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Se trata de la tercera sesión ordinaria de dicha comisión que comenzó a las 2 de la tarde en la Sala Grau del Palacio Legislativo. Posteriormente, se dio un periodo de tiempo para que todos los miembros puedan leer el documento.

En la víspera, el debate fue suspendido por la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, quien dispuso un cuarto intermedio para buscar consensos luego de que las bancadas de Renovación Popular, Obras y Partido del Buen Gobierno presentaran textos sustitutorios.

Como se sabe, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores inició el martes el análisis de la Proposición Legislativa N.° 00098/2026-2031-CD, que plantea otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante 120 días.

Debido a la amplitud de las materias incluidas en la solicitud, la sustentación y el debate fueron programados en dos sesiones.

Consenso sobre facultades solicitadas por el Ejecutivo

Más temprano se conoció que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados cuenta con un texto de consenso sobre la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo, informó el diputado de Renovación Popular, Franck Krklec.

Según explicó el parlamentario en RPP, los equipos técnicos de las bancadas trabajaron hasta la noche del miércoles para consensuar una propuesta, que ya fue remitida a la comisión para la elaboración del dictamen correspondiente.

Krlkec señaló que el texto delimita las facultades en dos materias: seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño, incluyendo medidas vinculadas al sector agrario.

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Lourdes Alcorta, senadora de Renovación Popular, rechazó las posibles amenazas contra la presidenta de la República, Keiko Fujimori, difundidas tras un encuentro de la macrorregión sur.

“Es una situación que no se puede permitir. No solamente a la presidenta de la República, que es la presidenta del Perú”, señaló Alcorta en declaraciones a Canal N.

La parlamentaria cuestionó además que este tipo de expresiones se realicen de manera anónima o fuera del escrutinio público.

“No se puede pedir ningún tipo de amenaza, es la cosa más cobarde que se puede dar atrás de las paredes, detrás de las puertas, de estar usando para amenazar”, expresó.

Alcorta integra el grupo parlamentario Renovación Popular y ejerce como senadora durante el periodo 2026-2031, de acuerdo con la información oficial del Senado.

Alcorta pide no dar mayor relevancia a las amenazas

La legisladora indicó que la presidenta cuenta con protección personal y con servicios de inteligencia encargados de resguardar su seguridad.

En ese contexto, Alcorta consideró que las expresiones difundidas no deberían recibir una mayor amplificación mediática.

“Ojalá que la prensa no levante esta noticia, que realmente no hay que siquiera darle esa importancia”, manifestó.

Alcorta se pronuncia sobre las facultades legislativas

La senadora también se refirió al pedido de facultades legislativas que se tramita en la Cámara de Diputados.

Alcorta aseguró que, desde el Senado, no ha advertido iniciativas destinadas a incorporar asuntos distintos a los comprendidos en la solicitud original del Ejecutivo.

“No he visto, ni siquiera en la posición más radical que pueda haber en el Senado, alguna inquietud que venga de diputados y locales en el Senado. Eso no lo vamos a permitir nosotros también”, afirmó.

La parlamentaria planteó además que el debate entre las distintas fuerzas políticas debería dar paso a una etapa de mayor reflexión y menor confrontación.

“Creo que vamos a hablar de reflexión, hay que ser positivos, no hay que echarnos leña entre nosotros mismos”, señaló.

Alcorta ya se había pronunciado previamente sobre el trámite de las facultades legislativas y su eventual llegada al Senado.

Como se sabe, dicho grupo de trabajo continúa hoy jueves 1 de octubre con la sustentación y el debate del dictamen sobre la delegación de facultades legislativas.

Herber López indicó en RRP que el texto consensuado en la Comisión de Constitución establecería la delegación de facultades en temas como el fenómeno El Niño y lucha contra la criminalidad.

“El acuerdo va en esa línea, de otorgarle las facultades de manera específica en algunos puntos. Hoy tenemos sesión a las 2 de la tarde y también considero que sí va a haber una buena perspectiva y probablemente estemos aprobando este texto sustitutorio”, refirió.

A decir de Herber López, la bancada de Obras está predispuesta a dar las facultades al gobierno en “lo que compete o en lo que sea pertinente y, sobre todo, responsable”.

Más temprano, el diputado de Renovación Popular, Franck Krklec, informó que en la Comisión de Constitución se ha elaborado un texto de consenso sobre las facultades solicitadas por el Ejecutivo.

Según explicó el parlamentario, los equipos técnicos de las bancadas trabajaron hasta la noche del miércoles para consensuar una propuesta, que ya fue remitida a la comisión para la elaboración del dictamen correspondiente. “Por fin hay humo blanco ”, refirió en RPP.

Franck Krlkec señaló que el texto delimita las facultades en dos materias: seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño, incluyendo medidas vinculadas al sector agrario.

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La propuesta, presidida por el diputado Segundo Castrejón Fernández, también deja sin efecto la comisión organizadora encargada de elaborar el estatuto y convocar a la elección del primer Consejo Directivo Nacional del CPAP, así como las acciones administrativas realizadas al amparo de dicha norma.

Segundo Castrejón sostuvo que la ley establece como requisito para incorporarse al colegio la acreditación de un título profesional o licenciatura, lo que, según señaló, excluye a artistas autodidactas, tradicionales, populares, comunitarios y portadores de conocimientos ancestrales.

El parlamentario citó datos del Ministerio de Cultura según los cuales una parte importante de los artistas se forma fuera del sistema universitario: 37,2 % mediante tradición familiar o comunitaria y 32,1 % de manera autodidacta, mientras que el 28,4 % cuenta con estudios universitarios.

Durante la sesión, la diputada Marleny Arminta Valencia (Ahora Nación) sustentó además una iniciativa para modificar la Ley Universitaria y la Ley N.° 26271, con el objetivo de modernizar el régimen del carné universitario y garantizar el acceso a beneficios estudiantiles.

Asimismo, presentó una propuesta orientada a fortalecer la formación investigativa en el pregrado y facilitar la obtención oportuna del grado académico de bachiller.

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El senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, pidió que la Policía Nacional y el Ministerio Público investiguen de inmediato las presuntas amenazas contra la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

“No es cosa de juego empezar a tramar el asesinato de la presidenta de la República”, declaró Rospigliosi a Canal N. El legislador sostuvo que expresiones de este tipo deben ser investigadas y no pueden ser minimizadas.

Rospigliosi pide una investigación de la Policía y la Fiscalía

Rospigliosi afirmó que las autoridades deben identificar a las personas involucradas y determinar si existen responsabilidades penales.

“Creo que tanto la Policía como la Fiscalía deben investigar de inmediato a las personas que han participado en eso y que debe haber unas sanciones drásticas, no se puede permitir bajo ningún punto de vista”, manifestó.

El senador señaló además que el país ha atravesado periodos de terrorismo y violencia política, por lo que consideró necesario que cualquier posible amenaza sea esclarecida con rapidez.

“Ojalá que las autoridades actúen con la prontitud y celeridad necesaria, porque ya sabemos que muchas veces estas cosas demoran meses y años y luego se diluyen. Hay que actuar ahora”, indicó.

Las declaraciones se producen después de que se difundieran reportes sobre expresiones contra la integridad de la mandataria. Otros actores vinculados al sector de inteligencia también han solicitado que estas sean investigadas.

Comisión de Inteligencia consultará a la DINI

Consultado sobre si la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) tenía información previa sobre las presuntas amenazas, Rospigliosi señaló que el asunto será abordado desde la Comisión de Inteligencia.

“No sé si la DINI tenía información al respecto o como parte de la Comisión de Inteligencia lo vamos a preguntar”, sostuvo.

Rospigliosi preside la Comisión de Inteligencia del Senado para el periodo anual de sesiones 2026-2027. El grupo parlamentario supervisa, entre otros aspectos, las actividades y políticas vinculadas al Sistema de Inteligencia Nacional.

El senador también vinculó este asunto con el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y planteó restablecer capacidades operativas de la DINI que, según sostuvo, fueron recortadas en años anteriores.

“Parte de las facultades que se le deben otorgar, espero que se le otorguen al Gobierno, es eso, de restablecer la posibilidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia”, declaró.

Rospigliosi consideró además que la Policía y el Ministerio Público deberían informar sobre el avance de las investigaciones, respetando la reserva de las diligencias.

Rospigliosi se pronuncia sobre censura contra César Astudillo

El senador también se refirió a la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, y consideró positivo que algunos integrantes de la Cámara de Diputados hayan retirado sus firmas de la iniciativa.

“Me parece muy bien que haya grupos en la Cámara de Diputados que hayan recapacitado sobre estos dos temas, que hayan retirado su firma de la censura planteada contra el ministro del Interior”, señaló.

Rospigliosi cuestionó además que se busque retirar del cargo a Astudillo a poco más de dos meses de haber asumido el Ministerio del Interior.

La Cámara de Diputados tenía programado para este jueves 1 de octubre de 2026 el debate de la moción de censura 445 contra Astudillo. La iniciativa fue presentada por legisladores de Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno.

Según explicó el parlamentario en RPP, los equipos técnicos de las bancadas trabajaron hasta la noche del miércoles para consensuar una propuesta, que ya fue remitida a la comisión para la elaboración del dictamen correspondiente. “Por fin hay humo blanco y se ha llegado a un texto consensuado”, refirió.

Franck Krlkec señaló que el texto delimita las facultades en dos materias: seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño, incluyendo medidas vinculadas al sector agrario.

El documento incorpora propuestas de las bancadas de Renovación Popular, Obras y Partido del Buen Gobierno. Además, indicó que los asesores de Ahora Nación participaron en las reuniones de trabajo, aunque dicha bancada aún no habría presentado una propuesta formal.

