La disposición tiene alcance nacional y también comprende a instituciones de Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial. La restricción se aplica tanto dentro de los colegios como durante actividades que formen parte del servicio educativo fuera de sus instalaciones o del horario habitual de clases.

Excepciones

El reglamento establece excepciones. Los estudiantes podrán utilizar sus dispositivos con fines pedagógicos, siempre que exista autorización del director o docente y su uso esté previsto en la programación curricular.

También se permitirá cuando existan barreras educativas, necesidades vinculadas con la salud o discapacidad, debidamente sustentadas, así como ante situaciones de emergencia que comprometan la vida, integridad, salud o seguridad de las personas.

Los colegios podrán habilitar espacios para custodiar los celulares y deberán establecer en su reglamento interno las condiciones y el tiempo máximo de permanencia. Como regla general, los dispositivos deberán ser devueltos al finalizar la jornada escolar, aunque ante faltas graves o reiteradas podrán ser entregados al padre, madre o tutor, bajo criterios de gradualidad y proporcionalidad.

Las instituciones educativas deberán informar mediante avisos visibles sobre la restricción y orientar a estudiantes y familias sobre el uso seguro y responsable de la tecnología, la prevención del ciberacoso y los riesgos de la sobreexposición a internet. En colegios donde se hable una lengua indígena u originaria, el aviso también deberá colocarse en dicha lengua.

El monitoreo del cumplimiento de la medida deberá respetar la dignidad e intimidad de los estudiantes. Por ello, los docentes y autoridades no podrán revisar el contenido de los celulares ni aplicar tratos discriminatorios, humillantes u ofensivos. Ante casos de ciberacoso o hechos que puedan constituir delitos, los colegios deberán activar los procedimientos correspondientes y comunicar los casos a las autoridades competentes.

Como se sabe, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó un texto sustitutorio que abarca exclusivamente seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño, con un plazo de 90 días calendario.

Consenso

Ayer, la Junta de Portavoces acordó por unanimidad que el debate del dictamen tenga una duración de tres horas.

Los seis grupos parlamentarios se distribuirán ese tiempo de manera proporcional durante la sesión plenaria.

El acuerdo fue adoptado durante la sesión conducida por el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero, en la sala Basadre del Palacio Legislativo. En la citada jornada participaron los voceros de Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JP), Obras, Partido del Buen Gobierno (PBG), Ahora Nación (AN) y Renovación Popular (RP).

El pleno deberá evaluar el texto aprobado por la Comisión de Constitución y determinar si mantiene su contenido o introduce modificaciones durante la sesión.

Cabe recordar que las materias fueron reducidos de ocho a dos y los puntos de 66 a solo 19. Incluso, se excluyó la posibilidad de denominar terrorismo al crimen organizado.

Revés

Al respecto, el vocero de FP, Arturo Alegría, consideró que lo aprobado no le estaría dando herramientas al Ejecutivo.

“Creo que no va a quedar dudas de que desde Fuerza Popular, en el pleno vamos a tratar de que los puntos que han sido retirados los puedan incorporar. Eso es evidente”, dijo a Epicentro TV.

Por su parte, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, consideró que el dictamen es todavía insuficiente y calificó de “barbaridad” que la logística que tienen las Fuerzas Armadas hayan sido excluidas.

En el caso del Perú, el estudio muestra un escenario marcado por la desconfianza frente a la capacidad del Estado para enfrentar la corrupción y por el pesimismo respecto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Corrupción

Así, solo el 18% de los peruanos considera que se ha avanzado “mucho” o “algo” en la reducción de la corrupción en las instituciones del Estado durante los últimos dos años.

Se trata del porcentaje más bajo entre los países incluidos en la medición, frente a un promedio regional de 34%.

El resultado coloca al Perú por debajo de Brasil (22%), Venezuela (26%) y Argentina (26%). En el otro extremo, El Salvador, que preside Nayib Bukele, un 73% de ciudadanos percibe que sí hay avances en la reducción de la corrupción.

En general, el informe señala que la percepción de avances en esta materia se mantiene baja en la región y advierte que las acciones de los gobiernos no necesariamente se han traducido en resultados concretos.

“Son muchos los presidentes de la región que han declarado la guerra a la corrupción, pero, como vemos, el impacto de ello es escaso”, sostiene Latinobarómetro.

El estudio también advierte sobre la relación entre corrupción y política. Señala que las acusaciones y condenas por corrupción no necesariamente constituyen un obstáculo para llegar a la presidencia y menciona al Perú, Panamá y Honduras como ejemplos.

Crimen

La percepción es todavía más negativa cuando se pregunta por la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El 67% de los peruanos considera que el país está perdiendo frente a estos fenómenos, porcentaje que ubica al Perú en el segundo lugar de la región, detrás de Chile, con 68%. El promedio latinoamericano es de 47%.

En el Perú, solo 6% considera que se está ganando la lucha, mientras que otro 23% sostiene que no es posible derrotar al narcotráfico y al crimen organizado.

En conjunto, el 90% se ubica entre quienes expresan una visión pesimista sobre la capacidad del Estado peruano para enfrentar esta problemática.

En contraste, en El Salvador, 75% considera que se está ganando la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El Latinobarómetro señala que la migración y el crimen han pasado a constituir problemas que trascienden las fronteras nacionales y que existe en la región la percepción de que “no es posible ganar la batalla”.

Víctimas

El problema tampoco queda solo en la percepción. El 32% de los peruanos afirma que él o algún familiar fue asaltado, agredido o víctima de un delito durante los últimos 12 meses.

Perú aparece junto con Uruguay en el segundo lugar de la región en este indicador, solo detrás de Ecuador, que registra 37%. El promedio latinoamericano es de 24%.

En otras palabras, uno de cada tres peruanos encuestados reporta que él o un familiar fue víctima de un delito durante el último año. La cifra supera en ocho puntos porcentuales el promedio regional.

El informe pone especial énfasis en este indicador y advierte sobre los países en los que alrededor de un tercio de la población declara haber sido víctima de un asalto, agresión o delito.

El documento plantea que estos resultados obligan a revisar cómo se enfrenta este problema y cómo se puede combatir la delincuencia sin afectar las instituciones democráticas.

