La reunión se desarrolla en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo, por convocatoria del titular del grupo de trabajo, Carlos Mesía Ramírez, de Fuerza Popular. La comisión evalúa el pedido presentado por el Ejecutivo el pasado 29 de agosto, que inicialmente comprendía 66 puntos, de los cuales la cámara baja aprobó 20.

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¿Qué pasó en la sesión anterior?

Durante la sesión del viernes 9 de octubre, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, solicitó al Congreso que autorice un conjunto más amplio de facultades legislativas que las contempladas en el texto aprobado por la Cámara de Diputados. El premier sostuvo que la propuesta resulta insuficiente para atender las necesidades del Gobierno, incluso en el ámbito de la seguridad ciudadana.

Galarreta señaló que las medidas contra la delincuencia requieren herramientas adicionales para enfrentar a las organizaciones criminales, entre ellas capacidades vinculadas con la inteligencia operativa. Su intervención se produjo ante los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado, que debe continuar con la evaluación del pedido del Ejecutivo.

La reunión previa contó también con las intervenciones del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y del titular de la Producción, Juan Carlos Requejo. Ambos participaron en la presentación del Gobierno ante el grupo de trabajo parlamentario.

Al cierre de la sesión, Carlos Mesía informó que aún estaban pendientes las exposiciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y del titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas. La comisión continúa hoy con el debate del proyecto de delegación de facultades legislativas.

¿Qué facultades aprobó la Cámara de Diputados?

La propuesta que llegó al Senado contempla la delegación de facultades al Ejecutivo únicamente en seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño, por un periodo de 90 días. Ese alcance es menor al solicitado originalmente por el Gobierno de Keiko Fujimori, que incluyó 66 puntos distribuidos en distintas materias.

El Senado debe evaluar el contenido aprobado por la Cámara de Diputados y continuar el procedimiento legislativo correspondiente. La discusión se centra en determinar qué atribuciones podrá recibir el Ejecutivo para emitir normas dentro del marco de la delegación que finalmente autorice el Congreso.

El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, cuestionó la situación que deberá afrontar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al momento de resolver casos vinculados con presuntas reelecciones encubiertas tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Durante una entrevista en Canal N, Allison sostuvo que el organismo electoral tendrá que definir el otorgamiento de credenciales a autoridades electas cuyas candidaturas fueron cuestionadas durante el proceso electoral.

“El jurado está entre la espada y la pared. O violar la Constitución o violar la voluntad popular”, afirmó Allison al exponer su posición sobre el tema.

Constitución prohíbe reelección inmediata de alcaldes

El artículo 194 de la Constitución Política del Perú establece que los alcaldes y regidores son elegidos por un periodo de cuatro años y dispone expresamente que “no hay reelección inmediata para los alcaldes”. Transcurrido otro periodo, como mínimo, pueden volver a postular.

Allison sostuvo que esta disposición constitucional genera una controversia frente a candidaturas que fueron admitidas y posteriormente recibieron votos en las urnas.

Según el postulante de Avanza País, el JNE deberá evaluar ahora cómo aplicar la prohibición constitucional al momento de acreditar a las autoridades electas.

Allison habla de más de 130 casos en el país

Durante la entrevista, el candidato afirmó que existen más de 130 situaciones similares a nivel nacional que, según su análisis, requerirán un pronunciamiento de la autoridad electoral.

La cifra fue proporcionada por Allison durante su participación en Canal N y no corresponde, hasta el momento, a un balance oficial difundido por el JNE sobre casos de presunta reelección encubierta.

El candidato sostuvo que el problema pudo resolverse antes de la jornada electoral, durante la etapa de inscripción y revisión de candidaturas.

Cuestiona decisiones adoptadas durante inscripción de candidatos

Allison recordó que algunos Jurados Electorales Especiales (JEE), órganos de primera instancia en materia electoral, cuestionaron o rechazaron candidaturas por considerar que podían vulnerar la prohibición de reelección inmediata.

Sin embargo, indicó que algunas decisiones fueron revisadas posteriormente por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, instancia final en materia electoral.

A juicio del candidato, el JNE debió establecer entonces un criterio definitivo que ofreciera mayor predictibilidad para el resto del proceso.

JNE deberá resolver acreditación de autoridades

Tras las elecciones municipales realizadas el domingo 4 de octubre, el sistema electoral se encuentra en la etapa de procesamiento de resultados, resolución de eventuales controversias y posterior proclamación de las autoridades elegidas.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, informó el mismo día de las elecciones que el organismo adoptó medidas frente a las incidencias reportadas durante la jornada electoral.

En los casos en los que exista una controversia jurídica pendiente, corresponderá a los órganos electorales emitir las resoluciones respectivas conforme al marco constitucional y electoral.

Análisis

El abogado constitucionalista Óscar Urviola explicó a Correo que las candidaturas de exalcaldes que buscan volver a ocupar el cargo mediante su postulación como primeros regidores son inconstitucionales porque contravienen la prohibición de reelección inmediata establecida en el artículo 194 de la Constitución.

“Es una reelección a través de un procedimiento encubierto que colisiona con los objetivos o la finalidad que persigue precisamente esa prohibición constitucional”, aseveró.