El legislador expresó su expectativa de que el dictamen sea aprobado durante la sesión de la Comisión de Constitución programada para hoy jueves 1 de octubre a las 14:00 horas. Se trata de la tercera sesión ordinaria de dicha comisión.

En la víspera, el debate fue suspendido por la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, quien dispuso un cuarto intermedio para buscar consensos luego de que las bancadas de Renovación Popular, Obras y Partido del Buen Gobierno presentaran textos sustitutorios.

Como se sabe, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores inició el martes el análisis de la Proposición Legislativa N.° 00098/2026-2031-CD, que plantea otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante 120 días.

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La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 014-2026-PRODUCE, publicado en el diario El Peruano, ante la situación que atraviesa dicho sector.

Entre enero y julio de 2026, la producción textil y de confecciones cayó 9,9 %, mientras que el uso de la capacidad instalada se redujo a 58,4 %. El sector reúne a más de 47 mil empresas formales, de las cuales el 99,4 % son micro y pequeñas empresas (MYPE).

Plan de reactivación

El Ministerio de la Producción (Produce) implementará un Plan para la Reactivación del sector, con medidas orientadas al alivio financiero, el fortalecimiento productivo y el acceso a mercados.

Entre las acciones previstas figura un programa temporal de garantía crediticia para las MYPE, además de asistencia técnica especializada para mejorar sus procesos, calidad y gestión empresarial.

También se fortalecerá la participación de las empresas en compras públicas y se organizarán ruedas de negocio vinculadas a la demanda de uniformes escolares.

Asimismo, se promoverán espacios de comercialización, marketing digital, desarrollo de marcas y acceso a nuevos mercados, con acciones que incluirán el entorno de Gamarra.

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El aspirante a burgomaestre capitalino de Somos Perú, Carlos Bruce, por ejemplo, se reunirá esta tarde con sus simpatizantes en el óvalo Las Palomas de Villa El Salvador, a la 3:00 p.m.

CARAVANA

El candidato de Fuerza Popular, Samuel Daza, tiene programada una serie de actividades. A las 8:00 a.m. tendrá una concentración en el estadio de Alianza Lima, luego de lo cual, en el Hotel Bolívar, ofrecerá una conferencia de prensa. A la 1:00 p.m. partirá en caravana a Ancón y a las 5:00 p.m., en ese distrito, presidirá un mitin.

Por su parte, el líder de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, candidato a primer regidor de Lima y posible alcalde si su partido gana los comicios –debido a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no define si podrá “reelegirse” en esa eventualidad– estará a las 4:00 p.m. en la Avenida de la Peruanidad, en Jesús María.

En tanto, el postulante a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, ofrecerá un mitin a las 6:00 de la tarde, en el cruce de los jirones Las Ortigas con Jardines, en San Juan de Lurigancho.

Mónica Yaya, aspirante aprista al sillón metropolitano, hará lo propio en el óvalo Breña, a las 7:00 de la noche.

La candidata de Ahora Nación a la alcaldía de la capital, Susel Paredes, también realizará un mitin. En su caso, en el Rímac, en la intersección de la avenida Alcázar con la calle La Pedrera, a las 5:00 de la tarde.

Otros aspirantes a burgomaestre, como Yehude Simon (Tierra Verde) y Carlos Gallardo (Buen Gobierno), cerraron sus campañas ayer.

Víctor Fuentes, gerente central de Economía de la institución, conversó con Correo sobre el costo de este endeudamiento y los retos financieros de la próxima administración.

¿Qué heredará el próximo alcalde de Lima?

Una deuda que asciende a S/5,045 millones. Entre 2022 y 2026 casi se triplicó: pasó de S/1,400 millones a más de S/5,000 millones.

¿Qué responsabilidad tiene la gestión de Rafael López-Aliaga?

Durante esta gestión se emitieron bonos y se tomó deuda para financiar proyectos de inversión. El problema es que parte de esos recursos todavía no se utilizan. Al cierre de 2025, el Consejo Fiscal reportó que los proyectos vinculados al programa de bonos tenían un avance financiero limitado. Si la Municipalidad fuera una empresa privada, el gerente de finanzas estaría despedido.

¿Qué implica tomar deuda sin ejecutar los proyectos?

La municipalidad paga intereses por recursos que todavía no se convierten en obras. En 2025 pagó S/276 millones por intereses, mientras obtuvo S/124 millones por los recursos que permanecieron sin ejecutar. Eso generó un costo financiero neto de S/152 millones.

¿Qué otras obligaciones financieras tiene la Municipalidad de Lima?

Además de la deuda, existen pasivos firmes y contingentes. Al cierre de 2025, la MML tenía S/993 millones en pasivos firmes por sentencias y laudos. De ese monto, S/312 millones no figuraban en el saldo de deuda total. También registraba S/4,907 millones en pasivos contingentes, que solo se pagarían si la municipalidad pierde los procesos en curso. Por ello, estos últimos todavía no constituyen deuda exigible.

¿Qué debería hacer el próximo alcalde de Lima desde el 1 de enero de 2027?

Primero, evitar que los pasivos contingentes se conviertan en firmes. Segundo, evaluar negociaciones que permitan reducir obligaciones. Y tercero, cambiar la forma de gestionar los proyectos: cumplir los requisitos técnicos, financieros y contractuales antes de comprometer nuevos recursos.

¿La deuda debería ser su principal prioridad?

La sostenibilidad financiera debe estar presente en todas las decisiones. Lima necesita atender problemas como transporte e inseguridad, pero cualquier medida debe ser sostenible en el tiempo.

La pesquisa estuvo contenida en la Carpeta Fiscal 54-2025 por un presunto incremento de su patrimonio durante su gestión como presidenta de la república.

Patrocinio

La firma Portugal Abogados anunció que el Ministerio Público no encontró elementos de convicción que sustentaran un desbalance patrimonial injustificado.

Según el estudio jurídico, la evaluación fiscal comprendió los ingresos y egresos de Boluarte del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2024, y fue el Ministerio Público que determinó que los ingresos identificados correspondían a rentas de trabajo y coincidían con las declaraciones del Impuesto a la Renta presentadas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Incluso, citaron una resolución que descarta depósitos de origen o procedencia desconocida.

Asimismo, el análisis fiscal habría abordado una posible relación entre el ejercicio del cargo público y el patrimonio de la entonces jefa de Estado.

Sin embargo, la disposición concluyó que no existían elementos que acreditaran un abuso del cargo ni un vínculo entre la función desempeñada y el resultado patrimonial analizado.

Para ello se tomó en cuenta el Informe Pericial Contable Financiero 04-2026, elaborado por peritos oficiales de la Fiscalía, documento que formó parte de los elementos considerados durante las diligencias preliminares.

El bufete difundió el archivo mediante un comunicado firmado por los abogados Juan Portugal, Luis Castro, Piero Vílchez y Sergio Medina.

“Se concluyó: 1) Idónea trazabilidad entre sus ingresos y egresos, en tal condición, y su declaración ante Sunat”, escribió Portugal en X.

Fiscalía de la Nación archiva investigación contra Dina Boluarte Zegarra por presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado

Se le imputó, en su condición de presidenta de la República, haber presuntamente incrementado su patrimonio, entre el 16-03 al 31-12 del año 2024. En… pic.twitter.com/3NeWSoPId2

— JCPortugalS (@JCPortugalS) September 30, 2026

Como se sabe, el Ministerio Público formalizó, en diciembre de 2022, la investigación preparatoria por presunto lavado de activos.

La tesis fiscal fue que Flores recepcionó aportes de entre 10 mil y 15 mil dólares de Odebrecht y 100 mil dólares de Camargo Correa.

Sobre el tema, la mayoría del pleno del TC sostuvo que la receptación patrimonial se estableció como delito en noviembre de 2016; es decir, esta modalidad no existía durante la campaña de 2006, por lo que su aplicación vulnera la legalidad penal. Como referencia, se citó el Caso Cócteles.

Para el colegiado, no se individualizó o delimitó el delito sobre la procedencia del dinero. Agregó que “el dolo o la intención criminal no debe presumirse”.

Y es que la moción de censura en su contra ya no será evaluado hoy por no tener respaldo y porque se quitaron firmas.

MOTIVOS

El martes, la bancada de Ahora Nación fue una de las primeras en informar que decidió, por mayoría, no apoyar la moción de censura contra Astudillo. Sin embargo, los diputados Indira Huilca, César Holguin y Jair Manrique sí votarán a favor.

Solo esos tres votos pueden sumarse con los 32 que provienen de Juntos por el Perú (JP), bancada que impulsó la censura.

Además, la bancada de Partido Cívico Obras no respaldará la censura.

El grupo se reunió con su líder Ricardo Belmont el martes por la noche, encuentro en el que se acordó no sumarse a la censura.

El senador de ese grupo parlamentario, Daniel Barragán, confirmó que Obras decidió no censurar a Astudillo luego de una reunión.

“Nosotros hemos decidido no censurar al ministro de Interior. Las fuerzas políticas, independientemente de nuestra coalición, podemos tomar decisiones individuales también, pensando en el beneficio de la población”, sostuvo.

Fuentes de la agrupación indicaron a Correo que en el encuentro, Belmont les explicó que había pasado muy poco tiempo para censurar a un ministro.

El grupo le dará unos meses más de gracia a Astudillo.

Por otro lado, la dddbancada del Buen Gobierno (BG) se reunió ayer por la tarde con el ministro del Interior, fue este último quien buscó el encuentro.

Más temprano, el diputado Edwin Espinoza adelantó cuál podría ser el sentido del voto de su grupo.

“Hay voces que quisieran que haya una mejor respuesta por parte del ministro del Interior, sin embargo, creo que al final va a prevalecer una posición uniforme de la bancada, es muy probable que se vote en contra”, indicó.

