Señaló que, aunque recién había conocido su renuncia, consideraba que se trataba de un funcionario que estuvo a la altura de sus responsabilidades.

Dyer indicó que corresponde respetar la decisión de Rey, quien presentó su carta de renuncia por motivos de salud.

“Es una persona realmente un amigo, un ministro realmente decente, honesto, que estuvo a la altura desde un inicio, pero obviamente respetar por temas de salud”, manifestó.

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En ese contexto, consideró necesario volver a discutir las consecuencias jurídicas para adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves.

Bazán recordó que el anterior Congreso aprobó una norma para que adolescentes de esas edades fueran procesados bajo la legislación penal ordinaria cuando cometieran determinados delitos. Sin embargo, dicha disposición fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

El parlamentario sostuvo que, pese a respetar ese pronunciamiento, el caso del Liceo Naval vuelve a plantear la discusión sobre el tratamiento penal de los menores involucrados en delitos graves.

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Cabe mencionar que la reorganización se mantendrá hasta diciembre de 2027 y el director será designado por el Minedu.

Chang señaló que la intervención buscará mantener el nivel académico de la institución y, al mismo tiempo, atender problemas relacionados con la disciplina y la convivencia.

“Esta escuela es una muy buena escuela. Al interior hay problemas disciplinarios, y eso es lo que hay que manejar. Se han relajado las normas de disciplina, se ha quitado la autoridad al director y a los maestros, los padres de familia han abandonado el ejercicio de la docencia en casa”, expresó.

Sobre las clases, Chang confirmó que continuarán de manera presencial para la mayoría de los estudiantes. El Liceo Naval cuenta con aproximadamente 1.500 alumnos, mientras que la investigación involucra a un grupo reducido.

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“ ...por razones de salud que me impiden continuar ejerciendo las responsabilidades propias del cargo con la dedicación que este exige”, indicó.

En el documento remitido el 17 de septiembre, Rey agradeció a la presidenta Keiko Fujimori y al titular de la PCM por la confianza depositada en él para asumir la conducción del sector. El Ejecutivo lo había designado como ministro de Transportes y Comunicaciones el 28 de julio, tras la asunción del nuevo gobierno.

“Para mí ha sido un honor trabajar junto con ustedes y con los servidores públicos, autoridades y equipos técnicos tanto del Ministerio a mi cargo como con los colegas y funcionarios de los demás sectores”, señaló en su carta.

La Presidencia del Consejo de Ministros informa que ha recibido la carta de renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, por motivos de salud. Lamentamos y comprendemos las razones que la motivan.

Reconocemos y agradecemos el trabajo realizado por el… pic.twitter.com/KtQWBZPTfT

— Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) September 18, 2026

Rey indicó que continuará colaborando para que el cambio de administración del despacho se realice de manera ordenada. En ese sentido, puso a disposición la información necesaria para asegurar la continuidad de las políticas, proyectos y servicios del sector.

“Quedo a la orden para facilitar una transferencia ordenada y transparente de la gestión, poniendo a disposición la información necesaria para asegurar la continuidad de las políticas, proyectos y servicios a cargo del Ministerio”, expresó.

Finalmente, el exministro reiteró su agradecimiento por la oportunidad de ejercer el cargo y formuló sus deseos para la continuidad de la gestión gubernamental.

“Reitero mi gratitud y formulo mis mejores deseos para el éxito de la gestión gubernamental en beneficio de todos los peruanos”, concluyó.

Entre los principales argumentos se citaron las declaraciones de Gutiérrez sobre un eventual cierre del Congreso y se plantearon cuestionamientos relacionados con contrataciones de personal en la Defensoría del Pueblo. Las bancadas aseguran que estos hechos justificarían iniciar el procedimiento para evaluar su permanencia en el cargo.

Cuestionamientos por sus declaraciones

Uno de los fundamentos está relacionado con las declaraciones que Gutiérrez brindó el 27 de agosto sobre la posibilidad de que la presidenta Keiko Fujimori disolviera el Congreso. En esa oportunidad, señaló que una eventual medida de ese tipo podría elevar el respaldo ciudadano hacia la mandataria y también mencionó un posible ahorro de S/3.000 millones al año.

En una entrevista con Canal N, Gutiérrez sostuvo que la presidenta no tendría solo el 60 % de respaldo que le atribuían algunas encuestas, sino que podría alcanzar más del 80 % en caso de cerrar el Parlamento.

“Si la señora Keiko Fujimori decide cerrar el Congreso yo le digo con toda sinceridad no tendría el respaldo de los 60 % que dice según las encuestas tiene respaldo, sino tendría mínimo más de 80 % como lo tuvo su padre en su momento”, afirmó.

Las cuatro bancadas consideraron que estas expresiones constituyen, según su posición, un cuestionamiento al funcionamiento del Parlamento fuera del marco legal. En un documento conjunto, calificaron los dichos como “un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes” y señalaron que cuestionar la existencia o funcionamiento del Congreso sin respetar el marco legal constituye una acción antidemocrática.

Observaciones a contrataciones

El segundo fundamento está relacionado con cuatro casos de contrataciones e incorporación de personal en la Defensoría del Pueblo que fueron observados en un informe de control de la Contraloría. La solicitud menciona a Betbiary Mariel Díaz Coral, Lucía Yalán Cano, Nicole Marjhory Mingos Medrano y Margarita Yahuana Correa.

Según el documento presentado por las bancadas, los cuatro casos tendrían elementos comunes relacionados con contactos previos con el despacho del titular de la entidad, órdenes de servicio y posterior incorporación a la planilla. También se cuestiona que se hayan validado requisitos que, de acuerdo con el pedido, no estaban acreditados al momento de las contrataciones.

Los parlamentarios sostienen que la reiteración de estos casos comprometería las funciones de dirección y supervisión atribuidas al titular de la institución. La solicitud pide que estos antecedentes sean considerados dentro del procedimiento de evaluación de Gutiérrez.

