En entrevista con Canal N, Baella sostuvo que el Gobierno debe adoptar medidas contra las organizaciones criminales sin depender necesariamente de la aprobación de facultades legislativas. También planteó revisar normas y reforzar el control de los establecimientos penitenciarios.

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José Baella, diputado de Renovación Popular, consideró que la experiencia de Fredy López ayudará a fortalecer la institución.

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— Canal N (@canalN_) September 7, 2026

¿Qué dijo sobre la renuncia de Óscar Arriola?

El parlamentario señaló que Arriola habría dejado el cargo en medio de presiones políticas, aunque destacó su trayectoria como investigador policial y lo calificó como un “excelente detective”. Además, consideró positivo que el Gobierno reconociera su trabajo tras el relevo.

“Yo creo que la salida de Óscar Arriola, en mi concepto, no va a solucionar nada. El problema que tenemos acá en el Perú es la pandemia criminal, el fenómeno que se viene desarrollando”, expresó.

Respecto a López, el legislador resaltó su experiencia como director contra la corrupción y jefe del Estado Mayor. Asimismo, consideró que su conocimiento de las distintas áreas policiales puede favorecer su gestión, aunque recomendó contar con asesoramiento especializado.

Baella también planteó como prioridad identificar y retirar a policías involucrados en actos irregulares. Según explicó, conversó con el inspector general de la PNP, general Tiravante, sobre un proyecto que permitiría separar de la institución a agentes intervenidos en flagrancia por este tipo de hechos.

Defiende permanencia de dos años

El diputado sostuvo que López debe cumplir el periodo de dos años previsto para quien asume la Comandancia General y rechazó que su designación sea entendida únicamente como un interinato. Afirmó que la continuidad resulta necesaria para dirigir y evaluar el funcionamiento de la institución.

“Un comando general tiene que asumir el cargo, tiene que ver a su alrededor, tiene que gerenciar la institución, y para eso se necesita tiempo”, señaló.

Sin embargo, el Congreso Bicameral que inició su período el 28 de julio de este año, se ha enfocado en proponer proyectos de ley enfocados vinculados a lucha contra la criminalidad, educación, economía, en el sistema electoral, entre otros.

De acuerdo con información revisada por Correo, desde que se instaló la Cámara de Diputados, el bloque de oposición suma el 58% de las iniciativas planteadas.

El bloque de oposición está integrado por Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras.

CIFRAS

La Cámara de Diputados suma 132 proyectos de ley distribuidos de la siguiente manera: Renovación Popular (43), Juntos por el Perú (38), Ahora Nación (33), Fuerza Popular (12), Obras (3) y el Buen Gobierno (3).

Es decir, la derecha acumula 55 proyectos que representa el 42% de las iniciativas, mientras que el bloque de oposición suma 77 proyectos, es decir, el 58%.

El bloque de oposición ha centrado la mayor parte de sus proyectos en temas vinculados al sector justicia, electoral y a la derogatoria de las denominadas leyes procrimen (ver infografía).

Sobre este último aspecto, JP impulsó 11 iniciativas y Ahora Nación un total de cuatro.

En la materia de justicia, Harvey Colchado de Ahora Nación propuso modificar el numeral 6 del artículo 230 del Código Procesal Penal para ampliar el plazo de intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas y de otras formas de comunicación hasta por 60 días y permitir prórrogas sucesivas cuando se trate de investigaciones por crimen organizado.

El diputado Héctor Guillén Valencia (JP) presentó un proyecto legislativo para derogar la Ley 32419 que concedió la amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

Heber López de Obras presentó un proyecto para modificar las reglas y los plazos para la detención preliminar.

Así, el juez dictará mandato de detención preliminar aunque no se encuentre a la persona en un delito de flagrancia, pero existan elementos de convicción o el inicio de la comisión de un delito sancionado con una pena superior a cuatro años; si el sorprendido en flagrante delito evita su detención o si se fuga del centro de detencion.

Además, plantea que la detención preliminar dure 72 horas, pero si existen circunstancias complejas, puede durar hasta siete días. Sin embargo, si hay delitos como secuestro, sicariato, extorsión, robo agravado, espionaje, terrorismo, entre otros, la detención dura un plazo máximo de 15 días.

Mientras que Gloria Hirache del Buen Gobierno presentó un proyecto modificar el artículo 34 del Decreto Legislativo 635, Código Penal, con la finalidad de ampliar los lugares donde un condenado pueda ejecutar la pena de prestación de servicios a la comunidad.

RANKING

Del total de diputados que han presentado proyectos de ley, hay dos que lideran en número.

Se trata de Ernesto Zunini de JP y Leo De Paz de Renovación Popular (RP).

El primero suma nueve proyectos y el segundo ocho.

Zunini presentó ocho proyectos de ley para derogar las denominadas leyes procrimen y un proyecto para derogar la Ley 31399, ley que regula el derecho de referéndum cuando se trata de reformas constitucionales.

Mientras que De Paz presentó proyectos vinculados al sector justicia (4), constitución (1), educación (1), modernización del Estado (1) y la creación de un día.

En la lista también están Norma Yarrow de RP con siete proyectos; de Ahora Nación están César Holguin (7), Marleny Arminto (7) y Ángel Meneses (5).

Le siguen Carlos Yalta de RP con cinco proyectos y Catherine Palomino de JP con cinco.

OBSERVACIÓN

Para el politólogo Fernando Tincopa, la izquierda tendrá más problemas para generar puntos de consenso que le permitan tener proyectos viables.

Por ejemplo, JP y Ahora Nación coinciden en la derogatoria de las denominadas leyes procrimen. Sin embargo, eso no alcanzaría para cuando dichas iniciativas lleguen al Senado.

“Veo el trabajo de la oposición mucho más exigente cuando se habla de consensos que le permitan incluir fuerzas que no están alineadas. La oposición está pensando en revertir iniciativas del periodo anterior, el oficialismo hace mayor énfasis en justicia y modernización del Estado, mientras que Obras y Buen Gobierno tienen un rol más de expectante”, indicó.

En diálogo con Correo, el investigador del Centro Wiñaq señaló que el gran cambio del actual Congreso con el anterior es la reducción de proyectos de orden declarativo.

“La correlación de fuerzas de hoy permite que los congresistas plantean proyectos pensando en que deben ser lo suficientemente abiertos para tener el respaldo de otras bancadas, esto es si quieren viabilizar sus iniciativas”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que un diputado puede “jugar” a contentar a sus bases con proyectos ideológicos como sucedió en el pasado con, por ejemplo, los proyectos de “nacionalización”. Sin embargo, por ahora se han presentado iniciativas con premisas que permitan que otras fuerzas políticas puedan participar.

Desde su punto de vista, los proyectos que tendrán dificultad en pasar son aquellos que tienen un componente más ideológico que técnico.

CANTIDAD

El analista político César Campos consideró que, sin duda alguna, el sistema bicameral ayuda a visualizar y a procesar mejor las iniciativas. Sin embargo, señaló que “no se trata de que el Congreso sea una fábrica de leyes”.

En ese sentido, indicó que los congresistas tienen tres funciones: legislar, fiscalizar y representar. Aunque en la mayoría de los casos se enfocan en legislar.

“El Perú tiene un exceso de leyes. No se puede impedir que presenten iniciativas legislativas, pero muchas veces descuidan la fiscalización y la representación”, dijo.

Campos recordó que durante el segundo gobierno de Alan García se creó una Comisión Especial Multipartidaria Encargada del Ordenamiento Legislativo del Congreso, para identificar normas obsoletas, duplicadas y que habían perdido vigencia.

“Deberíamos retomar esa comisión. En el Perú no todo se resuelve en base a leyes”, dijo.

En su reemplazo asumirá el teniente general Fredy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor de la PNP.

“En los próximos días me relevaré en el cargo con el teniente general López Mendoza”, adelantó en una conferencia de prensa junto el jefe del Gabinete, Luis Galarreta, y el ministro del Interior, César Astudillo.

Arriola explicó que su decisión responde a su compromiso con la institucionalidad y la gobernabilidad del país.

Asimismo, defendió las medidas adoptadas durante su gestión y aseguró que no lamenta ninguna de ellas.

“Me voy con la conciencia absolutamente limpia, la frente muy en alto”, manifestó, tras agradecer el respaldo recibido en los últimos gobiernos.

Además, dirigió un mensaje a los miembros de la institución y les pidió no desfallecer en la lucha contra el crimen.

“Nunca nos venció ni el terrorismo ni ninguna de las modalidades de criminalidad organizada. Esta vez no va a ser la excepción”, enfatizó.