Asimismo, el experto sostiene que el JNE debe resolver estas controversias conforme a la Constitución y evitar que se establezca un precedente “nefasto” contrario a la norma.

“El Jurado Nacional de Elecciones tiene que interpretar la Constitución acorde con los principios y objetivos que establece esa prohibición constitucional, no al revés”, indicó.

Urviola explicó que, si el primer regidor resulta impedido de asumir la alcaldía por haber ejercido el cargo en el periodo inmediato anterior, la autoridad electoral deberá justificar su decisión y entregar la credencial al siguiente regidor.

“No se puede quedar acéfalo, obviamente hay una sucesión ahí, tendría que ser al segundo vicepresidente, al segundo regidor, el número 2. Si el primer regidor es incompatible con la Constitución, el Jurado tendrá que buscar una solución y con una debida justificación”, precisó.

No obstante, el constitucionalista reconoció que la prohibición también puede perjudicar a autoridades municipales que tuvieron una gestión eficiente y sin corrupción, y planteó la posibilidad de revisar las reglas de reelección desde el Congreso.

“Podría limitarse quizás a un solo mandato o, en todo caso, extenderle a 5 años, porque 4 años transcurren rápidamente. Uno de los inconvenientes de la prohibición es que alcaldes muy eficientes, que han tenido una gestión maravillosa, limpia, sin corrupción, no se pueden reelegir. A veces justos pagan por pecadores”, concluyó.

Carlos Loyola Escajadillo fue el único de los 10 postulantes que aprobó el examen de conocimientos del segundo concurso público de la Convocatoria N.° 006-2026-SN/JNJ.

Loyola obtuvo 92 puntos, mientras que los otros nueve postulantes quedaron por debajo de la nota mínima de 70: Teresa Durand y José Pérez Duharte sumaron 68 cada uno; Marco Espinoza Rivera, 64; Sarita Piscoya, 62; Augusto Bernuy, 56; Jorge Balarezo, 52; David Espinoza y Manuel Vásquez, 50 cada uno; y Ernesto Aranda, 44.

AMPARO

En entrevista con Correo, Loyola dijo que “es muy pronto” para decidir si desistirá del amparo que presentó tras el primer concurso, en el que obtuvo 82.49 puntos, pero solo logró cuatro de los siete votos del pleno para ser nombrado pese a ser el único postulante que aprobó la entrevista final.

Sostuvo que se le aplicó una valla que contradice la Ley Orgánica de la JNJ, la cual, según él, solo exige mayoría simple. Aseguró que ese reclamo sigue su camino legal, pero seguirá en el concurso actual.

“Soy el único candidato que queda en carrera y a veces, usted sabe, el Poder Judicial se demora en tomar sus decisiones. Espero que no haya cosas raras”, afirmó.

Asimismo dijo que es “el candidato más idóneo para el cargo” y recalcó que no figura en el Registro Nacional de Sanciones. Además, que la deuda judicializada que tuvo se cerró. Loyola resaltó que mejoró su nota, pues en el primer concurso obtuvo 88 puntos.

Consultado sobre qué pasaría si vuelve a aprobar el proceso, pero sigue sin lograr los votos de la JNJ, sostuvo que “no quiere hacer ejercicios de futurología”.

“Este es un momento de reflexión, a veces uno debe tener paciencia”, declaró.

Esto, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) dispusiera declarar nulos los votos de Progresemos, cuyo candidato Edy Cuéllar, fue excluido de la contienda por una sentencia judicial.

Acurio anunció acciones legales contra el organismo electoral para impedir que se eliminen esos sufragios. “Rechazamos que se quiera manchar, violentar estas elecciones”, declaró en una conferencia de prensa.

Según indicó, tanto Progresemos como ciudadanos han presentado denuncias, acciones de amparo y recursos extraordinarios para cuestionar la medida del JEE.

Pendiente

La controversia se inicia desde que Mendoza registra el 30,028% de los votos válidos, con el 98,86% de actas contabilizadas.

La candidata supera por apenas 0,28 puntos porcentuales el umbral requerido para ganar en primera vuelta. Si cae por debajo del 30%, deberá disputar una segunda elección con Acurio.

La decisión de anular los votos de Progresemos reduce la base de votos válidos y puede elevar el porcentaje de las demás candidaturas.

A este escenario se suman 45 actas observadas pendientes de contabilización, cuya resolución también podría modificar el resultado.

Las actas se distribuyen en seis JEE, principalmente del Cusco y La Convención.

Si se estima un promedio de 240 sufragios por acta, esto representaría unos 10.800 votos potenciales, aunque no todos necesariamente serán válidos ni se incorporarán al cómputo final.

Mendoza tiene una ventaja de apenas 211 votos sobre el mínimo necesario para alcanzar el 30%.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado realizó ayer su primera sesión no ordinaria, que contó con la presencia del primer ministro Luis Galarreta y los ministros Marco Vinelli (Agricultura) y Juan Carlos Requejo (Producción).

