El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, advirtió que el 40% de la inversión pública correspondiente a los proyectos desarrollados durante los últimos diez años se encuentra abandonada o sin concluir, pese a los recursos destinados por el Estado a la construcción de infraestructura.

Durante su participación en el foro Panorama Económico, Promoción de la Inversión y Reconstrucción Post Fenómeno El Niño, organizado por El Comercio y América Multimedia, con apoyo de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuestionó las deficiencias en la gestión de las obras públicas.

“Tenemos una enfermedad de inaugurar primeras piedras, pero no nos importa terminar el servicio, la última milla”, sostuvo Cuba sobre aquellos proyectos que quedan inconclusos y no llegan a beneficiar a la ciudadanía.

El ministro explicó que el Perú destina aproximadamente el 5% de su producto bruto interno (PBI) a inversión pública, una proporción superior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, afirmó que ese esfuerzo presupuestal no se refleja plenamente en infraestructura terminada.

Expedientes técnicos mal elaborados y falta de presupuesto frenan obras

Cuba identificó tres factores que explican una parte importante de las paralizaciones: expedientes técnicos deficientes, insuficiencia de financiamiento y problemas de corrupción.

Según explicó, en algunos casos las obras comienzan con presupuestos que no corresponden al costo real de ejecución. Esto obliga a solicitar recursos adicionales y puede provocar que los trabajos se suspendan si las autoridades no aprueban los nuevos montos.

“Una razón importante es el fracaso en expedientes técnicos mal hechos. Una obra que piensa que va a costar 100, pero como el expediente está mal hecho, termina costando 200″, señaló el ministro al referirse a las deficiencias de planificación que afectan los proyectos de infraestructura.

El titular del MEF también advirtió que algunos gobiernos locales y regionales inician más proyectos de los que pueden financiar, lo que provoca que varias construcciones queden paralizadas por falta de recursos.

MEF priorizará terminar obras inconclusas en el presupuesto de 2027

Frente a este escenario, Elmer Cuba anunció que el presupuesto público de 2027 buscará cambiar los criterios de asignación de recursos para favorecer la culminación de proyectos pendientes.

La propuesta apunta a que las nuevas autoridades municipales y regionales, que asumirán funciones en enero de 2027, continúen las obras iniciadas por sus antecesores en lugar de destinar la mayor parte de sus recursos a nuevas construcciones.

“Tú quieres que te den más dinero, termina las obras que ya comenzó tu antecesor”, expresó el ministro durante su intervención.

Cuba precisó que el Ejecutivo no busca impedir el inicio de nuevos proyectos, sino dar prioridad a aquellos que estén debidamente sustentados y respondan a necesidades indispensables de cada localidad.

Escuelas, hospitales y comisarías figuran entre las obras inconclusas

El ministro señaló que la paralización de infraestructura pública perjudica directamente a los ciudadanos que necesitan acceder a servicios de educación, salud y seguridad.

En ese sentido, mencionó la existencia de escuelas, establecimientos médicos y comisarías que permanecen a medio construir en distintas zonas del país.

Cuba sostuvo que el problema no termina con el gasto presupuestal, pues una obra inconclusa significa que el servicio público previsto todavía no llega a los beneficiarios.

La situación también afecta la confianza de los ciudadanos en la capacidad de las instituciones para ejecutar proyectos y cumplir sus compromisos.

Gobierno prepara reforma para mejorar la inversión pública

El titular del MEF informó que el Ejecutivo trabaja en cuatro reformas estructurales destinadas a mejorar el desempeño económico y elevar el crecimiento potencial del país.

Estas comprenden cambios en el mercado laboral, el mercado de capitales, la administración tributaria y la gestión de la inversión pública.

Para desarrollar las propuestas, el Gobierno ha conformado grupos de trabajo especializados que deberán presentar resultados durante los próximos seis a nueve meses.

Cuba explicó que las reformas serán sometidas a discusión con especialistas y representantes del Congreso, debido a que requieren medidas de largo plazo.

En el caso de la inversión pública, el objetivo será mejorar los mecanismos de planificación, formulación y financiamiento para evitar que las obras queden abandonadas antes de su culminación.

Fenómeno El Niño también condiciona las decisiones económicas

Durante el mismo foro, Elmer Cuba advirtió que el fenómeno El Niño ya está afectando el crecimiento económico peruano.

Según sus estimaciones, el impacto climático habría restado cerca de un punto porcentual al crecimiento proyectado para 2026. Sin esos efectos, afirmó, el país podría haber registrado una expansión de 4,5%.

El ministro indicó que el Ejecutivo busca mantener un crecimiento superior al 3% durante el presente año, pese a las dificultades climáticas y al incremento de los precios internacionales de la energía.

En ese contexto, destacó que mejorar la ejecución de la inversión pública será fundamental para sostener la actividad económica y fortalecer los servicios que necesita la población.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que removerá de sus cargos al personal involucrado del penal Barbadillo, ubicado en Ate, Lima, tras la difusión de un reportaje del programa Cuarto Poder sobre vínculos entre trabajadores del establecimiento penitenciario, personas del entorno del expresidente Pedro Castillo y funcionarios del Congreso de la República.

A través de un comunicado emitido el domingo 8 de noviembre, la institución informó que adoptará medidas inmediatas para garantizar el control y adecuado funcionamiento del centro penitenciario donde permanece recluido el exmandatario.

“El personal involucrado del Establecimiento Penitenciario de Barbadillo será removido inmediatamente de sus cargos”, señaló el INPE en su pronunciamiento oficial.

🔴 #Comunicado | El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: https://t.co/BGCIizydOW

— Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) November 9, 2026

INPE anuncia acciones legales y administrativas por caso Barbadillo

La institución penitenciaria precisó que la decisión responde a la gravedad de los hechos expuestos en la investigación periodística y busca evitar que intereses ajenos a la función pública interfieran en la administración del establecimiento.

Asimismo, informó que adoptará las acciones administrativas y legales que correspondan, de acuerdo con sus competencias y la normativa vigente.

El INPE también exigió a sus trabajadores mantener una conducta íntegra y cumplir estrictamente sus responsabilidades, especialmente en asuntos relacionados con la seguridad y el orden penitenciario.

“Ningún vínculo personal, interés particular o relación externa puede estar por encima de la función pública ni comprometer la seguridad y el orden penitenciario”, sostuvo la institución.

Contrataciones de familiares de agentes del INPE en el Congreso

La decisión del INPE se produjo luego de que Cuarto Poder difundiera una investigación sobre la contratación de familiares de trabajadores penitenciarios vinculados a la custodia de Pedro Castillo en dependencias del Congreso relacionadas con la agrupación política Juntos por el Perú.

Según el reportaje, familiares directos de agentes penitenciarios obtuvieron puestos remunerados en despachos parlamentarios y en la bancada de dicha organización política.

Uno de los casos identificados fue el de Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, hija del director del penal Barbadillo, quien fue contratada en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas.

