Esto debido a que se detectaron inconvenientes como fallas de laptops, impresores, cartuchos de tinta, esto además de riesgos en ciberseguridad. Sin embargo, no se descarta que el polémico sistema se retome para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

DETALLES

Durante su presentación ante la Comisión de Constitución, Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, precisó que el uso de ese sistema para las elecciones de octubre, dependerá del nuevo jefe que asuma frente al organismo electoral.

Cabe recordar que tras la renuncia de Piero Corvetto, la Junta Nacional de Justicia convocó a un concurso público para elegir a su sucesor, que deberá jurar al cargo el 3 de julio.

“La segunda vuelta es menos complicada que la primera porque pasan dos contendientes que van a una hoja de escrutinio, es mucho más sencilla que la primera vuelta”, afirmó.

En ese sentido, explicó que recontar los votos en la segunda vuelta es mucho más fácil porque solo hay una elección con dos candidatos y el material electoral se reduce.

“Es casi intuitivo. Recordemos que tenemos elecciones el 4 de octubre, también son complicadas en primera vuelta. El nuevo jefe de la ONPE tomará la decisión de si sigue en el STAE para la primera elección regional y municipal”, precisó.

TRABAJO

En otro momento, Bernardo Pachas se refirió al desempeño del STAE en primera vuelta.

“La idea era usar el STAE en 26,695 mesas de sufragio, de allí funcionó en el 91.22% de las mesas instaladas, pero no funcionó en 2571 mesas, lamentablemente, lo que representa el 8.78%”, explicó.

Finalmente, se refirió al trabajo del organismo electoral de cara a la segunda vuelta.

“Todos los trabajadores de la ONPE tienen la obligación moral de sacar adelante la segunda vuelta sin el menor error posible”, aseguró.

Ayer, el abogado de Renovación Popular, Jesús Silva, señaló que estas actas están facultadas a usarse en casos de elecciones regionales y no generales, por lo que solicitarán al JNE su anulación.

Según el candidato Rafael López-Aliaga (Renovación Popular) es desde este grupo de documentos que se habría tramado un fraude a favor de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Requisitos

Según explicó Gloria Periche, especialista en la Subgerencia de Modernización de la ONPE, estas mesas priorizan la atención a personas en situación de vulnerabilidad, en situación de pobreza, que no tienen un local de votación cerca, entre otros.

“Son mesas de sufragio inclusivas donde puede votar cualquier elector”, afirmó. “Personas que viven en situación de pobreza, que no tienen un local de votación, el local de votación del distrito le queda muy lejos. Nosotros llevamos un control de estas mesas de sufragio, para que la autoridad solicite una mesa de sufragio tiene que cumplir ciertos requisitos”, señaló.

Sobre el procedimiento para instalación de estas mesas, Periche detalló que entre los requisitos: la autoridad local debía presentar una solicitud ante el ente electoral, acompañada de una carta de respaldo de la municipalidad distrital o provincial, además de otros documentos.

“Luego de que adjuntan el croquis a mano alzada, presentan fotos de su local de votación que están proponiendo y una lista de electores”, sostuvo.

Posteriormente, la especialista señaló que toda la información recibida es verificada y, tras ello, se procede a una entrevista formal.

Las iniciativas acumuladas fueron presentadas por las bancadas de Perú Libre, Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista y Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial.

En detalle

La sesión, desarrollada en la Sala Fabiola Salazar Leguía y en la que se pudo participar de manera virtual, comenzó a las 2:30 p. m. y concluyó a las 5:00 p.m.

El grupo de trabajo, presidido por Víctor Cutipa (Juntos por el Perú), procedió con el debate de la iniciativa parlamentaria, la que “busca recuperar los recursos estratégicos gasíferos, petroleros e hidroenergéticos”.

“La Comisión de Energía y Minas considera técnica y jurídicamente viable la propuesta legislativa, porque fortalece la soberanía energética de nuestro país, evitando la privatización de Petroperú S.A.”, reza el documento.

Revisión

Al final de las intervenciones, se votó la cuestión previa presentada por el congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), la que fue aprobada con 14 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones.

El apepista planteó que primero se escuche las opiniones técnicas de actores claves en el proceso, como la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), a cargo de liderar esta reorganización; el Ministerio de Energía y Minas (Minem); y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De Zela enseñó a RPP mensajes de WhatsApp de febrero pasado en los que habría informado al presidente sobre un tema urgente que debían tratar en persona, antes de que este definiera su decisión de continuar en el cargo de canciller durante su gobierno.

