El excanciller de la República, Hugo de Zela, rechazó las acusaciones de un supuesto fraude electoral en el extranjero y las calificó como una “maniobra política” basada en el desconocimiento de la normativa vigente y de los procedimientos diplomáticos.

De Zela aclaró que la ausencia de escaneo o registro fotográfico de las actas electorales no implica una vulneración de la cadena de custodia. Según explicó, esta se garantiza desde el momento en que los cónsules reciben los documentos de los miembros de mesa, las embolsan y las sellan, manteniéndolas bajo resguardo permanente hasta su entrega formal a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Yo creo que lo que se puede pensar es que es simplemente una maniobra política; es una acusación que no tiene sustento. Porque lo que se dice es que, como no escanearon las actas, hay un rompimiento de la cadena de custodia. Esa es una afirmación absolutamente ilógica. La cadena de custodia consiste en el protocolo que hay en las medidas que se tienen que tomar para que las actas y los votos no sean alterados. El hecho de que le saquen o no le saquen una foto o un escaneo a un acta no significa que se ha roto la cadena de custodia”, declaró a RPP.

Asimismo, De Zela salió en defensa del diplomático Carlos Pareja ante las versiones que sugieren la existencia de un complot debido a que fue fotografiado junto a un exfuncionario de la administración de Donald Trump. Respecto a los cuestionamientos sobre la denominada “valija diplomática”, precisó que la Convención de Viena la define como un contenedor protegido e inviolable —ya sea un sobre, una bolsa o una caja— y no como un maletín con características de seguridad específicas.

En otro momento de la entrevista, el diplomático se pronunció sobre la investigación que la Cancillería abrió contra Stephen Haas, embajador político del Perú en Francia, a raíz de la realización de una fiesta privada en la residencia oficial del Estado peruano en París.

Tras considerar el hecho como un exceso injustificable, el excanciller recordó que los bienes del Estado no pueden utilizarse para fines particulares. En ese sentido, señaló que, de comprobarse la responsabilidad de Haas, este tendrá que asumir y reembolsar al Estado todos los gastos ocasionados por el evento.

En diálogo con la prensa, el legislador sostuvo que la acusación busca establecer responsabilidades por los cambios que, según su agrupación, se habrían producido en el tratamiento y traslado del material electoral utilizado por los peruanos residentes en el extranjero. Además, señaló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha dado respuesta a los cuestionamientos formulados por su agrupación y, por el contrario, habría atribuido la responsabilidad de estas decisiones al Ministerio de Relaciones Exteriores.

“El Jurado aún no se ha pronunciado respecto a ese tema. Ha sido la ONPE quien se ha pronunciado y más aún la ONPE lo que hace es lavarse las manos y decir que es el Ministerio de Relaciones Exteriores”, manifestó.

Fundamentos de la acusación

De acuerdo con la denuncia constitucional presentada por Jaime Quito, la Cancillería tuvo a su cargo la coordinación logística para el repliegue y traslado hacia el Perú de las actas electorales, cédulas de sufragio y demás documentación proveniente de los consulados y oficinas diplomáticas donde votaron ciudadanos peruanos residentes en el extranjero. Sobre esa base, Juntos por el Perú sostiene que las modificaciones cuestionadas durante la segunda vuelta deben ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Asimismo, aseguró que la Cancillería no podía realizar modificaciones relacionadas con el manejo del material electoral durante la segunda vuelta. Por ello, cuestionó los cambios efectuados en representaciones diplomáticas de países como España y Estados Unidos, lugares donde su agrupación asegura haber detectado las principales observaciones al voto en el exterior.

“Lo estamos interpelando y también lo estamos acusando constitucionalmente porque no podían realizar ningún tipo de modificación, porque el canciller también ha cambiado a embajadores de España, de Estados Unidos, donde estamos presentando y planteando las irregularidades existentes”, denunció.

Para el legislador, los procedimientos aplicados durante la jornada electoral constituyen “gravísimos vicios” que deben ser evaluados por las autoridades competentes. Incluso, afirmó que el Jurado Nacional de Elecciones debería pronunciarse sobre las observaciones formuladas por su agrupación y responder a los cuestionamientos planteados respecto al voto en el extranjero.

“Para Juntos por el Perú y para todo aquel que entiende de normas se han cometido gravísimos vicios”, indicó a la prensa.

El caso deberá ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, donde primero se analizarán los fundamentos presentados y se determinará si corresponde su admisión para investigación.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantiene una ventaja de 40.818 votos sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha contabilizado el 99,691 % de los votos válidos de la segunda vuelta electoral.

Según el último reporte del organismo electoral, Fujimori alcanza el 50,111 % de los votos, equivalentes a 9.188.704 sufragios, mientras que Sánchez obtiene el 49,889 %, con 9.147.886 votos.

Quedan 287 actas pendientes de resolución

La ONPE detalló que aún faltan por revisar 287 actas electorales de un total de 92.766 mesas instaladas. Estos documentos serán evaluados por los Jurados Electorales Especiales (JEE) debido a observaciones o impugnaciones presentadas.

Al considerar que cada acta puede representar hasta 300 electores, todavía quedan por contabilizar aproximadamente 86.000 votos.

La resolución de estas actas y las eventuales apelaciones podrían ser determinantes para consolidar una ventaja irreversible en los próximos días.

Keiko Fujimori afirma que pronto podrá declararse ganadora

Durante una actividad con sus simpatizantes en el sur de Lima, Keiko Fujimori sostuvo que el resultado favorable se consolidará en los próximos días.

“¡Sí se pudo!”, expresó la lideresa de Fuerza Popular, quien afirmó que el país enfrentará importantes desafíos durante los próximos cinco años y pidió unidad entre los peruanos.

La candidata es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó el Perú entre 1990 y 2000.

Roberto Sánchez insiste en anular votos del extranjero

Por su parte, Roberto Sánchez reiteró que el proceso electoral aún no ha concluido y anunció que solicitará la anulación total de los más de 300 mil votos emitidos por peruanos residentes en el exterior.

El candidato de Juntos por el Perú argumenta que existieron presuntas irregularidades en la cadena de custodia de las actas provenientes del extranjero.

No obstante, una solicitud previa presentada para anular cerca de 2.000 mesas de sufragio fue rechazada por las autoridades electorales.

Además, las misiones internacionales de observación electoral no han reportado evidencias de fraude ni irregularidades graves relacionadas con el traslado de las actas.

JNE prevé proclamar resultados antes del 28 de julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prevé proclamar oficialmente al ganador a más tardar a mediados de julio.

La nueva autoridad asumirá la Presidencia de la República el 28 de julio para el periodo 2026-2031, en un contexto marcado por la inestabilidad política que llevó al país a tener ocho presidentes durante la última década.

“Fui a visitar a mi mamá (Susana Higuchi) y a mi papá. Me conmovió encontrarme con tantas personas que siguen llevándolos en su corazón”, expresó la aspirante presidencial en un video difundido mediante la red social Facebook.

El registro audiovisual muestra la presencia de ciudadanos que acudieron al lugar para dejar flores, realizar oraciones y recordar al expresidente Fujimori.

La candidata naranja agradeció las muestras de afecto que recibió durante su visita y los gestos que mantienen por la memoria de su padre, quien falleció el 11 de septiembre de 2024, a los 86 años, por un cáncer de lengua.