La investigación también identificó a un familiar de otro agente penitenciario que trabaja en la bancada de Juntos por el Perú y a un exdirector del establecimiento contratado en una comisión parlamentaria.

Las contrataciones generaron cuestionamientos sobre posibles vínculos entre funcionarios penitenciarios y representantes políticos. Sin embargo, el reportaje y el comunicado del INPE no establecen por sí solos que se haya producido un intercambio ilícito de favores.

INPE plantea medidas para evitar interferencias en penales

En la parte final de su pronunciamiento, el organismo señaló que su actual gestión ha presentado diversas propuestas normativas mediante el proceso de delegación de facultades.

Según explicó, estas iniciativas buscan impedir que intereses externos comprometan la institucionalidad y el cumplimiento de las funciones penitenciarias.

La entidad reafirmó que actuará sin privilegios ni excepciones frente a situaciones que puedan afectar la seguridad y el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios.

Hasta el momento del comunicado, el INPE no había precisado públicamente el número de trabajadores que serían removidos ni sus identidades. Tampoco detalló el calendario de ejecución de las medidas administrativas anunciadas.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, precisó que el bono económico previsto para las familias afectadas por el Fenómeno El Niño sería de entre S/180 y S/200 mensuales y se entregaría durante el periodo en que los beneficiarios permanezcan afectados laboralmente por las emergencias climáticas.

Durante una entrevista con el programa Cuarto Poder, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que la ayuda estará dirigida principalmente a quienes pierdan sus empleos por las lluvias e inundaciones, así como a pequeños agricultores que sufran la pérdida de parcelas o animales, especialmente en el sur del país.

“Será mientras dure su afectación laboral”, aseguró Cuba, al señalar que la subvención busca evitar que los hogares perjudicados caigan en situación de pobreza extrema.

MEF destina hasta S/2.500 millones para bonos por El Niño

El ministro detalló que el Gobierno cuenta con hasta S/2.500 millones para financiar estas transferencias económicas. Los recursos forman parte de los S/18.000 millones adicionales contemplados para el presupuesto de 2027, anunciados por la presidenta Keiko Fujimori frente a las emergencias climáticas y los efectos de factores externos.

Cuba indicó que el monto mensual estará vinculado a la línea de pobreza extrema de las provincias afectadas. Precisó que no se busca reemplazar el salario de los trabajadores, sino ofrecer un respaldo temporal mientras afrontan la pérdida de ingresos.

De acuerdo con sus declaraciones, el beneficio podría extenderse durante dos o tres meses, aunque su duración dependerá del tiempo que permanezca la afectación laboral de cada familia.

El titular del MEF también dejó abierta la posibilidad de revisar los recursos asignados según la magnitud de los daños ocasionados por el Fenómeno El Niño.

Bono no será generalizado ni estará vinculado a la inflación

Cuba aclaró que la subvención no constituye un bono de entrega generalizada ni una compensación por el incremento de los precios de productos y servicios.

Según explicó, el alza de la inflación responde actualmente, entre otros factores, al aumento de los precios internacionales de los combustibles. Por ello, sostuvo que una de las prioridades del Gobierno es preservar el empleo y evitar una mayor pérdida de ingresos familiares.

La ayuda económica se concentraría en las familias directamente perjudicadas por las emergencias climáticas. Los procedimientos de identificación de beneficiarios, requisitos y fechas de entrega todavía deberán ser precisados oficialmente.

Reforma laboral para microempresas se presentará en 2027

En otro momento de la entrevista, el ministro anunció que la propuesta de reforma laboral dirigida a reducir la informalidad en las microempresas será presentada al Congreso de la República durante el primer trimestre de 2027.

Cuba explicó que el Ejecutivo buscará perfeccionar la actual legislación de la microempresa, manteniendo derechos laborales como las vacaciones y las gratificaciones.

La propuesta se centrará en revisar los aportes a los sistemas de salud y pensiones de los trabajadores con menores remuneraciones, con el propósito de reducir los costos de formalización.

El funcionario puso como ejemplo las diferencias que existen entre los aportes proporcionales de trabajadores que reciben S/1.200 y aquellos que perciben S/10.000 mensuales.

Asimismo, señaló que, según las cifras expuestas por su sector, la informalidad laboral alcanzaría el 90 % y que el 70 % de ese universo correspondería a las microempresas.

MEF también prepara medidas tributarias y cambios en Petroperú

Como parte de los anuncios económicos de la gestión, Cuba informó que el Ejecutivo prepara una reforma tributaria que buscará incrementar la recaudación en un punto porcentual del producto bruto interno (PBI) durante 2027, equivalente a aproximadamente US$3.400 millones.

Según lo señalado por el ministro, la estrategia contempla mejorar la administración tributaria de la Sunat sin elevar las tasas de los impuestos vigentes.

Respecto a Petroperú, mencionó una proyección de US$700 millones de ganancias operativas al cierre del año y la posibilidad de incorporar gestión privada en la refinería de Talara.

El titular del MEF también ratificó que el segundo tramo del incremento del sueldo mínimo se mantiene previsto para abril de 2027, en medio de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno.

La contratación de familiares directos de agentes del INPE y de un exdirector del penal de Barbadillo, en Ate, donde permanece recluido el expresidente Pedro Castillo, fue revelada en un reportaje de Cuarto Poder.

Según la investigación, estas personas obtuvieron puestos remunerados en despachos de congresistas, la bancada parlamentaria y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, espacios vinculados a Juntos por el Perú.

La coincidencia de estas contrataciones despertó cuestionamientos sobre un posible beneficio al personal penitenciario responsable de supervisar el cumplimiento de las condiciones de reclusión del exmandatario, quien permanece detenido tras el fallido intento de quiebre constitucional de diciembre de 2022.

Uno de los casos identificados es el de Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, quien trabaja como técnica en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas y percibe un sueldo de S/8.300. La trabajadora es hija de Calixtro Lucero Rodríguez, director del penal de Barbadillo. El pasado 18 de octubre, cámaras de América Televisión captaron al funcionario trasladando en su vehículo a un visitante del exmandatario, luego de que este saliera del centro penitenciario.

Otro caso corresponde a Alejandro Nicolás Hurtado Paz, contratado como técnico de la bancada de Juntos por el Perú con una remuneración de S/8.000. Él es hijo de Juan Ramón Hurtado Barrenechea, agente del INPE.

A estas contrataciones se suma la incorporación de Héctor Sandoval Moreno, exdirector del penal de Barbadillo, como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la parlamentaria Catherine Palomino Casavilca. Su designación genera cuestionamientos debido a que este grupo de trabajo tendrá a su cargo la evaluación de proyectos de amnistía. En ese sentido, Sandoval fue citado en 2023 por la Comisión de Fiscalización para responder por presuntas facilidades concedidas al expresidente.

La diputada Azucena Isla Rojas afirmó que la contratación de Yulissa Lucero respondió a una necesidad de su despacho y descartó que el expresidente Pedro Castillo le haya recomendado incorporar a la trabajadora. Además, aseguró que no tiene ningún vínculo ni conoce al director del penal de Barbadillo.

