizado, estamos yendo por el aspecto de la percepción del fiscal y del juez. Entonces, la idea es que toda la legislación esté pensada en beneficio del ciudadano y no del que delinque. Ese es el principio rector con el que, básicamente, también empezó el sistema salvadoreño.

En el plano político, la oposición señala un aparente desaire del presidente Bukele por remarcar que ambos países viven realidades distintas…

Lo que el Perú ha comprobado es que hay mucha mezquindad en parte de la oposición. En principio, dijeron que el presidente Bukele no había recibido a la presidenta y que había ido la canciller (Alexandra Hill Tinoco), cuando era lo que correspondía.

El encuentro de presidentes fue bastante solemne, de acuerdo al nivel de amistad entre ambos países, y en su discurso el presidente Bukele dijo lo que nosotros hemos dicho antes del viaje: Las realidades no son las mismas. De lo que se trata es de tomar algunos elementos, que han tenido resultado y adaptarlos a nuestra realidad.

Es sentido común, pero claro, hay un signo muy nítido en un sector grande de la oposición que lo que busca es que no se le otorguen más facultades a la presidenta, que no tenga ningún resultado, que no viaje a ver otro modelo y decir que no tiene un objetivo definido. Y en el momento en que se presenta un modelo, sujeto a adaptación, inmediatamente se le quiere quitar legitimidad. (…) Es realmente mezquino lo que hacen algunas personas en la oposición.

¿Qué elementos del modelo salvadoreño no se aplicarían, por ejemplo?

No es necesario, por ejemplo, tener algunos elementos de la granja de trabajo de los internos. Es obvio que no podemos tener el mismo rigor para los internos, como en el CECOT, porque este tiene algunas observaciones de índole constitucional y de derechos fundamentales.

Además, el derecho constitucional siempre parte del principio de que la actuación del Estado, sobre la sociedad, tiene que ser siempre proporcional al mal que quiere solucionar. Y nuestra criminalidad, si bien es cierto es grave y violenta, no llega ni a la mitad de los límites de la que llegó El Salvador con los ‘maras’ y estos grupos sumamente violentos que tomaron las ciudades y el campo (…).

Entonces, las medidas no pueden ser tan gravosas para la libertad y los derechos fundamentales como las que en El Salvador sí fueron necesarias.

Por otro lado, la familia del expresidente Alejandro Toledo ha pedido que el Gobierno le otorgue un indulto. ¿Existen las condiciones para ello? La presidenta dijo que “ninguna persona merecía morir en prisión”.

Esencialmente, es cierto, pero los indultos se otorgan a personas que tienen especial connotación, tanto de cumplimiento de la pena —o sea, más de la mitad— o el haber devuelto, en caso de corrupción, el íntegro del dinero que le restaron a la sociedad. O una enfermedad sumamente grave que haga necesaria su salida del penal para que pueda morir en breve término en su casa.

El Sistema Interamericano y la jurisprudencia, actualmente, proscribe tanto la amnistía como el indulto destinado a generar impunidad. Y hasta donde yo recuerdo, el presidente Toledo apenas tiene cerca de tres años en detención en el Perú.

Por tanto, eso tiene que evaluarse con mucha seriedad, más allá de los gestos que lógicamente los familiares puedan realizar. O sea, se entiende que ninguna familia quiere tener a su familiar en la cárcel, pero como sociedad tenemos que aprender a asumir las consecuencias de nuestros actos.

¿Y sobre la situación legal de Vladimiro Montesinos tiene conocimiento?

Solo lo que se ha visto en los medios. En este caso, no hay impunidad; el señor ha estado varios años en la cárcel. Es un tema sobre que está por cumplir la pena que el sistema judicial le impuso en su momento, y obviamente como persona mayor tiene el derecho de pretender ir a cumplir o culminar, si hubiese una pena adicional que se le haya bien puesto, en su domicilio. Eso corresponde al Poder Judicial, él no ha pedido ni una gracia presidencial ni ningún tipo de indulto.

¿Son una opción a evaluar los jueces sin rostro?

