El acto reunió a autoridades y funcionarios, entre ellos Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú.

La ceremonia de conmemoración del 205.° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, fue encabezada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, en el Palacio Municipal.

Keiko Fujimori afirmó que el país inicia una nueva etapa con el próximo cambio de gobierno e hizo un llamado a las autoridades a priorizar el bienestar nacional por encima de las diferencias políticas.

“Iniciamos una nueva etapa, un nuevo gobierno. Los peruanos esperan resultados de sus autoridades. Por encima de cualquier diferencia o color político, siempre debe estar el Perú”, expresó.

En otro momento de su intervención, Fujimori destacó el homenaje que la comuna limeña rindió al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, al considerar que su trayectoria representa un ejemplo de servicio al país.

“Considero significativo que la Municipalidad de Lima haya decidido rendir un homenaje a Julio Velarde. Es un justo reconocimiento a quien se ha convertido en un ejemplo de profesionalismo y lealtad al Perú”, sostuvo la mandataria electa.

Keiko Fujimori, afirmó que el país inicia una nueva etapa con el próximo cambio de gobierno e hizo un llamado a las autoridades a priorizar el bienestar nacional por encima de las diferencias políticas. "Iniciamos una nueva etapa, un nuevo gobierno. Los peruanos esperan resultados de sus autoridades. Por encima de cualquier diferencia o color político, siempre debe estar el Perú", expresó durante una ceremonia realizada en la Municipalidad Metropolitana de Lima. En otro momento de su intervención, Fujimori destacó el homenaje que la comuna limeña rindió al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, al considerar que su trayectoria representa un ejemplo de servicio al país. "Considero significativo que la Municipalidad de Lima haya decidido rendir un homenaje a Julio Velarde. Es un justo reconocimiento a quien se ha convertido en un ejemplo de profesionalismo y lealtad al Perú", sostuvo la mandataria electa.

Video: Canal N

En una ceremonia privada, sin presencia de medios de comunicación ni transmisión oficial, el congresista José Jerí recibió la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz. La distinción fue entregada por Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular y presidente del Legislativo.

La condecoración se realizó una semana después de que el Consejo de la Medalla de Honor del Congreso evaluara si el también expresidente encargado cumplía con los requisitos para recibir una de las máximas distinciones del Parlamento. Esto ocurrió pese a que José Jerí fue censurado cuando ejercía la presidencia del Congreso y a que la bancada a la que perteneció expresó su rechazo a dicha posibilidad.

En una carta enviada a Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, la bancada sustentó su rechazo bajo “estrictas consideraciones de orden ético, moral y de idoneidad pública”. Además, señaló que la distinción constituye “la máxima condecoración que otorga este Poder del Estado a ciudadanos que han brindado servicios eminentes a la Nación”. El pronunciamiento hizo referencia a los cuestionamientos que afrontó el exmandatario por sus reuniones con empresarios chinos durante su gestión en el Ejecutivo.

Somos Perú, bancada a la que José Jerí renunció en junio pasado, también cuestionó la entrega de la distinción y sostuvo que “su historial de actuación pública y los cuestionamientos constitucionales que motivaron su apartamiento de la alta magistratura del Estado son de público conocimiento, resultando incongruente y agraviante para el país pretender honrar una gestión caracterizada por los siguientes hechos”.

Hasta el momento, el Congreso de la República no ha brindado una explicación oficial sobre el procedimiento que se siguió para aprobar la entrega de dicha condecoración.

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El Congreso de la República condecoró a José Jerí como expresidente del Poder Legislativo en una ceremonia en privado

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, aseguró que su gestión tendrá como ejes la reconciliación nacional y el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Así lo señaló luego de recibir las credenciales que la acreditan oficialmente como jefa de Estado para el periodo 2026-2031, durante una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de San Borja.

En su discurso, Fujimori afirmó que asume la Presidencia con “humildad” y plenamente consciente de la responsabilidad que implica conducir el Perú durante los próximos cinco años.

“Hoy finalmente ha terminado el proceso de elecciones generales. Comienza una nueva etapa, un nuevo rumbo marcado por el progreso, la paz, el reencuentro de los peruanos y la recuperación de la confianza en nuestras instituciones”, indicó.

La mandataria afirmó que los integrantes de su gabinete serán elegidos por su experiencia y capacidad técnica, y no por su militancia política.

“Nuestro gobierno estará integrado por mujeres y hombres de reconocida capacidad técnica, experiencia y vocación de servicio, sin importar su militancia partidaria”, sostuvo.

Además, anunció que cada ministerio trabajará con metas específicas y medibles, de modo que la ciudadanía pueda supervisar y evaluar periódicamente el desempeño de su gestión.

“Cada ministerio tendrá objetivos concretos. Cada autoridad conocerá las metas que debe alcanzar. Cada ciudadano podrá evaluar nuestros avances porque gobernar significa rendir cuentas. Los recursos públicos pertenecen a todos los peruanos”, enfatizó.

“Merecemos tener la certeza que el gobierno está en acción, que tiene decisión, coraje y voluntad política para poner orden. Y eso lo lograremos con la alianza clave entre el gobierno y el pueblo”, agregó.

En otro momento, Fujimori dirigió un mensaje a los ciudadanos que no apoyaron su candidatura e indicó que su gobierno tendrá como objetivo representar a todos los peruanos, más allá de las diferencias surgidas durante el proceso electoral.

“Quiero hablar especialmente a quienes no votaron por mí. Les prometo que pondremos el Estado al servicio de la población para terminar con esa desigualdad y enfrentamiento que nos está ahogando como sociedad. Gobernaremos para todos”, manifestó.

Asimismo, señaló que la reconciliación nacional no significa dejar de lado las diferencias políticas existentes, sino encontrar puntos de acuerdo y promover consensos en torno a los intereses del país.

“Pensar distinto no nos hace enemigos. La reconciliación significa aprender a construir sobre aquello que nos une”, expresó.

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Keiko Fujimori, presidenta electa: Instauraremos una nueva forma de gestionar el Estado, cada ministerio tendrá objetivos concretos, cada autoridad conocerá las metas que debe alcanzar

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó las credenciales a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta electa de la República para el periodo constitucional 2026-2031, durante una ceremonia solemne que se desarrolla en el Gran Teatro Nacional, en el distrito limeño de San Borja.

Con este acto protocolar, el máximo organismo electoral oficializa la acreditación de la fórmula presidencial ganadora de las Elecciones Generales 2026, integrada además por Luis Galarreta Velarde, primer vicepresidente electo, y Miguel Torres Morales, segundo vicepresidente electo.

Lectura de la resolución y entrega de credenciales

La ceremonia reúne a autoridades del sistema electoral y representantes de diversas instituciones del Estado, como parte de la etapa final del proceso electoral previo a la transferencia de mando prevista para el 28 de julio.

Durante la sesión solemne se da lectura a la resolución de proclamación que sustenta legalmente la acreditación de la fórmula presidencial. Posteriormente, cada uno de sus integrantes recibe la credencial correspondiente de manos del presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, quien además ofrece un discurso institucional.

Último paso antes del cambio de gobierno

La entrega de credenciales constituye uno de los últimos actos oficiales del calendario electoral antes de la ceremonia de transmisión de mando presidencial, programada para el 28 de julio, cuando Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026-2031.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó este miércoles 15 de julio las credenciales presidenciales a Keiko Fujimori, quien asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026-2031. La ceremonia se llevó a cabo en el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

Durante el acto protocolar, también fueron acreditados con sus credenciales Luis Galarreta y Miguel Torres, quienes asumirán los cargos de primer y segundo vicepresidente de la República, respectivamente, como integrantes de la fórmula presidencial ganadora de las Elecciones Generales 2026.

Durante su discurso, Fujimori Higuchi hizo un balance del camino que la condujo a la Presidencia y aseguró que el proceso estuvo marcado por numerosos desafíos.

“Ha estado lleno de desafíos, de obstáculos, de momentos de incertidumbre, de decisiones difíciles, pero nunca perdí la convicción de que la democracia siempre merece ser defendida y que el Perú siempre vale la pena todo esfuerzo”, sostuvo.

En ese sentido, agradeció a los integrantes de Fuerza Popular y a los líderes de diversas organizaciones políticas que respaldaron su candidatura.

“Quiero expresar también mi sincero reconocimiento a los miembros de mi partido, a los líderes de distintas fuerzas políticas que más allá de nuestras diferencias comprendieron la trascendencia del momento que vivía el país y se unieron en defensa de la democracia”, agregó.

Además, Fujimori afirmó que su gestión buscará recuperar la confianza en las instituciones y promover una verdadera inclusión de los sectores históricamente postergados y olvidados.

“Comienza una nueva etapa, un nuevo rumbo, un rumbo que debe estar marcado por el progreso, por la paz, por el reencuentro de los peruanos, por la recuperación de la confianza en nuestras instituciones y hacia el hacia la verdadera inclusión de los peruanos históricamente postergados y permanentemente olvidados”, agregó.

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Keiko Fujimori tras recibir credenciales como presidenta electa: Comienza una nueva etapa, un nuevo rumbo, que debe estar marcado por el progreso, por la paz, por el reencuentro de peruanos

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entrega este jueves las credenciales a Keiko Fujimori Higuchi como presidenta electa de la República para el periodo 2026-2031, en una ceremonia solemne que se desarrolla en el Gran Teatro Nacional, en el distrito limeño de San Borja.

Con este acto protocolar, el máximo organismo electoral oficializa la acreditación de la fórmula presidencial ganadora de las Elecciones Generales 2026, integrada además por Luis Galarreta Velarde como primer vicepresidente y Miguel Torres Morales como segundo vicepresidente.

La ceremonia reúne a las principales autoridades del sistema electoral y marca uno de los últimos pasos del proceso electoral antes de la transferencia de mando prevista para el 28 de julio.

Durante el acto se dará lectura a la resolución de proclamación, se entregarán las credenciales a cada integrante de la fórmula presidencial y el presidente del JNE, Roberto Burneo, ofrecerá un discurso institucional.

MINUTO A MINUTO

12:50 p.m. | Keiko Fujimori da su primer discurso como presidenta tras recibir su credencial.

