“Y el mensaje es solo uno: en el Perú no habrá territorio con miedo. Tomaremos fuertes decisiones, todas las que sean necesarias, para restablecer el orden y la paz en nuestro país. Y sé que cuento con ustedes”, señaló la jefa de Estado.

La mandataria señaló que las nuevas formas de criminalidad representan un desafío para el Estado y remarcó que, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, tiene la responsabilidad de conducir, establecer prioridades y tomar decisiones.

“Como presidenta de la república ejerzo la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. Y para mí es una responsabilidad, no un privilegio. Lo entiendo como un deber: el deber de conducir, el deber de establecer prioridades, el deber de tomar decisiones”, indicó.

En ese sentido, destacó el papel de las instituciones castrenses en la defensa de la soberanía y el apoyo a la población durante situaciones de emergencia.

Durante su discurso, Keiko Fujimori resaltó el vínculo histórico del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea con el país, y evocó las figuras de Miguel Grau, Francisco Bolognesi y José Abelardo Quiñones como símbolos de las tres instituciones.

También rindió homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida en cumplimiento del deber y destacó la necesidad de reconocer a sus familias.

Asimismo, rindió homenaje a Nuestra Señora de la Merced, Gran Mariscala y Patrona de las Armas del Perú, y pidió protección para los integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias.

En la actividad participaron el presidente del Congreso, Miguel Torres; el titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa; y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño, además de los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

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La mandataria pasó revista a las tropas acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño.

La actividad se realiza en Plaza de la Bandera, ubicada en el distrito limeño de Pueblo Libre.

El acto reúne a autoridades civiles y militares, así como a representantes de las instituciones que integran las Fuerzas Armadas, en una jornada destinada a reconocer su labor y participación en la defensa y seguridad del país.

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¿Cuánto se ha avanzado en los 70 puntos críticos que le corresponden a la ANA?

Estamos interviniendo de forma progresiva en 17 de los 70 puntos críticos asignados. No se ha dejado de lado ningún sector. La totalidad de los trabajos debe culminar este diciembre.

¿En qué regiones se han iniciado los trabajos?

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima. No fue simultáneo porque requeríamos acondicionar la maquinaria, operarios y asegurar el abastecimiento local de combustible con todos los permisos técnicos y municipales.

De todas las regiones, ¿cuál considera que representa la situación más crítica?

La región más complicada es Piura. El río Piura atraviesa la zona urbana y periurbana de una ciudad que es, por naturaleza, inundable. Nuestra mayor atención está en el tramo de 30 a 45 kilómetros que va desde la presa Ejidos hasta el sector de Simbilá.

¿Qué tipo de acciones se están realizando en Lima y qué diferencia hay con el norte?

Desde Tumbes hasta Lima, la base del trabajo es la descolmatación y limpieza de cauces. La diferencia en Lima (ríos Rímac y Chillón) es que los cauces son pedregosos a diferencia del suelo arenoso del norte. El trabajo con piedra es más lento y genera un desgaste mayor en la maquinaria, exigiendo mantenimientos más frecuentes.

¿Qué otras zonas concentran la mayor preocupación del sector?

La Libertad nos preocupa por el río Chicama, que podría generar problemas en Ascope y Chiclín debido a obras inconclusas de otras entidades, amenazando la Panamericana Norte y zonas pobladas. En Lima, la atención principal está en las quebradas de Chosica y Santa Eulalia, donde instalaremos las barreras dinámicas para contener lodo y rocas.

¿En qué etapa se encuentra la instalación de barreras dinámicas?

Son las barreras dinámicas –que llaman geomallas–, que permanecieron almacenadas desde gestiones anteriores. Ya hemos destrabado los procesos para instalar 12 de estas en 10 quebradas. La verificación técnica de los primeros seis puntos ya dio conformidad y el resto concluye informe el 20 de septiembre. La empresa adjudicada inició esta semana la primera instalación en la quebrada Cupiche, en la provincia limeña de Huarochirí, la cual involucra especialistas en perforación de alta montaña y maquinaria pesada. Los trabajos serán de manera simultánea y culminarán en un plazo máximo de 95 días calendario.

Si las lluvias se adelantaran por el fenómeno El Niño, ¿cuál es el plan de contingencia?

Monitoreamos constantemente los informes científicos del ENFEN. Ante un posible adelanto de precipitaciones en noviembre, hemos implementado dobles turnos de trabajo en tramos críticos como Piura y jornadas desde las 5:00 a.m. en Tumbes. Asimismo, coordinamos con el sector privado bajo el D.U. 010 para intervenir tramos clave como Puente Franco en Tumbes.

¿A cuántas familias se busca proteger con este despliegue de infraestructura?

A nivel de todo el Ejecutivo y las intervenciones articuladas, estimamos proteger a un promedio de 800 mil familias a nivel nacional.

