Según los registros oficiales, Torres Reyes realizó en febrero de este año un aporte en especie valorizado en S/ 2.000, consistente en la cesión de un vehículo para la campaña electoral. Para entonces, el empresario ya había recibido una sentencia de primera instancia por el delito de receptación agravada de dinero, relacionada con un caso de secuestro, reveló “Cuarto Poder”.

La Fiscalía informó que Torres Reyes continúa sin ser ubicado por las autoridades. Las investigaciones determinaron que mantuvo comunicaciones con uno de los implicados en el secuestro de una abogada ocurrido en 2022 y que habría recibido personalmente S/ 10.000 provenientes del dinero sustraído a la víctima.

El dominical dio cuenta que al ser consultado anteriormente sobre su vínculo con el aportante, Zegarra afirmó no recordar los nombres de las personas incluidas en la lista de financistas que presentó ante la ONPE.

El informe periodístico dio cuenta que el parlamentario también enfrentaría cuestionamientos por hechos ocurridos durante su etapa como funcionario del Gobierno Regional de Ica. La Fiscalía mantiene abierta una investigación relacionada con el asesinato del periodista Gastón Medina, ocurrido en enero de 2025.

Audio sometido a peritaje

El caso incluye un audio difundido previamente en el que presuntamente Zegarra coordinaría con un supuesto sicario, aunque el legislador sostiene que la grabación fue editada y que peritajes de parte respaldan su versión.

Asimismo, “Cuarto Poder” reveló que la relación de aportantes de Fuerza Popular incluye a personas que trabajaron o prestaron servicios al Gobierno Regional de Ica durante el periodo en que Zegarra ocupó cargos en esa institución. Entre ellos figuran Luis Vásquez Sánchez y Harvey Jessi Manchahuay Fernández, quienes posteriormente pasaron a trabajar en el despacho congresal del legislador; además de otros proveedores del Estado.

No obstante, Carlos Zegarra negó que haya presionado a trabajadores o subordinados para obtener aportes durante su campaña.

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Desde Punto Final, Tomás Gálvez sostuvo que en los dos años de vigencia de este sistema, no se han visto casos en los que se haya aplicado. Además, criticó a los políticos que defendieron la norma e incluso anunciaron que la fortalecerían.

“Mucha gente se ha generado expectativa de que a través del sistema de flagrancia vamos a enfrentar a la extorsión, el sicariato, la criminalidad organizada, pero eso no es cierto. Los delitos graves y complejos no entran dentro del sistema de flagrancia”, señaló el fiscal.

PROPUESTA

El titular del Ministerio Público sostuvo que, para enfrentar de manera efectiva la extorsión o el sicariato, la Policía Nacional del Perú debe priorizar su presencia en las calles y fortalecer su labor de inteligencia y operativa, además de tecnificar a la institución.

Lamentó que actualmente se esté direccionando a la PNP para que investigue tanto los casos simples como los complejos, lo que deja a los fiscales con procesos de “minucia”, de “bagatela”, consideradas acciones pequeñas que infringen la ley, pero cuyo daño es tan insignificante que el Estado no castiga por la vía penal.

“La Policía debe estar en la calle para identificar y anteponerse a la actuación de las organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios”, refirió.

SISTEMA DE FLAGRANCIA

Como se conoce, el primer ministro Luis Galarreta anunció el fortalecimiento y la optimización del sistema de flagrancia como parte de las medidas del Ejecutivo para enfrentar la inseguridad. Bajo el argumento de que existen problemas legales y burocráticos, Galarreta afirmó que esta medida buscaría frenar estos actos delictivos.

No obstante, según Tomás Gálvez, no sería la solución.

De acuerdo a un informe de “Cuarto Poder”, uno de los casos es el de Jean Pierre Ampudia Leguía, quien figura como aportante de S/ 8.000 a la campaña de Jessica Tumi entre el 3 y el 5 de febrero.

Según el dominical, dos días después Ampudia Leguía obtuvo su Registro Nacional de Proveedores (RNP) y posteriormente consiguió contratos por S/ 12.000 en la entidad. El reporte cuestiona que, previamente, no registraba experiencia en contrataciones con el Estado.

La revisión de los registros también identifica a otros aportantes vinculados laboral o contractualmente con Llamkasun Perú, programa del Ministerio de Trabajo. Entre ellos figuran Tania Zuleyka Canchapoma Hilario, con un aporte de S/ 5.000; Jorge Andrés Campos Gavidia, quien realizó un aporte de S/ 10.000 y obtuvo 11 órdenes de servicio; y Álvaro Pérez García, con un aporte de S/ 8.000 y 11 órdenes de servicio como analista de procesamiento de datos, según el informe periodístico.

Asimismo, Luis Lizano Caichihua registra un aporte de S/ 4.500 y obtuvo 13 órdenes de servicio en la entidad estatal. En conjunto, los casos descritos alcanzan a casi una docena de trabajadores y contratistas que aparecen tanto en los registros de aportantes de campaña como en la nómina de proveedores del programa.

El dominical hizo énfasis en la coincidencia entre aportantes y contratados por dicho ministerio, lo que generó cuestionamientos sobre los procesos de contratación pública y la posible utilización de Llamkasun Perú para presuntamente beneficiar a personas vinculadas políticamente.

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En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Keiko Fujimori afirmó que Damián Valenzuela, junto con otros ciudadanos extranjeros, colaboró con su campaña.

“Lo otro que quiero señalar es que en esa campaña y a lo largo de los últimos años yo he tenido varias amistades que me han ayudado (...) que son personas del extranjero y que generosamente han venido a colaborar y yo por supuesto que valoro el conocimiento de estas personas”, expresó.

Por otro lado, Fujimori se refirió a las versiones sobre su vida personal y aseguró que su prioridad durante los próximos cinco años será su gestión presidencial.

Asimismo, confirmó que el 11 de julio acudió a una peluquería antes de asumir el cargo, pero aclaró que utilizó un vehículo proporcionado por Fuerza Popular y no uno del Estado.

“Hace tiempo me inventan relaciones, cuatro o cinco, pero yo ya he señalado claramente que a partir del 28 de julio de este año, y por los próximos cinco años, mi compromiso es con el Perú, eso quiero que quede bien claro”, precisó.

Horas antes, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, había señalado en RPP que conoció a Valenzuela durante la campaña y que este formaba parte del grupo de personas que conversaba con la presidenta. Sin embargo, evitó precisar si cumplió formalmente funciones de asesor.

Como se sabe, la participación del empresario argentino cobró relevancia luego de que el semanario Hildebrandt en sus Trece informara que habría sido uno de los principales consejeros de Fujimori durante la campaña.

