En el comunicado, el jefe del Gabinete señaló que la adquisición no depende de controversias económicas o legales y aseguró que responde a compromisos ya establecidos vinculados con la defensa nacional.

También remarcó que estas decisiones deben respetar la investidura presidencial como jefatura suprema de las Fuerzas Armadas.

Arroyo indicó que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional acordó la compra de estas aeronaves y sostuvo que corresponde al Poder Ejecutivo cumplir con lo dispuesto por ese organismo rector. Añadió que renovar equipamiento militar es necesario para fortalecer a las Fuerzas Armadas.

Asimismo, afirmó que el Gobierno viene cumpliendo el cronograma fijado en el contrato de compraventa de los F-16 y señaló que un eventual incumplimiento podría derivar en sanciones económicas y afectar la imagen del país.

#Pronunciamiento | Sobre el proceso de adquisición de aviones F-16, el presidente del Consejo de Ministros informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/BtG8ebxz00

— Consejo de Ministros (@pcmperu) April 22, 2026

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“Se ha reunido el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ya hace tiempo; tomaron esa decisión, el presidente tiene que cumplirla simplemente, él preside ese concepto, está incumpliendo sus funciones”, señaló.

De acuerdo con Montoya, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Balcázar “debería cumplir con mayor razón” los acuerdos del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. “Esto lo vamos a analizar; de repente es necesario vacarlo”, añadió.

“En este momento, cualquier solución puede darse para salir de esta estolladera en que estamos. Vamos a conversar, no hemos conversado nada, cada uno está en sus labores de representación. Cuando nos reunamos, ahí podremos hablar; no puedo adelantar opinión”, indicó.

El parlamentario sostuvo que la situación debe ser evaluada por el Congreso, por lo que no descartó una eventual censura e incluso la posibilidad de una vacancia presidencial, aunque precisó que aún no existe una posición de consenso dentro de su bancada Honor y Democracia.

Ilich López anuncia que impulsará censura contra el presidente Balcázar

El tercer vicepresidente del Congreso de la República del Perú, Ilich López, advirtió que no debe sorprender que se plantee una censura contra el presidente José María Balcázar, en medio de la crisis política generada por la postergación de la compra de aviones de combate F-16.

El legislador se pronunció a través de sus redes sociales, donde cuestionó la conducción del Ejecutivo en materia de seguridad nacional.

“¡Que no resulte extraño que alguien plantee la censura de Balcázar por afectar a la seguridad nacional!”, escribió López en su cuenta en X.

Asimismo, indicó que la crisis actual se origina por discrepancias en decisiones estratégicas vinculadas a la defensa nacional.

“La crisis se origina por discrepancias en materia de seguridad nacional, un asunto que —como hemos señalado reiteradamente— debe ser prioridad absoluta del Estado”, señaló.

La seguridad nacional no se negocia!!! Fuera del cálculo geopolítico o de qué país venda los aviones al Perú, está la protección de los secretos de Estado y la defensa de nuestra seguridad nacional y territorial. He decidido impulsar la censura del presidente Balcázar, en el…

— Ilich López (@ilichlopez2025) April 22, 2026

Asimismo, Transparencia consideró “urgente” que se culmine el conteo de votos de la primera vuelta y que “respete el cronograma previsto para la segunda elección presidencial”.

“Cualquier salida distinta al curso establecido por la autoridad electoral implica un cambio en las reglas de juego y atenta contra la legitimidad del proceso”, señaló la entidad.

El pronunciamiento de Transparencia se da luego de la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE, en medio de cuestionamientos por las demoras en la distribución del material electoral durante los comicios del pasado 12 de abril, lo que afectó a más de 50 mil electores y obligó al JNE a ampliar de forma excepcional la jornada electoral hasta el lunes 13 de abril.

Bernardo Pachas Serrano asume jefatura de la ONPE tras salida de Piero Corvetto

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó este martes que fue notificada de la decisión adoptada por el pleno de la Junta Nacional de Justicia, que aceptó la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la institución. La decisión quedó oficializada mediante la Resolución n.° 119-2026, que declara la vacancia del cargo.

A través de un comunicado oficial, la ONPE indicó que, tras la salida del titular, se aplica el mecanismo de reemplazo contemplado en su normativa interna. En ese marco, precisó que la encargatura de la jefatura recae en Bernardo Juan Pachas Serrano, quien se desempeña como gerente general.

Encargatura conforme a la ley

La entidad explicó que este procedimiento está regulado por el artículo 15 de su Ley Orgánica. Dicho dispositivo establece que, en caso de vacancia durante un proceso electoral, el funcionario de mayor jerarquía inmediata asume el cargo.

La ONPE señaló que este mecanismo permite mantener la continuidad en la dirección institucional. De esta manera, se evita la interrupción de funciones en un contexto electoral.

A través de su pronunciamiento, el organismo electoral sostuvo que las actividades en curso no se han detenido. Indicó que se mantiene el procesamiento y la contabilización de actas correspondientes a la primera vuelta.

Asimismo, la institución informó que continúan los preparativos para la segunda elección presidencial prevista para junio. Estas acciones forman parte del cronograma electoral vigente.

La ONPE también señaló que sigue adelante con la organización de las elecciones primarias vinculadas a los comicios regionales y municipales de 2026. Estas jornadas están programadas para los días 17 y 24 de mayo.

Finalmente, la entidad reiteró que todas sus actividades se desarrollan conforme a lo establecido en el calendario electoral. Con ello, busca garantizar la continuidad de los procesos en ejecución.

El presidente encargado del Congreso de la República del Perú, Fernando Rospigliosi, informó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene realizando el pago correspondiente a los contratos firmados para la adquisición de aviones destinados a la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

El anuncio fue difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, en medio de la controversia política generada por la postergación de la compra de aeronaves militares.

“El Ministerio de Economía está efectuando hoy el pago comprometido en los dos contratos que se firmaron el lunes 20, para la adquisición de aviones para la FAP”, escribió el legislador.

El Ministerio de Economía está efectuando hoy el pago comprometido en los dos contratos que se firmaron el lunes 20, para la adquisición de aviones para la @fapperu

— Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) April 22, 2026

Pago se realizaría tras firma de contratos el 20 de abril

De acuerdo con la declaración de Rospigliosi, el desembolso corresponde a compromisos asumidos previamente mediante dos contratos firmados el lunes 20 de abril.

Este anuncio se produce en un contexto marcado por cuestionamientos a la decisión del Ejecutivo de postergar la compra de aviones caza F-16, lo que generó tensiones entre el Gobierno y sectores políticos.

Asimismo, el tema ha provocado la renuncia de altos funcionarios del Ejecutivo y pronunciamientos de congresistas que evalúan medidas como censura o vacancia presidencial.

Compra de aeronaves militares

La adquisición de aviones para la Fuerza Aérea del Perú se ha convertido en uno de los temas centrales del debate político, luego de que el presidente José María Balcázar recomendara postergar el pago y trasladar la decisión al próximo gobierno.

Diversos parlamentarios han cuestionado dicha postura, señalando que los acuerdos adoptados por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional deben cumplirse por tratarse de decisiones vinculadas a la seguridad nacional.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento oficial confirmando el estado del pago mencionado por el titular del Parlamento.

El presidente de la República, José María Balcázar, negó haber mentido al país respecto a la situación de la compra de aviones caza F-16 y aseguró que su posición ha sido recomendar que el próximo gobierno evalúe dicha adquisición.

En su mensaje a la Nación, el jefe de Estado rechazó las acusaciones sobre una supuesta falta a la verdad en relación con la situación jurídica del contrato.

“Se ha deslizado de que yo habría mentido al país sobre la situación jurídica de este contrato, lo que no es verdad”, afirmó el mandatario.

Que la compra sea evaluada por el próximo gobierno

El presidente explicó que su postura ha sido postergar el pago de los aviones para que la nueva administración que resulte de las elecciones tome una decisión definitiva.

“Hemos dicho siempre que la compra de los aviones F-16 se postergase para ser pagados por el próximo gobierno que salga de las elecciones normales que están en curso”, indicó.

Asimismo, sostuvo que su intención ha sido priorizar el uso responsable de los recursos del Estado en función de las necesidades del país.

“No hemos tenido otra intención, sino hacer que los dineros del Estado se utilicen razonablemente en concordancia con las grandes necesidades”, señaló.

Niega intención de confrontación con Estados Unidos

El mandatario también descartó que la postergación de la compra represente un conflicto con Estados Unidos, país con el que el Perú mantiene relaciones diplomáticas y comerciales.

“En ningún momento ha habido una intencionalidad de confrontación con Estados Unidos, con quien tenemos desde muchos años una relación comercial y diplomática”, expresó.

En esa línea, sostuvo que una adquisición de esta magnitud no debería generar tensiones internacionales.

“Una compra de esta naturaleza no va a ser motivo de una confrontación de ninguna manera”, agregó.

Plantea priorizar gasto social frente a compromisos financieros

El presidente explicó que la recomendación de postergar la compra responde a la necesidad de contar con recursos para atender demandas urgentes en sectores sociales.

“Debemos actuar con prudencia y hacer las compras razonablemente para que tengamos la caja suficiente para poder atender tantas necesidades en agua potable, en salud y en educación”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la calma y a mantener la confianza en las decisiones del Ejecutivo.

“Compatriotas, guardar la prudencia y la paciencia que vamos a llegar a buen puerto y tengan la confianza de que yo voy a seguir trabajando al servicio de los más necesitados de nuestro país”, concluyó.

En declaraciones a la prensa, el titular del Parlamento señaló que los contratos para la adquisición de estas aeronaves ya habían sido firmados días antes, tras un proceso que —según señaló— se extendió durante varios años.

“Este es un proceso que tiene años. No ha ocurrido de un día para otro y es indispensable para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas”, aseguró.

Rospigliosi cuestionó que, pese a la suscripción de los contratos, el Gobierno haya optado por no cumplir con los pagos establecidos, situación que calificó como “inadmisible”.

“Se han firmado los contratos y ahora se ha decidido no pagar y no honrar el compromiso. Eso le va a costar mucho al Perú”, sostuvo.

El legislador advirtió que, de no concretarse los desembolsos en los plazos establecidos, el país podría enfrentar penalidades contractuales, perder la opción de compra y retrasar por varios años el proceso de modernización de la Fuerza Aérea del Perú.

Asimismo, precisó que el Congreso ya había aprobado los créditos necesarios para financiar la adquisición, por lo que un eventual incumplimiento podría constituir una irregularidad.

“Se está cometiendo una ilegalidad si no se cumple con ese pago. Estamos ante un problema político, legal y geopolítico que afecta a todos los peruanos”, refirió.

En ese sentido, también se refirió a la crisis en el Ejecutivo luego de la renuncia del ministro de Defensa y del canciller, quienes habrían discrepado con la decisión de paralizar la compra.

Fernando Rospigliosi señaló que el tema podría generar repercusiones políticas en el Parlamento, donde algunos legisladores ya han planteado eventuales medidas como interpelaciones o mociones de censura.

