Las reuniones buscan exponer los alcances de la propuesta y recoger las posiciones de los grupos parlamentarios.

Los oficios fueron enviados por el titular del Gabinete, Luis Galarreta, a los voceros de Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular y Ahora Nación. La PCM planteó realizar encuentros de trabajo con cada bancada.

Durante estas reuniones se explicaría el contenido de las facultades solicitadas al Legislativo y las materias en las que el Gobierno pretende intervenir, entre ellas seguridad ciudadana. Galarreta también ha señalado la importancia de mantener espacios de coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso.

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• Ministro César Astudillo anuncia captura en Bolivia de ‘Jhonsson Pulpo’, cabecilla de Los Pulpos
• Ministro de Comercio, Rogers Valencia: “Hay una decisión firme del Estado en avanzar temas de seguridad”

La decisión se tomó luego de que los legisladores abordaran los recientes hechos de violencia registrados en el norte del país. Durante la sesión también se destacó la captura en Bolivia de alias Jhonsson Pulpo, señalado como presunto líder de la organización criminal Los Pulpos.

¿Qué temas se abordarán?

La comisión busca que ambos integrantes del Gabinete expliquen las medidas que vienen aplicándose para enfrentar la inseguridad y las organizaciones criminales. Los parlamentarios también buscan conocer las acciones operativas ejecutadas por las instituciones responsables de la seguridad en las regiones afectadas.

Los integrantes del grupo de trabajo plantearon que la presentación de los ministros se realice a la brevedad. La fecha y la hora de la convocatoria serán establecidas durante la próxima reunión de la comisión.

La convocatoria ocurre en medio de cuestionamientos por los hechos delictivos registrados en el norte del país, particularmente en La Libertad. Algunos parlamentarios respaldaron la intervención de las Fuerzas Armadas como parte de las acciones desplegadas para enfrentar la inseguridad en las zonas afectadas.

Congresistas de Fuerza Popular resaltaron la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, en la región La Libertad. Según los legisladores, su desplazamiento permitió coordinar directamente las acciones de seguridad que se desarrollan en la zona.

Este martes, dos comisiones del Senado acordaron convocar a seis ministros de Estado para que expongan la situación actual de sus respectivos sectores y detallen las principales acciones que tienen previstas durante sus gestiones.

En ese sentido, la Comisión de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital del Senado acordó convocar a los titulares de estas carteras: Luis Dyer, ministro de Salud; José Chang, de Educación; Alberto Beingolea, de Cultura; Mara Seminario, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y Maritza Canales, de Desarrollo e Inclusión Social.

La decisión fue tomada durante la primera sesión ordinaria de la comisión, en la que se acordó que los integrantes del Gabinete deberán presentar sus principales lineamientos de gestión, así como las políticas, objetivos, metas e indicadores que prevén desarrollar durante el presente año.

Además, los ministros deberán responder las preguntas y abordar los asuntos que sean planteados por los integrantes de la comisión durante sus respectivas presentaciones.

“De acuerdo con lo aprobado se priorizará la concurrencia de los ministros”, manifestó el vicepresidente de la comisión, José Chipana, quien condujo la sesión.

Por su parte, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado convocó para el próximo martes 8 de septiembre al canciller Carlos Espá, quien deberá presentar y explicar los principales lineamientos del plan de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La convocatoria fue confirmada esta mañana por el presidente de dicha comisión, Carlos Mesía Ramírez, integrante de Fuerza Popular.

Asimismo, el senador informó que durante la sesión también participará María Soledad Garagorri Gottfried, directora ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

“De esta manera, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado da cumplimiento al acuerdo adoptado en la sesión del 18 de agosto pasado”, resaltó el Congreso.

El ministro del Interior, César Astudillo, negó que sus declaraciones constituyan un respaldo a la permanencia de Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) y aseguró que su continuidad seguirá bajo evaluación.

En entrevista con Canal N, Astudillo remarcó que la capacidad técnica del jefe policial no debe interpretarse como una garantía de permanencia en el cargo.

“Definitivamente esto no es ningún espaldarazo, ninguna certificación, ningún ‘aquí te quedas’”, afirmó.

#EnVivo

A pesar de cuestionamientos desde el Congreso, César Astudillo, ministro del Interior, asegura que el general Óscar Arriola está técnicamente calificado. Además, señaló que no se le ha pedido que dé un paso al costado

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“Todos estamos en evaluación”

El titular del Ministerio del Interior señaló que la evaluación alcanza a todos los integrantes del sector, incluidos los altos mandos policiales.

“Todos estamos en evaluación, desde el ministro hasta el último suboficial de la Policía”, sostuvo durante la entrevista.

Astudillo agregó que esta posición no ha variado desde que asumió el cargo y rechazó que sus anteriores declaraciones puedan ser interpretadas como un respaldo político a Arriola.

“Acá no se trata de respaldo”, señaló.

Astudillo reconoce que Arriola está técnicamente calificado

Consultado directamente sobre si Arriola está técnicamente preparado para conducir la lucha contra la inseguridad, Astudillo respondió afirmativamente.

“Está técnicamente calificado, creo, igual que los demás generales que han llegado a esos altos cargos”, afirmó.

El ministro sostuvo que los oficiales generales deben cumplir procesos de formación, especialización y ascenso antes de alcanzar los puestos de mayor responsabilidad dentro de la institución.

Sin embargo, inmediatamente aclaró que reconocer esa preparación profesional no equivale a garantizar la continuidad del comandante general.

“En algún momento se verá” su continuidad

Astudillo dejó abierta la posibilidad de que la situación de Arriola sea revisada posteriormente.

“Es evaluación y en algún momento se verá”, manifestó.

Cuando le consultaron si dentro de esa evaluación ya se había discutido pedirle al comandante general que dé un paso al costado, el ministro respondió: “Todavía”.

Ley establece periodo de dos años para comandante general

Astudillo recordó además que existe una norma que fija un periodo de dos años para quien ejerce como comandante general de la PNP.

Según explicó, en el Congreso ya existen iniciativas destinadas a incorporar nuevas causales de cese para este cargo.

El ministro señaló que una modificación de este tipo deberá ser debatida en el Parlamento y aclaró que, mientras tanto, el Gobierno debe concentrarse en la respuesta diaria frente a la criminalidad.

“Mientras eso [se resuelve], no podemos distraernos (...) porque tenemos que trabajar día a día”, indicó.

Cambio de Arriola no fue incluido en pedido de facultades

Durante la entrevista también se abordó el hecho de que el Ejecutivo no haya incluido dentro del pedido de facultades legislativas una modificación específica para facilitar la salida del comandante general.

Astudillo explicó que el cambio de las causales de cese corresponde al debate legislativo y recordó que en el propio Congreso existen propuestas sobre esa materia.

El foco inmediato del Ejecutivo, sostuvo, continúa siendo la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

Cuestionamientos crecen tras hechos de violencia en Trujillo

Las declaraciones se producen en medio de cuestionamientos a la conducción de la Policía Nacional tras los recientes hechos criminales registrados en Trujillo.

El secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas provocaron críticas sobre la capacidad de prevención e inteligencia de la institución.

Autoridades y representantes de distintos sectores han exigido resultados concretos y cuestionado que la Policía haya manejado previamente información sobre la posibilidad de un secuestro sin lograr impedirlo.

Astudillo sostuvo que el Gobierno debe evitar que el debate sobre cargos distraiga las operaciones y las investigaciones que actualmente se desarrollan contra organizaciones criminales.

El cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, fue capturado este martes 1 de septiembre en La Paz, Bolivia, durante una operación internacional en la que participaron unidades policiales y agencias de Perú, Bolivia y Estados Unidos.

La intervención se realizó aproximadamente a las 9:45 de la mañana en la calle Isaac Tamayo 661, en La Paz, según información policial sobre el operativo.

El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, había adelantado minutos después la captura durante una entrevista con Canal N, tras recibir la información del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

#EnVivo

El ministro del Interior, Cesar Astudillo, anuncia la captura en Bolivia de Jhon Pulpo, cabecilla de la organización criminal Los Pulpos

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Operativo internacional permitió ubicar a ‘Jhonsson Pulpo’

De acuerdo con la información policial, la ubicación y captura de Cruz Torres fue resultado de un trabajo conjunto entre el EESCCOT, FBI-Lima, la División de Investigación Especial de la Dirandro, la Policía Boliviana, DEA Perú, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y la División de Ciberdelincuencia de la Policía de Bolivia.

Las autoridades identifican a Jhonsson Smit Cruz Torres como cabecilla de la organización criminal transnacional Los Pulpos, estructura delictiva originada en Trujillo, región La Libertad.

Cruz Torres también es conocido con los alias de “JHS”, “Narizón”, “J” y “El J”.

Tenía orden de captura internacional

“Jhonsson Pulpo” registraba una orden de captura internacional requerida por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Según la información del operativo, es requerido por investigaciones y procesos vinculados a los presuntos delitos de robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, entre otros.

Además, Cruz Torres se encontraba incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Antes de su captura, el Estado ofrecía S/500.000 por información que permitiera dar con su ubicación.

Fue intervenido junto a otro ciudadano peruano

Durante el operativo también fue intervenido Gabriel Alexander Saul Mendocilla Gómez, de nacionalidad peruana.

Según el reporte policial, en poder de ambos se encontraron pasaportes peruanos y documentos de identidad emitidos a nombre de terceras personas, así como dos cédulas de identidad bolivianas con diferentes identidades.

Las autoridades deberán determinar la procedencia y autenticidad de esta documentación, así como establecer si fue utilizada para facilitar la permanencia o desplazamiento de los investigados en Bolivia.

Ministro César Astudillo confirmó la captura

El ministro César Astudillo anunció inicialmente la detención durante una entrevista en Canal N.

“Hace unos minutos me ha informado el comandante general de la Policía (...) que en Bolivia ha sido detenido”, indicó el titular del Ministerio del Interior.

“Este cabecilla principal ha caído finalmente”, afirmó el ministro al destacar la importancia de la intervención contra Los Pulpos.

Jhonsson Pulpo había logrado escapar antes en Bolivia

La captura se produce después de varios meses de seguimiento internacional.

En enero de 2026, “Jhonsson Pulpo” logró evadir una operación desarrollada en Bolivia en la que fue detenida Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, identificada por las autoridades como su pareja.

Tras ese operativo, las autoridades peruanas mantuvieron activa su búsqueda internacional y desarrollaron coordinaciones para ubicarlo fuera del territorio nacional.

Hasta horas antes de conocerse su detención este 1 de septiembre, Jhonsson Cruz Torres permanecía como uno de los principales objetivos de la Policía en la lucha contra Los Pulpos.

Los Pulpos y sus operaciones en Trujillo

Los Pulpos son identificados por las autoridades como una organización criminal surgida en Trujillo y vinculada a delitos como extorsión, secuestro, sicariato y homicidio.

La captura de Cruz Torres se conoce además en medio de nuevas investigaciones contra integrantes de esta organización en La Libertad.

Las autoridades peruanas y bolivianas deberán informar en las próximas horas sobre la situación jurídica del detenido y el procedimiento que se seguirá para ponerlo a disposición de la justicia peruana.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, afirmó que el Estado mantiene una postura firme para avanzar en materia de seguridad ciudadana. Asimismo, respaldó el pedido de facultades legislativas y sostuvo que “siempre es mejor una buena norma que un buen gestor”.

Rogers Valencia señaló que la inseguridad ciudadana fue uno de los asuntos tratados durante el Consejo. Si bien precisó que este tema no corresponde directamente a su sector, pidió paciencia ante las acciones que se vienen adoptando y remarcó que se trata de una problemática que requiere el compromiso de todos.

“Obviamente se ha discutido en el Consejo de Ministros y también se ha tomado algunas decisiones importantes. Creo que, tiempo al tiempo. No especulemos, no es mi sector. Se ha discutido y hay una decisión firme del Estado en avanzar temas de seguridad, y nos compete a todos”, declaró a Exitosa.

El titular del sector reconoció que el estado de emergencia se ha convertido en una medida recurrente. En ese sentido, sostuvo que contar con una norma sólida y bien sustentada puede ser determinante, incluso por encima de la labor de cualquier coordinador.

“El estado de emergencia viene de varios años. Los cambios, en todo sector, son incrementables. Puede haber show de golpe mediático, pero siempre es mejor una buena normal, que un buen gestor. La norma precede y ordena, más allá del buen gestor”, indicó.

Asimismo, consideró que las organizaciones criminales de gran escala deberían recibir la denominación de amenazas de alcance internacional, tomando como referencia la experiencia de otros países de Latinoamérica que afrontan problemas similares de inseguridad.

En esa misma línea, Valencia pidió a la ciudadanía otorgar un voto de confianza a la actual administración de Fujimori y respaldó la delegación de facultades legislativas, al considerar que ello permitirá al Ejecutivo implementar las medidas planteadas con el respaldo legal necesario.

“En muchos casos se necesita declarar a estas banda como “actividad internacional”. Casos como en Ecuador, México, Colombia, estas bandas son multinacionales, necesitamos actuar a ese nivel y obtener la estructura legal. Entiendo la indignación, pero, pido confianza y que se entreguen las facultades necesarias”, expresó.

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ACUERDOS

El representante del Ejecutivo se reunió ayer con autoridades y empresarios de la región La Libertad para coordinar la implementación del control perimétrico y retenes en el penal El Milagro, que estará a cargo de militares.