El premier reclamó que el Gobierno presentó 66 pedidos agrupados en ocho materias, pero la Cámara de Diputados aprobó cerca de 20 puntos distribuidos en dos.

“La facultad es lo que nos permite acelerar algunas acciones y en otro caso darnos un marco legal para permitir ser más eficientes. Ahí está el caso, por ejemplo, de la necesidad de tener Inteligencia”, arguyó.

Oposición

La senadora Ruth Luque de Ahora Nación intervino tras la exposición de los ministros y solicitó aclarar cuáles eran los límites que el Senado tiene.

“Él (Galarreta) está hablando que son insuficientes los puntos que se ha aprobado y que quiere más temas. Entonces está partiendo de una extensión de lo que ha aprobado Diputados”, señaló.

Para Luque, el debate debe partir del dictamen presentado por la Cámara Baja.

“No hacerlo significaría no solamente que se está desnaturalizando, sino se está desconociendo por completo la responsabilidad y el mandato que tienen los diputados”, sostuvo.

“No estamos ante un Senado todopoderoso, ante un Senado que puede hacer borrón y cuenta nueva”, agregó Luque.

Por su parte, el senador Humberto Morales de Juntos por el Perú (JP) indicó que “no entendía” la sesión porque solo hay dos materias por debatir.

“Acá hay un tema y está el dictamen aquí con dos materias, no con ocho”, advirtió.

Morales aseguró que presentó un documento para resolver el tema de la “desnaturalización” con el fin de que la comisión emita un informe sobre los límites del Senado.

“La intención es desnaturalizar, la intención es meter por la ventana todo lo que han puesto aquí”, subrayó.

También el legislador Iber Maraví, de la misma bancada, reprobó que no se haya esclarecido previamente las competencias del Senado sobre lo que Diputados aprueba, y responsabilizó al presidente de la comisión, Carlos Mesías (Fuerza Popular), de no resolverlo antes de tocar el tema de fondo.

“Están demostrando una descoordinación entre el Ejecutivo y sus representantes en el Congreso”, enfatizó.

Oficialismo

Desde Fuerza Popular defendieron la potestad del Senado de ampliar la delegación.

El senador Alejandro Aguinaga manifestó que las modificaciones que se hagan en el Senado no van a “desnaturalizar” lo presentado por Diputados.

“Cuando hablamos de modificar, por supuesto que se tiene que mejorar los proyectos que han llegado. No se están desnaturalizando, no están perdiendo su esencia, y esa es una realidad”, declaró.

De igual forma, Rafael Yamashiro alegó que en base su reglamento y a la Constitución, se pueda llegar a una cifra superior a los 20 pedidos.

“Espero que este Senado pueda recurrir a ese espíritu democrático y lograr más consenso de los que ha podido aprobar la Cámara de Diputados, porque las 20 delegaciones es una línea de base”, exhortó Yamashiro.

A su vez, la vocera de la bancada, Patricia Juárez, abordó los puntos que debieron considerarse en la iniciativa original del Ejecutivo.

“Los 2 puntos que se han dejado de lado son los que ha reseñado el ministro de Producción, que tienen que ver con las Mypes, que a mí, desde mi punto de vista, me parece realmente una mezquindad (...) que son más del 90% de nuestra economía, están sufriendo. Pero no importa, hay que negarle al gobierno de Keiko Fujimori porque eso da réditos políticos”, defendió.

“Nadie ha dicho que se aprueben los 66 puntos”, puntualizó.

La decisión se adoptó después de que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declarara fundada una excepción presentada por la defensa del exmandatario, lo que permitió archivar los cuatro hechos que la Fiscalía le atribuía en esta investigación.

Mediante una resolución, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó remitir oficios a la Superintendencia Nacional de Migraciones y a la Policía Nacional del Perú para hacer efectiva la eliminación del impedimento de salida del país. La medida fue dictada contra Kuczynski en el marco de la investigación por presunto lavado de activos agravado.

La misma instancia judicial dispuso que se tramiten las acciones necesarias para anular los registros policiales, penales y judiciales que pudieran haberse generado a raíz del proceso. Estas disposiciones se producen tras el archivo de los hechos materia de investigación.

¿Por qué se archivó el proceso contra PPK?

El 20 de agosto, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundada una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa de Kuczynski. Con ese pronunciamiento, se dispuso el archivo de los cuatro hechos atribuidos por el Ministerio Público en el caso, que investigaba al expresidente por el presunto delito de lavado de activos agravado como integrante de una organización criminal.

La investigación se centraba en presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2016 del desaparecido partido Peruanos por el Kambio (PPK). El Ministerio Público inició las diligencias en diciembre de 2018, luego de que cinco personas registradas como aportantes de esa agrupación negaran haber entregado dinero para la campaña electoral.

“Una demora de parte de los ministros de Estado que debían de llegar porque han estado ellos, están inclusive en este momento en Trujillo y por razones que tienen que ver con problemas de orden técnico, no han podido llegar”, señaló a la prensa.

La legisladora también cuestionó que algunas bancadas rechacen las iniciativas del Ejecutivo por diferencias políticas e ideológicas. En ese contexto, mencionó las propuestas relacionadas con las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y el sector productivo.

