El nombramiento marca el inicio del proceso de reestructuración de Sedapal, según anunció el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas.

La medida busca impulsar una gestión más eficiente y orientada a resultados, con el objetivo de mejorar la continuidad, seguridad y calidad del servicio de agua potable para las familias de Lima y Callao.

Arnillas aseguró que la reestructuración busca fortalecer a la empresa y descartó que esta implique una privatización del servicio. “El agua es pública, del Estado, y va a seguir siendo así”, afirmó el titular del sector.

Laca Barrera es ingeniero civil y cuenta con experiencia en el sector de agua y saneamiento. Fue viceministro de Construcción y Saneamiento en dos oportunidades y ocupó cargos directivos en el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

También se desempeñó como especialista sénior en agua y saneamiento del Banco Mundial y participó en programas de asistencia técnica y reforma institucional orientados a fortalecer la gestión y sostenibilidad de los servicios de saneamiento.

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La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 176-2026-EF, publicado en el diario El Peruano. Los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y corresponden a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

El propósito de la transferencia es garantizar la organización y atención de las actividades oficiales vinculadas con la visita del pontífice, considerada un evento internacional de alto nivel. Los recursos permitirán a la Cancillería atender los gastos necesarios para el desarrollo de la agenda y los compromisos protocolares asociados a la presencia del papa en el país.

El monto será incorporado al presupuesto de la Cancillería como gasto corriente, en la partida de bienes y servicios, y estará destinado a la organización de eventos internacionales de alto nivel, vinculados con el fortalecimiento de la política exterior y la acción diplomática.

La norma establece que la Cancillería deberá aprobar, dentro de los cinco días calendario de su vigencia, la desagregación de los recursos transferidos.

Asimismo, precisa que el dinero no podrá ser utilizado para fines distintos a los establecidos en el decreto, bajo responsabilidad.

El decreto supremo lleva las rúbricas de la presidenta Keiko Fujimori, y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y establece las disposiciones presupuestales necesarias para atender los compromisos derivados de la visita papal.

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Dyer señaló durante una entrevista en RPP, que una de las principales dificultades del sistema es que los establecimientos de salud manejan información de manera aislada, incluso sobre aspectos administrativos como el inventario de medicamentos.

“Nuestra meta a corto plazo es la transformación digital (...). Se va a empezar a mejorar la parte administrativa de los hospitales y los centros de salud”, indicó.

El ministro explicó que actualmente los registros todavía se manejan en papel y no existe una conexión adecuada entre los establecimientos.

“Hoy no tenemos conexión. Por ejemplo, algo tan sencillo como un consultorio con el inventario de la farmacia. No tenemos conexión entre hospitales”, refirió.

Cuatro medidas forman parte de la propuesta

Entre las medidas planteadas figura un sistema que permita consultar en tiempo real el inventario de las farmacias, además de una mejor gestión de los horarios de atención y notificaciones sobre las citas. El ministro precisó que busca reducir el uso de documentos físicos e implementar historias clínicas electrónicas para facilitar el acceso a la información de los pacientes.

Sobre este punto, Dyer sostuvo que la falta de digitalización afecta actualmente a distintos niveles del sistema sanitario.

“Estamos a un nivel que cada consultorio médico en nuestro país, cada hospital, tiene información en papel y no se comparte. No hay digitalización”, advirtió.

El titular del Minsa indicó que el objetivo es avanzar con la interconexión de los establecimientos durante los próximos meses, como parte de la modernización planteada mediante las facultades legislativas.

“Para fin de año debo tener conectados los 25 hospitales de Lima y los 500 centros de salud”, señaló.

Mediante la Resolución N.º 3707-2026-JNE, emitida el 4 de septiembre, el Pleno declaró infundado el recurso de apelación presentado por Ronald Castillo Rojas y ratificó la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que había rechazado inicialmente la solicitud.

El cuestionamiento surgió luego de la renuncia de Luis Israel Rubio Idrogo, candidato de Renovación Popular a la Alcaldía de Lima. Castillo Rojas sostuvo que, al quedar López Aliaga como primer regidor, podría acceder nuevamente a la alcaldía durante el periodo 2027-2030, lo que, según su argumento, debía evaluarse frente a la prohibición constitucional de reelección inmediata.

Sin embargo, la mayoría del JNE determinó que el pedido debía ser considerado como una tacha, debido a que cuestionaba la permanencia del candidato en el proceso electoral. Bajo esa figura, el plazo para presentar la objeción era de tres días calendario desde la publicación de la lista correspondiente.

El máximo órgano electoral precisó que la última publicación de la lista de Renovación Popular se realizó el 31 de julio, por lo que el plazo para presentar una tacha venció el 3 de agosto. Sin embargo, Castillo Rojas presentó su cuestionamiento el 21 de agosto, cuando el plazo ya había concluido. Por ello, el JNE declaró improcedente el pedido por extemporáneo.

La mayoría del Pleno tampoco se pronunció sobre el fondo de la controversia, es decir, si la renuncia del candidato a alcalde podría generar una situación incompatible con la prohibición de reelección inmediata establecida en el artículo 194 de la Constitución. El organismo electoral consideró que no correspondía analizar este aspecto, debido a que el plazo para presentar la tacha ya había precluido.

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Carlos Tubino fue designado como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Argentina, en reemplazo de Carlos Chocano. La resolución correspondiente dispone la entrega de las cartas credenciales y los plenos poderes necesarios para que pueda iniciar sus funciones en Buenos Aires.

Tubino es vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú y desarrolló parte de su trayectoria pública en el Congreso. Fue elegido parlamentario por Ucayali y también presidió la Comisión de Relaciones Exteriores, además de ejercer la representación política de su bancada.

Mientras que, Aurelio Pastor fue designado como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington. El exministro de Justicia ocupó anteriormente una cartera ministerial durante el segundo gobierno de Alan García y también fue congresista por San Martín.

Carlos Pareja, por su parte, fue nombrado representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. El cargo comprende la conducción de la delegación peruana ante este organismo internacional.

Nuevos representantes en Suiza y Tailandia

La Cancillería también oficializó el nombramiento de José Recoba Martínez como representante permanente del Perú ante la Confederación Suiza y los organismos internacionales con sede en Ginebra. De esta manera, Recoba asumirá la conducción de la misión peruana en esa ciudad.

Asimismo, el embajador Carlos Amézaga Rodríguez fue designado para encabezar la representación diplomática del Perú en Tailandia. Su nombramiento forma parte del conjunto de resoluciones emitidas para renovar distintas misiones en el exterior.

¿Qué otros cambios dispuso el Ejecutivo?

Entre las disposiciones publicadas también figura la culminación de las funciones de Manuel Cacho-Sousa como representante diplomático del Perú en Italia. La Cancillería estableció además el término de la misión de Carlos Herrera en Francia.

La exministra Jennifer Contreras Álvarez fue designada para encabezar la misión del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con sede en Roma. En Francia, Carlos Díaz Villanueva asumirá la representación peruana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París.

Las resoluciones supremas fueron emitidas por el Poder Ejecutivo y cuentan con la firma de la presidenta Keiko Fujimori y del canciller Carlos Espá. Los nuevos representantes deberán cumplir con los procedimientos correspondientes para asumir formalmente sus funciones en cada misión diplomática.

En este último bloque, los postulantes respondieron además las preguntas formuladas por representantes del Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Junín.

Bienvenida. Durante la apertura, el director de Correo Huancayo y subdirector de la cadena nacional Correo, Jorge Esteves Alfaro, sostuvo que el objetivo del medio es contribuir a que la ciudadanía tenga un voto informado. Señaló que los candidatos deben explicar qué se necesita hacer para mejorar Chilca y, fundamentalmente, cómo ejecutar sus propuestas. Remarcó que el distrito afronta diversos problemas y que quien resulte elegido tendrá la responsabilidad de conducir su desarrollo de acuerdo con las expectativas de la población.

“Luego de oír las propuestas que ustedes vayan a dar va a permitir que el elector tenga un concepto más claro a la hora de que el 4 de octubre esté ante la cámara secreta y emita su voto”, expresó.

En la misma línea, el decano del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Junín, Mencio Mucha Bonifacio, destacó la disposición de los candidatos para presentar sus planteamientos ante los electores. “Nuestro colegio se pone a disposición del alcalde que vaya a ser elegido para poder trabajar conjuntamente en beneficio de nuestra sociedad, especialmente en este caso del distrito de Chilca”, expresó el decano.

Inicio. El encuentro inició cerca de las 9:30 de la mañana en el auditorio del Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Junín, en El Tambo. De los ocho candidatos convocados, siete acudieron al debate. La ausencia fue la de Hernán Sergio Huamaní Yalli, de Alianza para el Progreso, quien no llegó al evento.Algarabía. Desde las primeras horas de la mañana, los exteriores del local fueron ocupados por simpatizantes de las diferentes agrupaciones políticas. Con banderas, arengas, barras e instrumentos musicales, los seguidores expresaron su respaldo a sus candidatos mientras estos ingresaban al recinto para participar del debate.Debate. Durante la jornada, los postulantes expusieron sus propuestas y protagonizaron algunos cruces al contrastar sus planteamientos sobre los principales problemas del distrito. El manejo de los residuos sólidos, la inseguridad y el crecimiento urbano concentraron buena parte de las intervenciones, en un intercambio que permitió conocer las distintas alternativas planteadas para Chilca.

