Si bien el Ministerio de Economía (MEF) asegura que se usará para “atender prioridades del Estado”, de cada S/100 del crédito, solo S/3 en promedio se usarán para la “preparación y respuesta” al fenómeno de El Niño. Apenas el 3.13% del total del presupuesto.

Fondos

La iniciativa presentada por el actual gobierno fue aprobada con 28 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones el último 30 de junio en la Comisión de Presupuesto, apenas dos semanas después de ser presentada, el 12 de junio.

Según el MEF, el dinero se obtendrá tras recaudar S/4160 millones del tesoro público (Crédito Suplementario y la emisión de Bonos Soberanos) y otros S/5435 millones) provenientes del canon, sobrecanon y regalías. A lo largo del texto, además, se sustenta la necesidad de diversas cantidades de dinero para distintos rubros.

El financiamiento de medidas de prevención ante el fenómeno de El Niño figura en las disposiciones complementarias. Allí se precisa que “se autoriza excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2026”, a utilizar hasta S/300 000 000 “para financiar gastos de capital y gastos corrientes no permanentes, destinados a la preparación y respuesta, frente a los efectos” del evento climático.

Además, se precisa que los fondos no usados o comprometidos a deuda, hasta el 31 de diciembre del 2026, se “revertirán a las cuentas del tesoro público”. Esto recuerda una alerta emitida por la Cámara de Comercio de Lima (CCL). La entidad advirtió a fines de junio último que el 2026 culminará con 11 mil 621 millones de soles sin usar para obras de prevención frente al citado fenómeno climático.

La responsabilidad recae en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), un organismo ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que tiene autonomía administrativa, funcional, económica y financiera.

La ANIN abarca 61 proyectos valorizados en 22 mil 784 millones de soles: 44 con restricciones presupuestales y 6 suspendidos. Según la CCL, hasta el 19 de junio, solo se registraba un avance estimado del 51%.

Gastos

De acuerdo al detalle del dictamen, cinco bloques concentran el 95% del total del crédito suplementario (ver infografía). Los tres primeros montos son los siguientes: S/4 381,9 millones para el “incremento estimado de ingresos de los gobiernos locales”; S/2 390,1 millones para “diversos pliegos del Gobierno Nacional”; y S/1 053,7 millones para el “incremento estimado de ingresos de los gobiernos regionales”.

En el caso de los gobiernos locales y regionales no se trata de una transferencia del Gobierno Nacional, sino de incorporar a sus presupuestos mayores ingresos por concepto de canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduanas, entre otros.

El segundo punto, que aborda los pliegos del Gobierno Nacional, comprende montos llamativos como S/13 000 000, que serán usados para pagarles bonos extraordinarios al “personal que presta Servicio Militar Acuartelado en el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea” (S/300 a cada uno). En este apartado también se encuentran comprendidos los S/300 millones para hacerle frente al fenómeno de El Niño.

También figuran bonos extraordinarios para docentes y auxiliares (S/485 para cada uno) por un total de S/211 millones 823 mil 085.

Finalmente, en el cuarto y quinto lugar figuran S/880,5 millones como concepto de “crédito suplementario para proyectos de gobiernos locales”, y S/379,5 millones para el “crédito suplementario para proyectos de gobiernos regionales”. Estas hacen alusión al dinero que se recibirá del Gobierno Nacional para el financiamiento de proyectos específicos.

Perspectivas

En diálogo con Correo, el economista Rafael Zacnich sostuvo que “si bien hay componentes dirigidos hacia asegurar la consecución de proyectos en el interior del país, lo que más preocupa es que hay un bloque dirigido a medidas remunerativas”.

“El dictamen tiene un tinte bastante populista teniendo en cuenta que este gobierno está de salida. El problema principal no es necesariamente el monto del crédito, sino una ausencia clara de priorización del gasto. El país se está enfrentando ahora a riesgos importantes, por ejemplo, los fenómenos de El Niño costero y global”, indicó.

El gerente de Estudios Económicos de ComexPerú también señaló que “tenemos recursos escasos y unas cuentas fiscales deterioradas, por lo que cada sol que se destina hoy adicionalmente, más aún a pocas semanas del cambio de gobierno, debería atender principales urgencias”.

Además, precisó que si bien hay un resultado positivo en la economía peruana, esto se debe a “los precios internacionales, sobre todo en minería, el dinamismo del sector construcción y la manufactura en general” que “no será sostenible en el tiempo”.

“Llegará un momento en el cual los precios se van a regular y se tendrá que financiar mayor gasto público. La disciplina fiscal merece respeto (…). Pretender financiar gasto corriente, salarios, bonos extraordinarios por temas de contrataciones administrativas y otros es sumamente irresponsable porque no sabes si mañana o más tarde vas a tener esos mismos ingresos para financiarlos”, puntualizó.

Más pagos

Bonos a educación superan S/211 millones

Con S/211,823,095 se pagarán bonos extraordinarios (de S/487 en cada uno) a docentes y auxiliares de educación (nombrados y contratados de las leyes 29944, 30328 y 30493). Estos son ajenos a su remuneración, no tienen carácter pensionable, no forman parte de sus beneficios laborales y no se usarán para calcular su CTS ni bonificaciones, asignaciones o entregas económicas.

¿Cuál considera que debe ser la principal prioridad del gobierno de Keiko durante sus primeros 100 días?

Es realmente generoso que preguntes por los 100 días porque dada la exigencia que existe sobre Keiko Fujimori, difícilmente se le conceda tanto tiempo. En primer lugar, la seguridad. En segundo lugar, un elemento coyuntural como es prever y trabajar frente al ‘Niño Godzilla’, que nos amenaza a todos. Luego, en el plano político e institucional, está la configuración de las cámaras, el reparto de las presidencias y de las mesas de las comisiones, lo que, por el resultado de las urnas, obliga a Fuerza Popular a establecer una negociación con las demás bancadas.

En ese sentido, ¿Fuerza Popular debería presidir las cámaras del nuevo Congreso?

Siendo Fuerza Popular la fuerza más votada, la bancada más grande en el Congreso bicameral, la ambición lógica de un partido es ostentar la presidencia de las dos cámaras. Pero, dado que no tiene la mayoría suficiente, lo lógico será que tenga que negociar por números. La política cameral (sic) se basa en los números. Pero dada la fragmentación, en comparación con el Congreso anterior, este es un parlamento súper sólido, de solo 6 bancadas. Sería intentar presidir, pero como tendría que llegar a acuerdos, probablemente tenga que ceder alguna.

¿Cree que los senadores y diputados deberían darle una especie de “luna de miel” al nuevo gobierno o debe haber un control político intenso desde el primer día?

A un gobierno elegido por el pueblo se le debe permitir arrancar, estructurarse y ponerse en marcha porque representa la voluntad de los ciudadanos. Por eso, siempre se habla de los 100 primeros días. Las cámaras deberían ser generosas, aunque sin dejar de cumplir su mandato constitucional y democrático de ejercer una oposición leal. Además, como ya ha anunciado la presidenta electa, solicitará facultades especiales, limitadas a esos primeros momentos del gobierno. Considero que lo inteligente por parte de la oposición sería concedérselas. En caso contrario, su crítica perdería legitimidad por no haber permitido que el gobierno iniciara democráticamente su gestión.

La presidenta electa ha planteado conformar una “ancha base”, ¿cree que también deberían incluirse sectores que han sido críticos del fujimorismo como los llamados “caviares”?

No. La “ancha base”, de acuerdo con el mandato electoral, significa que el gobierno irá más allá de la militancia. Eso no debería sorprendernos porque hemos visto que en el equipo técnico de Fuerza Popular participan personas cuya trayectoria política ha estado vinculada a otros partidos. Sin embargo, la ciudadanía votó por el proyecto de Keiko Fujimori y su agrupación. Legítimamente, ella debe conformar su gobierno con quienes considere los mejores, no tiene que pagar ningún peaje a los ‘caviares’, a la izquierda o a otros partidos por el resultado obtenido.

Entonces, ¿qué criterios deberían primar al momento de elegir a los ministros?

Deberían escogerse las personas con mayor capacidad, experiencia y trayectoria, siempre que encajen con el proyecto de país que tiene Keiko.

Pero, ¿sería por afinidad política o por tecnocracia?

Un gobierno toma decisiones políticas. Esa idea de que debe ser exclusivamente técnico no es cierta. Las necesidades de un país son infinitas y los recursos son limitados. Decidir cuáles son las prioridades y cuáles deben atenderse primero es una decisión política. Una vez tomada, corresponde ejecutarla. Lo ideal es tener políticos con capacidad técnica, que sepan cómo gestionarse dentro de la administración pública. Por esto, tiene que estar integrado por personas con experiencia, que no tengan que aprender cómo funciona el Estado porque la gestión pública no tiene nada que ver con la gestión empresarial.

En esa línea, ¿usted asesora a Keiko Fujimori?

Soy amigo personal de Keiko Fujimori desde hace 30 años. Cuando me pregunta o me pide una opinión, se la doy. Como ella misma ha señalado en varias entrevistas, escucha mis comentarios, pero las decisiones siempre las toma ella.

¿Ardidos?