Saludo

Por su parte, Galarreta calificó la salida como el gesto de “un peruano comprometido con su país” y destacó que se respetará la línea de sucesión institucional.

El relevo se produce luego de que legisladores de distintas bancadas exigieran la remoción de Arriola ante la falta de resultados contra la delincuencia.

Sin embargo, el Gobierno había admitido que no podía removerlo debido a una norma que fijó en dos años el periodo del comandante general de la PNP y estableció causales específicas para su cese anticipado. Ante esta situación, se presentaron al menos tres proyectos para modificar tal disposición.

La decisión revive el requisito original: los partidos deben participar con listas en el 50% de regiones y en el 20% de provincias para conservar su inscripción.

El Congreso aprobó en junio una reducción de esa valla al 30%, pero el pleno del JNE consideró que la norma llegó después de convocado el proceso electoral.

La pérdida de inscripción también implica la suspensión del financiamiento público directo que hoy reciben estos partidos.

Desglose

La medida golpea de manera distinta a las seis bancadas del Congreso bicameral, según datos de la firma Análisis Público.

El Partido Cívico Obras se iría del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), pues solo inscribió listas en 12 regiones y 39 provincias, por debajo de ambos mínimos.

El Partido del Buen Gobierno (PBG) y Fuerza Popular (FP) quedan pendientes de la interpretación del JNE, pues cada uno completa el requisito de la valla regional, pero no la provincial.

Ahora Nación (AN), Juntos por el Perú (JP) y Renovación Popular (RP) mantendrían su inscripción.

Análisis

El especialista en derecho electoral Jarek Tello explicó a Correo que la norma exige el incumplimiento conjunto de los dos componentes.

“La interpretación primero tiene que ser literal y lógica. Si la norma dice: ‘Y’, condiciona a que se cumplan las dos causales para que recién opere la sanción”, afirmó.

Tello recordó un precedente ocurrido en las elecciones generales de 2021, cuando ejerció como abogado del Partido Morado frente a un caso similar de cancelación de inscripción.

“A la luz de las normas vigentes, no veo ahora nada que me permita hacer una interpretación distinta a la ya establecida. La duda no es para cancelar, la duda es para mantener derechos fundamentales”, arguyó.

Por su parte, el abogado José Villalobos agregó que la definición sobre la inscripción de las agrupaciones políticas no será inmediata. “La inscripción recién la pierden en enero del 2027”, recordó.

Además, negó que la decisión del JNE genere un vacío legal. “No hay ningún riesgo, porque es la máxima instancia en materia electoral”, concluyó.

Belaúnde acudirá a las 2:00 p.m. y deberá explicar la situación de su cartera. Su presentación está enmarcada en cuestionamientos por la omisión de declarar a su padre como uno de los directores de la empresa Paltarumi y por sus vínculos con la directora de la minera Poderosa.

A las 4:00 p.m. será el turno de Astudillo de exponer ante el grupo parlamentario. Su intervención está circunscrita a la masacre de Trujillo, donde cuatro personas fueron asesinadas durante el secuestro de un empresario minero.

El documento oficial cita a Galarreta para las 3:00 p.m., en la Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo.

La convocatoria busca que Galarreta informe y sustente el proyecto de ley que solicita delegar al Gobierno facultades legislativas durante 120 días calendario.

La iniciativa comprende 66 puntos, la mayoría de ellos centrado en seguridad.

Uno de los casos corresponde a Lucía Yalán Cano, quien se reunió con Gutiérrez el 12 de junio de 2024 durante más de dos horas. Semanas después obtuvo su Registro Nacional de Proveedores y recibió cinco órdenes de servicio consecutivas, para posteriormente ingresar al régimen CAS como asistente administrativa.

Yalán no había prestado servicios anteriormente para el Estado, según la información consignada en la investigación. Al ser consultada sobre su incorporación a la institución, intentó desvincular su contratación de la reunión que sostuvo en el despacho del defensor.

Un caso similar corresponde a Nicole Mingos Medrano, quien acudió al despacho de Gutiérrez en dos oportunidades durante el 30 de julio de 2024. Tres días después gestionó su RNP y posteriormente recibió cuatro órdenes de servicio antes de pasar también al régimen CAS

Los informes de la Contraloría también alcanzaron la designación de Betbiary Díaz Coral como jefa del Programa del Derecho a la Salud en julio de 2024. Para este puesto se exigían cuatro años de experiencia específica, requisito que, según el órgano de control, no habría sido acreditado de acuerdo con las condiciones establecidas.

La revisión detectó que documentos que acreditaban únicamente siete días de trabajo fueron considerados para consignar tres años y dos meses de experiencia. Díaz dejó la jefatura en enero de 2025 luego de las observaciones, pero posteriormente fue designada como asesora I y más adelante pasó a ocupar el cargo de adjunta.

Otro de los casos examinados involucra a Margarita Yahuana Correa, quien había trabajado como colaboradora parlamentaria vinculada al entorno de Gutiérrez. Mientras ocupaba una plaza bajo el régimen CAS, participó en un concurso interno para acceder a un puesto bajo el régimen laboral 728.

La Contraloría señaló que Yahuana intervino en la recopilación y consolidación de información administrativa correspondiente al proceso en el que ella misma era postulante. Según los documentos revisados, esta situación afectó las condiciones de transparencia que debían regir el concurso.

Tras resultar ganadora, Yahuana pasó de percibir aproximadamente 7 mil soles a recibir el doble de esa remuneración. Posteriormente fue promovida a la Dirección General de Administración de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Los casos forman parte de una revisión que comprende diferentes modalidades de incorporación y permanencia dentro de la Defensoría del Pueblo. Las observaciones incluyen órdenes de servicio, contrataciones bajo el régimen CAS, designaciones en puestos de confianza y concursos para acceder a plazas permanentes.

El general Óscar Arriola señaló que su renuncia al cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) responde a una “decisión personal que pasa por la mirada de la institucionalidad y la gobernabilidad”.

Tras su salida, afirmó en Punto Final que se encuentra “con mi consciencia tranquila, de haberme esforzado y rogando para que esto mejore (…) y sin guardar absolutamente nada negativo”.

Ante la ola de criminalidad que afecta actualmente al país, sostuvo que en la PNP han “salido airosos” y recordó que la institución ha logrado afrontar “crisis como estas” en anteriores ocasiones. “He vivido el terrorismo en primera línea”, agregó.

Además, Arriola dijo que las cinco personas capturadas en Trujillo participaron de “manera directa” en el secuestro de un empresario minero y en el cuádruple asesinato de sus acompañantes, reafirmó Arriola. Según precisó, los detenidos “han estado en el espacio donde se produjeron los hechos”.

Tras la detención de estas personas, también se encontraron comunicaciones entre Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Pulpo’, y quienes ejecutaron el delito, comentó Arriola. “Hay muchos elementos de convicción que el Ministerio Público viene manejando”, manifestó.

El actual jefe del Estado Mayor de la PNP, Freddy López Mendoza, quien asumirá como próximo comandante general de la Policía, aseguró que la institución logrará brindar tranquilidad a la población “en algún momento”.

Por otro lado, López Mendoza consideró que no se puede “hablar de apresuramientos” en las detenciones relacionadas con el secuestro en Trujillo. Afirmó que, bajo su perspectiva, los procedimientos ejecutados por la Policía durante este caso han sido “los más acertados”.

“Cuando un hecho de esta magnitud ocurre las cosas que hace la policía deben ser celeres, rápidas”, aseguró.

El relevo se concretará en los próximos días y, según el Ejecutivo, responde a una transferencia institucional y al respeto de la prelación dentro de la institución policial.

“Se designará al general de la Policía Nacional Fredy López Mendoza para que reemplace en el cargo al general Arriola”, señaló el premier Luis Galarreta durante un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno. El anuncio se produjo luego de una sesión del Consejo de Ministros encabezada por la presidenta Keiko Fujimori y contó con la presencia de Óscar Arriola, Fredy López y del ministro del Interior, César Astudillo.

Más temprano, el diputado Harvey Colchado había señalado que López Mendoza podría ser una alternativa para asumir la comandancia general de la PNP en caso de la salida de Arriola. En declaraciones a RPP, destacó que, a título personal, lo consideraba un oficial “honesto, metódico y responsable”, además de resaltar su experiencia en la lucha contra la corrupción y su paso por la Policía Aérea.

Perfil de Fredy López Mendoza:

Fredy López Mendoza se desempeña desde el 1 de enero de 2026 como jefe del Estado Mayor General de la PNP, considerado el segundo cargo de mayor jerarquía dentro de la institución.