“Le dije con absoluta claridad que pocos días antes se había realizado una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa (Cosedena) y que en esa reunión se había adoptado un acuerdo que nos ponía en el camino para comprar los aviones F-16. Quería saber yo si estaba de acuerdo con todos estos temas, de tal manera que yo pudiera continuar desarrollando mis tareas. Y si no estaba de acuerdo, obviamente iba a tener que buscar un nuevo canciller; lo que él me dijo con toda claridad en esa reunión fue que él estaba de acuerdo con todos aquellos temas que yo le había manifestado”, declaró a dicho medio.

De Zela también indicó que, si el jefe de Estado optaba por postergar la compra de los aviones, debió convocar al Consejo de Seguridad y Defensa para evaluar esa decisión, lo cual ocurrió.

“Si él hubiera querido, si el presidente Balcázar quería cambiar esa decisión, hubiera tenido que convocar nuevamente a ese Consejo de Seguridad y Defensa para hacer el planteamiento que él deseara y modificar esa decisión. Él no solo no lo hizo, sino que expresó que estaba de acuerdo en que se siga adelante con ese tema”, resaltó.

El excanciller también presentó decretos supremos del Ministerio de Defensa que aprueban la relación de contrataciones de bienes, servicios y obras declaradas de carácter secreto, con los que se habría iniciado la ejecución de la decisión del Cosedena para la adquisición de los aviones.

“(El documento) es del día cinco de marzo del 2026 y está firmado por el presidente José Balcázar y por el ministro del Interior, encargado en ese momento del Ministerio de Defensa”, sostuvo.

Además, el excanciller reiteró que el proceso de compra continuó su desarrollo con normalidad y que contaba con la aprobación del mandatario para la adquisición de las naves.

La medida busca analizar un predictamen relacionado con la reorganización patrimonial de la empresa estatal.

La propuesta legislativa plantea derogar el decreto de urgencia emitido por el Ejecutivo y evitar que Petroperú forme parte de procesos de promoción de inversión privada administrados por Proinversión.

Según el grupo de trabajo, el objetivo es preservar el carácter estatal de la compañía y reforzar la soberanía energética.

El presidente de la comisión, Víctor Cutipa, señaló que se optó por citar de manera presencial a las entidades involucradas debido a que no respondieron solicitudes previas de información por escrito.

Durante una entrevista con Canal N, Cutipa también se refirió al debate sobre la seguridad jurídica en el sector extractivo y precisó que cualquier decisión sobre concesiones mineras deberá ser evaluada por el pleno del Congreso.

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Según la entidad, el denunciado lideró a unas 500 personas en acciones que comenzaron en la sede del JNE y luego se trasladaron hasta la vivienda de su presidente, Roberto Burneo.

De acuerdo con el expediente fiscal del Caso 1211-2026, la principal imputación es por el presunto delito de sedición, contemplado en el artículo 347 del Código Penal.

El JNE sostiene que Ugarte habría promovido mensajes para desconocer a la autoridad electoral e incluso realizó llamados públicos a un “golpe cívico militar”, solicitando la intervención de las Fuerzas Armadas.

La entidad también amplió la denuncia por los presuntos delitos de acoso, grave perturbación de la tranquilidad pública y violencia contra la autoridad. Según el informe de seguridad, el grupo llegó hasta la vivienda de Burneo en San Isidro, donde se habría expuesto la ubicación del inmueble y realizado acciones de hostigamiento mediante megáfonos y transmisiones en vivo.

Ante estos hechos, la Oficina de Seguridad y Gestión de Riesgos Institucionales del JNE solicitó a la Policía Nacional patrullaje preventivo permanente en la sede de Jesús María y en los domicilios de los integrantes del pleno.

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A través de su defensa legal, pidió que la pena pase de nueve meses de prisión suspendida a un año y ocho meses de cárcel efectiva.

La apelación fue presentada el 24 de abril y busca dejar sin efecto parte de la sentencia emitida por la jueza suprema Norma Carbajal el 15 de abril. Además, Espinoza solicitó que la reparación civil aumente de 200 mil a un millón de soles y que los días-multa se eleven de 100 a 201.

Según el recurso, la defensa de la exfiscal sostiene que Rospigliosi tenía condiciones personales favorables, como formación académica, solvencia económica y posición funcional, y que pese a ello actuó de manera dolosa.

También argumenta que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 57 del Código Penal para acceder a una condena suspendida.

