La audiencia estará a cargo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional y está programada para las 11:00 a.m.

Durante la sesión participarán los abogados del exmandatario y un fiscal superior en representación del Ministerio Público. Vizcarra, quien cumple la sentencia en el penal Barbadillo, podrá intervenir de manera virtual.

La condena fue impuesta tras determinarse que Vizcarra recibió S/ 2.3 millones en sobornos de las empresas Obrainsa e ICCGSA, vinculados a las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, cuando se desempeñaba como gobernador regional.

Con la apelación, la defensa busca que se revoque la sentencia y que Vizcarra sea absuelto de la acusación por cohecho.

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De ese total, hay por lo menos cinco presidencias con legisladores que tienen investigaciones, denuncias o cuestionamientos públicos. Claro está, unos más graves que otros.

Tras una revisión, Correo identificó que el grupo bajo la lupa del cuestionamiento público lo lidera Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), pero además están Catherin Palomino (Juntos por el Perú), José Miguel Marcelo Salazar (Ahora Nacion), Arturo Alegría (Fuerza Popular) y Eduardo Castillo (Fuerza Popular).

Todos ellos presidirán grupos de trabajo con capacidad para dictaminar proyectos, fiscalizar funcionarios y marcar la agenda parlamentaria. ¿Estarán a la altura?

Escandaloso

La Comisión de Energía y Minas, la más ansiada por Juntos por el Perú (JP) por sus vínculos con la minería ilegal, colocó a la cuñada del golpista Pedro Castillo, Yenifer Noelia Paredes Navarro, en su presidencia.

Es un momento clave. Hay todo un debate sobre la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la futura Ley MAPE (Minería Artesanal y a Pequeña Escala), que debe ponerle fin al proceso de registro.

Del proceso de registro del Reinfo es del que se ha aprovechado la minería delictiva que asola al país y que tiene cercanías con JP.

Paredes llega al cargo tras una investigación fiscal que se originó durante el gobierno de Castillo.

El Ministerio Público investiga a la ahora diputada por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.

La Fiscalía le atribuyó ser parte de una presunta estructura destinada a intervenir en procesos de contratación pública y obtener beneficios mediante obras en distintas localidades.

El caso también involucró al entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado; al ex alcalde de Anguía José Nenil Medina, y al empresario Hugo Espino.

La hipótesis fiscal sostuvo que la presunta organización habría intervenido en licitaciones y proyectos públicos en Anguía, Chachapoyas, Chadín y otras localidades de Cajamarca. Algunos medios denominaron el caso como la “Chota Nostra”.

Fue así como, en agosto de 2022, el Poder Judicial dictó treinta meses de prisión preventiva contra Paredes. Sin embargo, luego la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la medida.

#EdiciónCentral
La diputada Yenifer Paredes asumió la presidencia de la Comisión de Energía y Minas en la Cámara de Diputados. La bancada de Juntos por el Perú liderará tres comisiones parlamentarias en medio de diversos cuestionamientos a sus integrantes.
Encuentra las noticias… pic.twitter.com/q42bycZEGm

— América Noticias (@noticiAmerica) August 20, 2026

La llegada de Paredes a Energía y Minas levanta sospechas sobre los intereses de JP.

El abogado especializado en Derecho Ambiental y miembro del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza, explicó a Correo que JP busca un espacio de impulso o control de la minería informal, más allá de la designación de Paredes.

“En principio, Paredes no tiene ningún conocimiento en materia de minería, de ningún tipo”, señaló.

Ipenza advirtió que su falta de experiencia sectorial puede llevar a contratar a asesores que respondan a intereses subalternos.

“Su desconocimiento puede llevarla a rodearse de gente que nuevamente representa los intereses de la minería informal y sea el espacio para impulsar iniciativas que favorezcan a la minería informal y a la minería ilegal disfrazada de informal”, afirmó.

Ipenza exhortó a las demás bancadas a asumir su rol de fiscalización y/u oposición porque la responsabilidad no recaerá únicamente sobre JP por las decisiones que se tomen dentro.

“Los demás partidos son corresponsables de lo que suceda en esta comisión porque de alguna manera han permitido que esto suceda”, enfatizó.

Escrutinio

Otra correligionaria de JP bajo la lupa es Catherin Norma Palomino Casavilca, quien asumirá la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La diputada de izquierda afronta cuestionamientos por sus más de 60 visitas al expresidente Castillo en el penal de Barbadillo, entre octubre de 2024 y febrero de 2026, según registros corroborados por la prensa.

Incluso, algunas visitas se produjeron durante su horario laboral en el Congreso, aunque Palomino sostuvo que acudió como abogada del exmandatario.

La legisladora fue denunciada por presuntamente amenazar y exigir dinero a familiares de Castillo, lo que ha generado pedidos para que la Comisión de Ética evalúe estos hechos.

Palomino enfrenta además otro cuestionamiento por un taller textil instalado en su vivienda de Huancavelica sin licencia, según el dominical Cuarto Poder.

Otro presidente de comisión bajo lupa es José Miguel Marcelo Salazar, de Ahora Nación, quien liderará la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

Según medios locales de Áncash, el legislador registra casi 20 denuncias en el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción en agravio del Estado.

Los casos incluyen acusaciones por concusión, colusión, peculado, defraudación patrimonial, omisión, abuso de autoridad y usurpación.

Los cuestionamientos estarían relacionados con su paso por la administración pública durante la gestión del exalcalde de San Marcos, Christian Palacios.

También está Arturo Alegría García, quien presidirá la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad por Fuerza Popular (FP).

Como se recuerda, el parlamentario fue denunciado ante la Comisión de Ética por un presunto ‘lobby’ a favor de Repsol durante las investigaciones por el derrame de petróleo en Ventanilla.

La denuncia surgió después de que Alegría promoviera una cuestión previa para devolver el informe sobre el desastre ambiental. Además, también recibió cuestionamientos por su gestión anterior de la Comisión Especial Bicentenario, que gastó más de S/137 mil en 4 sesiones.

Finalmente, Eduardo Enrique Castillo Rivas también de FP, quien asumirá la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, fue denunciado en 2022 por su entonces esposa por presunta violencia psicológica.

