Astudillo estuvo acompañado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, el jefe de la Región Policial Lima, Jorge Castillo, el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, y representantes de los gremios comerciales. Las autoridades recorrieron distintos puntos del emporio para revisar las medidas aplicadas en el sector.

¿Qué medidas adoptarán contra la extorsión?

El titular del Interior señaló que la presencia policial será utilizada para reforzar las acciones contra la extorsión y el sicariato que afectan a la actividad comercial. Como parte de las nuevas medidas, también se impulsará la fiscalización y el registro de motos eléctricas que circulan por la zona.

La propuesta contempla identificar estos vehículos y ordenar su circulación dentro del sector comercial. Las autoridades consideran que este registro permitirá fortalecer las labores de prevención y control frente a posibles hechos delictivos.

El sector también coordinó con los dirigentes de los comerciantes para mantener despejados los espacios que hayan sido recuperados. El objetivo es evitar que las vías vuelvan a ser ocupadas por comercio informal u otras actividades que afecten el funcionamiento del emporio.

El titular del Mininter afirmó que el despliegue policial en Gamarra continuará de manera permanente. Los efectivos realizarán patrullajes preventivos durante el día y la noche como parte de las acciones destinadas a mantener la presencia de la autoridad en el sector.

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro admitió, de manera total o parcial, las listas de cinco organizaciones políticas que buscan competir por la Alcaldía de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre.

Según informó Canal N, las candidaturas corresponden a Mónica Yaya, por el Apra; Juan Alvarado, por Venceremos; Carlos Gallardo, por Buen Gobierno; Elio Riera, por Alianza para el Progreso (APP); y Luis Llanos, por Progresemos.

Con estas incorporaciones, son 27 las organizaciones políticas que cuentan con candidatos para disputar la alcaldía capitalina.

La admisión de estas listas se realizó en cumplimiento de un acuerdo aprobado por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el pasado 3 de agosto. La disposición estableció que los 91 Jurados Electorales Especiales del país debían publicar, hasta el 5 de agosto, las listas admitidas o aquellas que aún contaban con decisiones no firmes.

De esta manera, el pronunciamiento del organismo electoral evitó que las agrupaciones que tenían procesos pendientes en primera instancia quedaran excluidas de la contienda únicamente por el vencimiento del plazo legal.

El pasado miércoles 5 de agosto culminaron tres fechas clave del cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 (ERM 2026). De acuerdo con la entidad electoral, ese día terminó el periodo máximo para que los organismos electorales publicaran las listas admitidas a nivel nacional. También venció el periodo establecido para que las agrupaciones solicitaran el retiro de sus listas y para que los candidatos presentaran su renuncia a la contienda.

Los cinco postulantes recientemente admitidos se sumarán a las candidaturas de Somos Perú, Visión Perú, Frente de la Esperanza 2021, Partido Patriótico del Perú, Avanza País y Ahora Nación. También competirán las listas de Partido Popular Cristiano (PPC), Podemos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, Batalla Perú y Juntos por el Perú.

La relación se completa con Partido Demócrata Verde, Partido Cívico Obras, Partido Político Pueblo Consciente, Partido Político Integridad Democrática, Coalición Transformadora Tierra Verde, Partido Morado, Fuerza Popular, Partido Político Nacional Perú Libre, Fuerza Ciudadana y Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP).

Pese al número de listas admitidas, las autoridades precisaron que no todos los candidatos llegarán a la cédula de votación. De acuerdo con la normativa vigente, su permanencia dependerá de que subsanen las observaciones y de que se resuelvan las eventuales tachas y exclusiones. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la lista definitiva de candidatos habilitados se conocerá el próximo 5 de septiembre.

Las organizaciones políticas cuyas listas fueron admitidas de manera parcial o que aún tienen observaciones deberán atender los requerimientos de la autoridad electoral para continuar en carrera. Fuentes oficiales precisaron que la admisión no implica una habilitación definitiva para participar en las elecciones del próximo 4 de octubre. El JEE Lima Centro continuará evaluando los expedientes conforme avance el cronograma electoral.

El proceso electoral también contempla la posibilidad de que ciudadanos y organizaciones políticas presenten tachas contra los candidatos admitidos. En caso de que se interpongan impugnaciones, los organismos electorales deberán evaluar cada expediente y emitir una decisión que determine la continuidad o exclusión de las listas cuestionadas. Estas etapas administrativas deberán concluir antes de la fecha límite fijada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Con la admisión de estas listas, son 27 las candidaturas que, de manera provisional, compiten por la Alcaldía de Lima. El número podría variar conforme se resuelvan las tachas y exclusiones correspondientes. La relación definitiva de candidatos habilitados será conocida el 5 de septiembre.

Por su destacada labor y vocación de servicio en favor de la seguridad ciudadana, la presidenta Keiko Fujimori reconoció a siete suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Con la participación de autoridades del Ejecutivo y de la institución policial, se realizó la ceremonia en la sede del Escuadrón Verde de la PNP, ubicada en el Cercado de Lima.

Entre las autoridades que participaron en la actividad estuvieron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro del Interior, César Astudillo; y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Los siete efectivos pertenecen a las regiones policiales de Lima Centro y Callao y fueron reconocidos por participar en intervenciones que permitieron capturar a personas presuntamente involucradas en hechos delictivos.

El reconocimiento a los agentes se produce en un contexto de medidas anunciadas por el Gobierno para reforzar la lucha contra la delincuencia. Un día antes, la presidenta participó en una reunión con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en la que también estuvieron el jefe del Gabinete y los ministros de Interior, Defensa y Justicia y Derechos Humanos.

Durante el encuentro, Fujimori señaló que el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo presentará ante el Congreso incluirá medidas urgentes en diversos ámbitos, entre ellos la seguridad ciudadana. La iniciativa busca coordinar esfuerzos entre las instituciones encargadas de combatir la criminalidad.

“Quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión, para eso es fundamental articular entre todas las instituciones”, resaltó la mandataria durante sus declaraciones.

