El abogado del expresidente Alejandro Toledo, Carlos Torres Caro, aseguró que su defendido atraviesa un severo deterioro físico y emocional que justificaría que cumpla su condena bajo detención domiciliaria.

Deterioro

En declaraciones a Canal N, relató que durante una reciente visita al penal de Barbadillo, encontró al exmandatario postrado en cama y con dificultades para incorporarse por sus propios medios.

“Es la primera vez que no me recibió parado. Estaba en cama, no podía levantarse”, afirmó el letrado.

Añadió que una médica del establecimiento penitenciario lo acompañó hasta la habitación de Toledo, donde constató personalmente el estado en el que se encontraba.

Torres Caro sostuvo que un informe médico reciente advierte que el exjefe de Estado presenta un alto riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) o un infarto.

Asimismo, indicó que padece problemas neurológicos y urológicos, estos últimos asociados a episodios de sangrado.

Sin embargo, señaló que la afección que más le preocupa es el estado anímico de Toledo.

“El mayor problema que yo he visto es el grave problema de depresión que tiene”, manifestó.

En otro momento, el abogado remarcó que Toledo tiene más de 80 años y afirmó que su situación encaja en los supuestos contemplados por el artículo 22 del Código Penal, norma que permite que los adultos mayores afronten su condena bajo detención domiciliaria por razones humanitarias. Por ello, reiteró su pedido a la Corte Suprema para que evalúe la solicitud.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, beneficiado en su momento por un indulto humanitario, ha asegurado que “nadie merece morir en prisión” tras ser consultada sobre los casos de los exmandatarios Alejandro Toledo y Pedro Castillo. El escenario legal para otorgar este beneficio, sin embargo, solo sería propicio para uno de ellos.

CAMINOS

En materia de gracias presidenciales, el jefe de Estado tiene la facultad de otorgar una conmutación de pena, un derecho de gracia o un indulto. La primera reduce o modifica la pena impuesta al condenado mientras que el segundo extingue la acción penal en procesos judiciales en determinadas circunstancias, sustancialmente, en aquellos que continúen desarrollándose por un prolongado plazo.

La tercera opción, el indulto, en tanto, puede perdonar total o parcialmente la pena impuesta en supuestos de tipo común o por razones humanitarias –debidamente acreditadas–. En todos los casos, al igual que en las primeras dos figuras de gracia presidencial, deben cumplirse determinados requisitos. El principal: contar con una sentencia firme, es decir, que la pena se haya confirmado en segunda instancia.

Una vez recibida la solicitud ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), la Comisión de Gracias Presidenciales calificará la situación del reo.

El grupo de trabajo está presidido hoy por Magno Abraham García Chávarri e integrado por Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Martín Antonio Salgado Arroyo, Pablo Michael Huerta Canales y, en representación del Despacho Presidencial, Carlos Antonio Bazo Ramírez.

Esta instancia, dependiente del MINJUSDH, analiza los expedientes de indulto, conmutación de pena y derecho de gracia y formula una recomendación favorable o no, de acuerdo a su evaluación, al presidente de la república. Será este quien tome la decisión final.

Discrepancias

Tanto Pedro Castillo como Alejandro Toledo no cumplen con la condición excluyente de una sentencia firme, pues ambos apelaron sus respectivas sentencias condenatorias. El abogado de este último, Carlos Torres Caro, ha expresado su desacuerdo con este requisito.

“Hay un criterio que se ha difundido de que una persona que no ha completado todas las instancias de la administración de justicia no puede optar por el indulto (sentencia firme). Lo que están diciendo no va con la opinión que yo tengo. Eso lo dice un reglamento, es decir, lo dice una norma inferior a lo que estipula la Constitución, que solo dice: ‘El presidente de la República tiene derecho a otorgar indulto’”, sostuvo a RPP.

La exministra de Justicia, Delia Muñoz, señaló lo contrario a Correo. Tras ser consultada al respecto, precisó que la “Constitución no se interpreta solo con una lectura gramatical, sino que se tiene establecido que el máximo intérprete de la misma es el Tribunal Constitucional (TC)”.

“En ese contexto, cuando se decretó la nulidad de indulto al Sr. José Enrique Crousillat (2011), el TC estableció que si bien conceder un indulto es una facultad presidencial, dicho acto no está exento de control y se debe respetar un estándar mínimo de motivación, respetar los requisitos legales para evitar la arbitrariedad”, puntualizó.

Caso Toledo

La ex primera dama Eliane Karp ha pedido un indulto humanitario para su aún esposo el expresidente Alejandro Toledo, sentenciado en primera instancia por recibir coimas de 35 millones de dólares de Odebrecht.

El caso de Toledo es diametralmente distinto al de Castillo debido a que cuenta no solo con una sino con dos sentencias por los casos Interoceánica Sur (tramos 2 y 3), del 21 de octubre de 2024, de 20 años y 6 meses; y Ecoteva, del 3 de septiembre de 2025, de 13 años y 4 meses. Ambas en primera instancia.

Sin embargo, tiene una carta a su favor. La audiencia de su apelación por su primera sentencia ya está en curso. Esta se inició el 16 de octubre del 2025, es decir, lleva ocho meses y bastaría cinco meses más –ya en el próximo gobierno–, según distintos especialistas, para que culmine.

Todo recaerá en la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que decidirá si confirma, revoca o modifica la pena impuesta. De confirmar la sentencia, Toledo podría solicitar un indulto por razones humanitarias, pues su defensa señala que “presenta un alto riesgo de accidente cerebrovascular (ACV)”.

Si el próximo presidente le otorga este beneficio por dicho motivo, el exdignatario será excarcelado incluso con otra sentencia en su haber, aún en primera instancia, por el caso Ecoteva.

“En el caso de Alberto Fujimori, cuando lo indultaron, también lo hicieron respecto a los demás procesos. La situación es distinta si se le indulta únicamente bajo el presupuesto del indulto común. En casos de indultos humanitarios, si cumple con la firmeza de la sentencia, debido a la grave afectación de la salud del reo, también se le exonera de los demás procesos en curso al tratarse de un tema humanitario”, detalló el penalista Andy Carrión.

Caso Castillo

El panorama es desalentador en el caso del expresidente chotano. Aunque podría retirar la apelación que presentó contra su sentencia por conspiración para la rebelión (11 años, 5 meses y 15 días), impuesta el 27 de noviembre de 2025, una sala judicial deberá validar esta decisión y confirmar la pena mediante una resolución.

El trámite tomaría meses, considerando la carga de trabajo al interior del Poder Judicial, y el escaso tiempo con el que cuenta el actual encargado de la presidencia, José María Balcázar, quien ingresó al Congreso de la mano de Perú Libre, partido que llevó a Castillo al poder.

Además, la defensa ha señalado que no retirará la apelación debido a que sería validar la comisión del delito. Por ahora, Castillo se encuentra a la espera de que el Poder Judicial agende una fecha para iniciar la audiencia de apelación.

Pero incluso si esta se resolviera prontamente y el exmandatario contara con una sentencia firme que le permitiese solicitar un indulto, ya sea común o humanitario, hay otro factor en juego: Sobre el profesor pesa una orden de prisión preventiva.

La medida se enmarca en el caso que enfrenta por presunta organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Según la tesis fiscal, Castillo lideró una red de presunta corrupción para direccionar contrataciones públicas, principalmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que hoy tiene como investigadas a su esposa Lilia Paredes y a su cuñada y virtual diputada por JP, Yenifer Paredes, entre otros. La Fiscalía investiga a 98 personas.

El 9 de marzo del 2023, el juez supremo Juan Carlos Checkley le impuso 36 meses de prisión preventiva por este caso. Esta debía culminar el 8 de marzo de este año, sin embargo, la Fiscalía consiguió una ampliación de 12 meses. Por ello, la medida vencerá el 9 de marzo de 2027.

Hasta el momento, son seis los pedidos de indulto presentados para Castillo. Todos han sido rechazados. Estos se formularon entre enero de 2023 y abril de 2026.

El diseño estará dividido en cuatro secciones: gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, autoridades provinciales y, en el último, las distritales, con colores diferenciados por cada nivel de elección.

