Como se recuerda, el semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que Valenzuela coincidió varias veces con la mandataria en un spa de Santa Catalina y que estuvo presente en la toma de mando del 28 de julio, la juramentación del gabinete y la cena de gala. Según el medio, el empresario acumula cinco demandas civiles por cortes de Florida (EE. UU.): tres de empresas y dos de personas naturales.

Para el premier, el empresario argentino no tiene ninguna vinculación con el Gobierno, mas solo asistió a eventos protocolares. “Quieren llevarlo como si fuese Sarratea. A Keiko le han inventado cosas. En el caso de Sarratea había billete”, afirmó al diario Perú21.

CONTRATO DE SU ESPOSA EN EL PARLAMENTO

Consultado por la contratación de su esposa, María Alzamora Carrillo, en el Congreso, el premier aseguró que sí cumple con los requisitos exigidos y no tiene impedimento para ello.

Galarreta sostuvo que no tiene que “aclarar nada” debido a que no fue en su despacho la contratación. “Ella ha trabajado también en el sector privado desde hace muchos años; trabajó en Confiep un tiempo. Yo no tengo que aclarar nada, porque yo no he contratado. Que aclare la institución”, señaló.

Sobre los cuestionamientos por una presunta “facción galarretista” dentro del gabinete, aseguró que el equipo está “absolutamente unido”. A Miki Torres, presidente del Senado, lo consideró incluso como “un hermano menor”.

Las interrogantes seleccionadas serán planteadas durante los debates oficiales que se desarrollarán en las 25 capitales regionales y Lima Metropolitana.

La iniciativa “Pregúntale a tu candidato” busca incorporar las principales inquietudes de la población en los debates electorales. Para participar, los ciudadanos deben estar habilitados para votar en las ERM 2026 y no contar con afiliación política vigente.

Las preguntas deben ser claras y estar relacionadas con los temas priorizados para cada circunscripción. Además, no podrán incluir insultos, agravios, alusiones personales ni estar dirigidas específicamente contra un candidato u organización política.

El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, exhortó a la población a participar y destacó la importancia de involucrarse en el proceso electoral para fortalecer la democracia y permitir un voto informado. Las elecciones regionales y municipales están previstas para el 4 de octubre de 2026.

El organismo electoral habilitó un formulario virtual para que los ciudadanos puedan presentar sus interrogantes, las cuales pasarán por un proceso de selección antes de ser incorporadas en los debates.

RELLENA EL FORMULARIO AQUÍ

El JNE también invitó a la población a utilizar sus multiplataformas para informarse sobre los candidatos y sus propuestas antes de acudir a las urnas.

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El pedido contempla 20 medidas en materia laboral, eliminación de barreras burocráticas, reforma del Estado y servicio civil, entre ellas modificaciones para promover la contratación de jóvenes, aunque no se detallan los derechos laborales que podrían verse involucrados.

La propuesta también plantea incentivos económicos para funcionarios que renuncien voluntariamente al Estado, cambios en el régimen de feriados -que desde 2027 podrían trasladarse a los lunes para formar fines de semana largos- y la derogación de la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

El proyecto deberá ser evaluado por las comisiones del Parlamento antes de su eventual debate en el pleno.

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La presidenta Keiko Fujimori encabezó una visita oficial a la provincia de Carabaya, en la región Puno, donde participó en la ceremonia de clausura de la Feria Nacional de los Camélidos Sudamericanos, Agropecuaria y Artesanal (Fecasam-2026).

La mandataria arribó en la mañana al Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca junto a una comitiva ejecutiva integrada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, desde donde se trasladaron en helicópteros hacia la localidad de Macusani.

Durante la jornada en Macusani, la jefa de Estado lideró una serie de entregas dirigidas a fortalecer el sector rural local. Entre las acciones desplegadas figuró la adjudicación de títulos de propiedad, así como la distribución de insumos técnicos y una maquinaria agrícola.