En conclusión, tres indicadores muestran un escenario negativo para el Perú. Apenas 18% percibe avances en la reducción de la corrupción, 67% cree que se está perdiendo la batalla contra el crimen organizado y 32% reporta que él o un familiar fue víctima de un delito.

¿Le parece suficiente que el dictamen sea solo en dos rubros?

Primero, saludar la decisión que ha tomado la Comisión de Constitución a través de las diferentes bancadas, de lo que han acordado. En segundo lugar, saludar que Juntos por el Perú no se ha salido con la suya, porque ellos querían archivar y prácticamente negar todo lo solicitado.

Pero, ¿qué sucederá con los puntos que no se han aprobado?

Hay que esperar qué pasa en Diputados. Recuerden que ese es un predictamen, nada más, que ha salido de la Comisión de Constitución. Ese predictamen tiene que someterse al pleno de la Cámara de Diputados. Entonces, es muy probable que puedan solicitar agregar algo, un cuarto intermedio, etc., porque aún considero que hay unos temas pendientes que pueden ser valorados ahí. Entonces, hay que esperar lo que decidan porque también se puede modificar (el documento) para bien.

¿Cuánto puede complicar al Gobierno, en políticas públicas, no aprobarse lo eliminado de la solicitud original?

El tema de seguridad ciudadana estaría pendiente todavía. Por ejemplo, ver el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para garantizar el tema de los penales. Eso se puede incorporar ahí en la Cámara de Diputados. Adicionalmente, vamos a ver qué hay también por debatir. De repente creen conveniente agregar el tema de modernización del Estado y de reactivación económica. Pero eso está en su potestad.

La senadora Martha Chávez dijo que podría ampliarse en el Senado, ¿buscarán retomar los 66 pedidos?

No se va a desnaturalizar lo que acuerde la Cámara de Diputados. Hay que respetar los acuerdos. Lo que sí, en amparo del reglamento del Senado y de la Constitución, está en su facultad de la Cámara de Senadores rechazar, modificar o también aprobar.

¿Pero eso estaría enmarcado en los rubros que envíe Diputados?

Así es. Sé que Diputados ya están convocando a un pleno, que me parece muy bien. Pero sí es bueno exhortar para que se definan en los tiempos establecidos que ya vencieron. Entonces, invocar a que tomen un acuerdo de una vez, porque no es bueno que se dilate demasiado.

¿Esto ya es un acuerdo en conjunto de FP?

Ahorita todavía no podemos adelantarnos. Cuando llegue a la Cámara de Senadores, ya como bancada, debemos tomar una decisión. Pero en la línea que te estoy diciendo. Vamos a tener que debatir y tomar una decisión como bancada. Es normal eso.

¿Cómo evalúa el actuar de JP en el trámite de este pedido?

Su actitud demuestra que están en contra del Perú. Han optado por la opción radical y que lo defino también como un obstruccionismo en contra del Perú. Hay que decidir si estás del lado del Perú o no.

¿JP es una bancada con la que ya no se puede dialogar?

El diálogo siempre estará, esa es la línea del gobierno de Fujimori. No se va a renunciar al diálogo. También el pueblo está vigilante de este tipo de congresistas, de este tipo de bancadas que prácticamente están priorizando el tema ideológico: ‘No a todo’. El tiempo nos ha dado la razón y prácticamente es una bancada obstruccionista, radical, tanto que al final las otras bancadas de oposición se han dado cuenta de que no les hace bien caminar al lado de ellos porque están en contra del Perú. Qué bueno que hayan tomado distancia.

¿Cree que esta consigna de oponerse venga de Roberto Sánchez?

Roberto Sánchez fue congresista y candidato presidencial. Sé que está de asesor de su bancada y no me cabe la menor duda de que viene acompañado de su opinión. Estas situaciones de oponerse por oponerse lo coordinan con él.

¿Y viene también de Pedro Castillo?

La bancada está dividida. Hay un grupo que apoya a Pedro Castillo, otros a Sánchez, e incluso hay otra facción de Antauro (Humala). Entonces, hay tres facciones ahí y tengo la plena seguridad de que esa bancada va a terminar fragmentada, dividida, porque ni entre ellos mismos se entienden.

Bermejo fue condenado en octubre de 2025 por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria.

El tribunal concluyó que entre 2008 y 2009 el exparlamentario se desplazó voluntariamente a campamentos de Sendero en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde mantuvo contacto con sus dirigentes, recibió adoctrinamiento ideológico y político y participó en labores de captación.

La sentencia también le impuso dos años de inhabilitación para ejercer cargo público, 100 mil soles de reparación civil y 7800 días-multa.

RECHAZO

El Ministerio Público ya fijó una posición sobre el tema. En su Dictamen N° 155-2026, emitido en junio pasado, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal afirmó que no existen motivos para anular la condena y demandó que esta sea confirmada.

“Este Despacho Supremo concluye que la sentencia se encuentra debidamente motivada al exponer de manera coherente las razones fácticas y jurídicas que sustentan la responsabilidad penal del recurrente (Bermejo); no existiendo razones objetivas para estimar los agravios formulados en el recurso impugnatorio”, reza el documento fiscal.

El trámite del recurso de Bermejo generó una polémica debido a que la Defensoría del Pueblo, encabezada por Josué Gutiérrez, intervino y pidió un informe sobre una presunta demora en el proceso. Al respecto, el colegiado supremo indicó que los expedientes se atienden conforme al orden de ingreso establecido por ley.

La Procuraduría Antiterrorismo ha pedido que el fiscal a cargo esté en la audiencia.

El organismo electoral expresó sus condolencias a la familia, al pueblo indígena Kandozi y a la organización política por la que postulaba.

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato murió luego de que una embarcación chocara con el bote en el que viajaba.

Tras conocerse el deceso, pobladores de las comunidades nativas de Nueva Yarina y Puerto Belén se manifestaron contra la realización de las elecciones del domingo 4 de octubre, en medio de una situación de enfrentamiento que, de acuerdo con el organismo electoral, involucró a personas armadas.

