Tras recibir atención, el exmandatario regresó al penal de Barbadillo, donde permanece recluido bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Alejandro Toledo, de 80 años, recibe seguimiento médico por problemas de hipertensión arterial y dolencias cardíacas. Durante su visita al establecimiento de salud, el personal médico evaluó sus enfermedades preexistentes antes de disponer su retorno al centro penitenciario.

El exmandatario cumple una condena de 20 años y seis meses de prisión por colusión y lavado de activos, impuesta en octubre de 2024 por el caso Interoceánica Sur.

Según la sentencia, recibió sobornos de la constructora Odebrecht para favorecerla en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de dicha carretera durante su gobierno, entre 2001 y 2006.

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Esta medida forma parte de las acciones impulsadas para enfrentar el crimen organizado dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios.

Álvarez sostuvo que la lucha contra estas bandas requiere herramientas tecnológicas y labores de inteligencia.

“El combate contra el crimen organizado al interior y fuera de penales se tiene que hacer con inteligencia y con aspectos tecnológicos”, manifestó durante una conferencia de prensa.

El titular de Justicia también señaló que, desde el inicio de su gestión, se puso en marcha una reforma del sistema penitenciario orientada a garantizar el orden y la seguridad en las cárceles.

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Con esta decisión, el caso continuará su trámite en el ámbito parlamentario. La denuncia atribuye a Juan Santiváñez la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado y peculado doloso por utilización, en agravio del Estado.

Las investigaciones comprenden supuestas gestiones irregulares ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia para favorecer a un interno del penal El Milagro, en Trujillo, así como el presunto uso indebido de instalaciones institucionales para fines particulares.

Durante la sesión, el diputado Harvey Colchado señaló que el expediente incluye grabaciones sometidas a pericia fonética.

En la misma jornada, la comisión declaró improcedente, con 20 votos, una denuncia constitucional contra tres magistrados del Tribunal Constitucional. También rechazó las denuncias 74 y 76 contra el jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Gastón Remy, por presuntas irregularidades en pensiones, al considerar que no está comprendido en los funcionarios sujetos a la prerrogativa prevista en el artículo 99 de la Constitución.

Asimismo, el grupo de trabajo aprobó informes sobre la caducidad del fuero funcional del exjuez supremo Víctor Lucas Ticona Postigo y del excongresista César Combina Salvatierra, este último investigado por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Los expedientes serán elevados al Pleno de la Cámara de Diputados para su archivo y remitidos al Ministerio Público para las acciones penales correspondientes.

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La decisión fue adoptada por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, quien determinó que el fin de algunas diligencias fiscales no justificaba por sí solo la excarcelación.

Durante una audiencia virtual realizada el último miércoles 14 de octubre, Hurtado alegó que era el único sustento económico de su hija de 10 años y presentó una propuesta para trabajar como productor de espectáculos.

“El país sabe de Lucianita, de mi hija de 10 años. Sabe que soy el único sostén de mi hija. No hay otro sostén de mi hija. Imagínense los dos años que estoy acá, ¿cómo puede sobrevivir Lucianita?”, manifestó.

El magistrado también consideró que persiste el riesgo de interferencia en futuras declaraciones de testigos que mantienen vínculos personales o de amistad con el investigado. La prisión preventiva fue prolongada por 18 meses adicionales en marzo de 2026 y vencerá el 18 de septiembre de 2027.

En el denominado caso ‘barras de oro’, la Fiscalía solicita 30 años de cárcel contra Hurtado por su presunta intermediación entre el empresario Javier Miu Lei y la fiscal Elizabeth Peralta para la devolución irregular de 100 kilos de oro incautados en 2020 a cambio de una comisión.

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El documento también fue suscrito por el primer vicepresidente del Senado, Alejandro Muñante, y quedó listo para su remisión a la Presidencia de la República para la promulgación correspondiente.

La norma otorga al Ejecutivo un plazo de 90 días calendario para emitir decretos legislativos destinados a reforzar las medidas de seguridad pública y prevenir y mitigar los daños asociados al Fenómeno El Niño.

En materia de seguridad, contempla acciones para fortalecer el control migratorio y el régimen de nacionalización, con respeto a los derechos fundamentales y al debido procedimiento administrativo.

Asimismo, la ley establece mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.

Los titulares de la PCM y de los ministerios del Interior, Defensa, Justicia, Economía y Finanzas, Vivienda, y Desarrollo Agrario y Riego deberán presentar un informe escrito ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado en un plazo de 60 días. Las medidas adoptadas estarán sujetas al Sistema Nacional de Control.

El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres (@mikitorresfp), suscribió la autógrafa de la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y de respuesta frente al fenómeno El Niño. 🗞️https://t.co/rqkP1YFt2i https://t.co/D8kjj2AKyK

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 21, 2026

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La delegación otorgada permitirá al Gobierno legislar durante 90 días calendario en seguridad ciudadana y frente al fenómeno El Niño.

“Nosotros vamos a hacer absolutamente un uso efectivo y contundente de las facultades que nos han entregado”, sostuvo Galarreta durante una conferencia de prensa.

El titular de la PCM aseguró que el Ejecutivo aprovechará las atribuciones concedidas para enfrentar ambas problemáticas, aunque consideró insuficiente el alcance de la aprobación parlamentaria.

El jefe del Gabinete también rechazó las críticas sobre una supuesta falta de acción del Gobierno mientras se debatía la solicitud en el Congreso. Indicó que el comando unificado contra la criminalidad ya está en funcionamiento y que cinco ministros llevan más de 30 días coordinando acciones vinculadas con la seguridad y la prevención de los efectos de El Niño.

Entre las propuestas que quedaron fuera de la delegación, Galarreta mencionó las relacionadas con el empleo juvenil y la formalización y crecimiento de las pequeñas empresas.

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La decisión fue adoptada por el nuevo juez a cargo del Séptimo Juzgado Civil y Comercial de Lima, tras resolver los recursos presentados por las partes afectadas.