Así se expresaba Roberto Sánchez en junio de 2021 cuando los resultados le eran favorables a Pedro Castillo, hoy expresidente sentenciado por el golpe de Estado.

Sin embargo, ahora que los resultados no juegan a su favor y Keiko Fujimori de Fuerza Popular (FP) lo supera por 40,700 votos al 99.688% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de Juntos por el Perú (JP) se olvidó de sus principios.

Y no solo Roberto Sánchez, sino también la mayoría de los representes de la izquierda que hoy pretende desconocer los resultados electorales, pero que en el 2021 lanzaron duras críticas al partido naranja por presentar recursos de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), incluso, ahora son ellos que lo recurren a las argucias legales y movilizaciones en un intento desesperado por cambiar la votación.

CAMBIOS

El 3 de junio, cuando faltaba poco para que se realice la segunda vuelta presidencial, Sánchez -quien ya se creía ganador- hizo una exhortación a Keiko Fujimori para aceptar los resultados.

“Yo de aquí (desde Puno), demando a la señora del caos si va tener la entereza moral para aceptar los resultados. La demando y la exhortó a que se comprometa con el Perú y la democracia”, afirmó.

Sin embargo, días después de la segunda vuelta y cuando la lideresa naranja aventajó a Sánchez, el panorama para el representante de la izquierda cambió.

No solo presentó recursos de nulidad con la finalidad de anular mesas con votos en Lima y en el extranjero, espacios en los que Keiko le sacó amplia ventaja, sino que promovió movilizaciones para “defender el voto”.

El viernes, el JNE rechazó las dos apelaciones que presentó JP para anular actas, por lo tanto, la agrupación agotó la última instancia electoral que podría revertir los resultados.

Ante la derrota, Sánchez anunció que hoy presentarán una solicitud para declarar la nulidad de los votos emitidos por peruanos en el extranjero.

Para el aún congresista, el que se haya modificado el procedimiento para procesar actas consulares, vulneró principios fundamentales de la normativa electoral vigente.

“Eso se llama afectación grave a la intangibilidad de la normativa electoral, ellos cambiaron el procedimiento ¿En algún partido de fútbol han visto ustedes reglas distintas para el primer o segundo tiempo? Nosotros no estamos objetando el voto de los hermanos peruanos en el exterior, en nuestro marco jurídico su voto vale igual al de nosotros", sostuvo.

En otro momento, Sánchez cuestionó el procedimiento para apelar ante el JNE.

“Para tener justicia electoral hay que pagar. Los que han seguido la audiencia han escuchado que el magistrado dijo ¿han pagado el integro de su tasa? No hemos pagado porque en tres días nos han colaborado 780 mil soles nuestro pueblo, un vecino dio un sol, cinco soles, diez soles. Y todos los miles que han dado lo hemos repartido en los tres documentos. Primero nos denegaron todo y cuando pagamos una parte recién admitieron, pero ayer nos recordaron que pagar el íntegro es requisito", indicó.

DISCURSO

No solo es la figura de Roberto Sánchez, sino también de otros representantes de la izquierda como Anahí Durand.

La integrante del equipo técnico de JP dice ahora que su agrupación no habla de fraude, pero “sí están ejerciendo su derecho a la defensa del voto”.

Su respuesta se dio en alusión a los recursos que presentó su partido para anular votos de Lima y el exterior.

Sin embargo, en 2021, Durand tenía un discurso muy diferente cuando Castillo superó a Keiko.

“Hay que respetar este proceso donde todos hemos ido a votar en igualdad de condiciones”, decía la exministra de Castillo.

Como el caso antes mencionados, hay varios ejemplos (ver infografía).

ANÁLISIS

Sobre el recurso que presentará Sánchez, el experto en temas electorales José Naupari, explicó que no se suspende o altera el calendario electoral.

“Lo que podría alterar el resultado es un tema relacionado con actas observadas, pero atendiendo al número de actas observadas y que están pendientes de audiencia y resolución, formalmente hablando no tendría en principio la capacidad de alterar el resultado definitivo”, dijo.

En diálogo con Correo, Naupari dijo que si bien Juntos por el Perú presenta recursos de nulidad y convoca a movilizaciones, lo mismo hizo Fuerza Popular en 2021.

“Uno podría hablar de un doble discurso de ambos lados, tanto de la política como de los medios o de la academia en general. En el 2021 por un hecho se decía que no se configura fraude y ahora por ese mismo hecho consideres que hay fraude y viceversa. Quienes estaban en la otra orilla argumentaban lo mismo que JP”, recordó.

Desde su punto de vista, el hecho de que JP presente más recursos judiciales, no implica ir en contra de la voluntad popular, pero sí puede ser considerado como ejercicio excesivo de presentar recursos.

“Ahí podríamos hablar de un abuso de derecho de acceso a los recursos, porque si presentas acciones o recursos que son manifiestamente improcedentes, lo único que estás haciendo es dilatar. Eso es instrumentalizar el sistema para dilatar un resultado que a nivel de la justicia electoral no se va a poder”, apuntó.

El proceso está vinculado al Expediente N° 02530-2025-0-1801-SP-DC-03, en el que el mencionado tribunal declaró fundada en parte la demanda de amparo interpuesta por Espinoza contra el Congreso y que dejó sin efecto la primera de las dos inhabilitaciones para ejercer función pública –por 10 años– que le impuso el Parlamento.

Pesquisa

La decisión fue adoptada por el pleno de la JNJ en sesión extraordinaria, tras recibir un informe de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios sobre el desempeño de los jueces Sandro Aguilar Gaitán, Néstor Paredes Flores y David Suárez Burgos en dicho caso.

La investigación preliminar se abre tras cuestionamientos al trámite interno de la sentencia. De acuerdo con el diario Expreso, dos magistrados habrían votado tres semanas antes sin conocer el texto final del fallo y el juez dirimente Suárez Burgos terminó como ponente.

Estos señalamientos habrían generado dudas sobre la regularidad del procedimiento y motivaron que el pleno de la Junta evalúe si corresponde abrir un proceso disciplinario de oficio.

En un memorando, al que Correo accedió, la JNJ precisa que la labor de la presidenta se limita a una etapa preliminar para “determinar si existen elementos que justifiquen el ejercicio de la potestad disciplinaria” y que cualquier decisión se adoptará con respeto al debido proceso.

El JNE, sin embargo, ya proclamó los resultados oficiales para la elección del próximo Congreso bicameral e incluyó a López-Aliaga como senador electo por distrito electoral único nacional.

El área de prensa de Renovación Popular (RP) ratificó a Correo que el líder “celeste” no jurará como integrante de la Camara Alta, y que quien debería remplazarlo en su escaño es el exministro fujimorista Absalón Vásquez, quien obtuvo 79 mil votos el pasado 7 de junio. No obstante, ¿es viable?

Vacío

El abogado José Villalobos sostuvo que la figura de “desistir” no está establecida en la legislación peruana. Añadió que al no estar regulada hay vacíos legales.

“Es algo distinto a la renuncia, que solo aplica a alguien que está en el ejercicio del cargo y, en este caso, todavía él (López-Aliaga) no ha asumido el cargo para el que ha sido elegido”, explicó.

Villalobos precisó que el artículo 13 del Reglamento del Congreso fija condiciones previas a la juramentación.