“Veremos qué ocurre en los próximos días. La próxima semana se retoman las actividades del Congreso y se evaluarán las acciones correspondientes”, manifestó.

También informó que la Comisión de Defensa ha citado a los ministros involucrados para que brinden explicaciones sobre la situación, aunque reconoció que el panorama es incierto tras las recientes renuncias en el gabinete.

El tercer vicepresidente del Congreso de la República del Perú, Ilich López, advirtió que no debe sorprender que se plantee una censura contra el presidente José María Balcázar, en medio de la crisis política generada por la postergación de la compra de aviones de combate F-16.

El legislador se pronunció a través de sus redes sociales, donde cuestionó la conducción del Ejecutivo en materia de seguridad nacional.

“¡Que no resulte extraño que alguien plantee la censura de Balcázar por afectar a la seguridad nacional!”, escribió López en su cuenta en X.

Asimismo, indicó que la crisis actual se origina por discrepancias en decisiones estratégicas vinculadas a la defensa nacional.

“La crisis se origina por discrepancias en materia de seguridad nacional, un asunto que —como hemos señalado reiteradamente— debe ser prioridad absoluta del Estado”, señaló.

La seguridad nacional no se negocia!!! Fuera del cálculo geopolítico o de qué país venda los aviones al Perú, está la protección de los secretos de Estado y la defensa de nuestra seguridad nacional y territorial. He decidido impulsar la censura del presidente Balcázar, en el…

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Montoya no descarta eventual vacancia presidencial

Por su parte, el congresista Jorge Montoya, integrante de la bancada Honor y Democracia, cuestionó directamente al presidente Balcázar tras la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa.

Según indicó, el mandatario habría incumplido decisiones previamente adoptadas por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

“Se ha reunido el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ya hace tiempo; tomaron esa decisión, el presidente tiene que cumplirla simplemente (...) está incumpliendo sus funciones”, sostuvo.

Montoya afirmó que, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el mandatario debía respetar los acuerdos adoptados en materia de defensa.

“Esto lo vamos a analizar; de repente es necesario vacarlo”, agregó.

Congreso evaluará posibles acciones políticas

El parlamentario indicó que la actual crisis debe ser analizada por el Congreso, aunque aclaró que aún no existe una posición consensuada dentro de su bancada.

“En este momento, cualquier solución puede darse para salir de esta estolladera en que estamos (...) cuando nos reunamos, ahí podremos hablar; no puedo adelantar opinión”, manifestó.

Los pronunciamientos se producen tras la renuncia de los titulares de los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, luego de que el Ejecutivo anunciara la postergación de la compra de aviones F-16 destinados a la Fuerza Aérea del Perú.

El debate político se centra en determinar si la decisión presidencial afecta acuerdos previamente adoptados por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y si ello podría derivar en acciones parlamentarias como censura o vacancia.

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, estimó que este viernes se culminará el procesamiento de las actas correspondientes a las elecciones presidenciales.

El funcionario explicó que el avance del conteo electoral se encuentra en su fase final y que, tras concluir el procesamiento, se iniciará la siguiente etapa del procedimiento electoral.

“Tenemos una fecha probable para cerrar este viernes los resultados presidenciales con las actas procesadas”, indicó.

JNE evaluará impugnaciones tras cierre del procesamiento

Pachas detalló que, una vez finalizado el procesamiento de actas por parte de la ONPE, el proceso continuará en manos de los Jurados Especiales Electorales (JEE) y posteriormente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en caso se presenten impugnaciones o apelaciones.

“Luego viene el trabajo de los Jurados Especiales Electorales, y, si hubiera impugnaciones o apelaciones, el Jurado Nacional de Elecciones”, explicó.

El funcionario precisó que este procedimiento forma parte del cronograma electoral y que el cierre del procesamiento no implica necesariamente el resultado final, ya que aún pueden resolverse observaciones en curso.

Evaluarán cambios en áreas internas

Sobre posibles responsabilidades internas, el jefe interino evitó adelantar decisiones específicas, aunque confirmó que se evaluarán cambios en distintas áreas, gerencias y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

“Sería imprudente señalar ahora quiénes dejarán sus cargos. En los próximos días se comunicarán oficialmente las decisiones”, indicó.

Asimismo, informó que la ONPE trabaja de manera coordinada con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la entrega de actas observadas y acelerar el cómputo de resultados.

Según estimó, los resultados presidenciales procesados podrían completarse en los próximos días, aunque aclaró que el resultado final dependerá de la resolución de observaciones e impugnaciones.

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, aseguró que la segunda vuelta presidencial se realizará conforme al calendario oficial aprobado, pese a las críticas surgidas tras las fallas registradas durante las elecciones del 12 de abril.

“Tenemos un cronograma aprobado que nos conduce a la segunda elección presidencial. Estamos enfocados en cumplir ese calendario”, afirmó el funcionario al pronunciarse sobre pedidos de realizar elecciones complementarias en Lima.

Reconoce fallas logísticas en el proceso electoral

Pachas reconoció que durante la jornada electoral se registraron problemas logísticos, los cuales actualmente son materia de investigación tanto en el ámbito administrativo como penal.

“Lamentablemente hemos tenido fallas en la parte logística que están siendo investigadas y que tenemos la obligación de corregir de cara a la segunda elección presidencial”, sostuvo.

El funcionario descartó que las dificultades registradas se deban a falta de presupuesto, señalando que la institución contó con los recursos necesarios para el desarrollo del proceso electoral.

Evaluarán cambios en áreas internas

Sobre posibles responsabilidades internas, el jefe interino evitó adelantar decisiones específicas, aunque confirmó que se evaluarán cambios en distintas áreas, gerencias y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

“Sería imprudente señalar ahora quiénes dejarán sus cargos. En los próximos días se comunicarán oficialmente las decisiones”, indicó.

Asimismo, informó que la ONPE trabaja de manera coordinada con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la entrega de actas observadas y acelerar el cómputo de resultados.

Según estimó, los resultados presidenciales procesados podrían completarse en los próximos días, aunque aclaró que el resultado final dependerá de la resolución de observaciones e impugnaciones.

Mensaje de continuidad tras salida de Corvetto

El jefe interino también envió un mensaje de continuidad institucional tras la salida del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, remarcando que la prioridad es garantizar la organización del próximo proceso electoral.

Indicó que el objetivo principal es mejorar la eficiencia del sistema electoral y evitar que se repitan las deficiencias detectadas.

El exministro de Defensa Carlos Díaz afirmó que el presidente José María Balcázar firmó previamente un decreto supremo que autorizaba la adquisición de aviones caza F-16 para la Fuerza Aérea del Perú, bajo la modalidad de secreto militar.

Las declaraciones fueron brindadas en la emisora RPP, en medio de la controversia generada tras el anuncio presidencial de paralizar la compra de estas aeronaves.

El mandatario había señalado públicamente que la decisión se suspendía para otorgar un “espacio de tiempo” adicional a la evaluación del proceso.

Asegura que el decreto supremo fue firmado por el presidente

Durante la entrevista, el exministro explicó que la adquisición de los aviones no fue una decisión improvisada, sino parte de un proceso institucional previamente aprobado.

Según indicó, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional aprobó en febrero la compra directa de las aeronaves al considerarla estratégica para la seguridad nacional.

“El decreto supremo número 01 fue presentado y fue aprobado por el señor presidente de la República en su ejercicio”, afirmó Díaz.

El exfuncionario detalló que, tras la decisión del Consejo, el Comandante General de la Fuerza Aérea emitió el informe correspondiente, el cual fue elevado a la Presidencia para la emisión del decreto supremo que viabilizaba la operación.

Compra fue considerada estratégica para la defensa nacional

Carlos Díaz sostuvo que el acuerdo adoptado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional definió la adquisición como necesaria para la defensa del país.

“Si el Consejo define algo directo, como desarrollar un concepto de compra por secreto militar, inmediatamente el Comandante General de la Fuerza Aérea emite su informe (…) y la presenta a la Presidencia de la República para la emisión de un decreto supremo”, explicó.

Asimismo, indicó que la empresa seleccionada para la compra fue la compañía estadounidense Lockheed Martin, encargada de la fabricación de las aeronaves F-16.

Contexto político por la paralización del proceso

Las declaraciones del exministro se producen en un contexto de crisis política tras la renuncia del excanciller Hugo de Zela Martínez, quien también cuestionó la decisión de suspender la compra de los aviones.

La controversia gira en torno a si los contratos vinculados a la adquisición ya se encontraban firmados y si la paralización del proceso afecta compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.

Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando el contenido del decreto supremo mencionado ni aclarando el estado actual del proceso de adquisición de aeronaves.

Navarro está directamente vinculado a la controversia generada por la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos. Como se sabe, el viernes se conoció a decisión del presidente de la República, José María Balcázar, de no concretar la adquisición de estas aeronaves.

#EnVivo

El embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, llegó a la sede de PCM

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— Canal N (@canalN_) April 22, 2026

Mediante su cuenta de X, Navarro escribió lo siguiente el pasado viernes 17 de abril: “Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”.

En breves declaraciones a la prensa, Bernie Navarro indicó que el motivo de su presencia a la sede de la PCM era porque tenía una reunión pendiente con el premier Luis Arroyo.

El excanciller Hugo de Zela Martínez confirmó su renuncia irrevocable al cargo y reiteró sus cuestionamientos al presidente José María Balcázar, a quien acusó de haber mentido sobre la firma de los contratos para la compra de aviones F-16.

En declaraciones ofrecidas a RPP, el diplomático sostuvo que el jefe de Estado no quiso dialogar con él antes de adoptar la decisión política de postergar la adquisición de aeronaves militares.

“No ha querido hablar conmigo; la única oportunidad que tuve de hablar con él fue antes de que se firmara el contrato (…) tratamos de persuadirlo de que iba a ser un daño muy grande no firmar el contrato”, manifestó.

Asegura que contratos sí fueron firmados

De Zela afirmó que los contratos para la compra de los aviones F-16 sí fueron firmados y cuestionó declaraciones posteriores del mandatario en medios de comunicación.

“Este contrato se firmó el lunes, y después de eso ha estado en varios medios (…) diciendo que los contratos no se han firmado; eso es una mentira flagrante”, declaró.

El excanciller añadió que la decisión de no ejecutar el pago inicial habría sido tomada pese a compromisos previamente establecidos.

Según indicó, los contratos firmados establecían que el primer desembolso debía realizarse hoy, miércoles, aunque hasta el momento en que dejó el cargo, el pago no había sido autorizado.

“Estábamos obligados a desembolsar el día de hoy y (…) el ministro de Economía no había autorizado el pago por disposición del presidente”, señaló.

Reuniones previas y coordinación con autoridades

El exministro también detalló que antes de la firma del contrato sostuvo una reunión con autoridades del Ejecutivo para intentar persuadir al presidente sobre las implicancias de la decisión.

Según relató, en dicho encuentro participaron el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Defensa, quienes coincidieron en la necesidad de concretar el acuerdo.

