La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 020-2026-EM, publicada este sábado en el boletín del diario El Peruano.

De manera paralela, se dio por concluida la designación de Carlos Alfredo Virgilio Niño Neira Ramos al frente de la entidad, agradeciéndosele por los servicios prestados durante su gestión entre enero y mayo de este año.

Bertarelli es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta con una maestría en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad de Piura.

Además, posee una amplia trayectoria en el sector público, especialmente en Petroperú, donde ocupó diversos cargos de alta dirección, entre ellos los de presidente del directorio y gerente general.

Las resoluciones fueron suscritas por el presidente de la República, José María Balcázar, y el ministro de Energía y Minas, Walter Ayasta.

Pedro Francke, coordinador del equipo, lo presentó ante la prensa extranjera como especialista independiente con trayectoria en gestión regional.

Benavente fue gobernador del Cusco entre 2019 y 2022, por Acción Popular, y presidió la Asociación de Gobiernos Regionales.

Sin embargo, la exautoridad registra un antecedente que contrasta con el perfil que JP busca proyectar.

Incidente

El 8 de marzo de 2024, Benavente agredió físicamente a Eduardo Arbulú, exempleado del Gobierno Regional del Cusco (GORE Cusco), en una calle de la ciudad imperial.

Vecinos registraron el ataque en video. En el material se aprecia a Benavente dejando unos documentos en una camioneta antes de arremeter contra Arbulú, quien apenas alcanzó a cubrirse el rostro.

El exgobernador intentó empujar la cabeza del hombre contra un vehículo estacionado y le propinó varios puñetazos.La Policía Nacional condujo a Benavente a la comisaría de Wanchaq, y a su salida intentó justificarse ante la prensa.

“Deben entender de que mientras yo caminaba, este señor (Arbulú) desde su carro me insulta, se para a media vía, sigue provocando, a pesar que se le intenta calmar, sigue agrediendo: improperios, insultando”, aseveró.

Benavente alegó que Arbulú insulto a su fallecida madre y que esto lo “enervó”, provocando una “trifulca”.

El exfuncionario, incluso, insinuó motivaciones laborales por parte de Arbulú, al sostener que “si no estuvo de acuerdo con algunas cosas (en su gestión), pues las pudo haber denunciado en su momento y no estar insultándome”.

Al cierre de la edición, JP no se había pronunciado sobre la agresión registrada hace dos años.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundada la excepción de improcedencia de acción y determinó que los hechos imputados al “hermanísimo” “sí poseen contenido penal”.

Boluarte es investigado por, presuntamente, usar el aparato estatal y el sistema de prefectos para obtener beneficios económicos y lograr la inscripción y el sostenimiento del partido Ciudadanos por el Perú.

El juez Concepción Carhuancho reconvirtió el delito imputado al coinvestigado Jorge Ortiz de cohecho pasivo propio a impropio.

“El debate presidencial demostró que no hay polarización, sino marcadas coincidencias entre FP y JP. Ante esta situación, compleja, por cierto, la Asamblea otorga a la militancia la libertad de ejercer su voto crítico y táctico”, reza el comunicado.

La agrupación que llevó a la presidencia al golpista Pedro Castillo calificó que ambas candidaturas son “las dos caras de la misma moneda” y que la única diferencia es la “disputa” por la estatización, la renegociación de los contratos ley y la nacionalización de recursos.

Además, instó a sus militantes al “voto crítico y táctico”.

El domingo pasado fue el turno de sus equipos técnicos, los que expusieron decenas de propuestas. Sin embargo, un análisis de estos planteamientos concluyó que 40 de las 74 iniciativas difundidas por JP no aparecen en su plan de gobierno, el 54%.

De acuerdo con un informe elaborado por el Centro Wiñaq, solo ocho de las propuestas mencionadas por representantes del partido de izquierda pueden encontrarse de manera expresa en el mencionado documento. Incluso, otras 20 presentan coincidencias solo parciales.

En detalle

Para muestra, hay varios botones. En el bloque de Juventud y Deporte, uno de los planteamientos del sociólogo Ernesto Zunini fue “Mi Primera Chamba”, programa orientado a facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, pero que no aparece en su plan.

“Cien mil jóvenes recibirán 6,150 soles en una cuenta individual del Banco de la Nación, que podrán ser utilizados durante 5 años para capacitación acreditada, capital semilla para emprendimiento o para subvencionar seis meses de salario en su primer puesto de trabajo formal”, añadió Zunini.

En el mismo eje, propuso crear “Casa Futuro”, una red de espacios destinados a la atención y desarrollo de los jóvenes y que tampoco figura en el plan de gobierno de Juntos por el Perú.

“Organizaremos ‘Casa Futuro’, polideportivos en Lima y en las capitales del país donde, además, habrá bibliotecas y centros de recursos equipados con tecnología, donde se brindará asistencia de orientación vocacional, psicológica, educación sexual y reproductiva”, sostuvo.

En el bloque de Infraestructura, el economista Gustavo Guerra García planteó recuperar el ducto de Camisea al Cusco y relanzar el Gasoducto del Sur. Ambas propuestas no pudieron ser ubicadas de manera manifiesta en el plan de Juntos por el Perú.

“Tenemos que recuperar el ducto de Camisea al Cusco. No necesitamos el Gasoducto del Sur, porque no podemos seguir teniendo a la gente que está en la zona de producción de Camisea pagando un precio del gas mucho más elevado que el de Lima. Necesitamos una red de gasoductos para igualar los precios en todo el Perú”, remarcó durante su exposición.

Más adelante, en el segmento de bolsón de tiempo, Guerra García volvió sobre el tema y cuestionó la paralización de la obra. “No puede ser que no hagamos una obra que está 35% construida y que tenemos que relanzar (...) tenemos paralizado el Gasoducto del Sur”, enfatizó.

El informe, además, identificó seis propuestas que contradicen las metas consignadas por JP en su plan de gobierno. Una de ellas está relacionada con la ampliación de becas estatales para jóvenes de escasos recursos.

El documento partidario plantea incrementar los beneficiarios de Beca 18 a 120 mil y los de la Segunda Oportunidad a 50 mil, para un total de 170 mil jóvenes.

Sin embargo, en el debate Zunini dijo: “Ampliaremos las becas del Estado a 30 mil, enfocándonos en los jóvenes en situación de pobreza de zonas urbano-marginales y comunidades originarias”.

Otra de las discrepancias se detectó en el capítulo económico. Pedro Francke, exministro de ese sector del golpista Pedro Castillo, aseguró que un eventual gobierno de Juntos por el Perú promoverá la inversión privada, respetará los contratos vigentes y mantendrá la estabilidad macroeconómica.

“Hace falta promover la inversión privada y para eso estamos comprometidos. No habrá estatizaciones, como nos quieren mentir acá”, afirmó.

No obstante, esta posición contrasta con el plan de gobierno de la agrupación, que plantea una economía alternativa al modelo neoliberal, la eliminación de los contratos-ley y una mayor participación del Estado en sectores estratégicos.

