La Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazó de manera categórica versiones difundidas en medios y redes sociales que señalaban supuestas reuniones o contactos entre su presidenta y un ciudadano vinculado a la eventual jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Mediante un comunicado oficial firmado por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, la institución negó cualquier relación con el ciudadano José Alfredo Pérez Duhrarte, quien fue mencionado en algunas versiones como supuesto aspirante al cargo.

JNJ descarta reuniones o contactos con ciudadano mencionado

En el documento, la presidenta de la JNJ afirmó que no ha sostenido reuniones ni contacto alguno —directo o indirecto— con la persona mencionada.

Asimismo, precisó que no conoce al ciudadano y desmintió cualquier insinuación en ese sentido.

La institución indicó que las afirmaciones difundidas carecen de sustento y solicitó a la ciudadanía y a los medios informarse a través de fuentes oficiales.

Investigación contra jefe de la ONPE continúa

El comunicado también confirmó que la investigación preliminar seguida contra Piero Corvetto Salinas, jefe de la ONPE, se inició de oficio por decisión del pleno de la Junta Nacional de Justicia.

Según la entidad, el procedimiento se encuentra actualmente a cargo de un miembro instructor designado y se desarrolla conforme al marco legal vigente y con respeto al debido proceso.

Este proceso está relacionado con los hechos denunciados públicamente sobre el desarrollo del reciente proceso electoral.

Llamado a evitar información no oficial

Finalmente, la JNJ exhortó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no difundir información proveniente de fuentes no oficiales, al considerar que este tipo de versiones puede generar confusión en la opinión pública.

Además, advirtió que la difusión de contenidos sin sustento podría afectar la institucionalidad democrática y el desarrollo de las investigaciones en curso.

El comunicado fue emitido en la ciudad de Lima, el 19 de abril de 2026, como parte de las acciones institucionales frente a la difusión de versiones sobre el proceso electoral.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó este domingo un documento ante el Ministerio Público en el que anunció que entregará su pasaporte y autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en el marco de la investigación fiscal por presuntas irregularidades durante las Elecciones Generales 2026.

El documento, presentado por su defensa legal y a la que accedió El Comercio, señala que el titular de la ONPE se pone a disposición de las autoridades en calidad de testigo en la investigación por el presunto delito de colusión en agravio del Estado.

Entrega de pasaporte y cancelación de vacaciones

Como parte de las medidas adoptadas, Corvetto informó que decidió cancelar un periodo vacacional previamente programado entre el 7 y el 12 de mayo, debido a la situación generada tras el proceso electoral.

Según el documento, la decisión fue tomada el 15 de abril de 2026, en coordinación con su defensa, considerando su responsabilidad constitucional frente al desarrollo de las elecciones.

El titular de la ONPE también cuestionó el pedido policial que buscaba establecer medidas restrictivas en su contra, calificándolo como un “despropósito y exceso”, debido a que cuenta con seguridad permanente del Estado.

“Mi persona cuenta con Seguridad del Estado las 24 horas del día (...), por lo que resulta un despropósito y exceso la solicitud del Comando de Operaciones de la PNP”, señaló en el documento presentado ante Fiscalía.

Policía reforzó control en fronteras

Previamente, la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso que sus unidades especializadas refuercen los controles en puertos, aeropuertos, terrapuertos y puestos fronterizos, ante la posibilidad de eventuales intentos de evasión por parte de funcionarios investigados.

La medida fue comunicada mediante un documento suscrito por el teniente general PNP Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal (DIRNIC).

Estas acciones respondieron a la información de que la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR) evaluaba solicitar al Ministerio Público la detención preliminar por siete días contra el titular de la ONPE y otros implicados, así como allanamientos e incautación de bienes.

Policía descarta detención del jefe de la ONPE

Sin embargo, el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, descartó públicamente la posibilidad de una detención contra Corvetto.

“No tenemos información. Nosotros, la policía no sabemos eso, así que la policía no lo ha detenido”, declaró en entrevista con TV Perú.

Durante la mañana del domingo, el jefe de la ONPE fue visto salir con normalidad de su vivienda hacia la sede institucional, mientras un patrullero policial permanece en vigilancia en los exteriores desde hace cuatro días.

La investigación fiscal se originó tras las demoras registradas durante el proceso electoral, debido a la falta de material electoral que impidió la instalación oportuna de algunas mesas de votación, situación que llevó a extender los comicios hasta el lunes 13 de abril.

El Congreso de la República del Perú iniciará desde este lunes 20 de abril su cuarta semana de representación correspondiente al año 2026, conforme a la programación establecida por la Junta de Portavoces desde diciembre de 2025.

Esta actividad se desarrollará hasta el viernes 24 de abril, periodo en el que los 130 congresistas deberán trasladarse a sus respectivas circunscripciones o a distintas zonas del país para atender demandas ciudadanas y recoger información sobre problemáticas locales.

La programación fue oficializada mediante el Oficio Circular N.º 036-2025-2026-ADP-OM/CR, emitido por la Oficialía Mayor del Parlamento, que establece las fechas correspondientes a las semanas de representación para los meses de 2026.

¿En qué consiste la semana de representación?

La semana de representación está contemplada en el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, el cual establece cinco días laborables continuos por mes destinados a que los parlamentarios mantengan contacto directo con la población.

Durante este periodo, los legisladores deben:

• Reunirse con ciudadanos y organizaciones sociales.
• Recoger denuncias documentadas de la población.
• Fiscalizar a autoridades locales y regionales.
• Mediar entre ciudadanos y entidades del Poder Ejecutivo.

Asimismo, durante estos días no se realizan sesiones ordinarias del Pleno ni de las comisiones parlamentarias, mientras que las actividades desarrolladas por cada congresista deben ser reportadas oficialmente.

Regulación sobre proselitismo político

La semana de representación coincide con el desarrollo de la campaña electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026, lo que ha generado atención sobre las actividades políticas que pueden realizar los parlamentarios.

Mediante la Resolución Legislativa N.º 11306, publicada en septiembre de 2025, se incorporó el artículo 25-A al Reglamento del Congreso, el cual establece que los parlamentarios pueden expresar y promover posiciones ideológicas o partidarias en el ejercicio de sus funciones.

No obstante, la norma precisa que no está permitido realizar actividades de proselitismo político durante las sesiones del Pleno o de comisiones, salvo que se solicite licencia sin goce de haber.

Contexto político previo al nuevo Congreso bicameral

El inicio de esta semana de representación se produce en medio del proceso electoral nacional y a tres meses de la entrada en funciones del nuevo Congreso bicameral, que regirá tras las elecciones generales.

Según resultados preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con más del 93% de actas contabilizadas, la candidata Keiko Fujimori Higuchi, del partido Fuerza Popular, lidera el conteo con 17.05%, seguida por Roberto Sánchez Palomino con 12.00%, y Rafael López Aliaga con 11.92%.

Durante esta semana, los parlamentarios recorrerán diversas regiones del país para reunirse con autoridades locales, organizaciones sociales y ciudadanos, con el objetivo de atender necesidades y demandas de la población.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el conteo de votos de la Elección de Fórmula Presidencial 2026 alcanzó el 93.484% de actas contabilizadas, según el reporte actualizado al 19 de abril de 2026 a las 09:00 a. m.

De acuerdo con los resultados oficiales preliminares, la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi se mantiene en el primer lugar del conteo con 2,687,661 votos, equivalentes al 17.056% de los votos válidos.

Resultados preliminares con más del 93% de actas procesadas

Según el reporte de la ONPE, el segundo lugar lo ocupa Roberto Helbert Sánchez Palomino, quien registra 1,891,908 votos, lo que representa el 12.006% de los votos válidos.

En tercer lugar figura Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, con 1,878,522 votos, equivalente al 11.921%.

El total de actas registradas hasta el momento asciende a 92,766, mientras que un porcentaje aún se encuentra en proceso de envío al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y una fracción permanece pendiente.