#EnVivo
Keiko Fujimori, presidenta del Perú: “La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado [....] es la primera prioridad que hemos asumido en este Gobierno”

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— Canal N (@canalN_) August 9, 2026

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció este domingo sobre los cambios dispuestos en el Seguro Social de Salud (EsSalud), tras concluir la designación de Jaime Moreno como presidente ejecutivo de la entidad.

El ministro utilizó su cuenta de X para destacar el inicio de un “proceso de mejora” en EsSalud. En su mensaje no mencionó la salida de Moreno, pero sí hizo referencia a la designación de Hilda Sandoval como nueva titular de la entidad. Sandoval ocupa actualmente el cargo de viceministra de Trabajo.

“Empezó el proceso de mejora de EsSalud. Hoy se nombra a la viceministra de Trabajo, Hilda Sandoval Cornejo, como encargada en tanto se selecciona profesionalmente al nuevo presidente de EsSalud”, expresó.

Sheput también respaldó lo señalado por la presidenta Keiko Fujimori sobre EsSalud y afirmó que el objetivo es garantizar que los pacientes accedan a los beneficios que les corresponden.

“La pesadilla terminará y EsSalud recuperará el brillo de antes por sus pacientes”, escribió Sheput.

Gobierno removió a Jaime Moreno de la presidencia de EsSalud

El Gobierno de Keiko Fujimori puso fin este domingo a la designación de Jaime Moreno Eustaquio como presidente ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano establece que el Ejecutivo dejó sin efecto la designación de Moreno como presidente de EsSalud, debido a la “pérdida de la confianza de la autoridad proponente”.

Moreno asumió el cargo el pasado 10 de junio, durante el Gobierno de José María Balcázar. Sin embargo, según RPP, el 31 de julio se conoció que el funcionario no tenía previsto dejar la presidencia de EsSalud tras el cambio de Gobierno.

A su juicio, correspondía a la presidenta de la República solicitar su salida del cargo, y no al ministro de Trabajo.

La resolución que dispone su salida del cargo lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

En reemplazo de Moreno, el Ejecutivo designó a Hilda Sandoval Cornejo como nueva presidenta ejecutiva de EsSalud. La funcionaria ya formaba parte como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud.

La designación de Sandoval Cornejo será temporal, hasta que el Ejecutivo nombre al nuevo titular de la entidad pública.

La Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) activaron ayer sábado el denominado Plan Escudo, una estrategia impulsada por el Ministerio del Interior (Mininter) para reforzar la protección del transporte público y prevenir nuevos ataques extorsivos contra este sector.

El ministro del Interior, César Astudillo, llegó a Villa María del Triunfo para supervisar la implementación del Plan Escudo, que contempla protección policial y militar para los transportistas, así como la presencia de efectivos en paraderos y patios de maniobras de las empresas de transporte urbano.

El titular del Mininter señaló que el Plan Escudo también incluye labores permanentes de inteligencia conjunta entre la PNP y las FF.AA.

“Se ha puesto en ejecución el Plan Escudo, que lo conforman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dentro de sus sectores de responsabilidad que ordena la Constitución. Acá hay cerca de 14 patios de maniobra, en todos van a ver presencia policial y del Ejército. Eso es lo que estamos haciendo, ya hemos tomado las acciones pertinentes”, indicó.

“A esto se suma un trabajo totalmente integrado de inteligencia. La inteligencia policial y la inteligencia de las Fuerzas Armadas actuarán permanentemente. Eso es lo que nos da la seguridad y la certeza de los movimientos que se vienen haciendo para anticiparnos a la delincuencia”, sostuvo.

Junto al comandante general de la PNP, general de Policía Óscar Arriola, y al jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Castillo, el titular del Interior visitó varios patios de maniobras de empresas de transporte público de Lima Sur. La inspección tuvo como objetivo verificar la ejecución del Plan Escudo, estrategia que busca reforzar la lucha contra la criminalidad.

El ministro del Interior, César Astudillo, llegó a Lima Sur y supervisó la ejecución del Plan Escudo, que articula el trabajo de la PNP (@PNP_Noticias) y las Fuerzas Armadas con el objetivo de prevenir ataques extorsivos y reforzar la seguridad del transporte urbano.… pic.twitter.com/grPWyiJgQY

— Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) August 9, 2026

El Gobierno de Keiko Fujimori puso fin este domingo a la designación de Jaime Moreno Eustaquio como presidente ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano establece que el Ejecutivo dejó sin efecto la designación de Moreno como presidente de EsSalud, debido a la “pérdida de la confianza de la autoridad proponente”.

Moreno asumió el cargo el pasado 10 de junio, durante el Gobierno de José María Balcázar. Sin embargo, según RPP, el 31 de julio se conoció que el funcionario no tenía previsto dejar la presidencia de EsSalud tras el cambio de Gobierno.

A su juicio, correspondía a la presidenta de la República solicitar su salida del cargo, y no al ministro de Trabajo.

La resolución que dispone su salida del cargo lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

En reemplazo de Moreno, el Ejecutivo designó a Hilda Sandoval Cornejo como nueva presidenta ejecutiva de EsSalud. La funcionaria ya formaba parte como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud.

La designación de Sandoval Cornejo será temporal, hasta que el Ejecutivo nombre al nuevo titular de la entidad pública.

Fueron al menos ocho magistrados del Poder Judicial los que dictaron o avalaron medidas, como prisiones preventivas, que dieron luz verde a la continuación de procesos judiciales luego descartados por el Tribunal Constitucional (TC).

Los casos Cócteles y Aportes al Partido Nacionalista fueron anulados –en octubre del 2025 y julio del 2026– tras recordarse que la figura penal que intentaba usar la Fiscalía, contra Keiko Fujimori y la expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia, respectivamente, fue incorporada al Código Penal después de los hechos aparentemente cometidos.

Conveniencias

El silencio del Poder Judicial (PJ), en relación al trabajo de los jueces que intervinieron en dichos casos, es ominoso. Sí existe, en cambio, una justificada defensa a la independencia judicial carente de toda autocrítica.