La ONPE precisó que existirán distintos modelos de cédulas según el tipo de elección y la jurisdicción. En el caso de las autoridades regionales, provinciales y distritales, la cédula tendrá un tamaño base de 38 por 21 centímetros, la cual podrá ampliarse hasta 52 centímetros dependiendo del número de organizaciones políticas participantes.

Esto varía en Lima Metropolitana porque se omite la votación para gobierno regional.

Entre ellos figura Daniel Urresti de Podemos Perú, que postula por tercera vez. Le sigue, Luis Rubio por Renovación Popular y Carlos Bruce por Somos Perú.

De igual forma, Francis Allison compite por Avanza País y Susel Paredes va con Ahora Nación.

También está Ricardo Belmont, quien regresa a una contienda mediante Obras, y Carlos Tejada por Acción Popular.

Edgardo De Pomar postula por el Partido Popular Cristiano y Elizabeth León representa al Frente De La Esperanza 2021. Además Yehude Simon va por Coalición Transformadora Tierra Verde y Victoria La Cruz Garces, por el Partido Morado.

La lista incluye a Samuel Daza, quien defiende a Fuerza Popular, y Oswaldo Vargas, que representa a Juntos por el Perú. Además, Santiago Abarca por Visión Perú, Luis Huette de Pueblo Consciente, Sandro Caller del Partido Patriótico del Perú y Rubén Ramírez de Perú Libre.

Flor Hurtado irá con Demócrata Verde, Rubén Bonilla va con Fuerza Ciudadana, Segundo Valdez por el FREPAP y Samir Quispe cierra la relación por Batalla Perú.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registró al menos 291 listas de 60 organizaciones políticas, que incluyen a más de 8 mil inscritos para gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales y accesitarios.

Conocidos

Rostros con larga trayectoria política destacan entre los postulantes a las gobernaciones regionales con mayor presupuesto.

En Piura, Reynaldo Hilbck busca regresar al cargo que ejerció entre 2015 y 2018, esta vez con Alianza para el Progreso (APP). Arrastra investigaciones por lavado de activos y declaró ingresos totales de S/600,512 en 2025, según su hoja de vida.

En La Libertad, Daniel Salaverry, expresidente del Congreso en 2018 y 2019, representa a Perú Primero. El pasado diciembre la Corte Suprema lo absolvió por peculado.

En Cajamarca, el exparlamentario fujimorista Joaquín Ramírez compite con Cajamarca Renace, tras dejar el movimiento Cajamarca Siempre Verde, con el que fue alcalde provincial.

En Cusco, Verónika Mendoza, exlegisladora y excandidata presidencial en 2016, postula con la Alianza Electoral Venceremos. En 2022 fundó Nuevo Perú.

En Loreto, Fernando Meléndez Celis, exgobernador de la región (2015-2018) y exparlamentario, busca un nuevo periodo con APP.

Asimismo, Elmer Cáceres en Arequipa, que fue suspendido del cargo de gobernador en 2021 tras una prisión preventiva.

En Tumbes, Manuel Merino, quien asumió la presidencia por cinco días en noviembre de 2020 tras la vacancia de Martín Vizcarra, postula con Acción Popular.

En el Callao, Pedro Spadaro, actual alcalde provincial y exalcalde de Ventanilla, va con Renovación Popular.

Conteo

Al cierre de esta nota, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de un total de 92,477 actas contabilizadas, la lideresa fujimorista acumulaba 9’188,410 votos, equivalentes al 50.111 % de los votos válidos.

En tanto, su contendiente, el congresista de JP registraba 9’147,710 votos, lo que representa el 49.889 %.

Asimismo, permanecen 289 actas pendientes de envío al Jurado Electoral Especial (JEE), lo que equivaldría a aproximadamente 70 mil votos por procesar. En ese grupo, Keiko mantendrá la tendencia y hasta podría ampliar su ventaja, lo que la convierte en virtual presidenta electa de la república.

Recuento

Sobre el conteo de votos pendiente, de acuerdo con el portal web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), figuran quince audiencias públicas programadas para el tratamiento de actas observadas.

Para este lunes 22 de junio se han programado diez audiencias, de las cuales seis corresponden al JEE de Trujillo. Se trata de las mesas de sufragio Nro. 032367, 027910, 028369, 027790, 027523 y 027794.

Las restantes corresponden a tres mesas del colegiado de Lima Este 1: 038790, 037315 y 037584; y una de Cusco: 016140.

Para el martes se programaron, a su vez, cinco audiencias del JEE de Lima Centro 1: 036768, 036870, 036255, 036269 y 036711, correspondientes a mesas de Lima y Ventanilla.

Todas las audiencias de recuento de votos son públicas y se transmiten en vivo a través de sus canales digitales.

Cabe mencionar que en la página web del JNE figuran tres audiencias públicas pendientes, además de 170 ya realizadas.

El órgano legislativo estará integrado por 60 senadores elegidos en dos modalidades de votación. La distribución incluye 30 representantes elegidos por distrito electoral múltiple y 30 por distrito electoral único nacional.

Conformación del nuevo Senado

Según el Jurado Nacional de Elecciones, la elección por distrito múltiple permitió designar un senador por cada departamento del país. A ello se suman cuatro representantes por Lima Metropolitana, uno por la Provincia Constitucional del Callao y uno por los peruanos residentes en el extranjero.

La otra mitad de la cámara alta fue elegida mediante un distrito electoral único a nivel nacional. En este caso, los ciudadanos emitieron su voto por una lista que compitió en todo el territorio peruano.

¿Qué funciones cumplirá el nuevo Senado?

El Senado tendrá la responsabilidad de revisar las iniciativas que provengan de la Cámara de Diputados. En ese proceso podrá aprobarlas, modificarlas o rechazarlas según corresponda.

El órgano también participará en la designación de autoridades del sistema constitucional y de control del Estado. Entre ellas se encuentran el defensor del pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional.

Otra de sus atribuciones será la elección de tres directores del Banco Central de Reserva. Asimismo, tendrá la facultad de designar al contralor general de la República.

El Senado también podrá ratificar al superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Estas decisiones forman parte del control institucional sobre entidades clave del Estado.

El nuevo Senado podrá autorizar al presidente de la República para salir del país. También tendrá la potestad de permitir el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.

De igual forma, revisará los decretos de urgencia emitidos durante el periodo de interregno parlamentario. Este control se extiende a los decretos legislativos y tratados internacionales.

La cámara alta ejercerá supervisión sobre normas emitidas en situaciones de excepción. Esto incluye la revisión de decretos de urgencia, decretos legislativos y tratados firmados por el Ejecutivo.

Además, deberá aprobar los tratados internacionales antes de su ratificación presidencial. Estas funciones están establecidas en la Ley 31988 que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República.

Periodo y reglas de elección

Los senadores ejercerán funciones por un periodo de cinco años. Este tiempo corresponde a la duración completa del mandato legislativo establecido por la normativa electoral.

En la elección por distrito múltiple se permite el uso de voto preferencial. En el caso del distrito único nacional, los electores pueden aplicar un doble voto preferencial según las reglas establecidas por el JNE.

Durante su intervención, la lideresa de Fuerza Popular dio por favorable el resultado que mostraba el escrutinio parcial. En ese contexto expresó que “Y nos faltan pocos días: ¡sí se pudo!”.

El pronunciamiento se produjo cuando el conteo oficial superaba el 99 % de actas procesadas, pero todavía quedaban votos pendientes de contabilización. La diferencia entre las dos candidaturas que disputan la Presidencia seguía siendo estrecha al momento de su discurso.

Agradece apoyo de militantes fujimoristas

Fujimori aprovechó el encuentro para agradecer el trabajo realizado por dirigentes y militantes de su agrupación durante la campaña electoral. La candidata sostuvo que Fuerza Popular logró mantenerse vigente pese a los momentos difíciles que atravesó en los últimos años.

“A lo largo de estos años, que no han sido fáciles, los dirigentes de nuestro partido demostraron que los golpes nos hacen más fuertes”, expresó.

