Tras estas declaraciones, el exmandatario José Jerí salió a responder por la adquisición de las cazas norteamericanas Al finalizar su participación en una sesión de la Comisión de Defensa del Congreso, el legislador de Somos Perúsostuvo que la información brindada por el actual jefe de Estado no se ajusta a lo expuesto durante la reunión parlamentaria.

“Justamente salimos de la Comisión de Defensa y ha quedado mucho más claro el escenario lo cual me permite afirmar que lo manifestado por el presidente es totalmente impreciso. Jamás hubo ninguna compra direccionada, a dedo o cualquier calificativo”, explicó a San Juan de Lurigancho TV.

Defiende proceso de adquisición

El exjefe de Estado indicó que durante la sesión también participaron ministros y representantes técnicos de la institución castrense. Según explicó, ellos detallaron cómo se desarrolló la evaluación de las propuestas presentadas por distintos países.

Bajo ese argumento, sostuvo que algunas ofertas no cumplieron con los requerimientos esperados por la Fuerza Aérea. Jerí reiteró que la exclusión de algunos postores respondió al resultado de la evaluación técnica y no a una decisión arbitraria.

“Creo que el presidente ha sido mal asesorado sobre el tema, pero a la luz de todas las participaciones de los ministros, de la parte técnica de la FAP ha quedado sumamente claro que todo ha sido conforme al procedimiento. Se han respetado todas las etapas que tal vez algunos de los postores no hayan podido satisfacer la expectativa de la FAP es muy distinto y el que pierde no va quedarse contento”, indicó.

Por otro lado, afirmó que la Contraloría General de la República participó en el proceso de adquisición. Según remarcó, esta entidad revisó el procedimiento y emitió una opinión favorable.

“La Contraloría también ha participado de este procedimiento y ha dado su visto favorable, entonces todo el procedimiento que viene de años anteriores porque es una compra programada, ha seguido todas las causas formales”, concluyó.

La sesión está programada para iniciar a las 10:00 de la mañana. El encuentro se desarrollará de manera presencial en el Hemiciclo del Pleno y también contará con participación virtual mediante videoconferencia.

Antes de abordar los temas centrales, el grupo de trabajo revisará asuntos administrativos pendientes. Entre ellos se encuentra la aprobación del acta de la quinta sesión extraordinaria y la evaluación de documentos recibidos y remitidos entre el 25 de abril y el 1 de mayo de este año.

¿Quiénes más participarán en esta sesión?

Como parte de la agenda parlamentaria, la comisión citó a representantes de las principales entidades del sistema electoral. El objetivo es analizar hechos recientes vinculados al proceso electoral previsto para el 2026.

Entre los invitados también se encuentran Carmen Velarde Koechlin, titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. (RENIEC) , así como los especialistas en derecho constitucional Domingo García Belaunde y Jorge Luis Cáceres Arce.

Un tema adicional en la agenda

Otro de los puntos incluidos en la sesión será la discusión del predictamen relacionado con el proyecto de ley 14337/2025-CR. Esta iniciativa plantea incorporar en el Código Penal peruano la regulación de los delitos de lesa humanidad.

La propuesta legislativa toma como referencia lo establecido en el Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma. Tras el debate correspondiente, el texto será sometido a votación dentro del grupo parlamentario.

El máximo representante del organismo electoral señaló que Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), “le mintió a todos” al garantizar el proceso electoral. Sin embargo, Burneo también deberá responder. Sin embargo, a diferencia de Corvetto que ya está lejos de la institución, Burneo podrá quedarse para la segunda vuelta, pues el Congreso pasa por agua tibia su situación.

TIEMPOS

El 13 de abril, el congresista Edwin Martínez anunció la presentación de una denuncia constitucional contra Burneo por no garantizar el proceso electoral.

La denuncia pide la inhabilitación por 10 años de la función pública del magistrado.

El documento ingresó oficialmente a la mesa de partes de la Subcomisión el día 16 de abril.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, la Subcomisión tiene un plazo de 10 días hábiles para calificar la denuncia, es decir, determinar si se admite a trámite o se archiva.

Esos 10 días hábiles se cumplieron ayer. Sin embargo, aunque el caso sea visto en esta semana, la Subcomisión suele tardar en resolver denuncias constitucionales.

Si la denuncia llega a ser admitida, pasará a la Comisión Permanente para que evalúe si hay motivos para acusar y elaborar un informe.

De obtener luz verde, la Permanente ordena que la Subcomisión realice una investigación y elabore un informe en un plazo de 15 días.

La Subcomisión debe utilizar ese tiempo para que Burneo formule sus descargos y presente medios probatorios; para convocar una audiencia en la que se debe presentar el denunciante, el denunciado y los testigos, finalmente, se debe elaborar un informe final.

En el documento se debe plantear el archivo del caso o la acusación.

Aunque el tiempo para todo el proceso antes mencionado es de dos semanas, en la práctica, la Subcomisión suele tardar más por la recargada agenda.

Si se va por la acusación y se recomienda, por ejemplo, la inhabilitación del funcionario por determinado tiempo, el texto debe ser ratificado en la Comisión Permanente.

Posteriormente, el mismo documento debe ser expuesto ante el Pleno del Congreso.

Los parlamentarios debatirán y votarán a favor o en contra de una eventual destitución.

Los casos en la Subcomisión suelen tardar en resolverse de dos a tres meses si son una prioridad para el grupo, aunque todo indica que ese no será el caso.

Por ahora, Burneo solo fue citado en la Comisión de Fiscalización, espacio al que acudió el 17 de abril para indicar que su institución, le advirtió a la ONPE sobre las deficiencias que podrían presentarse en el proceso electoral.

#AHORA Presentan denuncia constitucional contra Roberto Burneo, presidente del JNE, con el objetivo de destituirlo del cargo e inhabilitarlo por 10 años de la función pública. pic.twitter.com/z2V15jwK1Y

— Sofía López (@SofiaLopezLl) April 14, 2026

Según el magistrado, “la Junta Nacional de Justicia no se limitó a verificar de manera objetiva la concurrencia de una causal de vacancia”.

En detalle

En la sentencia, el juzgado concluye que se vulneraron derechos fundamentales del demandante, entre ellos el debido proceso.

Agrega que no se respetó la “delimitación previa de la imputación”; es decir, no se precisó con claridad de qué se le acusaba desde el inicio; tampoco se actuó con una competencia material estricta ni se garantizó una “contradicción eficaz”, lo que limitó su derecho de defensa.

Además, advirtió que no hubo una adecuada valoración de sus argumentos ni una decisión “debidamente fundada”.

Sobre la vulneración al derecho al trabajo, el juez Nuñez Matos advierte que la separación de Ruiz Hidalgo del cargo de miembro titular “fue adoptada sin que existiera una base constitucionalmente suficiente para privarlo de la continuidad en el ejercicio de la función”.

“Afectó de manera arbitraria la situación laboral y funcional legítimamente adquirida por el accionante”, señala la resolución a la que accedió Correo.

Cabe recordar que el mencionado juez fue vacado por el Pleno de la JNJ, el 11 de abril de 2025, tras comprobar que ocultó una condena penal por el delito de prevaricato en su proceso de postulación.

El exmiembro omitió informar que había sido condenado por este delito en 2010.

La sentencia de la Sexta Sala Penal de Lima se originó por ordenar en 2004 el embargo de cuentas de empresas vinculadas al Grupo Gloria en un caso laboral. Luego se determinó que no tenían relación con el proceso.

Sin embargo, el premier Arroyo Sánchez solicitó a la comisión que la sesión continúe en carácter reservado para brindar mayores detalles.

Control

La presidenta del grupo de trabajo, Karol Paredes, propuso abordar previamente la información no clasificada del proceso antes de adoptar la reserva. “El tema de las compras, el número de aviones (caza F-16), si estos aviones están en condiciones”, añadió.

El primer ministro tuvo que responder de forma general e inició con la cronología de la compra de los cazas.

“Empezó desde el año 2014, pero específicamente el proyecto de inversión pública se desarrolla desde el año 2022 y más, directamente, desde el año 2025, con una serie de decretos de urgencia”, indicó.

Arroyo precisó que son 24 cazas en total, con el apoyo presupuestal del Congreso.

“Ese cronograma se respetó escrupulosamente desde el inicio hasta el final, que fue el día 22, cuando se canceló la primera parte de 462 millones”, agregó.

Deslinde

José Jerí, congresista y exmandatario, estuvo presente como invitado e intervino durante el debate.

“Este tipo de compras se realiza cada 30 o 40 años”, sostuvo.

Jerí agregó que fue una “compra planificada” vía endeudamiento que involucró a distintas gestiones.

“La decisión política la tomó el gobierno anterior; es decir, mi gobierno, y la decisión ejecutiva se concluyó finalmente en la actual presidencia”, precisó.

El legislador dijo “no arrepentirse de nada” tras los cuestionamientos al contrato con la compañía Lockheed Martin.

Todo indica que el entonces titular del organismo electoral no tomó en cuenta su advertencia, pero tampoco lo hizo con las cuatro alertas que hicieron otras entidades antes y durante la jornada, acerca de los inconvenientes que podrían surgir.

LOS PRIMEROS

El 10 de marzo, un informe de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) alertó sobre los riesgos de ciberseguridad en el sistema de Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) de la ONPE, la herramienta que permitiría agilizar el llenado de las actas electorales.

El informe advirtió que el USB-STAE, dispositivo indispensable para la instalación de mesas de votación y escrutinio, podía ser clonado y utilizado para acceder al sistema sin ningún tipo de restricción.

Por otro lado, el día de las elecciones, Bernardo Pachas, en su calidad de gerente general de la ONPE, recibió un oficio del JNE, en el que se le advirtió que el material electoral no había llegado a locales de votación de los distritos Magdalena del Mar, Surco, Villa María del Triunfo, Miraflores, Surquillo, San Miguel y Villa El Salvador.

EN PARALELO

Otra institución que advirtió a la ONPE sobre los inconveniente que podrían surgir, fue la Contraloría General de la República.

El 24 de marzo emitió una alerta luego de detectar deficiencias críticas en el programa logístico de la ONPE.

El organismo de control advirtió que el plan de distribución de material electoral presentaba vulnerabilidades operativas de cara a los comicios del 12 de abril del 2026.