Por otro lado, Yulissa Lucero y Alejandro Hurtado evitaron pronunciarse ante la prensa sobre una posible influencia de sus padres en sus respectivas contrataciones. A su vez, Héctor Sandoval negó que el expresidente haya intervenido en su incorporación a la Comisión de Justicia y derivó las consultas sobre su trayectoria profesional a la oficina de Recursos Humanos del Congreso de la República.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, defendió las acciones emprendidas durante los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y sostuvo que este periodo marca el inicio de cambios que, según afirmó, se reflejarán durante los próximos años de gestión.

El jefe del Gabinete destacó las medidas adoptadas frente al fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana, dos de los principales desafíos que enfrenta el Ejecutivo.

“Yo creo que estos primeros 100 días, la gente, y eso fue lo que dijo la presidenta, lo va a recordar como los 100 días donde se dio el punto de quiebre”, declaró Galarreta para la agencia Andina.

Gobierno reporta 178 kilómetros descolmatados ante el fenómeno El Niño

En materia de prevención frente al fenómeno El Niño, el primer ministro afirmó que el Ejecutivo ha realizado trabajos de descolmatación en 178 kilómetros, cifra que, según indicó, representa el 85 % de los objetivos establecidos.

Galarreta también destacó una inversión de S/ 1,500 millones destinada a tareas de prevención y ejecución de obras. Entre los proyectos mencionó la culminación de intervenciones en la quebrada San Ildefonso, ubicada en Trujillo, región La Libertad.

“El fenómeno de El Niño va a ser duro, pero va a pasar, de todas maneras va a pasar. Y los peruanos tenemos que estar unidos”, manifestó a la agencia Andina.

El jefe del Gabinete sostuvo que las acciones realizadas han permitido mejorar la capacidad de respuesta del Estado. Sin embargo, los porcentajes de avance y los montos de inversión corresponden al balance presentado por el Ejecutivo.

Galarreta anuncia medidas contra la inseguridad ciudadana

Respecto de la lucha contra la delincuencia, Luis Galarreta informó que el Consejo de Ministros aprobó las primeras normas en el marco de las facultades legislativas delegadas al Ejecutivo.

Según explicó, una de las disposiciones busca ampliar la participación militar en las zonas declaradas en estado de emergencia, con la finalidad de reforzar las acciones de seguridad.

Además destacó la creación del Comando Unificado y de una comisión destinada a eliminar obstáculos en la lucha contra el crimen organizado.

De acuerdo con Galarreta, esta última instancia busca fortalecer la coordinación con instituciones como el Ministerio Público y otros organismos del sistema de justicia para mejorar la eficacia de las investigaciones y los procesos contra organizaciones criminales.

Luis Galarreta descarta conflictos y cambios en el Gabinete Ministerial

El presidente del Consejo de Ministros también rechazó las versiones sobre supuestas discrepancias dentro del equipo ministerial y negó que exista una crisis en el Gobierno.

“El gabinete está muy bien, tiene un solo norte”, afirmó en una entrevista en el programa Sin Rodeos, de Panamericana Televisión, en respuesta a las especulaciones sobre una posible salida de su cargo.

Galarreta respaldó el liderazgo de Keiko Fujimori y sostuvo que la mandataria tiene una visión definida sobre la dirección que debe seguir el país.

Asimismo, cuestionó a los sectores políticos que, a su juicio, buscan desestabilizar al Ejecutivo o posicionarse con miras a las elecciones generales de 2031. No obstante, reconoció que las críticas forman parte de la dinámica democrática.

Fuerza Popular rechaza eventual amnistía para Pedro Castillo

Durante la entrevista, Galarreta también se pronunció sobre una posible amnistía para el expresidente Pedro Castillo Terrones, quien gobernó el Perú entre 2021 y 2022.

El primer ministro señaló que la bancada de Fuerza Popular mantiene una posición contraria a esa posibilidad y recordó que cualquier decisión sobre la materia corresponde al Parlamento.

“Nuestra bancada tiene una opinión y definitivamente es en contra, ya es un tema del Parlamento que es un poder autónomo. Nosotros no consideramos que sea un preso político”, expresó.

De esta manera, el jefe del Gabinete ratificó la posición de su agrupación política, aunque reconoció la autonomía del Congreso para debatir eventuales iniciativas legislativas relacionadas con el exmandatario.

El decreto es el primero publicado en la gestión de la presidenta Keiko Fujimori, 15 días después de que recibiera la autorización para legislar en materias de lucha contra la inseguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

EN DETALLE

La finalidad del decreto promulgado es fortalecer la seguridad y el control en establecimientos penitenciarios comprendidos en una declaratoria de estado de emergencias, mediante la participación excepcional y temporal de las FF.AA.

De acuerdo con el documento, las FF.AA. podrán ejecutar acciones de seguridad externa, sin perjuicio del apoyo tecnológico, logístico y de inteligencia al Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).

“Las FF.AA. pueden ejecutar acciones de seguridad externa destinadas a fortalecer la vigilancia, protección y control del perímetro exterior, las vías de acceso y los puntos críticos externos de los establecimientos penitenciarios comprendidos en una declaratoria de estado de emergencia”, reza el documento.

Las acciones de seguridad externa pueden comprender anillos de seguridad, dispositivos de protección en el perímetro exterior al establecimiento o sus zonas de influencias; ejecutar acciones de vigilancia, patrullaje e inteligencia, acciones de vigilancia, control y protección desde los terreones y puestos de observación; ejecutar acciones para identificar, evaluar y prevenir riesgos o amenazas contra la seguridad externa; así como vigilar y proteger las rutas de aproximación, vías de acceso y puntos críticos externos.

Las FF.AA. podrán ejecutar acciones que permitan la implementación y funcionamiento de puestos de control de seguridad; detectar, identificar, interceptar o neutralizar o impedir la operación de aeronaves no tripuladas u otros dispositivos áereos no autorizados; instalar y operar inhibidores y detectores de señales radioeléctricas de telecomunicaciones destinados a prevenir comunicaciones no autorizadas; brindar apoyo logístico, tecnológicos y de comunicaciones para fortalecer las labores de vigilancia; brindar apoyo en el control, revisión y registro de ingreso de visitas, proveedores personal penitenciario, entre otros aspectos.

El pontífice dejó Uruguay tras tres jornadas de actividades. Permanecerá en territorio argentino hasta el 11 de noviembre y luego viajará a nuestro país, donde estará desde el miércoles 11 hasta el martes 17 de este mes.

Partida

La última misa de León XIV en Uruguay reunió a unas 50 mil personas en Florida, una ciudad de menos de 35 mil habitantes y que queda a 100 kilómetros de Montevideo.

La celebración se realizó frente a la Catedral Basílica, en la plaza Asamblea, aunque muchos fieles prefirieron esperar al papa en la entrada de la ciudad.