Según la resolución judicial, la medida no cumplía con los requisitos necesarios para su otorgamiento y resultaba excesiva.

La disposición anterior había paralizado la transferencia de un paquete accionario equivalente al 62.9464142% de la compañía, operación que ahora podrá seguir su curso.

La medida cautelar había sido dictada por el juez Juan Varillas. Las irregularidades detectadas en su otorgamiento motivaron que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial lo suspendiera por seis meses, de acuerdo con la información difundida por el Grupo El Comercio.

El levantamiento de la medida no pone fin a la controversia relacionada con la compraventa de acciones.

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Según informó la entidad, la comisión completó su organización interna a tres días de su instalación.

La norma establece que los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Derechos Humanos, y Relaciones Exteriores deberán participar de manera personal e indelegable en las sesiones semanales, que serán encabezadas por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Además, permitirá formalizar la designación del responsable de la Secretaría Técnica y coordinar acciones con las instituciones involucradas.

“El objetivo de este reglamento es fortalecer la coordinación política, garantizar que los acuerdos se traduzcan en acciones concretas”, señaló Galarreta, quien remarcó que la prioridad es dotar a las fuerzas del orden y al Comando Unificado de las herramientas necesarias para enfrentar la delincuencia y proteger a la ciudadanía.

El reglamento también faculta a la comisión a convocar a especialistas y representantes de entidades públicas y privadas para reforzar las estrategias contra las extorsiones y rastrear el dinero proveniente de actividades delictivas.

Asimismo, la Secretaría Técnica coordinará la ejecución de los acuerdos, solicitará información a las instituciones públicas y supervisará el cumplimiento de las metas establecidas.

La disposición fue aprobada durante la primera sesión de la comisión y oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 355-2026-PCM, publicada en la Plataforma del Estado Peruano.

#PCMInforma | ¡Contra el crimen, cada decisión debe convertirse en acción! La PCM oficializó el reglamento de la Comisión de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, con el que esta instancia queda lista para articular medidas contra la delincuencia, superar trabas burocráticas y fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Con reglas claras, coordinación entre instituciones y seguimiento obligatorio de los acuerdos, el Gobierno busca que las decisiones se traduzcan en acciones concretas para enfrentar las extorsiones y proteger a las familias peruanas. ¡La seguridad ciudadana exige compromiso, unidad y resultados! Más información aquí: https://t.co/yCmq7UPsU1

— Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) October 21, 2026

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Cabe mencionar que los tres candidatos obtuvieron el respaldo mayoritario de la cámara alta, aunque con diferentes resultados en la votación.

Molina Campodónico recibió 40 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención. Por su parte, Stok Capella obtuvo 33 votos a favor, 17 en contra y seis abstenciones, mientras que Marthans León alcanzó 36 votos a favor, 21 en contra y una abstención.

Antes de la elección, el presidente de la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, Hugo Ccahuana, sustentó el informe que recomendaba aprobar la lista de diez candidatos declarados aptos tras la evaluación.

Ccahuana afirmó que los postulantes cumplían los requisitos exigidos y que el proceso se desarrolló con transparencia y conforme a la normativa vigente.

La elección de los tres directores legislativos completa la designación de los integrantes del directorio del BCRP que corresponden al Congreso, mientras que el Poder Ejecutivo designa al presidente de la institución y a otros tres directores.

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Según indicó la mandataria, los trabajos permitieron despejar los sectores de Ignacio Merino, El Chilcal, Dos Grifos y UCV.

Cabe mencioanr que Fujimori precisó que los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y de Defensa, Rafael Belaunde, se encuentran en Piura supervisando las acciones de respuesta.

Fujimori sostuvo que las obras de prevención debieron comenzar antes, pues la llegada del Fenómeno El Niño se conocía desde febrero. También destacó la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en la atención de la emergencia.

Las declaraciones fueron brindadas en la región Ucayali, durante su viaje número 23 al interior del país, donde inauguró la línea pesquera del CITE productivo Pucallpa.

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La iniciativa superó los 31 votos requeridos para su aprobación, luego de una jornada parlamentaria en la que se debatieron los alcances de la delegación y las modificaciones incorporadas durante su evaluación en la Comisión de Constitución.

Senado aprobó delegación de facultades en 27 materias

El dictamen sometido a votación contemplaba 27 materias sobre las cuales el Gobierno podrá emitir decretos legislativos, una vez que se completen los procedimientos correspondientes y entre en vigor la ley autoritativa.

La propuesta había llegado al Senado con 20 materias respaldadas por la Cámara de Diputados. Sin embargo, la Comisión de Constitución incorporó siete adicionales durante la sesión realizada el lunes 19 de octubre.

Esta ampliación generó cuestionamientos de diversas bancadas, cuyos representantes advirtieron sobre una posible vulneración de las atribuciones de la Cámara Baja.

Partido Cívico Obras tuvo papel clave en debate previo

Antes de la votación, Fuerza Popular contaba con 22 senadores y Renovación Popular con ocho, por lo que ambas agrupaciones sumaban 30 escaños, uno menos de los necesarios para aprobar el dictamen.

En ese escenario, los cinco representantes del Partido Cívico Obras fueron considerados determinantes para alcanzar la mayoría requerida, luego de que esa agrupación respaldara la propuesta en la Comisión de Constitución.

El último lunes, el senador Roger Astucuri contribuyó a alcanzar el quorum de la comisión y apoyó la incorporación de las siete materias adicionales.

Por su parte, el vocero de Obras, Daniel Barragán, defendió la postura de su agrupación frente a las críticas de otros legisladores. “No somos oposición, somos solución”, manifestó.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, manifestó que el Ejecutivo esperaba obtener más facultades legislativas del Congreso. Sin embargo, precisó que la solicitud se centró en iniciativas vinculadas con el fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana.