“Como requisito para asumir el cargo de senador o diputado, hay dos situaciones. Primero, llenar las declaraciones juradas y los formularios que el Congreso le va a otorgar y, segundo, jurar al cargo”, manifestó el abogado.

Villalobos agregó que al no hacerlo, “queda habilitado el JNE para llamar al siguiente de su lista”.

Precedente

Villalobos identificó un antecedente en el caso de la exregidora Fabiola Morales.

“En 2015 ella no quiso asumir el cargo, le dijo a la municipalidad que ya no iba a asumir, la municipalidad le comunicó al jurado y este llamó al siguiente”, recordó.

En ese entonces, Gustavo Orbegoso asumió el cargo ante Luis Castañeda.

“Son casos similares porque el regidor, como el senador, es un cargo de elección popular”, concluyó el especialista.

Renovación Popular (RP) dio a conocer este domingo su Plan de Gobierno Municipal 2027, de cara a las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre. En esta contienda, la agrupación política participa con 22 candidatos inscritos que buscan llegar al gobierno metropolitano de Lima.

La fórmula del partido celeste está integrada por el médico Luis Rubio, quien postula a la alcaldía, y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien aspira al cargo de teniente alcalde.

La presentación del plan municipal de RP se produce luego de que el pasado 16 de junio López Aliaga anunciara que no asumiría el cargo de senador para el que fue electo en los últimos comicios generales, en los que también postuló a la Presidencia de la República sin éxito, tras quedar en el tercer lugar en la primera vuelta.

López Aliaga no puede volver a postular a la alcaldía de Lima, ya que la normativa electoral vigente prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes.

El plan municipal de RP fue presentado mediante un video difundido en sus redes sociales. El material inicia con tres minutos de imágenes de la última campaña de López Aliaga, en las que aparece el exalcalde vestido con indumentaria celeste y una gorra del mismo color con la característica “R” en la parte frontal. Posteriormente, el video desarrolla las principales propuestas en materia de seguridad, transporte y la ejecución de megaproyectos viales orientados a atender la crisis de movilidad en Lima.

Seguridad ciudadana y vigilancia inteligente

El plan de seguridad de RP plantea la implementación de una red de vigilancia masiva que contempla la instalación de 10,000 cámaras con inteligencia artificial, además de la creación de unidades de élite especializadas en la lucha contra la extorsión.

Además, el plan contempla la instalación de pórticos de seguridad con sistemas de reconocimiento facial y lectura de placas, con el objetivo de identificar vehículos vinculados a actividades ilícitas en los principales accesos a la ciudad.

“Invertiremos en tecnología de última generación para identificar, localizar y capturar a quienes hoy amenazan la tranquilidad de los limeños [...]. Con inteligencia artificial y monitoreo permanente protegeremos cada zona de Lima”, indican en el video.

Eliminación de la ATU y el impulso del desarrollo de las líneas del Metro de Lima

En materia de movilidad, la agrupación política propone impulsar las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, además de la construcción de un tren de pasajeros que conecte Chosica con el Callao.

Asimismo, plantea promover una iniciativa para eliminar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y recuperar las concesiones de peajes en la ciudad metropolitana.

Infraestructura 

El programa de obras públicas contempla la ampliación de la autopista Ramiro Prialé en cinco kilómetros adicionales, así como la construcción de un túnel en La Herradura, en Chorrillos, que permita conectar la Costa Verde con los distritos del sur como Lurín y Punta Hermosa.

Además, se proyecta la implementación de una red de vías rápidas con bypasses en puntos críticos como la avenida Angamos, El Derby y la Panamericana Sur, con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular.

Bienestar social 

En materia de bienestar social, RP mantiene la propuesta con la que López Aliaga llegó a la alcaldía de Lima, a través del programa Hambre Cero, orientado a asegurar presupuesto para las ollitas comunes y el acceso a agua de emergencia en las zonas altas de los cerros.

En el ámbito de salud, el plan plantea la creación de nuevas sedes del Hospital de la Solidaridad, así como la puesta en valor del albergue San Vicente de Paúl para transformarlo en un hospital especializado en niños con habilidades especiales.

“Las ollitas comunes no estarán solas. El acceso al agua no puede seguir siendo un privilegio. Llevaremos soluciones inmediatas a quienes más lo necesitan”, señalan en el clip.

En el dominical de Punto Final, Juan Julio Espejo, director del plantel, describió una situación que se arrastra desde hace 12 años, ya que el pabellón de secundaria fue declarado inhabitable por el municipio distrital. Además, se visualizan estructuras dañadas, grietas y más situaciones que ponen en peligro la vida de los estudiantes.

Debido a esta problemática, los alumnos deben estudiar en aulas prefabricadas bajo condiciones poco óptimas. A pesar de la visita de autoridades, el director informó que no se cuenta con un expediente técnico hasta la fecha.

La brecha de infraestructura educativa en el país supera los 35 mil millones de dólares. A esto se suma la falta de atención en hospitales del Perú, como el nosocomio Goyeneche en Arequipa y el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega en Abancay. Los trabajos de remodelación llevan años en la lista y funcionan a capacidad limitada.

¿HABRÁ PRESUPUESTO EN EL PRÓXIMO GOBIERNO PARA CERRAR BRECHAS?

De acuerdo a varios economistas, el Congreso está dejando una “bomba de leyes” que tendrá un significativo impacto fiscal y comprometerá recursos futuros del Estado.

Según el Consejo Fiscal, entre agosto de 2021 y diciembre de 2026 se promulgaron 248 leyes con impacto fiscal adverso. De este total, 199 incrementan el gasto público a través de compromisos pensionarios o remuneraciones; otras 39 erosionan el ingreso económico a través de creación o implementación de nuevos beneficios tributarios sin sustento técnico; y 10 leyes incrementan las transferencias económicas a los gobiernos locales.

Cabe mencionar que 101 de esas leyes fueron aprobadas y promulgadas por insistencia por el Congreso. El costo anual de este tipo de iniciativas representaría un incremento de 36 mil millones de soles en el presupuesto nacional, considerado el más alto registrado en todo el periodo.

A esto se suman las nuevas leyes aprobadas entre marzo y abril de este 2026. Es el caso de la Ley 32581, la cual homologa las pensiones de los maestros jubilados y tiene un costo de 5 670 millones de soles. También se suma la Ley 32561, con un costo de 16 100 millones de soles (costo a 50 años).

Al respecto, Diego Macera, director del IP y miembro del Consejo Fiscal, alertó que la situación se ha puesto “peor” y que deberá enfrentar el próximo gobierno, pues entre marzo y abril se han aprobado nuevas normas de mayor impacto fiscal. “Se destina dinero para este lado y se corta en otro lado, como en infraestructura, programa de becas y más”, sostuvo.

“Hoy podemos pagar, bien o mal, parte de esto porque tenemos alto precio de los minerales. Pero qué va a pasar cuando en algún momento bajen”, advirtió el economista.

Ese próximo gobierno heredará también una decisión política de alto costo: si presenta o no acciones de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas por el Congreso que integran esta carga fiscal.

La Comisión de Vivienda evaluará un predictamen sobre la adjudicación de terrenos estatales ocupados por mercados. El debate se centra en observaciones del Ejecutivo a la norma vigente.