¿Qué sigue con el pedido?

El procedimiento corresponde al Senado a través de la Comisión de Procedimientos Especiales. Esta instancia deberá evaluar los argumentos, solicitar los descargos correspondientes y elaborar un informe antes de que el caso sea sometido a consideración del Pleno.

Para aprobar la remoción se requiere el respaldo de dos tercios del número legal de senadores. De acuerdo con la composición de 60 integrantes de la Cámara Alta, la solicitud necesita 40 votos para declarar la vacancia del cargo.

La declaración fue realizada durante una entrevista en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Sobre Irán, el canciller señaló que la decisión de romper relaciones diplomáticas con Teherán se tomó por razones vinculadas a principios internacionales y derechos humanos.

No obstante, los servicios consulares continúan funcionando para atender a los 120 peruanos que viven en territorio iraní. “No ha habido ningún tipo de presión (...) Se rompió la relación diplomática”, afirmó.

En cuanto a la situación de los peruanos que participan en las tropas rusas en el conflicto con Ucrania, Espá informó que la Cancillería registra a 459 ciudadanos enrolados. De ese grupo, 11 han fallecido, 114 permanecen desaparecidos, tres son prisioneros de guerra y 28 fueron repatriados al Perú.

El ministro también indicó que convocó por segunda vez al embajador de Rusia en Torre Tagle para solicitar información oficial sobre los 114 peruanos desaparecidos.

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Diez de sus alumnos permanecen detenidos por un caso de presunta violación sexual a un compañero de 16 años.

Los supuestos agresores son del quinto año de secundaria.

El hecho ocurrió dentro de una ‘combi’ escolar, luego de un campeonato de futsal el último martes.

Demanda

Según el acta policial, a la que accedió Correo, el menor agraviado, identificado con las iniciales J.L.T.M. (16), habría sido víctima de sus compañeros dentro de un bus escolar de regreso al colegio el pasado 15 de septiembre.

El padre del menor presentó la denuncia al día siguiente de ocurrido el hecho, el miércoles 16.

Fue así como dos efectivos de la Policía acudieron al colegio y entrevistaron a la directora del plantel Carito Indira Ayala Delgado, quien estaba acompañada por el abogado de la institución, César Alberto Chávez de la Peña.

El documento da cuenta que ocho de los diez menores investigados por presunta violación sexual estaban ese día en la sede educativa.

Ellos fueron B.B.L. (17), I.I.K.P. (17), M.L.M.V. (16), L.B.M.D. (17), M.R.M. (16), M.O.T.R. (16), S.B.A. (16) y V.R.A. (17).

Otros dos estudiantes, C.A.A.P. (16) habría faltado a clases y L.M.I.A (16) se encontraba estudiando a distancia.

Posteriormente, ambos se apersonaron junto a sus madres en la comisaría de San Borja.

La detención fue consignada por “presunta infracción a la ley penal – violación de la libertad sexual – violación sexual”.

El examen médico legal determinó indicios compatibles con una agresión de carácter sexual, así como lesiones traumáticas recientes en otras partes del cuerpo.

El informe también estableció la necesidad de una incapacidad médico-legal de al menos 4 días a la víctima.

El caso fue comunicado al representante del Ministerio Público, Mariano De La Torre Hernández, de la Séptima Fiscalía de Familia Lima Centro.

Despliegue

La Fiscalía informó que De La Torre dispuso la declaración del adolescente en Cámara Gesell y la recepción de los testimonios de los diez menores retenidos, además de otras diligencias urgentes.

Asimismo, reportó que los adolescentes permanecen en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre, mientras avanzan las investigaciones.

🚨 #LoÚltimo | Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició investigación preliminar tras la denuncia de una presunta violación sexual, por parte de menores de edad del quinto año de secundaria de un centro educativo, en agravio de un estudiante de 16 años. Los hechos… pic.twitter.com/44GsmC6pwH

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 17, 2026

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) también se pronunció. La entidad activó su Programa Nacional Warmi Ñan para asistir al menor agraviado y a su familia.

“Brinda asistencia legal y soporte psicológico al menor de edad y su familia”, reza el comunicado del MIMP.

La cartera que dirige María Seminario adelantó que un equipo multidisciplinario participará en las diligencias que programe la Fiscalía.

#Lima | Ante el caso de un adolescente de 16 años, víctima de violencia sexual presuntamente cometida por compañeros de aula del Liceo Naval, en San Borja, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, brinda asistencia legal y… pic.twitter.com/ThVcN3VWq7

— Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) September 17, 2026

Entre tanto, el colegio emitió un primer comunicado la noche del 16 de septiembre. La dirección calificó lo ocurrido como una “presunta agresión física” entre estudiantes durante un traslado deportivo. En redes sociales, generó indignación la forma en que minimizó el grave hecho.

“La violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en nuestra comunidad educativa. De comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas disciplinarias que correspondan, conforme a la normativa vigente y al reglamento institucional”, indicó el documento escrito por la dirección del plantel, sin la firma de algún representante.

Al informarse del caso, la Defensoría del Pueblo cuestionó la versión del colegio. Su vocera, Sandra Ramos, calificó de minimización el uso de la palabra “agresión física” para describir el ataque.

Incluso, la funcionaria confirmó de la presencia de adultos en el vehículo escolar. “De lo que nos han informado el colegio, ha habido dos personas mayores y esa es una de las preocupaciones. Eso está en investigación”, precisó.

En los exteriores de la comisaría, los medios de prensa recogieron las declaraciones de la docente Giovanna León, quien relató que enfrentó represalias internas por denunciar previamente situaciones irregulares en el plantel.

“Lo único que quiero es que nadie más sufra (...). Como profesora, puedo decir con orgullo que por lo menos dejé un granito de arena y no me quedé callada”, expresó León.

En esa línea, el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales, apuntó directamente contra el plantel y reveló que la institución ya conocía episodios previos de ‘bullying’ contra la víctima.