El caso llegó hasta Ética después de que un juzgado de familia dictara medidas de protección a favor de la denunciante.

Repetición

Los procesos penales contra Cerrón Rojas comparten determinadas características. En ambos se le acusa de colusión por la presunta concertación ilegal con dos consorcios, uno en cada caso, en torno a obras públicas.

En el primer juicio, la Fiscalía pide nueve años de prisión y el mismo lapso de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, enfrenta un pedido de reparación civil de S/3,680,241. Según la tesis fiscal, Cerrón concertó de forma ilícita con el consorcio Mrayan, a través de su gerente general Henry López, para defraudar patrimonialmente al Estado.

“Esta concertación se habría producido al viabilizar la ejecución del proyecto de mejoramiento de la carretera Chucuró - Vista Alegre de Chicche - Ongos Alto - Huaycancha bajo la modalidad de Asociación Público Privada”, indica. La audiencia más reciente se realizó el último martes 18. Cerrón estuvo presente de forma virtual y negó los cargos.

También asistió a la audiencia de su otro juicio oral, realizado ayer, por el caso “Sistema eléctrico de Betania”. En este proceso, la Fiscalía sostiene que Cerrón “concertó ilegalmente con el representante del Consorcio Eléctrico Perú para aprobar la prestación adicional de la obra N° 1 por un monto de S/1,236,484”.

Este proyecto de electrificación de ocho localidades de la cuenca del río Tambo “carecía de sustento técnico y legal” de acuerdo al MP. Por ello, pide siete años de prisión y el mismo periodo de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Procuraduría, en tanto, exige un pago solidario de S/4,158,722 por daño patrimonial y extrapatrimonial.

Los diputados exigieron la renuncia del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y una mayor acción por parte del ministro del Interior, César Astudillo, a quien evalúan interpelar.

Crisis

En una conferencia de prensa, el vocero de Ahora Nación, César Holguín, sostuvo que su bancada “exige que se atienda, con carácter de inmediato, los reclamos que tiene la sociedad”. A su turno, el también diputado Harvey Colchado exigió que Arriola sea retirado del cargo.

“¿En qué momento se ha reducido la extorsión? En ningún momento. No tiene, lamentablemente para los ciudadanos, una estrategia adecuada. El señor general tiene que renunciar ya. El ministro del Interior no se debe dejar engañar”, afirmó.

Agregó que los policías “no tienen ni un sol para gastos de Inteligencia; para el papel, reparar los carros o pagar el internet” y llamó la atención sobre la Ley 32490, que creó un grupo de trabajo contra la extorsión y el sicariato, conformado por el Poder Judicial, la Fiscalía y la PNP.

“Lo han reglamentado sin presupuesto y de forma progresiva. (…) ¿Por qué la empresa Meta, dueña de Whatsapp, no está en Perú y sí en Brasil? Esa norma de hace ocho meses prevé ello. ¿Qué ha hecho el general Arriola que no ha coordinado? (...) Ese trámite con Meta (es necesario) para poder interceptar las redes sociales de los extorsionadores”, enfatizó.

“Todos los días hay muertos, seis por día. Esto tiene que parar ya. Déjense asesorar”, puntualizó.

El presidente de la comisión, Henry Albañil, informó que la denuncia fue presentada por el diputado Cristian Aranda Vázquez y que ya fue notificada al legislador señalado.

Como parte del procedimiento, el grupo de trabajo dará inicio a las diligencias correspondientes para evaluar el caso.

Aranda solicitó que, de comprobarse la responsabilidad, se imponga a Pérez Mallqui la máxima sanción contemplada: 120 días de suspensión sin goce de haber.

El caso se produce luego de que Pérez Mallqui fuera detenido el pasado 30 de julio en la comisaría de San Miguel tras una denuncia por presunta agresión física. Días después, el parlamentario afirmó que la acusación de su expareja se originó por “un tema de cólera” y calificó el incidente como confuso.

Durante la misma sesión, el diputado Javier Cipriani, de Renovación Popular, planteó que los integrantes de la Comisión de Ética informen sobre sus antecedentes, incluidas investigaciones fiscales y procesos judiciales o administrativos.

La propuesta fue aprobada por unanimidad con el objetivo de evaluar la idoneidad de los miembros del grupo de trabajo.

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La votación registró 18 votos a favor y definió la conducción de este grupo de trabajo para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

La nueva mesa directiva estará integrada también por Rosangella Barbarán Reyes, de Fuerza Popular, quien ocupará la vicepresidencia, y Juan Cabrera Nieto, del Partido Cívico Obras, como secretario. Salazar señaló que la comisión mantendrá una disposición abierta al diálogo con sus integrantes y con quienes acudan para presentar sus propuestas.

“Hemos entendido que quizás existan discrepancias, pero tenemos que buscar la unidad, comprendiendo que no significa, necesariamente, unanimidad. Los invito, respetuosamente, a buscar los valores compartidos que nos unen, a pensar en un sueño más grande para nuestro país”, manifestó durante su intervención.

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Según el reporte institucional, se identificaron cinco movimientos bancarios no reconocidos que comprometieron los fondos de la red asistencial. Las primeras investigaciones apuntan a un presunto fraude informático mediante accesos no autorizados a equipos de la entidad y una posible suplantación de identidad.

El caso fue remitido a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Red Prestacional Lambayeque.

Ante el presunto desvío de fondos públicos, EsSalud también presentó denuncias penales ante la Policía Nacional y el Ministerio Público para determinar cómo se ejecutaron las operaciones e identificar a los responsables.

Asimismo, la administración de la Red Prestacional Lambayeque presentó un reclamo urgente ante Scotiabank para solicitar el bloqueo de las cuentas receptoras y facilitar el rastreo de las transacciones, con el objetivo de recuperar el dinero sustraído.

#Comunicado | EsSalud informa: pic.twitter.com/2505Ryt7PI

— EsSalud Perú (@EsSaludPeru) August 19, 2026

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La decisión fue tomada tras la inasistencia de su defensa técnica. El juez Wilson Verástegui Gálvez ordenó notificar al procesado y le otorgó 24 horas para acreditar a un nuevo abogado defensor que participe en el proceso.

