La ONPE, encabezada por Piero Corvetto, enfrenta serios cuestionamientos tras retrasar o postergar la instalación de mesas de votación el 12 de abril. A ello, se suma una denuncia periodística, emitida por el programa Beto a Saber, cuatro días después, sobre actas electorales halladas en la vía pública.

Desarrollo

El equipo de la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Sur, liderado por el fiscal provincial Ricardo López García, acudió al inmueble tras ser convocado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Dicha institución, a través de su Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales, requirió la presencia de la Fiscalía a fin de ejecutar un proceso de “constatación” a la ONPE.

En total, acudieron a la diligencia cinco fiscalizadores del JNE junto a otros diez funcionarios del MP. Este último grupo ingresó por la puerta número 2 de las instalaciones, conocidas como Eucalipto Parque Industrial, a bordo de un automóvil color negro.

Según detalló la Fiscalía, el objetivo fue “determinar el cumplimiento de las funciones de la ONPE sobre el material electoral”, así como su “existencia” en dicho almacén, usado en los comicios. Allí yace el material enviado por los jurados electorales especiales.

Supervisión

Al respecto, el presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló durante su presentación ayer en la Comisión de Fiscalización del Congreso que la “ONPE tiene el rol de organizar el proceso electoral en sí, incluyendo la logística”, mientras que el JNE “realiza la fiscalización del proceso mismo y administra, finalmente, justicia electoral”.

“Nos sumamos a la gran preocupación por los hechos gravísimos que han sucedido, en esta jornada electoral, ocasionados por ineficiencias en la organización que le compete a la ONPE; específicamente, en la ciudad de Lima Metropolitana”, sostuvo.

Posteriormente, reafirmó que el JNE continúa vigilante frente al “repliegue de la data o el material electoral para garantizar la transparencia del proceso”.

“Ya estamos recibiendo las actas observadas al nivel de los jurados electorales especiales. Ya se están resolviendo, si hubiera un recurso de apelación, el pleno del JNE los resolverá. Hace un año que estamos en sesión permanente”, finalizó.

Tras nuevas denuncias en su contra, sobre la pérdida de material electoral, la investigación que enfrenta en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) podría derivar en una medida cautelar: su suspensión preventiva en el cargo.

Constitucionalistas consultados por Correo coinciden en que la JNJ no solo está facultada para tomar dicha decisión, sino que la medida sería la más idónea de cara a la segunda vuelta.

En curso

La investigación preliminar a Corvetto se inició el lunes 13 de abril. La resolución que da inicio a este proceso, a la que accedió este Diario, le atribuye dos imputaciones.

Estas son: “1) la falta de instalación de mesas de sufragio, lo que habría impedido que electores ejerzan su derecho al sufragio, y 2) los retrasos generalizados en la instalación de mesas de sufragio, lo que habría generado que un número indeterminado de electores se retiren sin poder emitir su voto”.

En el mismo documento, en el que se consigna a Gino Ríos como miembro instructor, se otorgan diez días hábiles a Corvetto para que presente sus descargos. Tras esta presentación, Ríos Patio ya puede formular una propuesta de suspensión que, eventualmente, deberá debatirse en el pleno de la JNJ.

La Junta informó también, en un comunicado del 14 de abril, que otras denuncias ciudadanas contra Corvetto fueron acumuladas en este proceso. Ahora, sin embargo, se suman nuevas acusaciones por actas extraviadas o halladas en la vía pública.

Urgencia

El constitucionalista Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), detalló a Correo que una potencial suspensión, por parte del pleno de la JNJ, podría darse en dos semanas.

“Con este y todos los indicios que tenemos, que van desde la ineficiencia o posibles actos de corrupción –tras la denuncia penal del procurador del JNE– , evidentemente es posible dictar una medida cautelar de suspensión. Esta medida es necesaria para salvaguardar el resto del proceso electoral”, aseveró.

En esa línea, García Toma destacó que tras la suspensión del funcionario, el trámite del proceso que decida su destitución o no seguirá su curso.

Por otro lado, el también constitucionalista Enrique Ghersi consideró que “no es necesario esperar los descargos de Corvetto para dictar una medida de suspensión”.

“Yo pensaría que la JNJ se encuentra en posición de suspenderlo en cualquier momento. Hay elementos muy graves ocurridos en los últimos días: el señor Corvetto pidió vacaciones en medio de un proceso electoral y antes de la segunda vuelta; no se presentó ayer a una citación de la Policía porque, según dijo, estaba preparando sus descargos ante la Junta; y ahora aparecen votos en la basura”, apuntó.

Tanto Ghersi como García Toma coincidieron en que, ante una eventual salida de Corvetto, su reemplazo recaería en el secretario general de la ONPE, Elar Juan Bolaños Llanos.

Finalmente, fuentes de la JNJ refirieron que al interior de la entidad se apunta a una suspensión. Esta, sin embargo, podría tomar hasta treinta días hábiles. La segunda vuelta está agendada para el 7 de junio.

El pedido apunta primero a la ONPE, a la que se le solicita explicar con detalle cómo opera el sistema de cómputo de los resultados finales. También busca que se informe con exactitud cuál es el cronograma para el recuento de votos y cuánto tiempo tomaría resolver los pedidos de nulidad.

La institución dejó constancia de esa preocupación en un documento oficial que reclama precisión sobre la revisión del material electoral. En ese texto se incluye el siguiente planteamiento sobre el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, que debe atender los expedientes pendientes y definir su trámite.

“Solicitamos al JNE informar sobre los procedimientos de resolución de más de 5000 mil actas impugnadas”, se lee en el comunicado.

A la opinión pública. pic.twitter.com/8zQV6LEuSU

— Transparencia Perú (@ACTransparencia) April 18, 2026

Transparencia también pidió que se designe voceros permanentes que mantengan una comunicación uniforme con la población. La idea es que los mensajes sobre el desarrollo electoral salgan de fuentes técnicas y verificables, sin dejar espacio para versiones contradictorias en redes sociales.

La organización extendió su llamado a los candidatos y a otros actores políticos para que actúen con responsabilidad. En ese punto pidió evitar cualquier conducta que pueda alterar el orden o debilitar el respeto por las reglas democráticas mientras se esperan los resultados oficiales.

Ese mensaje también fue dirigido a la ciudadanía, a la que se le recomendó revisar la información antes de compartirla. El comunicado insistió en que la circulación de datos sin sustento puede alimentar confusión y abrir paso a llamados que afecten la paz social.

Transparencia sostuvo además que el electorado debe mantenerse atento a las fuentes oficiales durante esta etapa. La confianza en el resultado depende de que ONPE y el JNE informen con regularidad sobre los avances y expliquen cómo se procesan las actas observadas e impugnadas.

La institución concluyó que una comunicación clara resulta clave para proteger la transparencia del proceso. También remarcó que el sistema electoral debe responder con rapidez sobre las actas pendientes para asegurar que cada voto sea respetado.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, agradeció a los 96 funcionarios que participaron en ese despliegue. Además resaltó observaciones y mejoras que deberán tomarse en cuenta para que la segunda vuelta se desarrolle con normalidad.

#NoticiasTorreTagle | La Cancillería ejerció una firme cadena de custodia al traer las actas y votos del exterior, cumpliendo así los protocolos establecidos para asegurar transparencia y confiabilidad en el proceso electoral 2026.

👉https://t.co/qit4fvQpqA pic.twitter.com/1RPT3qWyWf

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 18, 2026

En una reunión sostenida con la alta dirección de la Cancillería, los representantes consulares expusieron los principales problemas que enfrentaron durante la jornada. Ese intercambio sirvió para revisar ajustes operativos y ordenar los pasos siguientes del proceso.

Las autoridades diplomáticas también destacaron el trabajo de los voluntarios y de los miembros de mesa que permanecieron en los locales electorales hasta culminar el escrutinio. Su labor permitió cerrar el conteo en condiciones que demandaron más tiempo del previsto.

En el exterior se instalaron 2,495 mesas de sufragio, lo que representó el 99,9 por ciento del total programado. Ese nivel de cobertura reflejó el alcance de la votación peruana en otros países.

El primer envío de material llegó desde La Paz, en Bolivia, y luego se fueron sumando despachos desde otras ciudades de América, Europa y Asia. Entre los puntos de origen figuran Santiago de Chile, Milán, Roma, Barcelona, Madrid, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Washington D.C., Paterson, Nagoya, Tokio y París.

Como referencia del volumen trasladado, el cónsul general del Perú en Buenos Aires arribó la noche del miércoles 15 de abril con una carga de 1.5 toneladas. Dicho envío formó parte de la secuencia de entregas que permitió reunir el material electoral en territorio peruano.

