La propuesta, respaldada por 14 votos a favor y nueve en contra, se basa en las disposiciones del Estatuto de Roma y en una recomendación del Tribunal Constitucional emitida al declarar constitucional la Ley 30107.

El texto aprobado establece que constituye delito de lesa humanidad un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, ejecutado con dolo y conocimiento. Entre las conductas comprendidas figuran el homicidio calificado, la trata de personas, el secuestro, la violación sexual, la desaparición forzada y la tortura.

Asimismo, la norma define el ataque generalizado como una conducta de comisión múltiple y masiva dirigida contra un amplio grupo de personas por motivos relacionados con su origen, raza, religión, cultura u otras condiciones.

La iniciativa establece penas que van desde 30 años de prisión hasta cadena perpetua para quienes incurran en estos delitos. Además, señala que, de ser promulgada por el Poder Ejecutivo, su aplicación será inmediata en los casos en trámite en los que se haya utilizado o propuesto la figura de lesa humanidad, así como en procesos con sentencia que sean objeto de revisión, nulidad u otros recursos constitucionales.

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El organismo precisó que el saldo de S/ 812.9 millones pendientes de ejecución mencionado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no se encuentra disponible para atender las necesidades del próximo proceso electoral.

De ese monto, más de 430 millones de soles corresponden a contratos ya ejecutados en las Elecciones Generales y la Segunda Elección Presidencial cuyos pagos están en proceso, más de 50 millones a contratos en formalización, y alrededor de 330 millones a contrataciones indispensables para las elecciones subnacionales, como el despliegue y repliegue de material electoral y la logística informática.

La institución subrayó que un saldo registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) no implica que existan recursos libres, pues los montos comprometidos tienen destino específico y no pueden redirigirse.

El déficit de financiamiento de la ONPE asciende actualmente a S/ 433.21 millones. Entre las actividades que permanecen sin financiamiento figuran la contratación del personal de campo, la capacitación de actores electorales, la producción y distribución del material electoral, la asistencia a electores y miembros de mesa durante la jornada, el traslado del material desde las sedes de las ODPE hacia los locales de votación, y la compensación económica a los miembros de mesa.

#ONPEinforma | Aclaramos información sobre el presupuesto para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.#ERM2026 pic.twitter.com/diVZkIIjhu

— ONPE (@ONPE_oficial) July 9, 2026

Explicó que el cronograma ya se encuentra en marcha y que varias actividades, como las elecciones internas de los partidos, fueron ejecutadas con el presupuesto asignado.

Según información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los organismos del sistema electoral mantienen un saldo conjunto de S/ 1.084,7 millones por ejecutar. De ese monto, la ONPE dispone de S/ 813 millones, el Jurado Nacional de Elecciones de S/ 257 millones y el Reniec de aproximadamente S/ 13 millones.

Respecto al pedido de un crédito suplementario cercano a S/ 300 millones, Gutiérrez señaló que, si bien el Estado debe garantizar el financiamiento del proceso, es necesario sustentar con claridad el destino de esos recursos y fortalecer la rendición de cuentas y la planificación presupuestal.

“No se puede pedir por pedir. Tenemos que acostumbrarnos a la rendición de cuentas y a que la programación de los recursos financieros sea prolija”, dijo.

Asimismo, recordó que, de no aprobarse el crédito suplementario, el Decreto de Urgencia N° 001-2026 permite transferir recursos del fondo de contingencia para asegurar la continuidad del proceso electoral.

En ese sentido, reiteró que, con el presupuesto disponible y el marco legal vigente, las elecciones no corren riesgo por falta de financiamiento.

#EnVivo

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo: Mientras exista un saldo como el que he señalado en las elecciones ningún funcionario, por más autónomo, pueda decir ligeramente que puede paralizar el proceso electoral, eso pueden decir cuando ya no hay nada por ejecutar

Encuentra… pic.twitter.com/dZFeNIQ0b6

— Canal N (@canalN_) July 9, 2026

Video: Canal N

Como se sabe, el burgomaestre participó en una jornada de prevención junto a la presidenta electa, Keiko Fujimori, quien aseveró que varias regiones del norte del país, llegan con retraso a los trabajos preventivos, de cara al Fenómeno El Niño. “Quiero señalar además que muchas de las regiones del norte ya estamos tarde. Esos trabajos se debieron hacer muchos meses atrás”, dijo la lideresa de Fuerza Popular.

Tras ello, Renzo Reggiardo defendió las obras realizadas en la capital a fin de disminuir el riesgo de desbordes e inundaciones.

“Yo he venido anunciando que la labor de prevención que se viene realizando, no de ahora, sino desde hace varios meses y años inclusive, garantiza que no tengamos mayores riesgos en los próximos meses, incluso ante la eventualidad de tener un Niño algo severo”, indicó.

Adquisición de maquinarias

Además, el burgomaestre consideró fundamental la adquisición de maquinarias para atender emergencias, debido a que la Municipalidad de Lima no contaba con equipos propios para este tipo de intervenciones. “Desde que compramos 52 máquinas, que no teníamos ni una sola, hoy tenemos capacidad operativa para responder ante una situación de emergencia”, aseguró aunque reconoció que ningún trabajo preventivo puede eliminar por completo los efectos de un evento climático extremo.

Reggiardo dijo estar dispuesto a trabajar de manera coordinada con el gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño en las regiones más vulnerables.

“Estamos con toda la disposición para colaborar con el gobierno central por esta buena experiencia que hemos tenido en Lima Metropolitana y trasladarla al norte y a los lugares que el gobierno considere necesarios”, dijo.

En la actividad aseguró que su gobierno tendrá como prioridad desde el inicio las acciones de prevención. En ese sentido, refirió que su equipo viene elaborando un inventario de la maquinaria disponible en todo el país para atender la emergencia, el cual estará listo antes del inicio de su gestión a fin de ejecutar las acciones de respuesta desde este 28 de julio.

“Vamos a tomar una serie de medidas desde el primer día. Quiero señalar además que muchas de las regiones del norte ya estamos tarde. Esos trabajos se debieron hacer muchos meses atrás”, afirmó.

Llamado a sector privado

Asimismo, Keiko Fujimori instó al sector privado a participar en las labores de prevención y mitigación de los efectos que podría generar el Fenómeno El Niño. “Hacemos también una convocatoria al sector privado para que ellos colaboren frente al Fenómeno El Niño”, dijo.

Indicó que una de las primeras acciones será identificar toda la maquinaria operativa perteneciente a gobiernos regionales, municipalidades y otras entidades del Estado, pues refirió que durante un diagnóstico se detectó que parte del equipamiento permanece inoperativo.

“Estamos haciendo un inventario de todas las maquinarias disponibles que hay en nuestro país. Sabemos que hay maquinarias en los gobiernos regionales. En algunos casos están abandonadas y no se usan por falta de mantenimiento y, en la gran mayoría, por falta de combustibles y presupuesto para contratar operarios”, precisó.

Julio Velarde

La presidenta electa contó que en la reunión con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, se informó sobre un panorama favorable sobre las perspectivas económicas del país, aunque el principal riesgo sigue siendo el impacto del fenómeno climático.

“Julio Velarde fue muy claro en señalar que todas las cifras, las estadísticas y las proyecciones son muy positivas y optimistas para el Perú. Lo que a todos nos preocupa es la catástrofe que pueda ocasionar el Fenómeno El Niño”, incidió al precisar que los efectos no solo alcanzarían a la costa norte, sino también a la sierra.

Ante ello, pidió replicar las acciones ejecutadas por la comuna de Lima en otras regiones del país.

El nombramiento se da tras la renuncia de Freddy Solano González al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, ante los cuestionamientos por la presunta presentación de un certificado falso para acceder a la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N° 196-2026-PCM, publicada este 9 de julio.

LEE: Ministro de Trabajo habría usado certificado falso para obtener seis nombramientos en el Estado

Cabe precisar que Flavio Cruz es abogado y congresista por la región Puno (periodo parlamentario 2021-2026) por el partido Perú Libre. Tiene experiencia como docente universitario en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

Fue vocero de su bancada y presidió la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso.