En caso de un evento climático extraordinario, ¿qué garantías hay sobre el trabajo realizado?

Si se presenta un evento de magnitud extraordinaria, los caudales pueden sobrepasar la capacidad técnica de cualquier obra de descolmatación. Por ello, la preparación del Ejecutivo incluye también la contingencia: instalación de albergues con carpas, motobombas, hidrolavadoras para drenar ciudades y hospitales móviles. La meta es mitigar y reducir el impacto al mínimo posible.

Si tuviera que sintetizar los puntos más sensibles donde la ciudadanía debe estar más atenta, ¿cuáles serían?

Sin duda Piura y el sistema de quebradas de Lima (Chosica, Chaclacayo, Santa Eulalia) donde se ubicarán las mallas dinámicas. En 2015 estas mallas retuvieron toneladas de rocas y salvaron vidas; su correcta operatividad es la prioridad para proteger a la población.

Cifras

12 geomallas se instalarán en 10 quebradas de Chosica y Santa Eulalia.

70 puntos críticos de atención maneja la ANA en el país.

Juan Castro Vargas

Jefe de la ANA

Biólogo de la Universidad Nacional de Trujillo. Máster en Ciencias e Ingeniería con mención en Gestión Ambiental y doctor en Ciencias Ambientales. Cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional.

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Usted es uno de los siete altos comisionados del Gobierno para plantear una reforma de segunda generación, ¿tienen un plazo para entregar resultados?

El plazo más largo es de nueve meses, pero la idea es que no hay que esperar los nueve meses para entregar resultados. Hay algunos aspectos de cada problema que estarán listos más rápido, estarán en tres meses, y luego la idea es que se vayan haciendo o promoviendo reformas sucesivas hasta que en nueve meses se entregue todo el paquete.

¿Se necesitará el visto bueno del Congreso?

En algunos casos sí y en otros casos no. Por ejemplo, si se quiere ampliar la base tributaria, se requiere el visto bueno del Congreso. Habrá algunas medidas administrativas y habrá otras medidas de fondo que tienen que ver con impulsar una mayor formalización, por ejemplo, el del empleo. En el caso de la inversión pública, que es el tema que a mí me toca, hay temas que son muy sencillos, que incluso es hasta de metodologías, y hay otros que sí podrían requerir modificación de algún artículo legal. Pero la idea es ir avanzando en la medida en que los problemas se vayan identificando. Primero se harán los más fáciles y, luego, iremos poco a poco hasta poder dar también la batalla de las ideas en el Congreso y, si fuera necesario, convencer a los congresistas de qué es lo mejor para el país.

En su caso, ¿qué será lo más sencillo y qué será lo más difícil?

Lo más sencillo es poner orden en las competencias dentro del sistema de inversión pública. Ha habido mucho desorden en los últimos años y los sectores, ministerios, las regiones y los municipios, cada uno, desarrollan sus propias metodologías, sus propias normas y esto es porque el Ministerio de Economía dejó de lado su rol de ente rector, y para recuperar la rectoría del sistema de inversión pública no se necesita ninguna ley ni nada por el estilo. Entonces esto es relativamente sencillo. Cambiar una metodología de evaluación de proyectos es también relativamente sencillo, es cambiar un manual. Se ha generado mucha confusión en los últimos años. Los estudios de preinversión se hacen pensando que son expedientes técnicos y no es así. Esto se soluciona con un manual simple que ponga los conceptos en orden, es sencillo.

¿Y lo más difícil?

Probablemente sea la parte de convencer que existen formas más adecuadas de hacer lo que se está haciendo. La gente se aferra al pasado y se aferra mucho a lo que se ha hecho siempre. Por ejemplo, pensamos que la salud se soluciona haciendo hospitales, pero el Perú ya no necesita más hospitales. Cuando solo se proponen hospitales es porque se espera que la gente se enferme para que la curen. En cambio, cuando se propone salud preventiva, se necesitas centros de salud pequeños en todo el país e identificar problemas de salud en su etapa inicial. Así el tratamiento es más rápido y menos costoso. Es una discusión que hay que ponerla en la mesa para ver cómo es que tenemos que adaptarnos respecto a la inversión pública y tener un mejor sistema de salud, que demuestre resultados.

El Congreso demora en otorgar facultades al Ejecutivo, ¿cómo ve el proceso?

Es un proceso difícil, ¿no? En la medida que el Gobierno no tiene mayoría en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, es muy difícil que logre la mayor cantidad de facultades. Sin embargo, habrá que hacer la defensa política. El proceso es medio incierto a nivel de Cámara de Senadores. Hay interpretaciones en uno y en otro sentido. Ahí habrá que ver finalmente cómo se da el equilibrio de poderes.