Promete enfrentar la delincuencia

La candidata también utilizó su intervención para referirse a la inseguridad ciudadana, uno de los principales temas abordados durante la campaña electoral. Fujimori aseguró que el país tiene la capacidad de superar este problema tal como enfrentó otros desafíos en el pasado.

“Los peruanos hemos demostrado al mundo que siempre podemos, que hemos derrotado al terrorismo, que derrotamos la hiperinflación y que ahora vamos a derrotar la delincuencia”, prometió.

Durante la actividad, Fujimori también reconoció el apoyo recibido por ciudadanos que participaron en su campaña. Sus palabras estuvieron dirigidas a familias, emprendedores, transportistas y trabajadores independientes.

La candidata señaló que muchos de ellos continúan desarrollando sus actividades pese a las dificultades que enfrentan diariamente. Asimismo, agradeció a las personas que permitieron el ingreso de su equipo de campaña a sus viviendas durante el proceso electoral.

La disposición fue formalizada mediante la Ordenanza N.° 2830, la cual fue publicada en el diario oficial El Peruano. Con esta norma se mantiene vigente la declaratoria de emergencia en el ámbito metropolitano por un periodo adicional de sesenta días calendario.

#DeclaratoriaDeEmergencia | Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y lucha contra la delincuencia, la Municipalidad de Lima prorrogó por 60 días calendario la declaratoria en situación de emergencia y de interés metropolitano de la seguridad ciudadana en Lima… pic.twitter.com/WmiowcLzzS

— Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 20, 2026

¿Cuánto durará la ampliación?

El nuevo plazo establecido comenzará el 21 de junio de 2026 y se prolongará durante dos meses. Durante este periodo se conservarán las disposiciones aplicadas en las declaratorias previas relacionadas con la seguridad ciudadana.

La medida da continuidad a un proceso iniciado previamente mediante la Ordenanza N.° 2776 y posteriormente extendido con la Ordenanza N.° 2806. Ambas normas formaron parte del marco de intervención adoptado por la comuna en meses anteriores.

La aprobación de la prórroga se basó en informes revisados por instancias municipales vinculadas a seguridad ciudadana y defensa civil. Estos documentos fueron analizados también por la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales del Concejo de Lima.

Las evaluaciones incluyeron el seguimiento de las acciones ejecutadas en el marco de la declaratoria inicial. Dichos resultados sirvieron como insumo para definir la continuidad de la medida en la capital.

La ordenanza establece que la Secretaría del Concejo Metropolitano debe gestionar la publicación oficial de la norma en el diario El Peruano. Además, se dispone su difusión a través de los canales institucionales correspondientes.

La Oficina de Gobierno Digital tiene la responsabilidad de asegurar la publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad de Lima. Con ello se busca garantizar el acceso público a la información sobre la vigencia de la medida.

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, continúa liderando el conteo oficial de la segunda vuelta electoral, de acuerdo con el más reciente avance de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Con el 99.681% de actas contabilizadas, la postulante alcanza el 50.112% de los votos válidos. Entretanto, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, registra el 49.888% de las preferencias electorales. La actualización fue publicada a las 5:50 p.m. de este 20 de junio.

Los datos preliminares reportados por la ONPE muestran el siguiente escenario:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 50.112% — 9′188,198 votos Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 49.888% — 9′147,065 votos

La diferencia entre ambos es de 41,133 votos.

El resultado todavía no es definitivo debido a que resta procesar una pequeña parte de las actas electorales.

🗳️¿Cómo avanza el conteo?

Resultados oficiales · Segunda Vuelta 2026

Sigue el conteo en tiempo real de la ONPE

Roberto Sánchez

Juntos por el Perú

VS

Keiko Fujimori

Fuerza Popular

Ver resultados

¿Cuántas actas ya fueron contabilizadas?

Según el reporte oficial, la ONPE ha contabilizado 92,470 actas de un total de 92,766 correspondientes a la elección presidencial. Asimismo, 296 actas se encuentran para envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y ninguna acta pendiente para su contabilización.

¿Cuándo se conocerá al ganador?

Las elecciones generales realizadas el pasado 12 de abril se desarrollaron en medio de retrasos ocasionados por la instalación tardía de mesas de sufragio y la demora en la distribución de material electoral. Los resultados oficiales de la ONPE fueron publicados el 17 de mayo y confirmaron que la contienda presidencial se definiría en una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

La disputa entre ambos candidatos ha generado gran expectativa entre la ciudadanía, que permanece atenta al conteo de votos y a la definición del próximo presidente de la República. En ese contexto, la vocera del JNE, Grecia Renteria, informó que la proclamación oficial del ganador de la segunda vuelta se realizaría a mediados de julio.

“A mediados de julio es la proclamación de segunda vuelta debido a que, como les expliqué, hay todo un proceso nuevo que es el recuento de votos, que es lo que básicamente hace que la proclamación se demore un poco más por este mecanismo de recuento de votos, teniendo en cuenta que el Jurado Nacional garantiza los derechos”, indicó.

El exministro del Interior anunció su decisión mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. En el documento sostuvo que busca asumir la conducción de la capital debido a los problemas que enfrentan los ciudadanos en materia de seguridad, tránsito y servicios urbanos.

Queridos amigos:
He tomado una decisión importante.
He decidido postular a la Alcaldía Metropolitana de Lima.
Lo hago porque creo que nuestra ciudad merece más: más seguridad, más orden, más limpieza, más fluidez en el tráfico, más oportunidades y más esperanza.
Durante gran… pic.twitter.com/bBCHFf8o0e

— Daniel Urresti (@DanielUrresti1) June 20, 2026

En su publicación, Urresti señaló que considera necesario impulsar cambios en distintos aspectos de la gestión municipal. Asimismo, sostuvo que Lima requiere medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“He tomado una decisión importante. He decidido postular a la Alcaldía Metropolitana de Lima. Lo hago porque creo que nuestra ciudad merece más: más seguridad, más orden, más limpieza, más fluidez en el tráfico, más oportunidades y más esperanza”, escribió.

El excongresista también hizo referencia a las funciones que desempeñó a lo largo de su trayectoria en el ámbito público. Según indicó, su experiencia le permitirá afrontar los desafíos que enfrenta la capital.

“Durante gran parte de mi vida he servido al Perú enfrentando desafíos difíciles. Hoy quiero poner esa experiencia al servicio de Lima y de sus vecinos. No vengo a ofrecer promesas imposibles. Vengo a trabajar, a escuchar y a gestionar”, agregó.

Competirá con Podemos Perú

Con este anuncio, Urresti oficializó su participación en las elecciones municipales de Lima junto a Podemos Perú. La agrupación política presentó su inscripción antes del cierre del plazo fijado por las autoridades electorales.

Cabe recordar que el exministro del Interior también integró la fórmula presidencial encabezada por Pepe Luna en las elecciones generales realizadas el 12 de abril. Ahora buscará obtener el respaldo ciudadano para asumir la conducción de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el periodo 2027-2030.

Durante la actividad, resaltó la importancia del proyecto para fortalecer la atención de salud de la población.

En su intervención, el jefe de Estado señaló que su gestión se enfoca en resultados concretos y recordó que se impartieron instrucciones al ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, para continuar con la ejecución de obras consideradas prioritarias para el país.

Asimismo, Balcázar destacó la participación de las autoridades regionales y locales en el impulso de la obra.

“Nosotros desde el Gobierno no hemos hecho sino poner un granito de arena para que Cusco tenga esta obra extraordinaria en su proyección para la salud del pueblo. Sin salud no hay vida ni desarrollo. Esa fue la prioridad cuando tomamos el poder transitorio”, sostuvo.

El mandatario también afirmó que su gobierno promovió medidas orientadas a incluir a la población del sur del país, especialmente a las comunidades quechuas y aimaras.

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Con el 99.640% de actas contabilizadas, la postulante alcanza el 50.113% de los votos válidos. Entretanto, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, registra el 49.887% de las preferencias electorales. La actualización fue publicada a las 12:50 p.m. de este 20 de junio.

Los datos reportados por la ONPE muestran el siguiente escenario:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 50.113% — 9′184,381 votos

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 49.887% — 9′142,907 votos

La diferencia entre ambos es de 41,474 votos.