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Las declaraciones fueron brindadas desde el local de campaña del partido, ubicado en el Cercado de Lima. En ese contexto, sostuvo que la prioridad de la agrupación es que se respete el resultado de las elecciones.

“Tenemos una prioridad nosotros, que es que se respete el voto ciudadano. No estamos participando de reparto de ministerios, ni mucho menos. Les puedo decir que, en un eventual gobierno nuestro, el señor Antauro Humala no va a ser ministro. Yo creo que no es interés tampoco, el señor Antauro no está por ser asesor ni ministro de Estado”, indicó.

¿Qué dijo sobre Pedro Castillo?

Durante sus declaraciones, el dirigente también abordó la situación del expresidente Pedro Castillo. Señaló que una eventual gestión de Roberto Sánchez impulsaría su indulto respetando el marco legal correspondiente.

“Nunca lo hemos negado”, expresó.

Actualmente, Roberto Sánchez se mantiene en el segundo lugar del conteo correspondiente a las elecciones realizadas el pasado 12 de abril. Según los resultados preliminares, conserva una ventaja de más de 25 mil votos sobre Rafael López Aliaga.

Mientras continúa el conteo oficial, el partido ha reiterado que su atención está enfocada en el proceso electoral. La agrupación espera la consolidación de los resultados para definir los siguientes pasos políticos.

La postulante arribó al distrito de Padre Márquez, donde sostuvo un encuentro con los residentes de la zona. Durante la reunión, escuchó las principales necesidades planteadas por la población local.

Pobladores presentaron sus demandas

Los ciudadanos señalaron que enfrentan dificultades por la falta de servicios básicos en su comunidad. Asimismo, mencionaron limitaciones en infraestructura educativa y atención médica.

Los residentes indicaron que existe una cantidad insuficiente de establecimientos de salud para atender a la población. Además, manifestaron preocupación por las condiciones en las que estudian los menores de la zona.

Gran parte de los habitantes pertenece a la comunidad shipiba. Sus principales actividades económicas están vinculadas a la agricultura y la pesca.

Tras escuchar los pedidos de la población, Fujimori se comprometió a impulsar la construcción de un centro educativo en la zona en caso llegue al Gobierno. La candidata sostuvo que buscará reforzar la presencia del Estado en localidades alejadas.

“Yo les pido que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza. Vamos a trabajar para tener un estado eficiente, con capacidad de gestión, en la cancha, que camine, que esté de la mano del pueblo... Y yo espero regresar aquí como presidenta del Perú, pero lo más importante, regresaré para inaugurar las obras”, manifestó.

Continuará actividades en Contamana

Luego de culminar su visita en Roaboya Mestiza, la candidata se dirigió hacia Contamana. En esa ciudad continuará con reuniones junto a pobladores para conocer otras demandas de la provincia.

La visita forma parte de las actividades de campaña que viene desarrollando en distintas regiones del país. En esta etapa, la candidata ha intensificado sus recorridos por localidades de la Amazonía.

Además de la suspensión de la proclamación, los congresistas exigen que dicha medida se mantenga vigente hasta que se conozcan los resultados de una auditoría internacional al proceso electoral. El documento lleva la firma digital de diez congresistas de la bancada, entre ellos Alejandro Muñante Barrios, Cheryl Trigozo Reátegui, Norma Yarrow Lumbreras, Jorge Zeballos Aponte, Patricia Chirinos Venegas, Diego Bazán Calderón, Miguel Ángel Ciccia Vásquez, Noelia Herrera Medina, María Jauregui Martínez de Aguayo, María Jessica Córdova Lobatón y Esdras Medina Minaya.

Piden auditoria con firmas internacionales

Como se recuerda, el JNE dispuso el pasado 2 de mayo una “auditoría informática integral y exhaustiva” a la primera vuelta de las elecciones generales, con el acompañamiento de un Comité Académico integrado por representantes de la Universidad San Ignacio de Loyola, la Universidad de San Martín de Porres y la Universidad de Lima. Sin embargo, para Renovación Popular esa medida no es suficiente para garantizar la imparcialidad del proceso.

Al respecto, la bancada solicita que la auditoría dispuesta por el JNE no sea realizada por el comité anunciado sino por una firma internacional de prestigio que garantice transparencia, independencia, imparcialidad y objetividad. Los legisladores proponen cuatro firmas auditoras para llevar a cabo el trabajo: PwC (PricewaterhouseCoopers), EY (Ernst & Young), KPMG y BDO (Binder Dijker Otte).