Cabe precisar que en entrevista a Cosmovisión Televisión Yurimaguas, la esposa de Sundi Simón Kamarampi denunció “un posible atentado detrás del accidente fluvial” y exigió a las autoridades investigar a fondo las circunstancias del hecho.

Trabajadores son retirados

Asimismo, ante el riesgo para su integridad, seis trabajadores de la ONPE, acompañados por efectivos de las fuerzas del orden y portando el material electoral, fueron retirados de ambas comunidades y trasladados hacia Ullpayacu, capital de Pastaza.

La ODPE Alto Amazonas anunció que presentará las denuncias correspondientes ante la Policía Nacional y el Ministerio Público por presuntos delitos contra la voluntad popular.

En Nueva Yarina estaban previstas tres mesas de sufragio para 627 electores, mientras que en Puerto Belén se contemplaban dos mesas para 309 ciudadanos, un total de 936 electores.

El JNE, por su parte, rechazó cualquier acto que atente contra la vida, integridad y seguridad de las personas y solicitó al Poder Ejecutivo adoptar medidas para proteger a candidatos, miembros de mesa y ciudadanos de la zona.

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El pedido fue planteado durante una reunión con integrantes de la misión de expertos electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Daniel Urresti entregó una carta al jefe de la misión, Víctor Rico Frontaura, en la que expresó su preocupación por la falta de un pronunciamiento sobre la situación de Rafael López Aliaga, quien figura como primer regidor de Renovación Popular luego de la renuncia de Luis Rubio Idrogo a su candidatura a la alcaldía. El JNE confirmó en septiembre la permanencia de López Aliaga como candidato a primer regidor.

En declaraciones a Canal N, Urresti sostuvo que existe incertidumbre respecto a si, ante una eventual victoria de Renovación Popular, la credencial de alcalde correspondería a López Aliaga o a la segunda regidora de la lista, Jeanette Evangelina Alonzo Contreras. El candidato de Podemos Perú argumentó que el artículo 194 de la Constitución establece que no existe reelección inmediata de alcaldes y cuestionó que esta situación no haya sido aclarada antes de los comicios.

La controversia se originó luego de que Luis Rubio renunciara a su candidatura el 4 de agosto, con lo que López Aliaga quedó como primer regidor de la lista de Renovación Popular. El JNE, posteriormente, confirmó que López Aliaga podía continuar como candidato a primer regidor, tras desestimar un pedido de exclusión contra su postulación.

Urresti señaló además que otros partidos políticos solicitaron al organismo electoral un pronunciamiento sobre el tema y no descartó recurrir a instancias internacionales si, después de las elecciones, el JNE determina que López Aliaga debe recibir la credencial de alcalde. Asimismo, cuestionó que Renovación Popular no haya presentado, según afirmó, una rendición de cuentas de sus gastos de campaña tras la salida de su candidato a la alcaldía.

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Señaló que el despliegue policial buscará proteger a los ciudadanos y asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral.

César Astudillo precisó que el operativo no estará concentrado únicamente en los locales de votación y el traslado del material electoral, sino que la PNP mantendrá sus acciones contra la delincuencia. “El crimen no para”, afirmó, al señalar que los agentes continuarán enfrentando amenazas como el narcotráfico, la tala y minería ilegal, la trata de personas y el cibercrimen.

El titular del Interior destacó que más de 26 millones de electores están habilitados para votar en los 1 892 distritos del país. Para ello, se instalarán cerca de 90 mil mesas de sufragio en más de 10 mil locales de votación habilitados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Asimismo, indicó que, por disposición de la presidenta Keiko Fujimori, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegarán sus efectivos disponibles para garantizar la seguridad durante el proceso.

Astudillo sostuvo que el objetivo es que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto “con absoluta libertad, paz y seguridad”, mientras continúan las operaciones contra organizaciones criminales y bandas delictivas.

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En entrevista con RPP, el premier destacó el respaldo de las bancadas Obras, Ahora Nación, Buen Gobierno y Renovación Popular para aprobar la propuesta en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, cuestionó que JPP haya planteado inicialmente un dictamen que contemplaba no otorgar ninguna facultad al Ejecutivo. “Las facultades de negar el 100 %; es decir, presentar un dictamen con cero facultades, eso es algo histórico”, sostuvo.

Luis Galarreta también consideró “insuficiente” el texto aprobado, debido a que el pedido original del Ejecutivo contemplaba 66 facultades agrupadas en ocho materias y finalmente quedó limitado a seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. “Al recortar un montón de las facultades… es como, para el tema de seguridad, nos den una pistola con agua”, afirmó, al sostener que se necesitan medidas de mayor alcance para enfrentar la criminalidad.

En tanto, en declaraciones a Canal N, el jefe del gabinete ya había cuestionado el alcance del dictamen y lo calificó como “muy recortado”. Señaló que las materias aprobadas no incluyen todos los mecanismos que, a su juicio, requiere el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad y atender las emergencias climáticas. No obstante, remarcó: “Con o sin facultades, sí estamos avanzando en varias cosas”, aunque consideró necesarias medidas “mucho más concretas y de mayor magnitud”.

Entre las medidas que el premier planteó incorporar al debate mencionó un marco legal que permita la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional durante operativos y en la vigilancia de los penales. También propuso fortalecer las capacidades de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y establecer medidas frente a las bandas dedicadas a la extorsión y el sicariato.

Respecto al fenómeno El Niño, Galarreta señaló que fueron excluidas del texto aprobado algunas medidas de flexibilización burocrática destinadas a agilizar la titulación de tierras agrícolas, la ejecución de obras de saneamiento y el apoyo a las micro y pequeñas empresas. Según explicó, el Ejecutivo requiere mecanismos que permitan una respuesta más rápida ante eventuales impactos climáticos.

Finalmente, el presidente del Consejo de Ministros afirmó que el Gobierno de Keiko Fujimori respetará las decisiones que adopten la Cámara de Diputados y posteriormente el Senado.

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La decisión fue adoptada durante una sesión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, en la sala Basadre del Palacio Legislativo.

El dictamen, aprobado previamente por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, propone otorgar al Ejecutivo facultades para legislar por un periodo de 90 días calendario.