Las deficiencias se centraron en las condiciones de los conductores y en el cumplimiento de los términos referencias del contrato.

La entidad fiscalizadora otorgó un plazo de dos días para que la institución electoral subsanara las necesidades consideradas de urgencia. Sin embargo, se constató que las observaciones no fueron levantadas en su totalidad.

Unos días antes de las elecciones, la Contraloría le comunicó a la ONPE que existían demoras con Servicios Generales Galaga, empresa contratada para la distribución de material electoral.

El organismo fiscalizador le informó al ente electoral que había retrasos con la empresa, porque no tenían los vehículos necesarios para trasladar el material.

Sobre Galaga se debe mencionar que unos días antes del 12 de abril, hizo una convocatoria en Linkedln para contratar 400 unidades tipo furgón, porque no tenía los vehículos suficientes para la distribución.

El mandatario señaló al programa Sin Rodeos que la administración de Jerí eliminó a los proveedores francés y sueco del proceso para favorecer a la empresa norteamericana y así escoger “a dedo”.

Balcázar reveló que se enteró de las condiciones reales del contrato solo cuando sus ministros de Defensa y Cancillería ya habían renunciado.

La comisión examinará la ejecución del gasto público, los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, la administración de bienes del Estado y el cumplimiento de funciones de autoridades y funcionarios públicos.

“La mayoría de los gobiernos regionales tienen los mismos problemas en cuanto a los expedientes técnicos mal elaborados”, sostuvo la congresista Elizabeth Medina.

El proceso contempla el retiro total del césped sintético, la remoción de 170 butacas, el cambio de techos en tribunas y el refuerzo de columnas con acero.

Sin embargo, los congresistas Guido Bellido y Jaime Quito rechazaron la iniciativa.

“No entiendo la necesidad de realizar este maquillaje antes de retirarse”, indicó Quito al dominical Cuarto Poder.

Ante ello, el Congreso respondió mediante un comunicado oficial.

“El procedimiento se desarrolla con total regularidad y en estricto cumplimiento de la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento”, reza el texto institucional.

Frente a las críticas por supuestas fallas técnicas reportadas por diversos sectores, las autoridades electorales expusieron los resultados de auditorías y explicaron la logística desplegada en zonas rurales para asegurar el derecho al voto.

“Hemos creído por conveniente conversar con ustedes en esta conferencia para tratar tres temas que son de vital importancia y que están dando muchas vueltas en las redes sociales o en las noticias”, manifestó Pachas en el inicio del encuentro con los medios de comunicación.

“El primero es el STAE, la solución tecnológica que implementamos para el 12 de abril y luego vamos a hablar sobre la auditoría que contratamos para los servicios tecnológicos y finalmente vamos a hablar sobre las mesas de los centros poblados, las famosas mesas 900,000”, añadió.

Los voceros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales señalaron que la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), creada para agilizar el conteo de votos y disminuir las actas observadas, pasó por una auditoría externa a cargo de la empresa MIT Corporation del Perú.

Roberto Montenegro, gerente de informática, indicó que los sistemas de cómputo y la seguridad del software fueron evaluados bajo estándares internacionales como la ISO 27001 y marcos de ciberseguridad como el NIST CSF.

De acuerdo con el reporte técnico, los hallazgos críticos relacionados con funcionalidad y seguridad fueron subsanados antes de la culminación del proceso, precisó el funcionario.

“Los hallazgos remanentes no afectan la integridad, la disponibilidad ni confiabilidad de los sistemas y a la fecha no se registran hallazgos de funcionalidades [....] que comprometan el adecuado funcionamiento de las soluciones”, sostuvo Montenegro.

Por su lado, Fernando Zapata, subgerente de Gobierno Digital, explicó que el kit STAE, integrado por una laptop e impresora, opera de manera desconectada, por lo que no necesita conexión a internet para su funcionamiento básico en mesa.

Zapata brindó estas explicaciones en respuesta a reportes de prensa que advertían dificultades en la instalación del sistema debido a la falta de conectividad.

El funcionario resaltó que la implementación del STAE en Lima y Callao permitió reducir de manera significativa las actas observadas, que alcanzaron apenas el 4% en comparación con el sistema convencional.

En relación con las denominadas mesas 900 mil, la especialista Gloria Periche explicó que se trata de mesas de sufragio inclusivas instaladas en centros poblados, comunidades campesinas y nativas alejadas de los centros urbanos.

Estas mesas, que operan en el sistema electoral peruano desde hace dos décadas, tienen como objetivo evitar que los ciudadanos en situación de vulnerabilidad deban realizar largos desplazamientos para ejercer su derecho al voto, precisó la funcionaria.

Periche dijo que el número de serie constituye únicamente una codificación administrativa utilizada para diferenciar estas mesas de las urbanas dentro del sistema de cómputo.

“Es solamente para un tema de diferenciación, no tiene otro motivo”, resaltó.

La funcionaria precisó que la instalación de estas mesas se realiza a pedido de autoridades locales, como alcaldes de centros poblados o apus de comunidades nativas, quienes deben acreditar el cumplimiento de requisitos territoriales y poblacionales.

Pese a los resultados positivos del STAE en la reducción de errores, Bernardo Pachas informó que este sistema no será empleado en la segunda vuelta electoral prevista para junio.

La decisión se sustenta en que, al tratarse únicamente de dos candidatos presidenciales, el proceso de escrutinio resulta más simple e intuitivo para los miembros de mesa, por lo que se considera innecesario un despliegue tecnológico complejo.

“Entonces, vamos a salir en esta segunda vuelta solamente con papel convencional”, aseguró Pachas.

Finalmente, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales admitió, ante las consultas de la prensa, que fue informado el mismo día de la jornada electoral sobre retrasos en la instalación de mesas, lo que derivó en la ampliación del horario de votación.

Para subsanar estas deficiencias logísticas, la institución dispuso el reemplazo de funcionarios en la gerencia y subgerencia de operaciones, con el objetivo de garantizar una ejecución más eficiente en la etapa final del proceso electoral.

De acuerdo con la Municipalidad de Lima, el recurso busca dejar sin efecto el acuerdo del pleno que desestimó la convocatoria a nuevos comicios. El alcalde sostiene que existe una afectación de competencias que impacta directamente en la voluntad popular expresada en las urnas de la capital.

La demanda fue presentada esta tarde en mesa de partes, bajo el patrocinio legal del jurista Gerardo Eto Cruz. Renzo Reggiardo enfatizó que su posición no responde a una motivación política, sino a un acto de dignidad orientado a garantizar el respeto legal de los votos ciudadanos.

El documento ingresado, correspondiente al expediente de demanda competencial, sostiene que se habrían vulnerado derechos fundamentales. Desde la gestión municipal se busca que el Tribunal Constitucional del Perú actúe como instancia de arbitraje frente a lo que consideran un recorte grave de facultades institucionales.

Cumpliendo con su palabra, el alcalde @Renzo_Reggiardo, en representación de la @MuniLima, presentó ante el @TC_Peru la demanda competencial por menoscabo de atribuciones constitucionales. “Defender el derecho al voto no es un acto político, es un acto de dignidad democrática”.… pic.twitter.com/qSAPCZFnAA

— Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 4, 2026

Cabe recordar que anteriormente el burgomaestre ya había presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial por los mismos hechos. Esta estrategia paralela busca resguardar el derecho al voto libre de miles de vecinos que habrían sido afectados por el retraso en la instalación de las mesas de votación.

El alcalde negó cualquier intención de favorecer a determinados candidatos, descartando así cuestionamientos sobre su imparcialidad. Además, afirmó que no tiene previsto participar en próximas contiendas electorales y que su enfoque estará en asegurar condiciones adecuadas para futuros procesos electorales.

La decisión judicial, emitida el 29 de abril por el magistrado Juan Carlos Núñez Matos, responde a un proceso de amparo interpuesto por Ruiz Hidalgo para solicitar la nulidad de las resoluciones administrativas que dispusieron su salida de la Junta Nacional de Justicia.

El fallo concluye que el organismo encargado de la selección de jueces y fiscales vulneró derechos fundamentales como el debido proceso, el trabajo y el acceso a la función pública al atribuirse facultades que pertenecen exclusivamente al ámbito penal.

La sentencia dispone la nulidad total de la Resolución N.° 103-2025-JNJ, con la que se dio inicio al procedimiento; de la Resolución N.° 149-2025-JNJ, que declaró la vacancia; y de la Resolución N.° 172-2025-JNJ, que dio por agotada la vía administrativa al rechazar el recurso de reconsideración presentado por el afectado.

El juez Juan Carlos Núñez Matos otorgó a la Junta Nacional de Justicia un plazo máximo de cinco días hábiles para ejecutar la reposición de Rafael Manuel Ruiz Hidalgo en su cargo, garantizando el pleno ejercicio de sus funciones institucionales.

El caso se originó en marzo de 2025, cuando el programa Punto Final difundió que Rafael Manuel Ruiz Hidalgo registraba una sentencia por el delito de prevaricato dictada en el año 2010.

Pese a que el expediente penal fue archivado de manera definitiva en 2020 y a que el demandante no contaba con antecedentes penales al momento de su postulación y posterior nombramiento en 2024, la Junta Nacional de Justicia decidió vacarlo al considerar que existía un impedimento constitucional insalvable.

No obstante, el Poder Judicial concluyó que la institución administrativa efectuó una interpretación extensiva y arbitraria de las normas penales para sustentar la salida del miembro titular.

El juzgado precisó que la JNJ se habría arrogado facultades que no le correspondían, al evaluar cómo la entidad intentó determinar los efectos de una condena ya prescrita.

Asimismo, el juzgado remarcó que la JNJ no contaba con competencia para determinar si Ruiz Hidalgo cumplió o no con las reglas de conducta ni con el pago de la reparación civil de su condena anterior, al tratarse de una función exclusiva del juez de ejecución penal.

Al realizar ese análisis, el juzgado sostuvo que el procedimiento administrativo se desnaturalizó y pasó a convertirse en un “procedimiento híbrido” no contemplado por la ley, lo que habría afectado la seguridad jurídica del demandante, según detalla el fallo.

“El alcalde, como cualquier otro ciudadano, está en su derecho de pronunciarse”, manifestó a la prensa.