El juzgado señaló que la medida busca garantizar el derecho a la defensa y evitar que la etapa intermedia, previa al juicio oral, se prolongue. Si Cerrón no acredita un abogado particular dentro del plazo establecido, se procederá a designarle un defensor público.

El requerimiento fiscal contempla una solicitud de 25 años de prisión contra el fundador de Perú Libre. La acusación se encuentra vinculada a un proceso sustentado en el auto de enjuiciamiento emitido en octubre de 2025 por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo de Huánuco.

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La propuesta plantea que el licenciamiento pueda renovarse por periodos iguales, siempre que las universidades acrediten nuevamente el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad mediante un procedimiento de evaluación a cargo de la Sunedu.

Actualmente, la Ley Universitaria establece que el licenciamiento tiene carácter permanente, condicionado al cumplimiento continuo de las condiciones básicas de calidad.

La iniciativa busca reemplazar este esquema por evaluaciones periódicas para verificar el mantenimiento de los estándares educativos.

Asimismo, el proyecto propone que las universidades sean sometidas a evaluaciones periódicas e inopinadas, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio educativo y la transparencia en el uso de recursos públicos.

De aprobarse la modificación, las universidades deberán solicitar la renovación de su licenciamiento dentro del plazo establecido por la normativa vigente y someterse al proceso de evaluación correspondiente antes de obtener una nueva autorización por cinco años.

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Cabe mencionar que la acusación está relacionada con la contratación de Anatoly Bedriñana Córdova como consultor FAG en 2024.

Según la investigación, los hechos se remontan al 16 de abril de 2024, cuando Santiváñez era jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior. La Fiscalía sostiene que habría coordinado de manera irregular la incorporación de Bedriñana y gestionado su currículum para continuar con el proceso de contratación.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicitó 23 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la pérdida de títulos honoríficos. El requerimiento también alcanza a otros exfuncionarios vinculados al caso.

Para Anatoly Bedriñana Córdova, la Fiscalía pidió cinco años de prisión efectiva y 15 años de inhabilitación, mientras que para el exviceministro Julio Díaz Zulueta solicitó cuatro años de prisión y 10 años de inhabilitación.

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La instalación se realizó en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución y del artículo 87 del Reglamento del Congreso, que establecen que la Comisión Permanente funciona durante el receso del Senado y la Cámara de Diputados.

El grupo está integrado por 14 senadores y 14 diputados, además de los cuatro miembros natos de la Mesa Directiva del Senado y los cuatro de la Cámara de Diputados. Durante la sesión se dieron a conocer las normas que regulan su conformación y atribuciones, tras lo cual Miguel Torres declaró formalmente instalada la comisión.

Entre sus principales funciones se encuentran aprobar créditos suplementarios y modificaciones presupuestales durante el receso parlamentario, así como ejercer las facultades legislativas que le sean delegadas por el Congreso.

Sin embargo, la Comisión Permanente no puede recibir facultades para aprobar reformas constitucionales, tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes autoritativas de delegación de facultades al Poder Ejecutivo, la Ley de Presupuesto ni la Cuenta General de la República. También puede autorizar al presidente de la República a salir del país durante el receso parlamentario.

Se instaló la Comisión Permanente del Congreso para el periodo 2026-2027.

La sesión, a cargo del presidente Miguel Ángel Torres Morales, comenzó con la lectura de las competencias del fuero legislativo según la Constitución y el Reglamento del Congreso.

📰Nota completa:… pic.twitter.com/XicCKD2VLq

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 20, 2026

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Javier Cipriani sostuvo que la comisión debe actuar bajo criterios de ética, moral y deontología, y cuestionó que algunos parlamentarios pretendan restar importancia a la labor del grupo. Durante su intervención, mencionó los casos de los diputados Julián Pérez Mallqui, Remigio Condori, César Tito Rojas y Catherin Palomino.

“Las personas tenemos que ser, si queremos que este país cambie, dar el ejemplo”, señaló Cipriani, quien remarcó que la Comisión de Ética debe garantizar una evaluación responsable de la conducta de los legisladores y no convertirse en un espacio meramente protocolar.

“Propongo presentar un file con nuestra hoja de vida en la siguiente sesión, donde figuren nuestros antecedentes y, especialmente, cual.quier proceso fiscal, judicial o administrativo que pudiera ser relevante para evaluar nuestra idoneidad para integrar esta comisión”, indicó

La Comisión de Ética es presidida por el diputado Henry Albañil Carmona, del Partido Cívico Obras, quien fue elegido por unanimidad el pasado 14 de agosto para el periodo de sesiones 2026-2028. La mesa directiva la integran además Jessica Pérez Quispe, de Juntos por el Perú, como vicepresidenta, y Harvey Colchado Huamaní, de Ahora Nación, como secretario.

Tras su instalación, Albañil Carmona indicó que la comisión se enfocará en evaluar la conducta parlamentaria, informar sobre los procedimientos en curso y dar prioridad a las denuncias que ya fueron presentadas para su correspondiente trámite.

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El anuncio se realizó durante una reunión con la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú, en la sede del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), donde la mandataria subrayó la necesidad de trabajar en tres etapas: preparación, emergencia y rehabilitación.

De los S/800 millones, S/450 millones se destinarán a intervenir 380 puntos críticos en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Arequipa, mediante defensas ribereñas y limpieza de cauces. Los otros S/350 millones financiarán, vía decreto supremo en los próximos días, acciones específicas para enfrentar la sequía y la escasez hídrica.

Núcleos ejecutores y “servicios por impuestos”

Para el sector agrario, se asignarán S/45 millones a núcleos ejecutores conformados por juntas, comisiones y comités de usuarios, que realizarán limpieza y mantenimiento de canales en regiones como Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Piura y San Martín.

Adicionalmente, el Gobierno impulsará la modalidad de “servicios por impuestos”, con la que empresas privadas ejecutarán trabajos de descolmatación y limpieza de cauces, y el Estado reconocerá esos servicios una vez aprobado el dispositivo legal correspondiente.