El resultado todavía no es definitivo debido a que resta procesar una pequeña parte de las actas electorales.

¿Cómo avanza el conteo?

Según el reporte oficial, la ONPE ha contabilizado 92,432 actas de un total de 92,766 correspondientes a la elección presidencial. Asimismo, 334 actas se encuentran para envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y ninguna acta pendiente de contabilización.

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El hecho se produjo después de que un integrante de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) confrontara al parlamentario durante la actividad. El dirigente lo acusó de buscar dividir al movimiento estudiantil y cuestionó su respaldo a la ley de reelección de rectores, norma que, según señaló, beneficiaría directamente a Jeri Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Además, los estudiantes también recordaron la participación del legislador en modificaciones vinculadas a la reforma universitaria y a la SUNEDU, temas que continúan generando debate en distintos sectores académicos del país.

De acuerdo con dirigentes estudiantiles, el congresista no habría atendido en varias oportunidades sus pedidos de diálogo sobre estos asuntos.

Tras los cuestionamientos, decenas de alumnos optaron por retirarse del auditorio, en lo que terminó convirtiéndose en una contundente expresión de rechazo estudiantil hacia el legislador.

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A los efectivos también se les atribuye participación en la presunta tentativa de homicidio calificado contra tres ciudadanos que habrían sobrevivido al hecho.

La medida fue adoptada tras una extensa audiencia que se prolongó por cerca de 24 horas, según informó el Ministerio Público.

Durante la sesión, la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín, encabezada por el fiscal provincial Johel Chamorro, solicitó inicialmente 18 meses de prisión preventiva para los investigados, aunque el juzgado finalmente resolvió imponer un plazo menor.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín, a cargo del fiscal provincial Johel Chamorro, obtuvo 12 meses de prisión preventiva para ocho militares investigados por el delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles que… pic.twitter.com/rlznymYWdC

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 20, 2026

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La presentación se realizó en una conferencia de prensa con participación de un notario, donde también se explicaron los criterios técnicos y el procedimiento utilizado para definir la ubicación de las organizaciones políticas, establecido mediante un sorteo público realizado el 10 de junio.

En cuanto a sus características físicas, el documento para la elección de autoridades regionales, provinciales y distritales tendrá un tamaño base de 38 centímetros de ancho por 21 de largo, con posibilidad de ampliarse progresivamente hasta 52 centímetros según la cantidad de agrupaciones participantes.

Este formato será distribuido a los votantes de todo el país, salvo en Lima Metropolitana, y permitirá elegir distintos cargos como gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales y alcaldías provinciales y distritales.

El diseño contempla cuatro bloques diferenciados por colores: amarillo para gobernador y vicegobernador regional, verde claro para consejeros regionales, rosado para elecciones provinciales y celeste para las distritales.

Cada sección incluirá las siglas “Jurado Nacional de Elecciones ONPE Registro Nacional de Identificación y Estado Civil” en diagonal, junto con indicaciones para marcar la opción elegida mediante cruz o aspa. Para esta versión de prueba se consideró la participación de ocho organizaciones políticas distribuidas en filas con sus respectivos símbolos.

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Mediante el Decreto Supremo N.° 108-2026-EF, se autorizó una transferencia superior a los S/ 10.4 millones para poner en funcionamiento nueve órganos jurisdiccionales permanentes del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio.

El presupuesto proviene de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas y cubrirá gastos relacionados con personal, bienes, servicios y adquisición de activos.

También se permitirá la contratación de jueces titulares y trabajadores bajo el régimen CAS para el inicio de actividades de estas instancias especializadas.

Por otro lado, el Decreto Supremo N.° 111-2026-EF autorizó la transferencia de más de S/ 7 millones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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Sesión

Durante la audiencia pública, los abogados de JP, Roy Mendoza y Marco Zevallos, sustentaron los argumentos de la agrupación a favor de la nulidad de las mesas observadas.

Por su parte, los representantes legales de Fuerza Popular, Edwin Lévano, César Muriche y Alexander Quilca, solicitaron que el recurso sea declarado infundado y se mantengan los resultados electorales.

Los recursos fueron evaluados por los integrantes del pleno del JNE, presidido por Roberto Burneo.

La defensa de JP señaló que su solicitud de nulidad se sustenta en un análisis estadístico de la votación, mediante el cual identificó “583 patrones distribuidos en la capital” que, según sostuvo, evidenciarían presuntas irregularidades en los resultados.

Ante ello, el integrante del JNE Gunther González consultó cuál era la causal específica que respaldaba el pedido.

Mendoza terminó señalando que este se basaba en un “fraude que supone graves irregularidades”.

Luego, el magistrado consultó quiénes habrían cometido el supuesto fraude denunciado por JP. Mendoza respondió que se trata de una “hipótesis” que aún debe ser esclarecida mediante sus informes de fiscalización.

Además, admitió que ningún personero de la agrupación reportó o denunció irregularidades durante la votación en dichas mesas.

En la misma línea, la magistrada Martha Maisch consultó si la agrupación había presentado pruebas que respaldaran sus afirmaciones. El abogado reconoció que no y precisó que lo único aportado fue un análisis estadístico de los resultados.

Horas más tarde, tras una sesión privada, el JNE declaró infundados los recursos de apelación.

Veintidós nombres figuran ya como postulantes a la alcaldía de Lima Metropolitana en la plataforma electoral del JNE, según la base de datos analizada por Correo.

La lista incluye a exfuncionarios de alto nivel, una parlamentaria en ejercicio y varios alcaldes distritales vigentes que buscan dar el salto a la gestión de la capital.

LOS PESOS PESADOS

Carlos Bruce Montes de Oca encabeza la lista de Somos Perú.

El actual alcalde de Santiago de Surco acumula una extensa trayectoria pública: ejerció como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en tres oportunidades, durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.

Asimismo, el economista ocupó una curul en el Congreso por Lima durante tres periodos consecutivos, entre 2006 y 2019.

Durante su primera gestión ministerial, Bruce impulsó los programas habitacionales Mivivienda y Techo Propio. Para concentrarse en su campaña municipal, el político solicitó una licencia sin goce de haber.

En la misma línea de figuras con trayectoria nacional, Susel Paredes Piqué compite bajo la agrupación de Ahora Nación.

La abogada y congresista en ejercicio formalizó su candidatura en enero, y quedó tras un proceso de elecciones internas dentro del partido liderado por Alfonso López-Chau.

A lo largo de su carrera, Paredes ha pasado por organizaciones de izquierda y centroizquierda, como el Partido Socialista y el Partido Morado, además de haber formado parte de la agrupación Primero La Gente, de la cual renunció en enero de 2025.

La parlamentaria se ha caracterizado por su activismo en defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Cabe precisar que la norma electoral vigente le permitió postular sin necesidad de renunciar a su curul en el Congreso.

Por su parte, Daniel Belizario Urresti Elera figura como candidato de Podemos Perú.

El exmilitar recuperó su libertad en febrero, luego de que el Tribunal Constitucional anulara por vicios procesales su condena de 12 años por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988.

No obstante, cabe precisar que la anulación de su sentencia respondió a una decisión técnica sobre la prescripción de los hechos, y no a una declaración de inocencia sobre el fondo del caso.

Antes de este episodio, Urresti había ejercido como ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala, entre junio de 2014 y febrero de 2015.

El excongresista, además, ya había postulado previamente a la alcaldía de Lima en 2018 y 2022, ambas veces sin éxito, y compitió como candidato presidencial en 2021.

A diferencia de los anteriores, Ricardo Pablo Belmont Cassinelli postula por el Partido Cívico Obras con una trayectoria que se remonta a décadas atrás.

El fundador del histórico Movimiento Obras encabezó la lista que ganó la alcaldía de Lima en 1990 y revalidó el cargo en las elecciones de 1993.

Actualmente, Belmont es empresario de comunicaciones, vinculado a la cadena Red Bicolor.

Ricardo Belmont anuncia su candidatura a la alcaldía de Lima en los próximos comicios de octubrehttps://t.co/kcncyv5kHT

— Diario Correo (@diariocorreo) June 15, 2026

Finalmente, entre los nombres con mayor recorrido institucional, Yehude Simon Munaro encabeza la candidatura de Coalición Transformadora Tierra Verde.

El expresidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alan García es médico veterinario y abogado, con estudios de posgrado en gestión de políticas públicas por la Universidad Carlos III de Madrid.

Simon ejerció como congresista entre 2011 y 2016 y, más recientemente, fundó el Partido Humanista Peruano en 2023.

Cabe señalar que el candidato fue indultado en el año 2000 por una condena de 1993 por apología al terrorismo, decisión que adoptó la Comisión Ad Hoc creada durante el gobierno de Alberto Fujimori por falta de pruebas.

Además, el postulante declara un proceso de investigación abierto por el caso Olmos.

LA INCÓGNITA DE LA REELECCIÓN

Distinto es el caso de Luis Isael Rubio Idrogo, quien representa a Renovación Popular en esta contienda.

El médico cirujano preside actualmente el Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, cargo que Rafael López-Aliaga le otorgó en 2023.

Cabe recordar que Rubio ya había liderado esa misma institución entre 2015 y 2018, durante la gestión del fallecido alcalde Luis Castañeda Lossio.

El funcionario, por otro lado, ganó notoriedad pública por participar en la separación quirúrgica de Milagros Cerrón, la niña conocida como la “Sirenita”.

Sin embargo, el hecho más relevante de su candidatura llegó el 16 de junio, cuando López-Aliaga confirmó que acompañará a Rubio como candidato a teniente alcalde, decisión que especialistas en derecho electoral califican como una posible reelección encubierta, dado que la norma vigente impide al actual burgomaestre postular directamente a un nuevo periodo consecutivo.

ALCALDES DISTRITALES EN CARRERA

Entre quienes buscan dar el salto desde la gestión distrital, Francis James Allison Oyague compite por Avanza País.

El alcalde de Magdalena del Mar renunció a Alianza para el Progreso el 3 de enero para afiliarse a su nueva agrupación, partido con el que disputará la alcaldía metropolitana.

Tiempo atrás, Allison había ejercido brevemente como ministro de Vivienda durante el segundo gobierno de Alan García en 2009, cargo que dejó tras cuatro meses por cuestionamientos vinculados a su relación laboral con la empresa Business Track.

En esa misma línea, Carlos Alberto Tejada Noriega participa por Acción Popular.

El médico urólogo ejerció como alcalde del distrito de San Borja en tres periodos distintos: 2003-2006, 2007-2010 y 2019-2022.

Además, Tejada ocupó el Ministerio de Salud durante el gobierno de Ollanta Humala, entre julio de 2011 y julio de 2012.

Antes de su carrera política, el exfuncionario había desarrollado una trayectoria como árbitro de fútbol profesional, llegando a dirigir tres encuentros en Copas del Mundo.

Por su parte, Samuel Marcos Daza Taype compite por Fuerza Popular.

El ingeniero de transportes es alcalde de Ancón desde 2023 y cuenta con tres maestrías obtenidas en universidades españolas, entre ellas un máster en Tráfico y Seguridad Vial por la Universitat de València.

Previamente, Daza había ocupado la Dirección General de Articulación, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 2021.

El postulante renunció a Podemos Perú en 2025 antes de sumarse a Fuerza Popular y registra, además, una demanda de alimentos declarada fundada en su contra en 2015.

Cierra este grupo Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar, quien representa a Juntos por el Perú.

El actual alcalde de Lurigancho-Chosica e ingeniero químico cuenta con dos maestrías por la Universidad Nacional de Ingeniería y mantiene su gestión distrital vigente mientras compite por el sillón metropolitano.

Antes de asumir la alcaldía, el postulante había ejercido como asesor en el Congreso y como gerente de infraestructura en el Gobierno Regional de Lima.

BAJO PERFIL

El resto de la papeleta lo completan agrupaciones con menor presencia mediática.

Flor de María Hurtado Valdez, por ejemplo, compite por el Partido Demócrata Verde.

La abogada es fundadora y secretaria general de la organización desde 2021 y dirigió previamente el Instituto de Ecología Política Alternativa Verde y el Instituto de Estudios Jurídicos Derectum.

Antes de ello, Hurtado tuvo un vínculo con el Movimiento Regional Voz Verde, del cual renunció en 2011.

De manera similar, Edgardo Renán De Pomar Vizcarra representa al Partido Popular Cristiano (PPC). El abogado ejerce profesión independiente desde 1993 a través de su propio estudio jurídico.

Dentro del partido, De Pomar ocupó la Secretaría Nacional Estructural-Política del PPC entre 2011 y 2016 y fue secretario provincial de Lima Cercado entre 2011 y 2014.

A su vez, Sandro Caller Gutiérrez compite por el Partido Patriótico del Perú.

El abogado, con maestría en Gobierno y Gestión Pública por la Universidad de San Martín de Porres, trabajó como articulador interinstitucional en la Presidencia del Consejo de Ministros entre 2025 y 2026.

Antes de ese cargo, Caller había ocupado puestos de gerencia en la Municipalidad Provincial del Callao y en la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde fue jefe de la Oficina de Promoción de Organizaciones Vecinales entre 2003 y 2011.

El candidato renunció al Partido Aprista Peruano (APRA) en 2021.

Por otro lado, Victoria Betzabe La Cruz Garcés postula por el Partido Morado.

La psicóloga dirigió la Escuela de Formación Política de su partido durante 2025.

Previamente, La Cruz tuvo vínculos con el Partido de los Trabajadores y Emprendedores y con Ahora Nación, organizaciones de las que renunció en 2024.

En tanto, Jessica Viviana Linares Romero compite por el Partido Político Integridad Democrática.

La enfermera, con estudios técnicos, ocupó cargos partidarios en el PPC entre 2007 y 2011, en las secretarías provincial de Lima Centro y nacional del Adulto Mayor. Antes de su afiliación actual, Linares había renunciado al Frente de la Esperanza 2021 y a Acción Popular.

Asimismo, Rubén José Ramírez Mateo representa al Partido Político Nacional Perú Libre.

El abogado, con maestría en Política de Gestión y Derecho Ambiental, ejerció como ministro del Ambiente durante el gobierno de Pedro Castillo, entre 2021 y 2022.

Antes de ese cargo, Ramírez había trabajado como asesor de despacho ministerial y jefe de gestión social en el Ministerio de Energía y Minas.

De forma paralela, Elizabeth María del Rosario León Chinchay compite por el Partido Frente de la Esperanza 2021.

La ingeniera civil de la Universidad Nacional de Ingeniería cuenta con una maestría en Gestión del Riesgo de Desastres por el Centro de Altos Estudios Nacionales.

León fundó el partido en 2020 y ocupa actualmente la Secretaría Nacional de Economía de la organización.

Por su lado, Luis Alberto Huette Tolentino postula por el Partido Político Pueblo Consciente, que tiene como presidente de la agrupación al congresista Guido Bellido.

El contador público y abogado obtuvo un doctorado en Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Huette ejerció contabilidad y asesoría legal de forma independiente hasta 2026 y registra, además, un vínculo previo con el partido Perú Posible, del cual renunció en 2010.

A continuación, Santiago Rosendo Abarca León compite por Visión Perú.

El abogado es magistrado del Fuero Militar Policial desde 2003 y cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Alas Peruanas. Antes de sumarse a su actual agrupación, Abarca había renunciado a Progresemos en 2025.

Le sigue Segundo Valdez Zavala, quien representa al Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP).

El abogado, titulado en 2025, es fundador del FREPAP y ejerció como su secretario general entre 2014 y 2016. Antes de dedicarse al ejercicio legal, Valdez trabajó como transportista durante más de una década.

Asimismo, Samir Frank Quispe Caballero compite por Batalla Perú.

El postulante ocupó la Secretaría del Comité Ejecutivo Regional de Lima de su partido entre 2025 y 2026. Durante el presente año, Quispe trabajó como gerente comercial en una cooperativa de servicios eléctricos.

Cierra la lista Rubén Daniel Bonilla Espinoza, quien representa a Fuerza Ciudadana.

El candidato trabajó como productor en español para la cadena Christian Broadcasting Network en Estados Unidos entre 2007 y 2020.