“En realidad, nos hubiese gustado que nos dieran mayores facultades. Se han enfocado en el fenómeno El Niño y en los temas de seguridad, que, si bien es cierto, son problemas urgentes y aquejan a nuestro país, normalmente cada gobierno que inicia siempre ha recibido facultades”, declaró a Canal N.

Fujimori explicó que el Congreso no incluyó otras áreas en las que el Ejecutivo pudiera ejercer facultades legislativas. Pese a ello, aseguró que el Gobierno seguirá trabajando para cumplir sus objetivos a través de otras medidas.

La mandataria destacó las acciones del Comando Unificado y afirmó que ya se han concretado detenciones importantes. Además, señaló que el orden se está restableciendo de manera gradual.

En ese sentido, Fujimori también resaltó los avances para reactivar obras públicas y señaló que este tema figura entre las principales preocupaciones planteadas por el gobernador regional.

“Sin embargo, en esta ocasión a nosotros en el resto de las materias no se nos ha considerado. Sin embargo, nosotros más allá de eso, ustedes nos están viendo, venimos avanzando a través del comando unificado, estamos ya logrando capturas importantes, se está recuperando poco a poco el orden y eso es lo que ustedes van a ir viendo, se está destrabando las obras, que ese es el otro gran problema que señalaba el propio gobernador”, señaló.

La jefa de Estado informó que las autoridades consiguieron retirar el agua acumulada en cuatro zonas críticas de Piura, afectadas por las fuertes precipitaciones. También, señaló que los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y de Defensa, Rafael Belaúnde, continuaban en la región para coordinar las acciones de atención de la emergencia.

“He conversado con el ministro Vinelli ya dos veces y lo que me informa hasta el momento es que en Ignacio Merino ya se logró evacuar toda el agua. Lo mismo en El Chilcal, en Dos grifos y en otro punto de la zona. Estos cuatro puntos ya están secos”, sostuvo.

La mandataria dijo que las labores en la avenida Azucenas estaban cerca de culminar, mientras que en Los Tallanes continuaban los trabajos para retirar el agua acumulada. Añadió que en esta última zona intervenían la municipalidad, el Ejército y otras entidades, y que el nivel del agua había descendido considerablemente.

Sobre una eventual visita del papa León XIV al Perú, Fujimori indicó que el Vaticano aún no había tomado una decisión definitiva respecto a la agenda del pontífice. En ese sentido, señaló que se reunió por la mañana con el nuncio apostólico y que el Gobierno aguardaba información sobre la evolución de la salud del papa antes de conocer la resolución final.

“Nosotros seguiremos preparándonos y preparando al Perú para la llegada de Su Santidad”, afirmó Fujimori. La mandataria también expresó sus deseos de que el pontífice continúe recuperándose favorablemente, aunque precisó que la decisión final sobre su eventual visita al país depende del Vaticano.

El pleno del Senado de la República debatirá hoy el dictamen que propone otorgar al Poder Ejecutivo facultades legislativas por un plazo de 90 días en materia de seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño. La sesión está programada para las 10 de la mañana, con un debate de dos horas y media.

La iniciativa requiere al menos 31 votos para ser aprobada. Fuerza Popular cuenta con 22 senadores y Renovación Popular con ocho, por lo que ambas bancadas reúnen 30 escaños. En ese escenario, los cinco representantes del Partido Cívico Obras podrían inclinar la votación.

Senado EN VIVO: últimas noticias y votación de facultades legislativas

Sigue aquí las incidencias de la sesión del Senado, las intervenciones de los parlamentarios, las posiciones de las bancadas y los resultados de la votación sobre la delegación de facultades al Ejecutivo.

Senado debatirá 27 materias para delegar facultades al Ejecutivo

El dictamen fue aprobado el lunes 19 de octubre por la Comisión de Constitución del Senado, que incorporó siete materias adicionales a las 20 previamente respaldadas por la Cámara de Diputados.

Entre los asuntos planteados se encuentran medidas para combatir la criminalidad organizada, fortalecer el sistema de inteligencia, mejorar la seguridad penitenciaria y facilitar la ejecución de proyectos de infraestructura priorizados.

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, de Fuerza Popular, contará con diez minutos para sustentar la propuesta. Posteriormente, las bancadas participarán en un debate de dos horas y media, distribuido proporcionalmente y sin interrupciones.

Partido Cívico Obras podría definir la votación

La participación del Partido Cívico Obras será uno de los factores determinantes de la jornada. El lunes, el senador Roger Astucuri contribuyó a alcanzar el quorum en la Comisión de Constitución y respaldó la incorporación de las siete materias adicionales.

Su posición provocó cuestionamientos de legisladores de otras agrupaciones. El vocero de Obras, Daniel Barragán, defendió la actuación de su bancada y afirmó: “No somos oposición, somos solución”.

Por su parte, el senador Hugo Ccahuana, de Juntos por el Perú, anunció que su grupo parlamentario presentará una cuestión de orden para solicitar que el dictamen regrese a comisión. Según su postura, la incorporación de los nuevos puntos vulneró disposiciones constitucionales y las atribuciones de la Cámara de Diputados.

La sesión será decisiva para conocer si el Gobierno obtiene las facultades solicitadas o si prosperan los cuestionamientos al procedimiento legislativo.

La sesión se iniciará a las diez de la mañana y el debate se prolongará por dos horas y media.

MAYORÍA

Para su aprobación, la iniciativa requiere por lo menos 31 votos. Fuerza Popular tiene 22 senadores y Renovación Popular, ocho, lo que suma 30 respaldos. De esta manera, los cinco integrantes del Partido Cívico Obras, que apoyaron al oficialismo en la Comisión de Constitución, tienen en sus manos el resultado final.

El último lunes, el senador de Obras, Roger Astucuri, asistió a la Comisión de Constitución, le dio el quorum que necesitaba para sesionar y el voto para incorporar siete materias adicionales a las 20 facultades que respaldó la Cámara de Diputados. Lo acompañó el vocero Daniel Barragán. “No somos oposición, somos solución”, afirmó este tras las críticas de algunos legisladores de Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno.