Fujimori recordó que ya existe una comisión multisectorial para enfrentar El Niño, presidida por el titular del Midagri e integrada por los ministros de Defensa; Economía y Finanzas; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Transportes y Comunicaciones.

El ministro Marco Vinelli precisó que el decreto de urgencia publicado recientemente permite avanzar con la instalación de geomallas en quebradas vulnerables y con intervenciones de la ANA, como parte de un proceso progresivo de atención de puntos críticos.

Según Vinelli, se irán aprobando nuevos “paquetes” de presupuesto para continuar con limpiezas de ríos y de la caja hidráulica antes del periodo de mayor intensidad de lluvias, en línea con las acciones tomadas durante los primeros 21 días de Gobierno.

“Sabemos que el fenómeno El Niño será un momento muy difícil para nuestro país, pero también sabemos que, trabajando en equipo, de la mano y directamente con ustedes, podremos enfrentar mejor la adversidad”, manifestó la presidenta.

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El Gobierno peruano coordina con diferentes agencias de Estados Unidos una hoja de ruta para recibir ayuda destinada a la prevención, mitigación y respuesta frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño en el país, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

El canciller explicó que representantes peruanos presentaron ante funcionarios estadounidenses un diagnóstico sobre los riesgos y necesidades del país durante una reunión desarrollada en Florida, en la que participaron el Comando Sur y otras agencias de Estados Unidos.

Según Espá, ambas partes coincidieron en la identificación de los principales riesgos asociados al evento climático, entre ellos posibles desbordes de ríos y activación de quebradas.

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Ayuda de Estados Unidos llegaría antes de las lluvias

Espá señaló que el objetivo es modificar la dinámica aplicada en emergencias anteriores y gestionar la cooperación internacional antes de que comiencen las lluvias y se produzcan eventuales daños.

“Vamos a hacer una hoja de ruta para que toda la ayuda llegue en el momento preciso y no pedirla cuando ya haya ocurrido el desastre”, declaró el ministro.

De acuerdo con el canciller, durante las próximas semanas se avanzará en la coordinación con las agencias estadounidenses para establecer los recursos y mecanismos de cooperación.

La asistencia podría incluir equipamiento, transferencia de conocimientos, fortalecimiento de capacidades, sobrevuelos y apoyo para la preparación y respuesta ante emergencias, según la información proporcionada por Espá.

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Perú advierte posible confluencia de El Niño costero y global

El titular de Relaciones Exteriores sostuvo que existe la posibilidad de una confluencia entre El Niño costero y El Niño global, escenario ante el cual consideró necesario fortalecer las acciones preventivas.

Espá indicó que el propósito de la planificación es reducir los riesgos para la población y la infraestructura y evitar retrasos en la llegada de asistencia internacional.

El canciller también destacó la reunión sostenida en Florida con el Comando Sur de Estados Unidos y representantes de agencias estadounidenses, y señaló que la experiencia generó interés de otros países.

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Buque hospital USNS Comfort llegaría al Perú en febrero

Durante la conferencia de prensa, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, anunció que está prevista la llegada del USNS Comfort, un buque hospital de la Armada estadounidense, en febrero.

Navarro vinculó el despliegue previsto con las acciones de preparación ante el periodo en el que se proyectan mayores efectos del fenómeno climático.

“Vamos a traer el USNS Comfort, que es un buque militar y hospital flotante que vendrá al Perú en el mes de febrero”, declaró el diplomático.

El embajador calificó además de histórica la reunión desarrollada entre representantes del Perú, el Comando Sur y las agencias estadounidenses involucradas en las coordinaciones.

Delegación viajará a Piura ante riesgos por El Niño

Navarro adelantó también que una delegación viajará a Piura, región considerada entre las zonas que podrían enfrentar mayores impactos ante un escenario de lluvias intensas.

El desplazamiento forma parte de las acciones anticipadas de coordinación para determinar las necesidades locales y preparar una eventual respuesta.

La hoja de ruta anunciada por ambos países deberá precisar en las siguientes semanas el tipo de equipamiento y asistencia que Estados Unidos proporcionará al Perú, así como el cronograma para su llegada.

La Cámara de Diputados designó a Yenifer Paredes, parlamentaria de Juntos por el Perú (JPP), como presidenta de la Comisión de Energía y Minas para el actual periodo parlamentario.

Paredes, hermana de la ex primera dama Lilia Paredes y familiar del expresidente Pedro Castillo, asumirá la conducción de un grupo de trabajo que tendrá entre sus temas de agenda asuntos relacionados con la actividad minera, la formalización y las medidas frente a la minería ilegal.

Comisión abordará Reinfo y formalización minera

La designación se produce en medio del debate político sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y las medidas adoptadas para enfrentar las actividades mineras ilegales.

La Comisión de Energía y Minas constituye uno de los espacios parlamentarios en los que se discuten y dictaminan iniciativas legislativas relacionadas con los sectores energético y minero.

Durante el actual periodo, el tratamiento de la formalización minera se mantiene entre los asuntos de interés debido a las decisiones legislativas adoptadas previamente sobre el Reinfo y al debate sobre las herramientas del Estado para combatir la minería ilegal.

Yenifer Paredes y las investigaciones que afrontó desde 2022

Yenifer Paredes alcanzó notoriedad pública en 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo, luego de que un reportaje de Cuarto Poder difundiera imágenes en las que aparecía participando en una reunión con pobladores del distrito de Chadín, en Cajamarca.

En las imágenes, Paredes aparecía ofreciendo gestionar obras de saneamiento mientras utilizaba un chaleco que llevaba el nombre de una empresa.

El caso generó investigaciones fiscales y cuestionamientos sobre presuntos delitos, entre ellos tráfico de influencias. La referencia a estas investigaciones no implica una determinación de responsabilidad penal.

Heber López es secretario de la Comisión de Constitución

En paralelo, quedó instalada la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en cuya directiva fue designado como secretario el parlamentario Heber López.

Su designación ocurre después de que fuera retirado de la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, en medio de cuestionamientos relacionados con una denuncia por una presunta agresión sexual contra un menor de 14 años.

La existencia de una denuncia o investigación no determina por sí misma responsabilidad penal, la cual debe ser establecida por las autoridades competentes mediante el procedimiento correspondiente.