Según explicaron, solo una entidad internacional y de reconocida trayectoria puede ofrecer la credibilidad suficiente para salvaguardar el derecho constitucional de elegir y ser elegido, proteger la democracia y restaurar la confianza ciudadana en los organismos electorales.

“Solicitamos que esta auditoría sea llevada a cabo por una firma internacional de prestigio que nos garantice transparencia, independencia, imparcialidad y objetividad en salvaguarda al derecho constitucional de elegir y ser elegido, a nuestra democracia y a la confianza ciudadana en nuestros organismos electorales”, se lee en el documento.

Esta solicitud se enmarca en la misma línea que viene sosteniendo su líder, Rafael López Aliaga, quien presentó públicamente un informe forense digital elaborado por la consultora Secretariat que identificó 805 mesas con inconsistencias entre los votos presidenciales y congresales de su partido. López Aliaga advirtió también sobre vulnerabilidades en los servidores de la ONPE y diferencias de hasta 30 horas entre el registro original de actas y su publicación oficial, calificando la situación como un “atentado a la voluntad popular” y anunciando que recurrirá a instancias nacionales e internacionales para solicitar la nulidad de las elecciones.

Durante una actividad oficial en Palacio de Gobierno, el mandatario sostuvo que su administración busca mantener una política de desarrollo con alcance nacional. Asimismo, señaló que las obras se realizan con apoyo de distintas instituciones del Estado.

“Nuestro Gobierno ejecuta obras sin mucha bulla ni aspavientos, pero de manera inclusiva con las regiones del sur, norte y centro del país”, manifestó.

Gobierno plantea trabajo articulado

El mandatario sostuvo que la inclusión debe formar parte de las decisiones del Estado. En esa línea, afirmó que no es posible gobernar dejando de lado a determinadas regiones o sectores de la población.

Durante su intervención, señaló que las Fuerzas Armadas también colaborarán en la ejecución de algunas obras. Endicó que ese respaldo permitirá fortalecer el desarrollo de proyectos en diversas zonas del país.

Al explicar su visión sobre el crecimiento nacional, remarcó la importancia de una democracia con igualdad de oportunidades. “La democracia, cuando es inclusiva, permite el desarrollo”, expresó.

Presentan estrategia sobre inteligencia artificial

Las declaraciones fueron brindadas durante la presentación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. En el evento, el mandatario destacó el impacto de la tecnología en distintos ámbitos de la sociedad.

Balcázar recordó que en años anteriores el acceso al conocimiento era limitado para gran parte de la población. Señaló que actualmente internet y los teléfonos móviles han ampliado las posibilidades de acceso a la información.

Destaca rol de la tecnología

El presidente también se refirió al avance de la inteligencia artificial y su impacto en el futuro. Consideró que esta herramienta puede contribuir al desarrollo del país si se utiliza adecuadamente.

En ese contexto, precisó que la tecnología no reemplazará la capacidad humana. “La inteligencia artificial no va a sustituir a la inteligencia humana, pero constituye un extraordinario instrumento para el desarrollo”, sostuvo.

En la ceremonia también participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y el secretario de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ricardo Zapata de la Rosa. Ambos acompañaron la presentación de la estrategia impulsada por el Ejecutivo.

Durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso, el funcionario explicó que la continuidad de esta herramienta dependerá de una evaluación posterior. En ese contexto, precisó que la actual gestión no tomará una decisión definitiva sobre su uso en próximos procesos.

“El nuevo jefe de la ONPE tomará la decisión de si se sigue con el STAE para las elecciones municipales o regionales”, manifestó.

#EnVivo

Bernardo Pachas: No vamos a tener el Stae en la segunda vuelta. El nuevo jefe de la ONPE decidirá si continúa con el Stae en las elecciones municipales y regionales

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— Canal N (@canalN_) May 5, 2026

Sistema presentó fallas en primera vuelta

La herramienta tecnológica fue utilizada en Lima Metropolitana y el Callao durante la primera vuelta de las Elecciones Generales. Su objetivo era agilizar el registro y procesamiento de resultados en las mesas de sufragio.

El sistema estaba compuesto por una laptop, una impresora y un dispositivo USB. Sin embargo, durante la jornada electoral se reportaron diversos inconvenientes que afectaron su funcionamiento.

Miembros de mesa informaron dificultades para ingresar al sistema y operar correctamente los equipos. Estas fallas se sumaron a los problemas registrados en el traslado del material electoral.