El caso más grave es, sin duda, el del presidente peruano. Al jefe de Estado le puede bastar un mensaje en X o cualquier actividad pública para mostrar su talante y emitir un gesto democrático, pero guarda silencio.

De acuerdo a una versión del programa “Beto a Saber”, en la campaña, Balcázar habría dicho que “sobre mi cadáver” Keiko Fujimori sería presidenta.

Pero la postura de Balcázar es compartida por otros gobernantes de izquierda en América Latina. Por un lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien durante “La Mañanera del Pueblo” del 25 de junio, se refirió a la situación electoral en el Perú.

Además, se refirió al asilo de Betssy Chávez en la embajada de México en Lima, donde permanece a la espera del otorgamiento del salvoconducto, medida que, según indicó Sheinbaum, su gobierno espera que sea concedida. Asimismo, reafirmó su posición a favor de la libertad del expresidente Pedro Castillo.

Otro caso es el del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, quien el 8 de junio, tras los comicios de segunda vuelta, dio como ganador a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

“El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori. Ha sido reivindicado Pedro Castillo por el mismo pueblo del Perú”, expreso desde sus redes sociales.

La solicitud llegó después de que la Oficina Legal y Constitucional del Congreso remitiera un informe al JNE en el que concluye que el Reglamento del Parlamento no regula expresamente qué ocurre cuando un senador proclamado decide no incorporarse al cargo antes de juramentar. Ante ello, el Legislativo consideró que corresponde al máximo órgano electoral pronunciarse sobre el caso.

🚨 Rafael López Aliaga solicita al Pleno del JNE dejar sin efecto su credencial y convocar a Absalón Vásquez Villanueva para asumir como Senador. pic.twitter.com/UBiogVYnZ6

— Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) July 3, 2026

¿Cuándo nace realmente el mandato parlamentario?

El principal argumento de la apelación presentada por Renovación Popular es que Rafael López Aliaga aún no puede ser considerado congresista porque no ha juramentado ni se ha incorporado al Senado. Bajo esa interpretación, sostiene que el impedimento previsto en el artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales no le resulta aplicable y, por tanto, mantiene su derecho a postular como primer regidor de Lima.

Sin embargo, el abogado constitucionalista y y presidente del Instituto Aklla Perú, José Tello sostuvo una posición distinta durante una entrevista con Correo. Según explicó, su interpretación se sustenta en la doctrina sobre el mandato representativo, que entiende que el mandato conferido por los electores se consolida con la proclamación oficial de los resultados, mientras que la juramentación habilita el ejercicio del cargo.

“El requisito para ejercer el cargo es juramentar, pero el cargo se obtiene cuando uno es proclamado. Ahí se consumó la elección... . La juramentación no es un tema de jurado nacional de elecciones, es del Congreso de la República”, afirmó.

Tello explicó que el JNE culmina su función una vez que proclama a los candidatos ganadores y emite las credenciales correspondientes, pues dicho acto expresa oficialmente la voluntad popular.

“El Jurado ya dijo bien claro: yo entregué mi credencial luego de proclamar. Ya terminó mi trabajo”, señaló.

Para ilustrar su postura, Tello tomó como ejemplo la reciente proclamación de la presidenta electa, Keiko Fujimori y explicó que, desde que el Jurado Nacional de Elecciones oficializó los resultados, existe un reconocimiento del mandato otorgado por los ciudadanos, aunque el inicio del ejercicio de sus funciones se produzca recién con la juramentación. Según el exministro, ese mismo criterio debería aplicarse al caso de un senador proclamado.

“El mandato popular se unje cuando ganas una elección, te reconocen con la proclamación y te entregan tu credencial”, sostuvo.

Para el exministro, considerar que la condición de parlamentario nace únicamente con la juramentación supone una interpretación que desconoce la concepción doctrinaria del mandato representativo, según la cual la voluntad popular se constituye con la proclamación de los resultados electorales.

¿Qué dice el Reglamento del Congreso?

El Reglamento del Congreso establece el procedimiento que deben seguir los senadores y diputados electos antes de incorporarse al Parlamento. Entre los requisitos figuran la presentación de la credencial emitida por el JNE, el formulario de datos personales, la declaración jurada de bienes y rentas y la declaración sobre incompatibilidades previstas en la Constitución. Solo después de cumplir esas formalidades corresponde prestar juramento e incorporarse al ejercicio del cargo.

Sin embargo, el reglamento no desarrolla expresamente qué ocurre si un parlamentario proclamado decide no completar ese procedimiento ni asumir el escaño obtenido en las urnas. Ese fue precisamente uno de los aspectos advertidos por la Oficina Legal y Constitucional del Congreso al remitir el caso al Jurado Nacional de Elecciones para que emita un pronunciamiento.

Como se recuerda, López Aliaga decidió no presentar la documentación requerida para incorporarse al Parlamento. Al respecto, Tello consideró que ello no altera los efectos de la proclamación realizada por el órgano electoral.

“Ese es un problema de él. Para el Jurado ya terminó todo”, afirmó.

¿Quién debe resolver el caso?

Aunque el expediente ahora está en manos del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones debido a la apelación presentada por Renovación Popular, José Tello considera que el conflicto se originó porque el Congreso trasladó al organismo electoral una controversia vinculada con la incorporación del senador proclamado.

“Este es un tema del Congreso. Lo que están haciendo es aventarle la pelota al Jurado”, manifestó.

El constitucionalista también cuestionó que López Aliaga haya solicitado directamente la convocatoria de su accesitario, al considerar que esa decisión no depende de la voluntad del senador proclamado.

“Él no tiene la prerrogativa de decirle al Jurado que convoque al accesitario. Eso excede sus funciones”, sostuvo.

A juicio del exministro, la eventual incorporación del accesitario debería evaluarse para preservar la representación obtenida por Renovación Popular en las urnas y evitar que el escaño permanezca sin ocupante.

“No se puede estar jugando con el mandato popular”, enfatizó.

Los escenarios que enfrenta el JNE

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones deberá resolver la apelación antes del cierre definitivo de inscripciones para las Elecciones Regionales y Municipales, previsto para el 5 de septiembre.

Si confirma la resolución del Jurado Electoral Especial Lima Centro, Rafael López Aliaga quedará impedido de participar como candidato a primer regidor al mantenerse vigente su proclamación como senador.

Si, por el contrario, revoca la decisión y acoge la interpretación planteada por la defensa, el organismo electoral establecerá un criterio distinto respecto al momento en que nacen los efectos jurídicos de la proclamación de una autoridad electa.

Para Tello, este escenario modificaría el entendimiento tradicional sobre la figura del parlamentario electo.

“Si el Jurado acepta que la condición del parlamentario es con la juramentación, cambia toda la lógica que existe en torno a la figura de un parlamentario electo”, advirtió.

Los antecedentes del anterior Congreso bicameral

Aunque la controversia actual no tiene un precedente idéntico, durante el anterior Congreso bicameral sí hubo parlamentarios que buscaron la Alcaldía de Lima mientras ejercían funciones legislativas.

El presidente del Círculo de Cronistas Parlamentarios del Congreso, Dante Alva, recordó en entrevista con este diario que en las elecciones municipales de 1989 la entonces diputada Mercedes Cabanillas y el senador Enrique Bernales Ballesteros postularon a la alcaldía de la capital sin dejar sus escaños parlamentarios.

“La señora Mercedes Cabanillas, que era diputada de 1985 a 1990, postuló en 1989 a la Alcaldía de Lima en el ejercicio de su cargo. Lo mismo ocurrió con el senador Enrique Bernales”, indicó.

Ambos participaron en dichos comicios y posteriormente culminaron sus respectivos mandatos parlamentarios. No obstante, ese antecedente presenta una diferencia sustancial con el caso de López Aliaga, puesto que Cabanillas y Bernales ya ejercían funciones legislativas cuando participaron en la contienda municipal, mientras que el actual alcalde de Lima busca no incorporarse al Senado pese a haber sido proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones.

La medida también alcanza a los exministros Luis Miguel Castilla, Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes, quienes afrontan la misma investigación.

La decisión fue adoptada por el juez Leodan Cristóbal Ayala, quien declaró fundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa de Luis Miguel Castilla. El recurso sostenía que el delito imputado carecía de sustento jurídico al no cumplirse uno de los requisitos previstos en la legislación vigente.

Según RPP, en la resolución emitida el 3 de julio, el magistrado dispuso que los efectos del fallo se extiendan a todos los procesados comprendidos en este extremo de la investigación, ordenando el archivo del delito de asociación ilícita y el levantamiento de las medidas cautelares personales que habían sido impuestas por dicha imputación.

La resolución se sustenta en la aplicación de la Ley N° 32108, que establece que los delitos considerados como finalidad de una organización criminal deben tener una pena mínima superior a seis años de prisión. El juez precisó que esta norma resulta aplicable incluso a hechos anteriores, en virtud del principio de favorabilidad y de la retroactividad benigna en materia penal.

En ese sentido, el magistrado concluyó que el presunto delito de colusión agravada, considerado como delito base en este caso, tiene una pena mínima de seis años, por lo que no supera el umbral exigido por la nueva legislación para configurar el delito de organización criminal. No obstante, la investigación por los demás presuntos delitos vinculados al caso Gasoducto Sur Peruano continúa su curso.