La moción aprobada en la comisión ahora deberá ser revisada por el Pleno del Parlamento en los próximos días. Si esa instancia la respalda, la citación quedará formalizada y ambos funcionarios deberán acudir a responder ante el Congreso.

#CongresoInforma I En la Comisión de Fiscalización se aprobó la moción de orden del día para que concurran, con carácter de urgencia, al Pleno del Congreso los titulares de la ONPE y del JNE. Esta moción deberá ser puesta a consideración del Pleno. pic.twitter.com/fQRxqhc0ua

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 17, 2026

La Comisión de Fiscalización señaló que busca esclarecer los cuestionamientos surgidos tras los comicios y revisar las incidencias reportadas en distintas zonas del país. El pedido también se enmarca en las observaciones que ya habían sido planteadas sobre retrasos, fallas logísticas y problemas en el material electoral.

Piero Corvetto ya había acudido antes a la Comisión de Fiscalización para responder por las fallas detectadas en el proceso. En esa presentación sostuvo que no existieron “graves irregularidades” y atribuyó lo ocurrido a un “error puntual extraordinario” que afectó a algunos sectores de Lima.

Este viernes, Roberto Burneo también se presentó ante la mesa de trabajo y descartó que funcionarios de la institución que preside hayan fiscalizado el traslado de material electoral durante los comicios del 12 de abril.

En ese contexto, Valencia explicó que la demora en la comunicación respondió a la necesidad de reunir todos los datos disponibles antes de brindar una versión oficial. Asimismo, adelantó que la entidad ya estaba entregando información sobre el proceso de contratación involucrado en los problemas logísticos.

Sobre ese punto, la vocera señaló que los detalles del contrato se estaban haciendo más claros conforme avanzaba la revisión interna. Su posición fue que una vez completado el análisis, la ciudadanía tendría acceso a información más precisa sobre cómo se llevó a cabo ese proceso.

“Sí, demoramos en trabajar la información a partir de la situación que se presentó, pero era para tener todos los datos posibles. Incluso ya estamos entregando información sobre el tema de la contratación, la cual está quedando más claro porque damos el detalle del proceso para el proceso de contratación”, reconoció.

Cambios en la institución

Valencia también informó sobre la suspensión del subgerente Juan Phang se refirió a los cambios en la estructura interna de la ONPE así como el rol que tendría el nuevo responsable del área de gestión electoral.

“Ahora con un nuevo gerente en la gerencia de gestión electoral vamos a dar mayor información porque él tiene el mandato de poder darnos cuenta de cómo han sido las responsabilidades dentro de los locales de la planta del Urín. Pero es una investigación que se está haciendo”, indicó.

La vocera también aclaró que lo ocurrido durante la jornada no estaba dentro de lo previsto por la organización. Para dar contexto a esa afirmación, explicó cómo funciona la estructura interna de la entidad durante un proceso electoral.

“No era esperado tal como dice la jefa de la ODPE porque comprenderán que dentro de la organización del proceso nosotros tenemos niveles de acción. Y dentro del primer nivel de acción a nivel de circunscripciones están las jefaturas de las ODPE”, explicó.

El juez Leodan Cristóbal Ayala declaró fundado el requerimiento fiscal luego de revisar los actuados vinculados a los convenios entre el Gobierno Regional de Junín y SIMA-PERU. Según el documento constatado por RPP, el magistrado concluyó que no había sospecha suficiente ni datos relevantes que permitieran sostener que el caso debía pasar a la etapa de juicio.

La Fiscalía sostuvo que no se pudo corroborar con prueba directa una presunta concertación entre Cerrón Rojas y directivos de la empresa Servicios Industriales de la Marina SA-SIMA-PERU. También indicó que ninguno de los colaboradores eficaces aportó información que acreditara un acuerdo ilícito para la firma de los convenios de cooperación institucional.

El Ministerio Público añadió que tampoco se encontraron documentos que mostraran una coordinación previa con fines delictivos para ese acto específico. Además, señaló que la actuación de Vladimir Cerrón se mantuvo dentro del ejercicio regular de sus funciones y competencias administrativas.

En la resolución emitida el 10 de abril, el juez indicó que al revisar los elementos de convicción reunidos sobre los convenios no se advirtió una base suficiente para sostener la imputación de colusión agravada.

Pese a ese archivo, Cerrón sigue vinculado al expediente por la vía civil. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción mantiene a su cargo la defensa de los intereses del Estado para una eventual reparación civil por los daños y perjuicios que se atribuyen al presunto delito.

La Fiscalía recordó además que en el caso Antalsis subsisten otros cargos contra el líder de Perú Libre. Entre ellos figuran asociación ilícita para delinquir agravada y cohecho pasivo propio, imputaciones que permanecen vigentes dentro del proceso.

La discusión se abrió luego de que Balcázar explicara que su gobierno no firmará el contrato previsto para este viernes 17 de abril. Según señaló, una administración de transición no tendría la legitimidad necesaria para comprometer al país en una deuda de largo plazo.

En ese contexto, Williams sostuvo que la renovación de la Fuerza Aérea no puede quedar expuesta a cambios de criterio por el momento político. A través de sus redes sociales planteó que este tipo de decisiones se mantenga dentro de una lógica de continuidad institucional.

Postergar la renovación de nuestra flota aérea como pretende el presidente Balcázar, es atentar contra la seguridad nacional.

Las decisiones estratégicas se deben asumir con responsabilidad y visión de Estado.

— José Williams Zapata (@jwilliamszapata) April 17, 2026

Como se recuerda, el mandatario había defendido su posición al señalar que el proceso no implica un incumplimiento con Estados Unidos. Asimismo, precisó que todavía no existe un contrato firmado, por lo que la decisión se limitaría a postergar la definición para el siguiente gobierno.

“Yo soy creyente de que los grandes endeudamientos del país se deben dar desde un gobierno estable producto de las elecciones. Nosotros no tenemos la legitimidad auténtica como aquellos que reciben la votación directa de la población. (...) Entiendo que hay simplemente un cronograma en el que no hay ninguna entrega de bienes ni de dinero, es una proposición de compra de aviones a Estados Unidos pero ello no significa que se haya sellado un contrato”, puntualizó.

Este pronunciamiento se emitió horas después de que el presidente del JNE, Roberto Burneo, contradijera la afirmaciones de Sandoval Carmona durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. Durante la sesión, Burneo afirmó que el traslado de las cajas se realizó en vehículos particulares sin registro oficial y sin la presencia de personal policial ni de fiscalizadores de su institución.

“Es preciso indicar que, respecto de esas cajas, contrariamente a lo indicado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas por vehículos no registrados, por vehículos particulares y no estuvo el JNE”, explicó.

Burneo también informó ante los congresistas que el JNE ya estaba elaborando los informes correspondientes para remitirlos a las autoridades competentes. Bajo esa línea, resaltó que el comunicado de la ONPE era “falso” y que la Procuraduría tomaría las acciones que correspondan dentro de sus competencias.

¿Que respondió la ONPE?

En su pronunciamiento, la ONPE precisó que tomó conocimiento de la inexactitud de la información luego de lo expuesto por el JNE en el Congreso. La entidad indicó que la versión de Sandoval Carmona no se ajusta a lo ocurrido, conforme se evidencia en la emisión del programa Beto a Saber del 16 de abril.

El comunicado también anunció que la institución adoptará las medidas necesarias para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que la normativa establece frente a este y otros hechos de similar naturaleza. La resolución será publicada en el Portal de Transparencia de la entidad en los próximos días.

#ONPEinforma | Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/oKpdu4EQE6

— ONPE (@ONPE_oficial) April 17, 2026

El equipo fiscal también revisó el material correspondiente a cinco de las 22 oficinas descentralizadas almacenadas en ese local, de las 126 que existen a nivel nacional. Al menos 17 oficinas quedaban pendientes de verificación al momento de la transmisión.

La diligencia busca determinar si las actas y cédulas llegaron completas desde los locales de votación hasta las oficinas descentralizadas, y si en algún punto del traslado se registró extravío de material.

Durante la intervención, se registraron actas de votación rotas dentro de cajas de material electoral custodiadas por personal de la ONPE. Al momento del reporte no había una explicación oficial sobre el motivo por el que esas cédulas se encontraban en ese estado.

Lurín: La Fiscalía interviene almacén de la ONPE. La diligencia comenzó alrededor del mediodía y continúa hasta esta hora

Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/4yqpwPARRT

— Canal N (@canalN_) April 17, 2026

Interrogantes sobre el conteo

Los fiscales también deben establecer si la verificación abarca únicamente el material físico o si contempla cruzar el número de cédulas almacenadas con la información consignada en las actas. Esa interrogante surge porque circularon reportes que señalan que esas cifras no coincidirían en algunos casos.

A diferencia de procesos anteriores, en estas elecciones se dispuso conservar las cédulas de votación junto con el resto del material electoral, lo que permite usarlas como respaldo en casos donde se active el mecanismo de recuento de votos.