Estas medidas buscan optimizar la capacidad operativa de los productores agrarios y asegurar la titulación predial de las familias de la zona.

La jefa de Estado anunció el inicio del proyecto para la construcción de una moderna planta procesadora de fibra de alpaca, vicuña y llama.

Esta infraestructura industrial estratégica tiene como objetivo central industrializar la materia prima textil del altiplano, permitiendo a las comunidades locales añadir valor agregado a su producción y comercializar sus derivados en mejores condiciones de mercado.

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La misión analizará el acceso a la justicia y la aplicación de la debida diligencia reforzada en la atención de estos casos. También buscará identificar las principales barreras geográficas, lingüísticas, culturales e institucionales que enfrentan las víctimas y evaluar la respuesta de las entidades encargadas de su protección y atención.

La delegación sostendrá reuniones con representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y diversos ministerios, además de organizaciones de la sociedad civil.

Posteriormente, viajará a Santa María de Nieva, El Cenepa y Río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, donde dialogará con autoridades locales, operadores de justicia, lideresas y organizaciones de mujeres indígenas.

Asimismo, los integrantes de la misión tendrán audiencias privadas con familiares de las víctimas para conocer sus experiencias y las dificultades que enfrentan para acceder a protección, atención, justicia y reparación. También visitarán instituciones que forman parte de la ruta de atención de niñas y adolescentes afectadas por violencia sexual.

El Mesecvi evaluará además los avances del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ) en Condorcanqui, implementado por el Poder Judicial en enero pasado.

La misión presentará sus observaciones y recomendaciones preliminares el 11 de setiembre, durante una rueda de prensa en Lima.

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Durante la actividad se entregan títulos de propiedad, insumos agropecuarios y bienes destinados a fortalecer las actividades productivas de las comunidades puneñas. Entre los recursos figuran 700 pacas de avena forrajera y 3.050 kilogramos de semillas de avena, papa amarga, haba y triticale.

También se contempla la entrega de 58 cuyes para mejoramiento genético, además de 16 metros cúbicos de madera de achigua y 40 sacos de palo santo. La distribución de estos recursos estará a cargo de Agro Rural, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Como parte de la jornada, se entregarán además 242 títulos de propiedad a 200 familias del sector de Jachaja, en la provincia de Moho. Asimismo, un representante de la comunidad de Macusani recibirá un tractor destinado a reforzar las capacidades productivas de la zona.

La mandataria realiza su noveno viaje de trabajo y está acompañada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

La ceremonia se desarrolla en el campo ferial Julio E. Barreda Aragón, donde se reúnen productores de camélidos sudamericanos, agricultores, artesanos, autoridades y representantes de diversas comunidades de Puno.

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Cambios

El 28 de julio de 1990, durante su primer mensaje a la Nación, Fujimori solicitó autorización para legislar por 180 días en materia tributaria. Según explicó, buscaba garantizar la recaudación fiscal y financiar las medidas de apoyo social.

“Presento al Congreso el proyecto de ley correspondiente, con carácter de urgente”, anunció.

El alcance inicial, sin embargo, fue ampliado casi un mes después. El 27 de agosto, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Juan Carlos Hurtado Miller, acudió al Congreso con una propuesta que incluía cambios en la estructura del Estado.

Su presentación se prolongó durante tres horas e incluyó un diagnóstico de la crisis económica, social y política heredada del primer gobierno de Alan García.

Hurtado Miller pidió facultades por 180 días para reorganizar los ministerios de Economía y del Interior. Además, buscaba modificar las reglas de funcionamiento del Ejecutivo, sus organismos y la administración de las empresas públicas.

La solicitud también comprendía cambios en las normas relacionadas con el comercio exterior, la minería, la industria, la pesca, la electricidad, el sector agrario y la pequeña empresa.

Asimismo, incluía materias como presupuesto, seguridad social, planificación y remuneraciones del sector público.

