Tras la medida adoptada por la justicia, Humala Tasso centró sus comentarios en el tratamiento que reciben los aportes de campaña en distintos procesos judiciales. El exmandatario resaltó que en el caso de PPK, la resolución judicial estableció que los aportes de campaña no constituyen lavado de activos. A partir de ello, cuestionó que en su propio proceso no se haya aplicado el mismo criterio.

El exmandatario señaló que la resolución judicial en el caso de Pedro Pablo Kuczynski ha sido reiterada en el tiempo y reafirma una misma interpretación sobre los aportes electorales. En esa línea, indicó que, en su caso, no se ha demostrado que el dinero investigado tenga origen ilegal.

“El Poder Judicial ratifica por tercera vez que un aporte de campaña no es Lavado de Activos. En nuestro caso, el Ministerio Publico ni siquiera pudo demostrar la entrega de un aporte mal habido”, escribió.

El Poder Judicial ratifica por tercera vez que un aporte de campaña no es Lavado de Activos.
En nuestro caso, el Ministerio Publico ni siquiera pudo demostrar la entrega de un aporte mal habido.
Entonces, por qué yo sigo en prisión.
Hoy nadie puede negar el acoso y persecución… https://t.co/lQFdT0p8in

— Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) May 15, 2026

Cuestiona su permanencia en prisión

El exjefe de Estado afirmó que, pese a no existir pruebas sobre dinero ilícito en su proceso, continúa cumpliendo prisión desde hace más de un año. En ese sentido, señaló que no entiende por qué permanece privado de libertad bajo estas condiciones.

“Entonces, por qué yo sigo en prisión”, cuestionó.

El expresidente sostuvo que su caso refleja un escenario de persecución política contra el nacionalismo. Además, afirmó que su detención fue irregular y cuestionó el tiempo que lleva en prisión, sin embargo aseguró que defenderá su posición. Sobre este punto, indicó que seguirá insistiendo en su defensa dentro del proceso.

“Hoy nadie puede negar el acoso y persecución política que ha sufrido el Nacionalismo. Llevo más de un año en prisión, habiendo sido detenido ilegal e inconstitucionalmente. Seguiré luchando para encontrar justicia”, concluye el comunicado.

De acuerdo con el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, el balotaje se realizará el próximo domingo 7 de junio.

La segunda vuelta se activa debido a que ningún candidato superó el 50 % de los votos válidos en la primera jornada electoral.

La ONPE informó que el horario de votación para esta nueva jornada será desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Durante ese periodo, más de 27 millones de ciudadanos podrán acudir a las urnas para emitir su voto.

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El postulante de Juntos por el Perú, negó haber participado en actos ilícitos y sostuvo que su intervención en el partido se limitaba a funciones de representación. Asimismo, indicó que los señalamientos en su contra están siendo atendidos por su defensa legal.

En relación con las acusaciones, afirmó que no existe responsabilidad en el manejo de información partidaria. Sanchez aseguró que mantiene una posición de respeto frente al desarrollo del proceso judicial.

“Rechazamos cualquier actuación irregular o ilegal. Que se investigue, estamos tranquilos con eso”, indicó.

#EnVivo

Roberto Sánchez: La investigación que le hicieron a mi hermano ya acabó. Es inocente, no tiene ninguna irregularidad y no hay nada pendiente con la justicia. A mí, que ya me sacaron también eso, dicen que he dado falsa declaración. Yo me someto a la investigación… pic.twitter.com/sklqT6inLx

— Canal N (@canalN_) May 15, 2026

Proceso fiscal

El candidato explicó que la Fiscalía ha incorporado elementos de convicción dentro de la investigación que se le sigue. Según indicó, su equipo legal viene respondiendo a estos documentos en el marco del proceso.

Además, sostuvo que confía en que el caso no avanzará debido a la falta de sustento en las imputaciones. El candidato señaló que será el sistema de justicia el encargado de definir el resultado.

“Estoy seguro de que eso se caerá porque no tiene razón de ser. Sin embargo, soy respetuoso del sistema de justicia”, expresó.

Sánchez también se refirió al proceso judicial que involucró a su hermano y afirmó que este ya concluyó. Al respecto aseguró que no se establecieron responsabilidades en su contra.

El candidato sostuvo que el caso fue cerrado por las autoridades tras su evaluación. Añadió que no existe ningún procedimiento pendiente relacionado con ese hecho.

“La investigación que hicieron a mi hermano ya acabó. Es inocente, no tiene ninguna irregularidad y no hay nada pendiente con la justicia”, subrayó.

Durante sus actividades de campaña, el postulante señaló que esperará la proclamación oficial de resultados prevista para este domingo 17 de mayo para definir cuándo presentará a su equipo técnico.

“El día domingo, que será la proclamación oficial, vamos a decidir el día (de la presentación del equipo). Será de repente miércoles. Vamos a coordinar con nuestro equipo porque estamos ya en condiciones de anunciar nuestro equipo económico, nuestro equipo político, nuestro equipo de voceros”, declaró.

Sánchez sostuvo que los resultados de la primera vuelta reflejan la necesidad de construir consensos políticos y sociales.

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El aspirante explicó que la iniciativa no se limita a una sede específica, sino que responde a la intención de incorporar a sectores del interior del país. En ese sentido, señaló que el planteamiento busca dar mayor presencia a las regiones en el proceso electoral.

Durante sus declaraciones, el candidato sostuvo su postura sobre el significado político de la propuesta. El mensaje fue expuesto como parte de su defensa de la iniciativa vinculada al debate presidencial.

Representación de sectores del interior del país

El postulante de Juntos por el Perú indicó que su planteamiento está orientado a visibilizar a poblaciones del ámbito rural que, según su posición, han tenido menor participación en espacios políticos. También señaló que la propuesta busca reconocer a comunidades del interior del país dentro del debate electoral.

En ese contexto, el candidato explicó el sentido de su postura sobre la representación política. Sus declaraciones estuvieron centradas en la idea de que el debate debe reflejar a distintos sectores del país.

En relación con ello, durante su intervención expresó lo siguiente al referirse a su representación política

“No está en juego el individuo. Yo represento esa voz de los peruanos más pobres, los pueblos profundos, quechuas, aymaras, amazónicos”

Posición sobre la realización del debate en distintos espacios

El candidato también se refirió a la posibilidad de que el debate se realice en diferentes ciudades del país, incluyendo la capital y regiones del interior. En ese marco, indicó que no tiene restricciones para participar en distintos escenarios.

Asimismo, sostuvo que el debate puede desarrollarse tanto en San Marcos como en Chota dentro del proceso electoral. Su posición estuvo enfocada en la disponibilidad para asistir a diversos espacios de discusión.

En otro momento, el postulante reiteró su apertura a participar en distintos puntos del país durante la campaña. En ese contexto expresó lo siguiente sobre su disposición

“Yo no temo ir a ningún lugar. Vamos a San Marcos, la Decana de América, vamos a Chota”

El dirigente político indicó que la propuesta contempla un enfrentamiento electoral entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en un espacio universitario. Zunini además precisó que la iniciativa aún no ha sido presentada de forma oficial ante la opinión pública por el propio candidato presidencial.

“Todavía no lo ha hecho público, pero él ha propuesto que se debata en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por ejemplo. Estaríamos encantados que, en una universidad pública, en un contexto en el cuál varios dirigentes del movimiento estudiantil están protestando por una universidad pública, gratuita y de calidad, sería importante que los candidatos presidenciales regresen a estos recintos del conocimiento, para exponer al país cuáles son sus propuestas”, comentó en RPP.

