Durante una entrevista en RPP, Galarreta explicó que conversó con Rey después de la reunión que este sostuvo con la presidenta Keiko Fujimori. Según relató, durante ese encuentro se planteó que el exministro pueda seguir colaborando con el Gobierno desde otra instancia.

“Sí, pero prefiero evitar especulaciones”, respondió ante la consulta sobre si Rey continuará dentro de la administración pública.

Posible cargo diplomático

Entre las alternativas mencionadas por Galarreta se presentó la posibilidad de que Rey sea designado como embajador. El premier indicó que una eventual representación diplomática dependería de la presidenta, del canciller y del propio exministro.

Galarreta también destacó la participación de Rey en el equipo de Gobierno y sostuvo que su experiencia podría ser útil en otra instancia. Sin embargo, remarcó que todavía no existe una decisión sobre el cargo que podría asumir.

Rafael Rey presentó su renuncia al MTC el 18 de septiembre mediante una carta dirigida a la presidenta Keiko Fujimori, en la que señaló motivos de salud. Tras su salida, José Angello Tangherlini Casal asumió como nuevo titular del sector.

Torres se pronunció durante una actividad del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en Cerro Colorado, Arequipa, donde participaron representantes de comedores populares y ollas comunes. En ese contexto, planteó que el Parlamento avance con la solicitud del Gobierno mientras mantiene sus funciones de debate y fiscalización.

«El Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta Keiko Fujimori y sus ministros, ha acudido al Congreso para pedirnos ayuda. Nos han solicitado facultades para legislar de manera rápida y eficiente. Es un pedido lógico que todo gobierno entrante realiza para implementar sus soluciones. Me preocupa que pasen las semanas y nos enfrasquemos en discusiones que no nos permiten enfrentar los problemas reales», señaló.

El Congreso debe decidir. 🇵🇪 Mientras la política se detiene entre las diferencias, la ciudadanía continua lidiando con problemas que requieren soluciones urgentes. pic.twitter.com/umXNiRy6to

— Miki Torres (@mikitorresfp) September 19, 2026

Demandas sociales

Durante la jornada también se informó que Arequipa cuenta con 381 comedores populares y 93 ollas comunes, que atienden a más de 21 mil usuarios. El presupuesto destinado al Programa de Complementación Alimentaria y subsidios para 2025-2026 asciende a S/ 10,9 millones, mientras se prevé ampliar incentivos económicos en 2027.

Torres vinculó estas necesidades con la importancia de mantener la coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso. También destacó la labor de representación territorial para trasladar las demandas de la población al Parlamento.

«Le pido a Dios que ilumine a los diputados y a los senadores, y les permita entender que este no es momento de discutir o de enfrentarnos, sino de cerrar filas para sacar las cosas adelante. La población está esperando medidas concretas para recuperar la seguridad y volver a sentir al Estado a su costado», insistió.

Finalmente, Torres reconoció que el Congreso debe ejercer sus funciones constitucionales de fiscalización y debate. Sin embargo, insistió en que esas atribuciones deben desarrollarse sin obstaculizar la gestión pública.

La decisión fue adoptada luego de que la Sala analizara los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en pronunciamientos relacionados con presuntos aportes irregulares a campañas políticas. En esos casos, el TC consideró que determinadas conductas vinculadas con la recepción de fondos no podían ser consideradas delito cuando no estaban tipificadas como tales al momento en que ocurrieron.

Los hechos atribuidos a Kuczynski correspondían a las elecciones de 2016 y la resolución tomó en cuenta el marco penal vigente durante ese periodo. La Sala concluyó que las conductas materia de imputación eran atípicas, por lo que no correspondía mantener el proceso penal por lavado de activos agravado ni la imputación vinculada con una organización criminal.

¿Qué hechos investigaba la Fiscalía?

El Ministerio Público atribuía a Kuczynski y a su entorno cuatro mecanismos relacionados con el manejo de fondos durante la campaña de Peruanos por el Kambio. La imputación comprendía el uso de falsos aportantes, la recaudación mediante cenas y cócteles, préstamos realizados por el entonces candidato al partido y el traslado de dinero hacia los administradores financieros de la agrupación.

La Fiscalía sostenía además que estas acciones estaban vinculadas con una organización criminal y por ello incorporó dicha circunstancia como agravante de la imputación por lavado de activos. Con el archivo definitivo, la Sala dejó sin efecto el extremo penal de la causa referido a esos delitos.

Los magistrados coincidieron en declarar atípicos los dos primeros hechos, relacionados con los presuntos falsos aportantes y la recaudación de fondos mediante actividades partidarias. En cuanto a los préstamos efectuados por Kuczynski y el ingreso o transferencia de dinero entre los administradores de campaña, la decisión fue adoptada por mayoría.

El juez superior Enríquez Sumerinde presentó un voto en discordia parcial respecto de estos últimos hechos. Según su posición, correspondía que continuara la investigación sobre los préstamos realizados por Kuczynski para determinar el origen y destino de esos recursos y establecer si podían estar vinculados con un eventual autolavado.

La Sala también dispuso anular los antecedentes policiales, penales y judiciales derivados del proceso, pero dejó a salvo una eventual reparación civil a favor del Estado.

Por su parte, el titular de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, se trasladará a Nueva York y Washington D.C., Estados Unidos, del 21 al 25 de setiembre.

Cabe mencionar que Su agenda contempla actividades de la Asamblea General de la ONU, reuniones sobre minerales críticos, la Alianza del Pacífico, ASEAN y un encuentro con representantes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

En tanto, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, viajará a Washington D.C. del 29 de setiembre al 3 de octubre para participar en el Cuarto Foro Regional de Vivienda 2026 y el Diálogo Regional de Política del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.

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La disposición fue establecida mediante la Resolución Suprema N.° 277-2026-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales de El Peruano. El encargo tendrá vigencia únicamente durante los días de ausencia de la mandataria.