Asimismo, indicó que mantuvo comunicaciones con el embajador de Estados Unidos para coordinar directamente el desarrollo del proceso.

“He tenido varias conversaciones con el embajador norteamericano (…) hemos acordado tratar este tema directamente y hemos estado conversando fluidamente”, precisó.

El excanciller añadió que el representante diplomático estadounidense habría expresado confusión ante las declaraciones públicas sobre la supuesta inexistencia de contratos.

Renuncia en medio de tensión política

La renuncia de Hugo de Zela se produce en un contexto marcado por decisiones estratégicas vinculadas a la modernización de la defensa nacional y la política exterior.

Durante la entrevista, el exfuncionario también descartó tener conocimiento sobre una eventual renuncia de Luis Arroyo a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando las razones de la postergación de la compra ni ha anunciado quién asumirá el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

El titular del Ministerio Público precisó que el requerimiento fue presentado anoche, por lo que se espera que el juez de turno programe la audiencia para evaluar el pedido fiscal contra Corvetto y otros funcionarios del organismo electoral.

Gálvez informó, además, que Corvetto entregó a la Fiscalía Anticorrupción tanto su pasaporte italiano como el peruano.

“Anoche, a las 11 de la noche ya se solicitó requerimiento ante el juez de turno para que se pronuncio sobre la detención preliminar del señor Corvetto y otros funcionarios de la ONPE. Eso queda a la decisión del juez que debe resolver a la brevedad posible. Asimismo, en cuanto al pasaporte italianos que se ha referido también en un canal de televisión debo precisar que tanto el pasaporte peruano así como el italiano, el señor Corvetto a entregado a la Fiscalía”, declaró Gálvez a RPP.

Piero Corvetto renuncia al cargo de jefe de la ONPE en plena crisis electoral

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su renuncia al cargo, según una carta dirigida a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera Vega, con fecha 21 de abril de 2026.

En el documento, Corvetto comunica su decisión de dejar la responsabilidad que ejercía desde el 31 de agosto del 2020. Además, menciona los problemas técnicos y operativos ocurridos durante el despliegue del material electoral en sectores de Lima Metropolitana durante la jornada del 12 de abril.

También indicó que su salida busca permitir que se organice y ejecute la segunda vuelta presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana hacia la ONPE.

Finalmente, señaló que existen interrogantes que deberán esclarecerse mediante una investigación imparcial y exhaustiva sobre la cadena logística de la institución.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, presentó su renuncia irrevocable al cargo mediante una carta dirigida al presidente de la República, José María Balcázar, con fecha 22 de abril de 2026.

En el documento, el canciller señaló que su decisión responde a un desacuerdo con un cambio de postura política adoptado por el Ejecutivo en un tema que calificó como de carácter estratégico.

“Lo hago por mi completo desacuerdo con el repentino cambio de decisión política adoptado por usted en un tema de carácter estratégico, relativo a la seguridad nacional, que considero puede afectar gravemente los intereses nacionales”, señala la carta.

Renuncia por desacuerdo en tema estratégico

En el mismo documento, el ahora exministro reafirmó su compromiso con los intereses del país y sostuvo que su decisión responde a principios vinculados a la defensa nacional.

“Al presentar esta renuncia, reafirmo mi permanente e inalterable compromiso con los altos intereses del Perú, a los que he servido y defendido durante toda mi vida profesional de casi 50 años”, se lee en el texto firmado por el diplomático.

Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el reemplazo en el cargo ni sobre los detalles del desacuerdo mencionado en la misiva.

Trayectoria diplomática del exministro

Hugo de Zela cuenta con una extensa trayectoria en el servicio diplomático peruano, con décadas de experiencia en asuntos internacionales y política exterior.

Su salida del cargo se produce en un contexto político marcado por decisiones estratégicas relacionadas con temas de seguridad nacional, cuya naturaleza aún no ha sido detallada públicamente.

Se espera que en las próximas horas el Ejecutivo anuncie quién asumirá la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores de manera encargada o definitiva.

En una carta enviada al presidente José María Balcázar, el ahora exministro le expresó su “discrepancia sustantiva” respecto a la postergación de la compra de las aeronaves de caza, al considerar que esta decisión podría afectar los intereses del país y acarrear consecuencias de considerable impacto.

El proyecto consideraba la adquisición de aviones F-16 a una empresa estadounidense, dentro de un proceso que se venía evaluando técnica y administrativamente desde hace varios años.

La renuncia se da en un escenario de tensión al interior del Ejecutivo, tras la decisión del Gobierno de no concretar la firma del contrato.

Dicha medida ha generado cuestionamientos desde diversos sectores políticos y militares, que advierten que podría afectar la modernización de las Fuerzas Armadas y las relaciones estratégicas con Estados Unidos.

Díaz Dañino señaló que su decisión se sustenta en un análisis técnico del proceso de contratación y en las posibles implicancias que tendría para la seguridad nacional. En ese contexto, su renuncia refleja diferencias dentro del gabinete sobre la gestión de las políticas de defensa.

#LoÚltimo

El ministro de Defensa, Carlos Díaz, presentó su renuncia al cargo: Mantengo una discrepancia sustantiva respecto del proceso de contratación destinado a la adquisición de aeronaves caza

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— Canal N (@canalN_) April 22, 2026

Los resultados oficiales preliminares indican que Keiko Sofía Fujimori Higuchi se mantiene en el primer lugar del conteo con 2′707,502 votos, equivalentes al 17.049% de los votos válidos.

Resultados preliminares con más del 94% de actas procesadas

De acuerdo con el reporte de la ONPE, el segundo lugar lo ocupa Roberto Helbert Sánchez Palomino, quien registra 1′908,702 votos, lo que representa el 12.019% de los votos válidos.

En tercer lugar figura Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, con 1′891,479 votos, equivalente al 11.911%.

El reporte oficial indica que 5.637% de actas aún se encuentra en proceso de envío al Jurado Nacional de Elecciones, mientras que 0.069% permanece pendiente, lo que significa que los resultados finales podrían variar conforme avance el procesamiento.

El sistema de la ONPE permite visualizar los resultados en tiempo real a medida que se integran nuevas actas al conteo nacional.

Las autoridades electorales reiteraron que los resultados difundidos corresponden a datos preliminares, sujetos a actualización continua hasta la culminación del escrutinio oficial.

En detalle

Los documentos, correspondientes a mesas de sufragio en New Jersey (Estados Unidos), generaron confusión, ya que en los espacios destinados a los nombres y símbolos de las 37 organizaciones políticas que participaron en la primera vuelta aparecían otros que no eran los correctos.

Algunos de ellos eran: “El porvenir de los peruanos”, “Jóvenes del mañana”, “Tú no estás solo”, “No olvides nunca respirar”, “El tiempo es rápido para los temerosos”, “Siembra paz y cosecha amor”, “Los peruanos sí podemos”, entre otros.

Además, las actas presentaban firmas de supuestos miembros de mesa y una estructura similar a la de un documento regular.

Aclaración

Horas después, luego de múltiples reclamos en la red social X, la ONPE respondió a una usuaria y explicó lo ocurrido.

“Al hacer una revisión interna, podemos confirmar que el conteo de votos se hizo con el acta correcta enviada por el consulado tras el escrutinio de votos”, manifestó.

Asimismo, el ente electoral precisó que la imagen digitalizada correspondía a material de prueba entregado al consulado para su uso previo al proceso electoral.

“Esta imagen se publicó por error, sin afectar al conteo de votos”, aseguró la ONPE. Agregó que posteriormente se haría la corrección en la página web.

Minutos después, el portal permitió visualizar el documento correcto. En reemplazo del archivo cuestionado, la plataforma mostró un acta correspondiente al proceso electoral del 12 de abril, con las organizaciones políticas oficiales.

Su salida abre un nuevo capítulo de incertidumbre para el Perú que todavía no sabe si Rafael López Aliaga o Roberto Sánchez competirán por la Presidencia en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

DESPEDIDA

En una extensa carta enviada a María Teresa Cabrera, presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Corvetto comunicó su decisión de renunciar a su cargo luego de los problemas técnicos operativos en el despliegue del material electoral en sectores de Lima Metropolitana durante la jornada electoral.

“Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”, afirmó.

En el escrito aseguró haber cumplido su función con integridad y gestionado un fuerte proceso de reformas. Sin embargo, los problemas del 12 de abril “constituyen una situación que me impide continuar en el cargo”.

“Pueden buscarse respuestas en la competencia interna de la organización, que sin dudas las hay, y sobre las que me correspondan responderé; quedan muchas interrogantes que habrá que dilucidar vía una investigación parcial y exhaustiva que no tienen explicación en la cadena logística de la organización, tantas veces aplicada”, apuntó.

En ese sentido, dijo que como servidor público, no basta con actuar de acuerdo con la ley, sino contribuir a la estabilidad democrática y al mejor futuro del país.

“En esta coyuntura no me encuentro en situación de ofrecerle ello a mi patria”, aseveró.

También mencionó que espera que su renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones.

“Estoy seguro de que quien me suceda va a contribuir a construir un contexto político adecuado para la celebración de la segunda vuelta presidencial”, indicó.

Finalmente, pidió que su renuncia sea aceptada en el más breve plazo, porque la ciudadanía y los actores políticos necesitan certidumbre.

“Además de manifestarle mi total y entera disponibilidad a las investigaciones en los fueros que correspondan, a fin de contribuir plenamente al esclarecimiento de los hechos”, concluyó.

PRONTITUD

Corvetto envió su carta de renuncia a la JNJ a las 12:09 a.m., esto a pesar de que según el artículo 10 de la Ley Orgánica de la ONPE, su cargo es de carácter irrenunciable durante el proceso electoral.

Por ese motivo, la presidencia de la JNJ convocó de manera inmediata a un pleno extraordinario para evaluar el caso y adoptar decisiones.

Tras deliberar sobre el caso, la JNJ decidió en menos de dos horas aceptar -por unanimidad- la renuncia de Corvetto.

En un comunicado, el organismo informó que continuará la investigación preliminar que se inició contra el exfuncionarios por los hechos ocurridos durante la jornada electoral del 12 de abril.

“La JNJ reafirma que su actuación se desarrollará con estricto respeto al debido proceso y de acuerdo con el mandato constitucional, en aras de garantizar la transparencia, la legalidad y la defensa del sistema democrático”, indicó la institución.

La decisión será comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a la ONPE y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

CAMBIO

Tras la dimisión de Corvetto, lo reemplazará de manera interina Bernardo Juan Pachas Serrano, gerente general del organismo electoral.

Pachas es abogado con una maestría en derecho constitucional, tiene un postgrado en administración de empresas, así como amplia experiencia en el sector privado y público.

Esta es la segunda vez que Pachas asume un importante cargo de manera interina.

El 5 de febrero de 2019 asumió como jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) temporalmente en reemplazo de Jorge Luis Yrrivarren Lazo, debido a que este cumplió su mandato.