Conteo continúa con actas en proceso de envío

El reporte oficial indica que 6.216% de actas aún se encuentra en proceso de envío al Jurado Nacional de Elecciones, mientras que 0.300% permanece pendiente, lo que significa que los resultados finales podrían variar conforme avance el procesamiento.

El sistema de la ONPE permite visualizar los resultados en tiempo real a medida que se integran nuevas actas al conteo nacional.

Las autoridades electorales reiteraron que los resultados difundidos corresponden a datos preliminares, sujetos a actualización continua hasta la culminación del escrutinio oficial.

Datos clave

• Entidad: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
• Elección: Fórmula Presidencial 2026
• Actas contabilizadas: 93.484%
• Total de actas: 92,766
• Actualización: 19 de abril de 2026 — 09:00 a. m.

Resultados preliminares:

• Keiko Sofía Fujimori Higuchi: 2,687,661 votos (17.056%)
• Roberto Helbert Sánchez Palomino: 1,891,908 votos (12.006%)
• Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla: 1,878,522 votos (11.921%)

Estado de actas:

• En envío al JNE: 6.216%
• Pendientes: 0.300%

La Policía Nacional del Perú emitió una disposición interna para reforzar acciones de control en distintos puntos del país, en el marco de una investigación que involucra al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto. La orden a la que tuvo acceso El Comercio establece medidas preventivas ante un posible intento de salida del territorio nacional.

El documento, emitido por la Dirección Nacional de Investigación Criminal, instruye a diversas unidades a intensificar la vigilancia en espacios estratégicos. Entre estos se encuentran aeropuertos, puertos, terminales terrestres y zonas de frontera.

Detalles de la disposición policial

La comunicación interna señala que se tomó conocimiento de una solicitud vinculada a diligencias fiscales en curso. En ese contexto, se menciona la posibilidad de requerimientos como detención preliminar, allanamientos e incautaciones.

“La Dirección Contra la Corrupción (…) solicitaría siete días de detención preliminar, así como el allanamiento e incautación de bienes (…) con el fin de evitar la manipulación de pruebas y asegurar dispositivos digitales, oficinas y vehículos”, precisa el documento.

Refuerzo de vigilancia e inteligencia

La disposición también ordena a las unidades especializadas coordinar con áreas de inteligencia para ampliar las labores de seguimiento. Estas acciones buscan anticipar cualquier intento de evasión o desplazamiento fuera del país.

“Se orientará a intensificar las acciones propias de la función policial orientadas a la prevención ante eventuales intentos de evasión o salida del país”, se lee.

La orden precisa que todas las intervenciones deberán ejecutarse conforme a las normas vigentes. Asimismo, se establece que el uso de la fuerza debe regirse por los principios establecidos en la legislación.

Finalmente, se indica que cualquier hecho relevante deberá ser comunicado de forma inmediata al comando institucional. Este mecanismo busca mantener el seguimiento constante de las acciones desplegadas en todo el país.

La organización que no ha tenido reparos en sumar al etnocaerista Antauro Humala, quien purgó prisión por el “Andahuaylazo” (homicidio, secuestro y otros), propone una nueva Constitución y una mayor, o casi total, intervención estatal.

PANFLETARIO

No son pocas las iniciativas de JP que suponen un retroceso. Las principales están relacionadas al capítulo económico. El plan de gobierno, presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), propone “revisar y cambiar” hasta cinco artículos constitucionales. Entre ellos, el que limita al Estado a incursionar en la “actividad empresarial, directa o indirecta” (art. 60).

“Se eliminará en la Nueva Constitución el aval a los contratos Ley y los regímenes tributarios y laborales”, agrega. A ello, se suma la renegociación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los “contratos sobre recursos naturales estratégicos: gas, minería, hidrocarburos, entre otros”.

Por otro lado, plantea un “sistema tributario progresivo que elimine privilegios y reduzca la evasión (de impuestos)”, así como “la aplicación del pago de impuestos a las sobreganancias”.

Por si fuera poco, sugiere un “control de precios” y la “prohibición gradual de exportación de minerales sin procesamiento y desarrollo de cadenas de valor nacionales”.

En este último sector, también se establecerá que el “100% de las concesiones extinguidas pasen al control del Estado” y que la “reducción del tiempo de las concesiones (mineras pase) de 30 a 5 años”. En síntesis, se ofreció al electorado un “mayor poder del Estado regulador”.

Sin embargo, una de las propuestas más polémicas es la creación del “Poder Popular” como un nuevo poder del Estado, “organizado desde formas básicas de participación ciudadana para la toma de decisiones”.

Es decir, un calco y copia de la dictadura chavista. El Estado, así, toma decisiones inconstitucionales bajo el concepto de que emanan del “poder popular”.

RETROCEDE

Una mención aparte merece la posición que ha tenido JP sobre el Banco Central de la Reserva (BCR) y su actual titular, Julio Velarde.

Sánchez apuntó contra el funcionario semanas atrás: “Usted, señor Julio Velarde, no nos representa. Nosotros, en nuestro primer día de gobierno, lo vamos a echar (…). Debemos cambiar el capítulo económico de la Constitución”.

Ayer, sin embargo, cambió de opinión en un intento por moderar su discurso ante una eventual segunda vuelta. Durante una conferencia de prensa, señaló que “hemos oído que está dispuesto a la conversación. (…) Nosotros estamos en la capacidad también de visitarlo y conversar con él, tomar un buen café y dialogar nuestros puntos de desencuentro”, aseveró.

Según la resolución emitida el 17 de abril, se anula la disposición previa y elimina la encargatura temporal que iba a asumir el gerente general de la ONPE, Bernardo Pachas.

La decisión ocurre en medio de graves denuncias de irregularidades en las Elecciones Generales 2026 tras reportes de retrasos en la instalación de mesas y observaciones sobre la distribución de material electoral.

A ellos se suma Acción Popular, que fue separado antes de tener un candidato presidencial.

En estos comicios, en los que los peruanos eligieron entre 37 organizaciones políticas, solo seis lograron asegurar la representación de sus bancadas.

Con el 79% de actas contabilizadas para senadores a nivel nacional, 88% en senadores regionales, 86% en diputados y 83% en el Parlamento Andino, estas son, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico Obras y Ahora Nación.

No pasan

De ese gran grupo de partidos perdedores en estas elecciones, hay varios que son considerados históricos para la vida política nacional. Entre ellos figura el Partido Aprista Peruano (APRA), fundado por el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre el 7 de mayo de 1924 en Ciudad de México.

En estas EG 2026, el APRA presentó a Enrique Valderrama como candidato presidencial.

En la elección al Senado, la agrupación alcanzó el 1.7% de los votos, mientras que en diputados solo llegó al 2%.

Otro caso es el del Partido Popular Cristiano (PPC), fundado por el exalcalde de Lima Luis Bedoya Reyes hace 60 años.

En estas elecciones, la agrupación integró la alianza Unidad Nacional, que llevó como candidato presidencial a Roberto Chiabra. En el Congreso, obtuvo 0.4% para el Senado y para diputados 0.6%.

Otro partido con trayectoria es Somos Perú, que fue fundado en 1995 por el ex burgomaestre de Lima Alberto Andrade Carmona. En estos comicios, llevó como candidato presidencial a George Forsyth.

En cuanto a votos para la Cámara Alta, el partido del “corazón” consiguió 1,2%, mientras que en la Cámara Baja tuvo apenas 1.7%.

Otro es Alianza para el Progreso (APP), creado por César Acuña Peralta en 2001 en la ciudad de Trujillo, que alcanzó 1.7% para senadores, mientras que para diputados obtuvo 1.2%.

Con APP, Acuña ha sido congresista, alcalde provincial de Trujillo, gobernador regional de La Libertad y hasta presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. “Solo me falta ser presidente”, expresó en alguna campaña.

Otros partidos con menos historia también tendrán que tratar de reinscribirse si quieren seguir existiendo. El Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), fundado en 1989, no presentó plancha presidencial, pero tampoco alcanzó los votos necesarios en ninguna de las dos cámaras del Congreso.

De igual forma, Avanza País, fundado por Pedro Cenas Casamayor el 10 de abril de 2000, tampoco mantendrá su inscripción tras obtener para el Senado 0.5% y en diputados 1%.