Según dijo, esta medida permitirá “asegurarnos que las llamadas extorsivas cesen, que los penales dejen de ser una trinchera del delito, un centro de operaciones del crimen organizado”.

“El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ha decretado una lucha sin tregua y sin cuartel contra el crimen organizado, contra el sicariato y contra la extorsión. Es en el marco de esa política que hemos solicitado facultades delegadas para legislar contra estas lacras”, indicó.

Durante su estadía en Trujillo, Rafael Belaunde se reunió, en diferentes momentos, con la gobernadora Joana Cabrera, el alcalde provincial Mario Reyna y el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Fernando Guerra.

También coordinó con la Policía Nacional del Perú la captura de cinco implicados en el secuestro del empresario Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes.

• LEER AQUÍ: Jefe PNP La Libertad, Ricardo Espinoza: En la investigación se dirá si se pagó o no por la liberación del empresario

LAMENTA

De otro lado, la presidenta Keiko Fujimori utilizó sus redes sociales para mostrar sus condolencias con los familiares de las cuatro personas asesinadas el último domingo. También reconoció el trabajo policial “por su rápida y firme respuesta en este caso”

“Cuatro presuntos implicados en este repudiable crimen fueron capturados y el ciudadano que permanecía secuestrado fue liberado. No vamos a dar tregua a la delincuencia. El Gobierno responderá con firmeza”, aseveró.

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El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, afirmó que el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas en Trujillo evidencian fallas en el sistema de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Ha fallado la inteligencia”, sostuvo el fiscal al evaluar cómo pudo concretarse un ataque de esa magnitud pese a que la Policía había recibido previamente información sobre la posibilidad de un secuestro.

Chávez Cotrina pide “reingeniería” de inteligencia policial

En declaraciones a Canal N, Chávez Cotrina señaló que la inteligencia constituye una de las herramientas principales para combatir al crimen organizado y consideró necesario reformular la capacidad operativa de la PNP en esta materia.

“Tenemos que hacer una reingeniería de la inteligencia de la Policía Nacional para poder enfrentar al crimen organizado”, afirmó.

El fiscal sostuvo que se necesita mayor cantidad de personal especializado, tecnología, logística y presupuesto, así como recursos para el trabajo con fuentes e informantes.

PNP conocía desde meses antes riesgo de secuestro

El cuestionamiento se produce después de que el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, reconociera que el área de Inteligencia manejaba desde aproximadamente mayo información sobre un posible secuestro.

Según Espinoza, la Policía emitió recomendaciones de seguridad a potenciales víctimas, aunque inicialmente no tenía plenamente identificado quién sería el objetivo.

Finalmente, el empresario Jenss Lara Tantaquilla fue secuestrado durante un ataque ocurrido la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo, en el que cuatro de sus acompañantes fueron asesinados.

Seis fiscales apoyan investigación en La Libertad

Chávez Cotrina informó que un equipo especializado del Ministerio Público se trasladó a La Libertad para apoyar las diligencias.

Entre las acciones prioritarias figuran el análisis de los teléfonos incautados y la revisión de las cámaras de seguridad de Trujillo para reconstruir la ruta seguida por las víctimas antes del ataque.

La investigación busca establecer qué ocurrió desde que el grupo salió de una discoteca hasta el momento en que fue interceptado por los delincuentes.

Fiscalía evaluará situación de cinco detenidos

La Policía informó el 31 de agosto de la captura de cinco personas que presuntamente participaron en el secuestro y en el asesinato de los cuatro acompañantes del empresario.

Según el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, los detenidos estarían vinculados a la organización criminal Los Pulpos.

Chávez Cotrina remarcó que cualquier pedido de medidas judiciales deberá sustentarse en evidencia sólida y en la individualización de la participación de cada investigado.

El fiscal ya había señalado que la investigación policial debe reunir pruebas “sólidas” que permitan posteriormente al Ministerio Público sustentar una eventual solicitud de prisión preventiva.

Hipótesis apunta también a actividades mineras en Pataz

Respecto de un posible vínculo entre el secuestro y las actividades mineras desarrolladas en Pataz, Chávez Cotrina señaló que se trata de una de las hipótesis bajo investigación.

El fiscal evitó darla por confirmada y sostuvo que deberá ser corroborada mediante evidencias.

La pesquisa también analiza el nivel de planificación utilizado por los atacantes, quienes habrían realizado seguimiento previo, empleado varios vehículos y utilizado vestimenta similar a la policial.

Advierten facilidad para conseguir uniformes policiales

Chávez Cotrina también expresó preocupación por la facilidad con que personas ajenas a la Policía y las Fuerzas Armadas pueden acceder a indumentaria similar a la utilizada por estas instituciones.

Consideró necesario revisar la regulación sobre la venta y adquisición de estos implementos para evitar que sean utilizados por organizaciones criminales para simular intervenciones oficiales.

En el caso de Trujillo, la PNP informó desde las primeras horas que los secuestradores habrían simulado una intervención policial.

Fiscal pide recuperar el principio de autoridad

Chávez Cotrina sostuvo además que los estados de emergencia, por sí solos, no resultan suficientes para recuperar territorios afectados por organizaciones criminales.

“El Estado tiene que gobernar. El Estado tiene que recuperar el principio de autoridad”, señaló.

El fiscal ha advertido anteriormente sobre el crecimiento del crimen organizado en Trujillo y ha reclamado una respuesta sostenida del Estado para evitar un deterioro mayor de la seguridad.

Además, fueron capturados todos los delincuentes implicados en el caso.

Así lo informó el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, quien estuvo acompañado de Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), para ofrecer detalles de la situación.

Cabe precisar que se trata de una liberación, más no de un rescate.

DETENIDOS

La tarde de ayer, el ministro Belaúnde indicó que gracias al trabajo policial, el empresario fue liberado.

“Gracias a la actuación diligente, decidida y profesional de la Policía, la víctima del secuestro se encuentra en este momento liberada y en compañía de su familia”, aseguró.

En la misma línea, señaló que los autores del secuestro y el asesinato de los cuatro acompañantes que iban en la camioneta, ya están bajo custodia policial.

“Están detenidos, incluyendo al gatillero que disparó contra las personas de esa camioneta”, precisó.

Adicionalmente se ha detenido al operador logístico, al que coordinó con los miembros de la organización ´Los Pulpos´, que están fuera del Perú, quienes dieron los uniformes, las armas y todo el equipamiento logístico. Ese individuo también se encuentra detenido", agregó.

Los intervenidos en El Porvenir y en Chepén son Frank Junior Quezada Cruz (23) “Ñato”, Julio Zavaleta Quezada (19) “Juliacho”, Cesar Iván García Rivera (20) “Bolacho”, Ángel Fabricio Bocanegra Linares (19) “Folo” y José Miguel Cherrepe Dávila (18) “Ares”.

Todos con antecedentes policiales y varios tenían requisitoria.

“Tengo que reafirmar la voluntad del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori de librar una guerra, una batalla sin tregua y sin cuartel contra la extorsión, el sicariato. Nuestro propósito es neutralizar a todas estas organizaciones criminales. Hay que acabar con estas organizaciones”, sostuvo.

Precisamente, ayer por la tarde, la presidenta Keiko Fujimori envió un mensaje a través de sus redes sociales para enviar las condolencias y solidaridad con la familia de las cuatro personas asesinadas en el secuestro del empresario en Trujillo.

“Mi reconocimiento a nuestra Policía por su rápida y firme respuesta en este caso. Cuatro presuntos implicados en este repudiable crimen fueron capturados y el ciudadao que permanecía secuestrado fue liberado. No vamos a dar tregua a la delincuencia. El Gobierno responderá con firmeza”, escribió en X.

MÁS DETALLES

En la conferencia, el comandante general Arriola dijo que el móvil del secuestro todavía se encuentra en investigación.

“El móvil (del secuestro) es un tema que está en análisis y evaluación para no especular respecto del mismo. Recordemos que el caso reviste de una circunstancias muy sui géneris, muy extraordinarias, atípicas para ciertos comportamientos criminales en lo que es el estudio del desarrollo de esta organización”, afirmó.

En la conferencia, Arriola precisó que se trata de una “liberación”.

“Las investigaciones y las actuaciones policiales se encuentran en giro. En el momento oportuno daremos cuenta del resultado de esta investigación”, sostuvo.

Por su parte, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, dijo que “sin triunfalismo” se ha capturado a integrante de la banda criminal “Los Pulpos” implicados en el hecho.

“He venido por disposición de la presidenta de la República. Hemos cumplido lo que siempre hacemos por Trujillo”, dijo.

Consultado por si la familia del empresario pagó dos millones de soles para liberarlo, Revoredo señaló que “son procedimientos especiales que hay que seguir”.

“Yo no puedo hablar de dinero porque eso debe demostrarse”, agregó.

Por su parte, el general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad, indicó que “en todo secuestro tiene que haber una negociación”.

“Yo no tengo la información (al ser consultado por cuánto pagaron). Yo me preocupo por la integridad, en la investigación se dirá si se pagó o no se pagó, pero yo me preocupo porque la persona esté a salvo. No sé si la familia ha pagado o no ha pagado, nuestro trabajo es policial, sino como tengo a cinco criminales detenidos”, señaló.

Además, indicó que se seguirá trabajando para desarticular a la banda criminal “Los Pulpos” que se encuentra arraigada en el Perú hace 30 años.

Ayer por la noche, llegó a Trujillo Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, para tomar competencia en la investigación.

EN LA MIRA

La liberación del empresario no deja de poner en la mira al comandante general Arriola.

Ayer por la mañana, la diputada Norma Yarrow (Renovación Popular) comentó que ya tiene las firmas necesarias para presentar un proyecto de ley que permitirá la remoción de Arriola.

“Creo que (Arriola) debió estar afuera hace rato”, indicó.

La legisladora también respondió por las declaraciones que dio su colega José Baella, quien consideró que antes de retirar a Arriola del cargo debe realizarse un análisis profundo debido a las consecuencias que un cambio en la Comandancia General tendría sobre toda la estructura de la Policía.

“El señor Baella no ha vivido lo que hemos vivido nosotros en el congreso anterior viendo a Arriola como solamente custodio durante tres años o dos años a Vladimir Cerrón”, sostuvo.

A esto se le suma lo dicho por Edgar Mancha, tercer vicepresidente del Congreso, quien consideró que no existen acciones concretas sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Lo que ha pasado en Trujillo ya es el colofón de la ineptitud de este señor (Óscar Arriola)”, indicó el también representante de Renovación Popular.

Además, el Comité Ejecutivo Nacional y la bancada de Ahora Nación, exigió la renuncia de Arriola.

Mediante un pronunciamiento, el grupo condenó el ataque criminal ocurrido en Trujillo y consideró que el hecho “es la prueba más brutal del fracaso de la conducción policial actual”.

“Exigimos la renuncia del comandante general Arriola. Su continuidad ya no es sostenible”, agregó.

El Congreso todavía tiene pendiente debatir un proyecto de ley que impulsó Juntos por el Perú para habiliar al presidente a cesar en funciones al comandante general antes de los dos años de gestión.

Pedidos

La diputada Gina Duarte, del Partido del Buen Gobierno (PBG), solicitó al presidente de la Comisión de Educación, Segundo Castrejón, que cite al titular del sector a la próxima sesión del grupo de trabajo.

La solicitud fue presentada luego de que un informe periodístico revelara que Chang y Ramírez coincidieron en tres viajes al extranjero antes del nombramiento: dos a Estados Unidos y uno a Panamá.

“Creo que un ministro de educación tiene que ser un ejemplo a seguir. Tiene que ser una persona intachable, lo que sí no es correcto es utilizar este tipo de relaciones para un nombramiento en una cartera pública.”, sostuvo a RPP.

Además, afirmó que la meritocracia debe estar “por encima de todo” y cuestionó que las relaciones personales puedan influir en el acceso a cargos públicos.

Por su parte, el diputado Víctor Piñán (Partido Cívico Obras) envió un oficio a Chang para requerir información documentada sobre las circunstancias, razones y criterios que motivaron la elección de Ramírez.

“No basta con que una designación sea formalmente válida”, señaló en el documento.

En ese sentido, sostuvo que el Minedu debe acreditar que actuó con “absoluta imparcialidad” y descartar intereses particulares, recomendaciones políticas o vínculos personales.

Asimismo, pidió que el ministro explique cuál fue la principal razón para elegir a la exparlamentaria. También solicitó conocer si hubo otros candidatos y requirió los informes técnicos que respaldaron la decisión de nombrarla.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, se pronunció este lunes sobre el operativo desplegado en Trujillo, La Libertad, que permitió liberar al empresario minero Jens Lara Tantaquilla y detener a cinco presuntos implicados en su secuestro. El hecho ocurrió durante la madrugada del último domingo y dejó, además, cuatro personas asesinadas.

El titular del Mindef también fue consultado por la ausencia del ministro del Interior, César Astudillo, durante los operativos desplegados en la capital de La Libertad, pese a que la Policía Nacional del Perú se encuentra bajo su sector.

“Esto ha sido una coordinación que hemos hecho estrechamente entre el ministro Astudillo, la presidente de la República, quien habla, el premier Galarreta y más que eso no le podría informar; pero no ha sido por falta de voluntad del ministro. Él ha tenido otras responsabilidades también vinculadas a esta operación”, declaró a RPP.