Los diputados Luis Masco, Heber López y Víctor Piñan de Obras, retiraron sus firmas de la moción de censura contra el ministro César Astudillo. Se necesitaban 33 firmas para la presentación del documento que ahora pasó a tener 32. Mañana ya no hay pleno. pic.twitter.com/9kAW08W959

— Sofía López (@SofiaLopezLl) September 30, 2026

SUSPENSIÓN

Ayer por la tarde, el oficial mayor de la Cámara de Diputados, Hugo Rovira, informó que el pleno programado para hoy donde se evaluaría la moción contra Astudillo se suspendió.

Esto debido a que los diputados Luis Masco, Heber López y Víctor Piñan de Obras, retiraron sus firmas.

Para que una moción de censura ingrese a mesa de partes se necesitan 33 firmas, tras el retiro de tres rúbricas, solo se quedó con 32.

Más temprano, la bancada de diputados de JP convocó a una conferencia de prensa junto a organizaciones sociales y sindicales para expresar su posición sobre la censura contra Astudillo y el rechazo al pedido de facultades. La conferencia se realizará hoy a las 9:00 a.m. en las instalaciones del Congreso.

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Ayer por la mañana, el grupo de trabajo que encabeza la diputada Giannina Avendaño de Juntos por el Perú (JP) debatió por casi dos horas la solicitud sin llegar a un consenso.

Por ahora, la comisión pasó a un cuarto intermedio con la finalidad de elaborar un texto que incluya las coincidencias de las bancadas.

DEBATE

Al inicio de la sesión, el diputado Arturo Alegría de Fuerza Popular (FP) planteó una cuestión previa para suspender con el debate con el objetivo de tener un predictamen que sí otorgue facultades al Ejecutivo.

Cabe recordar que el equipo técnico de Constitución elaboró un predictamen que concluye no otorgar facultades legislativas en ninguna materia y archivar el pedido del Gobierno de Keiko Fujimori.

Su pedido fue respaldado por el diputado Fernando García del Buen Gobierno.

“Que los documentos se revisen y busquemos consensos en algunos extremos como seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. Nosotros podríamos respaldar en esos dos temas”, afirmó.

Su colega Gina Duarte se pronunció en el mismo sentido.

“Está claro que debemos dar facultades para lo urgente. Tenemos que aprender a ser coherentes y decidir sobre el país”, sostuvo.

Frank Krklec de Renovación Popular cuestionó que el pedido del Ejecutivo no haya precisado en qué aspectos quieren facultades sobre El Niño.

“Nosotros hemos pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros que nos precise esa información”, sostuvo.

Mientras que su colega Roxana Rocha recordó que el país está en una situación de emergencia.

“Hemos sido contundentes, vamos a decidir sobre inseguridad y Fenómeno El Niño que son dos temas importantes”, precisó.

Al cierre de esta edición no se había definido qué día se retomaría el debate en Constitución.

RECLAMO

Por otro lado, el diputado César Holguin (Ahora Nación) señaló que su bancada condiciona su respaldo al pedido de facultades legislativas a que la Cámara de Senadores se comprometa a no modificar el texto que eventualmente sea aprobado por la Cámara de Diputados.

“La condición de Ahora Nación es que el Senado no tenga la actitud de alterar, tergiversar, distorsionar el texto que suba a la Cámara de Diputados”, aclaró.

Mientras que el senador Daniel Barragán (Obras) hizo un llamado para que el Poder Ejecutivo se reúna con las fuerzas políticas para llegar a un resultado positivo para el país.

“Hoy las bancadas están viendo si se dan las facultades o no, pero no hemos llegado a nada positivo. Mi sugerencia es que nos reunamos”, dijo.

Alfaro comandó la PNP entre agosto de 2022 y marzo de 2023. En ese lapso, el 7 de diciembre de 2022, el entonces comandante general jugó un rol clave en el intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo.

Según relató Alfaro, ese día, Castillo le dijo: “General, cierre el Congreso, saque a todos los que están adentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la fiscal de la nación”.

Pero Alfaro decidió garantizar el funcionamiento del Parlamento y, tras conocer que Castillo se dirigía a la Embajada de México, ordenó al general Jorge Angulo intervenirlo.

Tras su muerte, diferentes autoridades expresaron sus condolencias como los senadores Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular).

El fallo, correspondiente al Expediente 05762-2025-PA/TC y emitido el 31 de agosto de 2026, declaró fundada la demanda de amparo presentada por la lideresa política.

El tribunal anuló la Disposición 43, emitida el 28 de diciembre de 2022, con la que la Fiscalía formalizó y continuó la investigación por supuestos aportes recibidos durante la campaña presidencial de 2006 y vinculados a Constructora Norberto Odebrecht S. A. y Constructora Camargo Correa S. A.

Según la sentencia, la modalidad de receptación patrimonial atribuida no estaba contemplada en la Ley 27765 vigente en ese periodo.

El TC sostuvo que dicha figura fue incorporada mediante el Decreto Legislativo 1249 en noviembre de 2016, por lo que su aplicación a hechos de 2006 vulneraba el principio de legalidad. Asimismo, señaló que el Ministerio Público no delimitó ni individualizó el delito fuente ni justificó que Flores Nano conociera el supuesto origen ilícito de los fondos.

Como consecuencia del fallo, quedaron sin efecto las actuaciones de la investigación preliminar, preparatoria y las posteriores derivadas del caso, y se dispuso que el Ministerio Público emita la resolución correspondiente para el archivo definitivo. La sentencia contó con los votos singulares en contra de los magistrados Pacheco Zerga y Monteagudo Valdez.

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La agenda peruana tendrá tres ejes prioritarios: seguridad regional y lucha contra las amenazas transnacionales; gestión del riesgo de desastres y sostenibilidad ambiental; y ciudadanía andina e integración fronteriza.

En materia comercial, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, indicó que se priorizarán la integración comercial, la armonización normativa, la facilitación del comercio, el transporte y el desarrollo productivo.

Durante la reunión también se destacó el avance de la cooperación entre los países miembros en seguridad, con más de 100 operativos coordinados en zonas fronterizas, más de 200 intercambios de información de inteligencia financiera y la capacitación de unos 3.000 funcionarios.

Asimismo, se aprobaron hojas de ruta para impulsar el “Cielo Único Andino” y el Régimen de Cabotaje Intracomunitario Andino, iniciativas orientadas a fortalecer la conectividad y competitividad de la subregión. También se adoptaron medidas para combatir la desnutrición infantil y la anemia, fortalecer la lucha contra el crimen organizado y modernizar la gestión migratoria.

La CAN aprobó además declaraciones sobre cooperación penitenciaria y el Fenómeno de El Niño 2026-2027. Su secretario general, Gonzalo Gutiérrez, planteó como desafíos futuros profundizar la convergencia con el Mercosur, fortalecer los vínculos con otros países de la región y avanzar hacia una Política Exterior Común Andina.

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Cabe mencionar que la sesión está programada para las 2 p. m. y tendrá entre sus puntos la revisión de tres propuestas de texto sustitutorio planteadas por distintas bancadas.

El debate había quedado en cuarto intermedio durante la jornada del miércoles, con el objetivo de elaborar una nueva propuesta a partir de los planteamientos expuestos por los congresistas.

Las materias involucradas comprenden los ámbitos procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciario y migratorio.

El predictamen en discusión plantea denegar las facultades solicitadas por el Ejecutivo al considerar que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Constitución.

Entre sus observaciones señala que varias de las materias fueron formuladas de manera amplia y que, en distintos casos, no se habría acreditado la necesidad, oportunidad y urgencia de delegar estas atribuciones.

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Según la iniciativa, la medida busca ordenar la oferta de educación superior universitaria pública, fortalecer las universidades existentes y aquellas que se encuentran en proceso de implementación, además de orientar su expansión bajo criterios de pertinencia, sostenibilidad y calidad.

La propuesta corresponde al Proyecto de Ley N.° 00461-2026-2031-CD, remitido al presidente del Senado y del Congreso, Miguel Torres Morales. El documento lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y adjunta el acta del Consejo de Ministros del 28 de septiembre, en la que se aprobó la iniciativa.

La moratoria alcanzaría a toda modalidad destinada a crear una nueva universidad pública, cualquiera sea su denominación. Sin embargo, la propuesta establece que esta restricción no se aplicará a las universidades comprendidas en la Ley N.° 30597.

Asimismo, el proyecto dispone que el Ministerio de Educación implemente estrategias para ordenar y mejorar la oferta universitaria y la calidad del servicio educativo. Estas acciones deberán considerar criterios de pertinencia y sostenibilidad y estar alineadas con la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva.

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El caso, registrado en la Carpeta Fiscal 54-2025, comprendía el periodo entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre del año 2024, cuando ejercía funciones públicas.

La disposición fiscal concluyó que no se encontraron elementos de convicción que acrediten un desbalance patrimonial no justificado. Para llegar a esa conclusión, se revisó la trazabilidad de los ingresos y egresos correspondientes al periodo analizado, así como el origen de los depósitos registrados.

El Ministerio Público determinó además que los ingresos identificados correspondían a rentas provenientes del trabajo en el sector público y coincidían con las declaraciones juradas del impuesto a la renta presentadas ante la SUNAT.

También estableció que no se acreditó un abuso del cargo ni una relación entre el ejercicio de la función pública y el resultado patrimonial examinado.

La conclusión fiscal tomó como sustento el Informe Pericial Contable Financiero 04-2026, elaborado por peritos oficiales, además de los elementos recopilados durante las diligencias preliminares.

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Los diputados Luis Masco Cáceres, Heber López y Víctor Piñán presentaron ante la Oficialía Mayor del Congreso sus respectivos pedidos para retirar sus firmas de la iniciativa.