Burneo no pidió la renuncia inmediata del titular de la ONPE, pero resaltó la gravedad de lo ocurrido. El jefe del JNE planteó su posición personal y dejó la decisión en manos de otras instancias.

“Mi punto de vista es que existen serias irregularidades respecto del manejo y la función del ente encargado de la organización del proceso. Eso hace a que se tengan que tomar las medidas más radicales que correspondan, pero corresponde a las autoridades efectivas”, sostuvo.

Burneo informó que el JNE cuenta con evidencia fotográfica del traslado de actas en vehículos particulares sin rotulación oficial. El magistrado precisó que los fiscalizadores estuvieron presentes en ese momento y levantaron los informes correspondientes.

“Han sido transportadas en unidades que no han sido rotuladas o que correspondían a las unidades oficiales. Han sido transportadas subrepticiamente y las autoridades de la ONPE responsables deberán responder y hacer los descargos respectivos”, mencionó.

Roberto Burneo, presidente del JNE: El ausentismo se debe a diferentes razones. Esta vez se ha sumado la falta de despliegue. Muchas personas se han visto impedidas o desanimadas de ir a votar porque no estaba el material electoral ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/d4jdwZqqp6

— Canal N (@canalN_) April 17, 2026

Denuncias presentadas

Desde el 12 de abril, el JNE notificó a la Contraloría, el Ministerio Público, la JNJ y la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios sobre las irregularidades detectadas. El procurador del JNE, de manera autónoma, formalizó denuncias contra Corvetto y otros funcionarios de la ONPE.

Burneo aclaró ante los medios que esa decisión fue tomada de forma independiente por el procurador. Sus palabras fueron que las investigaciones “determinarán las responsabilidades administrativas, penales y eventualmente civiles”.

El documento institucional establece que la entidad asumirá los costos de defensa legal de Corvetto bajo el argumento de que el caso cumple con los requisitos previstos en la normativa electoral vigente. La resolución fue emitida por la Secretaría General de la ONPE y dispone que la Gerencia de Administración adopte las acciones necesarias para contratar el servicio legal.

El texto de la resolución precisa el alcance temporal del beneficio otorgado al jefe de la entidad electoral.

“El beneficio de defensa legal comprende la etapa preliminar y hasta su culminación en la etapa preparatoria, conforme a lo solicitado por el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas, Jefe de la ONPE, en su propuesta de defensa legal”, indica el documento.

La ONPE informó que la resolución será publicada en un plazo máximo de tres días en la plataforma digital del Estado peruano. Asimismo, el documento estará disponible en el Portal de Transparencia de la institución.

Cabe señalar, que el titular de la ONPE fue citado este viernes a la sede de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) para emitir sus descargos sobre las irregularidades registradas bajo su liderazgo. Sin embargo, no asistió por azones de “salud e integridad personal”. El alto funcionario solicitó reprogramar esta diligencia y que se realice en modalidad virtual.

Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región.

— Embajador Navarro (@USAmbPeru) April 17, 2026

Las declaraciones de Balcázar

El presidente Balcázar brindó una entrevista al medio Exitosa, donde fue consultado sobre si su administración concretaría la compra de las naves militares. Ante la pregunta, el mandatario respondió que, al tratarse de un gobierno de transición, el proceso podría trasladarse a quien asuma la presidencia a partir del 28 de julio.

En esa misma línea, Balcázar reconoció que existe un cronograma establecido para la adquisición de los F-16 al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el jefe de Estado ya había señalado en marzo que la compra de los aviones “no es una prioridad” porque hay “asuntos mucho más importantes” que atender en el país.

Las declaraciones de Balcázar generaron una reacción por parte del embajador Bernie Navarro, representante de la administración Trump en Lima. A través de sus redes sociales, Navarro dejó entrever que una eventual postergación de la compra podría derivar en represalias hacia el Perú.

Como se recuerda, el convenio para la adquisición de los aviones F-16 fue suscrito durante la administración de José Jerí Oré, con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional del Perú. El acuerdo fue presentado en su momento como parte de una estrategia de defensa nacional que buscaba modernizar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea.

La máxima autoridad del JNE, precisó que desde el 10 de abril, fiscalizadores de la insitución que preside estuvieron monitoreando las 217 rutas de despliegue de material electoral en Lima Metropolitana y levantaron actas sobre los retrasos registrados. Según inidicó, en cada momento en que se advirtieron demoras, la institución requirió a la ONPE acelerar las entregas pendientes.

Burneo, además subrayó que el problema no era la ausencia de las unidades de transporte contratadas por la ONPE, sino dificultades en el embalaje de la carga y la falta de personal suficiente para ejecutar la descarga del material. Sobre ese punto, el titular del JNE explicó ante los congresistas la secuencia de lo ocurrido durante esos días previos a la elección.

“Tenemos actas desde el 10 de abril donde fiscalizadores habían señalado que el material electoral tecnológico, computadoras, impresoras, entre otros, había sido puesto a prueba”, expuso.

Burneo aseguró que el 11 de abril la ONPE reportó que los inconvenientes con la empresa de transportes ya estaban superados, sin embargo, los fiscalizadores del JNE levantaron una nueva acta ese mismo día que registraba que el despliegue aún no se había completado. El titular del JNE añadió que la ONPE se comprometió a tener todo el material distribuido a más tardar a medianoche o las 2 a.m. del 12 de abril, compromiso que según su relato tampoco se cumplió.

Burneo subrayó ante los congresistas que la ONPE nunca alertó al JNE sobre las dificultades que enfrentaría durante el proceso de despliegue, y que la versión que recibieron de esa entidad fue siempre en sentido contrario.

“La ONPE nunca comunicó al JNE que iba a tener estas dificultades. Es más, todo lo contrario, dijo que ya las tenía solucionadas”, aseveró.

Problemas durante la jornada electoral

Burneo informó que el JNE contaba con información propia sobre la situación desde las primeras horas del 12 de abril, recogida por sus equipos de fiscalización desplegados en Lima Metropolitana, en el extranjero y a nivel nacional. El titular del JNE precisó que alrededor de 200 locales de votación en Lima no habían recibido el material electoral esa mañana, situación que llevó al pleno a evaluar las medidas disponibles.

Según el alto funcionario, a las 10 de la mañana del día de las elecciones el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se presentó ante el pleno del JNE para reportar la situación y pedir una ampliación del horario de instalación de mesas. El titular del JNE señaló ante la comisión que esa solicitud llegó cuando su institución ya tenía conocimiento propio de lo que ocurría en los locales de votación.

“Él garantizó que hasta las 14 horas se podía desplegar todo el material electoral. Incluso se comprometió a no utilizar la herramienta digital por las diferentes fallas que había tenido a nivel de instalación de los mismos”, indicó.

Sin embargo, durante los comicios se reportaron múltiples fallas y el sistema tecnológico continuó en uso pese a los problemas registrados, lo que agravó las demoras en la instalación de mesas a lo largo de la jornada.

Separa responsabildades

Burneo también explicó que la organización y el despliegue del material electoral corresponden de manera exclusiva a la ONPE, mientras que el JNE cumple una función de fiscalización, advertencia y rectoría del sistema electoral.

En ese punto, Burneo recordó que la ONPE incluso ha cuestionado históricamente la rectoría del JNE. Sus palabras ante los congresistas dejaron en claro la tensión institucional que existe entre ambas entidades.

“Cuando nosotros hemos dicho que somos agentes rectores, ellos han negado la rectoría del sistema electoral del Jurado Nacional de Elecciones en todo momento. Nuestra función de rectoría parte de fiscalización y dar lineamientos y disposiciones, pero ellos son autónomos en su función. Y la organización y despliegue del material electoral es responsabilidad exclusiva de la ONPE, no del Jurado, por si acaso”, aclaró.

El titular del JNE subrayó ante la comisión que no existen antecedentes de una situación de esta escala en el país y recordó que el JNE ha intentado, sin éxito, actualizar el marco normativo para este tipo de escenarios.

“Nunca en Lima Metropolitana y nunca en el país ha sucedido una situación como esta. No tenemos precedentes en el Jurado Nacional de Elecciones. Hemos presentado las propuestas normativas al Congreso de la República, hasta un código electoral hemos presentado, y hasta el momento está en archivo”, resaltó.

Cifras de ausentismo

El ausentismo registrado en las elecciones del 12 de abril alcanzó el 19,01% en Lima y el 23,76% a nivel nacional. Burneo comparó estos números con los de procesos anteriores, excluyendo el 2021 por las condiciones excepcionales de la pandemia, y señaló que en Lima Metropolitana la diferencia respecto al 2016 fue de entre cinco y seis puntos porcentuales, ya que en ese año el ausentismo limeño fue de poco más del 13%.