Contraloría

Cabe precisar que la Contraloría General de la República ya había iniciado un proceso de recopilación de información en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo relacionado con un procedimiento administrativo disciplinario. El caso involucra a Freddy Solano y la verificación de documentos presentados en un proceso previo de acceso a un cargo público.

El despliegue del órgano de control se produce tras un reportaje de Cuarto Poder, que cuestiona la validez de un certificado laboral utilizado en una designación anterior.

Pariona Valer señaló que los casos de desaparición muchas veces inician con situaciones cotidianas como ofertas laborales o a través de las redes sociales, mientras que las cifras por desapariciones en Arequipa superan los 500 casos.

“En este programa nosotros damos a conocer cuáles son los riesgos de trata de personas, los riesgos que pueden tener en redes sociales. De esa manera nosotros trabajamos haciendo un enfoque preventivo antes de que pueda suceder la trata de personas”, señaló antes de su salida del plantel educativo.

Respecto al tema de acoso escolar, Pariona indicó que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud para realizar sesiones preventivas y educativas orientadas a niños y adolescentes, para que puedan hacer las denuncias respectivas.

La agenda de la ministra incluye una visita esta mañana al Centro de Emergencia Mujer en Cerro Colorado.

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La invitación fue formulada por el mandatario de manera personal este jueves 9 de julio durante una reunión en la oficina de la presidenta electa, en el distrito de San Isidro. Keiko Fujimori confirmó su asistencia.

José María Balcázar le reiteró sus felicitaciones a Fujimori Higuchi por su triunfo en las elecciones 2026 y subrayó que el país necesita un Gobierno con buenos propósitos y con diálogo permanente entre todos los peruanos.

“Hemos conversado, por ejemplo, de las inversiones que se han hecho y se deben hacer en el sur del país, y otras consideraciones. Le deseo el mejor éxito en el futuro para que gobierne en favor de todos los peruanos sin exclusión”, refirió.

El presidente Balcázar resaltó que se haya concretado la invitación a visitar Palacio de Gobierno.

Durante la reunión de este jueves, Keiko Fujimori, dijo que en la reunión el jefe de Estado le dio consejos para su próximo gobierno.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa para el periodo 2026-2031 se realizará el próximo 15 de julio.

Este jueves 9 de julio, José Balcázar acudió a la oficina de la presidenta electa, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, para saludarla y felicitarla por su triunfo en las últimas elecciones presidenciales. Se trata del primer encuentro entre el mandatario actual y su sucesora.

“Él ha tenido la gentileza y amabilidad de venir a saludarme. Hemos intercambiado varias ideas, me ha dado varios consejos y me ha expresado la invitación para recibirme en Palacio de Gobierno la próxima semana después de la ceremonia de recepción de credenciales”, dijo Keiko Fujimori.

Asimismo, la presidenta electa confirmó que el próximo jueves 16 de julio concurrirá a Palacio de Gobierno tras la invitación del dignatario. “El jueves en la mañana yo estaría asistiendo a Palacio para seguir con esta conversación”, precisó.

Equipos de transferencia

Además, Keiko Fujimori comentó a los medios de comunicación que los equipos de transferencia “ya están empezando hacer su trabajo, están recolectando información en cada uno de los ministerios”.

“Agradezco al presidente la disposición que hay en los ministros de otorgar la información que se está recogiendo”, señaló.

Como se sabe, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa para el periodo 2026-2031 se realizará el próximo 15 de julio, al mediodía, en el Teatro Nacional de Lima.

Días atrás José Balcázar confirmó que la presidenta electa será invitada a Palacio de Gobierno luego de recibir sus credenciales oficiales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Como se sabe, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa para el periodo 2026-2031 se realizará el próximo 15 de julio, al mediodía, en el Teatro Nacional de Lima.

El mandatario indicó que se comunicó vía telefónica con la lideresa de Fuerza Popular para felicitarla por su triunfo en la segunda vuelta y refirió que ha cumplido con el protocolo correspondiente tras la proclamación de resultados.

El presidente sostuvo en Exitosa, que no es necesario emitir un pronunciamiento público, ya que las normas protocolares no obligan a ello. “Yo creo que el protocolo no exige una publicación, sino felicitación, que lo he hecho como corresponde”, indicó.

Freddy Solano González presentó su renuncia al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, en medio de los cuestionamientos surgidos por la presunta presentación de un certificado falso para acceder a la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023, tal .

La dimisión fue comunicada mediante una carta dirigida al presidente José María Balcázar, en la que el exministro explicó que tomó la decisión para evitar que la controversia afecte el funcionamiento del sector.

“He tomado esta decisión debido a los cuestionamientos que han generado un escenario político y mediático, con el objetivo de preservar la estabilidad institucional”, señala el documento.

He tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, convencido de que el interés del país y la fortaleza de nuestras instituciones deben estar siempre por encima de cualquier circunstancia personal.

Esta decisión no representa… pic.twitter.com/blaBF15I6t

— Freddy Solano (@freddysolanog) July 9, 2026

Afirma que deja el cargo para preservar la estabilidad institucional

En la carta, Solano sostiene que los cuestionamientos formulados en los últimos días generaron un escenario político y mediático que podría afectar el trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

“Los cuestionamientos formulados en los últimos días han generado un escenario político y mediático que, más allá de mi posición firme respecto de los hechos, amenaza con desviar la atención de las prioridades que el país exige al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, señala.

Niega haber cometido actos ilegales

El exministro rechazó las acusaciones que motivaron los cuestionamientos públicos y aseguró que su conducta siempre estuvo enmarcada en la legalidad.

“Reafirmo con absoluta convicción que jamás he cometido acto alguno contrario a la ley, a la ética o a los deberes inherentes a la función que me fue confiada.”

Asimismo, expresó su confianza en que las autoridades competentes esclarecerán los hechos respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

“Confío plenamente en que las instancias competentes esclarecerán objetivamente los hechos y confirmarán lo que siempre he sostenido: que mi actuación se desarrolló dentro del marco de la ley y del ejercicio regular de la función pública”.

Se retira defendiendo su actuación

En la parte final de la misiva, Solano manifestó que deja el cargo con la tranquilidad de haber actuado conforme a sus principios y anunció que continuará defendiendo su honor por las vías legales.

“Me retiro con la conciencia tranquila y con la serenidad de quien ha actuado conforme a sus convicciones y a los principios que han guiado toda su trayectoria en el servicio público”.

La renuncia se produce luego de los cuestionamientos relacionados con la presunta presentación de un certificado falso durante su designación como jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en 2023. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento definitivo de las autoridades sobre esas imputaciones, por lo que rige la presunción de inocencia.

La Comisión Permanente del Congreso de la República se reúne este jueves 9 de julio, desde las 9:00 a. m., para debatir diversos dictámenes de proyectos de ley incluidos en su agenda.

La convocatoria fue remitida por el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, por disposición del presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro.

La Comisión Permanente mantiene facultades para legislar hasta el 15 de julio, en virtud del encargo otorgado por el Pleno del Congreso, que clausuró la última legislatura ordinaria el pasado 24 de junio.

Temas que serán debatidos

De acuerdo con la Resolución Legislativa del Congreso N.º 011-2025-2026-CR, la Comisión Permanente podrá debatir:

• Dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa incluidos en el Orden del Día y en la agenda del Pleno.
• Iniciativas incorporadas por acuerdo de la Junta de Portavoces, conforme a sus atribuciones.
• Proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo con carácter de urgente, de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

Proyecto sobre créditos suplementarios figura en la agenda

Entre los principales temas programados para la sesión se encuentra el Proyecto de Ley N.º 14799, elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

La iniciativa propone aprobar créditos suplementarios destinados a:

• Financiar inversiones públicas orientadas al cierre de brechas.
• Garantizar la continuidad de los servicios que presta el Estado.
• Asegurar la transición democrática.
• Dictar otras medidas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

El debate y eventual aprobación del dictamen dependerán de la decisión que adopten los integrantes de la Comisión Permanente durante la sesión.

“Hay solicitudes que han sido desestimadas porque desde la forma han sido descalificadas. Porque no tenía el documento que tenía que tener, no tenía la firma que correspondía y simplemente fueron desestimados y ahora en estos momentos no hay en la comisión analizándose ningún indulto de nadie de nivel presidencial”, declaró a la prensa.