¿Ordenar planes de inversión implica tocar la descentralización?

Hay autonomías constitucionales que van mucho más allá del ámbito de nuestro trabajo. No se puede cuestionar la autoridad que da la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades en el caso de un alcalde. Pero lo que sí podemos hacer es que la plata que transfiere el Tesoro a los municipios o a las regiones tengan un mandato claro de hacer las cosas bien. Ahora se les entrega la plata y se deja que, luego, la Contraloría verifique si se ejecutó bien o mal. También hay cosas que se pueden hacer, regulando los sistemas administrativos del Estado. Hay normas generales que son de obligatorio cumplimiento, como por ejemplo que el planeamiento estratégico sea vinculado a las inversiones. Allí no se necesita ninguna ley ni cambiar la Constitución. Además, se puede ver que unos de los grandes problemas en las regiones y en el gobierno nacional, sobre todo en los últimos cinco años, es que hay mucha gente que no tiene las competencias mínimas necesarias para administrar el dinero que recibe. También se puede ir hacia un proceso de meritocracia, al menos en lo que respecta a la gestión de inversión pública, que solucionaría gran parte del problema: gente que sin competencias se atreve a gastar la plata del Estado.

Como alto comisionado para plantear mejorar la inversión pública, ¿qué cree se debe hacer, en el corto plazo, para reducir los efectos de El Niño?

Lamentablemente en el corto plazo con El Niño ya no hay mucho que se pueda hacer porque ya es inminente la temporada de lluvias. Las alertas se dieron desde el gobierno anterior y nadie les hizo caso. Recién con el cambio de gobierno las autoridades se han metido a intervenir en los ríos y ya no hay tiempo para hacer defensas ribereñas significativas, ni estructuras de reforzamiento significativas. Esta es la tragedia cuando en el Perú ponemos presidentes incapacitados para gobernar, como ha pasado en los últimos cinco. Fue un desastre gigante. Ahora queda ser muy eficiente en este periodo de prevención.

Pero se hacen trabajos...

Hay una comisión que la maneja el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, que están haciendo todo el esfuerzo para descolmatar ríos. Luego vendrá el periodo de la emergencia, que es cuando los ríos se pueden desbordar y las quebradas se activan. Se tendrá que estar en los puntos críticos para tener ayuda rápida: Luego viene la etapa de rehabilitación, que no es reconstrucción, es tratar de restablecer los servicios que se vieron afectados para luego, en el largo plazo, hacer la reconstrucción. Una lección que nunca aprendemos, no la ha aprendido la Autoridad Nacional de Infraestrcutura (ANIN), es que primero se hace prevención y después se hace reconstrucción. Se ha visto, lamentablemente en los últimos años que se ha reconstruido en zonas en las que no se atacaron los riesgos y hay colegios y centros de salud que otra vez se volverán a ver afectados por las inundaciones o los deslizamientos. Es una tragedia que el Perú no aprenda de su historia.

Tiene menos de dos meses, ¿el gabinete ministerial debe tener ajustes?

Todavía es temprano. Debemos dejar la tradición que se ha tenido en los últimos años de tener cinco o seis ministros por año. Mi opinión personal es que todos los gobiernos, cuando llegue al primer año, tendrá el momento de hacer las evaluaciones necesarias y ver si es que se requiere algún ajuste. Los países más desarrollados no tienen esa volatilidad de ministros que tenemos en el Perú. Cada vez que se cambia un ministro, se cambian los viceministros, directores generales, directores de línea, jefes de área y especialistas de todos los niveles y un largo etcétera. Esto no es bueno para el país. Se para la marcha de un ministerio, es mejor esperar un tiempo prudente.

Jaime Yoshima y José Chlimper integran la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial. ¿Reforzará el trabajo del Ejecutivo?

Los gobiernos tienen el derecho de armar sus comisiones consultivas y sus asesores, sobre todo cuando es gente muy experimentada como Yoshiyama y Chlimper. Ambos fueron bastante exitosos en sus respectivos cargos cuando hicieron gestión pública y también cuando lo hicieron en el sector privado. Siempre es bueno que un presidente tenga instancias transparentes de consulta porque una sola persona no puede saber todo. Es bueno que se consulte con gente de confianza, lo veo como una cosa positiva, que además se institucionalice y se haga transparente para toda la ciudadanía.

¿No es un Gabinete en la sombra?

Es un comité consultivo. Me imagino que cuando la presidenta tenga alguna reflexión que hacer, los convocará. Ningún consejo consultivo en el mundo funciona siendo Gabinete en la sombra. Es una instancia de reflexión dentro del mismo Ejecutivo en la que seguramente en algún momento interactuarán también con los ministros y cada uno pondrá su punto de vista. Esto pasa en muchos países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos había el Consejo de Presidentes, pero ya no está vigente. Entonces, la crítica es más bien política. Evidentemente hay algunas personas que no pueden soportar que sean quienes hayan trabajado en el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, ahí les viene la crítica. Pero por el lado técnico, no veo nada negativo. En el sector privado tenemos consejos consultivos. Yo pertenezco, por ejemplo, a consejos consultivos de dos empresas grandes, y eso no quiere decir que se le quita la autoridad a los gerentes.