El titular del JNE realizó un llamado a la ciudadanía a mantener la confianza en el trabajo de la institución. En esa línea, enfatizó que el JNE continuará consolidando los reportes de todas las incidencias registradas para elaborar un informe final sobre lo ocurrido durante la jornada electoral.

📡 MIRA LA TRANSMISIÓN AQUÍ

Roberto Sánchez Palomino mantiene el segundo lugar de la primera vuelta con 1′873,580 votos, frente a los 1’841, 506 que acumula Rafael López Aliaga.

La diferencia entre ambos asciende a 32,074 sufragios, una brecha delgada frente al universo de votos que todavía no ingresa al cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a menos del 95% del conteo total.

¿Por qué razón no ingresa a la contabilidad ese 5%? Pues, porque corresponden a las actas observadas e impugnadas, que tendrán un largo proceso legal-electoral.

Pendientes

De acuerdo a la ONPE, un total de 4,646 actas han sido derivadas a diferentes jurados electorales especiales (JEE) de diversas circunscripciones.

Por ahora, permanecen fuera de la contabilización de votos y podría cambiar el frágil orden que mantienen el segundo y tercer lugar.

Estas actas no forman parte de los resultados que se publican actualmente en el portal oficial.

Solo ingresarán al cómputo una vez que cada JEE correspondiente subsane las observaciones o resuelva las impugnaciones planteadas por los personeros.

Lima concentra la mayor carga con 876 actas derivadas al JEE, cifra que casi duplica a Piura, que registra 391 actas. Le sigue La Libertad (369) y Loreto (334).

Estas cuatro jurisdicciones agrupan 1,970 actas, equivalentes al 42.4% del total nacional.Le siguen Áncash (239), Cajamarca (227) e Ica (226).

Esas siete regiones concentran el 56.7% de todas las actas en disputa.

De otro lado, las circunscripciones del extranjero registran 220 actas enviadas al JEE.

La distribución por continente revela una concentración marcada en el hemisferio occidental.

América encabeza la lista con 147 actas, seguida de Europa (73). Oceanía registra apenas un acta, mientras que África y Asia no presentan ninguna observación.

El politólogo Jean Carlos Rodriguez Avilez explicó a Correo que el peso electoral de las actas enviadas al JEE aún están en “juego” dentro del cómputo oficial.

“Máximo deberían haber 300 votos, ya que cada mesa o acta corresponde a 300 ciudadanos. Pero por el tema del ausentismo, alrededor del 30% de la población no fue a votar. Entonces, la mayoría de actas está registrando cerca de 200 a 220 votos”, indicó.

Según sus cálculos, alrededor de 1 millón de votos a nivel nacional deberán resolverse antes de definir al próximo candidato presidencial que pase a una segunda vuelta, según la referencia técnica de Rodriguez Avilez.

En el exterior, el especialista identificó que el ausentismo es de alrededor del 85%.

“Por lo que por cada 300 votantes registrados deben haber votado unos 45″, advirtió Rodriguez.

Bajo ese criterio, las 220 actas del exterior representarían apenas unos 9,900 sufragios, un volumen significativamente menor al que podría sugerir su número.

No obstante, López Aliaga aventaja a Sánchez en 35,949 votos en esa circunscripción, una diferencia que por sí sola supera la brecha global entre ambos candidatos.

Causales

La ONPE establece diez causales para el envío de un material electoral al JEE.

Las primeras cinco corresponden a actas observadas, como aquellas sin datos en la columna de votos, las incompletas por ausencia del total de ciudadanos que sufragaron y las que presentan error aritmético en sus cifras.

Luego están las ilegibles por borrones o caracteres no reconocidos, y las que carecen de la cantidad mínima de firmas de los miembros de mesa.

Las cinco causales restantes abarcan actas con votos impugnados, ya sea por cuestionamiento a la identidad del votante o al voto mismo durante el escrutinio.

También están las actas con solicitud de nulidad interpuesta por personeros acreditados y actas extraviadas que no llegaron a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) por causas ajenas a la violencia.

Asimismo, están las actas siniestradas cuyo material electoral fue afectado por actos de violencia o atentados contra el derecho al sufragio y, finalmente, aquellas que combinan dos o más de las observaciones anteriores.

Para Rodriguez, las causas más frecuentes para que un acta sea derivada al JEE son los errores numéricos en la sumatoria de votos, discrepancias entre el número de votantes y los sufragios registrados, así como la ausencia de firmas de los miembros de mesa o falta del registro del horario de inicio del proceso.

“Esas actas recién se van a sumar cuando el JEE respectivo termine de subsanar la observación o de definir si la improcedencia o la observación que haya habido por parte de algún personero se termine definiendo a favor o en contra”, precisó.

Proceso

Una vez que el acta llega al JEE, el proceso de revisión se inicia con la convocatoria a una sesión formal para evaluar cada acta derivada.

Rodriguez detalla que, en el caso de las actas observadas, el jurado revisa si la inconsistencia es subsanable.

Incluso, el JEE identifica si el problema reside en la sumatoria de votos o en el registro de ciudadanos que sufragaron, y busca la manera de validar el documento.

“En la mayoría de casos, por el principio de supremacía del voto, lo que se va a tratar de hacer es salvaguardar que las actas terminen siendo validadas”, sostuvo.

Solo cuando la subsanación resulta imposible se declara la nulidad del acta.

En el caso de las actas con votos impugnados, el procedimiento varía. El JEE evalúa la pertinencia de cada impugnación y determina si el voto cuestionado debe ser declarado nulo o válido para alguna organización política.

Una vez resuelta esa evaluación, recién se procede a contabilizar la totalidad del acta.

El especialista subrayó que ese proceso se aplica acta por acta y voto por voto, lo que explica la demanda de tiempo que implica resolver miles de documentos de forma simultánea en distintas jurisdicciones del país.

El sistema distribuye esa carga entre aproximadamente 90 Jurados Electorales Especiales a nivel nacional.

Sin embargo, la concentración de actas en determinadas jurisdicciones genera un desequilibrio procesal evidente.

Lima, con 876 actas derivadas al JEE y 1,169 actas pendientes de contabilización, soporta la mayor presión del sistema.

El politólogo advirtió que esa acumulación convierte a la capital en el cuello de botella del proceso.

“La carga procesal de los jurados de Lima sí va a ser un poco compleja”, señaló.

Sobre los plazos, Rodriguez fue cauteloso. La normativa electoral no establece un tiempo máximo para que los JEE resuelvan las actas a su cargo, lo que abre la puerta a distintos escenarios.

En el mejor de los casos, el grueso de las resoluciones podría cerrarse antes del fin de la presente semana. En un escenario intermedio, el proceso se extendería entre una y dos semanas.

“En el peor de los casos, estaría definiéndose a inicios de mayo”, estimó Rodríguez Avilés. Reconoció que esa proyección implica ser, en sus propias palabras, muy generosos con el plazo.

De acuerdo con el reporte oficial actualizado al 17 de abril de 2026 a la 1:39 p.m., Roberto Sánchez se mantiene en el segundo lugar, con una estrecha ventaja sobre Rafael López Aliaga.

Segundo y tercer lugar separados por 6,947 votos

En el sistema oficial de la ONPE, Sánchez registra 1′890,197 votos, equivalentes al 12.008% de los votos válidos.

Por su parte, López Aliaga registra 1′876,424 votos, lo que representa el 11.929% de los votos válidos.

La diferencia entre ambos candidatos es de 13,773 votos, por lo que la contienda por el segundo lugar sigue abierta mientras avanza el procesamiento de las actas pendientes.

Keiko Fujimori lidera el primer lugar

La candidata Keiko Fujimori continúa liderando el conteo con 2′685,266 votos, que representan el 17.056% de votos válidos, según el último reporte oficial.

Las cifras continúan actualizándose conforme se incorporan nuevas actas al sistema electoral.

Más del 93% de actas contabilizadas

El reporte oficial señala que el avance del conteo alcanzó el 93.022% de actas contabilizadas, de un total de 92,766 actas previstas para el proceso electoral.

Aún existen actas en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y otras pendientes, por lo que los resultados siguen en actualización permanente.

Resultados oficiales seguirán actualizándose

La ONPE continuará publicando avances conforme se procesen nuevas actas provenientes de distintas regiones del país.

De acuerdo con el cronograma electoral, si ningún candidato supera el 50% de votos válidos, se realizará una segunda vuelta presidencial el 7 de junio de 2026.

El conteo oficial continúa desarrollándose en medio de la expectativa ciudadana por la definición del escenario electoral.

Durante una entrevista con radio Exitosa, el mandatario sostuvo que existe un déficit en la normativa penal que debe ser corregido para mejorar la respuesta del Estado frente a la delincuencia.