Las incidencias relacionadas con el sistema STAE y los retrasos logísticos provocaron complicaciones durante el desarrollo de los comicios. Esta situación obligó a extender el horario de votación en algunos locales para garantizar el derecho al sufragio.

Tras lo ocurrido, la ONPE descartó el uso del sistema digital para la segunda vuelta electoral. Para esa etapa, el llenado de actas volverá a realizarse de manera manual.

Aunque el organismo electoral decidió suspender temporalmente la herramienta para la próxima jornada electoral, su futuro aún no está cerrado. La próxima administración de la ONPE deberá evaluar si el sistema requiere ajustes o si será descartado de manera definitiva para futuros procesos.

La iniciativa presentada por Maria del Carmen Alva, está sustentada en el Proyecto de Ley 13572/2025-CR. Su objetivo es proteger la salud de los empleados que realizan sus funciones de pie durante extensas jornadas y reducir riesgos asociados al desgaste físico.

El dictamen establece que mantener a un trabajador de pie durante periodos prolongados sin pausas adecuadas puede afectar su bienestar físico. En ese contexto, la propuesta señala que esta práctica vulnera condiciones laborales adecuadas.

El texto también precisa que obligar a un empleado a permanecer de pie durante toda su jornada sin posibilidad de descanso puede ser considerado un acto de hostilidad laboral. Con ello, se busca evitar prácticas que prioricen la productividad por encima de la salud del trabajador.

¿A quiénes alcanzaría la medida?

La propuesta sería aplicada en centros laborales donde los trabajadores permanezcan de pie por tres horas continuas o más. De aprobarse en las siguientes etapas del proceso legislativo, los empleadores deberán permitir que los trabajadores alternen su postura durante la jornada.

La medida alcanzaría tanto al sector público como al privado. El objetivo es reducir problemas de salud relacionados con la fatiga física derivada de largas horas en una misma posición.

Aunque el dictamen fue aprobado por el Parlamento, todavía no entra en vigencia como ley. La iniciativa aún debe continuar con el procedimiento legislativo correspondiente antes de su eventual promulgación.

Con esta propuesta, el Congreso busca incorporar nuevas condiciones de protección para trabajadores expuestos a jornadas prolongadas de pie. El debate sobre derechos laborales y condiciones de trabajo vuelve así a la agenda parlamentaria.

El anuncio se realizó luego de una reunión sostenida en el Palacio Legislativo con el alcalde provincial del Callao, César Pérez Barriga. Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron el incremento de casos en los que niños y adolescentes son utilizados por redes delictivas.

Buscan respuesta del Estado

Rospigliosi señaló que actualmente no existe una política pública específica para enfrentar este problema. En ese sentido, indicó que el proyecto buscará que el Estado asuma un rol más activo frente a estos casos.

Al explicar la propuesta, el titular del Parlamento sostuvo que se requiere atención inmediata para evitar que más menores sean captados por bandas criminales. “Hoy no existe una respuesta adecuada. Vamos a trabajar de inmediato en un proyecto de ley para que el Estado se haga cargo de estos niños y adolescentes y que haya espacios donde puedan acudir”, manifestó.

El legislador también advirtió que en los últimos años organizaciones criminales han recurrido a menores para cometer distintos delitos. Según señaló, esta situación se ha visto favorecida por vacíos legales existentes.

Cuestiona falta de herramientas legales

Rospigliosi recordó que el Tribunal Constitucional derogó una norma que buscaba reducir la edad de imputabilidad penal. A su juicio, esa decisión dejó al Estado sin herramientas frente a casos que involucran a menores en actividades delictivas.

Explicó que la iniciativa legislativa pretende evitar que adolescentes involucrados en delitos queden sin seguimiento por parte de las autoridades. Para ello, se plantearán mecanismos específicos de intervención.

Durante la reunión, el alcalde del Callao advirtió que este problema afecta con fuerza a su jurisdicción y a otras zonas del país. Indicó que mafias estarían reclutando a adolescentes entre los 12 y 14 años para actividades delictivas como extorsión y homicidio.

“Tenemos que tomar una decisión. No podemos permitir que nuestros jóvenes se pierdan ni que nuestros niños queden sin el apoyo del Estado. Tenemos que reinsertarlos en la sociedad”, expresó.

Finalmente, Pérez destacó la disposición del Congreso para trabajar en una propuesta conjunta. Señaló que esperan implementar acciones concretas frente al avance del crimen organizado.