La salida. Al finalizar el debate se realizó la fotografía oficial con los candidatos participantes. Luego, a la salida del auditorio, cada postulante fue recibido por sus simpatizantes, quienes los esperaron con banderas, música y arengas. Algunos seguidores incluso cargaron en hombros a sus candidatos, mientras otros los recibieron entre abrazos y aplausos antes de que se retiraran del lugar.

El encuentro permitió así que los candidatos expusieran sus principales propuestas frente a los problemas que enfrenta Chilca y contrastaran sus posiciones ante el electorado. La jornada concluyó entre arengas y muestras de respaldo de los simpatizantes que aguardaron en los exteriores del recinto.

Ejemplo. Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió con los integrantes y simpatizantes de Batalla Perú. Antes de retirarse, todos los simpatizantes tomaron escobas y bolsas para recoger los residuos que habían quedado en las calles tras la concentración. Su candidato Dalay Lama Colonio Nolasco también se sumó a la acción y participó en la limpieza de los exteriores del Colegio de Arquitectos. Aunque ellos llegaron preparados para esta activida, ya que el candidato Dalay Lama llevó hasta el punto de concentración un pequño vehículo para que todos los residuos recogidos en recoletados en él y lo lleven a desechar.

Leonel Mallqui Silva

Juntos Por el Perú

“La situación de seguridad en Chilca es muy caótica”

Residuos sólidos. “En los primeros tres meses de nuestro gobierno vamos a adquirir 10 contenedores y colocarlos en las zonas críticas para educar a nuestros vecinos sobre la limpieza y el cuidado del medio ambiente. También vamos a adquirir cinco vehículos y, en los primeros tres meses, vamos a elaborar el expediente técnico para una planta de tratamiento de residuos sólidos. Vamos a trabajar con las juntas vecinales, educando y sensibilizando sobre el sistema de residuos sólidos y el cuidado del medio ambiente. También vamos a construir un reservorio en las puertas del río Chilca para solucionar el problema del agua, porque sin agua no podemos cuidar nuestro medio ambiente ni mejorar nuestra calidad de vida”.

Seguridad ciudadana. “Vamos a implementar 200 cámaras de videovigilancia con detector facial, cinco camionetas y 10 motocicletas para fortalecer a los agentes de seguridad ciudadana y llegar rápidamente a los lugares donde se produzcan los incidentes. Vamos a coordinar con las juntas vecinales y con las instituciones que tienen competencia en nuestra jurisdicción. Tenemos cuatro espacios construidos en la gestión anterior que están como elefantes blancos; nosotros vamos a convertirlos en Puestos de Auxilio Rápido. También tenemos que trabajar frente a la desocupación. A través del Procompite Chilca vamos a capacitar a nuestros vecinos y darles capital para que puedan generar sus propios ingresos. También vamos a implementar una academia municipal con aulas pedagógicas para que nuestros jóvenes puedan aprender”.

Planificación Urbana. ”Vamos a proteger las áreas productivas de nuestro distrito mediante una ordenanza municipal y vamos a controlar la expansión de las viviendas que se construyen en lugares prohibidos. La autoridad tiene que proteger nuestras áreas de manera clara y precisa y no permitir que la ciudad siga creciendo de manera desordenada. Tenemos que trabajar en la planificación y coordinar con las instituciones correspondientes para establecer las normas y buscar una solución para las personas que ya han construido o urbanizado en lugares que no son adecuados. Vamos a coordinar con las instituciones para poder ordenar este crecimiento”.

“Yo soy un luchador social de más de 20 años y he trabajado por el bienestar de la población sin ser autoridad ni alcalde. Vamos a tener presupuesto y vamos a gestionar el apoyo desde la Cámara de Diputados y Senadores para ejecutar las obras que Chilca necesita”.

Abraham Carrasco Talavera

Podemos Perú

“Trabajo articulado en residuos y refuerzo del serenazgo”

Residuos sólidos. “El álgido problema de la basura genera entre 90 y 100 toneladas por día en promedio, y en fechas festivas llegamos a más de 130 toneladas diarias. El manejo de los residuos es una enorme responsabilidad; por ello, el problema de la basura no se va a resolver de manera aislada. Requerimos hacer un trabajo mancomunado con el Gobierno Regional y la provincia de Huancayo: vamos a trabajar de forma institucional. Ya se tiene una planta de tratamiento en Huancayo; ahí se debe consolidar un trabajo coordinado. Chilca gasta más de cuatro millones de soles al año en el tratamiento de los residuos sólidos, de los cuales apenas se logra recaudar el 20%; el 80% lo subsidiaremos. Se mejorará el área de Limpieza Pública con la compra de más compactadoras y la implementación del área de Limpieza Pública”.

Seguridad Ciudadana. No es posible que una población de más de 120 mil habitantes apenas tenga nueve vehículos para serenazgo, apenas tengamos 52 serenos y prácticamente apenas 18 cámaras de seguridad. Se tiene que trabajar coordinadamente con el gobierno regional y la provincia de Huancayo. Existen hoy cuatro infraestructuras que se construyeron en la época de Carlos de la Cruz con más de 3 millones de soles que hoy son urinarios; vamos a convertir esos escenarios en puestos de auxilio rápido trabajando de con la Policía. Tenemos que organizar a las juntas vecinales para trabajar de forma coordinada; se debe hacer un trabajo de carácter interinstitucional, tenemos que buscar financiamiento, vamos implementar serenazgo con más camionetas, contratar más serenos y comprar camáras”

Planificación urbana. “En el plan de gobierno metropolitano que estamos trabajando con Fernando Orihuela, Emerson Nolasco y Héctor Melgar “Barbachita”, está considerado que los anillos viales, como por ejemplo Jacinto Ibarra, tienen que culminarse con el respectivo asfaltado y la apertura de manera contundente. El tema de la pavimentación y el asfaltado de Héroes de Azapampa, que llega hasta el distrito de Huancán (la avenida 31 de Octubre) y la avenida 9 de Diciembre, que va desde Ferrocarril hasta el acceso a la franja marginal del río Mantaro, tienen que ser asfaltadas. De tal forma, estos anillos viales, en el plan de gobierno metropolitano estamos considerando, la vía de evitamiento. Esta vía va a lograr descongestionar el tráfico, con mis hermanos mototaxis ya tenemos un compromiso para poder extenderles la mano, trabajar de la mano”.

Dalay Lama Colonio Nolasco

Batalla Perú

“Gestionaremos cámaras con IA y alarmas con perifoneo”

Residuos sólidos. “Primero tenemos que reunirnos nuevamente con nuestros hermanos de Auquimarca y reestructurar la planta de residuos sólidos. Vamos a organizarnos con las juntas vecinales, ir barrio por barrio y sector por sector para concientizar a los vecinos. También vamos a formalizar a nuestros hermanos recicladores para que recojan y segreguen los residuos. A mediano plazo buscaremos otros puntos en Azapampa, Chilca Alta y otros sectores para una nueva planta. Estoy en contra de los contenedores y de los tachos soterrados; tenemos que trabajar en educación y formalización de recicladores”.

Seguridad ciudadana. “Chilca es uno de los distritos más inseguros de la región Junín y tenemos que fortalecer las juntas vecinales. Cada junta tendrá respaldo y soporte logístico de nuestra gestión. Vamos a reemplazar las alarmas obsoletas por alarmas con perifoneo, como las que implementamos en Echadero, con 400 números de celular integrados. También apoyaremos a los vecinos con becas y medias becas para la Academia Municipal. Trabajaremos para mejorar la iluminación LED mediante convenios con Electrocentro. Además, implementaremos cámaras con inteligencia artificial e interconectaremos las cámaras públicas y de los vecinos para hacer seguimiento a los delincuentes. Respeto a la Policía y al serenazgo, pero creo en mis vecinos organizados; vamos a hacer de Chilca el distrito más seguro de la región Junín”.

Planificación urbana. “Chilca está creciendo de manera desordenada y estamos perdiendo áreas verdes. No podemos seguir aceptando dinero antes que las áreas de aporte; vamos a preferir las áreas verdes. También tenemos problemas de transporte porque hay sectores donde no llega ninguna empresa y los vecinos deben caminar largos tramos. Vamos a trabajar una planificación para Chilca junto con el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, las juntas vecinales y los líderes sociales, porque si no planificamos hacia adelante tendremos un distrito con poco desarrollo y desordenado”.

“El primer año de gestión ejecutaremos seis pozos tubulares y cuatro reservorios para garantizar agua. Trabajaremos pavimentos en Azapampa, Chilca Alta, Peñaloza, Llamus, Auquimarca y otros sectores. Apoyaremos a feriantes, pequeños, medianos y grandes empresarios, y trabajaremos la canalización de ríos y drenajes pluviales. Traeremos la primera universidad al distrito y promoveremos inversión privada y formación técnica”.