Entre los otros 29 partidos que deberán iniciar nuevamente su proceso de inscripción figuran Perú Libre, Podemos Perú, el Partido Morado, Perú Moderno, País para Todos, Primero la Gente, Venceremos y Sí Creo.

En las actuales elecciones, la valla electoral exigía el cumplimiento de dos condiciones simultáneas: alcanzar al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección de la cámara correspondiente y obtener un mínimo de representación, equivalente a 3 senadores o 7 diputados.

Requisitos

Tras este fracaso, las organizaciones políticas que deseen inscribirse en el ROP nuevamente deberán cumplir con dos exigencias.

La primera está establecida en la Resolución N.° 345-2019-JNE, vigente según el JNE, que fija en 24,800 el número mínimo de afiliados para lograr la inscripción.

El partido deberá volver a acreditar el padrón requerido por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y el Reglamento del ROP.

No obstante, desde 2024 se incorporó un nuevo requisito mediante la Resolución N.º 0051-2024-JNE.

Ahora se exige “la relación de adherentes en número no menor del tres por ciento (3%) de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional”, lo que equivale a 531.412 ciudadanos.

Asimismo, se indica que las organizaciones políticas cuentan con un plazo de dos años, contados a partir de la adquisición de formularios, para recolectar las firmas de adherentes y presentar la solicitud de inscripción ante el JNE.

En este proceso, la responsabilidad penal por eventuales irregularidades en la recolección de firmas recae en la persona designada por la organización y en quien suscribe la hoja de adherentes.

Además, no podrán inscribirse aquellas agrupaciones cuyo ideario o programa promueva la destrucción del Estado constitucional de derecho.

Opinión

Al respecto, el especialista electoral José Manuel Villalobos señaló a Correo que, aunque en estas elecciones hubo numerosos partidos inscritos, “el sistema está diseñado para que solo unos cuantos accedan al Congreso, evitando una alta fragmentación”.

Asimismo, explicó que la solicitud de inscripción de un partido político debe estar acompañada de documentos como las actas de constitución de comités, el acta de fundación, el estatuto y el reglamento electoral.

También incluye la designación de representantes y personeros legales y técnicos (titulares y alternos), además de un tesorero titular y un suplente.

Hay, en este contexto, un aspecto preocupante. Villalobos advirtió que los partidos con representación en el actual Congreso que no han superado la valla electoral podrían intentar aprobar una ley para evitar la cancelación de su inscripción.

No obstante, el experto en derecho electoral José Tello señaló que ello no sería posible.

“No puedes aplicar una ley desde un año antes de la elección, por el principio de intangibilidad normativa. Para esta elección ya no se puede aplicar ninguna ley y ellos están muertos en vida”, afirmó a este Diario.

Tello advirtió que la institucionalidad atraviesa una situación crítica debido a que la reforma de 2019 fue “errática”.

Añadió que el sistema hace competir a los partidos para que “se queden, compitan y mueran”, una lógica donde “el más fuerte sobrevive y el débil desaparece”.

“No puedes hacer institucionalidad a punta de una pistola en la cabeza”, aseveró.

También cuestionó que la competitividad electoral como mecanismo para fortalecer la institucionalidad partidaria haya resultado “un fracaso”.

Señaló que hoy los partidos son percibidos como “máquinas electorales”, que funcionan como “buses” cargados de candidatos durante la campaña y luego pierden utilidad.

En ese sentido, propuso que las organizaciones se inscriban cumpliendo los requisitos legales, pero no estén obligadas a participar de inmediato en elecciones, a fin de consolidarse, formar cuadros y evitar la venta de candidaturas “como si fuese un mercado persa”.

Como ejemplo, mencionó el caso del APRA que pese a no superar la valla, existe y mantiene “todas las bases activas”, lo que demuestra que conserva presencia e identidad política.

“Incluso en una movilización de 25.000 personas, los apristas lograron movilizar gente”, resaltó.

Burneo reveló que el voto en el extranjero no registró las mismas dificultades logísticas que Lima Metropolitana.

Sin embargo, precisó que sí se presentaron incidencias en dos circunscripciones en Estados Unidos: Orlando y Nueva Jersey.

Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el voto exterior muestra que el 26.3% de las 2,543 actas de la elección presidencial fue observada y derivada al Jurado Electoral Especial (JEE).

América concentra el mayor volumen con 423 actas observadas sobre 1,570. Le siguen Europa con 224 actas de 839, mientras que Asia registra 21 observadas de 107.

En Oceanía, solo dos de 21 actas totales irán al JEE.

África cierra sin observaciones, con sus seis actas contabilizadas.

En específico

Orlando y Nueva Jersey concentran tasas de observación superiores al promedio exterior.

Orlando no cuenta con actas pendientes pero registra que nueve de sus 21 actas fueron derivadas al JEE, lo que representa el 42.9% del total. Por otro lado, al cierre de esta nota, Nueva Jersey acumulaba 31 actas para el JEE y 25 pendientes de contabilizar sobre un universo de 128.

El politólogo Jean Carlos Rodríguez sostuvo que el porcentaje de actas observadas en el voto extranjero de estas elecciones es mayor al registrado en 2021, que fue de un 5%, y apuntó a fallas tecnológicas.

“Probablemente sea por los problemas que presentó el STAE y los errores que cometieron los miembros de mesa: sumas erradas, falta de firmas, datos ilegibles”, señaló.

El especialista cuestionó directamente la gestión de la ONPE. “Desgraciadamente se han evidenciado ineficiencias en la contratación de personal, traslado de material electoral, y finalmente está generando la pérdida de la confianza”, concluyó.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, informó que 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional recibieron 15,470 actas observadas, de las cuales 4,822 corresponden a la elección presidencial.

“De las actas que ya hemos atendido, tenemos 106 que irán a recuento de votos”, precisó a RPP.

Clavijo advirtió que el proceso depende de la rapidez con que la ONPE remita los expedientes.

“Nosotros necesitamos que inmediatamente la ONPE nos envíe las actas tanto a los jurados electorales especiales como el ejemplar que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones para el cotejo respectivo”, indicó.

Contraste

El analista electoral Mathieu Rojas advirtió a Correo que los plazos podrían extenderse considerablemente y trazó una comparación internacional.

“En Chile entre la primera y la segunda vuelta hay un mes, en Argentina también, en Francia hay solo dos semanas. Yo no me quisiera imaginar cómo sería Perú si tuviéramos un sistema así“, señaló.

El especialista estimó que “probablemente nos va a demorar cinco o seis semanas que se proclamen los resultados de los Jurados Electorales Especiales”.

Rojas también alertó sobre una posible dilatación en caso de que se ordenen reconteos.

“Si cuando teníamos todos los miembros de mesa igual demoró 10 horas contar un acta, imagínate si vamos a un proceso de reconteo”, subrayó.

Durante una actividad oficial en el distrito de Monsefú, en la provincia de Chiclayo, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas explicó que la prioridad del Ejecutivo es asegurar la ejecución de inversiones. En ese contexto, remarcó que la gestión encabezada por el presidente José María Balcázar busca que el presupuesto llegue a la ciudadanía en forma de obras.

“Lo importante no es solo que los recursos lleguen a los territorios; lo que tiene que llegar también son las obras”, expresó.

#NotaDePrensa | 🏗️ Más obras para mejorar la calidad de vida en las regiones
Desde #Monsefú, el MEF reafirmó que los recursos públicos deben traducirse en obras concretas y oportunas, priorizando el financiamiento de proyectos que cierren brechas y mejoren los servicios en… pic.twitter.com/udQW0nNaqk

— Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) April 19, 2026

Prioridad en el cierre de brechas

El ministro también se refirió a las intervenciones que se vienen ejecutando en distintas zonas del país. Sobre este punto, mencionó que las acciones del Gobierno están orientadas a reducir brechas en servicios básicos y mejorar las condiciones de vida.