Durante su trayectoria también ocupó puestos vinculados con la investigación criminal y la lucha contra la corrupción. En 2022 estuvo al frente de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y fue presentado como titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

El oficial también participó en actividades internacionales de cooperación policial. En marzo de 2026 encabezó una delegación peruana en Guayaquil, Ecuador, para fortalecer la coordinación contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal.

En el ámbito académico, Fredy López Mendoza es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su investigación de posgrado estuvo orientada al empleo de agentes encubiertos como técnica especial para investigar y combatir el crimen organizado.

Cabe precisar que su llegada a la comandancia general se producirá en un contexto marcado por el avance de la extorsión, el sicariato y otras modalidades delictivas.

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Galarreta señaló que el Ejecutivo trabaja en distintas medidas frente a la situación de inseguridad y adelantó que estas serán presentadas progresivamente. El premier pidió a la ciudadanía mantener la confianza en las acciones que desarrolla el Gobierno para enfrentar la criminalidad.

El jefe del Gabinete sostuvo que la estrategia no debe limitarse a combatir los delitos, sino también a fortalecer a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. En ese sentido, señaló que la criminalidad también busca debilitar la confianza de la población en el Estado de derecho.

“Y le decimos a la ciudadanía que tengan la confianza porque estamos trabajando acciones, vamos a trabajar diferentes estrategias para poder acabar con esta lacra y sobre todo en los meses que quedan vamos a presentar varias acciones en las próximas semanas para que la ciudadanía pueda ver cómo continuamos con esta lucha contra la criminalidad”, indicó.

Agradece labor de Óscar Arriola

Galarreta expresó su agradecimiento hacia Arrola por el tiempo dedicado a la institución y calificó su decisión como un gesto de compromiso con el país. El premier también destacó su trayectoria dentro de la Policía y extendió su reconocimiento a la familia del oficial por el tiempo que, según señaló, le permitió dedicar a sus funciones dentro de la institución.

“Es una persona que ama al país y ama su institución. A través suyo, señor Arriola, a su madre, a su esposa y a sus dos hijos. Agradezcales por habernos prestado un tiempo a su familiar, como a todas las familias de la Policía del Perú”, agregó.

¿Quién asumirá el máximo cargo en la PNP?

Tras la renuncia de Arriola, Galarreta informó que el general PNP Fredy López Mendoza será designado para ocupar el cargo que dejará el actual director general. López se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional.

“Se designará al General de la Policía Nacional Fredy López Mendoza para que reemplace el cargo correspondiente al General Arriola. Esta designación también ha tenido una transferencia, repito, institucional. La criminalidad nos quiere desafiar como sociedad y como Estado y no lo podemos permitir”, informó desde Palacio de Gobierno.

El premier explicó que la decisión forma parte de una evaluación institucional y que el Ejecutivo considera necesario respetar la prelación dentro de la institución policial.

Galarreta sostuvo que la Policía necesita respaldo para cumplir su función constitucional y mencionó la incorporación de herramientas tecnológicas y mayores recursos como parte de ese objetivo. Además, afirmó que la finalidad es reforzar la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones dedicadas a actividades delictivas.

Si bien el Mininter archivó el reclamo, esta continuó de manera independiente ante la Contraloría, entidad que terminó admitiéndola. Pese a ello, Bazán López permanece en su cargo mientras las diligencias avanzan bajo reserva.

De acuerdo a una carta oficial firmada por la subgerente de Control del Sector Seguridad Interna y Externa, Juana Llacsahuanga, la denuncia presentada por el ciudadano Guillermo Haro Echegaray cumplió los requisitos formales, por lo que fue trasladado al Órgano de Control Institucional del Mininter, según Infobae.

Paralelamente, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del ministerio inició una investigación preliminar contra Bazán, por su presunta participación en el ingreso de Santiváñez por un acceso reservado para el ministro y los viceministros, sin reportarse en el registro oficial de visitas.

A esta acusación, se pide revisar las cámaras de seguridad, registros de visitas, correos institucionales y otros documentos.

SANTIVÁÑEZ ADMITIÓ INGRESO

Por su parte, el propio Santiváñez reconoció que continúa yendo al ministerio que dirigió entre mayo de 2024 y marzo de 2025. En diálogo con Exitosa, sostuvo que es un visitante frecuente de la sede incluso desde antes de asumir el cargo, y explicó que su cercanía responde a que es hijo de un policía.

“Yo siempre soy un visitante asiduo al Ministerio, incluso antes de que fuera ministro. A veces voy a los clubes de la Policía; soy hijo de un policía, no soy ajeno a la vida policial. Voy a los cuarteles, al sauna, por ejemplo, aunque no pertenece a la Policía, pero fue levantado por aporte de los policías, en los cuales estuvo el aporte de mi padre”, explicó.

Sobre este presunto ingreso irregular, Santiváñez relató que acudió al Banco de la Nación ubicado en el sótano del edificio y que, estando ahí, decidió subir a saludar a Óscar Arriola, pero no lo encontró y se retiró.

“Ese día, lo que sucedió, estando en ropa deportiva, fue que fui al Banco de la Nación que está en el sótano del Ministerio. Estando ahí, decidí que voy a saludar a Óscar Arriola; no lo encontré y me retiré”, apuntó.

“En los próximos días me relevaré en el cargo de comandante general de la PNP. “Solamente tengo palabras de agradecimiento, primero y siempre con Dios, con la santa madre y el Espíritu Santo, que siempre me han inspirado para tomar todas las decisiones en mi vida, de las cuales no me arrepiento de ninguna”, sostuvo.

El alto mando policial reconoció que su gestión podría generar comentarios diversos, pero remarcó que su actuación estuvo siempre guiada por el compromiso institucional.

Además, se dirigió a los efectivos policiales y recalcó que lo importante es seguir adelante, a pesar de las diferentes modalidades criminales presentes. “No pueden vencernos; nunca nos venció ni el terrorismo ni ninguna de las modalidades de criminalidad organizada. Esta vez no va a ser la excepción”.

“Me voy con la conciencia absolutamente limpia y con la frente muy en alto”, apuntó Arriola, quien bajo su gestión tuvo un periodo marcado por la falta de eficacia en la lucha contra la criminalidad organizada y la inseguridad en el país.

Por otro lado, Arriola dedicó buena parte de su mensaje a agradecer a las autoridades que respaldaron su gestión. Mencionó a la expresidenta Dina Boluarte, quien lo puso al mando de la entidad policial; a José Jerí por mantenerlo en el cargo; a José María Balcázar por la oportunidad continua; y a la actual jefa de Estado, Keiko Fujimori, por la confianza.

En su reemplazo, el general PNP Fredy López Mendoza estará al mando. La designación fue anunciada por el premier Luis Galarreta.

La propuesta busca incorporar los artículos 129-R y 129-S al capítulo de delitos contra la dignidad humana. El primero aborda la entrega o transferencia de menores a cambio de dinero u otros beneficios, mientras que el segundo sanciona mecanismos ilegales utilizados para concretar adopciones.

Venta de niños

Para la venta de niños, el proyecto plantea penas de 12 a 20 años de prisión. Si existen agravantes, como la participación de funcionarios, falsificación de documentos, organizaciones criminales o víctimas menores de 14 años, la sanción subiría de 15 a 25 años.

La propuesta establece una excepción para las madres que sean víctimas de trata de personas, siempre que no participen voluntariamente en la venta. Si intervienen en el hecho, enfrentarían una pena no menor de 25 años.

El texto contempla cadena perpetua cuando la conducta provoque la muerte o lesiones graves de la víctima y el responsable haya podido prever ese resultado. La iniciativa señala al respecto lo siguiente.

Adopción irregular

La iniciativa propone sancionar con 5 a 10 años a quienes induzcan, faciliten u obtengan indebidamente el consentimiento de padres o responsables para una adopción irregular. También incluye conductas como amenazas, aprovechamiento de vulnerabilidad, fraude, falsificación documental y ofrecimiento de dinero.

Con agravantes, la pena aumentaría de 6 a 12 años, mientras que si el hecho causa la muerte o lesiones graves y el resultado podía ser previsto, la sanción sería de 12 a 15 años. El proyecto establece esta última disposición en los siguientes términos.

Para las víctimas extranjeras, se plantea una residencia temporal de al menos seis meses y restricciones a la repatriación cuando exista un riesgo grave para su integridad física o psíquica. La propuesta también señala que no deberá disponerse su retorno si las circunstancias del delito en su país de origen representan dicho peligro.

