“Necesitamos para cubrir inclusive el sueldo de los fiscales en parte del mes de noviembre y para diciembre. Por eso que hemos solicitado (...) un crédito suplementario”, dijo el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, a RPP Noticias.

Según Gálvez, el presupuesto de la Fiscalía disminuye anualmente y “no es suficiente” el incremento del 16% propuesto por el Ejecutivo para 2027.

“Hemos sustentado nuestro presupuesto y la necesidad de duplicar el presupuesto que nos han asignado (...). Este aumento ni siquiera equipara lo que debíamos tener como presupuesto normal”, aseguró.

Para Gálvez, su entidad necesita más fondos para combatir el crimen organizado, la extorsión, el sicariato y la minería ilegal.

Mañana, lunes, vence el plazo para su aprobación o rechazo. Para el abogado constitucionalista Enrique Ghersi, vencidos los siete días útiles sin una decisión, podría activarse el “silencio parlamentario positivo” y el proyecto aprobado por Diputados sería promulgado sin revisión de la Cámara Alta.

Alerta

Ghersi explicó que el artículo 105 de la Constitución contempla esa posibilidad.

“Vencido el plazo sin que el Senado se haya pronunciado, el presidente del Senado debe promulgar el proyecto aprobado por diputados”, afirmó a RPP Noticias.

Según el jurista, sería la primera aplicación de este mecanismo en la historia constitucional peruana.

De esta forma, se dejaría de lado la ampliación del predictamen que está pendiente en el Senado y que amplió de 20 a 27 las solicitudes en dos materias.

Al respecto, la senadora Juana Ticona, suplente de Obras en la Comisión de Constitución, confirmó a Correo la existencia de esta figura.

“El reglamento contempla que el presidente del Senado puede remitir este dictamen para que sea publicado, pero solamente con lo que manda Diputados, o sea, lo que ya envió la Cámara de Diputados”, dijo.

Para Ticona, lo enviado por Diputados debería respetarse.

“Mi posición personal es que no se debe modificar, no se debe ampliar y que solamente debería aprobarse lo que Cámara de Diputados ha enviado”, sostuvo.

Por su parte, el senador Juan Carlos del Águila, suplente de Fuerza Popular en la Comisión de Constitución, explicó a Correo que su bancada no ha “evaluado” ese escenario en el Parlamento.

“El pleno del Senado tendrá la última palabra”, declaró.

En diálogo con Correo, el intelectual peruano evaluó el rol de oposición en el Parlamento y brindó detalles sobre los desafíos que enfrentará su gestión en Washington D.C.

¿Cuáles serán los objetivos de su gestión? ¿Hay algún encargo puntual de la presidenta Fujimori?

Tuvimos una larga conversación. Fue hace cuatro días, también estaba el canciller. Ella fue muy generosa con su tiempo en Palacio. Siempre hay intereses permanentes, pero ahora hay elementos que añaden urgencia en la cooperación con los Estados Unidos.

Tenemos que abordar el tema de la seguridad y también el fenómeno de El Niño. El Departamento de Estado de EE.UU. tiene una oficina especial dedicada a esto último. Esos temas han adquirido una urgencia enorme, diría que absoluta. Esa va a ser una primerísima prioridad, pero eso no significa que otros temas van a quedar de lado.

¿Cuáles serían algunos de ellos?

Tengo un enorme interés en impulsar la relación comercial, para mí es muy importante que crezca muchísimo . Tenemos un intercambio de más o menos 20, 000 o 21,000 millones de dólares al año.

Juzgo que es una cifra francamente mejorable, aspiro a que crezca. Me gustaría también que aumente la inversión estadounidense en el Perú significativamente, no ha sido fácil en los últimos años por la inestabilidad política, pero también porque las anteriores administraciones de EE.UU. no le ponían énfasis a América Latina, lo que sí hace la administración Trump (…).

Hay un terreno propicio para explorar mucho la ampliación de la relación comercial y también la atracción de capitales. Por supuesto, también el turismo y los intercambios culturales. Por otro lado, hay alrededor de un millón de peruanos en los EE.UU. La tercera parte de los peruanos en el extranjero, en promedio, está allí. Por eso tenemos 17 consulados, yo quiero tomar contacto con todos ellos y darles prioridad.