Entre los problemas mencionó las extorsiones que continúan operando desde centros penitenciarios.

Además, indicó que su administración evalúa medidas vinculadas al sistema carcelario. “Estamos estudiando el fenómeno para dejar las líneas maestras que permitan, en el futuro, mejorar las cárceles del país. Es un problema heredado por el mal diseño del Código Procesal Penal”, señaló.

Balcázar también afirmó que conversó con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para acelerar el trámite del pedido.

La diligencia tuvo lugar en un parque industrial utilizado como centro de almacenamiento para distintas empresas, incluido el resguardo de material electoral. En el punto se hizo presente un patrullero, mientras personal de la ONPE acudió para participar en la inspección.

De acuerdo con la información preliminar difundida en Canal N, esta fue la tercera intervención del día dentro de las pesquisas. Antes, las autoridades habían revisado el colegio Los Próceres, lugar desde donde salió el material electoral el 12 de abril y que dio origen a la cadena de hechos bajo investigación.

El caso se centra en verificar cómo se gestionó el traslado del material en un vehículo tipo taxi, parte del cual habría sido extraviado, lo que abrió cuestionamientos sobre la cadena de custodia.

Te puede interesar

• Congreso otorgó voto de confianza al gabinete de Luis Arroyo
• Voto regional se partió: derecha 12, izquierda 13
• Juntos por el Perú denunciará a Renzo Reggiardo por presunta falta de neutralidad electoral
• Piero Corvetto es citado por la Dircocor en investigación por fallas en elecciones
• Renzo Reggiardo pide la salida del jefe de la ONPE tras fallas en jornada electoral
• Congreso aprueba voto de confianza al gabinete de Luis Arroyo con 56 votos a favor

El director nacional de Investigación, general PNP Manuel Lozada, indicó que personal de la Dirección contra la Corrupción acudió a un canal de televisión para recuperar el material y dar inicio a las diligencias correspondientes, en el marco de las acciones preliminares.

Durante las primeras indagaciones, la autoridad señaló que aún no es posible determinar si el material fue extraviado, abandonado o sustraído, y precisó que esa evaluación será parte del proceso investigativo en desarrollo.

En ese sentido, añadió: “Lo que vamos a determinar es cómo ha sido dejado o perdido o votado. Eso va a ser parte de la investigación”.

Asimismo, el general Lozada no descartó la eventual existencia de responsabilidades, incluso dentro de la propia institución policial, y advirtió que cualquier efectivo involucrado en una irregularidad será sancionado conforme a ley.

Te puede interesar

• Congreso otorgó voto de confianza al gabinete de Luis Arroyo
• Voto regional se partió: derecha 12, izquierda 13
• Juntos por el Perú denunciará a Renzo Reggiardo por presunta falta de neutralidad electoral
• Piero Corvetto es citado por la Dircocor en investigación por fallas en elecciones
• Renzo Reggiardo pide la salida del jefe de la ONPE tras fallas en jornada electoral
• Congreso aprueba voto de confianza al gabinete de Luis Arroyo con 56 votos a favor

En su comunicado, señaló que el descubrimiento de este material sin resguardo de las fuerzas del orden encargadas de la cadena de custodia genera preocupación, por lo que instó a las autoridades competentes a realizar las investigaciones correspondientes con la mayor rapidez y transparencia.

La entidad también indicó que, de confirmarse la autenticidad del material electoral, se debe proceder a la separación inmediata de los responsables, al considerar que el hecho evidenciaría negligencia y debilidades en el sistema de control.

Finalmente, la Defensoría recordó que la cadena de custodia es clave para asegurar la integridad del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía, y reafirmó que continuará vigilante del desarrollo del proceso, exigiendo que se conduzca bajo principios de legalidad, transparencia y responsabilidad.

🚨𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗗𝗘𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗗𝗜́𝗦𝗧𝗜𝗖𝗔 𝗗𝗜𝗙𝗨𝗡𝗗𝗜𝗗𝗔 𝗘𝗡 𝗪𝗜𝗟𝗟𝗔𝗫 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗩𝗜𝗦𝗜𝗢́𝗡, 𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗜́𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗕𝗟𝗢 𝗦𝗢𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧𝗔 𝗦𝗘𝗣𝗔𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗜𝗡𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗟… pic.twitter.com/46afOFoqyT

— Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) April 17, 2026

Te puede interesar

• Congreso otorgó voto de confianza al gabinete de Luis Arroyo
• Voto regional se partió: derecha 12, izquierda 13
• Juntos por el Perú denunciará a Renzo Reggiardo por presunta falta de neutralidad electoral
• Piero Corvetto es citado por la Dircocor en investigación por fallas en elecciones
• Renzo Reggiardo pide la salida del jefe de la ONPE tras fallas en jornada electoral
• Congreso aprueba voto de confianza al gabinete de Luis Arroyo con 56 votos a favor

Mediante un documento presentado por su defensa legal, indicó que el 15 de abril ya había solicitado una nueva fecha para la diligencia. En ese mismo escrito también pidió que la declaración se lleve a cabo de manera virtual.

La solicitud, según se señala, responde a “por motivos estrictamente de salud e integridad personal”. Además, recordó que la Junta Nacional de Justicia le abrió una investigación preliminar y le concedió diez días hábiles para presentar un informe escrito con los medios probatorios que considere necesarios.

Te puede interesar

• Congreso otorgó voto de confianza al gabinete de Luis Arroyo
• Voto regional se partió: derecha 12, izquierda 13
• Juntos por el Perú denunciará a Renzo Reggiardo por presunta falta de neutralidad electoral
• Piero Corvetto es citado por la Dircocor en investigación por fallas en elecciones
• Renzo Reggiardo pide la salida del jefe de la ONPE tras fallas en jornada electoral
• Congreso aprueba voto de confianza al gabinete de Luis Arroyo con 56 votos a favor

l material pertenece a las mesas 050618, 050619, 050620 y 050627, instaladas el domingo 12 de abril.

Según explicó la entidad, una empresa fue contratada para brindar el servicio de movilidad encargado de trasladar material electoral desde un local de votación hasta la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Lima Oeste 3.

Durante ese desplazamiento viajaban en la unidad un coordinador de ONPE, un agente de la Policía Nacional y un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones, como parte del procedimiento de custodia establecido.

La ONPE indicó que, tras descargar 24 cajas, se detectó la ausencia de cuatro que habían sido colocadas en la maletera por falta de espacio. Añadió que se intentó ubicar al conductor sin éxito. También señaló que los votos de esas mesas ya estaban consignados en actas en proceso de contabilización y publicación. El material recuperado será investigado y el caso fue registrado mediante una denuncia policial.

#ONPEinforma | Comunicado a la opinión pública sobre las cajas con cédulas electorales encontradas el jueves 16 de abril.#EG2026 pic.twitter.com/aTrqz1meti

— ONPE (@ONPE_oficial) April 17, 2026

Te puede interesar

• Congreso otorgó voto de confianza al gabinete de Luis Arroyo
• Voto regional se partió: derecha 12, izquierda 13
• Juntos por el Perú denunciará a Renzo Reggiardo por presunta falta de neutralidad electoral
• Piero Corvetto es citado por la Dircocor en investigación por fallas en elecciones
• Renzo Reggiardo pide la salida del jefe de la ONPE tras fallas en jornada electoral
• Congreso aprueba voto de confianza al gabinete de Luis Arroyo con 56 votos a favor

Tras cuatro horas de exposición y debate, el Congreso decidió otorgarle el voto de confianza.

Fueron 72 votos a favor, 15 en contra y 17 abstenciones.

SUSTENTACIÓN

La sesión en el Hemiciclo inició a las 10:32 a.m. con la presentación del premier Arroyo.

Durante su exposición, aseguró que el Gobierno reafirma su compromiso con la defensa de la democracia y la institucionalidad del país.

“La Policía ejecutó el ´plan general de operaciones Elecciones 2026´ que incluye el desarrollo de labores antes, durante y después de la jornada electoral”, indicó.

Además, dijo que el Gobierno entregó oportunamente el presupuesto solicitado para los organismos electorales a fin de garantizar el proceso de Elecciones Generales y de las Elecciones Regionales y Municipales.

DEBATE

En medio de las intervenciones, la mayoría de los congresistas recordaba los principales problemas de sus regiones y hacían pedidos.

José Arriola (Podemos) consideró que sería “mezquino” no darle el voto de confianza al Gabinete Arroyo, porque solo quedan tres meses de gestión, mientras que Edwin Martínez (Acción Popular) le pidió al Gobierno enfocarse en recuperar el orden.

Bancadas como Podemos, Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre, Acción Popular, Somos Perú y Avanza País, votaron a favor de la confianza.