Tras la ampliación de la lista, el senador de Juntos por el Perú, Hugo Ccahuana anunció que su bancada presentará una cuestión de orden en el hemiciclo para que la propuesta vuelva a la comisión. Según consideró, la incorporación de los nuevos puntos vulneró la Constitución, el reglamento del Senado y las prerrogativas de la Cámara Baja.

Lejos del debate técnico, el parlamentario arremetió contra la bancada que dio el quorum y acudió a trabajar. “Hay que hacerle un monumento a Obras, un monumento a la inconsistencia, a la deslealtad y diríamos hasta una estatuilla al golpe”, expresó en RPP.

Su nombramiento se dio en medio de la fragmentación que atraviesa el bloque de oposición por el pedido de facultades que se debate en el Congreso.

POLÉMICA

El 17 de octubre se publicó una resolución que nombra a María del Carmen Barragán en el cargo de confianza de asesor III, nivel Ejecutivo 3 de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud.

Solo dos días después sesionó la Comisión de Constitución del Senado para debatir el predictamen sobre el pedido de facultades.

Las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Buen Gobierno no asistieron a la audiencia. Sin embargo, si lo hizo Roger Astucuri, senador de Obras.

Su presencia le dio quórum a la comisión, pero además votó a favor del texto.

Ante las críticas, Daniel Barragán descartó haber dado el voto de Obras a cambio de la contratación.

“Mi hermana es una profesional A1 que ha trabajado más de 20 años en diferentes cargos del Ejecutivo. No he hablado con ningún representante del Gobierno”, aseguró.

PERFIL

María del Carmen Barragán es abogada por la Universidad Nacional Federico Villareal y ha ocupado varios cargos públicos en el Estado hasta el año 2023. Sin embargo, en los últimos años se alejó de la gestión pública para opinar en programas de espectáculos.

En declaraciones a canal N, Tomás aseguró que su nueva asesora es una persona de confianza.

“Es una persona con profesionalismo y de trayectoria”, dijo.

Señaló que el 9 de octubre solicitó una asesoría de parte de María del Carmen Barragán. “Nos conocemos”, precisó.

Correo también envió preguntas a EsSalud para tener más información sobre la polémica designación. Sin embargo, al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

Cabe recordar que no es la primera vez que se genera una polémica bajo la gestión de Zulema Tomás.

Primero se cuestionó su designación porque en el pasado su esposo Miguel Palomino Paz, fue nombrado coordinador de Gestión de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Recientemente, sucedió una situación similar con su esposo, pues un allegado de ella designó a su esposo en un cargo de confianza en el programa PAIS.

(Zulema Tomás: Allegado designó a esposo de presidenta de Essalud en un cargo de confianza en el programa PAIS)

En abril de 2024 se declaró improcedente el pedido de María del Carmen Barragán Coloma para que el Estado asuma su defensa en una investigación por la presunta comisión de los delitos de colusión, negociación incompatible y patrocinio ilegal. https://t.co/xyWVg0XQ4z

— Sofía López (@SofiaLopezLl) October 20, 2026

El juez Juan Carlos Checkley decidirá el lunes 26 de octubre, a las 8:00 a.m., si anula lo actuado y retrotrae el caso hasta el momento previo de la acusación.

En curso

El caso se refiere al presunto favorecimiento a Cisneros para la obtención de nueve órdenes de servicio, en el 2018, valorizados en S/40 000 en promedio, en el Ministerio de Cultura (Mincul).

El control de acusación se inició el último 29 de septiembre. En la segunda audiencia, sobreseyó la única imputación (peculado) contra la exministra Patricia Balbuena (Mincul), a pedido de la Fiscalía, debido a que no tuvo “una intervención funcional” en la contratación.

La Fiscalía precisó que el exsecretario general del Mincul, Jorge Apoloni, también es investigado en un proceso, a cargo de otro despacho, que se encuentra en fase de control de acusación. La Secretaría General de la cartera tenía a su cargo “tramitar” los informes que otorgaban el visto bueno para brindar las órdenes de servicio.

“De los actuados descritos en el requerimiento fiscal se advierte que se realizaron diligencias orientadas a establecer la intervención de Balbuena Palacios en los hechos materia de imputación; sin embargo, los elementos de convicción incorporados no permiten establecer que haya tenido bajo su percepción, administración o custodia los caudales públicos objeto de cuestionamiento ni una intervención funcional en el procedimiento administrativo que determinó la contratación”, indicó el magistrado.

Por su parte, la defensa de Vizcarra, ejercida por Erwin Siccha, pidió que el caso retroceda hasta la fase previa de la acusación.

Según indicó, la Fiscalía cambió la “tipificación” (delitos) sin autorización judicial y los “hechos” atribuidos no siguieron el procedimiento especial, en fuero parlamentario, para altos funcionarios públicos.

Esto debido a que la Fiscalía imputa ahora negociación incompatible (o aprovechamiento indebido del cargo) como pretensión principal y tráfico de influencias como subordinada, contrario a como inicialmente postuló.

La fiscal Cristina Perinango alegó que esta variación quedó fija mediante una resolución de mayo último, con la que se cerró la fase preparatoria. Añadió que Balbuena pidió un control de plazo en ese entonces y que la defensa de Vizcarra no se opuso a la disposición.

De acuerdo a su hipótesis, el delito de tráfico de influencias fue cometido por Vizcarra a cambio “del silencio de Cisneros (respecto al Caso “Chincheros”), así como su apoyo como asesor de marketing político”.

Esto fue cuestionado por Siccha, quien señaló que, en relación a dicha imputación, solo se planteó que el exmandatario buscaba “viabilizar su vínculo amical” con Cisneros.

Cisneros, según postula la Fiscalía, “apoyó en la campaña presidencial del 2016 y además poseía información reservada, y de primerísimo nivel, sobre el Caso ‘Chincheros’, en el que Vizcarra estuvo involucrado en su calidad de ministro de Transportes y Comunicaciones”.