“Yo entiendo que tal vez ha habido un debate político y hasta ideológico, porque muchos de los casos no se quiere apoyar absolutamente nada que venga del gobierno. Pero nosotros lo que hemos explicado acá en la Comisión de Constitución y en el Senado, es que se trata de necesidades que tiene el pueblo peruano”, expresó.

Patricia Juárez, senadora de Fuerza Popular, sobre suspensión de la sesión de la Comisión de Constitución del Senado: El día de mañana sábado estamos continuando la sesión. Los ministros de Estado estarán acá Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/t1JIUhdfpa

— Canal N (@canalN_) October 9, 2026

Galarreta considera insuficiente el texto aprobado

Durante la sesión, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sustentó la solicitud de facultades legislativas del Ejecutivo para combatir la criminalidad, prevenir los efectos del fenómeno El Niño y atender otros asuntos de gestión pública. El jefe del Gabinete explicó que el pedido original abarca ocho materias, entre ellas modernización del Estado, simplificación administrativa, promoción del empleo, desarrollo productivo, tributación, vivienda y saneamiento.

Galarreta consideró insuficiente el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, debido a que no incluye todas las materias solicitadas inicialmente. Asimismo, indicó que corresponde al Senado definir los alcances y el plazo de la delegación.

Los ministros que deberán acudir mañana son: Ernesto Álvarez, de Justicia; César Astudillo, del Interior; Rafael Belaunde, de Defensa; Marco Vinelli, de Desarrollo Agrario y Riego; Juan Carlos Requejo, de Producción; y Mauricio Arnillas, de Vivienda.

La sesión es dirigida por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, presidida por Carlos Mesía, que deberá continuar con la evaluación de la propuesta legislativa.

#SenadoInforma I La sesión de la Comisión de Constitución del Senado de la República continuará este sábado 10 de octubre, a partir de las 10:00 a. m. https://t.co/ZrGRAL5oV0

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 9, 2026

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Se trata de la tercera sesión ordinaria de dicha comisión que comenzó a las 2 de la tarde en la Sala Grau del Palacio Legislativo. Posteriormente, se dio un periodo de tiempo para que todos los miembros puedan leer el documento.

En la víspera, el debate fue suspendido por la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, quien dispuso un cuarto intermedio para buscar consensos luego de que las bancadas de Renovación Popular, Obras y Partido del Buen Gobierno presentaran textos sustitutorios.

Como se sabe, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores inició el martes el análisis de la Proposición Legislativa N.° 00098/2026-2031-CD, que plantea otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante 120 días.

Debido a la amplitud de las materias incluidas en la solicitud, la sustentación y el debate fueron programados en dos sesiones.

Consenso sobre facultades solicitadas por el Ejecutivo

Más temprano se conoció que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados cuenta con un texto de consenso sobre la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo, informó el diputado de Renovación Popular, Franck Krklec.

Según explicó el parlamentario en RPP, los equipos técnicos de las bancadas trabajaron hasta la noche del miércoles para consensuar una propuesta, que ya fue remitida a la comisión para la elaboración del dictamen correspondiente.

Krlkec señaló que el texto delimita las facultades en dos materias: seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño, incluyendo medidas vinculadas al sector agrario.

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Según declaró a Canal N, el ataque ocurrió el último jueves alrededor de las 6:10 p. m., a unos 44 kilómetros de Puerto Maldonado, cuando sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaba junto con integrantes de la Federación Nativa de Madre de Dios.

El parlamentario relató que los atacantes bloquearon el paso con varios vehículos, lo golpearon en la cabeza con la empuñadura de un arma de fuego y lo obligaron a descender de la unidad.

Además, se llevaron al conductor, quien posteriormente logró salir, y robaron o destruyeron celulares, computadoras portátiles, equipos GPS y dispositivos de comunicación satelital, incluido un sistema Starlink. La Policía de Carreteras acudió a la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Ccahuana explicó que la delegación había realizado una inspección por una denuncia sobre la construcción de una carretera de 18 kilómetros dentro de territorios nativos, presuntamente sin autorización. Añadió que los asaltantes preguntaron si llevaban oro, aparentemente por una posible sospecha de vínculos con actividades mineras.

Asimismo, indicó que había recibido llamadas sospechosas antes del incidente, aunque aclaró que no podía confirmar que el ataque estuviera dirigido contra él.

El senador no descartó que el asalto pudiera estar relacionado con sus denuncias sobre presuntas irregularidades en concesiones forestales, la presencia de integrantes del grupo criminal Comando Vermelho y la venta de combustible en el corredor minero de Inambari, que, según afirmó, favorecería a la minería ilegal. Sin embargo, no presentó pruebas que permitan establecer una relación entre estos hechos y el ataque.

Finalmente, Ccahuana pidió al Gobierno reforzar las labores de inteligencia y seguridad en Madre de Dios para prevenir los asaltos, secuestros y extorsiones. También solicitó investigar el ataque para identificar a los responsables.

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Galarreta precisó que el Ejecutivo solicitó facultades en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, modernización del Estado, simplificación administrativa, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, tributación, vivienda y saneamiento. “En el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados (...) para nosotros no es suficiente”, manifestó, y advirtió que negar la delegación sería una decisión histórica.