¿Ha abordado con la presidenta el conflicto geopolítico entre EE.UU. y China, y el rol del Perú frente a ello?

La presidenta no lo ve así. El canciller y yo tampoco. Tenemos una presencia china evidentemente importante, es nuestro primer socio comercial y el país que más ha acumulado, en los últimos años, el mayor stock de capital invertido en el Perú. Es una relación que tiene una significación para el Perú, pero eso no significa que las relaciones económicas y comerciales sean un juego de suma cero: que China tenga una presencia importante en el Perú, no significa que EE.UU. no la pueda tener.

Ampliar la presencia de EE.UU., una tendencia que viene desde hace un tiempo con la administración Trump, no va en detrimento de la relación con China. En realidad, nadie reemplaza a nadie (…). Hay una relación ahí potencialmente muy grande y la presidenta Fujimori quiere, por supuesto, impulsar eso de manera muy dinámica (…). Diría que hay una falsa dicotomía.

¿Buscará la eliminación de aranceles adicionales impuestos por EE.UU.?

Aspiramos a que esa política sea revertida en el caso del Perú. Ya están trabajando el ministro de Comercio Exterior y Turismo (Rogers Valencia) con el secretario de Comercio de EE.UU. Entiendo que hay una muy buena dinámica entre ellos. Evidentemente, otras dependencias del Estado (intervienen), el Ministerio de Economía, la Cancillería y, en lo que a mí respecta, la embajada.

Vamos a trabajar cuidadosa, prudente y diplomáticamente para avanzar en esa conversación. En la medida en que hagamos progresos y EE.UU. vea de nuestra parte un interés en impulsar la relación, seguramente se va a crear un clima para lograr ese propósito. (…) Ese es definitivamente un objetivo central.

Sobre temas políticos, hay demoras en la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno, ¿cómo evalúa el papel de la oposición en el Congreso?

Lo ocurrido en el Senado me parece muy triste desde muchos puntos de vista. No hace ningún bien a la democracia peruana, a la institucionalidad y a la imagen del Perú en el extranjero. Es un cálculo equivocado la idea de que, actuando de esa forma tan poco democrática, le van a hacer daño a la presidenta y a su Gobierno. Eso refleja una mirada muy miope. A quien hace daño, además de las instituciones democráticas, es a ellos mismos.

Es verdad que hay un grupo en particular, radicalizado e ideologizado, pero hay otros tres que no fueron elegidos para eso, cuyos votantes son más moderados. Ellos tienen líderes con una visión de izquierda, pero más moderada. ¿Por qué se han dejado llevar y arrastrar por un grupo radical (JP) que no representa a una mayoría de peruanos? Para mí es un misterio y es algo que les juega en contra.

Las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras están jugando un papel decisivo de la mano de Juntos por el Perú, ¿hay oportunismo por parte de sus líderes como Jorge Nieto, Alfonso López-Chau y Ricardo Belmont?

Si uno los ve a todos lejos de las cámaras de televisión y los micrófonos, observa que son personas (…) con ideas más moderadas o menos fanatizadas y radicalizadas que las de este cuarto grupo (JP) que está liderando, en este momento, la actitud obstruccionista (…).

Supongo que ellos calculan que esto perjudica al Gobierno, les granjea simpatías entre la población y les permite preparar el terreno para elecciones futuras. Este es un gravísimo error de cálculo. Están jugando el partido de la extrema izquierda, del comunismo. Esto es algo que va contra sus propias convicciones, de manera que me parece suicida desde el punto de vista político.

Yo apelo al instinto de preservación, ya ni siquiera a sus ideas políticas. Si siguen en este seguidismo frente a los radicales, al final van a ser absorbidos por ellos porque eso es lo que suele ocurrir. La población les va a pasar factura.

Ahora, ¿hay algo puntual que pueda hacer la presidenta para hacerle frente a esta izquierda obstruccionista en el Congreso?

La presidenta tiene muchos recursos, la Constitución pone muchos recursos a su alcance para tomar decisiones, pero ella ha dicho prudentemente que prefiere esperar la decisión del Senado y creo que hace bien al esperar.