Bonilla, por lo demás, no registra trayectoria partidaria previa declarada en su hoja de vida.

Exhortación

En diálogo con la prensa, la lideresa de FP sostuvo que espera su contrincante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, respete el desenlace de la segunda vuelta.

“Tenemos que esperar y luego respetar el resultado final. La votación y las cifras son contundentes, y yo creo que también es importante que el señor Sánchez y su partido entiendan que los votos de los peruanos, de cualquier ciudadano peruano, de cualquier ciudad, región, provincia o los que se encuentran en el extranjero son válidos y deben ser respetados”, aseveró.

Fujimori, quien al cierre de esta edición continúa consolidando su ventaja en el conteo de la ONPE por 41 565 votos, señaló que espera la proclamación oficial de resultados, a manos del Jurado Nacional de Elecciones, para convocar a un equipo que enfrente las problemáticas del país.

“Esperamos que el resultado final salga pronto, porque hay muchas decisiones por tomar y equipos que tenemos que armar de confirmarse este resultado. Aquí hay dos grandes retos que nuestro país está por afrontar: resolver el tema de la delincuencia y la criminalidad, y la posible llegada del fenómeno El Niño”, detalló.

Finalmente, fue consultada por el posible otorgamiento de indultos a expresidentes como Pedro Castillo y Alejandro Toledo, sentenciados por conspiración para la rebelión y lavado de activos, respectivamente. “En nuestro país no va a haber ni persecución ni privilegios”, puntualizó.

Con este pronunciamiento, el máximo tribunal electoral confirmó las resoluciones emitidas previamente por los Jurados Electorales Especiales (JEE). La medida representa un revés para la agrupación política que postula a Roberto Sánchez, la cual había denunciado presuntas irregularidades en el proceso electoral.

Los expedientes evaluados incluían solicitudes para anular los resultados de más de 1.700 mesas de sufragio en Lima Metropolitana. También comprendían 647 mesas correspondientes a peruanos residentes en el extranjero.

Tras revisar los recursos presentados por la organización política, el pleno del JNE declaró infundadas las apelaciones. De esta manera, mantuvo la validez de los resultados observados en ambas circunscripciones.

Al tratarse de resoluciones emitidas en segunda y última instancia dentro de la jurisdicción electoral, los casos quedaron definitivamente resueltos. Esto significa que ya no existe una nueva vía de apelación respecto de estos expedientes.

#LoÚltimo JNE declaró infundado apelaciones de Juntos por el Perú que solicitaban nulidad masiva de mesas de votación

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— Canal N (@canalN_) June 20, 2026

Se revisaron 32 recursos electorales

Durante la audiencia pública virtual, los magistrados analizaron un total de 32 recursos vinculados a solicitudes de nulidad de mesas de sufragio y actas electorales observadas. Los casos correspondían tanto a circunscripciones nacionales como a votaciones realizadas en el exterior.

La mayoría de las apelaciones examinadas por el colegiado fueron declaradas infundadas. Entre ellas figuraron otros 27 recursos relacionados con actas observadas que también fueron rechazados por el organismo electoral.

Asimismo, el pleno dejó sin efecto la vista de la causa de uno de los expedientes evaluados. Otro recurso quedó pendiente de resolución.

Dentro del conjunto de expedientes revisados, una apelación relacionada con un acta electoral observada procedente de Europa recibió un pronunciamiento distinto. En ese caso, el tribunal electoral declaró el recurso fundado en parte.

La decisión forma parte de las evaluaciones realizadas por el JNE en el marco de la segunda vuelta presidencial. Los argumentos jurídicos que sustentan cada resolución serán publicados posteriormente mediante los pronunciamientos escritos correspondientes.

Resoluciones serán publicadas

El Jurado Nacional de Elecciones informó que las resoluciones completas serán difundidas a través de sus canales institucionales. De esta manera, los personeros de las organizaciones políticas y la ciudadanía podrán acceder a los fundamentos legales de cada decisión adoptada.

La audiencia pública fue transmitida en directo mediante las plataformas oficiales del organismo electoral. Durante la sesión, los magistrados expusieron y votaron los recursos relacionados con las controversias surgidas tras la jornada electoral.

El beneficio corresponde a quienes integraron las mesas de sufragio instaladas dentro del país durante la jornada electoral. El monto equivale al 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), de acuerdo con lo establecido en la Ley N.° 32231.

Modalidades de pago

La ONPE precisó que los beneficiarios tuvieron la posibilidad de elegir previamente la forma en que recibirían el dinero. Las alternativas habilitadas fueron el depósito en cuentas bancarias, el uso de la billetera digital Yape y el cobro presencial en agencias del Banco de la Nación.

Las cuentas autorizadas para recibir los depósitos corresponden al Banco de la Nación, BCP, BBVA y Scotiabank. Los ciudadanos pudieron registrar o modificar esta información dentro de los plazos establecidos por el organismo electoral.

Cronograma de pago

Según informó la entidad, los depósitos bancarios y las transferencias mediante Yape se efectuarán entre el 22 y el 24 de junio. Los beneficiarios podrán identificar el abono a través de las referencias que cada entidad financiera registre en sus movimientos.

En el caso de quienes eligieron el cobro presencial, el dinero estará disponible desde el 25 de junio. Para acceder al beneficio, bastará con acudir a cualquier agencia del Banco de la Nación portando el Documento Nacional de Identidad.

La ONPE indicó que el pago presencial también alcanzará a las personas que asumieron el cargo de miembro de mesa el mismo día de la elección tras ser designadas entre los electores presentes. Asimismo, podrán acceder al monto quienes no realizaron ningún registro previo ante la institución.

La misma modalidad será aplicada para aquellos casos en los que una entidad financiera no pueda concretar el depósito o la transferencia programada. En estas situaciones, el ciudadano podrá acercarse al Banco de la Nación para efectuar el cobro correspondiente.

Con el objetivo de facilitar el seguimiento del beneficio, la ONPE habilitó una plataforma de consulta para los ciudadanos que participaron en la segunda vuelta presidencial. A través de este servicio podrán verificar la modalidad registrada y conocer el estado de su compensación económica.

Así lo informó este viernes, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, en declaraciones a Canal N. La funcionaria señaló que el registro de candidaturas continuaba desarrollándose mientras las organizaciones políticas completaban la presentación de sus expedientes.

“Nosotros tenemos un estimado de 14 mil listas que deberían estar ingresando al Jurado Nacional de Elecciones, pero en esta hora exactamente, a menos de cuatro horas de que venza el plazo, tenemos más de 9 mil listas que ya han ingresado, esto es casi el 70 % de la proyección que tenemos”, manifestó.

¿Cuántos partidos participarán?

Clavijo informó que son 74 las organizaciones políticas habilitadas para presentar candidaturas en estas elecciones. Entre ellas figuran partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales conformadas para competir en distintas jurisdicciones del país.

Asimismo, precisó que las postulaciones pueden presentarse para cargos regionales, municipales provinciales y municipales distritales. El plazo para realizar este trámite culmina a la medianoche.

La funcionaria también recordó que el proceso de recepción de documentos se realiza tanto de manera virtual como presencial. Para ello, las agrupaciones políticas cuentan con 91 sedes de los Jurados Electorales Especiales distribuidas en todo el territorio nacional.

Además, indicó que las 25 Oficinas Desconcentradas del JNE y la sede ubicada en el jirón Cusco, en el centro de Lima, también pueden recibir expedientes. Posteriormente, estos son derivados al órgano electoral competente para su evaluación.

Respecto a las organizaciones que acudan en las últimas horas, explicó que se respetará el ingreso de quienes lleguen antes del vencimiento del plazo. En esos casos, la atención continuará hasta concluir el trámite correspondiente.

“Aquella organización política que ingrese hasta las 11:59 podrá seguir siendo atendida dentro del local del Jurado Electoral Especial hasta que culmine su trámite”, sostuvo.

Proyectan cerca de medio millón de candidatos

Durante la entrevista, Clavijo señaló que el número de postulantes podría superar ampliamente el registrado en las elecciones regionales y municipales de 2022. El balance definitivo será conocido una vez concluya la etapa de inscripción.