El funcionario se mantuvo en dicho puesto hasta que Carmen Velarde Koechlin fue nombrada en el cargo en agosto de 2020.

Cabe precisar que la JNJ deberá convocar a un concurso público para nombrar a un nuevo jefe de la ONPE en un plazo de 45 días hábiles.

POSTURA

La candidata presidencial Keiko Fujimori consideró que existe un responsable por las irregularidades cometidas durante la jornada electoral.

En declaraciones a la prensa, la líder e Fuerza Popular fue consultada sobre la dimisión de Corvetto.

“Creo que esta medida que se ha tomado va a ser saludable para el proceso electoral, para todo lo que se viene”, afirmó.

Sin embargo, consideró que los peruanos merecen saber toda la verdad y por qué ocurrieron grandes deficiencias, entre ellas, que varias mesas abrieron tarde.

“Sobre todo de cara a corregir esto y que nunca más suceda. Los peruanos tenemos derecho de ir a votar, que estos procesos se realicen con transparencia y que la voluntad se respete”, sostuvo.

Más temprano, el presidente José María Balcázar prefirió marcar distancia sobre una posible salida de Corvetto.

“No, porque eso sería inmiscuirme. Yo soy un hombre que no prejuzga. Imagínese que yo interviniera, sería una parcialización”, explicó.

En ese sentido, el mandatario recordó en RPP que la JNJ es la entidad que tiene la potestad legal para investigar y sancionar a funcionarios, como al entonces jefe de la ONPE.

FISCALÍA

En los últimos días se informó sobre una posible detención para Piero Corvetto, renunciante jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Al respecto, Tomás Gálvez Villegas, fiscal de la Nación, precisó que existe una solicitud de parte de la Policía para una orden de detención. Sin embargo, aclaró que la Fiscalía es la instancia encargada de hacer la solicitud y el Poder Judicial (PJ) tiene la potestad de aprobarlo o no.

“Pero sí, efectivamente, en este momento tengo entendido que hay una solicitud en ese sentido de parte de la policía. El fiscal debe de estar evaluando en el curso del día y lo estará solicitando al juzgado”, indicó en Exitosa.

Además, precisó que la Fiscalía de la Nación dispuso que la Fiscalía Anticorrupción, a cargo del fiscal Raúl Martínez Huamán, se dedique, entre varios temas, a los hechos ocurridos durante la jornada electoral.

Por otro lado, el fiscal supremo titular Juan Carlos Villena ordenó que se remitan todas las copias de la carpeta fiscal sobre irregularidades durante el proceso electoral a la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal de Lima Centro.

El fiscal supremo Juan Carlos Villena enviará todos los actuados respecto a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, a la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro, para que ellos designen a la fiscalía competente para investigar al funcionario. pic.twitter.com/pi6pLg4GGd

— Sofía López (@SofiaLopezLl) April 21, 2026

De acuerdo con un documento al que accedió Correo, esto se realizó con la finalidad de que se designe a la fiscalía provincial competente que podría investigar eventualmente a Corvetto.

La respuesta de Villena obedece a un pedido que presentó el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), quien solicitó que el entonces máximo representante de la ONPE, afronte una investigación por las irregularidades detectadas durante el 12 de abril.

Ayer por la tarde, Juan Charles Alvarado, fundador y representante de Galaga, empresa logística señalada por no entregar el material electoral a tiempo, acudió ayer a la Fiscalía para dar su declaración.

El empresario ingresó a la sede y se retiró sin ofrecer declaraciones a la prensa.

Corvetto también asistió ayer a la Fiscalía Anticorrupción, acompañado de seguridad del Estado, para hacer entrega de su pasaporte, tal como lo había adelantado en un documento que envió a la Fiscalía.

“Ya presenté mi renuncia”, fue la única respuesta que le dio a la prensa al ser consultado por su dimisión.

Cabe precisar que, para superar la valla electoral, los partidos debían alcanzar al menos el 5% de votos válidos a nivel nacional en esta elección. No obstante, a diferencia del Congreso bicameral, no se exigía un número mínimo de escaños.

Escaños

Según los resultados actuales, el Parlamento Andino estaría integrado por candidatos de Fuerza Popular (FP), Partido del Buen Gobierno (PBG), Juntos por el Perú (JP), Renovación Popular (RP) y el Partido Cívico Obras (PCO).

La plataforma de la ONPE ubica a Maali Del Pomar Saetonne, postulante de RP, como la más votada, con 242,868 votos. La abogada fue asesora principal del exalcalde Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima.

Le sigue Luis Galarreta Velarde (FP), con 215,026 votos. El abogado sería reelegido, pues integra actualmente el Parlamento Andino (2021-2026). Además, postula a la vicepresidencia.

En tercer lugar se ubica Paul Fernández Bravo (JP), con 164,289 votos. El candidato registra dos años de experiencia como auxiliar técnico en el Congreso y tiene imputaciones por presunta asociación ilícita, colusión agravada y lavado de activos, según un reportaje de Willax.

Otro de los candidatos con amplio respaldo es Marcio Bendezú Echevarría (PBG), con 115,699 votos. Es ingeniero industrial y tiene experiencia en gestión pública como prefecto de Lima.

Finalmente, figura Jahn Toledo Palomino (PCO), con 63,289 votos. Fue presidente de la Asociación Peruana de Vehículos Eléctricos y Alternativos y ha sido investigado por presunta usurpación agravada de terrenos de la FAP, de acuerdo con Perú21. El sueldo de un parlamentario andino es el mismo que el de un legislador del Congreso Bicameral.

Mediante un comunicado, el partido celeste precisó que el encuentro se realizó en su local central y contó con la participación de la secretaria general y el personero legal de RP, además del jefe de personeros de Fuerza Popular.

Según la agrupación liderada por Rafael López Aliaga, en la reunión “se acordó promover la firma de un acta conjunta con las demás fuerzas políticas, a fin de que se sumen al pedido de reclamo ante un presunto sabotaje en el proceso electoral 2026”.

Sin embargo, el pronunciamiento indica que, hasta el momento, “no se han llegado a acuerdos para la firma de dicha acta”.

Como es de conocimiento público, Rafael López Aliaga se mantiene en el tercer lugar con más del 94% de actas procesadas por la ONPE, a menos de un punto porcentual de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en la contienda por el pase a la segunda vuelta presidencial.

López Aliaga ha denunciado presuntas irregularidades en el proceso electoral y ha sostenido la existencia de un supuesto fraude en su contra, tras las demoras registradas en la instalación de mesas de votación el último 12 de abril, atribuídas a problemas logísticos de la ONPE.

Tras no alcanzar un acuerdo con el fujimorismo para la firma de un acta que permita encaminar un reclamo conjunto de diversas fuerzas políticas ante el organismo electoral, Renovación Popular concluyó su comunicado invocando a otras organizaciones a sumarse a la iniciativa.

“Mientras tanto, hacemos un llamado a las fuerzas políticas que verdaderamente defendemos la democracia, para actuar como un frente unido en estos momentos de incertidumbre ante un conteo de votos que no reflejaría la voluntad popular”, finaliza el texto.

🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/90swr5qnQy

— Renovación Popular (@Renovacion_Peru) April 22, 2026

La sesión fue encabezada por el titular del sector, José Zapata Morante, y contó con la participación de representantes de 21 entidades públicas. En ese espacio se abordaron mecanismos de articulación institucional para el seguimiento de políticas vinculadas a la seguridad.

El ministro del Interior, José Zapata, lideró la primera reunión multisectorial de seguimiento al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, articulando esfuerzos con entidades clave para reforzar la respuesta del Estado frente al delito. pic.twitter.com/KhVdsbNwIz

— Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 21, 2026

Sistema de monitoreo y control de intervenciones

Como parte de la jornada, se presentó el tablero de control del plan, una herramienta tecnológica destinada a evaluar el cumplimiento de las intervenciones estratégicas. Este sistema permite realizar un seguimiento mensual de 134 acciones ejecutadas por las entidades involucradas.

La herramienta fue transferida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico con el objetivo de fortalecer los procesos de supervisión. Su implementación busca ordenar la información y facilitar la medición de resultados en la ejecución de políticas públicas.

“Parte importante del control de la gestión hace énfasis en indicadores, metas y responsables este tablero es la evaluación del desempeño que toda política debe llevar consigo Sintámonos entusiasmados porque estamos haciendo una buena labor para darle soluciones a la ciudadanía”, inidicó el titular del Mininter.

Indicadores para medir la criminalidad

Durante la reunión también se expusieron los principales indicadores que orientarán el seguimiento del plan. Estos incluyen la medición de la victimización por extorsión, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes y la variación de denuncias vinculadas a estos delitos.

Asimismo, se considerará el comportamiento de los casos de homicidios como parte del análisis integral. Estos parámetros permitirán evaluar el impacto de las acciones implementadas por las instituciones participantes.

En la sesión técnica se presentó un balance sobre el progreso alcanzado hasta el momento. Según lo expuesto, el avance anual del plan se ubica en 9.77 por ciento en relación con las metas programadas.

En el mes de marzo, 45 intervenciones estratégicas contaron con metas físicas definidas. De ese grupo, 34 registraron niveles de cumplimiento superiores al 95 por ciento respecto a lo previsto.

Como parte de la implementación del tablero, se anunció la entrega de credenciales de acceso a los representantes de cada entidad. Esta medida permitirá que las instituciones registren y reporten sus avances de manera periódica.

Además, el equipo encargado del seguimiento continuará brindando capacitaciones para el uso adecuado de la herramienta. El objetivo es asegurar la actualización constante de la información y fortalecer los mecanismos de transparencia en la gestión pública.

En ese contexto, la compañía precisó que el contrato fue adjudicado a otra empresa del sector. De acuerdo con su pronunciamiento, dejó constancia formal de observaciones tras no resultar seleccionada en el proceso.

Cuestionamientos al proceso de selección

Hermes señaló que registró en un acta notarial cuestionamientos vinculados a la evaluación técnica realizada por el comité de la ONPE. La compañía explicó que uno de los criterios utilizados durante la calificación no estaba contemplado en las bases del concurso.

Asimismo, la empresa indicó que participó junto a otras empresas, entre ellas Servicios Generales Galaga S. A. C. y el Consorcio AFE. Según señaló, pese a cumplir con los requisitos establecidos, su propuesta no fue elegida.

La empresa también informó que, antes de la convocatoria oficial, mantuvo comunicaciones con funcionarios de la ONPE. Según indicó, el funcionario Johnny Echevarría Bermúdez les comunicó que se evaluaba incorporar empresas especializadas en transporte de valores al servicio electoral.

Hermes explicó que estas coordinaciones, se realizaron en la etapa previa al proceso de contratación. Asimismo señaló que su participación se desarrolló dentro de ese contexto.

Retrasos en la entrega de material electoral

En otro punto de su pronunciamiento, la empresa dio cuenta de un requerimiento posterior realizado por la ONPE. Según indicó, el 11 de abril recibió una solicitud urgente para presentar una propuesta de transporte con 40 camiones.