Al concluir la cita, Verástegui ofreció declaraciones a la prensa y afirmó que considera complicado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México. Según indicó, la situación política que atraviesa su país dificulta una eventual normalización de los vínculos entre ambos Estados.

El activista sostuvo que Perú cuenta con un gobierno “limpio, honesto, con valores y principios”, por lo que, en su opinión, reanudar las relaciones con la actual administración mexicana sería una decisión difícil de concretar. Sus declaraciones se producen en un contexto en el que ambos países mantienen sus relaciones diplomáticas deterioradas desde hace varios años.

Consultado sobre la posibilidad de que la presidenta electa invite a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, a la ceremonia de transmisión de mando del próximo 28 de julio, Verástegui respondió que, aunque el protocolo diplomático debe respetarse, personalmente no cursaría una invitación.

Durante su diálogo con los medios, el actor también lanzó duras críticas contra el Gobierno mexicano al señalar que enfrenta una grave crisis institucional, argumento que utilizó para sustentar su posición sobre la relación bilateral entre ambos países.

Tras la reunión con Verástegui, Keiko Fujimori continuó con su agenda oficial y participó en un encuentro de carácter religioso, en el que estuvieron presentes algunos congresistas electos que integrarán el próximo Parlamento bicameral.

Fujimori mantiene una serie de reuniones con representantes políticos, sociales e internacionales como parte de las actividades previas al inicio de su mandato.

Mientras Sheinbaum insiste en que un delincuente que dio un golpe de Estado está preso por discriminación y no por corrupción en el Perú, y se niega a restablecer relaciones con nuestro pueblo hermano, @EVerastegui se comporta como un verdadero representante internacional de la… https://t.co/KYrEeLoRsQ

— Jean Carlo Portillo (@jeancarlopmag) July 5, 2026

El partido solicitó al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revocar la decisión y disponer la admisión a trámite de las postulaciones para continuar con el proceso de inscripción conforme a ley.

De acuerdo a RRP, la improcedencia fue sustentada por el JEE al considerar que Rafael López Aliaga mantiene la condición de senador electo y proclamado, tras los resultados de las elecciones generales, situación que —según el organismo electoral— conserva plena validez mientras no exista una resolución del JNE o del Congreso que deje sin efecto su proclamación o la expedición de su credencial.

El jurado señaló que las cartas mediante las cuales López Aliaga comunicó su desistimiento irrevocable a asumir el cargo de senador solo expresan su voluntad, pero no modifican su situación jurídica.

En su apelación, el personero legal de Renovación Popular, Fernando Sandoval, sostuvo que la resolución vulnera el derecho constitucional de ser elegido. Argumentó que el impedimento para postular en elecciones municipales alcanza únicamente a los congresistas en ejercicio de sus funciones, es decir, a quienes ya juramentaron y asumieron el cargo, y no a quienes solo tienen la condición de electos o proclamados. En esa línea, afirmó que López Aliaga nunca asumirá el mandato parlamentario, por lo que corresponde dejar sin efecto su credencial de senador y convocar a su accesitario.

Asimismo, el recurso advierte que aplicar el impedimento a congresistas electos constituye una interpretación extensiva de la norma que restringe derechos políticos, lo cual —según Renovación Popular— está prohibido por la Constitución. También sostiene que el JEE no valoró adecuadamente la renuncia expresa presentada por el exalcalde de Lima ante el JNE y la Oficialía Mayor del Congreso, documentos con los que manifestó su decisión de no jurar ni ejercer el cargo de senador.

Finalmente, el partido alegó un trato desigual por parte del JEE al admitir las candidaturas de Leo de Paz Lancho y Aldo Bravo Quispe, quienes también fueron proclamados como diputados electos.

Según la apelación, ambos se encuentran en una situación jurídica similar a la de López Aliaga y Guillermo Valdivieso, por lo que la diferencia de criterios vulneraría el principio de igualdad ante la ley.

Ahora será el pleno del JNE el encargado de resolver el recurso y definir si revoca o confirma la decisión del JEE Lima Centro.

El canciller participará en las actividades por el bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos. El encuentro reunirá a representantes de ambos países para conmemorar los 200 años del inicio de los vínculos bilaterales.

¿Quién asumirá funciones mientras tanto?

Durante la ausencia de Carlos Pareja, el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores será asumido temporalmente por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo. La encargatura estará vigente mientras dure la comisión de servicios del titular de la Cancillería.

Esta disposición forma parte de la misma resolución suprema que autoriza el desplazamiento oficial. Con ello se garantiza la continuidad de las funciones del sector durante el viaje del ministro.

El dispositivo recuerda que ambos países han construido una relación diplomática de dos siglos sustentada en principios compartidos, como la democracia y el Estado de Derecho. Asimismo, señala que esa cooperación se ha fortalecido en distintas áreas de interés común.

Entre los ámbitos mencionados figuran el comercio, las inversiones, la seguridad, la defensa y la lucha contra la criminalidad organizada transnacional. La resolución indica que estos espacios de trabajo conjunto han contribuido al desarrollo y bienestar de ambas naciones.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el jefe de Estado guatemalteco expresó sus felicitaciones a la lideresa de Fuerza Popular y manifestó su expectativa de continuar fortaleciendo las relaciones entre ambos países.

“Saludo a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, y le expreso mis mejores deseos para este nuevo reto. Que la voluntad de desarrollo y cooperación fortalezca los lazos de amistad entre nuestros pueblos y abra oportunidades en beneficio de Guatemala y el Perú”, expresó.

Saludo a la presidenta electa del Perú, @KeikoFujimori, y le expreso mis mejores deseos para este nuevo reto.
Que la voluntad de desarrollo y cooperación fortalezca los lazos de amistad entre nuestros pueblos y abra oportunidades en beneficio de Guatemala y el Perú. 🇬🇹🫱🏼‍🫲🏻🇵🇪

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) July 4, 2026

Varios gobiernos también han manifestado su disposición para mantener el diálogo y fortalecer las relaciones diplomáticas con la próxima administración peruana. Entre los temas que forman parte de esa agenda destacan la cooperación bilateral, el comercio, la inversión, el desarrollo económico y la seguridad.

El pasado 3 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones concluyó el proceso de proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial. Con esa decisión, Keiko Fujimori fue reconocida oficialmente como presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031.

La decisión fue oficializada mediante una resolución jefatural tras evaluar las condiciones para su ejecución.

De acuerdo con la entidad, uno de los principales inconvenientes es la falta de información necesaria del padrón electoral correspondiente a los ciudadanos que habían sido priorizados para participar en esta prueba.

La ONPE señaló que esas limitaciones impiden garantizar las condiciones técnicas y operativas requeridas para implementar el sistema de manera adecuada durante el proceso electoral de este año.

Con esta decisión, los comicios de octubre se desarrollarán bajo el sistema tradicional de votación presencial, mientras la ONPE continúa evaluando las condiciones para una futura implementación de esta modalidad.

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Durante una entrevista en RPP, la legisladora precisó que temas como el indulto solicitado por el expresidente Alejandro Toledo o un posible salvoconducto para la exjefa del Gabinete Betssy Chávez no cuentan aún con una definición política. Según lo indicado, dichas decisiones serán analizadas una vez que la lideresa de Fuerza Popular inicie su eventual gobierno.

Juárez sostuvo que su agrupación no ha adoptado una posición anticipada sobre medidas de carácter excepcional relacionadas con procesos judiciales. En ese sentido, remarcó que cualquier determinación será evaluada en su momento por la futura administración.

“Creo que ella misma en las intervenciones que ha tenido aún ha reservado esa decisión. Lo que sí tengo que señalar es que no existe ningún ánimo de vendetta, ningún ánimo de agresión”, indicó.

Revisión de leyes penales en agenda inicial

Juárez adelantó que una de las primeras acciones del eventual gobierno de Fuerza Popular sería la evaluación de las denominadas leyes procrimen. Este trabajo estaría a cargo de una comisión de juristas en coordinación con el Parlamento.

El objetivo de este grupo sería revisar el marco legal vigente y proponer eventuales ajustes legislativos. Según lo planteado, esta tarea formaría parte de las prioridades iniciales de una eventual gestión.

La congresista también abordó la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir su escaño en la Cámara de Senadores. Señaló que aún existe la posibilidad de que reconsidere su postura antes del inicio de funciones.

“Creo que sería un gesto extraordinario que él pudiera recibir su credencial y jurar como senador, porque los votantes que han escogido ese voto preferencial puedan realmente estar satisfechos con que su voto ha tenido la utilidad que se esperaba”, comentó.

En otro momento, Juárez respaldó la designación de Marco Vinelli como responsable del equipo de transferencia de Fuerza Popular. Según señaló, su perfil técnico será clave en la etapa de organización previa al eventual inicio de gobierno.

La medida fue adoptada tras admitirse una solicitud cautelar presentada por el procurador público del Gobierno Regional de Moquegua. El recurso cuestiona los efectos de la norma en evaluación y busca frenar su avance hasta que exista un pronunciamiento definitivo del Poder Judicial.