En relación con el operativo desplegado por el caso del empresario Lara Tantaquilla, el ministro evitó precisar si su liberación se produjo mediante una negociación con los captores o como resultado de una intervención directa de las fuerzas del orden.

El titular de Defensa explicó que revelar detalles específicos del operativo en este momento podría poner en riesgo las acciones policiales que aún se encuentran en curso. Precisó que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y capturar a los principales integrantes de la organización delictiva.

“Lo que hay es una operación de inteligencia compleja y en curso. Y yo no puedo ya dar más detalle de eso, porque no puedo comprometer una operación que no está terminada. Ya cuando toda la operación haya concluido podemos dar los detalles”, sostuvo el ministro. 

“Lo que puedo decir es que la persona se encuentra sana y salva y los autores materiales de este hecho se encuentran tras las rejas”, añadió.

Consultado sobre si se efectuó algún pago a los secuestradores para facilitar la liberación del empresario, Belaunde reiteró que mantendrá en reserva los detalles del operativo mientras continúan las investigaciones.

“Todo eso es parte de una labor de inteligencia que está en proceso todavía. Entonces, yo en ese detalle no voy a entrar en este momento”, señaló.

El ministro también explicó que la captura de los sospechosos fue posible gracias al uso de herramientas tecnológicas que permitieron rastrear llamadas vinculadas a redes criminales que operan desde el extranjero. Según señaló, esta labor de seguimiento permitió identificar progresivamente a los integrantes del grupo delictivo y concretar sus detenciones.

“Las capturas se han podido hacer debido a la tecnología que ha utilizado la Policía para poder triangular llamadas [...] En base, entre otras cosas, a llamadas que provienen de miembros de esta organización criminal desde el exterior hemos podido dar con un integrante y a partir de ese integrante hemos sido [sic] en efecto dominó capturando al resto del equipo”, aseguró.

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciar una investigación formal, por un plazo de 15 días útiles, contra el legislador Julián Pérez Mallqui, integrante de la bancada de Juntos por el Perú.

La medida fue adoptada luego de admitirse a trámite la denuncia por una presunta infracción al Código de Ética, relacionada con supuestos actos de violencia física y psicológica contra su expareja.

El informe de calificación fue aprobado con seis votos a favor durante la segunda sesión ordinaria de la comisión.

Según informó Canal N, el procedimiento corresponde al Expediente 001-2026-2027/CEP-CR, luego de que la denuncia cumpliera con los requisitos establecidos en el reglamento del Parlamento.

La sesión estuvo presidida por Henry Albañil, titular de la comisión y legislador del Partido Cívico Obras.

El recurso inicial que dio origen a la investigación fue presentada por el diputado Christian Aranda, integrante de la bancada de Renovación Popular.

El informe recibió el respaldo de los diputados Henry Albañil Carmona, Jessica Pérez Quispe, Harvey Colchado Huamaní, Edwin Espinoza Huilca, Javier Cipriani Thorne y Mery Infantes Castañeda.

La resolución de admisibilidad concluyó que la denuncia cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 133 y 134 del Reglamento del Congreso.

El presidente de la comisión confirmó ante los medios de comunicación que la etapa de investigación tendrá una duración de 15 días hábiles, periodo en el que se recopilarán los elementos probatorios correspondientes.

Albañil Carmona precisó que, durante este periodo, está prevista la toma de declaración de la presunta agraviada, identificada con las iniciales L.E.B.V.

La comisión procederá a notificar formalmente los actuados a las partes involucradas, a fin de que el parlamentario denunciado pueda ejercer su derecho a la defensa.

Los integrantes de la comisión evaluarán los informes técnicos y los descargos de las partes antes de emitir un pronunciamiento final, que posteriormente será elevado al pleno de la Cámara de Diputados.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó sus “más sentidas condolencias y solidaridad” a los familiares de las cuatro víctimas mortales del crimen ocurrido durante el secuestro de un empresario minero en Trujillo, región La Libertad.

A través de su cuenta en X, la mandataria reconoció públicamente a la Policía Nacional del Perú (PNP) por su “rápida y firme respuesta” frente a este “repudiable crimen”. Asimismo, confirmó que las acciones desplegadas permitieron capturar a cuatro presuntos implicados y liberar al ciudadano que permanecía secuestrado.

“No vamos a dar tregua a la delincuencia. El Gobierno responderá con firmeza”, afirmó la jefa de Estado.

Expreso mis más sentidas condolencias y solidaridad con las familias de las cuatro víctimas, quienes perdieron la vida ayer en la ciudad de Trujillo.

Mi reconocimiento a nuestra @PoliciaPeru por su rápida y firme respuesta en este caso. Cuatro presuntos implicados en este…

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 31, 2026

Trujillo: Capturan a los implicados del asesinato de cuatro personas y liberan a empresario secuestrado

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, confirmó la liberación de Jens Lara Tantaquilla, quien permanecía secuestrado desde la madrugada del último domingo en Trujillo. Según explicó el titular del sector, la Policía Nacional logró ubicar al empresario tras realizar diversas diligencias para dar con su paradero.

Belaúnde indicó que el empresario ya se encuentra junto a sus familiares, luego del operativo desplegado por las fuerzas del orden desde la mañana de ayer.

Durante el operativo, los agentes policiales detuvieron a los cuatro ocupantes de la camioneta utilizada para perpetrar el secuestro, quienes son señalados como los presuntos autores materiales del rapto. Entre ellos se encuentra el sujeto acusado de disparar contra las cuatro personas que acompañaban a la víctima al momento del ataque.

En ese sentido, las autoridades capturaron al presunto operador logístico de la organización, quien habría coordinado con integrantes de Los Pulpos que se encuentran fuera del país para obtener uniformes, armas y otros implementos empleados en el hecho delictivo.

Los cinco intervenidos fueron ubicados en los distritos de El Porvenir y Chepén. Se trata de Frank Junior Quezada Cruz (23), alias “Ñato”; Julio Zavaleta Quezada (19), “Juliacho”; César Iván García Rivera (20); Ángel Fabricio Bocanegra Linares (19), “Folo”; y José Miguel Cherrepe Dávila (18), “Ares”.

Según información policial, todos registran antecedentes y varios de ellos cuentan con requisitorias vigentes.

La Policía Nacional señala que los operativos desplegados tras el secuestro permitieron identificar y detener a presuntos integrantes de la banda. De acuerdo con la información policial, las intervenciones ejercieron presión sobre los captores, quienes finalmente decidieron liberar al empresario.

El empresario fue ubicado en Víctor Larco, cerca de la zona donde reside en Trujillo. Tras ser encontrado, quedó bajo resguardo policial mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo su liberación.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Giannina Avendaño Vilca (JPP), aprobó por mayoría, con 18 votos a favor y dos en contra, mantenerse en sesión permanente.

La medida busca facilitar el análisis de la propuesta del Poder Ejecutivo para delegar facultades legislativas en asuntos vinculados con la modernización del Estado y el fortalecimiento de la economía nacional.

El planteamiento fue formulado por el diputado Frank Krklec Torres (RP) y recibió el respaldo de la diputada Cecilia Chacón de Vettori (FP). Ambos consideraron necesario agilizar el debate parlamentario debido a la actual coyuntura del país.

La declaratoria permitirá a la comisión convocar las reuniones extraordinarias que sean necesarias y recibir a los representantes de los ministerios involucrados, quienes deberán sustentar los alcances de la propuesta.

Durante el debate, los integrantes de la comisión resaltaron la importancia de realizar una evaluación rigurosa para establecer los límites de las materias que podrían ser delegadas. De esta manera, se busca agilizar la discusión y elaborar un dictamen que pueda ser sometido a votación del pleno en el menor tiempo posible.

En la sesión, la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño Vilca, informó que la Mesa Directiva elaborará una propuesta de reglamento para regular el funcionamiento de las ligas parlamentarias. La medida responde a las cerca de 70 solicitudes recibidas para conformar e integrar estas agrupaciones.

Avendaño Vilca señaló que este número de pedidos hace necesario establecer criterios formales y procedimientos claros que permitan ordenar su conformación y funcionamiento dentro del ámbito legislativo.

Asimismo, Avendaño Vilca señaló que la implementación del modelo bicameral en el Congreso de la República plantea la necesidad de evaluar la creación de ligas parlamentarias bicamerales y establecer mecanismos de coordinación permanente entre la Cámara de Diputados y el Senado.

Finalmente, la presidenta de la comisión confirmó que durante la próxima sesión ordinaria se presentará el Plan de Trabajo oficial de la Comisión de Constitución, el cual será puesto a consideración de sus integrantes para su evaluación y aprobación.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que se analiza la posibilidad de trasladar algunos coches de Caltrain a distintas regiones del sur del Perú.

El burgomaestre precisó que, de los cerca de 100 coches que llegaron al Perú desde Estados Unidos, se analiza la posibilidad de trasladar algunos a las regiones de Tacna o Puno.

“Son casi 100, son 96 o 97 coches. Entonces, hay la posibilidad de que se le pueda llevar un servicio de primer nivel a la ciudad de Puno, a la ciudad de Tacna, y hay conversaciones que se han venido tratando de forma preliminar aún con los gobernadores de estas ciudades. Si esto requiere una modificación de la donación, decir esto con claridad, tendremos que hablar con la empresa Caltrain de los Estados Unidos”, señaló durante la supervisión de obras de la Vía Expresa Grau.

Como se recuerda, el gobernador regional de Tacna remitió un oficio al alcalde de Lima para solicitar el inicio de mesas de diálogo que permitan evaluar la transferencia del material ferroviario de la empresa estadounidense Caltrain, actualmente ubicado en la capital.

La iniciativa tiene como objetivo contribuir a la renovación integral de la infraestructura del ferrocarril Tacna-Arica, cuyo expediente técnico ya cuenta con autorización.

Masacre en Trujillo: Renzo Reggiardo pide al Congreso aprobar facultades legislativas para enfrentar delincuencia

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió al Congreso aprobar el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo para adoptar nuevas medidas frente a la delincuencia. El burgomaestre cuestionó que algunos parlamentarios puedan retrasar su evaluación por razones políticas y sostuvo que el país no puede esperar ante el avance de la violencia criminal.

Cuestiona demora del Congreso

Reggiardo señaló que los congresistas deben asumir responsabilidad ante la ciudadanía si continúan postergando la decisión sobre las facultades solicitadas por el Gobierno. El alcalde sostuvo que quienes bloqueen o dilaten su aprobación deberán responder por las consecuencias de esa decisión.

“Y responsabilizaremos los peruanos, aquellos congresistas que están bloqueando las facultades legislativas, que por cálculo político es increíble esto, pretenden bloquear las facultades legislativas o dilatarlas. No podemos esperar más tiempo”, expresó.

Advierte sobre circulación de armas

Reggiardo también planteó atender la circulación de armas de fuego como parte de las medidas contra la inseguridad ciudadana. El alcalde consideró que esta problemática requiere acciones adicionales a las que puedan aprobarse mediante las facultades legislativas.

El burgomaestre sostuvo que el Estado debe trabajar para reducir la disponibilidad de armamento utilizado en hechos criminales. Su planteamiento fue formulado en el contexto de los recientes episodios de violencia registrados en el país.

“Y quiero decir algo más, el gran problema aquí, uno de los grandes problemas vinculados al de la inseguridad, son las armas de fuego. Es momento de trabajar también en combatir la enorme proliferación de armas de fuego, más allá de las facultades legislativas que el Congreso tendrá que aprobar y lo debe hacer con responsabilidad”, sostuvo.

Reggiardo reiteró que enfrentar la delincuencia requiere la intervención coordinada de las autoridades estatales. Asimismo, insistió en que el caso de Trujillo debe ser esclarecido hasta identificar a todos los responsables.

La bancada de diputados de Juntos por el Perú planteó este lunes convocar al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y a los titulares del Interior y Defensa, César Astudillo y Rafael Belaúnde, respectivamente, para que expliquen las acciones que viene adoptando el Gobierno frente a la actual crisis de inseguridad ciudadana.

La solicitud fue formalizada mediante una moción de orden del día presentada por la diputada Catherin Palomino Casavilca, quien hizo referencia al reciente asesinato de cuatro personas y al secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo. Ambos hechos fueron atribuidos a un comando de delincuentes que simuló una intervención policial.

Entre los hechos expuestos en la moción también figura el crimen de Betsy Rosa Mallma Sarmiento, dirigente de la olla común “Virgen de Guadalupe”, quien fue asesinada a balazos delante de sus hijas en San Juan de Miraflores.

“Estos hechos evidencian el nivel de organización, violencia y capacidad operativa alcanzado por las estructuras criminales, frente a las cuales las medidas aisladas, temporales o limitadas a determinadas circunscripciones resultan insuficientes”, indica la moción a la que tuvo acceso RPP.

“En consecuencia, se requiere una estrategia nacional articulada que comprenda acciones de prevención, inteligencia, investigación criminal, control territorial y penitenciario, persecución del financiamiento ilícito, protección efectiva de las víctimas y mecanismos verificables de seguimiento y rendición de cuentas”, agrega.

Frente a este escenario, la moción plantea que el titular de la PCM informe “sobre la conducción y articulación de la respuesta general del Gobierno ante la inseguridad ciudadana”. Asimismo, solicita que el ministro del Interior explique “sobre la estrategia policial, operativa y de inteligencia”, mientras que al ministro de Defensa, “sobre los alcances y protocolos de la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional”.