La compañía precisó que el pedido fue realizado por José Samamé Blas, quien se desempeñaba como gerente de Gestión Electoral. Según señaló, respondió de inmediato al requerimiento, aunque su propuesta no fue finalmente aceptada.

De acuerdo con la empresa, este requerimiento se produjo horas antes de la jornada electoral en la que se registraron demoras en la distribución de material. La entidad privada reveló que el servicio debía ejecutarse entre la tarde del 11 de abril y la madrugada del día siguiente.

Estos hechos ocurrieron en un contexto en el que se reportaron afectaciones en decenas de locales de votación en Lima. La situación generó cuestionamientos sobre la logística electoral y motivó investigaciones sobre la actuación de funcionarios.

Finalmente, la empresa señaló que se mantiene a disposición de las autoridades competentes. En esa línea precisó que colaborarán con cualquier proceso de revisión que se considere necesario.

A través de un comunicado oficial, la ONPE indicó que, tras la salida del titular, se aplica el mecanismo de reemplazo contemplado en su normativa interna. En ese marco, precisó que la encargatura de la jefatura recae en Bernardo Juan Pachas Serrano, quien se desempeña como gerente general.

#ONPEinforma | A la opinión pública sobre la jefatura de la ONPE. pic.twitter.com/JJxhZ3DDkS

— ONPE (@ONPE_oficial) April 22, 2026

Encargatura conforme a la ley

La entidad explicó que este procedimiento está regulado por el artículo 15 de su Ley Orgánica. Dicho dispositivo establece que, en caso de vacancia durante un proceso electoral, el funcionario de mayor jerarquía inmediata asume el cargo.

La ONPE señaló que este mecanismo permite mantener la continuidad en la dirección institucional. De esta manera, se evita la interrupción de funciones en un contexto electoral.

A través de su pronunciamiento, el organismo electoral sostuvo que las actividades en curso no se han detenido. Indicó que se mantiene el procesamiento y la contabilización de actas correspondientes a la primera vuelta.

Asimismo, la institución informó que continúan los preparativos para la segunda elección presidencial prevista para junio. Estas acciones forman parte del cronograma electoral vigente.

La ONPE también señaló que sigue adelante con la organización de las elecciones primarias vinculadas a los comicios regionales y municipales de 2026. Estas jornadas están programadas para los días 17 y 24 de mayo.

Finalmente, la entidad reiteró que todas sus actividades se desarrollan conforme a lo establecido en el calendario electoral. Con ello, busca garantizar la continuidad de los procesos en ejecución.

Según la Resolución N.° 119-2026-PLENO-JNJ, emitida el 21 de abril, el organismo decidió por unanimidad aceptar la renuncia del funcionario, quien presentó su carta ese mismo día. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la dimisión es una causal de vacancia del cargo.

En la resolución, la JNJ aclaró que la salida de Corvetto no interrumpe la investigación preliminar en su contra por la presunta comisión de falta grave, iniciada el 13 de abril.

Asimismo, el documento dispone comunicar la vacancia al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), a fin de que adopten las acciones correspondientes.

Cabe indicar que Piero Corvetto asumió la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en 2020 por un periodo de cuatro años y fue ratificado en 2024 para un nuevo periodo.

Piero Corvetto renuncia al cargo de jefe de la ONPE en plena crisis electoral

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su renuncia al cargo, según una carta dirigida a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera Vega, con fecha 21 de abril de 2026.

En el documento, Corvetto comunica su decisión de dejar la responsabilidad que ejercía desde el 31 de agosto del 2020. Además, menciona los problemas técnicos y operativos ocurridos durante el despliegue del material electoral en sectores de Lima Metropolitana durante la jornada del 12 de abril.

También indicó que su salida busca permitir que se organice y ejecute la segunda vuelta presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana hacia la ONPE.

Finalmente, señaló que existen interrogantes que deberán esclarecerse mediante una investigación imparcial y exhaustiva sobre la cadena logística de la institución.

La medida define algunos lineamientos técnicos y administrativos que deberán seguirse durante la próxima jornada. Además asegura la disponibilidad de recursos y la continuidad de las actividades previstas tras el cambio en la dirección de la entidad.

Organización de la jornada electoral

La resolución fechada el 17 de abril, señala que más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para participar en la votación. Asimismo, se mantendrán las 92,766 mesas de sufragio junto con los mismos miembros de mesa que actuaron en la primera vuelta.

La realización de esta nueva elección responde a que ninguna fórmula alcanzó la mayoría requerida de votos válidos. Por ello, el proceso se desarrollará conforme a lo establecido en la normativa electoral vigente.

La ejecución estará a cargo de 126 oficinas descentralizadas distribuidas en el país y en ciudades del extranjero. Cada una de estas dependencias deberá organizar el despliegue del personal necesario para la jornada.

Estas coordinaciones buscan garantizar el funcionamiento del proceso en cada punto de votación. La planificación establece acciones anticipadas para el cumplimiento de las tareas asignadas.

Presupuesto y soporte operativo

El documento contempla una inversión superior a los 387 millones de soles para la ejecución de los comicios. Este monto cubrirá la elaboración de material electoral y el funcionamiento de los sistemas tecnológicos.

Asimismo, se prevé la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en labores de resguardo. Su intervención está orientada a la protección del material electoral durante su traslado y uso.

El plan además incluye la capacitación de los miembros de mesa mediante herramientas virtuales y sesiones presenciales. Estas acciones buscan reforzar el desarrollo del proceso y reducir errores en el registro de resultados.

Asimismo, se han considerado disposiciones para facilitar la participación de personas con discapacidad. El documento también incorpora protocolos de bioseguridad que deberán aplicarse durante la jornada.

La aprobación de este plan se da en el marco de la transición en la dirección de la institución. Con ello, se establece la estructura necesaria para la ejecución de la segunda vuelta.

El objetivo es asegurar que el proceso se desarrolle conforme a los procedimientos establecidos. De esta manera, se busca que los resultados reflejen la decisión de los ciudadanos.

El pedido, fechado el 20 de abril, estableció un plazo de cinco días para la entrega de los datos requeridos. A través de un documento, la JNJ invocó al artículo 154 de la Constitución para sustentar su requerimiento de información.

¿Qué solicita la JNJ?

La solicitud incluyó la identificación completa de cada trabajador extranjero vinculado a la entidad. Asimismo, la JNJ pidió detallar el tipo de documento, la modalidad de contratación y el área en la que desempeñaban los trabajadores en funciones.

El objetivo fue contar con información precisa sobre la situación laboral de estos profesionales. Esto permitiría verificar si las contrataciones se ajustaron a la normativa vigente.

El requerimiento se emitió en un escenario de cuestionamientos tras las elecciones generales. Durante la jornada se reportaron problemas en la instalación de mesas y en el uso de herramientas tecnológicas.

En ese contexto, la medida buscó esclarecer aspectos relacionados con la gestión administrativa. La revisión se dio en medio de un mayor control sobre el funcionamiento de la entidad.

La disposición fue de carácter obligatorio para las áreas técnicas de la institución. Se exigió precisar el cargo que ocupaba cada trabajador incluido en el informe.La intervención se produjo ante denuncias sobre posibles irregularidades en contrataciones.

El envío del documento se produjo horas antes de la renuncia de Piero Corvetto. Aunque no se detallaron las razones en el oficio, ambos hechos ocurrieron en el mismo contexto.

El análisis de la información solicitada permitirá determinar si se cumplieron los procedimientos establecidos. Esto forma parte de las acciones de control sobre la gestión institucional.

“Creo que es una buena noticia para el Perú, una buena noticia para los peruanos que este señor haya dado un paso al costado”, manifestó.

La aspirante a la presidencia también señaló que la responsabilidad de las irregularidades detectadas en la jornada electoral del 12 de abril recae principalmente sobre el exfuncionario. Fujimori insistió en que la renuncia de Corvetto será favorable para garantizar un mejor desarrollo en la segunda contienda.

“Yo creo que hay un primer responsable de todas estas grandes irregularidades y creo que esta medida que él ha tomado va a ser saludable para el proceso electoral, sobre todo para lo que viene”, agregó.

@exitosanoticias 🔴🔵La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró positiva la salida de Piero Corvetto de la ONPE ante la segunda vuelta. #Exitosanoticias #Elecciones #ONPE #PieroCorvetto #keikofujimori ♬ sonido original - Exitosa Noticias

Solicita investigación exhaustiva sobre el caso

En relación con lo ocurrido durante los comicios, planteó que distintas instituciones del Estado deben intervenir para esclarecer los hechos. La dirigente política hizo un llamado a la Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público y otras entidades para asumir esta tarea. La candidata indicó que es necesario determinar lo sucedido durante la primera vuelta.

En sus declaraciones, remarcó la importancia de garantizar procesos electorales claros y confiables. En ese marco, expresó una demanda relacionada con el acceso a la información sobre los hechos reportados.

“Los peruanos tenemos el derecho a acudir a votar, a elegir las autoridades y que estos procesos se realicen con transparencia y que la voluntad popular se respete”, afirmó.

Finalmente, la lideresa política instó al Jurado Nacional de Elecciones a emitir un pronunciamiento en el corto plazo. Consideró que esta decisión permitirá definir el escenario de competencia de cara a la segunda vuelta.

En esa línea, reiteró la necesidad de contar con claridad en el proceso electoral. Fujimori indicó que ello contribuirá a fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de organizar los comicios.

La controversia se intensificó luego de que se conociera que el procedimiento de compra, valorizado en aproximadamente 3 mil 500 millones de dólares, se desarrolló bajo estricta reserva.

Esta situación generó críticas desde distintos sectores que consideran necesario un mayor nivel de acceso a la información en decisiones de esta magnitud.

Si Balcázar firma el contrato y otorga el adelanto inicial para comprar los F-16, a pesar de la denuncia de Suecia, será encausado por negociación incompatible y colusión agravada. El proceso está manoseado por 3 presidentes transitorios, lo correcto es la nulidad.

— Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) April 20, 2026

Cuestionamientos sobre prioridades del gasto

El dirigente político también cuestionó la prioridad otorgada al gasto en defensa frente a otras necesidades del país. En esa línea, señaló que existen áreas como la educación y la salud que requieren mayor atención presupuestal en el actual contexto nacional.

A través de sus redes sociales, el exgobernador regional expuso los posibles escenarios legales que podrían derivarse de la firma del contrato. Cerrón advirtió sobre eventuales responsabilidades penales vinculadas a la autorización de un adelanto económico en el marco de la operación.

“Si Balcázar firma el contrato y otorga el adelanto para comprar los aviones F-16, será encausado por negociación incompatible”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la existencia de una denuncia presentada por Suecia afecta la legitimidad del proceso de selección en curso. Cerrón indicó que este elemento debería ser considerado por las autoridades antes de adoptar una decisión definitiva.

El prófugo de la justicia, insistió en que lo más adecuado para un gobierno de carácter transitorio sería detener el procedimiento. Ante dicho escenario consideró que la nulidad del proceso permitiría evitar eventuales responsabilidades ante el sistema de justicia.