Jhony Rojas Lázaro

Acción Popular

“Revolución sanitaria en Chilca y mil cámaras”

Residuos sólidos. “Existe una grave crisis ambiental en el distrito de Chilca. Consideramos que debemos impulsar una revolución sanitaria tenemos que crear una “fábrica verde” donde se industrialice el tratamiento de la basura. Proponemos una planta de valorización de residuos mediante asociación público-privada, Así tendremos un distrito limpio. Hablamos de inversión privada porque es el momento de que la gestión pública moderna ingrese al distrito de Chilca. El sector privado asumirá los costos operativos y tecnológicos; la municipalidad, la fiscalización; y los vecinos, el beneficio de un distrito limpio. Esto ya está normado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Según la Ley de Recicladores, proponemos realizar el registro de recicladores, ya que muchos se encuentran en la informalidad; nuestro objetivo es formalizarlos.

Seguridad Ciudadana. “Hablar de seguridad ciudadana es atacar la inseguridad de forma inmediata y oportuna. Acción Popular propone instalar cámaras de seguridad en los lugares más críticos: implementaremos más de 1 000 cámaras de última generación y recortaremos las rutas del delito con inteligencia artificial. Estas cámaras se activarán mediante un plan de cerco municipal, con coordinación entre serenazgo y la PNP, para rodear y cercar al delincuente y capturarlo en flagrancia. Implementaremos estas cámaras en los colegios bajo el plan “Colegio Seguro”. Fortaleceremos los Comités de Seguridad Ciudadana y pondremos en agenda el trabajo del Ministerio Público, del Poder Judicial y la Policía contra la impunidad.

Planificación Urbana. “El sistema municipal actual es burocrático y corrupto. Hoy, un vecino o una asociación gasta su dinero y paga de su propio bolsillo el levantamiento topográfico; junta los requisitos con gran esfuerzo, va a la municipalidad y se topa con un muro: expedientes “encarpetados” a propósito, incluso por malos funcionarios que exigen cobros bajo la mesa. Esto va a acabar en mi gestión. Por eso impulsaré el programa “Barrios Urbanizados y Seguros”, una iniciativa que acompañará a todos los barrios en los procesos de habilitación urbana y regularización, a fin de gestionar el acceso a agua potable, desagüe, energía eléctrica y otros servicios. Para ello, incorporaremos un equipo técnico multidisciplinario de habilitaciones urbanas, amparado en la Ley 29090, que tramitará, fortalecerá y obtendrá las habilitaciones urbanas de los barrios abandonados. Este trabajo se realizará con personal netamente de planta”.

Luis Vilcahuamán Izarra

Renovación Popular Perú

“El secreto está en revalorar los residuos sólidos”

Residuos Sólidos. “Nuestro objetivo al término de cuatro años es que Chilca tenga su propia planta para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos inservibles. De cada 100 kilos de basura, 10 son irrecuperables, 40 son orgánicos y los otros 50 corresponden a residuos seleccionados como plásticos, papeles y metales. Tenemos que crear centros de acopio y valorización, educar a la población mediante incentivos municipales y hacer convenios con universidades y facultades de Ingeniería Ambiental. También tenemos que crear una Gerencia de Limpieza Pública y Medio Ambiente, recuperar espacios públicos y consolidar la planta de tratamiento de aguas residuales”.

Seguridad Ciudadana. “La responsabilidad de la seguridad y la tranquilidad pública corresponde a la Policía Nacional. Chilca tiene una sola comisaría y un espacio reducido para alrededor de 250 efectivos. Tenemos que utilizar inmediatamente espacios comunales de Auquimarca y Azapampa para instalar puestos de vigilancia y, a mediano plazo, conseguir terrenos para entregarlos en sesión de uso al Ministerio del Interior. También vamos a gestionar el financiamiento para tener comisarías sectoriales o anexos de la comisaría principal. Tenemos que fortalecer el serenazgo y empoderar al vecino mediante las juntas vecinales y el patrullaje integrado. La prevención también es fundamental: debemos recuperar espacios de recreación, trabajar con las universidades para orientar a los padres. También tenemos que optimizar la Academia Municipal de Chilca y otorgar becas a los estudiantes del distrito”.

Planificación urbana. “Tenemos que implementar y consolidar las áreas de equipamiento porque también tienen que ver con la salud emocional y mental. De acuerdo con los planes urbanos de Chilca, existen 13 áreas destinadas a recreación pública, pero solamente dos están implementadas. Tenemos que consolidar espacios en Auquimarca, Azapampa, Romancoto y Peñaloza, entre otros sectores, y nuestro plan contempla implementar por lo menos el 30 % de las áreas establecidas. También debemos recuperar el parque Abel Martínez, mejorar las áreas verdes y los espacios para los jóvenes. En Coto Coto tenemos que mejorar la seguridad, instalar paneles solares y ampliar el horario de atención del estadio. No necesitamos cambiar el uso de las áreas destinadas a recreación pública; tenemos que consolidarlas y gestionar presupuesto para ello”.

Saúl Fredy Alejo Arotoma

Partido Político Perú Primero

“Chilca va a tener agua las 12 horas del día”

Residuos Sólidos. “Hoy no vengo a hablarles de promesas falsas. Soy hijo de Chilca, ingeniero forestal y ambiental y tengo una maestría en ingeniería ambiental. Chilca no necesita una simple planta de tratamiento, sino una planta de valorización, de acuerdo con la Ley 1278, con áreas para compostaje, reciclaje, acondicionamiento y disposición final. Haremos los estudios técnicos y, mediante obras por impuestos, la convertiremos en realidad. También fortaleceremos el programa de segregación, incorporaremos promotores ambientales y trabajaremos con universidades. No necesitamos más contenedores porque generan puntos críticos; necesitamos un proyecto integral de residuos, con compactadores y una gestión adecuada. Además, plantearemos un nuevo acuerdo con Auquimarca y una obra por año para recuperar su confianza”.

Seguridad Ciudadana. “El problema de seguridad no se resuelve con discursos. Chilca tiene cuatro puestos de auxilio construidos, pero hoy están abandonados. Mediante obras por impuestos planteamos un proyecto integral para mejorar su infraestructura, equiparlos y ponerlos en funcionamiento, además de adquirir camionetas, motocicletas y más de mil cámaras de seguridad. Chilca tiene alrededor de S/16 millones anuales para obras por impuestos y allí podemos atender problemas urgentes. Los puestos tendrán monitoreo, personal de serenazgo y movilidad. No necesitamos falsas promesas, sino propuestas viables para cambiar Chilca”.

Planificación Urbana. “La planificación urbana debe ser técnica y política. Chilca forma parte del Plan de Desarrollo Metropolitano y tiene sectores ya zonificados, por lo que vamos a respetar las áreas de recreación activa y pasiva. En los primeros años debemos cerrar brechas de servicios básicos. No podemos prometer un mirador turístico sin accesos ni un parque de las aguas donde no hay agua. Por eso, nuestra prioridad es solucionar el problema hídrico. Chilca tiene fuentes de agua y tendremos un buen pozo tubular para garantizar agua durante 12 horas al día”.

“Hermano chilquense, sé que nuestro principal problema es el agua. Construiremos un pozo tubular en Alata, con más de 100 litros por segundo, un reservorio elevado en Coto Coto de más de 3,000 m2, además de un pozo en Chilca Centro y el proyecto en Acopalca, con una proyección de más de 500 litros por segundo. Luego atenderemos las vías y veredas, con proyectos de aproximadamente S/10 millones en Echadero y S/24 millones en Chilca Alta”.

Erwin Tato Balvin Flores

Progresemos

“Tecnología para transformar la limpieza, seguridad y transitabilidad”

Residuos Solidos. “Progresemos es el primer partido político con directrices ambientalistas y animalistas reconocidas desde su estatuto. En la actualidad Chilca produce aproximadamente de 90 a 100 toneladas de residuos sólidos por día. Se incrementa más cuando hay festividades, unos 120 toneladas. En mis primeros 100 días de gobierno gestionaré en conjunto con el gobierno provincial y regional un espacio como mínimo de 5 hectáreas para poder crear una planta de reciclaje con una visión para poder tener un reciclaje orgánico e inorgánico. Porque ese residuo sólido puede ser utilizado una vez más, darle una vida útil. Todas estas obras se podrá realizar a través de obras por impuesto. También implementaremos la ruta de recolección. Modernizar significa digitalizar. Instalaremos GPS en toda la flota de recolección para saber en tiempo real qué calles ya se limpiaron y cuáles aún todavía no. Aplicaremos mano dura. Quien ensucie el espacio público será sancionado”.

Seguridad Ciudadana. “Lo que quiero plasmar es la propuesta para lanzar el programa “Policía Mi Amigo”, el cual nos permitirá dotar a la PNP en conjunto con la empresa privada y a través de convenios de recursos administrativos como combustible, radios, chalecos y mantenimiento de unidades para la Comisaría de Chilca y el Serenazgo. Fortaleceremos el patrullaje integrado y equiparemos a las juntas vecinales con chalecos y herramientas para vigilar los puntos ciegos identificados en paraderos y zonas comerciales. Firmaremos también un convenio con la empresa Electrocentro para que todo Chilca cuente con iluminación LED, implementaremos la aplicación “Alerta Chilca” para atender cada reporte de robo, violencia familiar, accidente o emergencia. Cabe precisar que si un sereno o funcionario ignora una alerta, esta quedará registrada, lo que permitirá abrir el proceso administrativo disciplinario correspondiente”.