12:44 p.m. | Keiko Fujimori recibe su credencial como presidenta Constitucional de la República para el periodo 2026-2031. Lo recibe de manos del presidente del JNE, Roberto Burneo.

Los aplausos y gritos de ovación con la frase “sí se pudo” acompañaron toda la ceremonia.

Keiko Fujimori fue invitada al estrado principal junto a las altas autoridades.

12:43 p.m. | Luis Galarreta recibe la credencial como primer vicepresidente.

12:42 p.m. | Miguel Torres recibe su credencial como segundo vicepresidente.

12:10 p.m. | Se entona el Himno Nacional del Perú

Como parte del inicio de la sesión solemne de entrega de credenciales, se interpreta el Himno Nacional del Perú a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, con la participación de la mezzosoprano Josefina Brivio y el tenor D’Angelo Díaz. El acto se desarrolla en el Gran Teatro Nacional, en San Borja, ante la presencia de las principales autoridades del Estado e invitados.

11:56 a.m. | Se instala la sesión solemne de entrega de credenciales

Comenzó la ceremonia oficial de entrega de credenciales a las autoridades electas para el periodo 2026-2031 en el Gran Teatro Nacional, en San Borja. La mesa de honor está presidida por el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, junto a los integrantes del pleno del organismo electoral. En el acto también participa el presidente de la República, José María Balcázar.

11:20 a.m. | Presidente del JNE destaca presupuesto para elecciones regionales y municipales

Antes del inicio de la ceremonia, Roberto Burneo saludó la aprobación, por parte del Congreso, del crédito suplementario que incluye recursos para la organización de las elecciones regionales y municipales de octubre.

El titular del JNE indicó que cerca de 100 mil candidatos competirán por más de 13 mil cargos de elección popular y señaló que el organismo electoral ha fortalecido sus procedimientos tras las incidencias registradas en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Asimismo, afirmó que la experiencia adquirida servirá para mejorar la organización de los próximos comicios.

10:58 a.m. | Keiko Fujimori parte hacia el Gran Teatro Nacional

La presidenta electa, Keiko Fujimori, salió de su domicilio, ubicado en San Borja, rumbo al Gran Teatro Nacional, donde recibe las credenciales que la acreditan oficialmente como presidenta de la República para el periodo 2026-2031.

La mandataria electa estuvo acompañada por sus dos hijas y llegó al recinto aproximadamente a las 11:05 a. m..

Entrega de credenciales y discurso del presidente del JNE

El momento central de la ceremonia será la entrega individual de las credenciales a los integrantes de la fórmula presidencial electa.

Cada uno será convocado al escenario para recibir el documento que los acredita oficialmente en el cargo que ejercerán durante el periodo de gobierno 2026-2031.

Tras la entrega, el presidente del JNE, Roberto Burneo, ofrecerá un discurso institucional.

La ceremonia concluirá con la fotografía oficial de las autoridades electas junto a los integrantes del Pleno del organismo electoral.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que la entrega de credenciales a la plancha presidencial electa representa un acto de solemnidad e institucionalidad, que queda como parte de la historia democrática del Perú.

Durante una conferencia de prensa, Burneo destacó como un acontecimiento histórico que el país cuente por primera vez con una presidenta elegida a través del voto popular. “Es un hecho histórico para el país, más que para el Jurado Nacional de Elecciones”, manifestó.

En ese sentido, señaló que este acontecimiento refleja un largo proceso de evolución en la participación política de las mujeres, marcado por hitos como el acceso de las primeras ciudadanas a cargos de representación y la ampliación del derecho al voto femenino. “Marca también una madurez histórica y democrática del país”, expresó.

Burneo recordó que la entrega de credenciales es una tradición que se mantiene desde la creación del Jurado Nacional de Elecciones y precisó que las primeras fueron otorgadas en 1931 al entonces presidente Luis Miguel Sánchez Cerro.

“Este no es un acto simplemente protocolar, es un acto de solemnidad, es un acto que marca institucionalidad”, indicó.

El titular del JNE destacó que el proceso electoral se desarrolló en medio de diversos desafíos institucionales y aseguró que el organismo cumplió con su labor de garantizar la transparencia, la legalidad y la legitimidad de los resultados.

“Han sido procesos con muchos retos, difíciles desde el punto de vista institucional, pero finalmente este es el resultado de todo ello”, sostuvo.

El presidente del JNE sostuvo que, una vez concluido el proceso electoral, corresponde a las fuerzas políticas asumir el compromiso de construir consensos, promover el diálogo y anteponer los intereses del país.

“Deseamos que se garantice la legitimidad, la estabilidad y que exista una gran responsabilidad de los políticos, porque toca el diálogo y toca la concertación”, enfatizó.

Posteriormente, Burneo afirmó que la nueva etapa política debe centrarse en impulsar la transformación del país, dejando de lado los intereses particulares y priorizando el bienestar de la ciudadanía.

Posteriormente, Burneo reafirmó el compromiso del Jurado Nacional de Elecciones de seguir actuando con independencia, objetividad e institucionalidad, velando por el respeto al derecho al voto y a la participación política de todos los ciudadanos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará este jueves las credenciales a Keiko Fujimori Higuchi como presidenta electa de la República para el periodo 2026-2031, durante una sesión solemne que se realizará en el Gran Teatro Nacional, en el distrito limeño de San Borja.

En la ceremonia también recibirán sus credenciales los integrantes de la fórmula presidencial ganadora de las Elecciones Generales 2026:

• Luis Galarreta Velarde, como primer vicepresidente de la República.
• Miguel Torres Morales, como segundo vicepresidente.

La actividad está programada para las 11:30 a. m.

Así será la ceremonia protocolar

El acto comenzará con la instalación de la mesa de honor, presidida por el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, junto a los miembros del Pleno:

• Marta Mach.
• Gunther Gonzales.
• Rubén Torres.
• Aarón Oyarce.

Posteriormente se entonará el Himno Nacional del Perú y se dará lectura a la resolución de proclamación, documento que oficializa los resultados de la elección presidencial y constituye el sustento legal para la entrega de credenciales.

Entrega de credenciales y discurso del presidente del JNE

El momento central de la ceremonia será la entrega individual de las credenciales a los integrantes de la fórmula presidencial electa.

Cada uno será convocado al escenario para recibir el documento que los acredita oficialmente en el cargo que ejercerán durante el periodo de gobierno 2026-2031.

Tras la entrega, el presidente del JNE, Roberto Burneo, ofrecerá un discurso institucional.

La ceremonia concluirá con la fotografía oficial de las autoridades electas junto a los integrantes del Pleno del organismo electoral.

Proclamación se realizó el 3 de julio

El pasado 3 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó oficialmente a Keiko Fujimori Higuchi como presidenta electa de la República.

En la misma resolución fueron proclamados Luis Galarreta Velarde como primer vicepresidente y Miguel Torres Morales como segundo vicepresidente para el periodo constitucional 2026-2031.

La entrega de credenciales constituye el acto formal mediante el cual el organismo electoral acredita a las autoridades elegidas en las urnas.

DETALLES

En un breve oficio enviado al Parlamento, el también congresista Balcázar pidió le reconozcan la pensión vitalicia, esto además de los beneficios que le corresponden a expresidentes constitucionales (personal de seguridad, un asesor, vehículo oficial, seguro privado y combustible).

En su argumento, el todavía mandatario recuerda que asumió y ejerció el cargo desde el 18 de febrero de este año en estricto cumplimiento de los mandatos de la Constitución que regulan la sucesión constitucional.

“Durante el periodo de mi mandato, asumí de forma plena, exclusiva y excluyente todas las prerrogativas, obligaciones gubernamentales, conducción del Estado y la altísima responsabilidad política y penal que el ordenamiento jurídico nacional asigna al jefe de Estado”, se puede leer en el documento.

ANTECEDENTES

Sin embargo, los antecedentes señalan que a Balcázar no le corresponderá pensión.

En junio de 2022, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó una opinión consultiva que recomendaba no otorgar pensión a excongresistas que asumieron la presidencia por sucesión constitucional.

Esto sucedió luego de que Manuel Merino de Lama y Francisco Sagasti presenten solicitudes para obtener pensión vitalicia.

El informe precisó que solo aplica para presidentes electos por mandato popular y no para congresistas que asumieron el cargo por sucesión.

Por otro lado, Dina Boluarte, segunda vicepresidenta de Perú Libre que asumió la presidencia, tampoco recibirá pensión vitalicia. 

Documentos del Área de Asesoría Laboral del Congreso concluyeron que no le corresponde debido a que no fue elegida por votación popular.

Se trata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que, a diferencia del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de la ONU, tiene mayor alcance e incluso la facultad de emitir medidas cautelares en los países miembros.

Al pronunciamiento de la CIDH le seguirían las decisiones adoptadas por la justicia nacional, a través del Poder Judicial (PJ) y el Tribunal Constitucional (TC), iniciadas tras la detención en flagrancia de Castillo del 7 de diciembre del 2022.

Primer pronunciamiento

“La CIDH condena las decisiones contrarias al orden constitucional en el Perú, reconoce la respuesta democrática de las instituciones y llama a garantizar la gobernabilidad con apego al Estado de derecho”.

Así se pronunció la institución supranacional, un día después del mensaje a la Nación de Castillo, en un pronunciamiento que difundió a través de sus canales institucionales.

En él, “considera que la acción anunciada (el golpe) desconoce la previsión del artículo 134 de la Constitución relativo a la disolución unilateral del Congreso”. Y agrega que el entonces mandatario ordenó, “de manera unilateral, la reorganización de todo el Poder Judicial”.

El comunicado hace un claro contraste con la Opinión del GTDA de la ONU publicado en junio último que, además de la conclusión grupal que sugiere liberar e indemnizar a Castillo, recoge la consideración particular de la integrante Miriam Estrada-Castillo (Ecuador), quien plantea que lo esbozado por el entonces dignatario se enmarca en el uso de la “libertad de expresión”.

Contrario a ello, “la Comisión (CIDH) reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú, en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional y reafirma que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”. Una posición que sostendría incluso meses después.

En abril del 2023, ya en el mandato de Dina Boluarte –exvicepresidenta de Castillo–, la CIDH recordó que “la decisión del expresidente Castillo no se ajustaba a ninguna causal constitucional que habilitara la disolución del Congreso”.