Legisladores como Alejandro Muñante y Jorge Zeballos de Renovación Popular, Víctor Cutipa (Juntos por el Perú), Jaime Quito (Bancada Socialista), así como Sigrid Bazán, Susel Paredes y Ruth Luque del Bloque Democrático votaron en contra.

Los votos en abstención llegaron desde la bancada de Fuerza Popular.

#LOÚLTIMO El Congreso otorga el voto de confianza al Gabinete Luis Arroyo. pic.twitter.com/okf23eoRbf

— Sofía López (@SofiaLopezLl) April 16, 2026

División

Aunque la proyección del voto ciudadano en un escenario de segunda vuelta será complejo de estimar, un análisis de lo que ocurrió en primer vuelta puede constituir una referencia.

A nivel nacional, en once de 25 regiones y una provincia constitucional predominó el voto por un candidato de Derecha o de centroderecha, mientras que en las otras trece jurisdicciones primaron los postulantes de izquierda.

Entre los que ganó un grupo derechista están Áncash, Arequipa, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao.

Mientras tanto, en Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Tacna ganó un representante del espectro izquierdista.

Panorama

En cuanto a Sánchez Palomino y López Aliaga, las posiciones obtenidas en la primera vuelta son distintas. El exalcalde de Lima se impuso en un solo departamento: Lima. Ello le valió ser el más votado en una sola jurisdicción a nivel nacional con 1 153 478 votos (19.925%).

Por su parte, el actual parlamentario de Juntos por el Perú, en cambio, lideró el voto en doce regiones, muchas de ellas del sur del país. Estas son Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Cajamarca. En esta última obtuvo su mayor número de adhesiones: 254 121 votos (41.702%)

Fujimori, finalmente, encontró respaldo en Áncash, Callao, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Tumbes, Ucayali y Piura, su mayor bolsón de votos fuera de Lima, con 226 718 (27.971%) .

Perspectivas

Para el analista político César Campos, el paradigma va mucho más allá del factor izquierda–derecha. “No hay una profunda ideologización, sino un factor identitario y un marcado rechazo al centralismo limeño, sobre todo en el sur del Perú”, explicó en diálogo con Correo.

El especialista recordó que el 53% de peruanos consideraba, hace exactamente un año, que el expresidente Pedro Castillo fue encarcelado de forma injusta, según un encuesta de Datum. Es decir, se evidencia “rechazo a lo que significa Lima y afirmación hacia la gente que ha enraizado (lo contrario)”.

Enseguida, analizó un eventual escenario de segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez.

“Dentro de ese concepto, en caso de una segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez, habrá que insistir en una prédica a favor de las libertades que venimos gozando y sobre todo de la libertad económica, que es lo que Sánchez pretende atacar”, puntualizó.

Campos agregó que a diferencia de otras vertientes, en “la izquierda hay más activismo para convencer a la gente en relación a que la falta de oportunidades que padece se debe al modelo económico”.

“En la campaña de segunda vuelta, que será muy corta, se evidenciarán las cercanías de Roberto Sánchez, como Antauro Humala y otros, (en caso pase a dicha ronda)”, acotó.

Por otro lado, consideró que el antifujimorismo ha perdido fuerza en los últimos años. Además, sostuvo que “si bien Keiko Fujimori ha cometido muchos errores en el pasado, en esta campaña, al no ser tan agresiva y no colocarse en una situación polarizante, ha ganado mucho”. Esto, a diferencia de López Aliaga, quien “ha mostrado más los dientes” y una actitud con la que “agravia e insulta”.

“Fujimori se ha mostrado menos hostil y agresiva y, más bien, estas características negativas, que en verdad en una campaña electoral no sirven de mucho, han sido trasladadas al señor López Aliaga”, afirmó.

“Parece que alguien asesoró a López Aliaga para identificarse con Donald Trump o Javier Milei, pero el Perú es un país tan complejo que su hostilidad, sumado a su forma tan reactiva de actuar, no le ha traído beneficios”, agregó.

El recurso será ingresado ante el Jurado Electoral Especial en las próximas horas, según indicó la agrupación.

Roy Mendoza Navarro, abogado del partido, señaló que la medida responde a las declaraciones emitidas recientemente por la autoridad edil.

Desde la organización consideran que esos pronunciamientos interfieren en el desarrollo de las elecciones y afectan la imparcialidad que deben mantener los funcionarios públicos.

La denuncia busca establecer si Reggiardo empleó su posición para influir en la percepción ciudadana sobre el sistema electoral. En ese sentido, el partido cuestionó que solicitara la salida de Piero Corvetto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al considerar que ello contraviene las reglas vigentes.

La diligencia se realizará en la sede de la unidad ubicada en Barranco a las 15:00 horas, conforme a un documento oficial emitido en el marco de una indagación preliminar.

La citación responde a una disposición del Ministerio Público que busca esclarecer las fallas en la distribución del material electoral durante la jornada.

En paralelo, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió una investigación por el presunto delito de colusión en perjuicio del Estado, centrada en posibles irregularidades en contratos vinculados al traslado de insumos.

El titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales fue requerido en calidad de testigo para explicar las demoras en la entrega de cédulas y actas. El documento advierte que, de no asistir, podría ordenarse su conducción compulsiva conforme a lo establecido por la normativa vigente.

La autoridad edil expresó su rechazo por la demora en la instalación de numerosas mesas en la capital, lo que impidió que varios ciudadanos pudieran votar.

Durante una actividad pública, el burgomaestre advirtió que cualquier afectación a la voluntad popular será denunciada de inmediato ante las instancias correspondientes. Consideró además que, tras lo ocurrido en Lima Metropolitana, la continuidad de Corvetto en el cargo resulta insostenible.

El alcalde también cuestionó la logística del organismo electoral y pidió sanciones para quienes resulten responsables del traslado deficiente del material de votación.

También solicitó al Jurado Nacional de Elecciones un informe detallado sobre las mesas con inconvenientes el 12 de abril y la cantidad de votantes afectados.

El Congreso de la República aprobó el voto de confianza solicitado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, tras la presentación de la política general del Gobierno ante el Pleno.

La representación nacional otorgó la confianza con 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones, resultado que permite la continuidad del gabinete ministerial en sus funciones.

Resultado de la votación en el Pleno

La votación se realizó luego de la exposición del jefe del Gabinete Ministerial, quien presentó los principales lineamientos de la política general del Ejecutivo y respondió a las intervenciones de las bancadas parlamentarias.

El resultado final quedó distribuido de la siguiente manera:

• 56 votos a favor
• 13 votos en contra
• 3 abstenciones

Con este resultado, el Congreso otorgó formalmente el respaldo político requerido por el Poder Ejecutivo para continuar con la ejecución de sus políticas gubernamentales.

Presentación del gabinete ante el Congreso

Durante la sesión plenaria, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, sustentó las principales prioridades del Gobierno ante el Parlamento.

La presentación incluyó propuestas relacionadas con el fortalecimiento institucional, la atención de demandas prioritarias y el impulso de medidas orientadas al desarrollo nacional.

Previo a la votación, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sostuvo reuniones con diversas bancadas parlamentarias con el objetivo de recoger aportes y generar consensos.

Ello, luego de que el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declarara “infundada” una cuestión previa presentada por su defensa legal el último 17 de marzo, mediante la cual solicitaban la nulidad de todo lo actuado por el Ministerio Público, así como de los incidentes registrados hasta la fecha, y el cese inmediato de oficio de la prisión preventiva en su contra.

La defensa de Pedro Castillo cuestionó la decisión de la Fiscalía de continuar con el ejercicio de la acción penal y el impulso del proceso, al considerar que se habría omitido un requisito de procedibilidad relacionado con la estructura orgánica y la conformación del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

En dicho recurso, la defensa cuestiona tanto la creación de un Juzgado Supremo en la Corte Suprema de Justicia de la República como la designación del juez supremo y su condición de provisionalidad, por lo que sostiene que se habría vulnerado el principio de legalidad y el derecho a ser juzgado por un juez competente.

Sin embargo, el magistrado Checkley Soria señaló que los supuestos planteados no constituyen exigencias legales previas que deban cumplirse para que la Fiscalía de la Nación pueda ordenar la formalización y continuación de la investigación preparatoria.

A través de una resolución emitida el último 13 de abril, el magistrado precisó además que, a través de una cuestión previa, no corresponde analizar cuestionamientos ajenos que no estén vinculados a la verificación de los requisitos de procedibilidad para la apertura de un proceso penal.

“En ese sentido, este medio técnico de defensa no habilita el examen de controversias referidas a reglas procesales distintas a dichas exigencias legales, ni a la validez o regularidad de actuaciones de organización judicial, incluyendo aquellas vinculadas a la determinación del juez competente o a las resoluciones administrativas de designación de magistrados, las cuales no constituyen requisitos de procedibilidad en los términos del artículo 4° del Código Procesal Penal (CPP)”, señaló Checkley Soria en su resolución.