La evolución del proceso dependerá de las decisiones que adopte el Ejecutivo en los próximos días. En paralelo, el debate público continúa centrado en la transparencia, el uso de los recursos y las posibles implicancias legales de la operación.

Espinoza Valenzuela recurrió al Poder Judicial para solicitar el archivo de la investigación preparatoria que afronta en el Ministerio Público. Para ello presentó una excepción de improcedencia de acción, mecanismo procesal mediante el cual argumenta que los hechos que se le imputan no constituyen delito ni son justiciables penalmente, bajo el criterio de atipicidad relativa a su favor.

La solicitud se sustenta en el artículo 6, numeral 1, literal b) del Código Procesal Penal. A través de ese fundamento legal, la actual decana del Colegio de Abogados de Lima pide que se declare fundada la excepción deducida.

La investigación gira en torno a la elaboración y revisión del Reglamento de Actuación Fiscal en la Investigación del Delito, documento que habría habilitado a los fiscales para realizar directamente la investigación preliminar del delito. La exfuncionaria sostiene que ese reglamento nunca contó con su firma ni con su aprobación.

Respecto a su participación en dicho documento, Espinoza Valenzuela señaló que nunca firmó ni aprobó el reglamento materia de investigación.

¿Qué delitos se le atribuyen?

La Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria contra Delia Espinoza el 15 de diciembre del 2025. Los cargos incluyen abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y presunta instigación al delito de usurpación de funciones en agravio del Estado.

Según la tesis fiscal, durante octubre de 2024, en su condición de fiscal suprema e integrante de la Junta de Fiscales Supremos, habría participado en la elaboración de un reglamento que contraviene la Ley N.° 32130, norma que reserva la investigación preliminar del delito a la Policía Nacional del Perú.

El proceso penal contra Espinoza Valenzuela tomó impulso institucional el 3 de diciembre del 2025, cuando el Pleno del Congreso aprobó por mayoría calificada el proyecto de Resolución Legislativa N.° 13440/2025-CR. Mediante esa resolución, el Parlamento declaró haber lugar a la formación de causa penal en su contra en su condición de fiscal suprema.

Además del respaldo a la investigación penal, la representación nacional dispuso la inhabilitación de Espinoza por diez años en el ejercicio de la función pública. Esa medida se sustenta en una supuesta infracción constitucional vinculada al mismo caso.

Corvetto acudió a las 3:23 p.m., en medio de la presencia de algunos medios locales, lo que generó momentos de desorden durante su ingreso al recinto. A su llegada, el exfuncionario fue consultado por los motivos de su reciente renuncia al cargo. Sin embargo, evitó brindar mayores detalles y se limitó a responder: “está en mi carta de renuncia”.

Motivos de la citación

Como se recuerda, el exjefe del organismo electoral fue citado para este martes 21 de abril a las 4:00 p.m. a fin de cumplir con una diligencia de entrega voluntaria de información ante el Ministerio Público. Según documentos fiscales, Corvetto también deberá entregar su pasaporte como parte de las investigaciones en curso.

La citación se produce luego de que el titular de la ONPE enviara un escrito al Ministerio Público proponiendo el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en medio de las pesquisas por presuntas irregularidades en el proceso electoral.

Asimismo, se encuentra pendiente la reprogramación de su declaración como testigo en esta misma investigación, la cual había sido inicialmente fijada para días previos.

El caso también incluye un pedido de la Procuraduría Anticorrupción para que Corvetto sea incorporado como investigado en relación con la contratación de la empresa Gálaga para la distribución de material electoral.

Durante una conferencia de prensa, el aspirante presidencial fue consultado sobre recientes comentarios de Velarde respecto a su eventual continuidad en el cargo. En ese marco, dejó abierta la opción de un acercamiento en los próximos días como parte de un eventual diálogo institucional.

“Hay una invitación en off que ha hecho el señor Velarde y nosotros también somos capaces de tomar, prontamente, un café de Quillabamba…”, manifestó.

El líder de Juntos por el Perú también precisó que su agrupación política no contempla afectar la autonomía del Banco Central de Reserva. Indicó que este principio forma parte de una política de Estado que consideran necesaria para el manejo económico del país.

A pesar de ello, evitó confirmar si mantendría a Velarde al frente de la entidad en caso de llegar al Gobierno. Señaló que su propuesta busca equilibrar la estabilidad macroeconómica con las necesidades de la economía interna.

“Estamos dispuestos a conversar y ver, porque la política de Estado, la estabilidad macroeconómica, la independencia del Banco Central de Reserva es más importante que el individuo”, expresó.

Evita adelantar decisión sobre continuidad

Frente a los cuestionamientos sobre una eventual destitución del actual presidente del BCR, el candidato prefirió no adelantar decisiones. Indicó que primero esperará el desarrollo del proceso electoral antes de definir una postura final.

“Vamos a resolver la primera vuelta, pasar la segunda vuelta, ganar y ahí nosotros referir cuál es una nuestra sentir”, sostuvo.

Como se recuerda, tras la primera vuelta electoral, Sánchez expresó sus intenciones de retirar de su cargo al presidente del BCR de ganar las elecciones. El postulante, cuestionó la gestión del funcionario y a su relación con el sector empresarial.

“Usted, señor Julio Velarde, no nos representa. Nosotros, en nuestro primer día de gobierno, lo vamos a echar porque es usted una vergüenza, solamente ha trabajado para mantener contentos y felices a empresas transnacionales”, afirmó.

De acuerdo con el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con el 93.8 por ciento de actas contabilizadas, Sánchez se ubica en el segundo puesto. El candidato acumula 1 millón 900 mil 198 votos y mantiene una diferencia de 15 471 votos sobre Rafael López Aliaga, representante de Renovación Popular.

El reclamo responde a expresiones en las que se le vinculó con presunto apoyo logístico y económico a favor de una candidatura presidencial.

Según el documento, López Aliaga afirmó que el empresario habría destinado “millones de dólares” para organizar un “ejército de personeros” y que incluso colocó a un familiar al frente de esa estructura.

Dyer negó cada uno de esos señalamientos y sostuvo que no existe respaldo fáctico, documental ni legal que sustente tales acusaciones. Asimismo, aseguró no haber financiado personeros, organizado redes vinculadas a ese fin ni designado familiares para dichas actividades.

En la misiva, solicitó que la rectificación se realice en un plazo máximo de 48 horas y con similar difusión al pronunciamiento original.

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que aceptó por unanimidad la renuncia de Piero Alessandro Corvetto Salinas al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras los problemas técnicos y logísticos registrados durante la jornada electoral del 12 de abril de 2026.

La institución comunicó que la dimisión fue presentada el 21 de abril, y que inmediatamente se convocó a un pleno extraordinario para evaluar la situación y adoptar las decisiones correspondientes dentro de sus competencias constitucionales.

🚨 #AHORA | La Junta Nacional de Justicia informa a la opinión pública lo siguiente. pic.twitter.com/Sva5nSMYXS

— Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) April 21, 2026

Renuncia se da tras fallas en despliegue electoral

Según la carta dirigida a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, Corvetto explicó que su salida del cargo, que ocupaba desde el 31 de agosto de 2020, responde a los inconvenientes ocurridos durante el despliegue del material electoral en sectores de Lima Metropolitana.

El exjefe de la ONPE indicó que su renuncia busca facilitar la organización de la segunda vuelta presidencial en un escenario que permita recuperar la confianza ciudadana en el sistema electoral.

Asimismo, señaló que existen interrogantes que deberán ser esclarecidas mediante una investigación imparcial sobre la cadena logística utilizada durante el proceso electoral.

JNJ continuará investigación preliminar

En el comunicado oficial, la JNJ confirmó que continuará con la investigación preliminar contra el exfuncionario por los hechos ocurridos durante la jornada electoral.

El organismo también precisó que el acuerdo adoptado fue comunicado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y a la ONPE, conforme a los procedimientos establecidos por ley.

La salida de Corvetto se produce en medio del proceso electoral en curso, luego de reportarse fallas operativas en la distribución del material electoral durante la jornada del 12 de abril, lo que generó cuestionamientos por parte de diversos actores políticos.

El documento de renuncia ya cuenta con sello de recepción de la JNJ y se da en un contexto en el que las autoridades electorales deberán garantizar la adecuada organización de la segunda vuelta presidencial.

Las autoridades no han informado aún quién asumirá la conducción de la ONPE de manera temporal tras la salida del funcionario.

En el documento, Corvetto comunica su decisión de dejar la responsabilidad que ejercía desde el 31 de agosto del 2020. Además, menciona los problemas técnicos y operativos ocurridos durante el despliegue del material electoral en sectores de Lima Metropolitana durante la jornada del 12 de abril.

También indicó que su salida busca permitir que se organice y ejecute la segunda vuelta presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana hacia la ONPE.

Finalmente, señaló que existen interrogantes que deberán esclarecerse mediante una investigación imparcial y exhaustiva sobre la cadena logística de la institución.

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Al buscar una mesa de sufragio específica dentro del portal, apareció un acta de escrutinio con agrupaciones políticas que no forman parte del proceso electoral.

El hecho fue expuesto durante una transmisión de Canal N, donde la conductora explicó que ingresó a la mesa 086793, señalada como correspondiente a New Jersey. Luego de descargar el archivo adjunto, mostró que el documento contenía nombres ajenos a la contienda.

#EnVivo

Usuarios detectaron un acta con partidos inexistentes en la web de la ONPE durante el conteo de votos de las Elecciones 2026

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— Canal N (@canalN_) April 21, 2026

Entre las organizaciones que figuraban en el acta aparecían “El Porvenir de los Terbanos”, “No olvides nunca respirar” y “Jóvenes del mañana”, además de símbolos no vinculados a partidos inscritos oficialmente.

Según se observó en pantalla, el archivo también mostraba firmas de miembros de mesa y una estructura similar a la de un acta regular.

La ONPE cambió el acta minutos después

Minutos después de que el caso se hiciera público, el documento visualizado en el portal fue reemplazado. En lugar del archivo cuestionado, la plataforma mostró un acta que sí correspondería al proceso electoral y con organizaciones políticas oficiales.

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El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, no descartó que funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puedan ser imputados penalmente si se determina responsabilidad por presuntas negligencias en la organización de las elecciones generales 2026.

En declaraciones a Exitosa, el titular del Ministerio Público sostuvo que los funcionarios habrían tenido conocimiento previo de posibles inconvenientes advertidos por la Contraloría General de la República, lo que obligaba a adoptar medidas preventivas.

“Su jefe, sus gerentes sabían de eso y estaban obligados a evitarlo y, como no lo han hecho, a pesar de conocer lo que iba a suceder, eso ya se puede imputar penalmente a título de dolo”, afirmó.

Investigación incluye al jefe de la ONPE

Gálvez indicó que entre las personas comprendidas en las denuncias se encuentran diversos servidores de la entidad electoral, incluido el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

El fiscal explicó que las investigaciones no solo se enfocan en presuntos delitos electorales, sino también en determinar si se habría configurado el delito de colusión ilegal, vinculado a supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de transporte a la empresa Gálaga.