A través de un comunicado, el Congreso informó que la moción dejó de cumplir con el número mínimo de firmas requerido para continuar con su trámite, por lo que se suspendió la sesión en la que se tenía previsto debatir y votar la censura.

La moción había sido presentada la semana pasada por las bancadas de Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Obras, con 35 firmas.

Los promotores cuestionaban a César Astudillo por una presunta falta de liderazgo e idoneidad para ejercer el cargo de ministro del Interior.

#DiputadosInforma I Se suspende la sesión del #PlenoDeDiputados convocada para el jueves 1 de octubre. pic.twitter.com/FxFO5A44mC

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 30, 2026

A ello se sumó la decisión de la bancada de Ahora Nación, que, según informó su diputado José Marcelo, acordó por mayoría no respaldar la moción de censura contra el titular del Interior.

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La propuesta contempla autorizar al Gobierno Nacional operaciones de endeudamiento mediante la emisión de bonos por hasta S/ 4 428 millones, con ejecución hasta el 31 de diciembre de 2027. Estos recursos se destinarían exclusivamente a proyectos de inversión pública, mantenimiento de infraestructura educativa y obras vinculadas a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

En el ámbito social, el proyecto plantea una subvención extraordinaria de S/ 350 para los beneficiarios de Pensión 65, que sería entregada junto con el pago correspondiente al periodo noviembre-diciembre de 2026. Asimismo, se consideran recursos para el mantenimiento de colegios públicos afectados por lluvias y una bonificación extraordinaria de S/ 300 para el personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo N.° 276.

La iniciativa también contempla fondos para atender obligaciones del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles y financiar a las micro y pequeñas empresas mediante Compras a MYPErú para la adquisición de kits escolares. En seguridad ciudadana, se plantean facultades excepcionales para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para ejecutar inversiones de optimización, ampliación, rehabilitación y reposición de manera simplificada.

Del monto total, S/ 3 735 millones provendrían de Recursos Ordinarios y S/ 4 442 millones de Operaciones Oficiales de Crédito para el Gobierno Nacional, mientras que los gobiernos regionales recibirían S/ 50 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas sustenta la propuesta en una proyección de crecimiento del PBI de 3,4 % para 2026 y un déficit fiscal estimado en 1,2 % del PBI.

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Del total, siete pertenecen a la Organización de Estados Americanos (OEA), 22 a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), tres al Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) y dos a la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA).

También participará un representante de la Dirección Nacional Electoral de Argentina, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Comisión Electoral de Filipinas, la Comisión Electoral Central de Rusia y el Parlamento Andino.

Valenzuela explicó que los observadores no solo supervisarán la jornada electoral, sino que también sostendrán reuniones con los organismos electorales y entidades del Estado.

Sus informes incluirán recomendaciones orientadas a fortalecer la transparencia de futuros procesos electorales.

El funcionario señaló que el número de observadores es menor al registrado en las elecciones generales de abril, debido, entre otros factores, a que Brasil y Paraguay desarrollan simultáneamente sus propios procesos electorales.

Añadió que los especialistas tendrán agendas y destinos distintos en el país, mientras que también será importante la participación de los observadores voluntarios de la Asociación Civil Transparencia.

#EnVivo

El JNE informa acerca de la misión de observadores para las elecciones municipales y regionales de este domingo

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/61C11upHx8

— Canal N (@canalN_) September 30, 2026

Video: Canal N

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Durante una entrevista con Willax, Carlos Espá reconoció que los funcionarios tienen prohibido expresar preferencias electorales. No obstante, al referirse a López Aliaga, señaló: “Yo lo que puedo decir es lo siguiente: yo soy hincha blanquiazul, yo soy hincha de Alianza Lima, soy blanquiazul. Y el azul se acerca, digamos, al celeste. Entonces yo estoy más cerca al celeste que otro color”.

Asimismo, el canciller indicó que hubiera preferido que López Aliaga culminara su gestión como alcalde de Lima, debido a que, según afirmó, dejó obras inconclusas. Agregó que una eventual reelección le permitiría completar dichos proyectos.

Espá también reveló que mantiene una amistad con López Aliaga, a quien conoció durante las elecciones generales de 2026, cuando acudió a votar junto con Carlos Álvarez.

¡#JNEFiscaliza en marcha!
⏩ Rumbo a las #ERM2026 🗳️
Los especialistas del JNE continúan realizando labores de fiscalización de propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad y otras restricciones electorales en la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. pic.twitter.com/N06IpLs2DA

— JNE Perú (@JNE_Peru) September 30, 2026

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López-Chau explicó que la decisión adoptada hasta el momento tomó en cuenta la evaluación de su experto en seguridad, el coronel en retiro Harvey Colchado, quien consideró prematuro impulsar una censura contra el titular del Interior.

“Nosotros apoyamos lo que nuestro experto de seguridad nos dio. El coronel Harvey Colchado escribió nuestro programa, conoce a la Policía Nacional y nos expresamos en el sentido de lo que él había expresado: que era muy pronto para tomar una decisión como esa”, declaró.

Según el senador, Colchado también sostuvo que antes de plantear una censura debía existir una “autoridad moral” para tomar una decisión de ese tipo.

En ese contexto, López-Chau señaló que una de las fuerzas del bloque gestionó el encuentro entre los diputados y Astudillo, por lo que consideró pertinente conocer primero sus resultados.

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Edwin Espinoza, diputado del Partido del Buen Gobierno, se pronunció sobre la postura de su bancada frente a la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo.

El pasado domingo, Flavio Figallo, vocero de Buen Gobierno en el Senado, señaló que Jorge Nieto, líder del partido, respaldaba la moción de censura contra Astudillo. Sin embargo, días después, la diputada Rossana Alayza planteó la posibilidad de revisar la posición de la bancada.

El diputado Espinoza explicó que la bancada abrió un periodo de reflexión sobre su postura, pese a que inicialmente respaldaba la censura debido a que, según sostuvo, no observaban resultados del ministro del Interior en materia de seguridad ciudadana.

“[¿Hay consenso en su bancada?] Hay voces que quisieran que haya una mejor respuesta por parte del ministro del Interior, sin embargo, creo que al final va a prevalecer una posición uniforme de la bancada, es muy probable que se vote en contra. [¿Qué paso con Flavio Figallo?] Nosotros hemos exigido al ministro del Interior en el debate, en el Pleno que hubo con su presencia, que presente metas, que presente plazos y objetivos definidos sobre cuándo vamos a saber o ver los resultados de sus actividades; sin embargo, al no haber esto, la bancada había discutido la posibilidad de censurarse, en ese sentido que hemos presentado y hemos apoyado la moción de censura. Pero ahora ha habido un espacio de reflexión y es muy probable que la bancada desista”, declaró a RPP.

En ese sentido, Edwin Espinoza señaló que la bancada adoptará una posición conjunta cuando la moción de censura sea debatida y sometida a votación en el pleno de la Cámara de Diputados.

“[¿Qué ha pesado en la reflexión?] Siempre ha habido posiciones en contra de la censura, entonces la bancada es un espacio de debate y finalmente prevalece una decisión uniforme. [¿Será un voto en bloque?] Tiene que ser un voto en bloque, eso es lo que hemos ofrecido nosotros a nuestros electores, una bancada cohesionada”, agregó.

En medio del debate sobre el pedido del Ejecutivo para obtener facultades legislativas, el diputado Edwin Espinoza envió un oficio a la presidenta de la Comisión de Constitución y al titular del Congreso para coordinar con la comisión del Senado los alcances de la revisión que realizará esta cámara luego de la decisión de la Cámara de Diputados.

Espinoza señaló que cualquier intento del Senado por cambiar o revertir el acuerdo adoptado por la Cámara de Diputados podría llevar a esta última a no aprobar la delegación de facultades.

“Si es que no aceptan lo que dice el reglamento del Congreso, la Cámara de Diputados es muy probable que, en la posición en la que se encuentra, deniegue completamente las facultades y eso lo sabe el Ejecutivo, sabe que si plantean o proponen que una vez que un texto pase a la Cámara de Senado, que puede ser solamente con dos ítems, puede ser seguridad ciudadana y fenómeno del ‘Niño’, pero luego arriba el Senado ahí tienen la intención de revertir todo lo que se ha hecho en Cámara de Diputados, entonces la Cámara de Diputados tiene la única opción de no pasar nada. Entonces estamos en un juego perverso”, enfatizó.

El candidato de Somos Perú a la Alcaldía de Lima, Carlos Bruce, solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aclarar, antes de los comicios del próximo 4 de octubre, quién asumiría la alcaldía en caso de que Renovación Popular resulte ganadora de las elecciones municipales.

Bruce cuestionó que el JNE todavía no haya definido quién asumiría la Alcaldía de Lima si Renovación Popular obtiene la mayor votación, lo que, según sostuvo, mantiene a los ciudadanos sin una respuesta clara antes de los comicios.

“Este pronunciamiento del jurado tiene que hacerse lo más pronto posible, porque el elector tiene derecho de saber por quién está votando; no es poca cosa”, expresó.

Para Bruce, la definición que adopte el JNE podría incidir en los resultados de la elección, ya que el nivel de apoyo a Renovación Popular podría variar, según sostuvo, dependiendo de la presencia de Rafael López Aliaga como cabeza de lista.

“La gente tiene que saber si el día domingo cuando marquen la R, porque lamentablemente no me marcan el nombre, marcan un símbolo, ¿quién es? ¿Por quién están votando al marcar ese símbolo?”, manifestó.

Además, Bruce advirtió que, si el JNE establece después de los comicios que López Aliaga está impedido constitucionalmente de asumir la alcaldía, las credenciales tendrían que ser otorgadas a otro integrante de la lista.