Milton von Hesse

• Ex ministro de Agricultura y Riego
• Comisionado de Ato Nivel para la Mejora de la Gestión de la Inversión Pública.
• Ex ministro de Vivienda.
• Economista de la Universidad del Pacífico.
• Maestría en Economía de la Universidad de Georgetown (Programa ILADES).
• Postgrado en la Japan International Cooperation Agency y en London School of Economics and Political Science.

La medida fue suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el ministro del Interior, César Astudillo.

Entre los cambios dispuestos figura el del general PNP Víctor Alfredo Revoredo Farfán, quien deja la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y es reasignado a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (Dirasint PNP).

La norma también dispone otros movimientos en puestos de la institución. Entre ellos, el general Miguel Ángel Mesta Rebaza pasa de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (DIRASINT PNP) a la Región Policial Áncash; Ricardo Sabino Espinoza Cuestas deja la Región Policial La Libertad y asume la Dirección de Investigación Criminal; mientras que Eric Waldir Ángeles Puente pasa a la Región Policial La Libertad.

Según la resolución, el general Franco Raúl Moreno Panta pasa de la Dirección de Asesoramiento Operativo del Estado Mayor General de la PNP a la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General (DIRINV).

Asimismo, el teniente general Luis Flores Solís deja la jefatura del Comando de Operaciones Policiales (COMOPPOL) y asume la Dirección de la Inspectoría General de la PNP. En tanto, el general Manuel Elías Lozada Morales deja la Dirección Nacional de Investigación Criminal y pasa a la dirección del COMOPPOL.

Otro de los cambios corresponde al general Víctor Hugo Meza Farfán, quien deja la Dirección Nacional de Operaciones Especiales y es reasignado a la jefatura de la Región Policial Lima Centro.

Asimismo, la resolución precisa que la reasignación del personal policial se efectúa de acuerdo con las necesidades del servicio y tiene como finalidad contribuir al cumplimiento eficaz de la misión institucional.

En el documento se precisa que la Comandancia General de la PNP propuso los cambios mediante un oficio, en el marco de las disposiciones de la Ley de la carrera y situación del personal policial.

La norma señala que la reasignación de los oficiales generales puede efectuarse en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades institucionales, y que su aprobación corresponde a una resolución suprema. La Secretaría Ejecutiva de la PNP deberá adoptar las acciones necesarias para ejecutar los cambios establecidos.

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Se trata de un funcionario con veinte años al frente de la entidad, entre crisis nacionales e internacionales –como la pandemia del Covid-19 o el shock inflacionario del 2021–, cuya gestión mantuvo la estabilidad monetaria y la credibilidad institucional.

Bajo la lupa

Los logros de Velarde contrastan, precisamente, contra el historial de labores que reúne cada uno de los parlamentarios (ver infografía).

De la lista, tres estuvieron implicados en el caso de presunta corrupción denominado “Los Niños”, otros dos están bajo sospecha por su cercanía con Sendero Luminoso o el brazo legal de la organización terrorista Movadef.

Los senadores Silvana Robles, Jaime Quito y Víctor Cutipa, reelectos para este periodo legislativo (antes de Perú Libre), fueron investigados por formar parte de un aparente “brazo congresal” al interior del Congreso 2021-2026. Según la tesis fiscal, en beneficio del entonces presidente Pedro Castillo.

Moisés Chipana e Iber Maraví suman otros cuestionamientos. En el 2017, el entonces ministro Carlos Basombrío (Interior) presentó una investigación, ante el Congreso, que vinculaba a Chipana con el Movadef. Allí se consignó el término “José Moisés CHIPANA CHIPANA – MOVADEF BASE UNMSM”, en el apartado Excarcelados de la OT - SL en la movilización del 1° de mayo del 2009″. El actual diputado, sin embargo, ha negado todo.

Sobre Maraví, atestados policiales de 1980-1981 lo relacionaron a una investigación sobre atentados atribuidos a SL en Ayacucho. Un senderista lo identificó como el cómplice de la terrorista Edith Lagos, según El Comercio. El exministro castillista niega procesos pendientes o sentencias.

Durante las dos primeras jornadas se trasladaron 123 toneladas por vía aérea hacia ocho regiones, de un total de 575 toneladas que serán distribuidas a nivel nacional.