“Al no haberse verificado la inobservancia de requisito de procedibilidad alguno para la formalización y continuación de la investigación preparatoria en el presente proceso especial, corresponde desestimar el medio técnico de defensa propuesto y declarar infundada la cuestión previa deducida por la defensa”, finalizó el magistrado.

En su exposición, Arroyo abordó tres ejes centrales: seguridad, economía y transición política. Sobre este último, recordó que el 28 de julio se dará inicio a un nuevo gobierno.

Subvenciones económicas para las víctimas de la delincuencia

El premier Arroyo afirmó que el Gobierno inició la entrega de subvenciones económicas dirigidas a los huérfanos de personas fallecidas a consecuencia de la criminalidad en el país.

“La recuperación de la seguridad es nuestra prioridad, somos conscientes que la inseguridad ciudadana es la mayor preocupación que hoy agobia a todas las familias peruanas. Entendemos profundamente el miedo y la desesperación instalados en las calles. por ello, este es el eje central de nuestra agenda”, manifestó Arroyo.

Acciones para enfrentar el Fenómeno del Niño

Asimismo, se refirió a las acciones de prevención impulsadas por el Gobierno de José María Balcázar para enfrentar el Fenómeno El Niño. En ese sentido, precisó que el Ministerio del Ambiente, a través del Senamhi, viene elaborando proyecciones que permitan tomar decisiones orientadas a mitigar los impactos de este evento climático.

“Nuestro compromiso es tener un estado resiliente a peligros de origen natural, mediante una gestión que despliega, coordina y ejecuta. No esperamos a que la crisis escale: actuamos antes, con firmeza y con capacidad operativa real”, manifestó.

Proyecto Sistema de Generación de Energía Renovable

El titular de la PCM impulsa el proyecto denominado “Sistema de Generación de Energía Renovable no convencional”, a través de un hidrogenerador flotante, el cual busca “llevar luz a cada hogar, especialmente en las riberas de los ríos”.

“Es integrar verdaderamente al Perú profundo, es una respuesta digna para miles de peruanos que hoy no piden asistencialismo, sino condiciones dignas para salir adelante por si mismos”, indicó.

Programa Beca 18

Además, el premier aseguró que para el año 2026 el programa Beca 18 contará con “cerca de 77 millones de soles para obligaciones vigentes”.

“Asimismo, se destinó 100 millones de soles adicionales para otras nuevas becas, impulsando además una reingeniería del programa para fortalecer la meritocracia y el acceso a jóvenes talentosos de bajos recursos”, afirmó.

Extensión del Reinfo

Arroyo indicó que respalda la “prórroga del Reinfo hasta diciembre de 2026”: “Esta medida excepcional sirve de puente hacia la implementación de la Ley de Minería Artesanal y pequeña escala, asegurando un tránsito ordenado a la legalidad sin permitir reincorporaciones de excluidos”.

En cuanto a la distribución de gas, el premier dijo que el Gobierno ha encargado a Proinversión la implementación del proceso correspondiente “de una planta de regasificación y ducto de interconexión con el gasoducto principal de Camisea a Lima, que beneficiará a 31 millones de pobladores”.

Participación de las Fuerzas Armadas en Elecciones 2026

Ante el Congreso, Arroyo mencionó que se desplegaron más de 48 mil efectivos de las Fuerzas Armadas y 61 de la Policía Nacional para garantizar el desarrollo de la jornada electoral del domingo 12 de abril.

Asimismo, sobre las incidencias registradas ese día, indicó que el Gobierno emitió el Decreto Supremo 053-2026-PCM, mediante el cual se dispuso que todas las entidades del Poder Ejecutivo atiendan los requerimientos del Jurado Nacional de Elecciones.

“La política general de gobierno que hoy expongo, exhorta a un diálogo político que ofrezca la continuidad de las políticas de desarrollo productivo e infraestructura regional al 27 de julio de 2026. Nuestra gestión buscar asegurar que el proceso de transición democrática, no tenga discontinuidades, que toda la información del Poder Ejecutivo sea ofrecida oportunamente al siguiente Gobierno y que actuemos pensando en el Estado y no solo en el Gobierno de turno”, refirió.

“Desde la presidencia del Consejo de Ministros aseguramos un estricto seguimiento con indicadores, transparencia y rendición de cuentas ante el Congreso y la ciudadanía”, declaró Arroyo para luego concluir con su exposición ante el Parlamento.

MIRA AQUÍ LA TRANSMISIÓN EN VIVO:

El gabinete ministerial presidido por Luis Arroyo Sánchez, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se presenta este jueves ante el Pleno del Congreso de la República con el objetivo de sustentar la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza.

La sesión plenaria fue convocada para las 10:00 de la mañana, según confirmó el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, tras recibir la comunicación oficial remitida por el titular de la PCM.

EN VIVO

Gabinete busca respaldo del Congreso

La presentación del presidente del Consejo de Ministros constituye un paso obligatorio conforme a la normativa constitucional, que establece que el gabinete debe solicitar el voto de confianza del Parlamento tras su designación.

Durante su exposición, el jefe del Gabinete deberá detallar los principales lineamientos de la política general del Gobierno y las acciones previstas para atender las demandas prioritarias del país.

Rondas de diálogo previas con bancadas

En los días previos a la sesión, el premier Luis Arroyo Sánchez sostuvo reuniones con diversas bancadas del Congreso con el objetivo de recoger propuestas y fortalecer el diálogo político.

La última ronda de conversaciones se realizó el miércoles 15, cuando sostuvo reuniones con parlamentarios de las bancadas de Somos Perú y Alianza Para el Progreso (APP).

Al cierre de dicha jornada, el titular de la PCM reafirmó la disposición del Ejecutivo para mantener un diálogo abierto con el Legislativo.

“Tengan la plena seguridad de que hemos tomado nota de todo lo expresado. No los defraudaremos”, manifestó el jefe del Gabinete tras culminar las reuniones.

A través de un comunicado, Spadaro sostuvo que las diligencias “allanaron su entorno familiar” y que vulneraron la intimidad" de su familia.

Asimismo, afirmó que el operativo, en el que se intervinieron más de 15 inmuebles, se ejecutó “sin sustento legal alguno”, pese a que —según indicó— el caso ya se encuentra en su etapa final.

“Hemos entregado toda la documentación requerida. Estoy aquí, tranquilo, dando la cara como siempre. No tengo nada que ocultar”, sostuvo.

Asimismo, calificó el operativo como un “show mediático” y sostuvo que la Fiscalía estaría siendo utilizada como “brazo político” por quienes, según dijo, “no soportan ver que el Callao progresa”. En ese sentido, anunció que iniciará acciones legales contra los responsables de lo que consideró un “abuso”.

“A quienes no les conviene el cambio que hemos generado en nuestro primer puerto, les digo con total firmeza: no nos van a detener. A más golpes bajos, vamos a responder con más trabajo, más compromiso y más resultados, porque el Callao merece seguir progresando y nada ni nadie lo va a impedir”, concluyó.

“Nos echan la culpa porque en el Perú el deporte favorito de las autoridades es echar la culpa al particular, pero no hacen un mea culpa. Nosotros hemos remitido una carta notarial al jefe de la ONPE y le hemos echo conocer que tiene que rectificarse lo que han dicho”, declaró a Exitosa.

De acuerdo con la defensa legal de la empresa, la demora en el traslado del material electoral se habría originado porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no lo tenía listo el mismo día de la jornada, y no por fallas logísticas como sostiene la institución.

“A medida que se acercaba la hora nosotros notábamos de que no tenían el material puesto en piso para entregarnos, lo podían estar acomodando embalando en las instalaciones del almacén, pero en piso no lo tenía, por lo tanto, no podíamos cargarlo”, sostuvo.

Asimismo, Galaga indicó que hasta la medianoche del día previo, en sus puntos de partida de Lurín y San Pedro, había 35 camiones a la espera de la llegada del material electoral para iniciar el traslado. “Un camión es entre 10 y 15 colegios”, precisó.

Además, señaló que la entrega del material electoral no era el único inconveniente, pues una vez dispuesto, la ONPE debía contar con personal para el despacho en piso y para resguardar su distribución hacia los centros de votación. “No tenían personal suficiente para poner los bultos en piso para que Galaga pueda cargarlo ni tampoco personal suficiente para que acompañen local por local”, afirmó.

En ese contexto, Galaga pidió mayor transparencia a la ONPE y solicitó que se difundan las ubicaciones GPS de sus camiones correspondientes al 12 de abril. “Hay personas que han visto que los camiones hacían cola en Lurín y San Pedro esperando salir en convoy”, indicó, y precisó que el inconveniente se presentó solo en Lima.