No es necesariamente inconstitucional. El temor a los jueces sin rostro es a alguna “arbitrariedad” de sus resoluciones, y esto se puede subsanar ante la Junta Nacional de Justicia y los órganos ad hoc dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Si se llega al caso extremo de que se comprobara que jueces y fiscales no actúan por la intimidación de las bandas criminales, y esto se convierte en algo sistemático, tendremos que buscar una solución proporcional al mal que queremos eliminar. Pero tendríamos que hacerlo con expertos en derecho constitucional y penal para afectar los derechos fundamentales al mínimo.

Todos los derechos fundamentales, incluso la vida, son limitados; no hay derechos absolutos (…). Todavía no es algo sistemático como lo fue, por ejemplo, en el momento más grave del terrorismo en el Perú.

El ministro confió en que el Congreso encontrará “equilibrio” frente a las discusiones sobre los límites de sus cámaras. “El Senado no puede ser el que establezca, por encima de Diputados, las medidas legislativas que van a regir en el país. Pero tampoco puede ser una simple mesa de partes sin ninguna capacidad de agregar o modificar un proyecto aprobado en Diputados”, dijo.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció este domingo 1 de noviembre que no viajará a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, debido a una alerta por el incremento de las lluvias en el norte del Perú.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la mandataria informó que el Comando FEN reportó un fuerte aumento de las precipitaciones a partir de la noche de este domingo, situación que motivó la adopción de medidas inmediatas para atender la emergencia.

La jefa de Estado señaló que permanecerá en el país para atender directamente la situación y anunció el desplazamiento del ministro de Defensa a la región Tumbes, donde coordinará las acciones de respuesta.

#AlertaMEGANIÑO El Comando FEN ha reportado un fuerte incremento de las lluvias en la zona norte del país a partir de esta noche. Estamos tomando medidas inmediatas para enfrentar esta emergencia. El ministro de Defensa se dirige esta tarde a Tumbes para coordinar las acciones necesarias y activar todos los protocolos de emergencia. Ante esta situación, he decidido no asistir a la cumbre de jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia. Estamos movilizando los recursos del Estado para proteger la vida y la seguridad de las familias.

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 1, 2026

Fujimori no asistirá a cumbre de jefes de Estado en España

La mandataria tenía previsto viajar a Madrid del 2 al 6 de noviembre para participar en las actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana, programada para los días 4 y 5 de noviembre de 2026.

Sin embargo, ante la alerta por las condiciones climáticas en el norte del país, comunicó su decisión de cancelar su participación en el encuentro internacional.

“Ante esta situación, he decidido no asistir a la cumbre de jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia”, expresó Fujimori en su publicación.

El viaje presidencial había sido autorizado por el Senado de la República y contemplaba su participación en la sesión plenaria de la cumbre, reuniones bilaterales con otros mandatarios y actividades oficiales en España.

Ministro de Defensa viajará a Tumbes ante incremento de lluvias

Como parte de las primeras disposiciones anunciadas, Fujimori informó que el ministro de Defensa se desplazará durante la tarde de este domingo hacia Tumbes, una de las regiones del norte peruano.

El titular del sector, Rafael Belaunde Llosa, tendrá a su cargo la coordinación de las acciones necesarias y la activación de los protocolos de emergencia, de acuerdo con el anuncio presidencial.

“El ministro de Defensa se dirige esta tarde a Tumbes para coordinar las acciones necesarias y activar todos los protocolos de emergencia”, indicó la presidenta.

Comando FEN advierte aumento de lluvias desde esta noche

Según lo informado por Fujimori, el Comando FEN ha alertado sobre un fuerte incremento de las lluvias en el norte del territorio nacional a partir de la noche del domingo 1 de noviembre.

La advertencia se produce en el contexto de las acciones preventivas adoptadas por el Gobierno frente al Fenómeno El Niño 2026-2027, que ha motivado medidas de preparación y respuesta ante emergencias climáticas.

Por ello, la magnitud de las precipitaciones y su impacto deberán precisarse mediante los informes técnicos de las entidades competentes.

El exalcalde de Lima Rafael López-Aliaga y Carlos Álvarez enfrentan una denuncia penal de la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con el funcionario Ronald Angulo, la acción ingresó el último viernes a la fiscalía por los presuntos delitos de acoso y coacción contra Roberto Burneo, presidente del organismo, debido a alusiones de connotación sexual.