La Junta de Portavoces acordó por unanimidad destinar tres horas al debate, tiempo que será distribuido proporcionalmente entre los seis grupos parlamentarios. La discusión se centrará en los alcances de la delegación y en las materias específicas sobre las que el Gobierno podría emitir normas.

Asimismo, los portavoces declararon de urgencia las Proposiciones Legislativas 9 y 17, referidas a los plazos de prescripción de la acción penal y a la extinción de dominio, respectivamente. Ambas iniciativas se encuentran en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Además, se coordinará la fecha y hora para que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario Maron, informe ante el Pleno sobre la implementación de la Ley 31155 contra el acoso hacia las mujeres en la vida política, correspondiente al periodo agosto de 2025 a julio de 2026.

#DiputadosInforma | El dictamen que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño ingresó a la agenda del Pleno de la Cámara de Diputados, que se reunirá el próximo martes 6 de octubre.

📌 Nota completa:… pic.twitter.com/inq26jLeJ2

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 2, 2026

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El anuncio se realizó durante una visita inopinada a la Gran Unidad Escolar José Granda, en San Martín de Porres, donde Fujimori estuvo acompañada por los ministros José Antonio Chang y Juan Sheput. La mandataria recorrió talleres de industria alimentaria, computación y mecánica automotriz destinados a la capacitación práctica de los escolares.

El Gobierno prevé implementar 124 secundarias técnicas completamente equipadas durante este año. La iniciativa forma parte de una estrategia para ampliar la formación técnica y brindar herramientas orientadas al empleo y el emprendimiento.

Acuerdo entre ministerios

La medida contempla conectar a los jóvenes capacitados en los últimos años de secundaria con las bolsas laborales del Ministerio de Trabajo. Fujimori encargó a ambos sectores coordinar el mecanismo para facilitar esa transición hacia el mercado laboral.

La presidenta explicó que el objetivo es que los estudiantes puedan aprovechar la preparación adquirida en el colegio al momento de buscar empleo.

“Lo que estoy disponiendo es que se pueda firmar entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación justamente para que los alumnos que vienen formándose en los últimos años de secundaria puedan luego conseguir una chamba”, expresó.

Sheput señaló que un joven demora, en promedio, tres años en conseguir un empleo y sostuvo que la propuesta busca reducir ese periodo. El ministro indicó que las bolsas laborales permitirían acercar a los egresados a las ofertas disponibles.

Fujimori también informó que suspendió su viaje previsto a Amazonas debido a las condiciones climáticas que impidieron la salida del avión. La presidenta señaló que espera realizar la visita durante la próxima semana.

“Quiero pedir las disculpas a la región de Amazonas, estaba planificado nuestro viaje, lamentablemente los cielos nublados no permitieron la partida del avión”, manifestó.

A través de un pronunciamiento difundido este viernes 2 de octubre, el grupo parlamentario reconoció el trabajo de las bancadas que permitieron aprobar el dictamen tras las diferencias registradas en la comisión. El documento contempla otorgar facultades al Ejecutivo por 90 días y concentra la delegación en seguridad ciudadana y acciones frente al fenómeno El Niño.

Fuerza Popular adelantó que buscará incorporar nuevas disposiciones durante el debate en el Pleno. Entre sus propuestas figuran regular el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, actualizar las reglas sobre el uso de la fuerza y establecer una clasificación para determinadas organizaciones criminales como terroristas.

La bancada también plantea reformar el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia. En cuanto al fenómeno El Niño, informó que coordinará con otros grupos parlamentarios para plantear medidas adicionales.

El dictamen deberá pasar al Pleno de la Cámara de Diputados para continuar con su trámite. De acuerdo con la agrupación política, la ciudadanía tiene derecho a vivir sin miedo y la criminalidad debe combatirse con todas las herramientas democráticas disponibles.

Beingolea explicó que las facultades buscan ampliar las medidas contra la delincuencia mediante una estrategia que no se limite al Código Penal. Entre las propuestas mencionó una mayor severidad frente a las organizaciones criminales y una ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas.

“Es un paso adelante que nos permite ver que hay representantes en la Cámara de Diputados que tienen también un pensamiento distinto en el sentido de entender que el país requiere con urgencia esas medidas, así que hasta ahí eso está bien, pero creo que es insuficiente todavía”, expresó ante la prensa.

El ministro afirmó que el Ejecutivo ya ha adoptado medidas contra la criminalidad durante los últimos 60 días y que continuará con estas acciones independientemente de la decisión sobre las facultades. Además, sostuvo que el documento aprobado no contempla algunos aspectos vinculados con el fenómeno El Niño.

“Es más, ya lo estamos haciendo, ya se han tomado en 60 días muchas medidas prácticas y muy duras contra la criminalidad, pero necesitamos facultades para poder mejorar esa dinámica; por ejemplo, calificar con mayor dureza a las organizaciones criminales, que es lo que estamos proponiendo, permitir que las Fuerzas Armadas intervengan, ampliar un poco su participación, o sea, hay muchas medidas que debemos tomar y que se requieren”, indicó.

Posición del Gobierno

Beingolea sostuvo que la aprobación constituye un primer entendimiento entre el Ejecutivo y los representantes de la Cámara de Diputados. Añadió que la lucha contra la criminalidad y la atención del fenómeno El Niño requieren la participación de distintos sectores.

“Entonces todavía aspiramos a más, creo que hay un primer paso, un entendimiento. Está muy claro que algunos congresistas sí entienden lo que el país necesita, este no es un pleito político entre la oposición y la mayoría o el Gobierno y el Congreso, esto es una necesidad de todos los peruanos”

El ministro reiteró que el Gobierno mantendrá las acciones contra la delincuencia incluso si no obtiene las facultades solicitadas.

“Si esto no ocurre, igual vamos a luchar”, precisó.

Durante el encuentro se abordaron condiciones orientadas a favorecer la inversión, el crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo formales. La Presidencia del Consejo de Ministros señaló que estos espacios buscan mantener una comunicación entre las autoridades y los representantes empresariales.

A través de X, la PCM también destacó la importancia que tiene la participación del sector privado para ampliar las oportunidades de desarrollo en el país.

“Para la PCM, el diálogo con el sector privado es clave para promover oportunidades de desarrollo para los peruanos”, resaltó el Ejecutivo.