¿Por qué se desarrollaría en la UNMSM?

La propuesta responde a la idea de llevar las discusiones políticas a un entorno académico. Esta institución pública es considerada como un escenario representativo de la educación superior en el país.

En esa línea, el secretario general sostuvo que este tipo de espacios permitiría que los candidatos expongan sus propuestas en contacto con la comunidad universitaria. Además, mencionó que existe un contexto de movilización y debate en torno al rol de la universidad pública.

Desde la organización política se indicó que se encuentran a la espera de las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones. Este organismo será el encargado de definir las reglas que regirán la realización de los debates electorales.

“Estamos preparados para asumir un debate con nuestros adversarios y saldremos airosos de ello”, expresó Zunini.

El dirigente de Juntos por el Perú reiteró que la iniciativa vinculada al debate en la UNMSM todavía no ha sido formalizada. El tema continúa en evaluación dentro del contexto de las próximas elecciones presidenciales.

Durante declaraciones a la prensa, el legislador calificó esa opción como inviable y aseguró que no debería concretarse.

“Es inaceptable, eso no se puede permitir de ninguna manera”, afirmó Montoya al ser consultado sobre una eventual liberación del exmandatario. Además, señaló que impulsaría una medida política contra el jefe de Estado si se concreta esa decisión.

“Ahí sí lo censuramos al presidente antes de que dé la libertad”, declaró el parlamentario, quien también cuestionó que se intenten promover modificaciones políticas durante el actual proceso electoral.

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La candidata de Fuerza Popular obtuvo 2 877 678 votos, mientras que el representante de Juntos por el Perú alcanzó 2 015 114 votos.

Tras concluir el conteo, la Secretaría General de la ONPE remitirá los resultados al Jurado Nacional de Elecciones, organismo encargado de oficializar la proclamación mediante una resolución.

La definición por el segundo lugar fue la más ajustada de la jornada electoral. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga mantuvieron una disputa voto a voto que se prolongó hasta el cierre del cómputo oficial.

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Esta resolución fue emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien ordenó el sobreseimiento definitivo de ambos procesos. El magistrado concluyó que no existían elementos suficientes para sustentar la acusación por lavado de activos.

En su análisis, el juzgado señaló que el dinero cuestionado transitó a través del sistema financiero formal. Además, precisó que los movimientos fueron realizados mediante bancos internacionales, lo que permitió que los fondos fueran rastreables por las autoridades competentes.

Investigación por aportes de Odebrecht

El caso estaba relacionado con presuntos aportes de Odebrecht por 300 mil dólares destinados a la campaña presidencial de Kuczynski en el 2011. Según la tesis fiscal, ese dinero habría sido transferido mediante la empresa Westfield Capital.

Además, la fiscalía identificó transferencias que consideró sospechosas y que estarían relacionadas con proyectos de infraestructura ejecutados cuando Kuczynski ocupó cargos públicos como ministro de Economía y premier entre 2001 y 2006. De acuerdo con la acusación, más de 8.6 millones de dólares habrían sido derivados a empresas vinculadas al exmandatario.

Según el Ministerio Público, estos recursos habrían sido utilizados para la compra de inmuebles, el financiamiento de campañas políticas, el pago de tarjetas de crédito y transferencias a terceros. Estos movimientos formaban parte de los elementos evaluados dentro del proceso judicial.

Durante la audiencia, la defensa del exmandatario sostuvo que los hechos atribuidos no configuraban delito. Ese argumento fue evaluado por el juzgado al momento de resolver el pedido presentado por el exjefe de Estado.

Respecto al presunto delito de asociación ilícita para delinquir, el juez tomó en cuenta un fallo previo emitido por la Corte Suprema. Esa resolución benefició anteriormente a Susana de la Puente por hechos similares vinculados a esta investigación.

El magistrado reconoció que en etapas anteriores había rechazado solicitudes similares de otros involucrados en el mismo caso. Sin embargo, explicó que optó por modificar su postura para mantener criterios de seguridad jurídica y predictibilidad en las decisiones judiciales.

El Ministerio Público había solicitado una condena de 35 años de prisión contra el exmandatario por estos delitos. Con esta decisión judicial, los procesos vinculados a estos cargos quedaron archivados de manera definitiva.

¿Cómo reaccionó el expresidente tras la noticia?

El exjefe de Estado ofreció una breve entrevista en Canal N, donde expresó su satisfacción tras la decisión judicial y señaló que el fallo representa un acto de justicia. Además, aseguró que nunca solicitó dinero ilícito y cuestionó el trabajo realizado por el fiscal José Domingo Pérez durante las investigaciones en su contra.

“Estoy muy contento de haber escuchado esta noticia que yo conocía y me parece que se está haciendo justicia. Porque nosotros no hemos solicitado ni un solo centavo y hemos sufrido durante años los embates de un fiscal politizado”, afirmó.

En otro momento, sostuvo que el proceso afectó varios años de su vida y su estado de salud. Según explicó, las investigaciones le impidieron estar junto a su esposa durante un largo periodo y aseguró que no olvida las consecuencias personales que enfrentó.

Kuczynski también criticó algunas decisiones adoptadas en el marco del caso Caso Lava Jato en Perú y señaló que aún existen aspectos que deberían ser investigados. Pese a ello, afirmó que mantiene una postura de perdón frente a quienes impulsaron el proceso en su contra.

Al referirse a ello, señaló que busca dejar atrás lo ocurrido, aunque considera que deben revisarse ciertos procedimientos. En esa línea manifestó que “en la vida hay que perdonar. Yo soy católico cristiano, yo perdono, pero yo creo que hay que limpiar un poco la cosa ahí”.

#EnVivo

PPK tras el archivo definitivo de investigación en su contra: Estoy muy contento de haber escuchado esta noticia, se está haciendo justicia, no hemos lavado ni un solitario centavo

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— Canal N (@canalN_) May 15, 2026

Durante una entrevista con Canal N, el parlamentario señaló que el jefe de Estado ha mostrado retrocesos en varias decisiones en medio del actual escenario político.

“No solamente hasta ahorita, ya el congresista López, que es de mi bancada, yo firmé esa moción de censura”, manifestó Soto al ser consultado sobre su posición frente a la medida promovida desde el Congreso.

El legislador también indicó que aún no revisa la moción presentada por Edward Málaga, aunque señaló que evaluará su contenido más adelante.

Ante las críticas sobre una eventual mayor inestabilidad política por impulsar una censura cuando el gobierno está próximo a concluir, Soto afirmó que todavía existe margen para debatir esa posibilidad.

“Hay bastante tiempo, creo que igual el presidente Balcázar no está tomando decisiones adecuadas también”, afirmó.

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El congresista explicó que la propuesta presentada por Édgar Tello del partido Podemos Perú no será sometida a votación en la sesión plenaria programada para este viernes. En ese sentido, indicó que el proyecto debe regresar primero a la Comisión de Educación debido a procedimientos legislativos pendientes.

Montalvo recordó que en noviembre del año pasado el Pleno ya abordó una propuesta similar. En aquella oportunidad se aprobó una cuestión previa para que el tema vuelva a comisión y se emita un nuevo análisis técnico.