Con el objetivo de mantener el control parlamentario, Hurtado Miller propuso que una comisión bicameral multipartidaria revisara los proyectos de decretos legislativos en un plazo de 15 días.

El tratamiento de las empresas públicas marcó uno de los principales cambios. Durante aquella primera intervención ante el Congreso, Fujimori descartó una privatización general y anunció la reestructuración de Petroperú, Electroperú, Entelperú y Sedapal.

Sin embargo, un mes después, Hurtado Miller abrió la posibilidad de vender las compañías que no fueran estratégicas ni demostraran eficiencia.

También planteó permitir la participación de trabajadores e inversionistas privados, entregar su administración a terceros o vender parte de sus actividades.

Las empresas que permanecieran bajo control estatal, en tanto, tendrían que demostrar que eran eficientes.

Paralelo

Por su parte, el gabinete de Luis Galarreta solicita facultades por 120 días para desarrollar 66 medidas. La propuesta guarda similitudes con la de 1990, pues incluye cambios en la organización estatal, minería, pesca, electricidad, agricultura, pequeña empresa, comercio exterior, vivienda y seguridad.

Sin embargo, el alcance no es el mismo. El proyecto actual no contempla una autorización general para vender o privatizar empresas públicas ni plantea reorganizar ministerios.

En cambio, propone una reforma estructural del Ejecutivo, modificaciones en el servicio civil y la reestructuración de Sedapal.

Por otra parte, Petroperú, pese a continuar como una dificultad económica para el Gobierno, no figura expresamente en la solicitud.

La seguridad constituye otro punto de comparación. El primer gobierno de Fujimori enfrentaba el accionar de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Por ello, incluyó la violencia terrorista entre los problemas que sustentaban la transformación del Estado y solicitó reorganizar el Ministerio del Interior.

El gabinete de Galarreta también coloca la seguridad entre sus prioridades, pero parte de una amenaza distinta. Su proyecto propone establecer el marco legal para declarar como terroristas a organizaciones criminales y regular su clasificación y registro. Además, plantea medidas contra la extorsión, el sicariato y otros mercados ilícitos.

¿Cómo encontró el Mindef, cuál es su balance este primer mes?

Creo que hay, por ejemplo, que poner a punto el parque de helicópteros que venía muy mermado. Hay compras militares pendientes. También hay espacio para mucho recorte, ya que hay gasto innecesario. Es evidente que la alta rotatividad de ministros y de gobiernos ha generado una merma en ello.

¿Cuáles serían estos gastos “innecesarios”?

Se han multiplicado los CAS tremendamente: los permanentes y los temporales. El ministerio puede operar de manera mucho más potente ajustando significativamente ese tipo de gastos. Hay que tener mayor control en el tema de las adquisiciones. Hay que ver el tema de la Agencia de Compras, y la FAME (Fábrica de Armas y Municiones del Ejército).

¿Y cómo fue su integración al gabinete Galarreta?

Muy bien. Hay gente que viene de otras canteras políticas, no es un gabinete sectario ni que mire hacia adentro. Tiene mucha homogeneidad en la concepción económica; promover la inversión, eliminar trabas burocrática que golpean sobre todo a la pequeña y microempresa.

La presidenta Fujimori, ¿ha dado alguna disposición a ustedes como ministros de rendir cuentas cuando son cuestionados por la prensa o tienen algún tipo de investigación?

No, nosotros hemos tenido absoluta libertad en conformar nuestros equipos de trabajo. No ha habido ninguna presión o cuota o nada de esa naturaleza. En lo personal, no. No me ha hecho ningún requerimiento. Hemos podido trabajar, digamos, tranquilamente.

Lo consulto porque, en palabras de la misma mandataria, el ministro Bengolea dio explicaciones a sus cuestionamientos en su contra...

Sí, pero las pidió dar él, no es que se las pidieron, sino en un momento que estuvo el gabinete almorzando, él quiso dar una explicación por iniciativa propia de la situación que se estaba ventilando en la prensa, y fue algo que nació de él. Todos nos hemos quedado muy tranquilos con eso.