SILENCIO

El primer agravio ocurrió el 15 de abril de este año, después de las elecciones presidenciales. En aquella oportunidad, el líder de Renovación Popular alegó un supuesto fraude frente a la sede institucional y fijo un ultimátum para anular la primera vuelta.

“Este es un método que se usa en Venezuela. (Es el) plan Morrocoy, la tortuga. Ya sabe por dónde se lo va a meter, señor, el morrocoy. El morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter”, le dijo “Porky” a Burneo.

El último sábado 24 de octubre, durante un mitin realizado en Lurín, Álvarez, quien fue candidato presidencial de País para Todos, repitió aquellas palabras con menores de edad en el estrado.

“Rafael (...) le quería meter morrocoy por el pot.. (...) porque el pot... de Burneo es un ánfora”, dijo el comediante. El exalcalde estaba presente y se reía a carcajadas.

Cuatro días más tarde, el JNE censuró lo ocurrido y advirtió que esa conducta “contribuye a deteriorar el debate público”.

RESPUESTA

López Aliaga contraatacó ayer durante un actividad pública en el Rímac, donde anunció que recurrirá a la vía civil. “Se la voy a devolver por una demanda por daños y perjuicios”, sentenció.

El político además calificó al jurado como “parte de la corrupción estructural en el Perú” y culpó nuevamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por la pérdida de votos que, según él, obtuvo en Lima Norte y Lima Sur. Ahora le corresponde al Ministerio Público evaluar si abre una investigación.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, viajará a Moscú, Rusia, para realizar gestiones diplomáticas de alto nivel destinadas a brindar asistencia a ciudadanos peruanos que estarían prestando servicios en fuerzas armadas extranjeras, así como proporcionar información a sus familiares en el Perú.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 309-2026-PCM, publicada este domingo 1 de noviembre de 2026 en el diario oficial El Peruano. La norma modifica la autorización original de viaje del canciller, que comprendía únicamente actividades oficiales en Portugal y España.

Según la disposición, el titular de Relaciones Exteriores sostendrá reuniones con representantes del Gobierno ruso y otras entidades internacionales, además de realizar coordinaciones presenciales con la Embajada del Perú en la Federación de Rusia.

Canciller buscará asistencia para peruanos vinculados a fuerzas armadas extranjeras

La resolución señala que el desplazamiento responde a la situación de ciudadanos peruanos que estarían prestando servicios en fuerzas armadas extranjeras y que requieren gestiones de asistencia por parte del Estado peruano.

El documento precisa que resulta necesario efectuar coordinaciones de alto nivel ante las autoridades de la Federación de Rusia para impulsar medidas de apoyo y proporcionar información oportuna a los familiares de los connacionales.

Carlos Espá sostendrá reuniones en Moscú del 7 al 9 de noviembre

De acuerdo con el dispositivo legal, el canciller tiene previsto desarrollar sus reuniones oficiales en Moscú entre el 7 y el 9 de noviembre de 2026.

Durante esas jornadas, se reunirá con autoridades de la Federación de Rusia y representantes de otras entidades internacionales, además de efectuar coordinaciones directamente con la representación diplomática peruana.

Sin embargo, por razones de itinerario, el desplazamiento a Rusia comprenderá del 6 al 11 de noviembre. Esta ampliación permitirá incorporar Moscú a la comisión de servicios que ya había sido autorizada para Europa.

La resolución señala que estas gestiones son de interés nacional debido a la necesidad de brindar asistencia a los ciudadanos peruanos y mantener informadas a sus familias.

¿Quién asumirá la Cancillería durante el viaje de Carlos Espá?

La disposición también establece encargaturas temporales del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la ausencia de su titular.

Hasta el 6 de noviembre, el despacho estará a cargo del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

A partir del 7 de noviembre y mientras dure la ausencia de Carlos Espá, asumirá el encargo el presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta.

Los denunciantes acusan a Rospigliosi de presionar a jueces y fiscales vía denuncias ante la Junta Nacional de Justicia por no aplicar las leyes del Congreso.

“La denuncia constitucional no puede convertirse en una herramienta para silenciar posiciones políticas ni perseguir al adversario. Expreso mi respaldo al senador Fernando Rospigliosi”, escribió en X.