¿Quién asumirá como titular de la PCM?

Debido a que Galarreta ejercerá temporalmente las funciones presidenciales, también se dispuso una suplencia en la Presidencia del Consejo de Ministros. El ministro de Defensa, Rafael Jorge Belaúnde Llosa, asumirá el despacho de la PCM mientras Galarreta se encuentre a cargo del Despacho Presidencial.

Esta disposición tendrá el mismo periodo de vigencia establecido para la encargatura presidencial. De esta manera, ambas funciones quedarán cubiertas durante la ausencia de la jefa de Estado.

La mandataria permanecerá en Estados Unidos del 21 al 25 de septiembre para participar en actividades de la Asamblea General de la ONU y sostener reuniones bilaterales.

Sustento

La presidenta del JNJ, María Cabrera Vega, detalló ante el pleno la secuencia de plazos incumplidos por Concepción.

Según su ponencia, el magistrado dictó la prisión preventiva el 22 de noviembre de 2024, pero el acta transcrita recién se entregó 12 días después.

Asimismo, los recursos de apelación se concedieron y elevaron al superior recién el 16 de diciembre de 2024, fuera del plazo de 24 horas que fija el artículo 278 del Código Procesal Penal.

Incluso, el Tribunal Constitucional consigno esa demora en una sentencia, en la que había advertido sobre estos retrasos de Concepción al resolver un hábeas corpus presentado a favor de Castañeda.

Durante el informe oral, el abogado defensor de Carhuancho atribuyó la demora a la carga procesal del despacho. “Cada quien hace lo que puede”, sostuvo, en referencia a los seis recursos que el juez debía calificar.

La ponencia descartó ese argumento y estableció que Concepción vulneró los deberes de diligencia y celeridad. El pleno lo declaró responsable de la falta muy grave prevista en la Ley de la Carrera Judicial.

Votación

La propuesta de destitución fue respaldada por Cayo Galindo, Rafael Ruiz, Germán Serkovic y María Teresa Cabrera, quienes coincidieron que está acreditada la falta muy grave.

Sin embargo, Jaime de la Puente votó en discordia. Si bien coincidió en rechazar la caducidad, consideró que el principio de non bis in idem (no dos veces por lo mismo) debía aplicarse al extremo referido a la concesión y elevación de la apelación.

Por ello, De la Puente planteó absolverlo por la demora en la notificación de la resolución de prisión preventiva.

El ahora exministro es la primera baja del Gabinete encabezado por Luis Galarreta.

Sustento

Rey dirigió su carta a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y al primer ministro Galarreta el pasado miércoles.

Según el documento difundido por la PCM, la decisión responde a motivos personales de salud que limitarían su rol como titular del MTC.

“Por razones de salud que me impiden continuar ejerciendo las responsabilidades propias del cargo con la dedicación que este exige”, reza el texto.

Rey agradeció a Fujimori y a Galarreta, así como a su equipo de trabajo dentro de la cartera y a las autoridades de otros ministerios.

“Expreso a ambos mi profundo agradecimiento por la confianza depositada en mi persona y por la oportunidad de servir al país”, se lee.

Agregó que apoyará en el proceso de transición en el sector. “Quedo a la orden para facilitar una transferencia ordenada y transparente de la gestión, poniendo a disposición la información necesaria para asegurar la continuidad de las políticas, proyectos y servicios a cargo del Ministerio”, añade.

Análisis

Al respecto, el politólogo Alejandro Mejía explicó a Correo que la salida de Rey es un “duro golpe” para el Poder Ejecutivo, y levanta dudas sobre la designación de otros ministros.

“La ciudadanía tiene una alta expectativa con este gobierno que prometió orden y estabilidad, pero esta renuncia y loa cuestionamientos constantes a los ministros, envían un mensaje claro de que no tienen la capacidad suficiente para resolver los problemas del país”, refirió.

El documento fue publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y señala que la designación se realiza conforme al artículo 122 de la Constitución Política del Perú y al artículo 15-A de la Ley Nº 29158.

En otra resolución, la Nº 275-2026-PCM, el Poder Ejecutivo formalizó la aceptación de la renuncia presentada por Rafael Rey Rey al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones.

Ambas disposiciones llevan las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del premier Luis Galarreta.

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El pedido fue presentado ante la Mesa Directiva del Senado y se sustenta en el artículo 161 de la Constitución, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y el Reglamento del Senado.

La iniciativa fue promovida por las bancadas Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno.

Entre los cuestionamientos se encuentran las contrataciones de personal en la Defensoría que fueron observadas por la Contraloría General de la República y difundidas en un reportaje de “Cuarto Poder”. Los legisladores solicitaron que el informe de control sea incorporado al procedimiento.

Otro de los argumentos está relacionado con las declaraciones de Gutiérrez sobre una eventual disolución del Congreso por parte de la presidenta Keiko Fujimori. A fines de agosto, el defensor señaló que, en ese escenario, la mandataria podría incrementar su popularidad en “20 o 30 puntos”, expresión que generó cuestionamientos entre los parlamentarios que impulsan su remoción.

El pedido deberá ser evaluado por la Comisión de Procedimientos Especiales, que tendrá que recabar los descargos del defensor del Pueblo y revisar las pruebas antes de elevar una propuesta al Pleno del Senado.

Para aprobar la remoción y declarar la vacancia del cargo se requiere el voto favorable de dos tercios del número legal de senadores.

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La referida sala declaró fundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Kuczynski, después de aplicar los criterios del Tribunal Constitucional (TC) en los casos de presuntos aportes irregulares de la actual mandataria Keiko Fujimori y del expresidente Ollanta Humala.

El TC consideró atípicos los hechos imputados, correspondientes a una modalidad de receptación patrimonial no tipificada al momento de los hechos e incorporada por un Decreto Legislativo, vigente desde noviembre de 2016, después de la campaña electoral de ese año.