Alcance de la decisión judicial

El fallo judicial establece que deben suspenderse todas las acciones administrativas relacionadas con la norma, incluyendo su promulgación, refrendo y remisión al diario oficial para su publicación. Esta disposición es de cumplimiento obligatorio para la Presidencia del Consejo de Ministros y el Congreso de la República.

En caso de incumplimiento, la resolución prevé la imposición de sanciones económicas de hasta diez unidades de referencia procesal. Además, se advierte que podrían remitirse copias al Ministerio Público para las acciones correspondientes.

Postura del Gobierno Regional de Moquegua

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, señaló que la resolución judicial respalda la posición de su jurisdicción frente al proyecto de ley. Desde su entorno, se indicó que la decisión ordena detener cualquier intento de publicación de la norma mientras continúa el proceso constitucional.

La autoridad regional sostuvo que el proceso debe resolverse en el marco del amparo presentado por su gestión. En ese sentido, reafirmó que la medida cautelar impide que la ley entre en vigencia hasta nuevo pronunciamiento.

En paralelo al proceso judicial, la gobernadora de Moquegua planteó la instalación de una mesa técnica con la participación de autoridades de Tacna. La propuesta busca que especialistas de ambas regiones evalúen el conflicto desde un enfoque técnico.

La autoridad regional también señaló su disposición a participar en espacios de diálogo convocados por el Ejecutivo. Según indicó, cualquier reunión debería priorizar el análisis técnico para alcanzar una solución al diferendo territorial.

La denuncia estaba relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de la votación de los peruanos residentes en el extranjero durante la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026. El caso surgió a raíz de cuestionamientos sobre los procedimientos aplicados para el traslado y procesamiento de las actas electorales provenientes del exterior.

El recurso fue presentado por el personero legal de Juntos por el Perú, Pablo Salas Charca. En el documento se atribuía al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores el presunto desmantelamiento del sistema logístico, informático y de custodia diplomática utilizado para el proceso electoral de los peruanos en el extranjero.

Juntos por el Perú sostuvo que las modificaciones aplicadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales para la segunda vuelta alteraron las condiciones inicialmente previstas para el proceso. Según el partido, esos cambios impidieron la digitalización de las actas presidenciales correspondientes a la votación de los peruanos en el extranjero.

La organización política también cuestionó que las nuevas disposiciones afectaran el principio de intangibilidad del proceso electoral y la seguridad jurídica. Del mismo modo, expresó reparos sobre el tiempo y la forma en que fueron trasladadas al Perú las actas provenientes de las oficinas consulares.

¿Por qué se archivó la denuncia?

Durante una sesión extraordinaria realizada el viernes 3 de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales resolvió la calificación de la denuncia conforme al artículo 89 del Reglamento del Congreso. La decisión fue aprobada con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención, por lo que el expediente quedó archivado.

La acusación comprendía una presunta infracción a los artículos 31, 45 y 176 de la Constitución. Asimismo, incluía el presunto delito de atentado contra el derecho al sufragio, tipificado en el artículo 359 del Código Penal.

De manera paralela a la denuncia constitucional, la Bancada Socialista presentó el pasado 24 de junio una moción de interpelación contra el canciller Carlos Pareja Ríos. La iniciativa fue impulsada con la coautoría del excandidato presidencial Roberto Sánchez Palomino.

El documento consta de ocho páginas e incluye un pliego de 23 preguntas dirigidas al ministro. El objetivo es que explique los procedimientos técnicos y logísticos ejecutados en los consulados para garantizar la transparencia de las elecciones generales de 2026.

¿Qué respondió el Canciller?

Frente a los cuestionamientos, Carlos Pareja negó haber intervenido en el proceso electoral o favorecido a alguna organización política. En ese contexto, sostuvo que todas las acciones de su sector se realizaron dentro del marco legal y en coordinación con las autoridades electorales.

En sus descargos, el ministro rechazó las imputaciones formuladas en su contra y afirmó que “no hubo ningún acto de interferencia, manipulación o favorecimiento político”. Además, aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores actuó respetando la legalidad y manteniendo coordinación permanente con los organismos electorales.

El desarrollo de este procedimiento parlamentario coincide con la reciente proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031. En ese escenario, continúan las acciones políticas relacionadas con el desarrollo de la segunda vuelta electoral.

Miembros

Mediante un comunicado difundido en la red X, se informó que será presidida por el senador electo Miguel Torres (Fuerza Popular), mientras que la vicepresidencia recaerá en la diputada electa Cecilia Chacón, también de dicha agrupación.

En tanto, el senador electo Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y el diputado electo Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) asumirán la primera y segunda secretaría, respectivamente.

Asimismo, el senador electo Alejandro Muñante (Renovación Popular) y la diputada electa Romina Uribe (Partido del Buen Gobierno) ocuparán la tercera y cuarta secretaría.

Según el Reglamento del Congreso, la Junta Preparatoria se integra con seis legisladores electos. La presidencia recae en el senador de la organización política más votada que obtuvo la mayor votación, la vicepresidencia en el diputado del mismo grupo con la mayor votación.

Además, la primera y segunda secretaría corresponden al senador y al diputado de mayor edad, respectivamente, mientras que la tercera y cuarta secretaría son asumidas por el senador y el diputado de menor edad, respectivamente.

Funciones

Este grupo tendrá como misión organizar y coordinar la instalación del nuevo Parlamento bicameral. Al estar conformado por dos cámaras (diputados y senadores) cada una contará con una Junta Preparatoria independiente, encargada de dar inicio formal a sus funciones.

Conducirá las primeras sesiones, incorporará mediante juramento a los congresistas electos, organizará la elección de la Mesa Directiva y tomará juramento al presidente elegido de cada cámara.

La lideresa de Fuerza Popular (FP) alcanzó la presidencia en su cuarto intento electoral, luego de haber postulado anteriormente en los comicios de 2011, 2016 y 2021.

La resolución del organismo electoral abrió formalmente la etapa de transferencia entre el gobierno saliente y la administración que asumirá el próximo 28 de julio.

Relevo

Luego de la proclamación de los resultados, Keiko Fujimori pronunció un mensaje al país. Allí, anunció el inicio inmediato del proceso de transferencia mediante la creación de la Oficina de la Presidenta Electa (OPE), que funcionará en el inmueble ubicado en la avenida Guardia Civil 922, en San Isidro (Lima), según confirmó el área de prensa de FP a Correo.

Asimismo, Fujimori Higuchi informó que liderará esa oficina junto con su segundo vicepresidente Miguel Torres Morales, en representación de la plancha presidencial, y Marco Vinelli Ruíz como jefe del equipo de transferencia.

“No vamos a esperar un minuto más porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones”, afirmó.

Fujimori explicó que la misión del grupo consistirá en organizar la transición y recopilar información sobre la situación de la administración pública antes del inicio del nuevo gobierno.

“Primero, debemos conocer con precisión la realidad del Estado que vamos a recibir. Realizaremos un diagnóstico técnico, ministerio por ministerio, para conocer el estado de los programas, los proyectos, las obras, los recursos disponibles y los desafíos más urgentes”, aseguró.

La presidenta electa añadió que la ciudadanía conocerá el desarrollo de la transferencia mediante información periódica difundida por los canales oficiales habilitados para esa etapa.

Por esto, la OPE abrió cuentas institucionales en Facebook, Instagram, X y TikTok, además de un correo electrónico (oficinapresidentaelecta@gmail.com) para centralizar sus comunicaciones.

La ahora jefa de Estado explicó que revisarán las políticas implementadas por gobiernos anteriores antes de definir su continuidad porque “el Perú no comienza cada cinco años” y reveló su criterio de evaluación.

“Vamos a identificar todas las buenas prácticas, las iniciativas y los proyectos que han dado resultados para que puedan continuar, fortalecerse y llegar a más peruanos. Lo que funciona y beneficia al país debe preservarse sin importar quién lo inició. Ese será un principio de nuestro gobierno, construir sobre lo bueno, y corregir todo aquello que no ha funcionado”, enfatizó.

Además, Fujimori agradeció los saludos recibidos de diversos jefes de Estado tras los resultados finales de la Segunda Elección Presidencial (SEP), entre ellos resaltó los de Javier Milei, de Argentina, y Nayib Bukele, de El Salvador.

“Con ellos trabajaremos para fortalecer nuestros lazos de amistad, cooperación y confianza”, detalló.

La próxima presidenta se comprometió en recuperar la confianza en las instituciones públicas y poner el Estado al servicio de las personas; además, convocó a la ciudadanía a participar en esta nueva etapa política.

“Porque el Perú es mucho más grande que nuestras diferencias y cuando trabajamos unidos, lo podemos lograr todo”, aseveró.

Proclamación. Poco tiempo antes de la exposición de Keiko, el presidente del JNE, Roberto Burneo, había encabezado la ceremonia de proclamación y dio un mensaje sobre el significado de ese evento.

“La autoridad (Keiko Fujimori) que hoy hemos proclamado no nace de una decisión institucional ni de un acto administrativo. Nace exclusivamente de la voluntad soberana de millones de peruanos”, señaló.

Luego, Burneo, con la resolución en mano, anunció oficialmente a la fórmula presidencial de FP.