“Debo destacar el compromiso que representa que la presidenta haya jurado afirmando que respetará la independencia, la separación de poderes y la democracia. Nos preocupa, sin embargo, que su palabra contraste frontalmente con voces recientes que, desde el ataque y la diatriba hacia la judicatura, alientan peligrosas formas de intervención del PJ”, sostuvo Janet Tello, presidenta de la institución, en la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza del último 4 de agosto.

En dicha actividad, a la que también acudió la presidenta Keiko Fujimori, también abogó por jueces “libres de presiones políticas o de cualquier otra índole”. No dijo nada de las graves fallas del sistema que lidera.

Expuestos

Los jueces Richard Concepción Carhuancho y Víctor Zúñiga Urday cobran protagonismo en ambos casos, pues acumulan el mayor número de fallos cuestionables en ambos.

En el Caso Cócteles, Concepción Carhuancho aceptó en octubre del 2018 el pedido del entonces fiscal José Domingo Pérez, hoy abogado del sentenciado expresidente Pedro Castillo (conspiración para la rebelión), y dictó 36 meses de prisión preventiva contra Fujimori y otros.

La decisión sería revocada en segunda instancia, pero tras una nueva evaluación, en enero del 2020, Zúñiga dictó la misma medida por 15 meses contra la entonces investigada. Sería este último quien, en diciembre del 2023, dictaría el auto de enjuiciamiento del caso; es decir, autorizaría el inicio del juicio oral.

En el caso Aportes al Partido Nacionalista, Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra Humala y Heredia en agosto del 2017, una decisión que sería confirmada por los jueces César Sahuanay Calsín, Iván Quispe Aucca y Jessica León Yarango.

Sin embargo, la expareja presidencial sería excarcelada nueve meses después. En abril de 2018, el Tribunal Constitucional –con los votos favorables de Ernesto Blume, Augusto Ferrero, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña; y en contra Manuel Miranda, José Luis Sardón y Marianella Ledesma– ordenó que regresaran a comparecencia con restricciones.

Ya en noviembre del 2021, Concepción ordenó el inicio del juicio oral del caso “Aportes”. Este empezaría un año después y tardaría otros tres en culminar. Más tarde, serían los jueces Nayko Coronado Salazar, Juana Mercedes Caballero García y Max Vengoa Valdiglesias quienes, en abril del 2025, sentenciaron a Humala, Heredia y otros por lavado de activos. Los dos primeros recibieron una pena de 15 años de prisión.

Ausencia

Desde el 28 de julio, cuando brindó su última declaración pública tras la toma de mando de la nueva administración, Galarreta no ha vuelto a pronunciarse ante los medios.

En aquella oportunidad, el premier aseguró que el Gobierno buscaría “seguir tendiendo puentes” y “la reconciliación del Perú”.

Además, confirmó la juramentación del Gabinete Ministerial, prevista para las 5 de la tarde de ese mismo día.

Desde entonces, ha continuado participando en reuniones y actividades oficiales, pero sin brindar declaraciones a la prensa.

La presencia más reciente del presidente del Consejo de Ministros ocurrió este sábado, 8 de agosto, cuando se reunió con la presidenta Keiko Fujimori, el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, y los ministros César Astudillo (Interior), Rafael Belaunde (Defensa) y Ernesto Álvarez (Justicia), para coordinar acciones frente a la criminalidad.

Opinión

Al respecto, el analista político César Campos consideró que Galarreta podría estar abocado a la conformación de las distintas instancias del Gobierno.

“Es muy probable que en estos momentos Galarreta esté actuando en la sombra y haga como un operador político para ir estableciendo alianzas, entendimientos con algunos sectores de la oposición”, sostuvo a Correo.

Como otra posibilidad, Campos planteó que el premier podría estar guardando silencio para evitar restarle protagonismo a Keiko Fujimori.

“Quizás sea un esfuerzo de no querer taparle su espacio para que la propia presidenta sea la que sea más vista y expuesta”, señaló.

La iniciativa está dirigida a los electores de todo el país que participarán en los próximos comicios. A través del sistema, podrán realizar búsquedas de acuerdo con el distrito, provincia o región donde les corresponda votar.

Consulta información oficial sobre las candidaturas de tu distrito, provincia o región en Voto Informado.
Infórmate. Compara. Decide. https://t.co/syb47HaBhh pic.twitter.com/3zWG9BVx4R

— JNE Perú (@JNE_Peru) August 8, 2026

¿Qué se puede consultar en el sistema?

En la plataforma se podrá identificar a los candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 según la jurisdicción seleccionada. El portal también ofrece la posibilidad de revisar sus principales propuestas para los cargos que buscan ocupar.

El JNE señaló que el acceso a información oficial busca facilitar la comparación entre las distintas opciones electorales. De esta manera, los ciudadanos podrán consultar datos verificados antes de definir su voto.

¿Cómo consultar a los candidatos?

1. Ingresa a la plataforma Voto Informado del JNE.
2. Selecciona el distrito, provincia o región que corresponda a tu lugar de votación.
3. Revisa la lista de candidatos registrados para esa jurisdicción.
4. Consulta la información disponible sobre sus principales propuestas.
5. Compara las opciones electorales con base en la información oficial disponible.

El ente electoral recomienda consultar la plataforma antes de los comicios para acceder a información verificada. La herramienta también busca ayudar a los ciudadanos a identificar informa

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se desarrollarán el próximo 4 de octubre. Por ello, el JNE puso a disposición esta plataforma para que los electores puedan conocer con anticipación las alternativas que encontrarán en las urnas.

El ministro señaló que la condición médica del exmandatario deberá ser acreditada mediante informes especializados antes de que se analice cualquier solicitud. Además, cuestionó que Toledo alegue una enfermedad sin que esta haya sido corroborada por las instancias correspondientes.

“No se puede otorgar a Toledo y las gracias presidenciales tienen que ver básicamente con un estado de enfermedad grave de la persona (...) con respecto a que él diga que está enfermo me ha recordar con preocupación el hecho de que todavía no hemos encontrado una verdad a un dicho de Toledo desde que fue lustrabotas de Cabana hasta cómo logró inscribir a su partido aparentemente con firmas fraudulentas”, precisó.