Para concretar este pedido, la bancada solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, que, una vez aprobada la moción, se “convoque con carácter inmediato a una sesión plenaria extraordinaria para la concurrencia de las autoridades invitadas”.

El Gobierno continúa evaluando cambios en la distribución de los feriados nacionales. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, afirmó que trasladar determinadas fechas al lunes es una medida “compleja” y planteó como una alternativa concentrar tres feriados vinculados a las Fuerzas Armadas alrededor del 27 de julio.

Sheput, quien asumió como titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) el 28 de julio de 2026, realizó estas declaraciones en una entrevista con Tenemos que hablar, programa de YouTube de El Comercio.

“Estamos evaluando porque es un tema bien complejo, aparenta ser fácil lo de pasar todo para el lunes”, sostuvo el ministro.

Sheput propone un “gran feriado” desde el 27 de julio

Entre las alternativas que analiza el Ejecutivo, Sheput mencionó la posibilidad de reorganizar tres feriados vinculados a las Fuerzas Armadas y agruparlos alrededor de las celebraciones de Fiestas Patrias.

“Tenemos que revisar opciones, una de ellas es que tres feriados de las Fuerzas Armadas pasen al 27 de julio. De esta manera, tendríamos un gran feriado”, señaló.

La propuesta aún se encuentra en evaluación y no constituye, por ahora, un cambio aprobado en el calendario nacional.

El propio Sheput había indicado a fines de julio que el Gobierno no tenía previsto aumentar ni eliminar el número total de feriados sin una evaluación previa de sus impactos.

¿La ley vigente obliga a trasladar los feriados al lunes?

Durante la entrevista, el ministro recordó que el Decreto Legislativo 713, promulgado originalmente en 1991, contempló el traslado de determinados feriados al lunes.

Sin embargo, la regulación fue modificada posteriormente.

El texto vigente del artículo 7 del Decreto Legislativo 713, sustituido por la Ley 26331 en 1994, establece que los feriados nacionales incluidos en la norma se celebran en la fecha correspondiente. El traslado al lunes inmediato posterior se mantiene para otros feriados no laborables de ámbito no nacional o gremial.

Por ello, un eventual traslado generalizado de los actuales feriados nacionales requeriría cambios en la regulación vigente.

En 2025, la Comisión de Trabajo del Congreso ya aprobó un dictamen que planteaba trasladar determinados feriados al lunes para generar fines de semana largos, promover el turismo interno y reducir el impacto sobre la productividad.

Consejo Nacional de Trabajo debatirá el sueldo mínimo

Sheput también adelantó que el próximo jueves 3 de septiembre se reunirá el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), instancia de diálogo tripartito entre Gobierno, trabajadores y empleadores.

Entre los temas anunciados se encuentran la Remuneración Mínima Vital (RMV), la formalización laboral y posibles medidas frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

El Gobierno ha anunciado previamente su intención de iniciar el proceso para incrementar la RMV, actualmente fijada en S/1.130, hasta S/1.300, propuesta que deberá pasar por la discusión del Consejo Nacional de Trabajo.

MTPE busca establecer una fórmula para revisar la RMV

Respecto al salario mínimo, Sheput afirmó que buscará establecer una fórmula que reduzca las controversias que suelen producirse cada vez que se plantea una modificación.

“Quiero implementar de una vez por todas una fórmula que evite ese tipo de discusiones”, señaló.

El Consejo Nacional de Trabajo es el principal espacio institucional de concertación sociolaboral del país y reúne a representantes del Ejecutivo, organizaciones sindicales y gremios empresariales. A inicios de agosto, Sheput ratificó a Jorge Alberto Larrea De Rossi como secretario técnico del CNTPE y señaló que la remuneración mínima sería uno de los temas prioritarios del diálogo.

¿Qué plantea Trabajo ante los efectos de El Niño?

Otro punto que será abordado es el impacto que un fenómeno climático adverso podría producir sobre empresas y trabajadores.

Sheput señaló que algunas actividades podrían sufrir paralizaciones que generen situaciones de desempleo temporal o dificultades para mantener las operaciones.

“En conjunto con todos ellos hay que ver los mecanismos adecuados para que los trabajadores no se perjudiquen y los empleadores tampoco”, indicó.

La intención del MTPE es que empleadores y trabajadores participen en el diseño de posibles mecanismos laborales aplicables frente a escenarios en los que determinadas empresas no puedan producir o vender temporalmente.

Informalidad y automatización también entran en la agenda

El ministro también identificó a la informalidad y la automatización como desafíos que pueden modificar la estructura del empleo y el financiamiento de la seguridad social.

Sheput puso como ejemplo al Sistema Nacional de Pensiones administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), cuya recaudación depende de los aportes de trabajadores formales.

Según explicó, una menor participación del empleo formal reduce la cantidad de trabajadores que contribuyen al sistema.

A este desafío se añade, sostuvo, la automatización: las empresas pueden incrementar su productividad utilizando nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, necesitar menos trabajadores en determinadas actividades.

Para el titular del MTPE, estos cambios obligan a revisar las políticas de empleo, formalización y protección social frente a una estructura laboral que está evolucionando.

¿Cómo encontró el Mindef, cuál es su balance este primer mes?

Creo que hay, por ejemplo, que poner a punto el parque de helicópteros que venía muy mermado. Hay compras militares pendientes. También hay espacio para mucho recorte, ya que hay gasto innecesario. Es evidente que la alta rotatividad de ministros y de gobiernos ha generado una merma en ello.

¿Cuáles serían estos gastos “innecesarios”?

Se han multiplicado los CAS tremendamente: los permanentes y los temporales. El ministerio puede operar de manera mucho más potente ajustando significativamente ese tipo de gastos. Hay que tener mayor control en el tema de las adquisiciones. Hay que ver el tema de la Agencia de Compras, y la FAME (Fábrica de Armas y Municiones del Ejército).

¿Y cómo fue su integración al gabinete Galarreta?

Muy bien. Hay gente que viene de otras canteras políticas, no es un gabinete sectario ni que mire hacia adentro. Tiene mucha homogeneidad en la concepción económica; promover la inversión, eliminar trabas burocrática que golpean sobre todo a la pequeña y microempresa.

La presidenta Fujimori, ¿ha dado alguna disposición a ustedes como ministros de rendir cuentas cuando son cuestionados por la prensa o tienen algún tipo de investigación?

No, nosotros hemos tenido absoluta libertad en conformar nuestros equipos de trabajo. No ha habido ninguna presión o cuota o nada de esa naturaleza. En lo personal, no. No me ha hecho ningún requerimiento. Hemos podido trabajar, digamos, tranquilamente.

Lo consulto porque, en palabras de la misma mandataria, el ministro Bengolea dio explicaciones a sus cuestionamientos en su contra...

Sí, pero las pidió dar él, no es que se las pidieron, sino en un momento que estuvo el gabinete almorzando, él quiso dar una explicación por iniciativa propia de la situación que se estaba ventilando en la prensa, y fue algo que nació de él. Todos nos hemos quedado muy tranquilos con eso.

¿Y usted, ha tenido que dar algún tipo de explicación por su interpelación en el Congreso por el caso Evangelina Arias?

No, entiendo que el grueso de la interpelación es sobre el estado de emergencia en Pataz, si uno ve el pliego interpelatorio. Pero ninguna explicación, ahí no hay nada por fuera de lo que manda el marco legal. En el Perú, creo que con acierto, se permite el financiamiento privado de la política, ya sea a través de una persona natural, como ha sido mi caso, o personas jurídicas.

¿No considera que es un conflicto de interés que la presidenta de una minera como Poderosa esté vinculada a usted?

Cualquier aporte de una persona natural o jurídica a un partido político se prestaría a esa misma suspicacia. Una cosa es la posibilidad de que exista el conflicto y otra cosa es que ese conflicto se materialice en algo que es muy fácil de verificar. Si una persona ha colaborado en un partido y después obtiene una ley, obtiene una prebenda, ahí se vería de manifiesto ese conflicto. Por eso es importante que todo sea sobre la mesa.

Entonces, ¿qué es lo que busca JP con esta moción?

Es un poco la esgrima parlamentaria, hacer sentir su peso, su poder. A mí me han interpelado antes que se constituyan las comisiones. No había ni siquiera Comisión de Defensa constituida ni en el Senado ni en Diputados. Pero igual, estoy a la espera de que esto lo vea el pleno. En caso se me interpele, tendré que ir y contestar con veracidad y con el mayor espíritu democrático.

¿No lo considera una presión?

No, obviamente el tiempo que voy a dedicar a eso es tiempo que podría estar dedicado en la emergencia de El Niño o en poner los retenes militares en los penales, en fin. Es parte de las reglas de la democracia, hay que verlo con buen ánimo.

¿Cree que JP busca devolver favores a la minería ilegal disfrazada de informal tras el apoyo que han recibido en campaña?

Sería especular. Creo que es evidente que en el pasado la minería ilegal ha financiado muchas campañas, pero no me atrevería a señalar que JP fue financiada por la minería ilegal. Eso no me consta. Pero, por eso, yo reivindico la política y el ordenamiento jurídico que señala que los privados que quieren colaborar a un partido político sea sobre la mesa, fiscalizado, regulado, para que toda la documentación sea pública.

La prensa internacional advierte que el Perú está perdiendo la batalla contra la minería ilegal, ¿cómo evalúa esto?

Es un tema complejo porque un minero artesanal que está en una concesión privada es ya un minero ilegal. Esos no son contra los que tenemos que combatir. Eso se va a resolver a partir de la Ley para la Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE). Nosotros, desde las FF. AA., actuamos contra la minería criminal real, contra organizaciones que utilizan y se protegen con armamento de guerra, que utilizan explosivos contra las fuerzas del orden, contra la población civil.

¿Deberían formalizarse los pequeños mineros?

El proceso de formalización es necesario en muchísimas personas que viven de la minería artesanal y están en situación de informalidad. La ley lo que tiene que hacer es recogerlos y darles una posibilidad a que se formalicen. Pero evidentemente la ley MAPE anterior, la que se quiso aprobar, era convertir el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) en ley, eso tampoco era aceptable porque el Reinfo ha sido el principal instrumento para perpetuar y promover la informalidad minera del Perú.

Entonces, ¿está en contra de la ampliación del Reinfo?

Creo que se puede, en tanto no exista una ley, tiene que haber un marco legal que los ampare. Pero sí tenemos que ser conscientes que el Perú no puede vivir sin una ley que regule y promueva e incorpore la minería artesanal y la pequeña minería. Esto requerirá que todos cedan en algo.

Pero en el caso de Pataz, ¿qué han identificado?

En la situación de Pataz, hay una población grande que se dedica a la minería informal y lo que ocurre es que ellos son también víctimas de estas organizaciones criminales, que han entrado y tienen sometida a la población a través de la extorsión, el secuestro y la toma directa de sus operaciones mineras.

¿Cómo están actuando?

En lo que va del año, hemos incautado ya como 80 fusiles, más de media medio centenar de pistolas, granadas, pertrechos militares, chalecos antibalas, cosas que nada tienen que ver con la minería artesanal. Un fusil no tiene ninguna aplicación útil para la minería artesanal, tampoco una pistola ni una granada. Entonces, lo que tenemos que promover es evidentemente el entendimiento entre la minera y los mineros informales, las asociaciones que los organizan para ir aislando a las organizaciones criminales y poder actuar decididamente contra ellos.

En un tema tan urgente, ¿qué opina de la elección de Yenifer Paredes como presidenta de la Comisión de Energía y Minas?

Es parte de la negociación política. No me parece mal en el sentido de que es la correlación de fuerzas y la dinámica parlamentaria lo que determina las asignaciones de las comisiones y quiénes las presidan. Lo que necesitamos es que, sea la diputada Yenifer Paredes u otra persona, hay que tener la voluntad de encontrar una ley que sea razonable y que funcione. El peor escenario es mantener el statu quo, es decir, la ausencia de ley.

Pero al no tener Paredes experiencia en el sector, ¿no caería en presiones de la minería ilegal?

Cada partido tiene su agenda parlamentaria, defiende sus intereses políticos. JP tiene particular interés en la Comisión de Energía y Minas. Me parece muy bien. Espero que no se convierta en una fuerza que obstruya también el desarrollo de la gran minería. El Perú requiere una reforma integral que promueva la pequeña, la mediana y la gran minería. Hay espacio para las tres.

Ahora están frente a la aprobación de las facultades legislativas, ¿qué pedido formuló?

El de tomar el control perimétrico de los penales para poner nuestros retenes con escáner, con detectores de metales, y tener un sistema que permita controlar todo lo que ingresa al penal. No solamente a las visitas, todo el personal administrativo, proveedores que llevan alimentos. Es decir, nada va a ingresar a un penal si no pasa por un retén militar y da previamente su visto bueno. Porque es una realidad que el grueso de las llamadas extorsivas se hacen desde dentro de los penales. Vamos a controlar también que estén funcionando los bloqueadores de señal celular, las 24 horas, todos los días de la semana para tener ese control.

¿Y en el tema migratorio?