Opinión

Para Fernando Tincopa, politólogo del Centro Wiñaq, las diferencias detectadas entre las propuestas expuestas en el debate técnico y el plan de gobierno dejan una interrogante sobre cuál sería realmente la hoja de ruta de Juntos por el Perú.

“¿A quién debemos creer? ¿Si al plan original y al candidato que hasta hace un mes estaba reforzando en eventos públicos todo lo que decía el plan o a los voceros técnicos invitados para la segunda vuelta?”, dijo a Correo.

Añadió que Sánchez no ha aclarado si mantiene las propuestas contenidas en el documento partidario o las posiciones más moderadas expuestas por su equipo técnico durante el debate.

“No es conveniente para Sánchez entrar en una precisión de ese nivel, sino más bien caer en la más grande de las ambigüedades y de las generalizaciones que le permitan sobrevivir y quedar bien con uno y otro lado”, indicó.

Agregó que un deslinde abierto con Antauro Humala podría generarle costos políticos, debido a la necesidad de construir una mayoría parlamentaria.

“Probablemente él vaya a ir por una ruta un tanto más ambigua y genérica, como el abanderar el antifujimorismo puro y duro, porque en esa canasta pueden caer ambos grupos: los de la izquierda un tanto más radical de Antauro como los de la centroizquierda”, concluyó.

“Hemos conversado mucho respecto a las garantías que se tienen que dar, por ejemplo, de protección de los datos de las personas o de los miembros de mesa que podrían estar ahí”, justificó en una entrevista institucional.

Precedente

No obstante, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó el pasado 22 de mayo que Fuerza Popular y Juntos por el Perú suscribieron un acta para permitir que sus personeros registren en video o fotografía el escrutinio de votos durante la segunda vuelta del 7 de junio.

La ONPE recalcó que están prohibidas las transmisiones en vivo del conteo de votos y añadió que esta restricción busca preservar la tranquilidad de quienes integran las mesas de votación.

Facultades

Para Burneo, sin embargo, los miembros de mesa pueden permitir o restringir las grabaciones según su criterio. Precisó que esa potestad responde al rol que la ley les asigna como primera autoridad durante el acto electoral.

El funcionario señaló que los miembros de mesa podrán recurrir a la fuerza pública si algún registro interrumpe el desarrollo normal de la jornada electoral.

No obstante, aclaró que espera que la situación no llegue a ese extremo.

“Ellos son los que van a poner, digamos, algunas reglas en torno a estas grabaciones. Al principio se va a permitir, en la medida que no se vulneren otro tipo de derechos y otro tipo de garantía”, indicó.

Burneo agregó que el JNE reforzará esa supervisión con sus propios fiscalizadores, el próximo 7 de junio.

“No respaldaremos ninguna propuesta que genere incertidumbre, confrontación, desconfianza o ponga en riesgo el modelo de desarrollo que ha contribuido al crecimiento de nuestro país”, afirmaron.

La bancada fundamentó su posición en la necesidad de proteger la estabilidad económica, la propiedad privada y el modelo de desarrollo que, según su postura, ha impulsado el crecimiento del país durante las últimas décadas.

Cabe señalar que Avanza País obtuvo 32,585 votos en la primera vuelta, con su candidato José Williams.

Esto equivale al 0.195% de los votos válidos en todo el país y en el exterior, porcentaje que lo dejó fuera de contienda.

Paredes estuvo al frente del INPE hasta enero de este año, cuando presentó su renuncia irrevocable al cargo. Su salida se produjo tras haber liderado la institución en un contexto de reformas en el sistema penitenciario.

¿Qué informó el Ministerio de Justicia?

Tras conocerse el deceso, el Ministerio de Justicia emitió un mensaje a través de sus redes sociales expresando su pesar por lo ocurrido. La entidad destacó el rol que cumplió el exfuncionario durante su gestión en el sistema penitenciario.

“Desde el MINJUSDH lamentamos el sensible fallecimiento del expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco. Con profundo pesar expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, se lee en el comunicado.

Desde el MINJUSDH lamentamos el sensible fallecimiento del expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco. Con profundo pesar expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/cDuvKMZwbE

— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) May 30, 2026

¿Qué problemas de salud tenía?

Durante los primeros meses del año, Paredes brindó declaraciones públicas en las que mencionó complicaciones en su estado de salud. Estas estuvieron asociadas a afectaciones cardíacas que, según indicó, se habrían agravado por la presión del cargo.

En aquella oportunidad, el exjefe del INPE explicó que el estrés generado por la conducción de la institución influyó en su condición médica.

“He tenido temas fuertes, por temas privados no los podría comentar, pero son temas fuertes de salud del corazón, cardiaco y a raíz del estrés, el médico me dice que por el estrés. Es un punto importante porque por ejemplo para mis labores tendría que irme a la sierra a hacer requisas y realmente, es materialmente imposibles, no lo voy a poder hacer”, comentó en Exitosa.

Cabe precisar que hasta el cierre de esta nota, no se han difundido detalles adicionales sobre las circunstancias de su deceso. Se espera que en las próximas horas se emitan más pronunciamientos oficiales.

La incorporación de Solano al Consejo de Ministros se produjo luego de que Óscar Fausto Fernández Cáceres presentara su renuncia al cargo. La decisión se oficializó de manera inmediata y marca una nueva modificación dentro del equipo ministerial.

🔴🔵 🚨 #LOÚLTIMO | Esta noche se realizó la ceremonia de juramentación del nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, que ahora tiene en el cargo a Freddy José María Solano, quien asume en lugar de Óscar Fernández Cáceres. Cuenta con experiencia en gestión estatal,… pic.twitter.com/3RpPeHiHDY

— Exitosa Noticias (@exitosape) May 30, 2026

La salida de Fernández llamó la atención debido a que un día antes había recibido autorización para viajar al extranjero en representación del Estado peruano. El permiso comprendía actividades programadas entre el 7 y el 17 de junio en Suiza y España.

Entre las actividades previstas figuraba su participación en la Conferencia Internacional del Trabajo organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, tenía previsto asistir al Congreso de Prevención de Riesgos Laborales que se desarrollará en la ciudad de Barcelona.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha difundido mayores detalles sobre las razones que motivaron el relevo en la conducción del sector. Con la juramentación de Solano, la representación del ministerio queda bajo una nueva administración.

¿Quién es Freddy Solano?

El nuevo titular del sector de Trabajo, es abogado de profesión y cursó estudios en la Universidad Nacional de Trujillo. Además, cuenta con una maestría especializada en Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública. Su experiencia está vinculada a entidades relacionadas con el desarrollo económico, la promoción de inversiones y la gestión de programas sociales.

Entre las responsabilidades que asumió anteriormente figura la presidencia ejecutiva de PromPerú. Durante su gestión estuvo involucrado en acciones orientadas a la promoción del turismo y las exportaciones peruanas.

También presidió el directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac). Desde esa posición participó en la gestión de asuntos relacionados con la conectividad aérea nacional.