La publicación también señaló que Valenzuela enfrenta resoluciones en Estados Unidos y Uruguay que ordenan a empresas vinculadas a él devolver importantes sumas de dinero a inversionistas por presuntos incumplimientos.

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Bravo explicó que tomó esta decisión para evitar que el debate sobre su propuesta distraiga al Congreso de las prioridades nacionales, entre ellas enfrentar el incremento de la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno de El Niño. Señaló que también influyó la posición del presidente de su partido, Rafael López Aliaga, quien consideró que el país enfrenta problemas más urgentes.

El proyecto buscaba sancionar a personas con capacidad de convocatoria que promovieran, alentaran o justificaran el uso de explosivos, artefactos incendiarios o sustancias peligrosas durante crisis políticas o conflictos sociales, cuando estas acciones pudieran afectar la vida, integridad de las personas o el patrimonio público y privado.

La iniciativa generó un fuerte rechazo de organizaciones vinculadas a la libertad de prensa. El Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú advirtieron que la redacción ambigua del proyecto podía permitir interpretaciones que criminalizaran la cobertura periodística, la difusión de información o las opiniones expresadas en redes sociales durante protestas.

El legislador defendió que su propuesta estaba dirigida exclusivamente contra quienes promuevan la violencia y negó que buscara limitar la labor periodística. Aunque anunció su retiro, Bravo dejó abierta la posibilidad de perfeccionar el proyecto y volver a presentarlo posteriormente, tras recoger las observaciones surgidas durante el debate público.

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“Vamos a tomar medidas fuertes y muy duras, por eso es importante la aprobación de las facultades que se están presentando esta semana”, señaló la mandataria.

La jefa de Estado explicó que el gobierno que hasta ahora había presentado su solicitud de facultades en menos tiempo fue de 44 días, pero ellos lo harán en menos de 30 días, priorizando que el pedido sea amplio y esté bien sustentado.

Fujimori indicó que el gabinete encabezado por el premier Luis Galarreta presentará esta semana el pedido de facultades, y anticipó que continuará con sus viajes de supervisión por el país.

La mandataria también informó que a partir de ahora se conectará todos los domingos por redes sociales para reportar sus actividades semanales a la ciudadanía, explicando que buena parte de la población joven se entera por este medio.

Entre sus actividades recientes, la presidenta resaltó su participación en la ceremonia de bautizo y botadura del BAP Chimbote, una embarcación que calificó como clave para la atención de emergencias por el Fenómeno El Niño.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente el pedido para excluir a Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor provincial de Lima por Renovación Popular.

El ciudadano Ronald Castillo Rojas había solicitado al órgano electoral revisar la conformación de la lista de Renovación Popular y, de determinarse una incompatibilidad constitucional con la reelección inmediata de alcaldes, excluir a López Aliaga de las elecciones regionales y municipales del próximo domingo 4 de octubre.

La Resolución N.° 05790-2026-JEE-LICN/JNE, emitida el 23 de agosto de 2026, desestimó los argumentos de Castillo Rojas, quien advertía sobre una presunta “reelección encubierta” que, según su denuncia, contravendría el artículo 194 de la Constitución Política del Perú y constituiría un abuso del derecho.

El pleno del JEE de Lima Centro determinó que los cuestionamientos formulados corresponden, técnicamente, a la figura de una tacha.

“Esto es, de acuerdo con la definición establecida en el numeral 5.39 del artículo 5 del Reglamento, un ‘cuestionamiento por escrito que formula, ante el JEE, cualquier ciudadano inscrito ante el Reniec y con sus derechos civiles vigentes, en contra de la lista de candidatos admitida o contra cualquiera de sus integrantes, respecto a las infracciones a la Constitución y a las normas electorales’”, indica la resolución.

Bajo esa consideración, el órgano electoral precisó que la lista de candidatos de Renovación Popular fue admitida oficialmente el 26 de julio de 2026.

“Por tanto, el plazo para formular tacha ya había vencido cuando se presentó la denuncia ciudadana en análisis. En consecuencia, al haber precluido el plazo establecido para su interposición, corresponde declarar improcedente la solicitud”, se lee en el documento.

Asimismo, precisó que, aun si el pedido fuera evaluado como una solicitud de exclusión, esta medida únicamente procede cuando se configura alguna de las causales expresamente establecidas por ley, entre ellas una condena penal privativa de libertad consentida o ejecutoriada, una inhabilitación o una interdicción judicial.

“En el presente caso, de los hechos expuestos por Ronald Wilder Castillo Rojas no se advierte que se atribuya al candidato Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla la configuración de alguno de estos supuestos; por tanto, no se configura causal de exclusión conforme al citado artículo”, enfatizó el JEE de Lima Centro.

La iniciativa busca fortalecer el mecanismo establecido por la Ley 32209, que permite el congelamiento administrativo de fondos o activos presuntamente relacionados con este delito. La propuesta plantea que la medida pueda extenderse a las transferencias posteriores para evitar que el dinero sea retirado o trasladado antes de que las autoridades puedan intervenir.

Yalta sostuvo que la respuesta frente a las operaciones digitales debe ser más rápida. Según explicó, las entidades que reciban una orden de congelamiento deberán informar su ejecución y la ruta posterior de los fondos en un plazo máximo de dos horas.

El proyecto no contempla crear una nueva autoridad, sino mejorar la coordinación entre la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El anuncio se produce en medio de la preocupación por el avance de la extorsión, especialmente contra transportistas de Lima y Callao.

Sobre el pedido de facultades legislativas anunciado por el Ejecutivo para fortalecer la lucha contra la delincuencia, Yalta señaló que el Congreso debe evaluar las herramientas solicitadas, pero mantener su labor de fiscalización. “Facultades sí; cheque en blanco, no”, afirmó.

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Renovación Popular solicitó al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro desestimar el pedido para excluir a Rafael López Aliaga de la lista de candidatos a primer regidor de Lima Metropolitana.

El pedido fue presentado por el ciudadano Ronald Castillo, quien solicitó al JEE fiscalizar la actual conformación de la lista de Renovación Popular y, en caso de determinarse una incompatibilidad constitucional con la reelección inmediata de alcaldes, disponer la exclusión de López Aliaga de la contienda electoral.

Dicho pedido se presentó luego de la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la Alcaldía de Lima, con el objetivo de que se determine qué implicancias tendría que Rafael López Aliaga permanezca como primer regidor de una lista cuyo postulante a la alcaldía desistió de participar en las elecciones.