“Hoy he visto y he constatado cómo el sector Energía ha llevado luz a la población de Olmos. También el sector Vivienda seguirá acercando obras a esta zona de Lambayeque. Evidentemente, nosotros vamos a tener que buscar el financiamiento y daremos prioridad a ese tipo de cierres de brechas”, indicó.

El titular del sector explicó que una de las funciones del Ministerio de Economía y Finanzas es garantizar que los recursos asignados se utilicen de manera adecuada. Por ello, señaló que el objetivo es evitar retrasos o paralizaciones en los proyectos de inversión.

“Es una tarea que le corresponde al MEF: asegurar que los recursos se orienten adecuadamente y, sobre todo, que se ejecuten y no queden paralizados”, resaltó.

Finalmente, el ministro destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con los gobiernos regionales y locales. Acuña indicó que se busca mejorar la calidad del gasto a través de asistencia técnica y acompañamiento en la ejecución de proyectos.

Este enfoque apunta a optimizar el uso de los recursos en todos los niveles de gobierno. La finalidad es que las inversiones se concreten y generen beneficios directos en la población.

Ante este escenario, el parlamentario de Somos Perú difundió un mensaje a través de sus redes sociales y abordó los efectos que, según indicó, tendría esta decisión en distintos ámbitos.

En esa línea, planteó que la postergación del proceso podría afectar los vínculos entre ambos países. Asimismo, consideró que la medida compromete la continuidad de acuerdos construidos a lo largo del tiempo.

“Sin apasionamientos y con sentido común. Considero irresponsable y compromete nuestras relaciones bilaterales con EEUU de 200 años al postergar la firma para renovar nuestra flota de aviones planificada desde hace muchos años”, escribió.

El congresista también señaló que la decisión se dio en una fecha cercana a la firma simbólica del contrato. Desde su perspectiva, este aspecto tiene implicancias en la imagen del país frente a su contraparte.

“Sabemos que existen prioridades y múltiples necesidades en el país, pero si la decisión del actual gobierno era postergar o cancelar el proceso de compra hasta el próximo gobierno, ello no debió esperar hasta el mismo día de la firma del contrato; ello no solo lesiona nuestra imagen y credibilidad a nivel internacional, es además una falta de respeto a nuestro socio estratégico”, expresó.

Sin apasionamientos y con sentido común. Considero irresponsable y compromete nuestras relaciones bilaterales con EEUU de 200 años al postergar la firma para renovar nuestra flota de aviones planificada desde hace muchos años.

Sabemos que existen prioridades y múltiples…

— José Jerí (@josejeriore) April 18, 2026

Llamado a reconsiderar la medida

Finalmente, el parlamentario se dirigió al jefe de Estado para exhortarlo a que evalúe la decisión adoptada. En su pronunciamiento incluyó una reflexión sobre las posibles consecuencias en el ámbito diplomático y comercial.

“Con profundo respeto Presidente Balcázar, lo invito a reflexionar, dejemos de lado las influencias nocivas para los intereses del país; de su decisión de hoy depende gran parte de nuestro presente y futuro diplomático y comercial”, planteó.

“En mi gabinete no hay ningún blanco, ningún acaudalado, ningún patrón. Aquí no hay caciques de tal manera que estamos hablando entre amigos del mismo nivel social. La policía y los militares también vinimos del pueblo. Y que mejor que servir al pueblo y para eso nos han colocado en la presidencia de la República”, aseveró.

Actividad en Lambayeque

Balcázar arribó esta tarde a la ciudad de Monsefú, en la región Lambayeque, para cumplir con actividades oficiales. En el evento participó acompañado por algunos ministros de Estado y autoridades locales.

El encuentro congregó a ciudadanos de la zona, ante quienes el presidente expuso los lineamientos de su gestión. En ese espacio también abordó temas vinculados al rol del Estado y la atención a la población.

En la actividad estuvieron presentes el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y miembros del gabinete. Entre ellos se encontraban el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, y el titular de Energía y Minas, Waldir Ayasta.

Además participaron el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola. Durante la jornada se anunció la creación de una universidad pública en Chiclayo y la implementación de institutos tecnológicos.

Inauguración de obra en Olmos

Horas antes, el mandatario se encontraba en el distrito de Olmos para inaugurar un sistema eléctrico rural en el centro poblado de Insculas. La obra beneficiará a más de 3,200 habitantes distribuidos en 21 localidades. En medio de la ceremonia, el líder del Ejecutivo resaltó su compromiso por concretar la entrega de obras durante su gobierno de transición.

“No estamos en campaña política. Nadie de los que está aquí al frente y, por lo tanto, no venimos a ofrecer, sino trayendo obras ya realizadas, es la única diferencia”, sostuvo.

¡Más desarrollo para las zonas rurales! 🇵🇪
En el distrito de Olmos, en el centro poblado de Insculas, el presidente de la República del Perú, José María Balcázar, lideró la inauguración del sistema eléctrico rural que beneficia a más de 3,200 ciudadanos de 21 localidades.

Esta… pic.twitter.com/JeVLusLDuA

— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) April 18, 2026

La decisión fue comunicada mediante una resolución jefatural emitida el viernes.

Según el documento, el titular del organismo informó “la cancelación de su descanso vacacional”, medida que modificó lo dispuesto previamente respecto a su ausencia temporal.

Días antes, una resolución emitida el 8 de abril señalaba que Corvetto haría uso de seis días de vacaciones entre el 7 y el 12 de mayo 2026, correspondientes al periodo 2022-2023.

Ese mismo documento también establecía que, durante esas fechas, el despacho de la Jefatura Nacional quedaría encargado a Bernardo Juan Pachas Serrano, gerente general. Con la nueva disposición, dicha medida quedó anulada.

📢 #ONPEChequea 🔎 | ACLARAMOS que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, no tomará vacaciones próximamente. Aquí lo explicamos. 🧵 pic.twitter.com/d4fcukDlM2

— ONPE (@ONPE_oficial) April 18, 2026

Entre los principales ejes mencionó proyectos de electrificación, acceso a servicios básicos y la futura creación de una universidad.

El mandatario destacó la reciente puesta en marcha de obras eléctricas y remarcó su impacto en zonas rezagadas.

“La luz representa la esperanza y el progreso”, expresó al referirse a la necesidad de reducir la brecha energética.

También señaló que su gestión está enfocada en resultados y no en promesas políticas. “No venimos a ofrecer, sino a cumplir con lo ya ejecutado”, manifestó ante autoridades locales y ciudadanos.

Respecto a la universidad anunciada para Olmos, indicó que el proceso de implementación ya está en marcha y que se reajustará la resolución de la comisión organizadora para otorgarle mayor presupuesto.

Esa información será necesaria para establecer qué postulantes competirán en la segunda vuelta programada para junio.

Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, indicó a RPP: “Nosotros tenemos previsto hacia la quincena de mayo tener, por lo menos, los resultados presidenciales, que es lo que necesitamos para determinar la segunda vuelta”.

La funcionaria explicó que el cronograma está ligado a la revisión de actas observadas, labor que en una primera etapa realizan los 60 Jurados Electorales Especiales instalados en el país.

Asimismo, precisó que hasta el 18 de abril, con corte a las 8:30 a.m., los JEE habían recibido 15 470 actas observadas.

También señaló que el 10% ya cuenta con pronunciamiento tras el cotejo de ejemplares para corregir errores materiales, aritméticos o falta de firmas.

• VER MÁS: César Acuña: rechazo popular marca el fin de una era

VOZ

Al cierre de esta publicación, el líder y fundador de APP seguía ocupando el décimo tercer lugar en los resultados de las elecciones presidenciales, con apenas 177,975 votos (1.13%).

Pese a que estas cifras le impedirán a APP tener representatividad en el nuevo Congreso de la República y perder su inscripción como partido al no pasar la valla electoral, Acuña dijo que “este provinciano se rinde”. “Desde donde me toque estar mi compromiso con el progreso de las familias humildes sigue intacto. Velaré siempre por el futuro de nuestros jóvenes”, añadió.

El también exgobernador regional de La Libertad se pronunció a través de sus redes sociales. La publicación está acompañada de un video en el que mezcla imágenes de la campaña electoral que realizó durante todo el país.

