La norma cuenta con la firma del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

En otra disposición, la Secretaría General del Despacho Presidencial nombró a Edwin Lévano Gamarra como secretario de la Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial, bajo el régimen de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil.

La designación fue oficializada mediante la Resolución N.° 000058-2026-DP/SGDP, publicada en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales.

La Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial tiene entre sus principales funciones brindar asistencia técnica en la gestión y tramitación de las normas legales que serán promulgadas por el presidente de la República, además de apoyar el desarrollo de las sesiones del Consejo de Ministros.

¿Un uso eficiente de recursos puede generar un ahorro importante?

Para hacer frente los gastos que generarán las propuestas del Gobierno se va a tener que ahorrar en gasto corriente, fundamentalmente. Pero creo que no será suficiente y seguro que será necesario que las otras políticas que se han puesto en marcha, orientadas a incentivar la inversión privada y el crecimiento económico, podrán ampliar la base tributaria, que ayudaría a generar más ingresos, los que se requieren para equilibrar el presupuesto. Será muy importante que los programas sociales sean en gran medida financiados con crecimiento sostenible.

¿Pero cuánto se podría ahorrar?

Habrá que ver el detalle del tipo de ahorro que se quiere dar, pero de alguna manera el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) calculó que los gastos ineficientes en el sector público estaban alrededor de 2 puntos del producto bruto interno (PBI), es decir, cerca a 20 mil, 25 mil millones de soles. Ahora solo tenemos anuncios y hay que ver el detalle de las medidas y ahorros donde se quiere conseguir.

Sobre el aumento del sueldo mínimo, siempre se dice que hace crecer la informalidad...

Aumentar el sueldo mínimo es una mala medida, así sea 1%. Se trata de un salario mínimo que, según un estudio que el Banco Central de Reserva presentó el año pasado, ya está cerca del 40% por encima del valor en que debería estar. Entonces, no se puede justificar el anuncio de un aumento de 15%. Lo peor es que no ayuda al 70% o más de la población económicamente activa que trabaja fuera de planilla, que no tiene ningún tipo de salario mínimo. Además, ha quedado demostrado que alienta la informalidad.

Se prevé que la flexibilidad de leyes laborales será un tema del pedido de facultades...

Me parece muy bien abordar la flexibilidad laboral. Es uno de los principales problemas que están detrás de nuestra baja productividad y alta informalidad. Queda todavía ver los detalles. Creo que será muy importante revisar cada uno de ellas. Hay medidas interesantes, sobre todo las que tienen que ver con racionalizar el nivel de los costos laborales en función a los ingresos que tienen los trabajadores. El costo que tiene una gran empresa para pagar sueldos y salarios es alto, por eso que la informalidad está presente. Me parecen muy bien, también, las medidas para generar mayor incentivo al empleo juvenil. Ojalá que se pueda avanzar en ello. Se trata de hacer más asequible la formalidad a la mediana y pequeña empresa, no tanto quitar derechos laborales que hoy día están concentrados justamente en los trabajadores en planilla y en la gran empresa.

La “Ley Pulpín” está nuevamente sobre la mesa

Creo que lo importante es ver las mejores prácticas en el mundo para el empleo juvenil como en los países desarrollados, ¿no? Tienen esquemas de empleo juvenil, con acceso reducido porque recién están aprendiendo. Nadie habla en los países europeos, por ejemplo, de que se esté esclavizando al joven trabajador. Por el contrario, se le da está dando la opción para que empiece a trabajar. Hay que darle esa mirada. Esa mirada de: hoy no tengo empleo, nadie me da empleo porque esa mediana y pequeña empresa no me puede pagar esos altos derechos laborales. En cambio, ahora voy a flexibilizar de alguna manera para que pueda empezar a trabajar y progresivamente irme incorporando al mercado laboral. Esa es la forma de mirar el tema. No la llamaría “Ley Pulpín”, sino ley de empleo juvenil, mirando las mejores prácticas en el mundo.

David Tuesta

Exministro de Economía y Finanzas.

Economista, doctor en Economía por la PUCP.

Magíster en Asuntos Públicos por la Universidad de Minnesota (EE.UU.).

Exdirector corporativo de Asuntos Estratégicos en la CAF.

Subir el sueldo mínimo no ayuda al 70% de trabajadores informales”.

¿Cuál es la situación actual de la salud pública en el Perú?

Vivimos una crisis permanente. El principal problema es que no se asigna el presupuesto que realmente necesita el sector. Actualmente se invierte alrededor del 2,5% del PBI en el Ministerio de Salud y 1,2% en EsSalud, cuando deberíamos estar cerca del 6%. Eso significa que necesitamos prácticamente duplicar el presupuesto actual. Como consecuencia, faltan camas hospitalarias, especialistas, equipos médicos y capacidad de atención.

¿Cuáles son las carencias más visibles?

Existe una enorme brecha en equipamiento. Solo en Lima contamos con cinco resonadores magnéticos, cuando la OMS recomienda 25 y los estándares de la OCDE hablan de 85. A ello se suma el déficit de más de 16 mil médicos especialistas y alrededor de 10 mil médicos generales para fortalecer el primer nivel de atención.

¿Cómo se reflejan estas carencias en las regiones?

Las diferencias son muy marcadas. Regiones como Amazonas, Madre de Dios o Cajamarca tienen entre tres y seis médicos por cada 10 mil habitantes, cuando lo recomendable es contar con al menos 23. Eso genera largas listas de espera para consultas y cirugías. Además, el primer nivel de atención debería resolver la mayor parte de enfermedades comunes y crónicas, realizar análisis clínicos, ecografías y radiografías. Sin embargo, solo uno de cada cinco establecimientos tiene capacidad para hacerlo.

¿La crisis responde únicamente a la falta de recursos?

No. El presupuesto es fundamental, pero también hay problemas de corrupción y gestión. Según estimaciones oficiales, la corrupción representa una pérdida enorme para el país y en Salud sería el 15% de los recursos del sector. Eso explica casos de hospitales que multiplican varias veces su costo original sin concluirse. Deben identificarse responsabilidades y sancionarse a quienes corresponda.

¿Qué debe hacer el Gobierno frente al riesgo de un nuevo fenómeno El Niño?

Lo primero es implementar cuanto antes un plan de acción integral. Las regiones del norte enfrentarán riesgos asociados a lluvias intensas, inundaciones y aumento de enfermedades transmisibles. Allí debemos prepararnos para posibles incrementos de dengue, malaria, infecciones gastrointestinales y enfermedades de la piel. Eso implica contar con vacunas, medicamentos, equipos de fumigación, hospitales de campaña y brigadas médicas listas para desplazarse.

¿Qué lecciones dejó el COVID-19?

La pandemia mostró crudamente nuestras debilidades. Tuvimos una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. Faltaron camas UCI, oxígeno, personal y organización. Lo preocupante es que, después de esa experiencia, muchas de las brechas siguen igual.