Relaciones Exteriores revisará acuerdos de cooperación con Alemania y un proyecto para modernizar un muelle en Arica. También se analizarán convenios técnicos vinculados a acción climática.

La Comisión de Fiscalización recibirá al ministro de Salud para informar sobre vales nutricionales, situación laboral en redes de Lima y el proceso SERUMS 2026-I. También se presentará el contralor para exponer su informe de gestión 2025.

Finalmente, la Comisión de Educación debatirá la creación de nuevas universidades en Huánuco y Ayacucho, además de cambios al Colegio de Psicólogos del Perú. Transportes evaluará declarar de interés nacional la línea férrea entre Cusco y Madre de Dios.

Las comisiones abordarán temas de salud, educación, infraestructura y control gubernamental en una sola jornada. Las conclusiones de los debates serán derivadas a las instancias legislativas correspondientes.

Según un reportaje de Cuarto Poder, la cita debía realizarse en París como parte de las gestiones relacionadas con el proceso de incorporación del Perú a la OCDE. Sin embargo, el compromiso fue suspendido mientras el mandatario cumplía actividades en Italia, donde sostuvo una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano.

Viaje se realizó en fecha inicialmente prevista

La visita presidencial también generó cuestionamientos luego de que registros migratorios confirmaran que Balcázar abandonó el país el 15 de junio. La información contradijo el anuncio realizado un día antes por el propio jefe de Estado, quien había señalado que postergaría su viaje para permanecer en Lima y seguir de cerca denuncias relacionadas con el proceso electoral.

Según los registros oficiales, el desplazamiento se efectuó en la fecha originalmente establecida. Además, durante los primeros días de la gira no se difundieron actividades públicas ni imágenes oficiales desde Palacio de Gobierno.

Observaciones a la delegación presidencial

La conformación de la comitiva también despertó críticas por la participación de familiares del mandatario. De acuerdo con los registros del viaje, la delegación se amplió para incluir a las hijas del presidente, Tania Balcázar y Ana Balcázar, durante la visita al Vaticano.

La primera dama, Blanca Nelly Quiroz de Balcázar, participó en las coordinaciones realizadas ante la Cancillería para concretar la visita oficial. Asimismo, se reportó que la delegación peruana no convocó a medios de comunicación nacionales y permitió únicamente la presencia de un fotógrafo oficial.

Otro aspecto observado fue la conformación del equipo encargado de la protección presidencial durante la gira. El resguardo estuvo a cargo de la comandante PNP Sarita Bravo y del coronel PNP Manuel Jesúquez Idrogo.

Según la información difundida, ninguno de los dos oficiales contaba con la capacitación especializada exigida para la seguridad de altas autoridades en misiones internacionales. Este hecho generó interrogantes sobre los criterios empleados para su designación.

Durante su permanencia en Europa, el presidente y la primera dama se alojaron en la residencia del embajador peruano en Italia. En tanto, otros integrantes de la delegación se hospedaron en el Grand Hotel Plaza de Roma.

El viaje demandó un gasto superior a los 271 mil soles de recursos públicos. La cancelación de la reunión con la OCDE y las observaciones a la comitiva han colocado la visita oficial bajo cuestionamiento político en los últimos días.

Según un reportaje de Punto Final, entre los principales ejes centrales están la seguridad ciudadana, preparación ante el fenómeno de El Niño y el manejo de la situación fiscal del país.

SEGURIDAD CIUDADANA

En materia de seguridad, la propuesta de Fuerza Popular incluye la implementación rápida de Centros de Comando y Videovigilancia (C5i), un sistema destinado a integrar cámaras, comunicaciones y plataformas de monitoreo para mejorar la respuesta policial en tiempo real.

El plan plantea que este sistema pueda comenzar a ejecutarse en los primeros 100 días de gestión, junto con el fortalecimiento de las unidades de flagrancia, la modernización de comisaría y la compra de patrulleros y de equipos de inteligencia mediante decretos de urgencia.

No obstante, especialistas advierten que la magnitud del proyecto podría extender sus plazos de ejecución. El exministro del Interior, Carlos Basombrío, señaló que la implementación del C5i no solo requiere de inversión, sino también de buena estructura.

“Eso cuesta 500 millones de dólares y, de repente, en mil días se podría tener el esquema financiero y listo para ponerlo en práctica (...) El C5i necesita una ciudad inteligente para operar, y eso requiere semáforos automatizados y más cosas, pero no se tiene”, sostuvo.

Respecto a las leyes procrimen, Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, indicó que serán evaluadas por una comisión que será integrada por las entidades correspondientes.

FENÓMENO DE EL NIÑO

Otro de los desafíos inmediatos sería la gestión del fenómeno de El Niño, cuyo periodo crítico se proyecta entre diciembre de este año y abril del próximo.

El plan contempla la activación de fondos de contingencia a través de COFIDE para las pymes que se puedan ver afectadas.

Al respecto, Galarreta denunció que Juntos por el Perú estaría retrasando la transferencia de mando y, por ende, el trabajo inmediato ante estas emergencias. “Queremos saber cómo está la situación, qué maquinarias tener, qué canales. Todos saben cuándo va a venir el fenómeno de El Niño, pero no queremos correr”, dijo.

AJUSTE FISCAL

En el frente económico, distintos voceros del partido han expresado preocupación por el incremento del gasto público y los compromisos presupuestales asumidos en los últimos meses.

“Quieren dejar amarrado (al Perú) hasta diciembre los gastos. Hubo mucho festín en el Congreso. Se deben corregir las normas populistas”, afirmó Galarreta.

¿QUIÉNES INTEGRARÍAN EL GABINETE DE KEIKO FUJIMORI?

Aunque aún no existe confirmación oficial, en el entorno de Fuerza Popular ya circulan posibles nombres para un futuro gabinete ministerial.

Entre ellos figuran Luis Carranza para el Ministerio de Economía y Finanzas; Marco Vinelli en Agricultura y César Astudillo para Defensa. Para el Ministerio del Interior, se mencionan como alternativas a Marco Miyashiro, Fernando Rospogliosi y Juan Carlos Sotil Toledo.

El recurso fue presentado por el personero legal de la organización política, Pablo Salas Charca, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La denuncia tiene como uno de sus principales fundamentos la Resolución Jefatural N.° 90-2026-JN/ONPE, emitida pocos días antes de la segunda vuelta presidencial.

Cuestionamientos a medidas aplicadas en la segunda vuelta

Entre los principales cuestionamientos figuran la fusión de mesas de sufragio, la designación de miembros de mesa por parte de funcionarios consulares y el traslado de documentación mediante valijas diplomáticas en lugar de la digitalización inmediata. La agrupación sostiene que estas medidas alteraron procedimientos electorales y por ello solicita la apertura de un juicio político y un antejuicio contra el canciller.

JPP también señala que las decisiones adoptadas durante la segunda vuelta deben ser revisadas por el Congreso. Sin embargo, la ONPE había aprobado en febrero una resolución que incorporó el escaneo de actas durante la primera vuelta sin que entonces se presentaran recursos de nulidad o denuncias similares.

Tanto la ONPE como el Ministerio de Relaciones Exteriores han defendido la legalidad de las medidas adoptadas durante el proceso electoral. Ambas instituciones sostienen que se trató de disposiciones operativas que no modificaron la normativa vigente.