El proyecto plantea además un protocolo entre el Ministerio Público, la Policía, el MIMP, Reniec y Migraciones, con participación de la Dirección General de Adopciones. El mecanismo contempla verificar documentos relacionados con el registro de nacimientos, los procesos adoptivos y la salida de menores del país.

La propuesta aún debe seguir el procedimiento legislativo antes de convertirse en una modificación vigente del Código Penal. Su aprobación dependerá de la evaluación y votación correspondiente en el Congreso.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados citó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, para que explique ante el Congreso los alcances del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

La sesión está prevista para este miércoles 9 de septiembre, a las 3:00 p.m., en la Sala de Sesiones Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo.

Galarreta deberá explicar alcance de 66 materias

La presidenta de la comisión, Giannina Avendaño Vilca, informó que el jefe del Gabinete Ministerial deberá desarrollar con mayor detalle las materias comprendidas en la solicitud del Gobierno.

El grupo parlamentario espera conocer, especialmente, las razones que sustentan la urgencia planteada por el Ejecutivo para recibir autorización temporal del Congreso para legislar.

El pedido está contenido en la Proposición Legislativa N.° 00098-2026-2031-CD y comprende 66 materias, según la información difundida sobre la convocatoria.

Comisión permanece en sesión permanente

La Comisión de Constitución se declaró previamente en sesión permanente para acelerar la evaluación de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo.

La decisión fue aprobada el 31 de agosto con 18 votos a favor y dos en contra. La medida permite convocar las sesiones que sean necesarias y recibir a representantes del Ejecutivo relacionados con los asuntos comprendidos en la solicitud.

El planteamiento para mantener al grupo parlamentario en sesión permanente fue presentado por el diputado Frank Krklec Torres, de Renovación Popular, y respaldado por Cecilia Chacón de Vettori, de Fuerza Popular.

Avendaño pide evaluación con participación ciudadana

Avendaño señaló que la delegación de facultades constituye un mecanismo excepcional mediante el cual el Congreso autoriza temporalmente al Ejecutivo a legislar sobre materias expresamente delimitadas.

“La atribución constitucional del Congreso es legislar, representar a la ciudadanía y ejercer el control político sobre la actuación del Ejecutivo, para garantizar el equilibrio de poderes”, señaló la comisión en un comunicado.

El grupo parlamentario indicó que busca revisar el pedido con participación de especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

Según la comisión, se vienen desarrollando diálogos con expertos en asuntos ambientales, energéticos y laborales, así como con sindicatos, instituciones y organizaciones indígenas.

Comisión es presidida por Giannina Avendaño

Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú, preside la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores para el periodo anual de sesiones 2026-2027.

La mesa directiva está integrada también por Fernando García Huby, del Partido del Buen Gobierno, como vicepresidente, y Heber López Letona, de Partido Obras, como secretario.

La comisión está conformada por 20 diputados y tiene entre sus responsabilidades el análisis de reformas constitucionales, normas reglamentarias y asuntos vinculados con las relaciones exteriores.

El excongresista de Fuerza Popular Carlos Tubino Arias-Schreiber negó haber recibido algún favorecimiento político tras ser nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Argentina.

En declaraciones a RPP, Tubino sostuvo que cuenta con experiencia suficiente para asumir la representación diplomática y aseguró que no participó en la decisión adoptada por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Tubino: “No hay ningún tipo de favorecimiento”

“No hay ningún tipo de favorecimiento, sino buscar lo mejor para el país”, afirmó el exlegislador.

Tubino recordó que fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, integró ese grupo parlamentario durante ocho años y se desempeñó como agregado naval en Argentina durante dos años.

También ejerció funciones como agregado naval en Israel, según información difundida por la Agencia Andina.

El nuevo embajador sostuvo que esa trayectoria le permite asumir el cargo con conocimiento de los asuntos diplomáticos.

Niega haber influido en su nombramiento

Tubino aseguró que no intervino en la decisión del Ejecutivo y agradeció a la presidenta Keiko Fujimori por la confianza otorgada.

“No he tenido ninguna participación en esta decisión que ha tomado el Gobierno”, señaló.

Añadió que asumirá el encargo con el objetivo de fortalecer las relaciones entre Perú y Argentina y colaborar con las prioridades de política exterior establecidas por el Ejecutivo.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 144-2026-RE, con fecha del 4 de septiembre y publicada al día siguiente en el diario oficial El Peruano. La norma lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del canciller Carlos Espá.

No tiene instrucciones sobre el tema de las Malvinas

Consultado sobre la disputa entre Argentina y Reino Unido por las islas Malvinas, Tubino indicó que todavía no ha recibido instrucciones específicas de la Cancillería peruana.

Calificó el tema como “delicado” y señaló que deberá ser abordado de manera coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tubino afirmó que su prioridad será fortalecer el vínculo bilateral entre Perú y Argentina, dos países que, según destacó, mantienen una relación histórica estrecha.

Gonzáles Posada cuestiona criterio de los nombramientos

El excanciller Luis Gonzáles Posada sostuvo que las recientes designaciones de embajadores políticos no son irregulares porque la legislación permite al Ejecutivo nombrar representantes que no pertenecen al Servicio Diplomático.

Sin embargo, consideró que algunos nombramientos podrían responder a “simpatías” o vinculaciones políticas del Gobierno.

Gonzáles Posada señaló que corresponde a la Cancillería evaluar si las personas designadas cuentan con la preparación, experiencia profesional y condiciones necesarias para ejercer funciones diplomáticas.

Gobierno realizó nuevas designaciones diplomáticas

El nombramiento de Tubino forma parte de una serie de cambios en las representaciones diplomáticas del Perú dispuestos por el Ejecutivo en los últimos días.

La Resolución Suprema N.º 144-2026-RE establece que Tubino asumirá como embajador extraordinario y plenipotenciario en Argentina, aunque la fecha efectiva de inicio de funciones todavía deberá ser determinada por una resolución ministerial posterior.

Tubino fue congresista de Fuerza Popular entre 2011 y 2019 y es vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú.

De los designados, Carlos Amézaga Rodríguez, hoy embajador en Tailandia, y Carlos Pareja, actual representante permanente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pertenecen al Servicio Diplomático de la República.

Pareja se desempeñó entre abril y julio último como canciller del gobierno de José María Balcázar.

En la lista de embajadores políticos figura Jennifer Contreras, ministra de Desarrollo Agrario en la gestión de Dina Boluarte. Ella será la representante permanente en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en Roma (Italia).

Carlos Tubino, excongresista de Fuerza Popular (2011-2019), fue nombrado embajador en Argentina, en reemplazo del diplomático de carrera Carlos Chocano Burga.

Aurelio Pastor, quien hasta hace dos días fue abogado del diputado fujimorista Pier Figari, representará a Perú en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pastor fue congresista del APRA (2001-2006 y 2006-2011) y exministro de Justicia de Alan García. También estuvo preso por tráfico de influencias y luego fue absuelto.

El médico José Recoba Martínez, quien integró el equipo técnico de Fuerza Popular en las últimas elecciones generales, representará al país ante los organismos internacionales en Ginebra, mientras Carlos Díaz Villanueva lo hará en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El Ministerio de Defensa (Mindef) envió este domingo 6 de septiembre tres equipos tecnológicos al establecimiento penitenciario Trujillo Varones, conocido como penal El Milagro, en La Libertad, con el objetivo de reforzar los controles de seguridad en sus accesos y perímetro.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, supervisó el traslado desde el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, como parte de las acciones adoptadas tras la declaratoria de estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad del país.

Tres equipos reforzarán seguridad en El Milagro

Belaúnde informó que el equipamiento destinado al penal de Trujillo está compuesto por un equipo de ondas perimétricas, un detector de metales y un sistema de inspección de rayos X.

Según explicó, el objetivo es reforzar los controles para impedir el ingreso de celulares, chips y otros objetos prohibidos que puedan ser utilizados por internos para mantener comunicaciones con el exterior.

“Que no entren celulares, que no entren chips, que no entre nada que no debe estar dentro de un penal”, declaró el titular de Defensa a la prensa.

Belaúnde añadió que también se busca controlar las antenas y repetidoras instaladas en las inmediaciones de los establecimientos penitenciarios que puedan facilitar comunicaciones móviles desde el interior de las cárceles.

Anuncian contingente militar en exteriores del penal

El ministro anunció además el despliegue de un “importante contingente militar” en los exteriores de El Milagro para reforzar la seguridad durante la vigencia del estado de emergencia.