Vásquez respondió a Torres cuestionándolo por usar a la Mesa Directiva como “escudo político” pues viola la imparcialidad y el debido proceso. ¡Si quiere defenderlo, que baje al pleno!”, indicó.

“No se deje sorprender (presidenta Keiko Fujimori) por los malos funcionarios de Osiptel que están boicoteando su trabajo (...) Los funcionarios que aprobaron esta suspensión deberían ser destituidos inmediatamente de su cargo”, dijo en sus redes.

Vásquez también informó que presentó a su bancada, el pasado 9 de setiembre, un proyecto para endurecer las sanciones. La propuesta plantea responsabilidad penal y cárcel para los gerentes de las empresas de telecomunicaciones que incumplan las obligaciones de bloqueo.

No obstante, Osiptel respondió mediante un comunicado y aseguró que la suspensión no eliminó las obligaciones de las empresas y precisó que las operadoras deben cortar el servicio móvil y bloquear equipos ante usos prohibidos, si se cumplen las condiciones del procedimiento.

Al corte del 29 de octubre, el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) contabiliza 174 asesinatos y eleva el promedio diario a 6.4 muertes.

Desglose

En agosto, el sistema registró 178 homicidios, con un promedio de 5.7 diarios. En septiembre, la cifra descendió a 153 casos y alcanzó una media de 5.1.

Sin embargo, octubre revirtió esa tendencia y elevó el promedio diario en 1.3 homicidios respecto del mes anterior.

Incluso, los 174 casos contabilizados hasta el 29 de octubre superan los registros de septiembre y se aproximan a los 178 de agosto, pese a que el mes todavía no concluye.

La comparación con los meses más críticos del año muestra que marzo y junio mantienen los mayores promedios diarios, con 6.5 homicidios cada uno.

Marzo acumuló 202 muertes violentas, mientras que junio registró 196.

Pero octubre, con 6.4 casos por día, se encuentra a solo una décima de esos niveles. Este mes solo registra 28 casos menos que marzo y 22 menos que junio.

Análisis

El ingeniero y analista de datos Juan Carbajal explicó a Correo que, desde el 28 de julio, cuando Keiko Fujimori asumió el Gobierno, los homicidios muestran descensos que no se sostienen en los meses siguientes.

“Aún está en un sube y baja donde no hay una reducción sostenida, que es lo que todos deseamos”, indicó.

Carbajal también advirtió de la existencia de un subregistro de muertes violentas debido a las demoras en la incorporación de actas de defunción y la clasificación de los casos.

Como ejemplo, mencionó que cinco asesinatos con arma de fuego reportados el pasado 25 de octubre solo tenían dos registros en la base del Sinadef cuando realizó su revisión.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la mandataria destacó la importancia del encuentro para fortalecer la cooperación bilateral y compartió una publicación de Bukele.

“Muchas gracias, presidente Bukele, por la invitación y la cálida hospitalidad. Ha sido una valiosa oportunidad para compartir experiencias y avanzar con decisión en una agenda de cooperación en seguridad, salud y educación, prioridades que comprometen a nuestros países. Un abrazo desde el Perú”, escribió la mandataria.

Durante su visita, Fujimori abordó con las autoridades salvadoreñas experiencias y estrategias en materia de seguridad ciudadana, así como iniciativas relacionadas con los sectores de salud y educación.

La visita también estuvo vinculada al interés del Gobierno peruano por conocer las políticas de seguridad implementadas por la administración de Bukele, entre ellas el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Muchas gracias, presidente Bukele, por la invitación y la cálida hospitalidad. Ha sido una valiosa oportunidad para compartir experiencias y avanzar con decisión en una agenda de cooperación en seguridad, salud y educación, prioridades que comprometen a nuestros países. Un abrazo desde el Perú.

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 1, 2026

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Durante el encuentro, Dyer informó sobre la ampliación de los puntos de vacunación contra el dengue en ocho regiones: La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes, Ucayali, San Martín y Áncash.

En Lima, se incorporaron los distritos de San Juan de Lurigancho y Carabayllo para proteger a las poblaciones vulnerables.