Está vinculado a la situación de los indocumentados. Los que han venido a sumar y trabajan honestamente no son objetivo de las FF. AA.; pero los que han venido a dedicarse al gota a gota, a la extorsión, al sicariato o a delinquir, lo que vamos a hacer es identificarlos y expulsarlos. En el pedido de facultades está extender el plazo (de expulsión) para yo poder retenerlos en unos centros de retención, que estamos acondicionando en instalaciones militares en desuso, para una vez tener un grupo de 50 o 100, y expulsarlos del Perú a su país de origen.

¿Realmente usted cree que la participación de las FF. AA. en la lucha contra la inseguridad está dando resultados?

Ha tenido resultados muy limitados porque hay un marco legal que no permite actuar con la contundencia que se requiere, especialmente en los cascos urbanos. Pero los estados de emergencia donde las FF. AA. han participado sí ha habido avance. Hoy el Alto Guayaga está absolutamente pacificado y es la economía legal y formal la que opera ahí. Lo mismo la zona del Monzón, es decir, las zonas en el VRAEM que eran muy peligrosas se han ido reduciendo. Ahora están básicamente constreñidas en Vizcatán del Ene. Lo mismo en la frontera norte contra la disidencia de las FARC. Ahí se están conduciendo operaciones muy efectivas con resultados muy alentadores también. Buscamos poder exterminarlas por completo.

En su lectura, ¿considera el Plan Escudo como efectiva?

No tengo los números porque yo no lo he conducido, pero el Ministerio del Interior tendría que hacer una evaluación. Pero la custodia en los parques de maniobra, me parece, que ha sido efectivo en el sentido de que no han habido atentados como hubo en el pasado. Ahí hay una presencia militar permanente. Nosotros, en algunos puntos críticos, la presencia militar continúa, pero es imposible tener un efectivo militar en cada unidad de transporte público. Eso por ahí no es, no está la solución.

¿Cuál es su principal meta que usted quiere cumplir como ministro de Defensa?

Tener los retenes militares establecidos en todos los penales de máxima seguridad, poder catalogar a los grupos, a las organizaciones criminales que queremos como grupos hostiles, y poder actuar sobre ellos con acción decidida. Es un término, una figura, no lo tomen en sentido literal, pero muerto el perro, muerta la rabia. Si nosotros neutralizamos a las organizaciones que extorsionan, no van a haber extorsiones en el Perú. Entonces, esa, desde el ámbito de la pacificación interna, es mi principal meta.

Los Hechos

La víctima del rapto fue identificada como Jenss Marty Lara Tantaquilla, empresario minero de 32 años de edad.

Cerca de las 3:00 de la mañana, Lara salía de una discoteca cuando el vehículo en que viajaba fue obligado a detenerse por una camioneta blanca Hilux, de la cual descendieron 3 sujetos con armas de largo alcance y vestidos como agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco).

Los supuestos policías rodearon la camioneta Ford Raptor blanca, de placa CZI-019, en la intersección de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel Bobadilla, urbanización El Recreo, a solo tres cuadras de la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo.

Las cámaras de videovigilancia de la zona registraron cómo los hampones apuntaron a los tripulantes y coaccionaron a Lara a descender del auto, luego de asesinar al conductor.

Posteriormente, cuando su objetivo ya estaba fuera del auto, los delincuentes dispararon al resto de sus acompañantes y luego huyeron. Según información preliminar, estarían pidiendo un millón de soles por su rescate.

También se observa que uno de los criminales intentó llevarse el auto de Lara, pero su sistema de seguridad se activó y este no arrancó. Ante ello, tuvo que escapar a pie.

Las víctimas mortales fueron identificadas como: Farhad Andrea Monzón Lingán (20), quien sería pareja de Lara; Nadia Edith Urtecho Rodríguez (28), una joven que estaría vinculada a la producción de eventos; y los guardaespaldas del empresario: Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas (37) y Christopher Eduardo García Álvarez (33).

Antecedentes

Según reportes policiales, Lara fue detenido en 2020 durante un operativo en Trujillo y fue vinculado con la organización criminal “Los Topos del Frío”, banda presuntamente dedicada a la extracción y comercialización ilegal de oro en la sierra de La Libertad.

En ese entonces, la PNP informó que esta red delictiva se extendió en las minas de Parcoy y que el mineral extraído era trasladado posteriormente a las ciudades de Lima, Ica, Piura y Arequipa para su procesamiento.

Respuesta

El general PNP Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad, confirmó el plagio del empresario minero horas después del ataque.

“Los delincuentes han usado camionetas Hilux para simular una intervención policial. En todas partes del mundo, incluso en las ciudades más seguras, los delincuentes se visten de policías”, manifestó ante la prensa.

Asimismo, Espinoza indicó que hallaron las prendas policiales usadas por los agresores, además de la ropa de la víctima, que habría sido retirada para eliminar cualquier dispositivo de rastreo.

“Este no es un hecho cualquiera. Se venía alertando hace muchos meses, tanto así que la unidad antisecuestros permaneció un tiempo considerable en la jurisdicción y había alertado a las posibles víctimas”, señaló.

“En estos momentos el ciudadano se encuentra en poder de los secuestradores, que podrían pertenecer a las organizaciones criminales Los Pulpos y la Jauría”, añadió el alto oficial.

No obstante, para Espinoza este atentado responde a la captura del cabecilla Andy Quispe Cruz de “Los Pulpos”, ya que su detención habría afectado las finanzas de la banda y aceleró su necesidad de recaudar dinero mediante nuevos delitos.

Aseguró que la institución utilizará todos los recursos disponibles para dar con el paradero de Lara. “Los vamos a capturar y lo vamos a abatir. Así como han utilizado la fuerza, la policía de igual manera utilizará la fuerza letal”, sentenció.

Por su parte, el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, cuestionó la eficacia del “Plan Cerco” frente a la magnitud del ataque.

“Se supone que, con bastante esfuerzo, municipalidad, gobierno regional han dotado de equipamiento. Me refiero a motocicletas y (...) más de 140 camionetas para el famoso Plan Cerco. Entonces (...) no funcionó el Plan Cerco, porque no han sido hasta el momento capturados”, precisó.

Reyna exhortó a la presidenta Keiko Fujimori y al ministro del Interior César Astudillo a viajar a su región para “dar la cara”.

“La presidenta no solamente tiene que dar logística, equipamiento, sino que la presidenta debería estar ya acá (...) debería estar el ministro del Interior dando la cara (...) no es cuestión de sacar a los soldados y ponerlos en la calle”, deploró.

A este llamado se sumó el Gobierno Regional de La Libertad, que no solo pidió la “presencia inmediata” de Fujimori sino también del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. “Necesitamos capturas realmente trascendentes”, puntualizó.

Análisis

El excomandante general de la PNP Jorge Angulo sostuvo que la violencia registrada en Trujillo responde a un problema estructural de criminalidad organizada que se ha consolidado durante años en La Libertad.

“Estas organizaciones criminales fueron evolucionando, generaron redes, incorporaron jóvenes, penetraron determinadas actividades económicas y aprendieron a utilizar la violencia como mecanismo de control y financiamiento”, señaló a Correo.

El exjefe de la Policía también advirtió que las organizaciones criminales han logrado vulnerar los mecanismos de inteligencia y contrainteligencia.

“Permitió la captación de elementos policiales en estas organizaciones, lo que hace más complejo el problema y su mitigación”, explicó.

Para Angulo, uno de los principales problemas es que la respuesta estatal ha sido reactiva. “Cuando el Estado llega después del delito y no antes, el crimen termina ganando territorio”, afirmó.

Sobre “Los Pulpos” y “La Jauría”, señaló que la captura de los cabecillas no garantiza la desaparición de una organización criminal. “Puede fragmentarse, cambiar de nombre, incorporar nuevos liderazgos y continuar operando”, refirió.

En referencia al ataque contra el empresario minero, Angulo hizo hincapié en “la logística, secuencia, planificación y utilización de armas de fuego” empleadas por los delincuentes, y cuestionó la autorización para civiles de armas que, según indicó, tendrían características similares a carabinas R15. “Estas armas deben ser retiradas o incautadas, y anular su autorización”, planteó.

Además, considera que el estado de emergencia no puede convertirse en una política permanente. “No debemos normalizar la emergencia como forma ordinaria de gobernar la seguridad ciudadana”, sostuvo.

A su juicio, cada prórroga debería demostrar resultados concretos en capturas, desarticulación de organizaciones, incautación de armas y reducción de homicidios y extorsiones.

La agrupación sostuvo que el ataque, perpetrado por delincuentes que habrían simulado una intervención policial, evidencia problemas en la conducción de la institución. Por ello, planteó que la permanencia de Arriola al frente de la PNP debe llegar a su fin.

“Exigimos la renuncia del comandante general Óscar Arriola. Su continuidad ya no es sostenible”, solicitó el partido.

¡ARRIOLA DEBE RENUNCIAR!
El brutal ataque en Trujillo confirma el fracaso de su gestión frente al crimen. El país necesita seguridad, no más excusas. pic.twitter.com/Yo7Es9Apvi

— BANCADA AHORA NACIÓN (@BancadaAN) August 31, 2026

Cuestionan pedido de facultades legislativas

El partido también se refirió al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y sostuvo que estas atribuciones no pueden sustituir las decisiones que corresponden al Gobierno. En ese sentido, pidió que la administración de Keiko Fujimori asuma directamente las acciones necesarias para enfrentar la criminalidad.

“Las facultades legislativas no reemplazan el liderazgo, la estrategia ni las decisiones que el Ejecutivo puede y debe tomar hoy”, expresó la bancada.

En dicho pronunciamiento también se hace un llamado a adoptar medidas frente a la violencia que afecta a distintas zonas del país. La bancada señaló que desde el Congreso fiscalizará los resultados de las acciones destinadas a combatir la delincuencia.

“El Perú no puede seguir gobernado por el miedo. Desde el Congreso exigiremos los resultados que hoy nadie está dando”, subrayó.

López Chau ofrece plan contra la inseguridad

Horas antes del mensaje, el líder de Ahora Nación y senador Alfonso López Chau puso a disposición del Ejecutivo el plan de seguridad ciudadana elaborado por su organización durante las últimas elecciones generales. El dirigente señaló que, pese a que su partido no obtuvo la Presidencia, la propuesta puede ser utilizada para enfrentar la criminalidad.

López Chau también mencionó la composición parlamentaria alcanzada por su agrupación, que cuenta con cuatro senadores y 10 diputados. El senador sostuvo que su organización mantiene disposición para contribuir con propuestas frente a la situación de inseguridad.

“Aquí estamos unidos todos. Todos condenamos este tema. Y yo creo que no ha habido un solo partido que no haya dicho que hay que actuar con mano dura y hay que actuar rápidamente. Nosotros teníamos un plan para resolverlo. Lamentablemente, el pueblo ha decidido otra cosa, le ha dado el triunfo a Fuerza Popular. A nosotros nos ha dado cuatro senadores y 10 diputados, pero nuestro plan está al servicio del país”, indicó.

Reto comunicó que la solicitud será derivada a la Comisión de Constitución y Reglamento para que continúe con el trámite correspondiente. Sin embargo, precisó que antes debe subsanarse la documentación exigida por el Reglamento de la Cámara de Diputados.

El oficio señala que entre los documentos remitidos por el Ejecutivo no figura el acta que acredita el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros para otorgar el carácter de urgencia al proyecto. El presidente de la Cámara de Diputados recordó que este documento constituye un requisito previsto expresamente en las normas parlamentarias.

La observación está vinculada específicamente con la documentación que sustenta la calificación de “Muy Urgente” solicitada para la iniciativa. Por ello, el trámite podrá continuar una vez que el Ejecutivo complete el expediente con el documento requerido.

#EnVivo

Presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, envía un oficio al jefe de Gabinete, Luis Galarreta, en el que le informa que no adjuntó el acta de sesión de Consejo de Ministros en la solicitud de la delegación de facultades legislativas

Encuentra más información en… pic.twitter.com/sv1MIh1fZR

— Canal N (@canalN_) August 31, 2026

Piden comunicar observación al Gobierno

Reto solicitó a Miguel Torres, presidente de la Cámara de Senadores, trasladar la observación al Poder Ejecutivo para que pueda corregir la omisión. El pedido fue formulado mediante un oficio dirigido al titular de la Cámara Alta.

En el documento, Reto precisa que la subsanación es necesaria antes de comenzar a contabilizar los plazos establecidos por el Reglamento de la Cámara de Diputados. La carta señala que, una vez corregida la documentación, podrá iniciarse el cómputo correspondiente.

“En ese sentido, agradeceré se sirva comunicar dicha observación al Poder Ejecutivo, a fin de que proceda a regularizar la presentación, cumpliendo adjuntar el requisito formal señalado”, se lee en el documento.

Plazos dependerán de la subsanación

La comunicación entre las cámaras se produce mientras el Ejecutivo busca que el Congreso tramite su solicitud de delegación de facultades legislativas. La falta del acta no implica el rechazo de la propuesta, sino una observación sobre los documentos que acompañan su presentación.

El presidente de la Cámara de Diputados explicó que el cumplimiento del requisito permitirá continuar con el procedimiento y activar los plazos previstos en el reglamento. Mientras ello no ocurra, el cómputo de esos periodos no podrá iniciarse.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, consideró que el Congreso de la República no debería oponerse al pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Gobierno, especialmente en materia de seguridad ciudadana.

En declaraciones a Radio Nacional, Vinelli sostuvo que la lucha contra la delincuencia constituye una de las principales demandas de la población y afirmó que el Ejecutivo necesita mayores herramientas legales para responder a la inseguridad.