En materia de seguridad, el jefe del Gabinete sostuvo que el país necesita herramientas legales para responder con mayor rapidez a las organizaciones delictivas. Por ello, planteó fortalecer las labores de inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como establecer mecanismos que permitan intervenciones más precisas y reduzcan los riesgos para sus efectivos.

Respecto al fenómeno El Niño, indicó que las medidas buscan reducir las muertes y los daños a la propiedad pública y privada mediante procedimientos más ágiles para atender emergencias. Asimismo, destacó la necesidad de resolver problemas estructurales relacionados con la infraestructura, la falta de conexión entre regiones, el déficit de agua y desagüe y las demoras en la titulación de propiedades.

Finalmente, Luis Galarreta reconoció que corresponde al Senado decidir si concede las facultades legislativas de manera total o parcial, modifica el plazo solicitado o rechaza el pedido. Aclaró que el Gobierno puede continuar adoptando medidas sin esta delegación, pero sostuvo que su aprobación permitiría acelerar decisiones prioritarias y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a la delincuencia y las emergencias.

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La medida fue establecida mediante la Resolución Legislativa N.º 32742, publicada en el diario oficial El Peruano.

Según la norma, del 28 al 31 de octubre, la mandataria realizará una visita oficial a El Salvador, donde sostendrá un encuentro privado con su homólogo Nayib Bukele y participará en una reunión ampliada con ministros de Estado. Asimismo, tiene previsto reunirse con autoridades salvadoreñas de las carteras de Justicia y Seguridad Pública, Educación, Ciencia y Tecnología, y Salud.

La agenda también contempla visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una escuela emblemática y el Hospital Rosales, como parte de las actividades programadas durante su estadía en el país centroamericano.

Posteriormente, del 2 al 6 de noviembre, Fujimori viajará a Madrid, España, para participar en las principales actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Entre el 3 y el 5 de noviembre, asistirá a la sesión plenaria, actos protocolares, reuniones bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno, y encuentros con otras altas autoridades.

La presidenta también participará en las sesiones del Encuentro Empresarial organizadas en el marco de la cumbre. La resolución legislativa lleva las firmas del presidente del Senado, Miguel Torres; de la mandataria Keiko Fujimori y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Durante las ausencias de la jefa de Estado, el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, quedará encargado del despacho presidencial, conforme al artículo 115 de la Constitución Política del Perú y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

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“¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias para levantar la bandera blanca de la paz que nos exigen todos los peruanos?”, preguntó la mandataria durante la ceremonia por el 205º aniversario de creación de la Marina de Guerra del Perú y el 147º aniversario del Combate Naval de Angamos.

La jefa de Estado apeló al ejemplo del gran almirante Miguel Grau para invocar a los legisladores a superar las discrepancias y alcanzar acuerdos frente a los problemas que afronta el país, como la escalada criminal y el fenómeno El Niño.

“¿Podremos dejar de lado las viejas rencillas políticas para priorizar un presente y futuro de seguridad y tranquilidad para nuestro pueblo?”, cuestionó.

Asimismo, expresó su confianza en que el Parlamento privilegie el legado del héroe nacional por encima de la confrontación y el resentimiento.

INVOCACIÓN

Fujimori añadió que el país afronta una guerra interna contra la criminalidad que exige respuestas de las instituciones.

“Hay otra guerra que está matando a los peruanos”, afirmó, al dirigirse a los parlamentarios responsables de evaluar su pedido.

La mandataria ofreció estas declaraciones luego de que la Cámara de Diputados aprobara –el último martes– otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante 90 días en 20 medidas vinculadas con la seguridad ciudadana y la prevención ante el fenómeno El Niño.

En la sesión en cuestión, que se desarrolló el último miércoles, Chávez Cotrina resaltó que en el caso de estas normas se deben analizar una por una, pues, de lo contrario, hay riesgo de que se caiga en la “narrativa de las famosas ‘leyes procrimen’”.

A modo de ejemplo, mencionó la Ley 31990 –una de las que el Ministerio Público cuestiona de manera corporativa–, relativa a la colaboración eficaz. El fiscal superior sostuvo que está de acuerdo con los plazos que fija.

“La anterior norma no tenía plazo. ¿Cómo es posible que un procedimiento sea administrativo o penal no tenga plazo? Por eso que las colaboraciones eficaces duran 5 o 6 años, hasta se mueren (los investigados). Entonces el plazo es estrictamente necesario”, remarcó.

PRECEDENTE

Jorge Chávez agregó que otro aspecto positivo de esta ley es que establece que las afirmaciones de un colaborador eficaz no pueden ser corroboradas por los dichos de otro. Resaltó que la Corte Suprema ya lo había estipulado así años atrás.

También se refirió a la Ley 32108, sobre la tipificación de las organizaciones criminales y los requisitos para los allanamientos.

Al respecto, consideró que es atinado que se considere organización criminal a un grupo con estructura compleja y de mayor capacidad operativa, características que la diferencian de una banda.