Álvarez añadió que, si los informes médicos determinaran que el exmandatario se encuentra gravemente enfermo o al borde de la muerte, el caso tendría que ser evaluado por la comisión correspondiente.

“Si se corrobora que está al borde la muerte, que está gravemente enfermo, la Comisión determinará porque tampoco es un ámbito político”, agregó.

@panamericanatelevision El Gobierno fue enfático: no otorgará un indulto al expresidente Alejandro Toledo. Así lo explicó el ministro de Justicia durante una entrevista en el programa Sin Rodeos, al referirse a la situación del exmandatario, quien cumple una condena por corrupción. #AlejandroToledo #Indulto #SinRodeos #PolíticaPeruana #perú ♬ original sound - Panamericana Televisión

¿Qué dijo sobre un posible cáncer terminal?

El titular de Justicia reconoció que una enfermedad terminal plantearía un escenario distinto, pues consideró que una persona no debería morir en prisión si su condición médica es comprobada. Sin embargo, recordó que miles de pacientes con cáncer continúan trabajando y afrontando su enfermedad mientras cumplen con sus actividades.

“Si se corrobora que el cáncer es terminal, no se puede esperar que una persona muera en la cárcel”, indicó.

El ministro también cuestionó el mensaje que, a su juicio, transmitiría conceder una liberación únicamente por la edad del exmandatario. En ese contexto, recordó las condenas que pesan sobre Toledo y sostuvo que una eventual gracia debe considerar las razones por las que fue sentenciado.

“Lo que me preocupa es el mensaje que le damos a la juventud y a aquellas personas que están ingresando a la política. Si estamos pensando que una persona que por lo menos se ha apropiado de más de 38 millones de dólares del Perú (...) que por cumplir 80 años pider ser liberado para vivir en su casa. Entonces le estamos diciendo a los jóvenes que sí es válido robar lo más que se pueda para luego pensar en un indulto”, sostuvo.

@panamericanatelevision ​¿Un eventual indulto a Alejandro Toledo daría un mal mensaje al país? ⚖️ ​En Esta Noche, Ernesto Álvarez reflexiona sobre las implicancias éticas y legales de otorgar beneficios o libertades a expresidentes procesados por corrupción. Según señala, conceder estos beneficios borra en la práctica todo el esfuerzo de enseñanza y lucha contra la corrupción dirigido a los jóvenes. ​¿Consideras que un expresidente condenado o procesado por corrupción debería recibir un indulto? Déjanos tu postura en los comentarios 👇 ​#EstaNoche #AlejandroToledo #JusticiaPerú #Corrupción #Políticaperuana ♬ sonido original - Panamericana Televisión

Astudillo explicó que ambas instituciones trabajan dentro de sus respectivas funciones y mantienen personal desplegado durante el día en estos espacios. Asimismo, indicó que los efectivos son rotados de manera permanente para sostener la vigilancia en las zonas donde operan las empresas de transporte.

“Se ha puesto en ejecución el Plan Escudo. Que lo conforman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dentro de sus sectores de responsabilidad que ordena la Constitución. Entonces, en todos estos acá hay cerca de 14 patios de maniobra, en todas van a ver ustedes presencia policial, presencia del del Ejército, que es su zona”, indicó.

El ministro mencionó que en lugares como Villa Alejandro la presencia policial y militar se mantiene incluso durante la noche. Según explicó, la falta de iluminación en algunos sectores incrementa el riesgo y la presencia de los agentes busca disuadir a posibles delincuentes.

El titular del Interior también señaló que estas acciones ya permitieron realizar capturas tras hechos criminales registrados en Lima. Entre ellas mencionó la intervención del presunto responsable del asesinato de un cambista en el Mercado Central y la detención de un supuesto sicario vinculado con el homicidio de un integrante de una banda criminal conocido como ‘Careca’.

“Eso es lo que venimos haciendo. Las fuerzas están desplegadas totalmente, han tomado control y posición y sobre todo que estamos trabajando con un despliegue muy grande de inteligencia. Eso nos va a permitir continuar con estas capturas y dándole seguridad a todos estos patios de maniobra y a todas las rutas que utiliza la ciudadanía”, precisó.

Astudillo afirmó que el objetivo es mantener protegidos los patios de maniobra y las rutas utilizadas por la ciudadanía. Las autoridades continuarán con el despliegue y las labores de inteligencia como parte de las acciones contra los ataques y la extorsión al transporte público.

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, se reunió con el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los ministros del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaúnde; y de Justicia, Ernesto Álvarez, para coordinar… pic.twitter.com/z520W1WWmv

— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 8, 2026

Facultades legislativas

Durante la reunión, Fujimori reiteró que su gobierno presentará ante el Congreso una solicitud para recibir facultades legislativas. La iniciativa incluirá medidas vinculadas con la lucha contra la criminalidad, la atención de los efectos del Fenómeno de El Niño y la modernización de las instituciones estatales.

“Lo más importante es que todos podamos escucharnos. Quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión, para eso es fundamental articular entre todas las instituciones”, enfatizó.

Apoyo al sistema de justicia

Fujimori señaló que el Ejecutivo brindará apoyo a las instituciones que integran el sistema de administración de justicia. Este respaldo comprenderá los recursos que sean necesarios para atender sus requerimientos y mejorar su capacidad de respuesta.

La presidenta también planteó la conformación de mesas de diálogo para identificar problemas y acelerar los procedimientos dentro del sistema. Según indicó, estas coordinaciones buscan que los ciudadanos reciban una atención más rápida.

“Para poder ayudarlos, empoderarlos y darles los recursos que ellos necesitan; pero acá lo importante es velar por la seguridad de los ciudadanos, para eso articulamos mesas de diálogo para resolver, agilizar, y para que la justicia se vea, se sienta y sea más rápida”.

La presidenta también anunció que en los próximos días se reunirá con la titular del Poder Judicial. Fujimori precisó que este encuentro se desarrollará respetando la autonomía y la independencia de los poderes del Estado.

Situación del Ministerio Público

Durante la sesión, Tomás Gálvez presentó un diagnóstico sobre la situación del Ministerio Público y expuso la necesidad de fortalecer sus capacidades institucionales. También destacó la importancia de reforzar el trabajo conjunto con la Policía Nacional frente a los casos de inseguridad y criminalidad.