La Fiscalía le atribuía a Kuczynski, que ha estado en prisión domiciliaria en los últimos tres años, haber financiado su última campaña electoral de 2016 con falsos aportantes, recaudación de fondos mediante cenas, préstamos de dinero del mismo candidato a su partido político y transferencias de dinero a los tesoreros de campaña.

En ese sentido, el Ministerio Público añadió el delito de organización criminal en la campaña del partido Peruanos por el Kambio (PPK).

Con esta decisión, la Sala de Apelaciones también ordenó anular los antecedentes penales y judiciales del imputado.

En mayo pasado, el magistrado Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso el sobreseimiento de la causa por la presunta financiación irregular de la primera campaña electoral del exmandatario en 2011, que se mantenía abierta desde hacía casi diez años, cuando a finales de 2016 saltó a la luz el caso Odebrecht.

Kuczynski, que era presidente de Perú en el momento que se reveló el escándalo de corrupción de Odebrecht, recibió presuntamente 300.000 dólares para financiar su campaña electoral de 2011, procedentes de la Caja B de la empresa brasileña, destinada a pagos ilícitos e irregulares, de acuerdo con la imputación de la Fiscalía peruana.

Sin embargo, el juez consideró necesario archivar la causa a tenor de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró improcedente la acusación contra Fujimori en un caso similar de financiación irregular de sus campañas.

La actual mandataria estuvo en prisión preventiva en dos periodos distintos que sumaron cerca de año y medio antes de salir libre y verse beneficiada por el Tribunal Constitucional antes de que fuese condenada a prisión como le sucedió a Humala.

No obstante, este viernes, el máximo órgano de la judicatura peruana cesó a Concepción Carhuancho mediante un procedimiento disciplinario al considerar que dilató los plazos de notificación escrita y de apelación en una prisión preventiva dictada contra otro investigado.

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La ceremonia se realizó con la presencia de los integrantes del gabinete liderado por Luis Galarreta y el saliente ministro Rafael Rey.

Perfil José Tangherlini Casal

José Angello Tangherlini Casal es es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El nuevo titular del MTC posee más de 20 años de experiencia profesional en puestos de Alta Dirección, administración y gestión de instituciones.

Tangherlini Casal cuenta con amplia experiencia en investigación y estudios económicos vinculados a la regulación de servicios públicos, infraestructura de transporte, Asociaciones Público-Privadas (APP) y el sector agropecuario.

Se desempeñó como viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego. Asimismo, trabajó en el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y el Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), entre otras instituciones.

Rafael Rey renuncia al MTC

Más temprano, se conoció de la renuncia de Rafael Rey a dicho cargo por motivos de salud. La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la presidenta de la República y al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“(...) Por razones de salud que me impiden continuar ejerciendo las responsabilidades propias del cargo con la dedicación que este exige”, indicó.

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La decisión fue aprobada por mayoría. La ponencia estuvo a cargo de la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, y recibió los votos favorables de Cayo Galindo, Rafael Ruiz Hidalgo, Germán Serkovic y Cabrera. El consejero Jaime de la Puente Parodi votó en contra de la destitución.

El caso se originó luego de que el Tribunal Constitucional determinara que hubo una demora en el trámite de la apelación de Castañeda contra la prisión preventiva dictada el 22 de noviembre de 2024.

La resolución fue notificada el 4 de diciembre y el recurso fue concedido y elevado a la instancia superior el 16 de diciembre. El TC consideró que el retraso afectó los derechos a la defensa y a la pluralidad de instancia.

Durante el procedimiento disciplinario, la defensa de Concepción Carhuancho alegó, entre otros argumentos, la carga laboral del juzgado y sostuvo que una queja por los mismos hechos había sido archivada por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

La JNJ rechazó estos argumentos y concluyó que correspondía atribuir responsabilidad disciplinaria al magistrado.

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La medida fue planteada a raíz de los recientes hechos denunciados en el Liceo Naval Almirante Guise, donde menores fueron denunciados por presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años en el distrito de San Borja.

La presidenta de la comisión, Susana Matute, señaló que el grupo evaluará los mecanismos institucionales de protección de los estudiantes y la actuación de las autoridades competentes frente a casos de violencia en los centros educativos.

El equipo tendrá un plazo de 30 días hábiles para presentar un informe técnico y estará integrado por los senadores Juana Ticona, Silvana Robles, Jaime Delgado, Alejandro Aguinaga y Segundo Tapia.

Entre sus funciones estará realizar un diagnóstico institucional, revisar la normativa vigente y evaluar las principales dificultades de los protocolos de prevención y atención de agresiones en los colegios.

Asimismo, formulará recomendaciones para mejorar la respuesta de las instancias de gestión educativa.

La Comisión de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital del Senado aprobó la conformación de un grupo de trabajo para fortalecer la prevención de la violencia escolar.

📌 Nota completa: https://t.co/X1SwoPJVuk pic.twitter.com/47LQoJJsCl

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 18, 2026

Medidas de protección a favor de víctima

Respecto al caso del menor, se informó que el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección preventivas a favor del estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, agraviado en el caso de presunta agresión sexual ocurrida en un bus escolar en el distrito de San Borja.

Según informó el Poder Judicial, la resolución prohíbe a los adolescentes investigados utilizar espacios privados o redes sociales, como WhatsApp y Facebook, para comunicarse con la víctima.

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Señaló que, aunque recién había conocido su renuncia, consideraba que se trataba de un funcionario que estuvo a la altura de sus responsabilidades.

Dyer indicó que corresponde respetar la decisión de Rey, quien presentó su carta de renuncia por motivos de salud.

“Es una persona realmente un amigo, un ministro realmente decente, honesto, que estuvo a la altura desde un inicio, pero obviamente respetar por temas de salud”, manifestó.

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En ese contexto, consideró necesario volver a discutir las consecuencias jurídicas para adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves.

