Esto a raíz de las declaraciones de la senadora fujimorista Martha Chávez, quien afirmó que si la Cámara de Diputados cercena el pedido, la Cámara Alta podía restablecer el paquete total.

HARÁN LO QUE LES PLAZCA | La senadora Martha Chávez, de Fuerza Popular, cuestionó a Jorge Nieto durante su participación en el CARA Central, en Arequipa. pic.twitter.com/oAqDKRPhGc

— El Búho🦉 (@elbuho_pe) September 11, 2026

Fricción

El vocero de la bancada en la Cámara de Diputados, Nery Fernández, ratificó este domingo la posible variación de postura.

“Si no se rectifican, si no dan esas muestras de que van a respetar la ley, entonces nosotros vamos a evaluar seriamente si damos las facultades o no. Esa ha sido nuestra posición”, sostuvo a RPP.

El congresista indicó que se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y le explicó que existe hasta 10 medidas del pedido original que su bancada respaldaría por considerarlas “urgentes” para la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

No obstante, Fernández le comentó sobre los dichos de Chávez ante una eventual denegatoria de la solicitud de facultades.

“Le hemos expresado nuestra preocupación respecto de las declaraciones públicas que ha dado la senadora Martha Chávez y el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesías, quienes han dicho que cuando llegue de diputados a senadores, ellos van a restituir todo lo que originalmente fue propuesto”, sostuvo.

Esta posición de Buen Gobierno se suma a la solicitud presentada por tres bancadas de oposición respaldan un pedido formal al Ejecutivo. Los voceros Ernesto Zunini (JPP), Víctor Piñán (Obras) y César Holguín (Ahora Nación) firmaron un oficio dirigido a Galarreta.

Ante las recientes declaraciones de senadores oficialistas, quienes reconocen explícitamente que desconocerán lo fiscalizado por la Cámara de Diputados, hemos decidido solicitar al Poder Ejecutivo que remita un NUEVO PROYECTO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES enfocado en lo urgente: la… pic.twitter.com/EUDpM2KMvA

— Ernesto Zunini (@ernestozunini) September 12, 2026

Según el documento, estos agrupaciones solicitan un nuevo proyecto de delegación de facultades acotado a seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres ante El Niño. Además, alegan que el Senado no tiene facultad para restituir materias excluidas por la Cámara de origen.

Tomás es médica de profesión y fue ministra de Salud del expresidente Martín Vizcarra entre enero y noviembre de 2019.

El pasado sábado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social (Sinatra) pidió evitar su nombramiento bajo el argumento de que no tiene experiencia y citando una denuncia periodística de un presunto “trueque” de favores, al colocar a su esposo en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

No obstante, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, respaldó su designación y dijo que Tomás priorizará el acceso a medicinas, buscará reducir la espera por citas y gestionará las intervenciones quirúrgicas y los servicios de emergencia. “Vamos a rescatar a Essalud del poder político”, puntualizó.

“No se va a desnaturalizar. Legalmente nos ampara hacer las modificaciones pertinentes, pero, justamente, no se va a desnaturalizar lo que apruebe la Cámara de Diputados”, indicó en diálogo con RPP.

El fujimorista hizo una invocación a los diputados para que reflexionen, porque “el Perú no puede esperar”.

“Que no vaya pues, pero él tanto ha retado que quiere debatir (...) todo el mundo quiere debatir; vamos a un proceso ordenado”, dijo.

Bruce, quien sí postula a alcalde de Lima, pidió al JNE aclarar quién asumiría la alcaldía si Renovación Popular obtiene la victoria en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

“Al debate tienen que ir los candidatos a la alcaldía. No pueden ir otras personas. Al elector no le interesa ver otras personas”, precisó a El Comercio.

Por ello, Bruce condicionó su asistencia al intercambio de propuestas organizado por el JNE e indicó que 14 partidos optarían por no acudir si el tribunal no determina si le entregaría la credencial a López-Aliaga si Renovación Popular gana el proceso.

Gestiones

Por su parte, el líder “celeste” señaló que ya solicitó participar en el debate.

“Yo mandé una carta diciendo: ‘Señores, como teniente alcalde me interesaría debatir’. La primera reacción del JNE fue que el partido político ponga al teniente alcalde o a una persona del partido que represente al partido, o sea, fue un tema amplio”, explicó.

Asimismo, López-Aliaga calificó como “capricho” la negativa de Bruce y señaló que candidatos como Daniel Urresti (Podemos Perú), Francis Allison (Avanza País) y Samuel Daza (Fuerza Popular) quieren debatir.

“Luego viene la pataleta del señor Bruce, que hace todo un escándalo (...) aquí se está trastocando la ley (...) y se ha cumplido la norma en 800 casos, hay como tres elecciones en las cuales se ha cumplido la norma”, arguyó.

“Hay algunas normas que no nos gustan (...) de nuestra parte tiene todo el apoyo para pasar por Diputados y Senado lo que es de extrema urgencia”, dijo a RPP.

López-Aliaga cuestionó que la propuesta incluya medidas relacionadas como las tasas de interés y planteó concentrar la delegación en asuntos que considera urgentes.

“Estamos hablando de tres temas bien preocupantes en el Perú: El Niño, que ya se nos viene con todo; el tema de terrorismo urbano, ser radical como era su padre (...) Y reducir el Estado. El tema de que las órdenes de servicio se eliminen”, sostuvo.

Además, advirtió que hay una “oposición necia” en la Cámara Baja.

Sin embargo, a poco más de un mes del Gobierno de Fujimori, Belaunde no solo arrastra ese cuestionamiento, sino que se le han sumado otros más que van de la mano de su constante necesidad de protagonismo.

Incluso, es el primer ministro de Fujimori contra el que se presentó una moción de interpelación a solo dos semanas de asumir.

Y aunque se salvó de la interpelación, en el breve tiempo que lleva frente al sector, su figura se ha desgastado tanto que podría ser el primero en ser cesado en el cargo si la mandataria decide hacer una recomposición ministerial.

VARIOS

De acuerdo con información revisada por Correo, el ministro de Defensa acumula por lo menos seis cuestionamientos (ver infografía).

El primero llegó el mismo 28 de julio de este año, minutos después de jurar al cargo.

Y es que la hoja de vida de Belaunde dista mucho de sus colegas del Gabinete Ministerial.

Es bachiller en Economía. Sin embargo, su experiencia laboral de centra en ser gerente general de sus empresas.

Llamó la atención que en su hoja de vida incluso colocó que fue ministro en el año 2020.

INF

Lo cierto es que fue titular del Ministerio de Energía y Minas solo por un mes en la gestión de Martín Vizcarra.

Un dato no menor es que el Ministerio de Defensa tiene un punto de participación cuando se trata de minería.

Por ejemplo, en zonas como Pataz (La Libertad), la minería ilegal ha traído organizaciones criminales, extorsión, sicariato, tráfico de explosivos y control territorial.

Precisamente, las Fuerzas Armadas intervienen para recuperar el control del territorio.

Por ese motivo, causó sorpresa la revelación de que Evangelina Arias, presidenta del directorio de Minera Poderosa, realizó un aporte de un millón 480 mil soles para la campaña presidencial de Belaunde.

“El financiamiento es al partido, no es a una persona”, así defendió Belaunde el generoso monto que aportó Arias para las Elecciones Generales 2026.

Darwin Teófilo Eufracio León, esposo de Tania Porles (excandidata a la vicepresidencia de Rafael Belaunde), fue designado viceministro de recursos para la defensa del Ministerio de Defensa. https://t.co/mNdALKGtOM pic.twitter.com/s8egNOlupe

— Sofía López (@SofiaLopezLl) September 11, 2026

Por otro lado, según información de Latina Noticias, Belaunde omitió declarar que su padre es director de una empresa minera minera desde mayo de este año.

De acuerdo con la partida registral de Paltarumi S.A.C. ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Rafael Belaúnde Aubry fue designado director de la sociedad para el periodo mayo 2026-mayo 2029 junto a otras seis personas.