El denunciante también pidió esclarecer las consecuencias jurídicas en caso de que la lista de Renovación Popular obtenga la mayor votación y si esta configuración permitiría a López Aliaga volver a asumir la Alcaldía de Lima durante el próximo periodo municipal.

Al respecto, el personero legal de Renovación Popular, Fernando Sandoval, sostuvo que la renuncia de Luis Rubio no puede atribuirse a Rafael López Aliaga, pues se trató de un “acto voluntario” del entonces candidato.

El personero agregó que el líder de Renovación Popular no puede ser sancionado con la exclusión por “actos que no han sido cometidos por él”.

“El acto del señor Luis Rubio no puede, en modo alguno, conllevar a una sanción de exclusión al señor Rafael López Aliaga, por cuanto ello vulneraría el principio de culpabilidad…”, se visualiza en los descargos presentados ante el JEE de Lima Centro.

Sandoval sostuvo que la ley no contempla la obligación de reordenar o modificar la ubicación de los demás candidatos cuando uno de ellos renuncia. En ese sentido, rechazó que se pueda hablar de una “reelección encubierta”, debido a que el exalcalde figura como candidato a primer regidor y no como postulante a la alcaldía.

“… habida cuenta que técnicamente son cargos distintos, debiéndose considerar además que el cargo de alcalde es distinto al cargo de regidor y que producen efectos jurídicos electorales diferentes”, agregan.

Asimismo, el personero legal señaló que es prematuro afirmar que López Aliaga asumirá nuevamente la Alcaldía de Lima, ya que Renovación Popular primero tendría que obtener la mayoría relativa de votos para conseguir los escaños correspondientes en el Concejo Metropolitano de Lima. Solo en ese escenario podría ser convocado para ocupar el cargo de burgomaestre.

“El pedido de exclusión por la hipotética suposición de que podría ser convocado a alcalde, está sujeta a un conjunto de eventos de los cuales no se tiene la certeza que ocurrirá y que, ante la posibilidad de que mi representante obtenga escaños en el Concejo Metropolitano, se estaría vulnerando su derecho a ser elegido regidor”, estableció.

Con estos argumentos, Sandoval pidió al JEE de Lima Centro que archive el procedimiento iniciado para solicitar la exclusión de López Aliaga de la contienda electoral.

Katherine Ampuero, senadora de Renovación Popular, se refirió a la denominada “reelección encubierta” de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima, luego de que el líder de su partido quedara como cabeza de lista tras la renuncia de Luis Rubio a su candidatura municipal.

Ampuero Meza calificó esta situación como “muy incómoda” y cuestionó que Rubio no haya ofrecido explicaciones a la militancia sobre las razones de su renuncia.

“Bueno, para mí eso es algo muy incómodo. Yo espero, sinceramente, que el candidato a la alcaldía, que era el doctor Luis Rubio, pueda dar explicaciones a los militantes”, declaró a RPP.

“Yo, en lo personal, no [sé por qué se retiró]. Lo que han anunciado los del CEN del partido es que hay un tema muy personal del Dr. Rubio. Yo, sinceramente, creo que, por un respeto a los militantes, a los simpatizantes […], a todos en general, porque ha sido un candidato para la alcaldía de la ciudad de Lima, no solamente ha sido un candidato para el partido, para los militantes o simpatizantes, sino para todo el electorado. Entonces, en esa medida, él debería dar explicaciones del caso”, enfatizó.

Asimismo, Ampuero señaló que siempre se mostró en contra de la prohibición de la reelección de alcaldes, al considerar que todo ciudadano “tiene su derecho constitucional de poder elegir y ser elegido”.

“Yo recuerdo que, cuando eliminaron la reelección para alcaldes y gobernadores regionales en el gobierno del expresidente Ollanta Humala, yo nunca estuve de acuerdo con esa eliminación”, indicó.

“Yo creo que el ciudadano tiene su derecho constitucional de poder elegir y ser elegido. Por qué vamos a castigar a una persona que ha hecho bien su gestión si yo considero, ciudadano de pie, que ha actuado bien mi alcalde o mi gobernador ganador regional. ¿Por qué limitan mi derecho a elegir? Porque yo quiero seguir con esa gestión”, resaltó.

Posteriormente, la senadora se mostró a favor de restituir la posibilidad de reelegir a las autoridades locales, aunque consideró necesario establecer “candados”.

“Obviamente, hay que ponerle candados como, por ejemplo, que se puedan reelegir una vez o dos veces, y nada más […]; y habría que ponerles otros candados más a esa modificación que se haga para evitar que saquen la vuelta la norma y para evitar que se vean situaciones como las que estamos viviendo hoy en día”, manifestó.

La disposición fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 012-2026-PRODUCE, publicado en el diario El Peruano. La norma encarga al Ministerio de la Producción (Produce) aprobar, en un plazo de 15 días hábiles, un Plan de Emergencia de los Subsectores Pesca y Acuicultura.

El plan contempla medidas como la investigación para el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos, el ordenamiento pesquero, facilidades administrativas y sanitarias para garantizar la continuidad de las actividades, facilidades de pago de multas, promoción de la comercialización y acceso a financiamiento.

La declaratoria se sustenta en los pronósticos de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), que mantiene la alerta de El Niño Costero y prevé que este fenómeno continúe hasta el verano, con una magnitud que podría alcanzar niveles fuertes a extraordinarios. También se advierten posibles precipitaciones intensas, inundaciones, desbordes y movimientos en masa que podrían afectar infraestructura, activos productivos y cadenas de suministro.

En el sector pesquero, el Enfen prevé que la anchoveta del stock norte-centro permanezca replegada frente a la costa central y a mayores profundidades de lo habitual. Ante este escenario, Produce realizará el seguimiento y evaluación de las medidas implementadas y podrá aprobar acciones complementarias para garantizar la continuidad y recuperación de las actividades pesqueras y acuícolas.

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En la misiva, se planteaba que la cartera de Justicia gestione el museo en lugar del Ministerio de Cultura, hoy liderada por el ministro Alberto Beingolea.

Álvarez Miranda dialogó con Correo al respecto. Aquí, reitera sus observaciones sobre el LUM –cuestionada constantemente por su “parcialización” al relatar la época terrorista que vivió el país–, y destacó que hacer falta “reorganizarlo todo” debido a que transmite una “postura que no coincide con la realidad”.

¿Hay alguna gestión en curso sobre el posible traslado del LUM a la cartera de Justicia como lo plantea una carta abierta?