La Comisión Permanente del Congreso de la República se instalará este miércoles 19 de agosto a las 6:00 p.m., informó el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales.

El anuncio fue realizado al término de la sesión del Pleno del Senado, en la que se aprobó la nómina de integrantes de este órgano parlamentario para el periodo anual de sesiones 2026-2027.

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Comisión Permanente tendrá 32 integrantes

La Comisión Permanente estará conformada por 28 parlamentarios, a quienes se sumarán los cuatro miembros natos de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, con lo que alcanzará un total de 32 integrantes.

Su funcionamiento está contemplado en el artículo 101 de la Constitución Política del Perú y en el artículo 87 del Reglamento del Congreso.

De acuerdo con estas disposiciones, la Comisión Permanente funciona durante el receso del Senado y de la Cámara de Diputados.

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¿Cuáles son las funciones de la Comisión Permanente?

Entre sus atribuciones se encuentra aprobar créditos suplementarios, así como transferencias y habilitaciones del presupuesto durante el receso parlamentario.

También puede ejercer las facultades legislativas que le delegue el Congreso. Sin embargo, existen materias que no pueden ser delegadas a este órgano.

Entre ellas se encuentran la reforma constitucional, la aprobación de tratados internacionales y leyes orgánicas, así como las leyes que autorizan la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Tampoco pueden delegarse la Ley de Presupuesto ni la Ley de la Cuenta General de la República.

Puede autorizar viajes del presidente durante el receso

Otra de las atribuciones de la Comisión Permanente es autorizar al presidente de la República a salir del país cuando el Congreso se encuentra en receso parlamentario.

Además, el órgano ejerce las demás funciones establecidas en la Constitución Política y en el Reglamento del Congreso.

Con su instalación este miércoles, la Comisión Permanente correspondiente al periodo anual de sesiones 2026-2027 quedará constituida para ejercer las atribuciones previstas en el marco constitucional y parlamentario.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirmó que la moción de interpelación presentada en su contra planteada por el Congreso constituye parte del ejercicio de fiscalización parlamentaria. En ese sentido, aseguró que acudirá al pleno para responder las interrogantes de los diputados si el pedido obtiene la aprobación correspondiente.

“Estoy a la espera de que se programe del pleno, que se vote, si se aprueba la moción de interpelación, iré a contestar con la mejor voluntad las preguntas de la representación nacional”, expresó.

Sobre el paro de transportistas previsto para el 25 de agosto, Belaúnde reconoció la legitimidad de las demandas del sector, al considerar que durante años ha estado expuesto al sicariato y la extorsión. No obstante, pidió tener en cuenta que el actual Gobierno apenas lleva 18 días de gestión y afirmó que ya se preparan acciones para combatir la criminalidad.

“Yo lo que creo es que la población está en una situación y con una sensación de peligro que no es. Es una situación que hemos heredado y que estamos trabajando en combatir. Vamos a implementar una serie de medidas. Necesitamos también modificar el marco legal para permitir, por ejemplo, una acción mucho más decidida”, sostuvo.

El ministro explicó que el Ejecutivo prepara cambios en el marco legal con el objetivo de fortalecer la respuesta frente a las organizaciones criminales. Asimismo, señaló que una parte de estas medidas dependerá de las facultades legislativas delegadas que el Gobierno solicitará al Congreso.

“Entiendo que la situación y el reclamo es legítimo porque entiendo la indignación de tantos años expuestos al sicariato y a la extorsión. nacional, pero el gobierno está tomando y va a tomar cartas en el asunto, parte de esa solución va a estar en la solicitud de facultades delegadas”, indicó.

Belaúnde resaltó también las coordinaciones entre las instituciones responsables de la seguridad. Detalló que el Consejo de Inteligencia Nacional convocó a representantes de los distintos organismos de inteligencia del Estado, así como a los ministros de Justicia, Relaciones Exteriores, Interior y Defensa, al comandante general de la Policía y otros funcionarios. Además, señaló que el Ejecutivo mantiene reuniones de trabajo con el Ministerio Público y la Policía Nacional.

El senador de Juntos por el Perú, Jaime Quito, respaldó la designación de la diputada Catherin Palomino como presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, pese a los cuestionamientos surgidos por el funcionamiento de un taller textil de su propiedad en Huancavelica.

Durante una entrevista con Canal N, Quito defendió la capacidad de Palomino para asumir la conducción de una comisión parlamentaria, al igual que sus colegas elegidos para el periodo 2026-2031.

“A mí no me ha generado ninguna controversia sino me parece que primero lo que tenemos que ver claramente que los 130 diputados como los 60 senadores estamos en el uso de nuestras facultades”, manifestó.

“El pueblo nos ha otorgado llegar a este recinto del Palacio Legislativo y podemos asumir las funciones en cada una de las comisiones y también asumiendo las presidencias y más aún que la diputada Catherine Palomino también es abogada”, resaltó.

De acuerdo con un informe de Cuarto Poder, el taller textil de la diputada de Juntos por el Perú no tendría licencia ni permisos de funcionamiento, además de presentar presuntas deficiencias en materia de seguridad ante una eventual emergencia. Al ser consultado sobre el tema, Quito indicó que desconoce si la legisladora ya inició las gestiones para regularizar el establecimiento.

Quito sostuvo que la informalidad es una problemática extendida en el país y señaló que muchos emprendimientos aún operan sin formalizarse. En ese sentido, planteó que el Estado debe atender las causas estructurales de esta situación, entre ellas, las trabas burocráticas que dificultan la regularización de los pequeños negocios.

Cuestionada Catherine Palomino lidera Justicia

La cuestionada diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú (JP), fue elegida presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

La acompañarán en la mesa directiva el diputado Edgar Gonzales, del Partido del Buen Gobierno (PBG), como vicepresidente, e Indira Huilca, de Ahora Nación (AN), como secretaria.

La elección de Palomino ocurre en medio de cuestionamientos por su vinculación con el expresidente Pedro Castillo, a quien ha visitado múltiples veces en el penal de Barbadillo y presuntos mensajes amenazantes a familiares del exmandatario.