En su declaración jurada, Belauned señaló que su padre “no labora”.

Para justificar el no registro de información, el titular de Defensa aseguró no saber cuál es el vínculo de su padre con Paltarumi.

“No conocía de ese vínculo. Que él tenía amistad con Jimmy Pflucker (director de Paltarumi), eso sí sabía”, sostuvo.

LOS FOCOS

El hecho más reciente que protagonizó Belaunde tiene que ver con el secuestro del comerciante Jennss Lara y el asesinato de tres acompañantes.

El titular de Defensa viajó a Trujillo para acompañar a la Policía en las diligencias.

Allí fue captado en diferentes fotografías frente a los detenidos en lo que parece una conversación y que fue interpretado como una especie de interrogatorio.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, aseguró que la presencia de Belaunde en el presunto interrogatorio puede perturbar la investigación.

A esto se le suma que al volver a Lima, el ministro se tomó una selfie que subió en sus redes sociales, como si se tratara de un retorno de vacaciones.

También está el reciente nombramiento de Darwin Teófilo Eufracio León como viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa.

El ingeniero economista Eufracio León fue candidato a senador por Libertad Popular, partido de Belaunde, en las recientes elecciones.

Es también parte del Comité Nacional De Ética y Lucha Contra La Corrupción del partido Libertad Popular.

En el sector público se desempeñó como asesor en el Ministerio de Cultura, Economía, Justicia y en Reniec.

En el 2025 fue director ejecutivo Del Programa De Modernizacion Del Sistema De Administracion de Justicia.

Aunque su salto más reciente en el Estado se dio con Belaunde, quien lo nombró asesor.

Además, Eufracio León es esposo de Tania Porles, excandidata a la segunda vicepresidencia de Libertad Popular, junto a Belaunde.

ANÁLISIS

Para el analista Luis Benavente, el ministro Belaunde tiene cuestionamientos de origen, por su falta de experiencia vinculada al sector.

“Él es un ministro con fallas de origen, fue un adversario, aunque eso puede pasar en la política de manera frecuente. Belaunde fue un opositor fuerte”, indicó.

En diálogo con Correo, consideró que Belaunde puede ser un dolor de cabeza para la presidenta Fujimori. Sin embargo, dijo que su permanencia podría ser evaluado cuando cumpla 100 días.

Desde su punto de vista, después de ese plazo en promedio, Belaunde debería pensar en dar un paso al costado si los cuestionamientos en su contra no cesan.

Además, Benavente se refirió a la reciente participación de Belaunde en Trujillo.

“En su mensaje a la nación, la presidenta Fujimori habló del rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la lucha contra la criminalidad, que intervienen ayudando a la Policía. El rol de las FF.AA. debe ser al costado, eso es algo que Belaunde no ha medido”, agregó.

Por ahora, Belaunde tendrá que responder ante el Pleno de la Cámara de Diputados sobre las acciones y estrategias de su sector para combatir la inseguridad ciudadana.

La extitular de la entidad, Fiorella Molinelli, conversó con Correo sobre el nombramiento de Tomás, las críticas previas del ministro de Trabajo Juan Sheput y los retos que enfrentará la nueva gestión.

¿La designación de Tomás en la conducción de EsSalud es una decisión política o meritocrática?

Toda designación de un cargo de confianza tiene un componente político, pero debe estar sustentada en el mérito y la capacidad. La doctora Tomás tiene experiencia en el sector salud; ahora le corresponde demostrar resultados en una institución tan compleja como EsSalud. Finalmente, la mejor evaluación será la mejora concreta en la atención de los asegurados.

Sheput cuestionó anteriormente a Tomás por un presunto “trueque” de cargos, ¿su respaldo a su nombramiento no es una contradicción?

Hay evidentemente un cambio de posición que corresponde al propio ministro explicar. Si existen nuevos elementos que modificaron su evaluación de aquel momento, lo responsable es transparentarlos. Lo importante es no convertir este tema en una discusión personal, sino garantizar que las decisiones públicas sean coherentes y estén debidamente sustentadas.

La ministra de salud Zulema Tomas pone al esposo en SUNARP y el titular de esa entidad a su pareja en SUSALUD. Un trueque escandaloso. Si eso no es corrupción en el gobierno qué es? pic.twitter.com/Ppwr29s5R6

— Juan Sheput (@JuanSheput) October 31, 2019

¿Cuánto poder de decisión tienen los sindicatos en EsSalud?

Los sindicatos tienen una voz importante y legítima, y los asegurados y trabajadores tienen representación dentro de la estructura de gobierno de EsSalud. Pero los sindicatos no tienen poder de veto sobre la designación de la Presidencia Ejecutiva. Deben ser escuchados, como también deben ser escuchados los pacientes, empleadores y demás actores del sistema; la conducción de la institución, sin embargo, tiene que responder al interés de los asegurados. Cómo siempre dije: ‘Paciente al centro’.

¿Cuál es el mayor riesgo con este nombramiento?

El mayor riesgo no es un nombre en particular, sino perder más tiempo en disputas políticas e internas. EsSalud necesita estabilidad, continuidad y capacidad de gestión. Si la discusión sobre el nombramiento termina desplazando la urgencia de resolver los problemas de atención, quienes finalmente pagan el costo son los asegurados.

¿Qué es lo primero en que debe ocuparse Tomás al asumir el cargo?

Del paciente. Reducir tiempos de espera, recuperar citas y cirugías postergadas y garantizar medicamentos oportunamente. En paralelo, debe ordenar la gestión, revisar los principales cuellos de botella y establecer metas públicas y medibles. En EsSalud el éxito no se mide por discursos, sino por cuánto mejora la atención del asegurado.

“Nosotros nos interesamos en llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados (…) He mandado oficio a todas las bancadas", indicó en el dominical de Panorama.

El premier llamó a los legisladores de Juntos por el Perú a evaluar el impacto de la medida y sostuvo que el bienestar hacia la población debe ser rápido, por lo que urge esta aprobación.

Consultado sobre la presión en torno a la votación, el titular de la PCM se mostró sereno. “Mucha gente se estresa; estoy tranquilo”, afirmó. En caso de no otorgar las facultades, Galarreta remarcó que la responsabilidad recaerá en cada legislador; no obstante, aseguró que se cumplirá con todo lo prometido por la presidenta Keiko Fujimori.

Asimismo, el premier descartó que el Ejecutivo vaya a reducir el pliego, pues todo es clave para atender la demanda de la población.

Por su parte, Juan Sheput, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, señaló que ante la situación caótica se deben plantear medidas para enfrentarlas. Desde su cartera, explicó que el objetivo es luchar contra la informalidad laboral.

Además, Marco Vinelli, ministro de Agricultura, indicó que desde su posición se plantea intervenir en primera línea ante una emergencia.

SENADO

Desde el Senado, el legislador de Ahora Nación, Jaime Delgado, rechazó los argumentos planteados por Fuerza Popular sobre el rol de la cámara. Delgado precisó que si los diputados aprueban solo una parte de las 66 facultades solicitadas, esa será la base que llegue al Senado.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de otorgar un margen demasiado amplio al Ejecutivo.

“En la conversación siempre se ha hablado de seguridad, siempre se ha hablado de tecnología, siempre se ha hablado de ciberseguridad y del apoyo con el conocimiento y la tecnología para poder hacer que los pueblos latinoamericanos vivan en paz y vivan en seguridad”, explicó.

Cooperación contra el crimen organizado

El Escudo de las Américas contempla la participación de 15 países para coordinar acciones frente a organizaciones criminales que operan en distintos territorios. Vinelli explicó que esta cooperación permite compartir información y capacidades entre las instituciones de seguridad de los países participantes.

Como ejemplo, mencionó la reciente captura del líder de Los Pulpos en Bolivia, cuyo operativo contó con la participación de las Policía de Perú y Bolivia. Según explicó, la ubicación del presunto integrante de la organización también fue posible con información proporcionada por el FBI.