“Imagina que se produce la elección el domingo, no hay la aclaración. El lunes el jurado dice: ‘¿Sabe qué? Ganó el señor López Aliaga, pero no, él tenía incompatibilidad constitucional. Le vamos a dar las credenciales a la señora Jaqueline Alonso’. Bueno, si esa información se hubiera sabido antes, ¿hubiéramos tenido el mismo resultado electoral? Probablemente no”, aseguró.

El candidato informó que tiene programado reunirse con la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ante la cual expondrá sus cuestionamientos sobre este tema.

“Si el jurado en las próximas horas no se pronuncia, el resultado electoral del domingo estará totalmente tergiversado e invalidado y nosotros se lo vamos a exponer a la delegación de la OEA mañana”, enfatizó.

Por otro lado, Bruce habló sobre las finanzas de la Municipalidad de Lima y señaló que la deuda acumulada de la comuna supera los S/ 5 000 millones, monto que, según explicó, comprende los bonos emitidos y otros préstamos.

“Me sustento en el informe de un ente imparcial que no está politizado, que es el Consejo Fiscal. Ellos han emitido un informe con respecto a la situación financiera del municipio y ellos la han calificado como una situación de un sobreendeudamiento inusitado que nunca debió haberse hecho”, indicó.

Asimismo, Bruce sostuvo que 30 de las 58 obras previstas con el financiamiento obtenido mediante bonos registran una ejecución presupuestal de cero, por lo que, según indicó, aún no han comenzado.

“Después de que se fue el señor López Aliaga, no quiere meterse en ejecutar estos contratos porque saben, primero, que fueron declarados en emergencia y no califican como emergencia; y, en segundo lugar, han sido dados a dedo”, resaltó.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados reanudó este miércoles 30 de septiembre el debate sobre el predictamen referido al pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

La sesión se inició desde las 9:00 a. m. en la Sala Miguel Grau Seminario del Congreso, luego de que el martes 29 se levantara la primera jornada de discusión. La comisión tiene previsto continuar con la revisión de las materias incluidas en la solicitud del Gobierno.

El predictamen plantea no otorgar las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y enviar la iniciativa al archivo. El pedido contempla una delegación por 120 días y comprende ocho áreas, entre ellas seguridad ciudadana, empleo, mypes, simplificación administrativa, desarrollo productivo, asuntos tributarios, reforma del Estado y vivienda y saneamiento.

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Durante la jornada del martes, los integrantes de la comisión iniciaron la discusión del documento y revisaron parte de las materias contempladas en la solicitud. La presidenta del grupo de trabajo, Giannina Avendaño, levantó la sesión y convocó a los parlamentarios para continuar el debate este miércoles.

El documento en discusión tiene 205 páginas y cuestiona, entre otros aspectos, la amplitud y falta de precisión de varias materias planteadas por el Ejecutivo, así como la justificación de la urgencia para delegar facultades legislativas.

La comisión deberá continuar con el intercambio de posiciones antes de someter el predictamen a una eventual votación.

Las declaraciones de Keiko Fujimori sobre la demora del Congreso para debatir el pedido de facultades legislativas provocaron distintas reacciones en el ámbito político. Ante las críticas de un sector de la oposición, que interpretó su referencia a la “paciencia republicana” como una advertencia institucional, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, salió en respaldo de la posición de la mandataria.

Sheput descartó que las declaraciones de la mandataria puedan ser consideradas una amenaza y cuestionó la interpretación de quienes afirmaron sentirse intimidados por sus palabras.

“Yo diría que hay una generación de cristal en algunos políticos, que apenas la presidenta o algún ministro tiene una actitud firme, de inmediato dicen: ‘Ay, van a cerrar el Congreso’”, declaró a RPP.

El ministro de Trabajo cuestionó que un sector de la oposición no comprenda que “la política también es firmeza”. En ese sentido, recordó que en décadas anteriores los gobiernos afrontaron fiscalizaciones parlamentarias de mayor intensidad y mencionó como ejemplo la posición que asumió el Partido Aprista durante el mandato de Alejandro Toledo.

Previamente, la presidenta Keiko Fujimori cuestionó que el Parlamento lleve cuatro semanas sin pronunciarse sobre el pedido de facultades legislativas. En ese contexto, afirmó que los congresistas están “poniendo a prueba nuestra paciencia”, aunque precisó que cualquier eventual medida alternativa se adoptará “siempre dentro del marco de la Constitución”.

Keiko Fujimori al Congreso por facultades: “Están poniendo a prueba nuestra paciencia”

La presidenta Keiko Fujimori cuestionó este martes 29 de septiembre la demora del Congreso en la evaluación del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y sostuvo que la solicitud lleva cuatro semanas en el Parlamento.

“Se ha presentado un pedido de facultades al Congreso de la República. Llevan cuatro semanas. Hasta ahora, nada. Están poniendo a prueba nuestra paciencia”, declaró durante una actividad en Ica.

La mandataria señaló que el Ejecutivo busca contar con estas herramientas para implementar medidas frente a la criminalidad y los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Fujimori sostuvo que la solicitud no debe ser entendida como un asunto partidario, sino como parte de las medidas que el Gobierno plantea para responder a estos problemas.

“Esto no se trata del Gobierno. Se trata de medidas que se van a tomar para poder enfrentar mejor a esta lacra, a esta delincuencia”, afirmó.

“El respeto por la democracia no es un signo de debilidad”

La presidenta también se refirió a las declaraciones del jefe del Gabinete, Luis Galarreta, sobre la “paciencia republicana” del Ejecutivo mientras el Parlamento evalúa el pedido.

Fujimori sostuvo que esperar el desarrollo del procedimiento parlamentario y respetar las decisiones del Congreso no constituye una señal de debilidad.

“El tener respeto por la democracia no es un signo de debilidad. Muy por el contrario. Es un respeto a nuestras normas, a nuestras leyes”, manifestó.

La mandataria indicó que el Ejecutivo permanecerá atento a la decisión que adopte el Parlamento.

“Esperemos que estén a la altura de la problemática que atraviesa nuestro país”, agregó.

Gobierno asegura que actuará con o sin facultades

Fujimori afirmó que su Gobierno adoptará medidas contra la delincuencia organizada independientemente de la decisión que tome el Congreso sobre la delegación de facultades.

“Tomaremos todas las medidas necesarias para enfrentar este flagelo. Nos otorguen o no nos otorguen facultades. Todo dentro del marco democrático, por supuesto”, señaló.

Luego añadió: “Aquí el único golpe que va a haber va a ser el golpe contra la criminalidad organizada”.

Las declaraciones se producen mientras el Ejecutivo mantiene conversaciones con las bancadas para explicar los alcances de la solicitud de facultades legislativas.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ha señalado que el Gobierno continuará con el diálogo durante el debate parlamentario.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, cuestionó el predictamen de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados que recomienda no aprobar y archivar el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

En declaraciones a RPP, Seminario calificó de “inhumano” que se plantee rechazar la delegación en materias relacionadas con la prevención frente al Fenómeno El Niño. La solicitud del Gobierno comprende ocho grandes áreas y plantea una delegación por 120 días.

María Seminario cuestiona predictamen del Congreso

La ministra sostuvo que una eventual negativa no debería entenderse únicamente como una decisión frente al Gobierno, pues, según afirmó, tendría consecuencias para ciudadanos que demandan medidas de prevención, seguridad e infraestructura.

“Esto no es contra el Ejecutivo, esto es contra la población”, declaró Seminario, quien hizo referencia particularmente a los habitantes del norte del país que podrían verse afectados por lluvias e inundaciones.

Al ser consultada sobre si consideraba “inhumana” la actuación de la oposición respecto de este asunto, respondió que sí, específicamente en lo referido al Fenómeno El Niño.

Las declaraciones corresponden a la posición de la ministra. El predictamen parlamentario, por su parte, presenta argumentos distintos para recomendar que la delegación no sea aprobada.

¿Por qué la Comisión de Constitución plantea rechazar las facultades?

El predictamen, de más de 200 páginas, sostiene que varias de las materias solicitadas por el Ejecutivo fueron formuladas de manera amplia y que, en distintos casos, no se habría acreditado suficientemente la necesidad, oportunidad y urgencia de recurrir a una delegación legislativa.

El documento también cuestiona la falta de precisión de algunos planteamientos y señala que determinadas acciones podrían ejecutarse mediante instrumentos normativos que ya corresponden al Ejecutivo, sin necesidad de una norma con rango de ley.

El pedido del Gobierno incluye materias relacionadas con seguridad ciudadana, empleo y mypes, simplificación administrativa, sectores productivos, tributación, reforma del Estado, vivienda y medidas vinculadas con la prevención ante el Fenómeno El Niño.

Debate continúa este miércoles 30 de septiembre

La discusión todavía no ha concluido. La Comisión de Constitución retomó este miércoles 30 de septiembre el debate del predictamen, luego de una primera sesión realizada el martes.

Dentro de la propia comisión existen posiciones diferentes. Legisladores de algunas bancadas han planteado evaluar un punto intermedio y priorizar la delegación de facultades en asuntos considerados urgentes, como seguridad ciudadana y prevención frente al Fenómeno El Niño.

La bancada de la presidenta de la comisión mantiene su posición de que se vote el archivo de la solicitud, pese a las propuestas planteadas por otras bancadas para recortarla y precisar las materias.

Debate

Durante la sesión, Renovación Popular (RP) cuestionó que la alternativa sea archivar el pedido y planteó otorgar facultades de manera limitada.

Roxana Rocha señaló que “nuestra labor como diputados ante una amplitud de solicitud de facultades no es archivarla, es limitarla” y recordó que su bancada presentó un texto sustitutorio que, según dijo, no fue tomado en cuenta.

Fuerza Popular también cuestionó el predictamen. Jaime Abensur criticó que “no ha habido voluntad de convocar al Ejecutivo, ni a las mesas técnicas” para buscar un acuerdo entre poderes.