Bazán recordó que el anterior Congreso aprobó una norma para que adolescentes de esas edades fueran procesados bajo la legislación penal ordinaria cuando cometieran determinados delitos. Sin embargo, dicha disposición fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

El parlamentario sostuvo que, pese a respetar ese pronunciamiento, el caso del Liceo Naval vuelve a plantear la discusión sobre el tratamiento penal de los menores involucrados en delitos graves.

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Cabe mencionar que la reorganización se mantendrá hasta diciembre de 2027 y el director será designado por el Minedu.

Chang señaló que la intervención buscará mantener el nivel académico de la institución y, al mismo tiempo, atender problemas relacionados con la disciplina y la convivencia.

“Esta escuela es una muy buena escuela. Al interior hay problemas disciplinarios, y eso es lo que hay que manejar. Se han relajado las normas de disciplina, se ha quitado la autoridad al director y a los maestros, los padres de familia han abandonado el ejercicio de la docencia en casa”, expresó.

Sobre las clases, Chang confirmó que continuarán de manera presencial para la mayoría de los estudiantes. El Liceo Naval cuenta con aproximadamente 1.500 alumnos, mientras que la investigación involucra a un grupo reducido.

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“ ...por razones de salud que me impiden continuar ejerciendo las responsabilidades propias del cargo con la dedicación que este exige”, indicó.

En el documento remitido el 17 de septiembre, Rey agradeció a la presidenta Keiko Fujimori y al titular de la PCM por la confianza depositada en él para asumir la conducción del sector. El Ejecutivo lo había designado como ministro de Transportes y Comunicaciones el 28 de julio, tras la asunción del nuevo gobierno.

“Para mí ha sido un honor trabajar junto con ustedes y con los servidores públicos, autoridades y equipos técnicos tanto del Ministerio a mi cargo como con los colegas y funcionarios de los demás sectores”, señaló en su carta.

La Presidencia del Consejo de Ministros informa que ha recibido la carta de renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, por motivos de salud. Lamentamos y comprendemos las razones que la motivan.

Reconocemos y agradecemos el trabajo realizado por el… pic.twitter.com/KtQWBZPTfT

— Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) September 18, 2026

Rey indicó que continuará colaborando para que el cambio de administración del despacho se realice de manera ordenada. En ese sentido, puso a disposición la información necesaria para asegurar la continuidad de las políticas, proyectos y servicios del sector.

“Quedo a la orden para facilitar una transferencia ordenada y transparente de la gestión, poniendo a disposición la información necesaria para asegurar la continuidad de las políticas, proyectos y servicios a cargo del Ministerio”, expresó.

Finalmente, el exministro reiteró su agradecimiento por la oportunidad de ejercer el cargo y formuló sus deseos para la continuidad de la gestión gubernamental.

“Reitero mi gratitud y formulo mis mejores deseos para el éxito de la gestión gubernamental en beneficio de todos los peruanos”, concluyó.

Entre los principales argumentos se citaron las declaraciones de Gutiérrez sobre un eventual cierre del Congreso y se plantearon cuestionamientos relacionados con contrataciones de personal en la Defensoría del Pueblo. Las bancadas aseguran que estos hechos justificarían iniciar el procedimiento para evaluar su permanencia en el cargo.

Cuestionamientos por sus declaraciones

Uno de los fundamentos está relacionado con las declaraciones que Gutiérrez brindó el 27 de agosto sobre la posibilidad de que la presidenta Keiko Fujimori disolviera el Congreso. En esa oportunidad, señaló que una eventual medida de ese tipo podría elevar el respaldo ciudadano hacia la mandataria y también mencionó un posible ahorro de S/3.000 millones al año.

En una entrevista con Canal N, Gutiérrez sostuvo que la presidenta no tendría solo el 60 % de respaldo que le atribuían algunas encuestas, sino que podría alcanzar más del 80 % en caso de cerrar el Parlamento.

“Si la señora Keiko Fujimori decide cerrar el Congreso yo le digo con toda sinceridad no tendría el respaldo de los 60 % que dice según las encuestas tiene respaldo, sino tendría mínimo más de 80 % como lo tuvo su padre en su momento”, afirmó.

Las cuatro bancadas consideraron que estas expresiones constituyen, según su posición, un cuestionamiento al funcionamiento del Parlamento fuera del marco legal. En un documento conjunto, calificaron los dichos como “un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes” y señalaron que cuestionar la existencia o funcionamiento del Congreso sin respetar el marco legal constituye una acción antidemocrática.

Observaciones a contrataciones

El segundo fundamento está relacionado con cuatro casos de contrataciones e incorporación de personal en la Defensoría del Pueblo que fueron observados en un informe de control de la Contraloría. La solicitud menciona a Betbiary Mariel Díaz Coral, Lucía Yalán Cano, Nicole Marjhory Mingos Medrano y Margarita Yahuana Correa.

Según el documento presentado por las bancadas, los cuatro casos tendrían elementos comunes relacionados con contactos previos con el despacho del titular de la entidad, órdenes de servicio y posterior incorporación a la planilla. También se cuestiona que se hayan validado requisitos que, de acuerdo con el pedido, no estaban acreditados al momento de las contrataciones.

Los parlamentarios sostienen que la reiteración de estos casos comprometería las funciones de dirección y supervisión atribuidas al titular de la institución. La solicitud pide que estos antecedentes sean considerados dentro del procedimiento de evaluación de Gutiérrez.

¿Qué sigue con el pedido?

El procedimiento corresponde al Senado a través de la Comisión de Procedimientos Especiales. Esta instancia deberá evaluar los argumentos, solicitar los descargos correspondientes y elaborar un informe antes de que el caso sea sometido a consideración del Pleno.

Para aprobar la remoción se requiere el respaldo de dos tercios del número legal de senadores. De acuerdo con la composición de 60 integrantes de la Cámara Alta, la solicitud necesita 40 votos para declarar la vacancia del cargo.