No, ninguna. Yo no participé ni en la iniciativa, ni en la redacción, ni en el recuento de firmas de esa carta, ni como alguien dijo: que yo había “presionado” a la presidenta. Esa carta la hicieron personas –que conozco por mi profesión, por cierto– sin haber coordinado previamente conmigo, porque tampoco tenían por qué hacerlo.

¿No compartió la carta en redes sociales?

Sí, cuando enviaron la carta la retuiteé (en la red social X) porque era una muestra de apoyo a una iniciativa, pero a una respuesta que yo había dado antes, que en realidad tampoco se refería a eso. Un tema como ese (la administración del LUM), tan sensible, debería estar, a mi juicio, en (el sector de) derechos humanos. Pero, obviamente, no es una prioridad del gobierno ni nada por el estilo.

¿Qué observaciones tiene sobre el LUM para respaldar dicha iniciativa?

En principio, hay mucha gente que se siente afectada por la perspectiva con la que el LUM enfoca el fenómeno terrorista de los 80 y 90. Hay mucha gente que considera que no refleja la realidad.

Y ante eso, el sector de izquierda que hizo el LUM responde de una manera dogmática: “Tienes que creer en lo que hemos hecho o, si no, no eres demócrata”. Y esa es una postura cuasi religiosa. Es una postura en la que hay que tener fe, es decir, en lo que ellos han concebido; y no atreverse ni siquiera a ponerlo en discusión.

Esa es una postura antidemocrática, por cierto. En este momento podemos objetar incluso las sentencias del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial. Los jueces pueden evaluar la constitucionalidad de las leyes del Congreso, pero los ciudadanos no podemos objetar el LUM. Esa es una postura que no corresponde propiamente a un Estado de Derecho.

¿Por qué cree que ese sector que menciona no se siente representado?

El tema principal es el siguiente. El LUM lo que transmite es que hubo una guerra entre grupos subversivos y militares y que quien sufrió las consecuencias de esa guerra ajena, fue el pueblo peruano.

Y esa postura no coincide con la realidad, con la historia que conocemos todos los peruanos. Los que hemos vivido esa época sabemos perfectamente que todo comienza con una decisión de un grupúsculo marxista de levantarse en armas, por ideología, no por necesidad política. Y comenzaron a matar policías, a bodegueros del interior del país, diciéndoles “capitalistas”.

Y así fue extendiéndose y, en esa refriega de dos décadas, las Fuerzas Armadas van aprendiendo sobre la marcha cómo combatir eficazmente este fenómeno, cuya estrategia exigía ocultarse entre la población. Es así como la responsabilidad del terrorismo recae propiamente en los terroristas, en los medios de comunicación que los toleraron y los justificaron; en parte de una izquierda que, cada vez que se atrapaba a uno de los líderes, corría firmas para que los liberaran. Y de eso hay varios ejemplos.

Obviamente, también hay cierta responsabilidad en algunos militares y policías. Otros, por ignorancia de cómo combatir realmente el terrorismo, cometieron excesos y barbaridades. Esos han sido juzgados en el Poder Judicial y están, muchos de ellos, pagando condenas a pesar de una edad avanzada. También a pesar de alguna polémica jurídica porque si bien es cierto algunos hechos constituyen actos de lesa humanidad, otros no.

¿Qué cambios hacen falta, en este caso? ¿Cuáles serían los primeros pasos hacia un cambio?

Básicamente, hay que reorganizarlo todo, desde el inicio hasta el final; desde un aspecto técnico, por cierto. Hay que evaluar cómo es que se va a mostrar la historia reciente del terrorismo a los escolares, a las nuevas generaciones que no lo han vivido y que, por cierto, lo han estudiado muy poco en el colegio.

La mayoría desconoce lo que ha pasado porque en los planes de estudio se les ha ocultado de manera maliciosa e interesada. Por tanto, hay que evaluar desde el inicio, desde la concepción misma, cómo es que se debe presentar el terrorismo y evitar que se fraccione la historia en pisos o en espacios determinados.

¿Siente que se invisibiliza al sector militar y policial que luchó contra el terrorismo?

Hay miles de policías y miembros de las Fuerzas Armadas que murieron o quedaron con serios problemas de movilidad como resultado del combate en defensa de la sociedad. Y ellos no fueron escuchados; tampoco fueron escuchados los familiares de estas víctimas, tanto las provocadas por el MRTA como por Sendero Luminoso.

Ellos no fueron escuchados y prácticamente se les ocultó. De lo que se trataba era, esencialmente, de resaltar los pocos episodios donde uniformados cometieron actos de barbarie, que sí existieron, por supuesto. Pero como también existieron actos de barbarie en Vietnam o prácticamente en el combate contra cualquier terrorismo.

Recuerden que todavía se discute cómo Alemania combatió a la Rote Armee Fraktion o cómo Italia combatió a las Brigadas Rojas. La lucha contra el terrorismo es una lucha muy dura porque el terrorista se oculta de manera cobarde entre la población civil y desde allí ataca.

Entonces, es muy difícil tener una precisión hacia quién combatir y a quién no. Pero, claro, hubo actos de barbarie, definitivamente; y esos la justicia peruana los ha condenado.

Pero el LUM destaca la “inclusión social” en su propio nombre, ¿qué opina al respecto?

Bueno, la inclusión social es un tema que políticamente responde a una tendencia ideológica. La inclusión no se lleva a cabo mezclada con la explicación del terrorismo.

La inclusión es transversal en todas las políticas públicas y no estoy seguro si tiene lugar en un museo que es específicamente para contar un episodio de la historia, un episodio, por cierto, cruel y sanguinario, que estuvo motivado por el marxismo-leninismo.

Tampoco se pueden contar problemas de infraestructura, marginación social y racial en un museo que tiene un propósito definido, que tiene que ser desarrollado de una manera técnica y estrictamente apegada a los hechos.

¿Ha dialogado con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, sobre este tema?

Sí, (pero) no hubo ningún debate. Hemos conversado con ocasión, precisamente, de la presentación del Gabinete y los dos hemos coincidido en que, primero, no es que hayamos peleado ni discutido; ni siquiera habíamos tocado el tema. Lo mío fue una respuesta a una pregunta en una entrevista.

Y lo suyo también fue una respuesta a una entrevista en la que le preguntaron y dijo: “Bueno, la verdad es que no hay nada”. Hasta el momento no hay ningún pedido, no hay nada, no hay ninguna solicitud de evaluar el tema. ¿Por qué? Porque estamos en otro tema, estamos en lo que es prioritario: seguridad, legislación delegada y preparación para el fenómeno El Niño (…).

No hubo conexión absoluta entre el ministro (de Cultura), el ministerio (de Justicia) y el grupo de ciudadanos que produjo este comunicado, que he leído ya con detenimiento, bastante moderado, por cierto.