La secretaria general del JNE explicó que la elevada cantidad de organizaciones habilitadas para participar podría llevar a que el proceso reúna cerca de medio millón de candidatos en todo el país.

“Se estima que podamos llegar a medio millón. Tendremos el balance seguramente el día de mañana, porque tenemos 74 organizaciones políticas que se presentarán a nivel regional, municipal, provincial y distrital”, afirmó.

Clavijo también informó que los Jurados Electorales Especiales utilizarán sistemas de inteligencia artificial para verificar la información presentada por los candidatos mediante cruces de datos con entidades como el Poder Judicial, Sunedu y Sunarp. Según indicó, este proceso se realizará hasta el 5 de agosto, fecha límite para la admisión de las listas.

Presentación no garantiza la inscripción

La funcionaria aclaró que la entrega de una solicitud no implica la inscripción automática de una candidatura. Cada expediente deberá pasar por una etapa de calificación para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa electoral.

Tras esa revisión, las listas admitidas podrán ser objeto de observaciones y tachas presentadas por la ciudadanía. El procedimiento forma parte de las etapas previas a la publicación definitiva de candidatos habilitados para participar en los comicios de octubre de 2026.

La lideresa de Fuerza Popular recorrió nuevamente una zona que ya había visitado meses atrás en el marco de su campaña presidencial. Durante aquella etapa realizó encuentros directos con familias del sector como parte de una estrategia de acercamiento a los electores.

La presencia de Fujimori en San Cosme marcó su retorno a uno de los lugares donde desarrolló actividades proselitistas a inicios de año. En enero recorrió viviendas del sector y sostuvo conversaciones con residentes que anteriormente no habían apoyado a su agrupación política.

Según se informó, durante esas visitas la candidata invitó a algunos vecinos a participar como personeros en los comicios. Asimismo, buscó fortalecer la relación con sectores de la población que históricamente habían mostrado distancia con Fuerza Popular.

Agradece respaldo y asegura que esperará resultados oficiales

Durante su intervención ante los pobladores reunidos en el lugar, Fujimori señaló que su visita respondió al apoyo obtenido en las recientes elecciones. La candidata indicó que acudió para reconocer la confianza depositada en su candidatura.

“Hoy vengo a agradecer. A agradecer el apoyo, la confianza que me están dando. Vamos a esperar con prudencia el conteo de las últimas actas”, expresó.

La aspirante presidencial también se refirió a las prioridades que, según indicó, impulsará en caso de asumir el gobierno. Entre ellas mencionó acciones relacionadas con la seguridad ciudadana y la ejecución de proyectos de infraestructura.

“Pero quiero decirles, además, que estoy acá para ratificar mi compromiso: primero, en recuperar la seguridad, el orden y, en segundo lugar, para decirles que las obras se van a hacer”, aseguró.

El encuentro se desarrolló ante vecinos que se congregaron en la zona al conocer de su llegada. La actividad formó parte de las acciones realizadas por la candidata tras la jornada electoral mientras continúa el proceso de conteo de las actas pendientes.

Los simpatizantes partieron desde el local partidario ubicado en el Paseo Colón y avanzó por la Plaza Bolognesi y la avenida Alfonso Ugarte con dirección a la Plaza 2 de Mayo. El recorrido se desarrolla bajo un amplio despliegue de seguridad de la Policía Nacional y personal municipal.

Desde las 7 p.m el cruce de la avenida Abancay con la avenida Nicolás de Piérola, en el Centro de Lima registró una intensa congestión vehicular tras el desplazamiento de los manifestantes. Minutos después la movilización retornó al local de campaña del partido, ubicado en el Paseo Colón.

Antes de finalizar esta marcha, el líder de Juntos por el Perú dio un mensaje desde el balcón del recinto partidario y acusó al gobierno de interponer una denuncia penal contra dirigentes de Juntos por el Perú (JP) por presuntos “graves disturbios al orden público”.

“Rechazamos la criminalización de la protesta. Este pueblo no es terrorista, este pueblo no es violento”, afirmó al culminar la protesta.

Pese al tráfico generado en distintos puntos del Centro Histórico, la protesta se desarrolló sin mayores incidentes ni hechos de violencia.

La acción legal también comprende al exministro de Salud Hernando Cevallos, a la periodista Claudia Cisneros y a otras seis personas identificadas como César Tito Rojas, Lucio Ccallo, Pavel Yábar, Andrea Valderrama, Elizabeth Flores y Luz del Carmen Bazalar. Todos ellos fueron incluidos en el mismo expediente presentado ante el Ministerio Público.

La denuncia fue presentada por el procurador Moisés Vega de la Cruz ante la Fiscalía Corporativa Penal de Lima. El objetivo es que se evalúe el inicio de una investigación preliminar contra los nueve involucrados.

De acuerdo con el documento, la Procuraduría sostiene que existen elementos que justifican una evaluación fiscal sobre la actuación de los denunciados durante el periodo electoral. El caso fue remitido a la jurisdicción correspondiente para que se determinen las acciones que correspondan conforme a ley.

Informes policiales forman parte de la denuncia

Entre los principales sustentos del expediente figuran dos informes elaborados por la División de Inteligencia contra la Criminalidad de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. Estos documentos fueron incorporados como parte de los elementos de convicción presentados por la Procuraduría.

Según la denuncia, dichos reportes identifican presuntas conductas de azuzamiento e incitación a la confrontación difundidas a través de plataformas digitales. La entidad considera que esos contenidos podrían estar relacionados con una afectación a la tranquilidad pública durante el contexto postelectoral.

La Procuraduría también adjuntó registros fotográficos de las publicaciones que forman parte de la denuncia. Asimismo, incorporó dos informes técnicos emitidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Toda la documentación fue remitida a la Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María. Será esta instancia la encargada de analizar el material presentado y decidir si corresponde abrir diligencias preliminares.

Roberto Sánchez rechaza la denuncia

Tras conocerse la medida, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció mediante sus redes sociales. El líder de la agrupación expresó su desacuerdo con la denuncia presentada por la Procuraduría.

En su publicación, sostuvo que no aceptará acciones que, según afirmó, busquen afectar a quienes participan en la defensa de posiciones políticas y electorales. Además, cuestionó que se pretenda atribuir responsabilidad penal a personas que se han pronunciado sobre el proceso electoral.

“No aceptaremos la criminalización ni el amedrentamiento de quienes ejercen la legítima defensa de los derechos democráticos”, expresó.

La Fiscalía deberá revisar los documentos remitidos por la Procuraduría antes de adoptar una decisión sobre el caso. Por el momento, la denuncia se encuentra en evaluación dentro del Ministerio Público.

La lideresa de Fuerza Popular señaló que una eventual gestión suya no actuará bajo criterios de persecución ni de favoritismo. En ese contexto, remarcó que todas las personas deben recibir el mismo tratamiento ante este tipo de solicitudes.

“En nuestro país no va a haber ni persecución ni privilegios”, remarcó.

Fujimori precisó que cualquier solicitud de indulto humanitario deberá ser analizada de manera particular. Según explicó, cada expediente tendrá que ser revisado tomando en cuenta la condición médica y las circunstancias específicas de la persona involucrada.

Asimismo, consideró que este proceso debe estar a cargo de una comisión integrada por especialistas alejados de intereses partidarios. La candidata sostuvo que la evaluación debe realizarse sin interferencias políticas. En referencia al mecanismo que debería aplicarse para estos casos, señaló que la revisión tendrá que efectuarse de forma individual.

Prioridades para el próximo gobierno

La candidata también exhortó a las autoridades electorales a acelerar la resolución de los expedientes pendientes. A su juicio, la prolongación de la incertidumbre política dificulta la toma de decisiones en distintos niveles del Estado.

Además, señaló que la próxima administración tendrá que enfrentar desafíos urgentes para el país. Entre ellos mencionó el incremento de la delincuencia y la criminalidad, así como la necesidad de prepararse ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

Respecto a este último tema, sostuvo que será indispensable fortalecer las acciones preventivas. La candidata consideró que la planificación anticipada será clave para reducir el impacto de eventuales emergencias climáticas.