La Fiscalía solicita 5 años y 4 meses de prisión para Vizcarra por un extremo y 6 años y 8 meses por otro. Para Cisneros, pide 6 años y 8 meses de cárcel.

La mujer, de 44 años y residente en Estados Unidos, ingresó acompañada de Pedro Toledo, hermano del exjefe de Estado.

La visita se realizó un domingo a las 2:10 p. m. y Chantal llegó en un vehículo de la sociedad conyugal Toledo-Karp. Su permanencia en el recinto penitenciario se prolongó por casi dos horas.

Alejandro Toledo cumple dos condenas por lavado de activos: una de 20 años y 6 meses por los sobornos vinculados a Odebrecht en la Carretera Interoceánica y otra de 13 años y 4 meses por el caso Ecoteva. El exmandatario niega haber cometido actos de corrupción o blanqueo de capitales.

El encuentro familiar coincide con el trámite del indulto humanitario solicitado por la defensa de Toledo, cuya evaluación técnica permanece en el Poder Ejecutivo.

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Las mejoras incluyen espacios destinados a hospitalización y equipos de diagnóstico por imágenes y rayos X para fortalecer la atención de los pacientes.

Durante el acto, la jefa de Estado señaló que garantizar el bienestar de los integrantes del Ejército y sus familias también forma parte de las responsabilidades estatales.

“Cuidar a quienes no cuidan, también, es una responsabilidad del Estado”, expresó al referirse a la necesidad de ofrecer servicios médicos adecuados al personal militar.

“Estoy acá para acompañarlos en esta inauguración de sus pabellones renovados. Este hospital militar, un gran hospital, una institución fundamental para el cuidado de la salud de nuestros hombres y mujeres del Ejército peruano y sus familias”, señaló.

Fujimori también propuso aprovechar los nuevos equipos para establecer convenios con otras instituciones públicas. Como ejemplo, mencionó la necesidad de un tomógrafo en el Hospital de la Policía Nacional y sostuvo que el establecimiento militar podría contribuir a atender esa demanda mediante la cooperación entre ambas entidades.

La mandataria resaltó que los pacientes deben recibir atención profesional, medicamentos adecuados y condiciones dignas durante su recuperación.

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La solicitud se produjo luego de una investigación del programa Cuarto Poder que expuso presuntos favorecimientos a personas vinculadas con aportantes de campañas políticas del entorno del gobernador Ciro Castillo Rojo.

Entre los hechos que motivaron el requerimiento figuran contrataciones bajo el régimen CAS y órdenes de servicio otorgadas por la entidad regional.

El reportaje, emitido el 18 de octubre, señaló que más del 70 % de los aportantes a una campaña vinculada al entorno de la autoridad regional habrían obtenido contratos. También presentó casos de personas que pasaron de prestar servicios por locación a ocupar plazas CAS y de integrantes de una familia relacionada con el financiamiento electoral.

Mediante un oficio fechado el 19 de octubre, Yalta pidió que se revisen las condiciones del concurso para cubrir 87 plazas CAS a plazo indeterminado en la Dirección Regional de Salud (DIRESA) del Callao.

El parlamentario también planteó evaluar medidas para proteger los recursos públicos durante la transferencia de la gestión regional y solicitó conocer las acciones de control, los responsables y los plazos previstos.

#EnVivo Diputado Carlos Yalta solicita a la contraloría intervenir el Gobierno Regional del Callao, tras denuncia de Cuarto Poder Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/pz8nuBN47T

— Canal N (@canalN_) October 20, 2026

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Durante la sesión plenaria, la presidenta Keiko Fujimori y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación entre ambos países ante problemas como la minería ilegal, la trata de personas y la delincuencia transnacional.

Fujimori sostuvo que los desafíos compartidos exigen una respuesta coordinada y también mencionó los riesgos asociados al fenómeno El Niño.

“Enfrentar flagelos como la minería ilegal, la trata de personas, son retos enormes. Y si a eso le sumamos el fenómeno El Niño, pues yo creo que ahora más que nunca estamos obligados a trabajar juntos y en equipo”, afirmó. Además, destacó que los Acuerdos de Paz de Brasilia de 1998 sentaron las bases para fortalecer la relación bilateral.

Por su parte, Noboa planteó que las medidas de seguridad deben ir acompañadas de inversiones que mejoren las condiciones de vida en las localidades fronterizas.

“Sabemos que una frontera sin desarrollo es vulnerable, por lo que recuperar la seguridad también significa dinamizar las economías locales y acelerar las obras de infraestructura pendientes, como la conectividad vial y el apoyo a nuestros transportistas”, señaló.

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La mandataria peruana, Keiko Fujimori, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, iniciaron su primera reunión presidencial, en el marco del 17.° Gabinete Binacional entre ambos países. El encuentro se lleva a cabo de manera reservada en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno, con la presencia de las delegaciones ministeriales de ambas naciones.

En su discurso inaugural, la presidenta resaltó la importancia de este encuentro diplomático con su homólogo de Ecuador.

“Estoy convencida de que esta importante cita marcará el inicio de una nueva y prometedora etapa en la relación entre nuestros países, fortaleciendo aún más los lazos de amistad, de confianza y cooperación entre el Perú y Ecuador”, manifestó Fujimori.

Además, Fujimori recordó el avance diplomático alcanzado en 1998 con la firma de los Acuerdos de Paz de Brasilia, que permitió consolidar las relaciones fronterizas entre Perú y Ecuador. Según destacó, este hito marcó un antes y un después en la relación bilateral y sentó las bases para que ambos países construyeran un referente de “diálogo, de confianza mutua y de construcción conjunta de oportunidades”.

Al inicio de la reunión binacional, se adelantó que uno de los temas prioritarios será fortalecer la cooperación entre ambos países para combatir la delincuencia transnacional, con especial énfasis en la seguridad y protección de las fronteras.