“Se ha pedido que sean específicos y contundentes porque no es un caso aislado. Ya sabían del hecho, ya sabían y la denuncia la ha hecho el padre de familia y no la ha hecho el colegio. Es algo que nos llamó mucho la atención”, cuestionó Gonzales.

De acuerdo al penalista Carlos Caro, en el proceso penal, el fiscal debe definir si solicita la medida de internamiento preventivo, pero este periodo solo tiene un plazo de 50 días. Es decir, luego de ese tiempo, los investigados deberán salir en libertad.

De acuerdo al Código Penal, la máxima sanción es de apenas seis años, señaló Caro en Canal N.

En #CuentasClaras, el abogado penalista Carlos Caro estimó que los escolares que permanecen retenidos por presunta agresión sexual de caso Liceo Naval podrían recibir internamiento preventivo: "El plazo máximo es de 50 días y luego recuperarían su libertad"

Mantente informado… pic.twitter.com/T8kSaAx7fF

— Canal N (@canalN_) September 18, 2026

Por su parte, la abogada penalista Valeria Morón explicó a Correo la situación legal de los diez adolescentes detenidos.

“Al tratarse de menores de edad, no se les aplica el mismo régimen que a una persona adulta. Su situación se encuentra regulada por el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes”, indicó.

La especialista explicó el plazo que tiene la Fiscalía para definir la situación de los investigados.

“La detención policial tiene un plazo máximo de 48 horas. Antes de que este plazo termine, la Fiscalía puede disponer la libertad de los adolescentes o solicitar al juez una internación preventiva”, precisó.

Consultada sobre los cuatro investigados próximos a cumplir la mayoría de edad, Morón respondió lo siguiente.

“Los adolescentes de 16 y 17 años sí pueden responder por una infracción a la ley penal, pero dentro del sistema de justicia penal adolescente, no como adultos”, sostuvo.

Panorama

Este caso se suma a una realidad nacional preocupante.

Entre enero de 2024 y agosto de 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) registró 4,737 reportes de violencia sexual entre escolares.

El año 2024 concentró 1807 casos y el 2025 sumó 1732 reportes. Lo que va del 2026 acumula 1,198 reportes, hasta el pasado 31 de agosto.

Es la Dirección Regional de Educación (DRE) de Lima Metropolitana que registra la mayor cantidad de casos: 1,565. Seguida de la DRE Arequipa (397) y DRE Piura (290).

Solo en Lima Metropolitana, cinco Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) concentran la mayor cantidad de reportes del país.

La UGEL 03 Cercado lidera con 325 casos. Le siguen San Juan de Miraflores con 257, San Borja con 240, Rímac con 222 y Ate con 198.

Estas cinco unidades educativas suman 1,242 reportes de violencia sexual entre estudiantes.

El debate abordará tres grandes temas de importancia para Huancayo. El primero enfocado a los problemas de residuos sólidos y gestión ambiental, el segundo en seguridad ciudadana y el tercer bloque tratará sobre planificación urbana, ordenamiento territorial y gestión del suelo, con preguntas del panel del CAP sobre invasiones, construcciones en zonas de riesgo, servicios básicos, áreas verdes y futuras inversiones.

“Esperemos que se empapen bien sobre lo que es el tema de la planificación y desarrollo territorial. Las preguntas que se hacen están bien concretas, pero las respuestas que se fueron dando no están orientadas de manera concreta. Los candidatos se van por las ramas, pero eso justamente es por el desconocimiento de ellos”, recomendó Mencio Mucha, decano del CAP.

​La dinámica contempla tres minutos de exposición por candidato, seguidos de dos minutos para complementar, debatir o responder a otros participantes. En el tercer eje, cada postulante responderá una pregunta del panel del Colegio de Arquitectos durante tres minutos y podrá recibir una repregunta, con un minuto adicional para responder. El encuentro tendrá pausas de cinco minutos entre bloques y culminará con un minuto de despedida para cada candidato que aspira al sillón municipal de la Incontrastable.

El encuentro sucede luego de que 12 comisiones emitieran informes sobre el pedido del Poder Ejecutivo, ocho de ellas, con una recomendación negativa.

EN DETALLE

Desde las 7 a.m., el premier Galarreta asistió a la sede del Congreso acompañado de los ministros César Astudillo (Interior), Rafael Belaunde (Defensa), Mauricio Arnillas (Vivienda), Marco Vinelli (Agricultura) y Ernesto Álvarez (Justicia).

Tras el encuentro, el jefe del Gabinete Ministerial saludó que las bancadas hayan aceptado reunirse con el Gobierno.

Cabe precisar que en días anteriores, Galarreta se reunió con Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Obras.

“Como Gobierno seguiremos promoviendo el diálogo para alcanzar consensos en beneficio de todos los peruanos. Saludo a las bancadas que, más allá de las diferencias, vienen identificando puntos de coincidencia”, indicó.

Por su parte, el ministro Belaunde señaló que se mostraron dispuestos a aclarar las dudas.

“Yo creo que hay ánimo, hay apertura y hay interés de intercambiar puntos de vista. Me ha parecido una reunión con un ánimo muy receptivo y constructivo”, afirmó.

TIEMPO

Se tiene previsto que la próxima semana sesione la Comisión de Constitución para evaluar el pedido de facultades.

Al respecto, el diputado Fernando García (Buen Gobierno) recordó que los informes aprobados por las comisiones no son vinculantes.

“Todo tiene que seguir el curso adecuado”, dijo.

Por su parte, Roxana Rocha (Renovación Popular) cursó un oficio a Giannina Avendaño, presidenta de Constitución, para que el informe se vote en el plazo reglamentario, es decir, a más tardar el 21 de setiembre.

El caso

Vidal fue acribillada al interior de un taxi, junto al conductor de nacionalidad venezolana José Daniel Vargas Briceño, en diciembre del 2024. Las primeras hipótesis apuntaron a una presunta red de prostitución al interior del Parlamento, una premisa que generó una línea de investigación independiente.