Por su parte, Carlos Pareja ha señalado previamente que la Cancillería actuó como entidad encargada de ejecutar las disposiciones de la ONPE. Asimismo, afirmó que el traslado del material electoral se realizó bajo protocolos de seguridad y sin registrarse irregularidades.

📄Comunicado de Prensa 026-26: Sobre el proceso electoral en el exterior.

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— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 19, 2026

El Poder Judicial declaró improcedente la medida cautelar presentada por la expresidenta Dina Boluarte, con la que buscaba suspender los efectos de su vacancia por incapacidad moral permanente.

La I Sala Constitucional de Lima rechazó el pedido presentado por Dina Boluarte, mediante el cual solicitaba la suspensión de los efectos de la declaración de incapacidad moral permanente mientras se evaluaba su demanda de amparo para anular la decisión del Congreso.

La defensa legal de la exmandataria argumenta que la vacancia habría vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso en sede parlamentaria, el derecho de defensa, la igualdad, el honor y la buena reputación. Asimismo, sostiene que el procedimiento le fue comunicado con solo una hora de anticipación.

Pese a los argumentos expuestos por los abogados de Boluarte, la I Sala Constitucional de Lima concluyó que estos deben ser evaluados con mayor profundidad en el proceso principal. Además, advirtió que conceder la medida cautelar implicaría afectar directamente los efectos de la decisión adoptada por el Congreso.

Como se recuerda, la presidenta de la República, Dina Boluarte, fue vacada de su cargo a las 00:07 horas del 10 de octubre de 2025, luego de que el Congreso la destituyera por incapacidad moral permanente.

La votación determinó que la vacancia de Boluarte Zegarra fue unánime, al registrarse 122 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.

Como se recuerda, el 19 de junio se venció el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, así como el cierre del ROP.

De cara a los siguientes meses, el calendario contempla los siguientes hitos:

• 26 de julio: La ONPE realizará el sorteo de los miembros de mesa.
• 5 de agosto: Se publicarán las listas de candidatos admitidos y vencerá el plazo para renuncias y retiro de listas.
• 20 de agosto: Los Jurados Electorales Especiales (JEE) resolverán en primera instancia las tachas y exclusiones.
• 4 de setiembre: Se resolverán las apelaciones correspondientes.
• 5 de setiembre: Quedarán inscritas las candidaturas definitivas.
• 3 de octubre: Vence el plazo para la exclusión de candidatos por situación jurídica del candidato.
• 4 de octubre: Día de las elecciones.

Ante ello, el JNE exhortó a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a informarse a través de los canales oficiales y a respetar los plazos establecidos, a fin de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente y conforme a ley.

La lideresa fujimorista permaneció algunos minutos junto al lugar donde reposan los restos del exmandatario. Durante ese tiempo participó en un momento de oración y reflexión acompañado por personas que se encontraban en el recinto.

Recibió muestras de respaldo

La presencia de la candidata generó la atención de varios visitantes que recorrían el cementerio. Algunos de ellos se acercaron para saludarla y acompañarla durante el homenaje realizado en memoria de su padre.

Minutos después, más personas se sumaron al acto de recogimiento. Los asistentes compartieron una oración junto a la dirigente política y expresaron mensajes de respaldo durante su permanencia en el lugar.

Fujimori conversó brevemente con quienes la acompañaron durante el recorrido y accedió a tomarse fotografías con simpatizantes que se acercaron para expresarle su apoyo.

Posteriormente, la lideresa de Fuerza Popular se dirigió hacia la escultura de su padre ubicada dentro del recinto y recordó distintos episodios compartidos a lo largo de los años.

Roberto Sánchez, candidato presidencial por Juntos por el Perú (JP), anunció que este lunes presentará una solicitud para declarar la nulidad de los votos emitidos por los peruanos residentes en el extranjero durante la segunda vuelta electoral.

Durante una conferencia de prensa, Sánchez sostuvo que la agrupación no cuestiona el valor del voto de los peruanos en el exterior, sino la modificación del procedimiento aplicado para el procesamiento de las actas electorales provenientes de los consulados.

“Nosotros no estamos objetando el voto de los hermanos peruanos en el exterior. En nuestro marco jurídico su voto vale igual al de nosotros”, afirmó.

¿Qué cambio aplicó la ONPE para las actas del exterior?

El cuestionamiento de Juntos por el Perú se centra en la Resolución Jefatural N.º 000090-2026-JN/ONPE, mediante la cual la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso que las actas electorales procedentes de consulados fueran trasladadas físicamente a Lima mediante valijas diplomáticas u otros mecanismos.

En la primera vuelta electoral, las actas habían sido digitalizadas en las sedes consulares. Según Juntos por el Perú, la modificación afectó la cadena de custodia y generó incertidumbre sobre el tratamiento de los votos.

La ONPE implementó el cambio a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Acá la afectación viene por haber cambiado las reglas del juego”, manifestó Sánchez.

JNE rechazó recursos para anular más de 2.300 mesas

El dirigente también cuestionó el sistema de apelaciones y los costos exigidos para la presentación de recursos electorales.

Sánchez indicó que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedentes o infundados los recursos presentados por la agrupación para anular 2.398 mesas de sufragio, de las cuales 1.751 correspondían a Lima y 647 a Estados Unidos.

Asimismo, señaló que aún esperan la notificación oficial de la resolución.

“Ya votaron que no a lugar, pero no nos han notificado la resolución”, indicó.

Juntos por el Perú espera resolución oficial para definir acciones

Sánchez sostuvo que la agrupación política dará a conocer su posición definitiva una vez que reciba formalmente la resolución del JNE y presente el recurso anunciado para cuestionar los votos emitidos en el extranjero.

El dirigente también adelantó que participará en las movilizaciones convocadas para el lunes.

Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar y candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, cuestionó la decisión de Rafael López Aliaga de integrar la lista municipal de Renovación Popular como candidato a teniente alcalde, luego de desistir de asumir el cargo de senador para el próximo Congreso bicameral.

En declaraciones a RPP, Allison afirmó que el actual alcalde de Lima estaría buscando una “reelección encubierta” y sostuvo que algunos constitucionalistas consideran que dicha fórmula constituiría una “reelección con fraude a la Constitución”.

“Yo no he criticado que postule, lo que he criticado es que no asuma su rol de senador. Es una reelección, sí, por supuesto. Sin embargo, yo sí creo que la gente debe decidir”, señaló en RPP.

¿Qué respondió Rafael López Aliaga?

En una entrevista previa con RPP, Rafael López Aliaga indicó que ha pedido a Luis Rubio, candidato de Renovación Popular a la Alcaldía de Lima, que permanezca durante los cuatro años de gestión en caso resulte elegido.

“Yo le he pedido a Lucho: ‘Quédate los cuatro años’. (...) Es la voluntad de él. A mí no me pueden obligar a convalidar un fraude jurando para senador”, declaró en RPP.

Las declaraciones se produjeron luego de que surgieran cuestionamientos sobre la posibilidad de que López Aliaga asuma nuevamente la conducción del municipio capitalino si Rubio dejara el cargo.

Allison responde a críticas por su detención en Miami en 2009

La controversia entre ambos políticos se trasladó a las redes sociales, donde López Aliaga hizo referencia a la detención que enfrentó Allison en Miami en 2009, por no declarar 50 mil dólares al salir de Estados Unidos.