Añadió que la ley también dispone que los miembros de estas organizaciones deben tener roles correlacionados entre sí. “Es fundamental. No basta con hacer un organigrama y ponerlos”, sentenció.

De acuerdo con información revisada por Correo y al cierre de esta edición, son al menos cinco los virtuales alcaldes que ganarán el primer lugar por una diferencia igual o menor al 1% (ver infografía).

MÍNIMO

El distrito que tendrá un alcalde que obtuvo la victoria con una menor diferencia porcentual es Villa María del Triunfo.

Al 90% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Robert Ludeña de Renovación Popular tenía 54,295 votos, lo que equivale a un 22.8%, mientras que en el segundo lugar está Guido Iñigo de Somos Perú con 53,727 votos, es decir, el 22.6%.

La diferencia entre ambos solo es de 0.2%, en promedio, unos 568 votos.

Un dato no menor es que Iñigo fue elegido alcalde de Villa El Salvador para el periodo 2023-2026.

Al prohibirse la reelección, cambió de distrito.

Además, junto a su familia, es investigado por lavado de activos por la Fiscalía.

De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, el clan familiar es poseedora de un millonario imperio económico que incluye corporaciones y un club de fútbol. Sin embargo, habrían obtenido todo ello mediante el uso de fondos ilícitos y el direccionamiento de contratos públicos.

El segundo distrito con una menor diferencia porcentual es San Juan de Miraflores.

Allí, al 92% de las actas contabilizadas por la ONPE, el candidato Edgar Mejía de Frente de la Esperanza tiene 45,051 votos, lo que representa un 20.7%.

Por su parte, Luis Mendieta de Alianza para el Progreso tiene 44,051 votos, es decir, un 20.2%.

La diferencia entre ambos candidatos, por ahora, es de 1046 votos (0.5%).

En el distrito de Barranco, los candidatos Manuel Espinoza de Renovación Popular y Felipe Mezarina de Somos Perú han obtenido, hasta el momento, 8431 y 8261 votos, respectivamente.

Es decir, solo los separa una diferencia de 170 votos que equivale al 0.6%.

En los distritos antes mencionados, el primer lugar puede variar. Sin embargo, el ganador siempre lo será por un margen ajustado.

CERCA AL 1

Además, hay dos distritos con alcaldes que podrían ganas las elecciones con menos del 1% de los votos.

El primero de ellos es Pucusana.

Enrique Manco de Frente Esperanza acumula 2463 votos (29.5%), mientras que Jhonny Calagua de Avanza País tiene 2384 votos (28.6%).

Lo único que separa a los candidatos es un porcentaje de 0.9, equivalente a 79 votos.

Cabe precisar que todavía no se puede hablar de un ganador, pues las actas contabilizadas hasta el momento en ese distrito van en 86%.

Es decir, están penidentes contabilizadas actas que suman por lo menos 1800 votos, por lo tanto, el resultado final del ganador puede cambiar.

Finalmente, está el distrito de Breña.

Allí, Iván Chang de Avanza País lleva la ventaja con 14,558 votos (21.8%).

En segundo lugar está Isabel Rodríguez con 13,928 votos (20.9%)

Por ahora, la diferencia de votos es de 630 (0.9%), pero sin un ganador claro.

Las actas contabilizadas por ahora son del 92%, pero en las actas pendientes hay por lo menos 8700 votos.

Por otro lado, existen por lo menos cinco distritos de Lima Metropolitana donde la diferencia porcentual entre el primer y segundo lugar no llega al 2%.

Estos son Santa Rosa (1%), Carabayllo (1.1%), Los Olivos (1.8%), Punta Negra (1.9%) y San Luis (1.9%).

LA CAPITAL

Por otro lado, para la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, si bien la victoria de Rafael López Aliaga de Renovación Popular es irreversible, no ganará con una gran diferencia.

Al cierre de esta edición, con el 92.729% de actas contabilizadas por la ONPE, López Aliaga tenía 1,444,529 votos (27.703%), mientras que Francis Allison de Avanza País sumaba 1,399,551 votos (26.841%).

La diferencia entre ambos es solo de 0.86%.

Expertos estiman que la diferencia porcentual entre ambos no supere el 1% de votos.

La ex primera dama Eliane Karp volvió a solicitar a la presidenta Keiko Fujimori que conceda una gracia presidencial a su esposo, el exmandatario Alejandro Toledo. Según afirmó, el estado de salud del exjefe de Estado se ha deteriorado y necesita atención médica especializada.

Al referirse a la salud del exmandatario, Karp expresó: “Mi esposo está muy grave, que ya es el momento de tomarlo en serio”. La ex primera dama detalló que Toledo padece problemas cardíacos, tiene antecedentes de cáncer por el que fue intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos y presenta una nueva afección neurológica.

En diálogo con RPP, la antropóloga señaló que el estado de salud del exmandatario demanda especialistas y equipos médicos que, según afirmó, no estarían disponibles para tratar sus diversas afecciones. Además, advirtió que Alejandro Toledo presenta nuevas dificultades cognitivas que requieren una evaluación médica especializada.