“Nuestro vínculo es para siempre y nace desde el corazón. El cariño y la confianza recibidos en cada rincón del país son el tesoro más grande que me llevo de estos miles de kilómetros recorridos. Mi labor no termina aquí, pues mantengo firme mi compromiso de velar por la seguridad y el progreso de nuestras familias humildes y jóvenes. ¡Gracias, pueblo peruano, por su amor incondicional!”, indica en el texto.

En el video, el también exalcalde de Trujillo reconoce tácitamente los resultados de los comicios y agradece el apoyo que recibió durante su visita a las diferentes regiones del Perú. “Hoy mi corazón tiene espacio solo para la gratitud. [...] Caminamos juntos todo el país. Cruzamos ríos y surcamos cielos para llegar donde otros no llegan, recorriendo cada camino sin detenernos para darnos la mano”, expresó.

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POSICIONES

Quien también se pronunció fue Martín Namay Valderrama, exgerente regional de La Libertad y uno de los principales operadores políticos de APP.

El dirigente apepista comentó que los resultados del domingo les debe a todos bajar al llano para “comenzar de cero” y “saber que los que han hecho daño al partido ya no deben estar”. “Espero ya se hayan ido. Seguiremos adelante”, señaló.

No obstante, para el regidor de Trujillo Jorge Vásquez Tirado, quien ha anunciado su salida de APP tras las elecciones, comentó que el partido de Acuña necesita “sacar a todas esas lacras” para poder recuperar protagonismo.

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“Nulidad parcial es cuando se refiere a una mesa de sufragio, por ejemplo. Todas esas están y van a ser evaluadas con objetividad por los magistrados en primera instancia de los Jurados Electorales Especiales”, advirtió durante la sesión extraordinaria.

No obstante, Burneo precisó que los expedientes serán resueltos por el pleno del JNE luego de ser apelados.

“Pierdan cuidado que vamos a evaluar todas las incidencias, inclusive aquellas que corresponde a nulidad total del proceso, que algunas organizaciones políticas y también ciudadanos han solicitado y están siendo respondidas”, señaló ante los congresistas.

El magistrado subrayó que el marco jurídico fija causales expresas para estos casos.

“El Jurado Nacional de Elecciones no escatima seguir actuando con probidad y de acuerdo a su criterio de conciencia y garantizando el derecho al sufragio en todo momento”, afirmó, en respuesta a quienes cuestionaron la extensión de la jornada de votación al 13 de abril.

Burneo defendió la constitucionalidad de las decisiones adoptadas. “Hemos tomado las medidas como máximo ente electoral y también intérprete del marco normativo”, sostuvo.

¿Se puede dar la nulidad parcial de los comicios? Expertos como el constitucionalista Enrique Ghersi aseguran que sí.

Ello debido a que el retraso en la instalación de decenas de mesas de sufragio -algunas hasta las cuatro de la tarde- ocasionó que muchos electores de Lima, que tenían varias horas en espera, se fueran sin sufragar.

Ello generó un gran ausentismo y afectó a los candidatos Rafael López Aliaga y Jorge Nieto.

Según Burneo, el ausentismo en la capital superó en 6% las elecciones de 2021.

Fallas

El JNE acumula 24,867 incidencias a lo largo del proceso electoral. Burneo detalló que estas abarcan todas las etapas, desde la selección de miembros de mesa hasta el repliegue de actas.

“Tenemos los informes del repliegue y del despliegue del material electoral, los cuales pondremos en conocimiento de esta digna comisión con todas las pruebas y todo el detalle”, se comprometió.

Respecto de los equipos tecnológicos, Burneo señaló que el software STAE no presentó fallas el día de la votación.

“Lo que ha fallado no es el software el día de la votación, lo que ha fallado son las máquinas o los equipos que fueron utilizados en ese software”, explicó.

El JNE había advertido que las impresoras fallaban desde la tercera hoja e instó a la ONPE a retornar al sistema convencional, requerimiento que fue ignorado.

El juez constitucional Iván Cabrera declaró improcedente el hábeas corpus, un recurso que protege la libertad de las personas, interpuesto por el ciudadano Rubén Serpa Valdez contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior.

La demanda también pedía prohibir a cualquier autoridad ingresar por la fuerza a la Residencia de la Embajada de México en Lima, donde Chávez permanece tras ser condenada a más de 11 años de prisión por conspiración para rebelión.

Cabrera determinó que la amenaza no era real ni inmediata y precisó que su permanencia es “una decisión propia y voluntaria”.

El juez precisó además que “el Gobierno peruano se encuentra aún evaluando dicha solicitud de otorgamiento del mencionado salvoconducto”, descartando una negativa formal.

Ordenó archivar definitivamente el expediente 18853-2025.

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En el registro, Humala afirma ante miembros de la llamada agrupación etnocacerista que “lo mejor que ha dado la izquierda, desde Pizarro hasta ahorita, como partido político, ha sido Sendero Luminoso y que me graben, carajo. Ha sido Sendero Luminoso, tenía ideología, tenía liderazgo y tenía martirologio”.

Estas declaraciones son relevantes porque el candidato presidencial Roberto Sánchez presentó a Humala como la figura que lideraría la lucha contra el crimen en un eventual gobierno de Juntos por el Perú, partido que disputa el segundo lugar con Rafael López-Aliaga para enfrentar a Keiko Fujimori en segunda vuelta.

Por esta grabación, Humala fue denunciado por apología al terrorismo en 2023.

La ONPE, encabezada por Piero Corvetto, enfrenta serios cuestionamientos tras retrasar o postergar la instalación de mesas de votación el 12 de abril. A ello, se suma una denuncia periodística, emitida por el programa Beto a Saber, cuatro días después, sobre actas electorales halladas en la vía pública.

Desarrollo

El equipo de la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Sur, liderado por el fiscal provincial Ricardo López García, acudió al inmueble tras ser convocado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Dicha institución, a través de su Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales, requirió la presencia de la Fiscalía a fin de ejecutar un proceso de “constatación” a la ONPE.

En total, acudieron a la diligencia cinco fiscalizadores del JNE junto a otros diez funcionarios del MP. Este último grupo ingresó por la puerta número 2 de las instalaciones, conocidas como Eucalipto Parque Industrial, a bordo de un automóvil color negro.

Según detalló la Fiscalía, el objetivo fue “determinar el cumplimiento de las funciones de la ONPE sobre el material electoral”, así como su “existencia” en dicho almacén, usado en los comicios. Allí yace el material enviado por los jurados electorales especiales.

Supervisión

Al respecto, el presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló durante su presentación ayer en la Comisión de Fiscalización del Congreso que la “ONPE tiene el rol de organizar el proceso electoral en sí, incluyendo la logística”, mientras que el JNE “realiza la fiscalización del proceso mismo y administra, finalmente, justicia electoral”.

“Nos sumamos a la gran preocupación por los hechos gravísimos que han sucedido, en esta jornada electoral, ocasionados por ineficiencias en la organización que le compete a la ONPE; específicamente, en la ciudad de Lima Metropolitana”, sostuvo.

Posteriormente, reafirmó que el JNE continúa vigilante frente al “repliegue de la data o el material electoral para garantizar la transparencia del proceso”.

“Ya estamos recibiendo las actas observadas al nivel de los jurados electorales especiales. Ya se están resolviendo, si hubiera un recurso de apelación, el pleno del JNE los resolverá. Hace un año que estamos en sesión permanente”, finalizó.

Tras nuevas denuncias en su contra, sobre la pérdida de material electoral, la investigación que enfrenta en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) podría derivar en una medida cautelar: su suspensión preventiva en el cargo.

Constitucionalistas consultados por Correo coinciden en que la JNJ no solo está facultada para tomar dicha decisión, sino que la medida sería la más idónea de cara a la segunda vuelta.

En curso

La investigación preliminar a Corvetto se inició el lunes 13 de abril. La resolución que da inicio a este proceso, a la que accedió este Diario, le atribuye dos imputaciones.