La comitiva peruana, encargada de tratar estos y otros asuntos de integración, está liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el canciller Carlos Espá. También participan los ministros de Defensa, Interior, Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo, Producción, Educación, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.

Por Ecuador, la delegación que acompaña al presidente Daniel Noboa está conformada por el secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Neira; el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Roberto Kury; así como los titulares de Defensa Nacional, Economía y Desarrollo Económico y Productivo, además de otros funcionarios.

El expresidente Martín Vizcarra presentó nuevamente problemas de salud, por lo que fue llevado de urgencia este martes 20 de octubre desde el penal de Barbadillo hasta un hospital ubicado en Ate.

El INPE precisó que el traslado del exmandatario se realizó conforme a los “procedimientos establecidos”. Asimismo, informó que el estado de salud de quien también fue gobernador regional de Moquegua es estable y que permanece bajo observación médica.

Horas antes, Alejandro Salas, abogado de Martín Vizcarra, informó a través de sus redes sociales que el exmandatario presentó un cuadro de cólico renal.

Debido a esta situación, el exmandatario fue trasladado de urgencia al hospital de Ate, donde ingresó al área de Trauma Shock. Sin embargo, según indicó su abogado, durante la atención médica, Vizcarra Cornejo “habría presentado una complicación cardíaca”, lo que motivó su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El exmandatario ya ha requerido atención médica de emergencia en otras ocasiones debido a sus problemas de salud. Según se informó, Vizcarra presenta un cuadro severo de litiasis renal, una afección relacionada con la formación de cálculos renales, además de estenosis ureteral e hidronefrosis.

En enero de 2026, Vizcarra fue sometido a una cirugía de emergencia en la que, según reportes previos, se confirmó la pérdida de su riñón izquierdo. Además, su riñón derecho presenta una capacidad funcional reducida, situación que ha motivado su traslado desde el penal de Barbadillo a centros de salud para recibir atención médica.

📢 #INPEInforma | El INPE informa a la opinión pública lo siguiente👇 https://t.co/mTdqwJZQEj

— Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) October 20, 2026

María del Carmen Barragán Coloma asume en el cargo de confianza de asesor III, nivel Ejecutivo 3, en la Presidencia Ejecutiva de Essalud.

El nombramiento que se dio el sábado 17 de octubre de 2026 llama la atención porque ocurrió en medio del debate del pedido de facultades que solicitó el Poder Ejecutivo al Congreso.

Precisamente, el lunes 19 sesionó la Comisión de Constitución del Senado para votar el predictamen.

Las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Buen Gobierno no asistieron. Sin embargo, el representante de la bancada Obras sí acudió.

Incluso, estuvo presente el senador Daniel Barragán, quien es suplente en el mencionado grupo de trabajo.

Con la presencia de Obras hubo quórum necesario para sesionar, pero también dieron su voto a favor del texto que añadió siete puntos a los 20 ya aprobados en la Cámara de Diputados.

EXPERIENCIA

Cabe precisar que Barragán Coloma es abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, además, obtuvo el grado de magíster en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Privada San Juan Bautista.

Barragán tiene muchos años de experiencia en la gestión pública.

Incluso, en el pasado fue nombrada como directora ejecutiva del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif). Sin embargo, en los últimos años se enfocó en aparecer como abogada en programas de espectáculo para analizar casos vinculados a personajes de ese sector.

Correo buscó los descargos de Essalud sobre la polémica designación, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

La abogada María del Carmen Barragán Coloma, hermana del senador Daniel Barragán del Partido Cívico Obras, fue designada asesora de la presidenta ejecutiva de EsSalud. https://t.co/rhwNgSRodm

— Sofía López (@SofiaLopezLl) October 20, 2026

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibió este martes 20 de octubre al mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, en Palacio de Gobierno, en Lima, con motivo del Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador. La cita reúne a ministros y altos funcionarios de ambos países para abordar asuntos de seguridad, integración fronteriza, comercio y cooperación bilateral.

Durante la ceremonia de bienvenida, el jefe de Estado ecuatoriano recibió los honores protocolares, saludó a la bandera peruana y pasó revista al Regimiento de Caballería “Mariscal Domingo Nieto”, encargado de la escolta presidencial. El acto incluyó la interpretación de la Marcha de Banderas.

Fujimori y Noboa abordan seguridad y desarrollo fronterizo

Tras el recibimiento oficial, ambos mandatarios tienen previsto sostener una reunión para evaluar las prioridades de la agenda compartida. Paralelamente, los ministros de los dos gobiernos participan en encuentros sectoriales orientados a fortalecer los mecanismos de cooperación.

Entre los principales asuntos figuran la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, el comercio, las inversiones, la conectividad y el desarrollo de las poblaciones fronterizas.

Según la agenda difundida desde Ecuador, el encuentro ministerial contempla cinco ejes: seguridad y defensa; ambiente, energía y desarrollo sostenible; comercio, inversiones y turismo; integración fronteriza y conectividad; y cooperación social y cultural.

Ministros de Perú y Ecuador participan en reuniones bilaterales

La delegación peruana está encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, y el canciller Carlos Espá y Garcés-Alvear.

También participan los ministros Rafael Belaunde, de Defensa; Rogers Valencia, de Comercio Exterior y Turismo; Elmer Cuba, de Economía y Finanzas; Juan Requejo, de la Producción; y César Astudillo, del Interior.

La representación peruana incluye a José Antonio Chang, de Educación; Mauricio Arriolas, de Vivienda, Construcción y Saneamiento; José Tangherlini, de Transportes y Comunicaciones; Vladimiro Huaroc, del Ambiente; Marco Vinelli, de Desarrollo Agrario y Riego; y Guillermo Shinno, de Energía y Minas.

Por Ecuador, la comitiva está integrada por el secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Neira, y el canciller Roberto Kury.