Evidentemente, todo puede cambiar y si se otorgan las facultades que se han pedido, por lo menos parcialmente, evidentemente que va a ser todo mucho más inmediato, mucho más urgente y no diré que fácil, porque nada es fácil en el arte de gobernar, pero sí mucho más expeditivo.

Entonces, evidentemente ella está esperando. No significa que esté esperando de brazos cruzados, está actuando mañana, tarde y noche, pero evidentemente también está esperando esas facultades antes de tomar decisiones. En estos momentos todavía es pronto para renunciar a la ilusión, a la esperanza de que la oposición recapacite.

Parte de la oposición también ha cuestionado su designación como embajador y la del propio canciller, Carlos Espá, por no ser diplomáticos de carrera...

Eso no tiene sentido. La Academia Diplomática fue fundada a mediados de los años 50 y el Perú tiene dos siglos de vida republicana independiente. La mayoría de cancilleres que ha tenido el Perú no han sido diplomáticos de carrera.

Hemos tenido grandes cancilleres que han sido abogados e intelectuales –pienso en alguien como Raúl Porras Barrenechea, un historiador–, que han venido de distintas disciplinas y dieron una gran contribución a la diplomacia peruana.

También hemos tenido magníficos diplomáticos de carrera, por supuesto. Y en el caso de la embajada del Perú en los EE.UU., la relación diplomática tiene dos siglos, pero a nivel de embajador solo uno pues empezó en 1919. En todo ese tiempo, más o menos, hemos tenido una mitad de embajadores de carrera y otra que no lo ha sido (…). Mi antecesor, Alfredo Ferrero, no era un embajador de carrera tampoco.

No hay nada anormal. Por cierto, me gustaría resaltar que la presidenta Fujimori ha nombrado menos embajadores políticos que gobiernos anteriores (…), de manera que los cuestionamientos los recibo con mucha deportividad.

De otro lado, a la presidenta se le ha endilgado cierta “inacción” frente a la inseguridad ciudadana y deficiencias en la composición del Gabinete Ministerial...

Es absolutamente falso –no tiene ni pies ni cabeza– que la presidenta no esté haciendo nada. Yo la veo, desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche, dedicándose en cuerpo y alma al tema de la seguridad ciudadana, así como a confrontar el fenómeno de El Niño.

La veo trabajando incansablemente sin esperar las facultades. Así que esa es una acusación absolutamente injusta. Además, ha cohesionado un gabinete que está trabajando de manera coordinada y en la que se destaca una pluralidad de tendencias y de orígenes.

No se ha rodeado solo de gente cercana, ha sido muy convocante. Ella dijo en la campaña que lo haría y eso es lo que está pasando. Hay incluso gente que la criticó duramente en su momento y ella, que quiere ser la presidenta de la reconciliación, lo está demostrando.

Las cifras de aprobación no parecen ayudarla por el momento...

No hay que darle a eso mucha importancia. Vivimos en un país de gente muy impaciente, donde además hay unas urgencias enormes, y si la actitud obstruccionista de la oposición hace a la gente perder la paciencia, es inevitable que haya una repercusión en las cifras de aceptación y de popularidad del Gobierno. En la medida en que se vayan logrando resultados, se van a revertir.

En primer lugar, se realizará la audiencia del expediente contra el diputado Christian Aranda Vásquez, de Renovación Popular, a quien se le atribuye haber difundido en sus redes sociales documentos que permitirían identificar a una paciente del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, en Abancay, así como información sobre su historial médico.

La agenda también contempla la revisión del informe de calificación de la denuncia contra el diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, correspondiente al expediente 005-2026-2027/CEP-CD.

Asimismo, se analizará el informe de calificación del expediente contra la diputada Catherin Palomino Casavilca, también de Juntos por el Perú, en el marco de las evaluaciones que realiza este grupo de trabajo parlamentario.

Finalmente, la comisión revisará el informe final de la denuncia contra Pérez Mallqui por presuntos actos de violencia física y psicológica contra su expareja. La evaluación permitirá continuar el trámite correspondiente dentro de la Comisión de Ética Parlamentaria.

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Según informó Palacio de Gobierno, durante el encuentro con el titular del Ministerio de Educación (Minedu), se revisaron las políticas del sector y las próximas medidas que se implementarán, entre ellas los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar.