“Tampoco estaba facultado constitucionalmente para ordenar la reorganización del Poder Judicial de manera unilateral. Por tal motivo, (la CIDH) condena la decisión y la califica como un rompimiento del orden constitucional”, indicó en su reporte “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”.

Caso “golpe de Estado”

Antes y en paralelo a pronunciamientos de esta índole, el sistema de justicia en el país adoptaba las decisiones judiciales correspondientes.

El mismo día de la detención en flagrancia de Castillo, la Fiscalía inició diligencias preliminares en su contra por el presunto delito de rebelión y, alternativamente, conspiración –en el juicio oral, llevado a cabo tres años después, la imputación cambiaría a conspiración para la rebelión–.

El caso albergaría múltiples decisiones judiciales, entre ellas, una orden de detención preliminar por siete días confirmada en segunda instancia; otra orden de prisión preventiva por 18 meses y su respectiva confirmación; una trascendental sentencia del TC y, finalmente, una sentencia condenatoria.

“El mensaje a la nación ha puesto en evidencia su proceder (de Castillo) orientado a desconocer el principio constitucional de separación de poderes, atentando de manera pública contra la autonomía de estos (…), persiguiendo acumular, en un único poder del Estado –el Ejecutivo–, y bajo su mando, todas las atribuciones y facultades constitucionales”, dejaría constancia el juez Juan Carlos Checkley en la resolución de detención preliminar, una de las primeras en emitirse.

La Sala de Apelaciones de la Corte Suprema rechazaría más tarde la apelación a esta detención. Y destacaría, además, que el mensaje castillista “no es, pues, un mero acto de habla, sino la expresión concreta de una voluntad de alteración del sistema constitucional”.

Ya en el fallo judicial que dictaría una prisión preventiva de 18 meses, también emitida por Checkley Soria, se dejaría constancia de la existencia de un peligro de fuga. El entonces presidente de México, Andrés López-Obrador, había revelado que Castillo le pidió asilo político, el mismo 7 de diciembre, y que le abriría “las puertas” de la embajada.

Además, se recordaría que Castillo tenía otras investigaciones a nivel preliminar, por ejemplo, una por presunta organización criminal y otros. La Corte Suprema confirmó la prisión preventiva poco después y contestaría a una de las mayores críticas emitidas por la defensa de Castillo.

“No hay, pues, inmunidad de arresto o imposibilidad de detención en flagrancia delictiva atribuida a un alto funcionario público. Todo el sistema de protección para los altos funcionarios se diseñó para situaciones esperadas o generales, no para situaciones inusitadas y excepcionales”, indicó.

Ya en marzo del 2024, el TC sentenciaría que Castillo “se constituyó en gobernante de facto y, en consecuencia, en enemigo de la Constitución y de la democracia constitucional”.

“El señor Castillo había sido elegido democráticamente como presidente de la República para el periodo 2021-2026; sin embargo, también se encontraba supeditado a respetar y garantizar estrictamente el orden constitucional, y efectuar actos acordes con la investidura del cargo que detentaba, lo cual definitivamente quebrantó al emitir tal pronunciamiento”, indicó.

Finalmente, en la sentencia condenatoria de 11 años y 5 meses de prisión por el golpe, emitida el 2025, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema concluyó: “Ha quedado acreditado que, con este mensaje a la nación, los acusados (…) tuvieron la intención de concentrar de forma arbitraria, los tres poderes del Estado en el Poder Ejecutivo, soslayando los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

A ello, sumaría que, “del tenor del mensaje, “no se puede considerar una elocución que naciera de una motivación individual, aislada o con una irreal exhibición de intenciones”.

“Desde su inicio, el mensaje alude a una decisión colegiada, con participación de múltiples actores para su prosecución. No puede tampoco apreciarse como un anuncio fantasioso o presuntuoso, puesto que el mensaje expone a detalle diversos procedimientos que se habrían de adoptar desde ese momento”, puntualizó.

La decisión fue adoptada durante la sesión del pleno de la JNJ, en la que se evaluó la postulación de Loyola tras la entrevista personal realizada como última etapa del proceso. Con este resultado, la ONPE continuará sin un titular designado de manera definitiva mientras se convoca una nueva selección.

#LoÚltimo JNJ informa que el único candidato para nuevo jefe de la ONPE quedó fuera de carrera al no alcanzar el número de votos requeridos para su nombramiento

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— Canal N (@canalN_) July 15, 2026

No alcanzó la votación requerida

De acuerdo con fuentes de RPP, tres de los siete magistrados que integran la Junta Nacional de Justicia votaron en contra de la designación del postulante. Los votos desfavorables correspondieron a Víctor Hugo Chanduví, Cayo César Galindo y Jaime de la Puente Parodi.

Para concretar el nombramiento, el reglamento establece que el candidato debía obtener el respaldo de, al menos, dos tercios del número legal de integrantes del pleno. En este caso, Carlos Loyola necesitaba cinco votos favorables de un total de siete magistrados, requisito que finalmente no consiguió.

Como consecuencia de este resultado, la plaza será declarada desierta. La Junta Nacional de Justicia deberá reiniciar el procedimiento desde el inicio y convocar a un nuevo concurso para elegir al próximo jefe de la ONPE.

Loyola era el único candidato en competencia

Carlos Loyola llegó a la etapa final del proceso como único aspirante habilitado para asumir la conducción del organismo electoral. Esa situación se produjo luego de que la otra finalista, Amparo Ortega Campana, presentara su renuncia irrevocable por motivos de salud.

Antes de ello, Loyola había sido reincorporado al concurso tras la decisión de la JNJ de declarar fundado un recurso de reconsideración presentado por su defensa. El postulante había sido excluido inicialmente por omitir información sobre dos procesos judiciales civiles en trámite, situación que posteriormente acreditó haber subsanado durante la etapa de tachas y descargos.

El concurso para elegir al nuevo titular de la ONPE fue convocado después de la renuncia de Piero Corvetto. Su salida se produjo tras los cuestionamientos por la demora en la distribución del material electoral durante la jornada del 12 de abril.

Desde entonces, la conducción de la institución permanece de forma interina a cargo del gerente general, Bernardo Pachas. Mientras la JNJ organiza un nuevo proceso de selección, continuará al frente de la ONPE, entidad responsable de organizar las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

El dictamen contempla recursos para ejecutar obras de inversión, atender emergencias como el Fenómeno El Niño, fortalecer el sector Salud y financiar proyectos de remediación ambiental. Además, incluye partidas para el pago progresivo de gratificaciones y CTS de los trabajadores bajo el régimen CAS, el programa Beca Bicentenario, el proyecto Chavimochic y otras obligaciones presupuestales.

¿Por qué se retrasó el debate de hoy?

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, explicó que el dictamen ya había sido consensuado por su grupo de trabajo. No obstante, indicó que persistían diferencias con el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a algunos proyectos de inversión incluidos en los anexos.

“Dejo en claro que la Comisión de Presupuesto ha elaborado y consensuado el dictamen, los articulados pertinentes, pero en lo que respecta a los proyectos de inversión tenemos algunas discrepancias con el MEF y, por ello, no nosotros, sino ellos, están evaluando las propuestas de los parlamentarios”, manifestó.

Posteriormente, el secretario de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Castillo, solicitó un cuarto intermedio e informó que, tras una reunión con representantes del MEF, se concluyó la elaboración del articulado y los anexos del proyecto. Sin embargo, explicó que la carga de la documentación al sistema del Congreso presentaba demoras técnicas, por lo que se suspendió temporalmente la sesión para que los parlamentarios pudieran revisar el texto antes de la votación.

Recursos financiarán inversiones y beneficios laborales

El proyecto autoriza recursos destinados al cierre de brechas de infraestructura y a garantizar la continuidad de los servicios públicos. También incorpora financiamiento para gobiernos regionales y locales, el pago de sentencias judiciales en el sector Educación, bonos extraordinarios para docentes, auxiliares y personal del servicio militar, así como medidas para impulsar la reactivación de las micro y pequeñas empresas mediante el programa Impulso MYPERÚ.

El dictamen había sido aprobado previamente por la Comisión de Presupuesto el pasado 30 de junio con 28 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. Tras superar varias reprogramaciones en la Comisión Permanente, la iniciativa finalmente quedó aprobada en la última sesión del actual Parlamento antes de la instalación del nuevo Congreso bicameral.

La evaluación se conoce mientras el Congreso mantiene pendiente la aprobación del crédito suplementario de más de S/9.000 millones, el cual contempla recursos para financiar este beneficio. El análisis fue elaborado por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF en respuesta a una consulta de la Universidad Nacional José María Arguedas.

MEF identifica vacíos en la norma

El Informe N.° 2192-2026-EF/53.04 señala que la Ley N.° 32563 no establece reglas suficientes para que las entidades públicas otorguen las gratificaciones y la CTS bajo criterios uniformes. Por ello, el ministerio plantea aprobar una norma que defina las condiciones, mecanismos y criterios para su implementación.

Como parte de esa evaluación, el documento advierte que la legislación podría generar interpretaciones distintas entre las instituciones del Estado.

“La Ley N.° 32563 presenta inconsistencias regulatorias que impiden su aplicación inmediata y uniforme, evidenciando la necesidad de emitir una norma de rango legal que contenga disposiciones complementarias que definan las condiciones, criterios y mecanismos para la implementación de las gratificaciones y la CTS”, señala el informe.

Observaciones sobre el cálculo y el financiamiento

El MEF también observa que la ley no precisa cuándo deben pagarse las gratificaciones ni cómo calcularlas en todos los casos. Además, sostiene que no corresponde utilizar reglas previstas para otros regímenes laborales y que la CTS también requiere precisiones para su aplicación.

“No es posible calcular un concepto de ingreso correspondiente a un régimen laboral, aplicando las reglas de cálculo de un concepto de ingreso correspondiente a otro régimen laboral”, indica el documento.

Respecto al financiamiento, el ministerio concluye que las entidades públicas no pueden realizar modificaciones presupuestarias para cubrir estos pagos porque la autorización prevista en la ley no se encuentra vigente conforme a la normativa presupuestaria. Asimismo, advierte que tampoco pueden utilizar recursos destinados a remuneraciones, salvo que exista una autorización expresa en la legislación.