Asimismo, participan los ministros Gian Loffredo, de Defensa Nacional; Bernardo Cordovez, de Desarrollo Económico y Productivo; John Reimberg, del Interior; y Gilda Alcívar, de Educación, Deporte y Cultura, además de viceministros de Vivienda y Ambiente.

Perú asumirá presidencia de la Comunidad Andina

Uno de los actos previstos en Palacio de Gobierno es el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN) de Ecuador a Perú.

La Comunidad Andina es el organismo de integración regional conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que promueve la cooperación económica, comercial y social entre sus países miembros.

Después de esta ceremonia se desarrollará la sesión plenaria del XVII Gabinete Binacional, en la que se presentarán los resultados de la XVIII Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, realizada el lunes 19 de octubre.

Perú y Ecuador preparan Declaración de Lima 2026

La Comisión de Vecindad permitió revisar los avances del Plan de Acción de Quito 2025 y preparar nuevos compromisos de cooperación para el presente año.

En la reunión participaron representantes de ambos gobiernos, autoridades de zonas fronterizas y delegados del sector privado. Entre los asuntos prioritarios estuvieron la minería ilegal, la protección de recursos hídricos compartidos, la integración territorial y la interconexión eléctrica.

El encuentro presidencial culminará, según el programa oficial, con la suscripción de la Declaración Presidencial de Lima 2026 y la adopción del Plan de Acción de Lima 2026. Ambos documentos establecerán los compromisos de cooperación acordados por las delegaciones.

Gabinete Binacional busca fortalecer cooperación entre ambos países

El mecanismo de Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional Perú-Ecuador se desarrolla desde 2007 y constituye uno de los principales espacios de coordinación política entre las dos naciones.

La reunión de Lima corresponde a su decimoséptima edición y da continuidad a los compromisos de integración establecidos tras los acuerdos de paz de 1998.

Su importancia radica en la posibilidad de coordinar acciones conjuntas frente a problemas compartidos, especialmente en las zonas de frontera, donde la seguridad, el transporte, el comercio y el acceso a servicios públicos requieren cooperación de ambos Estados.

El alcance definitivo de los nuevos compromisos será conocido tras la firma y publicación de los documentos oficiales del encuentro.

Y es que ayer, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, aprobó el dictamen que otorga facultades al Ejecutivo por 90 días en materia de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño (FEN).

Para que el dictamen pase a ser proyecto de ley, solo le falta una última instancia: La Cámara de Senadores.

AUSENCIA

A través de sus redes sociales, la senadora Ruth Luque (Ahora Nación) anunció que no asistiría a la sesión de la Comisión de Constitución porque se debatirían puntos adicionales a lo que aprobó la Cámara de Diputados.

Como se recuerda, la Cámara Baja aprobó darle facultades al Ejecutivo en 20 de los 66 puntos que solicitaron. Sin embargo, el equipo técnico de Constitución del Senado, añadió siete más.

En ese sentido, Luque recordó que solicitó, mediante un oficio multipartidario, que se respeten los límites de cada cámara.

“Claramente es el propio fujimorismo el que pretende no respetar las decisiones parlamentarias de la Cámara de Diputados. El Senado debe ejercer su función de revisión con límites, transparencia y respeto al equilibrio entre ambas cámaras”, escribió.

Consultado por el tema, el presidente del Congreso, Miguel Torres, calificó como “una pena” que algunos senadores no vayan a la sesión.

“Deciden dar la espalda. Aquí se viene a debatir, a discutir, pero el hecho de decir simplemente ´no voy´, lo que hace es dar la espalda”, reclamó.

Iniciada la sesión, se registró la asistencia de siete titulares, la cantidad necesaria para que haya quórum.

Carlos Mesía, Alejandro Aguinaga, Martha Chávez y Patricia Juárez de Fuerza Popular (FP); Lourdes Alcorta y Katherine Ampuerto de Renovación Popular, así como Roger Astucuri del Partido Cívico Obras.

Además de Luque, no asistieron Víctor Cutipa, Iber Maraví y Humberto Morales de Juntos por el Perú (JP), así como Patricia Iturregui del Partido del Buen Gobierno.

Alcorta fue una de las senadores que cuestionó la ausencia de sus colegas.

“Ellos también representan a regiones, deben discutir y votar, ya sea a favor o en contra, pero es su obligación”, dijo.

PRIMER BLOQUE

Antes de dar inicio al debate, el presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, recordó que si bien existen matices e indiferencias entre las bancadas, se pueden buscar coincidencias para combatir la inseguridad ciudadana y el FEN.

“No pretendo que nadie renuncie a sus convicciones. Tampoco pretendo que el dictamen que tenemos sobre la mesa sea un texto cerrado, el dictamen es una propuesta de trabajo”, aclaró.

El representante de Fuerza Popular anunció que primero se sometería a votación el texto de 20 puntos que aprobó la Cámara de Diputados.

Aquí destacan puntos como fortalecer los procedimientos de identificación, verificación, documental, control y fiscalización migratoria.

También el modificar el marco normativo sobre armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil.

El texto de 20 puntos se aprobó con siete votos a favor, los únicos que asistieron a la comisión.

Antes de iniciar el debate por los siete puntos adicionales, el senador Roger Astucuri de Obras propuso unos cambios en la redacción del texto.

Así que la comisión se suspendió por casi una hora para realizar las modificaciones.

FINAL

Uno de los primeros cambios que se realizó fue al apartado de libertad vigilada postpenitenciaria para delitos de alta peligrosidad.

En el texto final se lee: “Regular para los delitos de sicariato, extorsión y para casos de organizaciones criminales que atenten contra la inseguridad ciudadana, la libertad vigilada postpenitenciaria bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo, así como la creación de su respectivo registro, a fin de prevenir la reincidencia y continuidad delictiva”.

También se cambió la propuesta que establecía calificar como “grupo hostial” a las organizaciones criminales, a fin de que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) puedan intervenir.