Estas disposiciones buscan fortalecer el respeto en las instituciones educativas públicas y privadas, recuperar el orden y restituir la autoridad de los docentes.

Asimismo, las autoridades abordaron las acciones preventivas que desarrolla el sector frente al fenómeno El Niño y las medidas para garantizar la entrega oportuna de los recursos educativos de cara al Año Escolar 2027, entre otros temas.

Por otro lado, Keiko Fujimori se reunió con el canciller Carlos Espá para revisar la agenda de política exterior que impulsa el Gobierno, como parte de las coordinaciones de trabajo entre la mandataria y los integrantes de su gabinete ministerial.

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La iniciativa, presentada por el diputado César Holguín Loaiza, de la bancada de Ahora Nación, propone hacer obligatoria la trazabilidad de los alimentos y el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas.

Además, plantea considerar como infracción muy grave el uso indebido de plaguicidas que ponga en riesgo la salud pública o el medio ambiente.

El proyecto también busca precisar las competencias del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), así como de los gobiernos regionales y locales.

Asimismo, contempla capacitar al personal municipal, facilitar el acceso a laboratorios acreditados y fortalecer el monitoreo de plaguicidas en los mercados de abasto.

La propuesta establece que los alimentos que superen los límites máximos permitidos de residuos de plaguicidas, metales pesados o contaminantes microbiológicos sean considerados no aptos para el consumo humano. También plantea que el Senasa, la Digesa y el Sanipes publiquen los resultados de sus monitoreos, mientras que el Indecopi difunda alertas para informar a los consumidores.

Como sustento, la iniciativa cita un monitoreo del Senasa que analizó 4.902 muestras de alimentos de origen vegetal, de las cuales el 21,75 % presentó residuos de plaguicidas por encima de los límites máximos permitidos. Entre los productos observados figuran paprika, pimiento, apio, tomate, melocotón, espinaca y ají amarillo fresco.

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La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, informó sobre estos avances durante la inauguración del EJE y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) para dichos procesos en la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. La implementación comprende ocho órganos jurisdiccionales distribuidos en cinco sedes: Angaraes, Castrovirreyna, Tantará, Acobamba y la sede central.

Con la incorporación de Huancavelica, ya son 385 los órganos jurisdiccionales de los 34 distritos judiciales del país que cuentan con estas herramientas digitales para tramitar procesos de familia. En esta corte, hasta el 14 de octubre, se habían registrado 47 demandas, de las cuales 31 correspondían a tenencia, 14 a régimen de visitas y dos a variación de tenencia.

Tello Gilardi destacó que esta iniciativa busca brindar una justicia más rápida, eficiente y cercana a la ciudadanía, especialmente en casos que involucran el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, señaló que el EJE, implementado desde 2017, permite presentar demandas y escritos de manera virtual, acceder digitalmente a los expedientes y reducir los tiempos procesales, además de facilitar el trabajo remoto de jueces y servidores judiciales.

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El titular del Ministerio Público contó que el presupuesto disponible no alcanzaría para cubrir los gastos de los próximos meses, por lo que pidió al Congreso aprobar una asignación extraordinaria que permita atender las obligaciones de la institución.

El fiscal de la Nación alertó sobre el riesgo de incumplir el pago de las remuneraciones del personal fiscal.

“Hemos solicitado también un crédito suplementario, una demanda adicional urgente porque si no, ya no tendríamos dinero para pagar los sueldos de los fiscales en parte del mes de noviembre y para diciembre, y entraríamos en una crisis muy lamentable”, declaró a RPP.

Respecto al presupuesto institucional para 2027, Gálvez indicó que el incremento del 16% planteado por el Poder Ejecutivo no compensa los recortes acumulados ni cubre las necesidades de la entidad.

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Los reglamentos y las decisiones de cada cámara no ofrecen una respuesta uniforme sobre cuándo corresponde sesionar de manera presencial o a distancia.

Correo revisó los tres reglamentos del Congreso bicameral y conversó con dos expertos en derecho parlamentario sobre la presencialidad en el pleno y las comisiones.