El fiscal de la Nación expresó su disposición a impulsar acciones coordinadas con el Ejecutivo. Asimismo, agradeció la reunión convocada por la presidenta y se refirió a las expectativas que tiene sobre la gestión gubernamental.

“Su gestión es esperanzadora”, afirmó.

“El Perú tiene todo el derecho de pedir extradición y allí comprometería a México para que jurídicamente respondan”, declaró para el programa Esta noche

Álvarez también defendió la entrega del salvoconducto que permitió la salida de la exfuncionaria y consideró que el Ejecutivo actuó conforme a la Convención de Caracas de 1954.

“Era lo correcto jurídicamente y el gobierno peruano ya no tenía otra opción”, afirmó.

Sobre Castillo, el ministro descartó la posibilidad de un indulto y calificó esa medida como “imposible jurídicamente”.

En el caso de Alejandro Toledo, sostuvo que cualquier eventual beneficio por motivos de salud deberá sustentarse en informes médicos rigurosos y descartó que la edad, por sí sola, permita evitar el cumplimiento de responsabilidades.

Belaunde precisó que aún no existe una fecha definida para iniciar el despliegue y explicó que la intervención se coordinará con el Ministerio del Interior mediante una fuerza conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“No hay fecha. Lo que estamos haciendo es definiendo la estrategia, cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas. (…) No quisiera adelantar nada, pero sí hay una estrategia integral en virtud de la cual las Fuerzas Armadas van a adquirir un rol preponderante, protagónico en la seguridad interna, pero en apoyo a la Policía Nacional del Perú, que es quien tiene el mandato constitucional para eso”, indicó.

El titular del Mindef agregó que el trabajo se desarrollará junto con el Ministerio del Interior y que el despliegue contemplará la participación coordinada de ambas instituciones.

Asimismo, Belaunde señaló que Keiko Fujimori dará próximamente mayores detalles sobre la estrategia y afirmó que su implementación requerirá facultades legislativas del Congreso.

A diferencia de la propuesta inicial de trasladarlos a los viernes, ahora se plantea mover al lunes más cercano aquellos que caigan entre martes y viernes.

Cuba explicó que esta alternativa permitiría reducir las interrupciones de la actividad económica durante la semana.

“Pasarlo al lunes más cercano es mejor. Hay actividades empresariales que ocurren sábados. La idea final es que cualquier feriado que caiga entre martes y viernes se vaya para el lunes. De tal manera que no cortas la cadena productiva”, señaló en RPP.

El titular del MEF también sostuvo que el cambio podría favorecer al sector turismo, debido a que las empresas tendrían mejores condiciones para organizar sus operaciones y servicios.

“Potencialmente puedes beneficiar al turismo. Las empresas de turismo tienen más espacio para planificar mejor”, afirmó.

Belaúnde señaló que participarán equipos del Ejército y de los ministerios de Agricultura, Vivienda y Transportes.

El titular de Defensa reconoció que existe preocupación por el retraso de varias obras preventivas y afirmó: “Ha habido una indolencia e inacción negligente”, por lo que consideró necesario actuar con rapidez.

El Ejército movilizará batallones de ingeniería hacia los sectores considerados críticos para realizar labores como la descolmatación de ríos y quebradas y culminar infraestructura de prevención.

En Piura, una de las zonas señaladas como sensibles, se contempla retirar vegetación del cauce del río para facilitar el ingreso de maquinaria y retirar cerca de dos millones de metros cúbicos de sedimentos.

Respecto a las geomallas colocadas durante el fenómeno de El Niño de 2017, el ministro explicó que varias están cargadas con rocas y ya cumplieron su función. Por ello, sostuvo que deberán ser reemplazadas por nuevas estructuras.

El pleno aprobó como miembros a Mery Infantes (Fuerza Popular), Jessica Pérez (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani (Renovación Popular), Heber López (Partido Cívico Obras) y Harvey Colchado (Ahora Nación).

El último miércoles, Juntos por el Perú retiró antes de la votación la propuesta de César Tito Rojas y designó a Jessica Pérez.

Además, será el diputado Cipriani quien estará a cargo de la coordinación de la sesión, en la que se elegirá al presidente.

“De nuestra parte hay un buen ánimo y también estoy viendo un buen ánimo por parte del Congreso de la República. Dejemos que los responsables políticos de ambos poderes puedan ponerse de acuerdo”, afirmó a la prensa.

La mandataria señaló que espera un debate amplio en el Parlamento y afirmó que los ministros acudirán a las comisiones ordinarias para explicar los alcances de la propuesta.

Sánchez difundió en su cuenta de X un mensaje sobre el encuentro.

“En el Grupo Parlamentario de Juntos por el Perú: Diputados y Senadores y los equipos técnicos hemos iniciado la discusión y análisis del proyecto preliminar de la solicitud de Facultades”, escribió, y planteó una interrogante sobre si la bancada debe conceder las facultades al Gobierno de Keiko Fujimori.

En el Grupo Parlamentario de Juntos por el Perú: Diputados y Senadores y los equipos técnicos hemos iniciado la discusión y análisis del proyecto preliminar de la solicitud de Facultades.
¿Debe la bancada del Pueblo otorgarle las facultades al gobierno fujimorista? pic.twitter.com/8fm8U69VQA

— Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) August 7, 2026

Sin embargo, las fotografías difundidas por el senador José Castillo Terrones exponen un dato omitido en la publicación que subió Sánchez en la red social.

Un gafete colocado junto a él en la mesa lo identifica como “Jefe de Gabinete de la Bancada JP”.

Como se sabe, Sánchez integró el Congreso durante el periodo 2021-2026 y ejerció como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo.

La aparición de Sánchez con ese título aún genera dudas sobre la función que cumplirá dentro del Parlamento.

Contexto

El proceso penal seguido a Vizcarra investiga los presuntos pagos ilícitos recibidos durante la licitación del proyecto Lomas de Ilo y la construcción del Hospital de Moquegua, cuando era gobernador regional de Moquegua entre los años 2011 y 2014.

