“El presupuesto que tienen los organismos electorales para hacer frente a las elecciones en el presente año es de 2,271 millones, y (...) registra una ejecución de 1,187 millones”, indicó a Canal N.

Cálculos

Calderón restó ambas cifras para señalar el saldo pendiente.

“Existen 1,085 millones de soles que garantizan la continuidad del proceso electoral”, sostiene.

El funcionario también desglosó el presupuesto específico del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“Se le asignó en el presupuesto 2026 cerca de 60 millones, pero el Reniec en términos generales tiene un presupuesto asignado de 511 millones y a la fecha ha ejecutado un poco menos de la mitad”, explicó.

Calderón agregó que el proyecto de ley de crédito suplementario lo aumentará.

“Existen 325 millones adicionales al monto que he señalado (...) tenemos certeza de que no (debería decirse) que está en riesgo el proceso electoral de los próximos meses”, argumentó.

Contraste

El economista Miguel Alzamora cuestionó la interpretación del MEF al señalar que los S/1,085 millones mencionados corresponden al presupuesto anual de los organismos electorales y no exclusivamente a los recursos destinados a las ERM2026.

“Al considerar los presupuestos conjuntos de ONPE y JNE, para distintas acciones vinculadas al proceso electoral del año, se tiene pendiente de uso más de S/1,100 millones. Pero, al solo considerar el presupuesto netamente requerido para el proceso electoral, ello considera solo S/775 millones dentro del pliego de la ONPE”, explicó a Correo.

Respecto a la ejecución presupuestal del Reniec, el especialista agregó: “Según las cifras del MEF, la Reniec cuenta con un presupuesto modificado de S/545.5 millones para el año 2026. De estos, a inicios de julio, solo se han utilizado S/247.8 millones, lo cual es equivalente a solo 45% de sus recursos anuales”.

Desde el penal de Barbadillo, en Ate, Castillo afirmó que la decisión de Naciones Unidas confirma, según su interpretación, que durante su detención se afectaron garantías vinculadas al debido proceso y la protección internacional de los derechos humanos. En esa línea, sostuvo que el Estado peruano debe atender las conclusiones emitidas por el Grupo de Trabajo.

“Esta decisión confirma, de manera inequívoca, que mi encarcelamiento nunca tuvo justificación y que se llevó a cabo vulnerando normas fundamentales del constitucionalismo, el antejuicio político, el debido proceso y los acuerdos internacionales”, escribió.

Asimismo, sostuvo que las autoridades que participaron en su destitución y arresto actuaron fuera del marco legal, y afirmó que el informe de Naciones Unidas permite revisar lo ocurrido durante ese proceso. Además, hizo un llamado a las entidades nacionales e internacionales para que tomen en cuenta la opinión emitida por el organismo.

“La Opinión núm. 78/2025 determina que el Estado peruano violentó flagrantemente mis derechos humanos y que fui objeto de una detención arbitraria mientras ejercía el cargo de presidente de la República, el pasado 7 de diciembre de 2022”, manifestó.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria recomendó al Estado peruano adoptar medidas para reparar la situación de Castillo y señaló que una de las acciones adecuadas sería su liberación inmediata. En esa lína, solicitó una investigación independiente sobre las circunstancias de su privación de libertad y las posibles responsabilidades por las vulneraciones identificadas.l

Antes de cerrar su mensaje, el expresidente agradeció a las personas que han respaldado su posición durante los últimos años y afirmó que el pronunciamiento internacional representa un avance para su pedido de revisión del caso. Asimismo, reconoció la labor de su equipo legal internacional durante el procedimiento ante Naciones Unidas.

“Expreso también mi eterno agradecimiento por la gestión realizada por el equipo legal internacional”, señaló Castillo.

Al pueblo peruano y a los pueblos del mundo; a las organizaciones que defienden los derechos de las personas y de los pueblos; y a los órganos de administración de justicia:

Yo, José Pedro Castillo Terrones, como presidente constitucional de la República del Perú, elegido por la… pic.twitter.com/PN3jzHz2VZ

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 10, 2026

Roberto Sánchez anuncia acciones tras pronunciamiento de la ONU

Por su parte, el excandidato presidencial Roberto Sánchez expresó su respaldo a Pedro Castillo tras conocerse el infirme y anunció una próxima conferencia de prensa para fijar la posición política y social de Juntos por el Perú.

A través de sus redes sociales, sostuvo que promoverán acciones de movilización en defensa de los derechos humanos y exigió la liberación del exmandatario, a quien calificó como víctima de una detención arbitraria.

Se invita al Pueblo, Organizaciones sociales a la Prensa Nacional e Internacional a la Conferencia de Prensa, para el día Lunes 13 de Julio a horas 9am en Paseo Colón 422.

Ocasión en que daremos a conocer la posición política y social sobre la Detención Arbitraria contra el…

— Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 10, 2026

“Frente a las recientes declaraciones de funcionarios del MEF, el RENIEC precisa que cuenta con un presupuesto institucional de S/ 545 millones, de los cuales S/ 511 millones (+96 %) ya se encuentran certificados”, reza su comunicado vía X.

Además, Carmen Velarde, pidió al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y al titular del MEF, Rodolfo Acuña, aprobar los recursos necesarios para evitar el desabastecimiento de documentos nacionales de identidad (DNI).

“Con falta de presupuesto, no nos ahogan a nosotros, ahogan a los peruanos”, dijo en Exitosa y cuestionó la falta de respuesta de Arroyo a sus cartas enviadas.

El burgomaestre indicó que las coordinaciones avanzan con el objetivo de concretar la firma en el menor tiempo posible. Asimismo, señaló que la presidenta electa, Keiko Fujimori, ha expresado su respaldo al proyecto.

“Yo he estado con la gente de Proinversión. Está próxima a firmarse una adenda del contrato y ya el ofrecimiento está garantizado. La presidenta electa, Keiko Fujimori, también ha mostrado su apoyo respecto a la puesta en marcha este año del tren Lima–Chosica”, manifestó.

¿En cuánto tiempo podría concretarse la adenda?

El alcalde precisó que el plazo estimado para la suscripción de la adenda es de aproximadamente dos meses. Sin embargo, aseguró que existe disposición para adelantar ese cronograma y cerrar el proceso antes de la fecha prevista.

“Será aproximadamente dentro de dos meses, pero queremos hacerlo antes y hay la total disposición para que se haga antes porque es lo que corresponde”, afirmó.

Durante una inspección al Almacén Central de Bienes de Ayuda Humanitaria de la Municipalidad de Lima, el burgomaestre sostuvo que el material ferroviario ya se encuentra disponible. Además, consideró que los trenes no deberían permanecer sin ser utilizados.

“No estamos los peruanos para darnos el lujo de tener un tren de tal magnitud detenido. Está absolutamente disponible para ser utilizado, con aire acondicionado, baños, acero inoxidable, espacios para bicicletas, dos pisos, butacas, etcétera”, indicó.

De acuerdo con la Municipalidad de Lima, el proyecto ferroviario permitirá unir el Cercado de Lima con el distrito de Lurigancho-Chosica mediante un sistema de transporte masivo. La comuna sostiene que esta alternativa reducirá los tiempos de desplazamiento para los usuarios que viajan diariamente entre ambos puntos.

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, estimó anteriormente que la primera etapa del servicio comenzaría a operar durante los primeros trimestres de 2027. El titular del sector también informó que el próximo trimestre se convocará al concesionario de la vía férrea para continuar con el desarrollo del proyecto impulsado por la Municipalidad de Lima.

Sheinbaum consideró que México no fue el país que rompió las relaciones diplomáticas con Perú y destacó que la nueva administración peruana plantee una apertura al diálogo.

Durante una conferencia de prensa, la jefa de Estado mexicana indicó que pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, comunicarse con los representantes del próximo gobierno peruano. El objetivo será conocer las posiciones de ambas partes y definir cómo podría avanzarse en la recuperación de los canales diplomáticos.

“Sí tenemos intención de recuperar la relación con Perú. Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos, ellos decidieron y qué bueno que tenga esos deseos”, expresó.

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Posición sobre el caso de Pedro Castillo

La presidenta mexicana sostuvo que la posición de su gobierno sobre la salida de Pedro Castillo del poder se mantiene sin cambios. Sheinbaum reiteró sus cuestionamientos sobre la detención del exmandatario peruano, ocurrida luego de que intentara disolver el Congreso en diciembre de 2022.

Al referirse a ese episodio, explicó que México considera que la detención de Castillo fue arbitraria y señaló que esa postura seguirá formando parte de la posición oficial de su administración. Además, resaltó que un grupo de la Organización de las Naciones Unidas emitió un pronunciamiento sobre el caso y coincidió con esa evaluación.

Como se recuerda, Perú rompió relaciones diplomáticas con México en noviembre de 2025 después de que el Gobierno mexicano otorgara asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el intento de golpe de Estado atribuido a Castillo.

Desde entonces, ambos países mantienen suspendidos sus vínculos oficiales, aunque continúan participando en espacios de integración regional como la Alianza del Pacífico. El eventual acercamiento dependerá de las conversaciones que se desarrollen entre las autoridades mexicanas y el equipo de la próxima administración peruana.

El documento difundido por el periodista Paolo Benza, plantea que los ministerios, organismos públicos y demás entidades del Poder Ejecutivo revisen sus decisiones durante las últimas semanas del actual gobierno. Vinelli señaló que estas medidas buscan fortalecer la confianza pública y facilitar la continuidad de la gestión estatal.

#Último Marco Vinelli, encargado de la transferencia por el fujimorismo, pide a la PCM que no hagan más nombramientos o designaciones en el Ejecutivo hasta el cambio de mando.

(Hoy se volvió a cambiar al encargado de la presidencia ejecutiva del OECE. El anterior estuvo 15 días) pic.twitter.com/oE6I7IWUcP

— Paolo Benza (@paolobenza) July 10, 2026

¿Qué incluye el pedido?

En la misiva, el representante del equipo entrante solicitó que las entidades públicas se abstengan de realizar nuevas designaciones, contrataciones, modificaciones en sus estructuras organizacionales o asumir compromisos administrativos y presupuestales extraordinarios. La petición contempla únicamente aquellas acciones que no sean necesarias para garantizar la prestación de los servicios públicos.

Asimismo, establece que podrían mantenerse aquellas decisiones que respondan a una obligación legal, un mandato judicial, una situación de emergencia o una necesidad pública debidamente sustentada. De esta manera, el equipo de transferencia plantea limitar medidas que puedan comprometer la planificación de la próxima administración.

El pedido de Vinelli se presenta luego de que un informe periodístico revelara que la gestión saliente realizó 51 designaciones y reemplazos en ministerios, la Presidencia del Consejo de Ministros y otras entidades del Estado durante las semanas previas al cambio de gobierno. Ante ello, el equipo de transferencia solicitó que se prioricen decisiones vinculadas a la continuidad de los servicios públicos.

En la carta también se señala que el proceso debe desarrollarse bajo principios de buena administración, transparencia, colaboración institucional y responsabilidad en la gestión pública. Según el documento, estas condiciones permitirán que la nueva administración reciba información adecuada sobre el funcionamiento del Estado.

Vinelli señaló que el pedido busca facilitar el proceso de transición hacia la gestión de Keiko Fujimori. El equipo de transferencia continuará coordinando con las entidades públicas para recopilar información sobre el estado de cada sector.

“Es un proyecto fallido. Digamos que es una esperanza que no se dio finalmente. Y muchas expectativas frustradas, sobre todo de esta mirada socialista, que es lo que Perú Libre quería implementar en el país”, expresó.

El excongresista también señaló que su partido no tuvo una participación determinante en la dirección del Ejecutivo pese a haber ganado las elecciones presidenciales. Según explicó, la agrupación solo tuvo presencia durante los primeros meses de gestión, cuando Guido Bellido encabezó la Presidencia del Consejo de Ministros.

En esa misma línea, sostuvo que después de esa etapa el control de las decisiones pasó a manos de un aparato burocrático ubicado en Lima. Además, afirmó que las bases de Perú Libre fueron desplazadas y no pudieron participar en la conducción del Gobierno.

El titular de la cartera también mencionó que sintió una falta de respaldo por parte del expresidente Pedro Castillo durante ese periodo. Según su evaluación, esa situación impidió que su organización tuviera una oportunidad real de ejecutar su propuesta política.

Sobre su designación como ministro a pocas semanas del cambio de mando presidencial, Cruz explicó que su función estará enfocada en acompañar el proceso de transferencia. Además, indicó que buscará asegurar la continuidad de programas vinculados al sector laboral.

Además, señaló que realizará un seguimiento a proyectos pendientes relacionados con infraestructura de salud en distintas regiones del país. El ministro indicó que estas acciones forman parte de las tareas que asumirá durante los últimos días de la actual administración.

En un documento oficial, el organismo solicitó al Gobierno peruano su liberación inmediata y el otorgamiento de una indemnización.

La opinión técnica fue aprobada el 14 de noviembre de 2025 y difundida el 4 de junio. En su resolución, el GTDA concluyó que el caso se encuentra comprendido en las categorías I y III de su metodología de evaluación, al considerar que la detención careció de base legal y vulneró el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El informe también sostiene que el exmandatario no contó con las garantías propias de un juicio justo. Entre las observaciones, señala presuntas afectaciones a la presunción de inocencia, al derecho de ser juzgado por un tribunal competente y al derecho a ejercer una defensa adecuada.

Asimismo, el organismo indicó que Pedro Castillo no tuvo acceso oportuno a un abogado de su confianza y cuestionó las condiciones en las que se realizó la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva.

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La propuesta obtuvo 16 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones. El texto fue elaborado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social a partir de un proyecto presentado por el congresista Juan Burgos Oliveros, de la bancada Lealtad Nacional.

Durante el debate, el autor del proyecto explicó que la finalidad de la medida es proteger el derecho de las personas a practicar su religión sin que ello genere inconvenientes en su relación laboral. En ese contexto, sostuvo que la propuesta “busca garantizar el derecho a la libertad religiosa”.

Asimismo, precisó que el descanso previsto en el dictamen no implica la eliminación de la jornada de trabajo. En esa línea, el legislador explicó que el día no laborable será compensable y se contemplará la recuperación de las horas no trabajadas durante los días posteriores o bajo la disposición del empleador.

En segunda votación, la Comisión Permanente aprobó el dictamen que propone establecer el sábado día no laborable compensable a favor del trabajador que pertenece a una confesión religiosa cuyo día de descanso o de guardar coincida con aquel. pic.twitter.com/rAeBNfbem4

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 9, 2026

Requisitos para acceder al beneficio

El dictamen establece que, al inicio de la relación laboral, el trabajador deberá informar al empleador cuál es su confesión religiosa cuando su día de descanso o de guardar corresponda al sábado. Además, tendrá que acreditar esa condición mediante una constancia emitida por la autoridad competente de su organización religiosa.

El texto aprobado señala que carecerán de validez las cláusulas contenidas en convenios colectivos, acuerdos individuales o decisiones unilaterales del empleador que generen discriminación por motivos religiosos.

Además, el dictamen incorpora una disposición complementaria para la implementación de la norma. En ese marco, establece que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, deberá adecuar la normativa correspondiente dentro de los 60 días calendario contados desde la entrada en vigencia de la futura ley.

Durante una entrevista en Canal N, también negó haber ejercido presiones para el nombramiento de autoridades en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y señaló que la salida del anterior titular de la superintendencia estuvo relacionada con los cuestionamientos formulados desde comisiones del Congreso.

Respecto a la sentencia judicial consignada en su declaración jurada por una deuda de 11 mil 700 soles vinculada a un proceso de alimentos, el titular del Minedu explicó que el monto correspondía a pensiones devengadas acumuladas entre agosto de 2021 y septiembre de 2022.

Marticorena aseguró que la obligación económica fue pagada por completo apenas recibió la notificación correspondiente. Además, sostuvo que “nunca se le dejó de asistir a mi hija” desde el momento de la concepción.

También agregó que los documentos que acreditan el cumplimiento de esos pagos fueron incorporados al expediente administrativo que evalúa la idoneidad de los altos funcionarios del ministerio.

El ministro también se pronunció sobre la decisión de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, que lo declaró persona no grata en enero de 2023 por considerar que impulsó una iniciativa que afectaba el presupuesto de esa casa de estudios.

En respuesta, señaló que el proyecto para crear la Universidad Tecnológica de Chincha atendía una demanda histórica de la provincia, contó con el respaldo de otros dos congresistas de la región y contemplaba únicamente cinco carreras vinculadas con la actividad económica local.

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Con esta designación, a menos de 20 días del inicio del nuevo gobierno, el Gabinete suma a un representante del partido fundado por el prófugo Vladimir Cerrón.

Cruz ha expresado reiteradamente su respaldo al líder de dicha agrupación y ha defendido su participación en la vida política.

Durante la campaña de las Elecciones Generales (EG) 2026, el hoy ministro esperaba que el Tribunal Constitucional (TC) permitiera a Cerrón participar en la contienda electoral, especialmente en el debate presidencial de primera vuelta.

“Nosotros estamos con esta esperanza (...) Quisiéramos que entre al debate”, declaró el excandidato al Senado el 6 de marzo de 2026.

Su respaldo también quedó reflejado en la red social X, donde promovía la candidatura de Cerrón.

“Su liderazgo sigue creciendo y muchos lo dicen claro: si estuviera en libertad, ganaría en primera vuelta. La voz popular ya habló”, publicó el 10 de febrero.

Perfil

Cruz es abogado por la Universidad Nacional del Altiplano y bachiller en Ciencias Jurídicas y Políticas por la misma casa de estudios.

Además, tiene una maestría en Derecho, con mención en Derecho Empresarial, por la Universidad Alas Peruanas.

También estudió Educación y cuenta con formación como profesor de secundaria en la especialidad de Lengua y Literatura.

Antecedente

Según Infobae, el hoy ministro registra una sentencia por alimentos, la que declaró cuando postuló a las Elecciones Generales 2021.

La sentencia deriva de una demanda presentada en 2001 por la madre de su hijo, quien solicitó que se fijara una pensión equivalente al 40% de sus ingresos. Ella aseveró que Cruz incumplía con sus obligaciones como padre.

La cita entre ambas autoridades se realizará en Palacio de Gobierno, un día después de que la lideresa de Fuerza Popular (FP) reciba de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sus credenciales como máxima representante del Perú.

DETALLES

Ayer por la mañana, el mandatario Balcázar acudió a la oficina de la presidenta electa en San Isidro a fin de tener una reunión inicial.

Tras el encuentro ofrecierossssn un pronunciamiento en conjunto a la prensa.

Keiko Fujimori agradeció la visita del jefe de Estado, así como a los integrantes del actual Gabinete Ministerial que permiten realizan el proceso de transferencia sin inconvenientes.

“Ya lo equipos de transferencia empezaron a hacer su trabajo, están recabando información en cada uno de los ministerios y en el despacho del primer ministro. Quería presidente agradecerle también la disposición que hay de los ministros de otorgar la información”, afirmó.

La lideresa naranja dijo que en el encuentro, intercambiaron ideas y varios consejos.

Por su parte, Balcázar le deseó éxito a Fujimori.

“Esta visita protocolar era para reiterar nuestra felicitación (…). Creo que un buen gobierno con buenos propósitos es lo que necesita el país, con diálogo permanente”, apuntó.

ENCUENTROS

Más tarde, Keiko acudió hasta el distrito de El Rímac para supervisar trabajos de prevención contra el Fenómeno El Niño junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Allí, respondió a la prensa sobre los cuestionamientos contra su jefe de transferencia, Marco Vinelli, quien es investigado por la Fiscalía por la presunta comisión del delito contra la administración pública.

“Él ha sido funcionario público y como todo funcionario siempre está expuesto a tener alguna denuncia, él ya ha aclarado. Yo ratifico mi confianza, es un profesional competente”, indicó.

Alcance

La iniciativa, presentada por el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, obtuvo 14 votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención.

La norma establece una regulación específica para este tipo de crímenes, conforme a los criterios del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En esa línea, incorpora un nuevo capítulo al Título XIV-A del Código Penal y precisa que serán considerados delitos de lesa humanidad aquellos actos como asesinato, tortura, desaparición forzada o violación sexual cuando sean cometidos como parte de un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, con conocimiento e intención del autor.

“Ataque sistemático es la conducta planificada, mediante una logística previa, para promover ese ataque con aplicación metódica en la perpetración del delito, de conformidad con una política de gobierno o con los planes de una organización de grupos armados para cometer ese ataque”, se precisa.

Asimismo, establece sanciones que van desde los 30 años de pena privativa de libertad hasta la cadena perpetua, según corresponda, y refiere que aquellos hechos investigados que no cumplan con los elementos deberán ser procesados como delitos comunes, según la legislación penal vigente.

En efecto, el texto establece que tendrá aplicación inmediata en los casos en trámite en los se haya utilizado o propuesto la aplicación del delito de lesa humanidad, así como en aquellos procesos con condena que se encuentren bajo revisión, nulidad u otro recurso o garantía constitucional.

La difusión de un aparente certificado de trabajo falso, que utilizó para acceder a cargos públicos, habría sido el detonante para que se corten los lazos entre el Gobierno y Solano González.

La medida, que se oficializó mediante una resolución suprema en el Diario Oficial El Peruano, evidenció el descontento del Ejecutivo. Con el apartamiento de Freddy Solano, el MTPE alberga ya a su undécimo titular en este quinquenio.

Salidas

Solano González hizo pública su dimisión la mañana de ayer, en su cuenta de la red social X. En ella compartió su carta de renuncia, enviada al actual mandatario.

De acuerdo con el ahora exministro, “los cuestionamientos formulados en los últimos días”, por parte de la prensa, “han generado un escenario político y mediático que (…) amenaza con desviar la atención de las prioridades que el país exige al MTPE”.

“Frente a ello, reafirmo con absoluta convicción que jamás he cometido acto alguno contrario a la ley, a la ética o a los deberes inherentes a la función que me fue confiada”, aseguró.

El último domingo 5 de julio, el programa Cuarto Poder denunció que Freddy Solano presentó un certificado de trabajo aparentemente falso para acceder a seis cargos públicos; el más reciente: el de ministro de Trabajo.

El documento en mención, con fecha del 30 de noviembre de 2017, refiere que Solano se desempeñó como jefe del área legal de la empresa Service JVC S.R.L. El texto lleva la firma de su supuesto gerente general: Carlos Ubillús Urbina.

​​​Sin embargo, el 11 de junio de 2024 Ubillús alertó al Ministerio de Trabajo que “el documento o certificado de trabajo no es auténtico, no es la firma del gerente general”.

“No es nuestro documento u hoja membretada, en el documento dice Service JVC S.R.L. y nuestra empresa es Service JCU S.R.L.”, detalló en el citado oficio.

“Me extrañó que sea ministro a pesar de todo. No sé cómo lo habrá hecho”, agregó Ubillús para el dominical.

Con relación a su uso, el certificado en cuestión fue parte del legajo de Solano para acceder, en octubre de 2023, al cargo de jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Luego asumiría otros cinco cargos públicos con el mismo expediente: en septiembre de 2024, como director de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento (Ministerio de Educación); en marzo de 2025, como director ejecutivo del Programa Nacional Social Contigo, con un sueldo de 25 mil soles; en diciembre de 2025, como presidente del directorio de Corpac, con un sueldo que oscilaba entre los 15 mil y 19 mil soles; gerente general de Promperú (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), con un salario similar al último citado; y, finalmente, en mayo de 2026, ministro de Estado.

Ruleta

El país ha tenido 11 ministros de Trabajo en los últimos cinco años. Cuando Pedro Castillo juró como presidente de la República, en julio de 2021, tras llegar al poder con el partido político Perú Libre, colocó al frente de la cartera a Iber Maraví, hoy senador electo de Juntos por el Perú​.

La Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) recogió declaraciones que relacionaron a Maraví con presuntas acciones subversivas en la década de 1980. Uno de los testimonios fue de un integrante de Sendero Luminoso, identificado como Juan Alarcón Gutiérrez, quien lo señaló como participante en el apedreamiento a un hotel de turistas junto a la terrorista Edith Lagos.

Tras esta gestión, que duraría poco más de dos meses, llegaron figuras como la también perulibrista Betssy Chávez, seguida por Juan Ramón Lira y Alejandro Salas, quien dimitió tras el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

En el mandato de Dina Boluarte, exvicepresidenta de Castillo, Eduardo García, Alfonso Adrianzén, Fernando Varela y Daniel Maurate estuvieron al frente del MTPE. Este último ocupó el cargo por mayor tiempo: dos años, un mes y ocho días.

Finalmente, Óscar Fernández encabezó la cartera en el gobierno de José Jerí y continuó en el mencionado puesto hasta que Balcázar asumió la conducción del Ejecutivo. Solo tres meses después, Freddy Solano llegaría al cargo.

En declaraciones a RPP, afirmó que la decisión vulnera la normativa que garantiza la permanencia de los procuradores seleccionados por concurso público.

Enco cuestionó la actuación de la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, al considerar que su salida carece de sustento legal.

“Está cometiendo un abuso de autoridad producto de su falta de conocimiento (de Caruajulca) y de su falta de competencia para ejercer dicho cargo”, manifestó.

El exprocurador indicó que asumió el cargo tras superar un concurso público realizado en 2023 y precisó que, conforme a una modificación del Decreto Legislativo N.° 1326, quienes ingresaron bajo ese mecanismo ejercen funciones por un periodo de cinco años.

La Procuraduría General del Estado dispuso concluir la designación de Enco por “pérdida de confianza”, decisión adoptada por unanimidad en una sesión extraordinaria de su Consejo Directivo.

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El pedido para suspender la discusión fue presentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto, quien explicó que durante el debate se recibieron numerosas propuestas de distintas bancadas para incorporar nuevos artículos, disposiciones complementarias y financiamiento para proyectos en diversas regiones del país.

Según el oficio remitido al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, dichas iniciativas requieren una evaluación técnica, jurídica y presupuestal antes de ser incluidas en el dictamen.

También se recordó que toda propuesta que implique un mayor gasto público debe contar con la evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), conforme a la Constitución y al Decreto Legislativo 1440.

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Tello señaló que el objetivo es asegurar la continuidad de este modelo mediante la asignación de recursos públicos para el periodo fiscal 2026.

El pronunciamiento se produce en el contexto del proceso de transferencia hacia el gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

El Poder Judicial informó que entre 2025 y lo que va de 2026 las unidades de flagrancia recibieron 51 mil 122 casos, de los cuales 47 mil 279 fueron resueltos. Según el reporte oficial, ello representa una capacidad de respuesta del 93 %, con procesos atendidos en plazos menores a 72 horas.

Durante su intervención, la titular del Poder Judicial sostuvo que “este sistema ha venido a quedarse” y que “es un ensayo de laboratorio”.

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La Procuraduría General del Estado oficializó el término de las funciones del abogado Amado Enco Tirado en la institución fiscalizadora. La medida fue establecida mediante una resolución emitida este jueves 9 de julio de 2026 por el máximo organismo encargado de la defensa jurídica del Estado.

La salida de Enco Tirado pone fin a las funciones que venía desarrollando de manera ininterrumpida en la entidad de control desde el 6 de enero de 2023.

La medida fue adoptada luego de la revisión de los informes elaborados por la Secretaría General del Consejo Directivo, relacionados con el desempeño de los defensores del Estado. A través de la resolución, la entidad ordenó informar de forma inmediata sobre la decisión a Amado Enco Tirado y a los organismos vinculados al sistema de fiscalización.

El cese del funcionario fue sustentado únicamente en la pérdida de confianza contemplada en el Decreto Legislativo 1326. En específico, el numeral 4 del artículo 38 de esta norma establece las disposiciones relacionadas con la conclusión de las designaciones de los servidores de confianza dentro del sector público.

El reglamento de organización de los procuradores públicos s establece que dichos cargos tienen la condición de personal de confianza del Estado.

El Consejo Directivo de la institución aprobó la medida de manera unánime durante la Centésima Sexagésima Primera Sesión Extraordinaria, según consta en el acta N.° 22-2026-PGE. La resolución correspondiente cuenta con la firma digital de la procuradora general del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe, así como del equipo legal encargado de la evaluación.

La Oficina de Asesoría Jurídica revisó y validó los fundamentos técnicos de la medida antes de que la resolución fuera publicada oficialmente en la plataforma institucional de la entidad.

El abogado Amado Daniel Enco Tirado manifestó públicamente su desacuerdo con la decisión tomada por la alta dirección del organismo defensor.

El exprocurador público de la Contraloría General de la República señaló, a través de sus redes sociales, que su salida respondería a una represalia contra los procuradores que cuestionan la gestión de la institución. En ese sentido, expresó su desacuerdo con la forma en que actualmente se vienen conduciendo los procesos relacionados con la defensa jurídica del Estado.

El abogado sostuvo que el sistema de defensa jurídica necesita cambios estructurales que permitan fortalecer la autonomía funcional de los abogados defensores de las instituciones.

El exprocurador dijo que “que el gobierno entrante tome cartas en el asunto y reforme el sistema público de justicia”. Su pronunciamiento fue difundido a través de sus plataformas digitales oficiales pocas horas después de haber sido notificado sobre la conclusión de sus funciones.

La Unidad de Atención al Ciudadano fue encargada de notificar la decisión al abogado afectado y a la Contraloría General de la República. Asimismo, la Resolución N.° D000438-2026-JUS/PGE-PG dejó sin efecto la designación que Amado Enco Tirado mantenía vigente desde la Resolución N.° D000037-2023-JUS/PGE-PG.

El Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado deberá iniciar el proceso correspondiente para seleccionar al nuevo representante que asumirá la conducción de la Procuraduría Pública.

El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, dio a conocer el informe final elaborado por la Defensoría del Pueblo tras las labores de observación y seguimiento realizadas durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, desarrollada el pasado 7 de junio.

Como una de las principales conclusiones del informe, Gutiérrez sostuvo que la Defensoría del Pueblo no encontró evidencias de irregularidades que permitan afirmar que se produjo un fraude electoral durante la segunda vuelta.

Durante la presentación del documento, Gutiérrez también se refirió al recurso que interpuso el excandidato presidencial Roberto Sánchez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el que busca cuestionar los resultados obtenidos en la segunda vuelta electoral.

Aunque reconoció que Sánchez tiene la facultad de recurrir a instancias internacionales para presentar sus cuestionamientos, el defensor del pueblo consideró que esta medida “no tiene un sentido institucional”.

“Probablemente para el señor Roberto Sánchez tenga sentido hacer lo que ha hecho, y está en todo su derecho. Lo que no tiene es un sentido institucional para nosotros como Defensoría”, indicó.

En ese sentido, dijo que el informe final preparado por la Defensoría del Pueblo será enviado a los organismos internacionales que participaron como observadores durante el desarrollo del proceso electoral.

“Vamos a trasladar este informe, como lo hemos hecho en primera vuelta, a los veedores de la misión de observadores de la OEA, también a la Comisión Interamericana, a la Unión Europea, al Centro Carter y a todos los que se han acreditado ante el Perú para desplegar una mirada objetiva de lo que ha ocurrido”, expresó.

Posteriormente, el defensor del Pueblo reafirmó que, de acuerdo con el seguimiento efectuado por la institución, la segunda vuelta presidencial “no ha tenido mayor incidencia de irregularidad ni de nada por el estilo”.

La propuesta, respaldada por 14 votos a favor y nueve en contra, se basa en las disposiciones del Estatuto de Roma y en una recomendación del Tribunal Constitucional emitida al declarar constitucional la Ley 30107.

El texto aprobado establece que constituye delito de lesa humanidad un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, ejecutado con dolo y conocimiento. Entre las conductas comprendidas figuran el homicidio calificado, la trata de personas, el secuestro, la violación sexual, la desaparición forzada y la tortura.

Asimismo, la norma define el ataque generalizado como una conducta de comisión múltiple y masiva dirigida contra un amplio grupo de personas por motivos relacionados con su origen, raza, religión, cultura u otras condiciones.

La iniciativa establece penas que van desde 30 años de prisión hasta cadena perpetua para quienes incurran en estos delitos. Además, señala que, de ser promulgada por el Poder Ejecutivo, su aplicación será inmediata en los casos en trámite en los que se haya utilizado o propuesto la figura de lesa humanidad, así como en procesos con sentencia que sean objeto de revisión, nulidad u otros recursos constitucionales.

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El organismo precisó que el saldo de S/ 812.9 millones pendientes de ejecución mencionado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no se encuentra disponible para atender las necesidades del próximo proceso electoral.

De ese monto, más de 430 millones de soles corresponden a contratos ya ejecutados en las Elecciones Generales y la Segunda Elección Presidencial cuyos pagos están en proceso, más de 50 millones a contratos en formalización, y alrededor de 330 millones a contrataciones indispensables para las elecciones subnacionales, como el despliegue y repliegue de material electoral y la logística informática.

La institución subrayó que un saldo registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) no implica que existan recursos libres, pues los montos comprometidos tienen destino específico y no pueden redirigirse.

El déficit de financiamiento de la ONPE asciende actualmente a S/ 433.21 millones. Entre las actividades que permanecen sin financiamiento figuran la contratación del personal de campo, la capacitación de actores electorales, la producción y distribución del material electoral, la asistencia a electores y miembros de mesa durante la jornada, el traslado del material desde las sedes de las ODPE hacia los locales de votación, y la compensación económica a los miembros de mesa.

#ONPEinforma | Aclaramos información sobre el presupuesto para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.#ERM2026 pic.twitter.com/diVZkIIjhu

— ONPE (@ONPE_oficial) July 9, 2026

Explicó que el cronograma ya se encuentra en marcha y que varias actividades, como las elecciones internas de los partidos, fueron ejecutadas con el presupuesto asignado.

Según información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los organismos del sistema electoral mantienen un saldo conjunto de S/ 1.084,7 millones por ejecutar. De ese monto, la ONPE dispone de S/ 813 millones, el Jurado Nacional de Elecciones de S/ 257 millones y el Reniec de aproximadamente S/ 13 millones.

Respecto al pedido de un crédito suplementario cercano a S/ 300 millones, Gutiérrez señaló que, si bien el Estado debe garantizar el financiamiento del proceso, es necesario sustentar con claridad el destino de esos recursos y fortalecer la rendición de cuentas y la planificación presupuestal.

“No se puede pedir por pedir. Tenemos que acostumbrarnos a la rendición de cuentas y a que la programación de los recursos financieros sea prolija”, dijo.

Asimismo, recordó que, de no aprobarse el crédito suplementario, el Decreto de Urgencia N° 001-2026 permite transferir recursos del fondo de contingencia para asegurar la continuidad del proceso electoral.

En ese sentido, reiteró que, con el presupuesto disponible y el marco legal vigente, las elecciones no corren riesgo por falta de financiamiento.

#EnVivo

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo: Mientras exista un saldo como el que he señalado en las elecciones ningún funcionario, por más autónomo, pueda decir ligeramente que puede paralizar el proceso electoral, eso pueden decir cuando ya no hay nada por ejecutar

Encuentra… pic.twitter.com/dZFeNIQ0b6

— Canal N (@canalN_) July 9, 2026

Video: Canal N

Como se sabe, el burgomaestre participó en una jornada de prevención junto a la presidenta electa, Keiko Fujimori, quien aseveró que varias regiones del norte del país, llegan con retraso a los trabajos preventivos, de cara al Fenómeno El Niño. “Quiero señalar además que muchas de las regiones del norte ya estamos tarde. Esos trabajos se debieron hacer muchos meses atrás”, dijo la lideresa de Fuerza Popular.

Tras ello, Renzo Reggiardo defendió las obras realizadas en la capital a fin de disminuir el riesgo de desbordes e inundaciones.

“Yo he venido anunciando que la labor de prevención que se viene realizando, no de ahora, sino desde hace varios meses y años inclusive, garantiza que no tengamos mayores riesgos en los próximos meses, incluso ante la eventualidad de tener un Niño algo severo”, indicó.

Adquisición de maquinarias

Además, el burgomaestre consideró fundamental la adquisición de maquinarias para atender emergencias, debido a que la Municipalidad de Lima no contaba con equipos propios para este tipo de intervenciones. “Desde que compramos 52 máquinas, que no teníamos ni una sola, hoy tenemos capacidad operativa para responder ante una situación de emergencia”, aseguró aunque reconoció que ningún trabajo preventivo puede eliminar por completo los efectos de un evento climático extremo.

Reggiardo dijo estar dispuesto a trabajar de manera coordinada con el gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño en las regiones más vulnerables.

“Estamos con toda la disposición para colaborar con el gobierno central por esta buena experiencia que hemos tenido en Lima Metropolitana y trasladarla al norte y a los lugares que el gobierno considere necesarios”, dijo.

En la actividad aseguró que su gobierno tendrá como prioridad desde el inicio las acciones de prevención. En ese sentido, refirió que su equipo viene elaborando un inventario de la maquinaria disponible en todo el país para atender la emergencia, el cual estará listo antes del inicio de su gestión a fin de ejecutar las acciones de respuesta desde este 28 de julio.

“Vamos a tomar una serie de medidas desde el primer día. Quiero señalar además que muchas de las regiones del norte ya estamos tarde. Esos trabajos se debieron hacer muchos meses atrás”, afirmó.

Llamado a sector privado

Asimismo, Keiko Fujimori instó al sector privado a participar en las labores de prevención y mitigación de los efectos que podría generar el Fenómeno El Niño. “Hacemos también una convocatoria al sector privado para que ellos colaboren frente al Fenómeno El Niño”, dijo.

Indicó que una de las primeras acciones será identificar toda la maquinaria operativa perteneciente a gobiernos regionales, municipalidades y otras entidades del Estado, pues refirió que durante un diagnóstico se detectó que parte del equipamiento permanece inoperativo.

“Estamos haciendo un inventario de todas las maquinarias disponibles que hay en nuestro país. Sabemos que hay maquinarias en los gobiernos regionales. En algunos casos están abandonadas y no se usan por falta de mantenimiento y, en la gran mayoría, por falta de combustibles y presupuesto para contratar operarios”, precisó.

Julio Velarde

La presidenta electa contó que en la reunión con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, se informó sobre un panorama favorable sobre las perspectivas económicas del país, aunque el principal riesgo sigue siendo el impacto del fenómeno climático.

“Julio Velarde fue muy claro en señalar que todas las cifras, las estadísticas y las proyecciones son muy positivas y optimistas para el Perú. Lo que a todos nos preocupa es la catástrofe que pueda ocasionar el Fenómeno El Niño”, incidió al precisar que los efectos no solo alcanzarían a la costa norte, sino también a la sierra.

Ante ello, pidió replicar las acciones ejecutadas por la comuna de Lima en otras regiones del país.

El nombramiento se da tras la renuncia de Freddy Solano González al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, ante los cuestionamientos por la presunta presentación de un certificado falso para acceder a la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N° 196-2026-PCM, publicada este 9 de julio.

LEE: Ministro de Trabajo habría usado certificado falso para obtener seis nombramientos en el Estado

Cabe precisar que Flavio Cruz es abogado y congresista por la región Puno (periodo parlamentario 2021-2026) por el partido Perú Libre. Tiene experiencia como docente universitario en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

Fue vocero de su bancada y presidió la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso.

Contraloría

Cabe precisar que la Contraloría General de la República ya había iniciado un proceso de recopilación de información en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo relacionado con un procedimiento administrativo disciplinario. El caso involucra a Freddy Solano y la verificación de documentos presentados en un proceso previo de acceso a un cargo público.

El despliegue del órgano de control se produce tras un reportaje de Cuarto Poder, que cuestiona la validez de un certificado laboral utilizado en una designación anterior.

Pariona Valer señaló que los casos de desaparición muchas veces inician con situaciones cotidianas como ofertas laborales o a través de las redes sociales, mientras que las cifras por desapariciones en Arequipa superan los 500 casos.

“En este programa nosotros damos a conocer cuáles son los riesgos de trata de personas, los riesgos que pueden tener en redes sociales. De esa manera nosotros trabajamos haciendo un enfoque preventivo antes de que pueda suceder la trata de personas”, señaló antes de su salida del plantel educativo.

Respecto al tema de acoso escolar, Pariona indicó que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud para realizar sesiones preventivas y educativas orientadas a niños y adolescentes, para que puedan hacer las denuncias respectivas.

La agenda de la ministra incluye una visita esta mañana al Centro de Emergencia Mujer en Cerro Colorado.

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La invitación fue formulada por el mandatario de manera personal este jueves 9 de julio durante una reunión en la oficina de la presidenta electa, en el distrito de San Isidro. Keiko Fujimori confirmó su asistencia.

José María Balcázar le reiteró sus felicitaciones a Fujimori Higuchi por su triunfo en las elecciones 2026 y subrayó que el país necesita un Gobierno con buenos propósitos y con diálogo permanente entre todos los peruanos.

“Hemos conversado, por ejemplo, de las inversiones que se han hecho y se deben hacer en el sur del país, y otras consideraciones. Le deseo el mejor éxito en el futuro para que gobierne en favor de todos los peruanos sin exclusión”, refirió.

El presidente Balcázar resaltó que se haya concretado la invitación a visitar Palacio de Gobierno.

Durante la reunión de este jueves, Keiko Fujimori, dijo que en la reunión el jefe de Estado le dio consejos para su próximo gobierno.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa para el periodo 2026-2031 se realizará el próximo 15 de julio.

Este jueves 9 de julio, José Balcázar acudió a la oficina de la presidenta electa, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, para saludarla y felicitarla por su triunfo en las últimas elecciones presidenciales. Se trata del primer encuentro entre el mandatario actual y su sucesora.

“Él ha tenido la gentileza y amabilidad de venir a saludarme. Hemos intercambiado varias ideas, me ha dado varios consejos y me ha expresado la invitación para recibirme en Palacio de Gobierno la próxima semana después de la ceremonia de recepción de credenciales”, dijo Keiko Fujimori.

Asimismo, la presidenta electa confirmó que el próximo jueves 16 de julio concurrirá a Palacio de Gobierno tras la invitación del dignatario. “El jueves en la mañana yo estaría asistiendo a Palacio para seguir con esta conversación”, precisó.

Equipos de transferencia

Además, Keiko Fujimori comentó a los medios de comunicación que los equipos de transferencia “ya están empezando hacer su trabajo, están recolectando información en cada uno de los ministerios”.

“Agradezco al presidente la disposición que hay en los ministros de otorgar la información que se está recogiendo”, señaló.

Como se sabe, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa para el periodo 2026-2031 se realizará el próximo 15 de julio, al mediodía, en el Teatro Nacional de Lima.

Días atrás José Balcázar confirmó que la presidenta electa será invitada a Palacio de Gobierno luego de recibir sus credenciales oficiales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Como se sabe, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa para el periodo 2026-2031 se realizará el próximo 15 de julio, al mediodía, en el Teatro Nacional de Lima.

El mandatario indicó que se comunicó vía telefónica con la lideresa de Fuerza Popular para felicitarla por su triunfo en la segunda vuelta y refirió que ha cumplido con el protocolo correspondiente tras la proclamación de resultados.

El presidente sostuvo en Exitosa, que no es necesario emitir un pronunciamiento público, ya que las normas protocolares no obligan a ello. “Yo creo que el protocolo no exige una publicación, sino felicitación, que lo he hecho como corresponde”, indicó.

Freddy Solano González presentó su renuncia al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, en medio de los cuestionamientos surgidos por la presunta presentación de un certificado falso para acceder a la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023, tal .

La dimisión fue comunicada mediante una carta dirigida al presidente José María Balcázar, en la que el exministro explicó que tomó la decisión para evitar que la controversia afecte el funcionamiento del sector.

“He tomado esta decisión debido a los cuestionamientos que han generado un escenario político y mediático, con el objetivo de preservar la estabilidad institucional”, señala el documento.

He tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, convencido de que el interés del país y la fortaleza de nuestras instituciones deben estar siempre por encima de cualquier circunstancia personal.

Esta decisión no representa… pic.twitter.com/blaBF15I6t

— Freddy Solano (@freddysolanog) July 9, 2026

Afirma que deja el cargo para preservar la estabilidad institucional

En la carta, Solano sostiene que los cuestionamientos formulados en los últimos días generaron un escenario político y mediático que podría afectar el trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

“Los cuestionamientos formulados en los últimos días han generado un escenario político y mediático que, más allá de mi posición firme respecto de los hechos, amenaza con desviar la atención de las prioridades que el país exige al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, señala.

Niega haber cometido actos ilegales

El exministro rechazó las acusaciones que motivaron los cuestionamientos públicos y aseguró que su conducta siempre estuvo enmarcada en la legalidad.

“Reafirmo con absoluta convicción que jamás he cometido acto alguno contrario a la ley, a la ética o a los deberes inherentes a la función que me fue confiada.”

Asimismo, expresó su confianza en que las autoridades competentes esclarecerán los hechos respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

“Confío plenamente en que las instancias competentes esclarecerán objetivamente los hechos y confirmarán lo que siempre he sostenido: que mi actuación se desarrolló dentro del marco de la ley y del ejercicio regular de la función pública”.

Se retira defendiendo su actuación

En la parte final de la misiva, Solano manifestó que deja el cargo con la tranquilidad de haber actuado conforme a sus principios y anunció que continuará defendiendo su honor por las vías legales.

“Me retiro con la conciencia tranquila y con la serenidad de quien ha actuado conforme a sus convicciones y a los principios que han guiado toda su trayectoria en el servicio público”.

La renuncia se produce luego de los cuestionamientos relacionados con la presunta presentación de un certificado falso durante su designación como jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en 2023. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento definitivo de las autoridades sobre esas imputaciones, por lo que rige la presunción de inocencia.

La Comisión Permanente del Congreso de la República se reúne este jueves 9 de julio, desde las 9:00 a. m., para debatir diversos dictámenes de proyectos de ley incluidos en su agenda.

La convocatoria fue remitida por el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, por disposición del presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro.

La Comisión Permanente mantiene facultades para legislar hasta el 15 de julio, en virtud del encargo otorgado por el Pleno del Congreso, que clausuró la última legislatura ordinaria el pasado 24 de junio.

Temas que serán debatidos

De acuerdo con la Resolución Legislativa del Congreso N.º 011-2025-2026-CR, la Comisión Permanente podrá debatir:

• Dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa incluidos en el Orden del Día y en la agenda del Pleno.
• Iniciativas incorporadas por acuerdo de la Junta de Portavoces, conforme a sus atribuciones.
• Proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo con carácter de urgente, de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

Proyecto sobre créditos suplementarios figura en la agenda

Entre los principales temas programados para la sesión se encuentra el Proyecto de Ley N.º 14799, elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

La iniciativa propone aprobar créditos suplementarios destinados a:

• Financiar inversiones públicas orientadas al cierre de brechas.
• Garantizar la continuidad de los servicios que presta el Estado.
• Asegurar la transición democrática.
• Dictar otras medidas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

El debate y eventual aprobación del dictamen dependerán de la decisión que adopten los integrantes de la Comisión Permanente durante la sesión.

“Hay solicitudes que han sido desestimadas porque desde la forma han sido descalificadas. Porque no tenía el documento que tenía que tener, no tenía la firma que correspondía y simplemente fueron desestimados y ahora en estos momentos no hay en la comisión analizándose ningún indulto de nadie de nivel presidencial”, declaró a la prensa.

Aunque Jiménez abrió la posibilidad de analizar un nuevo pedido para Castillo u otro exmandatario. “Tendría que revisar los elementos jurídicos y no suscribiría algo que no se encuentre de acuerdo a la normativa vigente y al Estado de derecho (...) si se cumpliesen, habría que analizarlo”, precisó.

De acuerdo con información revisada por Correo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside Lady Camones (APP) le herederá por lo menos 134 expedientes, esto debido a que los tiempos no alcanzarían para que estos casos sean vistos en la actual gestión.

EN DETALLE

Del total de 133 casos, 66 de ellos ya se encuentran en la etapa de investigación (ver infografía).

Hay una denuncia con informe de calificación y hay seis denuncias que ya tienen un informe final.

Estos últimos corresponden a casos vinculados a Lucinda Vásquez (congresista fallecida), Alberto Otárola (expremier), Pedro Castillo (expresidente), Víctor Ticona (exjuez supremo), Walter Ayala (exministro de Defensa) y exintegrantes del Tribunal Constitucional.

Además, hay 61 denuncias que se encuentran pendientes de ser calificadas.

En total, los expedientes suman 134.

De acuerdo con la tercera disposición complementaria transitoria del Reglamento del Congreso Bicameral, las denuncias constitucionales que no hayan culminado su trámite en el Congreso unicameral hasta el 26 de julio del 2026, independientemente del estado en que se encuentren, son derivadas a la Cámara de Diputados para que esta actúe según sus competencias.

CASOS

Entre los casos que deja la Subcomisión en investigación están aquellos que involucran a la expresidenta Dina Boluarte.

Específicamente, la exmandataria tiene cinco denuncias que recibió entre los años 2024 y 2026.

Por ejemplo, la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la denunció en mayo del 2025 por la presunta comisión del delito de abandono del cargo.

Esto debido a que la entonces presidenta omitió informar al Consejo de Ministros y al Congreso su impedimento físico temporal para ejercicio del cargo entre el 29 de junio y el 9 de julio del 2023 debido a un procedimiento quirúrgico al que se sometió y que implicó múltiples cirugías estéticas.

El expresidente Pedro Castillo suma cuatro denuncias constitucionales.

Una de ellas corresponde a una denuncia que presentó en su contra la ahora exfiscal de la Nación Delia Espinoza por la presunta comisión del delito de negociación incompatible.

El caso está relacionado a la contratación de Segundo Llanos Guevara en el Programa de Desarrollo Productivo (Agro Rural), donde fue contratado hasta en cinco ocasiones bajo el argumento de necesidad urgente y temporal.

Otro caso es el que tiene la todavía congresista Magaly Ruíz de Alianza para el Progreso (APP).

En abril de 2024, el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, la denunció por la presunta comisión del delito de colusión.

El caso tiene que ver con una reunión que habría sostenido Ruíz con su asesor Johnny Romero en la casa del fiscal Richard Rojas, a fin de pedirle asesoría en una investigación que afrontaba por un caso de “mochasueldos”.

A cambio de su ayuda, Ruíz habría ofrecido la contratación en su despacho de Alex Rojas, hermano del fiscal.

PRESENTES

La senadora electa Mirtha Vásquez de Ahora Nación tendrá que afrontar el proceso de una denuncia constitucional durante su gestión.

En diciembre del 2022 fue denunciada en su calidad de presidenta del Consejo de Ministros de la gestión de Castillo por la presunta comisión de aceptación indebida del cargo.

La denuncia alcanza a Pedro Francke, exministro de Economía.

Según el documento, ambos habrían firmado el Decreto de Urgencia 102-2021 que sirvió para que el Ministerio de Vivienda direccione obras a empresas vinculadas al empresario Hugo Espino, quien es investigado por ser parte de una red criminal que lideró Castillo.

Cabe precisar que Vásquez tiene otro caso por presuntos actos arbitrarios que realizó cuando fue presidenta interina del Congreso.

Sobre el tema ya existe un informe final desde junio del 2025 que recomienda inhabilitarla 10 años de la función pública. Sin embargo, el caso no avanzó más y todo indica que también se vería en el nuevo Congreso Bicameral.

En una situación similar estará el senador Daniel Barragán del partido Obras.

En total acumula seis denuncias constitucionales en etapa de investigación, las mismas que fueron presentadas cuando era ministro de Defensa del gobierno de Pedro Castillo.

Una de ellas fue presentada a principios de diciembre por 2022 e incluye a todo el Gabinete Ministerial, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad.

El caso se refiere al pedido que presentó la gestión de Castillo para que el Congreso debata un proyecto del Ejecutivo que buscaba derogar la norma que regula la cuestión de confianza.

Ante la negativa del Parlamento, los ministros interpretaron la respuesta como una “denegatoria de la cuestión de confianza”.

PROCEDIMIENTO

Con el Congreso Bicameral, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pasará a llamarse Comisión de Acusaciones Constitucionales.

Esta comisión pertenece a la Cámara de Diputados y será la encargada de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias presentadas, así como de realizar la investigación en los procesos y emitir el informe final.

Esa comisión votará el documento y este será enviado a la Presidencia de la Cámara de Diputados para su debate y votación en el pleno.

Su aprobación requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de miembros.

Si el informe es aprobado, la Cámara de Diputados nombra una comisión acusadora integrada por tres diputados para que sustente el informe ante el Senado.

En la Cámara Alta, por la presunta comisión de delitos, se requiere la votación favorable de más de la mitad del número legal de miembros del Senado.

El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional, requiere de los dos tercios del número legal de miembros del Senado.

Uniones

Al término del encuentro institucional, realizado ayer por la tarde, el excandidato presidencial de RP y sus virtuales congresistas brindaron declaraciones a la prensa.

“Estamos conversando por lo menos con dos bancadas más. Creemos que es la oportunidad de oro para el Perú para crecer al 5%, 6% o 7%. Las condiciones externas están a favor del Perú y es momento de cubrir las brechas del Estado ausente y corrupto”, detalló López-Aliaga.

En esa línea, agregó que “es momento de ampliar la cobertura para sacar, casi por unanimidad, iniciativas para cubrir la brecha social” del país. Por ello, ofreció sus planes de gobierno y sus equipos técnicos al nuevo régimen.

“He hablado con Ricardo Belmont, lo conozco hace muchos años, pensamos igual. Con el señor López-Chau también hemos hablado de estos temas. No hay que cerrarnos”, indicó tras ser consultado por la coalición anunciada por Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación, estas dos últimas encabezadas por Belmont y López-Chau, respectivamente.

En otro momento, Yarrow tomó la palabra para asegurar que buscan “un gobierno que tenga cinco años de estabilidad”.

“Hemos puesto toda nuestra disposición en apoyar con los equipos técnicos y trabajar de la mano de la señora presidenta. Vamos a convertirnos en un bloque, porque es la defensa de los peruanos”, puntualizó.

En el Ministerio de Educación, el Equipo de Transferencia del Titular Entrante quedó conformado por Luis Antonio Alemán Nakamine, quien ejercerá como responsable, junto a Lorena Gavilano Iglesias y Carlos Miguel Paredes Díaz.

La cartera informó que las labores comenzaron conforme a la normativa vigente para garantizar un proceso ordenado, transparente y de acuerdo con la ley.

Por su parte, el Ministerio de la Producción instaló su comisión de transferencia encabezada por el ministro César Quispe Luján. El equipo del gobierno entrante está integrado por Augusto Enrique Eguiguren Praeli, Sergio González Guerrero y Hugo Alfredo Castañeda Torres.

Asimismo, el equipo de transferencia del gobierno saliente en Produce estará liderado por el secretario general, Jorge David Bohorques Li, junto a otros funcionarios del sector. La comisión tendrá como misión revisar la información institucional, asegurar una entrega transparente de la gestión y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

La instalación de estas comisiones se produce luego de que la presidenta electa, Keiko Fujimori, anunciara la formalización de los equipos de transferencia que representarán al próximo Gobierno en los distintos ministerios, como parte del proceso de transición de mando.

Se inició el proceso de transferencia de gestión 🤝🇵🇪

Esta tarde se instaló en el Minedu el Equipo de Transferencia de Gestión del Titular Entrante (ETTE), integrado por Luis Antonio Alemán Nakamine (responsable), Lorena Gavilano Iglesias y Carlos Miguel Paredes Díaz. Junto con… pic.twitter.com/ki79fsT4go

— Ministerio de Educación (@MineduPeru) July 9, 2026

Salhuana señaló que no percibe una intención previa de aprobar la distinción y consideró que durante la reunión se revisarán distintos aspectos relacionados con el caso.

“No creo que haya ninguna voluntad por parte de los miembros ni del presidente de la comisión de la Medalla. Él (José Jerí) ha sido presidente, imagino que por eso ha solicitado que haya esta reunión, pero estoy seguro de que elementos y aspectos se van a tomar en cuenta mañana. Yo no tendría ninguna objeción, pero evidentemente, escuchando opiniones, habría que reflexionar al respecto”, manifestó para RPP.

El legislador recordó que la condecoración ha sido entregada a otros expresidentes del Congreso, aunque precisó que Jerí permaneció dos meses en ese cargo antes de asumir la Presidencia de la República tras la destitución de Dina Boluarte. Asimismo, remarcó: “Es una práctica ordinaria, pero mañana va a haber la sesión y ahí los integrantes del Consejo de la Medalla tomarán una decisión al respecto. Eso no está decidido”.

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Rospigliosi también indicó que el reconocimiento responde a una práctica aplicada a quienes ejercieron la presidencia del Parlamento y que la decisión será tomada por el Consejo de la Medalla de Honor.

También afirmó que las investigaciones fiscales en curso contra Jerí no representan un impedimento legal para continuar con el procedimiento. Asimismo, señaló que el consejo encargado de revisar la postulación está integrado por seis miembros, quienes serán los responsables de emitir una decisión.

“Mañana no se va a condecorar a José Jeri, mañana hay la reunión del Consejo de la Medalla de ayer, donde se ha propuesto la condecoración al expresidente del Congreso”, declaró.

Respecto a los cuestionamientos contra el legislador, Rospigliosi sostuvo que “Una investigación no descalifica a nadie, como tú sabes”.

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En declaraciones a Canal N, el funcionario informó que el presupuesto asignado este año al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) asciende a S/2,271 millones.

De ese monto, indicó que ya se ejecutaron S/1,187 millones, por lo que aún existen S/1,085 millones disponibles.

Calderón explicó que estos recursos fueron destinados específicamente para la organización de los comicios e instó a las autoridades electorales a priorizar su utilización en las actividades logísticas y operativas.

Asimismo, sostuvo que el presunto déficit de S/589 millones advertido por los organismos electorales puede ser cubierto con el saldo presupuestal aún no ejecutado.

El viceministro también anunció que el proyecto de ley de crédito suplementario contempla la incorporación de S/325 millones adicionales para reforzar el financiamiento del proceso electoral. Esta iniciativa será evaluada por la Comisión Permanente del Congreso.

Finalmente, el representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró que el Ejecutivo garantiza el financiamiento de las elecciones regionales y municipales de 2026, descartando que exista algún riesgo para su realización por motivos presupuestales.

Se trata del primer encuentro entre ambos líderes tras las elecciones generales y forma parte de la ronda de reuniones que sostiene la mandataria electa antes de asumir funciones.

Al término de la cita, López Aliaga informó que planteó destinar S/ 5.000 millones, equivalentes a la mitad del crédito suplementario de S/ 10.000 millones, al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Precisó que los recursos servirían para adquirir equipos de inteligencia, sistemas de geolocalización, tecnología de interceptación legal de comunicaciones y fortalecer una central de recompensas para combatir la extorsión y el sicariato.

El también exalcalde de Lima aseguró que Renovación Popular pondrá a disposición del próximo Gobierno a su equipo técnico en seguridad, encabezado por el general en retiro José Baella, con el objetivo de apoyar la ejecución de estrategias que permitan reducir la criminalidad en el país antes de fin de año.

“Plan Sur”

Durante la reunión, López Aliaga también presentó el denominado “Plan Sur”, que propone destinar el 50% del impuesto proveniente de la actividad minera directamente a obras de infraestructura en las regiones del sur.

La iniciativa contempla financiar colegios, hospitales, programas contra la anemia, albergues frente a las heladas y proyectos de agua y saneamiento mediante mecanismos como Obras por Impuestos.

Asimismo, el líder de Renovación Popular pidió priorizar recursos para obras de prevención ante el fenómeno de El Niño y reiteró que existe una deuda histórica con el sur del país.

La reunión también abordó la coordinación política entre Fuerza Popular y Renovación Popular en el nuevo Congreso bicameral, así como la disposición de ambas agrupaciones para trabajar conjuntamente en la agenda del próximo gobierno.

Francisco Calisto Giampietri, senador electo por Renovación Popular, participó en la reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori: Hemos desarrollado el tema del mecanismo de obras por impuestos y obras por servicios

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— Canal N (@canalN_) July 8, 2026

Norma Yarrow, diputada electa de Renovación Popular, participó en reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori: Hemos puesto toda nuestra disposición en apoyar con los equipos técnicos. Vamos a convertirnos en un bloque

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— Canal N (@canalN_) July 8, 2026

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La medida busca proteger la salud, la dignidad y las condiciones de trabajo de quienes desempeñan labores en esas circunstancias.

La norma dispone que los empleadores proporcionen sillas o asientos con respaldo y condiciones ergonómicas, además de garantizar la alternancia entre permanecer de pie y sentado o permitir periodos de descanso sin que estos sean descontados de la jornada laboral.

La aplicación de la ley alcanza a actividades donde es habitual permanecer de pie por tiempos prolongados, como comercio, restaurantes, turismo, salud, servicios financieros, transporte, educación y vigilancia privada. La fiscalización estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y los gobiernos regionales con competencias en materia laboral.

La legislación contempla excepciones para puestos en los que permanecer de pie sea indispensable por la naturaleza de la labor o por razones de seguridad, aunque en esos casos el empleador deberá garantizar pausas activas, rotación de funciones o descansos equivalentes.

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A través de un comunicado, el organismo de control precisó que este servicio se contrata de manera continua desde el año 2021, mediante procesos realizados conforme a la Ley General de Contrataciones Públicas, por lo que descartó que se trate de una adquisición extraordinaria relacionada con un evento deportivo.

La entidad explicó que el proceso vigente se inició con el Concurso Público Abreviado de Servicios N.° 001-2026-CGR. Tras la falta de perfeccionamiento del contrato por parte del postor inicialmente adjudicado, se convocó un nuevo procedimiento en mayo de este año para garantizar la continuidad del servicio institucional.

El contrato con DirecTV Perú S.R.L. fue suscrito el 15 de junio de 2026 por un periodo de 1.095 días (tres años).

Asimismo, la Contraloría indicó que el monto contratado corresponde a la prestación del servicio durante los tres años de vigencia y para las 117 sedes de la institución, incluidas las 22 Gerencias Regionales de Control, por lo que consideró incorrecto atribuir el costo únicamente a la cobertura del Mundial 2026.

Finalmente, el organismo sostuvo que el servicio de televisión por cable constituye una herramienta para el acceso a información nacional e internacional de interés público que contribuye al desarrollo de sus funciones institucionales.

La medida fue emitida dentro de la investigación que afronta junto al expresidente Pedro Castillo por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

La defensa de Silva solicitó que el exministro afronte el proceso bajo comparecencia. Como sustento, señaló que denunció ante la Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República las presuntas irregularidades relacionadas con la contratación del Puente Tarata III, además de sostener que las investigaciones no habrían encontrado elementos que lo vinculen con los hechos.

Sin embargo, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley concluyó que “no resulta jurídicamente viable solicitar la cesación de una prisión preventiva” debido a que Silva permanece prófugo. La resolución también precisa: “Al no haberse ejecutado el mandato de prisión preventiva dictada en contra del imputado Silva Villegas, no resulta posible amparar un pedido de cesación…”.

El magistrado indicó además que los documentos presentados por la defensa ya habían sido evaluados en actuaciones anteriores y no constituyen nuevos elementos que justifiquen modificar la medida.

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La bancada de Fuerza Popular respaldó con sus votos las principales leyes de mayor impacto fiscal identificadas por el Consejo Fiscal durante el periodo parlamentario 2021-2026.

Correo revisó las votaciones del Congreso que revelan que el grupo parlamentario de la presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi apoyó diez normas con un gran costo para el Estado.

Las más graves

La Ley N.° 32561 encabeza la lista de las normas con mayor impacto fiscal, al aumentar las pensiones del personal militar y policial.

El Consejo Fiscal (CF) estimó que la medida representa un costo de 14,851 millones de soles, el más alto entre todas las leyes analizadas.

El Ejecutivo promulgó la norma el 22 de marzo de 2026.

Durante su trámite parlamentario, Fuerza Popular aportó 21 votos en la primera votación y otros 21 para exonerarla de la segunda votación.

Posteriormente, 12 legisladores de la bancada respaldaron la insistencia que permitió convertir la iniciativa en ley.

En segundo lugar, aparece la Ley N.° 32387, que fortaleció el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), mecanismo mediante el cual el Gobierno distribuye recursos a las municipalidades para ejecutar obras y financiar servicios públicos.

El organismo calculó que la medida tendrá un costo permanente de 8,500 millones de soles.

La ley fue promulgada el 16 de junio de 2025 y, durante la primera votación, 15 congresistas de Fuerza Popular respaldaron la propuesta y la misma cantidad apoyó la exoneración de la segunda votación.

Otra de las iniciativas con mayor impacto económico es la Ley N.° 32335, que estableció medidas para brindar capacitación y acompañamiento a las micro y pequeñas empresas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

La norma sustituye una multa por una capacitación a las microempresas con ventas menores a las 150 UIT.

La entidad estimó que su implementación representa un costo permanente de 5,280 millones de soles.

El Ejecutivo promulgó la ley el 16 de mayo de 2025.

Fuerza Popular registró 21 votos durante la primera votación, otros 21 para exonerar la segunda votación y 16 durante la insistencia.

Le sigue la Ley N.° 32563, que extendió el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad a los trabajadores contratados bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios).

El ente técnico proyectó un costo anual de 3,006 millones de soles.

La norma fue promulgada el 23 de marzo de 2026.

En la primera votación, ocho congresistas de Fuerza Popular respaldaron la propuesta.

Posteriormente, 10 legisladores votaron a favor durante la segunda votación y otros ocho apoyaron la aclaración aprobada por el pleno.

La quinta norma con mayor costo fiscal es la Ley N.° 32424, que homologó el incentivo único CAFAE para los trabajadores administrativos de los gobiernos regionales.

El Consejo Fiscal estimó que la medida demandará 2,621 millones de soles de manera permanente.

La ley fue promulgada el 20 de agosto de 2025 y, durante la primera votación, 14 congresistas de Fuerza Popular apoyaron la iniciativa. Posteriormente, cuatro legisladores votaron por la exoneración de la segunda votación y 11 respaldaron la insistencia que permitió su aprobación definitiva.

Otro bloque

Otra de las normas con impacto fiscal es la Ley N.° 32392, que aprobó una nueva Ley General de Turismo.

El Consejo Fiscal calculó que la medida representa un costo transitorio de 2,011 millones de soles.

La norma fue promulgada el 27 de junio de 2025. Fuerza Popular aportó 17 votos durante la primera votación y 12 congresistas respaldaron la segunda votación.

También está Ley N.° 32216, que derogó un artículo relacionado con la autorización de créditos suplementarios en el presupuesto público.

El Consejo Fiscal calculó que la medida representa un costo permanente de 1,179 millones de soles.

La norma fue promulgada el 28 de diciembre de 2024.

Fuerza Popular aportó 13 votos durante la primera votación, mientras que 12 congresistas respaldaron la exoneración de la segunda votación y otros 12 apoyaron posteriormente la insistencia.

Otra de las normas incluidas en el informe es la Ley N.° 32434, que incorporó medidas para modernizar el sector agrario y fortalecer la actividad agrícola.

La entidad fiscal proyectó un impacto económico transitorio de 1,170 millones de soles.

El Ejecutivo promulgó la ley el 18 de septiembre de 2025.

La bancada de Fuerza Popular registró 13 votos durante la primera votación y elevó ese respaldo a 19 votos durante la segunda votación.

Además está la Ley N.° 32568, que autorizó el nombramiento progresivo de personal del sector Salud y el cambio de régimen laboral para trabajadores beneficiarios de normas anteriores.

El ente técnico estimó un costo anual de 944 millones de soles.

La ley fue promulgada el 25 de marzo de 2026. Fuerza Popular emitió 13 votos durante la primera votación, 11 votos para exonerar la segunda votación y ocho votos durante la aprobación de una aclaración.

Finalmente, la Ley N.° 32328 restituyó el derecho a la compensación por tiempo de servicios (CTS) para un grupo de trabajadores del sector público.

Según el informe del CF, la medida tendrá un costo transitorio de 911 millones de soles.

La norma fue promulgada el 10 de mayo de 2025 y, durante la primera votación, 17 congresistas de Fuerza Popular respaldaron la iniciativa.

Posteriormente, 16 legisladores apoyaron la exoneración de la segunda votación y 12 votaron a favor durante la insistencia.

Análisis

El exministro de Economía Ismael Benavides explicó a Correo que este fenómeno de aprobar leyes que afectarán al fisco responde a las elecciones generales.

“Que ahora Fuerza Popular haya aprobado estas leyes refleja uno de los problemas que se presentan cuando se legisla en medio de un proceso electoral: se genera una especie de efecto rebaño porque, si no las aprueban, creen que van a perder votos”, señaló.

Benavides considera que esto refleja una “contradicción” entre la responsabilidad fiscal que tendrá Fujimori frente a su bancada, aunque sostiene que la mandataria aún tiene un margen de acción.

“Creo que esas leyes deben ser todas sujetas a una revisión exhaustiva y, en todo caso, diferirla si es que no se pudiesen cambiar porque lo que hoy necesita el Perú son recursos para justamente relanzar la economía, pero más que eso, enfrentar a El Niño”, afirmó.

Para el extitular de Economía, el origen del problema no está en una ley específica sino en una atribución que el Congreso no debería tener.

“La Constitución dice taxativamente que el Congreso no tiene iniciativa de gasto”, afirmó, y calificó de “totalmente errado” el criterio con el que el Tribunal Constitucional habilitó esa práctica.

“Deben presentar una aclaración de esta sentencia malhadada para revertirla”, indicó.

Por su parte, el economista del Instituto Peruano de Economía (IPE) Víctor Fuentes fue enfático en atribuir responsabilidad política a la propia bancada de la presidenta electa por el respaldo que dio a estas normas en el Pleno.

“Muchas de estas normas fueron aprobadas con apoyo amplio de distintas bancadas, incluyendo Fuerza Popular. En ese sentido, sí hay una responsabilidad política que no puede minimizarse. No sería correcto presentar esta carga fiscal como un problema heredado únicamente de otros actores”, reiteró.

Para Fuentes, ese antecedente exige que el nuevo gobierno defina desde el inicio una postura fiscal firme frente a las normas que su agrupación política ayudó a aprobar.

“La próxima presidenta tendrá que asumir que parte de su propia coalición contribuyó a deteriorar el espacio fiscal que ahora necesitará para gobernar. Eso hace aún más importante que el mensaje fiscal del nuevo gobierno sea claro desde el inicio”, sostuvo.

El especialista también advirtió que el nuevo gobierno hereda un frente fiscal debilitado.

“El nuevo gobierno recibe una economía con perspectivas para crecer más, pero con un frente fiscal bastante más frágil que hace unos años. El problema no es solo el déficit del año, sino la acumulación de leyes que crean gasto permanente sin financiamiento permanente”, remarcó Fuentes.

La autoridad edil señaló que ya pudo transmitir estas preocupaciones a la mandataria electa durante un reciente encuentro.

Según indicó el burgomaestre, Fujimori recibió las demandas planteadas por las autoridades puneñas, entre ellas el esclarecimiento de los fallecimientos ocurridos en las manifestaciones y la necesidad de impulsar acciones que permitan recuperar la confianza de la población. “Nos ha recepcionado la preocupación, esperemos que tome acciones”, manifestó.

Asimismo, el alcalde sostuvo que la región requiere una mayor atención del Ejecutivo en materia de inversión pública, infraestructura y proyectos de desarrollo, con el objetivo de reducir las brechas históricas que afectan a la población. En ese sentido, consideró fundamental que el nuevo Gobierno establezca un diálogo permanente con las autoridades locales y la ciudadanía.

La autoridad provincial también remarcó que el esclarecimiento de las muertes registradas durante las protestas constituye una demanda pendiente de las familias de las víctimas y de diversos sectores sociales de Puno.

Añadió que una investigación transparente contribuiría al proceso de reconciliación y fortalecimiento institucional.

Finalmente, el alcalde confió en que las reuniones sostenidas con la presidenta electa se traduzcan en medidas concretas una vez iniciado el nuevo gobierno. Señaló que Puno espera respuestas tanto en materia de justicia como de desarrollo, y reiteró que la región seguirá insistiendo en la atención de sus principales demandas por parte del Ejecutivo.

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Alcalde provincial de Puno espera que Keiko Fujimori atienda pedido para investigar muertes en protestas y priorice la región: "Nos ha recepcionado la preocupación, esperemos que tome acciones"

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— Canal N (@canalN_) July 8, 2026

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