La reunión también sirvió para abordar temas relacionados con la cooperación bilateral entre ambos países. Según informó la Oficina de la Presidenta Electa, ambas partes expresaron su disposición de continuar fortaleciendo los vínculos diplomáticos y de trabajo conjunto.

En la carta enviada por el rey Mohammed VI, el monarca destacó las relaciones de amistad que mantienen Marruecos y el Perú. Asimismo, manifestó su interés en impulsar una nueva etapa de cooperación entre ambas naciones.

“Con esta ocasión, y partiendo de las excelentes relaciones que unen el Reino de Marruecos y la República del Perú, erigidas sobre una sólida amistad, una mutua consideración y unos valores compartidos, quiero expresar a Vuestra Excelencia mi ambición de obrar, de concierto con Vuestra Excelencia, con el objetivo de aportar un nuevo impulso a tales relaciones, llevándolas a un estadio de asociación multilateral, en beneficio de ambos pueblos amigos”, señala la misiva.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió al embajador del Reino de Marruecos, quien le entregó el mensaje de felicitación de Su Majestad el Rey Mohammed VI, mediante el cual le transmite sus cordiales saludos, sus deseos de éxito y su voluntad de seguir fortaleciendo las… pic.twitter.com/xAR1iQ1ohA

— Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 14, 2026

Posición sobre el Sáhara Occidental

La Oficina de la Presidenta Electa informó que durante la reunión también se abordó la posición del próximo Gobierno peruano respecto a la integridad territorial del Reino de Marruecos. En ese marco, indicó que se reafirmó el respaldo a la soberanía marroquí sobre sus provincias del sur.

Asimismo, el despacho señaló que la futura administración mantiene su adhesión a la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual reconoce el Plan de Autonomía propuesto por Marruecos como parte de los esfuerzos para resolver el diferendo sobre el Sáhara Occidental.

Sánchez señaló que su partido será una de las opciones que buscará liderar las cámaras del Parlamento desde la próxima legislatura. Sin embargo, indicó que todavía se encuentran evaluando a los integrantes que formarán parte de la propuesta.

Sobre la elección de los integrantes de la fórmula, Sánchez sostuvo que la definición no responde a decisiones individuales, sino a una representación de las fuerzas políticas que participarán en el próximo Congreso. Además, señaló que continúan en conversaciones para determinar a sus representantes.

“Hablemos de los partidos políticos. Aquí no son aventuras individuales, acá no se compran ni se venden, aquí hablamos de posturas políticas mirando el país y son tres fuerzas políticas que sabrán poner a sus mejores cuadros, estamos tras esa conversación”, manifestó.

El representante de Juntos por el Perú indicó que su agrupación competirá como una cuarta alternativa para ocupar la conducción de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La elección definirá a las autoridades parlamentarias que acompañarán la instalación del nuevo periodo legislativo.

@exitosanoticias 🔴🔵El excandidato presidencial y congresista, Roberto Sánchez, anunció que Juntos por el Perú junto a otros dos partidos políticos que ingresaron al nuevo Congreso Bicameral están armando listas para presidir la Cámara de Senadores y Diputados. #Exitosanoticias #Política #Robertosanchez #Congreso ♬ sonido original - Exitosa Noticias

Representación de JP en el Congreso bicameral

La agrupación tendrá 14 integrantes en el Senado y 32 representantes en la Cámara de Diputados. Además, el partido obtuvo representación en el Parlamento Andino con Percy Fernández Bravo como miembro titular y Jorge Manco Zaconetti como representante suplente. Estas autoridades asumirán funciones junto con la nueva estructura parlamentaria que entrará en vigencia desde el 28 de julio.

Las listas que resulten elegidas en las cámaras legislativas asumirán sus cargos al día siguiente de la votación. Esto ocurrirá en paralelo a la juramentación de la presidenta electa Keiko Fujimori y la instalación del nuevo Congreso bicameral.

La evaluación se desarrolló el martes 14 de julio de 2026 en la sede de la institución, ubicada en San Isidro.

Esta fase del concurso público corresponde a la evaluación final del postulante y contempla la revisión de su trayectoria profesional, solvencia, idoneidad y proyección personal.

Loyola Escajadillo volvió al proceso luego de que la JNJ declarara fundado el recurso de reconsideración presentado por su defensa. En un primer momento había sido excluido por no consignar dos procesos judiciales civiles en trámite en su declaración de antecedentes, omisión que posteriormente fue subsanada durante la etapa de tachas y descargos.

La reincorporación fue aprobada por mayoría del pleno de la JNJ. Posteriormente, la renuncia irrevocable de Amparo Ortega Campana por motivos de salud dejó a Loyola Escajadillo como único participante del concurso.

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En el documento, Acuña explicó que evaluó su permanencia dentro de la organización antes de tomar la decisión de retirarse y señaló que su salida responde a las condiciones en las que desarrolló su participación política durante los últimos años.

Cuestiona dinámica interna del partido

En su carta, la congresista sostuvo que la democracia interna debe garantizar condiciones equitativas para todos los afiliados. Además, indicó que la falta de estos principios afecta la confianza de quienes forman parte de una organización política.

“Durante muchos años milité con convicción, lealtad y compromiso, contribuyendo al fortalecimiento del partido y respaldando sus principios, objetivos y propuestas. Sin embargo, con el transcurso del tiempo he sido objeto de un constante relegamiento en los espacios de participación y de toma de decisiones”, señaló en el documento.

Acuña afirmó que una organización política debe promover la igualdad de oportunidades, la transparencia y la meritocracia entre sus integrantes. Según explicó, cuando estos elementos no se aplican de manera efectiva se limita la participación de los militantes.

“Estoy convencida de que la democracia interna debe garantizar igualdad de oportunidades, transparencia, respeto y meritocracia para todos sus militantes. Cuando estos principios dejan de aplicarse de manera efectiva, se debilita la confianza en la organización y se vulnera el derecho legítimo de sus afiliados a participar en la vida política en condiciones de equidad”, expresó.

Continuará con labor pública fuera de APP

En la parte final de su carta, la congresista indicó que su decisión busca mantener coherencia entre sus convicciones y su desempeño en la función pública. Asimismo, sostuvo que tomó la medida en respeto a su trayectoria y a las personas que respaldaron su trabajo político.

“Por respeto a mis principios, a mi trayectoria y a los ciudadanos que han depositado su confianza en mi trabajo, reafirmo mi renuncia con la convicción de que el servicio público exige coherencia entre los valores que se proclaman y las acciones que se practican”, manifestó.

Pese a su salida de APP, María Acuña señaló que continuará trabajando por el desarrollo de Lambayeque y del país. La legisladora dejará de formar parte del partido con el que llegó al Congreso y en el que permaneció durante varios años.

El burgomaestre explicó que la eventual aplicación de esta medida se coordina con la Policía Nacional del Perú y estará sujeta a los reportes de inteligencia sobre la cantidad de manifestantes y el desarrollo de la jornada.

Reggiardo precisó que el cierre temporal de los accesos al damero de Pizarro tiene como finalidad reducir riesgos en una zona de alta afluencia de personas, proteger el patrimonio cultural y resguardar la seguridad de los ciudadanos.

Reggiardo agregó que este tipo de restricciones ya fueron implementadas anteriormente durante movilizaciones de la misma organización política.

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El juez Jorge Chávez Tamariz aprobó la solicitud fiscal para extender el plazo de investigación, que había culminado en mayo de este año. El proceso comprende también a Tobías Huaringa, Nicanor Guerra, Amílcar Gómez y Russel Vela, exintegrantes del Ejército mencionados en el expediente.

Hechos investigados en Madre Mía

La investigación fiscal fue formalizada en noviembre de 2025 por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo por hechos ocurridos en 1992 en la base militar Madre Mía, ubicada en Huánuco. El caso es analizado dentro del contexto de presuntos crímenes de lesa humanidad.

Según la hipótesis del Ministerio Público, el Batallón Contrasubversivo 313, que habría estado bajo el mando de Humala Tasso, conocido entonces con el alias de “Capitán Carlos”, realizó operaciones de patrullaje en zonas cercanas al distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, en la provincia de Marañón.

La Fiscalía investiga la muerte de Edgardo Isla, ocurrida el 25 de junio de 1992 en el caserío de Yanajanca, así como el fallecimiento de Nemer Acuña durante el mismo mes. De acuerdo con la investigación, los restos óseos de ambas víctimas fueron recuperados e identificados como parte de las diligencias realizadas.

El expediente también incluye las denuncias por desaparición forzada de Luis Izaguirre, registrada el 25 de junio de 1992 en Yanajanca; Nelson Hoyos y Hermes Estela, desaparecidos en junio del mismo año en el caserío La Morada; además de Yander Leandro, cuyo caso corresponde al 23 de setiembre de 1992 en Alto Pucayacu.

Con la ampliación del plazo, el Ministerio Público continuará con las actuaciones destinadas a esclarecer los hechos investigados. Entre las diligencias previstas se encuentran nuevas declaraciones de los procesados, familiares de las víctimas y la recopilación de información solicitada al Ministerio de Defensa.

La Fiscalía también podrá realizar otras acciones que considere necesarias para completar la investigación preparatoria. El caso seguirá en evaluación por los presuntos delitos cometidos durante el periodo de violencia interna registrado en el país.

La información fue difundida por el portal periodístico La Encerrona.

En el documento, Balcázar sostiene que ejerció la jefatura del Estado “de forma efectiva” desde el 18 de febrero de 2026. Además, señala que asumió el cargo en cumplimiento de las normas de sucesión constitucional y afirma que, al estar próximo a concluir sus funciones públicas.

El presidente Balcázar solicitó formalmente al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, el reconocimiento de su pensión vitalicia y los beneficios correspondientes a los exmandatarios. (Fuente: La Encerrona)

Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/3ghmGmSg9Q

— Canal N (@canalN_) July 14, 2026

Como parte del sustento de su pedido, la defensa legal invoca los principios de predictibilidad e igualdad ante la ley. Asimismo, cita como antecedente el reconocimiento de la pensión vitalicia otorgada al expresidente de transición Valentín Paniagua Corazao, al considerar que ambos asumieron la Presidencia bajo una misma línea de sucesión.