#PCMInforma | El premier Luis Galarreta sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la @camaradelima, Raúl Barrios, y representantes del gremio empresarial para fortalecer la articulación entre el Gobierno y el sector privado e impulsar condiciones que favorezcan la… pic.twitter.com/hUk7DNqMyc

— Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) October 2, 2026

Piñán sostuvo que el documento fue revisado técnicamente y discutido con representantes del Gobierno antes de alcanzar un acuerdo entre las bancadas. Por ello, cuestionó que durante el debate parlamentario se incorporen nuevas materias o se modifique lo aprobado por la comisión.

“Luego de este consenso que hemos tenido con las demás bancadas, yo creo que se debe respetar esta decisión”, afirmó.

“Estamos en contra de que hayan algunas modificaciones o agregar algo. Esto ha sido evaluado ya técnicamente”, agregó.

#EnVivo

Víctor Piñán, diputado, sobre facultades legislativas: Debería haber un gesto de parte del Ejecutivo. Un comunicado, una declaración. Es importante, de que va a haber ese respeto, a lo que finalmente se ha decidido colectivamente

Encuentra más información en la WEB ►… pic.twitter.com/UANRcuYTEx

— Canal N (@canalN_) October 2, 2026

Pide pronunciamiento del Ejecutivo

Ante la posibilidad de que algunas bancadas soliciten una posición pública del Gobierno antes del debate, Piñán señaló que el Ejecutivo debería manifestar su disposición a respetar lo aprobado por la comisión. Consideró que ese pronunciamiento podría concretarse mediante un comunicado o una declaración pública.

El parlamentario vinculó este pedido con el respeto a las decisiones adoptadas dentro del Congreso y al funcionamiento institucional.

“Por el respeto a la democracia y a la institucionalidad, nosotros creemos que debería ese gesto de parte del Ejecutivo”, manifestó.

Piñán advirtió que la ausencia de ese pronunciamiento podría generar cuestionamientos de algunos parlamentarios durante la discusión. Señaló que distintas bancadas podrían oponerse a los puntos que ya fueron aprobados por la Comisión de Constitución.

El diputado planteó este escenario como una posibilidad dentro del debate parlamentario si el contenido llega a ser modificado.

“Ahí sí podrían salir colegas de las diferentes bancadas y rechazar este pedido, estos puntos que ya han sido aprobados dentro de la Comisión”, sostuvo.

Pese a ello, Piñán expresó su expectativa de que el Ejecutivo respete el acuerdo alcanzado y que la solicitud continúe su trámite en el Pleno. La propuesta deberá ser discutida por las cámaras antes de definir su aprobación.

Los cierres. Al cierre de esta edición, el candidato a primer regidor de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, aún no aparecía en el estrado principal de su actividad proselitista, en la Avenida de La Peruanidad, pero horas antes había participado en otra jornada en El Agustino.

Allí anunció que, en caso de volver a ser electo alcalde, dirigirá marchas al Congreso para exigir leyes más fuertes contra la inseguridad.

“Yo como alcalde voy a encabezar las marchas para tener penas bravas contra el terrorista urbano. He venido hablando con mis diputados y senadores, también con varios de otros partidos. Los vamos a parar, haremos lo mismo que Fujimori, pero Alberto, un tribunal militar para aquel ‘veneco’ que nos venga a joder la vida (sea sentenciado). Procesos sumarios y a la selva del Perú, que se jodan. Por derechos humanos Le doy una carpa, un machete su agua y su yuca”, aseguró.

Carlos Bruce (Somos Perú) se dirigió a la prensa antes de subir al estrado en Villa El Salvador. Allí, en medio de la lluvia, volvió a cuestionar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no dar a conocer si dará la credencial a López-Aliaga si resulta electo.

“La Constitución dice que el cargo de senador es irrenunciable, el JNE dijo que el señor López-Aliaga era senador y le permitieron renunciar, ahí hay una infracción. La Constitución dice que el alcalde no se puede reelegir y el señor López-Aliaga está postulando a una reelección, esa es otra infracción”, aseveró.

Finalmente, Francis Allison (Avanza País) estuvo en Ate y allí destacó que realizó una campaña “austera” y agradeció el apoyo que recibió.

Bermejo fue condenado en octubre de 2025 por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria.

El tribunal concluyó que entre 2008 y 2009 el exparlamentario se desplazó voluntariamente a campamentos de Sendero en el Vraem, donde mantuvo contacto con sus dirigentes, recibió adoctrinamiento ideológico y político y participó en labores de captación.

La sentencia también le impuso dos años de inhabilitación para ejercer cargo público, 100 mil soles de reparación civil y 7800 días-multa.

RECHAZO

El Ministerio Público ya fijó una posición sobre el tema. En su Dictamen N° 155-2026, emitido en junio pasado, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal afirmó que no existen motivos para anular la condena y demandó que esta sea confirmada.

“Este Despacho Supremo concluye que la sentencia se encuentra debidamente motivada al exponer de manera coherente las razones fácticas y jurídicas que sustentan la responsabilidad penal del recurrente (Bermejo); no existiendo razones objetivas para estimar los agravios formulados en el recurso impugnatorio”, reza el documento fiscal.

El trámite del recurso de Bermejo generó una polémica debido a que la Defensoría del Pueblo, encabezada por Josué Gutiérrez, intervino y pidió un informe sobre una presunta demora en el proceso. Al respecto, el colegiado supremo indicó que los expedientes se atienden conforme al orden de ingreso establecido por ley.

La Procuraduría Antiterrorismo ha pedido que el fiscal a cargo esté en la audiencia.

El texto fue aprobado con 15 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.

Ahora, el dictamen deberá pasar a la Cámara de Diputados para su evaluación y posterior aprobación.

El documento sería puesto a debate en el Pleno el martes 6 de octubre.

EL DOCUMENTO

La fórmula aprobada por el mencionado grupo de trabajo incluye otorgar facultades en dos materias (ver infografía).

Sobre lucha contra la inseguridad ciudadana hay 29 medidas dividas en seis puntos: migración, comunicaciones, armas de fuego, normativa penitenciaria, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y lucha contra la criminalidad.