Estas son: “1) la falta de instalación de mesas de sufragio, lo que habría impedido que electores ejerzan su derecho al sufragio, y 2) los retrasos generalizados en la instalación de mesas de sufragio, lo que habría generado que un número indeterminado de electores se retiren sin poder emitir su voto”.

En el mismo documento, en el que se consigna a Gino Ríos como miembro instructor, se otorgan diez días hábiles a Corvetto para que presente sus descargos. Tras esta presentación, Ríos Patio ya puede formular una propuesta de suspensión que, eventualmente, deberá debatirse en el pleno de la JNJ.

La Junta informó también, en un comunicado del 14 de abril, que otras denuncias ciudadanas contra Corvetto fueron acumuladas en este proceso. Ahora, sin embargo, se suman nuevas acusaciones por actas extraviadas o halladas en la vía pública.

Urgencia

El constitucionalista Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), detalló a Correo que una potencial suspensión, por parte del pleno de la JNJ, podría darse en dos semanas.

“Con este y todos los indicios que tenemos, que van desde la ineficiencia o posibles actos de corrupción –tras la denuncia penal del procurador del JNE– , evidentemente es posible dictar una medida cautelar de suspensión. Esta medida es necesaria para salvaguardar el resto del proceso electoral”, aseveró.

En esa línea, García Toma destacó que tras la suspensión del funcionario, el trámite del proceso que decida su destitución o no seguirá su curso.

Por otro lado, el también constitucionalista Enrique Ghersi consideró que “no es necesario esperar los descargos de Corvetto para dictar una medida de suspensión”.

“Yo pensaría que la JNJ se encuentra en posición de suspenderlo en cualquier momento. Hay elementos muy graves ocurridos en los últimos días: el señor Corvetto pidió vacaciones en medio de un proceso electoral y antes de la segunda vuelta; no se presentó ayer a una citación de la Policía porque, según dijo, estaba preparando sus descargos ante la Junta; y ahora aparecen votos en la basura”, apuntó.

Tanto Ghersi como García Toma coincidieron en que, ante una eventual salida de Corvetto, su reemplazo recaería en el secretario general de la ONPE, Elar Juan Bolaños Llanos.

Finalmente, fuentes de la JNJ refirieron que al interior de la entidad se apunta a una suspensión. Esta, sin embargo, podría tomar hasta treinta días hábiles. La segunda vuelta está agendada para el 7 de junio.

El pedido apunta primero a la ONPE, a la que se le solicita explicar con detalle cómo opera el sistema de cómputo de los resultados finales. También busca que se informe con exactitud cuál es el cronograma para el recuento de votos y cuánto tiempo tomaría resolver los pedidos de nulidad.

La institución dejó constancia de esa preocupación en un documento oficial que reclama precisión sobre la revisión del material electoral. En ese texto se incluye el siguiente planteamiento sobre el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, que debe atender los expedientes pendientes y definir su trámite.

“Solicitamos al JNE informar sobre los procedimientos de resolución de más de 5000 mil actas impugnadas”, se lee en el comunicado.

A la opinión pública. pic.twitter.com/8zQV6LEuSU

— Transparencia Perú (@ACTransparencia) April 18, 2026

Transparencia también pidió que se designe voceros permanentes que mantengan una comunicación uniforme con la población. La idea es que los mensajes sobre el desarrollo electoral salgan de fuentes técnicas y verificables, sin dejar espacio para versiones contradictorias en redes sociales.

La organización extendió su llamado a los candidatos y a otros actores políticos para que actúen con responsabilidad. En ese punto pidió evitar cualquier conducta que pueda alterar el orden o debilitar el respeto por las reglas democráticas mientras se esperan los resultados oficiales.

Ese mensaje también fue dirigido a la ciudadanía, a la que se le recomendó revisar la información antes de compartirla. El comunicado insistió en que la circulación de datos sin sustento puede alimentar confusión y abrir paso a llamados que afecten la paz social.

Transparencia sostuvo además que el electorado debe mantenerse atento a las fuentes oficiales durante esta etapa. La confianza en el resultado depende de que ONPE y el JNE informen con regularidad sobre los avances y expliquen cómo se procesan las actas observadas e impugnadas.

La institución concluyó que una comunicación clara resulta clave para proteger la transparencia del proceso. También remarcó que el sistema electoral debe responder con rapidez sobre las actas pendientes para asegurar que cada voto sea respetado.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, agradeció a los 96 funcionarios que participaron en ese despliegue. Además resaltó observaciones y mejoras que deberán tomarse en cuenta para que la segunda vuelta se desarrolle con normalidad.

#NoticiasTorreTagle | La Cancillería ejerció una firme cadena de custodia al traer las actas y votos del exterior, cumpliendo así los protocolos establecidos para asegurar transparencia y confiabilidad en el proceso electoral 2026.

👉https://t.co/qit4fvQpqA pic.twitter.com/1RPT3qWyWf

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 18, 2026

En una reunión sostenida con la alta dirección de la Cancillería, los representantes consulares expusieron los principales problemas que enfrentaron durante la jornada. Ese intercambio sirvió para revisar ajustes operativos y ordenar los pasos siguientes del proceso.

Las autoridades diplomáticas también destacaron el trabajo de los voluntarios y de los miembros de mesa que permanecieron en los locales electorales hasta culminar el escrutinio. Su labor permitió cerrar el conteo en condiciones que demandaron más tiempo del previsto.

En el exterior se instalaron 2,495 mesas de sufragio, lo que representó el 99,9 por ciento del total programado. Ese nivel de cobertura reflejó el alcance de la votación peruana en otros países.

El primer envío de material llegó desde La Paz, en Bolivia, y luego se fueron sumando despachos desde otras ciudades de América, Europa y Asia. Entre los puntos de origen figuran Santiago de Chile, Milán, Roma, Barcelona, Madrid, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Washington D.C., Paterson, Nagoya, Tokio y París.

Como referencia del volumen trasladado, el cónsul general del Perú en Buenos Aires arribó la noche del miércoles 15 de abril con una carga de 1.5 toneladas. Dicho envío formó parte de la secuencia de entregas que permitió reunir el material electoral en territorio peruano.

La moción aprobada en la comisión ahora deberá ser revisada por el Pleno del Parlamento en los próximos días. Si esa instancia la respalda, la citación quedará formalizada y ambos funcionarios deberán acudir a responder ante el Congreso.

#CongresoInforma I En la Comisión de Fiscalización se aprobó la moción de orden del día para que concurran, con carácter de urgencia, al Pleno del Congreso los titulares de la ONPE y del JNE. Esta moción deberá ser puesta a consideración del Pleno. pic.twitter.com/fQRxqhc0ua

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 17, 2026

La Comisión de Fiscalización señaló que busca esclarecer los cuestionamientos surgidos tras los comicios y revisar las incidencias reportadas en distintas zonas del país. El pedido también se enmarca en las observaciones que ya habían sido planteadas sobre retrasos, fallas logísticas y problemas en el material electoral.

Piero Corvetto ya había acudido antes a la Comisión de Fiscalización para responder por las fallas detectadas en el proceso. En esa presentación sostuvo que no existieron “graves irregularidades” y atribuyó lo ocurrido a un “error puntual extraordinario” que afectó a algunos sectores de Lima.

Este viernes, Roberto Burneo también se presentó ante la mesa de trabajo y descartó que funcionarios de la institución que preside hayan fiscalizado el traslado de material electoral durante los comicios del 12 de abril.

En ese contexto, Valencia explicó que la demora en la comunicación respondió a la necesidad de reunir todos los datos disponibles antes de brindar una versión oficial. Asimismo, adelantó que la entidad ya estaba entregando información sobre el proceso de contratación involucrado en los problemas logísticos.

Sobre ese punto, la vocera señaló que los detalles del contrato se estaban haciendo más claros conforme avanzaba la revisión interna. Su posición fue que una vez completado el análisis, la ciudadanía tendría acceso a información más precisa sobre cómo se llevó a cabo ese proceso.