Respecto al alcance de la iniciativa, Vinelli descartó que la participación peruana implique transferir competencias o soberanía a Estados Unidos. El ministro sostuvo que la cooperación busca fortalecer la respuesta conjunta frente a organizaciones criminales transnacionales.

“No implica ceder nuestra soberanía a Estados Unidos ni a ninguna otra nación. Es una oportunidad para poder enfrentar el crimen organizado”, sostuvo Vinelli.

Uno de los puntos por los que fue consultado estuvo relacionado con las empresas mencionadas por la Fiscalía en la investigación. Vinelli negó haber tenido reuniones, conversaciones o comunicaciones con representantes de las compañías vinculadas al caso y sostuvo que no existe evidencia de una relación entre ellos.

“No me he reunido, ni he conversado, ni he hablado por teléfono, ni tengo un mensaje de WhatsApp, ni tengo una foto con ningún representante de las dos empresas que la Fiscalía señala”, afirmó.

El titular del Midagri también fue consultado directamente sobre las decisiones adoptadas durante su paso por Agro Rural que forman parte de la investigación. Frente a la posibilidad de que haya ampliado el plazo de ejecución de una obra pese a una recomendación para resolver el contrato, sostuvo que su defensa responderá con documentación ante la instancia judicial correspondiente.

El funcionario evitó adelantar detalles de la estrategia legal y señaló que la persona encargada de su defensa penal presentará los documentos necesarios cuando corresponda. Asimismo, indicó que acudirá ante las autoridades para responder por las decisiones que tomó durante el periodo investigado.

“Yo rechazo tajantemente la hipótesis de la Fiscalía”, manifestó.

Vinelli señaló que continúa concentrado en sus funciones como ministro y en las acciones frente al Fenómeno del Niño, mientras su defensa atiende el proceso judicial. Según explicó, cuenta con un especialista en derecho penal para revisar los casos relacionados con su gestión anterior.

“Yo estoy concentrado en la atención de esos dos encargos y sí, tengo una persona especialista en derecho penal que está viendo específicamente esos procesos”, expresó.

#EnVivo #CuartoPoder

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli: Rechazo la hipótesis de la Fiscalía. No me reuní con ningún representante de las empresas que señala la Fiscalía. Soy respetuoso y acudiré cuando me citen. La presidenta me encargó ver el Fenómeno El… pic.twitter.com/IKTIKnilLt

— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) September 14, 2026

¿Qué sostiene la Fiscalía?

El caso corresponde al periodo 2015-2016, cuando Vinelli se desempeñaba en Agro Rural. Según la acusación fiscal, habría favorecido a un consorcio al ampliar el plazo de ejecución de un proyecto de mejoramiento de un canal de irrigación, pese a una recomendación para resolver el contrato.

Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción solicitó cuatro años de prisión por presunta colusión simple y, de manera alternativa, planteó una imputación por negociación incompatible. El requerimiento también contempla tres años y ocho meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y S/20.000 de reparación civil.

El ministro de Salud, Luis Dyer, informó que el proceso de transformación digital del Minsa concluirá a finales de este año. Precisó que la primera etapa demandará una inversión de 40 millones de soles, destinada principalmente a la adquisición de software y equipos tecnológicos, como computadoras.

Según explicó el ministro de Salud, el proyecto piloto ya se implementa en cuatro hospitales y la meta es ampliar su alcance para diciembre. La iniciativa permitirá facilitar el traslado de medicamentos y pacientes entre distintos establecimientos de salud. “No tienen ni siquiera interconexión entre farmacias” ni entre áreas del mismo hospital, señaló en diálogo con ‘Punto Final’.

Como segunda medida, el ministro plantea fortalecer la infraestructura destinada a la prevención y priorizar la atención primaria de salud. En esa línea, aseguró que su gestión dejará de apostar por obras de gran tamaño que no respondan a las necesidades de la población: “Ya no voy a hacer elefantes blancos”.

Dyer señaló que en algunas regiones del país se detectó una duplicidad de funciones relacionada con la falta de herramientas tecnológicas básicas. También advirtió dificultades para incorporar profesionales provenientes del sector privado, debido a que las convocatorias exigen una amplia experiencia previa en el Estado. “Es como si hubieran puesto candados para que se reciclen dentro de los ministerios”, cuestionó.

Frente a las posibles consecuencias del fenómeno El Niño, entre ellas un eventual incremento de los casos de dengue, Dyer señaló que el Ministerio de Salud viene coordinando con el sector privado la instalación de hospitales de campaña para atender una eventual emergencia.

Por otro lado, Dyer indicó que de las 75 obras paralizadas identificadas en el sector Salud, solo cinco están bajo responsabilidad de su cartera y actualmente se trabaja en su reactivación. Precisó que los demás proyectos corresponden a los gobiernos regionales y a entidades como la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Respecto a la denuncia de pacientes oncológicas por la presunta falta de medicamentos en el Hospital Nacional Sergio Bernales, Dyer afirmó que este lunes 14 de septiembre adoptarán medidas para atender la situación.

El ministro denunció además la presunta presencia de mafias al interior de algunos hospitales, que aprovecharían la ausencia de sistemas de control para desarrollar negocios paralelos. “No hay fiscalización electrónica, que es algo tan sencillo”, sostuvo.

Se trata de Luis Alberto Wurttele Aguirre, quien percibe un sueldo superior a los 10 mil soles como asesor de la diputada. En una fotografía, el hombre aparece vestido con un uniforme de oficial de la Marina, luciendo múltiples medallas. Incluso en su perfil de LinkedIn figura con el mismo uniforme, mientras que en su currículum se identifica como técnico especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos, en Escuela Naval, teniente primero en retiro, Infantería de Marina - Unidad de Comandos Anfibios, 1982-1991.

Al respecto, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y excongresista, José Cueto, cuestionó la vestimenta y las condecoraciones que exhibe Wurttele. “Mezcla cintillos o medallas; nunca se hace eso en el informe (…) No puedes ponerte el uniforme de la patria sin ser realmente un oficial; eso es un delito", expresó.

El currículum de Wurttele también consigna tres maestrías; sin embargo, ninguna figuraría en el registro de la Sunedu.

Consultada la Marina de Guerra sobre este caso, la institución respondió mediante correo que Wurttele realizó servicio militar, “ingresando como personal de marinería en la orientación naval, tripulante de infantería de marina, prestando servicio en la comandancia de la Fuerza de Infantería de Marina, en el periodo del 26 de enero de 1984 al 7 de noviembre de 1985, en la cual fue dado de baja con el grado de marinero por la causal del tiempo cumplido”.

PREPOTENCIA EN HUARAL

Por otro lado, la congresista tuvo un altercado con una fiscalizadora de Huaral. En el video difundido, Karina Santana es vista aparentemente intimidando a la trabajadora municipal y asegurando que podría hacer que pierda su trabajo.

Santana habría advertido: “Porque si estás grabando, vas a perder tu trabajo”.

RESPONDE

Frente al caso de su asesor, Santana afirmó que la Marina de Guerra es una institución del Estado y no puede responder a ello. Respecto al hecho en Huaral, la legisladora se defendió: “No soy una persona abusiva, mis padres me han enseñado a ser humilde. No es un abuso de autoridad (...) La única persona que puede intervenir es la Policía de Tránsito (...) Estoy con mi conciencia tranquila”, dijo.

Por su parte, Wurttele evitó responder sobre las presuntas irregularidades encontradas en su CV. “Me reservo el derecho, porque no puedo dar la información al respecto”, apuntó.

La posición del Gobierno se conoce luego de que distintas bancadas plantearan que el Ejecutivo reformule su solicitud y priorice las medidas vinculadas con la lucha contra la criminalidad y la prevención ante el Fenómeno del Niño. Al respecto, Vinelli señaló que el Ejecutivo continuará buscando acuerdos con los parlamentarios, pero mantendrá como base el documento que ya fue remitido al Legislativo.