La declaración fue realizada durante una entrevista en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Sobre Irán, el canciller señaló que la decisión de romper relaciones diplomáticas con Teherán se tomó por razones vinculadas a principios internacionales y derechos humanos.

No obstante, los servicios consulares continúan funcionando para atender a los 120 peruanos que viven en territorio iraní. “No ha habido ningún tipo de presión (...) Se rompió la relación diplomática”, afirmó.

En cuanto a la situación de los peruanos que participan en las tropas rusas en el conflicto con Ucrania, Espá informó que la Cancillería registra a 459 ciudadanos enrolados. De ese grupo, 11 han fallecido, 114 permanecen desaparecidos, tres son prisioneros de guerra y 28 fueron repatriados al Perú.

El ministro también indicó que convocó por segunda vez al embajador de Rusia en Torre Tagle para solicitar información oficial sobre los 114 peruanos desaparecidos.

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Diez de sus alumnos permanecen detenidos por un caso de presunta violación sexual a un compañero de 16 años.

Los supuestos agresores son del quinto año de secundaria.

El hecho ocurrió dentro de una ‘combi’ escolar, luego de un campeonato de futsal el último martes.

Demanda

Según el acta policial, a la que accedió Correo, el menor agraviado, identificado con las iniciales J.L.T.M. (16), habría sido víctima de sus compañeros dentro de un bus escolar de regreso al colegio el pasado 15 de septiembre.

El padre del menor presentó la denuncia al día siguiente de ocurrido el hecho, el miércoles 16.

Fue así como dos efectivos de la Policía acudieron al colegio y entrevistaron a la directora del plantel Carito Indira Ayala Delgado, quien estaba acompañada por el abogado de la institución, César Alberto Chávez de la Peña.

El documento da cuenta que ocho de los diez menores investigados por presunta violación sexual estaban ese día en la sede educativa.

Ellos fueron B.B.L. (17), I.I.K.P. (17), M.L.M.V. (16), L.B.M.D. (17), M.R.M. (16), M.O.T.R. (16), S.B.A. (16) y V.R.A. (17).

Otros dos estudiantes, C.A.A.P. (16) habría faltado a clases y L.M.I.A (16) se encontraba estudiando a distancia.

Posteriormente, ambos se apersonaron junto a sus madres en la comisaría de San Borja.

La detención fue consignada por “presunta infracción a la ley penal – violación de la libertad sexual – violación sexual”.

El examen médico legal determinó indicios compatibles con una agresión de carácter sexual, así como lesiones traumáticas recientes en otras partes del cuerpo.

El informe también estableció la necesidad de una incapacidad médico-legal de al menos 4 días a la víctima.

El caso fue comunicado al representante del Ministerio Público, Mariano De La Torre Hernández, de la Séptima Fiscalía de Familia Lima Centro.

Despliegue

La Fiscalía informó que De La Torre dispuso la declaración del adolescente en Cámara Gesell y la recepción de los testimonios de los diez menores retenidos, además de otras diligencias urgentes.

Asimismo, reportó que los adolescentes permanecen en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre, mientras avanzan las investigaciones.

🚨 #LoÚltimo | Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició investigación preliminar tras la denuncia de una presunta violación sexual, por parte de menores de edad del quinto año de secundaria de un centro educativo, en agravio de un estudiante de 16 años. Los hechos… pic.twitter.com/44GsmC6pwH

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 17, 2026

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) también se pronunció. La entidad activó su Programa Nacional Warmi Ñan para asistir al menor agraviado y a su familia.

“Brinda asistencia legal y soporte psicológico al menor de edad y su familia”, reza el comunicado del MIMP.

La cartera que dirige María Seminario adelantó que un equipo multidisciplinario participará en las diligencias que programe la Fiscalía.

#Lima | Ante el caso de un adolescente de 16 años, víctima de violencia sexual presuntamente cometida por compañeros de aula del Liceo Naval, en San Borja, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, brinda asistencia legal y… pic.twitter.com/ThVcN3VWq7

— Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) September 17, 2026

Entre tanto, el colegio emitió un primer comunicado la noche del 16 de septiembre. La dirección calificó lo ocurrido como una “presunta agresión física” entre estudiantes durante un traslado deportivo. En redes sociales, generó indignación la forma en que minimizó el grave hecho.

“La violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en nuestra comunidad educativa. De comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas disciplinarias que correspondan, conforme a la normativa vigente y al reglamento institucional”, indicó el documento escrito por la dirección del plantel, sin la firma de algún representante.

Al informarse del caso, la Defensoría del Pueblo cuestionó la versión del colegio. Su vocera, Sandra Ramos, calificó de minimización el uso de la palabra “agresión física” para describir el ataque.

Incluso, la funcionaria confirmó de la presencia de adultos en el vehículo escolar. “De lo que nos han informado el colegio, ha habido dos personas mayores y esa es una de las preocupaciones. Eso está en investigación”, precisó.

En los exteriores de la comisaría, los medios de prensa recogieron las declaraciones de la docente Giovanna León, quien relató que enfrentó represalias internas por denunciar previamente situaciones irregulares en el plantel.

“Lo único que quiero es que nadie más sufra (...). Como profesora, puedo decir con orgullo que por lo menos dejé un granito de arena y no me quedé callada”, expresó León.

En esa línea, el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales, apuntó directamente contra el plantel y reveló que la institución ya conocía episodios previos de ‘bullying’ contra la víctima.

“Se ha pedido que sean específicos y contundentes porque no es un caso aislado. Ya sabían del hecho, ya sabían y la denuncia la ha hecho el padre de familia y no la ha hecho el colegio. Es algo que nos llamó mucho la atención”, cuestionó Gonzales.

De acuerdo al penalista Carlos Caro, en el proceso penal, el fiscal debe definir si solicita la medida de internamiento preventivo, pero este periodo solo tiene un plazo de 50 días. Es decir, luego de ese tiempo, los investigados deberán salir en libertad.