Fujimori, quien realizó una actividad proselitista en el asentamiento humano Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres, sostuvo que la evaluación técnica y legal sobre una posible infracción a las normas de neutralidad electoral no corresponde a los actores políticos.

“Le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitir la última decisión”, indicó.

La postulante también reconoció que su partido brindó apoyo a Rafael López Aliaga “con nuestro comando de personeros dándole la información que ellos necesitan” en el actual proceso.

Tras ser consultada respecto a la “auditoría informática integral y exhaustiva” a la primera vuelta de las elecciones generales anunciada por el Jurado Nacional de Elecciones, Keiko Fujimori consideró que “sería importante que una mirada internacional y objetiva pueda participar” en dicho proceso de revisión.

Sobre su eventual participación en la marcha convocada por López Aliaga para el próximo 6 de mayo, en rechazo a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de no convocar a elecciones complementarias, la postulante fue clara al señalar que prefiere no exponerse a agresiones verbales.

“Nosotros hemos respaldado alguno de los pedidos que ha hecho el señor Rafael López Aliaga (...). Ya que a mí me han insultado varias veces, creo que lo prudente sería seguir dando mis respaldos de lejos, no que me insulten directamente”, finalizó.

El expresidente intervino durante la sesión de la Comisión de Defensa Nacional, a la que asistió el premier Luis Arroyo junto a otros ministros, para referirse a este proceso de compra, el cual también se desarrolló durante su breve gestión de gobierno.

“Que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que este ha sido un proceso correcto y conforme a procedimiento. Lo demás son comentarios y especulaciones. Lo cierto es que debemos ser responsables en cómo nos expresamos en torno a temas tan sensibles para nuestro país”, expresó Jerí.

De acuerdo con el congresista, la adquisición de los aviones F-16 respondía a una necesidad estratégica y formaba parte de una planificación de las Fuerzas Armadas vigente desde 2014, contemplada a nivel presupuestal.

“Esto ha sido un proceso de compra planificada, proyectada a nivel presupuestal mediante endeudamiento y, además, los actos previos se dieron en años anteriores; la decisión política la tomó el gobierno anterior, es decir, mi gobierno, y la decisión ejecutiva se concluyó finalmente en la actual presidencia del presidente Balcázar; se han cumplido todos los procedimientos”, agregó.

El exmandatario sostuvo que el presidente José María Balcázar pudo postergar o modificar el acuerdo de compra de los aviones si convocaba al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) para debatir esa posibilidad, lo cual —según indicó— no ocurrió.

“Si el presidente Balcázar hubiese deseado modificar, postergar o tomar cualquier tipo de decisión con respecto al proceso de compra en curso, hubiera convocado al Cosedena (Consejo de Seguridad y Defensa Nacional) y por intermedio de ese espacio tomar una decisión distinta... Él pudo haber cambiado de decisión mediante el Cosedena. Entiendo que no lo hizo y, al no hacerlo, valida todo el procedimiento de compra, más allá de los decretos supremos que él ha firmado y que son de público conocimiento”, manifestó.

La reunión, cuenta con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; el canciller Carlos Pareja; y el ministro de Defensa, Amadeo Flores.

Dicha citación busca conocer el estado actual de las negociaciones orientadas a recuperar las capacidades operativas de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en línea con los anuncios realizados por el Ejecutivo el pasado 17 de abril.

La sesión se realiza luego de que la semana pasada se frustrara un primer intento de abordar el tema, debido a la inasistencia de los ministros de Estado por razones de fuerza mayor. Según la agenda parlamentaria, los funcionarios deberán exponer los avances técnicos y financieros del proceso de adquisición de estas aeronaves de última generación, contempladas dentro de un plan integral de modernización de las Fuerzas Armadas.

El interés del grupo de trabajo, presidido por la legisladora Karol Paredes, se centra en garantizar la transparencia de los montos de inversión y los plazos de entrega establecidos en los contratos internacionales para la renovación de la flota aérea nacional.

Además del tema logístico militar, el ministro de Defensa, Amadeo Flores, presentará un informe detallado sobre los recientes hechos ocurridos en el distrito de Colcabamba. El caso involucra a miembros de las Fuerzas Armadas y está vinculado a la muerte de cinco personas en circunstancias que están en investigación.

El titular de dicho sector solicitó acudir ante la comisión para exponer los avances preliminares de las pesquisas y las acciones adoptadas por el comando militar tras los incidentes. Con ello, el Parlamento busca esclarecer eventuales responsabilidades y asegurar el cumplimiento de los protocolos de derechos humanos en las zonas de intervención de la fuerza pública.

Perfil

Lizarzaburu Bolaños es ingeniero industrial de profesión por la Pontificia Universidad Católica del Perú, desde 2005.

Asimismo, es magíster en Investigación en Ciencias de la Administración desde 2012 y obtuvo el grado de doctor en Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid en 2023, según registra la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Edmundo Lizarzaburu también es vicepresidente del directorio de Perúpetro desde julio de 2025.

El nuevo directorio está formado también por Carlos Linares Peñaloza, como vicepresidente; Richard Almerco Soto y Julio De La Rocha, como directores; y Berthin Gómez, como director independiente.

Además están Néstor Herrera, representante titular de los trabajadores, y Luis Camino, representante suplente.

Crítica

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, cuestionó el patrón de cambios en la conducción de Petroperú.

“Este es el tercer presidente Petroperú en la gestión Balcázar, tercero. Llegó uno que tenía aparentemente planes serios; duró tres semanas, lo sacaron. Nombraron al siguiente, ahora también lo sacan”, precisó.

El economista también realizó una evaluación sobre la situación actual de la compañía. “Una empresa con los números que tiene Petroperú hoy día, básicamente, no tiene valor”, sentenció.

El partido Juntos por el Perú acudió al Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 para denunciar al alcalde por una presunta vulneración a las normas que rigen la conducta de las autoridades públicas durante los procesos electorales. La agrupación argumentó que las declaraciones y gestiones de Reggiardo favorecen indebidamente a sectores políticos en medio de la campaña electoral en curso.

Ante la consulta sobre si sus acciones constituyen una infracción al marco normativo vigente, Reggiardo rechazó los cargos y aseguró que nunca se dirigió a ningún grupo político.

“No se ha infringido en absoluto, yo en particular, ninguna norma que afecte la neutralidad electoral. No me he referido en ningún momento, ni siquiera en este instante, a ninguna agrupación política, a ningún candidato.”

#EnVivo

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima: Hoy me dirijo a ustedes con la seriedad de quien actúa conforme a sus principios y con la firmeza de quien no está dispuesto a callar frente a los abusos que afectan los derechos fundamentales de millones de peruanos

Mantente informado… pic.twitter.com/ViFLgvOzTp

— Canal N (@canalN_) May 4, 2026

Defiende derecho al voto

El burgomaestre limeño sostuvo que sus gestiones responden al ejercicio legítimo de su cargo como representante de los vecinos de Lima Metropolitana. Según su argumentó, tiene la plena facultad para actuar en defensa de los ciudadanos que no habrían emitido su voto en los comicios del 12 de abril debido a fallas logísticas en la instalación de mesas de votación.

Al ser consultado sobre los límites de su intervención en el proceso electoral, el alcalde subrayó que sus acciones no persiguen ningún fin político partidario.

“Ambos tienen un objetivo claro y legítimo, defender los derechos de los limeños y de todos los ciudadanos que hoy ven amenazadas garantías esenciales consagradas en nuestra Constitución Política del Perú”, comentó.

¿Qué recursos presentó el alcalde de Lima?

Reggiardo formalizó dos medidas legales para revertir el fallo del JNE que declaró inviable la repetición de los comicios en Lima. La primera es una acción de amparo interpuesta ante la Corte Superior de Justicia de Lima, y la segunda es una demanda competencial presentada ante el Tribunal Constitucional para solicitar la nulidad de la resolución del organismo electoral.

El alcalde precisó que ninguna de estas acciones guarda relación con el proceso de elección de autoridades en curso. Asimismo, insistió en que la defensa del sufragio de los ciudadanos afectados constituye una obligación institucional que va más allá de cualquier cálculo electoral.

La Junta Nacional de Justicia informó que ha recibido 2,664 denuncias ciudadanas relacionadas con los hechos ocurridos durante la jornada electoral del pasado 12 de abril de 2026.

Según el comunicado oficial, estas denuncias se encuentran actualmente en evaluación, en el marco de los procedimientos disciplinarios que rigen a la institución.

🚨 #AHORA | La Junta Nacional de Justicia informa a la opinión pública lo siguiente. pic.twitter.com/ce7VtTy8NH

— Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) May 4, 2026

Investigaciones en curso bajo marco legal

La entidad precisó que los casos son analizados conforme a la Constitución Política del Perú, así como a las leyes y reglamentos vigentes, garantizando el debido proceso y la objetividad en cada investigación.

Asimismo, indicó que continúa la investigación preliminar contra Piero Corvetto Salinas, en su condición de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en relación con las competencias constitucionales del organismo.

Decisiones del Pleno

El comunicado también señala que el Pleno de la JNJ declaró la nulidad de oficio de un acuerdo previo vinculado a la ratificación de la fiscal Gladys Maruy Fernández Portocarrero.

Además, se dispuso la adopción inmediata de medidas administrativas frente a los funcionarios que resulten responsables tras las investigaciones.

La autoridad municipal señaló que su decisión responde a la ausencia de condiciones que garanticen un proceso electoral verdaderamente transparente e imparcial.

“No postularé a ningún cargo de elección popular en las condiciones actuales. Tomo esta decisión porque considero que hoy no existen las garantías necesarias para participar en un proceso verdaderamente transparente e imparcial.”, afirmó.

#EnVivo

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima: Quiero anunciar que no postularé a ningún cargo de elección popular en las condiciones actuales. Hoy no existen las garantías necesarias para participar en un proceso verdaderamente transparente e imparcial. No permitiré que se utilice… pic.twitter.com/HaTG4NxqAL

— Canal N (@canalN_) May 4, 2026

Niega motivaciones electorales en sus acciones legales

Reggiardo también explicó que con este anuncio busca despejar cualquier interpretación interesada sobre sus recursos legales. El alcade indicó que no permitirá que sus acciones sean leídas como maniobras con fines electorales, y subrayó que actúa por convicción y compromiso con la ciudadanía, no por ambición política.