¿Hay predisposición del ministro Beingolea para aceptar contribuciones sobre el LUM?

Tenemos que sentarnos a conversar sobre eso posiblemente a fin de año, cuando ya estemos enfrentando, ojalá con éxito, el Fenómeno El Niño (…). Cuando tengamos espacio para eso (lo haremos), ahora estamos en otros asuntos.

​

El Ministerio de Relaciones Exteriores designó al exvicepresidente de la República Raúl Diez Canseco Terry como asesor de alto nivel del despacho ministerial para coordinar la organización de la visita del papa León XIV al Perú.

La designación, de carácter ad honorem, fue oficializada mediante una resolución ministerial suscrita por el canciller Carlos Espá y publicada en el diario oficial El Peruano.

Diez Canseco tendrá entre sus principales funciones apoyar la organización, gestión y articulación de las actividades oficiales relacionadas con la visita del Pontífice.

¿Qué funciones tendrá Raúl Diez Canseco?

De acuerdo con la resolución, el exvicepresidente deberá contribuir a la coordinación entre el Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, sector privado y autoridades de la Iglesia Católica involucradas en los preparativos.

La Cancillería fundamentó la designación en la necesidad de contar con asesoría de alto nivel debido a la trascendencia institucional, social y cultural que representa la visita papal.

El documento destaca como parte del perfil de Diez Canseco su experiencia en el sector empresarial y la administración pública, así como su desempeño como primer vicepresidente de la República y ministro de Estado.

Visita de León XIV requerirá coordinación entre varias instituciones

El trabajo de coordinación comprenderá aspectos vinculados con la organización y gestión de las actividades oficiales previstas durante la presencia del papa León XIV en territorio peruano.

Las acciones deberán desarrollarse respetando las competencias constitucionales y legales de las instituciones y niveles de gobierno involucrados.

La preparación de la visita requerirá, además, coordinaciones con las autoridades de la Iglesia Católica para los aspectos protocolares correspondientes.

Seguridad y logística serán parte de las coordinaciones

Entre los componentes de la organización se encuentran los aspectos logísticos, protocolares y de seguridad asociados a las actividades que desarrollará el Pontífice.

Las instituciones responsables del orden público y otras entidades competentes deberán participar dentro del ámbito de sus atribuciones conforme avance la planificación.

La Cancillería tendrá a su cargo el seguimiento de las coordinaciones relacionadas con la visita y la articulación entre las instituciones participantes.

Cargo de Diez Canseco será ad honorem

La designación de Raúl Diez Canseco tiene carácter ad honorem, por lo que el ejercicio de esta función no supone una remuneración por el cargo.

Con el nombramiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores busca reforzar la estructura de coordinación encargada de preparar la visita de León XIV al país.

Los detalles de la agenda, fechas, ciudades y actividades que desarrollará el Papa deberán sujetarse a la información que comuniquen oficialmente la Cancillería, el Vaticano y las demás autoridades competentes.

Según imágenes difundidas en redes, universitarios ingresaron al Paraninfo de dicha casa de estudios con cartulinas y lanzaron gritos en su contra.

“La ‘Villa’ es del pueblo y no de los corruptos”, “Esta es la ‘Villa’, valiente y combativa” y “Fuera corrupto” fueron algunas de las consignas de los estudiantes.

🐷¡BOTARON A LÓPEZ ALIAGA! El candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, fue rechazado por alumnos de la Universidad Villarreal durante su visita para una ponencia. "Fuera corrupto", fue una de las frases que lanzaron los universitarios. #N60Noticias #Lima… pic.twitter.com/bIIPD0k5Mc

— N60 Noticias (@N60Noticias) August 22, 2026

¿En qué etapa del proceso de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) del 2026 nos encontramos?

Seguimos en la etapa de inscripción de candidaturas. La admisibilidad venció el 5 de agosto. El plazo para que los 91 JEE resuelvan tachas y exclusiones en primera instancia se amplió hasta el 23 de agosto (hoy). El pleno del JNE tiene hasta el 4 de septiembre para resolver las apelaciones. Toda esta etapa cierra el 5 de septiembre. Después de esa fecha, solo cabrá una exclusión si el candidato recibe una sentencia por delito doloso hasta un día antes de la elección.

¿Cuántos pedidos de exclusión se han presentado?

Se han creado 2,443 expedientes de exclusión y 404 de tacha.

Pero, ¿hay tiempo para que el Jurado se pronuncie?

No da el tiempo. El plazo en primera instancia vence este domingo (hoy). Después de esa fecha, cualquier exclusión sería extemporánea. Para resolver un pedido, el Jurado necesita un informe de fiscalización, notificar al candidato, esperar sus descargos y recién entonces decidir. Eso demora un mínimo de tres a cuatro días, y ya no alcanza el tiempo.

Entonces, ¿ya no van a prosperar estos pedidos?

No tendrían consecuencia jurídica si el Jurado respeta el plazo. Ampliarlo de nuevo generaría sospechas de que buscan dar viabilidad a este tipo de pedidos.

¿Y la figura de “reelección encubierta” puede sustentar una exclusión?

Existe una interpretación del Pleno del 2018 que permite que un alcalde postule como regidor, porque entiende que la prohibición de reelección aplica solo si el candidato vuelve a postular al mismo cargo que ejerció. Cambiar ese criterio en plena elección generaría inseguridad jurídica. El Pleno tendrá que aplicar un test de proporcionalidad entre el derecho de participación política y la intención de eludir la prohibición constitucional. Pero, en el marco estrictamente electoral, hoy no existe una causal expresa para excluir por este argumento.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, respondió que esta es una estrategia para “fraguar la ley”...

Adelantó opinión. Si estos casos llegan en apelación al pleno, tanto el de López-Aliaga como el de Morropón, Burneo tendrá que inhibirse.

Estos pedidos fueron remitidos al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro tras ampliarse el plazo de recepción hasta el día de hoy.

El primer expediente fue presentado el 21 de agosto por Víctor Hugo Quijada Tacuri. Al día siguiente ingresaron las solicitudes de Anthony Jesús Lastra Velarde y José Manuel Vivanco Jaime.

Argumentos

Los tres escritos sostienen que la renuncia de Luis Rubio como candidato a alcalde de Lima modificó la configuración original de la lista.

Se argumenta que, López Aliaga, quien figura como primer regidor, quedaría en posición de asumir la alcaldía si Renovación Popular obtiene la mayor votación.