Mientras que en materia del Fenómeno El Niño, hay 22 medidas distribuidas en 12 puntos.

Por ejemplo, en lucha contra la inseguridad ciudadana se plantea fortalecer las capacidades de análisis, inteligencia e información migratoria para la identificación de riesgos vinculados con la seguridad y el orden interno; así como establecer límites y condiciones para la conversión de penas privativas de libertad respecto de delitos de elevada lesividad, reduciendo los umbrales que actualmente permiten acceder a dichos mecanismos.

Tras un debate que se extendió por una hora, el grupo aprobó el texto sin hacer modificaciones.

Entre los 13 votos a favor se encuentran integrantes de la bancada de Fuerza Popular (con reserva), Renovación Popular, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno.

Mientras que cinco diputados de Juntos por el Perú votaron en contra.

Ellos son Giannina Avendaño, Jessica Pérez, Oswar Cahuaza, Analí Márquez y Graciela Chipana.

Además, se registraron dos abstenciones de Arturo Alegría y Jaime Abensur del bloque naranja.

EL PRINCIO

La Comisión de Constitución primero sometió a votación el texto que hizo el grupo técnico hace unos días, un documento que recomendaba no dar facultades al Poder Ejecutivo en ninguna materia y enviarlo al archivo.

Por ese texto votaron en contra 15 diputados y solo cinco a favor.

Todos los que votaron por no dar facultades al Ejecutivo pertenecen a la bancada de Juntos por el Perú (JP).

De manera inmediata se intentó someter a debate un predictamen que sí recomendaba dar facultades al Ejecutivo por 90 días, aunque solo en dos materias.

Ese texto fue presentando en consenso entre bancadas como Renovación Popular, Ahora Nación, Obras y el Buen Gobierno. Sin embargo, cuando inició la votación, el diputado Arturo Alegría de Fuerza Popular (FP) cuestionó que el texto no se debate y que lo haya recibido hace unos minutos.

“Nos han presentado este texto de aquí hace tres minutos, entonces nos está pidiendo, no sé cómo calificarlo, que votemos una fórmula sin debate”, reclamó.

Por ese motivo, se suspendió la sesión para que los representantes del bloque naranja puedan leer el documento de 10 páginas.

DEBATE

Durante el debate, el diputado Alegría dijo que si bien el texto de consenso de cuatro bancadas es un cierto avance, es insuficiente.

“Se ha limitado que a las mafias se le pueda decir como son, organizaciones terroristas”, reclamó.

En la misma línea se pronunció su colega de bancada Cecilia Chacón.

“No se le puede negar al pueblo peruano luchar contra el crimen organizado”, afirmó.

Romina Uribe del Buen Gobierno (BG) recordó que FP y JP tienen la votación mayoritaria en la Comisión de Constitución, por lo tanto, les pidió poner al Perú primero.

“Aquí nos estamos estacando, si las facultades no son aprobadas, qué mensajes le estamos dando a nuestro país”, indicó.

Frank Krklec de Renovación Popular dijo que este es el último gran esfuerzo que hacen las bancadas.

“Acá tenemos dos alternativas, logramos aprobar esto por mayoría o simplemente no”, dijo.

Gina Duarte del BG sostuvo que lo ideal hubiera sido lograr un consenso entre las seis bancadas.

“Vuelvo a poner los paños fríos, porque siento hasta ahora que los del frente (Fuerza Popular) sigue con el afán de discutir”, manifestó.

Mientras que Freshman Buitrón de Ahora Nación mencionó que las propuestas son claras, por ese motivo, llamó a sus colegas a la reflexión y les pidió detener las peleas.

El documento reduce la delegación solicitada a dos materias: seguridad ciudadana y prevención ante el Fenómeno El Niño.

El Ejecutivo había planteado inicialmente contar con facultades durante 120 días para legislar sobre ocho materias.

Durante la discusión, diputados de Fuerza Popular cuestionaron que la propuesta no incluyera atribuciones relacionadas con inteligencia, participación de las Fuerzas Armadas y control de los penales.

Cab mencionar que, con la aprobación del texto, las facultades quedarían limitadas a 90 días.

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La segunda votación solo se realizará en aquellas regiones donde ninguna fórmula para gobernador y vicegobernador consiga al menos el 30 % de los votos válidos. El JNE indicó que solicitará oportunamente a la presidenta de la República la convocatoria correspondiente.

Como parte de la organización del proceso, el organismo electoral pidió a la ONPE entregar a los Jurados Electorales Especiales (JEE) las actas observadas hasta el domingo 11 de octubre. Asimismo, estableció el 28 de octubre como plazo máximo para que los JEE desarrollen las audiencias públicas de recuento de votos.

El Pleno también habilitó sábados, domingos y feriados para las actividades relacionadas con las actas observadas, el recuento y la proclamación de resultados.

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Nieto se pronunció sobre la decisión de los diputados durante su participación en Arequipa, donde encabezó el cierre de campaña de su organización política. Allí manifestó que el acuerdo alcanzado en la comisión representa una salida intermedia frente a las posiciones que se habían planteado durante el debate.

“Han quedado en una esquina los que querían todo, en la otra esquina los que no querían nada y en el espacio del centro, aquellos que hemos elegido el diálogo, la concentración de acuerdos entre peruanos para unir el país, porque gobernar es unir”, declaró.

El dictamen fue aprobado con 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. La propuesta establece una delegación de facultades por 90 días únicamente en seguridad ciudadana y medidas relacionadas con el fenómeno El Niño.

La decisión modifica de manera sustancial el pedido inicial del Gobierno de Keiko Fujimori, que solicitó facultades por 120 días para legislar sobre 66 materias distribuidas en ocho bloques. Entre los temas planteados inicialmente estaban asuntos tributarios, laborales, seguridad, modernización del Estado y desarrollo productivo.

El texto aprobado por la comisión deberá pasar ahora al Pleno de la Cámara de Senadores, donde será debatido y sometido a votación.

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La ceremonia se desarrolló en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno y contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Durante el acto fueron acreditados Ek-on Khunacharoen, por Tailandia; Johanna Teague, por Suecia; Sugandh Rajaram, por India; Lydia Ladurner, por Austria; y Petr Mikyska, por República Checa.