“En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta de la república. Asimismo, a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la república, y a don Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente de la república para el periodo 2026-2031, a quienes se les otorgará las correspondientes credenciales en acto público y solemne que oportunamente será convocado por este supremo tribunal electoral”, refirió.

En conferencia de prensa, Burneo precisó que la proclamación oficial de los resultados habilita el inicio del proceso de transferencia y que el Ejecutivo ya puede instalar la comisión correspondiente conforme al marco legal vigente.

“Tiene tres días para instalarse desde la proclamación. Así que esto garantiza que pueden hacerlo con el tiempo suficiente para poder culminar con éxito este trabajo. Los que han trabajado en temas de transferencia saben muy bien que es un tiempo razonable”, informó.

Historial. El camino político que Keiko Fujimori recorrió para llegar al poder se inició el 23 de agosto de 1994, cuando, con 19 años, asumió el Despacho de la Primera Dama tras la separación entre sus padres Alberto Fujimori y Susana Higuchi.

Seis años después, la lideresa naranja fue elegida congresista por Lima con 602,869 votos preferenciales, la mayor votación de las elecciones parlamentarias de 2006, y ejerció el cargo hasta julio de 2011.

No obstante, ese año, fundó Fuerza 2011 para postular a la presidencia, con el que logró pasar a la segunda vuelta. Sin embargo, perdió ante Ollanta Humala con un diferencia de 447,057 votos.

En 2016, Fujimori volvió a disputar el sillón presidencial pero perdió el balotaje frente a Pedro Pablo Kuczynski por 41,057 votos.

A pesar de ello, su agrupación política obtuvo mayoría absoluta en el Congreso; aunque la relación con el Ejecutivo derivó en una permanente confrontación que alcanzó su punto más crítico con la difusión de los “Mamanivideos”, la renuncia de Kuczynski y la ruptura política con su hermano Kenji Fujimori tras el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori.

El conflicto continuó durante el gobierno de Martín Vizcarra, que culminaría con la disolución constitucional del Congreso el 30 de septiembre de 2019.

Paralelamente, el Ministerio Público investigó a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos por el Caso “Cócteles”.

Fue así como, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó su prisión preventiva por 36 meses, el 31 de octubre de 2018.

Fujimori permaneció 394 días en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, hasta que el Tribunal Constitucional declaró fundado su hábeas corpus el 25 de noviembre de 2019, lo que dejó sin efecto la prisión preventiva. Fujimori recuperó su libertad 4 días después.

En 2021 volvió a llegar a la segunda vuelta con Pedro Castillo, con quien perdió por 44,263 votos.

Tras el conteo oficial, Fujimori denunció un presunto fraude y presentó pedidos de nulidad, que fueron rechazados.

Caminos

Ninguno de los exmandatarios cumple con el requisito de sentencia firme, es decir, confirmada en segunda instancia tras una apelación –que presentó cada uno en sus respectivos casos–, para obtener un indulto.

El nuevo pedido de gracia presidencial a favor de Castillo fue presentado por Tomás Soldevilla, uno de los fundadores del extinto partido A.N.T.A.U.R.O. Previo a este recurso, se presentó otro requerimiento de indulto que hoy se encuentra en fase de subsanación, cuyo plazo vence el 14 de julio. Ambos serán tramitados por la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia.

Se suma

Por otro lado, Toledo solicitará un indulto humanitario al Gobierno debido a su estado de salud “grave”. El abogado Carlos Torres Caro detalló que el exmandatario, que acumula dos sentencias en primera instancia por lavado de activos, le envió una autorización escrita para este fin.

La solicitud, aún en elaboración, hará referencia a la Ley 32181 que, según indicó el letrado a RPP, “establece claramente que toda persona con más de 80 años tiene la posibilidad, si así lo autoriza el Poder Judicial, de cumplir su pena no en prisión sino en su domicilio”. El pedido será hecho el 28 de julio, a la nueva presidenta, Keiko Fujimori.

Cabe recordar que Toledo ya había buscado acogerse a Ley 32181, pero el juez Richard Concepción le negó su excarcelación debido a que la sentencia no era firme. Por ello, su defensa presentó un nuevo recurso.

Keiko Fujimori se dirigió a sus militantes, en los exteriores del local de su partido Fuerza Popular, en el distrito de San Isidro, para agradecerles por su apoyo en la campaña, pero, en primer lugar, tuvo unas palabras para el candidato que postuló en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

“Quiero saludar al contrincante, a su partido, y decirle a todos los peruanos que hoy el proceso electoral culminó”, expresó Fujimori, horas después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la proclamó como ganadora de la segunda vuelta electoral presidencial del 7 de junio.

En las últimas horas, Sánchez solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la proclamación de los resultados electorales, después de que fuese rechazado por parte del JNE su reclamo para que se anulase la votación en el exterior, lo que le daría el triunfo en la contienda, al haber sido el candidato más votado en el territorio nacional.

El líder de Juntos por el Perú, que antes de los comicios prometía respetar los resultados, denunció sin pruebas un supuesto fraude en su contra y sustentó su solicitud de anular los votos de los peruanos en el exterior al haberse cambiado la manera de escrutar las actas respecto a la primera vuelta.

Por su parte, Keiko Fujimori afirmó que hoy se inicia un periodo de transición y diagnóstico, en el que informarán sobre las obras y proyectos que están paralizados, así como sobre lo que está funcionando bien.

“Aquí no hay borrón y cuenta nueva”, aseguró la presidenta electa.

Acompañada por miembros de su partido y legisladores electos, Fujimori agradeció a sus seguidores por acompañarla “en los momentos difíciles, cuando nos caían piedras y escuchábamos insultos”.

“Gracias por no rendirse. Si algo hemos demostrado es que los peruanos nunca nos rendimos”, expresó en medio de la algarabía de sus simpatizantes.

Fujimori reiteró que tendrá un gobierno abierto, donde convocará a “las personas con mayor experiencia, mayor capacidad, sin importar el color político”.

“Si trabajamos unidos, los peruanos podemos conseguirlo todo, lo que nos queda es trabajar por todos los peruanos”, manifestó la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

El excandidato presidencial y actual congresista, Roberto Sánchez Palomino, cuestionó la proclamación de Keiko Fujimori como ganadora de las elecciones presidenciales. Sánchez argumentó que dicha proclamación es prematura debido a que aún se encuentra pendiente de resolución una apelación presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), además de haber recurrido a instancias internacionales.

“Ellos tienen su legalidad, nosotros hemos apelado ante las instancias que corresponden. No pueden proclamar cuando las cosas no están consentidas”, respondió.

Asimismo, rechazó de forma categórica que la lideresa de Fuerza Popular haya obtenido la victoria gracias al respaldo electoral de la región de Puno.

Durante una visita sorpresiva a la ciudad de Juliaca, el legislador se reunió con los deudos de las protestas sociales del 2023 y afirmó que Keiko Fujimori debería pedir perdón a la región por las muertes ocurridas el 9 de enero de 2023.

En ese sentido, Sánchez arremetió contra la bancada vinculada al fujimorismo, acusándola de haber garantizado la impunidad de los hechos de violencia registrados en el Sur del país, y anunció que continuará impulsando acciones legales y sociales en favor de las asociaciones de víctimas y sus familiares.

El congresista informó que existen acercamientos políticos clave para conformar una coalición entre el partido liderado por Ricardo Belmont y el movimiento encabezado por Alfonso López Chau.

Según detalló Sánchez, este bloque político tendrá como objetivo principal promover iniciativas orientadas a la búsqueda de justicia y reparación para quienes considera los “mártires y víctimas” de las jornadas de protesta en el Sur del país.

Según sostuvo, la gestión logró generar las condiciones para recuperar la normalidad democrática y garantizar la gobernabilidad.

“Frente a este escenario, se asumió la responsabilidad de devolverle al Perú la estabilidad. Ese será el principal legado de esta gestión: haber contribuido a darle al país un respiro político e institucional que permita recuperar la normalidad democrática”, manifestó el jefe del Gabinete Ministerial. Asimismo, aseguró que este clima de estabilidad permitió garantizar la continuidad del orden democrático y el respeto a la voluntad ciudadana durante el reciente proceso electoral.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros destacó que el Ejecutivo actuó con “absoluta neutralidad” durante las elecciones y brindó todas las garantías para que los ciudadanos ejercieran libremente su derecho al voto.

Añadió que, en las últimas semanas, el Gobierno concentró sus esfuerzos en enfrentar los principales desafíos del país, como la lucha contra la inseguridad ciudadana y las acciones preventivas frente al fenómeno El Niño.

En el ámbito económico, Arroyo sostuvo que la estabilidad política favoreció el crecimiento del país, que actualmente supera el 3,7 %, pese a factores adversos como la rotura del ducto de Camisea, los efectos climáticos y el contexto electoral.

También resaltó que la recaudación tributaria aumentó 28,6 % en junio de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el déficit fiscal se ubicó en 1,6 % del PBI a mayo, cifras que, según indicó, reflejan la solidez de la economía peruana.

Finalmente, el premier aseguró que el Ejecutivo continuará trabajando hasta el último día de su mandato para garantizar una transferencia de gobierno transparente y ordenada.