La solicitud también plantea que, en caso se apruebe el beneficio, se suspenda provisionalmente la pensión que Balcázar percibe actualmente al amparo del Decreto Ley N.° 20530.

El pedido deberá ser evaluado por la Mesa Directiva del Congreso conforme a la legislación vigente.

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Arroyo brindó estas declaraciones durante la ceremonia por el vigésimo noveno aniversario de creación de la Dirección de Criminalística (Dircri) de la Policía Nacional del Perú (PNP). En ese contexto, destacó la importancia de fortalecer las entidades públicas durante la etapa previa al cambio de gestión.

“Entregaremos un país con instituciones operativas y con la democracia plenamente resguardada”, expresó Luis Arroyo.

Laboratorios forenses con tecnología de punta para fortalecer la capacidad de contar con pruebas sólidas para castigas la criminalidad. El premier Luis Enrique Arroyo Sánchez destacó que el gobierno de transición continuará fortaleciendo las instituciones hasta el último día de… pic.twitter.com/Csar5w91pH

— Consejo de Ministros (@pcmperu) July 14, 2026

Nuevos laboratorios digitales forenses

Durante la actividad, el jefe del gabinete destacó la inauguración del nuevo Departamento de Laboratorio Digital Forense de la Dircri. La nueva infraestructura incorpora herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para fortalecer las labores de investigación penal.

Arroyo indicó que la implementación del laboratorio permite reducir una brecha tecnológica que se mantenía durante los últimos 13 años. Además, señaló que estas medidas forman parte de una política orientada a mejorar las capacidades de las instituciones encargadas de la seguridad.

“Ese es el camino que decidimos seguir: fortalecer a nuestras instituciones para que cumplan su misión. Reitero nuestro firme respaldo a la institución policial y el compromiso de dotar a los efectivos con las herramientas necesarias”, manifestó.

El laboratorio inaugurado forma parte de un proyecto que contempla la implementación de 11 sedes digitales forenses a nivel nacional. La inversión destinada para esta iniciativa supera los S/ 49 millones y busca ampliar las capacidades tecnológicas de la Policía.

Las otras sedes serán instaladas en agosto en regiones como Ucayali, Callao, Lambayeque, La Libertad, Tacna, Puno, Junín y Piura, además de la Dirección Antidrogas. Con ello, el Ejecutivo busca descentralizar los recursos destinados a la investigación criminal.

El jefe del gabinete señaló que estas acciones reflejan la intención de ampliar las capacidades del Estado fuera de Lima. Asimismo, destacó que la incorporación de tecnología permitirá fortalecer los procesos de investigación en distintas zonas del país.

Castillo explicó que, tras una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, se culminó la elaboración de la documentación complementaria del proyecto. Sin embargo, señaló que la información no pudo ser habilitada de inmediato en la plataforma prevista debido a problemas técnicos, por lo que se pidió tiempo adicional para que los congresistas puedan revisar el contenido antes de la votación.

Se estima que los documentos estarán disponibles aproximadamente a las 7:30 p. m., lo que permitirá que los parlamentarios conozcan el texto final antes de continuar con el debate a la hora anunciada por el titular del Parlamento.

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¿De qué trata el crédito suplementario?

El Proyecto de Ley N.º 14799 propone autorizar un crédito suplementario de S/ 9 596 millones destinado a financiar inversiones públicas y garantizar la continuidad de servicios del Estado. La iniciativa fue aprobada previamente por la Comisión de Presupuesto el pasado 30 de junio con 28 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.

El dictamen plantea incorporar recursos adicionales para atender emergencias vinculadas al Fenómeno El Niño y riesgos por desastres agrarios, además de impulsar proyectos prioritarios de los gobiernos regionales y locales. También contempla fondos para acciones de remediación ambiental y compromisos pendientes de distintas entidades públicas.

Entre las medidas incluidas se encuentra el fortalecimiento de instituciones del sector Salud, como el Instituto Nacional de Oftalmología, así como recursos para obligaciones operativas como el pago a docentes del sector Defensa y el financiamiento del proyecto Chavimochic. La propuesta también incorpora disposiciones relacionadas con gratificaciones para trabajadores bajo el régimen CAS y el programa Beca Bicentenario.

Resumen de la última sesión

Antes de abordar el proyecto de crédito suplementario, la Comisión Permanente inició la revisión de las denuncias constitucionales incluidas en la agenda de la sesión.

A las 3:50 p. m., la Comisión Permanente aprobó el informe que planteaba archivar la Denuncia Constitucional 206 contra el expresidente Pedro Castillo, el exjefe del Gabinete Guido Bellido y otros exministros por una presunta infracción constitucional. Posteriormente, también se aprobó el archivo de la denuncia constitucional contra la congresista Lucinda Vásquez por presuntos delitos contra la administración pública.

Entre las actividades de la jornada destacó la reunión con el embajador de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el Perú, Ibrahim Salem Humaid Ali Alalawi.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron el fortalecimiento de los vínculos de cooperación y hermandad entre el Perú y los Emiratos Árabes Unidos, considerado uno de los principales socios comerciales peruanos en el Medio Oriente.

El diplomático entregó a Keiko Fujimori una carta enviada por el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en la que expresa sus felicitaciones por el resultado electoral y transmite sus deseos de progreso y prosperidad para el país.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la visita del embajador de los Emiratos Árabes Unidos, Ibrahim Salem Humaid Ali Alalawi. pic.twitter.com/p86mg4DIWV

— Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 14, 2026

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El Poder Judicial dispuso que el Ministerio Público dé por concluida la investigación preparatoria contra Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo; su hermana Yenifer Paredes; a sus hermanos Walter y David Paredes; el exalcalde de Anguía, José Medina; y otros investigados por el denominado caso ‘Anguía’.

La decisión fue adoptada mediante una resolución emitida el 18 de junio, en la que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó sin efecto la resolución de la jueza Lorena Sandoval, dictada el 12 de enero, que ampliaba por 18 meses el plazo de la investigación preparatoria.

El tribunal superior tomó esta decisión tras declarar fundados los recursos de apelación interpuestos por los abogados de Lilia Paredes, quien permanece asilada en México, y del exalcalde José Medina. Ambos solicitaron revocar la resolución de la jueza que acogió el pedido fiscal para prorrogar la investigación preparatoria.

En ese contexto, la sala superior reformó la resolución apelada y declaró improcedente el pedido fiscal para prorrogar la investigación preparatoria, al concluir que fue presentado de manera “extemporánea”.

Asimismo, el tribunal superior dispuso que el Ministerio Público emita, dentro del plazo establecido en el artículo 343 del Código Procesal Penal, el pronunciamiento que corresponda de acuerdo con sus atribuciones. Para ello, deberá decidir si presenta una acusación fiscal, solicita al Poder Judicial el sobreseimiento o archivo del caso, o formula el requerimiento que la ley contemple.

La sala superior ordenó remitir copias certificadas de la resolución a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para que evalúe la actuación del despacho fiscal en el ámbito de sus competencias, precisando que esta medida no supone un adelanto de criterio sobre un adelanto de criterio disciplinario.

EL CASO

El Ministerio Público atribuye a Lilia Paredes; a sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes; al exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina; y a otros investigados integrar una presunta organización criminal.

De acuerdo con la investigación fiscal, esta organización habría operado mediante licitaciones públicas fraudulentas en las regiones de Lima, Cajamarca y Amazonas. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, habría favorecido a empresas de fachada con la adjudicación de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por millonarios montos, pese a que no cumplían con las condiciones establecidas en la normativa.

La Fiscalía de Prevención del Delito confirmó este martes su preocupación por las condiciones estructurales de la sede central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), luego de la inspección realizada tras la difusión de un reportaje periodístico que alertó sobre posibles deficiencias en el edificio ubicado en San Isidro.

El fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro, Óscar Díaz Alegre, afirmó que el objetivo de la intervención es evitar una tragedia que ponga en riesgo la vida de los trabajadores y ciudadanos que acuden diariamente al inmueble.

“La preocupación de este despacho es que lo advertido en los medios de comunicación respecto a que el edificio podría significar un riesgo fuerte en su desplome, afectando a cerca de 700 personas. Nosotros tratamos de evitarlo. Ni una vida puede perecer”, declaró.

Edificio no cuenta con certificado de Defensa Civil

Uno de los principales hallazgos de la diligencia fue que el edificio no cuenta con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), documento que acredita que una infraestructura cumple con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.

Según explicó Díaz Alegre, existe un procedimiento administrativo en curso debido a que el inmueble presenta observaciones que aún no han sido subsanadas.

“Hay un procedimiento administrativo porque no cuentan con el certificado de Defensa Civil. Justamente no lo tienen debido a que existe un riesgo que debe ser corregido”, indicó.

Fiscalía abrió investigación por cuatro presuntos delitos

El Ministerio Público informó que ya abrió una carpeta fiscal para determinar eventuales responsabilidades penales.

La investigación comprende los presuntos delitos de:

• Homicidio culposo.
• Lesiones culposas.
• Estragos especiales en modalidad culposa.
• Omisión, retardo o incumplimiento de actos funcionales.

El fiscal precisó que, de encontrarse indicios de responsabilidad, el caso será derivado a una fiscalía penal para las investigaciones correspondientes contra los funcionarios involucrados.

Ministerio proyecta reforzamiento del edificio

Durante la diligencia, funcionarios del Ministerio de Vivienda informaron que ya otorgaron la buena pro para contratar la consultoría que elaborará el expediente técnico destinado al reforzamiento estructural del inmueble.

No obstante, Díaz Alegre cuestionó los plazos previstos para ejecutar el proyecto.

“Nos han informado que la consultoría demorará aproximadamente un año y recién después comenzarían las obras. Considero que es demasiado tiempo frente al riesgo existente”, sostuvo.

Reducirán el número de trabajadores en la sede

Como medida preventiva, el Ministerio de Vivienda anunció que ampliará la modalidad de teletrabajo y trasladará la Mesa de Partes a un inmueble contiguo para disminuir la cantidad de personas que permanecen diariamente en el edificio.

Sin embargo, la Fiscalía consideró que estas acciones deben complementarse con una evaluación técnica especializada que determine el nivel real de riesgo.