Aunque Jiménez abrió la posibilidad de analizar un nuevo pedido para Castillo u otro exmandatario. “Tendría que revisar los elementos jurídicos y no suscribiría algo que no se encuentre de acuerdo a la normativa vigente y al Estado de derecho (...) si se cumpliesen, habría que analizarlo”, precisó.

“Frente a las recientes declaraciones de funcionarios del MEF, el RENIEC precisa que cuenta con un presupuesto institucional de S/ 545 millones, de los cuales S/ 511 millones (+96 %) ya se encuentran certificados”, reza su comunicado vía X.

Además, Carmen Velarde, pidió al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y al titular del MEF, Rodolfo Acuña, aprobar los recursos necesarios para evitar el desabastecimiento de documentos nacionales de identidad (DNI).

“Con falta de presupuesto, no nos ahogan a nosotros, ahogan a los peruanos”, dijo en Exitosa y cuestionó la falta de respuesta de Arroyo a sus cartas enviadas.

“El presupuesto que tienen los organismos electorales para hacer frente a las elecciones en el presente año es de 2,271 millones, y (...) registra una ejecución de 1,187 millones”, indicó a Canal N.

Cálculos. Calderón restó ambas cifras para señalar el saldo pendiente.

“Existen 1,085 millones de soles que garantizan la continuidad del proceso electoral”, sostiene.

El funcionario también desglosó el presupuesto específico del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“Se le asignó en el presupuesto 2026 cerca de 60 millones, pero el Reniec en términos generales tiene un presupuesto asignado de 511 millones y a la fecha ha ejecutado un poco menos de la mitad”, explicó.

Calderón agregó que el proyecto de ley de crédito suplementario lo aumentará.

“Existen 325 millones adicionales al monto que he señalado (...) tenemos certeza de que no (debería decirse) que está en riesgo el proceso electoral de los próximos meses”, argumentó.

Contraste. El economista Miguel Alzamora criticó la interpretación del MEF sobre la disponibilidad de recursos.

Según su análisis, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de los organismos electorales asciende actualmente a S/2,399 millones, de los cuales se había ejecutado S/1,240 millones, equivalente al 52 %.

Alzamora sostuvo que el saldo presupuestal, que asegura el viceministro, es el presupuesto conjunto de los entes electorales y no exclusivamente alos recursos para financiar las próximas Elecciones Regionales y Municipales.

De acuerdo con información revisada por Correo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside Lady Camones (APP) le herederá por lo menos 134 expedientes, esto debido a que los tiempos no alcanzarían para que estos casos sean vistos en la actual gestión.

EN DETALLE

Del total de 133 casos, 66 de ellos ya se encuentran en la etapa de investigación (ver infografía).

Hay una denuncia con informe de calificación y hay seis denuncias que ya tienen un informe final.

Estos últimos corresponden a casos vinculados a Lucinda Vásquez (congresista fallecida), Alberto Otárola (expremier), Pedro Castillo (expresidente), Víctor Ticona (exjuez supremo), Walter Ayala (exministro de Defensa) y exintegrantes del Tribunal Constitucional.

Además, hay 61 denuncias que se encuentran pendientes de ser calificadas.

En total, los expedientes suman 134.

De acuerdo con la tercera disposición complementaria transitoria del Reglamento del Congreso Bicameral, las denuncias constitucionales que no hayan culminado su trámite en el Congreso unicameral hasta el 26 de julio del 2026, independientemente del estado en que se encuentren, son derivadas a la Cámara de Diputados para que esta actúe según sus competencias.

CASOS

Entre los casos que deja la Subcomisión en investigación están aquellos que involucran a la expresidenta Dina Boluarte.

Específicamente, la exmandataria tiene cinco denuncias que recibió entre los años 2024 y 2026.

Por ejemplo, la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la denunció en mayo del 2025 por la presunta comisión del delito de abandono del cargo.

Esto debido a que la entonces presidenta omitió informar al Consejo de Ministros y al Congreso su impedimento físico temporal para ejercicio del cargo entre el 29 de junio y el 9 de julio del 2023 debido a un procedimiento quirúrgico al que se sometió y que implicó múltiples cirugías estéticas.

El expresidente Pedro Castillo suma cuatro denuncias constitucionales.

Una de ellas corresponde a una denuncia que presentó en su contra la ahora exfiscal de la Nación Delia Espinoza por la presunta comisión del delito de negociación incompatible.

El caso está relacionado a la contratación de Segundo Llanos Guevara en el Programa de Desarrollo Productivo (Agro Rural), donde fue contratado hasta en cinco ocasiones bajo el argumento de necesidad urgente y temporal.

Otro caso es el que tiene la todavía congresista Magaly Ruíz de Alianza para el Progreso (APP).

En abril de 2024, el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, la denunció por la presunta comisión del delito de colusión.

El caso tiene que ver con una reunión que habría sostenido Ruíz con su asesor Johnny Romero en la casa del fiscal Richard Rojas, a fin de pedirle asesoría en una investigación que afrontaba por un caso de “mochasueldos”.

A cambio de su ayuda, Ruíz habría ofrecido la contratación en su despacho de Alex Rojas, hermano del fiscal.

PRESENTES

La senadora electa Mirtha Vásquez de Ahora Nación tendrá que afrontar el proceso de una denuncia constitucional durante su gestión.

En diciembre del 2022 fue denunciada en su calidad de presidenta del Consejo de Ministros de la gestión de Castillo por la presunta comisión de aceptación indebida del cargo.

La denuncia alcanza a Pedro Francke, exministro de Economía.

Según el documento, ambos habrían firmado el Decreto de Urgencia 102-2021 que sirvió para que el Ministerio de Vivienda direccione obras a empresas vinculadas al empresario Hugo Espino, quien es investigado por ser parte de una red criminal que lideró Castillo.

Cabe precisar que Vásquez tiene otro caso por presuntos actos arbitrarios que realizó cuando fue presidenta interina del Congreso.

Sobre el tema ya existe un informe final desde junio del 2025 que recomienda inhabilitarla 10 años de la función pública. Sin embargo, el caso no avanzó más y todo indica que también se vería en el nuevo Congreso Bicameral.

En una situación similar estará el senador Daniel Barragán del partido Obras.

En total acumula seis denuncias constitucionales en etapa de investigación, las mismas que fueron presentadas cuando era ministro de Defensa del gobierno de Pedro Castillo.

Una de ellas fue presentada a principios de diciembre por 2022 e incluye a todo el Gabinete Ministerial, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad.

El caso se refiere al pedido que presentó la gestión de Castillo para que el Congreso debata un proyecto del Ejecutivo que buscaba derogar la norma que regula la cuestión de confianza.

Ante la negativa del Parlamento, los ministros interpretaron la respuesta como una “denegatoria de la cuestión de confianza”.

PROCEDIMIENTO

Con el Congreso Bicameral, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pasará a llamarse Comisión de Acusaciones Constitucionales.

Esta comisión pertenece a la Cámara de Diputados y será la encargada de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias presentadas, así como de realizar la investigación en los procesos y emitir el informe final.

Esa comisión votará el documento y este será enviado a la Presidencia de la Cámara de Diputados para su debate y votación en el pleno.

Su aprobación requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de miembros.

Si el informe es aprobado, la Cámara de Diputados nombra una comisión acusadora integrada por tres diputados para que sustente el informe ante el Senado.

En la Cámara Alta, por la presunta comisión de delitos, se requiere la votación favorable de más de la mitad del número legal de miembros del Senado.

El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional, requiere de los dos tercios del número legal de miembros del Senado.

Uniones

Al término del encuentro institucional, realizado ayer por la tarde, el excandidato presidencial de RP y sus virtuales congresistas brindaron declaraciones a la prensa.

“Estamos conversando por lo menos con dos bancadas más. Creemos que es la oportunidad de oro para el Perú para crecer al 5%, 6% o 7%. Las condiciones externas están a favor del Perú y es momento de cubrir las brechas del Estado ausente y corrupto”, detalló López-Aliaga.

En esa línea, agregó que “es momento de ampliar la cobertura para sacar, casi por unanimidad, iniciativas para cubrir la brecha social” del país. Por ello, ofreció sus planes de gobierno y sus equipos técnicos al nuevo régimen.