“Sí, demoramos en trabajar la información a partir de la situación que se presentó, pero era para tener todos los datos posibles. Incluso ya estamos entregando información sobre el tema de la contratación, la cual está quedando más claro porque damos el detalle del proceso para el proceso de contratación”, reconoció.

Cambios en la institución

Valencia también informó sobre la suspensión del subgerente Juan Phang se refirió a los cambios en la estructura interna de la ONPE así como el rol que tendría el nuevo responsable del área de gestión electoral.

“Ahora con un nuevo gerente en la gerencia de gestión electoral vamos a dar mayor información porque él tiene el mandato de poder darnos cuenta de cómo han sido las responsabilidades dentro de los locales de la planta del Urín. Pero es una investigación que se está haciendo”, indicó.

La vocera también aclaró que lo ocurrido durante la jornada no estaba dentro de lo previsto por la organización. Para dar contexto a esa afirmación, explicó cómo funciona la estructura interna de la entidad durante un proceso electoral.

“No era esperado tal como dice la jefa de la ODPE porque comprenderán que dentro de la organización del proceso nosotros tenemos niveles de acción. Y dentro del primer nivel de acción a nivel de circunscripciones están las jefaturas de las ODPE”, explicó.

El juez Leodan Cristóbal Ayala declaró fundado el requerimiento fiscal luego de revisar los actuados vinculados a los convenios entre el Gobierno Regional de Junín y SIMA-PERU. Según el documento constatado por RPP, el magistrado concluyó que no había sospecha suficiente ni datos relevantes que permitieran sostener que el caso debía pasar a la etapa de juicio.

La Fiscalía sostuvo que no se pudo corroborar con prueba directa una presunta concertación entre Cerrón Rojas y directivos de la empresa Servicios Industriales de la Marina SA-SIMA-PERU. También indicó que ninguno de los colaboradores eficaces aportó información que acreditara un acuerdo ilícito para la firma de los convenios de cooperación institucional.

El Ministerio Público añadió que tampoco se encontraron documentos que mostraran una coordinación previa con fines delictivos para ese acto específico. Además, señaló que la actuación de Vladimir Cerrón se mantuvo dentro del ejercicio regular de sus funciones y competencias administrativas.

En la resolución emitida el 10 de abril, el juez indicó que al revisar los elementos de convicción reunidos sobre los convenios no se advirtió una base suficiente para sostener la imputación de colusión agravada.

Pese a ese archivo, Cerrón sigue vinculado al expediente por la vía civil. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción mantiene a su cargo la defensa de los intereses del Estado para una eventual reparación civil por los daños y perjuicios que se atribuyen al presunto delito.

La Fiscalía recordó además que en el caso Antalsis subsisten otros cargos contra el líder de Perú Libre. Entre ellos figuran asociación ilícita para delinquir agravada y cohecho pasivo propio, imputaciones que permanecen vigentes dentro del proceso.

La discusión se abrió luego de que Balcázar explicara que su gobierno no firmará el contrato previsto para este viernes 17 de abril. Según señaló, una administración de transición no tendría la legitimidad necesaria para comprometer al país en una deuda de largo plazo.

En ese contexto, Williams sostuvo que la renovación de la Fuerza Aérea no puede quedar expuesta a cambios de criterio por el momento político. A través de sus redes sociales planteó que este tipo de decisiones se mantenga dentro de una lógica de continuidad institucional.

Postergar la renovación de nuestra flota aérea como pretende el presidente Balcázar, es atentar contra la seguridad nacional.

Las decisiones estratégicas se deben asumir con responsabilidad y visión de Estado.

— José Williams Zapata (@jwilliamszapata) April 17, 2026

Como se recuerda, el mandatario había defendido su posición al señalar que el proceso no implica un incumplimiento con Estados Unidos. Asimismo, precisó que todavía no existe un contrato firmado, por lo que la decisión se limitaría a postergar la definición para el siguiente gobierno.

“Yo soy creyente de que los grandes endeudamientos del país se deben dar desde un gobierno estable producto de las elecciones. Nosotros no tenemos la legitimidad auténtica como aquellos que reciben la votación directa de la población. (...) Entiendo que hay simplemente un cronograma en el que no hay ninguna entrega de bienes ni de dinero, es una proposición de compra de aviones a Estados Unidos pero ello no significa que se haya sellado un contrato”, puntualizó.

Este pronunciamiento se emitió horas después de que el presidente del JNE, Roberto Burneo, contradijera la afirmaciones de Sandoval Carmona durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. Durante la sesión, Burneo afirmó que el traslado de las cajas se realizó en vehículos particulares sin registro oficial y sin la presencia de personal policial ni de fiscalizadores de su institución.

“Es preciso indicar que, respecto de esas cajas, contrariamente a lo indicado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas por vehículos no registrados, por vehículos particulares y no estuvo el JNE”, explicó.

Burneo también informó ante los congresistas que el JNE ya estaba elaborando los informes correspondientes para remitirlos a las autoridades competentes. Bajo esa línea, resaltó que el comunicado de la ONPE era “falso” y que la Procuraduría tomaría las acciones que correspondan dentro de sus competencias.

¿Que respondió la ONPE?

En su pronunciamiento, la ONPE precisó que tomó conocimiento de la inexactitud de la información luego de lo expuesto por el JNE en el Congreso. La entidad indicó que la versión de Sandoval Carmona no se ajusta a lo ocurrido, conforme se evidencia en la emisión del programa Beto a Saber del 16 de abril.

El comunicado también anunció que la institución adoptará las medidas necesarias para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que la normativa establece frente a este y otros hechos de similar naturaleza. La resolución será publicada en el Portal de Transparencia de la entidad en los próximos días.

#ONPEinforma | Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/oKpdu4EQE6

— ONPE (@ONPE_oficial) April 17, 2026

El equipo fiscal también revisó el material correspondiente a cinco de las 22 oficinas descentralizadas almacenadas en ese local, de las 126 que existen a nivel nacional. Al menos 17 oficinas quedaban pendientes de verificación al momento de la transmisión.

La diligencia busca determinar si las actas y cédulas llegaron completas desde los locales de votación hasta las oficinas descentralizadas, y si en algún punto del traslado se registró extravío de material.

Durante la intervención, se registraron actas de votación rotas dentro de cajas de material electoral custodiadas por personal de la ONPE. Al momento del reporte no había una explicación oficial sobre el motivo por el que esas cédulas se encontraban en ese estado.

Lurín: La Fiscalía interviene almacén de la ONPE. La diligencia comenzó alrededor del mediodía y continúa hasta esta hora

Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/4yqpwPARRT

— Canal N (@canalN_) April 17, 2026

Interrogantes sobre el conteo

Los fiscales también deben establecer si la verificación abarca únicamente el material físico o si contempla cruzar el número de cédulas almacenadas con la información consignada en las actas. Esa interrogante surge porque circularon reportes que señalan que esas cifras no coincidirían en algunos casos.

A diferencia de procesos anteriores, en estas elecciones se dispuso conservar las cédulas de votación junto con el resto del material electoral, lo que permite usarlas como respaldo en casos donde se active el mecanismo de recuento de votos.

Burneo no pidió la renuncia inmediata del titular de la ONPE, pero resaltó la gravedad de lo ocurrido. El jefe del JNE planteó su posición personal y dejó la decisión en manos de otras instancias.

“Mi punto de vista es que existen serias irregularidades respecto del manejo y la función del ente encargado de la organización del proceso. Eso hace a que se tengan que tomar las medidas más radicales que correspondan, pero corresponde a las autoridades efectivas”, sostuvo.

Burneo informó que el JNE cuenta con evidencia fotográfica del traslado de actas en vehículos particulares sin rotulación oficial. El magistrado precisó que los fiscalizadores estuvieron presentes en ese momento y levantaron los informes correspondientes.

“Han sido transportadas en unidades que no han sido rotuladas o que correspondían a las unidades oficiales. Han sido transportadas subrepticiamente y las autoridades de la ONPE responsables deberán responder y hacer los descargos respectivos”, mencionó.