De acuerdo al Código Penal, la máxima sanción es de apenas seis años, señaló Caro en Canal N.

En #CuentasClaras, el abogado penalista Carlos Caro estimó que los escolares que permanecen retenidos por presunta agresión sexual de caso Liceo Naval podrían recibir internamiento preventivo: "El plazo máximo es de 50 días y luego recuperarían su libertad"

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— Canal N (@canalN_) September 18, 2026

Por su parte, la abogada penalista Valeria Morón explicó a Correo la situación legal de los diez adolescentes detenidos.

“Al tratarse de menores de edad, no se les aplica el mismo régimen que a una persona adulta. Su situación se encuentra regulada por el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes”, indicó.

La especialista explicó el plazo que tiene la Fiscalía para definir la situación de los investigados.

“La detención policial tiene un plazo máximo de 48 horas. Antes de que este plazo termine, la Fiscalía puede disponer la libertad de los adolescentes o solicitar al juez una internación preventiva”, precisó.

Consultada sobre los cuatro investigados próximos a cumplir la mayoría de edad, Morón respondió lo siguiente.

“Los adolescentes de 16 y 17 años sí pueden responder por una infracción a la ley penal, pero dentro del sistema de justicia penal adolescente, no como adultos”, sostuvo.

Panorama

Este caso se suma a una realidad nacional preocupante.

Entre enero de 2024 y agosto de 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) registró 4,737 reportes de violencia sexual entre escolares.

El año 2024 concentró 1807 casos y el 2025 sumó 1732 reportes. Lo que va del 2026 acumula 1,198 reportes, hasta el pasado 31 de agosto.

Es la Dirección Regional de Educación (DRE) de Lima Metropolitana que registra la mayor cantidad de casos: 1,565. Seguida de la DRE Arequipa (397) y DRE Piura (290).

Solo en Lima Metropolitana, cinco Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) concentran la mayor cantidad de reportes del país.

La UGEL 03 Cercado lidera con 325 casos. Le siguen San Juan de Miraflores con 257, San Borja con 240, Rímac con 222 y Ate con 198.

Estas cinco unidades educativas suman 1,242 reportes de violencia sexual entre estudiantes.

El debate abordará tres grandes temas de importancia para Huancayo. El primero enfocado a los problemas de residuos sólidos y gestión ambiental, el segundo en seguridad ciudadana y el tercer bloque tratará sobre planificación urbana, ordenamiento territorial y gestión del suelo, con preguntas del panel del CAP sobre invasiones, construcciones en zonas de riesgo, servicios básicos, áreas verdes y futuras inversiones.

“Esperemos que se empapen bien sobre lo que es el tema de la planificación y desarrollo territorial. Las preguntas que se hacen están bien concretas, pero las respuestas que se fueron dando no están orientadas de manera concreta. Los candidatos se van por las ramas, pero eso justamente es por el desconocimiento de ellos”, recomendó Mencio Mucha, decano del CAP.

​La dinámica contempla tres minutos de exposición por candidato, seguidos de dos minutos para complementar, debatir o responder a otros participantes. En el tercer eje, cada postulante responderá una pregunta del panel del Colegio de Arquitectos durante tres minutos y podrá recibir una repregunta, con un minuto adicional para responder. El encuentro tendrá pausas de cinco minutos entre bloques y culminará con un minuto de despedida para cada candidato que aspira al sillón municipal de la Incontrastable.

El encuentro sucede luego de que 12 comisiones emitieran informes sobre el pedido del Poder Ejecutivo, ocho de ellas, con una recomendación negativa.

EN DETALLE

Desde las 7 a.m., el premier Galarreta asistió a la sede del Congreso acompañado de los ministros César Astudillo (Interior), Rafael Belaunde (Defensa), Mauricio Arnillas (Vivienda), Marco Vinelli (Agricultura) y Ernesto Álvarez (Justicia).

Tras el encuentro, el jefe del Gabinete Ministerial saludó que las bancadas hayan aceptado reunirse con el Gobierno.

Cabe precisar que en días anteriores, Galarreta se reunió con Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Obras.

“Como Gobierno seguiremos promoviendo el diálogo para alcanzar consensos en beneficio de todos los peruanos. Saludo a las bancadas que, más allá de las diferencias, vienen identificando puntos de coincidencia”, indicó.

Por su parte, el ministro Belaunde señaló que se mostraron dispuestos a aclarar las dudas.

“Yo creo que hay ánimo, hay apertura y hay interés de intercambiar puntos de vista. Me ha parecido una reunión con un ánimo muy receptivo y constructivo”, afirmó.

TIEMPO

Se tiene previsto que la próxima semana sesione la Comisión de Constitución para evaluar el pedido de facultades.

Al respecto, el diputado Fernando García (Buen Gobierno) recordó que los informes aprobados por las comisiones no son vinculantes.

“Todo tiene que seguir el curso adecuado”, dijo.

Por su parte, Roxana Rocha (Renovación Popular) cursó un oficio a Giannina Avendaño, presidenta de Constitución, para que el informe se vote en el plazo reglamentario, es decir, a más tardar el 21 de setiembre.

El caso

Vidal fue acribillada al interior de un taxi, junto al conductor de nacionalidad venezolana José Daniel Vargas Briceño, en diciembre del 2024. Las primeras hipótesis apuntaron a una presunta red de prostitución al interior del Parlamento, una premisa que generó una línea de investigación independiente.

Los alcances de la investigación a la presunta red involucraron al exjefe de la oficina legal del Congreso, Jorge Torres Saravia, quien había tenido a Vidal como subordinada. Este extremo también fue archivado por el MP en febrero último.

Entre tanto, la investigación hoy archivada por homicidio tuvo como principal sospechoso e investigado a la expareja de la víctima, David Rodrigo Falcón, y a los ciudadanos Thonny Monja Mejía, Lucero Espinoza Chinchay, Santiago More Calderón y David More Ríos.