“Ustedes saben que existe actualmente un cuarto intermedio respecto al proyecto, pero quiero recordar que, en noviembre pasado, el Pleno también vio un proyecto de la misma materia, donde se pidió cuestión previa para que regrese a la Comisión de Educación y se aprobó. Por lo tanto, corresponde a la Comisión de Educación elaborar un predictamen al respecto”, explicó.

Podría solicitar más plazo

El titular de la Comisión de Educación también fue consultado sobre la posibilidad de que el Congreso retome el debate del proyecto durante la jornada de este viernes. Frente a ello, afirmó que pediría una ampliación de tiempo si se intenta levantar el cuarto intermedio. Asimismo, sostuvo que primero debe resolverse la cuestión previa aprobada anteriormente.

“Si es que hoy me pidieran que levante el cuarto intermedio voy a solicitar una ampliación de tiempo hasta que se resuelva la cuestión previa que se aprobó en noviembre”, aseguró.

La propuesta legislativa plantea cambios en los artículos 66 y 68 de la Ley Universitaria. Con la reconfiguración se permitiría que actuales rectores y vicerrectores de universidades públicas puedan postular de manera inmediata a un nuevo periodo.

A raíz de esta iniciativa, se han reportado protestas de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes rechazan la iniciativa por considerar que podría beneficiar a actuales autoridades universitarias. Los manifestantes mantienen la toma del campus mientras esperan que el proyecto no avance en el Parlamento.

Raúl Inga Garay fue designado como nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Su nombramiento quedó formalizado mediante la Resolución Suprema N.° 099-2026-JUS, publicada en la edición de este viernes del diario oficial El Peruano.

El documento oficial lleva las firmas del presidente José María Balcázar y del ministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Enrique Jiménez. Con ello, Inga Garay asume la conducción del organismo encargado de administrar el sistema penitenciario en el país.

¿Qué pasó con el anterior titular?

El cambio de mando se produjo luego de la salida de Jorge Henry Cotos Ochoa, quien presentó su renuncia al puesto el mes pasado. En el documento remitido al Ejecutivo, el exfuncionario señaló que su decisión respondía a “temas estrictamente personales y de salud familiar”.

La renuncia también fue oficializada este viernes mediante la Resolución Suprema N.° 098-2026-JUS. En ese documento, el Gobierno agradeció a Cotos Ochoa por los servicios prestados durante su gestión.

El INPE está dirigido por el Consejo Nacional Penitenciario. Este órgano está integrado por tres especialistas en materia criminológica y penitenciaria.

Los miembros del consejo son elegidos mediante resoluciones supremas emitidas por el Poder Ejecutivo. Su función principal es supervisar y administrar el sistema penitenciario a nivel nacional.

DETALLES

En una conferencia de prensa, Roberto Burneo, presidente del JNE, recordó que estas semanas fueron muy exigentes para el sistema electoral.

“Es importante hablar con claridad y transparencia sobre los pasos que siguen. El proceso sigue en curso”, indicó.

En ese sentido, precisó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) ya realizan la proclamación de los resultados presidenciales, proceso que terminará mañana 16 de mayo.

“Quiero reconocer públicamente el esfuerzo que vienen realizando los JEE desplegados a nivel nacional y que han trabajado en jornadas muy largas, revisando expedientes y recuento de votos con independencia”, afirmó.

En ese sentido, Burneo señaló que el organismo electoral trabaja sin pausa, pero con serenidad, rigurosidad y responsabilidad.

“Se procederá a proclamar las fórmulas que pasarán a la segunda vuelta el domingo 17 de mayo a horas de la mañana”, indicó.

Minutos antes, Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, informó que los 60 JEE resolvieron 8 mil actas observadas en 2300 audiencias de recuentos de votos.

AUDITORÍA

En otro momento, Burneo se refirió a la auditoría informática integral que realizarán de la primera vuelta.

Precisamente, este domingo se anunciará el comité de expertos que acompañará esa evaluación.

“Revisar y mejorar los procesos es parte importante y el deber de todas las instituciones democráticas para fortalecer y generar cada vez más confianza y credibilidad de la ciudadanía en los organismos del Estado”, sostuvo.

Finalmente, dijo que “el JNE reafirma su compromiso inquebrantable de que la voluntad popular expresada en las urnas se respete plenamente y que la democracia salga fortalecida”.

La lideresa naranja retó al izquierdista a debatir y este último aceptó, aunque con condiciones.

RESPUESTA

El miércoles, Keiko Fujimori propuso la realización tres debates para esta segunda vuelta.

Un debate de candidatos a la presidencia, un debate de candidatos a la vicepresidencia y un debate de los equipos técnicos de cada partido político.

Durante una actividad en Piura, Fujimori consideró que los debates deben dividirse en tres jornadas con el objetivo de que los votantes tomen la mejor decisión.

“En lo personal creo que deberían ser tres debates. Uno de los candidatos presidenciales, un segundo de los vicepresidentes y un tercero de los equipos técnicos. Yo creo que con tres debates y con la participación de todos estos grupos, la población podrá sacar sus mejores conclusiones”, afirmó.

Ayer por la mañana, el candidato presidencial Roberto Sánchez fue consultado sobre la posibilidad de debatir con Keiko y respondió entre risas: “Que sea cara a cara, pero en Chota (Cajamarca)”.

LUGAR

Tras participar de la sesión del pleno del Congreso, el representante de Juntos por el Perú dijo que sí estaba preparado para debatir.

“Estamos listos para debatir en la macrosur, en el macronorte y en el macrocentro”, afirmó.

En declaraciones a la prensa, consideró que Keiko Fujimori no debe tener temor de ir a un gran debate en Chota, Cajamarca.

Como se recuerda, Chota es la ciudad de donde proviene el expresidente Pedro Castillo.

Al ser cuestionado sobre por qué sugiere Chota comolugar de debate si no nació allí, Sánchez “que la peruanidad va desde Tumbes a Puno”.

“No hay que tener temor o discriminación”, afirmó.

A través de un comunicado, la organización aseveró que el JNE “convalida el fraude denunciado y probado” en las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, reconoció que “ya agotó” todas las instancias para presentar quejas.

En detalle

La agrupación presentó una solicitud de nulidad, en relación a dichas actas, “por constituir una violación flagrante, insubsanable y de máxima gravedad”.

Sin embargo, el JNE concluyó que no existieron dichas circunstancias. Por ello, RP afirmó que la institución, liderada por Roberto Burneo, “desconoce su rol de garante” de una “elección transparente y fiscalizada”.

“(El JNE) ha preferido el formalismo que el mandato constitucional de fiscalizar y asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica de los ciudadanos, lo que se materializa con la cadena de custodia del material electoral desde su salida de la ONPE (…) lo que no fue cumplido en los centros poblados”, indicó.

Finalmente, la agrupación señaló que “el partido expresa su solidaridad con los votantes. Ha luchado y agotado todas las instancias (...)”.

Espera

En el mismo comunicado, el partido se comprometió a “luchar desde el Congreso para desmantelar a esta organización criminal” que, según indicó, “pone en riesgo la democracia y la libertad” y “ha abdicado de sus funciones”.

Sin embargo, no precisó si sus miembros asumirán los cargos de diputados y senadores para los que han sido electos. Al respecto, el congresista Diego Bazán, hoy en la bancada de RP, afirmó que su agrupación se reunirá hoy para tomar una decisión al respecto.

Además, detalló que la decisión será tomada junto a su candidato presidencial, Rafael López Aliaga. Agregó que retirarse de la representación parlamentaria significaría “darle la espalda al país”.