Los alcances de la investigación a la presunta red involucraron al exjefe de la oficina legal del Congreso, Jorge Torres Saravia, quien había tenido a Vidal como subordinada. Este extremo también fue archivado por el MP en febrero último.

Entre tanto, la investigación hoy archivada por homicidio tuvo como principal sospechoso e investigado a la expareja de la víctima, David Rodrigo Falcón, y a los ciudadanos Thonny Monja Mejía, Lucero Espinoza Chinchay, Santiago More Calderón y David More Ríos.

La disposición de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria - San Luis (Quinto Despacho Provincial Penal), que archiva la investigación en contra del grupo, afirma que no se ha podido “acreditar la responsabilidad o participación de los investigados, ni se ha logrado la identificación de los autores del hecho violento”.

“Este presupuesto resulta necesario para formalizar y continuar con la investigación preparatoria. (...). En consecuencia ordeno el archivo de todo lo actuado, una vez consentida la presente disposición”, se lee en el documento difundido por el programa “Ahora y en la hora”. En otras palabras, el crimen quedará impune.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se pronunció sobre el caso de los diez adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise que fueron retenidos tras una denuncia por una presunta agresión sexual.

A su salida del Congreso de la República, la titular del Poder Judicial explicó el marco legal aplicable al caso de justicia penal juvenil que viene siendo investigado por la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro.

Tello señaló que ser menor de edad no exime a los investigados de afrontar un proceso judicial ni de la eventual imposición de medidas de internamiento.

Respecto a la aplicación de la ley penal para los involucrados, la autoridad dijo: “No por ser menor de edad, un adolescente no es juzgado, y recae una sentencia con medidas que pueden ser también de internamiento. Eso se debe definir en un proceso”.

EL CASO

Ocho estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise permanecen retenidos en la Comisaría PNP de San Borja, luego de ser intervenidos por su presunta implicación en una denuncia por agresión sexual contra uno de sus compañeros. En tanto, el colegio señaló que colabora con las diligencias.

Los adolescentes se encuentran en la dependencia policial desde las 2:00 a.m., después de pasar por los exámenes correspondientes en el Instituto de Medicina Legal, en La Victoria, y por el control de identificación en el Departamento de Identidad Biométrica de la PNP, en Surquillo.

Según familiares de la presunta víctima, el hecho ocurrió el martes 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba a la selección de fútbol del colegio tras participar en un campeonato deportivo.

La Policía Nacional acudió posteriormente al centro educativo e intervino a los supuestos implicados.

Tras la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años por parte de un grupo de alumnos de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, la presidenta de la Comisión de Inclusión Social de la Cámara de Diputados, Flor Meza, cuestionó la actuación del centro educativo y anunció que las autoridades involucradas serán citadas ante su grupo de trabajo.

La legisladora cuestionó el comunicado difundido por el centro educativo y sostuvo que, desde la comisión, se vienen coordinando acciones para garantizar que el caso no quede en el olvido.

Consultada sobre si las autoridades del centro educativo serán convocadas a la comisión que preside, Meza Rivera confirmó que serán citadas: “De todas maneras lo vamos a hacer”.

Meza señaló que la comisión abordará este caso junto con otros asuntos prioritarios. En ese sentido, indicó que impulsará un trabajo articulado entre el Ministerio de la Mujer, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio de Educación y el Congreso para realizar un seguimiento permanente de la situación.

Asimismo, anunció que se fortalecerán las acciones de fiscalización para verificar que los colegios cumplan con la Ley 29719, que establece medidas para prevenir y atender el acoso escolar, además de contemplar la presencia de profesionales de psicología en las instituciones educativas del país.

El Ministerio Público informó que inició una investigación preliminar y dispuso que la víctima brinde su declaración en una cámara Gesell.

Por su parte, la Marina de Guerra del Perú dispuso la separación de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval Almirante Guise, mientras se esclarecen los hechos. En un comunicado, la institución expresó su rechazo “a todo acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de todos los estudiantes”.

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial, el pasado 31 de agosto, que autorice el levantamiento del secreto bancario de cinco personas vinculadas al expresidente José Jerí. La medida forma parte de la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, en agravio del Estado, debido a sus reuniones no registradas con empresarios chinos durante su gestión.

La solicitud fiscal comprende a los empresarios chinos Zhihua Yang y Shui Qin; Alicia Camargo, exfuncionaria del despacho presidencial; el policía Jhonn Mendoza; y María Oré, madre del exmandatario. La Fiscalía pide que el levantamiento del secreto bancario se aplique en su condición de “terceros afectados” y por el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2025 y el 17 de febrero de 2026.

La Fiscalía pidió que el levantamiento del secreto bancario se aplique a estas personas en calidad de “terceros afectados”, por el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2025 y el 17 de febrero de 2026.

Ante este pedido, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso que el requerimiento fiscal sea comunicado a las cinco personas involucradas, quienes tendrán un plazo de tres días hábiles para presentar los argumentos que consideren pertinentes. Asimismo, programó para el lunes 12 de octubre, a las 2:30 p.m., una audiencia virtual y de carácter privado para evaluar la solicitud, con participación de las partes procesales. Tras esta diligencia, el juzgado emitirá una decisión en los próximos días.

Como se recuerda, el 15 de enero, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el entonces presidente José Jerí por sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang. Entre estos encuentros figura una reunión del 26 de diciembre de 2025 en un chifa de San Borja y otra en el local de Market Capón, en el Cercado de Lima. La investigación también comprende los encuentros que el entonces mandatario sostuvo con empresarios chinos en Palacio de Gobierno.

Durante su presentación ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, anunció que el Subsistema especializado contra la extorsión y delitos conexos comenzará a operar en La Libertad a partir de octubre.

El ministro detalló que esta iniciativa articula al Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Añadió que, posteriormente, el modelo será implementado en otros distritos judiciales del país que registren una alta incidencia de este delito.