Los pedidos invocan los artículos 103 y 194 de la Constitución, que abordan el abuso del Derecho y la no reelección inmediata de alcaldes respectivamente.

Asimismo, los documentos incluyen como precedente la decisión del JEE de Morropón en Piura, que excluyó en primera instancia a Richard Hernán Baca Palacios, actual alcalde provincial de Morropón, como candidato a primer regidor por Alianza para el Progreso (APP).

Procesos

Cabe recordar que el tiempo para que los JEE resuelvan en primera instancia los pedidos de exclusión y tachas fue ampliado hasta hoy, domingo. Es decir, en la fecha deben pronunciarse para que puedan ser tramitadas dentro del cronograma electoral.

Los casos que sean apelados podrán ser revisados por el pleno del JNE hasta el 4 de septiembre, fecha límite para resolver en segunda instancia. Al cierre de la edición, los tres expedientes siguen en trámite.

Orden

La medida fue dispuesta mediante la Resolución N.° 1, emitida el 14 de agosto por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria.

La resolución ordena continuar con la ejecución provisional de la sentencia condenatoria contra Chávez y otros procesados. Para ello, se dispuso remitir los oficios a la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima y a la Oficina Central Nacional de Interpol Lima.

La orden ya había sido emitida el 19 de mayo por la Policía Judicial. Ahora, el juzgado estableció que esta medida sea renovada periódicamente mientras continúe vigente la ejecución provisional de la condena.

Como se recuerda, Chávez fue condenada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva como coautora del delito de conspiración para la rebelión por los hechos vinculados al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La sentencia también contempla dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación civil de 12 millones de soles, que deberá pagar de manera solidaria junto con Pedro Castillo, Aníbal Torres y Willy Huerta.

Al respecto, Raúl Noblecilla, abogado de Chávez, cuestionó la decisión de Checkley y sostuvo que la orden no tendrá eficacia en México debido al asilo concedido.

“Betssy es una asilada, está bajo la protección de un Estado”, afirmó a Correo.

También negó que reciba asistencia económica del Gobierno mexicano y afirmó que buscará trabajo en ese país.

“Ella va a hacer la vida como una ciudadana más en México, una ciudadana que vive de su esfuerzo”, sostuvo.

La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que condenó a Chávez como coautora del delito de conspiración para una rebelión en agravio del Estado.

De acuerdo a RRP, la resolución fue emitida el 14 de agosto.

El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, cuestionó la medida y sostuvo que la captura de su patrocinada no sería posible debido a que permanece bajo asilo diplomático en México. La defensa considera que esta situación impide ejecutar la orden de captura mientras se mantenga dicha protección.

Además de la pena de prisión, la sentencia impuso a Betssy Chávez dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de S/12 millones por concepto de reparación civil a favor del Estado. Este monto deberá ser pagado de manera solidaria con el exmandatario Pedro Castillo, el exministro del Interior Willy Huerta y el exasesor Aníbal Torres.

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El encuentro es organizado por la World Compliance Association (WCA) y la Cámara de Comercio de Lima, y abordará los nuevos desafíos para prevenir la corrupción y fortalecer los sistemas de integridad en el sector público y privado.

La actividad buscará promover un enfoque basado en la prevención y gestión de riesgos, más allá de la sanción. Entre los temas que se discutirán figuran las ciencias conductuales aplicadas a la integridad, la prevención del lavado de activos, la contratación pública en América Latina y el uso de información para anticipar riesgos.

La realización del congreso cobra especial relevancia ante la percepción de corrupción en el país. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International, Perú obtuvo 30 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 130 de 182 países.

Asimismo, una encuesta de Proética señala que el 67% de los peruanos considera la corrupción uno de los principales problemas nacionales.

El evento contará con especialistas de organismos internacionales y empresas como la OCDE, GAFILAT, OEA, Naciones Unidas, Amazon y Microsoft, quienes analizarán estrategias para fortalecer la transparencia, la gobernanza y el cumplimiento.

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Una revisión de Correo a las hojas de vida del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las declaraciones juradas de la Contraloría permitió identificar que 15 alcaldes distritales de Lima Metropolitana han colocado a familiares como candidatos para sucederlos.

Los casos involucran a 5 esposas, 4 hijos, 3 hermanos, 2 padres y hasta un sobrino.

Consorte

El caso más notorio es el del alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison Oyague, quien aspira al sillón de la Municipalidad Metropolitana de Lima por Avanza País, mientras que su cónyuge Carla Robbiano Montes de Allison busca convertirse en la próxima autoridad de dicho distrito.

Para Allison, la postulación de su pareja responde a la solicitud de sus simpatizantes dentro de su jurisdicción.

“Entender que estamos en una democracia. ¿Quién va a decidir si Carla Robbiano, mi esposa, es la alcaldesa de Magdalena? (..) son los vecinos y vecinas de Magdalena”, arguyó a Canal N el pasado 10 de julio.

Este vínculo conyugal se repite en otros cuatro distritos de Lima.

En Carabayllo, el alcalde Pablo Mendoza Cueva postula como teniente alcalde por Somos Perú, mientras su esposa, Rosario Peláez Ramírez, busca quedarse con la conducción del distrito.

En Cieneguilla, el alcalde Emilio Alberto Chávez Huaringa también postula como teniente alcalde por Podemos Perú, pero su esposa, Ortensia La Torre Cervantes, figura como candidata a la alcaldía distrital.

Una situación similar ocurre en La Molina.

El alcalde Esteban Diego Uceda Guerra-García postula como teniente alcalde por Renovación Popular y su esposa, Lizzi del Rocío Sueldo Matos, busca convertirse en la nueva autoridad distrital.

De igual modo, en San Luis, el alcalde, Ricardo Robert Pérez Castro, también postula como teniente alcalde por Renovación Popular. Su esposa, María Rosario López Solano, figura como candidata a la alcaldía del distrito.

Linaje

Otros alcaldes no han elegido a las esposas, sino a los hijos. Se trata de 4 casos. En Breña, el alcalde Luis Felipe de la Mata Martínez postula como teniente alcalde por Podemos Perú y su hijo, Luis Rolando Alejandro de la Mata Alva, busca sucederlo.

De igual manera, en Puente Piedra, el alcalde Rennán Samuel Espinoza Rosales postula como teniente alcalde por Somos Perú y su hijo, Rennán Santiago Espinoza Venegas, busca la alcaldía.

Asimismo, en Punta Negra, Eulogio Huyhua Ccaccya postula como teniente alcalde por Acción Popular y su hija, Mónica Alicia Huyhua Limachi, busca reemplazarlo.