¿Qué espera la Federación Médica Peruana de la nueva gestión?

Nosotros vamos a dar nuestro apoyo al nuevo ministro de Salud, pero también esperamos resultados concretos. Creemos que un plazo razonable para evaluar la gestión son los primeros 180 días. Hay varios aspectos que observaremos de manera prioritaria. El primero es la respuesta frente al fenómeno de El Niño. El segundo es la reducción de las colas y listas de espera. También evaluaremos el abastecimiento de medicamentos, la lucha contra la anemia y la desnutrición, así como la capacidad del Gobierno para destrabar proyectos hospitalarios pendientes.

¿Qué mensaje final le daría al nuevo Gobierno?

Esperamos que las autoridades conozcan realmente la realidad del país, visiten las regiones y tomen decisiones basadas en las necesidades de la población. No vamos a tolerar ningún acto de corrupción y exigiremos que se aceleren las soluciones para los hospitales paralizados. La salud necesita resultados concretos. No los exigimos para mañana, pero sí queremos ver avances medibles en los próximos seis meses.

CIFRAS

• 6%

del PBI debería destinarse a Salud. Hoy es el 2.5%.

• 16

mil médicos especialistas y 10 mil generales faltan en el país.

Godofredo Talavera

Presidente de la FMP

Médico Cirujano. Especialista en Pediatría y Gastroenterología Pediátrica. Es un referente del gremio médico y del Instituo Nacional de Salud del Niño. Ejerció la presidencia de la FMP en varios periodos.

El diputado Luis Quispe Candia, de su partido, informó que el PBG “apoyará” la solicitud de facultades legislativas, ¿es una decisión oficial?

No es una decisión oficial, es una postura. Es que el PGB no es un partido obstruccionista. ¿Cómo me voy a oponer a algo que no conozco? El documento no ha llegado formalmente a ninguna instancia, parece un globo de ensayo.

¿Y cuál es su posición?

Se ha mandado un documento a ver qué opina la gente. Los empresarios se contradicen en un tema, los partidos cuestionan otras. Entonces, en realidad, parece que estaban más bien tomando la temperatura de cómo recibiremos ciertos temas. La firme va a ser el día domingo (hoy) que tienen su sesión de Consejo y se han comprometido que estarán sacando un documento formal. Entonces claro, Quispe Candia dice que no nos vamos a oponer. ¿Cómo pues nos vamos a oponer?, todavía no nos ha llegado el documento. En principio nosotros queremos. El gobierno tiene que gobernar, ya han ganado las elecciones, cuestionadas o no, han ganado y tienen que gobernar.

¿Pero se han reunido al respecto?

Nosotros hemos estado presentes en una reunión que tenía que ver varios temas: nuestra participación en las comisiones, la mesa directiva, nuestras oficinas, que no hay nada, no podemos trabajar, están totalmente deshabilitadas. Oficialía Mayor ha sido una desgracia porque todo está mal organizado. Desorganizado, ha sido costoso y miren qué fecha estamos y no tenemos una oficina para trabajar.

Entonces, ¿cuándo estarían empezando sus funciones?

Ya nos han dicho, nos han pasado un documento, que por lo menos hasta la mitad de agosto no van a funcionar las oficinas. Entonces, el mismo gobierno se ha puesto un tropiezo porque está perdiendo como 15 días de tiempo porque hasta que se instalen las oficinas y, por lo tanto, las comisiones. Cuando vayan ellos a querer pedir la delegación de facultades, ¿sobre qué lo van a hacer si ni siquiera están constituidas las comisiones? El retraso viene de ellos mismos. Quieren apurarse, pero mandan un globo de ensayo.

¿Cuál es su lectura sobre esa situación?

Lo que dice el discurso de la señora (Keiko Fujimori) no se condice ni con los ministros que está poniendo y tampoco se condice con lo que está en el pedido de facultades. Entonces, tienen ellos mismos que ordenarse, me parece que no están ordenados. El Ejecutivo quiere poner la agenda al Legislativo, pero primero que se ordenen, tienen que ordenarse. Ya nos llegará el documento, ya podremos opinar formalmente sobre eso. Que nos manden una propuesta que esté mejor articulada.

¿Jorge Nieto ha dado alguna indicación en particular sobre ello?

La indicación es que esperemos el documento formal porque si no estamos opinando sobre algo que no nos ha llegado. Solo lo estamos leyendo por las redes.

Con respecto a las comisiones, ¿están apuntando a alguna en particular?

Está por verse. Por ejemplo, Flavio Figallo es el vocero pero él ha sido viceministro de Educación, tiene mucho que dar. Yo estoy con él en el Senado, a mí me encantaría que él dirija esa comisión. Claro que hay una preferencia. Pero hay preferencias en base a las capacidades que tenemos. Meternos en temas que no conocemos solamente por querer dirigir algo, no está bien. Y eso se promueve también en diputados. Se trata de que haya competencias. Pero esto va a depender también de las otras fuerzas políticas, no estamos solos.

¿Y a usted qué comisión le gustaría presidir?

Ahorita ninguna. Pero hay una que me interesa mucho que es la de Gestión del Estado.

¿Por qué?

Por mi trayectoria, me interesa mucho fortalecer lo que son gobiernos locales y regionales. Entonces yo ahí tengo mi debilidad, esa es la que a mí me encanta. Y pienso que si el Perú no logramos descentralizarnos mejor, fortalecer las instancias locales, que el gobierno empiece por las células más pequeñas que son los gobiernos locales, cerca a la gente, que pueda resolver los problemas diarios con cierta solvencia, tanto profesional como económica. Si logramos eso a nivel local, este país cambia totalmente.

Entonces, ¿por qué no presidirla?

Podría ser. Por supuesto, sería un honor pero no nos da tampoco las votaciones para presidir más que una comisión dentro del Senado.

Ello se vio en la elección de la Mesa Directiva del Senado, ¿qué opina al respecto?

No me hagas acordar de una situación tan penosa porque con tanto esfuerzo y ponernos de acuerdo para terminar por ‘las patas de los caballos’. Qué vergüenza.

¿Cómo vio esas votaciones?

Primero, lo que no me gustó fue la actitud de Rospigliosi, que no nos dio la palabra para nada o no se la dio a Ruth Luque, que solo quería hacer una pregunta para definir qué pasaba si seguían los empates. (Actuó) de manera muy prepotente, antidemocrática. Cada vez que se pedía la palabra, ponía el timbre a sonar, sonó casi por diez minutos, una y otra vez. Muy desagradable. Realmente ese señor tiene una actitud muy antidemocrática que no permite un cambio de relacionamiento que es lo que la gente quiere.

¿En general, que le parecieron las tratativas de Fuerza Popular u otras bancadas para hacerse del Senado?