Uno de los expertos, César Delgado-Guembes, exoficial mayor del Congreso, sostiene que las reglas vigentes dejan margen para que los órganos parlamentarios adopten distintas modalidades de participación.

Por su parte, Alejandro Rospigliosi, exjefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso, considera que la presencialidad debe ser obligatoria, salvo excepciones justificadas.

Desglose

Los reglamentos del Congreso, del Senado y de Diputados regulan la asistencia como un deber, aunque no precisan su modalidad.

Según el artículo 27, literal a, del reglamento del Congreso, los senadores y diputados deben participar en las sesiones del pleno y de las comisiones. Incluso, prevé la publicación de las faltas y el descuento para las inasistencias injustificadas.

De igual modo, el artículo 63 del Reglamento de Diputados y el artículo 67 del Reglamento del Senado regulan la deliberación del pleno en el hemiciclo.

Pero ningún artículo fija la modalidad de las sesiones.

La única excepción es la Cámara de Diputados.

El 11 de agosto de 2026, su Junta de Portavoces aprobó un acuerdo que establece el carácter estrictamente presencial de las labores parlamentarias, tanto para el pleno como para las comisiones.

El pleno de la Cámara Baja ratificó ese acuerdo el 13 de agosto con 118 votos.

El presidente de la Cámara, Oscar Reto Otero, precisó que la medida alcanza a todos los tipos de sesión.

El acuerdo contempla excepciones específicas: labor de representación fuera de Lima, salud con descanso médico acreditado, maternidad o paternidad y fuerza mayor.

En esos casos, el presidente del órgano autoriza la votación remota conforme al artículo 87, literal a, del reglamento de Diputados.

Sin embargo, el Senado no tiene un acuerdo equivalente.

El presidente de la Cámara Alta, Miguel Torres, afirmó en agosto de este año que la presencialidad “es la regla general. Ya está establecido en el reglamento”, pese a que ninguno de los reglamentos fija esa modalidad de manera taxativa.

Estoy de acuerdo con la presencialidad. Es la regla general y la fórmula adecuada de ejercer la función parlamentaria. No hay discrepancia sobre ello. https://t.co/AR3taLWc4J

— Miki Torres (@mikitorresfp) August 9, 2026

Consultada para este informe, la senadora Nora Bonifaz (Partido del Buen Gobierno) confirmó que la Cámara Alta no ha aprobado un acuerdo general sobre la presencialidad y que el tema “se ha dejado abierto”.

Según Bonifaz, cada comisión indica la modalidad en su convocatoria, pero algunos presidentes permiten la participación remota pese a que la sesión fue citada como presencial.

“No se ha definido. Nosotros hemos pedido que sea presencial (pleno y comisiones) y esa fue nuestra decisión como bancada desde el inicio, y pedimos que así se hiciera. Pero, en realidad, los presidentes de las comisiones hacen como les viene en gana, y la práctica ahorita es que están aceptando la no presencialidad”, advirtió.

Análisis

César Delgado-Guembes ubica el único acuerdo sobre el tema en la Cámara de Diputados pero que la virtualidad no ha sido regulada ni eliminada en ninguna de las dos instancias.

“Si el presidente de la Comisión convocó a una sesión para tal día y dijo que la sesión iba a ser semipresencial o remota, ese es el criterio central”, indicó.

El especialista distingue que el pleno prefiere la presencia física, aunque la convocatoria puede disponer sesiones semipresenciales, y que más bien en las comisiones se opera con mayor flexibilidad.

Por su parte, Alejandro Rospigliosi sostuvo que la asistencia física debe constituir la regla y la participación remota requiere una justificación concreta.

Asimismo, vinculó su posición con las responsabilidades de las presidencias parlamentarias y de cada representante.

“En el Derecho público, lo que no está permitido legalmente no se puede hacer”, opinó.

Para Rospigliosi, las presidencias de las comisiones y del Congreso deben impedir que los legisladores utilicen la virtualidad sin una razón válida.

“Por ejemplo, el estado de salud del parlamentario. Otro es que no puedan ingresar al Centro de Lima porque está cerrado por protestas u orden público. Además no hay pandemia. No hay otra justificación”, precisó.

El encuentro tenía como “fin recoger opiniones técnicas y aportes de los despachos parlamentarios”. Fuentes de la oposición, sin embargo, señalaron a este diario que no acudirían a la cita.