El dispositivo se enmarca en el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, que establece una intervención en los cinco penales declarados en emergencia y en sus perímetros exteriores hasta un radio de 200 metros.

En esas zonas, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Revisarán equipos que actualmente no funcionan

Belaúnde indicó que los nuevos dispositivos serán incorporados a los sistemas que ya existen en el penal El Milagro, pero advirtió que parte del equipamiento disponible actualmente no se encuentra operativo.

Señaló que el sector Defensa viene coordinando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con la nueva jefatura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para garantizar que los equipos existentes en los establecimientos penitenciarios funcionen adecuadamente.

La estrategia busca reforzar tanto el control físico de los accesos como la vigilancia del perímetro y de las comunicaciones que puedan producirse desde las cárceles.

General de la XXXII Brigada supervisará operación

El ministro Rafael Belaúnde también anunció su traslado a La Libertad junto al general EP Lizandro Mao Córdova Román, comandante general de la XXXII Brigada de Infantería, con sede en Trujillo.

Córdova estará encargado de supervisar la operación militar que se desarrollará en el perímetro exterior del penal El Milagro.

La participación de las Fuerzas Armadas forma parte de las disposiciones adoptadas por el Ejecutivo para reforzar la seguridad penitenciaria y reducir las posibilidades de que organizaciones criminales mantengan comunicaciones desde los centros de reclusión.

Cinco penales están en estado de emergencia

El Ejecutivo declaró por 60 días calendario el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad.

La medida comprende los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.

El Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM también dispone acciones de seguridad sobre el perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de estos establecimientos penitenciarios.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, negó este domingo 6 de septiembre haber participado en algún interrogatorio o diligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) a detenidos investigados por el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo, región La Libertad.

Desde el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, el titular del Ministerio de Defensa sostuvo que su intervención se limitó a conocer la condición física y el estado de salud de cuatro detenidos vinculados a la investigación.

Belaúnde: “No he tenido ninguna participación en un interrogatorio”

“No he tenido ninguna participación en un interrogatorio o mucho menos”, declaró Belaúnde ante la prensa.

El ministro explicó que se interesó por la situación de los detenidos debido a su condición de titular del sector Defensa y a las labores de coordinación que mantiene con la Policía Nacional en el marco del estado de emergencia vigente en Trujillo.

Según Belaúnde, su presencia no tuvo como finalidad intervenir en las diligencias policiales ni realizar preguntas relacionadas con la investigación criminal.

“Mi motivación era ver la condición de salud, el estado físico de los detenidos, nada más que eso”, afirmó.

Ministro cita pronunciamientos del Ministerio Público

Belaúnde sostuvo que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, habían señalado que acercarse para verificar la situación física de los detenidos no constituye, por sí mismo, una actuación ilegal.

El titular del Mindef reconoció, sin embargo, que su actuación podría ser considerada “poco atinada” o “poco conveniente”, pero rechazó que haya significado una intromisión en las investigaciones.

La Fiscalía y la Policía mantienen abiertas las pesquisas para establecer responsabilidades en el secuestro de Lara Tantaquilla y en el asesinato de las cuatro personas que lo acompañaban cuando fue interceptado.

PNP continúa investigación por secuestro y cuádruple asesinato

El empresario Jenss Marty Lara Tantaquilla fue secuestrado la madrugada del 30 de agosto en la intersección de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel Bobadilla, en Trujillo.

Durante el ataque fueron asesinados cuatro de sus acompañantes. Los agresores, según las primeras investigaciones, habrían utilizado vestimenta similar a uniformes policiales para interceptar el vehículo en el que se movilizaban las víctimas.

Lara Tantaquilla fue posteriormente liberado durante un operativo de la Policía Nacional. Inicialmente, la PNP informó de la captura de cinco presuntos implicados en el secuestro y los homicidios.

Las investigaciones continuaron durante los días siguientes y permitieron nuevas detenciones, intervenciones de inmuebles e incautaciones de armas y vehículos presuntamente relacionados con el caso.

Belaúnde destaca operativo de la Policía

El ministro de Defensa calificó como “acertado” el trabajo desarrollado por la Policía Nacional para ubicar el inmueble donde habría permanecido retenido Lara Tantaquilla.

Belaúnde afirmó que espera que el avance de las diligencias permita corroborar progresivamente la hipótesis policial sobre el secuestro y los asesinatos.

La investigación está siendo desarrollada conjuntamente por unidades especializadas de la PNP y fiscales especializados contra la criminalidad organizada.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, anunció nuevas medidas para restablecer el orden en los cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad declarados en estado de emergencia por el Ejecutivo.

Entre las acciones planteadas figuran el fortalecimiento de las labores de inteligencia dentro de las cárceles, una nueva distribución de los internos de acuerdo con los delitos cometidos y su nivel de peligrosidad, así como la aplicación de regímenes y beneficios diferenciados según su comportamiento.

Inteligencia será prioridad dentro de los penales

Álvarez sostuvo que la estrategia no estará centrada únicamente en requisas y operativos dentro de los establecimientos penitenciarios, sino principalmente en conocer cómo operan las organizaciones y qué ocurre al interior de cada prisión.

“Lo fundamental no va a ser exclusivamente las intervenciones, como requisas, que tradicionalmente se han efectuado para dar imagen de eficiencia. Lo fundamental en este momento es la labor de inteligencia en el interior de los penales”, declaró a TVPerú.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) afirmó que será necesario identificar tanto las actividades ilícitas dentro de las cárceles como la actuación de los funcionarios penitenciarios.

Según explicó, la política contempla integrar la inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con información de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.

Gobierno busca evitar que cárceles sean “universidades del delito”

Álvarez señaló que uno de los objetivos es impedir que los establecimientos penitenciarios se conviertan en espacios donde internos de distinta peligrosidad convivan sin una adecuada clasificación.

Como ejemplo mencionó el penal de Trujillo, conocido como El Milagro, donde cuestionó que personas procesadas o sentenciadas por delitos graves y vinculadas a bandas criminales compartan espacios con internos que no han cometido delitos de sangre.

“Vamos a tratar de establecer, primero, la distribución correcta de los internos”, indicó.

El ministro sostuvo que los reos considerados de mayor peligrosidad deberán ser trasladados progresivamente a establecimientos que cuenten con las condiciones de seguridad necesarias.

Beneficios penitenciarios dependerán también de la conducta

Otra de las medidas anunciadas será establecer tratamientos diferenciados para los internos considerando el delito cometido, su peligrosidad y su conducta dentro del penal.

Álvarez afirmó que también se evaluará la vinculación de los reclusos con organizaciones criminales que continúen operando fuera de las cárceles.

Según explicó, un interno perteneciente a una banda podría perder temporalmente determinados beneficios si la organización criminal continúa cometiendo delitos, de acuerdo con las reglas y evaluaciones que implemente el sistema penitenciario.

El ministro recordó que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada por su despacho, los beneficios penitenciarios tienen naturaleza de beneficios sujetos al cumplimiento de requisitos y no constituyen automáticamente un derecho concedido a todos los internos.

Álvarez: “Sin orden no hay rehabilitación posible”

El titular del Minjusdh aseguró que la reorganización penitenciaria busca recuperar la capacidad del Estado para mantener el orden dentro de los centros de reclusión.

“Sin orden no hay rehabilitación posible”, sostuvo Álvarez al explicar que la seguridad interna de los establecimientos penitenciarios es también un componente de la estrategia contra la criminalidad.

Añadió que el objetivo del Ejecutivo es convertir los penales en centros efectivos de rehabilitación y reducir la posibilidad de que organizaciones criminales continúen dirigiendo actividades ilícitas desde prisión.

¿Qué penales fueron declarados en emergencia?

El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad:

• Challapalca, en Tacna.
• Cochamarca, en Pasco.
• Miguel Castro Castro, en Lima.
• Ancón I, en Lima.
• Trujillo Varones, en La Libertad.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM y tendrá una duración de 60 días calendario.

Durante este periodo, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno en estos establecimientos con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

La declaratoria también comprende el perímetro exterior de cada penal hasta un radio de 200 metros. En ese ámbito se aplican restricciones o suspensiones al ejercicio de determinados derechos constitucionales vinculados con la libertad de tránsito, reunión y libertad y seguridad personales, conforme a lo establecido en el decreto.

A un mes de las elecciones, ¿cómo lo trata esta contienda electoral?

Sería una mentira decir que no he tenido más de un disgusto por difamaciones groseras que han habido, que nos hacen recordar a las épocas del montesinismo. Y es lamentable descubrir cómo hay gente que usa el poder político que tiene para regresar a esas malas prácticas, difamar a las personas de una manera realmente vil.