En ese sentido, afirmó que la próxima administración recibirá un país con instituciones operativas, estabilidad macroeconómica y las condiciones necesarias para dar continuidad a las políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

Durante una conferencia de prensa, sostuvo que esta etapa permitirá conocer con claridad la situación del Estado y definir las primeras acciones de su gobierno.

Como parte de este proceso, informó la puesta en marcha de la “Oficina de la Presidenta Electa”, instancia que tendrá como principal función coordinar la transición con el gobierno saliente. “Todo el equipo se concentrará en el proceso de transferencia, por eso hemos decidido poner en marcha la Oficina de la Presidenta Electa”, afirmó. Asimismo, remarcó que “los problemas de los peruanos no pueden esperar”.

Equipo técnico

Como parte del proceso de transferencia de mando, Keiko Fujimori designó a los responsables de las comisiones encargadas de recibir la información y los pliegos presupuestales de los distintos sectores.

El segundo vicepresidente electo, Miguel Torres, asumirá la representación política de la plancha presidencial, mientras que Marco Vinelli fue nombrado jefe del equipo de transferencia y tendrá a su cargo la coordinación directa con los ministerios para conocer el estado de las cuentas públicas y la situación de cada cartera.

Keiko Fujimori indicó que el periodo de transición será una oportunidad para escuchar a diversos sectores, promover el diálogo y llegar preparada al inicio de su gestión.

En sus primeras declaraciones tras la proclamación, Fujimori señaló que inicia “una nueva etapa” y agradeció la confianza depositada por millones de ciudadanos.

La mandataria electa también aseguró que el país necesita recuperar el orden. “El Perú necesita recuperar el orden en sus calles, en sus instituciones y el Estado”, expresó durante su mensaje, en el que delineó algunas de las prioridades que marcarán el inicio de su administración.

Finalmente, Keiko Fujimori anunció las plataformas digitales oficiales que utilizará su despacho para informar a la ciudadanía sobre el avance del proceso de transferencia y las actividades que desarrollará antes de asumir formalmente la Presidencia de la República.

Estas cuentas serán el principal canal de comunicación durante la etapa de transición.

“Ya esta etapa concluyó, ya no estamos en elecciones. La población lo que hoy tiene es la expectativa, ¿qué va a hacer este nuevo gobierno? Los que votaron a favor y los que no votaron a favor de la señora Keiko Fujimori”, expresó ante la prensa.

Gutiérrez participó en la proclamación de Keiko Fujimori como parte de las autoridades invitadas y expresó un saludo institucional. Tras la ceremonia, se refirió al contexto que enfrenta el país y a las prioridades que deberá asumir la nueva gestión.

¿Qué temas planteó?

El titular de la Defensoría del Pueblo mencionó que la seguridad no es el único tema que preocupa a la ciudadanía. Asimismo, eñaló que también existe atención sobre el desempeño económico y los posibles efectos del fenómeno El Niño.

“Creo que el interés de todos los peruanos es en establecer que las expectativas de cambio que tienen que darse se puedan cumplir como tal. Y esas expectativas están vinculadas a la seguridad ciudadana”, indicó.

En otro momento, mencionó la corrupción entre los principales retos que deberá afrontar el Ejecutivo. Gutierrez sostuvo que distintos sectores del Estado presentan problemas que requieren intervención.

“Aparte de eso, también tenemos que ver cómo va a ser el Ejecutivo para ver el problema de la corrupción, nuestros hospitales tomados por mafias, EsSalud ya ni qué decir, o sea, todo eso tiene que abordarse rápidamente”, precisó.

El defensor del Pueblo consideró que el Congreso tendrá un rol relevante en la implementación de las políticas del Ejecutivo e indicó que el trabajo conjunto será necesario para responder a las expectativas ciudadanas.

Consultado sobre el posible escenario posterior a los comicios y las movilizaciones anunciadas en distintas regiones, Gutierrez planteó la necesidad de un proceso de acercamiento entre actores políticos.

“Tenemos que ingresar a un franco proceso de reconciliación nacional, y los gestos políticos son, o sea, quisiéramos sentir algo: la humildad del que gana y la grandeza del que pierde”, planteó.

Sobre el recurso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el excandidato Roberto Sánchez, el alto funcionario indicó que se trata de una decisión dentro del marco democrático. Asimismo, recordó que cada persona puede recurrir a las instancias que considere pertinentes.

El abogado sostuvo que, antes de continuar con la proclamación de Keiko Fujimori como ganadora de la segunda vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones debe resolver la apelación presentada contra el acta emitida por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2.

“Si es que se da la proclamación, habría ocurrido la sustracción de la materia; lo cual sería un precedente negativo porque todo litigante o toda parte tiene derecho a una audiencia para exponer los alegatos, los argumentos que correspondan”, comentó para RPP.

Asimismo, señaló que su organización política evaluará iniciar acciones ante la Corte Suprema, la Fiscalía Suprema, el Colegio de Abogados de Lima y las facultades de Derecho de universidades públicas y privadas si el JNE proclama a la fórmula presidencial sin realizar una audiencia previa.

“Si el Jurado Nacional de Elecciones decide proclamar sin previa audiencia, estaría pasando por encima del reglamento, la ley electoral. Tendríamos la posibilidad de accionar, pero tendríamos que evaluar”, indicó.

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En esa línea, señaló que el organismo electoral tiene la responsabilidad de oficializar los resultados una vez concluidas las instancias correspondientes y recordó que este cierre forma parte del funcionamiento regular del sistema democrático.

Burneo indicó que la confianza en la democracia se sostiene en el respeto a los resultados y en el cumplimiento de las reglas del proceso electoral. Además, afirmó que cada voto tiene el mismo valor dentro del sistema democrático.

En relación con ello, explicó que la igualdad del sufragio cuenta con respaldo constitucional y constituye un principio básico del sistema electoral. Asimismo, agregó que la legitimidad del proceso depende del trabajo de las instituciones encargadas de su organización.

“Todos los votos importan por igual y todos poseen exactamente el mismo valor democrático y el mismo respaldo constitucional”, precisó.

El encargado del organismo electoral también indicó que la democracia no concluye con la jornada de votación, sino que continúa en la etapa posterior. En esa línea, resaltó que esta fase implica el reconocimiento de los resultados y la necesidad de convivencia entre posiciones distintas.

“La confianza en la democracia se construye precisamente con esa certeza. Hoy culminamos todas las etapas previstas por nuestro ordenamiento constitucional y legal”, explicó.

Finalmente, destacó y agradeció el trabajo de los Jurados Electorales Especiales en la evaluación de actas y recursos durante el proceso. Burneo recordó que estas instancias forman parte del mecanismo que garantiza el desarrollo regular del sistema electoral.

El anuncio fue realizado por el vocero legal del partido, Roy Mendoza, quien indicó en RPP que la apelación corresponde al acta emitida por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2. Según explicó, mientras ese procedimiento permanezca pendiente, el máximo organismo electoral debería pronunciarse antes de cerrar el proceso de proclamación.

Horas antes de la ceremonia, la defensa legal de Juntos por el Perú consideró que el pleno del JNE debe analizar previamente los cuestionamientos formulados sobre el procesamiento de las actas provenientes del extranjero. Mendoza señaló que una decisión anticipada impediría que la agrupación exponga sus argumentos dentro del procedimiento electoral.

“Si es que se da la proclamación, habría ocurrido la sustracción de la materia; lo cual sería un precedente negativo porque todo litigante o toda parte tiene derecho a una audiencia para exponer los alegatos, los argumentos que correspondan”, advirtió previamente.

Advierten posibles acciones legales

El vocero legal indicó que el partido evaluará nuevas medidas si el Jurado Nacional de Elecciones continúa con la proclamación sin convocar previamente a una audiencia. Según explicó, esa posibilidad dependerá de la decisión que adopte el organismo electoral.

“Si el Jurado Nacional de Elecciones decide proclamar sin previa audiencia, estaría pasando por encima del reglamento, la ley electoral. Tendríamos la posibilidad de accionar, pero tendríamos que evaluar”, sostuvo.

De concretarse esa decisión, Juntos por el Perú indicó que analizará acudir a la Corte Suprema, la Fiscalía Suprema, el Colegio de Abogados de Lima y las facultades de Derecho de universidades públicas y privadas, instituciones que participan en la elección de integrantes del JNE.

Durante la entrevista también se consultó por la petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre ese procedimiento, Roy Mendoza informó que el expediente aún se encuentra en la etapa de calificación.

Pese al pedido formulado por Juntos por el Perú, el Jurado Nacional de Elecciones mantuvo la programación establecida para la ceremonia de proclamación. El organismo electoral oficializó a Keiko Fujimori como presidenta electa tras concluir el proceso correspondiente a la segunda vuelta presidencial.

El mensaje fue difundido minutos después de la ceremonia realizada por el máximo organismo electoral, que oficializó la victoria de la fórmula presidencial de Fuerza Popular para el período 2026-2031. La publicación también marca el inicio de las comunicaciones que la lideresa del partido realizará durante la etapa previa a su juramentación.

“Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí”, escribió.

La presidenta electa indicó que la siguiente etapa estará orientada a preparar el inicio de su gestión. Además, señaló que el trabajo previo a la asunción del mando estará basado en el diálogo y la coordinación.

“Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno”, aseguró.

La lideresa de Fuerza Popular también adelantó que utilizará sus cuentas oficiales para mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones que desarrollará junto a su equipo durante las próximas semanas. En ese sentido, invitó a los peruanos a seguir las publicaciones relacionadas con el proceso de transición.

“A través de estas cuentas, se compartirán los avances de esta etapa y el trabajo que venimos realizando. Los invito a acompañarnos”, exhortó.

Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí.

Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de… pic.twitter.com/b1mnqFyMdi

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 3, 2026

Próximo paso será la entrega de credenciales

Con la proclamación oficial de los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones, el proceso electoral entra en su fase final antes del cambio de gobierno. La entrega de credenciales a las autoridades electas está prevista para el 15 de julio en el Teatro Nacional de Lima.

Posteriormente, Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República para el período 2026-2031 durante la ceremonia de transferencia de mando programada para el próximo 28 de julio en el Congreso de la República.

La sesión estuvo programada para iniciar a las 12:00 p.m en la sede central del JNE, ubicada en el distrito limeño de Jesús María, sin embargo se retrasó durante varios minutos. La ceremonia está encabezada por el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, junto con los demás integrantes del Pleno de la institución Martha Elizabeth Maisch Molina, Gunther Hernán Gonzales Barrón, Ruben Jaime Torres Cortez, Aaron Oyarce Yuzzelli y Yessica Elisa Clavijo Chipoco.

Pese a tratarse del acto que formaliza su elección como presidenta de la República para el período 2026-2031, Keiko Fujimori decidió no acudir a la ceremonia. La información fue confirmada esta mañana por su equipo de prensa.

📡MIRA LA CEREMONIA AQUÍ

Personeros representan a Fuerza Popular

En lugar de la virtual mandataria electa, a la ceremonia asistieron los personeros legales de Fuerza Popular. Ellos representaron a la organización política durante la proclamación de los resultados oficiales que realiza el máximo órgano electoral.

Además de proclamar a Keiko Fujimori como presidenta electa, el Jurado Nacional de Elecciones oficializó a los integrantes de la fórmula presidencial de Fuerza Popular. De esta manera, Luis Galarreta quedó reconocido como primer vicepresidente de la República y Miguel Ángel Torres como segundo vicepresidente.

La proclamación general representa la última etapa del proceso electoral. Este procedimiento solo puede realizarse después de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) y el propio JNE resuelven en instancia definitiva todas las actas observadas, apelaciones y recursos de nulidad presentados por las organizaciones políticas.

Posteriormente, Keiko Fujimori deberá jurar al cargo como presidenta constitucional de la República para el período 2026-2031 durante la ceremonia de transferencia de mando programada para el 28 de julio en la sede del Congreso bicameral.

Según explicó, la autorización fue remitida por escrito el pasado 24 de junio y la solicitud se basará en la Ley 32181, promulgada en diciembre de 2024.

El letrado señaló que dicha norma permite que las personas mayores de 80 años, con autorización del Poder Judicial, puedan cumplir su condena en su domicilio en lugar de un establecimiento penitenciario.

“Entonces, estamos a la espera de que la Corte Suprema, a través de la Presidencia de la Sala Penal Permanente […], pueda calificar y señalar fecha para la vista de la causa”, expresó.

Torres Caro sostuvo que existen diversos informes médicos que acreditan un deterioro en la salud del exmandatario y afirmó que también atraviesa un cuadro de depresión.

Al respecto, manifestó: “Yo he conocido a Alejandro Toledo en su época de profesor, previa a ser presidente, y en su época de presidente. Obviamente, la agilidad mental, la fortaleza que todos estábamos acostumbrados a tener de Alejandro Toledo ya no es esa. O sea, yo no soy médico, pero se ve un deterioro cognitivo. Lo que más me ha impresionado es una situación de avanzada depresión. Él está desesperado, desde que llego hasta que me voy me pide ayuda”.

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Según el reporte de RPP, esta decisión se difundió a través del equipo de prensa de la lideresa en la antesala de la entrega de credenciales a la plancha presidencial, programada para el 15 de julio. El evento del JNE tiene como finalidad formalizar los resultados de la elección presidencial ya concluidos por los organismos electorales.

El acto oficial contará con la presencia de personeros de Fuerza Popular en reemplazo de la candidata presidencial. La ceremonia se realizará en la sede del Jurado Nacional de Elecciones ubicada en el distrito de Jesús María.

La programación del proceso electoral, esta instancia corresponde a la proclamación y oficialización de la plancha presidencial ganadora. En ella se incluye a los vicepresidentes designados dentro de la fórmula electoral.

Resultados oficiales finalizaron

El conteo final de votos a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se completó el 29 de junio. A ello se sumó la resolución de actas impugnadas por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE), lo que permitió cerrar la etapa de revisión del proceso.

De acuerdo con los resultados oficiales, la plancha de Fuerza Popular obtuvo 9 millones 223 mil 396 votos, equivalente al 50.135 %. La diferencia frente a su contendor de Juntos por el Perú fue de 49 mil 641 votos.

¿Cuándo se le entregarán las credenciales?

El Jurado Nacional de Elecciones estableció que la entrega de credenciales se realizará el 15 de julio. Este paso corresponde a la etapa final antes de la juramentación presidencial.

La asunción del cargo está prevista para el 28 de julio en la sede del Congreso bicameral. El periodo de gobierno será el 2026-2031, según el cronograma electoral.

Durante una actividad oficial, sostuvo que existen casos en los que autoridades son investigadas tras asumir cargos públicos sin que dichos procesos concluyan en una sentencia condenatoria.

El mandatario afirmó que es necesario replantear el funcionamiento del sistema siguiendo experiencias de otros países.

“Hay que seguir el camino de otros países. Si un fiscal denuncia y no consigue una sentencia, alguien tiene que asumir responsabilidades. No puede mantenerse una situación en la que se denuncie por casi todo el Código Penal y después esos casos terminen archivados”, expresó.

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El abogado Carlos Torres Caro señaló durante una entrevista en Exitosa, que la decisión del exmandatario se formalizó mediante un documento escrito. En ese contexto, se evalúa presentar el requerimiento una vez que se concrete el cambio de gobierno en el país.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | El expresidente de la República, Alejandro Toledo, le otorgó facultades a su abogado para solicitar un indulto humanitario debido al deterioro de su salud. Carlos Torres Caro, defensa legal del exmandatario, tramitaría el pedido una vez Keiko Fujimori asuma… pic.twitter.com/DGBKicE8RO

— Exitosa Noticias (@exitosape) July 3, 2026

Solicitud estaría dirigida al próximo gobierno

El letrado también explicó que el pedido no sería presentado de inmediato ante la administración de José María Balcázar. La estrategia legal considera que el trámite se realice cuando asuma la nueva gestión presidencial de Keiko Fujimori.

En esa línea, precisó que el documento sea ingresado después del cambio de mando del 28 de julio. Según explicó Torres, en dicho momento la autoridad entrante tendría la facultad de evaluar el pedido dentro de sus competencias.

El representante legal también mencionó que la administración saliente tendría un periodo limitado para analizar este tipo de solicitudes. Bajo ese argumento, se optaría por esperar la instalación del nuevo gobierno para presentar el expediente.

Defensa insiste en inocencia del exmandatario

El abogado señaló que Alejandro Toledo mantiene su posición de inocencia en el proceso judicial que enfrenta por el caso Odebrecht. Además, indicó que para su defensa se habría presentado información adicional sobre los fondos investigados.

“Él ha presentado una nueva prueba, anunciando que el dinero que se señala que él habría recibido, pues nunca lo recibió (...) hay una persona que tiene el dinero (...) él siempre sigue anunciando su inocencia, pero ante la situación de enfermedad que lo aqueja, tiene que llevar a cabo una situación como esta, de pedir un indulto”, precisó.

Si la solicitud prospera, corresponderá a la nueva administración determinar si corresponde otorgar o rechazar la medida. El caso se desarrolla en paralelo al proceso judicial que continúa su curso en el sistema de justicia peruano.

Con este dispositivo legal se declara el proyecto como de necesidad pública y de preferente interés nacional. Además, dispone que su ejecución se desarrolle bajo criterios de sostenibilidad fiscal y dentro del ordenamiento jurídico vigente.

La ley determina que la ejecución del proyecto deberá sujetarse a los principales sistemas administrativos del Estado. Entre ellos se incluyen los sistemas de programación multianual de inversiones, presupuesto público, endeudamiento, tesorería y las reglas fiscales junto al Marco Macroeconómico Multianual.

¿Cómo se ejecutará el proyecto?

La ley establece que la Nueva Carretera Central será ejecutada bajo titularidad pública. La definición de la modalidad de ejecución queda a cargo del Poder Ejecutivo conforme a la normativa vigente.

El texto contempla alternativas como obra pública tradicional o contratos de Gobierno a Gobierno. Asimismo, se incluyen esquemas de gerenciamiento de proyectos, oficinas especializadas y asistencia técnica de otros Estados, además de la participación privada bajo las reglas existentes.