“No permitiré que se utilice el argumento fácil y recurrente de que estas acciones legales responden a intereses electorales o ambiciones... Existen ciudadanos que entendemos el servicio público como un deber moral y no como un negocio”, expresó.

El burgomaestre limeño cuestionó duramente a las instituciones encargadas de arbitrar el proceso electoral. Asimismo, sostuvo que algunas autoridades han mostrado “inacción, complacencia o incluso cercanías con sectores que buscan perpetuarse en el poder mediante ventajas indebidas”, algo que a su juicio distorsiona la voluntad popular y pone en riesgo la legitimidad del sistema democrático.

Recursos ante el TC y el Poder Judicial

Reggiardo reafirmó que los dos recursos presentados tienen como objetivo defender las garantías constitucionales de los limeños, en especial el derecho a votar en condiciones justas e imparciales. Enfatizó que defender el voto “no es un acto político-electoral, sino un acto de dignidad democrática”.

El alcalde cerró su intervención con un llamado a los peruanos a mantenerse alertas frente a lo que denominó prácticas que manipulan la voluntad popular. Reggiardo reiteró su postura de ejercer hasta el último momento su responsabilidad como representante, incluso si eso implica enfrentar a instituciones con mayor poder político.

Durante una visita al penal de Huaral, el titular del sector explicó que cada caso es evaluado de manera exhaustiva antes de cualquier decisión.

“Los peligrosos tienen que estar en los penales”, enfatizó el ministro para Andina.

Hacinamiento supera capacidad del penal

En su recorrido, Jiménez constató que el establecimiento alberga aproximadamente 3,500 internos, pese a contar con una capacidad cercana a 1,000 plazas.

El ministro advirtió que esta situación dificulta el control y la seguridad dentro de los centros penitenciarios.

“Existe un hacinamiento que complica el trabajo de prevención del delito y el orden dentro de los penales”, indicó.

Evaluación rigurosa para beneficios penitenciarios

El titular de Justicia explicó que el proceso incluye:

• Revisión de expedientes
• Evaluaciones psicológicas y legales
• Análisis de la conducta del interno

La decisión final, precisó, corresponde al Poder Judicial, lo que garantiza un filtro adicional en los casos.

Programas de resocialización en el penal

Durante la visita, también supervisó talleres productivos y programas de reinserción social impulsados por el Instituto Nacional Penitenciario.

Estas iniciativas permiten a los internos realizar actividades laborales y reducir parte de su condena.

Entre ellas destacó el programa cultural “Orquestando”, orientado a la formación musical.

La solicitud presenta este lunes ante la Comisión de Educación contempla recursos adicionales que permitirían ampliar la cobertura de beneficiarios en la próxima convocatoria. Según lo planteado por el sector, el objetivo es atender a estudiantes que buscan acceder a estudios superiores y de posgrado.

¿Para qué servirá este presupuesto?

La titular del sector de Educación explicó la distribución de los recursos solicitados. Según indicó, una parte del financiamiento está destinada a estudios de pregrado y otra a programas de posgrado en el extranjero.

“Para poder atender a 5.316 becarios más, se ha solicitado un presupuesto de 105 millones y para la Beca Generación del Bicentenario se ha solicitado 14 millones para poder subvencionar a entre 147 y 150 nuevos becarios”, explicó.

La funcionaria precisó además que el presupuesto actual permite cubrir las becas ya asignadas en el proceso vigente. El nuevo requerimiento está orientado a una convocatoria adicional que busca ampliar el alcance de ambos programas.

¿Cómo funcionan los programas de becas?

Beca 18 financia estudios de pregrado en universidades e institutos públicos y privados dentro del país. Por su parte, la Beca Generación del Bicentenario cubre estudios de maestría y doctorado en instituciones del extranjero.

El Ministerio de Educación señaló que, de aprobarse los recursos solicitados, se podrá ejecutar una nueva convocatoria este año. Esta medida permitiría incrementar el número de jóvenes beneficiados en ambos programas.

La ministra también informó que el Pronabec atraviesa un proceso de reestructuración interna. Este proceso incluye la revisión del diseño de los principales programas de becas.

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Durante una entrevista en Exitosa, Araya consideró que este tipo de planteamientos no tienen sustento y advirtió que elevan innecesariamente la tensión entre ambos países. En ese contexto, calificó la propuesta como alejada de la realidad política y regional.

Rechaza guerra entre Perú y Chile

El parlamentario chileno rechazó la posibilidad de un enfrentamiento armado entre ambas naciones. En su análisis sostuvo que los conflictos entre Perú y Chile deben resolverse por la vía institucional y no mediante la confrontación.

El diputado también calificó las declaraciones de Antauro Humala como desproporcionadas. En esa línea señaló que no aportan a la estabilidad ni al diálogo entre los países vecinos.

El parlamentario cuestionó el planteamiento de una salida militar a los diferendos históricos. En ese sentido afirmó que “son declaraciones delirantes que no se condicen con la realidad ni con el interés de nuestros pueblos”.

Según explicó, estas afirmaciones del líder etnocacerista corresponden a discursos extremos que no deben ser normalizados en un debate público.

“Por lo tanto, digo, que esos liderazgos que invocan ese tipo de soluciones tienden a estrellarse con la realidad. Por eso le digo que más allá de las declaraciones rimbombantes, ridículas, cantinflescas del señor Humala, la agenda común que nosotros tenemos que es el desarrollo de nuestros países, una de las variables del desarrollo hoy día es la seguridad y si no somos capaces de tener seguridad macroregional es poco probable que nos transformemos en un destino atractivo para inversiones”, señaló.

Problemas comunes que comparten Perú y Chile

Más allá de la controversia, Araya abordó también la necesidad de mantener una relación estable entre ambos países. Señaló que Perú y Chile enfrentan desafíos similares vinculados a seguridad y migración.

El parlamentario explicó que el crimen organizado y la movilidad humana irregular son problemas compartidos en la región. En ese marco, consideró que la cooperación entre Estados es clave para enfrentar estas situaciones.

“Y nosotros tenemos problemas graves, lo hemos tenido en todos los países de América Latina, Ecuador, Perú, Chile, fundamentalmente Bolivia, con el arribo de células del tren de Aragua bajo distintas denominaciones, que es un clan internacional transnacional que nace en Venezuela”,explicó.

El mandatario sostuvo que la operación se habría concretado sin la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, señaló que la decisión se habría tomado en un contexto de discrecionalidad que compromete la transparencia del procedimiento.

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¿Cómo se concretó la compra?

Balcázar indicó que la adquisición se habría definido en una etapa de selección entre propuestas de distintos países. En ese proceso habrían participado alternativas de Francia y Suecia antes de optar por el proveedor estadounidense.

De acuerdo con su explicación, la decisión final habría favorecido a la empresa Lockheed Martin. El contrato se habría estructurado bajo condiciones de reserva que limitaron el acceso a información del proceso.

“Cuando se presentó el punto de quiebre y se tenía que decidir si se compraban aviones franceses, suecos o americanos, el gobierno de Jerí acordó que ese proceso se termine. Y ahí acuerdan que se debe comprar solamente a los americanos. Los F-16”, aseguró.

Observaciones sobre el procedimiento

El jefe de Estado afirmó que la compra se habría formalizado mediante una disposición interna de carácter confidencial. Esta medida habría establecido que solo las partes involucradas directas conocieran los detalles de la transacción.

Además señaló que este esquema habría reducido la intervención de los mecanismos habituales de fiscalización. En ese sentido, cuestionó la ausencia de un concurso público para una operación de gran magnitud.

El valor total de la operación ascendería a aproximadamente 3,500 millones de dólares. Según lo informado, ya se habría efectuado un adelanto de 462 millones de dólares al fabricante.

El mandatario sostuvo que existen márgenes para revisar los términos del contrato. Incluso mencionó la posibilidad de reducir la cantidad de aeronaves adquiridas en una eventual renegociación.

¿Qué pasará con el contrato?

Balcázar indicó que el próximo gobierno tendría la facultad de evaluar la continuidad del acuerdo. Señaló que la decisión final podría implicar su validación o modificación.

En ese contexto, sostuvo que existen elementos legales que permitirían replantear la operación. Afirmó además que la revisión dependerá de la evaluación de la nueva gestión estatal.

Entre los visitantes más resaltantes figuran el exministro de Trabajo, Íber Maraví; el extitular de Defensa, Walter Ayala; y el exfiscal José Domingo Pérez.

El dominical Punto Final reveló que el registro de visitas a la prisión, donde Castillo cumple una condena de más de 11 años por golpista, se incrementó desde la primera vuelta.

Al ser consultado por diario El Comercio sobre lo dicho por Piero Corvetto, entonces presidente del Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien afirmó el viernes 10 de abril que el proceso electoral estaba garantizado, Burneo apeló a que “Corvetto mintió”

“El 11 de abril seguimos advirtiendo la demora. La respuesta de la ONPE fue ´ya lo solucioné, a las 12 de la noche llega todo el material”, dijo.

Sin embargo, para expertos consultados por Correo, el máximo representante del organismo electoral sí tiene responsabilidad en los hechos ocurridos el 12 de abril.

ANÁLISIS

Para José Tello, experto en temas electorales, Burneo no solo debió haberse quedado con las declaraciones que dio Corvetto sobre las garantías del proceso electoral, sino que debió desplazar a sus fiscalizadores a nivel nacional para garantizar que el material electoral se haya distribuido en todos los puntos.

“Claro que sí tiene responsabilidad. La fiscalización y la garantía de la legalidad la tiene el JNE, no la ONPE”, indicó.

Desde el punto de vista del exministro, Burneo no actuó de buena fe, además, incumplió con su deber funcionar.

“Él no puede creer solo porque el señor Corvetto haya dicho que todo está en orden. Me sorprende la manera en que está acomodando las cosas, porque él también es responsable”, cuestionó.

Jorge Jáuregui, abogado en derecho electoral, se pronunció en el mismo sentido.

“Al señor Corvetto y Burneo les alcanza la responsabilidad política, más no administrativa. Los jefes son los que asumen los cuestionamientos”, precisó el experto.

En ese sentido, mencionó que el JNE envía fiscalizadores para supervisar el material electoral siguiendo la planificación que realizó la ONPE.

“El JNE debe ser un garante de la voluntad popular. No es portavo de las posiciones de alguna candidatura presidencial en particular”, aclaró.