¿Qué acciones ha tomado?

Presenté 12 cartas notariales, más o menos. En toda mi vida política nunca envié una carta exigiéndole a alguien que se rectifique. No era mi estilo. Y vamos, habiendo sido cuatro veces ministro y tres veces congresista, pueden haber dicho barbaridades, pero no sentía la necesidad de tener que llegar a amenazar con estos juicios o cosas parecidas. Ahora sí, se han dicho cosas realmente inaceptables, de fondo y de forma. O sea, groseras que no podía dejarlas pasar.

¿Y cómo evalúa al JNE en estas elecciones?

Realmente deja mucho que desear. Ellos son los encargados de que este proceso electoral se enmarque dentro de las normas vigentes, y una de ellas establece que una persona que ha sido alcalde en el periodo anterior no lo puede volver a ser en este periodo. ¿Qué norma es esa? Nada menos que la Constitución. Entonces, que el Jurado no haga nada para hacer cumplir ese principio constitucional hace que esta elección pierda validez.

¿Cree que el JNE está favoreciendo a López-Aliaga?

Hasta el momento, sí. El JNE está favoreciendo un candidato que puede ejercer el mismo cargo de manera consecutiva.

¿Cree que el JNE deba permitirle participar del debate electoral?

Si ya le permitieron participar (como candidato a alcalde), ya lo que hagan realmente no tiene importancia. Si el señor López-Aliaga está en la campaña y el Jurado le permite asumir el cargo de alcalde de Lima, a pesar de que la Constitución no se lo permite, por lo menos que participe en el debate.

Entonces, ¿la candidatura de López-Aliaga es inconstitucional?

Totalmente, eso es clarísimo, no hay espacio de duda. El texto de la Constitución es simple y taxativo, así que no hay espacio para interpretación.

Esta práctica también se ha visto en Somos Perú, con Alfredo Reinaga en Independencia y Jesús Maldonado en San Juan de Lurigancho, ¿también son inconstitucionales?

Si son exactas, si están incurriendo exactamente en lo mismo que el señor López-Aliaga, lamentablemente sí.

¿Conversó con su partido al respecto?

No, porque no he sido yo quien hizo este proceso interno, no he sido yo quien los ha seleccionado. Yo he llegado al partido el año pasado recién, antes del proceso de inscripción. Y estuve al margen de todo el proceso de selección.

¿No le piden en Somos Perú alguna opinión?

Sí, sobre posiciones políticas del partido. El proceso de selección interna que hicieron es algo en lo cual yo estuve totalmente ajeno. Me centré solamente en el proceso de selección de Surco; me dieron la potestad de promover un candidato, porque yo era alcalde de Surco y ha sido el único distrito donde he intervenido.

Pero usted ingresó a la alcaldía de Surco con Avanza País, ¿por qué ese cambio?

Porque vi que ingresaban a Avanza País personas con las que yo tengo fuertes discrepancias, algunas ideológicas y otras personales. Entonces, por eso preferí no candidatear. No voy a decir los nombres, pero al ser yo quien iba a estar constantemente criticando, internamente en el partido, la actuación de estas personas, preferí alejarme.

También estuvo en Acción Popular y Perú Posible, ¿a qué responde estos virajes?

En el Perú, lamentablemente no hay un partido de derecha liberal con el cual yo me sentiría 100% identificado. Entonces, solo me queda buscar un partido de centroderecha, que es lo que más se acerca a lo que yo pienso. Nunca he estado en un partido de izquierda, tampoco he estado en un partido de derecha conservadora.

¿Cómo evalúa el gobierno de Keiko Fujimori?

Es muy pronto para hacer una evaluación. Póngase una mano en el pecho, 30 días es muy poco, considerando que a ella recién se le proclamó presidenta 15 días antes de que juramente. Si hubiera sido clara la victoria, en primera vuelta, ya habría tenido varios meses para armar gobierno. Lo mismo en segunda vuelta, no se sabía aún quién había ganado, solo esperar el conteo de votos. Entonces, realmente ha tenido muy poco tiempo para armar gobierno.

Pero Fujimori postuló en cuatro oportunidades.

¿Y eso qué significa? ¿Que cada vez que postula arma gobierno? Uno recién arma gobierno cuando gana.

¿No cree que se está quedando rezagada con la inseguridad ciudadana?

El tema de la inseguridad está en su pico y, por supuesto, las cosas que vemos hace que la gente quiera soluciones rápidas, y no va a haber. Esto es como el terrorismo, no se solucionó de un día para otro, tomó años. Esperemos que este asunto de la lucha contra la delincuencia no tome años, pero no se puede solucionar en un mes.

¿Y su Gabinete?

He visto ministros opinar sobre temas que competen a otros ministerios, y en las primeras semanas de gobierno eso no es prudente. El premier debe haberles dicho a los demás ministros: ‘Nadie hable ni opine sobre temas que no competen a su sector hasta que haya un acuerdo’. Entonces, con esa premisa, estos desencuentros van a disminuir. Una vez que el gobierno toma una decisión, todos los ministros pueden opinar al respecto, y el que no esté dispuesto a opinar en ese sentido puede renunciar.

¿Cree que deba cambiarse a algún ministro ahora?

En el corto plazo, en estos momentos, creo que no. Hay ministros que los son por primera vez. El cargo de ministro es un cargo bien especial, atípico.

¿Cómo ve la respuesta del Ejecutivo en la masacre de Trujillo?

Ha hecho lo que puede hacer dentro de los escasos avances en términos de investigación criminal, todavía no han tenido tiempo de hacer los cambios que ellos desean hacer. Con o sin la intervención de la Policía, el desenlace ha sido relativamente feliz: se liberó a la persona secuestrada, a pesar que tenemos que lamentar la muerte de cuatro personas.

¿Esto respondería a la delegación de facultades?

Si el Congreso realmente fuera responsable, ya debería delegar facultades en esa materia para que el Ejecutivo no tenga excusa. El Congreso le está dando la excusa perfecta para decir que no pudo hacer nada. Si yo fuera Congreso, no sería tan tonto y no le daría esa excusa. Le digo: ‘¿Quieres facultades? Toma, ahora quiero resultados’.

¿Y un alcalde puede deslindarse de responsabilidad ante este tipo de atentados en su jurisdicción?

Sí. O sea, no se le puede culpar al alcalde de lo que ocurrió, salvo que no haya hecho nada en su distrito para luchar contra estos casos; es decir, si no ha puesto cámaras ni patrulleros ni montado una central de videovigilancia. En ese caso, él no ha hecho su parte. Pero cuando se trata de disparos, nosotros no podemos parar una bala con la mano. Aquí los únicos que tienen pistolas son los policías.

¿Debería dotarse de armas de fuego a los serenos?

No le daría arma de fuego a los serenos porque no están preparados. Yo haría una policía municipal con licenciados de las Fuerzas Armadas, que ya saben usar armas de fuego. Se les capacita, una capacitación teórica de 6 u 8 meses, algunos meses de patrullaje en las calles y se gradúan de policías municipales.

¿Pero no es lo mismo que la Guardia Municipal?

Les han dado pistolas a los serenos. No sé en base a qué ley, no sé la base legal de eso. Hasta donde yo entiendo, eso no es posible.

¿Cuál es su diagnóstico del municipio de Lima?

Una situación muy complicada. Los municipios no podemos endeudarnos más allá del periodo que le toca al alcalde, si no el siguiente lo encuentra en total insolvencia.

¿Esto es por la compra o “donación” de trenes?

Al final ha sido una donación parcial. Los trenes han costado algo, porque se ha pagado una plata para que los reparen, una plata por una deuda que la empresa Caltrain tenía y que había que cancelar para liberarlos. Pero, ¿es competente? Es como que a mí, alcalde de Surco, de repente se me ocurre comprar barcos. Además, tampoco era el momento, no los puedes usar porque no tenemos la infraestructura de rieles con la seguridad suficiente para que no mate gente. A este municipio de Lima le encanta hacer obras donde la gente muera. Ellos tienen que entender que no necesariamente tiene que morir la gente en cada obra.

Y, ¿cómo ve el tren Lima-Chosica?

Necesario. No creo que deba ser un tren Lima-Chosica, sino un Tren Chosica-Callao, y que esté rodando todo el día, con vagones de ida y vuelta. Entonces, tiene que haber dos rieles para tener un servicio de transporte fluido.