Otro de los cargos que desempeñó fue la dirección ejecutiva del programa Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Dicho programa está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad y busca brindar asistencia económica a sus beneficiarios.

Ámbito laboral

La carrera de Solano también incluye experiencia en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Dentro de esa institución ocupó distintos puestos hasta llegar a ejercer la máxima autoridad de la entidad.

Su paso por la Sunafil estuvo relacionado con labores de supervisión del cumplimiento de la normativa laboral y acciones vinculadas a la formalización del empleo. Esa experiencia constituye uno de los principales antecedentes de su trayectoria en el ámbito del trabajo y la seguridad social.

Con su incorporación al gabinete, Solano asumirá la responsabilidad de dirigir las políticas del sector laboral y de promoción del empleo. Además, tendrá a su cargo la conducción de una cartera vinculada a temas de formalización, relaciones laborales y protección de los derechos de los trabajadores.

Según la información difundida por la entidad, Carlos Loyola obtuvo la calificación más alta con 75 puntos. En segundo lugar se ubicó Amparo Ortega, quien alcanzó un total de 71 puntos.

🔴 Presentamos los resultados de la Evaluación curricular del concurso público para la selección y nombramiento del jefe de la ONPE (𝘤𝘰𝘯𝘷𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘯.° 𝟢𝟢𝟣-𝟤𝟢𝟤𝟨-𝘚𝘕-𝘑𝘕𝘑). pic.twitter.com/sJgdDS1YPv

— Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) May 29, 2026

¿Qué evaluó la institución?

La puntuación obtenida por los postulantes se sustentó en distintos criterios establecidos por las bases del concurso. Entre ellos se consideraron aspectos relacionados con la trayectoria profesional, la formación académica y la experiencia en investigación.

En el caso de Loyola, obtuvo 40 puntos por experiencia y trayectoria profesional. A ello se sumaron 35 puntos correspondientes a la evaluación de estudios y especialización académica.

Por su parte, Ortega alcanzó 36 puntos en el rubro de experiencia profesional. Además, recibió 35 puntos por formación académica, lo que le permitió superar el umbral requerido para continuar en competencia.

Ninguno de los dos aspirantes obtuvo puntaje en el criterio referido a experiencia en investigación. Sin embargo, ambos lograron superar los 70 puntos mínimos establecidos para acceder a la siguiente fase.

Concluida esta evaluación, el concurso avanzará hacia una etapa enfocada en las propuestas de gestión de los candidatos. Los postulantes deberán sustentar los planes de trabajo que plantean para la conducción de la ONPE.

Posteriormente, ambos serán sometidos a una entrevista personal ante el comité evaluador. Esta fase será determinante para la selección de la persona que asumirá la dirección del organismo electoral.

La autoridad que resulte elegida tendrá la responsabilidad de liderar la institución encargada de organizar y ejecutar los procesos electorales del país. Asimismo, estará a cargo de supervisar diversas tareas vinculadas al funcionamiento del sistema electoral.

¿Por qué hay elecciones internas?

La designación del nuevo jefe de la ONPE se desarrolla luego de la renuncia de Piero Corvetto al cargo. Su gestión fue cuestionada por diversos sectores tras la realización de la primera vuelta presidencial del pasado 12 de abril.

Además, Corvetto afronta investigaciones por presuntos actos de corrupción. Tras su salida, la conducción de la entidad quedó temporalmente en manos de Bernardo Pachas, quien actualmente ejerce la jefatura de manera interina.

La culminación del concurso permitirá definir a la nueva autoridad que estará al frente de la ONPE. Con ello, la institución contará con un titular designado mediante el procedimiento establecido por la Junta Nacional de Justicia.

En el documento, el grupo parlamentario explicó que su postura responde a una serie de principios que considera fundamentales para el futuro del país. Entre ellos mencionó la defensa del sistema democrático, la estabilidad económica, la propiedad privada y las libertades ciudadanas.

La agrupación señaló que no respaldará iniciativas que, a su criterio, puedan afectar el rumbo económico e institucional del Perú. En ese contexto, sostuvo que se mantendrá alejada de cualquier propuesta que implique riesgos para el desarrollo alcanzado en las últimas décadas.

“La defensa de la democracia, la estabilidad económica, la propiedad privada y las libertades que han permitido el progreso del Perú durante las últimas décadas” expresó la bancada.

Comunicado 📣

El Perú necesita estabilidad, crecimiento, seguridad y una firme defensa de la democracia y las libertades. pic.twitter.com/affpMbs2x8

— Bancada Avanza País (@AvanzaPaisOfi) May 29, 2026

Avanza País sostuvo que en esta etapa electoral no brindará apoyo a planteamientos que, según considera, podrían afectar la confianza de los ciudadanos y el clima político. En esa línea, señaló que no respaldará ninguna propuesta “que genere incertidumbre, confrontación, desconfianza o ponga en riesgo el modelo de desarrollo que ha contribuido al crecimiento de nuestro país”.

El partido político también indicó que el Perú requiere una conducción enfocada en la institucionalidad y la gestión pública. Por ello, manifestó su respaldo a Fuerza Popular como opción para el balotaje presidencial.

Asimismo, la agrupación política resaltó que el próximo gobierno debe promover el respeto por la vida, fortalecer las instituciones democráticas y enfrentar los problemas de seguridad que afectan a la población. También consideró necesario atender las demandas de las regiones que aún presentan brechas en distintos servicios y oportunidades.

“El Perú merece seguir creciendo y que se refleje en el bienestar de la Nación”, se lee al final del comunicado.

Las declaraciones se producen luego de que estas mesas fueran objeto de cuestionamientos durante el conteo de votos de la primera vuelta. En aquel momento, el partido Renovación Popular sostuvo, sin presentar pruebas, que la existencia de dichas mesas había sido ocultada y que las actas provenientes de ellas habrían sido manipuladas para favorecer al candidato Roberto Sánchez.

Garantiza acceso a información y supervisión

Burneo explicó que las mesas de la serie 900 000 se encuentran plenamente registradas dentro del sistema electoral. Asimismo, indicó que tanto los organismos de control como las organizaciones políticas tienen conocimiento de su ubicación y funcionamiento.

Al referirse al despliegue realizado durante los comicios anteriores, recordó que el JNE tuvo presencia en estas zonas a través de sus fiscalizadores.

“En la anterior jornada, hemos desplegado fiscalizadores en casi todas las mesas, hemos estado presentes a nivel nacional. Y hemos estado también en estas mesas denominadas 900 000, son mesas en centros poblados. Son 4700 mesas de sufragio en 1913 centros poblados, con 1937 locales de votación”, precisó.

El titular del JNE también remarcó que estos puntos de votación forman parte de los procesos electorales desde hace varios años. Por ello, descartó que se trate de mesas desconocidas para las agrupaciones políticas o para las autoridades encargadas de supervisar los comicios.