Al respecto, el alcalde de Magdalena aseguró que logró acreditar la procedencia legal del dinero, que se encontraba depositado en el Bank of America, y sostuvo que desconocía la obligación de declarar la suma al abandonar territorio estadounidense.

“A mí se me acusa de no haber llenado un formulario. Se demostró que era mi dinero. Es una falta administrativa”, manifestó.

Asimismo, señaló que una representante de Aduanas de Florida reconoció que los pasajeros podían confundirse respecto a la obligación de declarar dinero al salir de Estados Unidos.

Allison afirma que el origen del dinero fue esclarecido

El candidato de Avanza País consideró que no corresponde utilizar un hecho ocurrido hace casi dos décadas en el actual debate político.

“No es digno sacar algo de hace 20 años que quedó aclarado en lo más importante, el origen del dinero. Lo que hay que combatir es la corrupción”, indicó.

El abogado del expresidente Alejandro Toledo, Carlos Torres Caro, aseguró que su defendido atraviesa un severo deterioro físico y emocional que justificaría que cumpla su condena bajo detención domiciliaria.

Deterioro

En declaraciones a Canal N, relató que durante una reciente visita al penal de Barbadillo, encontró al exmandatario postrado en cama y con dificultades para incorporarse por sus propios medios.

“Es la primera vez que no me recibió parado. Estaba en cama, no podía levantarse”, afirmó el letrado.

Añadió que una médica del establecimiento penitenciario lo acompañó hasta la habitación de Toledo, donde constató personalmente el estado en el que se encontraba.

Torres Caro sostuvo que un informe médico reciente advierte que el exjefe de Estado presenta un alto riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) o un infarto.

Asimismo, indicó que padece problemas neurológicos y urológicos, estos últimos asociados a episodios de sangrado.

Sin embargo, señaló que la afección que más le preocupa es el estado anímico de Toledo.

“El mayor problema que yo he visto es el grave problema de depresión que tiene”, manifestó.

En otro momento, el abogado remarcó que Toledo tiene más de 80 años y afirmó que su situación encaja en los supuestos contemplados por el artículo 22 del Código Penal, norma que permite que los adultos mayores afronten su condena bajo detención domiciliaria por razones humanitarias. Por ello, reiteró su pedido a la Corte Suprema para que evalúe la solicitud.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, beneficiado en su momento por un indulto humanitario, ha asegurado que “nadie merece morir en prisión” tras ser consultada sobre los casos de los exmandatarios Alejandro Toledo y Pedro Castillo. El escenario legal para otorgar este beneficio, sin embargo, solo sería propicio para uno de ellos.

CAMINOS

En materia de gracias presidenciales, el jefe de Estado tiene la facultad de otorgar una conmutación de pena, un derecho de gracia o un indulto. La primera reduce o modifica la pena impuesta al condenado mientras que el segundo extingue la acción penal en procesos judiciales en determinadas circunstancias, sustancialmente, en aquellos que continúen desarrollándose por un prolongado plazo.

La tercera opción, el indulto, en tanto, puede perdonar total o parcialmente la pena impuesta en supuestos de tipo común o por razones humanitarias –debidamente acreditadas–. En todos los casos, al igual que en las primeras dos figuras de gracia presidencial, deben cumplirse determinados requisitos. El principal: contar con una sentencia firme, es decir, que la pena se haya confirmado en segunda instancia.

Una vez recibida la solicitud ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), la Comisión de Gracias Presidenciales calificará la situación del reo.

El grupo de trabajo está presidido hoy por Magno Abraham García Chávarri e integrado por Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Martín Antonio Salgado Arroyo, Pablo Michael Huerta Canales y, en representación del Despacho Presidencial, Carlos Antonio Bazo Ramírez.

Esta instancia, dependiente del MINJUSDH, analiza los expedientes de indulto, conmutación de pena y derecho de gracia y formula una recomendación favorable o no, de acuerdo a su evaluación, al presidente de la república. Será este quien tome la decisión final.

Discrepancias

Tanto Pedro Castillo como Alejandro Toledo no cumplen con la condición excluyente de una sentencia firme, pues ambos apelaron sus respectivas sentencias condenatorias. El abogado de este último, Carlos Torres Caro, ha expresado su desacuerdo con este requisito.

“Hay un criterio que se ha difundido de que una persona que no ha completado todas las instancias de la administración de justicia no puede optar por el indulto (sentencia firme). Lo que están diciendo no va con la opinión que yo tengo. Eso lo dice un reglamento, es decir, lo dice una norma inferior a lo que estipula la Constitución, que solo dice: ‘El presidente de la República tiene derecho a otorgar indulto’”, sostuvo a RPP.

La exministra de Justicia, Delia Muñoz, señaló lo contrario a Correo. Tras ser consultada al respecto, precisó que la “Constitución no se interpreta solo con una lectura gramatical, sino que se tiene establecido que el máximo intérprete de la misma es el Tribunal Constitucional (TC)”.

“En ese contexto, cuando se decretó la nulidad de indulto al Sr. José Enrique Crousillat (2011), el TC estableció que si bien conceder un indulto es una facultad presidencial, dicho acto no está exento de control y se debe respetar un estándar mínimo de motivación, respetar los requisitos legales para evitar la arbitrariedad”, puntualizó.

Caso Toledo

La ex primera dama Eliane Karp ha pedido un indulto humanitario para su aún esposo el expresidente Alejandro Toledo, sentenciado en primera instancia por recibir coimas de 35 millones de dólares de Odebrecht.

El caso de Toledo es diametralmente distinto al de Castillo debido a que cuenta no solo con una sino con dos sentencias por los casos Interoceánica Sur (tramos 2 y 3), del 21 de octubre de 2024, de 20 años y 6 meses; y Ecoteva, del 3 de septiembre de 2025, de 13 años y 4 meses. Ambas en primera instancia.

Sin embargo, tiene una carta a su favor. La audiencia de su apelación por su primera sentencia ya está en curso. Esta se inició el 16 de octubre del 2025, es decir, lleva ocho meses y bastaría cinco meses más –ya en el próximo gobierno–, según distintos especialistas, para que culmine.

Todo recaerá en la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que decidirá si confirma, revoca o modifica la pena impuesta. De confirmar la sentencia, Toledo podría solicitar un indulto por razones humanitarias, pues su defensa señala que “presenta un alto riesgo de accidente cerebrovascular (ACV)”.

Si el próximo presidente le otorga este beneficio por dicho motivo, el exdignatario será excarcelado incluso con otra sentencia en su haber, aún en primera instancia, por el caso Ecoteva.

“En el caso de Alberto Fujimori, cuando lo indultaron, también lo hicieron respecto a los demás procesos. La situación es distinta si se le indulta únicamente bajo el presupuesto del indulto común. En casos de indultos humanitarios, si cumple con la firmeza de la sentencia, debido a la grave afectación de la salud del reo, también se le exonera de los demás procesos en curso al tratarse de un tema humanitario”, detalló el penalista Andy Carrión.

Caso Castillo

El panorama es desalentador en el caso del expresidente chotano. Aunque podría retirar la apelación que presentó contra su sentencia por conspiración para la rebelión (11 años, 5 meses y 15 días), impuesta el 27 de noviembre de 2025, una sala judicial deberá validar esta decisión y confirmar la pena mediante una resolución.