El Partido del Buen Gobierno planteó una alternativa concreta: delegar facultades por 90 días, pero restringidas a temas urgentes y prioritarios de lucha contra la inseguridad y atención del Fenómeno del Niño.

Ahora Nación solicitó que el Gobierno replantee su pedido y precise las materias. Freshman Buitrón señaló que, si la solicitud concierne a la inseguridad ciudadana, su bancada está de acuerdo, igual ante el Fenómeno del Niño.

Avendaño sostuvo que lo que se debe votar es lo que plantea el predictamen, tras lo cual, se puede pasar a una segunda fase.

La sesión continuará hoy y es probable que el predictamen se someta a votación y sea rechazado por la mayoría.

Y es que el documento impulsado por el bloque de Juntos por el Perú (JP) no tendría los votos suficientes.

DIVISIÓN

El líder y senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, dijo que su bancada no había tomado una decisión sobre apoyar la censura. Sin embargo, dijo que “hay que pensar en el país”.

Poco después, el diputado Harvey Colchado publicó en su cuenta X una carta abierta a sus compañeros de Ahora Nación para explicar por qué no apoyaría la censura.

“Censurar hoy al ministro Astudillo, justo antes de los ascensos a general, puede abrirle el Mininter a quienes quieren enterrar toda reforma policial. No les facilitaré ese camino, pero tampoco doy un cheque en blanco”, escribió.

Además, ayer Colchado se pronunció nuevamente sobre el tema.

“Censurar es la decisión rápida y fácil”, indicó.

Precisó que una censura no sacará un mal oficial. Sin embargo, advirtió que si en diciembre no se cumplen metas en la lucha contra la inseguridad, apoyará la censura.

Por otro lado, José Marcelo, diputado de Ahora Nación, informó que el bloque llegó a un acuerdo en mayoría de no apoyar la moción de censura.

“Es un acuerdo por mayoría y lo respetamos. Han pasado dos meses de la gestión del ministro y no consideramos que hubo una falta ética”, manifestó.

Aunque Indira Huillca de esa misma bancada, anunció que votará a favor de la censura.

Lo mismo anunció Jair Manrique de ese bloque. “Si hoy corresponde evaluar la gestión de Astudillo, mi balance es desaprobatorio y los motivos sobran”, indicó.

SUMAS

El bloque de oposición está integrado por JP (32), Buen Gobierno (18), Obras (14) y Ahora Nación (10) suman 74 votos.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, para censurar a un ministro se requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de miembro, es decir, 66 votos en la Cámara de Diputados. Sin embargo, un dato no menor es que no se debería contabilizar la totalidad de los integrantes de JP.

Por ejemplo, Marlon Aguirre, cuestionó hace una semana la rapidez con que su bancada impulsa la censura.

“No podemos interpelar, censurar porque aparte de todo eso, el país se está volviendo en una ingobernabilidad netamente por interpelaciones y censuras”, sostuvo.

Por otro lado, fuentes del Buen Gobierno indicaron que se reunieron el lunes para evaluar si apoyan o no la censura.

De acuerdo con Nery Fernández, vocero de la bancada, indicó a este medio que el grupo se reunirá hoy con el ministro Astudillo.

“El ministro nos ha pedido una reunión. Siempre somos abiertos al diálogo y lo vamos a escuchar. Mientras tanto hemos decidido que (nuestro apoyo a la censura) está en evaluación”, dijo.

Cabe precisar que mañana se evaluará la moción de censura en el Pleno de la Cámara de Diputados.

La Junta de Portavoces estableció, por unanimidad, tres horas para el debate de la referida moción, tiempo que será distribuido de forma proporcional entre los grupos parlamentarios, sin minutos adicionales ni interrupciones.

DEFENSA

En medio de los avances de la moción de censura contra Astudillo, la presidenta Keiko Fujimori mostró su respaldo al titular del Interior.

“Quiero expresar todo mi respaldo al ministro Astudillo, a un héroe nacional, a una persona que sabe perfectamente lo que es enfrentarse a un terrorismo”, afirmó.

Por su parte, el diputado Frank Krklec de Renovación Popular consideró que retirar a Astudillo podría generar inestabilidad en las políticas destinadas a enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

“Sería hacerle un grave daño a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, censurar ahora al ministro, se requiere estabilidad para ver que las políticas públicas funcionan”, manifestó.

Por ese motivo, propuso darle a Astudillo al menos 100 días para que muestre sus primeros resultados.

El diputado sostuvo que, una vez transcurrido ese periodo, el Parlamento podrá evaluar el desempeño del titular del Interior y adoptar las acciones que considere correspondientes dentro de sus atribuciones.

En entrevista con Correo, cuestiona la gestión de Keiko Fujimori por su falta de mano dura contra la delincuencia. Sin embargo, no está a favor de censurar al ministro del Interior, César Astudillo.

¿Quién lo invitó a El Salvador?

El alcalde de San Salvador, Mario Durán, que es del partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele.

¿Por qué viajó?

Llegamos a El Salvador para comprobar in situ las ideas y estrategias tras los logros de Nayib Bukele y su equipo, que es alcalde. Esto demuestra el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el municipio, algo que no vemos en el Perú, donde el municipio no se involucra integralmente en la seguridad. Acepté la invitación para evaluar el tema de seguridad municipal y quedé impactado, aleccionado y muy dolido por la situación de mi país.

¿Cuáles son las experiencias que recogió de ese país?

En El Salvador recogimos testimonios impactantes: antes, a partir de las 6 de la tarde nadie podía salir a las calles. En el centro histórico, si pasabas con un joven o una chica, las pandillas como la Mara Salvatrucha te secuestraban para sus grupos y, si te oponías, le disparaban al padre. En colonias como Dina o Luz nos mostraron fachadas con huellas de balas, cruces pintadas con los nombres de las víctimas como amenaza. En un solo fin de semana llegaron a ser asesinados 87 salvadoreños, ¿vamos a esperar que el Perú llegue a esos niveles? También visité el Centro de Monitoreo de Sívar Seguro que es el centro de monitoreo de cámaras de El Salvador. Mientras aquí las cámaras solo registran cuando ya te asaltaron o mataron, allá sirven para atrapar al delincuente en tiempo real con la fuerza armada. Entre enero y septiembre solo registraron seis delitos simples, porque el país ya está pacificado y saben que el que delinque termina en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

¿Visitó alguna de las cárceles?

Sí, tuve la oportunidad. Pude conocer el penal de Mariona, ubicado en el distrito de Mejicanos en El Salvador, que es un penal de mediana seguridad. Ahí las visitas son una vez al mes, la familia solo les deja alimentos y no hay ningún contacto físico ni visual. Además, cuentan con el programa “Reos en fase de confianza”, donde internos no peligrosos salen a las calles vestidos de amarillo a realizar obras públicas (pistas y veredas con maquinaria) y se les descuenta un día de pena por cada día de trabajo.

Ese es un trabajo de fuerza no como el que se hace al interior de los penales...

Les conviene porque les descuentan días de condena y el Estado ahorra recursos. También me impresionó la Biblioteca Nacional de El Salvador, una estructura de siete niveles construida en menos de dos años que funciona las 24 horas para alejar a los jóvenes de la criminalidad. Los niños que entran deben leer 30 minutos un libro y aprobar un examen de comprensión de lectura antes de poder usar los videojuegos. Además, en el mercado San Miguelito los puestos no tienen rejas y no hay robos ni adentro ni afuera porque conocen las sanciones.

Son medidas duras, pero ¿es replicable ese modelo en nuestro país?

Sí, por decisión política se puede hacer. Bukele logró la pacificación con mano de hierro. En El Salvador llevan cuatro años en estado de excepción y allá sí funciona con rastrillajes 24/7 por parte de las Fuerzas Armadas en plazas y cerros, interviniendo a sospechosos; algo que en el Perú no se ejecuta a pesar de las promesas.

Países como Ecuador y Honduras han aplicado estas medidas pero no han obtenido mejores resultados...

Es cuestión del método. La geografía del Perú es totalmente disímil con El Salvador. Sin embargo, se requieren medidas firmes. En El Salvador tres fuerzas preservan la paz respaldadas por la ley para usar armas en flagrancia: las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Civil y el CAM (Cuerpo de Agentes Metropolitanos). En Perú, el militar está de adorno, la Policía carece de respaldo legal suficiente, faltan 80 mil efectivos y el serenazgo solo lleva un palo. Hoy los delincuentes actúan con mayor crueldad: en San Juan de Miraflores le apuntaron con una pistola a una bebé de 10 meses para robar una camioneta. Y cuando la víctima fue a la comisaría, el abogado del delincuente ya estaba allí esperándolo. Existe un sistema de corrupción organizado entre abogados, fiscales, jueces y malos policías. El Estado actúa de forma pusilánime y cobarde teniendo toda la fuerza de la ley.

¿Cómo evaluaría el trabajo que ha realizado hasta la fecha el Gobierno de Keiko Fujimori?

Pedir paciencia y tiempo le está costando vidas a peruanos inocentes. La política requiere gestos duros, severos y drásticos, no gradualismos ni tibiezas. Hay una complicidad e indolencia entre el Gobierno y el Congreso que no se sientan en una mesa a dialogar. Siento que hay una clase política indolente. Les importa muy poco la vida de la gente, yo protesto por eso, es mi clamor.

¿Cree que el Gobierno de Keiko Fujimori le falta mano dura para combatir la delincuencia?

Por supuesto que sí, le falta mano firme para combatir la delincuencia. La señora Fujimori prometió mano dura desde el primer día y no se observa. Debería declarar mediante decreto o figura legal a bandas como La Jauría, Los Pulpos o el Tren de Aragua como grupos terroristas hostiles, tal como se ha realizado en Colombia, Estados Unidos o Ecuador.