“Las organizaciones políticas tienen totalmente la información de que esas mesas existen, de que existen desde hace mucho tiempo. Tienen un padrón electoral, no es que cualquier persona puede ir a votar, de pronto a alguien se le ocurre ir a un centro poblado y ejercer su voto ahí, no funciona así. Tienen un padrón electoral, están totalmente acreditadas y el sistema electoral está presente. No solamente el sistema electoral, sino las autoridades policiales y el Ejército que presta seguridad”, indicó.

Facilidades para los personeros

De cara al balotaje del próximo 7 de junio, Burneo informó que el JNE volverá a desplegar personal de fiscalización en estas mesas. Del mismo modo, indicó que los partidos tendrán la posibilidad de enviar representantes para observar el desarrollo de la votación y el escrutinio. Según explicó, la institución ya compartió la información necesaria con las organizaciones políticas para facilitar su presencia en estos lugares.

“Nosotros vamos a tener fiscalizadores en cada uno de esos espacios. También se les ha compartido esta información a estas organizaciones políticas para que también se les presenten las facilidades para que estén presentes en estos centros de votación, en estas mesas 900”, aseguró.

Asimismo, manifestó que espera que las agrupaciones políticas hagan uso de esa facultad durante la segunda vuelta. Bajo esa premisa, indicó que

“También las organizaciones políticas van a hacer el esfuerzo de enviar, entiendo yo, personeros a cada una de estas mesas. Es una potestad, una facilidad que tienen las organizaciones políticas. Es por eso que nos hemos preocupado mucho de facilitarles todas las herramientas para que ellos puedan hacer un despliegue enorme que van a realizar con personeros en cada mesa de sufragio”, resaltó.

Burneo también expresó preocupación por los bloqueos de carreteras registrados en algunas regiones, debido a la huelga de agricultores arroceros. Esta situación podría afectar el traslado del material electoral hacia distintos puntos del país. En ese contexto, informó que se solicitó apoyo al Ejecutivo para garantizar la seguridad del operativo y precisó que la distribución continuará hasta el 1 de junio con el objetivo de llegar a todos los locales de votación habilitados para la segunda vuelta presidencial.

A través de un pronunciamiento difundido en sus plataformas oficiales, la institución señaló que la protección de la información personal de los pacientes constituye una de sus principales responsabilidades. En ese sentido, indicó que ya se encuentran en marcha las acciones destinadas a determinar cómo se produjo la filtración y quiénes participaron en ella.

Como parte de las medidas adoptadas, EsSalud dispuso la realización de una auditoría interna orientada a rastrear el origen de la divulgación. El proceso también busca establecer de qué manera se obtuvo acceso a la información difundida.

En su comunicado, la entidad explicó que la investigación se enfocará en identificar a quienes habrían vulnerado los protocolos de confidencialidad establecidos para el manejo de historias clínicas.

“Por ello, se ha dispuesto el inicio de una auditoría interna para identificar a las personas que vulneraron el sistema y proporcionaron información de la historia clínica”, aseguró la institución.

#Comunicado | #EsSalud informa: pic.twitter.com/DRS3UYv3hQ

— EsSalud Perú (@EsSaludPeru) May 29, 2026

Defiende seguridad de sus sistemas

La red de salud también respondió a los cuestionamientos surgidos tras la publicación de los documentos médicos. Según indicó, la filtración no compromete la seguridad de sus plataformas tecnológicas ni implica una alteración de los registros almacenados.

En esa línea, sostuvo que sus sistemas cuentan con mecanismos de control que permiten rastrear las acciones realizadas por los usuarios autorizados.

“Es preciso enfatizar que el Sistema de Información de EsSalud es técnicamente inalterable, ya que cuenta con filtros de trazabilidad estrictos que impiden a cualquier funcionario modificar o manipular los registros médicos”, se lee en el comunicado.

Aclaran cambios en la gerencia general

En el mismo pronunciamiento, EsSalud se pronunció sobre las versiones relacionadas con la reciente salida del doctor Mariano Cuentas de la Gerencia General. La institución afirmó que su alejamiento respondió a motivos personales y no guarda relación con la difusión de la información médica.

Respecto a la designación de su sucesor, la entidad aseguró que el nombramiento del doctor Alejandro Martínez se ajusta a los requisitos establecidos para el cargo. Además, precisó que la decisión fue adoptada por el presidente ejecutivo de EsSalud, Luis Rosales Pereda.

La institución también indicó que, pese a contar con empresas constituidas desde hace varios años, Rosales Pereda no registra contratos entre dichas compañías y el Seguro Social de Salud. Con ello, buscó responder a cuestionamientos surgidos en torno a la designación del nuevo gerente general.

Otro de los puntos abordados en el pronunciamiento fue la situación de las trabajadoras de la entidad que fueron mencionadas tras la difusión de la información. EsSalud expresó su rechazo a los señalamientos dirigidos contra ellas y consideró que estas acusaciones afectan su imagen personal y profesional.

La institución sostuvo que tales afirmaciones perjudican a trabajadoras que desempeñan sus funciones dentro del organismo. En ese contexto, señaló que se busca dañar “la reputación de mujeres profesionales y madres de familia que solo buscan su desarrollo personal”.

La resolución fue emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien declaró infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa. Según el magistrado, los hechos atribuidos por la Fiscalía sí tienen contenido penal y deben seguir siendo analizados dentro del proceso.

¿Qué argumentos presentó la defensa de Nicanor Boluarte?

La defensa de Nicanor Boluarte argumentó que la Fiscalía había modificado en varias ocasiones la calificación jurídica del caso sin incorporar nuevos hechos. En esa línea, sostuvo que la presunta finalidad de la organización investigada estaba relacionada con actividades políticas vinculadas al partido Ciudadanos por el Perú.

Sin embargo, el juzgado concluyó que estos cuestionamientos no justifican el archivo del caso. Asimismo, precisó que el Ministerio Público puede realizar adecuaciones jurídicas durante la investigación siempre que no altere los hechos materia de imputación.

Hipótesis de la Fiscalía

De acuerdo con la investigación fiscal, la presunta organización habría operado desde diciembre de 2022 mediante una red integrada por funcionarios públicos y particulares. El objetivo habría sido ejercer influencia en la designación de prefectos y subprefectos para obtener beneficios económicos y respaldo político para Ciudadanos por el Perú.

Las pesquisas incluyen presuntos aportes económicos para la agrupación política, la captación de afiliados y posibles influencias en diversas entidades estatales. Entre las regiones comprendidas en la investigación figuran Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica, Cusco, San Martín y Cajamarca.

¿Por qué el PJ rechazó la solicitud de archivo?

Uno de los argumentos de la defensa fue que la finalidad atribuida a la presunta organización era política y no económica. No obstante, el juez señaló que la investigación no se centra en actividades partidarias, sino en una supuesta utilización de cargos públicos para obtener beneficios indebidos.

La resolución también indica que los hechos descritos por la Fiscalía podrían encajar en delitos previstos en el Código Penal. Por ello, el Poder Judicial determinó que existen elementos suficientes para que la investigación continúe y se esclarezcan las responsabilidades de los involucrados.