Como parte de las investigaciones del caso, ambos funcionarios fueron invitados a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso junto al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo. Otros invitados a la mesa de trabajo son los especialistas en derecho constitucional Domingo García Belaunde y Jorge Luis Cáceres Arce. La sesión inició a las 10:00 a.m en el Hemiciclo del Pleno, sin embargo aún no se ha presentado el titular del JNE.

Como se recuerda, los problemas de organización de los organismos electorales perjudicaron a los votantes del sector de Lima Sur , quienes debieron acudir nuevamente a sufragar al día siguiente de las elecciones. Este fin de semana, el dominical Cuarto Poder reveló que el JNE había alertado a la ONPE un mes antes de los comicios sobre graves riesgos de ciberseguridad en la “Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio” (STAE). Esta herramienta fue utilizada para agilizar el conteo y transmisión de resultados en Lima Metropolitana y Callao.

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Tras estas declaraciones, el exmandatario José Jerí salió a responder por la adquisición de las cazas norteamericanas Al finalizar su participación en una sesión de la Comisión de Defensa del Congreso, el legislador de Somos Perúsostuvo que la información brindada por el actual jefe de Estado no se ajusta a lo expuesto durante la reunión parlamentaria.

“Justamente salimos de la Comisión de Defensa y ha quedado mucho más claro el escenario lo cual me permite afirmar que lo manifestado por el presidente es totalmente impreciso. Jamás hubo ninguna compra direccionada, a dedo o cualquier calificativo”, explicó a San Juan de Lurigancho TV.

Defiende proceso de adquisición

El exjefe de Estado indicó que durante la sesión también participaron ministros y representantes técnicos de la institución castrense. Según explicó, ellos detallaron cómo se desarrolló la evaluación de las propuestas presentadas por distintos países.

Bajo ese argumento, sostuvo que algunas ofertas no cumplieron con los requerimientos esperados por la Fuerza Aérea. Jerí reiteró que la exclusión de algunos postores respondió al resultado de la evaluación técnica y no a una decisión arbitraria.

“Creo que el presidente ha sido mal asesorado sobre el tema, pero a la luz de todas las participaciones de los ministros, de la parte técnica de la FAP ha quedado sumamente claro que todo ha sido conforme al procedimiento. Se han respetado todas las etapas que tal vez algunos de los postores no hayan podido satisfacer la expectativa de la FAP es muy distinto y el que pierde no va quedarse contento”, indicó.

Por otro lado, afirmó que la Contraloría General de la República participó en el proceso de adquisición. Según remarcó, esta entidad revisó el procedimiento y emitió una opinión favorable.

“La Contraloría también ha participado de este procedimiento y ha dado su visto favorable, entonces todo el procedimiento que viene de años anteriores porque es una compra programada, ha seguido todas las causas formales”, concluyó.

La sesión está programada para iniciar a las 10:00 de la mañana. El encuentro se desarrollará de manera presencial en el Hemiciclo del Pleno y también contará con participación virtual mediante videoconferencia.

Antes de abordar los temas centrales, el grupo de trabajo revisará asuntos administrativos pendientes. Entre ellos se encuentra la aprobación del acta de la quinta sesión extraordinaria y la evaluación de documentos recibidos y remitidos entre el 25 de abril y el 1 de mayo de este año.

¿Quiénes más participarán en esta sesión?

Como parte de la agenda parlamentaria, la comisión citó a representantes de las principales entidades del sistema electoral. El objetivo es analizar hechos recientes vinculados al proceso electoral previsto para el 2026.

Entre los invitados también se encuentran Carmen Velarde Koechlin, titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. (RENIEC) , así como los especialistas en derecho constitucional Domingo García Belaunde y Jorge Luis Cáceres Arce.

Un tema adicional en la agenda

Otro de los puntos incluidos en la sesión será la discusión del predictamen relacionado con el proyecto de ley 14337/2025-CR. Esta iniciativa plantea incorporar en el Código Penal peruano la regulación de los delitos de lesa humanidad.

La propuesta legislativa toma como referencia lo establecido en el Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma. Tras el debate correspondiente, el texto será sometido a votación dentro del grupo parlamentario.

El máximo representante del organismo electoral señaló que Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), “le mintió a todos” al garantizar el proceso electoral. Sin embargo, Burneo también deberá responder. Sin embargo, a diferencia de Corvetto que ya está lejos de la institución, Burneo podrá quedarse para la segunda vuelta, pues el Congreso pasa por agua tibia su situación.