Carta

En los últimos días se difundió una carta enviada por el postulante presidencial en 2021 a Nicolás Maduro, en la que planteaba un acercamiento político y destacaba la figura de Hugo Chávez.

“Reciban desde Juntos por el Perú, nuestros Apus y Pachamama los saludos y abrazos fraternos al pueblo bolivariano y a todos sus líderes. Nuestra memoria y espíritu estará siempre incólume con el comandante Hugo Chávez Frias”, reza el documento.

En el mismo texto, el candidato expresa su respaldo al denominado proceso bolivariano y reitera su voluntad de cooperación y solidaridad, al afirmar que “la unidad mayor siempre será el horizonte”.

Finalmente, Sánchez señaló que su proyecto político en el Perú busca articularse con la denominada “patria grande latinoamericana” y expresó su expectativa de establecer una interlocución con el gobierno venezolano.

“Desde la realidad peruana y su crisis histórica más crítica estamos construyendo un proyecto patriótico y popular que nos funde a la patria grande latinoamericana. Hermanos aguardamos una pronta interlocución fraterna y solidaria entre nuestros proyectos y horizontes”, resaltó.

Postura

A estas expresiones se suman diversas declaraciones que el candidato ha dado en los últimos años sobre Venezuela, su Gobierno y el chavismo.

En enero de 2020, cuando postulaba al Congreso, Sánchez fue consultado en RPP sobre la situación en Venezuela.

Durante la entrevista evitó calificar directamente a Nicolás Maduro como dictador y optó por describirlo como parte de un “régimen autoritario” con una fuerte presencia del poder militar.

Ante las reiteradas preguntas del periodista Jaime Chincha para que precise si se trataba de una dictadura, el entonces candidato mantuvo esa misma línea.

“No es un demócrata”, reconoció, aunque insistió en no utilizar ese término y reiteró que se trataba de un régimen autoritario.

Incluso, al ser confrontado por la diferencia entre ambos conceptos, Sánchez sostuvo que existe un “afán de querer caracterizar y definirse” y centró su respuesta en la crisis que atraviesa la población venezolana.

Un año después, en enero de 2021, ya en campaña, Sánchez volvió a pronunciarse sobre el escenario venezolano en una entrevista a El Comercio.

En esa ocasión, calificó al detenido expresidente venezolano como un “líder desafiante” que “ha sabido dar la cara” en medio de lo que consideró un “bloqueo económico”, y sostuvo que su gobierno responde a la decisión interna de ese país.

“Hoy su país lo ha elegido, es un presidente constitucional”, afirmó.

Consultado por las denuncias de represión en Venezuela, evitó emitir una condena directa y reiteró que corresponde a los propios venezolanos enfrentar sus desafíos, al señalar que el Perú “no tiene injerencia” en ese proceso.

Más adelante, en agosto de 2024, tras la decisión del gobierno peruano de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y desconocer los supuestos “resultados oficiales”, que daban como ganador a Nicolás Maduro, Sánchez cuestionó esa postura mediante sus redes sociales.

“Presidente no electo de Perú (Dina Boluarte) ‘reconoce’ a candidato no electo de Venezuela. Cuando gana la izquierda es sospecha de fraude, si gana la derecha es gobernabilidad y democracia”, escribió en la red social X.

En diciembre del mismo año, durante una entrevista en el programa Octavo Mandamiento de Canal N, Sánchez descartó que la situación en Venezuela pueda calificarse como una dictadura.

“No es una dictadura, más bien puede haber una crisis política”, sostuvo.

Añadió que es “difícil” encasillar al país entre democracia o dictadura y planteó la necesidad de impulsar cambios en aspectos económicos y humanitarios.

No obstante, indicó que discrepa con los modelos que permiten la permanencia indefinida en el poder. “Yo no creo en presidentes eternos, yo no creo en ese tipo de modelo de democracia”, afirmó.

Ya en 2026, tras la operación militar de Estados Unidos (EE.UU.) en Venezuela, que terminó con la captura de Maduro y su traslado a una prisión en Nueva York, el candidato de Juntos por el Perú volvió a pronunciarse sobre ese país y rechazó lo que calificó como una agresión contra su soberanía.

“Levanto mi voz con firmeza para rechazar categóricamente cualquier agresión militar contra Venezuela. No aceptamos amenazas, invasiones ni guerras disfrazadas de ‘democracia’”, publicó en su cuenta de Facebook.

Chavismo

Estas posiciones también encuentran eco en su propuesta política. En su plan de gobierno, Juntos por el Perú plantea la construcción del denominado “poder popular” como eje de organización del Estado.

El documento describe este sistema como “el pueblo organizado en las más diversas formas de participación para la toma de decisiones en todos sus ámbitos (político, económico, social, ambiental, organizativo, internacional)” y para el “ejercicio pleno de su soberanía”.

Asimismo, propone incorporarlo dentro de la estructura del Estado, junto a los poderes tradicionales, al plantear “la separación entre los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, constitucional y el poder popular (a crearse)”.

También lo vincula con funciones de seguridad y organización social, al referir que la protección ciudadana debe involucrar al “poder popular organizado para defender la vida”.

Cabe señalar que el concepto de “poder popular” fue uno de los ejes del modelo impulsado por Hugo Chávez en Venezuela.

Este esquema se desarrolló a partir de la organización de comunas y consejos comunales como formas de participación directa.

En 2007, una propuesta de reforma constitucional que buscaba consolidar este modelo fue rechazada en referéndum; sin embargo, posteriormente se aprobaron leyes para darle forma institucional dentro del Estado.

En la práctica, esta iniciativa se implementó mediante comunas y consejos comunales que asumieron funciones en ámbitos locales en paralelo a las autoridades tradicionales, dentro de un esquema orientado al denominado Estado comunal.

“Tenemos que continuar fortaleciendo el poder popular, que es la esencia de la verdadera democracia”, afirmó Chávez en 2012.

El oficio señala que el párrafo fue insertado en medio del debate, sin deliberación, y votado dos minutos después.

El gremio alega que esta disposición afectaría a Espinoza por su inhabilitación de 10 años impuesta en el Parlamento al infringir una ley que regula el rol operativo de la Policía.

La cita está programada para las 3:00 p.m. en la Sala Miguel Grau Seminario.

La comisión convocó a los tres funcionarios para que informen sobre las negociaciones de adquisición de aeronaves F-16 Block 70, destinadas a recuperar las capacidades operativas de la Fuerza Aérea del Perú.

Paredes, presidenta del grupo de trabajo, resaltó que “cuando alguien no tiene nada que esconder, tiene que dar la cara”, en alusión a la ausencia de estas tres autoridades a la convocatoria de la semana pasada.

La compra de los cazas F-16 desató una crisis en el Gabinete que culminó con la renuncia de dos ministros.

El jefe de Estado indicó que Cerrón, exgobernador regional condenado y prófugo de la justicia, habría declarado públicamente que su teléfono no puede ser interceptado.

“La policía no dice nada de que lo blinde, sino que él tiene un sistema especial para que le eviten la interceptación”, precisó Balcázar, quien también reconoció que el servicio de inteligencia del Perú “tiene sus propias limitaciones”.

Ante la pregunta de si Cerrón recibe apoyo de sistemas de inteligencia rusos para “blindar” sus comunicaciones, el presidente no lo descartó abiertamente.

El momento más revelador llegó cuando se le preguntó desde qué teléfono lo contacta Cerrón. “Del mismo que tiene normalmente (...) es un teléfono antiguo”, respondió Balcázar, confirmando implícitamente que el prófugo lo ha llamado.

Al ser preguntado sobre el partido del lápiz, que no consiguió ninguna curul en estas elecciones 2026, Balcázar mencionó que no se habló del tema. “De eso ya no hemos conversado porque estará respondiendo (...) No, no hemos conversado de eso. (No me ha dado pena) porque he comprendido que la realidad es así. El pueblo peruano ha avanzado mucho en su voto (...) estamos avanzando en conciencia política”, afirmó.

En el programa Panorama, Johnny Echevarría Bermúdez, es trabajador de la institución y colaborador cercano del exgerente de gestión electoral José Samamé Blas, quien se encuentra detenido. En sus declaraciones, Echevarría describe un escenario de desorden, omisión de funciones y presuntas irregularidades durante la gestión del entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

VEHÍCULOS SIN CONTROL Y MATERIAL MOJADO

Según su testimonio, no se realizó ningún control de calidad a los vehículos de la empresa Galaga encargados del traslado del material electoral. Echevarría relató que advirtió a sus superiores sobre la necesidad de inspeccionar los camiones antes de autorizar su uso, incluso sugiriendo enviarlos a un lavadero con un supervisor para verificar si filtraban agua.

La advertencia, según dijo, no fue atendida. Como consecuencia, aproximadamente diez cajas con material electoral destinado a provincias habrían resultado completamente mojadas durante el transporte.

“Oe, compare, tienes que agarrar y que todos los camiones, antes de que vengan acá, mándalos a un carwash con un supervisor de ONPE y que los agarren a pistolazos (de agua) y si se moja ahí dentro, ese carro no pasa. Pero se le entró por un oído y se le salió por otro”, dijo el trabajador.

CAOS EN LURÍN

El trabajador describió la situación más crítica el viernes previo a las elecciones en el almacén de la ONPE en Lurín. Según su relato, el material no estaba debidamente embalado y las rutas de distribución recién se estaban definiendo en ese momento, cuando todo debía haber estado listo desde el martes.

“El martes debía terminar todo. Pero este compadre expone a su gente al error. ¿Qué pasó el día viernes? El día viernes, después de hablar eso con José (José Samamé), este cobarde me llama (Juan Phang) y me dice: Oye, Johnny, ¿por qué no estas con el hangar para que capacites a la gente?. Yo le dije: ¿Oye, ¿qué te pasa? Estoy como un imbécil aquí hace dos horas, tu gente está cansada y tú tienes que estar acá como jefe a resolver este problema y a organizar las cosas, en vez de estar sentado en tu escritorio", señaló.

Echevarría también criticó que, pese al desorden interno, se informara públicamente que el traslado del material se desarrollaba con normalidad.

SOBORNOS

El trabajador fue más allá y apuntó al origen del caos: la adjudicación del servicio de transporte a la empresa Galaga.