“He hablado con Ricardo Belmont, lo conozco hace muchos años, pensamos igual. Con el señor López-Chau también hemos hablado de estos temas. No hay que cerrarnos”, indicó tras ser consultado por la coalición anunciada por Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación, estas dos últimas encabezadas por Belmont y López-Chau, respectivamente.

En otro momento, Yarrow tomó la palabra para asegurar que buscan “un gobierno que tenga cinco años de estabilidad”.

“Hemos puesto toda nuestra disposición en apoyar con los equipos técnicos y trabajar de la mano de la señora presidenta. Vamos a convertirnos en un bloque, porque es la defensa de los peruanos”, puntualizó.

En el Ministerio de Educación, el Equipo de Transferencia del Titular Entrante quedó conformado por Luis Antonio Alemán Nakamine, quien ejercerá como responsable, junto a Lorena Gavilano Iglesias y Carlos Miguel Paredes Díaz.

La cartera informó que las labores comenzaron conforme a la normativa vigente para garantizar un proceso ordenado, transparente y de acuerdo con la ley.

Por su parte, el Ministerio de la Producción instaló su comisión de transferencia encabezada por el ministro César Quispe Luján. El equipo del gobierno entrante está integrado por Augusto Enrique Eguiguren Praeli, Sergio González Guerrero y Hugo Alfredo Castañeda Torres.

Asimismo, el equipo de transferencia del gobierno saliente en Produce estará liderado por el secretario general, Jorge David Bohorques Li, junto a otros funcionarios del sector. La comisión tendrá como misión revisar la información institucional, asegurar una entrega transparente de la gestión y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

La instalación de estas comisiones se produce luego de que la presidenta electa, Keiko Fujimori, anunciara la formalización de los equipos de transferencia que representarán al próximo Gobierno en los distintos ministerios, como parte del proceso de transición de mando.

Se inició el proceso de transferencia de gestión 🤝🇵🇪

Esta tarde se instaló en el Minedu el Equipo de Transferencia de Gestión del Titular Entrante (ETTE), integrado por Luis Antonio Alemán Nakamine (responsable), Lorena Gavilano Iglesias y Carlos Miguel Paredes Díaz. Junto con… pic.twitter.com/ki79fsT4go

— Ministerio de Educación (@MineduPeru) July 9, 2026

Salhuana señaló que no percibe una intención previa de aprobar la distinción y consideró que durante la reunión se revisarán distintos aspectos relacionados con el caso.

“No creo que haya ninguna voluntad por parte de los miembros ni del presidente de la comisión de la Medalla. Él (José Jerí) ha sido presidente, imagino que por eso ha solicitado que haya esta reunión, pero estoy seguro de que elementos y aspectos se van a tomar en cuenta mañana. Yo no tendría ninguna objeción, pero evidentemente, escuchando opiniones, habría que reflexionar al respecto”, manifestó para RPP.

El legislador recordó que la condecoración ha sido entregada a otros expresidentes del Congreso, aunque precisó que Jerí permaneció dos meses en ese cargo antes de asumir la Presidencia de la República tras la destitución de Dina Boluarte. Asimismo, remarcó: “Es una práctica ordinaria, pero mañana va a haber la sesión y ahí los integrantes del Consejo de la Medalla tomarán una decisión al respecto. Eso no está decidido”.

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Rospigliosi también indicó que el reconocimiento responde a una práctica aplicada a quienes ejercieron la presidencia del Parlamento y que la decisión será tomada por el Consejo de la Medalla de Honor.

También afirmó que las investigaciones fiscales en curso contra Jerí no representan un impedimento legal para continuar con el procedimiento. Asimismo, señaló que el consejo encargado de revisar la postulación está integrado por seis miembros, quienes serán los responsables de emitir una decisión.

“Mañana no se va a condecorar a José Jeri, mañana hay la reunión del Consejo de la Medalla de ayer, donde se ha propuesto la condecoración al expresidente del Congreso”, declaró.

Respecto a los cuestionamientos contra el legislador, Rospigliosi sostuvo que “Una investigación no descalifica a nadie, como tú sabes”.

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En declaraciones a Canal N, el funcionario informó que el presupuesto asignado este año al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) asciende a S/2,271 millones.

De ese monto, indicó que ya se ejecutaron S/1,187 millones, por lo que aún existen S/1,085 millones disponibles.

Calderón explicó que estos recursos fueron destinados específicamente para la organización de los comicios e instó a las autoridades electorales a priorizar su utilización en las actividades logísticas y operativas.

Asimismo, sostuvo que el presunto déficit de S/589 millones advertido por los organismos electorales puede ser cubierto con el saldo presupuestal aún no ejecutado.

El viceministro también anunció que el proyecto de ley de crédito suplementario contempla la incorporación de S/325 millones adicionales para reforzar el financiamiento del proceso electoral. Esta iniciativa será evaluada por la Comisión Permanente del Congreso.

Finalmente, el representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró que el Ejecutivo garantiza el financiamiento de las elecciones regionales y municipales de 2026, descartando que exista algún riesgo para su realización por motivos presupuestales.

Se trata del primer encuentro entre ambos líderes tras las elecciones generales y forma parte de la ronda de reuniones que sostiene la mandataria electa antes de asumir funciones.

Al término de la cita, López Aliaga informó que planteó destinar S/ 5.000 millones, equivalentes a la mitad del crédito suplementario de S/ 10.000 millones, al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Precisó que los recursos servirían para adquirir equipos de inteligencia, sistemas de geolocalización, tecnología de interceptación legal de comunicaciones y fortalecer una central de recompensas para combatir la extorsión y el sicariato.

El también exalcalde de Lima aseguró que Renovación Popular pondrá a disposición del próximo Gobierno a su equipo técnico en seguridad, encabezado por el general en retiro José Baella, con el objetivo de apoyar la ejecución de estrategias que permitan reducir la criminalidad en el país antes de fin de año.

“Plan Sur”

Durante la reunión, López Aliaga también presentó el denominado “Plan Sur”, que propone destinar el 50% del impuesto proveniente de la actividad minera directamente a obras de infraestructura en las regiones del sur.

La iniciativa contempla financiar colegios, hospitales, programas contra la anemia, albergues frente a las heladas y proyectos de agua y saneamiento mediante mecanismos como Obras por Impuestos.

Asimismo, el líder de Renovación Popular pidió priorizar recursos para obras de prevención ante el fenómeno de El Niño y reiteró que existe una deuda histórica con el sur del país.

La reunión también abordó la coordinación política entre Fuerza Popular y Renovación Popular en el nuevo Congreso bicameral, así como la disposición de ambas agrupaciones para trabajar conjuntamente en la agenda del próximo gobierno.

Francisco Calisto Giampietri, senador electo por Renovación Popular, participó en la reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori: Hemos desarrollado el tema del mecanismo de obras por impuestos y obras por servicios

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Norma Yarrow, diputada electa de Renovación Popular, participó en reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori: Hemos puesto toda nuestra disposición en apoyar con los equipos técnicos. Vamos a convertirnos en un bloque

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La medida busca proteger la salud, la dignidad y las condiciones de trabajo de quienes desempeñan labores en esas circunstancias.

La norma dispone que los empleadores proporcionen sillas o asientos con respaldo y condiciones ergonómicas, además de garantizar la alternancia entre permanecer de pie y sentado o permitir periodos de descanso sin que estos sean descontados de la jornada laboral.

La aplicación de la ley alcanza a actividades donde es habitual permanecer de pie por tiempos prolongados, como comercio, restaurantes, turismo, salud, servicios financieros, transporte, educación y vigilancia privada. La fiscalización estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y los gobiernos regionales con competencias en materia laboral.

La legislación contempla excepciones para puestos en los que permanecer de pie sea indispensable por la naturaleza de la labor o por razones de seguridad, aunque en esos casos el empleador deberá garantizar pausas activas, rotación de funciones o descansos equivalentes.

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A través de un comunicado, el organismo de control precisó que este servicio se contrata de manera continua desde el año 2021, mediante procesos realizados conforme a la Ley General de Contrataciones Públicas, por lo que descartó que se trate de una adquisición extraordinaria relacionada con un evento deportivo.