“Ayer me he reunido con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte porque precisamente él nos ha pedido tener en el distrito judicial esta experiencia, habida cuenta de que también es la zona de Lima donde hay mayor incidencia”, indicó Álvarez.

Durante su exposición, el ministro de Justicia y Derechos Humanos señaló que se fortalecerá la Defensa Pública y se continuará con el proceso de organización de una superintendencia.

“Lo que queremos es establecer un sistema que realmente funcione, no solamente para dotar de defensa y cumplir los derechos fundamentales de los investigados y procesados, sino también en igual porcentaje de las víctimas”, resaltó.

Asimismo, el ministro Álvarez informó ante los senadores que se tiene previsto ejecutar un proyecto para construir dos establecimientos penitenciarios en Huacho, cuya ejecución podría realizarse bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

El Pleno de la Cámara de Diputados interpeló este jueves 17 de septiembre al ministro del Interior, César Astudillo, durante una sesión que comenzó a las 10:00 a. m. La comparecencia se produjo luego de que la semana pasada se admitiera, con 50 votos a favor, 65 en contra y una abstención, la Moción de Orden del Día 256-2026-2031-CD. El titular del sector acudió al hemiciclo para responder un pliego de 27 preguntas sobre las medidas implementadas frente a los índices de extorsión, sicariato y homicidios agravados en el país.

Luego de que el inicio de la sesión fuera transmitido por el canal oficial del Congreso, el presidente de la Mesa Directiva, Oscar Reto, informó que la reunión pasaba a carácter reservado a solicitud del titular del sector. La transmisión pública se retomó a las 13:15 horas, momento en que César Astudillo presentó un informe sobre la situación operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante su exposición, señaló que la institución cuenta con 138 mil efectivos, de los cuales 112.500 son hombres y 21.235 mujeres. Precisó además que alrededor de 5 mil policías cumplen funciones administrativas y no realizan labores de patrullaje. En ese contexto, reveló que existe un déficit de 53 mil efectivos para atender la demanda policial a nivel nacional.

“Nuestra brecha actual es de 53,000 efectivos. Yo quisiera hacer una reforma, señores, y hoy denme 53,000 efectivos. Estamos peleando con los que tenemos ahora, sacar 53,000 efectivos en este momento no es fácil”, aseguró Astudillo.

En cuanto al despliegue territorial, la autoridad señaló que de los 1.879 distritos del país solo 1.346 cuentan con comisarías, de las cuales 124 se encuentran en Lima. En las zonas fronterizas, indicó que existen 100 puestos de vigilancia de los 141 requeridos, con un promedio de cuatro a cinco agentes asignados a cada punto.

Sobre la infraestructura policial, Astudillo sostuvo que varias sedes se encuentran en condiciones deficientes y mencionó como ejemplo la comisaría ubicada en el centro histórico de Cusco.

En cuanto a las reformas en el sector, Astudillo informó que se vienen implementando medidas en las áreas de personal, inteligencia, logística y entrenamiento, con el objetivo de atender las deficiencias en la preparación técnica para el uso de armas y fortalecer la condición física de los efectivos. Asimismo, señaló que se presentaron denuncias ante la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades administrativas en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol), el Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) y en la adquisición diferida de un lote de armamento.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se refirió al caso que involucra a diez alumnos del Liceo Naval Almirante Guise, quienes son investigados por una presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros.

“Es muy grave. Ayer y hoy he conversado con tres ministros de Estado. Lo primero que le he pedido a la ministra de la Mujer es cuidad al joven presuntamente que ha sido víctima de este agravio”, señaló.

En ese sentido, solicitó que se realice una investigación “rigurosa y rápida” para establecer las responsabilidades correspondientes y sostuvo que quienes resulten involucrados deberán afrontar “todo el peso de la ley” sobre quienes resulten involucrados.

Fujimori anunció además que el Liceo Naval Almirante Guise será declarado en reorganización, como parte de las medidas adoptadas luego de conocerse la denuncia.

La presidenta explicó que la administración del colegio estaba bajo responsabilidad de la Marina de Guerra del Perú, mientras que el Ministerio de Educación (Minedu) estaba encargado de la asignación de docentes.

A partir de ahora, según anunció, la administración de esta institución educativa pasará a estar bajo responsabilidad del Minedu.

“Se están tomando medidas correctivas y la administración de este colegio pasará, en estos momentos, a manos del Minedu para que sean ellos quienes pongan orden, que exista disciplina en este colegio y evitar que esto vuelva a suceder en el futuro”, señaló.

El Ministerio de Defensa (Mindef) manifestó su rechazo a los actos de violencia física denunciados en el Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja. Según la denuncia, un escolar de 16 años habría sido víctima de una presunta agresión sexual por parte de otros estudiantes.

Mediante un comunicado, el sector informó que ha dispuesto que la Marina de Guerra del Perú implemente las medidas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de las investigaciones que realizan las autoridades competentes.

El Mindef precisó que estas acciones tienen como finalidad asegurar el debido procedimiento y que las investigaciones se lleven a cabo de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, el sector pidió que se realicen las investigaciones y acciones administrativas correspondientes para establecer si existen responsabilidades administrativas o disciplinarias vinculadas con los hechos denunciados.

📢 [COMUNICADO MINDEF]
Ante los hechos denunciados que involucran a estudiantes del Colegio Liceo Naval Almirante Guise de San Borja, el Ministerio de Defensa informa lo siguiente. 👇 pic.twitter.com/QeyIXZtJgD

— Mindef Perú (@MindefPeru) September 17, 2026

Ocho escolares permanecen retenidos en comisaría de San Borja tras denuncia por presunta agresión sexual

Ocho estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise permanecen retenidos en la Comisaría PNP de San Borja, luego de ser intervenidos por su presunta implicación en una denuncia por agresión sexual contra uno de sus compañeros. En tanto, el colegio señaló que colabora con las diligencias.