“¿Porque ha entrado Galaga? yo creo porque ha habido plata de por medio", afirmó.

Panorama reveló estas irregularidades durante la gestión de Pajuelo, e incluso viajes personales, los cuales están siendo ya investigados.

¿CHEF Y BARTENDER PERSONAL?

El chef peruano Daniel Montoya Esteves, radicado en Francia, fue contratado en el marco de la feria internacional SIAL (Salon International de l’Alimentation). No obstante, reveló que también fue requerido para preparar una cena privada en el departamento de Pajuelo, servicio que habría sido cubierto con fondo de su contratación oficial.

Montoya cobró 12,500 euros, casi 50 mil soles, por cinco días de trabajo. “El contrato inicial era por 10 mil euros, pero por desorganización en la feria me propusieron 12 mil 500 euros. Nunca me detallaron los eventos que tenía que cumplir; si me hubieran dicho de cenas privadas, no habría aceptado”, declaró.

No sería el único caso, pues el bartender peruano Diego Soto, también radicado en Francia, confirmó haber participado en varias reuniones privadas en la vivienda de la entonces funcionaria, donde preparaba bebidas. Ambos testimonios apuntan a que los contratos pagados por el Estado habrían incluido servicios para uso personal.

VIAJES PERSONALES

En 2023, PromPerú autorizó el viaje de Pajuelo de París a Lima entre el 19 y 26 de agosto. Sin embargo, una factura de 4000 euros incluía un pasaje de París a Turquía y retorno, país natal del esposo de Pajuelo y destino donde ella habría pasado cada 16 de agosto (fecha de su cumpleaños).

Empero, en una segunda factura, se habría “corregido” y quitado dicho viaje, pero por el mismo monto, lo que genera dudas adicionales sobre el uso de los recursos.

Entre otros cuestionamientos, se reveló la firma de un acuerdo extrajudicial para evitar cualquier disputa legal con un trabajador. Ante estos casos, Pajuelo presentó sus denuncias contra funcionarios, asegurando que buscarían manchar su trayectoria, de los cuales Contraloría aceptó una.

PROMPERÚ SE PRONUNCIA

Al respecto, el presidente ejecutivo de PromPerú, Freddy Solano González, quien asumió el cargo hace apenas 20 días, señaló que los hechos corresponden a una gestión anterior y anunció que trasladará la documentación a la Procuraduría Pública.

Además, adelantó una reestructuración de las oficinas comerciales en el exterior.

La empresa estatal atraviesa un escenario marcado por problemas económicos y obligaciones financieras pendientes. En ese contexto, Petroperú había limitado la incorporación de nuevo personal como parte de sus medidas de contención.

¿Cómo se gestionaron ambas contrataciones?

De acuerdo con documentos internos difundidos por el dominical, Arévalo envió correos y memorandos para solicitar que ambas personas sean contratadas bajo una modalidad excepcional. En uno de esos mensajes remitió directamente los currículums de Mendoza y Jaimes para que se evalúe su incorporación.

El reportaje también señala que ambos habrían ingresado a las instalaciones de Petroperú durante más de un mes. Durante ese periodo participaron en reuniones y habrían tenido acceso a información interna de la empresa.

Tras las revelaciones, Jorge Mendoza fue consultado sobre esta situación y aseguró que todavía no mantiene un vínculo laboral formal con la empresa estatal. Según señaló, únicamente está “apoyando la gestión” mientras se define su situación.

Observaciones desde la Gerencia General

La propuesta encontró cuestionamientos dentro de la propia institución. La Gerencia General elaboró un informe técnico en el que concluyó que la incorporación planteada no resultaba viable.

Según ese documento, las funciones que asumirían ambos profesionales correspondían a otras áreas de la empresa. El informe precisa que esas labores estaban vinculadas con la Gerencia Legal y la Jefatura de Comunicaciones, y no con la Secretaría General, donde inicialmente se buscaba ubicarlos.

Especialistas consultados por el dominical advirtieron que existía una aparente intención de encontrarles espacio dentro de la entidad pese a las restricciones. Además, señalaron que estos procesos deben responder a criterios técnicos establecidos por la empresa.

Petroperú oficializó salida de Róger Arévalo

Cabe precisar que el sábado 2 de mayo, la Junta General de Accionistas mantuvo una reunión y al finalizar se acordó remover a Roger Arévalo de la presidencia del directorio.

El máximo cargo fue asumido por Edmundo Lizarzaburu Bolaños. La junta de accionistas de la petrolera también aceptó la renuncia de Carlos Villalobos Dulanto, quien ocupaba el cargo de director en el directorio. En su reemplazo, ha ingresado Berthin Gómez Vela, en calidad de independiente.

Roger Arévalo abandonó el directorio en medio de cuestionamientos que involucran presuntos favorecimientos laborales a personas de su entorno y hasta una denuncia por presunto acoso sexual que data del 2019. Este último caso continúa bajo investigación por el Ministerio Público.

Como se sabe, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció el fortalecimiento de una auditoría informática integral al sistema electoral, la cual contará con la participación de expertos nacionales e internacionales.

En entrevista en “Punto Final”, Jorge Zapata consideró que esta medida es necesaria para disipar las dudas generadas en torno al proceso.

En esa línea, indicó que la auditoría ayudaría a esclarecer cuestionamientos sobre el sistema, aunque subrayó la importancia de que se establezca un cronograma claro para su ejecución. A su juicio, la falta de precisión en los plazos contribuye a mantener un clima de incertidumbre.

Asimismo, el titular de la Confiep exhortó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al propio JNE a adoptar una actitud más proactiva frente a las denuncias de presuntas irregularidades. Sugirió que ambas instituciones brinden información periódica para contrarrestar versiones que podrían afectar la confianza ciudadana.

Finalmente, hizo un llamado a los actores políticos a contribuir a la calma del proceso electoral y evitar declaraciones que tensionen el ambiente democrático.

Señaló que cualquier irregularidad debe ser investigada conforme al marco legal vigente, sin adelantar conclusiones que puedan debilitar la institucionalidad.

El inicio de este proceso ha generado cuestionamientos debido al momento en que se ejecuta la obra debido a que en menos de tres meses concluirá el actual periodo parlamentario. Diversos sectores han puesto en debate si esta inversión resulta prioritaria en la etapa final de la actual gestión parlamentaria.

¿Qué trabajos contempla el proyecto?

La documentación presentada ante el Ministerio de Economía y Finanzas detalla una serie de trabajos dentro del complejo. Entre ellos figura el retiro del césped sintético actual para reemplazarlo por 782 metros cuadrados de nuevo gramado.

El proyecto también incluye el retiro de 170 butacas y la instalación de nuevos arcos de acero. Además, contempla el cambio de techos en tribunas y la renovación de reflectores.

Dentro del expediente también se consideran trabajos de infraestructura. Entre ellos figuran el refuerzo de columnas con acero y el revestimiento de vigas dentro del recinto.

Cuestionamientos sobre la prioridad de la obra

El inicio del proceso generó críticas debido a que ocurre en la recta final del actual Congreso unicameral. Algunos analistas cuestionaron si esta inversión responde a una necesidad urgente.

En ese sentido, el analista Iván García Mayer señaló que el complejo no presenta un deterioro evidente que justifique una intervención inmediata. Asimismo, cuestionó que la convocatoria pública se haya realizado en abril.

Algunos legisladores como Guido Bellido y Jaime Quito también expresaron dudas sobre la necesidad de ejecutar estos trabajos. Ambos coincidieron en que las instalaciones se encuentran operativas.

Frente a los cuestionamientos, el Congreso emitió un comunicado para explicar el proceso. La institución indicó que la contratación se desarrolla conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.

Según el Parlamento, actualmente existen 63 proveedores registrados dentrdentro del concurso. También aseguró que los trabajos buscan garantizar la seguridad y operatividad del recinto.

El Congreso rechazó que se trate de una remodelación total del complejo. Sin embargo, el proyecto continúa generando debate por el momento en que fue impulsado.

De acuerdo a “Punto Final”, dirigentes, candidatos y exfuncionarios acuden con frecuencia al penal para sostener reuniones con Castillo, quien mantendría influencia en las decisiones políticas del partido.

Entre los visitantes destacan figuras cercanas como los exministros Íber Maraví y Walter Ayala, además del propio Sánchez, considerado uno de sus principales aliados.

La investigación también advierte que aunque existen días establecidos para el ingreso de hombres y mujeres, se ha registrado el ingreso de delegaciones mixtas provenientes de distintas regiones, como Huancavelica y Ucayali.

Asimismo, el registro de visitas evidencia un incremento sostenido desde la primera vuelta electoral. Entre las visitas recientes figuran familiares del exmandatario, así como abogados y actores políticos relevantes.

Este flujo constante de ingresos coincide con el avance de Roberto Sánchez hacia una eventual segunda vuelta, lo que ha intensificado las coordinaciones en torno a la figura de Pedro Castillo. La situación plantea cuestionamientos sobre el uso de un centro penitenciario como plataforma política en pleno proceso electoral.

Según el reportaje, el JNE detectó que el USB-STAE, un dispositivo indispensable para iniciar las mesas de votación, podía ser clonado y utilizado para acceder al sistema sin restricción. Las pruebas demostraron que el programa reconocía un dispositivo duplicado como si fuera el original, habilitando funciones como el registro de usuarios y el llenado de resultados.

El especialista en ingeniería de sistemas Gabriel Lazo explicó el alcance real de esta falla al señalar que “el problema no es que se pueda clonar, el problema es que permite abrir la plataforma con este USB copia”, lo que posibilitaba que un tercero se validara en el sistema sin ser el usuario oficial.

Observaciones en el código fuente

El análisis también identificó trece debilidades en la programación del sistema, entre ellas la exposición de contraseñas propias de la institución y una función que permitía el borrado de información mediante teclas específicas.

Otra vulnerabilidad identificada fue una función que permitía el borrado de información mediante un conjunto de teclas específicas. El informe del JNE advirtió sobre las consecuencias de una activación indebida de esa función al indicar que podría generar “la pérdida de disponibilidad y trazabilidad, ya que una activación indebida podría afectar actas, respaldos, firmas, documentos o estados de mesa”, y que en el contexto electoral una acción de este tipo podría dificultar la reconstrucción de lo ocurrido.

¿Qué es el sistema STAE?

La Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio fue presentada por la ONPE para agilizar el conteo de votos y se implementó por primera vez a gran escala en las Elecciones 2026, únicamente en Lima Metropolitana y Callao. Para su despliegue, la institución invirtió 41 millones de soles en equipos y más de 6 millones adicionales en logística.

Tras las irregularidades detectadas, el JNE anunció que el sistema no se utilizará en la segunda vuelta y que asumirá una auditoría con expertos nacionales e internacionales. Cabe mencionar que la ONPE no respondió a las solicitudes de entrevista para explicar si las fallas detectadas fueron corregidas antes de los comicios.

La ONPE adjudicó a Galaga un primer servicio por 2 millones 299 mil soles, mientras que la empresa AFE había propuesto realizar el mismo trabajo por 1 millón 799 mil soles. Esta diferencia significativa entre las propuestas ha puesto en duda la neutralidad de los criterios técnicos aplicados para seleccionar al proveedor.

¿Qué muestran los nuevos chats?

Los chats analizados por el Ministerio Público corresponden a conversaciones que se produjeron poco después de conocerse el resultado de la adjudicación. En varios mensajes se observa que funcionarios de la ONPE celebraron que el consorcio Galaga se ganara el contrato, lo que refuerza la hipótesis de que esta decisión no fue producto de una evaluación técnica imparcial.

En uno de los chats, Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral, envió un mensaje a su subordinado William García en el que se refiere al resultado como un logro sustancial. Phang expresó “Bien gordito. Que notifiquen hoy. Buen trabajo”, este saludo es cuestionado como una señal de que la adjudicación estaba prevista y de que se buscó agilizar la formalización del proceso.

Cambios en los lineamientos de contratación

La investigación revisa nuevos lineamientos de contratación aprobados por Piero Corvetto, jefe de la ONPE, a inicios de este año. Estos ajustes otorgaron a funcionarios de las áreas solicitantes la capacidad de evaluar y calificar a los postores, algo que antes correspondía a otros niveles de la institución.

Esa reconfiguración habría facilitado que personal cercano a Galaga influyera en la definición de criterios y en la calificación de propuestas. La Fiscalía busca determinar en qué medida esos cambios se utilizaron para favorecer a la empresa adjudicataria en el marco de las Elecciones 2026.

Falta de vehículos y personal durante los comicios

Por otra parte, los documentos fiscales indican que Galaga presentó con demora el listado de vehículos y conductores necesarios para el día de las elecciones. La empresa solo puso a disposición 12 unidades el 10 de abril, cuando se requerían cientos, lo que obligó a gestionar contrataciones de emergencia con otras firmas como Panamundo o Hermes.

La logística terrestre se vio además afectada por la falta de personal de despacho. De las 100 personas programadas para esa labor, solo se contrataron 54, lo que generó presión sobre la operación y dificultó la distribución puntual del material electoral en varios puntos del país.

Funcionarios implicados

La pesquisa también involucra a otros funcionarios del ente electoral como José Samamé, Hilda Otoya y Lilia Flores participaron en coordinaciones realizadas por canales distintos de los institucionales. Estas comunicaciones versan sobre términos de referencia, requerimientos técnicos y presupuestos adicionales vinculados al contrato con Galaga.

La Fiscalía analiza si estos chats se utilizaron para ajustar el pliego de condiciones y los alcances de manera que favorecieran a la empresa adjudicataria. La hipótesis central es que esos intercambios no fueron casuales sino parte de un diseño para asegurar que Galaga se mantuviera como proveedor privilegiado.

El caso ha abierto un debate sobre la autonomía y la transparencia de los procesos de contratación que sostienen las elecciones. La percepción de que la ONPE pudo direccionar contratos millonarios a favor de un proveedor específico genera desconfianza en la neutralidad de la institución.

Las autoridades electorales señalan que continúan acompañando la investigación y que han dispuesto medidas para garantizar la integridad de futuros procesos. Por ahora, la Fiscalía continúa recopilando evidencias, incluidos los nuevos chats, para determinar si se produjeron actos de favoritismo o irregularidades en el marco de las Elecciones 2026.

De aprobarse la propuesta, este sería el noveno retiro autorizado de los fondos previsionales en el país. El proyecto establece que los afiliados tendrían un plazo de 90 días para acceder al dinero.

¿Cómo se entregaría el dinero?

La iniciativa legislativa señala que el desembolso se realizaría en tres pagos mensuales. Cada afiliado podría retirar el monto de manera progresiva hasta alcanzar el límite establecido por la norma.

El texto también precisa que el dinero mantendría condición de intangibilidad. Esto significa que no podría ser objeto de embargos, descuentos, compensaciones legales ni retenciones.

El proyecto establece que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP deberá elaborar el reglamento correspondiente. Para ello tendría un plazo máximo de 30 días calendario desde la entrada en vigencia de la eventual ley.

La entidad sería la encargada de definir los procedimientos para que los afiliados puedan solicitar el retiro. También tendría que establecer los lineamientos operativos para ejecutar la medida.

Justificación de la propuesta

El parlamentario sostiene que el país atraviesa un contexto económico que afecta los ingresos de muchas familias. Según argumenta, el menor dinamismo económico ha generado dificultades financieras en diversos hogares.

“Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas ha proyectado un crecimiento cercano al 3.2% para el 2026, diversos factores han limitado el dinamismo económico, afectando la generación de ingresos en los hogares, lo que evidencia la necesidad de contar con mecanismos de liquidez ante situaciones excepcionales”,indica el documento.

El proyecto indica que la medida busca fortalecer la capacidad económica de las familias. Además, plantea impulsar el consumo interno mediante una mayor disponibilidad de recursos.

La iniciativa deberá pasar por evaluación en el Congreso antes de determinar si avanza hacia su aprobación. Por ahora, se encuentra en etapa de trámite legislativo.

La solicitud fue presentada este 3 de mayo mediante un documento oficial dirigido al pleno del organismo electoral.

El requerimiento, sustentado por su defensa legal encabezada por Wilber Medina Bárcena, invoca el artículo 176 de la Constitución y advierte una “grave crisis” en el proceso electoral.

Según el escrito, existiría un presunto direccionamiento por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que pondría en duda la legitimidad de una eventual proclamación sin una revisión técnica exhaustiva.

Asimismo, el documento cuestiona la auditoría planteada por el JNE al considerar que no establece plazos ni responsables claros. En ese sentido, se exige que en un máximo de 24 horas se precise el cronograma y los mecanismos de participación de especialistas independientes, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, se estaría intentando validar resultados que consideran irregulares.

Finalmente, Renovación Popular anunció que recurrirá a los órganos que designaron a los magistrados del JNE para evaluar su continuidad.

El candidato otorgó un plazo de 48 horas para que el ente electoral defina las condiciones mínimas de una auditoría.

La polémica surgió luego de que Humala planteara revisar los tratados firmados en 1883 y 1929. Sus declaraciones abrieron un debate sobre las relaciones diplomáticas entre Perú y Chile.

¿Qué dijo Antauro Humala?

En declaraciones a Perú21, el exmilitar sostuvo que el Estado peruano debería reivindicar soberanía sobre Arica y Tarapacá. Incluso mencionó que ese objetivo podría alcanzarse mediante canales diplomáticos o por la vía armada.

“El Perú debe reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica. Por la vía diplomática o por la vía armada”, planteó.

Nada que “supuestas”, señor. Aquí bien claro lo dicho por Antauro Humala sobre las relaciones con Chile:

Y aquí la entrevista completa, porque parece que no la ha visto: https://t.co/x5Gd4f8dvG https://t.co/U9SINyOtMW pic.twitter.com/j7eLrVhvEZ

— Joma Gálaga (@jomagalaga) May 2, 2026

Las declaraciones generaron cuestionamientos en el país vecino. Algunos sectores políticos solicitaron reforzar la vigilancia fronteriza tras considerar preocupante el mensaje.

Entre ellos se pronunció el diputado chileno Johannes Kaiser. El legislador calificó estas expresiones como una amenaza y pidió mantener atención ante cualquier escenario de tensión.

Respuesta de Juntos por el Perú

Tras la controversia, Roberto Sánchez remarcó que actualmente no existe ningún conflicto territorial con Chile. Además, recordó que el fallo de la Corte de La Haya resolvió la delimitación marítima entre ambos países.

El candidato también aclaró que Antauro Humala no está autorizado para fijar posiciones oficiales sobre política exterior dentro de su partido.

“Las supuestas declaraciones hechas por Antauro Humala sobre las relaciones con Chile, de ser ciertas, son de su absoluta responsabilidad. No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú, ni la mía. En absoluto”, aseguró.

Sánchez indicó que su propuesta busca fortalecer la cooperación con Chile y otros países de la región. Según explicó, priorizará una agenda basada en el diálogo y el entendimiento mutuo.

“En el gobierno del pueblo tendremos las mejores relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con el actual gobierno del presidente Kast, de Chile, y con todos los países de la región. Las relaciones de amistad con los países limítrofes serán una prioridad”, agregó.

A través de cuenta oficial X (antes Twitter), el organismo electoral desmintió estas versiones y aseguró que no tienen respaldo oficial.

El JNE explicó que actualmente se encuentra en una fase de convocatoria para conformar el Comité de Expertos en material electoral, instancia que acompañará el proceso de auditoría.

Dicha convocatoria está dirigida a expertos nacionales e internacionales, y aún no se ha realizado ningún anuncio oficial sobre sus integrantes.

AUDITORÍA

Como se conoce, el JNE informó sobre la realización de esta auditoría informática integral y una revisión técnica exhaustiva del proceso electoral correspondiente a la primera vuelta. La medida responde a la necesidad de elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos utilizados durante los comicios.

Se hará la revisión de los procedimientos de datos electorales, así como los mecanismos tecnológicos y el conteo de resultados.

Según la tesis fiscal, los tres magistrados habrían recibido ascensos y permanencia en cargos estratégicos dentro del Ministerio Público a cambio de ejecutar acciones que favorecieran a Benavides. Entre los hechos investigados figura la presunta coordinación para denunciar a jueces de la Tercera Sala Constitucional que emitieron una medida cautelar a favor de la Junta Nacional de Justicia.

¿Qué medidas fueron aplicadas?