La gente no lo sabe, pero lo más bonito que sucedió en el Senado fue que en la votación la bancada del fujimorismo, Renovación Popular y la bancada de oposición, por llamarlo así, empezaron a conversar. Empezaba a plantearse en ese momento una lista única. ¿Te imaginas que haya salido de este Congreso una lista única? ¿Qué mensaje le da a este país? Potente. Esa es la maravilla que se estaba creando y surgiendo en ese instante, en ese ambiente prácticamente de igualdad de fuerzas.

Entonces, ¿lo detuvo el voto viciado?

Eso que tú compres a una persona o que esa persona haya tenido sus acuerdos particulares con la otra fuerza, no le da legitimidad a la Mesa Directiva. No le da legitimidad, es como una trampa. No es legítimo como debe ser. Eso a nivel de los principios, y luego se evitó la posibilidad maravillosa de haber podido sacar una lista única, haber dado una lección al país, un símbolo distinto y por lo tanto para la Cámara baja hubiera sido un mensaje poderoso. Pero, no. Una señora (Cecilia Chacón) que repetía que la ley, que no sé qué, que no sé cuánto.

¿Pero quién hubiese liderado esa lista única?

Hubiera podido ser Miguel Torres o Flavio Figallo, que es de centro. Pero hemos perdido la oportunidad como país, porque al final hay que pensar en el Perú.

Pero esto trajo consecuencias, suspendieron a Silvana Robles por no mostrar su voto.

Son temas ya internos de ellos. Me di cuenta que estaban un poquito desordenados porque cuando yo le pregunté a mi colega de Huancavelica: ¿Por qué no has mostrado tu voto? (Me respondió) Nadie me dijo. Entonces ahí alguien tenía que poner orden, pero no era yo la llamada a hacerlo, sino dentro de su propio partido.

¿No se suma al discurso de que Robles es una traidora?

Ellos tienen que ver internamente qué ha pasado porque en verdad perdimos una oportunidad maravillosa para el país. Por, quizás, intenciones particulares, por cerrar situaciones personales. Sabe Dios qué ha pasado ahí.

¿Y en el caso de Julián Pérez Mallqui?

Lo mismo, ha sido tal escándalo público. Juramentó con una fuerza, con una radicalidad, pero son tan machistas. El problema de la izquierda es (ser) tan machista. Entonces, si son así en la política, imagínate en sus casas. El machismo hay que erradicarlo. Me parece muy bien que lo agarre la policía y que se le juzgue como cualquier persona que ha cometido un delito, una falta. Y cuando se investigue, que le caiga el peso de la ley como a cualquiera. No es un delito de función, es un tema absolutamente personalísimo.

¿Cómo debe actuar el Congreso al respecto?

Debe pasar a Ética. También tiene derecho a tener la palabra, el Congreso ya lo escuchará, como corresponde. Tenemos que respetar las instancias.

Cambiando de tema, ¿cómo así PBG se suma al bloque “Consenso por la Democracia”?

Este es un consenso de punto fijo. Ya terminó (de elegirse) la Mesa Directiva.

¿Esto se estaría rompiendo?

No. Eso es punto por punto. O sea, en principio, hay cosas en las cuales podemos estar de acuerdo y cosas que no. Creo que en ese tema de la dación de facultades, ahí puede ser discordante. No veo que vayamos con todos, al bloque, a decir que no. Porque nuestra actitud no es decirle no al Ejecutivo. Entonces, estoy sopesando eso, por ahora. Todavía no tengo ese documento, que punto por punto discutiremos en qué nos parece interesante, importante, (para) dar las facultades. De repente ellos no le quieren dar. De 20 pedidos, solamente le quieran dar en 2. Y, de repente, nosotros queremos dar en 5, en 8 o en 10. Entonces, va a haber dificultades. Ahí no podemos estar en bloque, no vamos a poder.

El letrado cuestionó que Pérez, que ayer fue liberado, no haya permanecido con marrocas en la dependencia policial, lo que ocasionó la indefensión de su patrocinada. Además, cuestionó que la Fiscalía no haya solicitado la ampliación de su detención en flagrancia.

Denuncia

Los hechos denunciados por Barrantes ocurrieron la mañana del viernes 30 de julio. De acuerdo a su versión, la denunciante “llamó por celular a la comisaría de San Miguel para que le brinden apoyo”, pues el diputado “ingresó intempestivamente, sin autorización de ella o sus familiares, a su domicilio”.

La mujer “estaba descansando en su habitación, en el tercer piso”, cuando Pérez Mallqui habría aparecido para insultarla y proferirle otros “maltratos verbales”.

“La agresión (física) fue posterior, cuando vienen los policías al domicilio y llevan al diputado, como intervenido, y a mi patrocinada. En la comisaría, mientras ella estaba declarando, estando en indefensión y con náuseas y dolor de cabeza, por los insultos proferidos y maltratos verbales por parte del diputado (…) fue a los servicios higiénicos. El diputado, que no ha estado con marrocas, la amenazó diciéndole: ‘Ya vas a ver, me estás fregando con la prensa. Ya no vas a tener trabajo en el sector público’. Trató de cogerla del brazo derecho, de manera fuerte, y le propinó una patada para que caiga”, sostuvo el abogado en diálogo con Canal N.

Luego, Barrantes rechazó que el parlamentario, sentenciado por lesiones culposas y violencia familiar, en casos distintos, haya sido puesto en libertad. El congresista abandonó la instalación policial la tarde de ayer, tras vencerse el plazo de detención en flagrancia de 48 horas.

La Fiscalía Suprema de Familia, que dirige el fiscal supremo Luis Arce Córdova, y que estuvo a cargo del caso debido a la alta investidura de Pérez, no habría solicitado la ampliación de la detención.

Más medidas

Ahora, la defensa de la denunciante solicitará que la investigación preliminar por presunta agresión se amplíe. El objetivo es que se incluya la imputación de violación de domicilio.

“Estamos pidiendo una ampliación de la denuncia penal, ya la presentamos a la comisaría del sector y hemos presentado un video para que se pueda visualizar, en su debida oportunidad, para que esto sea considerado dentro de la investigación”, detalló el abogado Barrantes.

Tras una visita a bases militares ubicadas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la jefa de Estado sostuvo que el Perú busca fortalecer la cooperación internacional frente a delitos que operan más allá de las fronteras nacionales.

“Le transmití al secretario de Estado el interés de parte de nuestro país de formar parte del Escudo de las Américas. El Escudo de las Américas busca unir esfuerzos de países que enfrentan a la criminalidad organizada, al narcotráfico, y busca compartir información, porque entendemos que este tipo de flagelos no se fijan en las fronteras”, indicó.

La mandataria también manifestó que la participación peruana podría representar un aporte para el resto de integrantes de la alianza.

“Al Perú nos gustaría participar, nos conviene participar y creo que los países que ya forman parte también van a estar interesados en que el Perú pueda contribuir con información”, precisó.