Jornada

La convocatoria a la referida cita, que llegó en horas de la tarde, se suscitó horas después de unas severas declaraciones públicas del parlamentario.

“Todavía no (se puede realizar una sesión de la Comisión de Constitución), porque no hay consenso. ¿Para qué voy a citar a una comisión donde no se va a votar”, sostuvo a RPP. Esto último, en relación al predictamen que reúne 27 materias en facultades legislativas por inseguridad ciudadana y El Niño.

La respuesta de Mesía se produjo tras el comunicado de las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Obras. Estos grupos parlamentarios destacaron que se mantenían a la “espera de una nueva citación que garantice un debate democrático”.

“Entiendo, están pidiendo una citación, pero yo no voy a citar a la comisión para volver a caer, digamos, en este caos. Yo voy a citar a la comisión en tanto que haya un consenso sobre qué vamos a debatir”, replicó Mesía.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, pidió que la comisión evalúe con celeridad la solicitud. En esa línea, aseveró que las veinte facultades aprobadas inicialmente en la Cámara de Diputados son insuficientes.

“Nosotros hemos ido todas las veces que fuimos requeridos a exponer las facultades, así que esperemos que la Comisión de Constitución del Senado pueda evaluar rápidamente porque ya es mucho tiempo que esperamos”, señaló.

La medida busca proteger la reproducción de la especie y preservar su disponibilidad para las próximas temporadas.

Según Imarpe, la biomasa acústica de anchoveta alcanzó aproximadamente 5,12 millones de toneladas al 7 de octubre de 2026, cifra que representa una caída del 28 % respecto al verano de este año y se sitúa 23 % por debajo del promedio histórico de los periodos de invierno y primavera entre 1996 y 2025.

Además, el 79 % de los ejemplares en número y el 65 % en peso son juveniles.

El organismo también detectó una actividad reproductiva inferior a los patrones históricos y condiciones oceanográficas cálidas que modificaron la distribución del recurso.

Esta decisión se sustenta en la evidencia científica y en nuestra responsabilidad de proteger la anchoveta. La elevada presencia de juveniles y las condiciones actuales del mar exigen actuar con prudencia para preservar la capacidad de renovación del recurso. 📲 Más información: https://t.co/GTD4pdC5u1

— Ministerio de la Producción (@MINPRODUCCION) October 16, 2026

SNI

Tras el anuncio, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) expresó su preocupación por las consecuencias económicas de la suspensión y advirtió que la pesca industrial podría permanecer paralizada por más de un año, hasta la siguiente temporada prevista para 2027.

El gremio alertó que esta situación afectaría a las familias vinculadas a la extracción, el procesamiento y el transporte de productos pesqueros.

Ante este escenario, la SNP hizo un llamado urgente al Gobierno para que evalúe sus propuestas destinadas a preservar el empleo, garantizar la continuidad de la cobertura de salud de los tripulantes, implementar medidas tributarias que otorguen liquidez a las empresas y facilitar financiamiento a los armadores comprendidos en la Ley N.° 26920.

El gremio sostuvo que la variabilidad oceanográfica y los efectos del fenómeno El Niño requieren medidas oportunas para mitigar el impacto sobre el sector afectado.

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En declaraciones a Canal N, sostuvo que las atribuciones solicitadas permitirían agilizar procedimientos y fortalecer la atención a damnificados.

Marco Vinelli señaló que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) necesita mayores facultades para atender directamente a los afectados por emergencias. Asimismo, indicó que las 20 facultades aprobadas por la Cámara de Diputados no cubrirían todas las necesidades identificadas por el Gobierno. Por ello, pidió a la Comisión de Constitución y al pleno del Senado retomar el debate y evaluar la propuesta.

“La respuesta que tiene que dar el Legislativo no es al Gobierno, sino que es una respuesta que le tiene que dar a la población”, manifestó.

Durante su visita a La Libertad, el ministro informó que el Ejecutivo destinó aproximadamente S/ 320 millones a trabajos de prevención en el río Moche para reducir el riesgo de desbordes ante posibles lluvias intensas. Explicó que las obras comprenden la limpieza de un tramo de 12 kilómetros, la instalación de cinco barreras dinámicas, la construcción de canales y un túnel para derivar el agua hacia el mar.