“Porque es una combinación de fenómenos muy complejos porque lo siento mucho decir eso, pero no está la expertise, la especialidad y las máquinas necesarias para cuidar todo esto”, sostuvo.

La ex primera dama afirmó que Alejandro Toledo está dispuesto a responder desde su domicilio por las acusaciones en su contra. Por ello, reiteró su pedido a Keiko Fujimori para que considere otorgarle una gracia presidencial.

“Estoy volviendo a pedir a la actual presidenta de Gobierno, por favor, le dé la gracia presidencial a mi esposo antes de que sea demasiado tarde. Renuevo mi pedido por el bien de la familia”, manifestó.

Asimismo, la ex primera dama acusó que Alejandro Toledosería víctima de una presunta persecución política. Al ser consultada sobre los motivos por los que considera que el sistema judicial estaría actuando intencionalmente contra el exmandatario, respondió: “Porque es obvio que es una persecución política”.

La ex primera dama también cuestionó que, según afirmó, no se estén cumpliendo ciertas normas que fueron aprobadas por el Congreso y promulgadas durante un gobierno anterior.

Asimismo, Karp fue consultada sobre si cree que la Corte Suprema estaría demorando deliberadamente el pronunciamiento sobre la casación vinculada al proceso judicial que afronta su esposo.

“Sí, absolutamente. Yo creo que hay venganza metida ahí”, señaló.

Finalmente, Karp exhortó a dejar de lado lo que describió como “odios”, “venganzas” y “persecuciones”. Además, cuestionó el proceder de los fiscales en el proceso judicial que afronta el expresidente Toledo.

“Dejémonos todos de odios, de venganzas, de persecuciones, que dejen de inventar cosas que no son porque los fiscales han recibido órdenes, dar todas las órdenes que han dado”, finalizó.

El Ministerio Público solicitó ocho meses de prisión preventiva contra el expresentador de TV Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos agravado. La acusación contempla actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, vinculados al presunto origen ilícito de su patrimonio y en agravio del Estado.

El pedido fue presentado por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a través de su Segundo Despacho. Esta fiscalía dispuso el pasado 4 de septiembre el inicio de la investigación preparatoria contra Andrés Hurtado y otros involucrados en este caso.

El requerimiento de ocho meses de prisión preventiva fue presentado ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que programó para el jueves 5 de noviembre, a las 9:00 a.m., una audiencia “presencial e inaplazable” para evaluar la medida. La diligencia se realizará en la sede de la Corte Superior Nacional, ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.

Mediante una resolución emitida el pasado 7 de octubre, a la que tuvo acceso RPP, el órgano jurisdiccional señaló que, conforme al artículo 52° del Código Procesal Penal, está facultado para evaluar el requerimiento fiscal mientras se encuentren pendientes de resolver las “cuestiones de competencia” relacionadas con el caso.

Esto se produjo luego de que, el pasado 6 de octubre, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional se inhibiera de intervenir en la investigación penal por “falta de competencia objetiva”. En esa misma decisión, dispuso remitir el caso al Juzgado de Investigación Preparatoria de turno de la Corte Superior de Justicia de Lima, para que se pronuncie sobre los fundamentos de dicha determinación.

Cabe recordar que Andrés Hurtado cumple prisión preventiva en el marco de una investigación por su presunta participación en la entrega de una supuesta coima a la entonces fiscal superior titular Elizabeth Peralta. De acuerdo con la acusación, el pago habría sido realizado por el empresario Javier Miu Lei con el objetivo de recuperar unas barras de oro que el Ministerio Público había incautado a su empresa en 2020.

Asimismo, Hurtado es procesado en otra investigación por su presunta participación en las gestiones realizadas por el futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en 2019. El trámite tenía como finalidad que el deportista renunciara a su nacionalidad peruana para poder jugar en China.

La sesión se realizará desde las 10:00 horas en la sala Francisco Bolognesi del Congreso.

El presidente de la comisión, Carlos Mesía, convocó al titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y a los ministros de Justicia, Ernesto Álvarez; Interior, César Astudillo; Defensa, Rafael Belaunde; Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; Producción, Juan Carlos Requejo; y Vivienda, Mauricio Arnillas.

Los ministros expondrán los alcances de las medidas legislativas propuestas en sus respectivos sectores, vinculadas con la lucha contra la criminalidad y las acciones de prevención y atención ante el fenómeno El Niño.

La Cámara de Diputados aprobó el último martes otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante 90 días en ambos temas.

La propuesta contempla 20 medidas y deberá ser revisada y aprobada por el Senado para convertirse en ley.

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Rafael Belaunde sostuvo que el Estado debe dejar de actuar solo de manera reactiva y pasar a la ofensiva contra la criminalidad. “El Estado debe recuperar la ofensiva en esta guerra. No podemos estar a la defensiva o reaccionando permanentemente. Tenemos que tomar la ofensiva e ir tras ellos”, afirmó.

El ministro explicó que el comando reúne a unos 500 efectivos del Ejército, personal de las Fuerzas Especiales Conjuntas y unidades especializadas de la PNP, como la SUAT y el GRECCO.

La estrategia contempla una coordinación con el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instituciones vinculadas con la administración de justicia.