El titular del sector precisó que en los últimos dos meses se aplicaron más de 70 mil dosis y se gestionó la compra de más de un millón de vacunas, destinadas a proteger a más de 500 mil personas de entre 10 y 20 años.

Asimismo, ambos abordaron las experiencias conocidas durante su visita a El Salvador, entre ellas la plataforma de telemedicina Doctor SV, que integra inteligencia artificial y herramientas tecnológicas, así como las iniciativas de modernización de la infraestructura hospitalaria.

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En las reuniones participaron representantes de Migraciones, la Sucamec, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Durante los encuentros, la Dirección General de Información para la Seguridad presentó las herramientas y capacidades del Observatorio de la Criminalidad, destinadas al análisis de datos y la planificación de intervenciones conjuntas.

Asimismo, las entidades intercambiaron información sobre sus competencias y acciones, e identificaron oportunidades de cooperación para mejorar el análisis de los problemas de seguridad y articular una respuesta más efectiva frente a la delincuencia.

Las reuniones fueron encabezadas por el viceministro de Seguridad Pública, César Alberto Jordán Brignole, y el director general de Información para la Seguridad, César Augusto Álvarez León.

Según el Mininter, estas acciones, impulsadas bajo la conducción del ministro César Astudillo, buscan fortalecer el trabajo interinstitucional y mejorar la toma de decisiones para combatir la criminalidad.

🛡️ ¡#ComandoUnificado fortalece su capacidad para enfrentar la criminalidad! El #Mininter articuló a Migraciones, Sucamec, la PNP y las Fuerzas Armadas para optimizar el intercambio de información y mejorar la planificación de acciones conjuntas. 📊 A través del Observatorio de la Criminalidad, se reforzará el análisis de datos estratégicos para orientar decisiones y responder de manera más coordinada frente a la delincuencia. 🇵🇪 #PerúResponde ante la inseguridad. 🗞️ Más información aquí: https://t.co/rYd12ksZOC

— Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) October 31, 2026

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Así lo aseguró el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, quien preside la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño.

“En el caso específico de Lima, por ejemplo, está ingresando más de ocho mil toneladas diarias (dealimentos). Esa información la ponemos a disposición del público y sepa que están entrando alimentos y en este momento, hoy día, no existe desabastecimiento”, aseguró.

El funcionario explicó que, a diferencia de lo ocurrido en 2017, la planta potabilizadora de Sedapal cuenta ahora con los filtros necesarios para tratar el agua.

“Han pasado 10 años y ahora la planta potabilizadora sí tiene los filtros para poder procesar el agua que vaya a llegar. Y por ese motivo podemos decir hoy día que no vamos a tener problemas de agua en Lima”, expresó el ministro para RPP.

Respecto a las precipitaciones, Vinelli señaló que se han distribuido motobombas, hidrojets y trasvasadoras en puntos estratégicos para evacuar el agua acumulada.

También advirtió que algunos bypass podrían inundarse si las lluvias son intensas y que sería necesario cerrar el tránsito en la Costa Verde si las condiciones impiden el paso de vehículos.

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El Gobierno autorizó el uso de hasta S/ 2.000 millones del Fondo Crecer para respaldar estas operaciones, mediante el Decreto de Urgencia N.° 015-2026, publicado hoy en el diario oficial El Peruano.

La norma establece que la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) utilizará los recursos disponibles para garantizar créditos en moneda nacional otorgados por entidades financieras y cooperativas elegibles.

La cobertura será del 90% para préstamos de hasta S/ 30.000, del 80% para montos entre S/ 30.001 y S/ 90.000, y del 70% para créditos de hasta S/ 300.000. En los sectores agropecuario, pesquero y acuícola, las garantías serán mayores: 95%, 90% y 80%, respectivamente.

Otra medida contempla la reprogramación de los préstamos respaldados por el programa Impulso Myperú.

Las entidades financieras evaluarán las solicitudes y podrán ampliar los pagos hasta por nueve meses, o hasta 12 meses para actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas. Además, se permitirá un periodo de gracia parcial de hasta tres meses, durante el cual los beneficiarios pagarán únicamente intereses y comisiones. La tasa de interés no podrá superar la que tenían antes de la reprogramación.

Tanto las garantías como las reprogramaciones podrán solicitarse hasta el 30 de abril de 2027.

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