En el primer día fueron movilizadas 41 toneladas con destino a Huánuco, Ucayali, Loreto y Madre de Dios. En la segunda jornada se trasladaron otras 82 toneladas hacia Amazonas, San Martín, Cajamarca y Puno. El proceso comenzó en los almacenes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicados en Lurín.

El material comprende ánforas, padrones electorales, cédulas de votación, lapiceros, pancartas y otros implementos necesarios para la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio. La comisión de control de la Contraloría supervisa el servicio de transporte de despliegue y repliegue como parte del seguimiento a las actividades logísticas del proceso electoral.

El despliegue se realiza de lunes a domingo, desde las 8:00 a.m., de acuerdo con un cronograma establecido. La primera etapa comenzó el viernes 18 de setiembre y continuará hasta el jueves 24, cuando está previsto el traslado del material hacia Huaral y Huacho, en Lima Provincias.

El operativo contempla 53 rutas a nivel nacional: ocho por vía aérea y 45 por vía terrestre.

La Contraloría inició esta intervención mediante el Oficio N.° 342-2026-CG/OC3599, del 17 de setiembre, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE.

El seguimiento se reanudará el 29 de setiembre, antes de la distribución del material correspondiente a Lima Metropolitana, programada para el 2 de octubre.

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La decisión corresponde al Procedimiento Disciplinario N.° 022-2026-JNJ y contempla hechos vinculados con una investigación al excongresista Alejandro Soto Reyes.

Uno de los cargos está relacionado con la demora de aproximadamente siete meses en la tramitación de la Carpeta Fiscal N.° 247-2023, seguida contra Soto Reyes. La JNJ consideró que dicha inactividad no podía justificarse por la carga procesal y la calificó como una falta muy grave.

El segundo cargo corresponde a una reunión extraprocesal que Espinoza Valenzuela sostuvo con Soto Reyes el 2 de septiembre de 2025, cuando la investigación permanecía en trámite.

Según la JNJ, testimonios de tres ciudadanas corroboraron el encuentro y señalaron que durante la reunión se hizo referencia a la carpeta fiscal del exparlamentario.

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Durante una entrevista en RPP, Galarreta explicó que conversó con Rey después de la reunión que este sostuvo con la presidenta Keiko Fujimori. Según relató, durante ese encuentro se planteó que el exministro pueda seguir colaborando con el Gobierno desde otra instancia.

“Sí, pero prefiero evitar especulaciones”, respondió ante la consulta sobre si Rey continuará dentro de la administración pública.

Posible cargo diplomático

Entre las alternativas mencionadas por Galarreta se presentó la posibilidad de que Rey sea designado como embajador. El premier indicó que una eventual representación diplomática dependería de la presidenta, del canciller y del propio exministro.

Galarreta también destacó la participación de Rey en el equipo de Gobierno y sostuvo que su experiencia podría ser útil en otra instancia. Sin embargo, remarcó que todavía no existe una decisión sobre el cargo que podría asumir.

Rafael Rey presentó su renuncia al MTC el 18 de septiembre mediante una carta dirigida a la presidenta Keiko Fujimori, en la que señaló motivos de salud. Tras su salida, José Angello Tangherlini Casal asumió como nuevo titular del sector.

Torres se pronunció durante una actividad del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en Cerro Colorado, Arequipa, donde participaron representantes de comedores populares y ollas comunes. En ese contexto, planteó que el Parlamento avance con la solicitud del Gobierno mientras mantiene sus funciones de debate y fiscalización.

«El Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta Keiko Fujimori y sus ministros, ha acudido al Congreso para pedirnos ayuda. Nos han solicitado facultades para legislar de manera rápida y eficiente. Es un pedido lógico que todo gobierno entrante realiza para implementar sus soluciones. Me preocupa que pasen las semanas y nos enfrasquemos en discusiones que no nos permiten enfrentar los problemas reales», señaló.

El Congreso debe decidir. 🇵🇪 Mientras la política se detiene entre las diferencias, la ciudadanía continua lidiando con problemas que requieren soluciones urgentes. pic.twitter.com/umXNiRy6to

— Miki Torres (@mikitorresfp) September 19, 2026

Demandas sociales

Durante la jornada también se informó que Arequipa cuenta con 381 comedores populares y 93 ollas comunes, que atienden a más de 21 mil usuarios. El presupuesto destinado al Programa de Complementación Alimentaria y subsidios para 2025-2026 asciende a S/ 10,9 millones, mientras se prevé ampliar incentivos económicos en 2027.

Torres vinculó estas necesidades con la importancia de mantener la coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso. También destacó la labor de representación territorial para trasladar las demandas de la población al Parlamento.

«Le pido a Dios que ilumine a los diputados y a los senadores, y les permita entender que este no es momento de discutir o de enfrentarnos, sino de cerrar filas para sacar las cosas adelante. La población está esperando medidas concretas para recuperar la seguridad y volver a sentir al Estado a su costado», insistió.