Según detalló, todas las denuncias relacionadas han sido centralizadas en una sola investigación, actualmente a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

“Como el delito más grave es el de colusión ilegal, justamente es la Fiscalía Anticorrupción la que se está abocando al conocimiento de todos los delitos”, señaló.

Posible detención y avance de las diligencias

Respecto al pedido de detención contra el jefe de la ONPE, el fiscal indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) ya habría preparado el documento correspondiente, aunque este aún no había sido recibido por el fiscal encargado.

Sin embargo, precisó que la eventual detención no alteraría el desarrollo de las investigaciones.

“Los hechos ya ocurrieron, por lo que, se dé o no la detención, eso no va a cambiar las cosas”, manifestó.

Ministerio Público no intervendrá en recuento de votos

De otro lado, Gálvez aclaró que el Ministerio Público no puede intervenir en el recuento de votos, pese a que algunos candidatos lo han solicitado.

Explicó que dicha acción no forma parte de sus competencias y que una intervención directa podría afectar la legalidad del proceso electoral.

“No lo podemos hacer, porque con eso estaríamos viciando el propio proceso a través de la interrupción del conteo”, sostuvo.

No obstante, indicó que una vez concluido el proceso electoral, la institución podría intervenir mediante pericias técnicas que incluyan la verificación o revisión de los resultados.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el conteo de votos para la elección presidencial alcanzó el 93.866% de actas contabilizadas, según el reporte actualizado al 21 de abril de 2026 a las 11:00:18 a. m.

De acuerdo con los resultados preliminares, la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi se mantiene en el primer lugar con 2,695,850 votos, equivalente al 17.047% de votos válidos.

Sánchez supera a López Aliaga por estrecho margen

En el segundo lugar se ubica el candidato Roberto Helbert Sánchez Palomino, quien registra 1,899,474 votos (12.011%).

Muy cerca se encuentra el candidato Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, con 1,884,444 votos (11.916%).

La diferencia entre ambos candidatos es de 15,030 votos, lo que evidencia una contienda ajustada por el segundo lugar, que podría variar conforme se incorporen las actas restantes.

Este estrecho margen mantiene la expectativa sobre posibles cambios en la ubicación final de los candidatos en los próximos reportes.

Conteo continúa con actas pendientes

El organismo electoral informó que el proceso continúa con 6.053% de actas en proceso de envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y 0.081% aún pendientes.

En total, el sistema electoral ha procesado 92,766 actas, y los resultados seguirán actualizándose hasta alcanzar el 100%.

La ONPE reiteró que los resultados difundidos son preliminares y pueden modificarse conforme avance el conteo oficial.

El mandatario afirmó que corresponde respetar la independencia de los organismos electorales.

Durante declaraciones a RPP, indicó que no tomará partido en este tema. “No, porque eso sería inmiscuirme. Yo soy un hombre que no prejuzga. Imagínese que yo interviniera, sería una parcialización”, dijo.

En ese sentido, señaló que el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia cuentan con la facultad legal para evaluar presuntas irregularidades y adoptar medidas si corresponde.

Balcázar también negó que exista intención de indultar a Pedro Castillo y descartó cambios en el Gabinete Ministerial.

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Esta iniciativa beneficia a Bellido porque su partido, Pueblo Consciente, podría ser cancelado si no logra presentar candidatos en el número mínimo de regiones y provincias exigido por ley.

El politólogo Jean Carlos Rodríguez explicó a Correo que si bien la medida tiene “nombre propio”, sumaría a otros beneficiarios.

“Él (Bellido) tiene un partido propio, que es Pueblo Consciente; probablemente, no ha logrado inscribir la cantidad mínima de candidaturas y tiene miedo de perder la inscripción de su partido, al igual que con otros partidos nuevos”, refirió.

EN VILO

Pueblo Consciente (PC) obtuvo su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el 24 septiembre de 2025.

La resolución presenta a Bellido Ugarte como su presidente y secretario de ideología nacional.

En diciembre del año pasado, Pueblo Consciente buscaba candidatos para las ERM2026 vía Facebook.

“Tú podrías ser gobernador y/o alcalde”, reza un post del pasado 25 de diciembre.

Además, en su página oficial, defienden al golpista Pedro Castillo y llama “secuestro político” a las sentencias de Aníbal Torres y Betssy Chávez.

RIESGO

El especialista en derecho electoral, Víctor Velásquez, advirtió que la participación de Pueblo Consciente en las elecciones del 4 octubre no es opcional.​

“La ley obliga a las organizaciones políticas a presentar candidatos en al menos el 50% de las regiones y en el 20% de las provincias. Si no cumplen con ese requisito, pueden ser canceladas”, explicó.

Agregó que “con esta suspensión, podría mantener su inscripción”.

Velásquez alertó que su alcance podría ampliarse al debatirse en el Congreso.

“El texto actual suspende causales vinculadas a la participación, pero podría extenderse a otras, como la valla electoral”, sostuvo.

Durante declaraciones a RPP, el jefe de Estado indicó que la posición del Ejecutivo no ha cambiado desde que se acordó aplazar el tema.

“El tema es que hemos acordado desde el inicio de que se postergaba para el nuevo Gobierno y todavía esa circunstancia no ha cambiado. No hay compra todavía”, sostuvo.

Balcázar añadió que una eventual adquisición debe realizarse con calma y tras una evaluación completa del próximo Gobierno. También señaló que el proceso tendría que buscar condiciones favorables y mantener buenas relaciones con los países que cuentan con ese tipo de aeronaves.

“Esta compra se tiene que hacer con toda tranquilidad y bien analizado para que todo el país se quede contento cuando uno hace una compra normal (…) No descarto el asunto de la compra, la compra debe mantenerse en el sentido de las mejores relaciones con todos los países que tienen aviones”, manifestó.

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Durante una manifestación realizada el pasado domingo en el Campo de Marte, en Jesús María, reclamó por los electores que no emitieron su voto debido a demoras en la instalación de mesas de sufragio en Lima Metropolitana.

“Convoque usted a elecciones complementarias para todos los que no han votado, incluyendo a policías y militares”, expresó.

Asimismo, López Aliaga advirtió que fijaba como plazo que estas se desarrollen antes del domingo 3 de mayo, caso contrario –refirió– “no garantizaba nada”.

Al finalizar su discurso, el exalcalde de Lima aseguró que cuenta con información respaldada por un peritaje judicial.

“Yo mismo, con un perito judicial, tengo la información, la cual está entrando esta noche a la Policía Nacional y a la Fiscalía del Perú”, afirmó.

Apoyo

La candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) respaldó el pedido de López Aliaga.

“Estoy de acuerdo con la solicitud que ha hecho el señor López-Aliaga para que las personas que no votaron en ciertas mesas, que se aperturaron de manera tardía, (lo puedan hacer). El JNE puede implementar una elección complementaria”, manifestó a la prensa.

Opinión

Al respecto, especialistas en derecho electoral coincidieron en que la propuesta es inviable.“No hay posibilidad alguna porque no está bajo la normatividad vigente en materia electoral”, dijo José Tello a Correo.

Por su parte, José Naupari explicó que “la Constitución establece un único supuesto de nulidad total: cuando los votos nulos o en blanco, sumados, superan los dos tercios de los votos emitidos”.

En un intento por mantenerse vigentes, las organizaciones recurren en muchas ocasiones en la entrega de gaseosas, galletas, lapiceros y mucho más, a cambio de que los ciudadanos faciliten sus datos y firmen una ficha de afiliación.

Precisamente, esas prácticas no éticas se evidencian con los resultados de las últimas Elecciones Generales 2026.

Y es que de acuerdo con información revisada por Correo, al menos 12 candidatos presidenciales no captaron el voto total de los afiliados a sus partidos.

CIFRAS

Con los datos precisados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 93.597%, son varios los partidos que no llegaron a conseguir ni siquiera el número de votos de quienes son afiliados en su partido.

Para muestra hay varios botones. Por ejemplo, el partido Perú Moderno de Carlos Jaico tiene 56,087 afiliados.

El 7 de enero de este año presentaron el padrón de sus afiliados en un total de 952 páginas. Sin embargo, Jaico es el candidato que obtuvo menos votos.

Al cierre de esta edición solo consiguió 9141 votos.

Lo mismo sucede con el partido PRIN que registra 53,103 afiliados.

A pesar de eso, su candidato presidencial Walter Chirinos solo obtuvo 13,640 votos.

En una situación similar se encuentra Antonio Ortiz de Salvemos al Perú que consiguió 16,409 votos, aunque tiene 31,370 afiliados.

El partido Fe en el Perú tiene 56,088 afiliados, pero su candidato presidencial Alvaro Paz de la Barra solo alcanzó 21,847 votos.

Cabe precisar que en esta contabilidad no está incluido el fallecido candidato Napoleón Becerra del Partido de los Trabajadores y Emprendedores.

Su agrupación tiene 39,481 afiliados. Sin embargo, tras el deceso de su candidato, toda la plancha quedó fuera de carrera.

A pesar de ello, su candidato obtuvo 10,733 votos.

NO LLEGARON

En la información revisada se encontró que cuatro partidos con representación actual en el Congreso, no obtuvieron los votos necesarios de parte de sus afiliados.

Avanza País es sin duda uno de los partidos que perdió respaldo en los recientes comicios.

El candidato presidencial y congresista José Williams Zapata solo consiguió 30,680 votos, a pesar de que su agrupación tiene más de 50 mil afiliados.

Somos Perú tiene 178,483 afiliados, pero su candidato George Forsyth tiene acumulado hasta el momento 141,431 votos.

Otro caso es el de Perú Libre, partido que en las elecciones de 2021 logró una importante representación en el Congreso y cuyo candidato presidencial (Pedro Castillo) fue elegido.

La agrupación del prófugo Vladimir Cerrón tiene registrado 219,140 afiliados. Sin embargo, su candidatura no alcanzó ni la mitad de esos votos, porque solo llegó a 94,052.

Finalmente está el caso de César Acuña, exgobernador regional de La Libertad.

Su partido Alianza para el Progreso (APP) tiene 389,200 afiliados, pero el candidato solo alcanzó 178,207votos.

ALIANZAS

En el reciente proceso electoral participaron tres alianzas integradas por diversos partidos políticos, es decir, tenían la oportunidad de recibir más votos debido a la cantidad de afiliados. Sin embargo, eso no sucedió con dos de ellas.

La alianza Fuerza y Libertad está integrada por los partidos Fuerza Moderna y Batalla Perú, agrupaciones que tienen 34,170 y 49,614 votos, respectivamente.

Juntos suman 83,784 afiliados, a pesar de ello, su candidata presidencial Fiorella Molinelli solo alcanzó 25,533 votos.

Mientras que la alianza Unidad Nacional conformada por el Partido Popular Cristiano (PPC), Peruanos Unidos ¡Somos Libres! y Unidad y Paz, suma un total de 107,520.