#EnVivo

Keiko Fujimori, presidenta: En una llamada, le transmití al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, el interés de nuestro país de formar parte del Escudo de las Américas

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¿Qué es el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas es una coalición política y militar presentada en marzo de 2026 durante una cumbre realizada en Miami y encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La iniciativa reúne actualmente a 11 países del continente.

De acuerdo con los objetivos planteados por sus integrantes, el bloque busca coordinar acciones para enfrentar a los cárteles y organizaciones criminales mediante el fortalecimiento de la cooperación policial, judicial y de inteligencia. Además, promueve el intercambio de información y el desarrollo de capacidades tecnológicas entre los países miembros para combatir el crimen transnacional.

“Bueno, en el caso del expresidente Ollanta Humala y en mi caso fueron digamos temas bastante similares, ¿no? Por un tema de campaña política. Entonces, si mi caso se archivó, era lógico que en el caso de él también ocurriera lo mismo”, declaró ante la prensa.

La presidenta agregó que espera que el sistema de administración de justicia concentre sus esfuerzos en la lucha contra la criminalidad. En esa línea, consideró que las autoridades deben priorizar combatir la criminalidad.

“Así es que yo saludo que hoy finalmente él esté en libertad y esperamos que el sistema de administración de justicia pues le ponga todo su esfuerzo a donde la ciudadanía está reclamando, que es a enfrentar y capturar a los delincuentes”, manifestó.

#EnVivo

Keiko Fujimori: El caso del expresidente Ollanta Humala y el mío fueron bastante similares por un tema de campaña política. Si mi caso se archivó, era lógico que en el suyo también ocurra lo mismo. Saludo que esté en libertad

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Como se recuerda, el pasado 16 de junio, el Poder Judicial dispuso el archivo definitivo del caso Cócteles, proceso que involucraba a Keiko Fujimori, dirigentes de Fuerza Popular y otras personas investigadas por presunto lavado de activos. La decisión fue adoptada por una sala de apelaciones en cumplimiento de lo resuelto previamente por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, Ollanta Humala salió del penal de Barbadillo la noche del último viernes luego de que el Poder Judicial ordenara ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional que anuló la condena de 15 años de prisión que pesaba en su contra por lavado de activos. El exmandatario había sido sentenciado junto a la exprimera dama Nadine Heredia por los aportes vinculados a sus campañas electorales de 2006 y 2011.

Tras recuperar su libertad, Humala sostuvo que fue víctima de una persecución política y judicial, además de negar que él, su esposa o el Partido Nacionalista hayan recibido aportes ilegales provenientes de Brasil o Venezuela.

En declaraciones a la prensa, Fujimori expresó sus condolencias por las víctimas del siniestro y señaló que el Gobierno viene coordinando la comunicación con los representantes diplomáticos de los ciudadanos extranjeros fallecidos. La aeronave transportaba turistas de Italia, Alemania y España, además de dos tripulantes peruanos.

“Primero lamentar profundamente este accidente. Han perdido la vida 12 personas. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida”, manifestó.

La presidenta también precisó que se evaluará la suspensión temporal del aeropuerto de Pisco, aunque evitó adelantar una decisión hasta que culminen las investigaciones técnicas.

“Se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto, pero no quiero adelantar nada hasta que no se concluyan las investigaciones y los ministros correspondientes me den su informe”, agregó.

#EnVivo

Keiko Fujimori, presidenta, tras la caída de una avioneta con 13 pasajeros: Se está evaluando la suspensión del aeropuerto de Pisco

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MTC activa protocolos para esclarecer causas del accidente aéreo

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que la aeronave accidentada fue una Cessna Caravan C-208 de matrícula OB-2001, operada por la empresa Aerodiana. Según detalló la entidad, la avioneta contaba con autorización para realizar operaciones de transporte aéreo especial con fines turísticos.

Desde el sector se informó que la DGAC y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación activaron los protocolos técnicos correspondientes para determinar las causas del accidente. Las diligencias permitirán establecer las circunstancias que provocaron la emergencia reportada por la tripulación.

La cartera indicó que brindará las facilidades necesarias para el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos. Además, señaló que se evaluarán las medidas que correspondan para fortalecer la seguridad de las operaciones aéreas.

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores viene coordinando con los consulados de los países de origen de los pasajeros fallecidos para comunicar oficialmente la tragedia a sus familiares. El MTC señaló que esta gestión busca que los deudos reciban la información mediante canales oficiales.

En declaraciones a Canal N, el letrado recordó que la denuncia se originó el pasado 30 de julio, cuando su patrocinada solicitó la intervención de la Policía tras denunciar que el parlamentario habría ingresado sin autorización a su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Miguel. A partir de ese momento, ambas partes fueron trasladadas a una dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

Barrantes señaló que, de acuerdo con la versión de la denunciante, los presuntos hechos de violencia física se habrían producido cuando ambos permanecían en la comisaría. Según indicó, el diputado primero la habría amenazado verbalmente y luego la sujetó del brazo para finalmente propinarle una patada.

El abogado precisó que estos hechos fueron incorporados en la declaración brindada por su patrocinada. Asimismo, sostuvo que esa información deberá ser evaluada por las autoridades durante el desarrollo de la investigación.

Nueva evidencia del caso

Como parte de las diligencias, la defensa informó que entregó un video para que sea incorporado al expediente fiscal. Barrantes indicó que ese material formará parte de los elementos que serán analizados por el Ministerio Público.

Asimismo, anunció que solicitará la ampliación de la denuncia penal para incluir los hechos que, según sostiene, ocurrieron dentro de la dependencia policial. La defensa considera que esa información también debe formar parte de la investigación.

El representante legal también expresó su desacuerdo con la decisión de la Fiscalía de dejar en libertad al parlamentario una vez concluido el plazo de detención. No obstante, reconoció que el proceso continúa y que corresponderá al Ministerio Público determinar si existen responsabilidades penales conforme avancen las diligencias.

Tras salir, rechazó las acusaciones y señaló que brindará las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

“Rechazo rotundamente todo lo que se me ha imputado por una agresión psicológica y, peor aún, por violencia familiar”, declaró el legislador ante la prensa.

También indicó que quedó en libertad tras cumplirse los plazos legales previstos para este tipo de casos y precisó que su relación con la denunciante terminó hace aproximadamente seis meses.

Pérez Mallqui también manifestó que rechaza toda forma de violencia contra la mujer y sostuvo que esta experiencia lo impulsará a promover iniciativas orientadas a fortalecer la protección de los derechos de las partes involucradas en este tipo de procesos.

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Así lo informó Wilfredo Pedraza, abogado del exmandatario, quien señaló que el recurso fue presentado tras la resolución emitida por el máximo intérprete de la Constitución.

“El habeas corpus es solo para el señor Humala; sin embargo, ya los abogados (de Heredia), entiendo que ayer al final de la tarde, han ingresado recursos pidiendo que el juez extienda los efectos de esa decisión del TC. Eso me parece que va a ser inevitable”, declaró para RPP.

El abogado precisó que los efectos de la sentencia no se aplican automáticamente a la ex primera dama, por lo que era necesario presentar las acciones judiciales correspondientes.

Respecto a un eventual retorno de Nadine Heredia al país, Pedraza indicó que esa será una decisión que deberá adoptar la ex primera dama junto con Ollanta Humala.

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Durante la actividad, inspeccionó las labores que desarrollan las fuerzas del orden en esa zona del país.

En su mensaje dirigido a efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la mandataria expresó su respaldo a ambas instituciones y resaltó su participación en la pacificación del país frente a las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el MRTA.

“Hoy los retos que el Perú necesita son distintos; seguimos teniendo el problema del narcotráfico, que vamos a seguir enfrentando y combatiendo; tenemos al crimen organizado, que está haciendo que la población viva con miedo; la minería ilegal, a la que tenemos que hacer retroceder; y por eso los convoco, como lo he hecho en el mensaje a la nación, a trabajar juntos”, sostuvo.

Durante la visita, Keiko Fujimori también reconoció la labor humanitaria que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al recordar la evacuación de emergencia de una mujer que había dado a luz.

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La mandataria arribó a la base militar de Mazamari, en la provincia de Satipo, región Junín, donde fue recibida por el alto mando militar.

Durante la visita, las autoridades de las Fuerzas Armadas presentarán un informe sobre las intervenciones realizadas por el Batallón Contraterrorista Alto Comaina N.° 79, unidad que desarrolla acciones contra remanentes terroristas y organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas en el Vraem.

#LoÚltimo

La presidenta Keiko Fujimori llegó a la zona del VRAEM

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— Canal N (@canalN_) August 1, 2026

Como parte de la agenda, la jefa de Estado también se trasladará a la base de Valle Esmeralda para conocer las labores operativas que realizan las fuerzas del orden. Además, recibirá información sobre la operación en la que fue abatido el terrorista conocido con el alias de “Richard” y los daños sufridos por un helicóptero durante esa intervención.

La jornada continuará con una visita a la base militar de Pichari, donde los mandos expondrán las condiciones operativas, los retos logísticos y las necesidades de equipamiento para reforzar las acciones de seguridad en la zona.

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La medida fue establecida mediante la Resolución Suprema N.º 245-2026-PCM, difundida en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La resolución lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, con lo que queda oficializado el nombramiento de la nueva autoridad.

La misma disposición también pone fin a la designación de Yonny Narciso Ramírez Aguilar como Director de Inteligencia Nacional de la DINI. Además, el documento expresa el agradecimiento por los servicios prestados durante el desempeño de sus funciones.

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“Todavía no hemos tomado la decisión final, pero vamos a tener una conversación larga con el canciller”, dijo ayer Fujimori a la prensa tras su visita a Junín por las secuelas del sismo.

Keiko Fujimori, presidenta de la República, sobre salvoconducto a Betssy Chávez: Todavía no hemos tomado la decisión final. Vamos a tener una conversación larga con el canciller

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— Canal N (@canalN_) July 31, 2026

Enclave

Como se sabe, la exjefa del gabinete del golpista Pedro Castillo permanece en la Embajada de México en Lima desde el 3 de noviembre de 2025, cuando recibió asilo diplomático mientras afrontaba un proceso judicial por su participación en el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Ahora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha colocado el caso como una condición para recomponer las relaciones bilaterales.

La mandataria mexicana afirmó que el respeto al derecho de asilo y el salvoconducto para Chávez son una “condición principal” para restablecer los vínculos diplomáticos y designar nuevamente un embajador en Lima.

Incluso, Sheinbaum reveló que el secretario de Relaciones Exteriores de su país conversó con Fujimori para avanzar y “normalizar” sus relaciones.

En ese escenario, el canciller Carlos Espá señaló que México y Perú no deben estar “separados” y que trabaja para una “ruta de integración” de ambas naciones.

Espá, incluso, se mostró proclive a entregar este documento y sostuvo que el Ejecutivo resolverá el caso bajo las normas internacionales.

“Nosotros vamos a actuar de acuerdo a los principios del derecho internacional, de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954, que es la Convención del Asilo”, respondió ayer a la prensa en su ceremonia de transferencia del cargo.

“Nosotros tenemos muy claro, porque la Convención es clarísima, cuáles son las obligaciones de los Estados”, agregó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, expresó también una posición favorable a una eventual entrega del salvoconducto a Chávez en una entrevista del pasado jueves.

“Yo creo que sí (se debe entregar el salvoconducto), porque además creo que está amparado en la legislación internacional”, declaró a Exitosa.

Contraste

El nuevo gobierno se distanciaría así de una postura asumida por el régimen de José Jerí y el canciller Hugo de Zela. El gabinete y el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazaron el 7 de noviembre de 2025 otorgar el salvoconducto solicitado por México para Chávez.

📄Comunicado de Prensa 022-25:

Sobre solicitud de salvoconducto para Betssy Chávez y partida de embajador cubano.

👉 https://t.co/HXqYGc22xf pic.twitter.com/lgdWEbSJ1x

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 7, 2025

La entidad sostuvo que la Convención de Caracas de 1954 había tenido una “evolución negativa” en su práctica internacional y cuestionó que sus disposiciones fueran utilizadas para calificar delitos comunes como casos de persecución política.

La Cancillería consideró que ello desnaturalizaba el objetivo del tratado y advirtió que “en ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales”.

Además, el entonces Gobierno peruano anunció que propondría ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) modificar la Convención de Caracas de 1954 para impedir que su aplicación se desvirtúe.

“Para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo. Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA”, reza el comunicado.

El fiscal supremo Luis Arce Córdova asumió el caso y ordenó diligencias para establecer las circunstancias de la presunta agresión.

Medidas

El magistrado encargó a la Policía ejecutar las acciones necesarias para esclarecer los hechos dentro de un plazo de 15 horas y remitir los resultados al Ministerio Público.

Según la disposición fiscal, la PNP debe recoger las declaraciones de los agentes que participaron en la intervención y de los testigos. También deben revisar el lugar donde habría ocurrido la agresión y recabar información de las cámaras de seguridad.

Asimismo, la Fiscalía solicitó la declaración de la presunta víctima y del investigado; y precisó que Pérez Mallqui deberá brindar su versión con la presencia de un abogado defensor.

Además, dispuso recabar los antecedentes judiciales, penales y policiales del legislador y verificar si existen investigaciones previas o medidas de protección relacionadas con el caso. Todo ello para evaluar acciones de resguardo para la denunciante.

Estado

La situación jurídica de Pérez todavía no está definida porque será la Fiscalía la que determine los siguientes pasos después de que la Policía entregue su informe.

Mientras tanto, el diputado permaneció ayer detenido en la comisaría de San Miguel por segundo día consecutivo.

Por su parte, la bancada de JP emitió un pronunciamiento rechazando cualquier forma de violencia y señalando que seguirá de cerca las investigaciones para evaluar las posibles sanciones.

El TC anuló todo el proceso penal a Humala, que culminó en una sentencia en primera instancia por lavado de activos, por presuntos aportes en campaña al Partido Nacionalista. Lo condenó a 15 años de prisión.

Escenario

Luego de la decisión del TC, el jueves, fue el juez César Riveros Ramos, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria (Corte Superior de Justicia Penal Especializada), el que ordenó “la excarcelación en el día” del exmandatario. La resolución se emitió al promediar las 4:00 p.m. de ayer.

Casi cuatro horas después, Humala abandonó el penal de Barbadillo (Ate) al interior de un vehículo, del que descendió para declarar la prensa.

“Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial. El 15 de abril del año pasado fui secuestrado por el Estado y después los sicarios del sistema regularizaron una situación ilegal. Jamás hemos cometido delito alguno. Nunca he recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni Brasil”, indicó

Luego, afirmó que “necesitaban perseguirnos por nuestra gestión de gobierno e ideología política”.

“Han hecho que tenga que asilar a mi esposa y sacar a mis hijos del país. Hoy estoy denunciando que hemos sido perseguidos hasta el punto de verme detenido en una prisión. Tiene que haber justicia para esta situación”, sostuvo.

Al llegar a su casa, añadió: “El brazo armado del Grupo Colina del Ministerio Público, que es el Equipo Especial Lava Jato, nos persiguieron, usurparon funciones del Poder Judicial y de la ONPE y criminalizaron aportes de campaña”.

Más temprano, la presidenta Keiko Fujimori calificó la decisión del TC como “natural” y llamó a respetarla. “Cuando se vive un Estado de derecho, se tienen que respetar las resoluciones, nos guste o no”, indicó.

El traslado se realizó en una ambulancia del INPE y bajo estrictas medidas de seguridad.

Tras concluir las evaluaciones médicas, el exmandatario retornó al establecimiento penitenciario, mientras que el INPE precisó que su estado de salud es estable.

A través de un comunicado, la entidad penitenciaria reafirmó su compromiso con el respeto de los derechos de la población privada de libertad y aseguró que garantiza el acceso oportuno a los servicios de salud para los internos.

Alejandro Toledo permanece recluido en el penal de Barbadillo desde el 23 de abril de 2023, luego de ser extraditado desde Estados Unidos para afrontar el proceso judicial por el caso Odebrecht.

En octubre de 2024 fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos relacionados con la Carretera Interoceánica, tramos 2 y 3.

El exjefe de Estado, de 81 años, es sometido periódicamente a controles médicos debido a diversas enfermedades crónicas.

Asimismo, el pasado 21 de julio de 2026 la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recibió una solicitud para otorgarle una gracia presidencial por razones humanitarias.

A su salida del establecimiento penitenciario, Humala afirmó que nunca recibió aportes ilegales de Venezuela ni de Brasil para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011, y sostuvo que jamás cometió delito alguno. Además, calificó su detención como un “secuestro por parte del Estado”.

LEE: Ollanta Humala sale libre: Abandona penal Barbadillo tras anularse su condena de 15 años

El exmandatario, visiblemente emocionado, señaló que el proceso judicial afectó gravemente a su entorno familiar. Indicó que su esposa, Nadine Heredia, tuvo que solicitar asilo y que sus hijos salieron del país debido a las consecuencias del caso.

Ollanta Humala aseguró que la investigación y la condena respondieron a motivos políticos relacionados con su gestión de gobierno y su ideología. En ese sentido, exigió que se haga justicia y se determinen responsabilidades por lo que considera una persecución en su contra.

El exjefe de Estado permanecía recluido en el penal de Barbadillo desde abril de 2025, cuando fue sentenciado junto con Nadine Heredia a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado, en el proceso vinculado al presunto financiamiento irregular de sus campañas presidenciales. Anteriormente, también estuvo en ese penal entre 2017 y 2018 mientras cumplía prisión preventiva.

Equipo Especial Lava Jato

Tras llegar a su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Surco, Humala volvió a cuestionar a los fiscales que participaron en el caso y calificó al Equipo Especial Lava Jato como “el brazo armado” del Ministerio Público.

“Yo, mi familia y el Partido Nacionalista hemos sido víctimas de una persecución política y judicial. 15 de abril del año pasado, 2025, fui secuestrado por el Estado, y después los sicarios del sistema de justicia que estaban en ese momento regularizaron una situación ilegal”, refirió.

Asimismo, Humala afirmó que continuará enfrentando las acciones judiciales que considere irregulares.

Finalmente, el expresidente sostuvo que el Estado debe ofrecer disculpas a su familia y al Partido Nacionalista por los perjuicios ocasionados durante el proceso. Reiteró que luchará para demostrar su inocencia y responsabilizó a las autoridades que, según dijo, impulsaron una persecución en su contra.

El exmandatario salió a bordo de una camioneta y declaró brevemente a la prensa indicando que fue “secuestrado por el Estado”, y posteriormente se dirigió a su vivienda ubicada en el distrito limeño de Santiago de Surco.

“Hemos sido víctimas de una persecución política”, incidió el exjefe de Estado.

La decisión fue adoptada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, después de que el TC declarara fundado el hábeas corpus presentado por la defensa de Humala.

El recurso buscaba dejar sin efecto tanto la condena como el proceso penal seguido por los presuntos aportes ilícitos a las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

En su resolución, el Tribunal Constitucional concluyó que los hechos atribuidos al exmandatario no podían ser sancionados como lavado de activos, debido a que la figura penal aplicada no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos investigados.

Asimismo, precisó que ningún juez puede condenar con base en una norma derogada o posterior a la comisión del delito, al considerar que ello vulnera el principio de legalidad.

Tras la notificación judicial, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó los trámites para la liberación del exjefe de Estado, quien permanecía recluido en el Penal de Barbadillo desde el año pasado. Con ello, quedó sin efecto la condena que cumplía por el caso relacionado con el financiamiento de sus campañas electorales.

El abogado de Humala, Julio Espinoza, señaló que la exprimera dama Nadine Heredia recibió la decisión “con mucha expectativa” y expresó su confianza en que el reencuentro familiar pueda concretarse en los próximos días, luego de que el exmandatario recuperara su libertad.

La excarcelación de Humala marca un nuevo giro en uno de los procesos judiciales más emblemáticos vinculados al financiamiento de campañas políticas en el país, tras la decisión del Tribunal Constitucional de dejar sin efecto la condena y ordenar la reposición de sus derechos.

Espinoza explicó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ya recibió la comunicación oficial para ejecutar la orden judicial y que se dispuso a la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) realizar los trámites correspondientes para concretar la excarcelación.

“Esperemos que en menos de dos horas se estén ejecutando los trámites finales. El INPE ya tiene la comunicación y ya dio la orden para que Diroes realice todos los procedimientos necesarios para disponer la excarcelación”, declaró el abogado a la prensa.

Asimismo, señaló que funcionarios del INPE se trasladarán al penal de Barbadillo para culminar el procedimiento administrativo que permitirá la salida del exjefe de Estado, cuya condena de 15 años por lavado de activos fue anulada por el Tribunal Constitucional.

Respecto a la exprimera dama, Nadine Heredia, Espinoza indicó que recibió la noticia “con mucha expectativa” y expresó su confianza en que el reencuentro familiar pueda concretarse en los próximos días, una vez que Humala recupere su libertad.

Con esta decisión, el exmandatario dejará en las próximas horas el Penal de Barbadillo, donde permanecía recluido desde el año pasado.

La medida fue adoptada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en cumplimiento del fallo emitido por el Tribunal Constitucional, que declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa del exjefe de Estado.

El recurso buscaba anular tanto la condena como el proceso penal seguido contra Humala por los presuntos aportes ilícitos recibidos para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011. El máximo intérprete de la Constitución dio la razón al exmandatario.

En su resolución, el Tribunal Constitucional concluyó que los hechos atribuidos a Humala no podían ser sancionados como lavado de activos, debido a que la figura penal aplicada no se encontraba vigente al momento en que ocurrieron los hechos investigados.

El fallo precisa que ningún juez puede imponer una condena basándose en una norma derogada o que haya entrado en vigencia con posterioridad a la comisión de los hechos, al considerar que ello vulnera el principio de legalidad.

Tras la resolución del TC y la orden judicial de excarcelación, Ollanta Humala recuperará su libertad, mientras queda sin efecto la sentencia que lo mantenía en prisión por el caso vinculado al financiamiento de sus campañas electorales.

El proyecto se ejecutará mediante el mecanismo de Obras por Impuestos con una inversión de S/ 22 millones.

Mesa técnica

Durante su visita al distrito de Chongos Bajo, una de las localidades más golpeadas por el movimiento telúrico, la mandataria informó además que se instalará una mesa técnica para coordinar la atención a los damnificados. Asimismo, hizo un llamado al sector privado para sumarse al proceso de reconstrucción a través de Obras por Impuestos.

Fujimori expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reafirmó el compromiso del Ejecutivo de garantizar la asistencia y reconstrucción de las zonas afectadas. También adelantó la llegada de carpas de emergencia desde Trujillo y de ayuda humanitaria procedente de Panamá para reforzar la atención a la población.

Como parte de su recorrido, la jefa de Estado visitó el albergue temporal Chupuro, el almacén del Indeci y el albergue Cinco Esquinas, donde permanecen cinco familias damnificadas.

El legislador explicó que su organización actuaría con rapidez ante una acusación de esa naturaleza, activando los procedimientos de disciplina y ética con el fin de establecer responsabilidades y determinar las eventuales sanciones.

López-Chau, sin embargo, evitó opinar sobre las decisiones internas de Juntos por el Perú. Indicó que cada agrupación política cuenta con normas y mecanismos propios para abordar este tipo de situaciones, por lo que prefirió no emitir juicios sobre el manejo del caso.

Asimismo, señaló que aguardará el pronunciamiento oficial de la bancada involucrada antes de fijar una posición definitiva.

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Durante una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud, el ministro expuso las prioridades que marcarán su gestión. Asimismo, indicó que las reformas estarán dirigidas a generar mejores condiciones para los usuarios del sistema de salud.

“Tenemos que empezar a crear libre competencia en el sector salud. Eso es hacia afuera, no es hacia adentro. Por lo tanto, medicamentos más baratos, infraestructura médica privada más rápida y también meterse en el tema de los seguros”, manifestó.

Más adelante, el ministro señaló que el sector privado también debe formar parte de este proceso para mejorar los servicios disponibles para la ciudadanía. En esa línea, consideró que un mercado con mayor competencia genera beneficios para los usuarios.

“Tenemos que empezar a generar competencia afuera. No es solamente el Minsa trabajando, sino también dejar que el sector privado empiece a competir. Cuando hay competencia, el gran ganador es el consumidor”, afirmó.

Dyer indicó que la implementación de estas medidas requerirá modificar parte del marco normativo vigente. Explicó que existen disposiciones que, a su juicio, ya no responden a las necesidades actuales del sistema de salud y deberán ser revisadas para facilitar una mayor competencia.

Combatir la anemia, reducir tiempos de espera, libre mercado y enfrentar el FEN son los nuevos ejes de gestión del ministro de Salud.

Ante la Federación Médica Peruana y autoridades del sector Salud, el titular del Minsa destacó que trabajará con gestión y cercanía.

➡️ Más… pic.twitter.com/SFvRi8Wntf

— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 31, 2026

Reducirá los tiempos de espera

El ministro señaló que otra de las prioridades de su gestión será reducir el tiempo de espera para acceder a los servicios de salud públicos. Para ello, anunció que fortalecerá la telemedicina, optimizará procesos internos, garantizará el abastecimiento de medicamentos y reforzará la supervisión de los establecimientos.

“Se habla afuera que para atenderse en el Minsa pueden demorarse entre cuatro o cinco meses. Yo no quiero ser crítico, quiero ver qué está pasando por dentro para saber qué debemos hacer”, expresó.

Dyer informó que otro de los ejes de su gestión será fortalecer la lucha contra la anemia en coordinación con el Midis. Además, señaló que el sector Salud ya viene preparándose para afrontar un eventual Fenómeno de El Niño y adelantó que realizará visitas a hospitales de Lima y regiones para supervisar la atención y el funcionamiento de los servicios.

La jefa de Estado señaló que el Perú es un Estado de derecho y que corresponde acatar las resoluciones judiciales.

“Vivimos en un estado de derecho y cuando se vive un estado de derecho se tienen que respetar las resoluciones, nos guste o no nos guste”, expresó.

También recordó que hace cerca de ocho años afrontó una resolución que calificó como dolorosa y que posteriormente logró revertir mediante su defensa legal. “Entonces, en esta resolución yo puedo discrepar, pero me corresponde respetarla”, comentó.

Al ser consultada por el desempeño del Ministerio Público luego de los recientes fallos del Tribunal Constitucional que dejaron sin efecto procesos contra exautoridades, Fujimori indicó que primero deben revisarse los fundamentos de esas decisiones.

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“Hoy hacemos el anuncio de que el Ministerio de Vivienda va a firmar un convenio que, a través de Obras por Impuestos, se va a empezar la reconstrucción para la construcción de viviendas”, señaló.

La mandataria también expresó sus condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos y manifestó su respaldo a quienes resultaron afectados por el movimiento telúrico. Asimismo, señaló que su presencia en la zona busca transmitir el compromiso del Gobierno frente a la emergencia.

Durante su intervención, la jefa de Estado agradeció el trabajo realizado por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, el personal de las Fuerzas Armadas, el gobernador regional de Junín, Sósimo Cárdenas, y de los alcaldes provinciales y distritales que participaron en las labores de respuesta.

La jefa de Estado también resaltó el apoyo brindado por el Programa Mundial de Alimentos, la organización Hombro a Hombro, los bomberos y representantes de la Iglesia. En ese contexto, consideró que el trabajo conjunto entre las entidades públicas y privadas ha permitido acompañar a las familias durante la emergencia.

Anuncia llegada de más ministros

Fujimori informó que el ministro de Vivienda permanecerá en Junín para supervisar la distribución de la ayuda y coordinar las acciones posteriores. Asimismo, indicó que, tras reunirse con autoridades y dirigentes de la zona, se acordó el desplazamiento de otros integrantes del Gabinete.

La presidenta aseguró que hasta la región acudirán los ministros de Educación, Trabajo, Producción y Salud para atender las necesidades identificadas en los distritos afectados. Además, precisó que el sector Educación deberá intervenir debido a los daños registrados en las escuelas locales.

“Me han pedido también que vengan más ministros de Estado. El ministro de Educación porque hay 23 colegios afectados, 80 aulas destruidas. El ministro de Trabajo, de Producción y de Salud”, manifestó.

Garantiza apoyo a las familias afectadas

Finalmente, la mandataria aseguró que el Ejecutivo mantendrá las acciones de respuesta hasta atender a toda la población perjudicada. Fujimori sostuvo que la reconstrucción demandará tiempo, aunque garantizó que el Gobierno cumplirá con ese compromiso.

“A las familias les pido que no pierdan la fe. Nuestro gobierno va a llegar. Nos vamos a demorar un poquito, pero yo les garantizo que vamos a hacer la reconstrucción total de sus viviendas”, expresó.

“Vivimos en un Estado de derecho y las resoluciones se deben respetar, nos gusten o no. A mí, en lo personal, hace cerca de ocho años me tocó afrontar una resolución dolorosísima: me privaron de la libertad y, a través de mi defensa legal, pudimos obtener resoluciones favorables. Yo puedo discrepar, pero me corresponde respetarlas”, señaló durante su visita al distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, región Junín, donde inspeccionó las zonas afectadas por el sismo ocurrido el pasado 18 de julio.

La mandataria sostuvo que el análisis debe centrarse en el fondo del caso.

“Parecería que el Ministerio Público no hizo un buen trabajo; por ello, el Tribunal Constitucional emitió esa resolución”, concluyó.

Durante el diálogo, Rubio señaló que el comienzo del nuevo gobierno brinda al Perú la estabilidad política que, según indicó, el país requiere para enfrentar sus principales retos.

También sostuvo que una gobernanza estable es clave para fortalecer la seguridad, promover el crecimiento económico y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

Según la información difundida por la Secretaría de Estado de Estados Unidos, el funcionario reafirmó la voluntad de estrechar la cooperación entre ambos países en la lucha contra la delincuencia transnacional, además de ampliar el comercio, la inversión y la preparación ante desastres.

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Tras concluir su participación en la toma de mando del Ministerio de Relaciones Exteriores, Espá indicó que el Ejecutivo aún no ha adoptado una decisión sobre este procedimiento. No obstante, remarcó que cualquier medida será tomada dentro del marco jurídico internacional que el Perú se comprometió a respetar.

“Nosotros vamos a actuar de acuerdo a los principios del derecho internacional, de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954, que es la Convención del asilo. Nosotros tenemos muy claro, porque la convención es clarísima, cuáles son las obligaciones de los Estados. Y estamos seguros que en el momento en que tengamos que tomar la decisión, vamos a tomar la decisión de acuerdo a esa convención y a los principios del derecho internacional y la vamos a dar a conocer”, manifestó.

El pronunciamiento del canciller se produce luego de que México concediera asilo político a Betssy Chávez. La exjefa del Consejo de Ministros permanece actualmente en la residencia diplomática de ese país en Lima mientras espera que se resuelva su situación.

Gobierno busca incorporarse al Escudo de las Américas

En otro momento también confirmó que el Perú se prepara para incorporarse al Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación impulsada por Estados Unidos para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales. Según explicó, este mecanismo busca fortalecer el trabajo conjunto entre los países frente a delitos que superan las fronteras nacionales.

El canciller sostuvo que amenazas como el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas requieren una respuesta coordinada entre los Estados. En ese sentido, indicó que combatir estas organizaciones de manera aislada no resulta suficiente debido a los recursos y la capacidad de operación que poseen.

“Es necesario lograr esta integración hemisférica y estamos muy contentos con la iniciativa del Escudo de las Américas, en que pronto vamos a poder reunirnos”, afirmó.

Fujimori explicó que eligió ese lugar para realizar su primera visita oficial como jefa de Estado, luego del desastre que dejó cinco fallecidos y cientos de familias damnificadas.

Durante el recorrido, la mandataria estuvo acompañada por los ministros de Defensa, Rafael Belaunde; de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas. También informó que supervisará, junto con representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), las labores que se ejecutan tras reunirse con autoridades regionales y locales.

“Lo que quiero que quede bien claro, a todos los damnificados, es que el Gobierno va a estar presente en todo este proceso de apoyo y de reconstrucción. No están solos”, expresó. Además, indicó que convocará al sector privado para reforzar la ayuda destinada a los afectados. “Acá todos tenemos que poner el hombro”, añadió la presidenta Keiko Fujimori.

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Juntos por el Perú señaló que no adelantará conclusiones sobre los hechos mientras continúe el proceso de investigación. La agrupación sostuvo que corresponde a las autoridades establecer las responsabilidades que correspondan.

El comunicado explicó que la organización política realizará una evaluación interna conforme se desarrollen las diligencias. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas según la información que se obtenga durante el proceso.

Rechazo a cualquier acto de violencia

La bancada parlamentaria también reafirmó su posición frente a cualquier hecho relacionado con actos de violencia. En ese sentido, destacó la importancia de que las investigaciones se desarrollen respetando las garantías del debido proceso.

“Como bancada, reafirmamos nuestro rechazo absoluto a toda forma de violencia y nuestro compromiso con el respeto al debido proceso”, expresó Juntos por el Perú en el comunicado.

La bancada precisó que la situación del diputado será revisada dentro de los mecanismos internos de la agrupación. Esta evaluación se realizará tomando en cuenta el desarrollo de las investigaciones oficiales.

El caso continuará bajo seguimiento de la organización parlamentaria mientras se esperan los resultados de las autoridades encargadas. Hasta el momento, Juntos por el Perú indicó que no adoptará una decisión definitiva sin contar con mayores elementos sobre lo ocurrido.