Finalmente, Torres reconoció que el Congreso debe ejercer sus funciones constitucionales de fiscalización y debate. Sin embargo, insistió en que esas atribuciones deben desarrollarse sin obstaculizar la gestión pública.

La decisión fue adoptada luego de que la Sala analizara los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en pronunciamientos relacionados con presuntos aportes irregulares a campañas políticas. En esos casos, el TC consideró que determinadas conductas vinculadas con la recepción de fondos no podían ser consideradas delito cuando no estaban tipificadas como tales al momento en que ocurrieron.

Los hechos atribuidos a Kuczynski correspondían a las elecciones de 2016 y la resolución tomó en cuenta el marco penal vigente durante ese periodo. La Sala concluyó que las conductas materia de imputación eran atípicas, por lo que no correspondía mantener el proceso penal por lavado de activos agravado ni la imputación vinculada con una organización criminal.

¿Qué hechos investigaba la Fiscalía?

El Ministerio Público atribuía a Kuczynski y a su entorno cuatro mecanismos relacionados con el manejo de fondos durante la campaña de Peruanos por el Kambio. La imputación comprendía el uso de falsos aportantes, la recaudación mediante cenas y cócteles, préstamos realizados por el entonces candidato al partido y el traslado de dinero hacia los administradores financieros de la agrupación.

La Fiscalía sostenía además que estas acciones estaban vinculadas con una organización criminal y por ello incorporó dicha circunstancia como agravante de la imputación por lavado de activos. Con el archivo definitivo, la Sala dejó sin efecto el extremo penal de la causa referido a esos delitos.

Los magistrados coincidieron en declarar atípicos los dos primeros hechos, relacionados con los presuntos falsos aportantes y la recaudación de fondos mediante actividades partidarias. En cuanto a los préstamos efectuados por Kuczynski y el ingreso o transferencia de dinero entre los administradores de campaña, la decisión fue adoptada por mayoría.

El juez superior Enríquez Sumerinde presentó un voto en discordia parcial respecto de estos últimos hechos. Según su posición, correspondía que continuara la investigación sobre los préstamos realizados por Kuczynski para determinar el origen y destino de esos recursos y establecer si podían estar vinculados con un eventual autolavado.

La Sala también dispuso anular los antecedentes policiales, penales y judiciales derivados del proceso, pero dejó a salvo una eventual reparación civil a favor del Estado.

Por su parte, el titular de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, se trasladará a Nueva York y Washington D.C., Estados Unidos, del 21 al 25 de setiembre.

Cabe mencionar que Su agenda contempla actividades de la Asamblea General de la ONU, reuniones sobre minerales críticos, la Alianza del Pacífico, ASEAN y un encuentro con representantes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

En tanto, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, viajará a Washington D.C. del 29 de setiembre al 3 de octubre para participar en el Cuarto Foro Regional de Vivienda 2026 y el Diálogo Regional de Política del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.

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La disposición fue establecida mediante la Resolución Suprema N.° 277-2026-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales de El Peruano. El encargo tendrá vigencia únicamente durante los días de ausencia de la mandataria.

¿Quién asumirá como titular de la PCM?

Debido a que Galarreta ejercerá temporalmente las funciones presidenciales, también se dispuso una suplencia en la Presidencia del Consejo de Ministros. El ministro de Defensa, Rafael Jorge Belaúnde Llosa, asumirá el despacho de la PCM mientras Galarreta se encuentre a cargo del Despacho Presidencial.

Esta disposición tendrá el mismo periodo de vigencia establecido para la encargatura presidencial. De esta manera, ambas funciones quedarán cubiertas durante la ausencia de la jefa de Estado.

La mandataria permanecerá en Estados Unidos del 21 al 25 de septiembre para participar en actividades de la Asamblea General de la ONU y sostener reuniones bilaterales.

Sustento

La presidenta del JNJ, María Cabrera Vega, detalló ante el pleno la secuencia de plazos incumplidos por Concepción.

Según su ponencia, el magistrado dictó la prisión preventiva el 22 de noviembre de 2024, pero el acta transcrita recién se entregó 12 días después.

Asimismo, los recursos de apelación se concedieron y elevaron al superior recién el 16 de diciembre de 2024, fuera del plazo de 24 horas que fija el artículo 278 del Código Procesal Penal.

Incluso, el Tribunal Constitucional consigno esa demora en una sentencia, en la que había advertido sobre estos retrasos de Concepción al resolver un hábeas corpus presentado a favor de Castañeda.

Durante el informe oral, el abogado defensor de Carhuancho atribuyó la demora a la carga procesal del despacho. “Cada quien hace lo que puede”, sostuvo, en referencia a los seis recursos que el juez debía calificar.

La ponencia descartó ese argumento y estableció que Concepción vulneró los deberes de diligencia y celeridad. El pleno lo declaró responsable de la falta muy grave prevista en la Ley de la Carrera Judicial.

Votación

La propuesta de destitución fue respaldada por Cayo Galindo, Rafael Ruiz, Germán Serkovic y María Teresa Cabrera, quienes coincidieron que está acreditada la falta muy grave.

Sin embargo, Jaime de la Puente votó en discordia. Si bien coincidió en rechazar la caducidad, consideró que el principio de non bis in idem (no dos veces por lo mismo) debía aplicarse al extremo referido a la concesión y elevación de la apelación.

Por ello, De la Puente planteó absolverlo por la demora en la notificación de la resolución de prisión preventiva.

El ahora exministro es la primera baja del Gabinete encabezado por Luis Galarreta.

Sustento

Rey dirigió su carta a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y al primer ministro Galarreta el pasado miércoles.

Según el documento difundido por la PCM, la decisión responde a motivos personales de salud que limitarían su rol como titular del MTC.

“Por razones de salud que me impiden continuar ejerciendo las responsabilidades propias del cargo con la dedicación que este exige”, reza el texto.

Rey agradeció a Fujimori y a Galarreta, así como a su equipo de trabajo dentro de la cartera y a las autoridades de otros ministerios.

“Expreso a ambos mi profundo agradecimiento por la confianza depositada en mi persona y por la oportunidad de servir al país”, se lee.

Agregó que apoyará en el proceso de transición en el sector. “Quedo a la orden para facilitar una transferencia ordenada y transparente de la gestión, poniendo a disposición la información necesaria para asegurar la continuidad de las políticas, proyectos y servicios a cargo del Ministerio”, añade.

Análisis

Al respecto, el politólogo Alejandro Mejía explicó a Correo que la salida de Rey es un “duro golpe” para el Poder Ejecutivo, y levanta dudas sobre la designación de otros ministros.

“La ciudadanía tiene una alta expectativa con este gobierno que prometió orden y estabilidad, pero esta renuncia y loa cuestionamientos constantes a los ministros, envían un mensaje claro de que no tienen la capacidad suficiente para resolver los problemas del país”, refirió.

El documento fue publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y señala que la designación se realiza conforme al artículo 122 de la Constitución Política del Perú y al artículo 15-A de la Ley Nº 29158.

En otra resolución, la Nº 275-2026-PCM, el Poder Ejecutivo formalizó la aceptación de la renuncia presentada por Rafael Rey Rey al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones.

Ambas disposiciones llevan las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del premier Luis Galarreta.

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El pedido fue presentado ante la Mesa Directiva del Senado y se sustenta en el artículo 161 de la Constitución, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y el Reglamento del Senado.

La iniciativa fue promovida por las bancadas Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno.

Entre los cuestionamientos se encuentran las contrataciones de personal en la Defensoría que fueron observadas por la Contraloría General de la República y difundidas en un reportaje de “Cuarto Poder”. Los legisladores solicitaron que el informe de control sea incorporado al procedimiento.

Otro de los argumentos está relacionado con las declaraciones de Gutiérrez sobre una eventual disolución del Congreso por parte de la presidenta Keiko Fujimori. A fines de agosto, el defensor señaló que, en ese escenario, la mandataria podría incrementar su popularidad en “20 o 30 puntos”, expresión que generó cuestionamientos entre los parlamentarios que impulsan su remoción.

El pedido deberá ser evaluado por la Comisión de Procedimientos Especiales, que tendrá que recabar los descargos del defensor del Pueblo y revisar las pruebas antes de elevar una propuesta al Pleno del Senado.

Para aprobar la remoción y declarar la vacancia del cargo se requiere el voto favorable de dos tercios del número legal de senadores.

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La referida sala declaró fundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Kuczynski, después de aplicar los criterios del Tribunal Constitucional (TC) en los casos de presuntos aportes irregulares de la actual mandataria Keiko Fujimori y del expresidente Ollanta Humala.

El TC consideró atípicos los hechos imputados, correspondientes a una modalidad de receptación patrimonial no tipificada al momento de los hechos e incorporada por un Decreto Legislativo, vigente desde noviembre de 2016, después de la campaña electoral de ese año.

La Fiscalía le atribuía a Kuczynski, que ha estado en prisión domiciliaria en los últimos tres años, haber financiado su última campaña electoral de 2016 con falsos aportantes, recaudación de fondos mediante cenas, préstamos de dinero del mismo candidato a su partido político y transferencias de dinero a los tesoreros de campaña.

En ese sentido, el Ministerio Público añadió el delito de organización criminal en la campaña del partido Peruanos por el Kambio (PPK).

Con esta decisión, la Sala de Apelaciones también ordenó anular los antecedentes penales y judiciales del imputado.

En mayo pasado, el magistrado Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso el sobreseimiento de la causa por la presunta financiación irregular de la primera campaña electoral del exmandatario en 2011, que se mantenía abierta desde hacía casi diez años, cuando a finales de 2016 saltó a la luz el caso Odebrecht.

Kuczynski, que era presidente de Perú en el momento que se reveló el escándalo de corrupción de Odebrecht, recibió presuntamente 300.000 dólares para financiar su campaña electoral de 2011, procedentes de la Caja B de la empresa brasileña, destinada a pagos ilícitos e irregulares, de acuerdo con la imputación de la Fiscalía peruana.

Sin embargo, el juez consideró necesario archivar la causa a tenor de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró improcedente la acusación contra Fujimori en un caso similar de financiación irregular de sus campañas.

La actual mandataria estuvo en prisión preventiva en dos periodos distintos que sumaron cerca de año y medio antes de salir libre y verse beneficiada por el Tribunal Constitucional antes de que fuese condenada a prisión como le sucedió a Humala.

No obstante, este viernes, el máximo órgano de la judicatura peruana cesó a Concepción Carhuancho mediante un procedimiento disciplinario al considerar que dilató los plazos de notificación escrita y de apelación en una prisión preventiva dictada contra otro investigado.

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La ceremonia se realizó con la presencia de los integrantes del gabinete liderado por Luis Galarreta y el saliente ministro Rafael Rey.

Perfil José Tangherlini Casal

José Angello Tangherlini Casal es es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El nuevo titular del MTC posee más de 20 años de experiencia profesional en puestos de Alta Dirección, administración y gestión de instituciones.

Tangherlini Casal cuenta con amplia experiencia en investigación y estudios económicos vinculados a la regulación de servicios públicos, infraestructura de transporte, Asociaciones Público-Privadas (APP) y el sector agropecuario.

Se desempeñó como viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego. Asimismo, trabajó en el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y el Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), entre otras instituciones.

Rafael Rey renuncia al MTC

Más temprano, se conoció de la renuncia de Rafael Rey a dicho cargo por motivos de salud. La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la presidenta de la República y al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“(...) Por razones de salud que me impiden continuar ejerciendo las responsabilidades propias del cargo con la dedicación que este exige”, indicó.

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La decisión fue aprobada por mayoría. La ponencia estuvo a cargo de la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, y recibió los votos favorables de Cayo Galindo, Rafael Ruiz Hidalgo, Germán Serkovic y Cabrera. El consejero Jaime de la Puente Parodi votó en contra de la destitución.

El caso se originó luego de que el Tribunal Constitucional determinara que hubo una demora en el trámite de la apelación de Castañeda contra la prisión preventiva dictada el 22 de noviembre de 2024.

La resolución fue notificada el 4 de diciembre y el recurso fue concedido y elevado a la instancia superior el 16 de diciembre. El TC consideró que el retraso afectó los derechos a la defensa y a la pluralidad de instancia.

Durante el procedimiento disciplinario, la defensa de Concepción Carhuancho alegó, entre otros argumentos, la carga laboral del juzgado y sostuvo que una queja por los mismos hechos había sido archivada por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

La JNJ rechazó estos argumentos y concluyó que correspondía atribuir responsabilidad disciplinaria al magistrado.

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La medida fue planteada a raíz de los recientes hechos denunciados en el Liceo Naval Almirante Guise, donde menores fueron denunciados por presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años en el distrito de San Borja.

La presidenta de la comisión, Susana Matute, señaló que el grupo evaluará los mecanismos institucionales de protección de los estudiantes y la actuación de las autoridades competentes frente a casos de violencia en los centros educativos.

El equipo tendrá un plazo de 30 días hábiles para presentar un informe técnico y estará integrado por los senadores Juana Ticona, Silvana Robles, Jaime Delgado, Alejandro Aguinaga y Segundo Tapia.

Entre sus funciones estará realizar un diagnóstico institucional, revisar la normativa vigente y evaluar las principales dificultades de los protocolos de prevención y atención de agresiones en los colegios.

Asimismo, formulará recomendaciones para mejorar la respuesta de las instancias de gestión educativa.

La Comisión de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital del Senado aprobó la conformación de un grupo de trabajo para fortalecer la prevención de la violencia escolar.

📌 Nota completa: https://t.co/X1SwoPJVuk pic.twitter.com/47LQoJJsCl

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 18, 2026

Medidas de protección a favor de víctima

Respecto al caso del menor, se informó que el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección preventivas a favor del estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, agraviado en el caso de presunta agresión sexual ocurrida en un bus escolar en el distrito de San Borja.

Según informó el Poder Judicial, la resolución prohíbe a los adolescentes investigados utilizar espacios privados o redes sociales, como WhatsApp y Facebook, para comunicarse con la víctima.

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