Municipalidad de San Isidro evaluará si corresponde el desalojo

El representante del Ministerio Público informó que la Municipalidad de San Isidro deberá realizar una inspección mediante especialistas en ingeniería para establecer si el edificio puede seguir siendo ocupado o si corresponde declararlo inhabitable.

“He solicitado que los ingenieros de la municipalidad acudan de inmediato para establecer si existe un riesgo inminente. Si así lo determinan, deberá procederse al desalojo completo del edificio”, afirmó.

Mientras se emite el pronunciamiento técnico, la Fiscalía continuará supervisando el cumplimiento de las medidas preventivas anunciadas por el Ministerio de Vivienda con el objetivo de proteger la integridad de los aproximadamente 700 trabajadores que laboran en la sede institucional.

Jorge Nieto reveló que en la reunión sostenida con Keiko Fujimori este martes, abordaron diversos temas relacionados para combatir contra la inseguridad ciudadana.

“El tema de la necesidad de que haya dentro de la Policía un esfuerzo de inspectoría y de contrainteligencia para que saneemos una institución que está muy muy horadada por la corrupción y por la delincuencia. Hay que decirlo y hay que reconocerlo. Y hemos planteado nuestros puntos de vista sobre el tema, que son los que hemos venido diciendo a lo largo de toda la campaña y antes en nuestras exposiciones frente al país”, manifestó.

El excandidato presidencial señaló que propuso fortalecer las unidades de inteligencia, contrainteligencia e Inspectoría de la Policía Nacional para hacer frente a los casos de corrupción y frenar la infiltración de organizaciones criminales dentro de la institución.

“Tenemos una línea muy difuminada entre la delincuencia organizada y algunos sectores de la Policía. Si no resolvemos ese problema, no vamos a resolver la crisis de inseguridad ciudadana”, aseguró.

Además, Nieto indicó que expuso a Fujimori algunas lecciones derivadas de las políticas de seguridad aplicadas en México, al sostener que la confrontación directa contra las organizaciones criminales no ha obtenido los resultados esperados.

“Yo le he contado un poco mi experiencia mexicana, en donde después de casi 20 años de guerra contra los carteles de narcotráfico, lo que tienen son 500,000 mexicanos muertos, 120,000 desaparecidos y el poder de los carteles más o menos intacto. Esa no es la ruta. Necesitamos poner el acento en inteligencia, en tecnología y en la necesidad de reorganizar nuestra Policía Nacional del Perú”, sostuvo.

Nieto informó, además, que otro de los principales temas abordados durante la reunión fue la preparación del país ante un eventual fenómeno de El Niño Costero.

Asimismo, comentó que advirtió a la presidenta electa sobre el estado de algunas obras de prevención y señaló que recibió reportes acerca de la presunta desactivación de mallas dinámicas en quebradas de Chaclacayo, Chosica y Santa Eulalia. “Si eso es así, sería un gravísimo error”, afirmó.

El excandidato destacó que las mallas dinámicas ayudaron a reducir de manera considerable los daños ocasionados por los huaicos durante el fenómeno de El Niño de 2017, al retener rocas, troncos y otros materiales de gran tamaño antes de que alcanzaran áreas pobladas. Asimismo, planteó fortalecer el despliegue preventivo de maquinaria pesada en las zonas más vulnerables.

Respecto a un posible pedido de facultades legislativas que impulsaría el próximo Gobierno, Nieto indicó que los congresistas de Buen Gobierno analizarán cada iniciativa de manera individual antes de fijar una posición.

“Todo aquello que sea necesario para enfrentar los problemas del país lo apoyaremos sin reservas. Lo que consideremos inconveniente, lo rechazaremos”, sostuvo.

Finalmente, Jorge Nieto reiteró que Buen Gobierno no formará parte del próximo gabinete ministerial. No obstante, aseguró que su agrupación está dispuesta a brindar asesoría al Gobierno cuando lo considere necesario. “El Perú está por delante de todo”, finalizó.

#EnVivo

Jorge Nieto tras reunión con Keiko Fujimori: No es lo mismo enfrentar al terror como lo hizo su padre, donde había una línea divisoria muy clara entre los terroristas y las fuerzas del orden. Hoy tenemos esa línea bastante difuminada porque las organizaciones criminales… pic.twitter.com/tuhzDXr6jJ

— Canal N (@canalN_) July 14, 2026

Jorge Nieto, excandidato presidencial, informó que en su encuentro con la presidenta electa Keiko Fujimori propuso analizar alternativas legales para la eventual liberación del expresidente Pedro Castillo, al considerar que esta medida podría contribuir a disminuir la polarización política.

Ante los medios de comunicación, Nieto indicó que su planteamiento se enmarca en una estrategia de reconciliación nacional.

“Le he sugerido que considere las rutas para la libertad del presidente Castillo, buscando que el país encuentre un espacio de descompresión y de despolarización”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que cualquier decisión deberá adoptarse en estricto respeto del Estado de derecho y la Constitución. “Le he sugerido que considere las rutas para que eso sea dentro del marco del Estado de derecho y de la Constitución”, agregó.

Nieto informó, además, que otro de los principales temas abordados durante la reunión fue la preparación del país ante un eventual fenómeno de El Niño Costero.

Asimismo, comentó que advirtió a la presidenta electa sobre el estado de algunas obras de prevención y señaló que recibió reportes acerca de la presunta desactivación de mallas dinámicas en quebradas de Chaclacayo, Chosica y Santa Eulalia. “Si eso es así, sería un gravísimo error”, afirmó.

El excandidato destacó que las mallas dinámicas ayudaron a reducir de manera considerable los daños ocasionados por los huaicos durante el fenómeno de El Niño de 2017, al retener rocas, troncos y otros materiales de gran tamaño antes de que alcanzaran áreas pobladas. Asimismo, planteó fortalecer el despliegue preventivo de maquinaria pesada en las zonas más vulnerables.

Respecto a un posible pedido de facultades legislativas que impulsaría el próximo Gobierno, Nieto indicó que los congresistas de Buen Gobierno analizarán cada iniciativa de manera individual antes de fijar una posición.

“Todo aquello que sea necesario para enfrentar los problemas del país lo apoyaremos sin reservas. Lo que consideremos inconveniente, lo rechazaremos”, sostuvo.

Finalmente, Jorge Nieto reiteró que Buen Gobierno no formará parte del próximo gabinete ministerial. No obstante, aseguró que su agrupación está dispuesta a brindar asesoría al Gobierno cuando lo considere necesario. “El Perú está por delante de todo”, concluyó.

#EnVivo

Jorge Nieto tras reunión con Keiko Fujimori: Si la posibilidad planteada de revisar la situación legal de Pedro Castillo está colocada en el marco de una política simbólica de reconciliación y acercamiento del país, entonces no es una tarea que le competa a este… pic.twitter.com/ODQMvCIyMA

— Canal N (@canalN_) July 14, 2026

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), junto con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Defensa Pública, viene implementando el Decreto Legislativo 1735, que establece la creación de un subsistema especializado para combatir la extorsión. Esta iniciativa busca brindar atención prioritaria y agilizar los procesos de los ciudadanos afectados por este delito.

Alberto Vega, director general de Asuntos Criminológicos del Minjusdh, señaló que el aumento de los casos de extorsión, el avance de la criminalidad y la carga procesal evidenciaron la necesidad de establecer este marco normativo especializado.

“A la fecha, hemos pasado desde el 2021 de 4 670 denuncias a casi 29 000 denuncias por extorsión, pero, en contrapartida, las sentencias condenatorias por dicho delito no han pasado en promedio anual de 400”, declaró para RPP.

Vega advirtió que las cifras oficiales no reflejan la verdadera magnitud del problema, pues solo dos de cada 10 víctimas de extorsión llegan a denunciar. Explicó que esta falta de reportes está relacionada con el miedo a represalias y la desconfianza en un sistema de justicia cuya carga procesal ha llevado a programar audiencias recién para los años 2028 y 2029.

Con el objetivo de mejorar la respuesta estatal, el subsistema permitirá priorizar la atención de los procesos y agilizar su trámite. Además, contará con abogados de oficio gratuitos que orientarán a las víctimas y las acompañarán durante la presentación de sus denuncias ante las dependencias de la Policía Nacional y la Fiscalía.

En el marco del inicio de estas acciones, el Minjusdh contempla la designación de 37 defensores públicos especializados que atenderán casos en la región La Libertad.

Además de la defensa legal, se anunció la próxima implementación de una línea telefónica exclusiva que operará de manera ininterrumpida para brindar asistencia directa a las víctimas de extorsión y ofrecer orientación legal del Estado sin que tengan que salir de sus domicilios.

Cabe precisar que, a diferencia de las unidades de flagrancia, las instituciones que forman parte de este subsistema continuarán desarrollando sus funciones desde sus respectivas sedes institucionales.

El Congreso Bicameral para el periodo legislativo 2026-2031, integrado por 130 diputados y 60 senadores, instalará este 15 de julio su Junta Preparatoria, órgano temporal encargado de conducir la transición hacia el nuevo Parlamento que reemplazará al Congreso unicameral luego de 33 años.

Durante su funcionamiento, la Junta Preparatoria organizará los actos previos a la instalación oficial del Congreso Bicameral y convocará a la elección de los presidentes y de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados.

¿Quiénes integran la Junta Preparatoria?

La Junta Preparatoria estará conformada por cinco parlamentarios elegidos conforme a los criterios establecidos para la instalación del nuevo Congreso:

• Presidente: Miguel Ángel Torres, senador electo por Fuerza Popular, bancada con mayor representación parlamentaria.
• Vicepresidenta: Cecilia Isabel Chacón de Vettori, diputada electa por Fuerza Popular.
• Segundo secretario: Luis Eliseo Quispe Candia, diputado del Partido del Buen Gobierno, por ser el parlamentario de mayor edad.
• Tercer secretario: Alejandro Muñante, senador de Renovación Popular, por ser el senador de menor edad.
• Cuarta secretaria: Romina Alejandra Uribe Sáenz, diputada del Partido del Buen Gobierno, por ser la diputada de menor edad.

Cronograma para elegir a las autoridades del Parlamento

Como parte de sus funciones, la Junta Preparatoria convocará a la elección de las mesas directivas de ambas cámaras.