La precisión se produjo ante la luz verde de candidaturas de alcaldes como primeros regidores, entre ellas la de Rafael López-Aliaga en Lima.

Pendiente

Burneo declaró a la prensa que el organismo electoral solo ha resuelto si un burgomaestre electo en 2022 puede postular ahora a la misma comuna como primer regidor.

“¿Puede participar un alcalde en ejercicio? La respuesta es que sí, porque no hay prohibición expresa en la Constitución, en las leyes y otros marcos normativos”, manifestó.

Sin embargo, remarcó que el pleno no ha analizado si corresponde entregar las credenciales al primer regidor para que asuma la alcaldía, si su partido gana los comicios y este no tiene un aspirante a burgomaestre. “No ha sido materia del punto controvertido”, enfatizó.

Añadió que no es el momento de resolver tal controversia, debido a que el proceso aún se encuentra en la etapa de calificación de candidaturas, exclusiones y tachas.

En esa línea, el titular del JNE evitó anticipar qué decidiría el colegiado si más adelante debe pronunciarse sobre esta controversia.

“No puedo adelantar ninguna opinión respecto de ello, porque aún no ha sido materia del debate”, señaló.

Por otro lado, Burneo garantizó la independencia de los Jurados Electorales Especiales (JEE) al momento de resolver los expedientes, aunque recordó que sus pronunciamientos pueden ser revocados o precisados por el JNE.

“Siempre el jurado va a actuar conforme a la ley, a la Constitución y al marco normativo”, puntualizó.

El viceministro de Recursos para la Defensa, Darwin Eufracio León, realizó una inspección en la zona donde se tiene previsto instalar un retén militar.

Durante la visita se efectuaron mediciones y se identificó el espacio destinado a las operaciones de las Fuerzas Armadas, que apoyarán a la Policía Nacional en la vigilancia del perímetro exterior hasta un radio de 200 metros, conforme al Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, publicado hoy.

La jornada también permitió revisar, junto con personal administrativo del INPE, el sistema de control para el ingreso de visitas.

En esa inspección se detectó que tres escáneres para revisión de bultos y un equipo de body scan no estaban operativos desde hace varios años, según informó el personal penitenciario.

🚨 Declaran en emergencia cinco penales del país.

Ante la disposición del Gobierno, el viceministro de Recursos para la Defensa, Darwin Eufracio, se trasladó a Trujillo y visitó el penal El Milagro para coordinar acciones de seguridad. pic.twitter.com/AtalpF12mV

— Mindef Perú (@MindefPeru) September 5, 2026

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El proceso se realiza en una imprenta ubicada en Ate y cuenta con la supervisión de fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cada acta registra lo ocurrido durante la instalación de la mesa, la votación y el escrutinio. Junto con estos documentos, la ONPE imprime hojas borrador, hojas de asistencia, certificados para los miembros de mesa y carteles de resultados.

La producción tendrá una duración de entre 20 y 22 días y cada material pasa por revisiones manuales y electrónicas para verificar su contenido y numeración.

Los documentos son elaborados en papel con medidas de seguridad, entre ellas impresiones que no pueden ser detectadas a simple vista y que son visibles mediante luz ultravioleta.

Una vez terminada la impresión, el material será llevado a la sede de la ONPE en Lurín para su ensamblaje y posterior traslado hacia las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), desde donde continuará su distribución.

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Cabe mencionar que esta medida busca proteger al personal y asegurar la continuidad de las actividades electorales en las zonas consideradas de riesgo.

El documento contempla acciones en distritos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao.

Entre las disposiciones figuran el seguimiento de las condiciones climáticas, la verificación de vías y rutas, la distribución y traslado de material electoral, la capacitación de los actores involucrados y el procesamiento de resultados.

La ONPE también contempla la conformación de un comité para evaluar los eventos climáticos y adoptar decisiones oportunas. Si una emergencia genera una afectación mayor que impida desarrollar los comicios, el plan establece que las elecciones podrían ser reprogramadas bajo la modalidad de elecciones complementarias.

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La medida busca fortalecer el trabajo del INPE y reducir las posibilidades de que desde las cárceles se coordinen actividades criminales.

Álvarez explicó que el despliegue externo permitirá impedir el ingreso de celulares, chips, armas y otros elementos prohibidos, además de intervenir frente a la instalación de antenas y otros mecanismos empleados para facilitar comunicaciones clandestinas.

El ministro señaló que esta intervención deberá complementarse con acciones de inteligencia dentro de los establecimientos penitenciarios.

“Lo que necesitamos ahora es implementar mecanismos de inteligencia al interior de cada uno de los penales y para eso tenemos que hacer una labor silenciosa”, afirmó Álvarez.

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Roberto Burneo, presidente del organismo electoral, explicó que el marco legal no establece una prohibición expresa para que un alcalde en ejercicio aspire a una regiduría.

El funcionario precisó que el Pleno no analizó otros posibles escenarios vinculados a la candidatura, sino únicamente la existencia de un impedimento para postular al cargo de regidor. En ese punto, fue enfático: “La respuesta es sí”.

En relación con las decisiones emitidas por los jurados electorales especiales, Burneo resaltó que estos órganos actúan con independencia y profesionalismo. Aunque sus resoluciones son respetadas, explicó que el Pleno del JNE puede intervenir mediante los mecanismos previstos en el debido proceso y la doble instancia para revocar, modificar o precisar una decisión.

#EnVivo

Robero Burneo, presidente del JNE: “¿Puede participar un alcalde en ejercicio?, la respuesta es que sí, porque no hay prohibición expresa en la Constitución”

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/wrlbQzoLov

— Canal N (@canalN_) September 5, 2026

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En entrevista con Canal N, explicó que el Ejecutivo puede designar un porcentaje de embajadores políticos dentro del Servicio Diplomático, aunque estas decisiones deberían considerar la experiencia del funcionario, el conocimiento del país u organismo de destino y su comprensión del escenario internacional.

Si bien señaló que lo ideal es recurrir a diplomáticos de carrera, aclaró que no es indispensable pertenecer al Servicio Diplomático para ejercer una embajada.

Escobar destacó la trayectoria de Carlos Pareja Ríos, designado representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Recordó que fue canciller y embajador en Estados Unidos, además de contar con experiencia en asuntos de la agenda multilateral, como conflictos internacionales, derechos humanos y las posiciones del Perú ante organismos internacionales.

Sobre la designación de Aurelio Pastor Valdivieso como representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), consideró que su experiencia política puede ser un aporte, pero deberá complementarse con un conocimiento actualizado de la realidad regional y de los temas que aborda el organismo hemisférico.

El internacionalista enfatizó que una embajada no debe ser considerada una recompensa política. “El nombramiento no debe verse como un favor, debe verse como una responsabilidad”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que los representantes deben conocer las normas del Servicio Diplomático y actuar bajo principios como el respeto a la democracia y los derechos humanos.

Finalmente, Escobar advirtió que la experiencia política en el ámbito nacional no es suficiente para asumir una función diplomática. Los nuevos representantes deben conocer la realidad de los países donde serán destinados, la coyuntura regional y los principales acontecimientos internacionales, en un contexto marcado por conflictos, cambios de alianzas y tensiones entre potencias.

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De acuerdo con el cronograma electoral, el plazo para que el JNE resuelva las apelaciones relacionadas con tachas y exclusiones de candidatos venció ayer, 4 de setiembre. Con ello, el proceso entra en una etapa decisiva de cara a la jornada electoral.

Sin embargo, aún queda un plazo previsto para casos específicos. El 3 de octubre vencerá la fecha límite para disponer la exclusión de un candidato por situación jurídica, según las reglas establecidas para este proceso electoral.

Las ERM 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. En esta jornada, los ciudadanos elegirán a gobernadores y vicegobernadores regionales, así como a alcaldes y regidores de todo el país.

Según el padrón electoral informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 26 millones 314.774 ciudadanos están habilitados para votar en estos comicios, cifra que representa 200.155 electores más que los registrados en las elecciones generales de abril.

En total, la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir 13.148 autoridades regionales y municipales.

El JNE exhortó a los electores y a las organizaciones políticas a informarse mediante los canales oficiales y respetar los plazos establecidos para garantizar un proceso electoral ordenado y transparente.

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que la política constituye la hoja de ruta de la actual gestión y está estructurada en cinco ejes prioritarios, orientados a reducir brechas sociales, garantizar derechos fundamentales y fortalecer la capacidad del Estado.

El primer eje busca reducir la inseguridad ciudadana, mediante acciones contra los delitos violentos, la extorsión y el crimen organizado, además de fortalecer el acceso a la justicia y recuperar el control de zonas afectadas por economías ilegales.