“Nuestra empresa no solamente ha hecho el traslado en Lima, sino también a Piura, Tumbes, Tacna, Cusco, Puno, en forma terrestre y aire en algunos casos, y no ha tenido ningún problema en todo ello. Nuestra empresa cumplió su contrato a cabalidad”, manifestó.

El candidato presidencial Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, líder del partido Renovación Popular, anunció el ofrecimiento de una recompensa de S/ 20,000 para quienes proporcionen información verificable sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral.

El pronunciamiento fue difundido mediante un comunicado público en su cuenta oficial en la red social X, donde el candidato señaló que la medida busca garantizar la transparencia del proceso electoral.

Ofrecen recompensa por información verificable

En el comunicado, López Aliaga hizo un llamado a trabajadores de organismos electorales y empresas vinculadas al proceso electoral.

“Si eres trabajador de ONPE, JNE o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje, Renovación Popular ofrece S/ 20,000 de recompensa”, señala el mensaje difundido.

Asimismo, el comunicado indica que el partido garantiza confidencialidad absoluta y protección de identidad para quienes proporcionen información.

Mensaje dirigido a personal electoral

El anuncio incluye una dirección de correo electrónico habilitada para la recepción de denuncias relacionadas con presuntas irregularidades durante el proceso electoral.

En el mensaje difundido, el candidato sostuvo que el país requiere transparencia en el proceso electoral y exhortó a los ciudadanos a colaborar con información que pueda ser verificada por las autoridades.

Hasta el momento, no se han reportado pronunciamientos oficiales por parte de los organismos electorales respecto a este anuncio.

Entre los inmuebles intervenidos figuran las viviendas del actual alcalde provincial del Callao, César Pérez, y del exburgomaestre Pedro Spadaro.

Las diligencias fiscales y policiales se desarrollan en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con los procesos de contratación pública en la Municipalidad Provincial del Callao.

La intervención tiene como finalidad recabar elementos de convicción, incautar documentación de interés y esclarecer los hechos a fin de identificar a los presuntos responsables.

#EnVivo

Fiscalía allana casa de alcalde y exalcalde del Callao César Pérez

Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/aQUF8RQEac

— Canal N (@canalN_) April 16, 2026

Las investigaciones de las autoridades se intensificaron tras un reportaje periodístico publicado el 18 de agosto de 2025, en el que se revelaron presuntas irregularidades en la adjudicación de órdenes de servicio a determinados proveedores.

Según las pesquisas, los contratos observados se habrían emitido de forma reiterada durante los años 2023, 2024 y 2025. La hipótesis de las autoridades sostiene que estos hechos revelarían posibles vínculos irregulares y presuntos favorecimientos entre contratistas del Estado y altos funcionarios de la comuna chalaca.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

“Existen elementos que podrían evidenciar un uso político de este caso con el propósito de afectar la imagen de la actual gestión, así como la del alcalde, exalcalde, funcionarios y trabajadores, con una denuncia sin sustento alguno. No obstante, se mantendrá una actitud de total apertura y colaboración para que la verdad se esclarezca”, indica el oficio.

A pesar de los cuestionamientos en torno a las diligencias realizadas, la Municipalidad del Callao reafirmó su “compromiso absoluto con la transparencia y el debido proceso”.

La comuna indicó que, desde hace ocho meses, la gestión de César Pérez viene brindando “todas las facilidades” y atendiendo de forma oportuna los requerimientos formulados por la Fiscalía y la Policía Nacional.

Posteriormente, la institución reiteró su plena disposición de mantener una actitud de “total apertura” y continuar colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos conforme a ley. El pronunciamiento finaliza reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la legalidad y el bienestar de los vecinos chalacos.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

Según el reporte oficial actualizado el 16 de abril de 2026 a las 07:14 a. m., el candidato Roberto Helbert Sánchez Palomino se mantiene en el segundo lugar, con una ventaja estrecha frente a Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla.

Segundo y tercer lugar separados por 9,358 votos

De acuerdo con el sistema oficial de la ONPE, Roberto Sánchez Palomino registra 1,879,168 votos, lo que equivale al 11.978% de votos válidos.

En tanto, Rafael López Aliaga Cazorla alcanza 1,869,810 votos, equivalente al 11.919% de votos válidos.

La diferencia entre ambos candidatos es de 9,358 votos, lo que mantiene abierta la disputa por el segundo lugar mientras continúa el procesamiento de actas pendientes.

Keiko Fujimori mantiene el primer lugar

La candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi continúa liderando el conteo con 2,677,115 votos, que representan el 17.065% de votos válidos, según el último reporte oficial.

Las cifras continúan actualizándose conforme se incorporan nuevas actas al sistema electoral.

Más del 92% de actas contabilizadas

El reporte oficial señala que el avance del conteo alcanzó el 92.958% de actas contabilizadas, de un total de 92,766 actas previstas para el proceso electoral.

Aún existen actas en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y otras pendientes, por lo que los resultados siguen en actualización permanente.

Resultados oficiales seguirán actualizándose

La ONPE continuará publicando avances conforme se procesen nuevas actas provenientes de distintas regiones del país.

De acuerdo con el cronograma electoral, si ningún candidato supera el 50% de votos válidos, se realizará una segunda vuelta presidencial el 7 de junio de 2026.

El conteo oficial continúa desarrollándose en medio de la expectativa ciudadana por la definición del escenario electoral.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

Estas son: Fuerza Popular (41), Juntos por el Perú (34), Renovación Popular (16), Partido del Buen Gobierno (15), Partido Cívico Obras (14) y Ahora Nación (10).

Distribución

Al igual que en el Senado, el fujimorismo tendrá la bancada más numerosa en la cámara baja. Entre sus candidatos más votados tiene a excongresistas suyos.

Tal es el caso de Cecilia Chacón y Diethell Columbus, quienes obtuvieron 59,196 y 25,251 votos, respectivamente. En la lista siguen Rosángela Barbarán, actual legisladora, con 20,697 y Pier Figari en una posición más abajo (12,834 votos).

Juntos por el Perú, en tanto, tiene como más votada a la cuñada del expresidente Pedro Castillo e investigada por organización criminal, y otros cargos, Yenifer Paredes (27,127 votos). También a Iris Avendaño, que llega con 16,140 votos.

Renovación Popular (RP), en tanto, lleva a Norma Yarrow, actual parlamentaria de dicho partido, con 96,252 votos. José Baella, exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la PNP, y Roxana Rocha le suceden, con 58,587 y 41,298 votos, respectivamente.

Los últimos

Con un diputado menos que Renovación, el Partido del Buen Gobierno lleva a Óscar Reto Otero (40,242 votos), Nathaly Molina (22,483 votos) y Luis Quispe Candia (21,964 votos).

El Partido Cívico Obras contará con Jeenny Samanez y Víctor Piñan, quienes cosecharon 14,279 y 10,647 votos, respectivamente.

Finalmente, Ahora Nación lleva a Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, con 107,383. Detrás suyo está Indira Huilca, con 70,200 votos.

NOMBRES

Además de pedir declarar nulas las elecciones, Rafael López Aliaga envió ayer un oficio al presidente del JNE, Roberto Burneo, en el que explicó que las fallas que tuvo la ONPE durante la jornada electoral, tuvieron un impacto significativo en el ausentismo.

Por ese motivo, pidió que se suspenda la promoción del orden de mérito del segundo y tercer lugar en la elección presidencial hasta que la ONPE presente ante el pleno del JNE un informe con el número de mesas que abrieron fuera del horario legal.

Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) emitió un pronunciamiento en el que pedía la nulidad de las elecciones amparándose en el artículo 10 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Además, dio una conferencia de prensa junto a los candidatos Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde) y Francisco Diez Canseco (Perú Acción), para cuestionar una serie de irregularidades en el proceso electoral.

Yonhy Lescano de Cooperación Popular convocó a que todos se pronuncien sobre el “atentado” acompañado de “fuertes indicios de fraude”.

Mientras que Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) aseguró que el fraude se consumó.

ANÁLISIS

Al respecto, José Tello, experto en temas electorales, indicó que los argumentos esgrimidos por los candidatos presidenciales no alcanzan para anular las elecciones.

“No hay causal. Categóricamente no hay causales. La nulidad de una elección está específicamente señalada en la ley con puntos y comas. Hay la nulidad de mesa de sufragio, de jurisdicción o distrito electoral y la nulidad total”, indicó.

Precisó que una de las reglas para que se anulen unas elecciones, es la de los tercios, es decir, cuando haya más votos nulos o blancos que los dos tercios del número de votos emitidos.

#AHORA La Fiscalía cita a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, en calidad de testigo para este viernes por la tarde, para que brinde detalles sobre los retrasos en la entrega de material electoral del domingo 12 de abril. pic.twitter.com/PoLns62ifJ

— Sofía López (@SofiaLopezLl) April 15, 2026