La Fiscalía lo acusa de concertar cobros indebidos a cambio de otorgar la buena pro de las obras públicas a empresas privadas.

Es así como, el tribunal de primera instancia emitió una condena tras valorar las declaraciones de colaboradores eficaces e informes técnicos sobre el desarrollo del proyecto hídrico. Las coimas alcanzaron la suma de 2.3 millones de soles.

El fallo determinó la existencia de pactos ilícitos durante la gestión regional del exmandatario.

Fondo

Vizcarra apelará la sentencia condenatoria del 26 de noviembre de 2025 para lograr la absolución total de los cargos formulados en su contra.

Su defensa busca desestimar la validez de los testimonios clave e incorporar nuevos elementos probatorios sobre el rol de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en la licitación.

Por ello, según la resolución judicial, la Sala admitió el testimonio de Fernando Cotrim Barbieri, exoficial de la UNOPS, dado que consideran que su declaración podía incorporarse. El testigo había sido admitido durante la etapa intermedia, pero no pudo declarar en el juicio oral porque se encontraba fuera del país.

El testimonio estará relacionado con el convenio mediante el cual UNOPS tuvo a su cargo el proceso de selección del proyecto “Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo – Moquegua”.

La iniciativa lleva las firmas de José Marcelo Salazar, César Holguín Loaiza, Harvey Colchado Huamaní y Marleny Arminta Valencia, todos de la bancada de Ahora Nación.

Sustento

El proyecto modifica el artículo 27 del Reglamento del Congreso y el artículo 26 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que solo obliga a los parlamentarios a “participar” en sesiones sin precisar la modalidad.

En ese sentido, la propuesta restringe la modalidad virtual a solo dos supuestos: licencia por viaje fuera de Lima y licencia por enfermedad.

“Si bien es cierto se adecuó (la virtualidad) durante la pandemia, hemos seguido teniendo sesiones virtuales hasta el último día”, explicó Huilca a RPP Noticias.

La iniciativa documenta episodios de ausentismo verificados por la prensa. Por ejemplo, en junio de este año, nueve comisiones sesionaron con una tasa de presencialidad muy baja.

Reacción

Al respecto, el presidente del Congreso, Miguel Torres, ha señalado que la propuesta deberá ser debatida e hizo una “reflexión” ante la prensa.

“Los avances tecnológicos nos permiten ser más eficientes para poder desarrollar nuestra labor. Más allá de tener a una persona presente físicamente o no, lo que yo quiero ver es cuál es el resultado de su gestión”, opinó en contra de la iniciativa.

Torres señaló que el proyecto tiene que ser revisado por el Senado y la Cámara Baja.

“Alrededor del mundo, lo que ustedes van a ver es que los distintos parlamentos ejecutan sus funciones no necesariamente de manera presencial”, indicó Torres tratando de justificarse.

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori decidió otorgarle el salvoconducto requerido para dicho traslado, que la también excongresista esperó por nueve meses, desde el 3 de noviembre de 2025 cuando escapó para pedir el asilo.

Con esa decisión gubernamental, se reestablecieron las relaciones diplomáticas con México. La homóloga de Fujimori en el país vecino, Claudia Sheinbaum, saludó la medida, pero insistió en su crítica a la sentencia del expresidente Pedro Castillo.

Salida

Chávez Chino “salió del Grupo 8 (unidad de transporte de la Fuerza Aérea del Perú) alrededor de la medianoche”. El avión que la trasladó fue enviado exclusivamente para ella por la Fuerza Aérea mexicana. De acuerdo al canciller Carlos Espá, su partida se desarrolló con “normalidad”.

“Hicimos las coordinaciones con la mayor confidencialidad posible para garantizar su tranquilidad y todas las garantías del caso”, sostuvo a Canal N. Previamente, poco antes de las 7:00 a.m., la Cancillería ya había dado cuenta de dicha situación.

Sobre el otorgamiento del salvoconducto, precisó que este respondió a “las obligaciones derivadas de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que el Perú y México son partes”.

“El Gobierno del Perú reitera, de manera enfática, que no existe persecución política y que en el país impera el Estado de Derecho”, aseveró Torre Tagle.

En el pronunciamiento, anunciaron el restablecimiento de las conexiones diplomáticas con entre ambos país, “considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que los unen”.

Perú y México tomaron distancia diplomática en noviembre de 2025 luego que el Gobierno de José Jerí rechazara el citado asilo político. La secuencia fue la siguiente: el Tribunal Constitucional –por mayoría– ordenó excarcelar a Chávez tras señalar que, meses atrás, permaneció ocho días recluida sin una definición sobre la solicitud para ampliar su prisión preventiva (ver infografía).

Ya en libertad, la exlegisladora de Perú Libre dejó de presentarse a las audiencias del juicio oral por el golpe. Luego, el Estado informó que ya residía en la Residencia de la Embajada de México como asilada. En noviembre de 2025, fue sentenciada por conspiración para la rebelión a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión.

En el comunicado, la Cancillería aseguró que se reservarán el derecho de solicitar una extradición “de conformidad con los tratados aplicables a ambos Estados, ello en caso de que las autoridades judiciales peruanas lo requieran”. Este, no obstante, es un escenario poco favorable, de acuerdo a excancilleres consultados por Correo.

Al frente

Conocida la noticia, las presidentas de Perú y México, Keiko Fujimori y Claudia Sheinbaum, respectivamente, se pronunciaron.

La primera en hacerlo fue la dignataria mexicana, quien acostumbra a brindar una conferencia de prensa matutina. En aquel momento, Chávez aún no arribaba a dicho país.

“Fue un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno del Perú, desde hace ya varias semanas, fue una solicitud que hicimos. Es un elemento o una acción que, de buena voluntad, digámoslo así, de la presidenta Fujimori hacia México. Con esto se van a reestablecer las relaciones (diplomáticas) con Perú”, indicó. Inmediatamente, reiteró que su gestión “seguirá en la defensa del presidente Castillo por las razones expuestas”.

“Ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe; es un paso (el salvoconducto a la expremier). Bienvenida, Betssy Chávez a México”, acotó Sheinbaum.

Entre tanto, desde Junín, a donde se trasladó para supervisar el control de daños gestionado tras el sismo que vivió la región, Fujimori dio su versión del tema.

“Como lo señalé antes de asumir el mando, para nosotros era uno de nuestros objetivos y así se lo indicamos al canciller Espá: recuperar estas relaciones (con México). Nosotros vamos a tener un gobierno muy institucional y de absoluto respeto al Estado de Derecho. Con este principio, de acuerdo al derecho internacional, correspondía que el gobierno otorgue el salvoconducto”, afirmó.

La dignataria agregó que, “cuando uno actúa de manera institucional, no ve los colores políticos; uno actúa de acuerdo a ley”. Luego, detalló que nombrarán a un embajador de Perú en México y que esperan una gestión similar por parte del país vecino.

En otro momento, aseguró que respeta la posición de Sheinbaum sobre Castillo. “Sabemos cuál va a ser la postura de la presidenta Sheinbaum y está en su derecho de tenerla”, puntualizó.

Más reacciones

La salida de Chávez agitó el ambiente político. Figuras del partido político Juntos por el Perú (JP), que abogan por la libertad de Castillo y seguían de cerca el caso de la expremier, saludaron la decisión.

El candidato presidencial de JP y actual asesor parlamentario, Roberto Sánchez, sostuvo que “conceder el salvoconducto a Betsy Chávez ocurre porque era ya insostenible seguir negándolo”.

Los diputados Yenifer Paredes y Ernesto Zunini, también secretario general de JP, refirieron comentarios similares.

“Saludamos que se haya elaborado el salvoconducto, pudo darse hace mucho tiempo. Saludamos que se esté respetando, el asilo político es un derecho (…). Saludo las buenas iniciativas. (Fujimori) inició bien, está buscando el bien del Perú, creo”, indicó Paredes a la prensa. Luego, negó haberse acercado a la dignataria para solicitar el indulto de su cuñado, Pedro Castillo.

Zunini, en tanto, insistió con la excarcelación del exmandatario. “Saludamos el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con México (…). Sin embargo, en el país sigue pendiente una solución humanitaria y jurídica justa para el presidente Castillo. El respeto a los convenios entre Estados debe primar siempre”, señaló vía X.

La reunión se desarrolló como parte de las actividades oficiales cumplidas por el titular de Relaciones Exteriores durante su visita a Colombia. Espá llegó a Cali para participar también en la ceremonia de investidura del nuevo mandatario colombiano.

La Cancillería informó que el encuentro permitió expresar el consenso entre los cuatro Estados miembros para avanzar con acciones específicas durante las próximas semanas. El objetivo planteado es fortalecer la integración regional y generar beneficios para los ciudadanos de los países participantes.

La posición fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial en X. En la publicación, la institución destacó la coordinación entre los integrantes del bloque comercial.

#NoticiasTorreTagle | En Cali, el canciller Carlos Espá participó en una cena de camaradería de la Alianza del Pacífico muestra del consenso de los cuatro países miembros de impulsar en las próximas semanas, a través de acciones específicas, la integración regional en beneficio… pic.twitter.com/gMxe7lqBfG

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 8, 2026

Perú asumirá la presidencia en diciembre

Durante el encuentro también se recordó que Perú asumirá la presidencia de la Alianza del Pacífico en diciembre próximo. El país ejercerá la conducción del mecanismo integrado por Perú, Chile, Colombia y México.

La participación de Espá en Cali se produjo en el marco de la agenda diplomática peruana vinculada con el nuevo gobierno colombiano. El canciller permanece en esa ciudad tras asistir a la ceremonia en la que Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030.

La diligencia estará a cargo del Segundo Juzgado Constitucional de Lima y comenzará a las 11:00 a. m. Durante la sesión se revisarán los argumentos planteados por la defensa respecto al proceso penal que terminó con la sentencia contra el exmandatario.

¿Qué argumentos presentó la defensa?

El recurso constitucional fue presentado por Walter Ayala, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno de Castillo y actualmente ejerce su defensa legal. El abogado sostiene que durante el proceso se habría vulnerado el derecho a la defensa del exmandatario.

La demanda pretende que se declare la nulidad de las actuaciones cuestionadas y, como consecuencia, se deje sin efecto la condena impuesta a Castillo. La defensa también solicita que esta decisión permita su excarcelación.

El planteamiento toma como uno de sus principales argumentos un informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas. Dicho documento cuestionó la legalidad de la detención del exmandatario y señaló presuntas vulneraciones relacionadas con el debido proceso.

La defensa pretende que el recurso constitucional alcance las decisiones adoptadas luego de los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022. Ese día, Castillo anunció la disolución del Congreso y posteriormente fue detenido.

El proceso penal concluyó con una sentencia de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. La solicitud presentada ante el juzgado constitucional busca cuestionar esa condena y revertir sus efectos.

La audiencia del 12 de agosto será una nueva instancia de revisión del caso en el ámbito constitucional. Hasta que exista una resolución judicial sobre el hábeas corpus, Pedro Castillo continuará cumpliendo la sentencia impuesta.

La mandataria señaló que la llegada de De la Espriella al Gobierno colombiano abre una nueva etapa para la relación bilateral. Asimismo, manifestó su deseo de que el nuevo mandatario tenga éxito durante su gestión.

“Extiendo mis felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por asumir la presidencia de Colombia. En nombre del pueblo peruano, le deseo éxitos en esta nueva etapa y confío en que podremos fortalecer las relaciones de amistad y cooperación que siempre han unido a nuestras naciones”, escribió.

Extiendo mis felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por asumir la presidencia de Colombia. En nombre del pueblo peruano, le deseo éxitos en esta nueva etapa y confío en que podremos fortalecer las relaciones de amistad y cooperación que siempre han unido a nuestras naciones. 🇵🇪 🇨🇴

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 7, 2026

El abogado colombiano asumió este viernes la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030. La ceremonia se desarrolló en el Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo de la Universidad Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

La toma de mando tuvo como particularidad que se realizó fuera de Bogotá. El nuevo mandatario, de 48 años, inició así su gestión al frente del Gobierno colombiano.