La entidad explicó que el proceso vigente se inició con el Concurso Público Abreviado de Servicios N.° 001-2026-CGR. Tras la falta de perfeccionamiento del contrato por parte del postor inicialmente adjudicado, se convocó un nuevo procedimiento en mayo de este año para garantizar la continuidad del servicio institucional.

El contrato con DirecTV Perú S.R.L. fue suscrito el 15 de junio de 2026 por un periodo de 1.095 días (tres años).

Asimismo, la Contraloría indicó que el monto contratado corresponde a la prestación del servicio durante los tres años de vigencia y para las 117 sedes de la institución, incluidas las 22 Gerencias Regionales de Control, por lo que consideró incorrecto atribuir el costo únicamente a la cobertura del Mundial 2026.

Finalmente, el organismo sostuvo que el servicio de televisión por cable constituye una herramienta para el acceso a información nacional e internacional de interés público que contribuye al desarrollo de sus funciones institucionales.

La medida fue emitida dentro de la investigación que afronta junto al expresidente Pedro Castillo por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

La defensa de Silva solicitó que el exministro afronte el proceso bajo comparecencia. Como sustento, señaló que denunció ante la Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República las presuntas irregularidades relacionadas con la contratación del Puente Tarata III, además de sostener que las investigaciones no habrían encontrado elementos que lo vinculen con los hechos.

Sin embargo, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley concluyó que “no resulta jurídicamente viable solicitar la cesación de una prisión preventiva” debido a que Silva permanece prófugo. La resolución también precisa: “Al no haberse ejecutado el mandato de prisión preventiva dictada en contra del imputado Silva Villegas, no resulta posible amparar un pedido de cesación…”.

El magistrado indicó además que los documentos presentados por la defensa ya habían sido evaluados en actuaciones anteriores y no constituyen nuevos elementos que justifiquen modificar la medida.

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La bancada de Fuerza Popular respaldó con sus votos las principales leyes de mayor impacto fiscal identificadas por el Consejo Fiscal durante el periodo parlamentario 2021-2026.

Correo revisó las votaciones del Congreso que revelan que el grupo parlamentario de la presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi apoyó diez normas con un gran costo para el Estado.

Las más graves

La Ley N.° 32561 encabeza la lista de las normas con mayor impacto fiscal, al aumentar las pensiones del personal militar y policial.

El Consejo Fiscal (CF) estimó que la medida representa un costo de 14,851 millones de soles, el más alto entre todas las leyes analizadas.

El Ejecutivo promulgó la norma el 22 de marzo de 2026.

Durante su trámite parlamentario, Fuerza Popular aportó 21 votos en la primera votación y otros 21 para exonerarla de la segunda votación.

Posteriormente, 12 legisladores de la bancada respaldaron la insistencia que permitió convertir la iniciativa en ley.

En segundo lugar, aparece la Ley N.° 32387, que fortaleció el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), mecanismo mediante el cual el Gobierno distribuye recursos a las municipalidades para ejecutar obras y financiar servicios públicos.

El organismo calculó que la medida tendrá un costo permanente de 8,500 millones de soles.

La ley fue promulgada el 16 de junio de 2025 y, durante la primera votación, 15 congresistas de Fuerza Popular respaldaron la propuesta y la misma cantidad apoyó la exoneración de la segunda votación.

Otra de las iniciativas con mayor impacto económico es la Ley N.° 32335, que estableció medidas para brindar capacitación y acompañamiento a las micro y pequeñas empresas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

La norma sustituye una multa por una capacitación a las microempresas con ventas menores a las 150 UIT.

La entidad estimó que su implementación representa un costo permanente de 5,280 millones de soles.

El Ejecutivo promulgó la ley el 16 de mayo de 2025.

Fuerza Popular registró 21 votos durante la primera votación, otros 21 para exonerar la segunda votación y 16 durante la insistencia.

Le sigue la Ley N.° 32563, que extendió el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad a los trabajadores contratados bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios).

El ente técnico proyectó un costo anual de 3,006 millones de soles.

La norma fue promulgada el 23 de marzo de 2026.

En la primera votación, ocho congresistas de Fuerza Popular respaldaron la propuesta.

Posteriormente, 10 legisladores votaron a favor durante la segunda votación y otros ocho apoyaron la aclaración aprobada por el pleno.

La quinta norma con mayor costo fiscal es la Ley N.° 32424, que homologó el incentivo único CAFAE para los trabajadores administrativos de los gobiernos regionales.

El Consejo Fiscal estimó que la medida demandará 2,621 millones de soles de manera permanente.

La ley fue promulgada el 20 de agosto de 2025 y, durante la primera votación, 14 congresistas de Fuerza Popular apoyaron la iniciativa. Posteriormente, cuatro legisladores votaron por la exoneración de la segunda votación y 11 respaldaron la insistencia que permitió su aprobación definitiva.

Otro bloque

Otra de las normas con impacto fiscal es la Ley N.° 32392, que aprobó una nueva Ley General de Turismo.

El Consejo Fiscal calculó que la medida representa un costo transitorio de 2,011 millones de soles.

La norma fue promulgada el 27 de junio de 2025. Fuerza Popular aportó 17 votos durante la primera votación y 12 congresistas respaldaron la segunda votación.

También está Ley N.° 32216, que derogó un artículo relacionado con la autorización de créditos suplementarios en el presupuesto público.

El Consejo Fiscal calculó que la medida representa un costo permanente de 1,179 millones de soles.

La norma fue promulgada el 28 de diciembre de 2024.

Fuerza Popular aportó 13 votos durante la primera votación, mientras que 12 congresistas respaldaron la exoneración de la segunda votación y otros 12 apoyaron posteriormente la insistencia.

Otra de las normas incluidas en el informe es la Ley N.° 32434, que incorporó medidas para modernizar el sector agrario y fortalecer la actividad agrícola.

La entidad fiscal proyectó un impacto económico transitorio de 1,170 millones de soles.

El Ejecutivo promulgó la ley el 18 de septiembre de 2025.

La bancada de Fuerza Popular registró 13 votos durante la primera votación y elevó ese respaldo a 19 votos durante la segunda votación.

Además está la Ley N.° 32568, que autorizó el nombramiento progresivo de personal del sector Salud y el cambio de régimen laboral para trabajadores beneficiarios de normas anteriores.

El ente técnico estimó un costo anual de 944 millones de soles.

La ley fue promulgada el 25 de marzo de 2026. Fuerza Popular emitió 13 votos durante la primera votación, 11 votos para exonerar la segunda votación y ocho votos durante la aprobación de una aclaración.

Finalmente, la Ley N.° 32328 restituyó el derecho a la compensación por tiempo de servicios (CTS) para un grupo de trabajadores del sector público.

Según el informe del CF, la medida tendrá un costo transitorio de 911 millones de soles.

La norma fue promulgada el 10 de mayo de 2025 y, durante la primera votación, 17 congresistas de Fuerza Popular respaldaron la iniciativa.

Posteriormente, 16 legisladores apoyaron la exoneración de la segunda votación y 12 votaron a favor durante la insistencia.

Análisis

El exministro de Economía Ismael Benavides explicó a Correo que este fenómeno de aprobar leyes que afectarán al fisco responde a las elecciones generales.

“Que ahora Fuerza Popular haya aprobado estas leyes refleja uno de los problemas que se presentan cuando se legisla en medio de un proceso electoral: se genera una especie de efecto rebaño porque, si no las aprueban, creen que van a perder votos”, señaló.

Benavides considera que esto refleja una “contradicción” entre la responsabilidad fiscal que tendrá Fujimori frente a su bancada, aunque sostiene que la mandataria aún tiene un margen de acción.

“Creo que esas leyes deben ser todas sujetas a una revisión exhaustiva y, en todo caso, diferirla si es que no se pudiesen cambiar porque lo que hoy necesita el Perú son recursos para justamente relanzar la economía, pero más que eso, enfrentar a El Niño”, afirmó.

Para el extitular de Economía, el origen del problema no está en una ley específica sino en una atribución que el Congreso no debería tener.

“La Constitución dice taxativamente que el Congreso no tiene iniciativa de gasto”, afirmó, y calificó de “totalmente errado” el criterio con el que el Tribunal Constitucional habilitó esa práctica.