La resolución establece que los investigados no podrán salir de su lugar de residencia sin autorización judicial previa. Además, deberán acudir cada 30 días a la sede de El Progreso, ubicada en el jirón Santa Rosa 549, para cumplir con el control biométrico ordenado por el juzgado.

También deberán presentarse ante las autoridades judiciales o fiscales cada vez que sean requeridos durante el proceso. El fallo advierte que el incumplimiento de estas reglas podría derivar en la revocatoria de la comparecencia.

“Estas restricciones se deben cumplir bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de ser revocada la comparecencia conforme al artículo 287° inciso 3 del Código Procesal Penal”, se lee en el documento.

Pedidos que fueron rechazados

El juez también rechazó el pedido de impedimento de salida del país solicitado por el Ministerio Público. Asimismo, descartó imponer una caución económica y la prohibición de comunicación entre los investigados.

La Fiscalía había solicitado que las restricciones se mantengan por 36 meses. Sin embargo, el Poder Judicial determinó que el plazo de 18 meses era suficiente para el desarrollo de las diligencias pendientes.

Acusaciones contra los fiscales

La Fiscalía sostiene que Álvaro Castañeda habría elaborado denuncias por presunto prevaricato contra magistrados que emitieron un fallo favorable a la Junta Nacional de Justicia. En tanto, Miguel Ángel Vegas es investigado por presunto cohecho tras acelerar disposiciones fiscales consideradas irregulares.

Las diligencias continuarán para determinar el grado de responsabilidad de cada investigado. Mientras tanto, los tres fiscales seguirán afrontando el proceso en libertad bajo reglas de conducta.

Correo conversó al respecto con Lucas Ghersi. El analista político y constitucionalista evaluó las incidencias ocurridas en la primera vuelta y los retos que enfrentarán Fujimori y Sánchez en su intento por convencer al electorado para el balotaje.

El JNE está recibiendo muchas críticas por estos días, ¿cree que su grado de responsabilidad es comparable al de la ONPE?

El Jurado Nacional de Elecciones no está a cargo de la organización logística de la elección, es básicamente un tribunal de justicia encargado de aplicar la justicia electoral. Además, ha intentado buscar soluciones. La primera de ellas se dio cuando las mesas no abrieron: amplió el horario de votación y luego instaló las mesas que no habían abierto al día siguiente. Ha anunciado una auditoría del sistema de cómputo de la ONPE. El Jurado está intentando que la elección sea transparente. Obviamente, sus decisiones no le van a gustar a todos y habrá cuestionamientos. La gente está muy tensa, es natural.

En el plano político, ¿cómo evalúa la campaña del candidato Rafael López-Aliaga?

Había mucho optimismo en su campaña e incluso algunos decían que iba a ganar en primera vuelta. Hoy no está ni cerca de eso. Hay muchos distritos de Lima que eran su bastión, pero los ha ganado Keiko Fujimori. Es decir, López Aliaga ha ganado los distritos de Lima Centro, pero Lima Norte, Sur y Este, en los que se suponía que tenía mucha fuerza, los ha ganado Fujimori. Un factor importante es que Jorge Nieto ha sacado muchos votos en Lima que podría haberlos ganado López Aliaga. Es decir, es un candidato que no ha tenido las fuerzas que se pensaba. Creo que su público objetivo, su electorado potencial, no fue convencido al 100%. Si hubiera hecho un trabajo más persuasivo, de convencer más a la gente, muchos más lo hubiesen apoyado.

¿Qué otros factores interfirieron con su campaña?

Creo que hay varios. El primero es que al electorado de López-Aliaga no le gustó que promueva la censura del presidente José Jerí. Él fue la principal razón por la cual Jerí dejó la presidencia de la república y entró José Balcázar, que es de izquierda. Entonces, se vio a López-Aliaga como promoviendo que la izquierda tome el poder. Otro factor es que había una población que no estaba de repente convencida, que no le gustó su estilo y terminó optando por otras alternativas como Jorge Nieto o Keiko Fujimori. La realidad es que no unió al voto urbano. Por ejemplo, ha sacado más votos que en la elección pasada, pero no ha llegado a tener la cantidad de respaldo que tuvo Pedro Pablo Kuczynski.

En el escenario de la segunda vuelta, ¿qué estrategia debería tener Keiko? ¿El voto antifujimorista tiene la misma fuerza que en la campaña anterior?

El voto antifujimorista obviamente es muy potente, pero Keiko Fujimori está mucho más fuerte ahora que en la elección pasada. Ha tenido muchos más votos, ya no tiene restricciones a su libertad personal como en ese momento. Ella tiene que convencer al Perú que es la alternativa más seria, más democrática y lo mejor para el país. Creo que el fujimorismo tiene una gran ventaja: ser el único partido en el Perú que tiene fuerza tanto en la ciudad como en el área rural, y tanto en la costa, en la sierra como en la selva. El fujimorismo es el único partido con alcance nacional. Eso no lo tiene nadie.

¿Y la izquierda?

La izquierda es fuerte en el campo, pero en la ciudad es muy débil. Rafael López Aliaga es fuerte en la ciudad, pero en las provincias, en las regiones, no existe. En cambio, Keiko es la única que es fuerte en todos lados, que tiene una presencia a nivel nacional. La señora Fujimori tiene que construir un discurso de moderación y de unidad, de que ella puede entender el Perú y sanar las heridas que tiene el país, que está muy polarizado. También creo que es muy importante mirar lo que está pasando hoy en el JNE. Hay que mirar muy de cerca qué va a pasar porque si el Jurado no creyera que hay algo sospechoso, o raro, nunca habría emitido ese pronunciamiento. Tiene que haber algo que le llame la atención al JNE para que considere una medida de este tipo (de la auditoría). Tengamos paciencia y evitemos los excesos. Los plantones en las casas de las personas o llamar lo que está pasando un “golpe de Estado” no fortalece la democracia, sino que la debilita. Hay que estar vigilantes. La protesta es un derecho, pero hay que salir de forma pacífica. Tengamos prudencia.

¿Una posible reaparición de Kenji Fujimori en apoyo a la campaña de Fuerza Popular haría un cambio sustancial?

Sí, creo que tiene mucho carisma y que muchos peruanos le tienen algún grado de cariño. A Keiko le conviene mostrar esa imagen de unidad familiar. Ojalá se dé, yo creo que sería positivo que Kenji se integre a la campaña, pero obviamente tiene que haber, pues, voluntad para que se pueda llevar a cabo.

Sobre la candidatura de Roberto Sánchez, ¿qué tan sostenible resulta su distanciamiento de figuras como Antauro Humala?

Es poco creíble. Creo que Sánchez es una persona que no tiene carisma, es una persona apagada y el motor de su campaña en primera vuelta fue Antauro Humala. Es él quien tiene el carisma y la energía que moviliza a las personas de izquierda. Podría decir que, de alguna manera, se sentía que Antauro era más el candidato que Roberto Sánchez. Entonces, si Antauro sale a declarar y Roberto Sánchez sale a negarlo, y se produce un choque de trenes entre uno y el otro, eso va a afectar la candidatura de Sánchez.

¿Le funcionará este intento por distanciarse?

En realidad, suena paradójico, pero yo creo que a Roberto Sánchez no le conviene desligarse de Antauro. Él era el líder carismático de su campaña y el que ilusionaba al electorado (…). Ya Sánchez emitió un mensaje en Twitter (X) donde prácticamente deslinda de Antauro Humala por las declaraciones que dio sobre recuperar Arica y Tarapacá, y enfrentar a Chile. Está intentando deslindar porque se asusta un poco del radicalismo de Antauro. Por otro lado, Sánchez ha tenido un voto bajísimo en Lima, en las ciudades, incluso más bajo de lo que fue el voto a Pedro Castillo. Entonces, él está viendo de qué manera puede aumentar su intención de voto en el ámbito urbano. Seguramente intentará captar votos de los izquierdistas urbanos y más moderados.

Dadas las similitudes programáticas con la gestión de Castillo, ¿qué riesgos institucionales percibe ante un eventual gobierno de Sánchez?

Sánchez es una persona, creo yo, con mejor formación que Pedro Castillo, pero tiene un programa igualmente radical. El Congreso tiene un empate entre la izquierda y la derecha, y la fuerza de desempate va a ser el Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto. Esa va a ser la fuerza de desempate. Entonces, es difícil que Sánchez implemente un gobierno radical por las buenas. No podrá hacer nada radical por las buenas. Sánchez solo puede hacer radicalismo por las malas. El riesgo es que, en vez de jugar con las reglas del Estado de Derecho, se intente hacer una especie de golpe institucional como quiso hacer Pedro Castillo. O sea, el riesgo es el mismo. El riesgo es que la izquierda radical quiera imponer su modelo a la mala quebrando el orden constitucional. Ese es el miedo principal que existe.

“El premier, el ministro de Defensa y el canciller han confirmado que estarán presentes”, afirmó para RPP la congresista Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, sobre la sesión programada para este lunes.

La parlamentaria indicó que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, el ministro de Defensa, Amadeo Flores, y el canciller, Carlos Pareja, acudirán al Congreso para responder por la adquisición de aviones F-16 y por la muerte de civiles en Huancavelica.

Citación a ministros por dos temas clave

Paredes precisó que los funcionarios deberán informar sobre el estado de las negociaciones para la compra de aeronaves de combate destinadas a recuperar las capacidades operativas de la Fuerza Aérea del Perú.

Asimismo, se abordará el caso ocurrido en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, donde se investiga la muerte de cinco civiles durante una intervención militar.

Piden presencia del ministro del Interior

La legisladora señaló que también se ha solicitado la participación del ministro del Interior, José Zapata, debido a su relación con el caso de Huancavelica.

“Estamos pidiendo que esté el ministro del Interior justamente para tratar el segundo punto”, indicó.

La sesión está prevista para las 3:00 p. m. en la sala Miguel Grau del Congreso.

Investigación en curso por muertes en Huancavelica

Respecto al caso de Colcabamba, Paredes evitó adelantar una posición, pero enfatizó la necesidad de esclarecer los hechos.

“No quiero juzgar ni adelantarme. La información que vamos a recibir debe ser clara”, sostuvo.

Además, remarcó que el Ministerio Público ya investiga el caso y que los familiares de las víctimas requieren respuestas.

“Los familiares necesitan tener una información clara de lo que realmente ha pasado”, añadió.