Además, el último domingo, Cuarto Poder reveló que la diputada tiene un negocio textil que opera sin licencia en Huancavelica.

Tras conocerse la decisión, el vocero de JP, Marcos Zunini, fue consultado por el tema, pero se negó tajantemente a declarar a la prensa.

La diputada Cecilia Chacón afirmó que esa decisión fue exclusiva de JP pero advirtió un cisma. “Tengo entendido que hay muchos dentro de la bancada de JP que están en desacuerdo y, por lo que me han dicho, no se les ha consultado”, aseveró.

Diego Bazán, también diputado, advirtió un conflicto de intereses. “El proceso de Pedro Castillo es un proceso más que político, es un proceso penal; entonces va a haber ahí ciertas ventajas e incluso, diría yo, un conflicto de interés”, sostuvo.

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La Cámara de Diputados también eligió a los presidentes de otras cuatro comisiones.

En Acusaciones Constitucionales, Daniel Varas (JP) asumió la presidencia. Defensa Nacional será dirigida por Gustavo Segura (RP), Eduardo Castillo (FP) liderará la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y José Palma (FP) estará al frente de Producción, Comercio Exterior y Turismo.

El anuncio hizo que la institución volviera a cobrar relevancia en medio de las emergencias por fenómenos climatológicos. No solo el desempeño de sus funcionarios está bajo escrutinio, sino también la gestión de recursos y fondos designados a sus trabajadores.

FESTÍN. Tres meses antes de lo ocurrido el último fin de semana, Sedapal estableció una nueva política remunerativa para sus trabajadores. El documento, oficializado el 18 de mayo último, registra más de siete beneficios económicos por “convención colectiva”, es decir, por acuerdo con sus sindicatos, otro grupo de 17 “beneficios no económicos” y un aumento en las remuneraciones.

Es decir, todo lo antes citado se asigna a los trabajadores además de lo ya contemplado por la ley: remuneraciones (doce al año), gratificaciones en julio y diciembre, CTS, pago por horas extra, utilidades, asignación familiar y un aguinaldo por navidad (vales).

En el grupo de los beneficios económicos figura una “gratificación vacacional”, equivalente a una remuneración mensual y otorgada a todos los trabajadores por concepto de vacaciones. A ello se suma la “asignación escolar”, destinada a quienes mantengan vínculo laboral con la empresa al 31 de enero de cada año.

Otro concepto es la “asignación por alimentos”, un beneficio remunerativo que corresponde por cada día efectivo de trabajo. Su finalidad, según la información consignada, está vinculada directamente con la labor realizada durante la jornada diaria. “El abono del concepto se realiza en forma mensual”, según se lee.

En el rubro “asignación familiar”, además del equivalente al 10% de la Remuneración Mínima Vital (RMV) –según dicta la norma–, se otorga adicionalmente “un importe por ‘carga’, para el cónyuge, cuyo pago es mensual”. Es decir, se paga un monto extra si la pareja del trabajador ostenta una condición especial que implique un gasto.

Pero no es suficiente. La lista también contempla los “bonos por IECM (Incentivo Económico por Cumplimiento de Metas)” cada tres meses. El monto a entregarse está condicionado al cumplimiento de las metas de la empresa, del equipo y de cada trabajador, además del Plan Operativo Institucional (POI).

“Este concepto remunerativo se otorga en forma trimestral previo cumplimiento y autorización del FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado)”, la institución que gestiona actualmente Sedapal en coordinación con el Ministerio de Vivienda.

Luego, figura el denominado “Pago por riesgo de caja”. Este se otorga a los “trabajadores que desempeñan el puesto de cajero operativo” de forma mensual. Del lado contrario, una vez al año, se brinda la llamada “Bonificación por balance”. Este “aplica a los trabajadores que laboran en la formulación de los Estados Financieros (Gerencia de Finanzas)”.

MÁS CASOS. La política remunerativa de Sedapal también contempla un grupo de “beneficios no económicos”. Los trabajadores reciben una asignación por alumbramiento (S/1025), guardería infantil, seguro de vida, gastos de sepelio, movilidad por sepelio de trabajador fallecido, licencia por onomástico (día libre pagado), capacitación, comedores y un programa médico familiar, pero no son estos los conceptos que destacan en dicha lista.

Uno de estos involucra a los hijos de los trabajadores de la entidad. En materia de prácticas pre profesionales y profesionales, Sedapal se compromete a otorgarlas “preferentemente a los hijos de los trabajadores”, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Sumado a ello, la planilla también puede acceder a préstamos personales, equivalentes a tres gratificaciones por cada una, por conceptos de “retorno vacacional”, “por adquisición, construcción y/o remodelación de vivienda única” y “por estudio universitario y de post grado (maestría o doctorado) del trabajador/a o hijos/as”.

AUMENTOS. La banda remunerativa que ostentaba Sedapal en el año 2022 sufrió cambios a mayo de este año, incrementándose en distintos cargos.

Los sueldos del gerente general (S/17 500), el gerente de Línea (S/15 800) y el de Jefe de Equipo (S/10 000) no presentan variaciones. De acuerdo a los datos expuestos por Sedapal, siete personas se desempeñan en el segundo puesto en la lista, mientras que otros 46 trabajan en el último puesto antes descrito.

El aumento se registra para los “especialistas”, que antes percibían S/6920 y ahora S/7290, un incremento de S/370, con 215 trabajadores en dicho puesto a mayo del 2026. Le siguen los “analistas principales”, que pasaron de una remuneración de S/5300 a S/5670, un aumento de S/370, con 223 trabajadores en dicha condición; y el grupo de “analistas/asistentes” (391) que, en promedio, pasaron de cobrar S/4300 a S/4670. Un asistente u oficinista (53), en tanto, percibe S/3896 (ver infografía).

Por otro lado, la política remunerativa de Sedapal también destaca por invocar con insistencia el cumplimiento de la Ley N° 30709 (Ley de Equidad Salarial), su reglamento y la Ley N° 28983 (Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres). Sin embargo, la planilla que consigna arroja un total de 1742 hombres (72.4%) frente a un grupo de 665 mujeres (27.6%), de un total de 2407 colaboradores.