“Deben presentar una aclaración de esta sentencia malhadada para revertirla”, indicó.

Por su parte, el economista del Instituto Peruano de Economía (IPE) Víctor Fuentes fue enfático en atribuir responsabilidad política a la propia bancada de la presidenta electa por el respaldo que dio a estas normas en el Pleno.

“Muchas de estas normas fueron aprobadas con apoyo amplio de distintas bancadas, incluyendo Fuerza Popular. En ese sentido, sí hay una responsabilidad política que no puede minimizarse. No sería correcto presentar esta carga fiscal como un problema heredado únicamente de otros actores”, reiteró.

Para Fuentes, ese antecedente exige que el nuevo gobierno defina desde el inicio una postura fiscal firme frente a las normas que su agrupación política ayudó a aprobar.

“La próxima presidenta tendrá que asumir que parte de su propia coalición contribuyó a deteriorar el espacio fiscal que ahora necesitará para gobernar. Eso hace aún más importante que el mensaje fiscal del nuevo gobierno sea claro desde el inicio”, sostuvo.

El especialista también advirtió que el nuevo gobierno hereda un frente fiscal debilitado.

“El nuevo gobierno recibe una economía con perspectivas para crecer más, pero con un frente fiscal bastante más frágil que hace unos años. El problema no es solo el déficit del año, sino la acumulación de leyes que crean gasto permanente sin financiamiento permanente”, remarcó Fuentes.

La autoridad edil señaló que ya pudo transmitir estas preocupaciones a la mandataria electa durante un reciente encuentro.

Según indicó el burgomaestre, Fujimori recibió las demandas planteadas por las autoridades puneñas, entre ellas el esclarecimiento de los fallecimientos ocurridos en las manifestaciones y la necesidad de impulsar acciones que permitan recuperar la confianza de la población. “Nos ha recepcionado la preocupación, esperemos que tome acciones”, manifestó.

Asimismo, el alcalde sostuvo que la región requiere una mayor atención del Ejecutivo en materia de inversión pública, infraestructura y proyectos de desarrollo, con el objetivo de reducir las brechas históricas que afectan a la población. En ese sentido, consideró fundamental que el nuevo Gobierno establezca un diálogo permanente con las autoridades locales y la ciudadanía.

La autoridad provincial también remarcó que el esclarecimiento de las muertes registradas durante las protestas constituye una demanda pendiente de las familias de las víctimas y de diversos sectores sociales de Puno.

Añadió que una investigación transparente contribuiría al proceso de reconciliación y fortalecimiento institucional.

Finalmente, el alcalde confió en que las reuniones sostenidas con la presidenta electa se traduzcan en medidas concretas una vez iniciado el nuevo gobierno. Señaló que Puno espera respuestas tanto en materia de justicia como de desarrollo, y reiteró que la región seguirá insistiendo en la atención de sus principales demandas por parte del Ejecutivo.

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Alcalde provincial de Puno espera que Keiko Fujimori atienda pedido para investigar muertes en protestas y priorice la región: "Nos ha recepcionado la preocupación, esperemos que tome acciones"

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En declaraciones a RPP, Roberto Burneo reafirma que el sistema electoral requiere con urgencia recursos para garantizar la organización de las Elecciones Regionales y Municipales, previstas para el 4 de octubre.

El titular del JNE indicó que el déficit presupuestal asciende a 589.52 millones de soles, monto que afecta al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“Cada distrito, provincia y región significa un proceso diferente. Todo el sistema electoral tiene un déficit presupuestal, el déficit lo hemos cifrado en 589.52 millones de soles. Esto es muy grave porque este presupuesto lo gestionamos desde hace meses”, afirmó.

Burneo explicó que el JNE requiere S/ 103.5 millones para financiar el funcionamiento de los Jurados Electorales Especiales (JEE), el despliegue de fiscalizadores y la operatividad institucional durante el proceso electoral.

Cuestiona al Ejecutivo por la demora

El magistrado señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) conocía las necesidades presupuestales del sistema electoral desde noviembre de 2025.

Según indicó, el Ejecutivo optó por atender parcialmente los requerimientos mediante recursos provenientes de la reserva de contingencia, mecanismo que calificó como “antitécnico”, en lugar de incorporarlos oportunamente en la Ley de Presupuesto.

Asimismo, cuestionó que el financiamiento pendiente dependa ahora de la aprobación de un proyecto de ley que crea un crédito suplementario, lo que implicaría la intervención del Congreso y podría retrasar aún más la entrega de los recursos.

Reniec y ONPE, entre las entidades afectadas

Burneo advirtió que la falta de presupuesto también compromete las labores de la ONPE para instalar las 25 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), atender más de 10 mil locales de votación y organizar alrededor de 93 mil mesas de sufragio para más de 26 millones de electores.

Añadió que la situación del Reniec es especialmente preocupante, ya que, según afirmó, la institución no ha sido considerada en el proyecto de crédito suplementario promovido por el Ejecutivo.

De acuerdo con el titular del JNE, esta situación podría afectar la actualización del padrón electoral, la atención al público y la disponibilidad de tarjetas del DNI electrónico.

“Es una negligencia absoluta”

Burneo calificó la situación como una “negligencia absoluta” y sostuvo que las autoridades del sector Economía conocen los plazos que exige un proceso electoral.

“Ellos saben muy bien que los recursos los necesitamos y que el 4 de octubre es inaplazable. Si no nos dan los recursos, esto está en riesgo”, manifestó.

Consultado sobre la posibilidad de postergar las elecciones, respondió que esa alternativa viene siendo evaluada, aunque recordó que existe un cronograma y un marco legal vigente para los comicios.

Finalmente, señaló que, si los recursos son transferidos en un plazo máximo de 15 días, todavía será posible garantizar el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El Poder Judicial declaró “improcedente” la solicitud de medida cautelar presentada en favor del excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, que pretendía suspender los efectos de la acusación fiscal que solicita cinco años y cuatro meses de prisión por presuntas irregularidades en la presentación de la información financiera de su partido ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La jueza constitucional de Lima, Malbina Saldaña, desestimó el pedido presentado por Tomás Soldevilla para suspender de forma inmediata los efectos de la acusación fiscal formulada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima-Rímac-Breña-Jesús María, Segundo Despacho del Distrito Fiscal de Lima Centro, contra Roberto Sánchez.

La solicitud buscaba que la medida se mantuviera vigente mientras se resuelve el hábeas corpus interpuesto por Soldevilla, mediante el cual solicita la nulidad de la acusación fiscal y de la citación a la audiencia de control de acusación realizada el pasado 27 de mayo. El recurso sostiene que se habrían vulnerado los derechos políticos y electorales del excongresista, así como el principio de legalidad penal, su integridad personal y su derecho al honor.

En la solicitud de medida cautelar se sostiene que la acusación fiscal contra el candidato presidencial electo constituye una vulneración indirecta de las garantías constitucionales del presidente de la República. Asimismo, se argumenta que el pedido de cinco años y cuatro meses de prisión por la presunta presentación irregular de informes financieros partidarios resulta desproporcionado, al considerar que implicaría una inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos, una sanción que —según el recurso— no guarda relación con la supuesta conducta delictiva atribuida. Además, se alega que la acusación presenta insuficiencia probatoria y adolece de graves deficiencias en los elementos de prueba, entre otros argumentos.

Mediante una resolución emitida el último 15 de mayo, a la que tuvo acceso RPP, la magistrada señaló que estos argumentos deberán ser analizados al momento de resolver el fondo del proceso. En ese sentido, precisó que las alegaciones podrán ser desarrolladas durante la evaluación de la sentencia, conforme a lo establecido por la Constitución y a lo que determine el juzgado.

“No resulta adecuado establecer la suspensión de los actos referidos en la presente demanda, hasta que se resuelva en definitiva la presente demanda, toda vez que, en dicho momento procesal se determinará si tales actos han sido efectuados con arreglo a ley o sustento legal respectivo, o en vulneración de los mismos y al debido proceso”, señaló la magistrada quien dispuso que una vez que la resolución quede consentida o ejecutoriada, se proceda con el archivo del expediente.