¿Está a favor de la censura contra el ministro César Astudillo?

El señor Astudillo recién ha asumido en este gobierno. Cambiar de ministro cada dos meses es desastroso; lo que debe cambiar son las estrategias, los planes de inteligencia y contrainteligencia. El delincuente que le apuntó a la bebé registraba un amplio historial delictivo y estaba libre; esa responsabilidad recae en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Hay que erradicar y fumigar a los malos elementos de las instituciones. En El Salvador, los funcionarios y políticos corruptos también están en prisión.

Ante una eventual victoria del partido Renovación Popular de Rafael López Aliaga ¿Cuál es su papel? ¿Cómo lo apoyará a nivel municipal?

Soy un aliado estratégico en materia de seguridad. He puesto a disposición de Rafael López Aliaga a todo mi equipo de trabajo (generales en retiro de la Policía, del Ejército, Marina e inteligencia). Además de la seguridad, he pedido atención a temas sociales prioritarios como la anemia, desnutrición crónica y salud mental para efectivos policiales y militares.

Respecto al viaje anunciado por la presidenta Fujimori a El Salvador a fines de octubre, les sugeriría que adelanten el viaje para evaluar y adaptar cuanto antes las estrategias de Bukele a la realidad peruana.

¿Cuándo tiene previsto viajar nuevamente a El Salvador?

Estimo coordinar este viaje en unos 30 días para visitar el CECOT. Lo importante es imitar lo bueno y adaptarlo a nuestro país. Apelo a la unión nacional de todas las fuerzas políticas para proteger la vida de los ciudadanos.

La diligencia había sido convocada inicialmente para el 5 de octubre de 2026 a las 9:30 a. m., pero el juzgado informó que no podrá realizarse en esa fecha debido a la elevada carga procesal y a la agenda saturada por audiencias y requerimientos urgentes.

El pedido fiscal fue presentado el 31 de agosto de 2026 y comprende registros de llamadas entre el 10 de octubre de 2025 y el 17 de febrero de 2026.

La Fiscalía solicitó acceder al historial de comunicaciones de los empresarios chinos Zhihua Yang y Shui Qin, la exfuncionaria del despacho presidencial Alicia Alexandra Camargo Leiva y el efectivo policial Jhonn Edwin Mendoza Chávez.

La nueva audiencia fue fijada para el 13 de octubre de 2026 a las 2:30 p. m. y se desarrollará de manera virtual y privada mediante Google Hangouts Meet.

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Sin embargo, precisó que el Senado tiene atribuciones constitucionales para modificar o incluso derogar las iniciativas que lleguen desde la cámara de origen.

Durante una entrevista en RPP, el senador de Fuerza Popular explicó que el artículo 102-A de la Constitución establece dichas facultades para el Senado.

Mesía también agregó que el Reglamento de la Cámara Alta dispone que cualquier modificación no debe “desnaturalizar” el proyecto aprobado previamente por los diputados.

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Uno de los pedidos corresponde al Decreto Supremo 113-2026-PCM, que establece la prórroga del estado de emergencia en la provincia de Pataz, en La Libertad. La medida tiene como fecha de vencimiento el 2 de octubre de 2026.

El segundo documento es el Decreto Supremo 114-2026-PCM, que comprende las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, además de los distritos de Torres Causana y Napo, en la provincia de Maynas, departamento de Loreto. En este caso, el plazo vigente también culmina el 2 de octubre de 2026.

El tercer pedido está contenido en el Decreto Supremo 115-2026-PCM y comprende determinados distritos de las provincias de Huancavelica y Tayacaja, en Huancavelica. Asimismo, alcanza a las provincias de Chupaca, Concepción y Huancayo, en Junín.

Esta disposición responde al impacto de daños ocasionados por movimientos sísmicos en las zonas comprendidas. Su periodo de vigencia está previsto hasta el 12 de octubre de 2026.

#SenadoInforma | Por acuerdo de la Junta de Portavoces, el Pleno del Senado analizará este miércoles decretos supremos de régimen de excepción.

📌Nota completa: https://t.co/WHhWdaiDQ4 pic.twitter.com/uaQGvTn8Qh

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 29, 2026

Revisión a cargo del Senado

La Junta de Portavoces acordó incluir estos pedidos en la sesión del Pleno de la Cámara Alta. La reunión será conducida por el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales.

El procedimiento está establecido en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Esta norma señala que la prórroga de un estado de emergencia requiere la aprobación del Senado.

El documento establece que la delegación tendría como finalidad atender ambos asuntos dentro de los límites fijados por la Constitución y el Reglamento de la Cámara de Diputados.

#AHORA La bancada del Buen Gobierno presentó un texto sustitutorio en el que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 90 días. Priorizan lucha contra la inseguridad y el Fenómeno El Niño. pic.twitter.com/YE4CC2u8dd

— Sofía López (@SofiaLopezLl) September 30, 2026

Medidas para seguridad ciudadana

El primer bloque de la propuesta contempla modificaciones en materia migratoria, telecomunicaciones, control de armas, sistema penitenciario y reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal. Asimismo, plantea medidas para combatir la delincuencia, el crimen organizado y los mercados ilícitos.

En cuanto a la vigilancia y las comunicaciones, se propone regular el rastreo, la geolocalización y el bloqueo de líneas y equipos usados ilícitamente, bajo criterios de protección de la privacidad, los datos personales y el control judicial.

“Toda medida de vigilancia debe tener una finalidad específica y legítima y cumplir los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; asimismo, debe precisar los supuestos de procedencia, los plazos de conservación de los datos y las responsabilidades por uso indebido”, se lee en el documento.

La propuesta también incluye cambios en el control de armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil. En este punto, se plantea mantener el nivel de exigencia de los controles actuales y establece que las modificaciones deberán mantener sin ampliación las categorías de armas autorizadas para uso civil.

Respecto del sistema penitenciario y los adolescentes, se plantean medidas de seguridad, reinserción y acompañamiento posterior al egreso. Para ello se contemplan programas educativos, capacitación laboral, atención integral y fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios para prevenir la reincidencia.

“Legislar en materia de intervenciones de reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal y de acompañamiento post egreso, con la finalidad de fortalecer sus procesos de resocialización mediante programas de educación y formación, capacitación e inserción laboral, atención integral en salud física y mental, fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios y otras medidas orientadas a prevenir la reincidencia y favorecer su integración social (...)”, señala la propuesta.

Cambios en normas penales

La bancada también propone modificaciones al Código Penal, Nuevo Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y Código Penal Militar Policial. Asimismo, incorpora normas sobre extorsión y sicariato, geolocalización, comunicaciones ilegales desde penales y centros juveniles, delitos informáticos, responsabilidad de personas jurídicas y denuncias digitales.

La propuesta incluye cambios en las reglas de competencia territorial y transferencia de competencia para casos relacionados con criminalidad organizada y bandas criminales. Sin embargo, establece límites a la delegación al señalar que “no autoriza a crear otros delitos, ni reducir las garantías del debido proceso, la defensa o la presunción de inocencia”.

Medidas frente al Fenómeno El Niño

En este bloque, el partido plantea acciones para atender emergencias y reducir el impacto de eventos climáticos en la población. Entre ellas, propone que el INDECI entregue directamente bienes de ayuda humanitaria durante los primeros 15 días posteriores a una emergencia o desastre, además de agilizar la acreditación de daños y la entrega del Bono Familiar Habitacional y del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias.

“Facultar al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para disponer y ejecutar, de manera directa y excepcional, la entrega de bienes de ayuda humanitaria durante los primeros quince días calendario, contados desde la ocurrencia de una emergencia o desastre, priorizando la atención de la población afectada en situación de vulnerabilidad”, sugiere el texto.

Finalmente, se contemplan instrumentos de financiamiento para emprendimientos innovadores, MYPE, bionegocios y productores agrarios. La propuesta incluye medidas para facilitar créditos, garantías y seguros, mejorar las compras estatales de alimentos de la agricultura familiar, fortalecer Agromercado y ampliar la protección del sector agrario frente a eventos climáticos.

Durante su visita, el titular de Torre Tagle acudió al Consulado General del Perú en Quito, donde conoció el trabajo desarrollado en favor de la comunidad peruana residente en Ecuador y el vínculo mantenido con las autoridades locales.

Espá también recorrió la exposición “Nuestros rostros: máscaras rituales del Ecuador y el Perú”, instalada en la sala cultural Qhapaq Ñan de la Embajada del Perú en Quito. La muestra conmemora los veintiocho años de paz y amistad ininterrumpida entre ambos países.

Finalmente, el canciller sostuvo una reunión de trabajo para preparar la participación de la delegación peruana en las actividades de la Comunidad Andina.

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Tensión

Belmont aseguró que los ha citado por su posición sobre la salida de un titular de cartera.

“Siempre lo dije, se necesitan seis meses para sacar un ministro (...) Tú no puedes sacar un ministro al mes, destruyes un plan”, declaró en RPP.

Sin embargo, cuatro de sus diputados han firmado el documento para la salida de Astudillo, quien lleva un poco más de dos meses en el cargo.

Ellos son Raúl Camargo, Heber López, Luis Masco e, incluso, el vocero de la bancada, Víctor Piñán.

Para Belmont, el proceder de sus legisladores es una “traición” y advirtió consecuencias al respecto.

“Nosotros somos un partido que el que traiciona se va, aunque me quede con uno”, aseveró.

El dirigente de Obras recordó el apoyo que tuvieron en las Elecciones Generales de 2026 y que podría perderse si lo traicionan.

“Eso lo saben porque firmaron un acta, un papel de compromiso, que hay una locomotora y hay vagones. Ellos están sentados en los vagones representando la camiseta peruana”, refirió.