La acompañarán en la mesa directiva el diputado Edgar Gonzales, del Partido del Buen Gobierno (PBG), como vicepresidente, e Indira Huilca, de Ahora Nación (AN), como secretaria.

La elección de Palomino ocurre en medio de cuestionamientos por su vinculación con el expresidente Pedro Castillo, a quien ha visitado múltiples veces en el penal de Barbadillo y presuntos mensajes amenazantes a familiares del exmandatario.

Además, el último domingo, Cuarto Poder reveló que la diputada tiene un negocio textil que opera sin licencia en Huancavelica.

Tras conocerse la decisión, el vocero de JP, Marcos Zunini, fue consultado por el tema, pero se negó tajantemente a declarar a la prensa.

La diputada Cecilia Chacón afirmó que esa decisión fue exclusiva de JP pero advirtió un cisma. “Tengo entendido que hay muchos dentro de la bancada de JP que están en desacuerdo y, por lo que me han dicho, no se les ha consultado”, aseveró.

Diego Bazán, también diputado, advirtió un conflicto de intereses. “El proceso de Pedro Castillo es un proceso más que político, es un proceso penal; entonces va a haber ahí ciertas ventajas e incluso, diría yo, un conflicto de interés”, sostuvo.

Más

La Cámara de Diputados también eligió a los presidentes de otras cuatro comisiones.

En Acusaciones Constitucionales, Daniel Varas (JP) asumió la presidencia. Defensa Nacional será dirigida por Gustavo Segura (RP), Eduardo Castillo (FP) liderará la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y José Palma (FP) estará al frente de Producción, Comercio Exterior y Turismo.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) estará a cargo de intervenir 70 puntos considerados críticos en distintos cauces de ríos y quebradas. Las labores incluyen limpieza, descolmatación y construcción de bordos de protección para disminuir el riesgo de inundaciones.

Para estas intervenciones se asignó un presupuesto de 129 millones 400 mil soles, destinado a sectores ubicados en distritos declarados en emergencia de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. En estas zonas se utilizará maquinaria adquirida previamente para ejecutar los trabajos.

La medida se sustenta en los reportes del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), que advierten que el calentamiento del mar persistirá al menos hasta abril de 2027.

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La construcción de esta unidad forma parte de un proyecto orientado a ampliar la capacidad de abastecimiento y sostenimiento de la Marina.

La iniciativa también contempla la generación de puestos de trabajo, la formación de personal especializado y el fortalecimiento de proveedores nacionales.

El proyecto busca además impulsar la innovación tecnológica y elevar la competitividad de la industria naval peruana.

En la ceremonia también participan el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa; el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; el comandante general de la Marina, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado; así como autoridades civiles y militares, representantes del sector Defensa y personal de SIMA Perú.

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El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que los actuales altos mandos de la Policía Nacional permanecerán en sus cargos mientras mantengan resultados en la lucha contra la criminalidad. Asimismo, señaló que el Gobierno viene ajustando las estrategias de seguridad frente al incremento de delitos y amenazas en diversas regiones del país.

En relación con la continuidad del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, el ministro indicó que los actuales altos mandos seguirán desempeñando sus funciones siempre que cumplan con la misión encomendada y alcancen resultados en la lucha contra la criminalidad.

“Mientras sigamos trabajando y sigamos teniendo resultados, van a continuar”, señaló Astudillo, quien indicó que los operativos de la Policía vienen permitiendo desarticular diversas organizaciones criminales.

En su pronunciamiento, Astudillo explicó que cada región cuenta con planes específicos de seguridad, los cuales son evaluados y ajustados de acuerdo con las características y necesidades de cada zona. Precisó que Lima, Loreto y Áncash, por ejemplo, tienen varios planes debido a las particularidades de la criminalidad que enfrentan.

El titular del Mininter destacó que la inteligencia constituye uno de los principales componentes de estas estrategias, pues permite identificar y desarticular organizaciones criminales antes de que concreten sus acciones. No obstante, reconoció que los equipos de inteligencia aún no se encuentran desplegados por completo en todo el territorio nacional.

Astudillo también se pronunció sobre los recientes asesinatos y ataques contra ciudadanos, entre ellos trabajadores del transporte público. Indicó que estos casos están siendo investigados y reconoció la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad. Asimismo, anunció que realizará una nueva evaluación de los planes junto con los generales de la Policía.

Además, el titular del Interior sostuvo que se viene trabajando en el fortalecimiento de la Policía con más recursos y herramientas tecnológicas. Entre ellas, destacó el uso de sistemas de geolocalización y georreferenciación, drones y otros equipos que permitirán mejorar las acciones contra el crimen organizado.

En ese sentido, señaló que el Ministerio del Interior cuenta con el respaldo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y de las Fuerzas Armadas para reforzar las labores de inteligencia y seguridad.

Posteriormente, Astudillo informó que el Gabinete Ministerial acudirá al Congreso para exponer la política general del Gobierno y responder a las interrogantes de los parlamentarios. Además, señaló que la solicitud de facultades legislativas se encuentra en la Presidencia del Consejo de Ministros.

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César Astudillo, ministro del Interior: Mientras sigamos trabajando y teniendo resultados, los altos mandos de la Policía van a continuar

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— Canal N (@canalN_) August 18, 2026

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, respaldó la derogación de la Ley 32645, norma que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú, luego de recibir cuestionamientos de gremios vinculados al sector artístico.

Durante una conferencia de prensa, Beingolea señaló que representantes del sector han solicitado dejar sin efecto la norma aprobada por el anterior Congreso debido a las preocupaciones sobre sus posibles implicancias para el ejercicio y la creación artística.

“A partir de eso, ¿qué cosa va a aportar el Ministerio de Cultura? Para cualquier ley se requiere la opinión del sector; es decir, cualquier ley derogatoria va a solicitar una opinión una opinión del sector Cultura”, declaró

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Ministerio de Cultura elaborará sustento técnico

Beingolea anunció que el Ministerio de Cultura trabajará en la elaboración del sustento técnico necesario para respaldar la derogación de la Ley 32645.