La movilización partió desde el local de campaña ubicado en el Paseo Colón y recorre las principales vías del Cercado de Lima. Pese a que el Ministerio del Interior no otorgó garantías para la actividad, la marcha se desarrolla bajo resguardo policial y municipal.

El documento oficial señala que la organización política presentó la solicitud el mismo día del evento programado. Sin embargo, la normativa exige que este tipo de requerimientos sea ingresado con al menos tres días hábiles de anticipación.

La resolución establece que el incumplimiento de este requisito impide la aprobación del pedido. En ese sentido, se concluye la improcedencia de la autorización solicitada para la movilización.

Ministerio del Interior rechazó solicitud de garantías presentado por Juntos por el Perú para realizar una marcha

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— Canal N (@canalN_) June 19, 2026

Advertencias en la resolución

El pronunciamiento del sector Interior incluye disposiciones relacionadas con el respeto a lo establecido en la decisión administrativa. En caso de incumplimiento, se prevén acciones dentro del marco sancionador correspondiente.

El texto también deja constancia de que la organización política puede presentar recursos administrativos conforme a los mecanismos legales disponibles. Estas vías forman parte del procedimiento regular ante decisiones de la autoridad competente.

La actividad anunciada contemplaba una concentración de aproximadamente cinco mil personas. El inicio estaba previsto en horas de la tarde con un recorrido por diversas vías del Centro de Lima.

El trayecto incluía avenidas y plazas del Cercado de Lima hasta llegar a las inmediaciones de una sede del sistema electoral. El punto final de la movilización era el Jurado Nacional de Elecciones.

Condiciones del Centro Histórico de Lima

El pronunciamiento recuerda que el Centro Histórico cuenta con restricciones para la realización de concentraciones públicas. Esta condición se sustenta en su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La normativa local establece limitaciones específicas para actividades de carácter político o social en esta zona. Estas disposiciones forman parte del marco de protección del área urbana central de la capital.

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso restricciones de tránsito en el Centro Histórico durante los días previos y posteriores al evento. La medida abarca un perímetro definido por varias avenidas principales del Cercado de Lima.

La disposición busca ordenar el flujo vehicular ante la posibilidad de concentraciones en la zona. El periodo de restricción se extiende desde la medianoche del viernes 19 hasta el lunes 22 de junio.

La sesión solemne estuvo encabezada por el magistrado Roberto Burneo, quien dirige el organismo electoral. Durante el acto se formalizó el cierre del proceso electoral a nivel nacional.

Conformación del nuevo Congreso bicameral

El resultado de la elección establece la instalación de un Congreso bicameral que funcionará durante el periodo 2026-2031. Este nuevo esquema legislativo estará compuesto por dos cámaras diferenciadas con mecanismos de elección propios.

El Senado estará integrado por 60 miembros en total. La mitad fue elegida mediante distrito único nacional y la otra parte a través de los distritos electorales establecidos para este proceso.

Mientras que la Cámara de Diputados contará con 130 representantes en total. La asignación de escaños responde a un sistema que combina la elección por distrito múltiple y la distribución proporcional según la población electoral de cada circunscripción.

Un grupo de 28 legisladores fue elegido bajo el mecanismo de distrito electoral múltiple. Los 102 restantes provienen de una distribución proporcional que busca equilibrar la representación a nivel nacional.

El proceso electoral también definió a los representantes del país ante el Parlamento Andino. En total fueron seleccionados cinco parlamentarios titulares que asumirán funciones en el ámbito de integración regional.

Junto a ellos se designaron diez suplentes que reemplazarán a los titulares en caso de ser necesario. Esta estructura incluye dos representantes de reserva por cada uno de los cargos principales.

Las autoridades proclamadas ejercerán funciones durante el periodo legislativo 2026-2031. Este mandato abarca tanto a los integrantes del Congreso bicameral como a los representantes ante el organismo andino.

La oficialización de los resultados marca el inicio del proceso de instalación institucional del nuevo Parlamento. Con ello se cierra la etapa posterior a la jornada electoral del 12 de abril.

Durante una entrevista en Exitosa, Zapata indicó que la gestión del Ministerio del Interior mantiene una posición basada en el respeto a la institucionalidad y no en las opiniones que puedan surgir desde distintos sectores. Asimismo, señaló que el periodo de permanencia en la máxima jefatura policial está definido por ley. Por esa razón, consideró que cualquier decisión relacionada con dicho cargo debe ajustarse a ese marco legal.

El ministro, explicó que las autoridades no tomarán determinaciones motivadas por cuestionamientos públicos o presiones externas. Según remarcó, el cumplimiento de las reglas institucionales es un elemento central dentro de la gestión.

“La institucionalidad es un factor importante y en esa medida es que tenemos la mirada. Si la institucionalidad me indica que el periodo es dos años, pues no se va actuar en base a cuestiones mediáticas o situaciones como opiniones de determinadas personas”, sostuvo.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el ministro del Interior, José Zapata, descartó la posibilidad de remover a Óscar Arriola de la comandancia de la Policía Nacional. El titular del sector sostuvo que las decisiones institucionales no se adoptarán en función de… pic.twitter.com/PM7R9DIHbu

— Exitosa Noticias (@exitosape) June 19, 2026

No existe debate sobre un eventual relevo

Zapata también afirmó que la posible salida de Arriola no ha sido materia de discusión dentro del Ministerio del Interior. De acuerdo con su versión, la prioridad actual es fortalecer el funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.

El titular del sector recordó que el actual comandante general de la Policía asumió funciones en octubre de 2025. En consecuencia, su periodo al frente de la institución concluiría en octubre de 2027 y que aún resta una parte importante del mandato previsto para la máxima autoridad policial.

“No se ha tocado ese tema porque estamos preocupados de que la institucionalidad se cumpla tal cual del modo de seguir fortaleciéndonos desde ese enfoque. Su periodo aún tiene una parte importante por cumplir por lo que no se tendría que tocar el tema”, indicó.

En otro momento, el titular del sector se pronunció sobre la muerte de un adolescente que había permanecido detenido en la comisaría de Manchay. Al respecto, indicó que la Policía Nacional ya separó a 6 agentes que prestaban servicios en dicha dependencia y que las diligencias correspondientes continuan para esclarecer las circunstancias del hecho y a los presuntos responsables.

La candidata de Fuerza Popular indicó que cualquier discrepancia relacionada con los comicios debe resolverse por las vías institucionales.

Fujimori enfatizó que todos los sufragios, tanto de los ciudadanos residentes en el Perú como de quienes votaron en el extranjero, tienen la misma validez.

“La votación y las cifras son contundentes y yo creo que también es importante que el señor Roberto Sánchez y su partido entienda que los votos de los peruanos, de cualquier ciudadano peruano, de cualquier ciudad, región, provincia o los que se encuentran en el extranjero son válidos y deben ser respetados”, expresó.

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La medida fue dispuesta por el fiscal provincial Christian Santamaría Zavala, del Segundo Despacho, tras detectarse posibles inconsistencias en el procedimiento de contratación llevado a cabo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según informó el Ministerio Público, las diligencias se desarrollan contra quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito de negociación incompatible. La indagación busca establecer si el proceso de adjudicación se realizó conforme a la normativa correspondiente.

Como parte de las acciones iniciales, la fiscalía solicitó la documentación vinculada al proyecto, incluyendo expedientes técnicos, informes de sustento, modalidad de contratación y criterios de evaluación.

🚨#LoÚltimo | Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Segundo Despacho) inició indagación previa contra los que resulten responsables del delito de negociación incompatible, tras identificar presuntas irregularidades en la… pic.twitter.com/Ww9DugHHAM

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 19, 2026

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La audiencia pública también incluye la revisión de 32 casos relacionados con actas observadas.

Mientras se desarrolla el análisis de estos recursos, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ratificó la realización de movilizaciones convocadas por su agrupación. Según indicó, las actividades serán pacíficas y buscan exigir transparencia, debido proceso y respeto a la voluntad popular.

Por su parte, la Cancillería reiteró su respeto a la autonomía de los organismos electorales y recordó que la revisión de actas, el cómputo de votos, la atención de impugnaciones y la proclamación de resultados son funciones exclusivas de las autoridades electorales competentes.

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