“Hemos tomado la decisión de ir al Congreso. Trucho o no trucho pero vamos a ir. Yo no voy a ir (....) vamos a ponerle la puntería, señor Burneo, desde ahora se lo digo, a usted y a toda su Junta Nacional”, expresó López Aliaga.

El postulante también sostuvo que, pese a las críticas de su partido al proceso electoral, no se apartarán del Congreso.

“Yo no voy a prestarme a ir a un proyecto electoral y poner a una lista de agentes en el Congreso y decir ya no, ya me voy, no. Yo soy serio, yo voy a estar liderando la bancada, tanto de senadores como de diputados”, declaró.

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El legislador explicó que actualmente existe un cuarto intermedio sobre la propuesta, pero recordó que en noviembre del año pasado el pleno aprobó una cuestión previa para que una iniciativa similar regrese a la Comisión de Educación. Por ello, señaló que corresponde elaborar un nuevo predictamen antes de que el tema vuelva a ser debatido.

Montalvo indicó que la comisión trabajará en los próximos días en la elaboración del predictamen respectivo.

Asimismo, adelantó que, si durante la sesión plenaria se solicitaba levantar el cuarto intermedio, pediría ampliar el plazo hasta resolver la cuestión previa aprobada anteriormente.

El parlamentario recordó además que los artículos 66 y 68 de la actual Ley Universitaria prohíben la reelección inmediata de rectores. En ese sentido, sostuvo que una eventual modificación en sentido contrario podría vulnerar el artículo 18 de la Constitución Política del Perú, relacionado con la autonomía universitaria.

La iniciativa, basada en el Proyecto de Ley 14251/2025-DP, obtuvo 100 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Además, fue exonerada de una segunda votación.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría, indicó que un análisis de la Defensoría del Pueblo detectó que varios locales utilizados en elecciones no cuentan con condiciones adecuadas de accesibilidad, seguridad e infraestructura.

Con la modificación, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales deberán priorizar como sedes de votación a universidades, institutos y centros educativos públicos y privados.

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A través de la Resolución N.º 1122-2026-JNE, el organismo electoral ratificó la validez de dichas actas y rechazó las denuncias de presuntas irregularidades.

El tribunal electoral sostuvo que el recurso fue presentado fuera del plazo legal establecido, ya que ingresó el 5 de mayo, superando el límite de tres días calendario posteriores a las elecciones. Además, precisó que el solicitante no contaba con acreditación vigente como personero legal ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), lo que afectó su legitimidad procesal.

En la resolución, el JNE rechazó los argumentos sobre supuestas “actas fantasma” y recordó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene la facultad constitucional de instalar mesas de sufragio en zonas rurales y de difícil acceso para garantizar el derecho al voto de las poblaciones más alejadas.

Asimismo, el organismo indicó que estas mesas cuentan con los mismos mecanismos de control y fiscalización que el resto del país, incluyendo presencia de miembros de mesa, personeros, fiscalizadores y resguardo de las Fuerzas Armadas.

El fallo concluyó que las acusaciones de fraude electoral carecen de pruebas objetivas y se sustentan únicamente en sospechas.

El Pleno del JNE también cuestionó los argumentos expuestos por la defensa de Renovación Popular sobre una supuesta manipulación de votantes en zonas rurales.

Los magistrados consideraron que dichas afirmaciones resultan discriminatorias, al poner en duda la capacidad de decisión y participación democrática de los ciudadanos de centros poblados alejados. La resolución, firmada por los magistrados Jorge Luis Salas Arenas, Burneo Bermejo y Gonzales Barrón, tiene carácter inapelable.

Durante su ingreso al Congreso, el postulante señaló que su agrupación está dispuesta a participar en debates en el macro sur, macro centro y macro norte.

“Nosotros estamos listos para ir a debatir en las regiones macro sur, macro centro y macro norte; y por qué deberíamos tener temor de ir a un gran debate en la provincia de Chota en la región Cajamarca, estamos dispuestos”, afirmó.

Sánchez también respaldó la posibilidad de que los equipos técnicos de ambas agrupaciones participen en encuentros públicos y reiteró que está dispuesto a asistir a todos los espacios de debate.

En otro momento, el candidato se refirió a la denuncia vinculada al manejo de fondos de su partido y sostuvo que el caso corresponde a un periodo en el que la agrupación no recibía recursos públicos.

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Durante una actividad en Chiclayo, Fujimori se pronunció sobre la propuesta de Roberto Sánchez de debatir en Chota y cuestionó esa iniciativa al señalar que también podría realizarse en su ciudad de origen o residencia.

#Voto2026 | Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, responde a Roberto Sánchez y le propone hacer un debate en Huaral o San Borja: El señor Sánchez no es de Chota, vive en San Borja

Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/OuVNIepSgx

— Canal N (@canalN_) May 14, 2026

La lideresa de Fuerza Popular indicó que está dispuesta a participar en los encuentros que determine el organismo electoral y consideró que estos espacios también deben incluir a las planchas presidenciales y a los equipos técnicos de cada agrupación.

En otro momento, Fujimori también se refirió a las denuncias de irregularidades en la primera vuelta y anunció que su partido buscará movilizar a más de 90 mil personeros para supervisar la jornada electoral de la segunda vuelta.

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En el documento, Málaga sostiene que la gestión de Balcázar, quien asumió interinamente la conducción del país en su condición de presidente del Congreso, ha estado marcada por decisiones polémicas y diversos cuestionamientos públicos.

Entre los argumentos expuestos figura la crisis generada por el aplazamiento de la compra de aviones caza F-16 a Estados Unidos, situación que provocó renuncias ministeriales y versiones contradictorias dentro del Ejecutivo.

El legislador además mencionó la controversia por las declaraciones del mandatario sobre la comunidad judía y criticó el financiamiento de US$2 mil millones destinado a Petroperú.

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El congresista Diego Bazán señaló que la decisión será tomada junto al líder del partido, Rafael López Aliaga, y reiteró que acatará la postura que este adopte respecto a la juramentación.

Diego Bazán indicó que mantendrá la línea política que acuerde la agrupación y evitó adelantar una posición personal antes de la reunión partidaria. Según precisó, López Aliaga ya habría tomado una decisión individual, aunque aún no existe un consenso colectivo dentro del partido.

Por su parte, la congresista Norma Yarrow discrepó con la posibilidad de no asumir los cargos y sostuvo que Renovación Popular debe mantener presencia en el Congreso. Afirmó que retirarse de la representación parlamentaria significaría “darle la espalda al país” y expresó que le gustaría ver a López Aliaga integrando la Cámara de Senadores.

En la misma línea, el parlamentario Alejandro Muñante confirmó que sí juramentará como diputado el próximo 28 de julio. Señaló que Renovación Popular debe continuar participando en el debate político y remarcó que existe un compromiso con los ciudadanos que respaldaron su elección en las urnas.

Asimismo, Renovación Popular emitió un comunicado rechazando la resolución N.° 1122-2026-JNE del Jurado Nacional de Elecciones, al considerar que “convalida el fraude electoral” denunciado tras los comicios del 12 de abril. La agrupación cuestionó el rol del organismo electoral y aseguró que no garantizó un proceso “transparente” ni una adecuada fiscalización de la cadena de custodia del material electoral.

Finalmente, el partido anunció que continuará su lucha política desde el Congreso contra lo que calificó como una “organización criminal” que pone en riesgo la democracia del país.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Administrativa 000132-2026-CE-PJ, tras un acuerdo adoptado en una sesión extraordinaria descentralizada realizada en la Corte Superior de Tumbes el 4 de mayo.