El ministro sostuvo que la posición planteada por los gremios es clara y apunta directamente a que la norma sea retirada del ordenamiento jurídico.

“Ya te puedo adelantar cuál va a ser la opinión, la opinión va a ser: ‘Sí, deróguese’’, con toda la argumentación jurídica que respalde esa posición”, agregó.

La controversia gira en torno a la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú. Según los gremios que cuestionan la legislación, su aplicación podría generar restricciones a la libertad de creación artística.

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Beingolea espera respaldo del Congreso

El titular de Cultura también se mostró confiado en que el pedido pueda recibir un amplio respaldo cuando sea abordado por el Congreso de la República.

Beingolea estimó incluso que podría existir unanimidad entre los parlamentarios para dejar sin efecto la norma.

La eventual derogación, sin embargo, deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente. El Ministerio de Cultura, según adelantó su titular, contribuirá mediante la preparación de los argumentos técnicos que sustenten la propuesta.

El aumento del 15% en las remuneraciones de los trabajadores del Congreso, aprobado durante la gestión del expresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, generó cuestionamientos entre los actuales diputados. La medida fue conocida públicamente luego de que un programa dominical difundiera información al respecto.

El senador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, consideró que Rospigliosi debe explicar los motivos que sustentaron la aprobación del incremento salarial. Asimismo, señaló que corresponde revisar la documentación vinculada con dicha decisión.

“Es un asunto que el expresidente Rospigliosi tendría que responder, es necesario que se revisen estos documentos y los criterios por los cuales se tomó esta decisión. Yo desconozco, hemos tomado conocimiento a raíz del reporte así que debería responder por este aumento”, sostuvo a la prensa.

Muñante sostuvo que el incremento salarial puede ser revisado, aunque enfatizó que primero deben conocerse las razones y criterios que respaldaron su aprobación.

“Todo es revisable, pero necesitamos conocer los fundamentos por los cuales se dio este aumento”, añadió.

Por su parte, el diputado de Ahora Nación, César Holguín, consideró que el incremento salarial debe ser reevaluado. En esa misma línea, indicó que la decisión corresponde a la Mesa Directiva del Congreso, en coordinación con el sindicato de trabajadores.

“Yo creo que se debe reevaluar pero todo está en manos de la mesa directiva y debe mediar un diálogo con el sindicato”, manifestó.

Holguín también cuestionó la administración de los recursos públicos y afirmó que en los últimos años hubo una “farra fiscal”. En ese sentido, propuso revisar las exoneraciones tributarias para recuperar ingresos para el Estado y destinarlos a atender, entre otros temas, los posibles efectos del fenómeno El Niño.

“Había una farra fiscal, eso es cierto y las leyes de iniciativa de gasto creo que han sido revisadas por el TC, eso me parece un gran paso y ahora lo que hay que hacer es recuperar los ingresos del fisco para enfrentar el Fenómeno El Niño”, aseguró.

El parlamentario también cuestionó los beneficios tributarios otorgados a determinados sectores. “No hay igualdad ante la ley, por qué pueden funcionar sectores con exoneraciones tributarias, ningún país lo tiene”, señaló.

Finalmente, Holguín dijo que la Mesa Directiva ya viene abordando el tema del incremento salarial y estimó que en los próximos días se debería contar con un informe que detalle los alcances de la medida.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, se presentará este jueves 20 de agosto, a las 10:00 a.m., ante el pleno de la Cámara de Diputados, acompañado por los integrantes de su gabinete ministerial.

La fecha fue acordada este martes por la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, según informó el Congreso de la República.

Durante la sesión, Galarreta expondrá la política general del Gobierno y las principales medidas de su gestión, tras lo cual los grupos parlamentarios participarán en el debate.

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Debate tendrá una duración de cuatro horas

La Junta de Portavoces estableció que el debate parlamentario tendrá una duración total de cuatro horas.

El tiempo será distribuido proporcionalmente entre los diferentes grupos parlamentarios, informó la Cámara de Diputados a través de sus canales oficiales.

La programación responde a una solicitud presentada previamente por el propio Galarreta al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Óscar Reto.

“Propongo que dicha sesión se lleve a cabo a las 10:00 horas del día 20 de agosto del 2026, según lo coordinado con usted”, señala el oficio enviado por el jefe del gabinete.

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Galarreta expondrá política general del Gobierno

La presentación se realizará en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución Política del Perú, que establece la comparecencia del presidente del Consejo de Ministros ante la Cámara de Diputados acompañado por los demás ministros.

La norma constitucional dispone que esta presentación debe realizarse dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones y tiene como finalidad exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión.

De esta manera, el gabinete encabezado por Galarreta acudirá este jueves al Parlamento para presentar ante los diputados los principales lineamientos que orientarán la gestión del Ejecutivo.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, solicitó este lunes convocar a una sesión del Pleno de la Cámara de Diputados para “exponer y debatir” la política general del Gobierno. La exposición también comprenderá las “principales medidas que orientarán la gestión” del Ejecutivo.

Mediante un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Óscar de Jesús Reto Otero, de la bancada del Partido del Buen Gobierno, el titular de la PCM explicó que la solicitud se realiza “en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política del Perú”.

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El pedido contempla que el Consejo de Ministros, encabezado por Luis Galarreta, acuda al Parlamento este jueves 20 de agosto a las 10:00 a. m., con el propósito de desarrollar la sesión correspondiente.

De acuerdo con el artículo 130 de la Constitución, dentro de los 30 días siguientes a asumir el cargo, el presidente del Consejo de Ministros debe presentarse ante la Cámara de Diputados junto con los demás integrantes del gabinete. En dicha sesión, corresponde exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere la gestión del Ejecutivo.

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A partir de la modificación constitucional aprobada en marzo de 2024, se determinó que, con la entrada en vigencia del sistema bicameral tras las elecciones generales de 2026, la presentación del gabinete ministerial ante la Cámara de Diputados no implicará el planteamiento de una cuestión de confianza.

En ese sentido, la presentación del gabinete ante la Cámara de Diputados busca exponer su programa de gobierno y generar un debate político, sin que ello implique una votación de investidura ni la solicitud automática de respaldo por parte del Parlamento.