Planificación Urbana. “Chilca tiene veredas ineficientes; puedo traer políticas extranjeras para Chilca y mejorar el paso peatonal, así como reubicar a los ambulantes para que dejen pasar a las personas con discapacidad y evitar que corran riesgos. Me comprometo a tener mano dura en contra de cualquier ambulante que esté en contra de mi disposición (...). Voy a realizar un mantenimiento constante de las vías, más aún durante las lluvias. Pretendo hacer un trabajo constante, monitorear y sancionar a los trabajadores que no cumplan con su deber. Mi compromiso es hacer que Chilca mejore y dar calidad de vida a los ciudadanos.

El Tambo también se prepara para debate

Tras el debate con los candidatos de Chilca, el diario Correo prepara una nueva jornada electoral, esta vez con los postulantes a la Municipalidad Distrital de El Tambo, que está programado para el viernes 11 de setiembre en el Colegio de Arquitectos – Regional Junín. Según la plataforma del JNE, son siete los candidatos inscritos para este distrito.

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El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Arequipa declaró ayer improcedente la solicitud no solo presentada por Zanabria, sino también por el suboficial Rolando Rodríguez Bilbao. La Ley N.º 32735 establece, entre otros aspectos, que un proceso seguido en la justicia ordinaria puede ser archivado cuando se comprueba que existió un proceso en el fuero militar policial por los mismos hechos y contra las mismas personas, siempre que todavía no haya una sentencia firme.

DESCARTADO

Bajo este argumento, Zanabria solicitó el 4 de agosto que se aplique dicha disposición. Su defensa sostuvo que los hechos se produjeron en 2020, cuando se desempeñaba como jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa. Rodríguez Bilbao formuló el mismo pedido en su condición de encargado de la sección de adquisiciones y operador logístico de la institución policial.

Sin embargo, para el colegiado ninguno acreditó los requisitos exigidos por la norma. En el caso de Zanabria, los jueces reconocieron que, si bien existió una investigación en el fuero militar policial, su defensa no precisó qué hechos concretos fueron examinados. Esta omisión impidió comparar esa investigación con los cargos de peculado doloso agravado, con una calificación alternativa de abuso de autoridad, colusión agravada y peculado doloso que se le imputa en el proceso ordinario.

De acuerdo con la resolución, correspondía a la defensa de la exautoridad identificar cuál de estos hechos había sido investigado anteriormente por la justicia militar policial. Al no contar con esa información, los magistrados consideraron que no se podía determinar que se trataba de los mismos hechos.

Distinta fue la situación de Rodríguez Bilbao. En su caso, el colegiado concluyó que la documentación enviada por las autoridades del fuero militar policial no demuestra que haya sido investigado allí por los hechos del actual proceso. Su nombre tampoco aparece en los documentos remitidos para sustentar la existencia de investigación.

Con lo dispuesto por el colegiado, el juicio fue reprogramado para las 8 de la mañana del 9 de octubre. También deben presentarse Francis Alarcón Gallegos, Luis Cancelo Roggero y Claudia del Castillo Chávez, quienes están comprendidos en el caso.

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La Fiscalía sostiene que Beingolea habría concertado con funcionarios para obtener la contratación sin acreditar los estudios ni la experiencia requerida en los términos de referencia.

El Ministerio Público solicita 10 años de prisión, 13 años de inhabilitación y 550 días-multa. La Procuraduría pide 50 mil soles de reparación civil.

La defensa de Beingolea intentó cerrar el proceso con un pedido de sobreseimiento y una excepción de improcedencia de acción, pero ambos fueron rechazados.

El titular del Mincul negó que haya cometido un delito. “Que investiguen todo lo que quieran”, dijo a RPP.

“La participación en un directorio no genera una relación laboral”, aseguró Torres.

Luego, consideró que se trata de información pública y señaló que corresponde realizar las consultas respectivas al titular del Mindef.

El pronunciamiento se produce luego de que se conociera que Rafael Belaúnde Aubry integra el directorio de Paltarumi desde mayo de 2026, mientras que su hijo consignó en su declaración jurada que su padre “no labora”.

Torres también respaldó al ministro Marco Vinelli y destacó su colaboración con la justicia ante el pedido fiscal de cuatro años de prisión por presunta colusión. “Lo animamos a que continúe colaborando con ella”, dijo.

Preámbulo

Belaúnde Llosa presentó su declaración a la Contraloría General de la República, como funcionario público, el 28 de julio de 2026, al principio de su gestión al frente del Ministerio de Defensa (Mindef).

En el documento se registra a Rafael Luis Belaúnde Aubry como padre del declarante y geólogo de profesión. No obstante, en el campo destinado al lugar de trabajo, la declaración consigna: “No labora”.

Sin embargo, la partida registral de Paltarumi S.A.C. contiene otra información sobre el progenitor del ministro.

Según su reporte de inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), la empresa nombró a Rafael Belaúnde Aubry como uno de sus siete directores, desde mayo de 2026 a mayo de 2029.

Como se sabe, Paltarumi adquiere mineral aurífero procedente de Pataz, provincia bajo control de las Fuerzas Armadas por el estado de emergencia vigente.

Por su parte, el ministro aseguró que desconoce la relación de su padre con la minera.

“No sé qué relación es. No sé si es una relación laboral, o tiene un cargo, o es miembro de un directorio (…) No conozco las actividades de Paltarumi”, dijo a Latina.

Crítica

La senadora Katherine Ampuero (Renovación Popular) cuestionó la omisión tras la crisis de inseguridad en Trujillo.

“La omisión (...) y su participación irregular en la entrevista/interrogatorio del secuestrador, resulta gravísima e irresponsable, por decir lo menos. ¿Por qué ocultó el vínculo de su padre con minera? ¿Por qué su interés en entrevistarse/interrogar a secuestrador?”, posteó.

El parlamentario reclama una indemnización de 2 millones de soles por los daños que, según sostiene, sufrió durante nueve años bajo investigación.

Proceso

La acción está dirigida al exfiscal José Domingo Pérez, el fiscal Rafael Vela y los jueces Richard Concepción Carhuancho y Víctor Zúñiga. También comprende al Ministerio Público y al Poder Judicial (PJ).

Como parte del trámite, Figari promovió una conciliación extrajudicial. La primera audiencia se realizó el jueves 3 de septiembre; sin embargo, Concepción Carhuancho fue el único que asistió. Por ello se programó una segunda citación para el próximo 14 de septiembre.

De no alcanzarse un acuerdo, el reclamo continuará ante el PJ. La defensa del legislador plantea que los demandados paguen de manera solidaria la reparación por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que denuncia.

Cabe mencionar que Figari permaneció 19 meses en prisión preventiva. Su abogado, Aurelio Pastor, explicó que el monto comprende los ingresos que dejó de percibir, los gastos de defensa y el daño ocasionado a su imagen y familia. “Hay un daño que no se le ha reparado”, dijo a RPP.

Por su parte, José Chlimper, exsecretario general de FP, inició una acción similar y solicita 1.2 millones de soles. Su audiencia de conciliación fue fijada para este lunes 7.

Las demandas se sustentan en el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló en octubre de 2025 la acusación del Caso Cócteles.

El colegiado determinó que los aportes a las campañas de 2011 y 2016 no configuraban lavado de activos, pues la modalidad imputada fue incorporada recién en noviembre de 2016.

Aunque autoridades policiales y gubernamentales aseguran que hay una “confesión” por parte de los detenidos, la Fiscalía informó ayer que aún no ha recogido, de manera oficial, las declaraciones correspondientes.

Esta diligencia del Ministerio Público es clave para otorgar validez jurídica a los testimonios recogidos y, de ser el caso, solicitar medidas cautelares como una prisión preventiva al término de los 15 días de detención preliminar.

Controversia

Fue el ministro del Interior, César Astudillo, quien manifestó el último 1 de septiembre que los presuntos criminales habían “confesado” su responsabilidad en los hechos.

Los sujetos fueron detenidos horas antes de la liberación de Lara Tantaquilla. Ellos fueron identificados como Frank Quezada Cruz, alias “Ñato”; Julio Zavaleta Quezada, alias “Juliacho”; César García Rivera, alias “Bolacho”; Ángel Bocanegra Linares, alias “Folo”; y José Cherrepe Dávila, alias “Ares”.

De acuerdo con Astudillo, en los cinco capturados “se ha comprobado que son integrantes de ‘Los Pulpos’, confesaron que participaron en la acción (matanza y secuestro) en Trujillo”. El titular del Interior incluso detalló a Canal N que uno de ellos proveyó “las armas, otro los uniformes, otro los vehículos y otro el reglaje”.

El mensaje fue ratificado por la presidenta de la república, Keiko Fujimori, al día siguiente. “Han confesado y hay documentos firmados”, sostuvo la jefa de Estado a la prensa (ver infografía).

Sin embargo, no hasta entonces no había quedado claro si estas “confesiones” se dieron en presencia de un fiscal; es decir, si tiene validez jurídica y puede ser presentada ante un juez para solicitar una prisión preventiva, u otras medidas, que garanticen la continuidad de la investigación. Y, de ser el caso, que deriven en una sentencia condenatoria efectiva.