“Nosotros ya presentamos el pedido, lo hicimos en 30 días y ahora está en manos de los diputados analizar y evaluar los 66 pedidos y ellos van a decidir si son 66, si son 65, 64 o son 50 los que se van a aprobar”, afirmó.

El titular del Midagri cuestionó que el trámite de la delegación de facultades tenga que reiniciarse ante eventuales cambios en el contenido de la propuesta. En ese sentido, sostuvo que el país requiere que el Congreso avance con la evaluación del pedido que ya se encuentra en sus manos.

“Lo que no podemos hacer, esto no es un juego, el país no está para juegos en el sentido de decir, ‘Oye, preséntalo de nuevo’”, señaló.

Defiende contenido de la solicitud

Vinelli explicó que el Ejecutivo identificó más de 500 asuntos que requieren atención, pero decidió concentrar el pedido de facultades en 66 medidas. Entre ellas se encuentran acciones para enfrentar la criminalidad, atender el Fenómeno del Niño y simplificar y modernizar el Estado.

“En el país hay muchas urgencias, hay muchos temas importantes. Efectivamente, pero sin embargo hay más de 500 puntos que son importantes y nosotros hemos seleccionado 66”, indicó.

El ministro sostuvo que estas propuestas responden a cambios que el Gobierno considera necesarios para ejecutar sus políticas durante los próximos años.

“66 que tienen que ver con combatir la alta criminalidad, con atender el fenómeno del Niño y con simplificar y modernizar el Estado”, precisó.

Como ejemplo, Vinelli explicó que el Ejecutivo busca modificar el sistema de atención de emergencias para que el Gobierno Central pueda intervenir desde el primer día cuando las autoridades regionales o locales sean sobrepasadas. Según señaló, esta modificación requiere cambiar la legislación vigente para permitir una respuesta más rápida ante estos eventos.

“Nosotros queremos ser el Ejecutivo, Gobierno Central, el que atienda al día 1 la emergencia. Pero para eso se tiene que cambiar una ley del sistema de atención de emergencias”, sostuvo.

Los viajes revisados tuvieron como destinos ciudades como Ginebra, La Haya, Dinamarca y Dubái. En algunos casos, los documentos entregados no incluyen las referencias bibliográficas ni las citas correspondientes a los materiales utilizados, pese a que se trata de contenidos elaborados por terceros.

En los archivos relacionados con las actividades desarrolladas en Suiza y Países Bajos aparecen párrafos idénticos a documentos publicados semanas antes por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). La reproducción de estos contenidos fue cuestionada por especialistas en metodología, quienes señalaron que un informe de representación debe explicar los resultados obtenidos y su utilidad para la gestión pública.

De acuerdo con el dominical, los documentos revisados tampoco presentan en todos los casos un balance propio sobre las actividades realizadas durante las comisiones. Parte del material utilizado corresponde a notas de prensa y estudios que ya habían sido difundidos por la propia Defensoría del Pueblo.

Gastos y viáticos de las comisiones

Para su viaje a Suiza y Países Bajos en mayo de 2024, Gutiérrez recibió US$5,640 para gastos de estadía y sustentó cerca de US$1,000 en alimentación mediante declaraciones juradas. En noviembre de 2023 también obtuvo US$2,700 para una comisión en Dinamarca, cuyo informe reprodujo información de la institución anfitriona.

Abogados constitucionalistas señalaron que los documentos no detallan los resultados de las actividades ni cómo serían aplicados en la Defensoría. Asimismo, cuestionaron que parte del contenido corresponda a información previamente publicada.

Tres de las 11 misiones internacionales revisadas no cuentan con informes en los archivos institucionales. Los documentos debían presentarse dentro de los 15 días establecidos para la rendición de cuentas.

Coincidencia de viaje con su esposa

Los registros migratorios muestran que Gladys Ancahuasi viajó a Países Bajos durante el mismo periodo que Gutiérrez y ambos retornaron en el mismo vuelo el 18 de mayo de 2024. Consultado sobre la coincidencia, el funcionario señaló que debía revisar sus registros antes de responder.

Gutiérrez ofreció brindar explicaciones sobre sus viajes y el uso de recursos públicos, pero la entrevista anunciada no se concretó ante las solicitudes de la prensa.

La jefa de Estado expresó sus condolencias y pidió respeto para sus familiares durante este momento.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi primo Ysidro Kagami Fujimori. Elevo una oración por su eterno descanso y pido al Señor que lo acoja a su lado”, escribió.

Finalmente, Fujimori agradeció a quienes expresaron preocupación luego de conocerse la noticia.

“Agradezco de corazón los mensajes de preocupación, las condolencias y el respeto en estos momentos difíciles”, manifestó.

Lamento profundamente el fallecimiento de mi primo Ysidro Kagami Fujimori. Elevo una oración por su eterno descanso y pido al Señor que lo acoja a su lado.

Por decisión de la familia, su despedida se realizará en estricto privado. Agradezco de corazón los mensajes de…

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) September 14, 2026

¿Qué pasó con Ysidro Kagami?

En horas de la mañana se informó que Ysidro Kagami Fujimori había sido encontrado muerto en el segundo piso del edificio donde residía, en La Molina. Según la información difundida por Latina, el familiar de la presidenta vivía solo y llevaba varios días sin ser visto por los vecinos.

La presidenta de la junta de propietarios señaló que la ausencia de Kagami generó preocupación entre los residentes del edificio. De acuerdo con su testimonio, el fallecido solía salir a comprar pan y era conocido por los vecinos debido a los años que llevaba viviendo en el lugar.

Los residentes comunicaron la situación a la exesposa de Kagami Fujimori y, con su autorización, ingresaron al departamento. Fue entonces cuando encontraron el cuerpo y posteriormente comunicaron lo ocurrido a las autoridades.

Ysidro Kagami Fujimori era hijo de Ysidro Kagami Jiraku y Juana Fujimori, hermana del expresidente Alberto Fujimori y tía de la actual mandataria. Su fallecimiento fue confirmado públicamente por Keiko Fujimori horas después de que se conociera el hallazgo en su vivienda.

Personas que realizaron aportes de campaña, ya sea en dinero o en especies, posteriormente fueron incorporadas a los despachos de senadores y diputados del Congreso de la República. La información fue obtenida por Punto Final tras cruzar los registros de aportantes de la ONPE con las planillas del Parlamento correspondientes al cierre de agosto.

Para el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, la situación no representa necesariamente un problema legal, sino de gestión. Explicó que, aunque estos trabajadores pueden cumplir con los requisitos establecidos, en muchos casos no cuentan con experiencia en labores parlamentarias y terminan desempeñándose como intermediarios entre los congresistas y la ciudadanía, en lugar de asumir funciones técnicas.

Uno de los casos corresponde al diputado por Apurímac Jesús Pérez Alccahuamán, de Juntos por el Perú. En su despacho figura como técnico José Gabriel Mendoza Salazar, quien percibe un sueldo de S/5.800 y realizó cuatro aportes a la campaña del parlamentario por un total de S/5.226.

Una situación similar se observa en el caso del diputado por Lima, Javier Cipriani, de Renovación Popular. Su asesor principal, Jaime Vargas Montenegro, aportó S/4.590 a su campaña y actualmente recibe un sueldo superior a S/14 mil. Por su parte, Jair Manrique, de Ahora Nación, contrató como técnico a José Miguel Escalante, quien percibe S/8.300 y contribuyó con S/2.050 a su campaña mediante la entrega de 50 cajas de preservativos para la iniciativa ‘Ponte el Casco’.

En Fuerza Popular también figura el caso de la diputada Jessica Navas, quien tiene como asesor a Salomón Macedo, aportante de S/6.300 a su campaña y actualmente con un salario superior a los S/12 mil. La lista incluye además al diputado Gabriel Gonzáles, cuyo actual asesor le entregó una camioneta; al diputado José Marcelo, quien recibió un aporte en especies valorizado en S/4.300; y al diputado César Tito Rojas, cuyo auxiliar realizó una contribución de S/1.800.