El segundo eje está enfocado en reducir la vulnerabilidad frente a desastres y al cambio climático. Para ello, plantea mejorar el ordenamiento territorial, fortalecer la respuesta ante emergencias y promover la adaptación de las ciudades, los ecosistemas y las actividades productivas.

El tercer eje apunta al desarrollo integral de las personas, con medidas para mejorar los servicios de salud y educación, fortalecer las capacidades laborales, garantizar la seguridad alimentaria, ampliar el acceso a servicios básicos y reducir el trabajo infantil.

El cuarto eje busca elevar la productividad y promover el empleo formal, mediante el impulso a las micro y pequeñas empresas, mayor seguridad jurídica para las inversiones, reducción de brechas de conectividad y fortalecimiento del comercio exterior.

Finalmente, el quinto eje plantea consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho, fortaleciendo las instituciones, la rendición de cuentas, la coordinación entre entidades y el diálogo con la sociedad civil y el sector privado.

La política fue presentada previamente por Galarreta ante la Cámara de Diputados, el pasado 20 de agosto. En esa oportunidad, el jefe del Gabinete sostuvo que el Gobierno busca impulsar reformas para construir un Estado más eficiente y al servicio de la ciudadanía.

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El nombramiento marca el inicio del proceso de reestructuración de Sedapal, según anunció el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas.

La medida busca impulsar una gestión más eficiente y orientada a resultados, con el objetivo de mejorar la continuidad, seguridad y calidad del servicio de agua potable para las familias de Lima y Callao.

Arnillas aseguró que la reestructuración busca fortalecer a la empresa y descartó que esta implique una privatización del servicio. “El agua es pública, del Estado, y va a seguir siendo así”, afirmó el titular del sector.

Laca Barrera es ingeniero civil y cuenta con experiencia en el sector de agua y saneamiento. Fue viceministro de Construcción y Saneamiento en dos oportunidades y ocupó cargos directivos en el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

También se desempeñó como especialista sénior en agua y saneamiento del Banco Mundial y participó en programas de asistencia técnica y reforma institucional orientados a fortalecer la gestión y sostenibilidad de los servicios de saneamiento.

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La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 176-2026-EF, publicado en el diario El Peruano. Los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y corresponden a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

El propósito de la transferencia es garantizar la organización y atención de las actividades oficiales vinculadas con la visita del pontífice, considerada un evento internacional de alto nivel. Los recursos permitirán a la Cancillería atender los gastos necesarios para el desarrollo de la agenda y los compromisos protocolares asociados a la presencia del papa en el país.

El monto será incorporado al presupuesto de la Cancillería como gasto corriente, en la partida de bienes y servicios, y estará destinado a la organización de eventos internacionales de alto nivel, vinculados con el fortalecimiento de la política exterior y la acción diplomática.

La norma establece que la Cancillería deberá aprobar, dentro de los cinco días calendario de su vigencia, la desagregación de los recursos transferidos.

Asimismo, precisa que el dinero no podrá ser utilizado para fines distintos a los establecidos en el decreto, bajo responsabilidad.

El decreto supremo lleva las rúbricas de la presidenta Keiko Fujimori, y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y establece las disposiciones presupuestales necesarias para atender los compromisos derivados de la visita papal.

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Dyer señaló durante una entrevista en RPP, que una de las principales dificultades del sistema es que los establecimientos de salud manejan información de manera aislada, incluso sobre aspectos administrativos como el inventario de medicamentos.

“Nuestra meta a corto plazo es la transformación digital (...). Se va a empezar a mejorar la parte administrativa de los hospitales y los centros de salud”, indicó.

El ministro explicó que actualmente los registros todavía se manejan en papel y no existe una conexión adecuada entre los establecimientos.

“Hoy no tenemos conexión. Por ejemplo, algo tan sencillo como un consultorio con el inventario de la farmacia. No tenemos conexión entre hospitales”, refirió.

Cuatro medidas forman parte de la propuesta

Entre las medidas planteadas figura un sistema que permita consultar en tiempo real el inventario de las farmacias, además de una mejor gestión de los horarios de atención y notificaciones sobre las citas. El ministro precisó que busca reducir el uso de documentos físicos e implementar historias clínicas electrónicas para facilitar el acceso a la información de los pacientes.

Sobre este punto, Dyer sostuvo que la falta de digitalización afecta actualmente a distintos niveles del sistema sanitario.

“Estamos a un nivel que cada consultorio médico en nuestro país, cada hospital, tiene información en papel y no se comparte. No hay digitalización”, advirtió.

El titular del Minsa indicó que el objetivo es avanzar con la interconexión de los establecimientos durante los próximos meses, como parte de la modernización planteada mediante las facultades legislativas.

“Para fin de año debo tener conectados los 25 hospitales de Lima y los 500 centros de salud”, señaló.

Mediante la Resolución N.º 3707-2026-JNE, emitida el 4 de septiembre, el Pleno declaró infundado el recurso de apelación presentado por Ronald Castillo Rojas y ratificó la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que había rechazado inicialmente la solicitud.

El cuestionamiento surgió luego de la renuncia de Luis Israel Rubio Idrogo, candidato de Renovación Popular a la Alcaldía de Lima. Castillo Rojas sostuvo que, al quedar López Aliaga como primer regidor, podría acceder nuevamente a la alcaldía durante el periodo 2027-2030, lo que, según su argumento, debía evaluarse frente a la prohibición constitucional de reelección inmediata.

Sin embargo, la mayoría del JNE determinó que el pedido debía ser considerado como una tacha, debido a que cuestionaba la permanencia del candidato en el proceso electoral. Bajo esa figura, el plazo para presentar la objeción era de tres días calendario desde la publicación de la lista correspondiente.

El máximo órgano electoral precisó que la última publicación de la lista de Renovación Popular se realizó el 31 de julio, por lo que el plazo para presentar una tacha venció el 3 de agosto. Sin embargo, Castillo Rojas presentó su cuestionamiento el 21 de agosto, cuando el plazo ya había concluido. Por ello, el JNE declaró improcedente el pedido por extemporáneo.

La mayoría del Pleno tampoco se pronunció sobre el fondo de la controversia, es decir, si la renuncia del candidato a alcalde podría generar una situación incompatible con la prohibición de reelección inmediata establecida en el artículo 194 de la Constitución. El organismo electoral consideró que no correspondía analizar este aspecto, debido a que el plazo para presentar la tacha ya había precluido.

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Carlos Tubino fue designado como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Argentina, en reemplazo de Carlos Chocano. La resolución correspondiente dispone la entrega de las cartas credenciales y los plenos poderes necesarios para que pueda iniciar sus funciones en Buenos Aires.

Tubino es vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú y desarrolló parte de su trayectoria pública en el Congreso. Fue elegido parlamentario por Ucayali y también presidió la Comisión de Relaciones Exteriores, además de ejercer la representación política de su bancada.

Mientras que, Aurelio Pastor fue designado como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington. El exministro de Justicia ocupó anteriormente una cartera ministerial durante el segundo gobierno de Alan García y también fue congresista por San Martín.

Carlos Pareja, por su parte, fue nombrado representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. El cargo comprende la conducción de la delegación peruana ante este organismo internacional.

Nuevos representantes en Suiza y Tailandia

La Cancillería también oficializó el nombramiento de José Recoba Martínez como representante permanente del Perú ante la Confederación Suiza y los organismos internacionales con sede en Ginebra. De esta manera, Recoba asumirá la conducción de la misión peruana en esa ciudad.

Asimismo, el embajador Carlos Amézaga Rodríguez fue designado para encabezar la representación diplomática del Perú en Tailandia. Su nombramiento forma parte del conjunto de resoluciones emitidas para renovar distintas misiones en el exterior.

¿Qué otros cambios dispuso el Ejecutivo?

Entre las disposiciones publicadas también figura la culminación de las funciones de Manuel Cacho-Sousa como representante diplomático del Perú en Italia. La Cancillería estableció además el término de la misión de Carlos Herrera en Francia.

La exministra Jennifer Contreras Álvarez fue designada para encabezar la misión del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con sede en Roma. En Francia, Carlos Díaz Villanueva asumirá la representación peruana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París.

Las resoluciones supremas fueron emitidas por el Poder Ejecutivo y cuentan con la firma de la presidenta Keiko Fujimori y del canciller Carlos Espá. Los nuevos representantes deberán cumplir con los procedimientos correspondientes para asumir formalmente sus funciones en cada misión diplomática.