A pesar de eso, su candidato presidencial Roberto Chiabra solo alcanzó 63,849 votos.

RECLAMOS

De acuerdo con el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un afiliado es un ciudadano que de manera libre y voluntaria, manifiesta su voluntad de pertenecer a una organización política, y con ello participar democráticamente en la vida política del país.

Un dato no menor es que el año pasado se registraron denuncias de ciudadanos que fueron inscritos a algunos partidos políticos sin su consentimiento.

El caso generó pronunciamientos de diferentes instituciones del Estado, el inicio de investigaciones en la Fiscalía y el malestar de todos aquellos que debían iniciar el procedimiento para una desafiliación.

El caso más grave sucedió con el partido Nueva Gente del abogado Carlos Vega.

La agrupación acumulaba 750 solicitudes de desafiliación durante el proceso de inscripción.

Los ciudadanos denunciaron haber sido registrados en el padrón sin su consentimiento.

Para el JNE, el número de desafiliaciones era inusual y le pidió explicaciones al partido, pero al no dar una respuesta satisfactoria, el proceso de inscripción se dio por concluido.

En la actualidad, figura como uno de los 53 partidos que cumplió el proceso sin alcanzar inscripción.

Los firmantes denunciaron los retrasos en la instalación de mesas, fallas en el Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) y hallazgos de cédulas de sufragio en la vía pública.

“Estos hechos comprometen de manera directa la transparencia, trazabilidad y seguridad que el sistema electoral está obligado a garantizar”, reza el texto.

Los militares retirados exigieron que las autoridades de la ONPE pongan sus cargos a disposición de la Junta Nacional de Justicia.

De acuerdo con la resolución difundida por RPP, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, determinó que “no había mérito” para sostener los cargos contra la exmandataria ni su Gabinete, y dispuso “el archivo de todo lo actuado” y la “anulación de la anotación o registro informático generado” con el expediente.

Agregó que el proceso comenzó en marzo de 2024, lo que desvirtúa los argumentos del partido denunciante Voces del Pueblo.

En su discurso, el titular del Parlamento pidió no olvidar las lecciones del operativo y recordó a quienes murieron en el rescate: el coronel Juan Valer, el capitán Raúl Jiménez y el vocal de la Corte Suprema, Carlos Giusti.

De acuerdo con un documento fiscal al que accedió RPP, Corvetto hará entrega de su pasaporte y proporcionará información. Esta medida se produce luego de que, el último fin de semana, el titular del organismo electoral remitiera un escrito al Ministerio Público en el que planteaba el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.

Aún se encuentra pendiente la reprogramación de la diligencia en la que Piero Corvetto debe declarar como testigo en esta misma carpeta fiscal, inicialmente prevista para el pasado viernes, pero que fue postergada a pedido del funcionario.

La Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Fiscalía que incorpore al titular de la ONPE como investigado en el caso de la contratación de la empresa Gálaga para la distribución de material electoral.

El pasado 17 de abril, el mandatario anunció su decisión de suspender temporalmente esta adquisición, iniciada durante la gestión de José Jerí, al señalar que su gobierno es transitorio y que concretarla supondría un elevado costo para el país.

Nieto respaldó la decisión y, a través de una publicación en su cuenta de X, envió un mensaje dirigido a la Presidencia de la República, exhortando a la institución a pensar en el país y a no sucumbir ante el “miedo o chantaje”.

“Presidente, resista. Ninguna decisión por miedo o por chantaje es buena. Queremos buenas relaciones con todos, pero no a costa de decisiones estratégicas para el Estado peruano, que debe tomar el próximo gobierno. Usted ha hecho bien en postergarla. Piense en el Perú”, escribió el exministro de Defensa.

@presidenciaperu, resista. Ninguna decisión por miedo o por chantaje es buena. Queremos buenas relaciones con todos, pero no a costa de decisiones estratégicas para el estado peruano, que debe tomar el próximo gobierno. Usted ha hecho bien en postergarla. Piense en el Perú.

— Jorge Nieto Montesinos (@JorgeNietoMon) April 20, 2026

Comisión de Defensa citó el 27 de abril al premier, titular del Mindef y al canciller para responder por compra de aviones F-16

El último viernes, José María Balcázar, presidente de la República, anunció su decisión de suspender la firma del contrato para la adquisición de 24 aviones de combate F-16 Block 70 a la empresa estadounidense Lockheed Martin, valorizado en aproximadamente 3 500 millones de dólares.

Balcázar señaló para RPP que prefiere que la adquisición sea concretada por el próximo Gobierno, al considerar que contará con la legitimidad necesaria para tomar esa decisión. Asimismo, señaló que la compra “no es una cosa que para nosotros es prioritaria”.

La decisión ha generado diversas reacciones en el escenario político. Desde el Congreso, Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Defensa, sostuvo a dicho medio que su grupo de trabajo citará para el 27 de abril al ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, a fin de que responda por la suspensión de la compra; además, indicó que se evalúa convocar también al canciller Hugo de Zela.

“Nosotros vamos a citar al ministro de Defensa, para el lunes 27, y también estamos evaluando [citar] al ministro de Relaciones Exteriores”, refirió.

“De todas maneras, nosotros vamos a estar atentos al informe que ellos nos puedan brindar el lunes 27 en la sesión de la Comisión de Defensa. Este es un tema que a todos nos interesa conocer y además también sobre ello poder tomar algunas decisiones en términos legislativos, porque el tema de la seguridad para nosotros es fundamental, pero tiene que haber la transparencia del caso en todo el proceso”, agregó.

Paredes envió oficios al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; al canciller Hugo de Zela; y al ministro de Defensa, Carlos Díaz, convocándolos a su grupo de trabajo para el lunes 27 de abril, a fin de que respondan por la “situación actual” de dichas negociaciones.

#ATENCION Comisión de Defensa del congreso cita al Premier y a los ministros de Defensa y RREE para el 27 de abril a fin de explicar la postergación de la compra de aviones F 16 a USA pic.twitter.com/8Dm6KWVHnQ

— Carlos Villarreal (@KikesitoVH) April 20, 2026

“Yo entiendo que se ha empezado un proceso disciplinario por parte de la Junta Nacional de Justicia y, de cara a la segunda vuelta, yo creo que sería saludable que esta persona sea retirada y sean otras personas las que lleven a cabo la segunda vuelta”, declaró ante la prensa.

Fujimori recordó además que, hace dos años, Fuerza Popular fue la única agrupación que presentó un escrito ante la JNJ cuestionando la ratificación de Corvetto.

“Hace dos años, cuando el señor Corvetto pasó el proceso de ratificación en la Junta Nacional de Justicia, fuimos el único partido que envió un informe por escrito, dando argumentos además de por qué él no debía ser ratificado”, agregó.

La lideresa de Fuerza Popular consideró que el jefe de la ONPE debería dar un paso al costado, aunque destacó la decisión de la JNJ de iniciar un proceso disciplinario en su contra.

“Me imagino que dentro de todo el marco de la ley le van a dar los plazos, los tiempos correspondientes. Pero más allá de esta decisión que ellos tomen, yo creo que corresponde que él ya presente su carta de renuncia”, sostuvo.

Además, Fujimori expresó su respaldo a la propuesta de Rafael López Aliaga para que solo las personas que no votaron en las mesas instaladas con retraso en Lima Metropolitana puedan ejercer su derecho al sufragio. En ese sentido, indicó que espera un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones sobre esta iniciativa.

Balcázar señaló para RPP que prefiere que la adquisición sea concretada por el próximo Gobierno, al considerar que contará con la legitimidad necesaria para tomar esa decisión. Asimismo, señaló que la compra “no es una cosa que para nosotros es prioritaria”.

La decisión ha generado diversas reacciones en el escenario político. Desde el Congreso, Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Defensa, sostuvo a dicho medio que su grupo de trabajo citará para el 27 de abril al ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, a fin de que responda por la suspensión de la compra; además, indicó que se evalúa convocar también al canciller Hugo de Zela.

“Nosotros vamos a citar al ministro de Defensa, para el lunes 27, y también estamos evaluando [citar] al ministro de Relaciones Exteriores”, refirió.

“De todas maneras, nosotros vamos a estar atentos al informe que ellos nos puedan brindar el lunes 27 en la sesión de la Comisión de Defensa. Este es un tema que a todos nos interesa conocer y además también sobre ello poder tomar algunas decisiones en términos legislativos, porque el tema de la seguridad para nosotros es fundamental, pero tiene que haber la transparencia del caso en todo el proceso”, agregó.

Paredes envió oficios al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; al canciller Hugo de Zela; y al ministro de Defensa, Carlos Díaz, convocándolos a su grupo de trabajo para el lunes 27 de abril, a fin de que respondan por la “situación actual” de dichas negociaciones.

#ATENCION Comisión de Defensa del congreso cita al Premier y a los ministros de Defensa y RREE para el 27 de abril a fin de explicar la postergación de la compra de aviones F 16 a USA pic.twitter.com/8Dm6KWVHnQ

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Rospigliosi advierte consecuencias por pausar compra de aviones F-16: “Puede desatar una crisis de gobierno”

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó como “hecho muy grave” la decisión del presidente José María Balcázar de suspender la compra de aviones F-16 Block 70 al gobierno de Estados Unidos. En declaraciones a la prensa, el parlamentario alertó que este incumplimiento de un compromiso formal podría generar consecuencias graves para la nación y desatar una crisis de gobierno.

Rospigliosi se refirió al impacto que la postergación tiene en las relaciones bilaterales con Washington, principal aliado militar y comercial del Perú. El legislador de Fuerza Popular enfatizó que la decisión compromete la credibilidad internacional del Estado peruano ante uno de sus socios estratégicos más importantes.

“Es un hecho muy grave porque el Estado peruano había adquirido un compromiso, a algunos puede gustarles a otros no, pero era un compromiso formal. El incumplimiento de este compromiso puede traer consecuencias muy graves para el país y quizás pueda desatar una crisis de gobierno”, expresó.

El congresista recordó sus ad recordó haber advertido sobre posibles consecuencias negativas tras la destitución de José Jerí y la asunción de Balcázar en el cargo.

“Esto es consecuencia de lo que ya habíamos advertido cuando de manera absurda se destituyó al señor José Jerí para traernos lo que tenemos ahora y ahora estamos viviendo algunas de las consecuencias de estos hechos negativos”, indicó.

El expresidente José Jerí también cuestionó la medida tomada por su sucesor. El exmandatario lamentó que la suspensión se anunciara precisamente el día programado para la firma simbólica del contrato de adquisición de las aeronaves.

Rospigliosi describió la decisión del Ejecutivo como una postura contraria a los intereses nacionales de Perú. El presidente del Congreso argumentó que compromete tanto las capacidades de defensa como las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

La postergación del contrato con Lockheed Martin genera interrogantes sobre la modernización de la Fuerza Aérea Peruana. La decisión tomada durante la etapa final del proceso contractual continua generando críticas desde diferentes bandos políticos.