Los casos también alcanzan al Senado. Andrés Luján incorporó a su despacho como auxiliar a un aportante que entregó S/2.900 durante su campaña, mientras que Edgar Mancha, tercer vicepresidente de la Cámara Alta, sumó a su equipo a dos personas que previamente habían financiado su candidatura.

Los parlamentarios consultados por dicho dominical aseguraron que las personas que integran sus equipos cumplen con las exigencias legales para ejercer dichos cargos. En paralelo, el presupuesto destinado al gasto corriente del Congreso ya ha superado los 900 millones de soles.

La declaración se produjo luego de que congresistas cuestionaran que los resultados macroeconómicos no tengan el mismo impacto en las condiciones de vida de la población. Velarde señaló que la estabilidad económica es necesaria para combatir la pobreza, pero debe estar acompañada por un Estado capaz de transformar el crecimiento en bienestar.

Cuestionamientos al Estado

El senador Daniel Barragán preguntó cuándo los indicadores económicos podrían reflejarse en una mejora del desarrollo humano en las provincias. Por su parte, el diputado Héctor Guillén cuestionó si el crecimiento proyectado de 3,2% para 2027 será suficiente para reducir la pobreza y la informalidad.

Velarde respondió que se necesitan reformas estructurales en servicios como salud, educación e infraestructura. En ese sentido, planteó mejorar el servicio civil mediante una burocracia profesional y criterios de meritocracia para la contratación de personal y la selección de inversiones.

El presidente del BCR explicó que la estabilidad monetaria también protege el valor real de los ingresos frente a la inflación. Como ejemplo, señaló que una pensión puede perder poder adquisitivo cuando los precios aumentan de manera sostenida.

Velarde también destacó que el empleo formal privado creció 6,1% en julio y acumuló un avance de 5,6% durante los primeros siete meses del año. Según sostuvo, si esta tendencia se mantiene, las condiciones generales del país podrían cambiar durante los próximos diez años.

La nueva titular de EsSalud anunció que mantendrá presencia en los hospitales y otros establecimientos para conocer directamente las dificultades de pacientes y trabajadores. Además, propuso fortalecer las condiciones laborales del personal de salud, junto con exigir puntualidad, productividad, eficiencia y compromiso en sus funciones.

“Lo que no funciona, se corrige; lo que funciona, se fortalece y lo que el paciente necesita, se prioriza”, indicó.

Tomás Gonzales remarcó que su gestión tendrá como eje la atención de los pacientes y la obtención de resultados. La funcionaria expresó este compromiso al señalar que la salud de los asegurados será su principal responsabilidad.

“Mi prioridad será su salud y mi responsabilidad será lograr resultados”, aseguró.

Sheput sostuvo que Zulema Tomás no solo ha sido reconocida por el Colegio Médico, sino también por gobiernos regionales, universidades y diversas organizaciones, por lo que su gestión se enfocará en la mejora de la atención del paciente.

“Hoy salió la resolución que designa a Zulema Tomás como nueva presidenta ejecutiva de Essalud; empieza así un proceso de cambio, modernización y sobre todo lucha contra la corrupción en una entidad que estaba muy mal venida durante los últimos años”, argumentó Juan Sheput.

Además, el titular del MTPE señaló que, a partir de ahora, la gestión de EsSalud girará en torno al paciente, es decir, se contará con más medicinas, citas a tiempo, operaciones programadas, mejor atención a los adultos mayores, optimización de los servicios de emergencia, entre otros.

Asimismo, el ministro sostuvo que estas mejoras son posibles “rescatando a EsSalud del poder político nefasto que ha trastornado su funcionamiento en los últimos años”.

Sheput remarcó que EsSalud inicia así una nueva etapa marcada por el cambio, la modernización y la lucha frontal contra la corrupción. Desde su cartera, afirmó que también se trabajará de manera conjunta para poner la institución al servicio de los ciudadanos.

“Vamos a recuperar una institución debilitada por la intromisión política y devolverla a su verdadera razón de ser: atender con eficiencia, transparencia y calidad a millones de asegurados”, apuntó.

Según el análisis, las propuestas remitidas por el Gobierno no presentan una fundamentación suficiente para justificar la delegación de competencias. Según el documento, tampoco se acredita la necesidad de que las materias solicitadas sean reguladas mediante decretos legislativos.

La evaluación fue elaborada como parte del análisis del pedido de facultades presentado por el Ejecutivo. Su contenido deberá ser revisado por los integrantes de la Comisión de Economía antes de que el grupo parlamentario adopte una posición sobre la solicitud.

El informe técnico recomienda no admitir la delegación planteada por el Gobierno debido a las posibles superposiciones entre las funciones del Ejecutivo y las atribuciones del Legislativo. El documento sostiene que algunas de las materias incluidas en la solicitud corresponden al ámbito normativo de la Cámara de Diputados.

En esa línea, será puesto a consideración de la Comisión de Economía en una próxima sesión. La reunión estará encabezada por el diputado José Marcelo Salazar, quien preside este grupo de trabajo.

Acompañada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, la mandataria participa en la entrega de bienes de Agro Rural y semillas del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Entre los productos destinados a los agricultores figuran seis kits de picadoras para la conservación de forrajes, además de 2.600 kilos de semillas de avena y 1.300 kilos de avena forrajera, trigo y maíz.

Estas intervenciones forman parte de las acciones de Agro Rural en las 13 provincias de Cusco, que contemplan una inversión superior a S/ 25,9 millones en beneficio de agricultores y productores de la región. La jornada también incluye la entrega de recursos a organizaciones de mujeres productoras.

En ese marco, se entregarán cheques de Agroideas a representantes de 78 organizaciones de mujeres agrarias, como parte de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena 2026. Las organizaciones seleccionadas reúnen a 739 productoras de 18 regiones del país y recibirán apoyo para impulsar planes de negocio y fortalecer su autonomía económica.

Posteriormente, Fujimori encabezará la inauguración del Sistema de Riego Paccaritambo, obra que demandó una inversión superior a S/ 28 millones. La infraestructura permitirá almacenar 0,72 millones de metros cúbicos de agua y brindar riego tecnificado por aspersión a 284 hectáreas de cultivos.

El proyecto beneficiará a más de mil habitantes, principalmente productores de Coypa, Ayusbamba, Colqueuro y Urbes. Asimismo, permitirá mejorar la producción de papa, maíz, habas, hortalizas y forrajes, además de reducir el riesgo de pérdidas agrícolas ocasionadas por periodos de sequía.

TE PUEDE INTERESAR:

• Josué Gutiérrez, el defensor que se olvidó del pueblo
• Mirtha Vásquez presenta denuncia constitucional para destituir al Defensor del Pueblo
• Harvey Colchado busca recortar pensión a militares
• Callao: Atacan a balazos camioneta del cantante Engerberth Tapia
• Universitario venció 2-1 a Alianza Lima con gol de Lisandro Alzugaray en el último minuto (FOTOS)
• Jesús María: Incendio destruye departamento del senador Andrés Ramos Huillcas

“Al debate tienen que ir los candidatos a la Alcaldía. No pueden ir otras personas. Al elector no le interesa ver otras personas”, afirmó a El Comercio.

En ese sentido, Bruce recalcó que no acudirá a la jornada convocada por el JNE si antes la entidad no aclara si los aspirantes a primeros regidores, como es el caso de Rafael López Aliaga, participarán en la actividad.

Encuesta del IEP

A 21 días de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, la pelea por la Municipalidad Metropolitana de Lima parece haberse cerrado entre dos candidatos: el aspirante a primer regidor por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y el postulante de Somos Perú, Carlos Bruce Montes de Oca.

Al menos así lo grafica la última encuesta telefónica nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), difundida por RPP.