Los adolescentes se encuentran en la dependencia policial desde las 2:00 a.m., después de pasar por los exámenes correspondientes en el Instituto de Medicina Legal, en La Victoria, y por el control de identificación en el Departamento de Identidad Biométrica de la PNP, en Surquillo.

Según familiares de la presunta víctima, el hecho ocurrió el martes 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba a la selección de fútbol del colegio tras participar en un campeonato deportivo.

La Policía Nacional acudió posteriormente al centro educativo e intervino a los supuestos implicados.

De acuerdo con la agenda oficial, César Astudillo debe dar cuenta al pliego interpelatorio relacionado con las funciones y acciones de su sector. Así, el ministro del Interior responde 27 preguntas sobre la seguridad ciudadana y actuación de la PNP; así como el incremento de la ola de violencia, extorsión y sicariato en el país.

El ministro solicitó que su intervención en la sesión se realice de manera reservada. Ante ello, la mesa directiva de la Cámara de Diputados le recomendó que en todo caso, podría pedir que la sesión sea “secreta”.

Ante ello, Óscar Reto, titular de la Cámara de Diputados, pidió a todas las personas retirarse del hemiciclo del Congreso; con excepción del invitado y diputados.

#DiputadosInforma I A solicitud del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, el #PlenoDeDiputados está sesionando de manera secreta para abordar temas relacionados con la seguridad nacional y el orden interno. pic.twitter.com/pg2vxEFUK7

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 17, 2026

Pliego interpelatorio

El primer bloque del pliego de preguntas está relacionado a las acciones desplegadas de su sector para reducir la extorsión, el sicariato y los homicidios agravados.

César Astudillo deberá responder sobre la coordinación del Ministerio del Interior con otras entidades del Estado y recursos presupuestales para los programas de seguridad ciudadana; así como medidas de protección para defensores de derechos humanos y los acuerdos internacionales utilizados para combatir el crimen organizado transnacional.

También deberá explicar sobre los resultados de las investigaciones por secuestros y desapariciones, cifras sobre los patrulleros y vehículos motorizados de la Policía Nacional del Perú que se encuentran operativos y unidades inoperativas.

Astudillo deberá informar sobre las pesquisas en torno a los asesinatos de defensores ambientales y el caso del líder ashéninka Américo Pascual Tumisha.

Empresaria Susana Liliana Saldaña Ramos

Asimismo, el ministro deberá explicar respecto a su relación con la empresaria Susana Liliana Saldaña Ramos, candidata a la Alcaldía de La Victoria por Renovación Popular. Saldaña fue mencionada en una investigación policial por presunto cobro de cupos en Gamarra.

Además, otras preguntas están referidas a el excomandante General de la PNP, Óscar Arriola. El ministro deberá explicar sobre la razón por la que lo mantuvo en el cargo e investigaciones penales registradas contra Arriola.

El pliego interpelatorio también contempla el manejo presupuestal, la búsqueda de Vladimir Cerrón, la designación de Magali Ella Meza Mundaca como directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior; así como las garantías de independencia de la Policía Nacional en investigaciones complejas relacionadas con figuras políticas o personas cercanas al Gobierno.

#DiputadosInforma I A solicitud del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, la sesión del #PlenoDeDiputados pasó a reservada. pic.twitter.com/jSrssbTgiF

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 17, 2026

Debate

La Junta de Portavoces que preside Óscar Reto, titular de la Cámara de Diputados e integrante de la bancada del Partido del Buen Gobierno, estableció que el tiempo de debate se distribuirá de forma proporcional entre los seis grupos parlamentarios, sin minutos adicionales.

Luis Galarreta

Asimismo, está prevista la invitación al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y de los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde, para que informen ante la Cámara de Diputados sobre asuntos de sus respectivas carteras.

Durante la sesión también se debatirán mociones orientadas a crear comisiones investigadoras sobre distintos hechos. Una de las propuestas plantea investigar presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas desarrolladas entre diciembre de 2022 y febrero de 2026.

Otra moción propone conformar una comisión investigadora para esclarecer los acontecimientos registrados el 25 de abril de este año en Colcabamba, región Huancavelica. Ambas iniciativas forman parte de los asuntos incluidos en la agenda del Pleno.

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El jefe del gabinete ministerial llegó esta mañana a la sede del Congreso, junto a los ministros del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaunde; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas; y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

Como se sabe, semanas atrás el premier formalizó la invitación a las bancadas de la Cámara de Diputados a una ronda de diálogo respecto a los lineamientos y alcances de la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo.

Luis Galarreta destacó la importancia de mantener una comunicación y un espacio de trabajo articulado entre ambos poderes del Estado, con la finalidad de garantizar decisiones oportunas en beneficio del país y de la ciudadanía.

En esa oportunidad, el titular de la PCM remarcó la disposición de los ministros de Estado para dialogar con los parlamentarios en torno al sustento de la propuesta del gobierno.

🇵🇪 #PCMInforma | En breve, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se reunirá con la bancada de Juntos por el Perú para explicar el pedido de delegación de facultades legislativas y construir acuerdos sobre las medidas planteadas.

Participarán también los… pic.twitter.com/XJl5Tqde5T

— Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) September 17, 2026

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Así lo establece el Decreto Supremo N° 012-2026-Minam publicado en el diario El Peruano que señala que el objetivo es evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión, y proponer las acciones y medidas de reforma que correspondan para fortalecer el funcionamiento institucional y el ejercicio de la rectoría del sector.

Se dispone que el Ministerio del Ambiente, a través de la Oficina de Planeamiento y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, realiza un diagnóstico que incluye la determinación de medidas de reforma y mejora organizacional.

La norma contempla la evaluación de la situación administrativa y organizacional, el planeamiento estratégico e institucional, el presupuesto, las inversiones, la gestión por procesos, los recursos humanos, la gestión de la integridad pública, entre otros.