La relación del Perú con estos países incluye distintos ámbitos de cooperación. Con Tailandia existe una Asociación Estratégica desde octubre de 2013, mientras que los vínculos con Suecia se enfocan en temas como democracia, desarrollo sostenible y comercio. Con India se busca ampliar la cooperación tecnológica, farmacéutica y económica, y con Austria destacan los vínculos comerciales, de inversión y turismo.

En el caso de República Checa, la agenda bilateral contempla asuntos económicos, culturales, educativos y científicos, además de oportunidades de cooperación en infraestructura, minería, energías renovables, agricultura y logística.

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Según indicó, espera que el 90 % de las medidas obtenga respaldo y sostuvo que una eventual negativa trasladaría la responsabilidad a las bancadas que voten en contra.

“Yo confío en que el 90 % va a ser aprobada finalmente. Por lo demás, la responsabilidad de no hacerlo no recae en el gobierno, recae en la Cámara (de Diputados) y en aquellas bancadas que nieguen su voto”, afirmó Álvarez durante una actividad de presentación de equipos de telecomunicaciones incautados en los penales.

El ministro señaló que el escenario podría generar cuestionamientos políticos si el fenómeno El Niño alcanza una alta gravedad y parte de las medidas propuestas por el Gobierno no son aprobadas.

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En declaraciones a Canal N, sostuvo que el debate no debería convertirse en un escenario de confrontación política ante el incremento de la delincuencia y la violencia.

Reggiardo señaló que ha revisado el pedido de facultades y consideró necesario que el Gobierno cuente con las herramientas planteadas. “Mi invocación nuevamente al Congreso de la República (...) es dejarse de ejercer criterios políticos ante una situación que no da para eso en este momento”, afirmó.

Como parte de sus propuestas, el alcalde anunció que la Municipalidad Metropolitana de Lima prepara una ordenanza para establecer una amnistía dirigida a quienes entreguen voluntariamente las armas que tengan en su poder. También planteó crear una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana para articular el trabajo de los distintos sectores vinculados a la lucha contra la delincuencia.

Asimismo, propuso implementar una policía municipal que asuma labores relacionadas con el control del tránsito, con el objetivo de permitir que más efectivos de la Policía Nacional se concentren en combatir el crimen organizado y otros delitos. Reggiardo sostuvo que algunas de estas medidas pueden ser aplicadas por el Gobierno sin necesidad de esperar la delegación de facultades.

#SeguridadCiudadana | Durante la supervisión del C5, el alcalde de Lima, @Renzo_Reggiardo, señaló que la inseguridad ciudadana requiere herramientas y respuestas rápidas. Asimismo, hizo un llamado a las instituciones del Estado a actuar con mayor celeridad para atender uno de los… pic.twitter.com/coqvQn2BXq

— Municipalidad de Lima (@MuniLima) October 1, 2026

De otro lado, el alcalde destacó las inversiones de su gestión, que, según indicó, alcanzan los S/4.000 millones. Entre los proyectos mencionó alrededor de 50 kilómetros de nuevas vías, la primera etapa del C5 de Lima, que contempla 4.500 cámaras de videovigilancia, y un proyecto de semaforización valorizado en S/205 millones.

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Se trata de la tercera sesión ordinaria de dicha comisión que comenzó a las 2 de la tarde en la Sala Grau del Palacio Legislativo. Posteriormente, se dio un periodo de tiempo para que todos los miembros puedan leer el documento.

En la víspera, el debate fue suspendido por la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, quien dispuso un cuarto intermedio para buscar consensos luego de que las bancadas de Renovación Popular, Obras y Partido del Buen Gobierno presentaran textos sustitutorios.

Como se sabe, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores inició el martes el análisis de la Proposición Legislativa N.° 00098/2026-2031-CD, que plantea otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante 120 días.

Debido a la amplitud de las materias incluidas en la solicitud, la sustentación y el debate fueron programados en dos sesiones.

Consenso sobre facultades solicitadas por el Ejecutivo

Más temprano se conoció que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados cuenta con un texto de consenso sobre la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo, informó el diputado de Renovación Popular, Franck Krklec.

Según explicó el parlamentario en RPP, los equipos técnicos de las bancadas trabajaron hasta la noche del miércoles para consensuar una propuesta, que ya fue remitida a la comisión para la elaboración del dictamen correspondiente.

Krlkec señaló que el texto delimita las facultades en dos materias: seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño, incluyendo medidas vinculadas al sector agrario.

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Lourdes Alcorta, senadora de Renovación Popular, rechazó las posibles amenazas contra la presidenta de la República, Keiko Fujimori, difundidas tras un encuentro de la macrorregión sur.

“Es una situación que no se puede permitir. No solamente a la presidenta de la República, que es la presidenta del Perú”, señaló Alcorta en declaraciones a Canal N.

La parlamentaria cuestionó además que este tipo de expresiones se realicen de manera anónima o fuera del escrutinio público.

“No se puede pedir ningún tipo de amenaza, es la cosa más cobarde que se puede dar atrás de las paredes, detrás de las puertas, de estar usando para amenazar”, expresó.

Alcorta integra el grupo parlamentario Renovación Popular y ejerce como senadora durante el periodo 2026-2031, de acuerdo con la información oficial del Senado.

Alcorta pide no dar mayor relevancia a las amenazas

La legisladora indicó que la presidenta cuenta con protección personal y con servicios de inteligencia encargados de resguardar su seguridad.

En ese contexto, Alcorta consideró que las expresiones difundidas no deberían recibir una mayor amplificación mediática.

“Ojalá que la prensa no levante esta noticia, que realmente no hay que siquiera darle esa importancia”, manifestó.

Alcorta se pronuncia sobre las facultades legislativas

La senadora también se refirió al pedido de facultades legislativas que se tramita en la Cámara de Diputados.

Alcorta aseguró que, desde el Senado, no ha advertido iniciativas destinadas a incorporar asuntos distintos a los comprendidos en la solicitud original del Ejecutivo.

“No he visto, ni siquiera en la posición más radical que pueda haber en el Senado, alguna inquietud que venga de diputados y locales en el Senado. Eso no lo vamos a permitir nosotros también”, afirmó.