El 3 de septiembre, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, abordó el tema y sostuvo que esto podría “tratarse de un reconocimiento informal”, ya sea ante el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, u otro funcionario.

“No creo que hayan sido forzados, pero tampoco sabemos si existen esas declaraciones. Puede ser un rumor (…) (La toma de declaración) es con la participación de la Fiscalía, si no hay eso, y no tengo noticias de que un fiscal haya participado, entonces no serviría para nada. Incluso, ni se podría tomar en cuenta”, sostuvo a Willax.

A la mañana siguiente, solo unas horas antes de que el general PNP Víctor Revoredo reafirmara la participación “directa” de los detenidos, el fiscal Jorge Luis Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, confirmó lo señalado por Gálvez Villegas.

“Yo lamento decirles que no le hemos tomado la declaración a ninguno de los detenidos hasta el momento. El único momento en el que ellos podrían ‘confesar’ es ante el fiscal instructor, con la presencia de sus abogados, y eso no se ha llevado a cabo. No sé quien le habrá dado la información a la señora presidenta, pero no hay ninguna declaración todavía al respecto”, aseveró al citado medio de comunicación.

Escenario

De acuerdo con Chávez Cotrina, todavía no se ha realizado dicho acto fiscal “por estrategia”.

Explicó que “es normal que, en este tipo de investigaciones, a los intervenidos se les tome su declaración al final”. Precisó que si bien no hubo coordinación con la Policía en un principio, esta situación ya ha sido superada.

“(¿Le han informado mal a la presidenta?) Definitivamente, a este momento no hay ningún documento –que se llama ‘manifestación policial’–. La única confesión tiene que ser en esa diligencia y en presencia de sus abogados. No existe”, remarcó.

El penalista Andy Carrión reiteró a Correo que si las declaraciones no se brindaron “en presencia de un fiscal y tampoco concurrieron abogados privados o de la defensa pública, estas declaraciones no tendrían ninguna validez jurídica, independientemente de lo que señale el general Revoredo”.

El letrado precisó que si esta “confesión” se produjo antes de la diligencia formal ante un representante del Ministerio Público, deberá ser reiterada en dicho momento para que tenga vigencia.

“Es obvio que, así quiera la Policía aportar algunos audios de las declaraciones o actas, estas simplemente no van a poder ser utilizadas en un eventual juicio oral (si no se prestaron ante un fiscal)”, puntualizó.

Durante la mesa de trabajo “Diagnóstico ciudadano, reforma de la Ley de la Bicicleta, seguridad vial y desafíos pendientes”, promovida por la diputada Jeenny Samanez Gonzales Vigil, Torres recordó que participó en el impulso de la norma aprobada en 2018. Sin embargo, reconoció que, pese a los avances alcanzados, todavía existen brechas en infr

El titular del Parlamento sostuvo que la reforma debe recoger las propuestas de las organizaciones ciudadanas y de los profesionales vinculados al transporte. Asimismo, planteó coordinar entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para impulsar la iniciativa durante su trámite legislativo.

Por su parte, la diputada Jeenny Samanez destacó las medidas adoptadas para facilitar el uso de bicicletas en el Parlamento. Señaló que, tras acudir en bicicleta al Palacio Legislativo, se dispuso inicialmente la instalación de un estacionamiento provisional y posteriormente de espacios para bicicletas en los distintos edificios del Congreso.

En la mesa de trabajo participaron representantes de la ATU, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Lima Cómo Vamos, la Asociación de Ciclistas del Perú, ProBike y Vamos en Bici, además de especialistas en transporte y seguridad vial. Sus propuestas serán evaluadas para determinar su posible incorporación en una futura reforma de la legislación sobre el uso de la bicicleta.

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Huamán Cornejo señaló que durante la reciente semana de representación los diputados constataron las carencias de diversos establecimientos de salud. A esta situación se suma, según indicó, una reducción de más de S/680 millones en el presupuesto previsto para 2027, escenario que genera preocupación ante la posibilidad de un incremento de enfermedades asociado al Fenómeno El Niño.

El presidente de la comisión sostuvo que las políticas y decisiones en materia sanitaria deben considerar la experiencia de los profesionales que atienden diariamente a la población.

En ese sentido, planteó fortalecer los planes de trabajo de la comisión mediante una coordinación directa con los colegios profesionales para conocer sus necesidades y propuestas.

Durante la reunión, el diputado Aldo Bravo Quispe expresó también su preocupación por la falta de articulación entre los sectores involucrados en la preparación frente a El Niño. Advirtió que, además de los efectos de las lluvias, posteriormente podrían presentarse plagas y otros problemas que requerirán una respuesta coordinada desde el sector Salud.

En la reunión participaron representantes de los colegios Médico del Perú, de Enfermeros, de Obstetras, Químico Farmacéutico, de Tecnólogos Médicos, de Nutricionistas y de Cirujanos Dentistas de Lima, además del director del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado. También estuvieron presentes diputados de Fuerza Popular, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú.

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El pedido, suscrito por el fiscal adjunto supremo Wilfredo Rivera, requiere copias de la entrevista en la que Delia Espinoza explicó su variación de patrimonio y los documentos con los que habría sustentado el incremento.

La Junta Nacional de Justicia tiene 10 días hábiles para remitir la información sobre la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

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Según explica el documento, los sistemas de videovigilancia instalados por la Policía Nacional, gobiernos regionales y municipalidades operan de manera independiente de acuerdo a sus capacidades presupuestales y diseños técnicos, lo que ha generado la coexistencia de tecnologías diferentes con niveles de cobertura desiguales en el territorio nacional. Para sustentar esta afirmación, la iniciativa cita el Registro Nacional de Municipalidades 2025, documento que refleja diferencias territoriales significativas en el acceso a este equipamiento.

Dicho informe indica que mientras el 100% de las municipalidades del Callao declaró contar con equipos de videovigilancia, la cobertura alcanzó 53,8% en Tumbes, 52,6% en Lima y 50,9% en Cusco. El mismo documento refiere que solo 11,9% de las municipalidades de Amazonas y 12,8% de San Martín contaban con dicho equipamiento.

La propuesta busca mejorar la respuesta frente a la criminalidad mediante una mayor articulación de los sistemas de videovigilancia y el mantenimiento de los equipos existentes. El proyecto toma como sustento el incremento de hechos delictivos y las deficiencias detectadas en parte de las cámaras administradas por gobiernos locales.

¿Qué podría cambiar respecto a la norma actual?

Como se recuerda, el Decreto Legislativo 1218 y el Decreto Supremo 007-2020-IN ya disponen que los sistemas de videovigilancia deben estar interconectados con el Centro Nacional de Videovigilancia (CENVIR) de la Policía. Sin embargo, el Ministerio del Interior creó en 2024 un Grupo de Trabajo Multisectorial para elaborar un Plan de Adecuación de Sistemas de Videovigilancia que aún no culmina, con múltiples ampliaciones de plazo mediante resoluciones ministeriales.

La iniciativa busca dar marco legal habilitante con fuerza de ley para establecer rectoría clara del Ministerio del Interior, conducción operativa de la Policía Nacional, estándares técnicos obligatorios para nuevas adquisiciones y protocolos uniformes de respuesta que la normativa actual no detalla con precisión.

¿Cómo se organizará?

La iniciativa crea la Red Nacional como componente funcional del Sistema de Seguridad Ciudadana. El Ministerio del Interior ejercería la rectoría y aprobaría normas para implementación, funcionamiento, supervisión y evaluación. La Policía Nacional conduciría la articulación operativa a través del CENVIR.

De acuerdo con la propuesta de ley, se integrarían obligatoriamente:

• Policía Nacional del Perú
• Gobiernos regionales con sistemas de videovigilancia
• Municipalidades provinciales y distritales
• Entidades del Ejecutivo con cámaras en bienes públicos

El documento también lleva las firmas digitales de los diputados Roxana Rocha Gallegos, Gustavo Segura Figueroa, Javier Cipriani Thorne y Leo Miguel de Paz Lancho.

La decisión fue adoptada por el juez Leodan Cristóbal Ayala, quien consideró que el pedido fue presentado fuera del plazo establecido.

Según la resolución judicial, la defensa de Vladimir Cerrón presentó la solicitud el 1 de setiembre, apenas tres días hábiles antes de la fecha prevista para el inicio del desplazamiento. Además, el escrito fue ingresado en un cuaderno o incidente distinto al correspondiente a la medida de comparecencia.

El juzgado señaló que la presentación tardía del pedido impedía garantizar el principio de contradictorio entre la defensa y el Ministerio Público. Asimismo, precisó que el reducido margen de tiempo dificultaba la eventual programación de una audiencia pública en caso de que la Fiscalía formulara oposición.

La defensa había solicitado autorización para que Cerrón se trasladara a Huancayo por motivos personales, laborales, residenciales y familiares. Sin embargo, el magistrado resolvió declarar “no ha lugar” al pedido debido a la extemporaneidad de la solicitud.