A la pregunta “Si mañana fueran las elecciones para la alcaldía de Lima, ¿por qué candidato, partido o movimiento votaría?”, el 20.1% de los 350 encuestados por Lima se decantó por López-Aliaga, mientras que Bruce fue la opción del 17,1%. Lejos, en el tercer lugar, viene el aspirante de Avanza País, Francis Allison, con 4.7% y en el cuarto puesto se ubica el postulante de Podemos Perú, Daniel Urresti (4.1%).

TE PUEDE INTERESAR:

• Josué Gutiérrez, el defensor que se olvidó del pueblo
• Mirtha Vásquez presenta denuncia constitucional para destituir al Defensor del Pueblo
• Harvey Colchado busca recortar pensión a militares
• Callao: Atacan a balazos camioneta del cantante Engerberth Tapia
• Universitario venció 2-1 a Alianza Lima con gol de Lisandro Alzugaray en el último minuto (FOTOS)
• Jesús María: Incendio destruye departamento del senador Andrés Ramos Huillcas

Al menos así lo grafica la última encuesta telefónica nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), difundida por RPP, pues la diferencia entre ambos postulantes se redujo a tres puntos porcentuales y se ubica dentro del margen de error.

Las cifras

A la pregunta “Si mañana fueran las elecciones para la alcaldía de Lima, ¿por qué candidato, partido o movimiento votaría?”, el 20.1% de los 350 encuestados por Lima se decantó por López-Aliaga, mientras que Bruce fue la opción del 17,1%. Lejos, en el tercer lugar, viene el aspirante de Avanza País, Francis Allison, con 4.7% y en el cuarto puesto se ubica el postulante de Podemos Perú, Daniel Urresti (4.1%).

Los siguen Susel Paredes (Ahora Nación), Alberto Tejada (Acción Popular) y Ricardo Belmont (Obras) con 1.8%, 1.7% y 1.2%, respectivamente. El campo otros, que agrupa a Samuel Daza (Fuerza Popular), Elio Riera (Alianza para el Progreso), Edgardo de Pomar (PPC), Victoria de La Cruz (Partido Morado), Alan Iparraguirre (Alianza PTE), Juan Alvarado (Alianza Venceremos) y Segundo Valdéz (FREPAP) suma 2.6%.

Si bien López-Aliaga y Bruce suman las preferencias de casi el 40% del electorado, según la encuesta, realizada entre el 4 y 10 de setiembre, el grupo No Precisa agrupa a un 42.8% de electores. El 2.1% respondió blanco o nulo y 2% afirma que no irá a votar. En conjunto, un 47% de los limeños aún no elige a ningún candidato.

Las cifras dejan un amplio espacio para que los aspirantes puedan crecer en estas tres semanas hasta el próximo 4 de octubre que se realizarán las ERM 2026.

Encubierto

López-Aliaga podría ser reelecto alcalde pese a la prohibición constitucional debido a la renuncia del candidato Luis Rubio.

TE PUEDE INTERESAR:

• Josué Gutiérrez, el defensor que se olvidó del pueblo
• Mirtha Vásquez presenta denuncia constitucional para destituir al Defensor del Pueblo
• Harvey Colchado busca recortar pensión a militares
• Callao: Atacan a balazos camioneta del cantante Engerberth Tapia
• Universitario venció 2-1 a Alianza Lima con gol de Lisandro Alzugaray en el último minuto (FOTOS)
• Jesús María: Incendio destruye departamento del senador Andrés Ramos Huillcas

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N° 038-2026-TR, publicada en el diario El Peruano.

La norma establece que Tomas Gonzáles asumirá la representación ante el Consejo Directivo de EsSalud para ejercer el cargo de presidenta ejecutiva de la institución.

Asimismo, la resolución dispone el término del encargo de las funciones de presidenta ejecutiva que venía desempeñando Hilda Sandoval Cornejo, quien había asumido temporalmente dicha responsabilidad.

Zulema Tomas cuenta con experiencia en el sector salud. Fue ministra de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra en 2019 y, desde julio de 2020, se desempeñaba como directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja.

Su designación ya había sido adelantada por la presidenta Keiko Fujimori, quien señaló que Tomas era la candidata considerada por el Ministerio de Trabajo para dirigir EsSalud y destacó su experiencia profesional en el sector.

“Cuando evalúo un currículum no me fijo si ha sido opositor a nosotros, me fijo en la capacidad, la experiencia”, sostuvo Fujimori en una entrevista con RPP, al remarcar que Tomas cumplía con los requisitos para asumir el cargo.

TE PUEDE INTERESAR:

• Josué Gutiérrez, el defensor que se olvidó del pueblo
• Mirtha Vásquez presenta denuncia constitucional para destituir al Defensor del Pueblo
• Harvey Colchado busca recortar pensión a militares
• Callao: Atacan a balazos camioneta del cantante Engerberth Tapia
• Universitario venció 2-1 a Alianza Lima con gol de Lisandro Alzugaray en el último minuto (FOTOS)
• Jesús María: Incendio destruye departamento del senador Andrés Ramos Huillcas
• “Sonrisatón”: INSN Breña ofrecerá cirugías gratuitas de labio fisurado y paladar hendido

González-Olaechea es doctor en Ciencia Política y fue canciller entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, bajo el mandato de la presidenta Dina Boluarte.

“Los gremios empresariales y sindicales han apoyado de forma documentada, pública y expresa esta unidad en torno a la candidatura peruana”, dijo en conferencia de prensa junto al canciller Carlos Espá.

La elección será en noviembre de este año.

Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras exigieron que contenga solo dos materias: Seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres y atención al fenómeno El Niño (FEN).

Con estas modificaciones, el texto final pasaría de las 66 presentadas originalmente a 17 solicitudes.

Por partes

En Seguridad quedarían 12 pedidos. El bloque comprende el régimen migratorio y de nacionalización, el rastreo y bloqueo de equipos móviles utilizados ilícitamente desde penales y centros juveniles, y el control de armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil.

La propuesta busca reformar el sistema penitenciario y regular la participación temporal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en los penales, así como modificaciones penales y procesales.

También contempla armas no letales para áreas naturales protegidas, reglas de empleo de la fuerza de las FF.AA., declarar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas y un marco sobre legítima defensa.

El FEN no ocupa un apartado específico, sino que aparece disperso en 5 puntos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil recibiría la facultad de entregar ayuda humanitaria de forma directa durante los primeros 15 días de una emergencia.

Otro plantea protección para la pesca artesanal frente a fenómenos climáticos. Y en agro, incorpora resiliencia climática.

Además, amplía Obras por Impuestos hacia gestión del riesgo de desastres y defensa civil. Así como viviendas rurales para damnificados y la modificatoria del Bono Familiar Habitacional para atender a familias afectadas.

El organismo autónomo, que cumplió treinta años el último viernes 11, asegura “defender y proteger los derechos fundamentales de las personas, con énfasis de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”. Sin embargo, su historial de trabajo no destaca precisamente por ello.

Prioridades

La Defensoría tiene entre sus facultades presentar proyectos de ley, “investigar” o “intervenir en procesos constitucionales”, incluso a través de solicitudes de alguna de las partes involucradas.

Sin embargo, llaman la atención que en el haber de Gutiérrez haya al menos siete intervenciones, mediante demandas de inconstitucionalidad o solicitudes de amicus curiae –para presentar su opinión sobre algún asunto en particular–, que no están relacionados a población “vulnerable”.

La mayoría de estos casos, incluso, mereció la intervención del propio defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ante alguna institución dirimente, ya sea el Tribunal Constitucional (TC) o el Poder Judicial (PJ).

Cinco de ellos además, tienen a expresidentes u otros exfuncionarios públicos como los principales beneficiados, con informes de la entidad que recomendaban resolver a favor de ellos.

El 21 de abril del 2025, la Defensoría solicitó al TC incorporarse como amicus curiae en el proceso que inició el Ejecutivo, en ese entonces con Dina Boluarte como mandataria, contra el PJ y el Ministerio Público (MP). El objetivo de la demanda era establecer hasta qué punto estas últimas instituciones podían investigar y procesar a un presidente en funciones.