TIEMPOS

El 13 de abril, el congresista Edwin Martínez anunció la presentación de una denuncia constitucional contra Burneo por no garantizar el proceso electoral.

La denuncia pide la inhabilitación por 10 años de la función pública del magistrado.

El documento ingresó oficialmente a la mesa de partes de la Subcomisión el día 16 de abril.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, la Subcomisión tiene un plazo de 10 días hábiles para calificar la denuncia, es decir, determinar si se admite a trámite o se archiva.

Esos 10 días hábiles se cumplieron ayer. Sin embargo, aunque el caso sea visto en esta semana, la Subcomisión suele tardar en resolver denuncias constitucionales.

Si la denuncia llega a ser admitida, pasará a la Comisión Permanente para que evalúe si hay motivos para acusar y elaborar un informe.

De obtener luz verde, la Permanente ordena que la Subcomisión realice una investigación y elabore un informe en un plazo de 15 días.

La Subcomisión debe utilizar ese tiempo para que Burneo formule sus descargos y presente medios probatorios; para convocar una audiencia en la que se debe presentar el denunciante, el denunciado y los testigos, finalmente, se debe elaborar un informe final.

En el documento se debe plantear el archivo del caso o la acusación.

Aunque el tiempo para todo el proceso antes mencionado es de dos semanas, en la práctica, la Subcomisión suele tardar más por la recargada agenda.

Si se va por la acusación y se recomienda, por ejemplo, la inhabilitación del funcionario por determinado tiempo, el texto debe ser ratificado en la Comisión Permanente.

Posteriormente, el mismo documento debe ser expuesto ante el Pleno del Congreso.

Los parlamentarios debatirán y votarán a favor o en contra de una eventual destitución.

Los casos en la Subcomisión suelen tardar en resolverse de dos a tres meses si son una prioridad para el grupo, aunque todo indica que ese no será el caso.

Por ahora, Burneo solo fue citado en la Comisión de Fiscalización, espacio al que acudió el 17 de abril para indicar que su institución, le advirtió a la ONPE sobre las deficiencias que podrían presentarse en el proceso electoral.

#AHORA Presentan denuncia constitucional contra Roberto Burneo, presidente del JNE, con el objetivo de destituirlo del cargo e inhabilitarlo por 10 años de la función pública. pic.twitter.com/z2V15jwK1Y

— Sofía López (@SofiaLopezLl) April 14, 2026

Según el magistrado, “la Junta Nacional de Justicia no se limitó a verificar de manera objetiva la concurrencia de una causal de vacancia”.

En detalle

En la sentencia, el juzgado concluye que se vulneraron derechos fundamentales del demandante, entre ellos el debido proceso.

Agrega que no se respetó la “delimitación previa de la imputación”; es decir, no se precisó con claridad de qué se le acusaba desde el inicio; tampoco se actuó con una competencia material estricta ni se garantizó una “contradicción eficaz”, lo que limitó su derecho de defensa.

Además, advirtió que no hubo una adecuada valoración de sus argumentos ni una decisión “debidamente fundada”.

Sobre la vulneración al derecho al trabajo, el juez Nuñez Matos advierte que la separación de Ruiz Hidalgo del cargo de miembro titular “fue adoptada sin que existiera una base constitucionalmente suficiente para privarlo de la continuidad en el ejercicio de la función”.

“Afectó de manera arbitraria la situación laboral y funcional legítimamente adquirida por el accionante”, señala la resolución a la que accedió Correo.

Cabe recordar que el mencionado juez fue vacado por el Pleno de la JNJ, el 11 de abril de 2025, tras comprobar que ocultó una condena penal por el delito de prevaricato en su proceso de postulación.

El exmiembro omitió informar que había sido condenado por este delito en 2010.

La sentencia de la Sexta Sala Penal de Lima se originó por ordenar en 2004 el embargo de cuentas de empresas vinculadas al Grupo Gloria en un caso laboral. Luego se determinó que no tenían relación con el proceso.

Sin embargo, el premier Arroyo Sánchez solicitó a la comisión que la sesión continúe en carácter reservado para brindar mayores detalles.

Control

La presidenta del grupo de trabajo, Karol Paredes, propuso abordar previamente la información no clasificada del proceso antes de adoptar la reserva. “El tema de las compras, el número de aviones (caza F-16), si estos aviones están en condiciones”, añadió.

El primer ministro tuvo que responder de forma general e inició con la cronología de la compra de los cazas.