Finalmente, el juez exhortó a la defensa de Cerrón a que, en futuras solicitudes de autorización de viaje, presente los pedidos en el incidente correspondiente y con una antelación mínima de diez días hábiles respecto de la fecha prevista para el desplazamiento.

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La propuesta busca establecer los principales lineamientos de la gestión gubernamental para los próximos años, con énfasis en fortalecer la seguridad, destrabar el crecimiento económico y mejorar la gestión pública, con el objetivo de convertir las decisiones del Estado en resultados concretos.

Durante la reunión, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presentará un informe sobre el avance semestral, al primer semestre de 2026, del Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados 2025-2027, destinado a fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante emergencias.

Asimismo, se expondrá un informe del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre la situación de las poblaciones vulnerables en el país, como parte de los temas incluidos en la agenda de la sesión.

Finalmente, el Consejo de Ministros evaluará el proyecto de ley que busca habilitar el proceso de chatarreo de unidades vehiculares de la Policía Nacional del Perú, además de otras medidas consideradas prioritarias por el Ejecutivo.

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“Fue su policía, como siempre lo hace. Acá nosotros no queremos ningún reconocimiento. Acá su Policía Nacional del Perú le dice, con el corazón rojo y blanco, de que se logró un objetivo. Se logró un objetivo. Por supuesto que los pulpos se nos vienen encima. Acá estamos”, aseguró.

El oficial sostuvo que la respuesta frente a la violencia correspondió principalmente a la Policía Nacional. Además, aclaró que la institución no busca recibir reconocimientos por las operaciones realizadas, sino cumplir con los objetivos establecidos.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo exclusivo con Exitosa, el general PNP Víctor Revoredo, destacó la labor de la Policía en la captura de ‘Jhonsson Pulpo’ tras un largo tiempo tras los pasos de la banda criminal ‘Los Pulpos’ que generaba zozobra y peligro en Trujillo. “No queremos un… pic.twitter.com/hmUfh04J5u

— Exitosa Noticias (@exitosape) September 4, 2026

Destaca apoyo de ministro de Defensa

Revoredo también se refirió a la participación del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde en Trujillo luego del secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas ocurrido el pasado 30 de agosto. El titular de Defensa llegó a la ciudad para coordinar con las fuerzas del orden las acciones desplegadas tras el ataque y participó en las diligencias posteriores relacionadas con el caso.

Al respecto, el general de la PNP señaló que el respaldo del ministro contribuyó al trabajo realizado por los equipos policiales. Revoredo también destacó las coordinaciones que Belaúnde realizó con otros ministerios para ampliar la trazabilidad internacional vinculada con la investigación.

“Yo me sentí fortalecido. Él hizo coordinaciones con otros ministerios para intensificar la trazabilidad a nivel internacional”, expresó.

“Yo no soy procurador, soy policía. Pero el señor ministro del Interior de Defensa, quien tuve la suerte conocerlo en Trujillo, él llegó a a trazar esta método de de línea de línea de línea este política Yo yo me sentí fortalecido. Él hizo coordinaciones con otros ministerios para intensificar la trazabilidad a nivel internacional”, agregó.

Responde a los cuestionamientos

En otro momento, Revoredo hizo referencia a las críticas dirigidas contra la Policía por sus actuaciones en la lucha contra el crimen organizado. El alto mando policial sostuvo que responde por sus decisiones y que mantiene su posición pese a los cuestionamientos que puedan surgir alrededor de su trabajo.

“Eso lógicamente nadie lo va a reconocer, pero sí le digo, lo que ha salido, bueno, eso tendrá algún interés, pero porque todo todo todo lo que hace la policía definitivamente está mal. Pero yo como Víctor Reboredo, como me siento frente a usted, yo no le estoy mintiendo al Perú ni nunca le miento al Perú. Yo soy responsable de mis actos, así me critiquen por adorar por por elevar una oración a Dios”, indicó.

El cronograma empezará el 8 de septiembre en Junín y concluirá con dos jornadas destinadas a Lima Metropolitana, previstas para el 21 y 22 de septiembre.

Carlos Vilela, director nacional de Educación del JNE, explicó que estos espacios permitirán a los ciudadanos conocer los planes de gobierno y las propuestas de los postulantes.

En las regiones con mayor cantidad de candidatos se contemplan jornadas adicionales para facilitar la participación de todos.

Lima Metropolitana, Lima Provincias, Piura y Lambayeque tendrán dos fechas debido al número de postulantes. Los debates podrán ser seguidos mediante las plataformas digitales del JNE y otros medios de comunicación, además de quedar disponibles posteriormente para su consulta.

Desde el 7 de septiembre, el organismo electoral se reunirá con representantes de las organizaciones políticas para definir aspectos como la metodología, los moderadores y los participantes.

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La nueva composición de la directiva se definió previamente en una sesión del pleno, donde Francisco Morales Saravia fue designado director del Centro de Estudios Constitucionales. La elección de Hernández contó con los votos de Morales, Pacheco y Manuel Monteagudo, mientras que Helder Domínguez, Gustavo Gutiérrez y César Ochoa votaron en contra.

#EnVivo

El magistrado Pedro Hernández jura como nuevo presidente del Tribunal Constitucional

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/21vjn9vNPc

— Canal N (@canalN_) September 4, 2026

Trayectoria profesional

Hernández Chávez, de 53 años, es abogado y cuenta con una maestría y un doctorado por la Universidad de San Martín de Porres. Su trayectoria profesional supera las dos décadas e incluye experiencia tanto en el sector público como en el privado.

Desde su incorporación al Tribunal Constitucional en 2023, ha participado como ponente en resoluciones vinculadas con casos de relevancia política y judicial. Entre ellas figura el hábeas corpus presentado por el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, cuya resolución terminó anulando las medidas que mantenían vigente su orden de captura y prisión preventiva.

Otro de los fallos que tuvo como ponente declaró fundada una demanda de competencia presentada por la entonces presidenta Dina Boluarte. La decisión limitó la posibilidad del Ministerio Público de investigar al mandatario en ejercicio bajo los alcances del artículo 117 de la Constitución.

Luz Pacheco acompaña nueva directiva

La presencia de Luz Pacheco en la ceremonia se produce después de que la magistrada dejara la presidencia del TC en mayo de este año. En aquella oportunidad presentó su renuncia irrevocable al cargo y Helder Domínguez asumió temporalmente la conducción del organismo hasta la elección de una nueva directiva.

Pacheco explicó posteriormente que su salida estuvo relacionada con su desacuerdo con la decisión de una mayoría de magistrados de mantener en el cargo a un funcionario de alta dirección en quien había perdido la confianza. La magistrada precisó que su renuncia se limitaba a la presidencia y que continuaría ejerciendo sus funciones dentro del Tribunal Constitucional.

La controversia se produjo en un contexto de cuestionamientos internos por la tramitación del hábeas corpus de Vladimir Cerrón. Pacheco había advertido sobre la rapidez con la que avanzó el expediente y señaló que encontró inconsistencias en su procedimiento, aunque el TC comunicó posteriormente que una revisión interna no detectó irregularidades en su tramitación.

La propuesta considera el impacto de la inteligencia artificial, la robotización y la automatización sobre la productividad y el empleo.

Sheput señaló que la incorporación de tecnología no garantiza por sí misma la creación de puestos de trabajo y planteó fortalecer la preparación de los trabajadores.

También advirtió una brecha entre las necesidades de las empresas y la formación universitaria, por lo que el MTPE viene coordinando convenios con compañías para ajustar la capacitación a sectores como el portuario, telecomunicaciones y la actividad megaindustrial.

El titular del MTPE también anunció cambios en la Sunafil para darle mayor importancia a la prevención y la formalización. “La Sunafil no puede seguir siendo una entidad abocada a buscar multas, sino ir a la prevención laboral y a la formalización”, afirmó.

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Los hechos investigados corresponden al periodo comprendido entre 2015 y 2016, cuando Vinelli ejercía funciones en Agro Rural. La acusación fiscal será revisada por el Poder Judicial durante la etapa de control de acusación.

Fiscalía plantea sanciones adicionales

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicitó que Vinelli sea inhabilitado para ejercer cargos públicos durante tres años y ocho meses. El requerimiento también contempla el pago de S/20.000 como reparación civil por los hechos que se le atribuyen.

La Fiscalía presentó estas solicitudes como parte de su acusación por las presuntas irregularidades ocurridas durante el periodo investigado. La imputación alternativa por negociación incompatible será considerada en caso de que no prospere la acusación por colusión simple.

El pedido fiscal todavía no representa una condena contra el actual titular del Midagri. Durante el control de acusación, el órgano jurisdiccional deberá revisar los cargos formulados y los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público.

Y pese a los intentos del titular de Educación por defender el nombramiento de la fujimorista, lo cierto es que la carrera de Ramírez no ha destacado, en ningún momento, por motivos académicos o políticos.

CUESTIONAMIENTOS

En entrevista con Exitosa, Chang dijo que Ramírez “no solo tenía los requisitos para estar en el cargo, sino que el puesto en la Derrama Magisterial no irroga ningún gasto del Estado por ser una institución privada”. Sin embargo, no deja de llamar la atención que Ramírez aparece en medios por su larga lista de cuestionamientos.