Específicamente, se plantea modificar el Decreto Legislativo 1095, el mismo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en apoyo de las Policía Nacional.

“Cuando la capacidad operativa de la Policía haya sido sobrepasada o exista riesgo cierto de que ello ocurra, estableciendo un carácter excepcional, temporal, subsidiario y territorialmente delimitado de dicha intervención”, se lee en el dictamen.

Por lo tanto, no se sustituyen las funciones de la Policía.

Sobre la polémica que se generó por el punto que propone modificar el Decreto Legislativo N°1141 de fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), se precisó que se realizará con la finalidad de fortalecer la coordinación e interoperatibilidad entre los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional y la DINI.

“Frente a amenazas a la seguridad nacional y a la criminalidad organizada (...), sin afectar los derechos fundamentales”, concluye el punto.

El dictamen se aprobó también con siete votos de los senadores presentes.

Mesía pidió a los senadores no retirarse para que puedan firmar el dictamen.

Esto se realizó con el objetivo de agilizar el proceso a fin de que el documento sea enviado al Pleno del Senado para su posterior debate y votación.

RECLAMOS

Luego de la votación, Mesía dijo estar satisfecho porque a pesar de la ausencia de algunos senadores, la Comisión de Constitución pudo consensuar.

“Invitamos a los grupos que no han formado parte de la sesión de hoy (ayer) a que lo hagan el día que tengamos que debatir en el Pleno del Senado”, afirmó.

En diálogo con la prensa, el fujimorista recordó que la oposición pidió debate.

“El día que el presidente del Senado convoque, ahí estaremos para debatir e intercambiar ideas”, sostuvo.

Además, la bancada de FP convocó a una conferencia de prensa junto a tres sillas vacías, cada una tenía el logo de Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Buen Gobierno, bancadas que no asistieron a la sesión que se convocó.

Patricia Juárez señaló que dichas bancadas “se llenan la boca hablando de justicia”. Sin embargo, “huye por detrás cuando se trata de castigar alos delincuentes”.

“Esas sillas vacías representan a los políticos que le dan la espalda al reclamo de los ciudadanos. Son aquellos que se levantaron y no quisieron dar quórum para dar soluciones que el pueblo peruano reclama. Huyen y se esconden cuando hay que hablar de orden, pero son los primeros en aparecer cuando surge el caos”, indicó.

La relación comprende a representantes de cuatro agrupaciones políticas que postularon, incluso, por la capital, según el portal Congrezoo.

El Partido del Buen Gobierno registra cuatro beneficiarios. El senador Jorge Gavidia postuló por lista nacional y declaró domicilio en Lince; la diputada Nora Llaque fue elegida por La Libertad y dijo vivir en San Isidro. Nathaly Molina e Hilda Fernández, también diputadas, postularon por Lima y declararon domicilios en Ate y Surco.

Fuerza Popular suma tres legisladores. El senador Segundo Tapia postuló por Cajamarca y declaró domicilio en Ate. Los diputados Jhonn Valqui y Carmela Paucara fueron elegidos por Pasco y Piura, respectivamente, pero consignaron residencia en Pueblo Libre y Villa El Salvador.

En tanto, Obras tiene tres diputados elegidos por Lima: Víctor Piñán declaró domicilio en San Juan de Lurigancho; Andrea Medina, en La Molina; y Raúl Camargo, en Santa Anita.

Finalmente, Juntos por el Perú tiene al senador Percy Osorio, elegido por Pasco y domiciliado en el Cercado de Lima.

La iniciativa dispone que el proceso actual termine el 31 de diciembre de 2026 y que el nuevo mecanismo rija del 1 de enero de 2027 al 30 de junio de 2028.

Sin embargo, especialistas consultados por Correo advierten que la propuesta no resuelve el problema de fondo y que podría tratarse de una continuación del actual proceso de formalización, bajo otra denominación.

Medidas

La propuesta legislativa crea dos regímenes.

El régimen ordinario, que es permanente y exige autorización sectorial y certificación ambiental antes de iniciar actividades; y el “régimen de consolidación”, que es temporal y de acceso cerrado.

Este último incorpora a quienes mantengan su inscripción en el Reinfo al 31 de diciembre de 2026, y permite que los registros suspendidos permanezcan en esa condición hasta que la autoridad revise su situación.

También crea el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), adscrito al Ministerio de Energía y Minas, que asumirá funciones de autorización, evaluación ambiental, registro, supervisión, fiscalización y sanción.

La propuesta contempla sistemas de trazabilidad y supervisión de plantas de beneficio con capacidad superior a 25 toneladas métricas diarias; así como, autorizar al Banco de la Nación a abrir cuentas a mineros formalizados.

Según la exposición de motivos, hay 31,574 inscripciones, de las cuales 8,859 figuran suspendidas, y reconoce que el 92.8 % de inscritos en explotación no posee derecho minero.

Riesgos

El abogado ambiental César Ipenza calificó el régimen de consolidación como una ampliación “disfrazada” del Reinfo.

“Simplemente, están pasando todos los mineros del Reinfo a ese nuevo proceso que ya no es un año de ampliación, sino dos años hasta el 2028”, advirtió.

Según Ipenza, la iniciativa no contempla garantías para la trazabilidad del oro y crítica el rol del Banco de la Nación.

“Sería peligroso que una entidad de todos los peruanos, un banco público nuestro, termine de alguna manera recibiendo dinero o lavando dinero de origen ilegal”, alertó.

Por su parte, la economista Stephani Maita precisó que el proyecto no explica cómo actuará el Estado mientras el Formape se implemente; por ejemplo, en el tratamiento de explosivos.

“Potencialmente eso puede representar un riesgo importante. Para que este tipo de insumos peligrosos no terminen en manos de terceros que están asociados a otro tipo de actividades delictivas”, subrayó.

La experta considera que la minería ilegal crece en las zonas de frontera como Madre de Dios y Puno, y que el Ejecutivo no ha elaborado una estrategia integral.