La solicitud fue aceptada un día después de su presentación. Gutiérrez participó personalmente en la audiencia frente a los siete magistrados del TC, el 25 de abril, y oralizó un informe que apoyaba la posición del Ejecutivo. El TC, finalmente, falló a favor de la demandante Boluarte.

Cuatro meses después, el 26 de agosto, la Defensoría volvió a presentar una solicitud de la misma índole. Esta vez, pidió al TC ser incorporada como amicus curiae en el hábeas corpus presentado por la defensa privada de Betssy Chávez, expremier de Pedro Castillo entonces procesada, y después sentenciada, por conspiración para la rebelión. La solicitud no alcanzó a ser aceptada porque, solo un día después, el TC resolvió el pedido.

Ese mismo día, en horas de la mañana, la Defensoría anunció otra solicitud similar en el caso del expresidente Martín Vizcarra. Esto debido a la discusión que existía sobre el penal en el que sería recluido el exmandatario, Ancón II o Barbadillo, a raíz de una prisión preventiva.

Al igual que Betssy Chávez, el exdignatario también contaba con una férrea defensa privada que presentó un hábeas corpus ante el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima –al que se apersonó la Defensoría con su solicitud–. Tampoco hizo falta un pronunciamiento judicial, pues el mismo día del anuncio, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que había seguido el caso de cerca, cambió la norma para que Vizcarra retornara a Barbadillo.

Más casos

La Defensoría del Pueblo también se involucró en el caso del fotoperiodista Hugo Bustíos, asesinado por militares en Huanta (Ayacucho) en 1988, en defensa del entonces sentenciado Daniel Urresti.

La defensa del actual candidato a la alcaldía de Lima (Podemos Perú) había llevado el caso al TC, frente al que argumentaba una prescripción de la acción penal. El máximo intérprete de la Constitución incorporó a la Defensoría como amicus curiae, a pedido suyo, y el 20 enero de 2026 un representante del organismo oralizó un informe a favor de Urresti. Finalmente, el TC anuló la condena.

También hubo un intento de la Defensoría por incorporarse, bajo la misma figura, en el caso que se le sigue a Vladimir Cerrón por el Caso Aportes de campaña al partido Perú Libre –distinto al caso Dinámicos del Centro–.

Cabe recordar que Cerrón y el actual defensor del Pueblo tuvieron nexos ampliamente conocidos. Gutiérrez no solo fue abogado de Cerrón en el 2021, sino que estuvo afiliado al partido político de su patrocinado, Perú Libre. En esa línea, fue asesor del grupo parlamentario perulibrista entre 2021 y 2022.

Esta vez, el amicus curiae presentado, enmarcado de un proceso iniciado por la defensa de Cerrón para revocar una prisión preventiva, fue extendido por la Adjuntía para los Derechos Humanos y la Población Indígena y Afroperuana de la Defensoría. Sin embargo, el juez Leodán Cristóbal, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, rechazó la interferencia.

En la lista

La Defensoría del Pueblo también cuestionó algunos decretos ante el TC. En agosto del 2024, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1373 que regula la Extinción de Dominio.

La Defensoría afirmó que si bien la norma “traslada al Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efectos, o ganancias de actividades ilícitas”, lo hace “sin observar principios constitucionales, que guían la actuación estatal, para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales”.

Tras la sustentación del defensor del Pueblo, el TC aceptó en parte la demanda y declaró inconstitucionales al menos dos numerales de la medida.

Otra demanda de inconstitucionalidad llamativa fue la presentada contra el Poder Ejecutivo, por el Decreto de Urgencia 010-2025. Una norma que fue emitida en el gobierno de José Jerí para “establecer medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para la reorganización patrimonial de Petroperú S.A. y garantizar la continuidad de la cadena de producción”.

El propio Gutiérrez despertó cuestionamientos tras referirse a la petrolera, cuestionando una potencial “privatización o fragmentación de la empresa estatal”.

“Petroperú, y propiamente la refinaría de Talara, nunca estuvo en quiebra. Sí ha habido una crisis económica generada por decisiones adversas y justo cuando se está saliendo de esta situación, comienzan las decisiones al más alto nivel”, dijo Gutiérrez.

La demanda, cuya evaluación se realizó en una audiencia pública en agosto último, aún no ha sido resuelta.

Imputación

La denuncia detalla cuatro cargos particulares.

El primero está relacionado a sus declaraciones públicas. “Si mañana (la presidenta) Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos su popularidad”, dijo en una entrevista.

Según el documento, Gutiérrez infringió los artículos 43, 134 y 162 de la Carta Magna, relacionados a la separación de poderes, la disolución del Congreso y las funciones de la Defensoría del Pueblo (DP).

El segundo cargo alude a una presunta omisión en la defensa de los derechos humanos al no acompañar a las víctimas de las protestas de 2022-2023 y 2025, mientras respaldaba amnistías y prescripciones que “favorecían” la impunidad, incluyendo su intervención como amicus curiae en el caso de Daniel Urresti, condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

El tercer cargo señala un conflicto de interés por “promover” una demanda de inconstitucionalidad contra el régimen de extinción de dominio mientras su hermana, Sara Gutiérrez, tenía un proceso vinculado a esa norma.

El cuarto cargo apunta a la “Primera Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas”, evento desarrollado por la DP en 2024, que fue cuestionado por falta de organizaciones representativas.

El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, no puede seguir en el cargo. Sus declaraciones irresponsables induciendo a un cierre del Congreso y su omisión de defensa activa frente a violaciones de derechos humanos constituyen graves infracciones constitucionales.

Por eso, he… pic.twitter.com/Thm6MRvvdj

— Mirtha Vásquez (@MirtyVas) September 8, 2026

La propuesta plantea que la pensión se suspenda en la parte que, sumada al sueldo público, supere el tope remunerativo.

Según el documento, si la remuneración ya alcanza ese máximo, la pensión se suspende en su totalidad mientras dure el mandato.

“No le quitamos a nadie la pensión ganada con años de servicio”, escribió en X.

🚨¡LLEGUÉ AQUÍ PARA CUMPLIR!

Presenté el proyecto de ley que acaba con el privilegio del “doble sueldo” para militares y policías en retiro que llegan a cargos por voto popular. Sí, a mí también me alcanza.

1. No le quitamos a nadie la pensión ganada con años de servicio.

2.… pic.twitter.com/TQ7mVsKHtA

— Harvey Colchado Huamani (@HarveyColchado) September 11, 2026

“La ley establece que el presidente de la República (Keiko Fujimori), de acuerdo con la Constitución, está encargado de dirigir la política exterior del Perú”, aseveró.

Espá explicó que la jefa de Estado tiene la facultad de designar hasta el 20% de los embajadores, y que el 80% restante corresponde a diplomáticos de carrera.

“Ha actuado de manera muy prudente en el ejercicio de esta facultad, porque las designaciones que ella ha realizado están muy por debajo de la cuota”, aseguró.

Además, respaldó la designación del fujimorista Carlos Tubino como embajador en Argentina. “Ha sido tomada con mucho agrado”, destacó.

Fujimori señaló que el servicio permitirá mantener comunicada a la provincia mientras se busca una solución permanente para sus problemas de acceso. En ese sentido, anunció un estudio de factibilidad y planteó culminar el aeropuerto de la zona.

“Vamos a restablecer los vuelos cívicos para que la conectividad se mantenga”, señaló la jefa de Estado.

La mandataria también aseguró que el Gobierno central mantendrá presencia en la provincia y atenderá las necesidades planteadas por sus habitantes.

“Ustedes no se van a sentir aislados u olvidados, como se han sentido en los últimos años”, afirmó.

#EnVivo

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a Puerto Esperanza, en la provincia de Purús, región Ucayali, para participar en una jornada de entrega de ayuda humanitaria destinada a la población de esta zona del país

Mantente informado en la WEB ►… pic.twitter.com/Ep3Ei6CnaL

— Canal N (@canalN_) September 12, 2026

¿Qué pidieron los pobladores?