La disposición de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria - San Luis (Quinto Despacho Provincial Penal), que archiva la investigación en contra del grupo, afirma que no se ha podido “acreditar la responsabilidad o participación de los investigados, ni se ha logrado la identificación de los autores del hecho violento”.

“Este presupuesto resulta necesario para formalizar y continuar con la investigación preparatoria. (...). En consecuencia ordeno el archivo de todo lo actuado, una vez consentida la presente disposición”, se lee en el documento difundido por el programa “Ahora y en la hora”. En otras palabras, el crimen quedará impune.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se pronunció sobre el caso de los diez adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise que fueron retenidos tras una denuncia por una presunta agresión sexual.

A su salida del Congreso de la República, la titular del Poder Judicial explicó el marco legal aplicable al caso de justicia penal juvenil que viene siendo investigado por la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro.

Tello señaló que ser menor de edad no exime a los investigados de afrontar un proceso judicial ni de la eventual imposición de medidas de internamiento.

Respecto a la aplicación de la ley penal para los involucrados, la autoridad dijo: “No por ser menor de edad, un adolescente no es juzgado, y recae una sentencia con medidas que pueden ser también de internamiento. Eso se debe definir en un proceso”.

EL CASO

Ocho estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise permanecen retenidos en la Comisaría PNP de San Borja, luego de ser intervenidos por su presunta implicación en una denuncia por agresión sexual contra uno de sus compañeros. En tanto, el colegio señaló que colabora con las diligencias.

Los adolescentes se encuentran en la dependencia policial desde las 2:00 a.m., después de pasar por los exámenes correspondientes en el Instituto de Medicina Legal, en La Victoria, y por el control de identificación en el Departamento de Identidad Biométrica de la PNP, en Surquillo.

Según familiares de la presunta víctima, el hecho ocurrió el martes 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba a la selección de fútbol del colegio tras participar en un campeonato deportivo.

La Policía Nacional acudió posteriormente al centro educativo e intervino a los supuestos implicados.

Tras la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años por parte de un grupo de alumnos de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, la presidenta de la Comisión de Inclusión Social de la Cámara de Diputados, Flor Meza, cuestionó la actuación del centro educativo y anunció que las autoridades involucradas serán citadas ante su grupo de trabajo.

La legisladora cuestionó el comunicado difundido por el centro educativo y sostuvo que, desde la comisión, se vienen coordinando acciones para garantizar que el caso no quede en el olvido.

Consultada sobre si las autoridades del centro educativo serán convocadas a la comisión que preside, Meza Rivera confirmó que serán citadas: “De todas maneras lo vamos a hacer”.

Meza señaló que la comisión abordará este caso junto con otros asuntos prioritarios. En ese sentido, indicó que impulsará un trabajo articulado entre el Ministerio de la Mujer, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio de Educación y el Congreso para realizar un seguimiento permanente de la situación.

Asimismo, anunció que se fortalecerán las acciones de fiscalización para verificar que los colegios cumplan con la Ley 29719, que establece medidas para prevenir y atender el acoso escolar, además de contemplar la presencia de profesionales de psicología en las instituciones educativas del país.

El Ministerio Público informó que inició una investigación preliminar y dispuso que la víctima brinde su declaración en una cámara Gesell.

Por su parte, la Marina de Guerra del Perú dispuso la separación de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval Almirante Guise, mientras se esclarecen los hechos. En un comunicado, la institución expresó su rechazo “a todo acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de todos los estudiantes”.

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial, el pasado 31 de agosto, que autorice el levantamiento del secreto bancario de cinco personas vinculadas al expresidente José Jerí. La medida forma parte de la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, en agravio del Estado, debido a sus reuniones no registradas con empresarios chinos durante su gestión.

La solicitud fiscal comprende a los empresarios chinos Zhihua Yang y Shui Qin; Alicia Camargo, exfuncionaria del despacho presidencial; el policía Jhonn Mendoza; y María Oré, madre del exmandatario. La Fiscalía pide que el levantamiento del secreto bancario se aplique en su condición de “terceros afectados” y por el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2025 y el 17 de febrero de 2026.

La Fiscalía pidió que el levantamiento del secreto bancario se aplique a estas personas en calidad de “terceros afectados”, por el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2025 y el 17 de febrero de 2026.

Ante este pedido, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso que el requerimiento fiscal sea comunicado a las cinco personas involucradas, quienes tendrán un plazo de tres días hábiles para presentar los argumentos que consideren pertinentes. Asimismo, programó para el lunes 12 de octubre, a las 2:30 p.m., una audiencia virtual y de carácter privado para evaluar la solicitud, con participación de las partes procesales. Tras esta diligencia, el juzgado emitirá una decisión en los próximos días.

Como se recuerda, el 15 de enero, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el entonces presidente José Jerí por sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang. Entre estos encuentros figura una reunión del 26 de diciembre de 2025 en un chifa de San Borja y otra en el local de Market Capón, en el Cercado de Lima. La investigación también comprende los encuentros que el entonces mandatario sostuvo con empresarios chinos en Palacio de Gobierno.

Durante su presentación ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, anunció que el Subsistema especializado contra la extorsión y delitos conexos comenzará a operar en La Libertad a partir de octubre.

El ministro detalló que esta iniciativa articula al Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Añadió que, posteriormente, el modelo será implementado en otros distritos judiciales del país que registren una alta incidencia de este delito.

“Ayer me he reunido con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte porque precisamente él nos ha pedido tener en el distrito judicial esta experiencia, habida cuenta de que también es la zona de Lima donde hay mayor incidencia”, indicó Álvarez.

Durante su exposición, el ministro de Justicia y Derechos Humanos señaló que se fortalecerá la Defensa Pública y se continuará con el proceso de organización de una superintendencia.

“Lo que queremos es establecer un sistema que realmente funcione, no solamente para dotar de defensa y cumplir los derechos fundamentales de los investigados y procesados, sino también en igual porcentaje de las víctimas”, resaltó.