“Empezó desde el año 2014, pero específicamente el proyecto de inversión pública se desarrolla desde el año 2022 y más, directamente, desde el año 2025, con una serie de decretos de urgencia”, indicó.

Arroyo precisó que son 24 cazas en total, con el apoyo presupuestal del Congreso.

“Ese cronograma se respetó escrupulosamente desde el inicio hasta el final, que fue el día 22, cuando se canceló la primera parte de 462 millones”, agregó.

Deslinde

José Jerí, congresista y exmandatario, estuvo presente como invitado e intervino durante el debate.

“Este tipo de compras se realiza cada 30 o 40 años”, sostuvo.

Jerí agregó que fue una “compra planificada” vía endeudamiento que involucró a distintas gestiones.

“La decisión política la tomó el gobierno anterior; es decir, mi gobierno, y la decisión ejecutiva se concluyó finalmente en la actual presidencia”, precisó.

El legislador dijo “no arrepentirse de nada” tras los cuestionamientos al contrato con la compañía Lockheed Martin.

Todo indica que el entonces titular del organismo electoral no tomó en cuenta su advertencia, pero tampoco lo hizo con las cuatro alertas que hicieron otras entidades antes y durante la jornada, acerca de los inconvenientes que podrían surgir.

LOS PRIMEROS

El 10 de marzo, un informe de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) alertó sobre los riesgos de ciberseguridad en el sistema de Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) de la ONPE, la herramienta que permitiría agilizar el llenado de las actas electorales.

El informe advirtió que el USB-STAE, dispositivo indispensable para la instalación de mesas de votación y escrutinio, podía ser clonado y utilizado para acceder al sistema sin ningún tipo de restricción.

Por otro lado, el día de las elecciones, Bernardo Pachas, en su calidad de gerente general de la ONPE, recibió un oficio del JNE, en el que se le advirtió que el material electoral no había llegado a locales de votación de los distritos Magdalena del Mar, Surco, Villa María del Triunfo, Miraflores, Surquillo, San Miguel y Villa El Salvador.

EN PARALELO

Otra institución que advirtió a la ONPE sobre los inconveniente que podrían surgir, fue la Contraloría General de la República.

El 24 de marzo emitió una alerta luego de detectar deficiencias críticas en el programa logístico de la ONPE.

El organismo de control advirtió que el plan de distribución de material electoral presentaba vulnerabilidades operativas de cara a los comicios del 12 de abril del 2026.

Las deficiencias se centraron en las condiciones de los conductores y en el cumplimiento de los términos referencias del contrato.

La entidad fiscalizadora otorgó un plazo de dos días para que la institución electoral subsanara las necesidades consideradas de urgencia. Sin embargo, se constató que las observaciones no fueron levantadas en su totalidad.

Unos días antes de las elecciones, la Contraloría le comunicó a la ONPE que existían demoras con Servicios Generales Galaga, empresa contratada para la distribución de material electoral.

El organismo fiscalizador le informó al ente electoral que había retrasos con la empresa, porque no tenían los vehículos necesarios para trasladar el material.

Sobre Galaga se debe mencionar que unos días antes del 12 de abril, hizo una convocatoria en Linkedln para contratar 400 unidades tipo furgón, porque no tenía los vehículos suficientes para la distribución.

La comisión examinará la ejecución del gasto público, los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, la administración de bienes del Estado y el cumplimiento de funciones de autoridades y funcionarios públicos.

“La mayoría de los gobiernos regionales tienen los mismos problemas en cuanto a los expedientes técnicos mal elaborados”, sostuvo la congresista Elizabeth Medina.

El mandatario señaló al programa Sin Rodeos que la administración de Jerí eliminó a los proveedores francés y sueco del proceso para favorecer a la empresa norteamericana y así escoger “a dedo”.

Balcázar reveló que se enteró de las condiciones reales del contrato solo cuando sus ministros de Defensa y Cancillería ya habían renunciado.

El proceso contempla el retiro total del césped sintético, la remoción de 170 butacas, el cambio de techos en tribunas y el refuerzo de columnas con acero.

Sin embargo, los congresistas Guido Bellido y Jaime Quito rechazaron la iniciativa.

“No entiendo la necesidad de realizar este maquillaje antes de retirarse”, indicó Quito al dominical Cuarto Poder.

Ante ello, el Congreso respondió mediante un comunicado oficial.

“El procedimiento se desarrolla con total regularidad y en estricto cumplimiento de la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento”, reza el texto institucional.