En octubre de 2021 se difundió un video en el que aparecía golpeando con una comba la puerta de la casa de su padre en San Ignacio, en un conflicto relacionado a una propiedad.

En abril de 2022 se viralizó un video que ella subió a Tik Tok en el que aparece bailando en una de las oficinas del Congreso bailando.

Ese mismo mes, Hildebrandt en sus Trece publicó información sobre una intervención policial de 2015 relacionada con Ramírez y productos que no habrían sido pagados en un supermercado.

Un mes después, Cuarto Poder reveló que Ramírez habría plagiado la tesis que le permitió obtener el título de contador en la Universidad César Vallejo en el 2018.

En junio de 2022 se informó que Ramírez, mientras era congresista, usaba su cuenta de Tik Tok para vender o promocionar maquillaje, carteras, ollas y otros productos.

Unos meses después, fue captada maquillándose en una sesión virtual de la Comisión de Presupuesto.

En el escrito, la diputada solicita la destitución del funcionario y su inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años.

DETALLES

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, fue denunciado por la presunta infracción constitucional de los artículos 38, 43, 46, 161 y 162 de la Constitución.

Sobre los primeros dos artículos, la diputada señala que el gobierno es unitario, representativo y descentralizado, por lo tanto, promover el cierre fáctico o inconstitucional de la Cámara de Diputados, quebrante la representación democrática y contribuye una usurpación de atribuciones.

Mientras que sobre los artículos 161 y 162, sostiene que el defensor del Pueblo tiene como función principal defender los derechos constitucionales y, en consecuencia, debe ser el principal garante del Estado de derecho.

“El defensor del Pueblo, de acuerdo a sus posiciones antidemocráticas, se alinea en un concepto contrario a la democracia”, señaló.

Además, Márquez recordó que el artículo 162 prescribe de forma expresa que la misión institucional del defensor es “defender los derechos fundamentales y supervisar los deberes de la administración estatal”.

La diputada Analí Márquez (JP) presentó una denuncia constitucional contra Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, luego de que este asegurara que un eventual cierre del Congreso aumentaría la popularidad de la presidenta Keiko Fujimori. Pide su inhabilitación por 10 años. pic.twitter.com/9cJrLCKLGN

— Sofía López (@SofiaLopezLl) September 3, 2026

PROCEDIMIENTO

La denuncia presentada por Márquez será derivada a la Comisión de Acusaciones Constitucionales.

El grupo deberá analizar la denuncia, investigarla y emitir un informe final.

Esa comisión votará el documento y este será enviado a la Presidencia de la Cámara de Diputados para su debate y votación en el pleno.

Finalmente, el informe final debe ser sustentada en la Cámara de Senadores.

El delincuente “estaba con pasamontaña hasta la nariz, con casco táctico, chaleco antibalas táctico, con un sticker que decía ‘Policía’, botines y no se le veía el rostro”, aunque podía apreciarse que tenía “tez trigueña”, reza la declaración difundida por el programa Beto a Saber.

Abordaje

Según su manifestación, el testigo estaba en un vehículo con su primo cuando fueron abordados por uno de los sospechosos.

Ambos habían acudido a la discoteca Nosso para dejar “a tres amigas”. Tras dirigirse a un restaurante y salir del establecimiento, subieron al vehículo y oyeron disparos.

“Se escucharon bajo, parecían con silenciador (…) Al dar la vuelta pasamos por el lugar donde se habían producido los disparos y había un uniformado con ropa de policía revisando el carro por la puerta del piloto”, relató.

El testigo agregó que “al llegar a la esquina” (en la intersección de las calles San Idelfonso y Santa Ana) fueron detenidos por “un policía uniformado que se encontraba con pistola en su porta arma”.

“(Él) sube al carro en el que nos encontrábamos, sentándose en la parte trasera derecha (detrás del copiloto). Entonces, como nosotros supusimos que estaba siguiendo a alguien, le preguntamos si seguíamos a la izquierda, a lo que él nos respondió diciendo: ‘Ujum’”, puntualizó.

La dinámica se repitió por segunda vez hasta que, tras percatarse de que el supuesto policía “revisaba su celular” y observar a un patrullero cercano, le preguntó a este si debía dejarlo allí. Tras recibir una negativa, el testigo notó que el presunto agente tenía acento extranjero.

“Logré ver un patrullero con circulina prendida, se veían las luces rojas. Le preguntamos: ‘Allá están tus colegas ¿Te dejamos allá?’. A lo que el me respondió: ‘No, hacia la izquierda’. Ahí me percaté que tenía acento de venezolano”, narró.

La situación culminó con una amenaza hacia ambos ciudadanos, según refirió el testigo. “Llegando al Pasaje Santa Rosa, el uniformado dice: ‘Acá, acá’. Entonces paramos el carro y el uniformado se sienta en el asiento del medio, saca su pistola, apunta al medio y hacia adelante y dice: ‘Ustedes no han visto nada, directito a su casa’. Ahí le dije: ‘Ya, nosotros no vimos nada’”, añadió.

Por otro lado, Aldo Carlos Mariños, candidato al Gobierno Regional de La Libertad por Somos Perú, rechazó conocer al testigo del cuádruple asesinato, quien de acuerdo con el acta policial consignó trabajar como parte de su seguridad.

También adelantó que si llega a conocer su identidad, lo denunciará.

“La Policía se resistía a coordinar con la Fiscalía. Eso ha pasado ahora”, aseveró el alto funcionario a Exitosa.

OBSERVACIONES. De acuerdo con el titular del Ministerio Público, la vigencia de la Ley N° 32130 supone una dificultad en la labor de las autoridades, “especialmente, en este caso”.

Explicó que “la investigación del delito” debe llevarse a cabo por “el binomio indisoluble formado por la Policía y la Fiscalía”.

“Si lo hace solo la Policía o solo la Fiscalía, no está completo, pero ahora la ley que ha salido dice que la Policía puede realizar la investigación preliminar y eso está siendo un problema grave, especialmente en este caso”, detalló.

En esa línea, agregó que “al comienzo la coordinación era crítica, porque la Policía estaba haciendo las cosas por su propia cuenta y tenía su propia estrategia”.

Añadió que si bien la “la norma dice que la disposición del inicio de investigación, donde se diseña la estrategia jurídica y operativa, lo dispone el fiscal, acá (en el caso de Lara Tantaquilla) cada uno estaba con su propia estrategia”.

“(Había un plan de) los policías que fueron de Lima, los policías de allá (de Trujillo) y la Fiscalía con su estrategia correspondiente, pero la Policía se resistía a coordinar”, remarcó.

CRÍTICA. En otro momento, Gálvez aseguró que la Policía en Trujillo no estuvo recepcionando las disposiciones de la Fiscalía en las propias investigaciones por organizaciones criminales.

“(No lo hacen) aduciendo que no tienen equipos y no tienen la tecnología necesaria, y eso es grave”, resaltó.

Poco después, reformuló sus cuestionamientos a la PNP.

“Lo que pasa es que la Policía, en algún momento, creo yo, que ellos deben investigar, porque ellos son los titulares de la investigación preliminar, tal como ha establecido esta nueva ley que se cuestiona (…) No es falta de coordinación Ministerio Público-Policía, porque eso se puede tomar mal, sino que la Policía creía que ellos podían iniciar su propia estrategia”, matizó.

Asimismo, refirió que “prácticamente” no mantiene comunicación con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, debido a que este último fue “descortés y prepotente” en el marco del Caso ONPE suscitado en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

“Pero sí se comunica constantemente el fiscal Jorge Chávez Cotrina (coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado) que está allá (en Trujillo)”, puntualizó Gálvez.

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, calificó como un error la interacción que tuvo el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, con tres detenidos vinculados a la investigación por el asesinato ocurrido en Trujillo. Sin embargo, descartó que este hecho pueda dificultar o viciar las pesquisas.

“Creo que fue un error definitivamente esta actividad, pero independientemente de ello la investigación la dirige el fiscal”, declaró a RPP.

El fiscal precisó que las diligencias deben desarrollarse conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal y recordó que el caso se encuentra en etapa preliminar. Bajo ese marco, sostuvo que la interacción del ministro con los detenidos no compromete el avance de las investigaciones.

“No va a dificultar la investigación”, aseguró. “Las diligencias se tienen que hacer dentro del marco del Código Procesal Penal y estamos en etapa preliminar”, agregó.

Chávez Cotrina explicó que, durante esta fase, la Policía, bajo la conducción fiscal, tiene la tarea de recopilar elementos de prueba que permitan reconstruir el modus operandi del crimen, determinar a los responsables materiales e identificar a los autores intelectuales, así como establecer cómo fue planificado el hecho delictivo.

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada también admitió que, durante las primeras horas de las diligencias, se registraron dificultades de coordinación entre los equipos policiales desplegados en Trujillo.

“En las primeras horas de la investigación obviamente ha habido una falta de coordinación”, indicó.

Explicó que la Divincri de Trujillo, en coordinación con una fiscal especializada en crimen organizado de la ciudad, tenía a su cargo las pesquisas. No obstante, debido a la gravedad del caso, el comandante general de la Policía se trasladó a la zona acompañado de equipos especializados en homicidios y secuestros.