Roberto Burneo, presidente del JNE: El ausentismo se debe a diferentes razones. Esta vez se ha sumado la falta de despliegue. Muchas personas se han visto impedidas o desanimadas de ir a votar porque no estaba el material electoral ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/d4jdwZqqp6

— Canal N (@canalN_) April 17, 2026

Denuncias presentadas

Desde el 12 de abril, el JNE notificó a la Contraloría, el Ministerio Público, la JNJ y la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios sobre las irregularidades detectadas. El procurador del JNE, de manera autónoma, formalizó denuncias contra Corvetto y otros funcionarios de la ONPE.

Burneo aclaró ante los medios que esa decisión fue tomada de forma independiente por el procurador. Sus palabras fueron que las investigaciones “determinarán las responsabilidades administrativas, penales y eventualmente civiles”.

El documento institucional establece que la entidad asumirá los costos de defensa legal de Corvetto bajo el argumento de que el caso cumple con los requisitos previstos en la normativa electoral vigente. La resolución fue emitida por la Secretaría General de la ONPE y dispone que la Gerencia de Administración adopte las acciones necesarias para contratar el servicio legal.

El texto de la resolución precisa el alcance temporal del beneficio otorgado al jefe de la entidad electoral.

“El beneficio de defensa legal comprende la etapa preliminar y hasta su culminación en la etapa preparatoria, conforme a lo solicitado por el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas, Jefe de la ONPE, en su propuesta de defensa legal”, indica el documento.

La ONPE informó que la resolución será publicada en un plazo máximo de tres días en la plataforma digital del Estado peruano. Asimismo, el documento estará disponible en el Portal de Transparencia de la institución.

Cabe señalar, que el titular de la ONPE fue citado este viernes a la sede de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) para emitir sus descargos sobre las irregularidades registradas bajo su liderazgo. Sin embargo, no asistió por azones de “salud e integridad personal”. El alto funcionario solicitó reprogramar esta diligencia y que se realice en modalidad virtual.

Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región.

— Embajador Navarro (@USAmbPeru) April 17, 2026

Las declaraciones de Balcázar

El presidente Balcázar brindó una entrevista al medio Exitosa, donde fue consultado sobre si su administración concretaría la compra de las naves militares. Ante la pregunta, el mandatario respondió que, al tratarse de un gobierno de transición, el proceso podría trasladarse a quien asuma la presidencia a partir del 28 de julio.

En esa misma línea, Balcázar reconoció que existe un cronograma establecido para la adquisición de los F-16 al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el jefe de Estado ya había señalado en marzo que la compra de los aviones “no es una prioridad” porque hay “asuntos mucho más importantes” que atender en el país.

Las declaraciones de Balcázar generaron una reacción por parte del embajador Bernie Navarro, representante de la administración Trump en Lima. A través de sus redes sociales, Navarro dejó entrever que una eventual postergación de la compra podría derivar en represalias hacia el Perú.

Como se recuerda, el convenio para la adquisición de los aviones F-16 fue suscrito durante la administración de José Jerí Oré, con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional del Perú. El acuerdo fue presentado en su momento como parte de una estrategia de defensa nacional que buscaba modernizar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea.

La máxima autoridad del JNE, precisó que desde el 10 de abril, fiscalizadores de la insitución que preside estuvieron monitoreando las 217 rutas de despliegue de material electoral en Lima Metropolitana y levantaron actas sobre los retrasos registrados. Según inidicó, en cada momento en que se advirtieron demoras, la institución requirió a la ONPE acelerar las entregas pendientes.

Burneo, además subrayó que el problema no era la ausencia de las unidades de transporte contratadas por la ONPE, sino dificultades en el embalaje de la carga y la falta de personal suficiente para ejecutar la descarga del material. Sobre ese punto, el titular del JNE explicó ante los congresistas la secuencia de lo ocurrido durante esos días previos a la elección.

“Tenemos actas desde el 10 de abril donde fiscalizadores habían señalado que el material electoral tecnológico, computadoras, impresoras, entre otros, había sido puesto a prueba”, expuso.

Burneo aseguró que el 11 de abril la ONPE reportó que los inconvenientes con la empresa de transportes ya estaban superados, sin embargo, los fiscalizadores del JNE levantaron una nueva acta ese mismo día que registraba que el despliegue aún no se había completado. El titular del JNE añadió que la ONPE se comprometió a tener todo el material distribuido a más tardar a medianoche o las 2 a.m. del 12 de abril, compromiso que según su relato tampoco se cumplió.

Burneo subrayó ante los congresistas que la ONPE nunca alertó al JNE sobre las dificultades que enfrentaría durante el proceso de despliegue, y que la versión que recibieron de esa entidad fue siempre en sentido contrario.

“La ONPE nunca comunicó al JNE que iba a tener estas dificultades. Es más, todo lo contrario, dijo que ya las tenía solucionadas”, aseveró.

Problemas durante la jornada electoral

Burneo informó que el JNE contaba con información propia sobre la situación desde las primeras horas del 12 de abril, recogida por sus equipos de fiscalización desplegados en Lima Metropolitana, en el extranjero y a nivel nacional. El titular del JNE precisó que alrededor de 200 locales de votación en Lima no habían recibido el material electoral esa mañana, situación que llevó al pleno a evaluar las medidas disponibles.

Según el alto funcionario, a las 10 de la mañana del día de las elecciones el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se presentó ante el pleno del JNE para reportar la situación y pedir una ampliación del horario de instalación de mesas. El titular del JNE señaló ante la comisión que esa solicitud llegó cuando su institución ya tenía conocimiento propio de lo que ocurría en los locales de votación.

“Él garantizó que hasta las 14 horas se podía desplegar todo el material electoral. Incluso se comprometió a no utilizar la herramienta digital por las diferentes fallas que había tenido a nivel de instalación de los mismos”, indicó.

Sin embargo, durante los comicios se reportaron múltiples fallas y el sistema tecnológico continuó en uso pese a los problemas registrados, lo que agravó las demoras en la instalación de mesas a lo largo de la jornada.

Separa responsabildades

Burneo también explicó que la organización y el despliegue del material electoral corresponden de manera exclusiva a la ONPE, mientras que el JNE cumple una función de fiscalización, advertencia y rectoría del sistema electoral.

En ese punto, Burneo recordó que la ONPE incluso ha cuestionado históricamente la rectoría del JNE. Sus palabras ante los congresistas dejaron en claro la tensión institucional que existe entre ambas entidades.

“Cuando nosotros hemos dicho que somos agentes rectores, ellos han negado la rectoría del sistema electoral del Jurado Nacional de Elecciones en todo momento. Nuestra función de rectoría parte de fiscalización y dar lineamientos y disposiciones, pero ellos son autónomos en su función. Y la organización y despliegue del material electoral es responsabilidad exclusiva de la ONPE, no del Jurado, por si acaso”, aclaró.

El titular del JNE subrayó ante la comisión que no existen antecedentes de una situación de esta escala en el país y recordó que el JNE ha intentado, sin éxito, actualizar el marco normativo para este tipo de escenarios.

“Nunca en Lima Metropolitana y nunca en el país ha sucedido una situación como esta. No tenemos precedentes en el Jurado Nacional de Elecciones. Hemos presentado las propuestas normativas al Congreso de la República, hasta un código electoral hemos presentado, y hasta el momento está en archivo”, resaltó.

Cifras de ausentismo

El ausentismo registrado en las elecciones del 12 de abril alcanzó el 19,01% en Lima y el 23,76% a nivel nacional. Burneo comparó estos números con los de procesos anteriores, excluyendo el 2021 por las condiciones excepcionales de la pandemia, y señaló que en Lima Metropolitana la diferencia respecto al 2016 fue de entre cinco y seis puntos porcentuales, ya que en ese año el ausentismo limeño fue de poco más del 13%.

El titular del JNE realizó un llamado a la ciudadanía a mantener la confianza en el trabajo de la institución. En esa línea, enfatizó que el JNE continuará consolidando los reportes de todas las incidencias registradas para elaborar un informe final sobre lo ocurrido durante la jornada electoral.

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