Asimismo, señaló que se busca fortalecer la producción de inteligencia oportuna para facilitar operaciones coordinadas contra las organizaciones criminales, además de implementar un programa de rastrillaje urbano.

Rafael Belaunde señaló que la estrategia busca devolver la tranquilidad y garantizar el Estado de derecho, frente a extorsiones, cobros de cupos y violencia criminal.

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El llamado fue formulado durante la ceremonia por el 205.° aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 147.° aniversario del Combate Naval de Angamos, en el Callao.

“¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias para levantar la bandera blanca de la paz que nos exigen todos los peruanos?”, expresó la mandataria.

Keiko Fujimori sostuvo que el país enfrenta una “guerra” contra la delincuencia y pidió a los parlamentarios dejar de lado las diferencias para priorizar medidas orientadas a garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.

“Nosotros no vivimos, como Grau, una guerra externa que nos obligue a ir a un campo de batalla, pero hay otra guerra que está matando a los peruanos y por eso me dirijo a quienes tienen la responsabilidad de darle al Perú facultades fundamentales para derrotar a la delincuencia”, dijo.

La presidenta también invocó al Congreso a seguir el ejemplo de Miguel Grau Seminario, a quien destacó por su patriotismo, honor y sentido del deber. “Confío sinceramente en que en el Congreso prevalezca el ejemplo de Grau sobre la confrontación y el resentimiento”, manifestó, al considerar que los intereses nacionales deben estar por encima de las diferencias políticas.

“En fechas tan importantes como estas, es muy necesario resaltar su significado para proyectarlo hasta nuestro propio presente. El compromiso de Grau por el Perú es nuestro mejor ejemplo y debe llevarnos a una reflexión real y profunda. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros por el Perú? Que esté por encima de nuestros propios intereses y nuestra propia vida”, incidió.

El pedido de la jefa de Estado se produce después de que la Cámara de Diputados aprobara, con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días. El texto aprobado limita las materias a seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño.

La propuesta contempla medidas relacionadas con el control migratorio, bloqueo de comunicaciones ilícitas, fiscalización de armas, reforma del sistema penitenciario y acciones contra la extorsión, el sicariato, el crimen organizado y la ciberdelincuencia. En materia de prevención ante el fenómeno El Niño, incluye disposiciones para agilizar la atención de emergencias y la ejecución de infraestructura.

El presidente del Senado, Miguel Torres, señaló que la cámara analizará el dictamen conforme a la Constitución y el Reglamento del Congreso. Precisó que el Senado puede aprobar, rechazar o modificar la propuesta sin desnaturalizar el texto remitido por la Cámara de Diputados.

Durante su discurso, Keiko Fujimori también resaltó el papel de la Marina de Guerra en la defensa del país y destacó la importancia estratégica del mar peruano para el desarrollo nacional.

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La ceremonia contempló un minuto de silencio en homenaje al Gran Almirante del Perú, Miguel Grau Seminario, a la tripulación del monitor Huáscar y a los marinos que fallecieron en defensa de la patria.

Durante el acto se realizó la colocación de ofrendas florales ante el monumento al Caballero de los Mares; así como una presentación de la histórica Compañía Capitán de Navío Juan Fanning García, que ejecutó evoluciones a pie firme en homenaje a la tradición naval.

Posteriormente, se desarrolló un desfile de honor con la participación de agrupamientos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú.

La actividad reunió a autoridades civiles y militares en esta fecha de conmemoración de la institución naval y del Combate de Angamos, ocurrido el 8 de octubre de 1879 durante la Guerra del Pacífico.

Al finalizar, se realizóuna revista naval a las unidades y una ofrenda floral en la rada exterior del Callao, con la presencia de autoridades civiles y militares.

La jornada rindió homenaje a quienes integraron la Marina de Guerra y destacaron en la defensa del país.

Las actividades protocolares incluyeron además la participación de las principales instituciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

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Las declaraciones las hizo durante la presentación de resultados de las operaciones policiales. César Astudillo señaló que una de las modalidades que emplean los grupos criminales es utilizar a menores de edad para cometer asesinatos por encargo, aprovechando su condición de inimputabilidad.

“Sabemos que los extorsionadores utilizan a menores de edad para garantizar la impunidad del delito. Entonces, es momento de cambiar esas leyes para mejorar el país”, afirmó.

El titular del Ministerio del Interior indicó que esta situación evidencia la necesidad de adecuar las normas a las nuevas formas de actuación de las organizaciones criminales, especialmente frente a delitos como la extorsión y el sicariato.

Durante la jornada también se informaron diversos resultados policiales. El director de Cibercrimen de la PNP, general PNP Julio Becerra, reportó la captura de un ciudadano venezolano de 44 años, conocido como alias “Chamo”, presuntamente involucrado en una investigación por el presunto delito de pornografía infantil.

Asimismo, el jefe de la Región Policial Callao, general PNP Olger Benavides, informó sobre la intervención de dos menores de 13 y 17 años, quienes estarían vinculados al ataque a balazos que provocó la muerte de un conductor de combi en el Callao días atrás.

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