Según Chávez Cotrina, los equipos policiales comenzaron a recabar información “cada uno por su lado”, lo que impidió que inicialmente se produjera un intercambio ágil de datos entre los grupos desplegados.

El fiscal señaló que esta falta de coordinación ya fue subsanada. Explicó que viajó a Trujillo, donde se reunió con el general Arriola para transmitirle la posición de la Fiscalía sobre lo ocurrido. “Él ha tomado las medidas correctivas y en este momento la investigación sigue su curso normal”, refirió.

El nombramiento fue establecido mediante la Resolución Suprema N.° 179-2026-JUS.

La resolución fue refrendada por la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Julio Álvarez Miranda.

El documento señala que la designación se realiza en el marco de la Ley 27594 y de la Ley 31419, referida a la idoneidad para el ejercicio de cargos de libre nombramiento.

Lescano Salazar ocupará el puesto que venía desempeñando Raúl Timoteo Inga Garay desde el 14 de mayo.

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El tribunal estableció un pago individual de S/20 mil por el cobro de S/11 111 para elaborar unos estatutos que no fueron entregados a la compañía. A ello se suma una indemnización solidaria de S/287 271 por la venta de un terreno a un valor superior al de su adquisición, monto que deberá asumir junto con Mario Justo Sequeiros Fajardo.

Los hechos investigados corresponden a 2012, cuando Soto adquirió el predio por 5 mil dólares meses antes de transferirlo a la empresa.

El fallo señala que la obligación de reparación civil se mantiene pese a que la acción penal quedó extinguida por prescripción.

La prescripción se produjo tras la entrada en vigencia de la Ley 31751, que redujo de 18 a 10 años el plazo de prescripción procesal. La norma contó con el voto favorable de Soto durante su etapa parlamentaria.

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El recurso fue ingresado ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados el 2 de setiembre y plantea una sanción contra el funcionario.

El pedido contempla la destitución de Gutiérrez y su inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos. Márquez sustentó la acusación en presuntas infracciones a los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución Política.

Entre los argumentos expuestos en el documento se señala que el defensor habría omitido analizar la legalidad constitucional de una eventual disolución del Congreso.

La denuncia también cuestiona que Gutiérrez haya evaluado un posible quiebre institucional tomando en cuenta criterios de conveniencia partidaria y resultados de encuestas.

La acusación recoge además declaraciones brindadas por Gutiérrez a Canal N y Exitosa el 27 de agosto, en las que afirmó que un eventual cierre del Congreso incrementaría la popularidad de la presidenta Keiko Fujimori entre 20 y 30 puntos.

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“Necesitamos estas facultades para determinar a las organizaciones criminales como grupos hostiles, como grupos terroristas. Necesitamos fortalecer el servicio de inteligencia porque desde hace unos años no tiene capacidad operativa. Necesitamos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúen de manera conjunta y también tomen mayor control de los penales”, afirmó.

Fujimori también señaló que la propuesta contempla acelerar los procedimientos para expulsar a extranjeros en situación migratoria irregular y remarcó la necesidad de una respuesta coordinada entre las instituciones del Estado.

Durante su visita a San Martín, la mandataria también abordó las obras paralizadas y aseguró que los ministerios realizan evaluaciones técnicas para destrabar proyectos y garantizar su financiamiento.

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La bancada de Juntos por el Perú presentó una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, debido a los cuestionamientos por presuntas designaciones irregulares dentro de su sector.

La moción, impulsada por la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, también plantea que el ministro del Interior explique la que considera una “ineptitud en la conducción de la política de seguridad ciudadana frente al incremento de la criminalidad”.

El documento, de 12 páginas, cuenta con más de las 20 firmas requeridas y ya fue remitido a la Oficialía Mayor del Congreso.

Dicha moción incluye un pliego interrogatorio de 27 preguntas, de las cuales 15 se centran en la seguridad ciudadana y en las acciones implementadas por el Ejecutivo para combatir el avance de la criminalidad.

Asimismo, también cuestiona la permanencia en el cargo del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien, según el documento, “es investigado por corrupción” y continúa al frente de la institución durante tres gobiernos consecutivos.

La iniciativa también plantea que Astudillo explique la presunta designación irregular de Magali Meza Mundaca como directora general de Recursos Humanos del Mininter. Según la moción, la funcionaria tendría investigaciones fiscales pendientes por presunta corrupción de funcionarios, vinculadas a su anterior gestión como jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, durante el gobierno del expresidente José Jerí.

Posteriormente, la moción plantea que Astudillo responda si considera que está desempeñando un “rol significativo” en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, pese al aumento de asesinatos y personas heridas vinculados a casos de extorsión y sicariato que afectan, entre otros sectores, a la construcción y el transporte.

La moción será evaluada y posteriormente debatida en la Cámara de Diputados antes de ser sometida a votación. De obtener los votos requeridos para su aprobación, se deberá establecer la fecha y hora en que Astudillo deberá acudir al Parlamento para responder por los cuestionamientos planteados.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sustentó ante el Congreso de la República el proyecto de presupuesto público para el año fiscal 2027, que asciende a más de S/266 mil millones y representa un incremento de 3,5 % respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026.

Durante su exposición, el jefe del Gabinete sostuvo que el presupuesto debe reflejar las prioridades del Gobierno y traducir el uso de los recursos públicos en resultados concretos para la población.

“El Perú no necesita un Estado más grande, necesita un Estado que funcione”, afirmó Galarreta, quien planteó que la evaluación de la gestión pública no se concentre únicamente en el porcentaje de ejecución presupuestal, sino también en los resultados obtenidos.

Seguridad, educación, salud y transporte son las prioridades

El proyecto establece como áreas prioritarias la seguridad ciudadana, educación, salud y transporte, además de plantear una mayor eficiencia en la administración de los recursos públicos.

Para orden público y seguridad se contemplan S/15.400 millones, destinados, según explicó Galarreta, a fortalecer la investigación y persecución del delito, el sistema penitenciario y la capacidad operativa para el patrullaje policial.

En educación, el Ejecutivo propone destinar S/49.100 millones, mientras que para salud se consideran S/32.200 millones.

Transporte recibiría S/26 mil millones en 2027

El proyecto también contempla una asignación de S/26.000 millones para transporte, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y mejorar la conexión entre las diferentes regiones del país.

Galarreta señaló que el Gobierno busca recuperar la capacidad de respuesta de las instituciones y sostuvo que el desarrollo económico no puede depender exclusivamente del gasto estatal.

En ese sentido, indicó que se requiere un Estado eficiente que facilite las condiciones para que el sector privado pueda invertir, producir y generar empleo.

Gobierno plantea recuperar el crecimiento económico

Durante la sustentación, el premier señaló que otro de los objetivos es recuperar el dinamismo productivo y retomar una mayor senda de crecimiento económico.

Galarreta recordó que entre 2003 y 2013 el Perú registró un crecimiento promedio de 6,4 % del producto bruto interno (PBI), mientras que durante la última década el promedio se redujo a 2,3 %.

El presidente del Consejo de Ministros mencionó entre los desafíos estructurales del país la baja productividad, la alta informalidad y la vulnerabilidad frente al cambio climático, así como las limitaciones del Estado para responder a estos problemas.

“Para avanzar hacia un país sostenible debemos cerrar brechas sociales y enfrentar los desafíos estructurales y tener equidad territorial”, sostuvo.

Presupuesto 2027 será debatido en el Congreso

Tras la presentación del Ejecutivo, el proyecto de presupuesto continuará su trámite en el Congreso. Durante los próximos meses será analizado en la Comisión de Presupuesto, donde los diferentes sectores deberán sustentar sus respectivos pliegos.

Galarreta afirmó que el primer presupuesto del actual quinquenio debe representar un punto de inflexión para enfrentar la inseguridad, cerrar brechas sociales, recuperar el crecimiento y mejorar el funcionamiento del Estado.

“Las cifras tienen que traducirse en decisiones y resultados concretos para los peruanos”, señaló el jefe del Gabinete durante su presentación.

La medida busca acelerar las intervenciones que requieren atención inmediata ante posibles lluvias intensas y otros eventos asociados a la anomalía climática.

Bajo este esquema, las empresas podrán adelantar recursos para financiar y ejecutar servicios que el Estado necesita implementar con rapidez. A cambio, recibirán certificados por el monto invertido, los cuales podrán ser utilizados para el pago de su Impuesto a la Renta. De esta manera, el Ejecutivo busca movilizar recursos privados y reducir los plazos que demandan los procedimientos tradicionales de contratación pública.

Aunque el Decreto de Urgencia aún no establece la lista definitiva de actividades que podrán acogerse a este mecanismo, entre las intervenciones consideradas figuran la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, además de otros trabajos destinados a reducir los riesgos ante lluvias intensas.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) había planteado previamente utilizar esta modalidad para incorporar al sector privado en las labores de prevención.

La nueva disposición también establece una modificación en el control previo de estas intervenciones. Las entidades públicas no tendrán que solicitar un informe previo de la Contraloría General de la República para ejecutar los servicios y las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) de emergencia bajo este régimen especial.

Sin embargo, la Contraloría mantendrá sus facultades de control simultáneo y posterior sobre las intervenciones.

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