Para acceder a este beneficio, los trabajadores deberán cumplir con las condiciones establecidas en el numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley 32504 al momento de su publicación, ocurrida el 22 de noviembre del 2025. Entre los requisitos figuran contar con un contrato CAS vigente a plazo indeterminado, haber ingresado por concurso público de méritos y ocupar una plaza transitoria con presupuesto sostenible.

La norma precisa que el proceso de incorporación se desarrollará bajo dos criterios: antigüedad y progresividad. Para ello, se considerarán únicamente los años, meses y días de servicios prestados como trabajador CAS respecto al último contrato vigente al momento de promulgarse la ley.

La directiva también encarga a la Subgerencia de Gestión del Empleo la elaboración del expediente individual de cada trabajador, el cual deberá incluir documentos académicos, capacitaciones, contratos, adendas y reportes disciplinarios.

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A través de un comunicado difundido este 14 de mayo, el partido aseguró que las elecciones del pasado 12 de abril de 2026 no fueron debidamente fiscalizadas y denunció presuntas irregularidades en la cadena de custodia del material electoral.

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Partido critica rol del JNE

En el pronunciamiento, Renovación Popular señaló que el JNE tiene el mandato constitucional de asegurar que las votaciones reflejen una expresión “auténtica, libre, espontánea y secreta” de los ciudadanos.

Sin embargo, el partido afirmó que la entidad electoral “ha preferido el formalismo” antes que garantizar la correcta fiscalización del proceso.

La agrupación también sostuvo que no existe evidencia que confirme el adecuado cumplimiento de la cadena de custodia del material electoral en algunos centros poblados.

Renovación Popular habla de presunto fraude electoral

El comunicado indica además que la resolución del JNE “convalida el fraude electoral denunciado y probado” desde las elecciones generales realizadas el 12 de abril.

Asimismo, el partido expresó su respaldo a sus votantes y señaló que agotó todas las instancias correspondientes para cuestionar los resultados electorales.

Anuncian acciones desde el Congreso

Renovación Popular anunció que continuará impulsando acciones políticas desde el Congreso de la República.

“El partido se compromete a luchar firmemente desde el Congreso de la República para desmantelar esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad”, señala el comunicado.

Hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones no ha emitido un pronunciamiento sobre las declaraciones de la agrupación política.

El atentado ocurrió durante la madrugada en la urbanización Las Praderas, donde la unidad se encontraba estacionada frente a una vivienda.

Conductor sufrió quemaduras tras atentado

Según los reportes, cerca de las 3:00 a.m. un grupo de delincuentes llegó hasta el lugar y prendió fuego al vehículo mientras el chofer descansaba en el interior.

La víctima, un hombre de 45 años, logró salir de la combi, aunque sufrió quemaduras de consideración.

Vecinos y testigos auxiliaron al conductor y lograron controlar el incendio antes de que el fuego se expandiera. Sin embargo, la unidad quedó prácticamente inservible.

Agentes de serenazgo de Santa Anita y efectivos de la Policía Nacional acudieron a la zona para iniciar las investigaciones.

El conductor fue trasladado de emergencia al Hospital Hipólito Unanue debido a las lesiones ocasionadas por el incendio.

Transportistas denuncian amenazas de “El Clan del Norte”

Familiares del chofer señalaron que la unidad incendiada era alquilada y cubría la ruta entre el óvalo Santa Anita y Ceres.

Además, denunciaron que los transportistas de Lima Este vienen siendo víctimas de extorsión desde hace aproximadamente tres años.

De acuerdo con las denuncias, la organización criminal “El Clan del Norte” exige pagos iniciales de S/200 como inscripción y cobros diarios de S/20 para permitirles operar.

Las amenazas serían enviadas a través de mensajes y videos de WhatsApp.

Delincuentes enviaron video del incendio

Tras el ataque, los criminales habrían enviado un video mostrando el momento en que la combi ardía en llamas.

En las imágenes, los delincuentes advertían que ese sería el destino de quienes se negaran a pagar los cupos exigidos por la organización criminal.

Peritos de criminalística iniciaron las diligencias para determinar responsabilidades y recoger evidencias del atentado.

Por su parte, la Municipalidad de Santa Anita informó que reforzará el patrullaje en la zona para prevenir nuevos hechos delictivos.

MIRA AQUÍ EL ANUNCIO:

Durante una conferencia de prensa, la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, Yessica Clavijo, informó que este sábado se comunicará a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que el organismo electoral ya está expedito para anunciar a las dos fórmulas que disputarán la segunda vuelta.

“Quiero reconocer el esfuerzo de la labor de los Jurados Electorales Especiales desplegados a nivel nacional que trabajaron jornadas largas, con independencia, transparencia y apego a la ley”, expresó.

La funcionaria precisó que, desde el 11 de mayo, los jurados electorales especiales vienen proclamando los resultados de la elección presidencial en sus respectivas jurisdicciones, por lo que se prevé que este sábado concluyan las proclamaciones descentralizadas.

“Para garantizar la doble instancia, el Jurado revisará las actas de proclamación”, afirmó.

Además, destacó que por primera vez en la historia se aplicó el recuento de votos, el cual se realizó “de manera pública y permanente, siendo también transmitido por las redes del JNE para que los peruanos lo sigan de cerca”.

Clavijo afirma que comprende la expectativa y preocupación de la ciudadanía respecto a los resultados electorales, pero aseguró que el organismo viene actuando “con total responsabilidad y absoluta transparencia”.

Por su lado, Burneo indicó que el resultado será anunciado en horas de la mañana, a través de una conferencia pública.

“En función a los procedimientos que se cumplen, se procederá a proclamar las fórmulas que pasarán a la segunda vuelta el próximo domingo 17 de mayo en horas de la mañana, la misma que será comunicada en conferencia pública”, sostuvo.

En ese sentido, Burneo manifestó que el domingo 17 de mayo se dará a conocer la conformación del Comité de Expertos encargado de revisar y proponer mejoras al proceso electoral.

La votación se llevó a cabo sin debate previo, inmediatamente después del registro de asistencia parlamentaria. De acuerdo con el reporte oficial, participaron 82 congresistas de un total de 123 habilitados.

En la sesión, esión se registró una reducida presencia de legisladores en el hemiciclo, a pesar de que meses antes se había acordado priorizar los plenos presenciales. El mayor número de congresistas, siguió la sesión de forma virtual.

Entre las bancadas que se opusieron mayoritariamente a la interpelación destacan Fuerza Popular, Avanza País y Honor y Democracia. Asimismo, votaron en contra legisladores como Patricia Chirinos, Diana Gonzales, José Williams, Gladys Echaíz y Jorge Montoya.

La moción buscaba que el ministro de Defensa explique lo ocurrido en Colcabamba, donde una patrulla del Ejército disparó contra un vehículo con siete ocupantes, dejando como saldo cinco fallecidos.

#EnVivo

Pleno del Congreso rechazó moción para interpelar al ministro de Defensa, Amadeo Flores, por el operativo en Huancavelica

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Entre los principales temas de la agenda figura la Moción 21913, que propone interpelar al ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, por el operativo militar realizado en el distrito de Colcabamba, en la región Huancavelica.

SIGUE EN VIVO AQUÍ:

Moción incluye 15 preguntas al ministro

La propuesta parlamentaria plantea que el titular del Ministerio de Defensa responda un pliego de 15 preguntas vinculadas a las acciones ejecutadas durante la intervención militar en Colcabamba.

La moción fue presentada ante el Parlamento y se dio cuenta oficialmente durante la sesión plenaria del pasado 7 de mayo.

Hasta el momento, el Congreso no ha precisado la fecha en que el ministro acudiría al hemiciclo en caso de aprobarse la interpelación.

Congreso también debatirá proyectos sobre Puno

Además de la moción de interpelación, el Pleno analizará el Proyecto de Ley 1253, que busca declarar de interés nacional la restauración y puesta en valor del Templo Tintiri, en Azángaro, Puno.

Asimismo, se evaluará el Proyecto de Ley 3172 para declarar de interés nacional la protección del bosque de Queñuales, ubicado entre los distritos de Lampa, Palca y Vilavila, también en la región Puno.

El reporte oficial muestra a Keiko Sofía Fujimori Higuchi en el primer lugar con 2’876,788 votos válidos, equivalentes al 17.179%.

Sánchez mantiene ventaja mínima sobre López Aliaga

En la disputa por el segundo lugar, Roberto Helbert Sánchez Palomino registra 2’014,068 votos válidos (12.027%), mientras que Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla alcanza 1’993,765 votos (11.906%).

La diferencia entre ambos candidatos es de 20,303 votos, equivalente a apenas 0.121 puntos porcentuales.

Con menos del 0.03% de actas pendientes, el segundo lugar continúa ajustado y depende de las actas restantes y observadas.

ONPE contabilizó más de 92 mil actas

La ONPE precisó que hasta el último corte se contabilizaron 92,766 actas electorales.

El organismo indicó además que las actas pendientes corresponden principalmente a documentos observados o enviados al Jurado Electoral Especial (JEE) para revisión.

La investigación, vinculada a presuntas irregularidades en procesos penales, podría obtener un nuevo plazo para futuras pesquisas.

Oposición

El caso fue archivado en diciembre del año pasado por el fiscal Octavio Casaverde, de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos.

Sin embargo, tanto la Procuraduría como el denunciante, el exconsejero regional de Moquegua Luis Miguel Caya, se opusieron a la medida. Por ello, la disposición de Casaverde fue elevada a una instancia superior.

En ese contexto, la fiscal Karla Zecenarro Monge ordenó que la Segunda Fiscalía efectúe una nueva evaluación y, asimismo, rechazó los pedidos posteriores de Vela, Pérez y Gorriti en contra de su decisión.

En suspenso

Son cuatro hechos los que se le imputan a los investigados, cada uno de ellos con una subtrama de presunta corrupción. El más resaltante, sin embargo, está relacionado al tema electoral (Hecho 03).

De acuerdo con Jaime Villanueva, quien fue asesor de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides y cuyas declaraciones abrieron estas pesquisas, Vela “era allegado” de Janett Talavera, “asesora del entonces presidente del JNE” en 2021.

Agregó que debido a que él “apoyaba al partido Nuevo Perú” en aquella época, el fiscal “le proporcionaba noticias sobre lo que ocurría al interior del JNE, incluyendo, según su versión, la estrategia orientada a evitar que (Keiko) Fujimori accediera a la Presidencia”.

“Refiere, además, que tras un allanamiento efectuado en el marco de otra investigación se incautó el teléfono celular de Talavera, por lo que Vela se habría mostrado preocupado ante la eventual difusión de conversaciones sostenidas con ella en relación con el JNE, especialmente aquellas vinculadas al contexto de la segunda vuelta electoral”.

Los comicios del 12 de abril generaron más de 60,000 actas observadas, cifra que duplica las 30,000 registradas en 2021 y que constituye un récord histórico, según informó Clavijo.

“En las elecciones del 2021, en la segunda quincena de mayo, fue que se dio la proclamación. Y tengan en cuenta que en el 2021 no teníamos la cantidad de organizaciones políticas que tenemos ahora, no tuvimos cinco elecciones en una. La votación fue compleja y evidentemente las actas observadas han tenido un incremento histórico”, precisó.

El proceso exige que los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) distribuidos en todo el país completen sus proclamaciones descentralizadas antes de que el JNE emita el resultado consolidado.

“Los plazos no son antojadizos, son plazos que ya se encuentran establecidos previamente”, señaló Clavijo.

Reclamo

Entre tanto, de otro lado, el partido Renovación Popular liderado por el candidato presidencial Rafael López-Aliaga denunció la existencia de 96 actas “extraviadas o siniestradas” por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que comprometerían más de 28,000 votos en Lima, Callao y el extranjero.

Según la organización, la ONPE habría iniciado un recuento de “actas escondidas” sin personeros ni personal de la Fiscalía. Además, exigen contar los votos que están “resguardados” en ánforas antes de cualquier proclamación oficial.

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“Quiero decirles que me ayuden, porque con su apoyo, con su respaldo, inscribiéndose como personero, estoy segura de que vamos a poder lograr este triunfo”, dijo en un mitin.

Fujimori criticó a las autoridades que dirigieron el país durante años recientes.

“Yo no he sido presidenta todavía. Durante los últimos años ha gobernado el ‘antifujimorismo’. ¿Y qué han hecho en estos años?”, cuestionó.

Fujimori sostuvo reuniones con artesanos locales para ofrecer préstamos y promociones en un eventual gobierno; incluso les prometió “hornos de gas”.

Además, propuso medidas para cubrir servicios básicos como agua, alcantarillado y electricidad formal.

Lima Metropolitana con sus 43 distritos no es la excepción. Sin embargo, hay un dato que llama la atención.

Y es que de acuerdo con información revisada por Correo con las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100%, las cifras de ausentismo subieron en más de 4 puntos porcentuales en comparación con la data del año 2016.

Esto ocurrió en todos los distritos de la capital. Sin embargo, para efectos de la reciente elección, nos enfocaremos en los 19 distritos en los cuales los locales de votación recibieron con retraso el material electoral, según indicó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

NÚMEROS

Si nos remontamos a las Elecciones Generales del 2006, los porcentajes de ausentismo variaban desde el 6% hasta casi el 16%.

Por ejemplo, en el distrito de Lurín no fueron a votar 191 personas, lo que equivale al 6.34% de ausentismo, mientras que en San Isidro, al menos 10,687 peruanos no acudieron a votar, lo que representa un 15.91%.

Al revisar los mismos distritos pero en el año 2011, los niveles de ausentismo incrementaron.

En Lurín no fueron a votar 3427 personas, es decir, el 8.32%.

En tanto, en el distrito de San Isidro la cifra pasó a 12,653 ausentes (17.78%).

Los números fueron incrementando en las Elecciones Generales 2016.

En Lurín 6346 personas no fueron a votar (11.78%), mientras que en San Isidro no asistieron 15,481 personas (20.51%).

Al revisar los demás distritos de Lima Metropolitana, se evidencia que hay un crecimiento de ausentismo de entre 1% a 3% si comparamos los años 2006 y 2011.

CAMBIOS

Un escenario muy diferentes se reportó en el 2021, año en el que muchas personas no fueron a votar por el temor al contagio en las colas, en las unidades de transporte público y en los centros de votación.

Así las cosas, los niveles de ausentismo en Lima Metropolitana se elevaron a casi el doble.

Sin embargo, se esperaba que para las Elecciones Generales 2026, los niveles de ausentismo no sean elevados debido a que ya no existen restricciones ni pandemia.

Pero todo cambió el domingo 12 de abril.

Cientos de usuarios y medios de comunicación de alcance nacional, reportaron que el materia electoral no llegaba a colegios y universidades, específicamente, en distritos de Lima Metropolitana.

El hecho generó que algunos opten por retirarse del lugar debido al tiempo en espera.

Ante el pedido del candidato presidencial Rafael López Aliaga de realizar elecciones complementarias en Lima Metropolitana, el JNE resolvió que esto era inviable debido a que, entre varias razones, el ausentismo electoral ocurre por diferentes factores y no exclusivamente en el retraso del material electoral a ciertos locales de votación.

En el mismo documento, informan de los distritos en los cuales el material electoral llegó con demora.

Al revisarlos, se puede evidenciar que el porcentaje de ausentismo creció entre 5 a 10 puntos porcentuales en promedio, en comparación con las cifras del 2016, es decir, antes de la era pandémica.

Para muestra hay varios botones.

En el año 2016, en el distrito de San Martín, 61,742 personas no fueron a votar, eso representa un 12.80% de ausentismo.

En las elecciones recientes, en el mismo distrito no fueron a votar 106,447 personas, lo que equivale al 20.03%.

Es decir, hubo un incremento de 7.23% de ausentismo.

En las inmediaciones de la institución educativa Sasakawa, en Villa El Salvador, varios ciudadanos formaron colas de hasta cinco cuadras porque la mesa se instaló con demora.

En ese distrito, en el 2016, un total de 31,710 personas no fueron a votar (10.58%), mientras que este año, el ausentismo subió a 68,688 personas (18.72%).

Es decir, el incremento fue de 7.32 puntos porcentuales.

Cabe precisar que debido a la demora en la instalación de mesas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) permitió que electores de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac puedan votar el 13 de abril.

Al revisar el último distrito, vemos que en el 2016 un total de 7216 personas (12.13%) no fueron a votar. Sin embargo, este año la cifra pasó a 20,957 (22.59%) ausentes.

Es decir, el ausentismo creció en 10.46 puntos porcentuales.

XXX

ANÁLISIS

Para el experto en temas electorales José Tello, los índices de ausentismo sí estarían relacionados con la demora en la instalación de mesas.

“El JNE no ve el impacto indirecto, porque hay personas que al llegar a sus locales de votación y vieron que hubo problemas, se retiraban. Se minimizó el impacto de las incidencias reportadas”, indicó.

En diálogo con Correo, el presidente del Instituto Aklla Perú consideró que el ausentismo de Lima Metropolitana debió ser en promedio del 15%, tomando en cuenta que por cada elección presidencial, hay un crecimiento de entre 1 a 2 puntos porcentuales.

A excepción de las Elecciones Generales 2021, donde el porcentaje de ausentismo se duplicó por la pandemia del COVID – 19.

“El JNE le ha bajado el tono al asunto, que no es lo correcto, aunque lo hacen porque no quieren que la elección del 12 de abril se desborde”, sostuvo.

Desde el punto de vista del también exministro de Justicia, sí existe una grave afectación en el ausentismo no solo en los 19 distritos mencionados en el informe del JNE, sino también en otros distritos de Lima Metropolitana.

“Mucha gente se retiró de sus locales de votación por falta de información, muchos estuvieron desconcertados y desorientados con la demora en la instalación de las mesas de sufragio. Cuando un grupo entra en confusión por un tema en particular, en ocasiones, eso se viraliza”, manifestó.

Finalmente, Tello señaló que el JNE no dimensionó el impacto de todos los problemas que se registraron en los colegios el día de las elecciones.

“Yo diría que lo que hubo fue una huella del ausentismo que en 10 años no ha podido llegar a este porcentaje”, concluyó.

En una primera versión, el mandatario respondió así al ser consultado sobre si indultará a Castillo: “Eso está dependiendo de que presente su solicitud correspondiente”.

Más tarde, se limitó a aclarar que la solicitud presentada anteriormente ya fue declarada inadmisible por no cumplir los requisitos legales y constitucionales exigidos.

Asimismo, Balcázar aseguró desconocer los detalles de alguna nueva solicitud.

“No puedo adelantar nada mientras no tengamos a la mesa (una petición) y vaya al sector correspondiente para ser analizado”, expresó.

El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para resaltar la autonomía de su gestión frente a cualquier influencia partidaria.

“Este Gabinete que me acompaña es un Gabinete autónomo, que no tiene ningún compromiso con ningún partido político”, resaltó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, dio otros alcances con relación a la posibilidad de un indulto a Castillo.

El titular del sector confirmó que su despacho no ha recibido ninguna solicitud nueva que requiera análisis.

“No hay nada concreto, es solamente una especulación y, si hubiese el caso, pueden tener ustedes por seguro que cualquier decisión será basada en las normas de nuestro país y en el respeto irrestricto del Estado de Derecho”, enfatizó Jiménez.

Salida

Por su parte, Lesli Roxana Gonzales Cabanillas presentó su renuncia irrevocable como miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia.

La abogada chotana denunció un supuesto acoso mediático y rechazó que su procedencia o las opiniones de sus familiares pudieran influir en su idoneidad profesional.

Pese haber sido identificada por la Fiscalía como una de las piezas clave de “Los Pulpos de La Victoria’, organización criminal investigada por cobro de cupos en el emporio de Gamarra, desde febrero de 2025.

Según la resolución difundida por El Comercio, Carbonel, bajo el alias de “Jhuly”, recibía el dinero recaudado por terceros para entregarlo a los “niveles superiores” de dicha red, mientras seguía su carrera política.

Carbonel gastó un total de 2,247.60 soles en su campaña, financiado con recursos propios, dinero que destinó a la impresión de volantes y confección de banners.

Además, registró un ingreso anual de 36,000 soles en 2024.

Durante una visita oficial a la ciudad de Iquitos, Balcázar señaló que cualquier decisión dependerá de la presentación formal de un nuevo pedido. “Eso depende que lo presente en su solicitud correspondiente”, declaró brevemente ante la prensa antes de retirarse del lugar acompañado por personal de seguridad.

#EnVivo

Presidente José Balcázar sobre indulto a Pedro Castillo: "Eso está dependiendo de que lo presente su solicitud correspondiente"

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Video: Canal N

El mandatario recordó que un primer pedido de indulto fue rechazado por no cumplir con los requisitos legales y constitucionales establecidos. Indicó además que el Ejecutivo no puede pronunciarse mientras no exista una nueva solicitud acompañada de la documentación correspondiente para su evaluación en el sector competente.

Días antes, el ministro de Justicia, Luis Jiménez, había señalado que el tema estaba cerrado y recordó que uno de los principales requisitos para otorgar un indulto es que exista una sentencia consentida. En el caso de Castillo, el exjefe de Estado fue condenado a 11 años y cinco meses de prisión por el fallido golpe de Estado de 2022.

Desde que asumió el gobierno de transición en febrero pasado, Balcázar ha mostrado disposición a considerar la situación judicial de Castillo.

El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, tras la sesión encabezada por el mandatario José María Balcázar. Según precisó el Ejecutivo, la declaratoria permitirá fortalecer la atención médica, la vigilancia epidemiológica y las acciones de prevención en la región.

Durante la reunión también se aprobó la implementación de los llamados Polos de Desarrollo Amazónico, una estrategia multisectorial orientada a mejorar la conectividad, energía, salud, educación e infraestructura en zonas priorizadas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

Como parte de este plan piloto, el Gobierno anunció la instalación de un hidrogenerador en Curaray, con el objetivo de llevar energía eléctrica a familias de zonas alejadas y promover el desarrollo productivo en comunidades amazónicas.

Asimismo, el Consejo de Ministros autorizó un financiamiento de 40.1 millones de soles para ejecutar siete proyectos de inversión en el distrito de Pastaza. Las obras estarán enfocadas en mejorar servicios de educación, agua potable, saneamiento y espacios públicos.

De igual manera, se aprobó una partida superior a 11.1 millones de soles para financiar dos proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades del distrito de Napo, también en la región Loreto.

Finalmente, el Ejecutivo destinó más de 27.5 millones de soles para desarrollar cuatro proyectos de infraestructura y servicios básicos en el distrito de Soplín Vargas, provincia de Requena, como parte de las medidas orientadas a fortalecer el desarrollo y la atención en la Amazonía peruana.

#PCMInforma | 🇵🇪 En el primer Consejo de Ministros Descentralizado realizado en Iquitos, el Ejecutivo aprobó medidas orientadas a fortalecer la salud pública, impulsar infraestructura y acelerar el desarrollo sostenible en las zonas más alejadas de la Amazonía peruana. pic.twitter.com/Bd8IY1rUCr

— Consejo de Ministros (@pcmperu) May 14, 2026

La decisión fue difundida por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a través de sus canales oficiales. El juzgado determinó que los hechos investigados habrían ocurrido en un contexto de lesa humanidad, por lo que no corresponde aplicar la prescripción de la acción penal.

La resolución dispone además inaplicar la Ley N.º 32107 mediante control de convencionalidad difuso, al considerar que dicha norma no puede impedir la investigación de violaciones a los derechos humanos, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El exjefe militar es investigado por el presunto delito de desaparición forzada en agravio de los civiles Teófilo Zamora Berrocal, Juan Buitrón Talaverano, Atilio Constantino Contreras Gómez, Julio Torres Gómez, Esteban Torres Gómez y Felicitas Hinostroza Marcelo.

Asimismo, enfrenta cargos por el presunto delito de abuso de autoridad agravado por actos de tortura contra Faustino Nemesio Najarro Guillén, hechos que habrían ocurrido durante el conflicto interno en la base militar de Ocros.

El juzgado concluyó que los delitos imputados no pueden considerarse prescritos debido a su gravedad y naturaleza, vinculada a posibles crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, rechazó el pedido presentado por la defensa del exmilitar.

Finalmente, la instancia judicial dispuso que, una vez que la resolución quede firme, el caso sea elevado en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

#Importante El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundada la excepción de prescripción presentada por Luis Descalzo Corbacho, exjefe militar de la base contrasubversiva de Ocros, procesado por presuntos delitos de desaparición forzada y tortura. pic.twitter.com/NgZg7UQ4kA

— Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) May 13, 2026

La parlamentaria era investigada por el presunto delito de concusión y por una supuesta infracción a diversos artículos de la Constitución Política del Perú relacionados con la función pública y la administración del Estado. Sin embargo, el informe concluyó que no existían pruebas concretas, directas y verificables que sustenten las acusaciones.

El documento aprobado señala que las conductas atribuidas a Ugarte Mamani no configuran una vulneración constitucional ni permiten acreditar responsabilidad penal en el marco de las denuncias presentadas en su contra, motivo por el cual el caso fue enviado al archivo.

Durante la misma sesión, la Comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y emitir un informe final sobre las denuncias acumuladas contra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez.

A la legisladora se le atribuyen presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. El extremo referido al presunto delito de concusión fue declarado improcedente y pasó al archivo.

Asimismo, la Comisión Permanente aprobó por unanimidad otorgar el mismo plazo de investigación para la denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La denuncia presentada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, está relacionada con el supuesto nombramiento irregular de María Elena Aguilar del Águila en la presidencia ejecutiva de EsSalud.

La sesión fue conducida por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y también incluyó el archivo de otras 17 denuncias constitucionales declaradas improcedentes.

La dimisión fue formalizada mediante una carta dirigida al ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra. En el documento, González Cabanillas sostuvo que su decisión no responde a incapacidad moral. sino a una situación de “hostilidad sistemática, acoso mediático y discriminación por origen”.

La polémica se intensificó luego de un reportaje de “Cuarto Poder”, donde se reveló que los padres de la abogada fueron docentes de la UGEL en la que también trabajó Pedro Castillo antes de llegar a la Presidencia. Actualmente, el exmandatario cumple una condena de once años y cinco meses de prisión por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

González Cabanillas había sido designada la semana pasada para integrar la Comisión de Gracias Presidenciales, en reemplazo de un miembro que dejó el cargo tras aceptar una nueva oferta laboral. Su nombramiento generó cuestionamientos y debate público debido al contexto del pedido de indulto presentado a favor del exjefe de Estado.

En su carta de renuncia, señaló que su salida busca proteger su integridad frente a la exposición pública de los últimos días.

La letrada defendió su trayectoria profesional y remarcó que su carrera en el sector público fue construida con esfuerzo y experiencia. Indicó que inició su etapa laboral como secigrista en la Corte Superior de Justicia de La Libertad y posteriormente desempeñó funciones en distintas instituciones estatales.

Finalmente, González Cabanillas rechazó cualquier cuestionamiento relacionado con su lugar de origen y reivindicó sus raíces chotanas. “Soy una mujer orgullosamente chotana, hija de profesores, abogada y servidora pública de carrera. Nací lejos de Lima y eso no me hace menor; ese origen es fuente de orgullo, no de vergüenza”, expresó en su carta.

“Las últimas elecciones que hemos tenido son un claro ejemplo de lo que quieren los jóvenes del Perú; ya no quieren políticos improvisados”, señaló el mandatario.

El mandatario también mencionó las movilizaciones juveniles registradas en Lima y otras regiones como una señal de que existe una demanda de cambios en el país.

Balcázar rechazó los enfrentamientos políticos y remarcó la importancia de alcanzar acuerdos.

“Yo no quiero eso, yo lo que quiero es el diálogo permanente entre las gentes. Con diálogo se consiguen muchas cosas”, expresó. Asimismo, indicó que conversó con el presidente del Consejo de Ministros para priorizar proyectos de electrificación.

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En diálogo con la prensa, Orué señaló que, hasta el momento, no ha sostenido conversaciones con Paredes ni ha recibido algún descargo formal de la congresista ante el partido.

“No, todavía no hemos conversado”, afirmó.

Asimismo, consideró que corresponde a las autoridades competentes llevar a cabo las investigaciones “con transparencia” y que todos los implicados deben someterse a las diligencias fiscales.

“Es importante que los entes competentes hagan su trabajo de investigar con transparencia y que se sometan a todo tipo de investigación, como creo algunos congresistas lo hemos hecho”, expresó.

Consultada sobre una posible separación de Francis Paredes de Podemos Perú, Ariana Orué indicó que dicha decisión estará sujeta a la evaluación interna de la bancada y al avance de la investigación.

“Eso ya va a depender de la decisión del presidente de bancada de determinar si hay algo negativo. Todavía eso está en investigación”, enfatizó.

El caso “Los Operadores del Oriente” es materia de investigación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y colusión agravada. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la presunta red habría buscado controlar puestos estratégicos en entidades públicas de Ucayali a cambio de beneficios económicos.