De la Espriella cuenta con nacionalidad colombiana y estadounidense y ha expresado afinidad política con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Su administración plantea una política de seguridad enfocada en combatir a las organizaciones guerrilleras y las redes vinculadas al narcotráfico.

En el ámbito internacional, el nuevo Gobierno colombiano contempla reforzar la cooperación con Washington en asuntos de seguridad y comercio. La ceremonia de investidura se realizó en Cali, una ciudad ubicada en el departamento del Valle del Cauca.

“Era uno de nuestros objetivos y así se lo explicamos al canciller Carlos spá de recuperar estas relaciones. Además, como lo hemos señalado, vamos a tener un gobierno muy institucional y respetuoso del Estado de derecho. Con este principio y de acuerdo al derecho internacional, correspondía otorgar el salvoconducto a la señora Betsy Chávez. Como gobierno institucional no vemos los colores políticos; actuamos conforme a la ley, y eso ha sido bien recibido por el Gobierno mexicano”, señaló la mandataria.

Fujimori indicó que en los próximos días se designará un embajador peruano en México y que el Gobierno mexicano hará lo propio con su representante en el Perú.

Asimismo, afirmó que respeta la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a su pedido de libertad para el expresidente Pedro Castillo; sin embargo, ratificó que la postura del gobiernoo de respeto a la decisión del Poder Judicial peruano, que lo sentenció en primera instancia.

También menLa posibilidad de un pedido de extradición esta´en la potestad del gobienro pero no se ha contemplado aún.

La solicitud busca que se apliquen a Heredia los efectos de un fallo del Tribunal Constitucional que favoreció a su esposo, el expresidente Ollanta Humala. La defensa sostiene que ambos fueron procesados por hechos vinculados con los aportes recibidos durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

El abogado David León presentó ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional un escrito para solicitar la extensión del criterio establecido por el Tribunal Constitucional. El planteamiento se fundamenta en los principios de legalidad y tipicidad, utilizados por el máximo intérprete de la Constitución en el caso de Humala.

Según la defensa, los aportes ilícitos atribuidos a las campañas de 2006 y 2011 no estaban contemplados como delito bajo la legislación vigente en el momento en que ocurrieron. Por ello, sostiene que mantener la condena vulneraría los derechos reconocidos en la resolución constitucional.

El pedido también alcanza a Ilán Heredia Alarcón, hermano de la ex primera dama e involucrado en el mismo expediente relacionado con el financiamiento del Partido Nacionalista Peruano. La estrategia legal toma como referencia además decisiones adoptadas en otros procesos, entre ellos el caso Cócteles, donde se aplicó el principio de igualdad entre personas procesadas por hechos vinculados.

Defensa sostiene que corresponde aplicar el mismo criterio

Durante una audiencia de apelación, la defensa señaló que las imputaciones atribuidas a Nadine Heredia y Ollanta Humala por las campañas presidenciales corresponden a los mismos hechos. El abogado David León sostuvo que esa coincidencia permite solicitar que el criterio constitucional aplicado al expresidente también alcance a los demás procesados en una situación similar.

“Si los demás procesados están en la misma situación y el hecho es el mismo, pues corresponde extenderse”, sostuvo.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional recibió el escrito durante la sesión pública desarrollada en la sede de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. El colegiado, encabezado por el juez Josué Córdova, debe emitir su pronunciamiento dentro del plazo correspondiente.

¿Qué ocurriría si se acepta el pedido?

Si la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional acoge la solicitud, la defensa sostiene que la condena de 15 años quedaría sin efecto como consecuencia de la aplicación del criterio constitucional. De acuerdo con la defensa, una decisión favorable permitiría que la ex primera dama evalúe su retorno al Perú sin afrontar las medidas derivadas de la condena cuestionada.

La defensa ha señalado que existe intención de que Heredia regrese al país si el Poder Judicial declara la nulidad de la sentencia. La decisión que adopte el colegiado este viernes determinará si el pedido basado en el fallo del Tribunal Constitucional puede aplicarse a su caso.

Como se recuerda, la exprimera dama permanece en Brasil desde 2025, donde recibió la condición de asilada diplomática por parte de las autoridades de ese país. Su defensa sostiene que esta situación responde a mecanismos de protección contemplados en la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático.

La defensa del expresidente busca que el tribunal superior revise los argumentos planteados contra la sentencia emitida en primera instancia. El proceso corresponde al delito de cohecho pasivo propio y está relacionado con hechos ocurridos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Durante la sesión, los magistrados evaluarán los cuestionamientos formulados por la defensa contra el fallo condenatorio. Con ello, la instancia superior deberá determinar si corresponde mantener la decisión, modificarla o adoptar otra medida dentro del marco del proceso de apelación.

#Importante Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional programa para el jueves 20 de agosto, a las 11:00 a. m., la audiencia de apelación de sentencia en el proceso seguido contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo y otros, por el delito de cohecho pasivo.👉https://t.co/shmYtwU1Ig pic.twitter.com/gffaW24GyK

— Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) August 7, 2026

La condena fue dictada el 26 de noviembre de 2025 por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional. El fallo impuso 14 años de prisión efectiva a Vizcarra por hechos vinculados con los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

El primer caso está relacionado con el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, ejecutado durante su administración regional en Moquegua. La investigación examinó presuntos pagos indebidos vinculados con la adjudicación y ejecución de esta obra.

El segundo expediente corresponde al Hospital Regional de Moquegua, también desarrollado durante su gestión como gobernador. En este caso se analizaron pagos atribuidos a empresas constructoras y decisiones relacionadas con la contratación de obras públicas en la región.

Según la sentencia apelada, Vizcarra recibió más de S/2.3 millones en sobornos vinculados con ambos proyectos. El fallo también estableció una inhabilitación para ejercer cargos públicos y otras obligaciones económicas derivadas del proceso.

La audiencia del 20 de agosto permitirá que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional revise los argumentos de la defensa y los demás elementos relacionados con la condena. La decisión que adopte esta instancia determinará el siguiente paso en el proceso judicial contra el exmandatario.