Los desembolsos se realizaron pese a que, en varias sesiones, el hemiciclo registró baja asistencia y numerosos parlamentarios participaron de manera virtual desde sus viviendas. En ese periodo se emitieron decenas de órdenes de servicio relacionadas con alimentación dentro del Legislativo.

Uno de los meses con mayor gasto fue noviembre de 2025, cuando se registraron 16 órdenes de servicio vinculadas a alimentación. Además, se aprobó una contratación por S/31 mil 600 para servicios de café y comedor destinados a sesiones plenarias y otras actividades parlamentarias.

Ese mismo mes, una sesión del pleno comenzó con apenas 66 congresistas presentes y terminó con 79 parlamentarios en el hemiciclo. A pesar de ello, el Congreso asumió el costo total de los servicios de alimentación. El 27 de noviembre también se emitió otra orden de servicio por S/36 mil 422 para café y comedor en sesiones plenarias.

Las críticas surgieron desde distintos sectores políticos y analistas. El especialista César Campos cuestionó que el presupuesto del Congreso se destine a “gastos superfluos”, mientras que la congresista Susel Paredes aseguró estar en desacuerdo con las decisiones adoptadas por la mayoría parlamentaria y la Mesa Directiva.

#EnVivo

El Congreso de la República gastó cerca de S/400 mil en 6 meses por los servicios de café y alimentación, para las sesiones plenarias y otras actividades

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/0rVCbwS2Qk

— Canal N (@canalN_) May 29, 2026

Video: Canal N

En marzo de este año, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, se emitieron 15 nuevas órdenes de servicio relacionadas con refrigerios y alimentación durante sesiones del pleno. Solo en ese mes, el gasto ascendió a S/96 mil. El congresista Esdras Medina también reconoció que existen gastos innecesarios y consideró necesaria una autocrítica sobre el manejo presupuestal.

A los cuestionamientos por alimentación se suman otros gastos realizados por el Parlamento en los últimos seis meses, como más de S/56 mil en arreglos florales y cerca de S/57 mil en cortinas y persianas.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI; al primer trimestre del 2026, la población económicamente activa (PEA) juvenil ascendió a 2 millones 831 mil personas, de las cuales cerca de 271 mil se encontraban desempleadas. Sin embargo, el problema va más allá del acceso al trabajo. La calidad del empleo es el punto crítico: más de la mitad de los jóvenes ocupados se encuentra en situación de subempleo, es decir, en trabajos precarios o con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas.

Las cifras reflejan esta precariedad. Mientras la tasa de desempleo juvenil bordea el 9.6%, casi el doble del promedio nacional, la informalidad alcanza el 85%, muy por encima del promedio nacional (un ya alto 70%). A ello se suma una brecha en ingresos: un joven gana en promedio S/1,232 mensuales, significativamente menos que el promedio nacional de S/1,925.

Las barreras de entrada también son claras. La falta de experiencia (47.7%) y la escasez de vacantes formales (21.9%) explican por qué miles de jóvenes no logran insertarse en el mercado laboral. Esta situación empuja a muchos hacia la informalidad o los deja fuera del sistema, reflejado en el 17% de jóvenes que no estudian ni trabajan (NINI) en 2025.

PROYECCIONES

Frente a este escenario, las propuestas de los partidos en segunda vuelta presentan enfoques distintos. Fuerza Popular apuesta por incentivos a la contratación y al emprendimiento juvenil, como subsidios a la seguridad social, capital semilla y programas de formación técnica desde la secundaria, además de facilitar la transición al empleo formal.

Por su parte, Juntos por el Perú ha ofertado propuestas en distintos sentidos.

Recientemente ofrecieron aumentar el sueldo mínimo a S/ 1,500 mensuales (un aumento de 33%). Esta propuesta genera especial preocupación, pues en lugar de beneficiar a los jóvenes incrementaría más bien las barreras a la formalidad a este grupo ya vulnerable.

También ofrecieron un bono de S/ 6,150 soles para capacitación, emprendimiento o un subsidio al empleador; sin embargo, más allá de decir que será para 100,000 jóvenes, no se ha dado mayor detalle sobre la viabilidad técnica o económica de esta propuesta. Promueven además un Estado más activo en la generación de empleo, esto podría tener serias limitaciones dado el espacio fiscal con el que contará el próximo gobierno.

UNA GENERACIÓN EN RIESGO

El 56,1% de los jóvenes ocupados está subempleado y solo el 33,6% tiene un empleo adecuado.

Esto refleja que el principal problema de este segmento poblacional no es solo conseguir trabajo, sino acceder a uno con ingresos y condiciones dignas. El próximo presidente tiene un gran desafío frente la juventud.

DATO

1,232 soles es el ingreso promedio mensual de los jóvenes al primer trimestre de 2026.

La medida establece un apoyo económico de S/ 4 por galón de diésel B5 y B20 durante un periodo de dos meses.

De acuerdo con el Ejecutivo, el subsidio beneficiará a empresas y operadores de transporte formal en Lima, Callao y distintas regiones del país, siempre que cuenten con autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes emitidas por las autoridades competentes.

PARO

Sin embargo, el anuncio ha generado cuestionamientos desde el propio sector transporte, especialmente en el ámbito urbano de Lima y Callao, que sostiene que no ha sido incluido dentro del alcance del decreto o que aún no se ha publicado una norma específica para ese rubro.

“Como bien dice la norma, en el punto 2.2.2., nosotros estamos excluidos de recibir el subsidio, porque a nosotros se nos debería subsidiar por kilómetro recorrido. Sin embargo, no ha salido este decreto de urgencia”, señaló el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas y anunció que ellos seguirán en “pie de lucha”, es decir, acatarán el paro anunciado para este 2 de junio.

Vargas insistió en que el conflicto trasciende la cuestión del combustible y responde a una problemática estructural: la inseguridad y la presencia de sicariato han generado una escasez de conductores, lo que ha afectado la operatividad del sector.

Desde el gremio de transporte de carga, también anuncia apoyo a sus colegas en Lima.

Beneficio

Los transportistas deberán contar con autorización y habilitación vehicular vigente otorgada por el MTC y tener RUC activo.

La organización destacó que la agricultura cumple un papel clave en la generación de empleo, el abastecimiento de alimentos y el desarrollo económico del país. En ese sentido, consideró necesario impulsar “soluciones viables, responsables y sostenibles” para fortalecer la competitividad del agro.

Asimismo, la Confiep exhortó a establecer espacios de coordinación entre el Estado, productores agrarios y otros actores involucrados, con el objetivo de encontrar alternativas que permitan atender la problemática del sector. “Escuchar al agro, sí. Paralizar el país, no”, remarcó el gremio en su pronunciamiento.

El gremio empresarial también afirmó que respeta el derecho constitucional a la protesta, siempre que esta se desarrolle de manera pacífica. Sin embargo, advirtió que los bloqueos de carreteras perjudican a millones de ciudadanos al afectar el transporte, el trabajo y las actividades cotidianas.

El pronunciamiento se da en medio de las protestas de productores de arroz y agricultores en regiones como San Martín, donde transportistas y pasajeros permanecen varados desde hace varios días en tramos de la carretera Fernando Belaúnde Terry.