“Nadie se va a oponer”, señaló al referirse a la posibilidad de que el Congreso apruebe el pedido del Gobierno.

Gobierno plantea nuevas medidas contra el crimen organizado

Vinelli explicó que la seguridad ciudadana ocupa el primer eje de la solicitud de facultades enviada al Parlamento.

Entre las medidas planteadas mencionó la posibilidad de calificar a determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles, con el objetivo de ampliar las herramientas disponibles para enfrentarlas.

También señaló que el Ejecutivo busca modificar la normativa para facilitar la expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan delitos en el Perú.

“No creo que el Congreso se oponga a que reforcemos los trabajos de seguridad porque es una problemática vigente y que la gente está reclamando”, expresó el ministro.

Vinelli vincula pedido de facultades con crimen en Trujillo

El ministro también se refirió al secuestro de un empresario y al asesinato de cuatro personas registrado en Trujillo.

Vinelli recordó que la presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que el Gobierno utilizará los recursos disponibles del Estado para enfrentar la criminalidad.

En ese contexto, señaló que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas forman parte de la respuesta planteada por el Ejecutivo frente a la escalada de violencia.

El ministro destacó además el desplazamiento del titular de Defensa, Rafael Belaunde, hacia La Libertad para supervisar las acciones desplegadas en Trujillo.

PNP y Fuerzas Armadas reforzarían acciones de seguridad

Vinelli sostuvo que el Ejecutivo busca una intervención más activa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado.

Según explicó, estas instituciones deberán reforzar operaciones en zonas consideradas críticas y apoyar las acciones destinadas a devolver seguridad a la población.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, ya anunció operaciones de rastrillaje y cercos territoriales en Trujillo como parte de la respuesta estatal frente a los recientes hechos criminales.

Ejecutivo solicita facultades legislativas por 120 días

El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para solicitar al Congreso facultades legislativas por un periodo de 120 días calendario.

La iniciativa contiene 66 pedidos distribuidos en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, simplificación administrativa, régimen tributario, modernización del Estado y vivienda y saneamiento.

Vinelli consideró que el Parlamento debería evaluar el pedido con rapidez debido a la gravedad de la situación de inseguridad.

El ministro también había señalado previamente que los integrantes del Gabinete acudirán al Congreso para sustentar las propuestas y buscar respaldo político para su aprobación.

Inseguridad se convierte en prioridad del Gobierno

Las declaraciones de Vinelli se producen en medio de una creciente preocupación por los homicidios, extorsiones y secuestros registrados en distintas regiones del país, especialmente en el norte.

El Gobierno sostiene que la delegación de facultades permitirá realizar cambios normativos con mayor rapidez para enfrentar a organizaciones criminales.

La aprobación, modificación o rechazo de las propuestas dependerá finalmente del Congreso de la República.

En declaraciones a Canal N, Yarrow se refirió a la posición de Baella, quien planteó que antes de retirar a Arriola debía realizarse un análisis sobre las consecuencias que tendría el cambio en la estructura de la Policía Nacional. La legisladora explicó que su colega, por su experiencia como general, mantiene una consideración vinculada con la institucionalidad de la PNP.

La diputada también recordó su experiencia durante el Congreso anterior para explicar su posición respecto al actual jefe policial. En ese sentido, mencionó la presencia de Arriola durante el periodo en que Vladimir Cerrón permaneció como prófugo de la justicia.

“En una bancada no tenemos que llegar todos a un acuerdo”, afirmó Yarrow al referirse a las diferencias entre los integrantes de Renovación Popular. La parlamentaria sostuvo que mantener posiciones distintas frente a un tema no implica una ruptura dentro del grupo parlamentario.

#EnVivo

Norma Yarrow, diputada: El general Óscar Arriola debió estar afuera hace rato

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Bancada prepara proyecto sobre la Comandancia General

Yarrow informó que los parlamentarios que respaldan su posición ya reunieron las firmas necesarias para presentar un proyecto de ley relacionado con la permanencia del comandante general de la PNP. La iniciativa busca abordar las reglas que actualmente regulan la continuidad y eventual salida del máximo jefe de la institución policial.

La legisladora también respaldó la posición del diputado Diego Bazán, quien ha cuestionado la continuidad de Arriola y planteado cambios en las normas que dificultan el relevo del comandante general. Para Yarrow, la situación de inseguridad requiere revisar estos mecanismos.

Yarrow afirmó que adoptó esta posición tras las consecuencias que la criminalidad tiene sobre las familias y comunidades afectadas por hechos violentos. Ante ello, expresó cuestionó la falta de resultados que atribuye a la actual conducción policial.

“Cuando te matan a un hijo, cuando destruyen a una persona de un comedor popular, que te dejan a cuatro huérfanos. ¿Hay que explicar, señor?”, expresó.

La diputada reiteró que las diferencias entre ella, Baella y otros integrantes de Renovación Popular forman parte de las posiciones individuales que pueden existir dentro de una bancada. Asimismo, sostuvo que estas discrepancias no impiden mantener la unidad del grupo parlamentario.

#EnVivo

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima: Responsabilizaremos los peruanos a aquellos congresistas que están bloqueando las facultades legislativas, que por cálculo político pretender bloquear las facultades legislativas o dilatarlas. No podemos esperar más tiempo

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Cuestiona demora del Congreso

Reggiardo señaló que los congresistas deben asumir responsabilidad ante la ciudadanía si continúan postergando la decisión sobre las facultades solicitadas por el Gobierno. El alcalde sostuvo que quienes bloqueen o dilaten su aprobación deberán responder por las consecuencias de esa decisión.

“Y responsabilizaremos los peruanos, aquellos congresistas que están bloqueando las facultades legislativas, que por cálculo político es increíble esto, pretenden bloquear las facultades legislativas o dilatarlas. No podemos esperar más tiempo”, expresó.

Pide esclarecer crimen en Trujillo

Este pedido se produjo luego del asesinato de cuatro personas en Trujillo, un hecho que calificó como una muestra de la situación de violencia que enfrenta el país. El alcalde reclamó que las investigaciones permitan identificar a los autores del ataque y determinar si hubo otras personas involucradas.

Reggiardo sostuvo que las diligencias deben establecer no solo quiénes ejecutaron el crimen, sino también si existieron personas o autoridades que tuvieron alguna participación. Por ello, pidió que la investigación continúe hasta determinar todas las responsabilidades.

“Es momento de actuar, es momento de generar una investigación exhaustiva para dar con el paradero de quienes habrían sido los autores de esta masacre, porque así está calificada y creo que hay que calificarlo como corresponde. hay que llegar hasta las últimas consecuencias, hay que ver quiénes están detrás de esto, hay que ver si esto implica o no autoridades”, declaró.

Advierte sobre circulación de armas

Reggiardo también planteó atender la circulación de armas de fuego como parte de las medidas contra la inseguridad ciudadana. El alcalde consideró que esta problemática requiere acciones adicionales a las que puedan aprobarse mediante las facultades legislativas.

El burgomaestre sostuvo que el Estado debe trabajar para reducir la disponibilidad de armamento utilizado en hechos criminales. Su planteamiento fue formulado en el contexto de los recientes episodios de violencia registrados en el país.

“Y quiero decir algo más, el gran problema aquí, uno de los grandes problemas vinculados al de la inseguridad, son las armas de fuego. Es momento de trabajar también en combatir la enorme proliferación de armas de fuego, más allá de las facultades legislativas que el Congreso tendrá que aprobar y lo debe hacer con responsabilidad”, sostuvo.

Reggiardo reiteró que enfrentar la delincuencia requiere la intervención coordinada de las autoridades estatales. Asimismo, insistió en que el caso de Trujillo debe ser esclarecido hasta identificar a todos los responsables.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirmó que el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, ocurrido durante el ataque que dejó cuatro muertos en Trujillo, habría sido coordinado desde el interior de un establecimiento penitenciario.

Durante una entrevista en Cuarto Poder, Belaúnde indicó que esta es la información preliminar que maneja el Gobierno y mencionó a una persona conocida con el alias de “Jhon Pulpo” como presuntamente vinculada a la planificación del hecho.

Gobierno apunta a coordinación desde un penal

“La información que tenemos es que esto, efectivamente, se ha coordinado desde dentro del penal”, declaró el titular del Ministerio de Defensa.

Belaúnde añadió que existe una persona identificada con el alias de “Jhon Pulpo” que estaría relacionada con el caso, aunque precisó que se trata de información que todavía forma parte de las investigaciones.

El ministro sostuvo además que los establecimientos penitenciarios continúan siendo utilizados para la coordinación de actividades delictivas y cuestionó las dificultades del Estado para impedir comunicaciones ilícitas desde las cárceles.

PNP investiga a Los Pulpos y La Jauría

La Policía Nacional del Perú mantiene como principales líneas de investigación a las organizaciones criminales Los Pulpos y La Jauría.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, señaló que la institución había recibido meses atrás información de inteligencia sobre la posible planificación de un secuestro, aunque entonces se desconocía quién sería el objetivo.

Según el jefe policial, el ataque contra Lara Tantaquilla no habría sido un hecho improvisado y las autoridades analizan cámaras de seguridad, desplazamientos de los vehículos utilizados y otras evidencias recogidas durante las investigaciones.

Ataque dejó cuatro muertos en Húsares de Junín

El secuestro ocurrió durante la madrugada del domingo 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo.

Delincuentes que utilizaron prendas e insignias similares a las de unidades policiales interceptaron el vehículo en el que viajaba Lara Tantaquilla junto con otras cuatro personas. Los acompañantes fueron asesinados y el empresario fue retirado por la fuerza.

La víctima fue identificada como Jenss Marty Lara Tantaquilla, empresario vinculado a actividades mineras en La Libertad. Su paradero continúa siendo materia de investigación.

Ministro anuncia operaciones conjuntas en Trujillo

Belaúnde señaló que el Ministerio de Defensa coordina acciones con la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas como parte de las operaciones desplegadas tras el crimen.

Entre estas medidas mencionó labores de inteligencia, rastreo y establecimiento de cercos en zonas donde las autoridades consideran que podrían encontrarse personas vinculadas con los responsables del secuestro.

También sostuvo que el Gobierno busca fortalecer el control del perímetro de los establecimientos penitenciarios para reducir el ingreso de objetos prohibidos y las comunicaciones de organizaciones criminales desde las cárceles.

🇵🇪 El Estado responde con firmeza en Trujillo

🎥 Por disposición de la presidenta de la República, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, llegó a Trujillo para reunirse con el Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, y coordinar acciones ante los hechos registrados. pic.twitter.com/Y1YSVvo6fZ

— Mindef Perú (@MindefPeru) August 31, 2026

Belaúnde pide mayores facultades contra el crimen organizado

El ministro consideró que el ataque ocurrido en Trujillo refleja la gravedad de la inseguridad ciudadana y reiteró el pedido del Ejecutivo para obtener facultades legislativas en materia de seguridad.

Belaúnde sostuvo que se requieren mayores herramientas legales para enfrentar organizaciones criminales y fortalecer las capacidades de inteligencia del Estado.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar qué organización planificó el secuestro, identificar a todos los involucrados y localizar al empresario.

La lista se distribuye en 13 candidaturas a gobiernos regionales, 23 a alcaldías provinciales y 143 a municipalidades distritales. Entre los antecedentes registrados aparecen delitos como tráfico ilícito de drogas, robo agravado, violencia familiar, secuestro, tortura y abuso sexual.

Dos candidatos registran condenas por abuso sexual a menores

Entre los expedientes revisados aparecen dos postulantes con condenas por delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Ambos casos corresponden a sentencias emitidas en 2003 y figuran en las hojas de vida presentadas ante las autoridades electorales.

Rildo Loyola Minaya, candidato a consejero regional por Áncash, fue sentenciado por la Sala Penal de Chimbote en 2003 por mantener una relación con una menor de 14 años. En Piura, Aníbal Santos Velásquez, postulante a la alcaldía de Sóndorillo, registra una condena de ese mismo año por abuso sexual contra una niña de 10 años.

El candidato de Sóndorillo también acumula dos condenas por omisión a la asistencia familiar. Los antecedentes forman parte de la información declarada durante el proceso de inscripción electoral.

Condenas por secuestro y delitos contra el orden público

En Huaraz, Áncash, Jabico Robles Blácido postula a la alcaldía provincial y registra una sentencia de cuatro años de prisión suspendida por secuestro y tortura. El caso se originó cuando participó en la retención durante cuatro días y agresiones contra personas señaladas como presuntos abigeos, durante su etapa como alcalde distrital de Olleros.

El expediente también consigna que su expareja lo denunció en 2014 por agresiones físicas y psicológicas. A raíz de esa denuncia se dictaron medidas de protección y se estableció el pago de una reparación civil.

En Ayacucho, Hermógenes Flores Salazar, candidato a la alcaldía de Chipao, recibió en enero de este año una condena de cinco años de pena suspendida. La sentencia está relacionada con su participación en actos que incluyeron la destrucción de material electoral durante los comicios de 2018.

En el distrito de Colca, Vladimir Muñoz Abel Alca registra una condena dictada en 2007 por agrupación ilícita. El expediente señala que irrumpió junto con otras personas en la municipalidad de Cangallo y que durante el hecho se realizaron disparos.