La parlamentaria planteó además que el debate entre las distintas fuerzas políticas debería dar paso a una etapa de mayor reflexión y menor confrontación.

“Creo que vamos a hablar de reflexión, hay que ser positivos, no hay que echarnos leña entre nosotros mismos”, señaló.

Alcorta ya se había pronunciado previamente sobre el trámite de las facultades legislativas y su eventual llegada al Senado.

Como se sabe, dicho grupo de trabajo continúa hoy jueves 1 de octubre con la sustentación y el debate del dictamen sobre la delegación de facultades legislativas.

Herber López indicó en RRP que el texto consensuado en la Comisión de Constitución establecería la delegación de facultades en temas como el fenómeno El Niño y lucha contra la criminalidad.

“El acuerdo va en esa línea, de otorgarle las facultades de manera específica en algunos puntos. Hoy tenemos sesión a las 2 de la tarde y también considero que sí va a haber una buena perspectiva y probablemente estemos aprobando este texto sustitutorio”, refirió.

A decir de Herber López, la bancada de Obras está predispuesta a dar las facultades al gobierno en “lo que compete o en lo que sea pertinente y, sobre todo, responsable”.

Más temprano, el diputado de Renovación Popular, Franck Krklec, informó que en la Comisión de Constitución se ha elaborado un texto de consenso sobre las facultades solicitadas por el Ejecutivo.

Según explicó el parlamentario, los equipos técnicos de las bancadas trabajaron hasta la noche del miércoles para consensuar una propuesta, que ya fue remitida a la comisión para la elaboración del dictamen correspondiente. “Por fin hay humo blanco ”, refirió en RPP.

Franck Krlkec señaló que el texto delimita las facultades en dos materias: seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño, incluyendo medidas vinculadas al sector agrario.

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La propuesta, presidida por el diputado Segundo Castrejón Fernández, también deja sin efecto la comisión organizadora encargada de elaborar el estatuto y convocar a la elección del primer Consejo Directivo Nacional del CPAP, así como las acciones administrativas realizadas al amparo de dicha norma.

Segundo Castrejón sostuvo que la ley establece como requisito para incorporarse al colegio la acreditación de un título profesional o licenciatura, lo que, según señaló, excluye a artistas autodidactas, tradicionales, populares, comunitarios y portadores de conocimientos ancestrales.

El parlamentario citó datos del Ministerio de Cultura según los cuales una parte importante de los artistas se forma fuera del sistema universitario: 37,2 % mediante tradición familiar o comunitaria y 32,1 % de manera autodidacta, mientras que el 28,4 % cuenta con estudios universitarios.

Durante la sesión, la diputada Marleny Arminta Valencia (Ahora Nación) sustentó además una iniciativa para modificar la Ley Universitaria y la Ley N.° 26271, con el objetivo de modernizar el régimen del carné universitario y garantizar el acceso a beneficios estudiantiles.

Asimismo, presentó una propuesta orientada a fortalecer la formación investigativa en el pregrado y facilitar la obtención oportuna del grado académico de bachiller.

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El senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, pidió que la Policía Nacional y el Ministerio Público investiguen de inmediato las presuntas amenazas contra la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

“No es cosa de juego empezar a tramar el asesinato de la presidenta de la República”, declaró Rospigliosi a Canal N. El legislador sostuvo que expresiones de este tipo deben ser investigadas y no pueden ser minimizadas.

Rospigliosi pide una investigación de la Policía y la Fiscalía

Rospigliosi afirmó que las autoridades deben identificar a las personas involucradas y determinar si existen responsabilidades penales.

“Creo que tanto la Policía como la Fiscalía deben investigar de inmediato a las personas que han participado en eso y que debe haber unas sanciones drásticas, no se puede permitir bajo ningún punto de vista”, manifestó.

El senador señaló además que el país ha atravesado periodos de terrorismo y violencia política, por lo que consideró necesario que cualquier posible amenaza sea esclarecida con rapidez.

“Ojalá que las autoridades actúen con la prontitud y celeridad necesaria, porque ya sabemos que muchas veces estas cosas demoran meses y años y luego se diluyen. Hay que actuar ahora”, indicó.

Las declaraciones se producen después de que se difundieran reportes sobre expresiones contra la integridad de la mandataria. Otros actores vinculados al sector de inteligencia también han solicitado que estas sean investigadas.

Comisión de Inteligencia consultará a la DINI

Consultado sobre si la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) tenía información previa sobre las presuntas amenazas, Rospigliosi señaló que el asunto será abordado desde la Comisión de Inteligencia.

“No sé si la DINI tenía información al respecto o como parte de la Comisión de Inteligencia lo vamos a preguntar”, sostuvo.

Rospigliosi preside la Comisión de Inteligencia del Senado para el periodo anual de sesiones 2026-2027. El grupo parlamentario supervisa, entre otros aspectos, las actividades y políticas vinculadas al Sistema de Inteligencia Nacional.

El senador también vinculó este asunto con el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y planteó restablecer capacidades operativas de la DINI que, según sostuvo, fueron recortadas en años anteriores.

“Parte de las facultades que se le deben otorgar, espero que se le otorguen al Gobierno, es eso, de restablecer la posibilidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia”, declaró.

Rospigliosi consideró además que la Policía y el Ministerio Público deberían informar sobre el avance de las investigaciones, respetando la reserva de las diligencias.

Rospigliosi se pronuncia sobre censura contra César Astudillo

El senador también se refirió a la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, y consideró positivo que algunos integrantes de la Cámara de Diputados hayan retirado sus firmas de la iniciativa.

“Me parece muy bien que haya grupos en la Cámara de Diputados que hayan recapacitado sobre estos dos temas, que hayan retirado su firma de la censura planteada contra el ministro del Interior”, señaló.

Rospigliosi cuestionó además que se busque retirar del cargo a Astudillo a poco más de dos meses de haber asumido el Ministerio del Interior.

La Cámara de Diputados tenía programado para este jueves 1 de octubre de 2026 el debate de la moción de censura 445 contra Astudillo. La iniciativa fue presentada por legisladores de Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno.