Según la denuncia, Castro atribuye a Corvetto, en calidad de autor, y a los integrantes de la JNJ, como cómplices primarios, los presuntos delitos de abandono de cargo, omisión de actos funcionales y abuso de autoridad en agravio del Estado.

El documento, fechado el 24 de abril y difundido por RPP, sostiene que la renuncia de Corvetto habría sido improcedente, al tratarse de un cargo constitucional que, según la denunciante, es de carácter irrenunciable y solo puede ser removido por la JNJ ante una falta grave debidamente comprobada.

Asimismo, la exfiscal cuestiona que los miembros de la JNJ hayan aceptado dicha renuncia, argumentando que con ello habrían eludido su deber de investigar, esclarecer y determinar responsabilidades dentro del marco disciplinario que establece la Constitución.

En ese contexto, Castro solicita que la Fiscalía de la Nación inicie una investigación preliminar para determinar eventuales responsabilidades.

Cabe señalar que la JNJ ya había aceptado la renuncia de Corvetto y declarado la vacancia del cargo, aunque dispuso continuar con la investigación preliminar en su contra por presunta falta grave relacionada con retrasos en la entrega de material electoral durante las elecciones generales del 12 de abril.

Cuestiona allanamiento porque no tuvo “factor sorpresa”

“Desde mi punto de vista, es poco serio”, dijo la exfiscal Sandra Castro sobre el desarrollo de los allanamientos en 12 viviendas por el caso ONPE, realizado el último viernes 24 de abril. “Me hace suponer, que es puro show”, refirió en RPP.

“El daño (en las elecciones) ya se ha efectuado por parte de Piero Corvetto y la JNJ (...) No sé qué se pudo haber recabado en los allanamientos después de una semana”, incidió.

Asimismo, subrayó que un allanamiento debe tener un factor “sorpresa” pero este operativo fue anunciado por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. “Él acude acude a un medio de presente y comete una infidencia, porque dice a todo el mundo que se va realizar el allanamiento”, agregó.

Al 92.167% de las actas contabilizadas, Fuerza Popular obtuvo 83,963 votos de los sufragios para senador regional y 80,531 votos para la Cámara de Diputados, lo que la posiciona como la primera fuerza política chalaca.

El Partido del Buen Gobierno alcanzó el segundo lugar con 72,491 y 68,200 votos respectivamente, mientras Renovación Popular culminó el tercer sitio con 67,837 y 66,016 votos, a pesar de ser uno de los partidos con mayor expectativa antes de la jornada.

Senado

El virtual senador regional es Jacques Salomon Rodrich Ackerman, cabeza de lista de Fuerza Popular, quien acumuló 11,406 preferencias individuales.

Rodrich Ackerman fue congresista por Perú Posible durante el gobierno de Alejandro Toledo.

El ingreso de Rodrich al Senado frustró la elección de dos candidatos de Renovación Popular: Félix Morales Ubillus, quien quedó a solo 89 votos de distancia con 11,317, y de Patricia Chirinos Venegas, congresista del periodo 2021-2026, quien sumó 11,030 votos.

Cámara baja

Entre los virtuales diputados, Carlos Yalta Sotelo, de Renovación Popular, encabeza las preferencias con 11,608 votos, con lo que obtiene un escaño porque su partido terminó tercero en la votación de lista.

Yalta es abogado de profesión y extrabajador de la Municipalidad del Callao.

Le sigue Auristela Obando Morgan de Fuerza Popular con 10,092 votos, quien es actual congresista de la República por el Callao.

También está Fernando García Huby, del Partido del Buen Gobierno, que obtuvo 6,044 preferencias. Fue vicepresidente regional del Callao durante el periodo 2003-2006.

Ángel Bobadilla Galindo, también de Fuerza Popular, cerró el cuarteto con 4,237 sufragios. Bobadilla es abogado y trabaja en el Departamento de Comisiones del Congreso desde 2018.

Cálculo

El politólogo Jean Carlos Rodríguez explicó a Correo el mecanismo que define estos resultados.

“Para definir quienes ingresan, primero se debe considerar que cumplan con pasar la valla electoral nacional, que en este caso es el 5% de votos válidos a nivel nacional y el 5% de integrantes de la cámara respectiva”, señaló el especialista.

En el caso del senado regional, el experto precisó que “Fuerza Popular ha sido el partido más votado, por ende le tocaría el escaño al Senado Regional”, mientras que para definir al candidato ganador dentro del partido “se considera al que tiene más votos preferenciales”.

Para la Cámara de Diputados, Rodríguez detalló que el reparto aplica la cifra repartidora, método que “consiste en dividir la cantidad de votos de cada partido entre 1, 2, 3 y así sucesivamente”, tomando el cociente que coincide con el número de escaños a repartir.

Bajo ese cálculo, “a Fuerza Popular le tocan 2, a Buen Gobierno 1 y a Renovación Popular le toca 1”, concluyó el politólogo, aclarando que en cada caso “es el voto preferencial el que define qué candidato de cada uno de esos tres partidos es el que entraría”.

Las autoridades investigan a altos funcionarios de la ONPE, entre otros, por la presunta contratación irregular de la empresa Gálaga para trasladar el material electoral el domingo 12 de abril. Una tarea que se cumplió con retrasos y postergaciones.

En detalle

Además de Corvetto, la Fiscalía Anticorrupción también investiga a José Samamé, exgerente de Gestión Electoral; Juan Antonio Phang, subgerente de Producción Electoral; y Juan Alvarado, representante legal de Gálaga. Todos, funcionarios de la ONPE.

Todos son investigados por presunta colusión en agravio del Estado “vinculada a posibles irregularidades en procesos de contratación” de la empresa en mención.

El operativo de allanamiento e incautación de laptops, celulares y otros estuvo a cargo del fiscal Raúl Martínez y agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor).

Los doce inmuebles intervenidos se ubican en los distritos de Miraflores, Lince, San Miguel, Magdalena, Breña, Lurín, La Molina y Surquillo.

Fueron casi seis horas de diligencias respaldadas por la orden del juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo (Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado).

Según la Fiscalía, los investigados “habrían concertado indebidamente con un proveedor (Gálaga) con la finalidad de defraudar al Estado”. En consecuencia, se “afectó la legalidad del proceso de contratación” citado y, de forma “adicional”, se perjudicó “el normal desarrollo del acto electoral y la voluntad popular”.

“Los actos desplegados por los funcionarios desde la aprobación del lineamiento, y los intervinientes, evidencian un apartamiento deliberado de los principios rectores de la contratación pública de legalidad y eficacia (…), constituyendo el marco normativo (usado para contratar a Gálaga) un contexto instrumental para la materialización de la concertación ilícita”, sostuvo la Fiscalía en su solicitud de allanamiento difundida por Canal N.

En esa línea, la Fiscalía también cuestionó que Corvetto decidiera colocar a Samamé a cargo de la Gestión Electoral pese a que este último “no cuenta con formación, trayectoria ni experiencia funcional vinculada” a esta área operativa.

Además, aseveró que se “aplicó un criterio interpretativo” en relación a los requisitos que debía cumplir la empresa ganadora. Así, se “redujo la cantidad de unidades” de los competidores mientras que a Gálaga “se le reconoció una flota de 70 vehículos, consolidando así su posición de ventaja antes de la evaluación de la oferta económica”. Una situación que las otras empresas competidoras no podían impugnar debido a que la ley no lo permite hoy a diferencia de la normativa usada en los comicios del 2016 y 2021.

La instancia afirmó que elaboró un análisis técnico-jurídico de dicha posibilidad, sin embargo, concluyó que dicha labor es “inviable”.

Panorama

El JNE consideró dicha posibilidad luego de las “incidencias registradas en el despliegue del material electoral y la organización del proceso”, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el domingo 12 de abril.

Dicha situación motivó medidas extraordinarias como “la ampliación del horario de votación y su extensión hasta un día después”.

Por ello, organizaciones políticas como Renovación Popular sugirieron elecciones complementarias “en determinadas mesas y circunscripciones afectadas en Lima Metropolitana”.

Sin embargo, el pleno del JNE informó vía X que no es posible llevar a cabo una jornada adicional y que “el proceso electoral se encuentra en curso”.

“El JNE, a través de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y de su pleno, viene desarrollando de manera continua las labores de revisión de actas observadas, resolución de solicitudes de nulidad y demás actuaciones”, puntualizó.

Perspectivas

Este Diario consultó al exjefe de la ONPE Fernando Tuesta y al especialista en materia electoral Alejandro Rospigliosi sobre la decisión adoptada por la autoridad electoral.

Ambos profesionales coincidieron en señalar que la ley no permite dicho escenario. “El JNE ha dicho algo muy claro: no existe base normativa alguna para que pueda darse una elección mal llamada complementaria”, apuntó Tuesta.

En esa línea, consideró oportuna la decisión tras indicar que se pudo “abrir las puertas para (aplicar la medida) en situaciones parecidas, por ejemplo, en las elecciones regionales y municipales”.

“En el Perú siempre hay tardanza al abrir las mesas. Nuestro sistema está basado en que estas están dirigidas por personas sorteadas, y muchos no quieren hacerlo”, acotó.

Rospigliosi, por otro lado, consideró fundamental como parte de “un control de daños” que el titular del JNE, Roberto Burneo, dé un paso al costado.

“No podemos vivir cometiendo rotundos errores. El autor de este desastre ha sido Piero Corvetto, y en paralelo elegirán a un nuevo jefe de la ONPE, pero el presidente del JNE es corresponsable”, sostuvo.

Destacó que “se destinaron millones de soles para contar con fiscalizadores” con el objetivo de que, días antes de la elección, se reportasen inconvenientes como el retraso del material electoral.

“Debió iniciarse el protocolo de emergencia. No solo el material electoral. El software que usó ONPE le corresponde ser fiscalizado al JNE. (...) Burneo también es responsable por no fiscalizar”, indicó.

Pedido

Durante una conferencia de prensa, el también ex alcalde de Lima afirmó que las irregularidades registradas el 12 de abril, que provocaron retrasos en la instalación de mesas en distintos distritos de la capital, no fueron un hecho aislado.

“Hay un sabotaje y un fin. Es un acto criminal en contra de lo más sagrado de una democracia, que es el voto, el derecho a votar. Hay una injerencia clarísima, una estrategia que ya tiene un nombre”, sostuvo.

López-Aliaga, acompañado de diapositivas, afirmó que su partido realizó un peritaje a los resultados difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el cual evidenciaría actos dolosos en el proceso electoral.

“En Perú nos ha pasado algo que en Venezuela se ha hecho varias veces y le han puesto de nombre ‘Morrocoy’. La primera fase de este plan es que se silencie de manera dolosa a 1.5 millones de ciudadanos a ejercer su derecho al voto. Es una mafia del señor (Piero) Corvetto y avalada por el señor (Roberto) Burneo”, indicó.

Asimismo, sostuvo que las mesas de sufragio de las que derivaron las actas de la “serie 900,000” fueron creadas y distribuidas estratégicamente para favorecer con 250 mil votos al candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez.

“Estamos pidiendo la nulidad de la ‘serie 900,000’, que son básicamente 4,500 actas”, señaló.

Según el postulante, algunas de esas mesas no existían el día de la votación y recién aparecieron el martes 14 de abril, con resultados que exceden el promedio de la zona.

Cuestionamientos

En la misma conferencia, Julio Espejo Quevedo, perito judicial grafotécnico e informático, señaló que el 13 de abril se extrajeron 88,064 actas; sin embargo, faltaban 4,703 frente al total reportado (92,766).

“En una segunda extracción, el 15 de abril, aparecen estas mesas faltantes con una nueva nomenclatura en el rango del 900,001 al 904,703”, detalló el especialista.

Además, advirtió la existencia de “actas espejo”, es decir, documentos con datos, firmas y resultados idénticos en distintas mesas.

El último viernes, López- Aliaga anunció, en una entrevista con el escritor Agustín Laje, que presentará una denuncia penal contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, por presunta omisión de funciones. La medida también alcanza al ex jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien ya había denunciado previamente.

La entidad aplicó el sistema STAE en la primera vuelta en Lima Metropolitana y el Callao como herramienta para agilizar el procesamiento de resultados, pero el sistema presentó incidencias como errores de impresión, demoras operativas y fallas en el suministro de tinta.

El plan operativo de la segunda elección presidencial, aprobado por el extitular Piero Corvetto, estableció cambios en la estrategia tecnológica y priorizó métodos físicos para garantizar la integridad de los resultados, excluyendo el STAE del catálogo de soluciones, así lo reveló RPP Noticias.

La JNJ había pedido el número de extranjeros, su nacionalidad, identificación completa, modalidad laboral y áreas de trabajo en el ente electoral.

La ONPE precisó que todo su personal es peruano y descartó la presencia de personal de otra nacionalidad bajo cualquier modalidad de contratación.

Actualmente, la entidad electoral registra 15,037 personas bajo locación de servicios distribuidas en 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y en la sede central de la ONPE.

Además de 143 trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo 728 y otros 225 bajo el régimen 1057.

#ONPEChequea 🔍 | Aclaramos que la ONPE no cuenta con trabajadores extranjeros. Esto fue verificado tras una revisión del personal realizada en atención al requerimiento de la @JNJPeru sobre la nacionalidad de quienes integran nuestra institución. 🧵 pic.twitter.com/L7wuBiRF1s

— ONPE (@ONPE_oficial) April 24, 2026

El jefe policial señaló que estos hechos ocurrieron en distintas regiones y comprometieron el manejo del material electoral administrado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Por lo menos 27 eventos a nivel nacional de actas rotas, destruidas, de actas hurtadas de personal de la ONPE, actas encontradas en la vía pública, otras dejadas en taxis”, declaró en el Parlamento.

Durante una mesa de trabajo en la que también participó el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, el comandante cuestionó la lentitud del Ministerio Público para asumir estos casos y pidió mayor articulación institucional.

Según indicaron, alrededor de un millón y medio de ciudadanos habrían sido afectados en su derecho al voto y la situación habría perjudicado la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga, principalmente en Lima Metropolitana.

Entre los cuestionamientos mencionaron retrasos en la instalación de mesas de sufragio y cambios de locales de votación de último momento.

La agrupación sostuvo que esas situaciones habrían desalentado la participación ciudadana, por lo que solicitó el reconteo de votos en Lima, acceso total al sistema de cómputo de la ONPE y un peritaje para revisar la integridad de los datos.

Otro de los puntos expuestos fue la existencia de actas con numeración de la serie 900. Los voceros afirmaron que se trataría de una serie “trucha” y aseguraron que dichas actas habrían favorecido a otros candidatos en el conteo final. También indicaron que esas mesas se habrían creado recientemente en zonas donde no hubo personeros.

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Montoya señaló que una nueva jornada parcial no corresponde luego de una elección ya realizada.

Al explicar su posición, sostuvo lo siguiente: “Estoy de acuerdo, no se pueden hacer elecciones partidas, ya no son limpias, la gente está influenciada por los resultados”.

Pese a coincidir con la medida, el legislador insistió en sus críticas al proceso del 12 de abril y afirmó que hubo irregularidades sin una respuesta oportuna. También recordó que antes propuso la separación de funcionarios de la ONPE, entre ellos Piero Corvetto, planteamiento que no avanzó en el Congreso.

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Según la tesis fiscal, al exjefe de la ONPE se le atribuye el presunto delito de colusión agravada. La investigación sostiene que determinadas acciones habrían impedido que parte del electorado sufragara durante la jornada electoral.

Entre los hechos revisados figura la contratación de la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C., encargada del transporte de carga para el despliegue y repliegue del material electoral.

También se menciona que en enero del 2026 se habrían establecido lineamientos que modificaban disposiciones del 2025, incluyendo la imposibilidad de presentar recursos impugnatorios tras una adjudicación.

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Durante la firma de un convenio para brindar defensa legal a estas organizaciones, el mandatario resaltó el “sacrificio encomiable” de sus integrantes y anunció su intención de impulsar una norma que reconozca y compense su esfuerzo.

“El sacrificio que hacen es encomiable, están ayudando al Estado a solucionar lo que era una tarea 100 por ciento de nosotros. Ustedes son héroes por eso, y por eso quiero que haya una norma que permita compensar ese esfuerzo que vienen haciendo ustedes”, dijo José Balcázar.

El acuerdo, suscrito entre los ministerios del Interior y de Justicia y Derechos Humanos, permitirá garantizar la defensa legal de las juntas vecinales ante denuncias derivadas de su participación en acciones de seguridad.

Además, contempla capacitaciones en derechos, acceso a la justicia y mecanismos de resolución de conflictos, con el objetivo de fortalecer su labor preventiva y reducir el temor a intervenir frente a hechos delictivos.

La iniciativa busca consolidar la seguridad ciudadana desde la base social, integrando acciones de prevención, formación y respaldo legal para estas organizaciones comunitarias.

En la ceremonia participaron los titulares del Interior y de Justicia, junto a autoridades de la Policía Nacional y representantes de juntas vecinales, quienes destacaron la importancia del convenio para fortalecer su trabajo en favor de la seguridad.

El JNE fundamentó su postura en que el proceso electoral de la primera vuelta aún no ha concluido formalmente. Según la entidad, esa situación impide que exista un marco legal que respalde la convocatoria a una nueva jornada electoral en la capital.

Baella critica responsabilidad del JNE

En declaraciones a Exitosa, José Baella, candidato a diputado por Renovación Popular, fue uno de los voceros que se manifestó públicamente sobre el pronunciamiento del organismo electoral. El representante del partido señaló que la institución no está dimensionando la trascendencia de su resolución en el contexto histórico del país.

En otro momento, sostuvo que la ciudadanía debe asumir una postura firme ante lo ocurrido con el proceso electoral en Lima.

“Acá los peruanos tenemos que ser firmes en nuestra posición. El Jurado tiene una gran responsabilidad histórica, pero al parecer sus miembros no están entendiendo eso. El daño está hecho y se ha negado el derecho a voto de miles de peruanos y creo que están equivocando el camino”, indicó.

Mientras tanto, la agrupación política liderada por Rafael López Aliaga anunció que continuará recopilando y presentando pruebas que, según el partido, demuestran irregularidades durante la primera vuelta de los comicios. El vocero además indicó que iniciará conversaciones con otras fuerzas políticas para sumarlas a su reclamo y convocar a nuevas movilizaciones en la capital.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el candidato a diputado por Renovación Popular, José Baella, señaló que su partido rechaza que el JNE no haya aplicado elecciones complementarias, al considerar que se ha negado el derecho al voto de miles de peruanos afectados… pic.twitter.com/xUuMvCaPrQ

— Exitosa Noticias (@exitosape) April 24, 2026

El acuerdo precisa los plazos y procedimientos que deberán seguir los JEE en esta etapa clave del proceso electoral, con el objetivo de garantizar orden y cumplimiento normativo durante el conteo final de votos.

Entre las principales modificaciones, el JNE dispuso la eliminación de formatos y requisitos considerados innecesarios, como el anexo de conformidad sobre sobres lacrados, con el fin de agilizar las diligencias.

Asimismo, se estableció que ya no será obligatorio el registro individual de los miembros de mesa en ciertas fases del recuento, debido a que todo el proceso será grabado en video para asegurar su supervisión.

En cuanto al procedimiento, el presidente del JEE mostrará la cédula electoral y la entregará al segundo miembro para su verificación, eliminando la participación del tercer integrante en esa etapa específica.

El organismo también precisó que las actas observadas vinculadas a votos preferenciales detectadas por la ONPE no serán materia de recuento, sino que deberán ser resueltas directamente por los JEE conforme al reglamento vigente.

#LoÚltimo

JNE fija para el 7 de mayo fecha límite en que los jurados electorales especiales realicen audiencias públicas de recuento de votos

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— Canal N (@canalN_) April 24, 2026

El JNE dispuso la publicación oficial del acuerdo en su portal institucional e instó a las autoridades electorales a cumplir estrictamente los lineamientos establecidos, con el fin de asegurar la transparencia y legalidad en la etapa final del proceso.

A través de sus redes oficiales, la ONPE precisó que cuenta con 15,037 personas contratadas bajo la modalidad de locación de servicios, distribuidas en las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (OPD) a nivel nacional y en su sede central. Además, registra 1,352 órdenes de servicio emitidas hasta el 20 de abril, 143 servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 728 y 225 bajo el Decreto Legislativo N.° 1057.

“Todas las personas que laboran en la institución son ciudadanos peruanos plenamente identificados con DNI”, subrayó el organismo electoral.

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JNJ había insistido en el pedido

La respuesta de la ONPE llega luego de que la JNJ reiterara su solicitud mediante el Oficio N.° 127-2026-P/JNJ, fechado el 22 de abril, al no haber recibido respuesta al requerimiento inicial del 20 de abril. En dicho documento, dirigido al jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, la JNJ solicitó información sobre el número total de trabajadores extranjeros, su nacionalidad, identificación, modalidad laboral y área de desempeño.

Adicionalmente, la JNJ formuló un requerimiento sobre la adquisición de un inmueble en la avenida Vía Expresa, en La Victoria, destinado a la nueva sede central de la ONPE, pidiendo copia íntegra del expediente técnico y los antecedentes de la operación realizada durante la gestión anterior.

Hasta el momento, la ONPE no se ha pronunciado sobre el requerimiento relacionado con la compra del inmueble en La Victoria ni ha precisado el monto ni las condiciones de dicha adquisición.

Las incidencias registradas durante la primera jornada electoral fueron provocadas por fallas en el despliegue del material electoral a cargo de la ONPE. Estos problemas obligaron a ampliar el horario de votación ese día y a extenderlo hasta el 13 de abril en las mesas que no llegaron a instalarse.

Ante esta situación, el Pleno del JNE evaluó las solicitudes recibidas y realizó un análisis técnico-jurídico antes de emitir su resolución. El organismo concluyó que el proceso electoral sigue en curso y que los Jurados Electorales Especiales (JEE), junto con el Pleno, continúan con la revisión de actas observadas, la resolución de solicitudes de nulidad y las demás actuaciones previstas en la normativa vigente.

“El proceso electoral se encuentra en curso y no ha concluido. En ese contexto, el JNE, a través de los Jurados Electorales Especiales y de su Pleno, viene desarrollando de manera continua las labores de revisión de actas observadas, resolución de solicitudes de nulidad y demás actuaciones previstas en el marco constitucional, legal y reglamentario vigente”, indica el pronunciamiento.

El organismo también reafirmó su compromiso de cara a la próxima jornada electoral y convocó a la responsabilidad de todos los actores involucrados.

“El Jurado Nacional de Elecciones reafirma que continuará ejerciendo su función jurisdiccional con firmeza, independencia y transparencia, garantizando la integridad del proceso electoral y el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas”, precisaron.

#LoÚltimo | Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declara, por unanimidad, inviable la realización de elecciones complementarias en el marco de las Elecciones Generales #EG2026 pic.twitter.com/79L4gt6yv4

— JNE Perú (@JNE_Peru) April 24, 2026

Reacciones desde el Congreso

Uno de los primeros en reaccionar a la decisión adoptada por el JNE, fue el congresista Jorge Montoya, quien coincidió con el organismo en que realizar elecciones complementarias no era una opción válida. En declaraciones a Canal N, el parlamentario señaló que la jornada del 12 de abril generó un contexto que hace imposible garantizar condiciones imparciales para una nueva votación.

“No se puede hacer elecciones partidas afectadas ya, ya no son limpias. La gente está influenciada por los resultados que hay y por las situaciones que han pasado después del día domingo”, expresó desde el Congreso.

El legislador de Honor y Democracia también reconoció que las irregularidades del proceso afectan a todos los candidatos en competencia y no solo a uno.

“Afecta a todos los candidatos que están compitiendo por el primer puesto. Todo el proceso ha sido irregular, eso tiene que quedar claro”, resaltó.

Montoya añadió que, pese a considerar el proceso irregular, las normas vigentes no permiten actuar fuera del marco legal. En esa línea, recordó la necesidad de respetar la institucionalidad antes de exigir cambios

“Vivimos en un país que se dirige por la Constitución y las leyes. No podemos pasar encima las normas y las leyes para satisfacer nuestras necesidades. Tenemos que adaptarlas y si no hay, primero hay que cambiar la ley y después hay que pedir lo otro”, finalizó.

#EnVivo

Jorge Montoya, congresista de Honor y Democracia, sobre decisión del JNE: Estoy de acuerdo, no se pueden hacer elecciones partidas, ya no son limpias, la gente está influenciada por los resultados

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— Canal N (@canalN_) April 24, 2026

La sesión fue convocada para debatir el Proyecto de Ley 14224/2025-MP, que propone una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público con reformas sobre quién conduce las investigaciones preliminares en casos de criminalidad. En ese contexto, Gálvez intentó fijar la postura de la Fiscalía, pero fue cortado por el jefe de la PNP antes de poder terminar su intervención.

La incomodidad de Gálvez fue notoria ante los congresistas y lo llevó a dirigirse directamente a Arriola para pedirle respeto en los turnos de exposición. Sus palabras ante la comisión fueron las siguientes:

“Le voy a decir, pero déjeme hablar. Yo no he estado de acuerdo en cosas con usted, ni he interrumpido jamás, pero también tenemos que aprender a discutir amigablemente, pues”, replicó.

La frase generó reacciones inmediatas en el recinto. Entre quienes respondieron con risas estuvo el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien presidía la sesión.

Mesa intervino para calmar los ánimos

Tras el momento de tensión, la mesa de la comisión tomó la palabra para restablecer el orden entre los participantes. Los legisladores recordaron a los funcionarios que cada uno tendría su tiempo para la réplica.

Gálvez retomó entonces su exposición para señalar ante los congresistas que la ley es clara sobre el papel de los fiscales en las investigaciones.

“La verdadera investigación del delito es la investigación preparatoria. Ahí se van a producir los elementos de convicción que van a servir en el juicio oral para la condena”, indicó.

Descartan cualquier tipo de enfrentamiento

Al concluir la sesión, los dos funcionarios salieron a desmentir que el cruce de palabras hubiera derivado en un conflicto institucional. Arriola fue el primero en pronunciarse sobre el tema y subrayó que la relación con el Ministerio Público se sostiene en la cooperación.

El comandante general de la PNP señaló que el objetivo común entre ambas instituciones es el fortalecimiento de la justicia en el país.

“No podemos darnos el lujo de tener un altercado, ni mayúsculo ni controlado, por el contrario me une una gran amistad con el Fiscal de la Nación y con los fiscales con los que hemos trabajado. El triunfo de ambos es el triunfo de la justicia y la sociedad peruana”, expresó.

Gálvez, por su parte, atribuyó la intensidad del intercambio al temperamento de su interlocutor y no a una diferencia de fondo.

“No, ningún altercado. Lo que pasa es que el general es apasionado, nada más. No hay ningún altercado. Al final estamos de acuerdo”, concluyó.

A través de un comunicado, el organismo precisó que las indagaciones deben esclarecer los hechos y garantizar la integridad de las Elecciones Generales 2026.

“Respaldamos la necesidad de llevar investigaciones exhaustivas e independientes, de conformidad con los marcos legales pertinentes, en relación con los acontecimientos ocurridos en la jornada electoral y días posteriores”, indicaron.

Asimismo, la MOE UE señaló que las medidas que se adopten tras la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE deben “priorizar la independencia e integridad de la institución, así como la continuidad del proceso electoral”.

Como se sabe, 150 personas integraron la misión de observadores electorales de la Unión Europea en el Perú.

Según el reporte de Canal N, al retirarse del inmueble, el fiscal Martínez se rehusó a brindar declaraciones a la prensa. Un detalle importante en esta intervención, es que tras el operativo no se observó la salida de cajas con material incautado. El personal policial de la Región Lima, equipado con cascos y escudos antimanifestaciones, permaneció resguardando los exteriores del edificio durante toda la diligencia.

Más temprano, la Dirección contra la Corrupción confirmó mediante fotografías publicadas en sus redes oficiales, que Corvetto se encontraba en su vivienda al momento del allanamiento. El exfuncionario fue visto en pijama y visiblemente sorprendido por la llegada de las autoridades.

El abogado defensor de Corvetto, Ricardo Sánchez, también llegó al inmueble aproximadamente a las 6:10 de la mañana para participar en la diligencia conforme al procedimiento legal.

¿Por qué es investigado Piero Corvetto?

El Ministerio Público investiga a Corvetto y otros exfuncionarios de la ONPE por presunta colusión agravada en el marco de las irregularidades registradas durante las elecciones generales del 12 de abril en Lima Metropolitana. La tesis fiscal sostiene que habría existido un acuerdo para direccionar la contratación del traslado de material electoral a favor de la empresa Galaga, lo que habría desencadenado los problemas logísticos que obligaron a reprogramar la jornada electoral en varios locales de votación de la capital.

El miércoles 22 de abril, la Fiscalía solicitó tanto el allanamiento como la detención preliminar de Corvetto y otros investigados. Sin embargo, la defensa legal del extitular de la ONPE, reveló en RPP que el juez de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, Manuel Chuyo Zavaleta, rechazó la detención al considerar que la Policía y la Fiscalía no presentaron indicios suficientes de peligro procesal. El magistrado determinó que los allanamientos eran suficientes para la búsqueda de los medios de prueba requeridos.

El allanamiento en el domicilio de Corvetto fue parte de un operativo mayor que incluyó la intervención simultánea de 12 inmuebles en distintos puntos de Lima. Entre los otros inmuebles allanados se encuentran las viviendas de José Samamé, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, y Juan Phang Sánchez, quien se desempeñó como subgerente de Producción Electoral.

De acuerdo con información oficial difundida por la Policía Nacional del Perú, se llevaron a cabo un total de 12 allanamientos en distintos puntos. Las intervenciones incluyeron propiedades asociadas a exautoridades de la entidad electoral, así como al representante legal de la empresa involucrada.

🚨 #ÚltimoMinuto | En estos momentos, la @DircocorPNP ejecuta 12 allanamientos, incluyendo inmuebles vinculados al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, exfuncionarios y al representante legal de la empresa Galaga. Por el presunto delito de colusión agravada. pic.twitter.com/OpnPEmTA7e

— DircocorPNP (@DircocorP) April 24, 2026

¿Por qué son investigados los exfuncionarios?

Las pesquisas se desarrollan en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión agravada. Este tipo de ilícito implica la posible concertación indebida entre funcionarios públicos y particulares en perjuicio del Estado.

El fiscal Raúl Martínez lidera las diligencias, las cuales comprenden el registro de inmuebles y la incautación de equipos electrónicos y documentación relevante. Entre los objetos decomisados se encuentran teléfonos móviles, computadoras portátiles y archivos que podrían aportar información clave para el avance del caso.

El operativo se realizó en el marco de un proceso por los presuntos delitos de omisión de funciones y demora de actos funcionales. Estas indagaciones buscan determinar responsabilidades en relación con el retraso en la distribución del material electoral durante la jornada.

Samamé no fue ubicado en Lince

Las autoridades acudieron a la vivienda registrada a nombre del investigado en Lince como parte de las diligencias autorizadas judicialmente. Sin embargo, durante la intervención no se logró ubicar al exfuncionario en dicho inmueble.

Esta situación se replicó en otras direcciones vinculadas a su nombre, donde tampoco se confirmó su presencia. Como se recuerda, este operativo forma parte de un conjunto de medidas destinadas a recabar información relevante para el caso.

Según el reporte de Exitosa, el despliegue se trasladó a un inmueble ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, donde las autoridades continuaron con las acciones de investigación. En ese lugar se encontraba otro trabajador de la ONPE vinculado al caso.

De acuerdo con la información recogida, esta persona habría sido señalada previamente por Samamé Blas como presunto responsable por los retrasos durante entrega de material electora.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | La Fiscalía y la PNP allanaron inmuebles de Juan Phang Sánchez, suspendido funcionario de la ONPE, en el marco de las investigaciones por el caos registrado durante las elecciones.

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— Exitosa Noticias (@exitosape) April 24, 2026

El exgerente de Gestión Electoral presentó su renuncia tras culminar la jornada de votación en medio de cuestionamientos al proceso. Posteriormente fue detenido de manera inicial por disposición fiscal, tras ser vinculado a las irregularidades.

Tras cumplir ese periodo de detención, el investigado quedó en libertad bajo comparecencia. Al cierre de esta nota, Samamé continúa siendo parte de las investigaciones y se encuentra a la espera de nuevas disposiciones por parte del Ministerio Público.

La diligencia se inició a las 6:19 de la mañana con la presencia de un fiscal que acudió al lugar para ejecutar el procedimiento. Según reportó Canal N, en un primer momento no hubo respuesta desde el interior del inmueble pese a los intentos de contacto.

Tras varios intentos, una persona salió desde el segundo nivel del edificio y permitió el acceso de las autoridades. Luego de ello, el representante del Ministerio Público ingresó acompañado por efectivos policiales para continuar con las diligencias.

Minutos después, alrededor de las 6:30 de la mañana, se registró la salida de un individuo del inmueble. La misma persona se dirigió a un vehículo estacionado en las inmediaciones, retiró algunos documentos y volvió a ingresar al local intervenido.

#EnVivo

Defensa pública llegó a local de la empresa Galaga, ubicado en San Juan de Lurigancho. Las autoridades continúan con los allanamientos en 12 inmuebles, por el caso irregularidades en elecciones

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/rdgXbEp0sG

— Canal N (@canalN_) April 24, 2026

Defensa legal de Galaga se presenta ante la sede

Horas más tarde, cerca de las 8:00 de la mañana, llegó al lugar un defensor públioco identificado como Javier Catachura, quien señaló que llegó para asumir la defensa del representante de Galaga. Sin embargo, permaneció por un breve periodo debido a que posteriormente se hizo presente un abogado particular vinculado al caso.

Esta diligencia está orientada a ubicar al representante legal de la empresa intervenida, identificado como Juan Charles Alvarado Fuyo. Hasta el momento de la intervención no se reportó su presencia en el inmueble.

Además de la intervención en San Juan de Lurigancho, se confirmó que existe otra sede de la empresa en la urbanización Villena, en el distrito de Lurín. En el recinto también se vienen desarrollando diligencias similares en paralelo.

Estas acciones se ejecutan de manera simultánea como parte de un operativo más amplio. Las autoridades continúan con el desarrollo de las investigaciones en distintos puntos de Lima Metropolitana.

Según los resultados más recientes, Roberto Sánchez alcanzó 1’925725 votos (12.034%), mientras que el exalcalde de Lima suma 1’905424 (11.907%), lo que deja una diferencia de 20,301 votos.

Conteo ONPE

El ente electoral informó que el procesamiento de actas de la elección presidencial ya se completó. Estas corresponden a las que ingresaron al centro de cómputo y fueron digitalizadas, aunque no todas han sido aún contabilizadas.

Dicho procesamiento se desarrolló en los centros de cómputo de cada una de las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales instaladas alrededor del país.

En cada uno de estos se habilitó un espacio para observadores y personeros de las organizaciones políticas, con acceso durante toda la jornada. “De las cuales 125 procesaron actas del territorio nacional y una (ODPE de peruanos en el extranjero) hizo lo propio con las actas que se recibieron del extranjero”, detalló la ONPE.

De ese total, el 5.574% corresponde a actas observadas por incidencias o inconsistencias que requieren revisión y serán contabilizadas una vez que los Jurados Electorales Especiales emitan su resolución.

Todavía existen más de 4 mil actas enviadas a los JEE para su revisión, las mismas que podrían otorgarle o no más votos al exalcalde de Lima.

Según explicó, el juez encargado del caso determinó que no correspondía dictar una medida restrictiva de libertad. En ese mismo pronunciamiento, se autorizó la ejecución de diligencias como el ingreso a inmuebles vinculados al investigado.

Autorización para allanamientos

El magistrado Manuel Chuyo, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, estuvo a cargo de la evaluación del caso. La resolución permitió que el Ministerio Público continúe con otras medidas de investigación, entre ellas el allanamiento del domicilio del exfuncionario.

Estas diligencias se iniciaron desde las primeras horas de este viernes como parte de un operativo. Este viernes se ejecuta el registro de viviendas relacionadas con otros investigados y personas vinculadas al caso.

El fiscal Raúl Martínez dirige las acciones junto a agentes de la Policía Nacional del Perú. En total, se intervienen 12 inmuebles que incluyen el domicilio de Corvetto, así como los de los exfuncionarios José Samamé y Juan Phang, además del representante legal de la empresa Gálaga SAC.

La investigación se desarrolla por el presunto delito de colusión agravada en perjuicio del Estado. Como parte de las diligencias autorizadas, también se dispuso la incautación de teléfonos móviles, computadoras portátiles y documentación relevante.

🚨 #ÚltimoMinuto | En estos momentos, la @DircocorPNP ejecuta 12 allanamientos, incluyendo inmuebles vinculados al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, exfuncionarios y al representante legal de la empresa Galaga. Por el presunto delito de colusión agravada. pic.twitter.com/OpnPEmTA7e

— DircocorPNP (@DircocorP) April 24, 2026

Pedido fiscal fue presentado días antes

Días antes, el Ministerio Público había formalizado el pedido de detención preliminar contra el exjefe de la ONPE. Esta solicitud fue confirmada por el entonces fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, quien indicó que el requerimiento había sido presentado para su evaluación judicial.

En ese contexto, el titular del Ministerio Público explicó que la decisión final sobre la medida correspondía al juez competente. Asimismo, informó que el investigado entregó a la Fiscalía sus pasaportes peruano e italiano como parte del proceso.

Acciones

El fiscal Raúl Martínez Huamán, de la Fiscalía Anticorrupción, dispuso recabar información clave de los dispositivos, como computadoras y teléfonos móviles, utilizados por el exgerente de Gestión Electoral José Samamé Blas; el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez; la funcionaria de logística, Hilda Otoya Alvarado; el servidor Willian García Velásquez; y la funcionaria Lilia Flores Bancho.

Según el documento, difundido por La República, los implicados deberán entregar sus correos electrónicos, tanto institucionales como personales, incluidos los mensajes enviados, recibidos, en spam y en la papelera. Estas medidas buscan determinar si hubo fallas técnicas o acciones coordinadas que afectaron la votación.

Asimismo, la Fiscalía evalúa determinar si hubo intervención de terceros o eventuales irregularidades al interior de la propia institución. En esa línea, se requirió el registro de visitas externas a la Subgerencia de Producción Electoral y a la Gerencia de Gestión Electoral, desde mayo de 2025 hasta la realización de la primera vuelta.

Más pedidos

También se solicitó la entrega del Plan Operativo Electoral (POE), elaborado por la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, al haber servido para la configuración de los equipos electrónicos utilizados durante el sufragio.

Además, el despacho ha pedido las copias certificadas de las guías de despacho de los 13 colegios donde no se entregó el material electoral y no se pudieron instalar las mesas de votación el 12 de abril.

Hasta el momento, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) tiene una ventaja de 20,458 votos sobre Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Sin embargo, esta no es la primera vez que dos candidatos pelean el voto a voto.

De acuerdo con información revisada por Correo, existen por lo menos cuatro elecciones en el Perú en los últimos 25 años que evidencian que el país es proclive a tener comicios reñidos y definiciones de infarto.

HISTÓRICO

En el año 2006, la primera vuelta presidencial colocó a Ollanta Humala (Unión por el Perú) en segunda vuelta con 3,758,258 votos. Sin embargo, la persona que competiría con el ahora expresidente se definió por poco.

Y es que Alan García Pérez (Partido Aprista Peruano) alcanzó 2,985,858 votos, mientras que Lourdes Flores Nano (Unidad Nacional) obtuvo 2,923,280 votos.

Es decir, solo hubo una diferencia de 62,578 votos entre ambos candidatos.

Mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contaba los votos, no se sabía quién pasaría a segunda vuelta.

Cuando los votos escrutados iban en el 52.7%, Humala Tasso tenía 27.8%, mientras que el segundo lugar era ocupado por Flores Nano con 26.3%, en tanto, García Pérez iba en tercer lugar con 25.6%.

En tanto se conoció que García sería el candidato que pasó a segunda vuelta, se pronunció.

“Siento señalar que al despedirme de esta contienda no lo hago con la certeza de haber sido derrotada en las urnas, sino con la percepción de que mi eliminación se ha labrado en las mesas”, afirmó.

Por otro lado están las segunda vueltas en el Perú. En los años 2006 y 2011, la diferencia de votos entre dos candidatos presidenciales fue de 694,937 y 447,057 votos, respectivamente.

Sin embargo, el panorama cambió en el año 2016.

Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio) pasó a segunda vuelta contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el primero ganó tan solo por una diferencia de 41,057 votos.

RECIENTES

Durante las elecciones de 2021, Keiko Fujimori pasó a segunda vuelta contra Pedro Castillo (Perú Libre).

Solo días después de las elecciones y cuando la contabilidad por la ONPE iba al 99%, la lideresa naranja pidió la nulidad de 200 mil votos bajo el argumento de irregularidades y “fraude en mesa”.

En paralelo, los Jurados Electorales Especiales (JEE) resolvían actas observadas e impugnadas.

Finalmente, el profesor que le ganó con solo una diferencia de 44,263 votos.

El caso más reciente son las Elecciones Generales 2026.

Keiko Fujimori tiene un lugar asegurado para competir en la segunda vuelta, pues alcanzó 2′716,120, es decir, 17.05% de votación. Sin embargo, el segundo lugar se define de a pocos.

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) tiene una ventaja de 20,458 votos sobre Rafael López Aliaga (Renovación Popular), al 94.65% de actas contabilizadas.

Todavía existen 4829 actas enviadas a los JEE para su revisión, las mismas que podrían otorgarle o no más votos al exalcalde de Lima.

Tal como ocurrió en el 2021, esta vez Renovación Popular denunció irregularidades en el proceso electoral, esto debido a la demora en la instalación de mesas porque la ONPE no entregó a tiempo el material electoral.

La agrupación solicita elecciones complementarias para que las personas de Lima Metropolitana que no lograron votar por los hechos antes mencionados, puedan ejercer su derecho.

ANÁLISIS

Para el analista político Juan Paredes Castro, el motivo principal de las elecciones reñidas obedece a la presencia de 35 organizaciones que presentaron a candidatos presidenciales.

“Hemos tenido un fenómeno de fragmentación con 35 partidos y sus candidatos. Es algo que no debería ocurrir porque deberían existir filtros y no permitir un volumen de candidatos de ese nivel”, indicó.

En diálogo con Correo, el experto consideró que así se le quita representación al país y se generan resultados reñidos.

“Cómo es posible que lleguemos a una competencia en segunda vuelta con Keiko Fujimori con 17% y el señor Sánchez con 12%, en la segunda vuelta habrá una estrecha competencia y si alguno gana será con el 51%, porque se obliga a todo el país por candidatos que no los representan”, sostuvo.

Paredes Castro agregó que los resultados reñidos también obedecen a los altos niveles de polarización.

“En la segunda vuelta vamos a tener una elección reñida. Cómo no van a ser reñidas las elecciones si están postulando dos candidatos con una polarización grande”, afirmó.

En el mismo sentido se pronunció el analista político César Campos, quien consideró como primer factor de las elecciones reñidas, el denominado refrán “voto en contra de”.

“En los últimos años hemos visto que se ha dado el fenómeno de arreglar la votación, pues los peruanos votan en contra de determinados candidatos. Por ejemplo, Ollanta Humala no le ganó a Keiko Fujimori en el 2011 por afirmación, sino porque votaron en contra de Keiko”, indicó.

En diálogo con este medio, explicó que la diferencia de menos de 50 mil votos entre dos candidatos no se debe a un voto por convicción o arrastre de masas, sino que más bien es concedido al candidato con menos anticuerpos y que es alimentados por las fuerzas mediáticas.

“Al final la mayoría vota en contra de un adversario. No estamos hablando de votos sólidos”, sostuvo.

Además, Campos consideró que otro factor para tener una votación reñida tiene que ver con el incremento de la oferta electoral.

“Se generan nuevos partidos sin filtros. En el Perú se pretendió hacer reformas para tener elecciones primarias, una copia del modelo Argentino, pero esta modalidad fue eliminadas”, recordó.

Desde su punto de vista, mientras mayor sea la oferta electoral, la gente se siente menos identificada con un partido político.

En esa línea, recordó que durante las elecciones del 2021, Pedro Castillo obtuvo 2,724,752 votos en primera vuelta, mientras que Keiko Fujimori consiguió 1,930,762 votos. Sin embargo, en segunda vuelta ambos pasaron a tener más de 8 millones de votos.

“Estos no son votos efectivos. Sino que se obliga al peruano a decidir entre una persona que no quieren, es un cálculo. No es que despierten una convicción y por ese votan por ellos en segunda vuelta”, aseveró.

A través de una publicación en la red social X, la institución felicitó al país por la decisión, mensaje que también fue difundido por la Embajada de Estados Unidos en territorio peruano.

Según la entidad militar, la incorporación de estas aeronaves permitirá mejorar las capacidades de defensa aérea de la Fuerza Aérea del Perú y reforzar el aporte del país a la seguridad del hemisferio occidental.

“Este acuerdo reafirma nuestro compromiso de apoyar la modernización de la defensa peruana y profundizar la alianza de seguridad entre Estados Unidos y Perú”, señala el pronunciamiento firmado por el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur.

“Felicitamos al Perú por su reciente decisión de adquirir nuevos cazas F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea Peruana. La incorporación de la versión más avanzada del F-16 mejora las capacidades de defensa aérea del Perú y fortalece su contribución a la seguridad en el hemisferio… https://t.co/mYE3DFIbDV

— Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) April 23, 2026

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El pedido fue enviado por María Teresa Cabrera Vega al jefe interino Bernardo Pachas Serrano, luego de una solicitud inicial formulada el 20 de abril de 2026.

Entre los datos requeridos figuran la cantidad total de trabajadores extranjeros, nacionalidad, identificación completa, documento de identidad, modalidad de contratación y el área donde prestan servicios. Según el oficio, hasta la fecha la entidad electoral no había entregado la información solicitada previamente.

La JNJ también pidió la copia completa del expediente técnico vinculado a la compra del inmueble ubicado en la avenida Vía Expresa, en La Victoria, destinado a convertirse en la nueva sede central de la ONPE.

El requerimiento incluye antecedentes administrativos, técnicos y documentales de la adquisición realizada en la gestión anterior.

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Pareja Ríos adelantó que en los próximos días ofrecerá mayores detalles sobre las medidas que desarrollará desde la Cancillería.

También indicó que la propuesta para asumir el ministerio le fue planteada por el mandatario la mañana de este jueves.

El nuevo integrante del gabinete retorna de su retiro para sumarse a la etapa final del Ejecutivo. Durante su carrera diplomática fue embajador del Perú en Chile, Estados Unidos, Suiza y España. A la juramentación acudieron otros ministros de Estado.

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Pacheco Zerga explicó que en la actividad se abordarán temas vinculados al derecho constitucional contemporáneo, entre ellos derechos internacionales, Corte Interamericana, activismo judicial y derechos humanos.

Precisó que su exposición estará centrada en “el nuevo constitucionalismo, el evolucionismo constitucional y la diferencia entre derechos y pretensiones”, advirtiendo que en la actualidad muchas veces se confunden estos dos últimos términos.

Añadió que durante las jornadas se analizarán aspectos que van “desde lo más alto, que es la organización del Estado, hasta los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Asimismo, subrayó que el respeto a la Constitución no solo compete a las autoridades, sino también a la ciudadanía. Así también, resaltó que Arequipa y la UCSM hayan sido escogidas nuevamente como sede del congreso del próximo año. “Se va haciendo una tradición”, apuntó.

CONGRESO

Cabe mencionar que el evento académico reúne a 64 reconocidos especialistas del derecho constitucional provenientes de Italia, Colombia, México, Argentina, Marruecos, Puerto Rico, Guatemala y Perú.

En el primer día participaron reconocidas figuras como: Luca Mezzetti, Antonio María Hernández, Anna Mastromarino, Ernesto Blume Fortini, Víctor García Toma, así como especialistas de amplia trayectoria: Jorge Alejandro Amaya, Sofía Sagüés, Marcelo López Alfonsín, Mónica Gonzales Contró, Gerardo Eto Cruz, Edgar Carpio Marcos, Jorge Luis Cáceres Arce, entre otros expertos nacionales e internacionales.

Entre otros temas a tratar están el Estado de Derecho, la tutela multinivel de los derechos humanos, la constitucionalización del derecho y los desafíos del sistema interamericano de derechos humanos.

VIDEO: PRESIDENTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

También señaló que su agrupación no forma parte de la gestión de José Balcázar y sostuvo que las designaciones ministeriales son decisión exclusiva del Ejecutivo.

La candidata explicó que el funcionario tuvo una relación laboral previa con la congresista Rosángella Barbarán, pero remarcó que ello no implica militancia partidaria.

“Descarte tajantemente que el ministro de Defensa sea una cuota de Fuerza Popular. Él no es militante del partido. Si lo fuese, yo hubiese dicho que nadie participe en este gobierno de transición. Aspiramos a ser gobierno por nuestra cuenta, así es que rechazo esa afirmación”, declaró.

Sobre la coyuntura política, Fujimori adelantó que no respaldará una eventual salida presidencial mediante vacancia.

“No estaría a favor de una opción de vacancia. Creo que no es el momento. Hago un llamado a la calma para que el proceso electoral siga y no hagamos cambios de gobierno en medio de esta segunda vuelta”, manifestó.

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Rospigliosi señaló que, desde su interpretación, la vacancia sería el mecanismo constitucional más adecuado.

Sin embargo, precisó que, si se presenta una moción de censura con las firmas necesarias, esta deberá ser debatida siguiendo el procedimiento establecido. “Si se presenta, habrá que debatirla en el Pleno”, indicó.

También sostuvo que la situación vinculada a la adquisición de las aeronaves habría sido superada tras el cumplimiento del pago acordado, lo que permite continuar con el proceso para la Fuerza Aérea del Perú.

La dimisión del excanciller fue comunicada mediante una carta fechada el 22 de abril de 2026, dirigida al jefe de Estado, en la que expone su desacuerdo con una decisión adoptada recientemente por el Ejecutivo en materia de política exterior.

En el documento, De Zela sostuvo que su salida responde a un cambio de postura del Gobierno en un tema estratégico vinculado a la seguridad nacional.

El requerimiento fue presentado el 1 de abril por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. El Ministerio Público solicita la ejecución de esta medida, en la modalidad de registro histórico, en el marco de la investigación preliminar abierta por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado, a raíz del mencionado caso.

La Fiscalía también solicitó al Poder Judicial la autorización para levantar el secreto de las comunicaciones, en la modalidad de registro histórico, de Gregorio Villalón, Máximo Ramírez, Franco Parodi, Percy Gamonal, Marco Palacios, Yesenia de la Cruz, Julissa Lores, Uber Torres y Gian Franco Meza, todos en calidad de “terceros afectados” dentro de dicha investigación preliminar.

En otro requerimiento presentado el 1 de abril, la Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial la autorización para levantar el secreto bancario del investigado Juan José Santiváñez, así como de los terceros implicados Percy Tenorio, Marco Palacios, Gregorio Villalón, Franco Parodi, Gian Franco Meza y la persona jurídica Asesoría y Proyectos Tenorio SAC, en el marco de la investigación preliminar en curso.

Estos pedidos fiscales fueron presentados ante el despacho del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien fijó dos audiencias virtuales de carácter “privado” para el martes 5 de mayo a las 9:30 a. m. y 11:00 a. m., donde se evaluarán con la participación de las partes involucradas, a fin de emitir una decisión en los próximos días.

El magistrado también ordenó que estos requerimientos fiscales sean puestos en conocimiento de las partes involucradas, a fin de que, en un plazo de tres días hábiles, se pronuncien sobre las medidas solicitadas, ya sea formulando oposición o allanándose a ellas.

EL CASO

El Ministerio Público investiga un presunto esquema de corrupción vinculado al control de la mina El Dorado, en la región Ayacucho. En el marco de este caso, la Fiscalía ejecutó en agosto el operativo “Ícaro 2025”, que incluyó el allanamiento de viviendas de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, de Franco Parodi, así como de abogados del estudio jurídico de Juan José Santiváñez.

Asimismo, el burgomaestre también se refirió a la adquisición de los aviones F-16.

“Yo diría que los compromisos hay que respetarlos. Y ese es el ejemplo claro, efectivamente, de los aviones y por esta crisis ministerial que estamos viendo. Y probablemente siga esa crisis ministerial porque es un gabinete que lamentablemente no está cumpliendo con los acuerdos”, señaló.

“¿Por quién? ¿Encargados por quién? No lo sé. Yo no voy a entrar en especulaciones. Lo que sí tengo que decir es que hay que cumplir con los acuerdos y hay que cumplir con los compromisos”, resaltó.

Además, el burgomaestre respaldó la posibilidad de llevar a cabo elecciones complementarias en Lima Metropolitana, una propuesta impulsada por Rafael López Aliaga.

Sobre ello, precisó que la realización de dichos comicios es competencia del Jurado Nacional de Elecciones, entidad a la que atribuyó un “enorme encargo” que debe ser ejecutado “con solvencia”.

“Las elecciones complementarias se caen de maduras. Se tienen que dar”, afirmó Reggiardo, quien además exhortó al presidente Balcázar a no intervenir en dicho proceso.

“El único autorizado es el ente rector electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones, para que intervenga en este tema. No puede inmiscuirse ninguna autoridad y menos el presidente de la República”, manifestó.

Reggiardo informó además que la Municipalidad Metropolitana de Lima prevé la compra de cerca de 500 cámaras de videovigilancia, que serán colocadas en unidades de transporte público que operan en el distrito de San Martín de Porres, con una inversión aproximada de cuatro millones de soles.

En su canal de YouTube, López Aliaga atribuyó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, la responsabilidad por la falta de material electoral que impidió votar en 13 locales de Lima Metropolitana, lo que llevó a prolongar la jornada hasta el lunes 13.

A juicio del exalcalde de Lima, este escenario dejó a varios ciudadanos sin la posibilidad de votar en la última jornada, por lo que instó al titular del Jurado Nacional de Elecciones a pronunciarse sobre la convocatoria de elecciones complementarias.

“El Jurado Nacional de Elecciones ha tenido que supervisar que todo el material esté a las 7 de la mañana disponible en todas las mesas de votación de todo el Perú y no lo ha hecho. Usted ha debido intervenir y no lo ha hecho”, cuestionó el candidato.

“Señor Burneo, usted tiene que dar una solución. Está siendo cómplice y no da una solución”, añadió.

López Aliaga también se refirió a la sesión de este miércoles del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que se extendió por más de diez horas y en la que se abordaron, entre otros temas, aspectos operativos como la entrega de actas pendientes.

“Están hablando, hablando, pero el país no aguanta mucho más…”, sostuvo.

Asimismo, en dicha sesión estuvo presente el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Bernardo Pachas.

La sesión se reanudará este jueves, y en ese contexto el candidato de Renovación Popular insistió en que se discuta la posible nulidad del proceso electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que ya no quedan actas pendientes en el conteo presidencial, consolidando la diferencia entre los candidatos Roberto Sánchez Palomino y Rafael López Aliaga.

Según el último reporte oficial actualizado al 23 de abril de 2026 a las 02:30 a.m., Sánchez registra 1,917,145 votos válidos (12.035 %), mientras que López Aliaga obtiene 1,898,735 votos válidos (11.907 %).

La diferencia entre ambos candidatos es de 18,402 votos, lo que mantiene a Sánchez en una posición superior en el conteo oficial.

ONPE confirma que no quedan actas pendientes

De acuerdo con el reporte del sistema electoral, el procesamiento alcanza el 94.632 % de actas contabilizadas, correspondiente a un total de 92,766 actas.

Asimismo, el sistema señala que ya no existen actas pendientes, quedando únicamente aquellas que deben ser enviadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su revisión.

Este avance marca una etapa clave del proceso electoral, ya que la ausencia de actas pendientes permite enfocar la siguiente fase en la evaluación de observaciones e impugnaciones.

Diferencia entre candidatos sigue siendo estrecha

El margen de 18,402 votos refleja un escenario competitivo entre los postulantes que se ubican en posiciones cercanas dentro del conteo presidencial.

Mientras continúan los procedimientos electorales, los resultados procesados aún deben ser validados por los Jurados Especiales Electorales y, de ser el caso, por el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene la última palabra en caso de apelaciones.

El proceso electoral se mantiene en desarrollo, a la espera del cierre definitivo del cómputo oficial tras la resolución de actas observadas.