Alberth Castro Cruz, candidato a la alcaldía de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, registra una sentencia por apropiación ilícita relacionada con la sustracción de una mezcladora de construcción. También figura una condena de 2017 por maltrato psicológico contra su hija mediante un medio de comunicación radial.

Su expediente incluye además denuncias presentadas en 2001 por presuntas amenazas con un arma de fuego contra una mujer adulta mayor. Estos registros forman parte de los antecedentes consignados en su documentación electoral.

En Junín, Fernando Orihuela Rojas, exintegrante de Perú Libre y candidato de Podemos Perú, es investigado por presunto lavado de activos dentro del caso Los Dinámicos del Centro. El Ministerio Público le atribuye presuntamente haber direccionado licitaciones por más de cinco millones de soles mediante empresas relacionadas con su entorno familiar.

El postulante también registra una denuncia por agresión física contra su expareja ocurrida en febrero de 2023. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, según la información revisada.

¿Qué dijo la organización política?

La agrupación política fue consultada por las candidaturas que registran antecedentes y respondió mediante un comunicado. Podemos Perú indicó que actualmente atraviesa un proceso de reorganización.

La inscripción de los postulantes se produce pese a los planteamientos de su líder, José Luna Gálvez, sobre la lucha contra la corrupción. La nómina incluye candidatos para los distintos niveles de gobierno regional y municipal que participarán en las elecciones de 2026.

El jefe del Gabinete, Luis Galarreta, vinculó los hechos con el pedido de facultades legislativas presentado ante el Congreso.

“También, es poder identificar y denominar grupos hostiles a estas bandas también criminales, como grupos terroristas, para que justamente nuestras Fuerzas Armadas puedan también tomar acción al respecto”, declaró.

COMPÁS DE ESPERA

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que la delegación permitiría adoptar medidas vinculadas con los perímetros de seguridad y los establecimientos penitenciarios.

“Yo espero que esta situación lamentable que estamos enfrentando, y vamos a seguir enfrentando, y ese es un mensaje a estos delincuentes, nosotros, como Estado, no vamos a parar de enfrentarlos, simplemente estamos esperando: uno, delegación de facultades, y en el camino ya hemos ido estudiando varias acciones que seguro vamos a poner en marcha pronto”, dijo.

Por su parte, la Presidencia de la República difundió que la presidenta Keiko Fujimori lideró la reunión de emergencia con el Gabinete Ministerial tras los hechos en Trujillo para trazar una ruta inmediata.

En las imágenes que difundió Palacio aparecen César Astudillo (Mininter), Rafael Belaunde (Mindef) y Marco Vinelli (Midagri).

La situación evidencia -una vez más- la grave crisis de inseguridad ciudadana que afronta el Perú.

El personaje que toma relevancia en esta historia es Óscar Manuel Arriola Delgado, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), a quien el Congreso Bicameral ya puso en la mira (ver infografía).

Precisamente, ayer por la tarde, la bancada de Renovación Popular emitió un pronunciamiento para exigir la renuncia de Arriola y “acciones inmediatas para recuperar el orden”.

i nfo

RECORRIDO

En octubre de 2025, cuando Arriola era teniente general PNP, fue nombrado comandante general en la gestión de la entonces presidenta Dina Boluarte.

Cabe recordar que en el año 2022 se promulgó la Ley 31570, una norma que precisa que el cargo es por dos años, con posibilidad de una prórroga excepcional de un año mandato.

Esa ley impide que la presidenta Keiko Fujimori pueda cesar en el cargo a Arriola.

Dicha ley señala que el comandante puede ser removido por fallecimiento, solicitud voluntaria de pase al retiro, incapacidad física permanente, falta muy grave o sentencia firme del Poder Judicial por delito doloso.

PROPUESTA

Con el objetivo de cambiar ese impedimento, la diputada Catherine Palomino (Juntos por el Perú) presentó un proyecto de ley para añadir más causales para el cese inmediato del comandante general.

Específicamente “por pérdida de la idoneidad necesaria para el ejercicio del cargo”, cuando esta comprometa de manera grave la conducción, dirección o funcionamiento de la Policía, para ello, hay supuestos:

La grave afectación de la eficacia operativa, capacidad de respuesta, integridad institucional o conducción estratégica de la Policía; cuando existe un incumplimiento grave y reiterado de las políticas y planes nacionales de seguridad ciudadana y de los objetivos estratégicos institucionales; cuando haya neglicencia grave en el ejercicio del cargo que genere una afectación sustancial a la seguridad ciudadana, al orden interno, a la capacidad operativa de la Policía o la adecuada prestación del servicio policial; así como cuando existan actos u omisiones de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que ocasionen una afectación grave a la institucionalidad, disciplina, integridad o legitimidad de la Policía.

🚨 COMUNICADO OFICIAL | Condenamos el ataque criminal en Trujillo y nos solidarizamos con las familias afectadas.

Exigimos la renuncia inmediata del comandante general de la PNP, Óscar Arriola.#DiputadosRP #Trujillo #RenovaciónPopular pic.twitter.com/uxL9sKzjBj

— Bancada Diputados Renovación Popular (@diputados_rp) August 30, 2026

Los senadores Martha Chávez y Jacques Rodrich coincidieron en que José Antonio Chang debe explicar los motivos del nombramiento.

Los cuestionamientos surgieron luego de que un informe periodístico revelara que Chang y Ramírez habrían coincidido en varios viajes al extranjero antes de que ella asumiera el cargo. Entre los destinos señalados figuran Estados Unidos y Panamá.

Explicaciones

Al respecto, Chávez sostuvo que, si bien debe respetarse la vida privada, esta adquiere relevancia cuando se encuentra relacionada con una decisión adoptada desde el Estado.

“La vida privada sigue su curso a condición de que no afecte la moral pública, pero en el caso concreto de que haya una designación, yo sí estoy de acuerdo con que debe dar una explicación”, declaró a RPP.

Asimismo, consideró que el pronunciamiento debe partir del propio ministro.

“Puede no ser necesaria una entrevista, pero sí una declaración. Yo sí creo que merece una explicación inmediata”, remarcó.

La legisladora añadió que quienes ingresan a la política deben someterse a una fiscalización permanente y facilitar cualquier investigación sobre sus actuaciones.

Por su parte, Rodrich expresó su confianza en que Chang tendrá razones para designar a la exparlamentaria. Sin embargo, advirtió que no sería adecuado que hubiera nombrado a una persona de su entorno en un puesto bajo su competencia.

“Estoy seguro de que José Antonio Chang tiene una explicación perfectamente lógica o una renuncia a la mano. Desafortunadamente, así funciona esto”, dijo a Canal N.

SEGURIDAD CIUDADANA

En Punto Final, el funcionario afirmó que no es suficiente que los militares se limiten a resguardar el perímetro externo de estos establecimientos. Esto en referencia a que muchos integrantes de bandas criminales coordinan sus actos delictivos desde estos recintos a través de un teléfono celular.

“Estamos pidiendo las facultades para que las Fuerzas Armadas puedan ingresar dentro de los penales. Hoy estamos sacando un decreto donde van a cuidar la parte externa de los penales, pero se necesita que ingresen a los penales”, declaró el funcionario.

Vinelli explicó además que, de declararse a determinadas organizaciones criminales como “grupos hostiles”, las FF.AA. podrían intervenir con labores de inteligencia y operaciones especiales para ubicar a los responsables de delitos y ponerlos a disposición de la justicia.

Marco Vinelli añadió que el Gobierno buscará sustentar cada uno de estos pedidos ante la Cámara de Diputados, en busca de ese respaldo para beneficiar a la población.

FENÓMENO EL NIÑO

Por otro lado, Vinelli informó sobre los trabajos de prevención que se realizan en los ríos Tumbes y Piura de cara a la temporada de lluvias. Señaló que el primer tramo de limpieza y descolmatación se encuentra casi terminado, tras la extracción de material que se había acumulado con el tiempo, incluyendo vegetación.

El ministro indicó que las labores se ejecutan en dos turnos, mañana y noche, a fin de garantizar que el cauce del río pueda soportar un caudal promedio de 3 900 metros cúbicos por segundo y evitar desbordes durante el fenómeno El Niño.

“La lluvia podría llegar la quincena de diciembre, según especialistas, por eso estamos trabajando con esa información. Hemos encontrado 1700 puntos críticos a nivel nacional, concentrados en la parte costera, especialmente en Arequipa, Piura y Lima”, afirmó.

Belaunde explicó que las Fuerzas Armadas no cuentan actualmente con un marco legal que les permita realizar operaciones militares contra organizaciones criminales como Los Pulpos, por lo que el Ejecutivo busca incorporar esta clasificación mediante las facultades legislativas solicitadas al Congreso. Según indicó, esta medida permitiría utilizar inteligencia militar y unidades de operaciones especiales para intervenir directamente contra estas estructuras.

“Lo que se requiere lo que requieren las Fuerzas Armadas es que los grupos de las organizaciones criminales transnacionales y nacionales que operan en el Perú sean catalogadas como grupo hostil. Eso permite conducir operaciones militares contra ellos”, planteó.

Belaunde señaló que las Fuerzas Armadas sí pueden intervenir contra organizaciones que ya tienen esa condición legal, como Sendero Luminoso y las disidencias de las FARC que operan en la zona del río Putumayo. En esa línea, precisó que el Ejecutivo busca aplicar el mismo mecanismo contra organizaciones como Los Pulpos, Los Choneros, el Comando Vermelho y el Tren de Aragua.

“Hoy no podemos hacerlo. Podemos hacerlo, por ejemplo, en el VRAEM, porque Sendero Luminoso es un grupo hostil. Podemos hacerlo contra las disidencias de la FARC que están en el río Putumayo porque también han sido declaradas grupo hostil”.

#EnVivo #CuartoPoder

Ministro de Defensa, Rafael Belaúnde: Lo que requieren las FF. AA. es que los grupos de organizaciones criminales sean catalogadas como grupo hostil para que puedan emprender operaciones. Los penales son las bases de operaciones de las organizaciones… pic.twitter.com/ZlCQr9qO91

— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) August 31, 2026

¿Qué acciones adoptará el Ejecutivo?

Belaunde sostuvo que las Fuerzas Armadas cuentan con efectivos para participar en operaciones contra grupos hostiles y para establecer el control externo de los establecimientos penitenciarios. Aclaró, sin embargo, que no existe personal suficiente para asignar un militar a cada unidad de transporte público.

“La presidenta de la República está haciendo un esfuerzo en reconstruir los sistemas de inteligencia en el Perú, que la DINI pueda conducir operaciones de inteligencia. Estamos haciendo un esfuerzo para poder denominar como grupos hostiles a estas organizaciones criminales y poder aplicar fuerza militar contra ellos”.

El titular de Defensa también relacionó la violencia registrada en Trujillo con las actividades de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en Pataz. Según explicó, existiría una conexión entre esas estructuras y el tráfico de explosivos y armas que abastece a otros grupos delictivos.

¿Qué se sabe del secuestro en Trujillo?

Belaunde informó que las primeras labores de inteligencia apuntan a que el secuestro habría sido coordinado desde un establecimiento penitenciario. El ministro señaló que la organización criminal Los Pulpos estaría vinculada al crimen.

“Esto efectivamente se ha coordinado desde dentro del penal. Hay una persona identificada, alias John Pulpo. Entonces, sería como había anunciado, como había sugerido el coronel de Revoredo, estaría detrás la organización criminal Los Pulpos”.

Asimismo, consideró necesario reforzar la seguridad en los accesos y realizar requisas dentro de los penales.

Gobierno prepara control en penales

El Ejecutivo también prepara una intervención militar en el perímetro de los establecimientos penitenciarios mediante retenes que controlarán a las personas, vehículos y productos que ingresen. La propuesta contempla el uso de escáneres corporales y equipos para revisar bultos con el objetivo de impedir el ingreso de celulares, chips, armas y otros elementos.

Belaunde indicó que el sistema se proyecta inicialmente para penales como El Milagro, Challapalca, Ancón I y Piedras Gordas. Sin embargo, señaló que la implementación dependerá de la disponibilidad del equipamiento y de la aprobación del decreto supremo correspondiente.

“Van a haber dos de esos por cada penal. (...) La presidenta de la República ha puesto a nuestra disposición los dos sistemas de escáner personales que habían”.

El ministro precisó que también se gestionan equipos adicionales mediante la Sunat y que se busca apoyo de Estados Unidos para incorporar más sistemas de escaneo. Sobre la fecha de inicio, señaló que podría comenzar la próxima semana, aunque no estableció un día concreto.

Sánchez se refirió al destino de estos fondos durante una consulta realizada por Cuarto Poder. El líder de Juntos por el Perú aclaró esta situación luego de que se cuestionara que el monto recaudado por la agrupación no apareciera en los reportes de ingresos de campaña entregados al organismo electoral.

Aclara destino de los fondos

El ex candidato sostuvo que el dinero ingresó para cubrir los pagos asociados a los recursos electorales presentados por Juntos por el Perú tras la segunda vuelta. Precisó que la tesorera de la organización fue quien realizó la rendición correspondiente ante la ONPE.

Sánchez explicó que la totalidad de los recursos fue utilizada para pagar las tasas exigidas por los trámites electorales. Sobre este punto, sostuvo que la organización ya había cumplido con informar el movimiento de esos fondos.