El diagnóstico se formalizará en un informe técnico que se presentará al Despacho Ministerial del Minam.

Las recomendaciones contenidas en el informe técnico se implementarán, según corresponda, por el Ministerio del Ambiente y los organismos públicos adscritos al sector ambiental.

El dispositivo suscrito por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, señala que el financiamiento estará a cargo de los recursos del presupuesto institucional del Ministerio del Ambiente y de los organismos públicos adscritos al sector ambiental sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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Hace unos días, la presidenta del grupo, Giannina Avendaño de Juntos por el Perú (JP), afirmó que el tema se vería luego de la semana de representación prevista entre el 21 y 25 de setiembre.

Sin embargo, se vio obligada a retroceder luego de conocerse que la Junta de Portavoces aprobó, el pasado 9 de setiembre, que Constitución tiene dispensa para sesionar con normalidad.

EN DETALLE

En declaraciones a la prensa, Avendaño aclaró que el grupo que lidera no hará semana de representación.

“Vamos a seguir sesionando, vamos a hacer una serie de actividades, el documento tiene que evaluarse, recuerden que son 66 pedidos”, afirmó.

Precisamente, ayer las dos comisiones que estaban pendientes de evaluar sus informes sobre el pedido de facultades, votaron.

Las comisiones que rechazaron dar facultades son las de Energía y Minas; Producción; Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital; Infraestructura, Vivienda y Transportes; Trabajo y Seguridad Social; Justicia y Derechos Humanos; Defensa del Consumidor y Economía.

Las comisiones que recomiendan dar facultades son las de Ambiente, Defensa y Desarrollo Agrario.

Mientras que la Comisión de Modernización del Estado aprobó un informe que concluyó otorgar facultades, en parte, al Poder Ejecutivo.

PROCESO

La Comisión de Constitución tendrá que revisar los informes enviados por las 12 comisiones, cada una con una opinión sobre si otorgar o no facultades.

El grupo técnico de esa comisión deberá elaborar un dictamen que establezca si se deben dar o no facultades al Poder Ejecutivo.

El documento tendrá que ser sometido a votación en Constitución.

Si este es aprobado, deberá ser enviado a la Cámara de Diputados para su debate y votación.

En ese espacio se necesita mayoría simple.

Finalmente, el documento deberá ser elevado a la Cámara de Senadores, espacio que puede hacer cambios al texto.

El pleno aprobó la continuidad del economista con 40 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones. La bancada de Juntos por el Perú (JP) protagonizó la única oposición a la decisión.

Desagregado

Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP), Partido del Buen Gobierno (PBG), el Partido Cívico Obras y Ahora Nación (AN) respaldaron mayoritariamente la propuesta.

La bancada oficialista emitió 18 votos a favor. Por su parte, RP y PBG sumaron 12 adhesiones, con seis cada uno.

Asimismo, Obras ofreció cinco respaldos y AN aportó cuatro.

En contraste, la bancada de JP votó en bloque en contra, con la excepción del senador Percy Herbert Osorio Palpan, quien se pronunció a favor.

Los 12 votos en contra fueron de José Castillo Terrones (hermano del golpista Pedro Castillo), Silvana Robles Araujo, Jaime Quito Sarmiento, Iber Maraví Olarte, Andrés Ramos Huillcas, Humberto Morales Ramírez, Wilfredo Verano Saravia, Joaquín Yauri Tunque, Serafín Andrés Luján, Hugo Ccahuana Aymachoque, Víctor Cutipa Ccama y José Chipana Chipana.

Ataques

Durante el debate, el senador Humberto Morales (JP) cuestionó que Velarde no acreditara sus credenciales ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y denunció sus supuestos vínculos con la minera Volcán, donde figuraría como accionista.

“La ley está hecha para todos, presidente, y por supuesto que esa ley debe ser cumplida por todos los peruanos. No puede haber excepciones, y por dignidad, mi bancada votará en contra”, afirmó el radical Morales.

Por su parte, Jaime Quito (JP) criticó la permanencia de Velarde en el cargo durante casi dos décadas y trató de vincular su continuidad con créditos del programa Reactiva Perú a empresas con las que, según él, tiene intereses.

“La minera Volcán recibió 10 millones de soles con la garantía de Reactiva Perú, empresa de la cual el señor Julio Velarde es accionista”, arguyó en coro con Morales.

Asimismo, Quito señaló una presunta ausencia de idoneidad en el cargo.

No obstante, el informe aprobado concluye que Velarde Flores cumple con los requisitos legales y constitucionales para ejercer la presidencia del directorio del BCRP.

Asimismo, que no existe incompatibilidad ni impedimento legal que imposibilite su ratificación en el cargo.

Víctor Flores (FP) sostuvo que Velarde tienes las credenciales para ser ratificado pues cuenta con una buena trayectoria académica nacional e internacional y Patricia Juárez resaltó la inflación baja del país en los últimos años gracias a su gestión.

Esto sucede a pesar de que Panamericana revelara que la abogada que se desempeña como técnica en la oficina del izquierdista sería su pareja sentimental.

EL CASO

Un informe periodístico mostró videos de la abogada junto al diputado Pérez Mallqui subiendo a un taxi tras culminar sus labores en el Congreso.

El video captado por el programa muestra a ambos personajes en una situación cercana, lo que evidenciaría un vínculo sentimental.

Más tarde, también concurrieron juntos a un centro comercial para hacer compras y luego se fueron a cenar.

El reportaje también difundió conversaciones de Messenger correspondientes a junio de este año.

“Por favor, regresa por mí y escribamos nuestra historia juntos. Construyamos algo bonito. Yo no quiero seguir viviendo así por vivir. No quiero ser una carga. Quiero que mi hija esté orgullosa de mí y de su padre. Estudiaremos juntos. Hagamos todo juntos sin hacernos daño”, se lee en el mensaje.

PENDIENTE

Por ahora, Pérez Mallqui afronta una investigación en la Comisión de Ética Parlamentaria, por presuntamente agredir a su expareja.