¿Y usted, ha tenido que dar algún tipo de explicación por su interpelación en el Congreso por el caso Evangelina Arias?

No, entiendo que el grueso de la interpelación es sobre el estado de emergencia en Pataz, si uno ve el pliego interpelatorio. Pero ninguna explicación, ahí no hay nada por fuera de lo que manda el marco legal. En el Perú, creo que con acierto, se permite el financiamiento privado de la política, ya sea a través de una persona natural, como ha sido mi caso, o personas jurídicas.

¿No considera que es un conflicto de interés que la presidenta de una minera como Poderosa esté vinculada a usted?

Cualquier aporte de una persona natural o jurídica a un partido político se prestaría a esa misma suspicacia. Una cosa es la posibilidad de que exista el conflicto y otra cosa es que ese conflicto se materialice en algo que es muy fácil de verificar. Si una persona ha colaborado en un partido y después obtiene una ley, obtiene una prebenda, ahí se vería de manifiesto ese conflicto. Por eso es importante que todo sea sobre la mesa.

Entonces, ¿qué es lo que busca JP con esta moción?

Es un poco la esgrima parlamentaria, hacer sentir su peso, su poder. A mí me han interpelado antes que se constituyan las comisiones. No había ni siquiera Comisión de Defensa constituida ni en el Senado ni en Diputados. Pero igual, estoy a la espera de que esto lo vea el pleno. En caso se me interpele, tendré que ir y contestar con veracidad y con el mayor espíritu democrático.

¿No lo considera una presión?

No, obviamente el tiempo que voy a dedicar a eso es tiempo que podría estar dedicado en la emergencia de El Niño o en poner los retenes militares en los penales, en fin. Es parte de las reglas de la democracia, hay que verlo con buen ánimo.

¿Cree que JP busca devolver favores a la minería ilegal disfrazada de informal tras el apoyo que han recibido en campaña?

Sería especular. Creo que es evidente que en el pasado la minería ilegal ha financiado muchas campañas, pero no me atrevería a señalar que JP fue financiada por la minería ilegal. Eso no me consta. Pero, por eso, yo reivindico la política y el ordenamiento jurídico que señala que los privados que quieren colaborar a un partido político sea sobre la mesa, fiscalizado, regulado, para que toda la documentación sea pública.

La prensa internacional advierte que el Perú está perdiendo la batalla contra la minería ilegal, ¿cómo evalúa esto?

Es un tema complejo porque un minero artesanal que está en una concesión privada es ya un minero ilegal. Esos no son contra los que tenemos que combatir. Eso se va a resolver a partir de la Ley para la Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE). Nosotros, desde las FF. AA., actuamos contra la minería criminal real, contra organizaciones que utilizan y se protegen con armamento de guerra, que utilizan explosivos contra las fuerzas del orden, contra la población civil.

¿Deberían formalizarse los pequeños mineros?

El proceso de formalización es necesario en muchísimas personas que viven de la minería artesanal y están en situación de informalidad. La ley lo que tiene que hacer es recogerlos y darles una posibilidad a que se formalicen. Pero evidentemente la ley MAPE anterior, la que se quiso aprobar, era convertir el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) en ley, eso tampoco era aceptable porque el Reinfo ha sido el principal instrumento para perpetuar y promover la informalidad minera del Perú.

Entonces, ¿está en contra de la ampliación del Reinfo?

Creo que se puede, en tanto no exista una ley, tiene que haber un marco legal que los ampare. Pero sí tenemos que ser conscientes que el Perú no puede vivir sin una ley que regule y promueva e incorpore la minería artesanal y la pequeña minería. Esto requerirá que todos cedan en algo.

Pero en el caso de Pataz, ¿qué han identificado?

En la situación de Pataz, hay una población grande que se dedica a la minería informal y lo que ocurre es que ellos son también víctimas de estas organizaciones criminales, que han entrado y tienen sometida a la población a través de la extorsión, el secuestro y la toma directa de sus operaciones mineras.