Según indicó, al asumir el Gobierno, el proyecto registraba un avance aproximado del 60 % y tenía trabajos pendientes en parte de su recorrido.

El titular del Midagri también informó que coordinan con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) el retiro temporal de un puente que estrecha el cauce del río y su reemplazo provisional por un puente Bailey, a fin de facilitar el paso de un mayor caudal.

Maraco Vinelli señaló que la culminación de las obras está prevista para las próximas semanas y que estas buscan proteger a Trujillo frente a futuras inundaciones.

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Para Alegría, el análisis de la iniciativa requiere considerar los aportes recogidos durante las reuniones con distintos gremios.

En ese contexto, cuestionó que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no organizara mesas técnicas para revisar el proyecto y señaló que esa labor fue asumida por la comisión correspondiente del Senado.

El parlamentario también sostuvo que hay puntos de la delegación de facultades que pueden perfeccionarse.

La discusión permanece suspendida luego de que el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, dispusiera el último jueves detener el debate y la votación “hasta nuevo aviso”.

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Durante una declaración a la prensa, también solicitó que el Congreso atienda los asuntos pendientes vinculados con la respuesta ante esta situación.

“El mega Niño puede ser mucho más grande de lo que nosotros tenemos planificado”, expresó.

Como parte de las señales de alerta, la mandataria indicó que el mar registra temperaturas hasta cinco grados centígrados por encima de lo normal, incluso superiores a las observadas durante los eventos de 1982-1983 y 1997-1998.

Según explicó, el Gobierno revisó las estadísticas en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y también recogió mediciones durante una visita a la embarcación científica Humboldt.

Entre las acciones preventivas mencionadas figuran el traslado de 20 puentes al norte y cuatro al sur del país, así como el adelanto del calendario escolar en zonas donde se esperan lluvias.

Fujimori agregó que se trabaja en la habilitación de albergues para recibir a cerca de 30 mil personas y que las etapas uno y dos de las obras preventivas registran un avance del 99 %. También señaló que la maquinaria será trasladada al Bajo Piura este fin de semana y que queda pendiente la intervención del aliviadero de Chutuque.

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La salida de cuatro bancadas opositoras se produjo en medio de discrepancias sobre los límites del Senado para modificar la propuesta que llegó desde la Cámara de Diputados.

El desacuerdo gira en torno al contenido del predictamen: mientras la iniciativa aprobada por los diputados contempla 20 puntos, el documento elaborado en el Senado incorpora 27 puntos y una disposición reglamentaria.

Las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación pidieron que el debate respete la Constitución y el reglamento parlamentario.

Mesía sostuvo que convocará nuevamente a la comisión cuando exista consenso sobre el texto que debe discutirse. Entre las alternativas que planteó figura que la oposición presente un dictamen en minoría limitado a los 20 puntos aprobados por los diputados o que se realice una votación diferenciada para decidir primero sobre esos puntos y luego sobre los adicionales.

El jurista y exdiputado Enrique Ghersi identificó dos posibles desenlaces: que se retome el diálogo y se apruebe un dictamen, incluso mediante una conferencia entre ambas cámaras para resolver las discrepancias, o que el desacuerdo persista hasta vencer el plazo de siete días útiles.

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En Piura, las autoridades revisarán los trabajos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). El sector Los Ejidos–Puente Bolognesi completó los 4,85 kilómetros previstos y registra un avance del 85,30 % en la descolmatación, equivalente a 464.382 metros cúbicos. En cambio, las intervenciones en El Milagro–La Encantada y Piedra Negra presentan avances de 27,59 % y 20,73 %, respectivamente.

En La Libertad, Fujimori realizará un sobrevuelo para revisar las obras de las quebradas San Ildefonso y San Carlos, a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Según el reporte técnico proporcionado, los proyectos registran avances de 78,82 % y 69,52 %, respectivamente, y representan una inversión total de S/ 1.664 millones.