Durante la visita, los pobladores solicitaron mejoras en la conectividad eléctrica y un sueldo diferenciado para profesionales de salud y otros trabajadores. Fujimori indicó que trasladará estos pedidos a los ministerios correspondientes.

“Estos petitorios los voy a transmitir a los ministerios correspondientes”, manifestó.

El ministro sostuvo que los nombramientos se encuentran dentro de las atribuciones establecidas para la presidenta Keiko Fujimori.

Espá explicó que la Constitución otorga a la mandataria la conducción de la política exterior y le permite designar hasta el 20 % de los embajadores.

El 80 % restante corresponde a integrantes de carrera del Servicio Diplomático de la República. Según indicó, Fujimori ha utilizado esta facultad de manera prudente y el número de nombramientos se mantiene “muy por debajo” del límite legal.

Uno de los casos mencionados fue el de Carlos Tubino, designado como embajador del Perú en Argentina. El canciller destacó que el Gobierno argentino otorgó el beneplácito un día después de recibir la solicitud peruana y consideró que la respuesta evidencia una buena recepción de la designación.

“Creo que eso es una respuesta bien contundente y bien elocuente de que esa designación ha sido tomada con mucho agrado por el Gobierno argentino”, afirmó.

No dejes de leer:

• Ejecutivo destina S/ 283 millones a las Fuerzas Armadas para enfrentar emergencias por El Niño
• Facultades legislativas bajo fuego cruzado
• “Delfín” de Vladimir Cerrón aspira al GORE Junín
• Álvaro Vargas Llosa será embajador del Perú en EE.UU.
• José Chlimper se suma a la Secretaría Estratégica Presidencial de Keiko Fujimori
• OEA: Violencia contra niñas y adolescentes en Perú es problema estructural del Estado

González-Olaechea explicó que el proceso electoral tendrá varias etapas y culminará con una votación secreta del Consejo de Administración de la OIT. Perú forma parte de este órgano como miembro titular, por lo que tendrá participación en la elección.

#EnVivo

Javier González Olaechea, candidato a director general de la OIT, señaló que su propuesta, bajo el lema “Una vida digna en la era disruptiva”, tiene como propósito impulsar empleos dignos y protección social.

Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/9GJV0X1Cey

— Canal N (@canalN_) September 12, 2026

¿Cómo será el proceso de elección?

El candidato detalló que el próximo 23 de septiembre los postulantes presentarán sus propuestas ante el Consejo de Administración y responderán las preguntas de sus integrantes. Posteriormente, el 9 de noviembre se realizará una nueva exposición a puerta cerrada antes de iniciar la votación el 16 de noviembre.

El Consejo de Administración está integrado por 56 representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. González-Olaechea explicó que serán necesarios al menos 29 votos para definir al ganador y que, si ningún candidato alcanza esa cifra en la primera ronda, se realizarán nuevas votaciones.

Sobre su participación en las distintas etapas, el exministro señaló que buscará obtener el respaldo de los integrantes del organismo mediante la exposición de sus propuestas. Su objetivo, según expresó, será competir bajo las mismas condiciones que los demás postulantes.

“Procuraré en esa presentación convencer para después vencer en buena lid”, indicó.

Retos del mundo laboral

González-Olaechea sostuvo que, en caso de ser elegido, utilizará los meses previos al inicio de su mandato para profundizar en los desafíos que enfrenta el mundo del trabajo. Entre ellos mencionó los cambios derivados de la transformación digital y la aceleración de las nuevas tecnologías.

El candidato consideró que estas modificaciones están configurando un escenario distinto para la organización y sus países miembros. Por ello, planteó la necesidad de estudiar los efectos que tendrá esta transformación sobre el mundo laboral durante los próximos años.

El mandato del próximo director general comenzará el 1 de octubre de 2027 y tendrá una duración de cinco años. La elección se definirá en noviembre de este año mediante el procedimiento establecido por el Consejo de Administración.

Tello hizo estas declaraciones durante la clausura de un programa de especialización dirigido a magistrados de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. La capacitación tuvo una duración de cinco meses y estuvo enfocada en criminalidad organizada, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal y ciberdelito.

“Es importante contar no solo con jueces probos y firmemente capacitados, sino también con la suficiente capacidad de actuar con independencia ante las presiones generadas por el crimen organizado transnacional, sin temor a represalias”, indicó.

La titular del Poder Judicial vinculó el escenario actual con el incremento de la inseguridad ciudadana y el número de personas afectadas por organizaciones criminales. En ese contexto, sostuvo que la labor de los jueces no se limita a imponer sanciones, sino que requiere decisiones sustentadas en criterios técnicos y en el respeto de las garantías constitucionales.

“Frente a este escenario, el rol del Poder Judicial es decisivo y no solo estamos llamados a sancionar el delito, sino a hacerlo con rigor técnico, independencia y apego irrestricto a la Constitución y a los derechos fundamentales”, argumentó.

Los bienes entregados incluyen alimentos de primera necesidad como arroz, fideos, azúcar, aceite, avena, concentrado de tomate y otros alimentos destinados a la población local.

La entrega se realiza durante la visita de la mandataria a Purús, una de las provincias de Ucayali con mayores dificultades de acceso. La actividad busca ampliar la atención estatal en esta zona ubicada en la frontera del país.

Décimo tercer viaje al interior

Este desplazamiento corresponde al décimo tercer viaje de Fujimori al interior del territorio nacional desde el inicio de su gestión. Durante su visita a Purús, la presidenta está acompañada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz.

También participa el alcalde provincial de Purús, Marcos Pérez Saldaña, como parte de las actividades programadas en Puerto Esperanza. La presencia de las autoridades se desarrolla en el marco de la entrega de los bienes destinados a los habitantes de la provincia.

La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 185-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano. El financiamiento provendrá de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo la fuente de Recursos Ordinarios.

Proyectos recibirán los recursos

La transferencia comprende tres proyectos de inversión identificados con los Códigos Únicos de Inversiones (CUI) N.° 2446345, N.° 2501225 y N.° 2524692. El presupuesto permitirá mantener su ejecución física y financiar las acciones necesarias para reducir su exposición ante posibles daños por las lluvias.

El monto aprobado corresponde a gasto de capital y será destinado a la adquisición de activos no financieros. La distribución de los recursos se realizará conforme al detalle presupuestario establecido en el decreto supremo.

La medida cuenta con la opinión técnica favorable de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF. Esta evaluación corresponde a los proyectos de inversión incluidos en la transferencia y respalda la asignación de los recursos para su continuidad y protección.

El titular de la ANIN deberá aprobar mediante resolución la desagregación de los recursos asignados. Esta disposición tendrá que cumplirse dentro de los cinco días calendario posteriores a la entrada en vigencia del decreto supremo.

La iniciativa busca concentrar datos sobre sus integrantes, estructuras de mando, zonas de operación, modalidades delictivas y recursos financieros y logísticos.

La propuesta también contempla una coordinación especial dentro del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), con participación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.

Según el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, la delegación de facultades permitiría reforzar las acciones contra la extorsión, el sicariato y el crimen organizado.

Otro de los cambios planteados apunta al uso de información de localización y geolocalización de teléfonos vinculados con investigaciones por extorsión, secuestro y sicariato. Además, se busca incorporar herramientas que permitan detectar patrones de comunicación relacionados con redes de extorsión, rutas de sicariato y organizaciones vinculadas a la minería ilegal.

No dejes de leer:

• Ejecutivo destina S/ 283 millones a las Fuerzas Armadas para enfrentar emergencias por El Niño
• Facultades legislativas bajo fuego cruzado
• “Delfín” de Vladimir Cerrón aspira al GORE Junín
• Álvaro Vargas Llosa será embajador del Perú en EE.UU.
• José Chlimper se suma a la Secretaría Estratégica Presidencial de Keiko Fujimori
• OEA: Violencia contra niñas y adolescentes en Perú es problema estructural del Estado