Las bancadas parlamentarias podrán presentar sus listas de candidatos ante la Oficialía Mayor hasta el 25 de julio, mientras que la elección de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados deberá realizarse, como plazo máximo, el 26 de julio.

Los titulares elegidos asumirán formalmente sus cargos durante la sesión de instalación del nuevo Congreso Bicameral, prevista para el 27 de julio, fecha en la que también se iniciará la primera legislatura ordinaria del periodo parlamentario 2026-2027, que se extenderá hasta el 15 de diciembre.

Congreso recibirá el juramento presidencial el 28 de julio

Durante la sesión del 27 de julio también se convocará a la sesión solemne del 28 de julio, cuando Keiko Fujimori Higuchi jurará como presidenta constitucional de la República para el periodo 2026-2031.

La ceremonia se realizará ante el presidente del Congreso Bicameral, cargo que deberá ser ocupado por un senador. Posteriormente, la mandataria ofrecerá su mensaje a la Nación y al Parlamento, en el que expondrá la situación del país y las principales medidas, reformas e iniciativas que propondrá al Poder Legislativo.

¿Cuál es la función de la Junta Preparatoria?

La Junta Preparatoria es el órgano encargado de garantizar una transición ordenada entre el Congreso saliente y el Parlamento entrante.

Entre sus principales funciones se encuentran organizar la elección de las nuevas autoridades parlamentarias, conducir los actos previos a la instalación oficial del Congreso Bicameral y asegurar la continuidad institucional, evitando vacíos de poder durante el cambio de legislatura.

La Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro realizó este martes una diligencia de inspección en la sede central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ubicada en el distrito de San Isidro, tras la difusión de un informe que alerta sobre presuntas deficiencias estructurales y un eventual riesgo de colapso del inmueble.

La intervención fue informada por el Ministerio Público a través de sus redes sociales.

🚨 #LoÚltimo | Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro realiza diligencia de inspección en la sede central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ubicada en San Isidro, ante la difusión de un informe que alerta presuntas… pic.twitter.com/SRdhwNOapD

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 14, 2026

Buscan prevenir posibles delitos

La diligencia es liderada por el fiscal provincial Óscar Díaz Alegre y tiene como finalidad prevenir la comisión de delitos como homicidio culposo, lesiones culposas, omisión de funciones y estragos especiales.

Como parte de las acciones, el equipo fiscal verifica el estado actual del edificio, las condiciones de seguridad de la infraestructura y la documentación técnica relacionada con el inmueble.

Participan entidades especializadas

El Ministerio Público informó que la inspección se desarrolla con el apoyo de instituciones competentes en gestión del riesgo de desastres, fiscalización, desarrollo urbano y defensa civil.

El objetivo es identificar posibles factores de riesgo y promover la adopción de las medidas preventivas que correspondan para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios del edificio.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre los resultados de la diligencia ni sobre la adopción de medidas adicionales.

La demanda está dirigida al presidente José María Balcázar Zelada y al titular de Justicia, Luis Jiménez Borra, así como al juez Juan Checkley Soria, quien dictó los 18 meses de prisión preventiva a Castillo por la presunta comisión del delito de rebelión y conspiración.

Según el documento, también figuran el presidente del Congreso, jueces de la Sala Penal Permanente y el fiscal de la nación, pero sin especificar nombres.

El juzgado ordenó correr traslado a las procuradurías involucradas, que deberán presentar sus descargos.

Razones

La decisión fue adoptada tras un nuevo pedido de cuarto intermedio formulado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto.

“El volumen y la complejidad de las incorporaciones solicitadas, que involucran múltiples sectores, pliegos y fuentes de financiamiento, han demandado un proceso operativo adicional de revisión e ingreso de información en los sistemas del Ministerio de Economía y Finanzas”, argumentó.

El legislador añadió que el mencionado portafolio aún revisa los pedidos de financiamiento para proyectos de inversión presentados por los congresistas y afirmó que su grupo de trabajo ya consensuó los artículos del dictamen.

Tras la exposición, el presidente de la Comisión Permanente, Fernando Rospigliosi, suspendió la sesión hasta hoy a las 12:00 m., para debatir el proyecto.

Relevo

El exministro de Economía Luis Miguel Castilla cuestionó que el Parlamento continúe con esta iniciativa. “Nunca he visto, en la historia de nuestro país, que a dos semanas del cambio de gobierno se esté discutiendo un crédito suplementario de casi 10 mil millones de soles”, declaró.

En RPP, Castilla dijo que “no es coherente” el debate y consideró que la decisión debería recaer en el Congreso bicameral y el nuevo gobierno.

Su abogado, Carlos Torres Caro, presentó el expediente a la Comisión de Gracias Presidenciales y lo dirigió al jefe de Estado, José María Balcázar, para que evalúe el beneficio con carácter prioritario por razones humanitarias.

“Ha dicho usted (Balcázar) que invoca a los abogados que presenten. Pues bien, aquí estamos presentando oficialmente (...) porque usted es el presidente de la República, para que se sirva admitir la solicitud tomando en consideración, en este caso específico ,la de manera prioritaria por la edad y la relevante dimensión humanitaria que tiene Alejandro Toledo con sus patologías médicas acreditadas”, declaró a RPP Noticias.

Torres Caro respaldó su solicitud con documentos relacionados con la edad de su patrocinado, estado de salud y situación procesal.

“Tengo 81 años. Mi salud se ha deteriorado gravemente en prisión. Los médicos me han advertido que un infarto o un derrame pueden ocurrir en cualquier momento”, reza su pronunciamiento.

Poder

Torres indicó que Toledo suscribió una nueva autorización para formalizar el pedido mediante una declaración escrita, en la que le encarga gestionar el derecho de gracia presidencial.

“Doy mi conformidad y pido su urgente ayuda, Dr. Torres Caro. Dado la crítica situación de mi salud, por humanidad, se lo pido por favor”, escribió el exmandatario.

El letrado subrayó que el proceso excede el doble del plazo legal establecido, que su patrocinado carece de antecedentes penales y que no existe riesgo procesal ni social. “No vivamos de odios, no vivamos de confrontaciones”, respondió a las críticas por la solicitud.

DETALLES

En una audiencia pública que se realizó ayer por la mañana, los magistrados del JNE escucharon a Virgilio Hurtado, abogado del excandidato presidencial de Renovación Popular (RP).

Durante su intervención, el letrado señaló que los argumentos del Jurado Electoral Especial (JEE) para desestimar la candidatura de López Aliaga no se ajustan a la Constitución ni a los impedimentos que establece la ley.

“En el presente caso no se ha distinguido la condición de autoridad electa de Rafael López Aliaga con el impedimento para autoridades en ejercicio”, afirmó.

En la misma línea, consideró que el JEE cometió un grave error al considerar que los senadores elegidos se encuentan en condición de autoridad.

“El impedimento es para autoridades en ejercicio, no para autoridades elegidas o proclamadas”, sostuvo.

Además, la defensa del también excandidato de Lima recordó que de acuerdo con el Reglamento del Congreso, los senadores y diputados electos deben presentar la declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas, así como las credenciales que les fueron entregadas por el JNE ante Oficialía Mayor.

Como se recuerda, López Aliaga no asistió a la entrega de credenciales.

“Mi patrocinado ha presentado una carta donde ratifica su declinación y no participación (en el Senado)”, aseveró.

“Está todavía en trámite. Está en (el Ministerio de) Justicia todavía”, declaró a la prensa durante una actividad oficial en Arequipa.

Balcázar añadió que cualquier eventual indulto requiere un pedido expreso y debidamente fundamentado del exmandatario para que pueda ser evaluado. Aunque, días antes, indicó que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas lo favorecería.

Observaciones

El Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029 advierte que solo 48 de esas leyes –todas aprobadas desde septiembre de 2025– implicarían un costo fiscal permanente de más de 23 mil millones de soles anuales, lo que equivale al 1.9% del Producto Bruto Interno (PBI).

Agrega que esta cifra podría dispararse con otras tres normas, entre las que se incluye el incremento de las pensiones a policías y militares (Ley 32561), que por sí sola irroga un costo estimado de 46 mil millones.

Por otro lado, existen otras leyes con alto impacto fiscal, como la 32581, que establece para los maestros jubilados una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, actualmente fijada en 3,300 soles.

Según el Consejo Fiscal, esta disposición generaría un costo anual estimado de 8,018 millones de soles.

“El Perú no puede poner en riesgo su estabilidad fiscal por propuestas populistas. Exigimos el archivo definitivo del proyecto”, demandó la Sociedad de Comercio Exterior en marzo de este año, mediante un comunicado.

A este grupo de normas se suma la Ley 32563, que reconoce el pago de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

El Consejo Fiscal calcula que esta medida implicará un costo permanente de 3,006 millones de soles anuales.

Cabe mencionar que también destaca que el periodo legislativo 2021-2026 registra la mayor cantidad de leyes con impacto fiscal de los últimos Congresos.

Mientras que entre 2016 y 2019 se aprobaron 62 normas de este tipo y durante el Congreso 2020-2021 apenas ocho, el Parlamento elegido para el periodo 2021-2026 acumuló 258 normas que incrementan el gasto público.

Advertencias

El organismo alerta que la sostenibilidad de las finanzas públicas se encuentra en riesgo debido a la acumulación de gastos permanentes y al incumplimiento recurrente de las reglas fiscales.

En su informe, sostiene que la situación actual responde a un contexto marcado por “incumplimientos recurrentes de las reglas fiscales” y por “la proliferación de normas y otras medidas que generan presiones sobre el gasto público y debilitan la capacidad de recaudación”.

También cuestiona que el aumento de la recaudación no debería interpretarse como una fuente permanente de ingresos. Explica que este crecimiento responde, en gran medida, a factores temporales, como los altos precios internacionales del cobre y el oro, por lo que no debería utilizarse para financiar gastos permanentes.

“Cuando los factores que favorecen la dinámica de los ingresos se reviertan, los gastos difícilmente podrán ajustarse con la misma velocidad”, advierte el mencionado informe.

A esto se suma la reducción de los ahorros del Estado. De acuerdo con el organismo, al cierre de 2025 los activos financieros del Sector Público No Financiero representaban apenas el 7.4% del PBI, uno de los niveles más bajos registrados.