Cabe precisar que la contratación de su pareja en el despacho todavía no se abordó en la sesión pasada de la Comisión de Ética, debido a que el tema no estaba en agenda, pero se tiene previsto que se evalúe en una próxima audiencia.

Este medio se comunicó con el equipo de JP de la Cámara de Diputados para consultar si la joven sería removida del cargo u obtener alguna versión de Pérez Mallqui, quien en estos días rehuye de la prensa en los Pasos Perdidos, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

Espá aseguró que esta coalición no constituye un tratado ni un acuerdo internacional jurídicamente vinculante, sino un “compromiso político”.

“No establece ni derechos ni obligaciones jurídicas a los Estados. Tampoco cuenta con un instrumento constitutivo”, declaró.

El canciller explicó que este mecanismo multilateral está orientado a la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, la trata de personas y la minería ilegal.

“Cualquier medida concreta que se plantee debe ser evaluada por el Estado, ejecutarse de conformidad con nuestra Constitución (...) empezando por el Congreso”, argumentó.

Agregó que el acuerdo no autoriza a EE.UU. a realizar operaciones en el país.

Este último organismo cesó a Zoraida Ávalos como fiscal suprema por límite de edad, pues ya tiene 70 años, y declaró improcedente un acuerdo de la Fiscalía para que la magistrada continúe sus labores hasta fin de año.

Reacción

La JNJ no solo ordenó cancelar el título otorgado a Ávalos como fiscal suprema titular, también que en la resolución que oficialice su salida se consigne su retiro desde el 14 de junio último, fecha en la que alcanzó la edad límite para ejercer sus funciones.

Además, rechazó una disposición previa de la Fiscalía de la Nación, emitida el 8 de junio último, en la que se acordaba que Ávalos continúe en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2026.

“Disponer el cese por límite de edad de la señora Zoraida Ávalos Rivera en el cargo de Fiscal Supremo, a partir del 14 de junio de 2026, fecha en la que cumplió setenta (70) años de edad”, reza el respectivo documento.

La JNJ sostiene que las disposiciones generales que se aplican a los servidores públicos para extender el vínculo laboral hasta el fin de un año fiscal no pueden aplicarse a los fiscales en materia de cese por límite de edad. Agregó que esto se encuentra regulado en la Ley de la Carrera Fiscal.

Con la salida de Ávalos Rivera, quien encabezaba la Primera Fiscalía Suprema Penal, podría variar la jefatura de algunos despachos fiscales.

La Junta de Fiscales Supremos continuará sus labores con sus miembros titulares Victor Raúl Rodríguez Monteza, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena Campana, Luis Carlos Arce Córdova, además de Gálvez Villegas, quien dirige el Ministerio Público.

Según el reporte oficial emitido el 16 de setiembre de 2026, 6028 de los 10 623 postulantes obligados entregaron el balance económico correspondiente al periodo comprendido entre el 7 de enero y el 5 de setiembre.

Cabe mencionar que los informes deben incluir los aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados durante las campañas.

Áncash registra el mayor número de reportes presentados, con 498 informes, seguida de Lima Provincias, con 439, y Ayacucho, con 369.

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La solicitud involucra a los empresarios chinos Zhihua Yang y Shui Qin, así como a Alicia Camargo, exfuncionaria del Despacho Presidencial, y al policía John Mendoza.

El documento fiscal, presentado el 31 de agosto, plantea acceder a información registrada entre el 10 de octubre de 2025 y el 17 de febrero de 2026.

La diligencia está vinculada con las investigaciones preliminares por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en agravio del Estado.

Los cuatro involucrados tendrán tres días hábiles para presentar sus argumentos, luego de ser notificados por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

La evaluación del pedido se realizará en una audiencia virtual reservada programada para el lunes 5 de octubre de 2026, a las 9:30 a. m., antes de que se emita una decisión.

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El Gobierno ofrece S/300 mil por información que permita ubicarlo y lograr su captura, luego de que fuera señalado como cabecilla de la organización criminal La Nueva Jauría.

La inclusión fue solicitada por la Tercera Macro Región Policial La Libertad mediante un oficio presentado el 1 de junio y concretada este miércoles 16 de septiembre. La medida fue aprobada por la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad del Mininter.

Según el expediente judicial, Bazán Valderrama fue señalado como uno de los responsables del secuestro del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido el 16 de mayo de 2022. El empresario permaneció privado de su libertad por más de dos meses y posteriormente fue asesinado y enterrado en un descampado del balneario Las Delicias, en Moche.

Por este caso, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de La Libertad declaró penalmente responsables a los acusados y condenó a Bazán Valderrama a cadena perpetua por el delito de secuestro agravado.

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Durante su presentación, sostuvo que esta decisión se enmarca en la política exterior y en la búsqueda de respuestas frente a problemas como la inseguridad ciudadana y la delincuencia organizada.

Espá señaló que la participación peruana responde a intereses nacionales y permitirá aprovechar espacios de cooperación internacional donde existan objetivos comunes, principalmente en materia de seguridad.

“No se trata de adoptar las prioridades de otro Estado, sino de aprovechar aquellos espacios en los que nuestros intereses convergen y pueden traducirse en resultados concretos para nuestros ciudadanos”, afirmó.

Cabe mencionar que el canciller descartó que la participación del país en este mecanismo multilateral afecte los lazos comerciales y diplomáticos con China.

“La incorporación del Perú al Escudo de las Américas no implica que el Perú haya tomado una decisión en detrimento de China, ni que haya renunciado a una política exterior autónoma y diversificada (...) fortalecer la cooperación con un socio en materia de seguridad no significa adoptar automáticamente posiciones frente a terceros países”, aseveró el canciller.

Ante el #PlenoDelSenado se presenta el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, a fin de informar sobre la incorporación del Perú al Escudo de las Américas. pic.twitter.com/1D1dB0n2Nn

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 16, 2026

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