La infraestructura contempla diques, un túnel de 1,5 kilómetros para derivar agua de San Ildefonso hacia San Carlos, canales de conducción de 12,85 kilómetros y defensas ribereñas en 17,2 kilómetros del río Moche. Se estima que el proyecto beneficiará a más de 750.000 habitantes de siete distritos y a unas 9.000 unidades productivas públicas y privadas.

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Tras este encuentro, la entidad recordó que la gestión del riesgo de desastres requiere coordinación entre los distintos niveles de gobierno y decisiones tomadas a tiempo. “Anticiparse a la emergencia es la forma más eficaz de proteger la vida, la salud y los bienes de las personas”, remarcó.

La institución exhortó a los gobiernos regionales y locales a poner en marcha sin demoras las medidas preventivas dispuestas por el Ejecutivo. Además, pidió concentrar los esfuerzos en las zonas con mayor exposición y asegurar los recursos necesarios para actuar de inmediato ante una eventual emergencia.

En cuanto a la población, recomendó mantenerse informada mediante las alertas del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), así como cumplir las indicaciones de las autoridades.

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El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, estará a cargo de coordinar la respuesta en Piura y Tumbes, según informó Marco Vinelli, titular de Desarrollo Agrario y Riego y presidente de la comisión gubernamental encargada de estas acciones.

Como parte del despliegue, batallones del Ejército acompañan los trabajos con maquinaria pesada para limpiar y descolmatar ríos. Belaunde precisó que la Marina de Guerra también dispone de los buques multipropósito Talara, Pisco, Chimbote, Paita y Tacna, que cuentan con camas hospitalarias, quirófanos y plantas desalinizadoras.

El Ministerio de Defensa, a través del Ejército, interviene actualmente en 20 puntos críticos de ríos en Lima, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad e Ica. Estas labores buscan facilitar el flujo del agua y disminuir el riesgo de desbordes que puedan perjudicar a pobladores, viviendas, terrenos agrícolas e infraestructura.

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La sesión no abordó el tema ante la ausencia de los representantes del bloque de oposición (JP, Ahora Nación, el Partido del Buen Gobierno y Obras), que de esta forma sabotearon la reunión. Sin quórum, fue imposible seguir.

“Por ahora, la sesión se suspendió hasta nuevo aviso”, aseguró el presidente del grupo, Carlos Mesía, de Fuerza Popular (FP).

PROBLEMAS

Todo inició ayer por la mañana cuando la senadora Patricia Iturregui (Buen Gobierno) planteó una cuestión de orden para que el grupo defina cuáles son los límites que tiene el Senado para añadir puntos al dictamen que aprobó la Cámara de Diputados.

El pedido obtuvo seis votos a favor y cinco en contra. Sin embargo, Mesía se equivocó al anunciar que la cuestión se rechazó.

En ese momento, Alejandro Aguinaga (FP) anunció de manera virtual su voto en contra de la cuestión de orden.

Para más de un senador, la postura del fujimorista no era válida porque ya se había cerrado la votación.

El grupo suspendió la sesión, pero la retomó a los 15 minutos.

Mesía anunció que se acordó abrir un debate sobre el término “desnaturalizar”. Sin embargo, este no sería sometido a votación.

La sesión se suspendió una vez más y se intentó retomar un poco después, pero ante la ausencia de algunos legisladores se pospuso hasta la tarde.

INTENTO

A las 5 de la tarde se retomó la sesión.

No había ningún senador del bloque de oposición presente. Sin embargo, asesores ingresaron para dejar un documento, aunque este no fue aceptado por Mesía.

En el escrito se solicitó someter a debate lo aprobado en la Cámara de Diputados.

El oficio tenía las firmas de Iturregui, Ruth Luque (Ahora Nación), Roger Astucuri (Obras), así como el de Hugo Ccahuana, Iber Maraví y Humberto Morales, de JP.

Luego de no recibir el documento, Mesía mostró su disconformidad ante la ausencia de sus colegas.

“Los grupos de izquierda pedían debate y ahora se corren”, reclamó.

Más tarde, la senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) manifestó su molestia.

“¿Por qué no dan la cara? Por qué no vienen y votan en contra, pero que voten. No pueden quedar en una cosa y a la hora de votación ni siquiera vienen”, aseveró.

Se ha previsto que la sesión se retome hoy a partir de las 3 de la tarde.