Esta situación reduce la capacidad de respuesta del país frente a una eventual crisis económica o un fenómeno El Niño de gran intensidad.

El Consejo Fiscal también alerta que, si continúa en aumento el gasto rígido, el ajuste para cumplir las reglas fiscales terminaría por afectar a los rubros con mayor flexibilidad del presupuesto, como la inversión pública y el financiamiento de programas prioritarios.

Como ejemplo, menciona que durante este año ya se registraron dificultades para asegurar el presupuesto del Programa Nacional de Becas (Pronabec), debido al incremento de las obligaciones destinadas al pago de planillas.

Análisis

El presidente del Consejo Fiscal (CF), Alonso Segura, saludó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) por la modificación de los artículos que le permitían al Congreso iniciativa de gasto.

“Habían generado contingencias y obligaciones enormes al Estado que nos ponían en una senda fiscal insostenible. Básicamente, eventualmente, era la quiebra del Estado peruano”, enfatizó en RPP.

No obstante, Segura identificó que la disposición del TC no es del todo restrictiva.

“Este fallo deja abierta una puerta de excepcionalidad en ciertos casos (...) para cuando hay derechos económicos, culturales y sociales; en esos casos el Congreso puede legislar, pero le pone ciertos candados, tiene que haber coordinación con el Ejecutivo”, explicó.

El titular del Consejo Fiscal advierte que esto podría “favorecer” las propuestas legislativas de Fuerza Popular.

“Una iniciativa que provenga de una bancada oficialista y que, entre comillas, tenga los criterios justamente de que se trata de situaciones de necesidad social, podría tener la ventaja de contar con un aval del Ministerio de Economía y Finanzas que no tendrían otras bancadas”, remarcó.

No obstante, Segura señala que el Estado debe mirar hacia atrás y “limpiar” estas leyes adversas, y que el próximo gobierno ya debe tener un equipo formado por abogados y economistas para presentar acciones de inconstitucionalidad.

En conversación con Correo, el exministro de Economía y Finanzas Ismael Benavides aseguró que el Legislativo dejó un “enorme forado fiscal” en su último periodo.

“El Congreso no ha tenido ningún miramiento con la estabilidad fiscal; al contrario, ha sido puramente populista. Ha lanzado estas iniciativas pensando, por supuesto, que eso le iba a servir para perennizarse, pero gracias a Dios eso no ocurrió”, resaltó.

Consultado por los votos a favor de Fuerza Popular en estas iniciativas legislativas, Benavides sostiene que hubo un “efecto rebaño” en el Parlamento.

“Cuando se empieza a ver que una iniciativa va tomando fuerza, ya se van sumando todos, porque creen que así van a ganar votos”, explicó.

Además, Benavides aludió a una discusión legal sobre si la sentencia del TC es retroactiva para que el Ejecutivo pueda evaluar la extinción de estas leyes.

“Dependiendo de eso se va a poder derogar alguna de estas leyes, o ajustarlas a las posibilidades reales de la caja fiscal. Pero, de todas maneras, esto pone un reto al próximo gobierno de la señora Fujimori: revisar esas leyes, ajustarlas o derogarlas si fuese necesario, y ver cómo se financia lo que queda”, concluyó.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio la razón a Renovación Popular al declarar fundado el recurso de apelación presentado por la agrupación, con lo que Rafael López Aliaga quedó habilitado para postular como primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima en las elecciones del próximo 4 de octubre.

Con dicha decisión, el máximo órgano electoral revocó la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que había declarado improcedente la inscripción de Rafael López Aliaga por su condición de senador electo y proclamado para el periodo parlamentario 2026-2031.

López Aliaga figura como candidato a primer regidor en la lista encabezada por Luis Rubio, quien postula a la Alcaldía Metropolitana de Lima.

Mediante una nota de prensa, el JNE indicó: “La causa resuelta es la apelación presentada por la organización política Renovación Popular en contra de la Resolución N° 04301-2026-JEE-LICN/JNE que declaró improcedente la inscripción de la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima, precisando que se mantiene vigente su condición de senador electo para el período parlamentario 2026-2031. (...) Los magistrados del Pleno del JNE evaluaron las pruebas presentadas por la defensa legal de Renovación Popular, y publicaron esta noche el sentido de su fallo declarando fundada la apelación”.

No obstante, la resolución difundida por el Jurado Nacional de Elecciones aún no incluye la fundamentación de los magistrados que sustentaron la decisión. Se espera que dichos argumentos sean publicados en los próximos días a través del portal institucional del organismo electoral.

En la audiencia pública, el abogado de Renovación Popular, Virgilio Hurtado, afirmó que la condición de senador electo no equivale al ejercicio del cargo parlamentario. En ese sentido, sostuvo que Rafael López Aliaga no ha juramentado ni asumido funciones en el Senado, por lo que, a su juicio, no existe impedimento legal para que continúe como candidato en las elecciones municipales.

La defensa también hizo referencia a los documentos enviados por López Aliaga al JNE y al Congreso de la República, en los que comunicó su decisión de no recibir la credencial, no juramentar y no asumir el cargo de senador.

Uno de los principales temas debatidos durante la audiencia fue determinar cuál es la situación jurídica de un parlamentario elegido y proclamado que manifiesta su decisión de no juramentar ni asumir el cargo.

El 10 de julio, Rafael López Aliaga volvió a descartar que vaya a asumir el cargo de senador para el que fue elegido en las elecciones generales. Durante una actividad partidaria en Huaycán, en el distrito de Ate, sostuvo que no jurará al cargo al considerar que el proceso electoral estuvo marcado por presuntas irregularidades en la primera vuelta. “No voy a ser senador nunca de este Congreso”, expresó.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó al voto la apelación interpuesta por Renovación Popular para revertir la resolución que declaró improcedente la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cargo equivalente a teniente alcalde, para las Elecciones Municipales 2026.

La decisión se tomó luego de que el Pleno del máximo organismo electoral escuchara, durante una audiencia pública, los argumentos de las partes. El tribunal electoral deberá emitir ahora un pronunciamiento definitivo sobre la continuidad de la postulación.

El JNE deberá determinar si ratifica la Resolución N.° 04301-2026-JEE-LICN/JNE, emitida el pasado 30 de junio por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que declaró improcedente la candidatura de López Aliaga, o si, por el contrario, declara fundada la apelación y permite que continúe en carrera electoral.

El debate jurídico se centra en definir desde cuándo deben aplicarse las incompatibilidades para ejercer un cargo parlamentario: si desde la proclamación como senador electo o desde la juramentación y el inicio efectivo de funciones. Cabe recordar que, el 4 de julio, el JEE Lima Centro concedió el recurso presentado por la defensa legal de Renovación Popular y dispuso elevar el expediente.

En el recurso de apelación, Renovación Popular sostiene que la resolución de primera instancia vulnera el derecho constitucional de sus candidatos a participar en elecciones. La agrupación argumenta que, al haber sido proclamado senador electo para el periodo parlamentario 2026-2031, Rafael López Aliaga no estaría comprendido dentro de la prohibición legal, pues esta aplicaría únicamente a parlamentarios que ya ejercen funciones.

Según la defensa del partido, existe una diferencia jurídica entre un congresista en funciones y un parlamentario electo que solo cuenta con una credencial habilitante. Asimismo, señaló que López Aliaga comunicó públicamente y por escrito su renuncia irrevocable al escaño senatorial ante el JNE y el Congreso de la República. Por ello, solicitaron dejar sin efecto dicha credencial y convocar al candidato accesitario.

Asimismo, Renovación Popular alegó una presunta vulneración al derecho a la igualdad ante la ley por parte del Jurado Electoral Especial (JEE). En el recurso, la agrupación señala que dicho órgano permitió la inscripción de las candidaturas a regidores de Leo de Paz Lancho y Aldo Bravo Quispe, pese a que ambos fueron proclamados diputados electos, mientras que declaró improcedentes las postulaciones de Rafael López Aliaga, como senador electo, y de Guillermo Valdivieso, proclamado representante suplente ante el Parlamento Andino.

Al considerar que los casos presentan condiciones jurídicas similares, el partido pidió que se apliquen criterios uniformes. La decisión final del Pleno del JNE definirá el futuro de la inscripción de candidaturas para Lima Metropolitana.

El JNE dejó al voto apelación que definirá si Rafael López Aliaga puede postular como primer regidor de Lima

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— Canal N (@canalN_) July 13, 2026

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo constitucional autónomo encargado de designar a los titulares de las autoridades electorales del país, iniciará este martes 14 de julio de 2026 la etapa final de evaluación para seleccionar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La entrevista personal pública está programada para este martes a las 11:00 horas en la sede institucional de la JNJ, ubicada en San Isidro. El único candidato habilitado para esta etapa es Carlos Loyola Escajadillo, quien logró superar las fases previas de calificación.

El proceso administrativo de selección se lleva a cabo bajo la conducción de la presidenta de la entidad, María Teresa Cabrera Vega. Durante la jornada, los integrantes del pleno evalúan de manera presencial la trayectoria profesional, la idoneidad del postulante y los resultados obtenidos en las pruebas de confianza antes de emitir su calificación final.

Las decisiones adoptadas durante el proceso serán formalizadas mediante la publicación inmediata de los puntajes obtenidos en los registros digitales del Boletín Oficial de la Magistratura.

La reincorporación de Carlos Loyola Escajadillo al proceso de selección del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue aprobada luego de que se declarara fundado un recurso de reconsideración presentado por el postulante.

Inicialmente, las oficinas técnicas de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) determinaron excluir al candidato por una presunta omisión de información en su declaración jurada de antecedentes. Sin embargo, el postulante sustentó que la falta de registro de dos procesos judiciales en trámite había sido subsanada durante la etapa de tachas.

El pleno de la JNJ resolvió el caso por mayoría luego de analizar los argumentos presentados por la defensa legal del único postulante habilitado en el concurso.

La otra candidata finalista del proceso de méritos, Amparo Ortega Campana, presentó su renuncia irrevocable a seguir en la convocatoria pública, argumentando motivos de salud personal. Ante ello, la Junta Nacional de Justicia reestructuró el cronograma oficial con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa y la continuidad de las evaluaciones.