El financiamiento del proyecto se realizará mediante recursos del presupuesto público y operaciones de endeudamiento. Además, se consideran ingresos generados por la propia infraestructura conforme a la normativa aplicable.

El Ministerio de Economía y Finanzas, junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, deberá incorporar progresivamente los recursos necesarios en la programación multianual. Todo el proceso se desarrollará bajo las reglas fiscales y el marco macroeconómico vigente.

Con la norma se creará una Comisión Multisectorial de Coordinación y Seguimiento de carácter temporal. Este grupo estará integrado por representantes de los gobiernos regionales del ámbito de influencia del proyecto, además de otras entidades del Ejecutivo.

Sus principales funciones serán la coordinación interinstitucional, seguimiento del avance físico y financiero y supervisión de la programación de inversiones. Dicho grupo deberá remitir informes semestrales a la comisión competente del Congreso.

Mientras que, el Poder Ejecutivo deberá garantizar la publicación periódica de información sobre el avance del proyecto. Esto incluye datos sobre ejecución presupuestal, hitos principales y cronogramas referenciales.

La ley establece un plazo de 60 días calendario para su reglamentación y su vigencia comenzará al día siguiente de la publicación del reglamento correspondiente. Adicionalmente, autoriza la creación de mecanismos financieros adicionales para sostener el proyecto. Entre ellos se contemplan fondos de inclusión vial, fideicomisos y esquemas vinculados a ingresos de la infraestructura como peajes.

Juntos por el Perú apela el acta de proclamación del Jurado Electoral Lima Centro 2 a fin que el JNE reconsidere la afectación que ha sufrido el procedimiento electoral de Peruanos en el Exterior y declare la nulidad de las elecciones llevadas a efecto en las oficinas consulares.… pic.twitter.com/Vr2Dvc5vhN

— Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 3, 2026

¿Qué argumentos presentó el partido?

El expediente presentado por Juntos por el Perú argumenta que el proceso electoral realizado en las oficinas consulares registró presuntas deficiencias que comprometerían la transparencia del escrutinio. Según el documento, estas situaciones afectarían el principio de intangibilidad electoral que debe garantizar la conservación de la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

Dentro de los fundamentos de la apelación, la organización afirma que existen elementos suficientes para solicitar la nulidad de todas las actas correspondientes al voto en el exterior. El recurso sostiene que las presuntas anomalías detectadas justificarían la invalidación integral de esos sufragios.

“Habría mediado graves irregularidades concretizando actos vulneratorios del principio de intangibilidad electoral, ocasionando, a su vez la afectación grave del procedimiento electoral de segunda vuelta de peruanos en el exterior”, se indica en el documento.

Además de la apelación presentada ante el Jurado Electoral Especial, Juntos por el Perú trasladó su reclamo a través de sus canales oficiales de comunicación. En sus publicaciones, la organización sostiene que su actuación busca garantizar el respeto al debido proceso durante la segunda vuelta electoral.

La agrupación también afirma que las presuntas irregularidades detectadas en las mesas instaladas en las oficinas consulares justifican la revisión del procedimiento. Por esa razón, considera que corresponde evaluar la nulidad de las actas observadas para proteger la validez del voto emitido por los peruanos residentes en el extranjero.

Partido exige que se programe una audiencia

Como parte de su estrategia, Juntos por el Perú solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que convoque una audiencia para exponer de manera oral los argumentos contenidos en el recurso. La organización busca que el máximo organismo electoral escuche los fundamentos jurídicos antes de emitir una decisión sobre la apelación.

“¡Exigimos audiencia inmediata!”, demandaron.

Con esta actuación, la organización espera que las autoridades electorales evalúen los cuestionamientos formulados contra el proceso desarrollado en las oficinas consulares. La decisión que adopten los organismos electorales determinará si la apelación continúa su trámite o si los resultados del voto en el extranjero permanecen sin modificaciones.

La ceremonia está prevista para las 12:00 horas y se desarrollará en la sede de la institución, en el distrito de Jesús María.

La sesión pública será encabezada por el presidente del JNE, Roberto Burneo, junto con los integrantes del Pleno del organismo. Durante el acto se validará el cómputo final al 100 % de los comicios realizados el 7 de junio.

Con los resultados definitivos de las autoridades electorales, se oficializará el triunfo de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien obtuvo el 50.135 % de los votos válidos en la segunda vuelta presidencial.

Además de la proclamación de la nueva jefa de Estado, el JNE oficializará a Luis Galarreta como primer vicepresidente de la República y a Miguel Ángel Torres como segundo vicepresidente.

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La medida también revierte la situación que había llevado a declarar desierto el concurso al no quedar postulantes aptos tras la salida de los dos candidatos. Ahora, la JNJ deberá reprogramar las etapas pendientes para culminar el nombramiento del próximo titular de la ONPE.

#EnVivo

JNJ declara fundado el recurso de reconsideración en el concurso para la jefatura de la ONPE

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— Canal N (@canalN_) July 3, 2026

Pleno aprobó el recurso por mayoría

La decisión fue adoptada durante la sesión del Pleno realizada el jueves 2 de julio y convocada por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera. El recurso fue respaldado por los magistrados María Teresa Cabrera Vega, Gino Augusto Tomás Ríos Patio, Germán Alejandro Julio Serkóvic González y Rafael Manuel Ruiz Hidalgo.

En contra de la reconsideración votaron el vicepresidente Víctor Hugo Chanduví Cornejo y los magistrados Jaime Pedro de la Puente Parodi y César Galindo Sandoval. Con ese resultado, Carlos Loyola Escajadillo quedó nuevamente habilitado para continuar en el concurso público.

Como se recuerda, Carlos Loyola Escajadillo había sido retirado del proceso mediante la Resolución N.° 414-2026-JNJ. La JNJ determinó que el postulante omitió consignar dos procesos judiciales de naturaleza civil que se encontraban en trámite al momento de presentar su declaración para el concurso.

La exclusión de Loyola, sumada a la renuncia por motivos de salud de la postulante Amparo Ortega el pasado 23 de junio, dejó al proceso sin candidatos habilitados. Como consecuencia, el concurso para designar al nuevo jefe de la ONPE fue declarado desierto.

JNJ reformulará el cronograma

Tras reincorporar a Carlos Loyola Escajadillo, el Pleno dispuso que la Dirección de Selección y Nombramiento elabore, en el menor plazo posible, un nuevo cronograma con las actividades pendientes del concurso. Esta reprogramación permitirá retomar las etapas restantes hasta la designación del nuevo jefe de la ONPE.

El proceso busca nombrar al sucesor de Piero Corvetto, quien renunció al cargo en abril luego de los cuestionamientos surgidos por los problemas registrados durante la primera vuelta electoral del 12 de abril.

La Junta Nacional de Justicia indicó que las decisiones adoptadas durante este procedimiento se sustentan en el respeto al debido procedimiento, la legalidad y la transparencia. Según la institución, estos criterios buscan garantizar la objetividad durante la elección del nuevo titular del organismo electoral.

Mientras se aprueba el nuevo cronograma y concluye el concurso público, la ONPE permanece bajo la dirección interina de Bernardo Pachas. La JNJ deberá definir las fechas de las etapas finales antes de realizar el nombramiento definitivo.

Suspenso

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), envió un oficio al presidente del JNE, Roberto Burneo, para informarle que este “ha comunicado su decisión expresa, voluntaria e irrevocable de no jurar ni asumir el referido cargo”.

“La Oficina Legal y Constitucional del Congreso concluye que, al no existir una regulación expresa para este supuesto, y mientras el senador electo no se incorpore al Congreso, corresponde al JNE resolver la situación planteada”, se lee.

El abogado y especialista en materia electoral, José Naupari, detalló a Correo que el inconveniente no radica en si López Aliaga puede apartarse del cargo, sino cuándo puede hacerlo.

“Este Congreso no tiene ninguna competencia para definir la situación de López-Aliaga ni para pedirle al JNE una definición porque, siendo un caso de apartamiento de autoridades, el Jurado debe pronunciarse a pedido del Senado. Este aún no ha entrado en funciones”, indicó. En esa línea, indicó que no es posible convocar a un accesitario.

Por otro lado, según el reglamento del Congreso, los senadores o diputados solo pueden ser reemplazados por su accesitario en casos de fallecimiento; enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente para el ejercicio de sus funciones; inhabilitación o destitución en juicio político por infracción a la Constitución; condena mediante sentencia firme de pena privativa de libertad efectiva por la comisión de delito doloso. Es decir, lo de “Porky” está fuera de las causales.

En el documento, Cuadros agradeció la confianza recibida para asumir el ministerio, al que describió como una “alta responsabilidad al servicio de la patria”.

También sostuvo que durante su gestión actuó “con integridad, dedicación y estricto respeto por el interés público, contribuyendo al fortalecimiento de las políticas y acciones para el desarrollo de la educación en el Perú”.

La exministra también expresó su reconocimiento a los servidores y funcionarios del Ministerio de Educación por su labor en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Asimismo, manifestó: “De igual manera, hago extensivo mi más profundo agradecimiento a los docentes del país, quienes, día a día, cumplen la función de formar a los estudiantes para hacer de ellos personas con calidad humana, con mayores y mejores aprendizajes”.

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