Asimismo, el ministro Álvarez informó ante los senadores que se tiene previsto ejecutar un proyecto para construir dos establecimientos penitenciarios en Huacho, cuya ejecución podría realizarse bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

El Pleno de la Cámara de Diputados interpeló este jueves 17 de septiembre al ministro del Interior, César Astudillo, durante una sesión que comenzó a las 10:00 a. m. La comparecencia se produjo luego de que la semana pasada se admitiera, con 50 votos a favor, 65 en contra y una abstención, la Moción de Orden del Día 256-2026-2031-CD. El titular del sector acudió al hemiciclo para responder un pliego de 27 preguntas sobre las medidas implementadas frente a los índices de extorsión, sicariato y homicidios agravados en el país.

Luego de que el inicio de la sesión fuera transmitido por el canal oficial del Congreso, el presidente de la Mesa Directiva, Oscar Reto, informó que la reunión pasaba a carácter reservado a solicitud del titular del sector. La transmisión pública se retomó a las 13:15 horas, momento en que César Astudillo presentó un informe sobre la situación operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante su exposición, señaló que la institución cuenta con 138 mil efectivos, de los cuales 112.500 son hombres y 21.235 mujeres. Precisó además que alrededor de 5 mil policías cumplen funciones administrativas y no realizan labores de patrullaje. En ese contexto, reveló que existe un déficit de 53 mil efectivos para atender la demanda policial a nivel nacional.

“Nuestra brecha actual es de 53,000 efectivos. Yo quisiera hacer una reforma, señores, y hoy denme 53,000 efectivos. Estamos peleando con los que tenemos ahora, sacar 53,000 efectivos en este momento no es fácil”, aseguró Astudillo.

En cuanto al despliegue territorial, la autoridad señaló que de los 1.879 distritos del país solo 1.346 cuentan con comisarías, de las cuales 124 se encuentran en Lima. En las zonas fronterizas, indicó que existen 100 puestos de vigilancia de los 141 requeridos, con un promedio de cuatro a cinco agentes asignados a cada punto.

Sobre la infraestructura policial, Astudillo sostuvo que varias sedes se encuentran en condiciones deficientes y mencionó como ejemplo la comisaría ubicada en el centro histórico de Cusco.

En cuanto a las reformas en el sector, Astudillo informó que se vienen implementando medidas en las áreas de personal, inteligencia, logística y entrenamiento, con el objetivo de atender las deficiencias en la preparación técnica para el uso de armas y fortalecer la condición física de los efectivos. Asimismo, señaló que se presentaron denuncias ante la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades administrativas en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol), el Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) y en la adquisición diferida de un lote de armamento.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se refirió al caso que involucra a diez alumnos del Liceo Naval Almirante Guise, quienes son investigados por una presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros.

“Es muy grave. Ayer y hoy he conversado con tres ministros de Estado. Lo primero que le he pedido a la ministra de la Mujer es cuidad al joven presuntamente que ha sido víctima de este agravio”, señaló.

En ese sentido, solicitó que se realice una investigación “rigurosa y rápida” para establecer las responsabilidades correspondientes y sostuvo que quienes resulten involucrados deberán afrontar “todo el peso de la ley” sobre quienes resulten involucrados.

Fujimori anunció además que el Liceo Naval Almirante Guise será declarado en reorganización, como parte de las medidas adoptadas luego de conocerse la denuncia.

La presidenta explicó que la administración del colegio estaba bajo responsabilidad de la Marina de Guerra del Perú, mientras que el Ministerio de Educación (Minedu) estaba encargado de la asignación de docentes.

A partir de ahora, según anunció, la administración de esta institución educativa pasará a estar bajo responsabilidad del Minedu.

“Se están tomando medidas correctivas y la administración de este colegio pasará, en estos momentos, a manos del Minedu para que sean ellos quienes pongan orden, que exista disciplina en este colegio y evitar que esto vuelva a suceder en el futuro”, señaló.

El Ministerio de Defensa (Mindef) manifestó su rechazo a los actos de violencia física denunciados en el Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja. Según la denuncia, un escolar de 16 años habría sido víctima de una presunta agresión sexual por parte de otros estudiantes.

Mediante un comunicado, el sector informó que ha dispuesto que la Marina de Guerra del Perú implemente las medidas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de las investigaciones que realizan las autoridades competentes.

El Mindef precisó que estas acciones tienen como finalidad asegurar el debido procedimiento y que las investigaciones se lleven a cabo de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, el sector pidió que se realicen las investigaciones y acciones administrativas correspondientes para establecer si existen responsabilidades administrativas o disciplinarias vinculadas con los hechos denunciados.

📢 [COMUNICADO MINDEF]
Ante los hechos denunciados que involucran a estudiantes del Colegio Liceo Naval Almirante Guise de San Borja, el Ministerio de Defensa informa lo siguiente. 👇 pic.twitter.com/QeyIXZtJgD

— Mindef Perú (@MindefPeru) September 17, 2026

Ocho escolares permanecen retenidos en comisaría de San Borja tras denuncia por presunta agresión sexual

Ocho estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise permanecen retenidos en la Comisaría PNP de San Borja, luego de ser intervenidos por su presunta implicación en una denuncia por agresión sexual contra uno de sus compañeros. En tanto, el colegio señaló que colabora con las diligencias.

Los adolescentes se encuentran en la dependencia policial desde las 2:00 a.m., después de pasar por los exámenes correspondientes en el Instituto de Medicina Legal, en La Victoria, y por el control de identificación en el Departamento de Identidad Biométrica de la PNP, en Surquillo.

Según familiares de la presunta víctima, el hecho ocurrió el martes 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba a la selección de fútbol del colegio tras participar en un campeonato deportivo.

La Policía Nacional acudió posteriormente al centro educativo e intervino a los supuestos implicados.