Frente a esta decisión, el ciudadano Tomás Soldevilla interpuso un recurso de apelación contra la resolución. Dicho recurso fue “concedido” por la jueza Malbina Saldaña el pasado 28 de mayo, con “efecto suspensivo”, y posteriormente remitido a la Tercera Sala Constitucional de Lima, instancia que deberá evaluarlo y emitir un pronunciamiento en los próximos días.

El 5 de junio, el juez penal Adolfo Farfán dictó el auto de enjuiciamiento que da paso al inicio de la etapa de juicio oral contra Roberto Sánchez por la investigación relacionada con este caso.

La distinción ha sido propuesta en reconocimiento a la labor desempeñada por José Jerí como presidente del Congreso durante el periodo legislativo 2025-2026.

La decisión estará a cargo del Consejo de la Medalla de Honor, órgano responsable de evaluar las condecoraciones parlamentarias y presidido por el actual titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi.

La Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz constituye la máxima condecoración que concede el Congreso de la República. Tradicionalmente, ha sido otorgada a jefes de Estado, presidentes del Parlamento, ministros de Estado, diplomáticos y otras personalidades que han realizado aportes destacados al país.

Distinción será sometida a votación

Durante la sesión, los integrantes del Consejo deberán decidir si aprueban o rechazan el otorgamiento de la condecoración a José Jerí.

De prosperar la propuesta, el ex titular del Parlamento se incorporará al grupo de autoridades que han recibido la máxima distinción honorífica del Congreso. Hasta el momento, el Legislativo no ha informado una fecha para una eventual ceremonia de entrega, debido a que primero debe culminar el proceso de evaluación interna.

Trayectoria de José Jerí

José Jerí fue elegido presidente del Congreso en julio de 2025. Meses después asumió de manera interina la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, permaneciendo en el cargo hasta febrero de este año.

Posteriormente, fue censurado por el Pleno del Congreso y reemplazado en la Presidencia de la República por José María Balcázar. Sin embargo, mantuvo su condición de presidente del Parlamento, cargo por el cual ahora se plantea conferirle la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz.

La decisión definitiva será adoptada por el Consejo de la Medalla de Honor durante la sesión de este jueves.

La Comisión Permanente del Congreso tiene en su agenda de mañana la segunda votación del proyecto de ley que incorpora el delito de lesa humanidad en el Código Penal.

El 23 de junio, el pleno del Parlamento aprobó el texto -en primera votación- con 54 votos a favor, 29 en contra y 15 abstenciones.

De acuerdo con la propuesta, serán considerados delitos de lesa humanidad aquellos delitos como homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada y tortura.

Esto sucederá siempre y cuando estos delitos hayan sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una determinada población civil, así como con intención y conocimiento de dicho ataque.

Si el texto es aprobado, todavía puede ser observado por el presidente.

Las autoridades electorales informaron que el sistema electoral requiere de S/ 589.52 millones para la organización del proceso de ERM; sin embargo, mediante el Proyecto de Ley N° 14799, Ley de Crédito Suplementario, el Congreso estaría evaluando otorgar el monto de S/325.02 millones.

La alarma la emitieron los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Durante una conferencia de prensa, explicaron que el JNE tiene un déficit presupuestal de S/103 51 millones, la ONPE un total de S/433 21 y el Reniec de otros S/52 80 millones.

“Si no tenemos recursos dentro de la oportunidad debida se afectará el calendario electoral. No queremos llegar a esos extremos. Ya no está en nuestras manos garantizarlo. (…) No se podrá pagar a los miembros de mesa, ni siquiera las cédulas van a llegar a los centros de votación. La solución tiene que darse ahorita”, explicó el presidente del JNE, Roberto Burneo.

Agregó que de tramitarse hoy la norma correspondiente, los recursos llegarán hasta en quince días.

“No podemos esperar el ingreso del siguiente gobierno. Tenemos solo 88 días. Los recursos los necesitamos no hoy, sino ayer”, señaló.

Por su parte, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, aseveró que “lo que ha pasado aquí es que el MEF nos ha prometido dar una plata y al final no ha cumplido”.

Detalló que se le quitó S/82 millones a la entidad para las elecciones generales, bajo la promesa de que se le devolverían S/50 millones en el crédito suplementario que hoy tramita el Gobierno ante el Congreso.

Además, dijo que la invitará a Palacio de Gobierno en los próximos días.

DETALLES

En diálogo con el programa “Siempre a las ocho” de Milagros Leiva, el mandatario Balcázar precisó que se comunicó vía telefónica con Keiko Fujimori para felicitarla por su elección.

“Sí, claro que he hablado con ella, la he felicitado el mismo día de la proclamación”, afirmó.

Cabe precisar que la lideresa de Fuerza Popular (FP) fue proclamada presidenta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 3 de julio.

“Estaba en Cusco y hablé con ella, pero por supuesto que tengo que saludarla, si es la presidenta proclamada por el JNE” , indicó.

La pregunta hacia Balcázar surge debido a que las redes sociales del Despacho Presidencial no hicieron ningún anuncio de felicitación tras la proclamación de resultados.

PENDIENTE

Por otro lado, el presidente de turno dijo que invitará a la presidenta electa Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno antes de 28 de julio, fecha en que la fujimorista jurará al cargo.

“La voy a invitar a Palacio para que no se vea una situación de ausencia protocolar. Es necesario invitar porque el título creo que lo van a entregar todavía el 15 (de julio) y ahí estaremos”, aclaró.

Si bien Balcázar no dio una fecha exacta, mencionó que la invitación se hará incluso antes del 15 de julio.

Y es que en esa fecha se tiene previsto que el JNE haga entrega de las credenciales a la fórmula presidencial ganadora en el Teatro Nacional.

Balcázar aclaró que la invitación se trata de un tema de exigencia de la Constitución y de una muestra de que actúa de manera imparcial. “Seguiré cumpliendo ese rol hasta el último día en que entregue el poder. Tanto para ella como para mí resulta necesario mantener esa distancia de equilibrio”, dijo.

Según informó la Oficina de la Presidenta Electa, estos grupos tendrán como función recopilar información de cada sector para elaborar un diagnóstico que permita facilitar el inicio de la nueva administración. El proceso forma parte de las acciones previas a la asunción del nuevo Gobierno el próximo 28 de julio.

Por encargo de la presidenta electa, Keiko Fujimori, el jefe del Equipo de Transferencia, Marco Vinelli, formalizó la designación de los equipos sectoriales que participarán en el proceso de transferencia de gestión de los distintos ministerios. Su labor permitirá recopilar…

— Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 8, 2026

Como parte de esta etapa, Marco Vinelli se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez. Durante el encuentro se acordaron las pautas para que los equipos de transferencia accedan a la información de los diferentes sectores del Poder Ejecutivo.

La transferencia comenzará con la instalación de comisiones en cada ministerio. Estos grupos estarán integrados por funcionarios de la gestión saliente y representantes del próximo gobierno.

Cada comisión deberá suscribir un acta de instalación y aprobar un cronograma de trabajo. Con ese procedimiento se desarrollará el proceso de transferencia en cada cartera ministerial.

Tras la cita, el presidente de la ANGR y gobernador regional de Piura, Luis Neyra, destacó el compromiso de la futura mandataria de trabajar junto a los gobiernos regionales.

“Creo que este mensaje que ha tenido con los integrantes del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha sido bastante esperanzador, puesto que se ha comprometido a trabajar codo a codo para sacar adelante a nuestro país”, afirmó.

Durante la reunión también se planteó la necesidad de destinar recursos para obras de reconstrucción y defensas ribereñas. En ese contexto, el vicepresidente de la ANGR y gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, sostuvo: “Pedimos que el Congreso pueda reflexionar y que este dinero sirva fundamentalmente para obras prioritarias de defensa ribereñas, de las dificultades que vamos a tener las regiones costeras, pero también aquellas regiones que sufrirán con heladas y friajes”.

Por su parte, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, pidió atender las necesidades del país por macrorregiones y expuso los principales problemas del sur, como las brechas en salud y educación, la escasez de agua, los conflictos sociales y los problemas limítrofes.

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Durante la conversación, ambas intercambiaron mensajes sobre la situación política de la región y el resultado de las elecciones peruanas. La dirigente venezolana expresó su respaldo a la presidenta electa y destacó el resultado obtenido en las urnas.