El trámite tomaría meses, considerando la carga de trabajo al interior del Poder Judicial, y el escaso tiempo con el que cuenta el actual encargado de la presidencia, José María Balcázar, quien ingresó al Congreso de la mano de Perú Libre, partido que llevó a Castillo al poder.

Además, la defensa ha señalado que no retirará la apelación debido a que sería validar la comisión del delito. Por ahora, Castillo se encuentra a la espera de que el Poder Judicial agende una fecha para iniciar la audiencia de apelación.

Pero incluso si esta se resolviera prontamente y el exmandatario contara con una sentencia firme que le permitiese solicitar un indulto, ya sea común o humanitario, hay otro factor en juego: Sobre el profesor pesa una orden de prisión preventiva.

La medida se enmarca en el caso que enfrenta por presunta organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Según la tesis fiscal, Castillo lideró una red de presunta corrupción para direccionar contrataciones públicas, principalmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que hoy tiene como investigadas a su esposa Lilia Paredes y a su cuñada y virtual diputada por JP, Yenifer Paredes, entre otros. La Fiscalía investiga a 98 personas.

El 9 de marzo del 2023, el juez supremo Juan Carlos Checkley le impuso 36 meses de prisión preventiva por este caso. Esta debía culminar el 8 de marzo de este año, sin embargo, la Fiscalía consiguió una ampliación de 12 meses. Por ello, la medida vencerá el 9 de marzo de 2027.

Hasta el momento, son seis los pedidos de indulto presentados para Castillo. Todos han sido rechazados. Estos se formularon entre enero de 2023 y abril de 2026.

El diseño estará dividido en cuatro secciones: gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, autoridades provinciales y, en el último, las distritales, con colores diferenciados por cada nivel de elección.

La ONPE precisó que existirán distintos modelos de cédulas según el tipo de elección y la jurisdicción. En el caso de las autoridades regionales, provinciales y distritales, la cédula tendrá un tamaño base de 38 por 21 centímetros, la cual podrá ampliarse hasta 52 centímetros dependiendo del número de organizaciones políticas participantes.

Esto varía en Lima Metropolitana porque se omite la votación para gobierno regional.

Entre ellos figura Daniel Urresti de Podemos Perú, que postula por tercera vez. Le sigue, Luis Rubio por Renovación Popular y Carlos Bruce por Somos Perú.

De igual forma, Francis Allison compite por Avanza País y Susel Paredes va con Ahora Nación.

También está Ricardo Belmont, quien regresa a una contienda mediante Obras, y Carlos Tejada por Acción Popular.

Edgardo De Pomar postula por el Partido Popular Cristiano y Elizabeth León representa al Frente De La Esperanza 2021. Además Yehude Simon va por Coalición Transformadora Tierra Verde y Victoria La Cruz Garces, por el Partido Morado.

La lista incluye a Samuel Daza, quien defiende a Fuerza Popular, y Oswaldo Vargas, que representa a Juntos por el Perú. Además, Santiago Abarca por Visión Perú, Luis Huette de Pueblo Consciente, Sandro Caller del Partido Patriótico del Perú y Rubén Ramírez de Perú Libre.

Flor Hurtado irá con Demócrata Verde, Rubén Bonilla va con Fuerza Ciudadana, Segundo Valdez por el FREPAP y Samir Quispe cierra la relación por Batalla Perú.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registró al menos 291 listas de 60 organizaciones políticas, que incluyen a más de 8 mil inscritos para gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales y accesitarios.

Conocidos

Rostros con larga trayectoria política destacan entre los postulantes a las gobernaciones regionales con mayor presupuesto.

En Piura, Reynaldo Hilbck busca regresar al cargo que ejerció entre 2015 y 2018, esta vez con Alianza para el Progreso (APP). Arrastra investigaciones por lavado de activos y declaró ingresos totales de S/600,512 en 2025, según su hoja de vida.

En La Libertad, Daniel Salaverry, expresidente del Congreso en 2018 y 2019, representa a Perú Primero. El pasado diciembre la Corte Suprema lo absolvió por peculado.

En Cajamarca, el exparlamentario fujimorista Joaquín Ramírez compite con Cajamarca Renace, tras dejar el movimiento Cajamarca Siempre Verde, con el que fue alcalde provincial.

En Cusco, Verónika Mendoza, exlegisladora y excandidata presidencial en 2016, postula con la Alianza Electoral Venceremos. En 2022 fundó Nuevo Perú.

En Loreto, Fernando Meléndez Celis, exgobernador de la región (2015-2018) y exparlamentario, busca un nuevo periodo con APP.

Asimismo, Elmer Cáceres en Arequipa, que fue suspendido del cargo de gobernador en 2021 tras una prisión preventiva.

En Tumbes, Manuel Merino, quien asumió la presidencia por cinco días en noviembre de 2020 tras la vacancia de Martín Vizcarra, postula con Acción Popular.

En el Callao, Pedro Spadaro, actual alcalde provincial y exalcalde de Ventanilla, va con Renovación Popular.

Conteo

Al cierre de esta nota, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de un total de 92,477 actas contabilizadas, la lideresa fujimorista acumulaba 9’188,410 votos, equivalentes al 50.111 % de los votos válidos.

En tanto, su contendiente, el congresista de JP registraba 9’147,710 votos, lo que representa el 49.889 %.

Asimismo, permanecen 289 actas pendientes de envío al Jurado Electoral Especial (JEE), lo que equivaldría a aproximadamente 70 mil votos por procesar. En ese grupo, Keiko mantendrá la tendencia y hasta podría ampliar su ventaja, lo que la convierte en virtual presidenta electa de la república.

Recuento

Sobre el conteo de votos pendiente, de acuerdo con el portal web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), figuran quince audiencias públicas programadas para el tratamiento de actas observadas.

Para este lunes 22 de junio se han programado diez audiencias, de las cuales seis corresponden al JEE de Trujillo. Se trata de las mesas de sufragio Nro. 032367, 027910, 028369, 027790, 027523 y 027794.

Las restantes corresponden a tres mesas del colegiado de Lima Este 1: 038790, 037315 y 037584; y una de Cusco: 016140.

Para el martes se programaron, a su vez, cinco audiencias del JEE de Lima Centro 1: 036768, 036870, 036255, 036269 y 036711, correspondientes a mesas de Lima y Ventanilla.

Todas las audiencias de recuento de votos son públicas y se transmiten en vivo a través de sus canales digitales.

Cabe mencionar que en la página web del JNE figuran tres audiencias públicas pendientes, además de 170 ya realizadas.

El órgano legislativo estará integrado por 60 senadores elegidos en dos modalidades de votación. La distribución incluye 30 representantes elegidos por distrito electoral múltiple y 30 por distrito electoral único nacional.

Conformación del nuevo Senado

Según el Jurado Nacional de Elecciones, la elección por distrito múltiple permitió designar un senador por cada departamento del país. A ello se suman cuatro representantes por Lima Metropolitana, uno por la Provincia Constitucional del Callao y uno por los peruanos residentes en el extranjero.

La otra mitad de la cámara alta fue elegida mediante un distrito electoral único a nivel nacional. En este caso, los ciudadanos emitieron su voto por una lista que compitió en todo el territorio peruano.

¿Qué funciones cumplirá el nuevo Senado?

El Senado tendrá la responsabilidad de revisar las iniciativas que provengan de la Cámara de Diputados. En ese proceso podrá aprobarlas, modificarlas o rechazarlas según corresponda.

El órgano también participará en la designación de autoridades del sistema constitucional y de control del Estado. Entre ellas se encuentran el defensor del pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional.

Otra de sus atribuciones será la elección de tres directores del Banco Central de Reserva. Asimismo, tendrá la facultad de designar al contralor general de la República.

El Senado también podrá ratificar al superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Estas decisiones forman parte del control institucional sobre entidades clave del Estado.

El nuevo Senado podrá autorizar al presidente de la República para salir del país. También tendrá la potestad de permitir el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.

De igual forma, revisará los decretos de urgencia emitidos durante el periodo de interregno parlamentario. Este control se extiende a los decretos legislativos y tratados internacionales.

La cámara alta ejercerá supervisión sobre normas emitidas en situaciones de excepción. Esto incluye la revisión de decretos de urgencia, decretos legislativos y tratados firmados por el Ejecutivo.

Además, deberá aprobar los tratados internacionales antes de su ratificación presidencial. Estas funciones están establecidas en la Ley 31988 que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República.

Periodo y reglas de elección

Los senadores ejercerán funciones por un periodo de cinco años. Este tiempo corresponde a la duración completa del mandato legislativo establecido por la normativa electoral.

En la elección por distrito múltiple se permite el uso de voto preferencial. En el caso del distrito único nacional, los electores pueden aplicar un doble voto preferencial según las reglas establecidas por el JNE.

Durante su intervención, la lideresa de Fuerza Popular dio por favorable el resultado que mostraba el escrutinio parcial. En ese contexto expresó que “Y nos faltan pocos días: ¡sí se pudo!”.

El pronunciamiento se produjo cuando el conteo oficial superaba el 99 % de actas procesadas, pero todavía quedaban votos pendientes de contabilización. La diferencia entre las dos candidaturas que disputan la Presidencia seguía siendo estrecha al momento de su discurso.

Agradece apoyo de militantes fujimoristas

Fujimori aprovechó el encuentro para agradecer el trabajo realizado por dirigentes y militantes de su agrupación durante la campaña electoral. La candidata sostuvo que Fuerza Popular logró mantenerse vigente pese a los momentos difíciles que atravesó en los últimos años.

“A lo largo de estos años, que no han sido fáciles, los dirigentes de nuestro partido demostraron que los golpes nos hacen más fuertes”, expresó.

Promete enfrentar la delincuencia

La candidata también utilizó su intervención para referirse a la inseguridad ciudadana, uno de los principales temas abordados durante la campaña electoral. Fujimori aseguró que el país tiene la capacidad de superar este problema tal como enfrentó otros desafíos en el pasado.

“Los peruanos hemos demostrado al mundo que siempre podemos, que hemos derrotado al terrorismo, que derrotamos la hiperinflación y que ahora vamos a derrotar la delincuencia”, prometió.

Durante la actividad, Fujimori también reconoció el apoyo recibido por ciudadanos que participaron en su campaña. Sus palabras estuvieron dirigidas a familias, emprendedores, transportistas y trabajadores independientes.

La candidata señaló que muchos de ellos continúan desarrollando sus actividades pese a las dificultades que enfrentan diariamente. Asimismo, agradeció a las personas que permitieron el ingreso de su equipo de campaña a sus viviendas durante el proceso electoral.

La disposición fue formalizada mediante la Ordenanza N.° 2830, la cual fue publicada en el diario oficial El Peruano. Con esta norma se mantiene vigente la declaratoria de emergencia en el ámbito metropolitano por un periodo adicional de sesenta días calendario.

#DeclaratoriaDeEmergencia | Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y lucha contra la delincuencia, la Municipalidad de Lima prorrogó por 60 días calendario la declaratoria en situación de emergencia y de interés metropolitano de la seguridad ciudadana en Lima… pic.twitter.com/WmiowcLzzS

— Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 20, 2026

¿Cuánto durará la ampliación?

El nuevo plazo establecido comenzará el 21 de junio de 2026 y se prolongará durante dos meses. Durante este periodo se conservarán las disposiciones aplicadas en las declaratorias previas relacionadas con la seguridad ciudadana.

La medida da continuidad a un proceso iniciado previamente mediante la Ordenanza N.° 2776 y posteriormente extendido con la Ordenanza N.° 2806. Ambas normas formaron parte del marco de intervención adoptado por la comuna en meses anteriores.

La aprobación de la prórroga se basó en informes revisados por instancias municipales vinculadas a seguridad ciudadana y defensa civil. Estos documentos fueron analizados también por la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales del Concejo de Lima.

Las evaluaciones incluyeron el seguimiento de las acciones ejecutadas en el marco de la declaratoria inicial. Dichos resultados sirvieron como insumo para definir la continuidad de la medida en la capital.

La ordenanza establece que la Secretaría del Concejo Metropolitano debe gestionar la publicación oficial de la norma en el diario El Peruano. Además, se dispone su difusión a través de los canales institucionales correspondientes.

La Oficina de Gobierno Digital tiene la responsabilidad de asegurar la publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad de Lima. Con ello se busca garantizar el acceso público a la información sobre la vigencia de la medida.

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, continúa liderando el conteo oficial de la segunda vuelta electoral, de acuerdo con el más reciente avance de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Con el 99.681% de actas contabilizadas, la postulante alcanza el 50.112% de los votos válidos. Entretanto, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, registra el 49.888% de las preferencias electorales. La actualización fue publicada a las 5:50 p.m. de este 20 de junio.

Los datos preliminares reportados por la ONPE muestran el siguiente escenario:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 50.112% — 9′188,198 votos Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 49.888% — 9′147,065 votos

La diferencia entre ambos es de 41,133 votos.

El resultado todavía no es definitivo debido a que resta procesar una pequeña parte de las actas electorales.

🗳️¿Cómo avanza el conteo?

Resultados oficiales · Segunda Vuelta 2026

Sigue el conteo en tiempo real de la ONPE

Roberto Sánchez

Juntos por el Perú

VS

Keiko Fujimori

Fuerza Popular

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¿Cuántas actas ya fueron contabilizadas?

Según el reporte oficial, la ONPE ha contabilizado 92,470 actas de un total de 92,766 correspondientes a la elección presidencial. Asimismo, 296 actas se encuentran para envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y ninguna acta pendiente para su contabilización.

¿Cuándo se conocerá al ganador?

Las elecciones generales realizadas el pasado 12 de abril se desarrollaron en medio de retrasos ocasionados por la instalación tardía de mesas de sufragio y la demora en la distribución de material electoral. Los resultados oficiales de la ONPE fueron publicados el 17 de mayo y confirmaron que la contienda presidencial se definiría en una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

La disputa entre ambos candidatos ha generado gran expectativa entre la ciudadanía, que permanece atenta al conteo de votos y a la definición del próximo presidente de la República. En ese contexto, la vocera del JNE, Grecia Renteria, informó que la proclamación oficial del ganador de la segunda vuelta se realizaría a mediados de julio.

“A mediados de julio es la proclamación de segunda vuelta debido a que, como les expliqué, hay todo un proceso nuevo que es el recuento de votos, que es lo que básicamente hace que la proclamación se demore un poco más por este mecanismo de recuento de votos, teniendo en cuenta que el Jurado Nacional garantiza los derechos”, indicó.