No obstante, el pasado viernes, Piñán informó a Correo que 10 de los 14 diputados de Obras apoyarán la moción en la Cámara Baja y prefirió mantener en reserva sus nombres.

“Todavía lo estamos manejando a nivel de colegas de bancada, nada más (...) don Ricardo (Belmont) está a favor de que se realice una censura porque el señor no ha cumplido con lo que se le exige”, afirmó entonces.

Análisis

El politólogo Alejandro Mejía explicó a Correo que estas diferencias en Obras reflejan falta de cohesión.

“Que hayan firmado un acta solo reafirma que es un partido que concentra más invitados, sin ninguna formación partidaria, ni arraigo ideológico”, opinó.

Mejía recordó que Obras está por perder su inscripción como organización política a fines del 2026 y que, por lo tanto, sus diputados y senadores responderán a “intereses personales, más que a una disciplina partidaria”.

“Veremos que posición toma Belmont luego de culminada la campaña municipal y si tiene la capacidad suficiente de recuperar el orden dentro de su propio partido”, detalló.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados concluyó este martes la primera de las dos jornadas previstas para analizar el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.El grupo de trabajo continuará este miércoles 30 de setiembre desde las 9 a.m con la revisión de los temas incluidos en la solicitud y el predictamen que plantea no aprobarla y enviarla al archivo.

La sesión comenzó con una moción de censura contra la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, presentada por el diputado Jaime Abensur de Fuerza Popular. Sin embargo, la diputada de Juntos por el Perú rechazó el planteamiento y decidió continuar al frente del grupo de trabajo para dar paso al debate del pedido de facultades legislativas.

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Documento plantea archivar solicitud de facultades

El predictamen analiza el pedido presentado por el Ejecutivo el 28 de agosto para legislar durante 120 días en ocho materias y 66 ítems, y plantea que la solicitud sea archivada por problemas de precisión, delimitación y justificación de la urgencia. Durante la sustentación, Avendaño informó que la comisión recibió 113 opiniones ciudadanas, de las cuales 109 fueron contrarias, tres favorables y una presentó una alternativa, además de considerar aportes de especialistas y otras comisiones.

Observaciones en materia de seguridad

La comisión observó las propuestas vinculadas con migración, armas, sistema penitenciario y participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Entre los puntos señalados estuvieron la ampliación de 24 a 48 horas para la retención de migrantes, el intercambio de datos personales, el uso de instalaciones militares para internos de baja peligrosidad y los alcances de la intervención militar en el orden interno.

Además, se cuestionaron medidas relacionadas con adolescentes, criminalidad organizada, terrorismo, legítima defensa y supervisión posterior al cumplimiento de condenas. Avendaño sostuvo que varias de estas propuestas no delimitan con precisión las normas que serían modificadas ni establecen de manera suficiente sus alcances.

Posiciones divididas en la sesión

Durante el intercambio de opiniones, varios diputados respaldaron las observaciones planteadas en el predictamen y cuestionaron que algunas medidas hubieran sido formuladas sin suficiente precisión. Otros integrantes plantearon que determinadas herramientas vinculadas con seguridad ciudadana sí deberían ser consideradas y pidieron evaluar una delegación más acotada.

Roxana Rocha, de Renovación Popular, expresó su desacuerdo con el archivo de todo el pedido y defendió la posibilidad de incorporar medidas que permitan la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y apoyo penitenciario. Frank Krklec también planteó revisar la propuesta para evitar que medidas relacionadas con seguridad quedaran fuera de cualquier eventual delegación.

Fernando García, vicepresidente de la Comisión de Constitución cuestionó a su vez la modificación planteada sobre la legítima defensa. Su intervención se centró en las consecuencias que, según señaló, podría generar una modificación de dicho régimen sobre la protección de derechos.

Desde Fuerza Popular, Karina Beteta sostuvo que el Ejecutivo requiere herramientas legales para atender determinados problemas y cuestionó la posición de quienes se oponen al pedido en su conjunto. Otras intervenciones señalaron que el Gobierno mantiene atribuciones propias que puede ejercer sin necesidad de recibir una delegación legislativa.

Graciela Chipana, de Juntos por el Perú, cuestionó que el bloque de seguridad no incluyera medidas relacionadas con la reorganización de la Policía Nacional y mecanismos de inteligencia financiera y patrimonial. Analí Márquez, colega de su bancada, también puso en discusión el argumento de que el Ejecutivo quedaría sin capacidad de acción si no obtiene las facultades solicitadas.

Ernesto Zunini señaló que las posiciones expuestas durante la sesión le generaban preocupación respecto de la posibilidad de alcanzar acuerdos. El diputado también sostuvo que el Gobierno cuenta con otros instrumentos normativos para adoptar determinadas medidas, entre ellos los decretos de urgencia y los decretos supremos.

¿Qué temas quedaron pendientes?

La comisión continuará este miércoles con los cuatro bloques que quedaron pendientes y, posteriormente, deberá definir el texto que será sometido a votación. Los temas previstos son:

• Desarrollo productivo, innovación, agricultura, recursos hídricos, pesca, minería, hidrocarburos, electricidad, turismo, ambiente y recursos naturales.
• Tributación, aduanas, facilitación del comercio y acuerdos comerciales.
• Reforma, organización y modernización del Estado y servicio civil.
• Vivienda y saneamiento.

El predictamen mantiene por ahora la recomendación de no aprobar y archivar el pedido del Ejecutivo, aunque durante la primera jornada algunos diputados plantearon evaluar una delegación más acotada o modificaciones a determinadas medidas.

Cabe mencionar que, durante su discurso, Astudillo afirmó que la PNP nunca ha perdido una batalla contra el crimen.

“Nuestra Policía nunca ha perdido contra el crimen, jamás, y no lo va a hacer. Ustedes son el pueblo uniformado, su primera línea y su garantía”, expresó.

Los agentes reconocidos fueron Abraham Ananías Llashag Loayza y Cristhian Junior Sánchez Pineda, quienes recibieron excepcionalmente el grado de suboficial de primera de Armas y suboficial de primera de Servicios, respectivamente.

El ascenso fue otorgado bajo la causal de “Acción distinguida” mediante la Resolución Directoral n.º 009164-2026-DIRREHUM-PNP.

La intervención que motivó el reconocimiento ocurrió aproximadamente a las 03:10 horas del 20 de septiembre, cuando ambos policías patrullaban en Carabayllo y detectaron un vehículo cuyos ocupantes huyeron y dispararon contra los agentes. Tras solicitar apoyo y ejecutar un plan cerco, uno de los involucrados fue neutralizado y otros tres fueron detenidos.

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Abensur sostuvo que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Cámara de Diputados y citó los artículos 99 y 100 para respaldar su posición. En particular, señaló que el artículo 99 contempla las mociones de orden del día y los pedidos de censura contra integrantes de una mesa directiva, por lo que consideró que el planteamiento debía ser tramitado.

Durante la intervención, Abensur cuestionó que Avendaño no aceptara su solicitud y le reclamó que permita continuar con el procedimiento que, según su interpretación, corresponde.

“Su presidencia ha sido cuestionada, qué parte no entiende”, indicó.

"Qué parte no está entendiendo", le dice diputado Jaime Abensur de Fuerza popular a presidenta de la Comisión de Constitución, Gianinna Avendaño (Juntos por el Perú) al interrumpirla e insistir con la presentación de la moción de censura. pic.twitter.com/gFe7cTz8Wb

— Carlos Viguria (@cviguria) September 29, 2026

¿Qué respondió Avendaño?

La presidenta del grupo de trabajo sostuvo que el artículo invocado por Abensur se refiere a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y no a las mesas de las comisiones. Por ello, consideró que dicha disposición no podía utilizarse para sustentar el pedido presentado contra la presidencia de la comisión.

Fernando García coincidió con esta interpretación y planteó que debía precisarse el alcance de la disposición reglamentaria. El vicepresidente de la comisión señaló que, a su entender, el artículo citado no establece un procedimiento para censurar a los presidentes de las comisiones.

¿Cómo reaccionaron los legisladores?

Por su parte, Víctor Piñán Mamani, de Obras, intervino para pedir que se mantenga el respeto entre los integrantes de la comisión durante la discusión. También cuestionó al oficialismo por el desarrollo del intercambio y señaló que no correspondía convertir la sesión en un espectáculo frente a periodistas y asesores presentes.

Frank Krklec Torres, de Renovación Popular, respaldó la necesidad de tramitar la moción y sostuvo que las reglas utilizadas en el Pleno pueden aplicarse a las comisiones mediante la interpretación parlamentaria. Según su planteamiento, Avendaño podía ceder la conducción a García para que el pedido fuera debatido y sometido a votación, tras lo cual podría continuar al frente de la comisión si la moción no obtenía los votos necesarios.

Arturo Alegría, de Fuerza Popular, también defendió esta interpretación y sostuvo que las disposiciones generales del Reglamento de la Cámara deben utilizarse de manera supletoria cuando no existe una regulación específica para las comisiones. Además, cuestionó que algunas actividades de la comisión no hubieran sido convocadas o comunicadas, entre ellas una sesión ordinaria y determinadas audiencias públicas.

Carmen Duarte, de Buen Gobierno, cuestionó la forma en que se presentó el pedido y señaló que los integrantes de la comisión no habían sido informados previamente sobre esta decisión. La parlamentaria sostuvo que el trabajo legislativo requiere buscar puntos de encuentro entre los miembros y evitar acciones que dificulten ese objetivo.

La discusión se produjo mientras la comisión tenía previsto continuar con el análisis de la solicitud del Poder Ejecutivo para obtener facultades legislativas. Avendaño sostuvo que los integrantes habían acudido a la sesión para abordar ese tema y pidió ordenar el debate para continuar con la agenda.