Además, en el Rímac, Néstor Evadio de la Rosa Villegas postula como teniente alcalde por Podemos Perú y su hija, Katherine Angélica de la Rosa Menéndez, compite por la alcaldía.

Fraternos

También hay tres hermanos buscan suceder a sus familiares.

En Pucusana, el alcalde Juan José Cuya Espinoza postula como regidor provincial por Somos Perú y su hermano, Edwin Freddy Cuya Espinoza, busca la alcaldía.

A su vez, en Santa Rosa, George Robles Soto postula como teniente alcalde por Podemos Perú y su hermano, John Porfirio Robles Soto, intenta sucederlo.

De igual manera, en Villa El Salvador, Guido Íñigo Peralta postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por Somos Perú y su hermano, Clodoaldo Kevin Yñigo Peralta, busca mantener el control del distrito.

A esta lista también se le suman dos padres.

En Ate, Franco Vidal Morales postula como teniente alcalde por Avanza País y su padre, Manuel Gaudencio Vidal Camargo, busca la alcaldía.

Entre tanto, en El Agustino, Richard Robert Soria Fuerte postula como teniente alcalde por Podemos Perú y su padre, Liborio Soria Álvarez, figura como candidato.

Por último, en San Juan de Lurigancho, el alcalde Jesús Maldonado Amao postula como teniente alcalde por Somos Perú y su sobrino, César André Usquiano Maldonado, busca asumir su cargo.

Allegados

De otro lado, al menos otros 11 alcaldes distritales buscan mantener su influencia en el poder mediante funcionarios, trabajadores y regidores de sus respectivas gestiones, quienes ahora aparecen como candidatos para sucederlos en las mismas jurisdicciones. Los casos se registran en Ancón, Barranco, Independencia, Lince, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Lurín, Pueblo Libre, San Martín de Porres, San Miguel y Surco.

Análisis

La abogada especializada en derecho electoral Silvia Guevara explicó a Correo que la postulación de familiares de autoridades en funciones no está prohibida por la legislación electoral. Sin embargo, consideró que esta práctica puede generar un copamiento del poder municipal y reducir los espacios de fiscalización.

“Si estamos hablando de Lima Metropolitana, estamos hablando que acá el electorado es bastante grande y no significa que es por falta de opciones, sino por el contrario, lo que es esto es una voluntad de ingresar para copar el poder”, sostuvo.

Guevara también cuestionó el rol de las organizaciones políticas por permitir estas candidaturas. “Es responsabilidad plena de las organizaciones políticas, porque el hecho de que no existan previsiones no significa de que les den carta blanca”, detalló.

Además, la experta advirtió que la situación adquiere mayor relevancia cuando los familiares llegan a integrar el concejo municipal porque podría verse limitada la labor de fiscalización cuando los regidores mantienen vínculos familiares con el alcalde.

“Si tienes a tu papá o tienes a tu hermana, tienes a tu sobrina, a tu cuñada, por supuesto que no va a poder darse realmente esta fiscalización”, señaló.

La cita estaba programada para las 10:00 a. m. y se desarrolla de manera privada, en medio de la preocupación por el paro convocado para el 25 de agosto.

Los representantes de los transportistas acudieron durante la semana al Congreso, donde sostuvieron reuniones con integrantes de la bancada de Ahora Nación. Posteriormente, expresaron sus cuestionamientos al Gobierno y plantearon sus principales demandas.

En ese contexto, también fueron cuestionadas las acciones del comandante general de la Policía Nacional, Oscar Arriola, frente a la inseguridad ciudadana.

Durante la conferencia de los dirigentes, el coronel en retiro de la Policía Harvey Colchado planteó la salida de Arriola de la Comandancia General de la Policía. La reunión con la mandataria ocurre después de que el ministro del Interior, César Astudillo, expusiera ante el Congreso las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente a la criminalidad y la seguridad ciudadana.

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“No voy a firmar ningún documento que vaya contra una ley”, aseguró ante los parlamentarios, quienes esperan la salida de Arriola por su gestión paupérrima en el cargo, que a la fecha arrastra más de 1,800 homicidios.

Volátil

La Comandancia General de la Policía registra ocho relevos desde la llegada del golpista Pedro Castillo, quien inició su gobierno con César Cervantes Cárdenas ya en el cargo desde noviembre de 2020.

No fue hasta el 2 de septiembre de 2021 que Castillo decidió dar por concluida su designación con el aval del entonces titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan Carrasco Millones.

Según versiones de la prensa, la salida de Cervantes ocurrió porque él no comunicó la ejecución del allanamiento en las sedes de Perú Libre ni en las propiedades de su líder Vladimir Cerrón por el caso “Los Dinámicos del Centro”, a fines de agosto de ese año.

Cervantes permaneció 282 días en el puesto y durante su gestión ocurrió 1,011 homicidios, un promedio de 3.59 asesinatos por día.

En su reemplazo se designó a Javier Gallardo Mendoza. Sin embargo, ejerció el cargo solo 150 días y, en ese lapso, se registraron 663 homicidios, con una tasa diaria de 4.42 muertes.

Gallardo dejó el cargo en medio de un conflicto con la cabeza del Mininter, Avelino Guillén, quien cuestionó decisiones relacionadas con los ascensos de generales y la distribución de puestos dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La tensión terminó con la salida de Gallardo y su pase al retiro el 30 de enero de 2022.

Fue así como Castillo designó a Vicente Tiburcio Orbezo el 2 de febrero de 2022, pero permaneció 110 días en el puesto, tras la llegada de Dimitri Senmache al Mininter.

No obstante, la salida de Tiburcio habría ocurrido por insistir en la captura de los sobrinos de Castillo (Fray y Yoni Vásquez Castillo, y Gian Marco Castillo Gómez) y el exsecretario del despacho presidencial Bruno Pacheco, quienes estaban prófugos por el caso de corrupción Puente Tarata III.

Cabe señalar que, en el corto periodo de Tiburcio, ocurrieron 475 homicidios, lo que representa una tasa de 4.32 muertes violentas por día.

El 23 de mayo de 2022, Luis Alberto Vera Llerena asumió la Comandancia General y permaneció apenas 95 días. Durante ese lapso se registró 424 homicidios, equivalentes a 4.46 casos diarios.

“Es una ofensa y un atropello (su salida) porque se retrasa la institución que tiene planes. En estos tres meses he avanzado planes para fortalecer mi institución y se frustra, entonces, la institución no crece y está cada día más debilitada”, dijo a RPP Noticias tras dejar el cargo el 26 de agosto de ese año.

Más adelante, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso unicameral, Vera denunció que fue “víctima” de presión política, amenazas hasta chantajes en el gobierno de Castillo.

De este modo, se colocó en su reemplazo a Raúl Alfaro Alvarado, quien permaneció 206 días, hasta marzo de 2023, temporada en que se registraron 802 homicidios, con una tasa de 3.89 casos diarios.

Su gestión combinó el tramo final del gobierno de Castillo con el inicio de la administración de Dina Boluarte, que asumió tras el autogolpe del 7 de diciembre de 2022.

Aunque Alfaro no quiso irse pese a los cuestionamientos que pesaban sobre él, ya que era investigado por su presunta vinculación con una red de espionaje atribuida a Jorge Hernández, alias “El Español”, además de enfrentar acusaciones de corrupción y supuesto cobro de sobornos.

Incluso, la Fiscalía allanó su vivienda el 20 de marzo de 2023 como parte de las pesquisas.

Debido a ello, el Estado sustentó su salida a un “conflicto de intereses e incompatibilidad” para ejercer el cargo, ese mismo día; colocando así a Jorge Angulo Tejada, quien ejerció la Comandancia hasta enero de 2024.

Su gestión duró 308 días bajo Boluarte, donde se contabilizó 1,324 homicidios, con una tasa de 4.3 por día.

Empero, su salida estuvo marcada por un hecho inusual.

Durante una actividad oficial en Ayacucho, el 21 de enero de 2024, Boluarte fue insultada y agredida por familiares de personas fallecidas durante las protestas de diciembre de 2022.

Ruth Bárcena, viuda de una de las víctimas y dirigente de una asociación de familiares, alcanzó a jalarle el cabello a la exmandataria, mientras otros asistentes le gritaban “Dina asesina” y “Ayacucho te repudia”.

De allí que, al día siguiente, el Gobierno decidió retirarlo del cargo alegando que “se han evidenciado negligencias muy graves en el control y comando de la institución policial” por parte de Angulo, quien presentó una demanda de amparo contra el Mininter y la Presidencia del Consejo de Ministros tras su destitución.

De modo que, Víctor Zanabria Angulo asumió la Comandancia General el mismo 22 de enero de 2024.

El oficial permaneció 617 días y en ese intervalo se concentró el mayor número de homicidios (3,688) con un promedio de 5.98 casos diarios, la cifra más elevada entre los ocho comandantes en los últimos 5 años.

Aunque la salida de Zanabria tuvo un contexto distinto al de Angulo, dado que el anunció su pase a retiro. Según la resolución suprema del Mininter, Zanabria cumpliría 40 años de tiempo de servicios reales y efectivos el 1 de enero de 2026.

Por ello, la Policía le otorgó un periodo de adaptación a la vida civil de tres meses, entre octubre y diciembre de 2025.

De esta forma, el Ejecutivo designó a Óscar Manuel Arriola Delgado el 30 de septiembre de 2025, quien trabajó para 3 presidentes distintos (Boluarte, José Jerí y José María Balcázar) y, hasta ahora, en el actual mandato de Keiko Fujimori.

Su periodo acumula 324 días y 1,888 homicidios hasta el 20 de agosto de 2026, con una tasa de 5.83 muertes violentas por día. A diferencia de sus antecesores, Arriola permanece en el cargo pese a los cuestionamientos de diversos sectores.

Candado

Antes de la Ley N.° 31570, el Gobierno tenía mayor margen para cambiar al comandante general de la Policía, lo que permitió una alta rotación en el cargo.

Sin embargo, la norma ahora restringe el cese anticipado y establece que el comandante general puede ser cesado antes de concluir sus dos años únicamente por muerte, solicitud propia de pase al retiro, incapacidad física permanente declarada por una junta médica, falta muy grave conforme al régimen disciplinario, delito doloso declarado mediante sentencia firme o delito flagrante.

Asimismo, también exige que el Presidente comunique personalmente el motivo del cese y entregue un documento escrito que sustente la causal.

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La también primera vicepresidenta de la Cámara Baja indicó que la moción será presentada una vez concluya la Semana de Representación.

La parlamentaria señaló que, a su regreso, iniciará las coordinaciones para reunir los respaldos necesarios y llevar a Astudillo al Pleno.

“Eso va a gestarse desde mi despacho, retornando la semana de representación, porque salimos a la siguiente”, declaró Márquez a la prensa.

Según explicó, buscará el respaldo de otras bancadas de oposición con las que espera coincidir en la necesidad de que Astudillo explique las medidas adoptadas por su sector.

La legisladora sostuvo que el país requiere una respuesta frente al incremento de la criminalidad y cuestionó el accionar del Ejecutivo.

En esa línea, consideró necesario que el Congreso tome acciones ante la situación de inseguridad que atraviesa el país.

“El Perú necesita seguridad. Ya basta de tantas muertes. Como coalición, nosotros hacemos un equipo y estoy segura de que van a estar de acuerdo con él (la moción). Pero no nos podemos quedar de brazos cruzados. Hay que accionar, hay que hacer algo”, manifestó.

La propuesta de JP se plantea cuando aún no ha transcurrido un mes desde que el nuevo Gobierno asumió funciones y sería la segunda moción de interpelación promovida por la bancada.

La primera fue contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, para que responda por sus presuntos vínculos con Minera Poderosa y la estrategia aplicada en Pataz.

Desarrollo

El premier aseguró que el retraso en la presentación es saludable, pues la presidenta Keiko Fujimori sostuvo recientes reuniones con su par del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, y otros funcionarios claves en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Felizmente no lo presentamos antes porque después de hablar con la doctora Tello y el fiscal de la Nación (Tomás Gálvez), dijimos ‘menos mal’”, afirmó a RPP.

En esa línea, detalló que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Ernesto Álvarez Miranda, está culminando la revisión de las propuestas en el citado proyecto. Sobre ello, agregó que el ministro en mención participará en una comisión para evaluar normas en la lucha contra el crimen.

“El ministro, además del esfuerzo que está haciendo para terminar y cerrar la delegación de facultades, espero máximo este lunes 24, se pondrá a ver lo de la comisión”, indicó.

Finalmente, Galarreta remarcó que, “para cambiar un artículo (en la norma), se pasa por un procedimiento burocrático” que incluye la fiscalización “del Ministerio de Justicia, sus viceministros, los juristas de cada ministerio y después los viceministerios”.

“Estamos tratando de destrabar (la gestión en la lucha contra el crimen). En el proyecto de facultades legislativas se va a pedir (lo necesario) para hacer las capturas correspondientes, usar el sistema procesal penal y, después, ver donde va a ir esta gente. Todo está articulado”, puntualizó.