ESCUCHAR AL AGRO, SÍ; PARALIZAR EL PAÍS, NO

La CONFIEP invoca al diálogo efectivo entre el Estado, los productores y los actores involucrados, a fin de construir soluciones mediante el entendimiento, la cooperación y el respeto a la ley, sin afectar el libre tránsito, el trabajo… pic.twitter.com/MNZ4wv1vsW

— CONFIEP (@CONFIEP) May 29, 2026

En las últimas semanas, el líder de izquierda sumó el respaldo -mediante comunicados- de Ahora Nación y Obras, cuyos candidatos presidenciales superaron el millón de votos en la primera vuelta. Sin embargo, JP también aceptó el respaldo de partidos que no obtuvieron ni siquiera el 2% de votos a nivel nacional en la jornada electoral del 12 de abril.

ADHESIONES

El excandidato presidencial Yonhy Lescano de Cooperación Popular que alcanzó 214,779 votos (1.28%) en primera vuelta, se reunió recientemente con Ernesto Zunini, secretario general de JP.

Tras el encuentro, el excongresista publicó un video en sus redes sociales para informar que su partido sometió a debate y votación la posibilidad de respaldar a un candidato en segunda vuelta.

“Por mayoría, se ha acordado respaldar a Roberto Sánchez de JP, para que el Perú no caiga en manos de la dictadura de Keiko Fujimori”, afirmó.

La alianza Venceremos de Ronald Atencio con 140,174 votos (0.84%) y Un Camino Diferente de Rosario Fernández con 128,009 votos (0.77%), también se sumaron al respaldo hacia Sánchez.

Ambos han participado en diferentes actividades de JP en las últimas semanas.

UNOS MÁS

El Partido Democrático Federal con el excandidato presidencial Armando Massé alcanzó 21,744 votos (0.13%).

Virgilio Acuña, excandidato a la primera vicepresidencia de esa agrupación, sostuvo reuniones con Sánchez para definir cómo los respaldarán en esta segunda vuelta.

El 21 de mayo, Sánchez estuvo en una actividad junto al excandidato Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), quien solo obtuvo 119,028 votos (0.711%).

Su adhesión más débil es Mesías Guevara del Partido Morado, porque esta agrupación solo consiguió 82,196 votos (0.491%).

Durante el segundo gobierno de Alan García, Carranza fue ministro de Economía desde julio de 2006 hasta julio de 2008. Luego tuvo en segundo periodo durante todo el año 2009.

Desempeño

El economista Rafael Zacnich, de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), destacó que “Carranza se asocia más a la expansión del Perú a las economías globales, la atracción de inversiones, la apertura comercial, integración con el mundo y el fortalecimiento de los acuerdos comerciales”.

“Hubo entre 7% y 8% de crecimiento promedio anual en su primera gestión. La inversión privada se disparó, hubo aumento de exportaciones ayudado por los precios internacionales”, sostuvo.

Aunque detalló que el contexto internacional económico fue de gran ayuda, precisó que fue la gestión del entonces ministro lo que permitió resultados óptimos, pues “fue muy asertivo con la promoción de inversiones y mantuvo la confianza empresarial que se necesitaba para crecer”.

“Para que uno tenga resultados en exportaciones, minería, inversión y demás tiene que haber inversión previamente. Otro dato también importante es que la pobreza se redujo bastante y que se consolidó la disciplina fiscal”, añadió.

El también economista Carlos Adrianzén tuvo una postura similar y consideró que, “posiblemente, Carranza sea el ministro de Economía con mejores indicadores”.

“Carranza puede mostrar una tasa de crecimiento que redujo la pobreza a alta velocidad, superior al 5% por habitante. Llegó a ser parte de un fenómeno que sacó a nueve millones de peruanos de la pobreza. En términos de la inversión privada, en su gestión hubo una aproximación del 30%”, afirmó.

Francke fue ministro de Economía desde julio de 2021 a febrero de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo.

Evaluación

En el debate de equipos técnicos entre ambos partidos políticos en contienda electoral, suscitado el último domingo 24, Francke aseveró: “En los seis meses en los que estuve en el MEF creamos 300 mil empleos”.

La realidad, sin embargo, apunta a que no hubo mérito por parte de dicha gestión. Así lo señala el también economista Carlos Adrianzén. “En el Perú, por la pandemia de COVID-19, se aplicó una cuarentena que prohibió no solo producir o invertir sino también consumir. El Perú fue el país que más cayó. Cuando entró Francke, se dio el efecto rebote. Hay cero mérito”, indicó.

Una perspectiva similar tuvo su colega de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), Rafael Zacnich, quien indicó que “si bien se registró en el 2021 un crecimiento de la economía de 13%, esta se debió, naturalmente, a un rebote estadístico pospandemia, pues habíamos caído estrepitosamente, como muchos países del mundo, en materia económica”.

“Independientemente del gobierno de Pedro Castillo, de bastante inestabilidad política, cayó la confianza empresarial. El tipo de cambio sufrió bastante por la fuga de capitales, más de 6,000 millones de dólares salieron en su gestión”, puntualizó.

Aunque precisó que “la situación respondió a todo el contexto y no necesariamente porque Francke estuvo” al frente del MEF, remarcó que el economista cuenta con un ‘background’ poco favorable.

“El sector empresarial sabe que la trayectoria de Francke está dirigida hacia el intervencionismo estatal y ampliar la base de la presión tributaria: no ampliando el número de contribuyentes, sino colocando mayores impuestos a la minería y tantos más a la riqueza”, sostuvo.

El requerimiento busca extender las diligencias relacionadas con los presuntos delitos de homicidio calificado y desaparición forzada ocurridos durante el conflicto armado interno en Huánuco.

Según el Ministerio Público, la investigación tiene carácter complejo y el plazo inicial de ocho meses resultó insuficiente para culminar las diligencias pendientes. Por ello, la fiscalía considera necesario contar con un periodo adicional para profundizar las pesquisas vinculadas a presuntas violaciones de derechos humanos cometidas cuando Humala estaba al mando de la base militar de Madre Mía.

El exmandatario es investigado junto al exsuboficial Amílcar Gómez y otros tres exmilitares por el presunto asesinato de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva. Asimismo, se les atribuye la presunta desaparición forzada de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagástegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.

El pedido fiscal fue presentado ante el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, quien programó para el próximo 1 de junio una audiencia virtual en la que se evaluará la solicitud de ampliación de la investigación.

Actualmente, Ollanta Humala cumple una condena de 15 años de prisión en el penal de Barbadillo por el delito de lavado de activos, tras ser hallado responsable de recibir aportes ilícitos para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

“Queremos un país democrático, no queremos el riesgo de una nueva, una segunda dictadura, y eso implica una amplia conjunción de fuerzas que es la realidad que nos ha dado la primera vuelta, que se expresa políticamente y socialmente en el Perú”, dijo Pedro Francke, el jefe del equipo económico de JP.

LEE: Keiko Fujimori en Arequipa: llegó al Cono Norte y anuncia reactivación de Cofopri

En una reunión con la Asociación de la Prensa Extranjera (APEP), el equipo técnico de Sánchez expuso que, a menos de dos semanas de las elecciones, están buscando formar una amplia coalición que sigue con las puertas abiertas al sentir una responsabilidad política ante la posibilidad de que gane el fujimorismo.

Francke sostuvo que Keiko Fujimori ya está gobernando y que, según analistas políticos, “está clarísimo que está acumulando poder”, pues aseguró que tiene el control del Congreso, pero también de la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía.

“Keiko Fujimori dice ‘yo voy a hacer un Gobierno como el de mi padre’. El Gobierno que apoyó al Grupo Colina (grupo militar que actuaba encubierto y que cometió una serie de matanzas en el Gobierno de Alberto Fujimori), ¿ese es el gobierno que queremos? ¿el que compró a la prensa, que fue una dictadura?”, agregó Francke, que será el ministro de Economía si gana Sánchez.

Del mismo modo, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, expresó que el objetivo del partido no es ganar las elecciones, sino gobernar, y para ello, necesitan llegar a acuerdos con distintos partidos.

“Hemos entendido, como lo ha reconocido el mismo Roberto Sánchez, que estas alturas de las circunstancias merecen un sinceramiento y un esfuerzo de diálogo mayor con las otras organizaciones políticas que forman ya parte del Congreso”, dijo Zunini en relación al apoyo que han recibido del partido de centroizquierda Ahora Nación y también de Obras.

El programa económico que el equipo de Juntos por el Perú presenta en las últimas semanas ha sido cuestionado al tener una postura ubicada más al centro y diferir con lo que Sánchez ha defendido en la campaña electoral de la primera vuelta.

Al respecto, la exministra e integrante del equipo de JP Anahí Durand expresó que en este planteamiento económico “no hay contradicciones”, sino que existe la línea de continuidad de buscar mayor justicia social en la que han alcanzando consensos.

“Creo que no hay un gran viraje. Lo que hay sí es un esfuerzo de articulación, obviamente, para crear una mayoría política y social. Nosotros somos conscientes que llegábamos a esta segunda vuelta con un 12 % del electorado”, dijo al añadir que este 12 % representa a los sectores más excluidos, a quien no van a fallarles.

Durante su discurso, la candidata presidencial señaló que uno de los principales problemas de la ciudad es el crecimiento urbano desordenado y la falta de títulos de propiedad en diversas zonas de la ciudad, como Cono Norte, y el caos vehicular.

PRODUCCIÓN

Ante ello, propuso que se trabajara en un Plan de Modernización Metropolitana, además de priorizar la entrega del proyecto Puente Arequipa-La Joya, obra que por años se quedó suspendida y hoy “prometen” terminar.

En materia de infraestructura productiva, Fujimori reiteró su compromiso con destrabar Majes Siguas II, el avance de Puerto Corío y la ejecución de canales de irrigación para los agricultores de la región.

Respecto al sector agrícola, Fujimori hizo referencia a los productores de Camaná y otras zonas del país, señalando que enfrentan el incremento de los fertilizantes y combustibles, además de la competencia del arroz importado. En ese contexto, pidió al Gobierno declarar en emergencia la agricultura y otorgar subsidios.

OTROS

En seguridad, sostuvo que las personas extranjeras indocumentadas que cometan delitos serán expulsadas y aseguró que se recuperará el control de las fronteras y de los establecimientos penitenciarios.

Sobre salud, propuso el uso de la telemedicina para agilizar la atención médica y evitar las referencias físicas.

En cuanto a educación, planteó mejorar la escala salarial de los docentes, atender la deuda social y reforzar las capacitaciones. Así también, indicó que retornarán los desayunos escolares, uniformes, calzado escolar y fortalecimiento de comedores populares y organizaciones de base.

Cabe mencionar que en los exteriores del local, un grupo de manifestantes antifujimoristas, integrado por menos de un centenar de personas, realizó una protesta durante la actividad política.

VIDEO EN VIVO:

VIDEO RECOMENDADO:

Para esta jornada electoral, el consulado habilitó siete locales de votación: cinco en la Región Metropolitana, uno en Concepción y otro en Valparaíso, donde se espera la participación de 113 887 ciudadanos peruanos residentes en Chile.

El ministro de Relaciones Exteriores, acompañado por el embajador del Perú en Chile, Peter Camino, recibió un informe del cónsul general Gonzalo Bonifaz sobre las acciones implementadas para promover el voto en el exterior y garantizar el desarrollo de la jornada electoral.

Entre las medidas adoptadas destaca la habilitación de cuatro nuevos locales de votación en Santiago, entre ellos los liceos Juan Pablo Duarte, José Victorino Lastarria y Arturo Alessandri Palma, además del colegio Providencia. También se mantendrán algunos locales utilizados durante la primera vuelta.

La Cancillería informó que los ciudadanos podrán consultar su centro de votación mediante el portal “Tu voto cruza fronteras”. Asimismo, exhortó a los miembros de mesa a acudir temprano a sus respectivos locales para asegurar el inicio oportuno del proceso electoral.

#TuVotoCruzaFronteras 🗳️🌏 | Canciller Pareja supervisó en Santiago la organización del proceso electoral para más de 113 mil connacionales. La oficina consular habilitará cuatro nuevos locales para los comicios del próximo 7 de junio, con el objetivo de garantizar el voto de la… pic.twitter.com/m8bFRY0ynT

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 28, 2026

Finalmente, se precisó que las oficinas consulares podrán reemplazar a miembros de mesa ausentes con ciudadanos sorteados de otras mesas o del mismo local de votación, conforme a lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones, a fin de garantizar la apertura de las mesas de sufragio en el exterior.

La sanción parlamentaria fue respaldada por las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular y Avanza País. Además, el Congreso dispuso la formación de una causa penal contra Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y posible instigación al delito de usurpación de funciones.

La denuncia que originó el proceso fue presentada en octubre de 2024 por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín contra Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena Campana, entonces fiscal de la Nación interino. Los parlamentarios cuestionaron la aprobación del reglamento “Actuación fiscal en la investigación del delito”, al considerar que contravenía la Ley N.° 32130 y afectaba competencias de la Policía Nacional.

Sin embargo, el Poder Judicial concluyó que los denunciantes no sustentaron de manera objetiva cómo los fiscales habrían incumplido sus deberes constitucionales ni de qué forma vulneraron el ordenamiento jurídico. Asimismo, precisó que tampoco se explicó cómo se habría invadido el denominado “monopolio policial” en las investigaciones preliminares.

La resolución judicial también señala que no existió una motivación suficiente para atribuir a Espinoza los presuntos delitos imputados. “No se consigna mínimamente de qué forma la disposición sería contraria al texto expreso y claro de la Ley”, indica el documento.

Además, el Poder Judicial advirtió un trato diferenciado contra Delia Espinoza, al remarcar que, pese a que los demás fiscales supremos denunciados se encontraban en la misma situación jurídica, solo ella fue inhabilitada y sometida a una causa penal. Para la instancia judicial, ello evidencia una “grave incongruencia” y una afectación al debido proceso parlamentario.

La resolución también sostiene que las decisiones adoptadas contra Espinoza carecieron de una justificación objetiva, lo que configuraría un trato discriminatorio y una vulneración de derechos fundamentales.

No obstante, el Poder Judicial aclaró que su fallo no cuestiona las facultades constitucionales del Congreso para ejercer control político y determinar eventuales responsabilidades por infracción constitucional.

Fujimori se reunió con dirigentes vecinales en la Asociación de Vivienda Victoria, en el distrito de Yura, en una actividad a puerta cerrada al que -según vecinos- asistieron pocas personas.

En su discurso, Keiko Fujimori centró su mensaje en la titulación de predios, una de las principales demandas de los pobladores de la zona. “Cuando hablamos de título de propiedad, no es simple papel, es saneamiento físico-legal, son los cimientos básicos para generar seguridad y construir el futuro”, dijo.

La candidata criticó que se haya desactivado esta entidad pública. En ese marco, anunció que se reactivará Cofopri “para entregar títulos de propiedad a las familias del Cono Norte”.

Cabe mencionar que en el sector de Quinta Salas, Cercado de Arequipa, se prevé el mitin, donde simpatizantes y opositores ya se encuentran en el lugar.

VIDEO: KEIKO FUJIMORI EN CONO NORTE DE AREQUIPA

El documento señala a excongresistas, un excomandante de la Policía, entre otros personajes como responsables del delito de conspiración para rebelión. Sin embargo, expertos consultados por Correo coinciden en que la denuncia no tiene asidero para prosperar.

ANÁLISIS

Para el penalista Andy Carrión, la denuncia no tiene ningún sustento porque el delito de conspiración para la rebelión no se le puede imputar a cualquier persona.

“Castillo era presidente, jefe de las Fuerzas Armadas y dio un discurso, tenía un rango. Sin embargo, los congresistas no tienen ninguna posibilidad de alzarse en armas, por más que hubieran querido, no hubieran podido”, indicó.

Además, explicó que la conspiración implica asociación y planificación, pero no para deponer el gobierno, sino para alzarse en armas.

“En este caso no lo hay. La Fiscalía de la Nación debe recibir la denuncia, pero eso no significa que abran investigación, puede analizar los hechos y decir que no hay nada”, precisó.

En el misma línea se pronunció el penalista Fernando Silva, quien consideró que la denuncia tiene una base fáctica poco seria.

“Lo que hace la denuncia es juntar una serie de hechos como si fuera una sola resolución criminal, aunque desde mi punto de vista, no hay un hecho delictivo”, sostuvo.

Asimismo explicó que las instituciones actuaron conforme a sus atribuciones y sin estar vinculadas.

“Lo que están buscando hacer es politizar una circunstancia para obtener de alguna manera un rédito político”, mencionó.

El Ministerio Público pidió al Poder Judicial ampliar el plazo de la investigación preparatoria seguida contra el expresidente Ollanta Humala y otros involucrados por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la base militar Madre Mía en la década de 1990, etapa en la que el exmandatario estuvo al frente de dicha instalación militar.

El pedido fue presentado el pasado 22 de mayo por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, con sede en Lima Centro. Esta fiscalía conduce las investigaciones contra Humala, el exsuboficial del Ejército Amílcar Gómez y otros tres militares, quienes son investigados por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva.

La instancia fiscal investiga también al exmandatario por el presunto delito de desaparición forzada en agravio de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagástegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.

El Ministerio Público sostuvo que esta ampliación resulta necesaria para completar varias diligencias que aún no han sido concluidas. La solicitud también obedece a que el periodo inicial de ocho meses fijado para esta investigación, considerada de carácter complejo, expiró el último 24 de mayo.

El pedido de ampliación fue remitido al despacho del juez Jorge Chávez Tamariz, quien fijó para el lunes 1 de junio, a las 11:00 a.m., una audiencia virtual en la que participarán las partes involucradas. Durante esta sesión se analizará el requerimiento para posteriormente emitir una resolución en los próximos días.

Como se recuerda, en 2009, la Corte Suprema ordenó el sobreseimiento del proceso penal seguido contra Ollanta Humala por el caso Madre Mía, tras concluir que no existían elementos suficientes para llevarlo a juicio oral.

En la actualidad, Humala cumple una condena de 15 años de prisión en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate. La sentencia fue dictada el 15 de abril de 2025 por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que lo halló responsable del delito de lavado de activos en agravio del Estado por los aportes ilícitos destinados a financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Consideró que esta obra generaría cerca de 100 mil empleos en la región. "No entendemos qué ha pasado en los últimos 25 años. Pero el proyecto va a ser una realidad. En 5 años, se va a hacer que toda la población sienta que la democracia es útil, que la inversión vale la pena", sostuvo a un medio radial local.

Sobre otro punto, el candidato defendió el modelo de economía social de mercado y se distanció de las propuestas de Roberto Sánchez.

“Se deben destrabar grandes inversiones, Majes Siguas en Arequipa, obras privadas que generen más ingresos y eso permite más empleo, más trabajo (...) Nosotros no queremos destruir lo bueno”, dijo.

En materia de seguridad, Galarreta aseguró que se acabaría con la delincuencia en los primeros 100 días de gobierno y anunció mano dura contra las organizaciones que extorsionan a los ciudadanos.

Consultado sobre la agenda reservada de Keiko Fujimori en Arequipa, el candidato evitó dar detalles y señaló que cada participación de la candidata presidencial es coordinada por equipos distintos.

La defensa legal de Dina Boluarte comunicó que el Ministerio Público dispuso el archivo de la investigación seguida contra la expresidenta por el presunto delito de falsedad genérica, vinculado a la firma de normas oficiales durante el periodo posterior a una intervención médica en 2023.

Mediante un comunicado difundido por el abogado Juan Carlos Portugal, se señaló que la investigación apuntaba a que la presidenta habría “simulado la autenticidad” en la firma de documentos oficiales entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, lapso en el que —de acuerdo con la tesis fiscal— habría estado imposibilitada físicamente luego de una intervención quirúrgica.

La defensa detalló que el archivo del caso se basa en tres elementos principales. El primero de ellos indica que las firmas cuestionadas fueron sometidas a una pericia grafo técnica, la cual determinó que correspondían efectivamente “a su puño y letra”.

Como segundo argumento, el abogado precisó que no existía “mandato o prescripción médica” que dispusiera alguna restricción para que Boluarte ejerciera funciones durante dicho periodo.

Luego, la defensa señaló que la evidencia documental y testimonial reunida acreditó la “participación activa” de la exjefa de Estado en las decisiones gubernamentales tomadas dentro del periodo comprendido por la investigación.

El caso se originó tras cuestionamientos sobre las actividades oficiales de Dina Boluarte en los días posteriores a una intervención médica, lo que generó debate político y solicitudes de investigación por parte de distintos sectores.