El presidente Yamandú Orsi despidió al pontífice en el aeropuerto internacional de Carrasco, junto al canciller Mario Lubetkin y Juan Raúl Ferreira, el embajador ante el Vaticano.

“La visita de León XIV se transformó en una gran fiesta para los uruguayos, en particular para la comunidad católica”, publicó en X. El mandatario agradeció también a quienes trabajaron para que “todo transcurriera fluidamente y en armonía”.

Por su parte, el santo padre pidió a los uruguayos que lo sigan acompañando con sus oraciones. “Aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es capaz de cosas muy grandes”, posteó en redes.

Aerolíneas Argentinas asumió el traslado del papa desde Montevideo.

La empresa envió un Boeing 737 MAX 8, matrícula LV-KKD, desde Aeroparque. El vuelo AR1091 debía salir a las 3:30 p. m. y aterrizar en Aeroparque Jorge Newbery a las 4:25 p. m. Un segundo avión, el AR1093, debía transportar el equipaje de la comitiva.

El cronograma incluye un viaje a Córdoba el martes 10 y la salida hacia Lima el miércoles 11, desde Ezeiza.

Fue el presidente Javier Milei quien recibió al pontífice a su arribo.

Por la seguridad del líder católico, el Gobierno porteño movilizó a más de 19 mil efectivos, entre policías, médicos y agentes de tránsito. El plan contempla tres anillos de protección.

El primero está integrado por la Guardia Suiza, la Gendarmería Vaticana y la Policía Federal. Luego la Gendarmería y Prefectura forman un segundo cordón. El tercero suma 16,680 policías.

El Presidente Javier Milei recibió a Su Santidad el Papa León XIV en su histórica visita a la Argentina, en un acontecimiento de profunda trascendencia espiritual para nuestra Nación y todos los argentinos. https://t.co/Jy74bQ5OIa

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 9, 2026

Arrestos

Antes de la llegada del sumo pontífice, autoridades locales concretaron dos detenciones vinculadas con su llegada.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó el pasado viernes el arresto de una persona que había amenazado de muerte al representante de la Santa Sede.

El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, ordenó el procedimiento y la Policía Federal lo ejecutó en menos de 24 horas.

La segunda captura ocurrió este domingo, cerca de las 11:30 a. m., junto al escenario de Palermo.

La Policía detuvo a un hombre de 25 años que circulaba en una moto Kawasaki. El sospechoso se presentó como bombero voluntario de Vuelta de Rocha y exhibió un permiso de circulación falso. También mostró una credencial apócrifa de “Enlace Vaticano”. La jueza María Servini ordenó su detención por falsificación de documentos e intimidación pública.

Protocolo

Milei abrió la ceremonia con un discurso de bienvenida en el Palacio Libertad, ante el cuerpo diplomático, el Episcopado y los tres poderes del Estado.

El mandatario evocó primero al papa Francisco y sostuvo que su muerte dejó un vacío entre católicos y no católicos. “Es un profundo honor para mí como presidente, y para todos los argentinos, celebrar la visita de su santidad León XIV a nuestro país”, resaltó.

Explicó que su gestión aplica un concepto llamado “equilibrio general intertemporal”, que buscaría que las decisiones del Gobierno beneficien a la sociedad actual sin perjudicar las finanzas ni las oportunidades de las futuras generaciones.

“Santidad, gracias por venir, y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina”, concluyó el jefe de Estado.

Mensaje

León XIV tomó la palabra después ante las autoridades y recordó que Francisco llevó durante 12 años la memoria de su país al frente de la Iglesia universal.

“Algunos nacieron aquí, otros llegaron desde lejos y encontraron un hogar, otros pertenecen a pueblos originarios, cuya presencia precede al nacimiento de la nación”, expresó.

El obispo de Roma pidió proteger la participación, la libertad de expresión, la ley y las instituciones, e instó a las autoridades a que ejerzan el poder como servicio y reconocer sus límites. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, dijo.

[AHORA] "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía": el papa León XIV destacó el valor del trabajo, y pidió estimular la iniciativa privada y lograr que el crecimiento alcance a quienes "más dificultades" enfrentan. https://t.co/0JBD8BJa5O

— ElCanciller.com (@elcancillercom) November 8, 2026

León XIV mencionó a los jóvenes, a los desempleados y a los ancianos. “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, planteó.

Asimismo, abordó la atención a la enfermedad y la discapacidad y rechazó el aborto. “Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes. Y custodiarla hasta su término natural”, resaltó.

Agregó que “Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural”. No obstante, advirtió sobre el peligro del crimen organizado, la trata de personas y el tráfico de armas y drogas.

Además, el sumo pontífice interpeló a los funcionarios públicos. “La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, sentenció.

La jefa de la Oficina de Recursos Humanos del Congreso de la República, Sonia Polino, estaría involucrada en un presunto conflicto de intereses por la contratación de Katherine León Lescano, esposa del abogado de su hijo. León ingresó al Parlamento en julio de 2023, bajo el régimen laboral 728, como técnica del área de Administración de Personal, dependencia directa de Recursos Humanos, con una remuneración mensual de S/5.834, según reveló un informe periodístico de Punto Final.

La contratación se concretó tres meses después de que, en abril de 2023, la Policía detuviera a José Luis Pariamachi Polino, hijo de la funcionaria, por la presunta comisión del delito informático contra la fe pública, en la modalidad de suplantación de identidad agravada. La defensa legal del intervenido estuvo a cargo de Miguel Arturo Galagarza Terán, esposo de Katherine León Lescano. Pariamachi Polino continúa siendo investigado por el Ministerio Público.

Ante las consultas sobre el reportaje, Sonia Polino se abstuvo de brindar mayores detalles y argumentó que su condición de servidora pública le impide emitir comentarios. Minutos después, volvió a su oficina en compañía de Junior Cabrera y Lilia Espinoza, asesores de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios del Congreso.

Al respecto, la abogada Romy Chang señaló que los hechos podrían configurar una presunta negociación incompatible, por lo que consideró necesario que sean investigados, debido a que no se habrían priorizado los intereses del Estado. Además, advirtió que, si se demuestra que la contratación respondió a una contraprestación por los servicios legales brindados al hijo de la funcionaria, podría configurarse el delito de colusión entre la servidora pública y el particular, sancionado con hasta diez años de prisión.

Por otro lado, el reportaje también reveló que, días atrás, la jefa de Recursos Humanos organizó una celebración por Halloween a la que acudieron diversas figuras del Parlamento. Asimismo, se informó que Katherine León Lescano dejó de asistir presencialmente a su centro de trabajo durante dos días consecutivos, luego de conocer que se preparaba el informe periodístico, pese a que un oficio de la Oficialía Mayor del Congreso establece la prioridad de la modalidad presencial.

Finalmente, dicho dominical informó que solicitó entrevistas al abogado Miguel Galagarza Terán y a su esposa, Katherine León Lescano, pero ninguno respondió. Por su parte, la abogada Romy Chang recordó que el Estado se financia con los recursos de todos los peruanos y señaló que las autoridades de control deben adoptar las medidas correspondientes ante posibles irregularidades.

El ministro Juan Sheput calificó los primeros 100 días de gestión de Keiko Fujimori como “los mejores primeros 100 días de este siglo” y salió en defensa del Gobierno ante los cuestionamientos por la inseguridad ciudadana y la falta de resultados inmediatos. Durante una entrevista con Panorama, argumentó que la mandataria asumió el poder en un escenario complejo, marcado por el avance de la criminalidad organizada, una economía debilitada, los efectos del Fenómeno El Niño y el deterioro institucional.

Sheput también resaltó que, según su evaluación, el Gobierno ha logrado recuperar la confianza de los inversionistas privados y mejorar la imagen de la presidenta. En su balance, comparó el panorama económico actual con el de la administración de Pedro Castillo y aseguró que durante ese periodo se retiraron alrededor de 25.000 millones de dólares en inversiones. Asimismo, sostuvo que las medidas preventivas frente al Fenómeno El Niño han contribuido a disminuir el riesgo de desbordes de los ríos Tumbes y Zarumilla, pese a las fuertes lluvias registradas en el norte del país.

Al ser consultado sobre las críticas por una presunta falta de liderazgo y el manejo del gabinete ministerial, Sheput descartó que el Ejecutivo mantenga una postura tibia. Sostuvo que los cuestionamientos responden a las elevadas expectativas ciudadanas, principalmente en materia de seguridad, y señaló que enfrentar a la criminalidad organizada exige acciones sostenidas en el tiempo.

En ese sentido, expresó su respaldo al premier Luis Galarreta, a quien describió como un funcionario eficaz y leal a la presidenta. También destacó su intervención en las gestiones que permitieron al Ejecutivo obtener 27 facultades legislativas del Congreso.

De cara a los próximos 100 días, Sheput indicó que el Gobierno buscará afianzar el liderazgo de Keiko Fujimori, impulsar la recuperación económica y evidenciar los avances de las acciones preventivas frente al Fenómeno El Niño. Asimismo, afirmó que los trabajos de descolmatación de los ríos del norte han ayudado a prevenir inundaciones y que las medidas económicas contribuirán a atender las dificultades de empresas y ciudadanos. Finalmente, aseguró que todos los sectores del Ejecutivo están enfocados en recuperar la confianza de la población.

La presidenta Keiko Fujimori manifestó sus buenos deseos a Pedro Alliana, quien llegó al poder en Paraguay luego de la renuncia de Santiago Peña, como parte del proceso de sucesión constitucional.

Mediante una publicación en sus redes sociales, la jefa de Estado manifestó el interés del Gobierno peruano en estrechar las relaciones bilaterales con Paraguay y subrayó la importancia de defender la democracia y el respeto a las instituciones en la región.

“Desde el Perú, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación que nos unen, así como nuestro firme compromiso con la democracia y la institucionalidad en la región”, indicó Fujimori en su pronunciamiento.

Expreso mis mejores deseos de éxito al presidente Pedro Alliana, quien asume la conducción de la hermana República del Paraguay tras el proceso de sucesión constitucional. Desde el Perú, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación que nos unen, así como nuestro firme compromiso con la democracia y la institucionalidad en la región.

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 7, 2026

Santiago Peña permanece en prisión preventiva mientras Paraguay da paso a un nuevo Gobierno

El expresidente Santiago Peña quedó desde este sábado bajo prisión preventiva, un día después de su destitución en un juicio político por el cierre debido a problemas de solvencia de Ueno bank en Paraguay, donde el entrante Gobierno de Pedro Alliana busca dar por superada esa “crisis puntual”.

El juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú ordenó que Peña permanezca en el Regimiento Guardia Presidencial, en Asunción, la capital del país, adonde fue trasladado el viernes, luego de que fuese declarado culpable por el Senado de “mal desempeño de funciones”.

El exmandatario terminó salpicado por la debacle de Ueno, que golpeó a unos 2,94 millones de clientes, muchos de ellos ciudadanos del común, pero también instituciones públicas que trasladaron durante la gestión de Peña millonarios fondos hasta la finiquitada institución financiera.

Acusación

El Ministerio Público imputó formalmente a Peña por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, después de que compareciera a declarar en una diligencia que debió trasladarse hasta la Fiscalía General para garantizar la seguridad del exmandatario.

Ambos delitos “en su modalidad agravada” pueden ser castigados con hasta 10 años de prisión, dijo el fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Christian Benítez en una rueda de prensa.

Peña llegó vestido de pantalón y camisa blanca y acompañado por un reducido grupo de escoltas, mientras periodistas y algunos afectados aguardaban por su ingreso al ente investigador.

La imputación fiscal indica que el expresidente “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en ese banco.

Además, “habría mantenido una relación económica y corporativa previa” con Ueno Holding, un grupo empresarial que incluye a la finiquitada entidad financiera.

En concreto, detalla el documento, tenía acciones en Uneo Holding, que representaban el 1,58 % del capital de esa compañía, un certificado de depósitos de ahorro en Ueno y un bono en la firma Itti, todas estas compañías del Grupo Vázquez.

En marzo de 2025, estando ya en el poder, vendió la participación en el conglomerado, según relató la acusación de los diputados que promovieron el juicio político en su contra.

Por ello, el juez Otazú argumentó, tras una audiencia de imposición de medidas, que Peña “debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento”.

Nuevo Gobierno

Y mientras Peña sigue detenido, Alliana, quien fue su vicepresidente, acudió a primera hora al Palacio de López, sede del Ejecutivo en Asunción, para arrancar su jornada con reuniones con ministros y abordar asuntos prioritarios como la salud, en particular la dotación de medicamentos, y la atención a los afectados por Ueno, cuando ha empezado la devolución de los ahorros a una cuenta del Fondo de Garantía de Depósitos.

En una conferencia de prensa, el titular interino del Banco Central del Paraguay (BCP), Pedro Acosta, cifró en 1.196.000 las “personas que ya fueron beneficiadas con el pago de la garantía estatal” con transferencias que, aseguró, ascienden a 996.000 millones de guaraníes o el “equivalente a 160 millones de dólares”.

Las cifras corresponden a dos días de desembolsos, que comenzaron el jueves. Para agilizar la apertura de nuevas cuentas, distintos bancos abrieron sus puertas este sábado para atender a los perjudicados por Ueno.

El nuevo vicepresidente, Antonio Barrios, anticipó igualmente, en diálogo con la radio ABC Cardinal, que el nuevo Ejecutivo recurrirá a países “aliados”, que no identificó, para rastrear y “saber dónde está el dinero” manejado por Ueno.

Alliana también avanzó en la conformación de su equipo de ministros, en el que destacan el titular del Interior, Ariel Martínez, y el jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros.

El entrante Gobierno, dijo en un mensaje difundido por la Cancillería, haber salido “fortalecido de esta crisis puntual”, y destacó que “la respuesta institucional” demuestra que en el país “rige el Estado de derecho”.

Pero, además, en un mensaje a través de X, Alliana manifestó a Estados Unidos su compromiso de “seguir fortaleciendo” la alianza estratégica entre ambos países.

MEDIDA. El JNE basó su veredicto en el artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes. Según la secretaria general de dicha institución, Yessica Clavijo, en caso de que el primer regidor haya ejercido la alcaldía en la gestión anterior, corresponde proclamar al siguiente integrante hábil de la lista.

Así, las miradas se centran ahora en quién sigue en la lista y el caso de mayor peso es Lima Metropolitana. La alcaldía de la la metrópoli recaería en Jeanette Alonzo Contreras, número 2 de la plancha de Renovación Popular, que encabezó Rafael López-Aliaga tras la renuncia de su candidato a alcalde.

La funcionaria de 52 años nació en Jesús María y reside en Pueblo Libre. De acuerdo con su hoja de vida, Alonzo se formó como contadora en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde obtuvo su título profesional en 2002.

El mismo documento consigna que en 2024 completó una maestría en Finanzas Corporativas en la Universidad Privada del Norte. Su trayectoria laboral, según declaró, comenzó en 1996, en la Promotora Desarrollo Educación y Cultura, institución en la que aún ejerce la contabilidad.

En 2023 dio el salto a la política como regidora metropolitana de Lima, escaño que mantiene hasta hoy. Dentro del partido, dirige la gerencia central de Finanzas y ostenta la secretaría nacional de Economía.

Su llegada a la comuna capitalina depende del final del cómputo provincial. Con el 99.989 % de actas contabilizadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales registra a Renovación Popular con el 27.685 % de votos válidos, frente al 26.810 % de Avanza País, partido de Francis Allison. La diferencia llega a 49,132 votos. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro deberá, en breve, declarar a los ganadores.

PATRÓN. Esta situación se repite en otros tres distritos limeños. En cada uno de ellos el alcalde en funciones se inscribió como primer regidor y, tras la renuncia del candidato que encabezaba la plancha, habrían tenido la expectativa de continuar en el despacho.

En San Juan de Lurigancho, la candidatura a la alcaldía de Somos Perú correspondía inicialmente a César Usquiano, sobrino del burgomaestre Jesús Maldonado. Sin embargo, el postulante renunció y Maldonado pasó a liderar la fórmula, que obtuvo 264,727 votos.

Hoy, el sillón edil lo ocuparía Margiori Mejía Alva. Según su hoja de vida, la joven de 28 años es bachiller en Administración de Empresas. Cabe señalar que este distrito aún se encuentra en espera de la audiencia de proclamación del Jurado Electoral Especial.

En Independencia, el mismo partido aplicó una estrategia similar. Felícita Rodríguez figuraba como candidata a alcaldesa, pero dejó la postulación y el actual burgomaestre, Alfredo Reynaga, quedó como cabeza de la plancha.

Sin embargo, el 29 de octubre el Jurado Electoral Especial Lima Norte 2 lo reconoció únicamente como primer regidor. La posta pasaría a Elsa Ramírez Estrada de Rojas, quien solo concluyó la primaria, según su declaración jurada.

Finalmente, en El Agustino, Richard Soria habría repetido este camino con Podemos Perú. Tras la renuncia del aspirante principal, Soria encabezó la lista, que alcanzó 37,839 votos.

El 5 de noviembre, el Jurado Electoral Especial Lima Este 2 lo proclamó solo como primer regidor. En consecuencia, la sucesión favorecería a Inés Pomajulca Astete, también segunda en su lista. Su ficha registra secundaria completa, pero ningún estudio superior.

CONTRASTES. Las trayectorias de las cuatro sucesoras, según sus fichas, marcan diferencias notorias. Mientras Alonzo suma un posgrado y experiencia en la gestión metropolitana, Ramírez y Pomajulca llegan sin formación universitaria ni técnica. Mejía, a su vez, cuenta con un bachillerato a sus 28 años. Todas ellas esperan, ahora, la proclamación oficial.

Plan

En tres distritos, sus alcaldes en funciones postularon a ser primer regidor, tras lo cual los candidatos a alcaldes de su partido renunciaron.

DATO: 2 de las cuatro virtuales alcaldesas cuentan con estudios superiores, según sus hojas de vida.

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El conversatorio tendrá como eje principal el impacto de los eventos climáticos en la economía peruana, los desafíos para impulsar inversiones y las acciones para reconstruir la infraestructura afectada por el evento climático.

La actividad se realizará este lunes 9 de noviembre en el auditorio 1 de la SNI y estará estructurada en tres bloques temáticos.

Cada segmento comprenderá una exposición especializada y un espacio de diálogo con los asistentes, con el propósito de intercambiar propuestas y analizar las respuestas que requiere el país ante los riesgos económicos y climáticos.

Análisis

Luis Del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, abrirá el foro con el bloque sobre promoción de inversiones y reconstrucción.

Seguidamente, Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú, expondrá sobre la cooperación que su país brinda para enfrentar al fenómeno El Niño.

Asimismo, el tercer segmento estará a cargo de Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, quien analizará el panorama económico.

La jornada incluirá las palabras de bienvenida de Felipe James Callao, presidente de la SNI, y la intervención de Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio.

El cierre corresponderá a Rosana Cueva, directora periodística de América Multimedia, y David Epstein, primer vicepresidente de la SNI. El encuentro se realizará en un contexto de alerta por El Niño Costero.

‘Mega Niño’

El Niño del 2026-2027 tendrá una magnitud extraordinaria, y fue calificado como ‘Mega Niño’ por la presidenta Keiko Fujimori.

DATO

• 3 bloques dedicados a la inversión, reconstrucción y economía tendrá el foro.

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Se trata del primer decreto emitido tras las facultades legislativas otorgadas por el Congreso.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que la medida busca recuperar el orden en las cárceles, impedir el ingreso de objetos prohibidos y evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde los establecimientos penitenciarios.

Según la norma, los militares estarán a cargo de la vigilancia perimétrica de los penales y reforzarán los controles para impedir el ingreso de armas y sustancias ilícitas.

También intervendrán para neutralizar el uso de drones no autorizados y brindarán apoyo logístico, tecnológico y de inteligencia para detectar antenas ilegales, bloquear comunicaciones clandestinas y prevenir fugas o ataques externos.

La disposición responde a la crisis del sistema penitenciario. A agosto de 2026, las cárceles albergaban a más de 107 mil internos, pese a contar con una capacidad aproximada para 42 mil personas. Además, se identificó a 494 reclusos vinculados a 217 organizaciones criminales, entre ellas facciones del Tren de Aragua.

La medida se suma a la ampliación del estado de emergencia, hasta enero de 2027, en los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima), así como El Milagro (La Libertad).

Asimismo, el Gobierno anunció la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios en Huacho para reducir el hacinamiento y fortalecer el control carcelario.

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El nombramiento fue oficializado mediante la Resolución Suprema N.° 179-2026-RE, publicada este domingo 8 de noviembre en el diario El Peruano.

La norma lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, quien está a cargo del despacho de Relaciones Exteriores durante el viaje del canciller Carlos Espá a Rusia.

La fecha en que Rodríguez Mackay asumirá funciones será establecida próximamente.

El diplomático fue canciller durante el gobierno de Pedro Castillo, entre agosto y septiembre de 2022.

No obstante, Miguel Ángel Rodríguez Mackay renunció al cargo tras discrepar con el entonces mandatario por el anuncio del retiro del reconocimiento peruano a la República Árabe Saharaui Democrática, decisión que Castillo desautorizó públicamente.

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Las actas fueron observadas por inconsistencias entre el número de ciudadanos que votaron y los votos registrados. Ambos casos deben resolverse para incorporar los votos al cómputo general.

La culminación del conteo permitirá la proclamación de Renovación Popular como ganadora de la elección.

Sin embargo, la proclamación también deberá considerar la disposición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la conformación del concejo municipal. Por esa decisión, la segunda regidora de la lista asumiría la alcaldía provincial de Lima Metropolitana.

El senador y vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, pidió la intervención de la justicia. “Que haga respetar su derecho constitucional a la participación política y, sobre todo, el derecho de miles de ciudadanos”, escribió en X.

De igual modo, Francisco Calisto Giampietri cuestionó al titular del JNE, Roberto Burneo, y señaló que “defraudó al Perú”.

Desde Diputados, Norma Yarrow señaló que “el voto popular se respeta y las reglas de juego siempre se establecen antes del partido”.

Por su parte, Aldo Bravo afirmó que “por tercera vez le quieren arrebatar el triunfo a RLA”. Y Paola Martínez planteó una reforma al sistema electoral.

El fundador de Renovación Popular realizó el anuncio en Carabayllo, un día después de que el JNE resolviera que no entregará credenciales de alcalde a los postulantes a primer regidor que ya fueron burgomaestres en el periodo pasado, como es su caso.

Queja

RLA responsabilizó a Burneo por las demoras en la distribución del material electoral en las Elecciones Generales del pasado 12 de abril y que le dio el “beneficio de la duda”.

Sin embargo, con la restricción del JNE que evita que asuma nuevamente la alcaldía, a la que renunció para postular a la Presidencia, RLA indicó que Burneo “se ganó su denuncia penal”.

“Primero voy a meter los recursos penales, civiles y constitucionales”, aseguró. Asimismo, adelantó que agotará las vías legales antes de recurrir a las movilizaciones.

Asimismo, el exalcalde de Lima señaló que la posición adoptada por el JNE “viola” la Constitución.

“Uno puede postular a teniente alcalde, no hay problema. Eso es a lo que he postulado. Pero hay otra ley que dice claramente: ante la ausencia de alcalde hay una sucesión. Una ley de sucesión que no está respetando el caballero”, arguyó.

Y acusó a Burneo de integrar un “grupo criminal”.

Análisis

El abogado penalista Andy Carrión explicó a Correo que la denuncia no tendría viabilidad jurídica debido a que los hechos señalados no configurarían el delito de omisión de funciones.

“¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el retardo? ¿Cuál es el rehusamiento? Yo creo que no es viable”, dijo.

El especialista también explicó que Burneo, en su condición de presidente del JNE, tiene la prerrogativa de un juez supremo.

En ese sentido, indicó que una eventual investigación contra él correspondería a la Fiscalía de la Nación y que, para avanzar hacia la formalización de una investigación preparatoria, se tendría que seguir el procedimiento constitucional correspondiente ante el Congreso de la República.

Apoyo

El expostulante a la alcaldía de Lima de Avanza País, Francis Allison, felicitó a Jeanette Alonzo, segunda regidora en la lista de Renovación Popular (RP) y quien finalmente será alcaldesa de Lima.

“Sonó el pitazo final del partido y el JNE ya dijo, públicamente, que no va a acreditar a ningún alcalde que haya postulado a la reelección de manera encubierta. Por eso, me corresponde felicitar a la señora Jeanette Alonzo, próxima alcaldesa de Lima. Jeanette, te deseo lo mejor, tu éxito será el éxito de todos los limeños y limeñas”, dijo Allison en Instagram.

En el mismo video, el excandidato también cuestionó al JNE; sin embargo, aseveró que esa institución veló por el cumplimiento de la ley.

“¿El JNE debió manifestar públicamente su criterio antes? Por supuesto. Sin embargo, da un poderoso mensaje, la ley es para todos”, remarcó.

Análisis

El especialista en materia electoral Fernando Tuesta también emitió una opinión. El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) consideró que el “JNE se pronunció de manera correcta y en apego a la Constitución al impedir que los candidatos, elegidos alcaldes en 2022, sean proclamados nuevamente en ese mismo cargo, bajo cualquiera de las figuras planteadas”.

“Tras meses de incertidumbre, el organismo electoral ha resuelto de acuerdo con el marco jurídico que prohíbe la reelección de alcaldes. Con esta decisión se cierra un intento de burlar la ley que, de haber prosperado, habría sentado un precedente para que todos los alcaldes electos intentaran lo mismo”, remarcó.

En esa línea, pidió “recordar que las resoluciones del JNE son inapelables”.

“Si se entregara la credencial de alcalde al señor López-Aliaga porque postuló como regidor, el 2031 podría postular como alcalde; y el 2035 como primer regidor, y así sucesivamente. Es absurdo. En concreto, está prohibido que una persona se mantenga en el cargo más de un periodo”, enfatizó.

El constitucionalista Luciano López se sumó a las críticas por la respuesta tardía del Jurado, pero coincidió en que la decisión es la más adecuada.

“Por la aplicación del sentido del artículo 194 de la Constitución, ni López-Aliaga ni ningún alcalde que postuló como primer regidor podrán asumir el cargo de alcalde, así renuncien quienes sigan en el orden de lista”, concluyó.

El virtual primer regidor de la metrópoli asumió como burgomaestre en 2023, pero renunció al cargo para aspirar –sin éxito– a la Presidencia. Tras dicho tropiezo, esperaba volver a la alcaldía metropolitana el próximo año, luego de que el candidato a alcalde de su partido, Luis Rubio, renunciara a su postulación y se proclame el triunfo de Renovación Popular.

Al frente

Luego de que el JNE anunciara su decisión, especialistas en la materia y hasta un excontrincante suyo cuestionaron el criterio establecido por la máxima autoridad electoral.

Carlos Bruce, excandidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú y actual alcalde de Surco –puesto al que llegó con Avanza País–, afirmó que esta situación “no debe volver a pasar”.

“El JNE permitió que alcaldes que buscaban su ‘reelección’ postulen como candidatos, y muchos protestamos porque era inconstitucional. Hoy les prohíbe asumir el cargo a los que fueron elegidos”, cuestionó Bruce desde la red social X.

Agregó que si el Jurado “hubiera tomado esta decisión en el momento oportuno, los electores hubieran –también– tomado una mejor decisión” el último 4 de octubre, en las urnas.

En tanto, José Tello, especialista en derecho electoral, sostuvo que “se tiene que cumplir con lo que establece la propia Ley Orgánica de Municipalidades”. Esto es: “que el primer regidor es quien tiene que asumir el cargo”.

“El impedimento de ‘reelección inmediata’ ya pasó, es una etapa meramente electoral, la elección ya se consumó. Entonces, no se puede aplicar por analogía una restricción electoral en una etapa que ya no es tal”, afirmó en Canal N.

Añadió que “corresponde, en este caso, darle la credencial” a López-Aliaga. Consideró que, de lo contrario, se “afecta el artículo 139, numeral 9, de la Constitución”.

“Una norma restrictiva –y esta norma (del JNE) lo sería– no se puede aplicar por analogía y afectar un derecho fundamental, como es el de la participación política”, puntualizó.

Por su parte, Wilber Medina, exabogado de la Municipalidad de Lima, cuestionó: “¿Puede el JNE decir que hay ‘reelección inmediata’ de López-Aliaga si el 13 de octubre renunció y, desde el 14 del mismo mes, el mismo JNE le otorgó la credencial de alcalde a Renzo Reggiardo (primer regidor)”, escribió en X.

“¿Se puede reelegir a alguien en un cargo que ya no ocupa? RLA el 4/10/2026 (día de las elecciones) no era alcalde. De colofón: El argumento central para la no reelección es: evitar que la autoridad use fondos públicos en su campaña y, claro, tenga ventaja frente a los otros candidatos. Esto tampoco ocurre (con López-Aliaga)”, puntualizó.

Durante la reunión se revisaron proyectos de decretos legislativos elaborados en el marco de las facultades delegadas al Gobierno. Entre ellos, se abordó una propuesta que regula la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa en los establecimientos penitenciarios declarados en estado de emergencia.

Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó un informe sobre el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras que el Ministerio de Trabajo expuso la situación del teletrabajo en el país.

La sesión permitió revisar los avances de las medidas normativas y los informes sectoriales considerados prioritarios por el Ejecutivo. Sin embargo, no se precisaron acuerdos adicionales ni plazos para la aprobación de las propuestas presentadas.

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Durante el encuentro, las autoridades abordaron el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

También analizaron mecanismos de trabajo conjunto para enfrentar emergencias y desastres naturales, como incendios forestales, sismos, inundaciones y los efectos del fenómeno El Niño.

Asimismo, dialogaron sobre temas migratorios, promoción de los derechos de las mujeres, equidad de género e intercambio comercial, así como oportunidades para impulsar inversiones entre ambos países.

La reunión reafirmó la voluntad de Perú y Chile de mantener un diálogo político fluido y fortalecer sus relaciones bilaterales.

La presidenta Keiko Fujimori sostuvo una reunión con la presidenta del Senado de Chile, Paulina Núñez, en Palacio de Gobierno, junto al presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres. El encuentro permitió fortalecer la agenda bilateral en seguridad, lucha contra el crimen organizado, atención de emergencias, migración, equidad de género y promoción del comercio e inversiones, reafirmando el compromiso de Perú y Chile con una cooperación estratégica para la región.

— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 7, 2026

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Durante una actividad en Carabayllo, López Aliaga cuestionó la resolución del JNE y sostuvo que se está desconociendo la ley de sucesión municipal.

Por ello, adelantó que presentará recursos penales, civiles y constitucionales contra Burneo. También lo acusó de incumplir la Constitución y criticó que no fuera el propio presidente del organismo quien anunciara la decisión.

La resolución del JNE establece que los candidatos que postularon como primeros regidores y ejercieron como alcaldes durante el periodo municipal inmediato anterior no podrán recibir credenciales para volver a ocupar ese cargo.

La disposición también impide que asuman posteriormente mediante mecanismos de sucesión, vacancia o suspensión. Esta medida alcanza a López Aliaga, quien postuló como primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima, luego de la renuncia del candidato Luis Rubio.

En el caso de Lima, la decisión deja sin posibilidad de asumir la alcaldía a López Aliaga y abre el camino para que Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora de la lista de Renovación Popular, ocupe el cargo.

En tanto, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, informó que el pleno revisó de oficio 427 proclamaciones y estableció que la condición de primer regidor no habilita para asumir la alcaldía cuando se incumple la prohibición constitucional de reelección inmediata. Asimismo, precisó que los pronunciamientos del pleno se emiten en última instancia.

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Según sostuvo, la medida tiene respaldo constitucional y establece un precedente para evitar que se eluda la prohibición de reelección inmediata de alcaldes.

En declaraciones a la Agencia Andina, Távara señaló que el organismo electoral interpretó correctamente la Constitución, que impide que una persona que ejerció la alcaldía en la gestión saliente vuelva a ocupar el cargo en el periodo inmediato siguiente.

Añadió que postular como primer regidor y esperar la renuncia del candidato electo para asumir la alcaldía constituía una forma de evadir la ley.

El analista también destacó que la resolución contempla posibles maniobras posteriores, como la renuncia o vacancia de quien deba asumir la alcaldía, para impedir que el cargo recaiga en otro regidor que también haya ejercido como alcalde en el periodo anterior.

A su juicio, el fallo permitirá cerrar el paso a futuros intentos de eludir la Constitución.

La decisión fue adoptada por el pleno del JNE tras revisar de oficio las proclamaciones de resultados de los Jurados Electorales Especiales (JEE), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La secretaria general del organismo, Yessica Clavijo Chipoco, precisó que la medida busca garantizar el cumplimiento de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.

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La mandataria le deseó éxitos en su gestión y destacó la importancia de mantener los vínculos entre ambas naciones.

A través de sus redes sociales, Fujimori señaló que el Perú busca preservar los lazos históricos de amistad y cooperación con Paraguay. También reafirmó el compromiso de su Gobierno con la democracia y el respeto a las instituciones en la región.

“Desde el Perú, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación que nos unen, así como nuestro firme compromiso con la democracia y la institucionalidad en la región”, expresó la presidenta.

Expreso mis mejores deseos de éxito al presidente Pedro Alliana, quien asume la conducción de la hermana República del Paraguay tras el proceso de sucesión constitucional. Desde el Perú, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación que nos unen, así como nuestro firme compromiso con la democracia y la institucionalidad en la región.

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 7, 2026

Pedro Alliana asume la presidencia de Paraguay

Alliana asumió el cargo ante el Congreso paraguayo luego de la salida de Santiago Peña, quien fue destituido por el Senado mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones. La decisión se tomó en medio de la crisis política y financiera vinculada a la intervención de Ueno Bank, que dejó temporalmente a millones de clientes sin acceso a sus servicios.

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