“Tu lucha y la lucha del Perú es nuestra lucha y nuestra causa. Son décadas que hemos estado recorriendo este camino juntos y al final, como tantas veces yo te lo he dicho y le he dicho a los venezolanos, esta es una lucha espiritual, al final el bien se impone sobre el mal”, afirmó.

Machado también recordó que respaldó públicamente la candidatura de Fujimori durante la campaña electoral. Días antes de la segunda vuelta del 7 de junio, ambas ya habían sostenido una videollamada para intercambiar opiniones sobre la coyuntura política de ambos países.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la llamada de la lideresa venezolana María Corina Machado, ocasión en la que expresó su solidaridad con el pueblo venezolano por los recientes terremotos. María Corina Machado la felicitó por su elección y le reiteró su respaldo en… pic.twitter.com/B7gVOJBHMl

— Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 7, 2026

Fujimori expresó solidaridad con Venezuela

En otro momento del diálogo, la presidenta electa envió un mensaje de apoyo a la población venezolana afectada por los terremotos registrados el 24 de junio. Además de expresar sus condolencias por las víctimas, indicó que desde el Perú se viene acompañando a los damnificados mediante ayuda y muestras de solidaridad.

Al referirse a esa situación, Fujimori señaló que mantiene presentes a las familias afectadas por la emergencia. “Mi profunda solidaridad al pueblo venezolano por tantas vidas que se han perdido y las tantas familias afectadas. Desde el Perú hemos enviado un poco de apoyo, pero sobre todo oración y pidiendo al Señor fuerza y esperanza para lograr esta reconstrucción”, expresó.

La presidenta electa también agradeció el respaldo que recibió de Machado durante su cuarta candidatura presidencial. Asimismo, sostuvo que quienes ejercen funciones públicas asumen sacrificios personales, pero señaló que el respaldo ciudadano le permitirá servir al país desde la Presidencia.

Horas después de la videollamada, Fujimori compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la trayectoria de la dirigente venezolana.

“Hoy tuve una emotiva llamada con María Corina Machado, premio Nobel de la Paz por su admirable lucha en la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela. La historia nos da poderosas lecciones de los caminos que hay que seguir y aquellos que hay que evitar”, publicó.

En conferencia de prensa, precisaron que el sistema electoral necesita S/ 589.52 millones para garantizar el desarrollo del proceso.

Las autoridades detallaron que el JNE solicitó S/ 103.51 millones y recibió S/ 75.02 millones, por lo que mantiene un saldo pendiente de S/ 28.49 millones. La ONPE requirió S/ 433.21 millones y obtuvo S/ 250 millones, quedando un déficit de S/ 183.21 millones. En el caso del Reniec, la institución pidió S/ 52.80 millones y hasta el momento no ha recibido financiamiento.

Los representantes de los organismos electorales señalaron que la falta de presupuesto pone en riesgo el cumplimiento del cronograma de las elecciones.

El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, advirtió que la situación afectaría el recuento de votos, la fiscalización electoral, el funcionamiento de los Jurados Electorales Especiales y otras actividades del proceso.

La ONPE indicó que la insuficiencia de recursos podría dificultar la contratación de personal, la producción y distribución del material electoral y la compensación para los miembros de mesa. Por su parte, Reniec alertó que también se verían comprometidos la impresión del DNI, la actualización del padrón electoral y otros servicios registrales.

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El sector también indicó que la asignación de recursos continuará realizándose con criterios técnicos. Para ello, se tomarán en cuenta los requerimientos sustentados por los organismos electorales, el nivel de ejecución del presupuesto ya otorgado y la disponibilidad de recursos, en cumplimiento de las normas de responsabilidad fiscal.

#ComunicadoMEF | Ante el pronunciamiento de las entidades que conforman el Sistema Electoral sobre los recursos asignados para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas informa lo siguiente: pic.twitter.com/cXD3r6F1Nj

— Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) July 7, 2026

Proyecto de ley incorpora recursos adicionales

El MEF informó que el proyecto de ley de crédito suplementario enviado al Congreso contempla fondos adicionales para completar el financiamiento del proceso electoral. Según señaló, esta medida busca atender de manera oportuna las necesidades que demande la organización de los comicios.

“El proyecto de Ley de Crédito Suplementario remitido al Congreso de la República propone incorporar recursos adicionales para complementar el financiamiento del proceso electoral, reafirmando el compromiso del Gobierno de atender oportunamente las necesidades que demande su adecuado desarrollo”, indicó.

La cartera señaló que mantiene una coordinación permanente con los organismos que integran el sistema electoral y con sus equipos técnicos. Asimismo, añadió que continuará evaluando los requerimientos que sean debidamente sustentados y priorizados mediante los mecanismos establecidos en la normativa presupuestaria.

“El MEF reafirma su compromiso con el adecuado desarrollo del proceso electoral, garantizando el uso responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos y brindando el soporte presupuestario necesario para que las elecciones se desarrollen con normalidad”, sostuvo.

¿Cuánto solicita cada organismo?

Durante la tarde de este martes, los titulares del JNE, la ONPE y el Reniec informaron el presupuesto que requiere cada institución para cumplir con el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En conjunto, señalaron que el sistema electoral necesita S/ 589,52 millones y que actualmente existe un déficit de S/ 264,5 millones.

Fujimori señaló que sus primeros 100 días de gobierno estarán enfocados en la prevención ante el Fenómeno El Niño y en impulsar la recuperación económica.

En ese sentido, proyectó que el país podría alcanzar un crecimiento financiero de entre 5% y 6% para el año 2027.

Como parte de su propuesta en seguridad, la futura mandataria indicó que se contempla la participación de las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en emergencia, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

Tambiém planteó que el personal militar pueda colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario dentro de los establecimientos de reclusión para enfrentar al crimen organizado relacionado con el narcotráfico y la minería ilegal.

En el ámbito económico, la próxima gestión busca apoyar a las micro y pequeñas empresas, destrabar proyectos de inversión y promover la generación de empleo.

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En su visita, Rospigliosi sostuvo una reunión con los agentes que cumplían funciones en dicha dependencia cuando ocurrió el hecho. El comandante PNP Gilberto Virgilio Uriarte Caña recibió al titular del Parlamento y le brindó detalles sobre las circunstancias del caso.

Estuve en el DOE 2 Este en Vitarte, donde están varios de los policías de la comisaría de Manchay, donde se suicidó un delincuente juvenil drogado, que fue capturado y golpeado por los vecinos que lo atraparon robando pic.twitter.com/Bz5aV0jRia

— Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) July 7, 2026

¿Qué dijo Rospigliosi?

El presidente del Congreso señaló que conversó con los policías involucrados para conocer su versión de los hechos. Según indicó, el informe del Instituto de Medicina Legal señala que el adolescente presentaba lesiones antes de ingresar a la comisaría.

Al referirse a la información recogida durante su visita, explicó que considera necesario esperar el desarrollo de las diligencias antes de establecer responsabilidades.

“He tenido la oportunidad de conversar con ellos, de escuchar su versión, porque está el informe del Instituto de Medicina Legal que muestra claramente que este individuo había sido golpeado antes de ser entregado a la comisaría”, indicó.

Rospigliosi indicó que, de acuerdo con los testimonios que recibió, el adolescente habría sido retenido previamente por ciudadanos que lo señalaban como presunto responsable de un robo. También mencionó que, tras los exámenes realizados, la persona intervenida dio positivo para cocaína.

“Entonces esa es la verdadera historia y hay que esperar que esta vez las autoridades judiciales actúen con imparcialidad porque lamentablemente hay un sesgo contra la policía y a favor de la delincuencia. Eso es intolerable”, expresó.

Pide respetar el debido proceso

El legislador afirmó que las investigaciones deben desarrollarse con objetividad y sin adelantar conclusiones sobre los involucrados. En esa línea, señaló que los efectivos policiales no deben ser responsabilizados mientras no concluyan las diligencias correspondientes.

“De ninguna manera debe culparse sin investigación alguna a los policías cuando todos los hechos muestran que ellos no son responsables de esta muerte”, subrayó.

La visita a la unidad policial formó parte de las actividades de representación del Congreso. Finalmente, Rospigliosi destacó la labor que realizan los efectivos en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia.