El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, informó que la Comisión de Gracias Presidenciales realiza el análisis técnico correspondiente para determinar la viabilidad del pedido.

Según precisó el titular del sector, la solicitud fue remitida desde Palacio de Gobierno el pasado 19 de mayo y posteriormente derivada al Ministerio de Justicia para su evaluación conforme a los procedimientos establecidos.

Jiménez recordó que anteriormente se presentaron cinco solicitudes similares. Cuatro de ellas fueron rechazadas por incumplir requisitos formales y una quinta fue declarada inadmisible tras la apertura de un expediente.

El ministro subrayó que la decisión final sobre un eventual indulto corresponde exclusivamente al presidente de la República y aseguró que cualquier pronunciamiento se realizará respetando estrictamente el marco legal vigente.

Asimismo, señaló que Castillo afronta otras investigaciones fiscales por presuntos delitos de corrupción.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N.° 1252-2026-JNE, publicada en el boletín del diario El Peruano.

Asimismo, la norma precisa que los movimientos regionales Pasco Joven y Progresista de Apurímac no alcanzaron el umbral requerido, por lo que quedaron impedidos de participar en la presentación de candidaturas.

La resolución también fue puesta en conocimiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), así como de los personeros y representantes de las organizaciones políticas participantes. Además, se dispuso su publicación en el portal institucional del JNE.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre y permitirán elegir gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores en todo el país.

En el caso de la frontera con Chile, el Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia por 60 días a partir del 9 de junio y comprende a los distritos tacneños de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata.

Según el Decreto Supremos 086-2026-PCM publicado en el diario El Peruano, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas y determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos.

Durante la prórroga habrá restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.

Más de 170 distritos

Asimismo, el gobierno dispuso que la emergencia se extenderá por 60 días, a partir del 5 de junio, en 178 distritos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

La norma (Decreto Supremos 087-2026-PCM) señala que los gobiernos regionales, en coordinación técnica con el Instituto Nacional de Defensa Civil, continuarán con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente; así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Participarán en las acciones los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social.

El mismo discurso fue repetido en Cusco y Puno, donde estuvo antes de llegar a la ciudad y donde enfatizó postulados que ha intentado disimular en su segundo plan de Gobierno que ha llamado de consenso con fuerzas de izquierda.

Sánchez llegó acompañado de las candidatas a las vicepresidencias, Analí Márquez y Brígida Curo, además del destituido fiscal José Domingo Pérez y el hermano del encarcelado expresidente, Mercedes Castillo.

“Vamos a ser capaces de recuperar el gobierno del pueblo y comenzar una nueva era”, dijo en su discurso y volvió a mencionar el aumento del sueldo mínimo, mejores salarios para los maestros y demás anuncios populistas que ha mantenido desde la primera vuelta electoral.

Lanzó luego críticas a Keiko Fujimori, a quien dijo que es responsable de los “crímenes de su pueblo y que tiene que pagar”.

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En la extensa lista figuran nueve exministros de Pedro Castillo y algunos de ellos, recordados por sus cuestionamientos y desempeño en la gestión.

EL PRINCIPAL

El nombre más polémico es el de Walter Ayala, quien fue ministro de Defensa por cuatro meses, periodo en el que habría cometido irregularidades.

Y es que la Fiscalía presentó una acusación en su contra por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado, por un caso de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y en la Policía.

La Fiscalía pide para él un año y cuatro meses de cárcel efectiva, así como su inhabilitación por tres años y ocho meses para ejercer cualquier cargo público.

El caso se remonta al año 2021, cuando el entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra, renunció que Castillo, su secretario Bruno Pacho y el ministro Ayala, ejercían presiones para que oficiales recomendados ascendieran sin cumplir los requisitos académicos y técnicos.

DOS MÁS

El segundo nombre es el de Dimitri Senmache, exministro del Interior que fue censurado, entre varias cosas, por su falta de capacitación de gestión en la conducción del sector.

Desde el gobierno de Castillo y hasta la fecha, los índices de inseguridad ciudadana han ido en aumento. El pedido de censura también se dio en el marco de la fuga del exministro Juan Silva Villegas.

Víctor Maita Frisancho fue ministro de Desarrollo Agrario y Riego en el gobierno de Pedro Castillo.

Con 29 años, el bachiller en derecho y ciencias políticas asumió la complicada cartera en medio de críticas por su falta de experiencia en el sector, pues provenía principalmente del sindicalismo agrario.

Correo conversó al respecto con el periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa, quien no duda en alertar una eventual “dictadura socialista” a manos de Sánchez. “Abstenerse entre estas dos candidaturas es hacerle un flaquísimo favor al país, no hay una equivalencia entre ambas por donde se le mire”, apuntó.

Existen opiniones divididas sobre las irregularidades ocurridas en la primera vuelta. Algunos afirman que hubo corrupción y otros que se trató de incompetencia. ¿Qué opina al respecto?

Es una pregunta difícil de responder con exactitud, sin tener todos los elementos de juicio, pero como valoración general, es una vergüenza que un país importante de América del Sur como el Perú haya producido un proceso electoral tan aberrante.

En Colombia los resultados electorales fueron inmediatos e impecables. ¿Por qué diablos el Perú no está en condiciones de hacer lo mismo? ¿Es por incompetencia o por corrupción? Seguro hay una mezcla de ambas cosas, pero es muy difícil para quien no esté allí dentro, dentro del proceso mismo, saber con exactitud lo que pasó.

Soy uno de los muchos peruanos que felicitan que el señor Piero Corvetto haya salido del cargo de jefe de la ONPE. Me parece que es un impresentable en cualquiera de los casos.

Después de todo lo que se vivió en el gobierno de Pedro Castillo, desde los casos de presunta corrupción hasta el fallido golpe de Estado, ¿qué es lo que se juega el Perú en esta segunda vuelta?

Yo creo que se lo juega absolutamente todo. Es evidente que si el señor Sánchez gana estas elecciones, el Perú entraría en un proceso muy peligroso de paulatino socavamiento de la institucionalidad democrática. ¿Cuánto tiempo tardaría? Seguramente algún tiempo, porque Sánchez es bastante más hábil que Castillo, más consciente de los peligros que corre uno cuando va demasiado rápido (…)

Recientemente ha cambiado su plan de gobierno de manera muy oportunista. Vamos a suponer que no lo hubiera hecho y que, en la primera vuelta, hubiera presentado al país lo mismo que acaba de presentar hace poco. Ese plan de gobierno modificado, aparentemente moderado, arruinaría al Perú. Quiere modificar la Constitución por una vía que no es constitucional, y el capítulo económico; es decir, las bases de lo que ha permitido al país progresar significativamente. Es verdad que, salvo el rebote que hubo después de la pandemia del COVID-19, el Perú crece desde hace varios años a ritmos muy inferiores.

hay muchas zonas del país que no están recibiendo los beneficios del modelo económico. Por eso, el señor Sánchez está a la cabeza en los sondeos en tres zonas importantes del país: sur, centro y oriente. En este último, que fue belaundista y toledista, nunca comunista ni de izquierda radical, está dominando hoy.

¿Hacia dónde cree que nos llevaría realmente una eventual gestión de Roberto Sánchez?

El objetivo es instalar una dictadura socialista o comunista. El señor Sánchez va a tratar de sobrevivir en el poder, sabe muy bien que no tendrá mayoría en el Congreso, que hay una gran resistencia y mucho temor ante la eventualidad de un modelo venezolano.

El objetivo final es modificar lo que hay en el Perú hoy, una democracia que, aunque frágil, a fin de cuentas es una democracia, y sustituirla por un régimen dictatorial, uno de concentración del poder político y económico en manos del Estado; es decir, en manos de un autócrata que sería él. ¿En cuántos años pretende llegar ahí? No importa, lo importante es que ahí quiere llegar, y nosotros tenemos que impedirlo votando contra él (…)

Hay un riesgo gravísimo para la democracia. Keiko Fujimori no supone ese riesgo. Yo creo que quienes hoy están dudando entre una candidatura y la otra hacen mal en creer que ella es la repetición de lo que pasó el año 92. Las circunstancias hoy son muy distintas. Fujimori, ni siquiera en el caso negado de que pretendiera un golpe de Estado, estaría en condiciones de cobrarlo. La reacción sería inmediata y masiva en el país.

Así que creo que quienes están en el balcón, en este momento, le están haciendo un flaco favor al Perú. Abstenerse entre estas dos candidaturas es hacerle un flaquísimo favor al país, porque no hay una equivalencia entre ambas por donde se lo mire.

En el último debate presidencial, Fujimori reconoció errores pasados y afirmó haber aprendido de ellos. ¿Coincide con ello?

Sí, por supuesto que ha cometido errores. Ella lo ha reconocido; de hecho, hace cinco años ella reconoció que uno de sus errores más graves fue la conducta de su bancada parlamentaria, con sus 73 congresistas, frente al gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Ella pagó un precio alto por eso y aunque empató con el señor Castillo, por decirlo de alguna manera, seguramente si no se hubiera dado ese episodio habría obtenido la victoria.

Hubo errores importantes, pero lo bueno es que ella no solo los ha reconocido, ha pedido disculpas y es perfectamente consciente de ellos, sino que la gente que la acompaña representa una garantía. El equipo técnico que hemos visto el otro día es de alto nivel, luego se han sumado personas muy respetables como Rafael Belaunde.

¿No existen riesgos también en un potencial gobierno de la señora Fujimori?

Puede que los haya. No conozco ninguna candidatura que no pueda suponer algún tipo de riesgo, pero creo que existen unas garantías en su caso que no las hay en el otro. Una de ellas es el tipo de personas que la están acompañando. Es absolutamente inconcebible que Luis Carranza, por ejemplo, acepte algo que esté reñido con la ética o la democracia. Me parece que alguien como Rafael Belaunde tampoco.

Ese tipo de garantías son bastante significativas. Pero, además, hay otra: el fujimorismo sabe perfectamente bien que cualquier intento por desbordar el marco democrático, desvirtuar la democracia o algún intento de corrupción será respondido inmediatamente desde la sociedad de una manera muy contundente (…)

Siempre hay riesgos con cualquier presidencia, pero en este caso hay años luz de diferencia entre los riesgos que pueden suponer Fujimori y Sánchez.

Con mucho respeto, nos gustaría conocer un poco sobre el cambio de postura de su padre. Él dejó de lado sus diferencias históricas con el fujimorismo para apoyar a Fujimori frente a Castillo. ¿Cómo fue ese proceso de reflexión?

Sí, con mucho gusto. Mi padre, mi familia y yo fuimos parte de ese gran movimiento crítico que la prensa llama ‘antifujimorismo’ y que, en gran parte, fue responsable de que el fujimorismo perdiera las elecciones en sucesivas ocasiones. Pero llegó un momento en el que había que dejar atrás esa polarización y enterrar el hacha de la guerra.

Así lo hicimos hace cinco años y el tiempo nos dio la razón. Dijimos: ‘El señor Castillo va a tratar de destruir la democracia desde el poder’, y eso fue exactamente lo que pasó. Felizmente para el Perú, el señor Castillo tenía una enorme incompetencia. Además, como reflexión general, es imposible para un país progresar si está eternamente partido en dos, polarizado y dividido entre un pro y un anti.

Ya ha llegado la hora de dejar atrás esa discusión, la dictadura de Fujimori terminó hace mucho. El señor Fujimori pagó un precio alto por ello y estuvo preso durante muchos años. Ya es hora de dejar eso atrás.

¿A qué cree que responde la continuidad del fujimorismo?

El fujimorismo ha demostrado una virtud, que puede gustarnos o no, y es la virtud de la supervivencia. No hay un solo caso en la historia republicana del Perú en que un movimiento nacido de un proceso autoritario tuviera una larga duración. El odriismo murió muy pronto y el sánchezcerrismo, igual.

El fujimorismo ha demostrado capacidad de resistencia. Probablemente, una parte de la responsabilidad la tiene el centro derecha, llamémosla “liberal”, que tiene figuras muy admirables y que serían magníficos presidentes, pero que no han sido capaces de montar organizaciones con arraigo popular a nivel nacional.

El fujimorismo ocupa ese espacio (…) Si la alternativa es el comunismo, hay que estar completamente ciegos para no darse cuenta que hay que dejar atrás el antifujimorismo y darle al fujimorismo la posibilidad de gobernar. Hacerlo de manera que mantengamos la vigilancia y que, si ocurre cualquier cosa, intervengamos inmediatamente para frenarlo. Pero dándoles la confianza, porque el pueblo peruano los ha colocado por cuarta vez en segunda vuelta. Evidentemente, eso es un mérito de ellos.

En este contexto, no sería osado, entonces, afirmar que su padre hubiese renovado este apoyo crítico a la candidatura de Fujimori en este escenario electoral.

No es nada osado. Basta ver lo que hizo hace cinco años para saber lo que habría hecho esta vez, y basta ver lo que ha sido su trayectoria para saber lo que lo que habría hecho. Con el mayor respeto por su memoria, yo no tengo el menor empacho en decir que el señor (Mario) Vargas Llosa estaría hoy defendiendo la candidatura de la señora Fujimori frente a la del señor Sánchez. No tengo un ápice de duda.

Cabe recordar que Juntos por el Perú presentó un nuevo plan el último lunes, que contradice posiciones centrales de su programa original.

El especialista en derecho electoral Víctor Velázquez advirtió que este vacío refleja un problema estructural en el JNE.

“Uno puede plagiar su plan de gobierno, uno puede usar la IA de manera indiscriminada, uno puede colocar cifras que no sean reales y no hay sanción”, remarcó.

La lideresa naranja señaló a CNN en Español que no tendría a un Vladimiro Montesinos, preso por delitos de lesa humanidad, y condenó los crímenes cometidos por el grupo Colina, escuadrón paramilitar del Ejército peruano.

“Lo que le quiero decir es que seremos implacables con cualquier hecho de corrupción”, indicó. Y negó que su bancada fuera “obstruccionista” en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski.

La resolución, suscrita el 1 de junio de 2026, concluyó que su solicitud no reunía los requisitos mínimos que exige la ley para conceder una protección de ese tipo.

Reggiardo había pedido al juzgado bloquear el acuerdo del JNE del 23 de abril, con el que ese organismo descartó convocar elecciones complementarias en los distritos de Lima en los que se registraron “problemas” por la demora en el arribo del material electoral el 12 de abril.

Como alternativa, pidió que el JNE no proclamara al ganador de la segunda vuelta ni entregara credenciales mientras la justicia no se pronunciara sobre las “irregularidades” denunciadas.

También solicitó ordenar a los organismos electorales detener los preparativos para los comicios del domingo, y preservar las actas, padrones y registros de las mesas afectadas en la primera vuelta.

Cronología

El amparo fue admitido el pasado 15 de mayo, luego de que Reggiardo corrigiera su demanda.

El proceso cuestiona que el JNE haya descartado elecciones complementarias pese a que, el 12 de abril, el material electoral llegó tarde a varios distritos e impidió que muchas mesas se abrieran a tiempo.

Tres días después de esa decisión, el municipio de Lima difundió un comunicado en el que aseguró que la decisión judicial “ratifica que efectivamente hubo una situación de irregularidad constitucional”.

No obstante, el propio juzgado dejó constancia, en su resolución, de que admitir la demanda no significaba darle la razón al alcalde en el fondo del asunto.

“La conducción de temas vinculados a acuerdos o entendimientos internacionales exige no solo una evaluación de oportunidad comercial o política inmediata, sino también una ponderación integral de los intereses permanentes del Estado”, reza su misiva.

Esta salida se da a un día de que el pleno del Congreso aprobara interpelar al ministro para que respondiera 20 preguntas sobre la demora en la ratificación del acuerdo, negociado entre 2014 y 2016, que busca facilitar el comercio y las inversiones entre ambos países.

El jefe de asesores del JNE, Eder Quiroz, exhortó a la ciudadanía a consultar los planes de gobierno disponibles en la plataforma oficial del organismo con miras a la segunda vuelta del próximo 7 de junio. Asimismo, recordó que estos documentos constituyen el marco programático que sustenta las candidaturas presidenciales.

El organismo electoral señaló que la normativa vigente prohíbe modificar los planes de gobierno una vez vencido el plazo establecido para su inscripción. En ese sentido, indicó que el cronograma electoral fijó como fecha límite para cualquier corrección o modificación el pasado 23 de diciembre.

Quiroz informó además que el JNE evaluará las disposiciones de la legislación electoral para determinar si corresponde aplicar medidas o sanciones ante eventuales cambios informales en las propuestas registradas por los partidos políticos.

El pronunciamiento fue realizado durante la presentación de la plataforma digital JNE Fiscaliza, una herramienta que permitirá monitorear en tiempo real el desarrollo de la segunda vuelta presidencial. El sistema ofrecerá información actualizada sobre la instalación de mesas, incidencias, conteo de votos y difusión de resultados.

La aclaración del organismo electoral se produce en medio del debate generado por sectores políticos que plantean ajustes a sus propuestas para la segunda vuelta.

La actividad comenzará a las 4:00 de la tarde y contará con la participación de artistas musicales y dirigentes políticos que respaldan su candidatura.

Sánchez estará acompañado por sus candidatas a la primera y segunda vicepresidencia, Analí Márquez y Brígida Curo, respectivamente, además de congresistas electos, autoridades partidarias y representantes de agrupaciones aliadas como Ahora Nación, Primero La Gente y la alianza Venceremos.

El cambio de sede se produjo luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima rechazara la solicitud para realizar el mitin en el Paseo de los Héroes Navales, en el Centro Histórico. La comuna argumentó que la zona tiene la condición de intangible y recordó que Lima y Callao permanecen bajo estado de emergencia.

En un comunicado, la Municipalidad exhortó a las organizaciones políticas a evitar actividades proselitistas en el Centro Histórico y a preservar el espacio reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La medida obligó a la agrupación política a reorganizar su actividad de cierre de campaña a pocos días de la segunda vuelta electoral.

Tras conocerse la decisión, Roberto Sánchez expresó su desacuerdo y sostuvo que las autoridades deben garantizar que todas las opciones políticas puedan dirigirse libremente a la ciudadanía, respetando el orden público y la normativa vigente. Asimismo, pidió igualdad de condiciones para los candidatos que participan en la contienda electoral.

El postulante también invocó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, a revisar la medida, aunque señaló que prefiere considerar la negativa como una decisión administrativa adoptada por funcionarios municipales.

El mitin en Campo de Marte contará además con la participación de agrupaciones musicales como Dilbert Aguilar, Juaneco y Los Mojarras.

Sánchez también sostuvo que se incrementaría el monto del apoyo económico que actualmente entrega el programa Pensión 65.

La propuesta fue expuesta en Arequipa, en el marco de su campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 7 de junio. En ese espacio, el candidato afirmó que la iniciativa busca reforzar la protección económica de la población adulta mayor a nivel nacional.

“Hemos resuelto dar pensión a todos los adultos mayores de 60 años en adelante. El Gobierno no los va a abandonar. Pensión 65 va a doblar la mensualidad económica para que nuestros adultos mayores puedan también salir adelante”.

En otro momento, el candidato afirmó que su eventual gestión sería inclusiva e incorporaría políticas dirigidas a distintos sectores vulnerables.

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El expediente había sido formulado por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, e incluía presuntos delitos de lesiones graves por omisión y vulneración de derechos humanos. Con esta decisión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dispuso el archivo del caso.

La resolución también beneficia a seis exministros que formaron parte del primer gabinete de Boluarte, entre ellos Pedro Angulo, Alberto Otárola, César Cervantes, Vicente Romero, Víctor Rojas y Jorge Chávez Cresta.

Mientras sectores del Congreso respaldaron la medida al considerar que la denuncia no cumplía con los requisitos legales exigidos, legisladores de oposición cuestionaron el archivamiento.

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A través de un comunicado difundido este miércoles, sostuvo que la restricción afecta el derecho a la participación política en el marco de la segunda vuelta electoral.

Sánchez afirmó que todas las organizaciones políticas deben contar con las mismas condiciones para dirigirse a la ciudadanía y señaló que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio democrático. A decir del candidato, las actividades de su campaña han sido planificadas respetando el orden público, la seguridad y las normas vigentes.

El postulante indicó que su agrupación buscará revertir la decisión por las vías legales correspondientes y precisó que no está solicitando privilegios, sino igualdad de trato durante el proceso electoral. En ese sentido, expresó su confianza en que la medida pueda ser revisada antes del cierre oficial de la campaña.

Asimismo, consideró que la negativa habría sido adoptada por funcionarios de la comuna sin evaluar su impacto político y democrático. Por ello, exhortó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, a reconsiderar la decisión y corregir lo que calificó como una situación de inequidad.

El líder de Juntos por el Perú sostuvo que la inhabilitación del espacio solicitado no impedirá que su organización continúe difundiendo sus propuestas. Agregó que la defensa de sus derechos se realizará dentro del marco legal y mediante mecanismos democráticos.

Finalmente, Sánchez aseguró que su partido actuará con serenidad y rechazó cualquier escenario de confrontación o desorden. La agrupación informó que mantendrá sus actividades de campaña en los espacios permitidos, mientras evalúa las acciones legales frente a la decisión municipal.

Trascendió que tras el rechazo de la MML, Juntos por el Perú trasladará su cierre de campaña a Campo de Marte.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 👇#JuntosPorElPerú #RobertoSanchezPresidente2026 #EsperanzaYCambio pic.twitter.com/GZ44yfp5oz

— Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 3, 2026

La jornada también contó con la presencia de observadores de la Unión Europea, quienes asistieron para supervisar el desarrollo de la actividad política y verificar las condiciones en las que se realizó el acto público.

Durante su presentación, la postulante de Fuerza Popular anunció propuestas para la región, entre ellas la construcción de la represa La Calzada y la implementación de canales de riego. Asimismo, planteó facilitar el acceso a fertilizantes de menor costo para los agricultores locales.

Fujimori también ofreció impulsar la entrega de títulos de propiedad, fortalecer las acciones contra la inseguridad ciudadana y promover la actividad turística en la zona.

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La decisión fue adoptada por el juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, quien consideró que los argumentos expuestos en la demanda no satisfacían las exigencias contempladas en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional.

Además, la resolución señala que paralizar la segunda vuelta no resultaba una medida adecuada, ya que podría afectar el derecho al sufragio de los ciudadanos que participaron en la primera jornada electoral, así como el desarrollo del proceso electoral en curso.

La acción promovida por Reggiardo buscaba suspender los efectos del acuerdo emitido por el Jurado Nacional de Elecciones el 23 de abril, mediante el cual se declaró “inviable” la realización de elecciones complementarias en distritos de Lima donde no se pudo votar durante la primera vuelta del 12 de abril. El recurso también pretendía frenar actos vinculados a la segunda elección presidencial programada para el 7 de junio.

Tras conocerse el fallo, la Municipalidad de Lima informó que el alcalde ofrecerá una conferencia de prensa este jueves a las 11:00 a. m. en el Palacio Municipal para fijar su posición respecto a la decisión judicial. Según el comunicado, estará acompañado por la teniente alcalde y el gerente municipal.

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La defensa del exgobernador regional de Junín busca revocar la medida y excluirlo de cualquier responsabilidad económica relacionada con la investigación por presunta colusión agravada.

La resolución cuestionada fue emitida el 10 de abril por el juez Leodan Cristóbal Ayala, quien archivó la acusación por colusión agravada luego de que el Ministerio Público solicitara el sobreseimiento por falta de pruebas. No obstante, el magistrado dispuso que Cerrón continúe ligado al proceso para responder por los posibles daños y perjuicios ocasionados al Estado.

El recurso de apelación fue admitido a trámite el pasado 20 de mayo y remitido a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Esta instancia deberá convocar a una audiencia para evaluar los argumentos de las partes y emitir una decisión sobre la continuidad o no de la reparación civil.

La defensa sostiene que existe una contradicción en la resolución judicial, al considerar que no corresponde mantener una obligación económica derivada de un delito cuya imputación penal fue archivada. Además, argumenta que no se ha acreditado un daño material o moral atribuible directamente a su patrocinado.

Pese al archivamiento de la acusación por colusión agravada, Cerrón continúa siendo investigado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir agravada y cohecho pasivo propio dentro del mismo caso. Asimismo, permanece prófugo de la justicia desde octubre de 2023 y tiene vigente una orden de prisión preventiva por otra investigación relacionada con presunto financiamiento ilegal de campañas.

Según la tesis fiscal, Cerrón habría integrado una presunta organización criminal vinculada a Martín Belaúnde Lossio que habría generado un perjuicio superior a los 26 millones de soles al Estado durante su gestión en el Gobierno Regional de Junín.

Las investigaciones se centran en presuntas irregularidades en las obras de los puentes Comuneros y Eternidad, ejecutadas mediante contratos que habrían permitido favorecer de manera ilícita a la empresa Antalsis.

La decisión fue adoptada por el Pleno del TC el 31 de marzo de 2026. Según la resolución, las actuaciones impugnadas corresponden a etapas procesales que no generan por sí mismas una restricción directa de la libertad individual, por lo que no pueden ser objeto de tutela mediante este recurso constitucional.

El expediente señala que la demanda fue presentada el 24 de enero de 2025 por presuntas vulneraciones al debido proceso y a la seguridad jurídica.

No obstante, los magistrados determinaron que cualquier controversia relacionada con la situación legal del exjefe de Estado debe resolverse a través de los mecanismos previstos en la justicia ordinaria.

El tribunal también recordó que Vizcarra fue condenado a catorce años de prisión el 26 de noviembre de 2025 por el delito de cohecho pasivo propio y actualmente cumple dicha sanción en el penal de Barbadillo.

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Para ello, la institución ha dispuesto medidas destinadas a facilitar el desplazamiento de las delegaciones y garantizar su acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Los observadores se distribuirán en distintas regiones del país para supervisar el desarrollo de la jornada electoral. Entre las misiones invitadas figuran las de la Unión Europea (UE), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación de Organismos Electorales Mundiales (A-WEB), el Centro Carter y Capel, entre otras organizaciones internacionales.

Asimismo, participarán entidades de asistencia técnica como las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, además de IDEA Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC).

Durante su permanencia en el Perú, las delegaciones sostendrán reuniones con autoridades electorales, organizaciones políticas, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil.

El JNE destacó que la observación electoral constituye una garantía para la transparencia y legitimidad de los comicios, al permitir evaluaciones independientes sobre el desarrollo del proceso y la formulación de recomendaciones basadas en información verificada.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, la tarde de este miércoles encabezó un mitin en la avenida Ferial de Juliaca. Previamente sostuvo una reunión con los familiares de las víctimas de las protestas del 9 de enero en 2023.

Durante su discurso, Roberto Sánchez criticó duramente la demora en las investigaciones judiciales y prometió que, de asumir el gobierno, su primera medida será instalar una comisión de investigación para identificar y sancionar a los responsables de los trágicos sucesos. “La sangre derramada, jamás será olvidada”, enfatizó el aspirante, quien estuvo acompañado por el ex fiscal José Domingo Pérez.

​A pesar de registrar un retraso de dos horas, la actividad proselitista congregó a gran cantidad de simpatizantes. Sánchez reafirmó su compromiso de no defraudar a la ciudadanía y solicitó el respaldo del electorado en las urnas para este próximo 7 de junio.

Entre sus principales promesas para la región del altiplano, el candidato destacó la implementación de una segunda reforma agraria y la masificación del gas para Puno, propuestas con las que busca captar el voto del sur del país.

El líder de JP centró su agenda en reformas institucionales, anunciando la recuperación del derecho de referéndum para que la población pueda tomar decisiones directas sobre el destino de la nación. “El poder es del pueblo, llegó el momento de hacer una asamblea constituyente”, declaró Sánchez.

Durante su discurso, Roberto Sánchez volvió a prometer la libertad del expresidente, Pedro Castillo.

El ahora exministro indicó que su decisión responde a razones relacionadas con sus convicciones profesionales y principios institucionales, los cuales considera fundamentales para el desempeño de la función pública.

Asimismo, sostuvo que los temas vinculados a acuerdos y entendimientos internacionales requieren una evaluación integral que considere los intereses permanentes del Estado, la reputación institucional del país y los estándares de gobernanza pública.

Reyes señaló que, en coherencia con su posición técnica sobre estas materias, optó por dar un paso al costado. Además, reafirmó que su labor en el servicio público ha estado guiada por principios de integridad, responsabilidad y compromiso con el país.

#LoÚltimo Ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), José Reyes, presentó su renuncia al cargo

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— Canal N (@canalN_) June 3, 2026

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Con ese objetivo, el presidente del JNE, Roberto Burneo, remitió un oficio al titular del Congreso, José María Balcázar, en el que expone la importancia de contar con estabilidad institucional y condiciones adecuadas para las labores relacionadas con la votación en el extranjero.

En el documento, la autoridad electoral remarca la relevancia de la participación de los connacionales residentes fuera del Perú.

“La participación de nuestros connacionales residentes en el extranjero constituye una expresión fundamental del derecho al sufragio y un componente esencial de la legitimidad del proceso electoral”, señala el oficio.

Miles de peruanos acudirán a las urnas fuera del país durante la jornada electoral prevista para el próximo 7 de junio.

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• Ministerio Público desplegará 7 mil fiscales para supervisar la segunda vuelta electoral

Roberto Sánchez, congresista y candidato presidencial de Juntos por el Perú, registra 356 ausencias en comisiones parlamentarias entre enero de 2023 y abril de 2026, según un informe de El Comercio.

Dicho reporte detalla que las ausencias se distribuyen en 214 licencias, 102 faltas justificadas y 40 inasistencias injustificadas. Asimismo, precisa que el mayor número de inasistencias ocurrió en 2025, durante el periodo de preparación de su candidatura presidencial.

Según la investigación, las inasistencias se dieron en comisiones ordinarias y grupos de trabajo del Parlamento, espacios en los que los congresistas deben cumplir funciones legislativas y de fiscalización.

El informe diferencia entre licencias otorgadas formalmente, faltas justificadas y ausencias sin sustento documentado, estas últimas catalogadas como injustificadas.

De acuerdo con el informe, 2025 fue el año con más ausencias en comisiones, coincidiendo con la intensificación de sus labores políticas rumbo a la campaña presidencial.

#EnVivo

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, registra 356 ausencias a comisiones del Congreso

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Municipalidad de Lima rechaza pedido de mitin de Juntos por el Perú en Paseo de los Héroes Navales

La Municipalidad Metropolitana de Lima declaró improcedente la solicitud presentada por Juntos por el Perú para realizar el mitin de cierre de campaña anunciada para este jueves 4 de junio en el Paseo de los Héroes Navales, en el marco de la campaña por la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el documento difundido este martes, la comuna respondió al pedido señalando que el espacio solicitado se encuentra dentro del Centro Histórico de Lima, área que cuenta con restricciones especiales para la realización de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas.

Municipio invoca acuerdo que declara intangible al Centro Histórico

La Municipalidad de Lima sustenta su decisión en el Acuerdo de Concejo N.° 022-2022, mediante el cual el Concejo Metropolitano declaró al Centro Histórico de Lima como zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas o políticas que puedan afectar la seguridad, la salud pública o el patrimonio cultural.

Según el oficio, la medida responde a la condición del Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la UNESCO.

Estado de emergencia también fue considerado

El documento también hace referencia al Decreto Supremo N.° 062-2026-PCM, que prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo adicional de 60 días.

Asimismo, cita el Decreto Supremo N.° 003-2021-IN, que regula el otorgamiento de garantías inherentes al orden público para la realización de concentraciones públicas, estableciendo obligaciones para las organizaciones convocantes respecto al mantenimiento de la seguridad y el libre tránsito.

Mitin requería estructuras y equipos incompatibles con la zona

La comuna señala que el Paseo de los Héroes Navales se encuentra dentro del ámbito de aplicación de las restricciones vigentes para el Centro Histórico.

En ese sentido, precisa que actividades propias de un mitin político, como la utilización de equipos de amplificación, parlantes, megáfonos o sistemas de sonido que excedan los límites permitidos, no son compatibles con las condiciones establecidas para dicho espacio.

Además, advierte que este tipo de eventos implica la instalación de escenarios, equipos de sonido, estructuras, toldos y mobiliario, elementos cuya implementación también se encuentra restringida en la zona solicitada.

Solicitud fue declarada improcedente

Tras evaluar los argumentos expuestos, la Municipalidad concluye que no resulta factible garantizar las condiciones de seguridad y orden público exigidas por la normativa vigente.

“Por las consideraciones expuestas, y teniendo en cuenta que no resulta factible garantizar las condiciones de seguridad y orden público exigidas por la normativa vigente, se concluye que la solicitud no resulta procedente”, señala el documento.

La respuesta municipal se produce a pocos días de la segunda vuelta presidencial prevista para el domingo 7 de junio, en la que los ciudadanos elegirán entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que para la segunda vuelta electoral se desplegarán 14 000 comisionados, con el fin de asegurar una cobertura total de locales y mesas de sufragio durante la jornada.

“La Defensoría del Pueblo está disponiendo de 14 000 comisionados a lo largo y ancho del país para una cobertura del 100% de locales y el 100% de mesas de sufragio. Hemos hecho una alianza con Cancillería para tener todo el aspecto colaborativo en los exteriores del país y por primera vez, habrá una entidad del Estado peruano que se dedique a supervisar los consulados en el mundo”, indicó el defensor del Pueblo.

El funcionario añadió que las tomas de universidades nacionales por parte de estudiantes no implican un riesgo para el normal desarrollo de la jornada electoral.

Dicha institución presentó un balance de las acciones que viene ejecutando a nivel nacional para garantizar el ejercicio del voto durante la segunda vuelta del domingo 7 de junio.

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó un dictamen que regula la jornada laboral nocturna en el sector privado y establece un recargo remunerativo del 35% para los trabajadores que laboren en ese horario.

La iniciativa, sustentada en el Proyecto de Ley N.° 13597, fue aprobada durante la sesión presidida por el congresista Alex Paredes Gonzales y plantea nuevas disposiciones sobre el pago de beneficios vinculados al trabajo nocturno.

Jornada nocturna será entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana

El dictamen establece que la jornada laboral nocturna comprenderá el período entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente.

Asimismo, precisa que este horario tendrá aplicación uniforme a nivel nacional y no podrá ser reducido mediante acuerdos individuales o colectivos entre empleadores y trabajadores.

Según el texto aprobado, la medida busca otorgar mayor seguridad jurídica respecto a la definición del trabajo realizado durante la noche.

Recargo remunerativo de 35%

Uno de los principales cambios planteados es la creación de un recargo remunerativo equivalente al 35% por cada hora o fracción trabajada dentro del horario nocturno.

Este monto será calculado sobre la remuneración mensual del trabajador y tendrá carácter obligatorio e irrenunciable.

Además, el beneficio será considerado para el cálculo de otros derechos laborales y conceptos remunerativos establecidos por la legislación vigente.

Fiscalización del cumplimiento

La propuesta también incorpora disposiciones orientadas a fortalecer la fiscalización laboral para garantizar el pago efectivo del recargo nocturno.

El dictamen señala que la norma alcanzará a los trabajadores del sector privado sujetos a jornada máxima de trabajo, incluyendo regímenes especiales, salvo aquellas excepciones expresamente previstas por ley.

Otros proyectos aprobados en la Comisión de Trabajo

Durante la misma sesión, la comisión aprobó otras iniciativas relacionadas con materia laboral y de seguridad social.

Entre ellas figuran propuestas para fortalecer institucionalmente a Seguro Social de Salud, modificaciones a la Ley del Trabajo Portuario, cambios en la legislación sobre jubilación de trabajadores mineros y mejoras en beneficios laborales para diversos sectores.

Asimismo, se aprobó un proyecto que declara de interés público la construcción del Hospital II de Cañete y modificaciones a la Ley de Prestaciones Alimentarias para trabajadores del régimen privado.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, aseguró este miércoles que no existe posibilidad de indulto para el expresidente Pedro Castillo, luego de las versiones que apuntaban a un informe médico que respaldaría dicha medida.

En declaraciones a la prensa luego de una sesión de la Comisión Permanente, Rospigliosi sostuvo que la medida sería inviable legalmente, debido a que la condena impuesta a Castillo aún se encuentra en etapa de apelación.

“Espero que no, porque esta es una situación completamente ilegal. Él ha apelado a una segunda instancia la condena que se le dio en primera instancia. Desde ese punto de vista es absolutamente imposible que se le indulte”, indicó.

Además, indicó que los documentos que vienen circulando sobre un posible beneficio para el exmandatario no son auténticos, y precisó que el Ministerio de Justicia ya negó la existencia de tales informes.

“El ministro de Justicia ha reiterado su posición y ha dicho que no firmaría un indulto. Por lo tanto, creo que es absolutamente imposible que se concrete una medida de esa naturaleza”, agregó.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) exigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un pronunciamiento inmediato sobre la difusión de un plan de gobierno distinto al que fue inscrito formalmente por el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

A través de un comunicado, el gremio empresarial señaló que existen diferencias sustanciales entre el documento presentado ante el organismo electoral durante el proceso de inscripción y la nueva propuesta programática difundida por el candidato de cara a la segunda vuelta electoral.

CCL cuestiona cambios en el programa presentado por Sánchez

Según la institución, la normativa electoral establece que el plan de gobierno registrado ante el JNE constituye el documento oficial y vinculante de cada candidatura.

La CCL recordó que el artículo 24 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, así como el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026, disponen que dicho documento no puede ser modificado una vez vencido el plazo de inscripción.

“Promover una plataforma distinta a la inscrita constituye una infracción a las reglas del proceso electoral”, señala el pronunciamiento.

Solicitan aclarar qué documento tiene validez jurídica

El gremio sostuvo que la legitimidad del proceso electoral requiere que los ciudadanos emitan su voto con información clara y jurídicamente válida.

En ese sentido, invocó al JNE a precisar cuál es el documento que debe ser considerado por los electores para la elección presidencial del próximo 7 de junio.

Asimismo, recordó que el artículo 176 de la Constitución establece que el sistema electoral tiene como finalidad garantizar que la voluntad popular se traduzca en resultados legítimos.

Los tres pedidos de la Cámara de Comercio de Lima

La CCL solicitó formalmente al Jurado Nacional de Elecciones que:

1. Se pronuncie de manera inmediata sobre si la difusión de un plan de gobierno distinto al inscrito constituye una infracción a la normativa electoral vigente.
2. Precise cuál es el documento con validez jurídica para efectos del voto ciudadano en la segunda vuelta electoral.
3. Adopte las medidas necesarias para garantizar la igualdad entre candidatos y el derecho de los electores a recibir información auténtica.

“Las reglas electorales no son optativas”

En la parte final del comunicado, la Cámara de Comercio de Lima precisó que su posición no constituye una valoración política sobre ninguna candidatura en particular.

“La CCL no formula apreciaciones políticas sobre ningún candidato; formula una exigencia jurídica e institucional que plantearía ante cualquier candidatura que incurra en la misma conducta”, indicó.

El gremio concluyó señalando que corresponde al JNE ejercer las competencias que le otorga el artículo 178 de la Constitución para garantizar el cumplimiento de las normas electorales y preservar la transparencia del proceso.

La Municipalidad Metropolitana de Lima declaró improcedente la solicitud presentada por Juntos por el Perú para realizar el mitin de cierre de campaña anunciada para este jueves 4 de junio en el Paseo de los Héroes Navales, en el marco de la campaña por la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el documento difundido este martes, la comuna respondió al pedido señalando que el espacio solicitado se encuentra dentro del Centro Histórico de Lima, área que cuenta con restricciones especiales para la realización de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas.

Municipio invoca acuerdo que declara intangible al Centro Histórico

La Municipalidad de Lima sustenta su decisión en el Acuerdo de Concejo N.° 022-2022, mediante el cual el Concejo Metropolitano declaró al Centro Histórico de Lima como zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas o políticas que puedan afectar la seguridad, la salud pública o el patrimonio cultural.

Según el oficio, la medida responde a la condición del Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la UNESCO.

Estado de emergencia también fue considerado

El documento también hace referencia al Decreto Supremo N.° 062-2026-PCM, que prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo adicional de 60 días.

Asimismo, cita el Decreto Supremo N.° 003-2021-IN, que regula el otorgamiento de garantías inherentes al orden público para la realización de concentraciones públicas, estableciendo obligaciones para las organizaciones convocantes respecto al mantenimiento de la seguridad y el libre tránsito.

Mitin requería estructuras y equipos incompatibles con la zona

La comuna señala que el Paseo de los Héroes Navales se encuentra dentro del ámbito de aplicación de las restricciones vigentes para el Centro Histórico.

En ese sentido, precisa que actividades propias de un mitin político, como la utilización de equipos de amplificación, parlantes, megáfonos o sistemas de sonido que excedan los límites permitidos, no son compatibles con las condiciones establecidas para dicho espacio.

Además, advierte que este tipo de eventos implica la instalación de escenarios, equipos de sonido, estructuras, toldos y mobiliario, elementos cuya implementación también se encuentra restringida en la zona solicitada.

Solicitud fue declarada improcedente

Tras evaluar los argumentos expuestos, la Municipalidad concluye que no resulta factible garantizar las condiciones de seguridad y orden público exigidas por la normativa vigente.

“Por las consideraciones expuestas, y teniendo en cuenta que no resulta factible garantizar las condiciones de seguridad y orden público exigidas por la normativa vigente, se concluye que la solicitud no resulta procedente”, señala el documento.

La respuesta municipal se produce a pocos días de la segunda vuelta presidencial prevista para el domingo 7 de junio, en la que los ciudadanos elegirán entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

El Ministerio Público anunció el despliegue de 7 mil fiscales a nivel nacional para supervisar y garantizar la legalidad de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, que se realizará este domingo 7 de junio.

La medida busca prevenir irregularidades durante toda la jornada electoral, desde la distribución del material de votación hasta el conteo final de los votos. En el operativo participarán fiscales de prevención del delito, fiscales penales y fiscales especializados en delitos de corrupción de funcionarios.

Fiscalización desde antes de la jornada electoral

El coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, informó que las acciones de control se iniciaron días antes de los comicios para verificar el cumplimiento de las restricciones electorales.

Entre los aspectos que serán supervisados figuran el respeto a la ley seca, la prohibición de propaganda electoral fuera de los plazos establecidos y el normal desarrollo de las actividades previas a la votación.

“Queremos garantizar que el domingo, cuando los ciudadanos lleguen a sus centros de votación, las mesas estén instaladas y cuenten oportunamente con el material electoral”, señaló.

Vigilarán distribución del material electoral

Uno de los principales objetivos del Ministerio Público será supervisar el traslado y distribución del material electoral desde los almacenes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hacia los locales de votación.

La medida busca evitar retrasos o inconvenientes similares a los registrados durante la primera vuelta del 12 de abril, cuando se reportaron problemas en la instalación de mesas y en la entrega de material electoral en diversas zonas del país.

En Lima, la Fiscalía informó que contará con un representante en cada local de votación. Solo en Lima Centro se desplegarán más de 524 fiscales debidamente identificados para atender denuncias y actuar ante posibles delitos electorales.

Suplantación de identidad fue el delito más frecuente

De acuerdo con información del Ministerio Público, durante la primera vuelta electoral se registraron 59 hechos con presunta relevancia penal.

Entre las principales incidencias reportadas figuran:

• 27 detenidos por presunta suplantación de identidad.
• 10 detenidos por infringir la ley seca.
• 4 detenidos por afectación o manipulación indebida del material electoral.

Las autoridades advirtieron que la suplantación de identidad continúa siendo el delito electoral más recurrente, principalmente en casos donde familiares intentan votar en representación de otras personas para evitar multas por omisión al sufragio.

Fiscalías anticorrupción también participarán

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Reggis Chávez, indicó que las fiscalías anticorrupción permanecerán alertas ante posibles ilícitos vinculados con la administración pública durante el proceso electoral.

Entre los delitos que podrían investigarse figuran la colusión agravada, la omisión de actos funcionales, el abuso de autoridad y la resistencia o desobediencia a la autoridad.

Asimismo, recordó que continúan las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades detectadas en la ONPE durante la primera vuelta electoral.

Fiscalía no reporta amenazas al proceso electoral

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se han detectado situaciones que representen una amenaza seria para el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

“Hasta hoy no hemos recogido ninguna incidencia que constituya una amenaza seria o inminente para el proceso electoral del domingo”, afirmó Chávez.

El Ministerio Público precisó que, pese a no contar con presupuesto adicional para estas labores, todo su personal estará abocado a la vigilancia de los comicios bajo la campaña denominada “Elecciones sin delitos 2026”.

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, diversos gremios empresariales difundieron un pronunciamiento en el que exhortan a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a garantizar un proceso electoral transparente, seguro y confiable.

El pronunciamiento, respaldado por representantes de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, sostiene que la primera vuelta electoral estuvo marcada por “graves irregularidades” atribuidas a la ONPE. Según indican, estos hechos afectaron la confianza en el proceso y “no pueden repetirse bajo ninguna circunstancia”.

Con miras a garantizar el respeto de la voluntad ciudadana en la segunda vuelta del 7 de junio, los gremios empresariales formularon cuatro pedidos clave a las autoridades electorales.

Como primera medida, los gremios empresariales solicitaron que se garantice plenamente el derecho al voto de todos los ciudadanos, asegurando que puedan sufragar dentro del horario previsto. El pedido también contempla a los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como a los peruanos que viven en el extranjero.

Luego, como segunda demanda, los gremios empresariales pidieron reforzar las garantías de seguridad para los personeros de ambas organizaciones políticas, a fin de que puedan desempeñar sus labores de fiscalización sin contratiempos, especialmente durante el conteo de los votos.

El tercer punto del pronunciamiento estuvo referido a la protección del material electoral. Los representantes empresariales solicitaron que las Fuerzas Armadas acompañen y supervisen el transporte de las ánforas y actas en todas las etapas del proceso.

Finalmente, exhortaron a reforzar la observación internacional durante la segunda vuelta. Para ello, solicitaron a las misiones extranjeras y al comité de expertos del JNE mantener una vigilancia permanente sobre el proceso electoral, con especial atención en las zonas más alejadas del país.

En su mensaje final, los representantes empresariales enfatizaron que la labor de la ONPE y el JNE estará en la mira de la ciudadanía y de la comunidad internacional, atentas al correcto desarrollo del proceso electoral.

“Es indispensable recuperar la confianza en el proceso electoral, y con ello el respeto a la voluntad popular”, finaliza el comunicado.

Así le respondió la congresista Kira Alcarraz a la periodista Marycielo del Castillo de Willax Televisión al ser consultada por la contratación de la pareja de su hijo en su despacho. Sin embargo, el Parlamento pasó por agua tibia su amenaza.

Y es que la Comisión de Ética aprobó sancionar a la parlamentaria solo con una amonestación pública escrita.

DECISIÓN

La Comisión de Ética, bajo la presidencia de Elvis Vergara, presentó un informe final que concluye que las expresiones de Alcarraz poseen un significado objetivamente violento e intimidatorio, lo cual resulta incompatible con los estándares éticos exigidos a un representante de la nación, incluso si dichas palabras fueron manifestadas de forma condicional.

La recomendación del informe es una amonestación púbica.

La decisión contra Alcarraz se aprobó con cuatro votos a favor, tres abstenciones y un voto en contra.

La sanción tendrá que ser publicada en el diario oficial El Peruano y no tendrá que pasar por el Pleno del Congreso.

HISTORIAL

La decisión que tomó la Comisión de Ética genera indignación debido a que la congresista Alcarraz se burló de la amenaza a la periodista cuando el hecho ocurrió en octubre del año pasado.

Incluso, la parlamentaria utilizó la expresión “te estampo contra la pared” como un mensaje para publicitarse en sus redes sociales.

A esto se le suma que en enero de este año, agredió verbalmente y amenazó a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien intervino un vehículo vinculado a la parlamentaria durante un operativo de rutina.

El último caso mencionado todavía se encuentra en etapa de indagación en la Comisión de Ética.

La magistrada, quien renunció a la Presidencia mas no a integrar el Pleno de la institución, develó desacuerdos en torno a la remoción de un funcionario de confianza.

Discordia

El último 27 de mayo, Pacheco Zerga confirmó su renuncia irrevocable tras detallar que no fue respaldada, por sus colegas en el pleno al aceptar la renuncia de un funcionario, a quien no le renovó la confianza.

Más tarde, se conocería que el trabajador en mención era el director general de Administración, Rodolfo Aurelio Albán Guevara.

“Como órgano colegiado, tiene que haber una comunicación acertada y fluida entre los siete miembros del TC. En toda gestión pública es crucial la comunicación y saber escuchar”, sostuvo Domínguez Haro a RPP.

Luego, aseguró que el Pleno del TC “puede designar y remover a cuatro altos funcionarios”, entre ellos, al trabajador en mención.

“Por ejemplo, para designarlos, lo propone el presidente y luego acuerda el pleno. Como ha sucedido desde el 2024 hasta la fecha. Todos los funcionarios han sido aprobados por el pleno”, detalló.

En esa línea, cuestionó a Pacheco, pues consideró que, incluso siendo presidenta de la institución, no debió aprobar la renuncia de Albán mediante una resolución.

“Es potestad del pleno interpretar el reglamento. Si hay un consenso o una mayoría que lo interpretó así, tenemos que seguir esa causa. (…) Esta renuncia tenía que haberse sometido al pleno”, afirmó.

“Lamentamos, todos los magistrados, haber llegado a esta situación, que significa tratar de solucionar los problemas del TC. Estamos en una reflexión conjunta con los magistrados”, dijo.

Estampida

Luego del fallido de golpe de Estado de Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, Sánchez renunció como titular de Comercio Exterior y Turismo y rechazó cualquier respaldo a una ruptura del orden constitucional.

Incluso, sostuvo que “en pleno siglo XXI, ¿dónde puede resistir un quiebre al orden constitucional? Inviable, imposible”. Agregó que “uno tiene que asumir la responsabilidad de sus actos y sus decisiones, por más duras y difíciles que sean”.

Actualmente, Castillo se ha convertido en una de las principales banderas de campaña de Sánchez. No hay actividad proselitista en la que no defienda ​al expresidente o prometa impulsar su liberación. Hasta ha adoptado como símbolo el tradicional sombrero chotano que popularizó el exmandatario durante su campaña presidencial.

A esta lista se suma el exministro de Economía (MEF) Pedro Francke, quien integró el Gabinete de Castillo y renunció tras el intento de golpe de Estado.

Ya en 2022, durante una entrevista en Canal N, admitió su decepción por los presuntos actos de corrupción que salpicaban al gobierno. “20 mil dólares en el baño de Bruno Pacheco, yo no tengo mucha duda de que ahí hay corrupción”, admitió.

Dos años después, en una columna del semanario Hildebrandt en sus Trece, reafirmó que dejó el MEF porque Castillo “no mostraba compromiso alguno en la lucha contra la corrupción”.

Otro exministro que podemos mencionar es Alejandro Salas, extitular de Trabajo y quien aseguró arrepentirse de haber formado parte de la gestión castillista. “Yo he sido ministro en democracia”, afirmó, al señalar que su lealtad se mantuvo mientras se respetó el orden constitucional.

Hoy, sin embargo, Salas forma parte del equipo técnico de Sánchez, de quién destacó su cercanía con el candidato presidencial. “He recibido el llamado personal de Roberto Sánchez, quien ha sido colega, hemos compartido Gabinete”, declaró a Canal N.

Algo similar ocurrió con el extitular de Educación Rosendo Serna. Tras el golpe, renunció al cargo alegando “convicciones y valores democráticos” y rechazó el cierre inconstitucional del Congreso.

Hoy se ha sumado al entorno de Sánchez. El propio Serna contó que fue convocado por el candidato de JP, quien busca “reivindicar el nombre del profesor”.

Cual “hoja de ruta”, las posiciones económicas también parecen haberse moderado. Anahí Durand, exministra de la Mujer, sostenía meses atrás que era momento de “salir de esta ortodoxia” y utilizar las reservas internacionales para promover el desarrollo.

“De nada nos sirve ponerlas debajo de la cama”, afirmaba en una entrevista con el periodista Paolo Benza. No obstante, actualmente respalda que el nuevo plan de JP prometa respetar la autonomía del BCR y mantener las reglas macroeconómicas vigentes.

Manuel Rodríguez Cuadros también marcó distancia de Castillo, dejó la representación del Perú ante las Naciones Unidas al considerar que el entonces presidente había provocado una “ruptura del orden democrático constitucional” y alegó razones vinculadas a sus “convicciones y valores democráticos”.

Sin embargo, hoy integra el equipo de Sánchez y ha reivindicado al electorado que respaldó a Castillo. “El voto castillista es el voto del Perú profundo, de los pueblos olvidados”, afirmó recientemente a El Comercio.

Similares son los casos de otros integrantes del equipo de JP. El exministro del Ambiente José De Echave cuestionó, en 2022, los problemas de credibilidad del gobierno de Castillo, advirtió sobre los presuntos actos de corrupción en su entorno y señaló que la izquierda debía asumir responsabilidades por la crisis política.

También figura Jean Paul Benavente, exgobernador regional del Cusco, quien en medio de la crisis política de 2022 alertó sobre los presuntos casos de corrupción que rodeaban al gobierno y sostuvo que el país necesitaba una salida institucional a la confrontación entre poderes. “Hay una discusión que tiene que darse, el adelanto de elecciones”, decía a mediados de 2022.

Caretas

Consultado sobre estas incorporaciones, el analista político César Campos sostuvo que varios de estos personajes actúan por conveniencia política.

“Todos ellos son gente que ejerce el oportunismo de una manera descarada; desaparecen un tiempo y vuelven a aparecer cuando son llamados simplemente para maquillar la imagen de un movimiento radical”, aseguró a Correo.

Sostuvo que “lo único que les interesa es pasar su vida dentro del control del Estado”.

Respecto a la presentación del nuevo plan de gobierno de JP, Campos cuestionó los cambios introducidos por la agrupación y sostuvo que llegan fuera de los plazos previstos por las normas electorales.

“Este tercer plan de gobierno ya está fuera de lugar, es extemporáneo”, afirmó, al resaltar que existen reglas que impiden modificar estas propuestas “de la noche a la mañana”.

A su juicio, la reformulación del documento responde a una estrategia electoral. “Al parecer, Keiko Fujimori tiene cierto privilegio dentro de la mayoría de ciudadanos para ganar las elecciones”, refirió.

También cuestionó la cercanía de Sánchez con Antauro Humala. “Es su inspiración ideológica, es su némesis, su alma gemela. Si ganara Roberto Sánchez, lo vamos a tener en la escena pública permanentemente”, afirmó.

El politólogo advirtió que un eventual gobierno de JP pondría en riesgo la estabilidad económica y afectaría sectores clave para el crecimiento del país.

“Nos esperan cinco años de locura”, alertó, al estimar que se frenaría el desarrollo de la actividad minera y se intentaría intervenir el Banco Central de Reserva (BCR).

Así lo reveló un reportaje de Canal N, tras seguir los pasos de la aspirante en el Centro de Lima luego de participar en actividades partidiarias. Según el informe, durante la mañana del 25 de mayo de este año, una camioneta blanca llegó a un local de Juntos por el Perú ubicado en el Centro de Lima. Minutos después de finalizar una conferencia de prensa, Brígida Curo descendió del vehículo frente a las instalaciones del partido.

La unidad en la que se trasladaba no está registrada a su nombre, lo que generó cuestionamientos sobre su procedencia. La revisión de los registros permitió identificar a la propietaria del vehículo.

La candidata a vicepresidenta de Juntos por el Perú, Brígida Curo, fue captada bajando de una camioneta de propiedad de una alta dirigente del partido vinculado a Nicanor Boluarte, el pasado 25 de mayo. El vehículo le pertenece a Melania Herrera Torres, empresaria chotana ►… pic.twitter.com/GzAx7f97Bi

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¿A quién le pertenece el vehículo?

El vehículo pertenece a Melania Herrera Torres, una empresaria de Chota que forma parte del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos por el Perú. Esta agrupación política mantiene vínculos con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República.

La dirigente también integró una plancha presidencial en procesos electorales recientes dentro de ese partido. En ese contexto, buscó postular a la vicepresidencia junto a Morgan Quero, quien es considerado una figura cercana al actual gobierno.

Melania Herrera ha sido relacionada con reuniones en un inmueble ubicado en la calle Risso, donde coincidía con personas cercanas a Nicanor Boluarte. Varios de estos asistentes son investigados por su presunta participación en la organización denominada Los Waykis en la sombra.

El vehículo que utilizó la candidata fue adquirido por la empresaria en julio del año pasado. Este bien también fue consignado en la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones durante su participación política.

La aparición de Brígida Curo utilizando esta camioneta ha generado interrogantes sobre sus vínculos indirectos con actores políticos cercanos al entorno presidencial.

En declaraciones a la prensa, Fujimori hizo referencia a una fotografía difundida recientemente en la que aparece Sánchez junto a distintas figuras políticas. A su juicio, la presencia de representantes vinculados a diversas gestiones evidencia una alianza construida con fines de reparto de espacios de poder.

Además, sostuvo que su adversario ha mostrado cambios constantes en sus planteamientos y cuestionó la conformación del bloque que lo acompaña.

“La verdad que el señor Sánchez cambia de planes como de discursos a cada rato. Como diría el comediante Marx: ‘Tengo mis principios y si no te gustan, pues acá tengo otros’. Lo que me demuestra además la foto de ayer con todas estas personas que han estado en diferentes gobiernos es una repartija más; en realidad es un Frankenstein político”, manifestó.

#NPortada #Voto2026 Keiko Fujimori, candidata presidencial, desde Huacho: "Roberto Sánchez cambia de planes, como de discursos, a cada rato [...] Es una repartija más. Un 'frankenstein' político [...] Vemos una mala imitación de Pedro Castillo" ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/cUcSOhQ4Tv

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¿Qué dijo sobre sus vínculos con Pedro Castillo y Antauro Humala?

Durante su intervención, Fujimori también se pronunció sobre la decisión de Roberto Sánchez de esperar los resultados de la segunda vuelta electoral en el penal de Barbadillo. Según indicó, este hecho refleja una cercanía política con el expresidente Pedro Castillo y con Antauro Humala.

La candidata consideró que ambos personajes tendrían influencia en una eventual administración encabezada por el aspirante de Juntos por el Perú. Además, afirmó que Sánchez mantiene compromisos políticos con ellos y ello tendría un peso determinante en la conducción de un eventual gobierno.

“Yo creo que el hecho de que él vaya a recibir los resultados en el penal de Barbadillo muestra lo hipotecado que está el señor Sánchez, tanto a Pedro Castillo como a Antauro Humala. Eso es un triunvirato. Será un gobierno de los tres y, lamentablemente, el señor Sánchez, lo único que vemos es una mala imitación de Pedro Castillo”, sostuvo.

Balance sobre el último debate

Fujimori también se refirió al desempeño de Sánchez en el último debate presidencial que ambos mantuvieron. Desde su perspectiva, Roberto Sánchez no aprovechó el espacio para presentar propuestas a la ciudadanía y consideró que el intercambio estuvo marcado por cuestionamientos.

“Yo creo que los peruanos han visto el nivel de agresividad, pero es él el que ha perdido el tiempo. Para mí el debate y cada espacio de discurso siempre va a ser la posibilidad de dar propuestas, y eso es lo que los peruanos están apreciando”, indicó.

La candidata aprovechó la actividad proselitista para dirigirse a quienes aún no han definido su voto y pidió a los ciudadanos revisar las propuestas de ambas candidaturas antes de acudir a las urnas. Fujimori señaló que la elección del próximo presidente tendrá efectos sobre el rumbo que seguirá el país durante los próximos años y consideró importante que los electores evalúen con detenimiento las alternativas en competencia.

“Hago este llamado a los ciudadanos que todavía no han tomado la decisión de su voto, que en primera vuelta no han optado por mí, que puedan leer los planes, que puedan escucharnos, porque esta elección lo que va a decidir es cuál es el tipo de gobierno y el rumbo que queremos para nuestro país”, afirmó.

¿Qué dijo sobre Pedro Francke?

Durante la misma actividad, la candidata también fue consultada sobre las opiniones de Luis Carranza, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, y Pedro Francke, quien forma parte del equipo de Juntos por el Perú. Al respecto, cuestionó la gestión que este último desempeñó durante el gobierno de Pedro Castillo.

Asimismo, destacó la trayectoria de Carranza al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. Según señaló, existe una diferencia marcada entre ambos perfiles en cuanto a resultados de gestión.

“El señor Francke genera una absoluta desconfianza y así lo demostró en el gobierno del señor Castillo: la inversión privada se redujo a cero, se perdieron más de 400 mil puestos de trabajo. El señor Carranza ha sido el mejor ministro de Economía de los últimos años”, señaló.

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Keiko Fujimori afirmó que Pedro Francke genera desconfianza, tal como ocurrió en el gobierno de Castillo, mientras respaldó a Luis Carranza como el mejor ministro de Economía.

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Así lo aclaró la Cancillería mediante un comunicado oficial difundido este martes, luego de que en los últimos días el Ejecutivo dispusiera el término de funciones de varios embajadores políticos acreditados en distintos países. El documento explica que estas medidas forman parte de un procedimiento regular vinculado al cierre del periodo gubernamental.

En esa línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que no se efectuarán nuevas designaciones en las misiones diplomáticas ubicadas en Costa Rica, Francia, India, Estados Unidos y España. Según indicó, la elección de los futuros jefes de misión recaerá íntegramente en el gobierno que iniciará funciones el próximo 28 de julio.

“El actual Gobierno no designará embajadores políticos en las misiones diplomáticas mencionadas. La decisión de nombrar nuevos jefes de misión recaerá enteramente en el próximo Gobierno”, se lee en el pronunciamiento.

La institución sostuvo que esta decisión busca respetar las atribuciones de la siguiente administración. Por ello, las plazas quedarán sujetas a las determinaciones que adopte el nuevo Ejecutivo una vez instalado en el poder.

La Cancillería también explicó que la publicación de las resoluciones supremas que ponen fin a las funciones de los embajadores constituye el inicio de un proceso administrativo y protocolar. Dicho procedimiento permitirá concretar el cierre de sus labores diplomáticas durante el mes de julio de 2026.

Además, precisó que estas resoluciones no implican un retorno inmediato de los funcionarios al país. Su salida de las respectivas representaciones se realizará de manera progresiva conforme se completen los trámites correspondientes.

📄Comunicado de Prensa 022-26: Respecto a las resoluciones supremas referidas al término de funciones de embajadores políticos.

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Descartan relación con la segunda vuelta electoral

Otro de los puntos abordados en el comunicado estuvo relacionado con las versiones que vinculaban estas decisiones con el proceso electoral en curso. Frente a ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó cualquier conexión entre el término de funciones de los embajadores y la organización de la segunda vuelta presidencial.

La entidad precisó que las labores vinculadas al sufragio de los peruanos en el extranjero continúan desarrollándose con normalidad. Asimismo, indicó que las oficinas consulares ya cuentan con el material electoral necesario para garantizar la realización de los comicios programados para este domingo.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores descarta categóricamente cualquier vinculación entre estas medidas y la organización de la Segunda Elección Presidencial en el exterior, que se encuentra a cargo de las oficinas consulares del Perú en el extranjero que ya han recibido el material electoral”, indica el comunicado.

Esta aclaración se produce después de que el Ejecutivo oficializara el término de funciones de ocho embajadores políticos acreditados en diversos países. Entre ellos figuran representantes diplomáticos en Estados Unidos, España, India, Francia, Costa Rica, Brasil, Nueva Zelanda y varias naciones del Caribe.

La lideresa fujimorista sostuvo que el sector turístico no recibió el impulso necesario durante la administración de su rival político. En esa línea, consideró que el desempeño de Sánchez no logró impulsar medidas que contribuyeran al crecimiento de esta actividad.

“El turismo es otra cosa que se ha dejado de lado. El contrincante ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo, no hizo nada, muy, por el contrario, se retrocedió”, manifestó.

La candidata también recordó decisiones adoptadas durante la gestión de Sánchez relacionadas con la promoción internacional del país. Según indicó, en ese periodo se retiraron recursos que Promperú utilizaba para difundir la imagen del Perú en mercados extranjeros.

Como se recuerda, el líder de Juntos por el Perú defendió su gestión durante el último debate presidencial realizado el domingo. En medio del encuentro, el postulante de Juntos por el Perú afirmó que su desempeño en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo fue satisfactorio.

Sin embargo, el exministro enfrenta una denuncia constitucional por el presunto delito de negociación incompatible. El caso está relacionado con una supuesta intervención en la contratación de Daniel Abarca Soto como asesor de la cartera que dirigía.

Su paso por el Mincetur también estuvo marcado por otras denuncias difundidas públicamente. Entre ellas figuran acusaciones sobre un presunto uso indebido de recursos destinados a gastos menores y supuestos cobros vinculados a la asignación de puestos de trabajo.

¿Qué dijo Keiko sobre Antauro Humala?

Durante su discurso, Fujimori amplió sus críticas hacia algunos actores políticos que respaldaron a Sánchez en la primera vuelta electoral. Entre ellos mencionó a Antauro Humala, a quien cuestionó por sus antecedentes judiciales.

La postulante destacó que su agrupación cuenta con el apoyo de personas vinculadas a la lucha contra el terrorismo y resaltó la experiencia de algunos integrantes de su equipo en materia de seguridad. Además, cuestionó a quienes integran el entorno político de su rival electoral.

“Nosotros tenemos a un gran equipo, nos acompañan héroes nacionales, que ya demostraron resultados cuando se enfrentaba al terrorismo. Marco Miyashiro logró la captura de Abimael Guzmán y el rescate de los rehenes por parte del general César Astudillo. En el otro lado, a quién tienen. A un asesino de policías. ¿Qué cosa van a poder hacer ellos frente a la criminalidad? Nada”, expresó.

La aclaración se produce luego de que el Ejecutivo dispusiera el cese de varios embajadores designados políticamente en distintas sedes diplomáticas. Según indicó Iberico, este procedimiento forma parte del proceso de cierre de la actual administración y no implica una salida inmediata de sus cargos.

Seguirá en funciones durante julio

El representante peruano precisó que la resolución publicada recientemente solo formaliza la conclusión de su nombramiento. Sin embargo, señaló que aún falta la emisión de una resolución ministerial que determine cuándo deberá regresar al Perú.

Al referirse a los plazos establecidos para este proceso, explicó que continuará desempeñando sus responsabilidades diplomáticas durante las próximas semanas.

“Sí esto es así con las resoluciones supremas señalando el cese, pero continuamos hasta la fecha de retorno la cual se hace saber en una resolución, en mi caso sería hasta finales del mes de julio”, indicó.

Mientras se concreta su retorno, Iberico señaló que seguirá desarrollando las actividades previstas por la representación peruana en España. Entre ellas figura la recepción de ministros de Estado que llegarán a ese país para participar en un roadshow orientado a promover al Perú como destino para las inversiones.

Estas acciones forman parte de la agenda de promoción económica impulsada por el Estado peruano en el exterior. El objetivo es fortalecer los vínculos con potenciales inversionistas y consolidar la presencia del país en mercados internacionales.

Las declaraciones de Iberico coinciden con lo informado por el canciller Carlos Pareja, quien precisó que los embajadores designados políticamente culminarán sus funciones durante julio. El titular de Relaciones Exteriores explicó que esta medida forma parte del proceso regular de transición previo al cambio de gobierno.

De acuerdo con la Cancillería, los funcionarios comprendidos en estas disposiciones permanecerán en sus respectivas sedes hasta completar los procedimientos administrativos y protocolares necesarios para su retorno al Perú.

El titular de Relaciones Exteriores indicó que estos representantes diplomáticos no pertenecen al servicio de carrera y que, por esa razón, su permanencia está ligada al periodo de la administración en funciones. Además, precisó que el proceso se inició con anticipación debido a las coordinaciones administrativas necesarias para concretar su retorno al país.

Pareja precisó que la legislación distingue entre embajadores de carrera y aquellos designados por decisión política del Ejecutivo. En ese contexto, sostuvo que la culminación de sus funciones forma parte de la transición hacia el próximo gobierno.

“Hay dos tipos de embajadores: los embajadores que son del servicio diplomático de carrera y otros embajadores que son políticos, quiere decir que son nombrados por el gobierno [...] Se está decidiendo que esos embajadores que son políticos culminan sus funciones al final del término de los 5 años de gobierno”, indicó.

#NoticiasTorreTagle | "Embajadores políticos cesarán en sus funciones en julio, antes del término del Gobierno” aclaró el canciller Carlos Pareja.

Precisó que las recientes resoluciones supremas publicadas dan inicio al proceso protocolar y administrativo que regula la… pic.twitter.com/tXetoIx9lG

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 2, 2026

¿Quiénes son los embajadores comprendidos en la medida?

La decisión fue oficializada mediante resoluciones supremas suscritas por el presidente José Balcázar y el canciller Carlos Pareja. Entre los diplomáticos cuyos cargos fueron dados por concluidos figuran representantes del Perú en Estados Unidos, España, Francia, India, Costa Rica, Brasil y Nueva Zelanda.

La disposición alcanza a Carlos Guillermo Hakansson, embajador en Costa Rica; Stephen Yuri Haas Del Carpio, representante en Francia; Javier Manuel Paulinich Velarde, acreditado en India y Bangladesh; Alfredo Ferrero Diez Canseco, embajador en Estados Unidos; y Luis Iberico Núñez, representante en España.

En la relación también se incluye a Claudia Giuliana Betalleluz Otiura, representante del Perú en Trinidad y Tobago y ante diversos países del Caribe; José Emilio Bustinza Soto, embajador en Nueva Zelanda; y Rómulo Fernando Acurio Traverso, representante peruano en Brasil.

Durante una entrevista en Exitosa, destacó que existen figuras con capacidad para asumir responsabilidades en distintos municipios del país. Asimismo, expresó su deseo de que las agrupaciones políticas presenten propuestas que contribuyan al desarrollo de las ciudades.

“Lo que sí te digo y muy claro, en las elecciones municipales no voy a participar. Hay candidatos muy buenos, no solamente en Somos Perú, hay candidatos muy importantes que pueden hacer grandes cambios por el país. Somos Perú es un partido municipalista que tiene muy buenos candidatos a nivel nacional y espero que le vaya muy bien”, manifestó.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | En exclusiva con Exitosa, George Forsyth, excandidato presidencial de Somos Perú, reveló que viene evaluando si permanece o no en su agrupación política. Asimismo, descartó participar como candidato en las próximas elecciones municipales.

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¿Qué pasará con su militancia en Somos Perú?

Otro de los temas abordados fue su relación con Somos Perú, organización política con la que postuló a la Presidencia de la República en las elecciones generales de este año. La agrupación no alcanzó los resultados necesarios para conservar su inscripción, situación que marcará su salida del registro de partidos a partir de 2027.

Frente a este panorama, Forsyth reconoció que analiza si continuará vinculado al partido en los próximos meses. No obstante, agradeció la oportunidad que le brindó la organización durante su participación en la reciente campaña electoral.

“Particularmente desde ya estoy analizando mi permanencia en el partido al cual le agradezco y quiero mucho. Hay gente muy importante, muy buena, pero yo estoy enfocado en mi familia, proyectos personales, mi empresa, en mi hija que tiene seis meses, entonces estoy preocupado más en ello y después ya veré mi futuro político”, indicó.

Mediante su defensa legal, Vladimir Cerrón pidió al Poder Judicial ser excluido del pago de una eventual reparación civil en favor del Estado, en el marco del caso “Antalsis”, por el presunto delito de colusión agravada.

El pedido busca dejar sin efecto la resolución emitida el pasado 10 de abril por el juez Leodan Cristóbal Ayala. En dicho fallo, el magistrado archivó la acusación penal por colusión agravada a solicitud de la propia Fiscalía, pero dispuso que Cerrón continúe vinculado al proceso a fin de responder económicamente por los presuntos daños y perjuicios ocasionados al Estado.

En su recurso de apelación, la defensa de Cerrón sostiene que la resolución presenta una contradicción lógica, al considerar que no puede mantenerse la obligación de pagar una reparación civil por un delito penal que ya fue desestimado y archivado. Además, señalan que no existe un daño material ni moral debidamente acreditado que pueda imputarse directamente a su defendido en este extremo del proceso.

Tras dicho reclamo, el juez Cristóbal Ayala admitió a trámite la apelación el pasado 20 de mayo. El recurso fue elevado a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que deberá programar una audiencia virtual con las partes involucradas para analizar el requerimiento y emitir una decisión en los próximos días.

Cabe precisar que, aunque el delito de colusión agravada fue archivado al no haberse hallado pruebas directas de un acuerdo ilícito en este extremo del caso, Vladimir Cerrón aún enfrenta otras imputaciones vigentes dentro del caso “Antalsis”. En ese marco, el Ministerio Público dispuso que continúe siendo procesado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir agravada y cohecho pasivo propio.

De acuerdo con la tesis fiscal, el prófugo líder de Perú Libre habría formado parte de una presunta organización criminal vinculada a Martín Belaunde Lossio, la cual habría ocasionado un perjuicio al Estado peruano superior a los 26 millones de soles durante su gestión en el Gobierno Regional de Junín (2011-2014).

Las presuntas irregularidades se habrían concretado en la ejecución de los puentes Comuneros y Eternidad. Para ello, el gobierno regional suscribió convenios con la empresa estatal SIMA, que a su vez subcontrató a la firma privada Antalsis. Este esquema habría sido utilizado para eludir la normativa de contrataciones del Estado y favorecer a la presunta red criminal.

“Lamentamos todos los magistrados haber llegado a esta situación, que significa tratar de solucionar los problemas del Tribunal Constitucional”, declaró a RPP.

Respecto al origen de la disputa interna, vinculada a la situación laboral de un funcionario administrativo que perdió la confianza de la expresidenta, Domínguez Haro respaldó la posición mayoritaria y señaló que esta responde al modelo orgánico de la institución.

El titular del TC indicó que el Pleno es el órgano supremo de gobierno de la institución y que la presidencia cumple el rol de un primero entre iguales, con funciones exclusivamente de representación, dado que las decisiones sustanciales son de carácter colegiado.

En esa misma línea, el magistrado sostuvo que los ceses o designaciones de altos funcionarios requieren, de manera obligatoria, un acuerdo previo del colegiado. En ese sentido, cuestionó que se pretendiera dejar sin efecto un cargo de confianza mediante una resolución unilateral que no fue sometida a votación ni al escrutinio del Pleno, al considerar que existe un “deber inexcusable” de cumplir con el reglamento interno de la institución.

Luz Pacheco confirma que desacuerdo administrativo motivó su renuncia al TC

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, aclaró que su renuncia a la conducción del organismo no responde a problemas de salud, sino a la pérdida de confianza en un funcionario de alta dirección encargado de la gestión administrativa de la institución.

A través de un pronunciamiento difundido este 27 de mayo, la magistrada explicó que decidió dejar la presidencia luego de que una mayoría de integrantes del TC optara por mantener en el cargo al mencionado funcionario. Según indicó, desde el año pasado había solicitado su relevo debido a cuestionamientos sobre su desempeño.

Pacheco señaló que, ante la decisión de mantener al funcionario, optó por permanecer en el cargo únicamente hasta el próximo 31 de mayo. Asimismo, remarcó que su renuncia se limita exclusivamente a la presidencia del Tribunal Constitucional y no implica su salida como magistrada.

En el comunicado, reafirmó su compromiso con la defensa del orden constitucional y aseguró que continuará ejerciendo sus funciones jurisdiccionales dentro del máximo intérprete de la Constitución.

El documento fue difundido luego de que surgieran versiones sobre presuntos motivos de salud detrás de su decisión.