“Ya está rendido ya. La ONPE ha hecho una acción correspondiente a que eso no era un aporte para campaña (…) Esos fondos ya se rindieron porque si entró A, todo se ha gastado en tasas para pago de apelaciones”, indicó.

El dirigente también atribuyó la presentación de la información financiera a la responsable de la tesorería de Juntos por el Perú. Señaló que dicha funcionaria tiene a su cargo la rendición de los recursos ante las autoridades electorales.

“Ese informe lo ha rendido a ONPE la tesorera del partido y no hay ningún inconveniente. La responsable de tesorería ha rendido, porque todo eso ha sido para pago de tasas. Es la responsable legal”, aseguró.

¿Cuánto dinero recaudó Juntos por el Perú?

La agrupación informó en junio que había recolectado S/787.599 mediante aportes de ciudadanos después de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. La propia tesorera del partido, Luzmila Ayay, dio cuenta de ese monto durante una conferencia de prensa realizada el 18 de junio.

De acuerdo con lo señalado entonces, los recursos permitieron cubrir 744 tasas electorales correspondientes a la presentación de solicitudes de nulidad y recursos vinculados con actas observadas. Ninguno de esos pedidos terminó favoreciendo a Roberto Sánchez.

Los cuestionamientos surgieron luego de la revisión de los informes financieros presentados por Juntos por el Perú ante la ONPE. En esos documentos, la campaña presidencial de Sánchez registró ingresos por S/194.030,27 y consignó aportes en especie, sin declarar ingresos en efectivo durante la campaña.

El monto recaudado después de la segunda vuelta no figuraba en esos reportes como parte de los ingresos registrados durante la campaña. Sánchez sostuvo que esos recursos tenían una finalidad distinta y negó que correspondieran a financiamiento privado de una candidatura.

Al ser consultado sobre la transparencia de la rendición, el ex candidato diferenció los aportes privados realizados durante una campaña de los recursos recolectados posteriormente. En ese contexto, señaló que el dinero obtenido después del balotaje no constituía un fondo público.

“El financiamiento privado es el aporte que hace a veces a un candidato y eso no es fondo público”, reiteró.

Según reveló el dominical de Panorama, Castro Cruz en su hoja de vida consignó nueve sentencias firmes hasta el año 2018 por delitos de injuria, calumnia y difamación, además de procesos en materia de familia relacionados con obligación de dar suma de dinero por alimentos.

DÉCIMA SENTENCIA

Sumado a ello, la décima en su haber fue dictada en marzo de este año, en plena campaña electoral, por el delito de difamación agravada, en un proceso iniciado por su propia exabogada, Gabriela Vidarte.

Según la denunciante, Javier Castro habría afirmado en un programa radial que le falsificaron su huella digital, su firma y otros documentos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para poder renunciar al partido Acción Popular.

“Me dice: “¿Sabe qué, doctora?, yo tengo un entrampamiento legal; ahorita estoy en un partido del que no me puedo desafiliar, cinco abogados no han podido. Si usted me desafilia, yo le apoyo con la difusión en la radio con su partido. Nunca me dijo que él ya había hecho un acuerdo con Acción Popular y, bueno, a las finales, apareció desafiliado”, indicó la letrada.

DESPACHO CONGRESAL

Con esta décima sentencia en su contra, Castro Cruz se encuentra actualmente en proceso de apelación. El martes 19 de agosto, cuando era congresista, también estaba siendo procesado y desde el despacho congresal atendió dicha audiencia.

Asimismo, durante la semana de representación parlamentaria, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, le recordó públicamente el historial de condenas que mantiene.

DIPUTADO RESPONDE

Consultado sobre el uso de instalaciones del Congreso para sus procesos personales, el diputado señaló que tomará las previsiones necesarias para desarrollar su proceso judicial en un estudio jurídico particular.

“Voy a tomar las previsiones del caso para desarrollar mi proceso en un estudio jurídico particular y voy a tratar de estar en el horario que no me interrumpa mi labor fiscalizadora y congresal. Yo sé que usar las instalaciones del Estado no es correcto”, expresó Javier Cruz, quien aseguró tener el respaldo del fujimorismo.

El premier estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y el titular del Interior, César Astudillo. Belaúnde se trasladará a la zona para supervisar las operaciones de las Fuerzas Armadas, mientras el Ejecutivo evaluará los primeros reportes de las intervenciones.

#LoÚltimo

Jefe de Gabinete, Luis Galarreta, reiteró la necesidad de que se apruebe el pedido de facultades. Esto al referirse sobre el secuestro de un empresario en Trujillo. El titular de la PCM añadió que necesitan que se necesita reforzar el servicio de inteligencia, entre… pic.twitter.com/vfL0lEYvgX

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Despliegue de efectivos en La Libertad

El jefe del Gabinete confirmó que contingentes especiales de la Policía ya fueron enviados hacia la región. Los agentes participarán en intervenciones estratégicas destinadas a responder a los recientes hechos delictivos y determinar a los responsables.

El Gobierno también prevé la participación de las Fuerzas Armadas en las acciones de seguridad. El ministro de Defensa tendrá a su cargo la supervisión de las operaciones en el terreno junto con los mandos militares.

Premier insiste en delegación de facultades

Durante su pronunciamiento, Galarreta resaltó la necesidad de que el Congreso otorgue facultades legislativas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana. Según explicó, el objetivo es ampliar las capacidades del servicio de inteligencia para obtener información y detectar con anticipación a las organizaciones criminales.

El premier sostuvo que esta herramienta permitiría fortalecer la respuesta estatal frente a la violencia, independientemente del origen de los enfrentamientos registrados. En ese contexto, explicó que el Ejecutivo busca contar con mayores capacidades para anticiparse a las actividades delictivas.

La declaración de Galarreta estuvo centrada en la necesidad de ampliar las herramientas disponibles para las labores de inteligencia y prevención. Sobre este punto, sostuvo lo siguiente.

“Quiero dejar algo en claro y es, justamente, la necesidad y urgencia de la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana. Que nuestro servicio de inteligencia pueda tener operaciones que no tiene hoy día, es sumamente importante para detectar a tiempo estas bandas criminales, más allá si son arreglos de cuenta o no, porque finalmente hay violencia en la ciudad, que es lo que queremos frenar”, sostuvo.

¿En qué consiste el proyecto de delegación de facultades?

El pedido de facultades incluye medidas destinadas a ampliar las atribuciones del Estado frente a las organizaciones delictivas. El Ejecutivo también plantea establecer una clasificación de determinadas bandas como grupos hostiles o terroristas.

La propuesta contempla que las Fuerzas Armadas puedan intervenir de manera directa frente a estas organizaciones bajo el marco legal que se establezca. Asimismo, se evalúa otorgarles funciones de control perimétrico en los establecimientos penitenciarios.

Rafael Belaúnde mantiene en elaboración los estudios técnicos relacionados con estas medidas. El Gobierno deberá definir los mecanismos para su eventual aplicación una vez que se determine el alcance de las facultades solicitadas.

El anuncio fue realizado por el premier Luis Galarreta, quien calificó lo ocurrido como una situación “inaceptable” y rechazó la violencia registrada en la zona. Según explicó, la Policía Nacional del Perú ya se movilizó como primera respuesta ante el ataque.

Además, Galarreta precisó que el viaje del titular de Defensa, Rafael Belaunde, se dará en una acción conjunta con las Fuerzas Armadas, y adelantó que este lunes por la mañana se presentará un reporte con los resultados de las diligencias, incluyendo identificación de los presuntos cabecillas.

PIDE APROBACIÓN DE FACULTADES

Galarreta aprovechó el anuncio para reiterar la urgencia de que el Congreso apruebe la delegación de facultades legislativas, especialmente por el tema de seguridad ciudadana.

“Que nuestro servicio de inteligencia pueda tener operaciones para detectar a tiempo estas bandas criminales, más allá de si es o no arreglos de cuenta. Lo segundo es poder identificar y denominar grupos hostiles, a que estas bandas también criminales como grupos terroristas, para que las Fuerzas Armadas puedan tomar acción”, dijo Luis Galarreta en pronunciamiento.

Asimismo, el premier remarcó que, como Estado, no se detendrán las acciones frente a la violencia, mientras se espera la aprobación de dichas facultades en el Parlamento.

La propuesta fue presentada por la congresista Catherin Palomino en un contexto marcado por cuestionamientos a la respuesta policial frente al incremento de homicidios. De aprobarse, la modificación permitiría evaluar la continuidad del máximo jefe de la PNP antes de que concluya su periodo previsto en septiembre de 2027.

El proyecto mantiene los dos años establecidos para el ejercicio del cargo, pero incorpora una causal para su conclusión anticipada denominada pérdida sobreviniente de idoneidad. Esta figura podría aplicarse cuando existan circunstancias posteriores al nombramiento que comprometan el desempeño del comandante general.

¿En qué casos se propone el cese del cargo?

La iniciativa contempla cuatro situaciones para determinar esa pérdida de idoneidad. Entre ellas figuran una afectación grave de la eficacia operativa o de la conducción estratégica de la PNP, así como el incumplimiento grave y reiterado de las políticas y planes nacionales de seguridad ciudadana.

También se considera la negligencia grave que perjudique de manera sustancial la seguridad ciudadana, el orden interno o la capacidad operativa de la institución. El cuarto supuesto comprende actos u omisiones que afecten la institucionalidad, disciplina, integridad o legitimidad de la Policía Nacional.

El proyecto establece que la decisión de retirar al comandante general debe ser comunicada personalmente por la presidenta y contar con una sustentación escrita. La medida busca establecer criterios para la decisión y evitar que el cese responda a una determinación sin fundamentos.

En su exposición de motivos, Palomino cuestiona que la regulación vigente pueda generar una permanencia sin posibilidad de remoción incluso ante situaciones graves. La congresista sostiene que la crisis de inseguridad requiere mecanismos que permitan evaluar la continuidad del máximo responsable policial cuando deje de cumplir las condiciones necesarias para el cargo.

La iniciativa utiliza cifras oficiales para sustentar la necesidad de modificar las reglas sobre la permanencia del comandante general. Según el documento, en 2025 se registraron 2,218 homicidios, frente a los 2,083 contabilizados en 2024 y los 1,511 de 2023.

El proyecto también señala que durante los primeros 26 días del gobierno de Keiko Fujimori se reportaron 134 homicidios. Estos datos son utilizados por la bancada para plantear la necesidad de contar con mecanismos de responsabilidad para la conducción de la PNP.

La resolución fue remitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró fundada la solicitud presentada por la Fiscalía. Las empresas Movistar, Claro, Bitel y Entel deberán entregar a la Fiscalía, en un plazo de 48 horas, información sobre titularidad, activación, IMEI, tarjetas SIM, llamadas, mensajes de texto, horarios y duración de las comunicaciones.

Según la investigación, familiares de la expareja de Betssy Chávez habrían sido contratados en distintas entidades públicas como el Congreso de la República, Sunafil, Cofopri, Senati y EsSalud.

CASOS

Cabe mencionar que la Fiscalía inició la investigación luego de que, el 1 de octubre de 2025, el Congreso aprobó el informe de la denuncia constitucional que se presentó contra Chávez como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado.

Uno de los casos corresponde a Marco Sotelo, hermano de Abel Sotelo, quien se desempeñó como asistente en el despacho congresal de Chávez entre octubre de 2021 y marzo de 2022. Según la investigación, habría sido la propia excongresista quien lo contactó telefónicamente para consultarle sobre su disponibilidad laboral.

La Fiscalía también revisa la contratación de Flor Sotelo Villa, hermana de Abel Sotelo, en el mismo despacho.

Asimismo, se investiga si Chávez habría mostrado interés en la designación de Antonio Sotelo Calderón, padre de su expareja, en distintos cargos estatales, entre ellos Sunafil Puno, la representación del Ministerio de Trabajo ante Sunafil y Cofopri Tacna.

Asimismo, solicitó que el Ejecutivo adopte medidas para recuperar el orden y reforzar la seguridad ciudadana. La bancada también expresó sus condolencias a los familiares de las cuatro personas asesinadas durante el ataque.

La bancada explicó que considera necesario modificar la conducción policial ante los recientes hechos de violencia. Su comunicado plantea que el Gobierno intervenga de manera inmediata para garantizar la seguridad de la población.

“Ante la falta de resultados, la Policía Nacional necesita un cambio en su conducción. Por ello, exigimos la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola, y acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los peruanos”.

🚨 COMUNICADO OFICIAL | Condenamos el ataque criminal en Trujillo y nos solidarizamos con las familias afectadas.

Exigimos la renuncia inmediata del comandante general de la PNP, Óscar Arriola.#DiputadosRP #Trujillo #RenovaciónPopular pic.twitter.com/uxL9sKzjBj

— Bancada Diputados Renovación Popular (@diputados_rp) August 30, 2026

Ataque dejó cuatro muertos y un secuestrado

El hecho ocurrió en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, donde cuatro personas fueron atacadas a balazos. Durante el mismo episodio, un empresario minero fue obligado a subir a un vehículo y permanece con paradero desconocido.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez. El empresario secuestrado fue identificado como Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, natural de Chillia, en la provincia de Pataz.

Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron observar que los responsables del ataque utilizaban prendas similares a las que emplean los agentes de la Policía Nacional. El vehículo en el que se produjo el atentado es un Ford Bronco registrado a nombre de Millenium J&J S.A.C., empresa dedicada al transporte de carga por carretera.