¿Cómo están actuando?

En lo que va del año, hemos incautado ya como 80 fusiles, más de media medio centenar de pistolas, granadas, pertrechos militares, chalecos antibalas, cosas que nada tienen que ver con la minería artesanal. Un fusil no tiene ninguna aplicación útil para la minería artesanal, tampoco una pistola ni una granada. Entonces, lo que tenemos que promover es evidentemente el entendimiento entre la minera y los mineros informales, las asociaciones que los organizan para ir aislando a las organizaciones criminales y poder actuar decididamente contra ellos.

En un tema tan urgente, ¿qué opina de la elección de Yenifer Paredes como presidenta de la Comisión de Energía y Minas?

Es parte de la negociación política. No me parece mal en el sentido de que es la correlación de fuerzas y la dinámica parlamentaria lo que determina las asignaciones de las comisiones y quiénes las presidan. Lo que necesitamos es que, sea la diputada Yenifer Paredes u otra persona, hay que tener la voluntad de encontrar una ley que sea razonable y que funcione. El peor escenario es mantener el statu quo, es decir, la ausencia de ley.

Pero al no tener Paredes experiencia en el sector, ¿no caería en presiones de la minería ilegal?

Cada partido tiene su agenda parlamentaria, defiende sus intereses políticos. JP tiene particular interés en la Comisión de Energía y Minas. Me parece muy bien. Espero que no se convierta en una fuerza que obstruya también el desarrollo de la gran minería. El Perú requiere una reforma integral que promueva la pequeña, la mediana y la gran minería. Hay espacio para las tres.

Ahora están frente a la aprobación de las facultades legislativas, ¿qué pedido formuló?

El de tomar el control perimétrico de los penales para poner nuestros retenes con escáner, con detectores de metales, y tener un sistema que permita controlar todo lo que ingresa al penal. No solamente a las visitas, todo el personal administrativo, proveedores que llevan alimentos. Es decir, nada va a ingresar a un penal si no pasa por un retén militar y da previamente su visto bueno. Porque es una realidad que el grueso de las llamadas extorsivas se hacen desde dentro de los penales. Vamos a controlar también que estén funcionando los bloqueadores de señal celular, las 24 horas, todos los días de la semana para tener ese control.

¿Y en el tema migratorio?

Está vinculado a la situación de los indocumentados. Los que han venido a sumar y trabajan honestamente no son objetivo de las FF. AA.; pero los que han venido a dedicarse al gota a gota, a la extorsión, al sicariato o a delinquir, lo que vamos a hacer es identificarlos y expulsarlos. En el pedido de facultades está extender el plazo (de expulsión) para yo poder retenerlos en unos centros de retención, que estamos acondicionando en instalaciones militares en desuso, para una vez tener un grupo de 50 o 100, y expulsarlos del Perú a su país de origen.

¿Realmente usted cree que la participación de las FF. AA. en la lucha contra la inseguridad está dando resultados?

Ha tenido resultados muy limitados porque hay un marco legal que no permite actuar con la contundencia que se requiere, especialmente en los cascos urbanos. Pero los estados de emergencia donde las FF. AA. han participado sí ha habido avance. Hoy el Alto Guayaga está absolutamente pacificado y es la economía legal y formal la que opera ahí. Lo mismo la zona del Monzón, es decir, las zonas en el VRAEM que eran muy peligrosas se han ido reduciendo. Ahora están básicamente constreñidas en Vizcatán del Ene. Lo mismo en la frontera norte contra la disidencia de las FARC. Ahí se están conduciendo operaciones muy efectivas con resultados muy alentadores también. Buscamos poder exterminarlas por completo.

En su lectura, ¿considera el Plan Escudo como efectiva?

No tengo los números porque yo no lo he conducido, pero el Ministerio del Interior tendría que hacer una evaluación. Pero la custodia en los parques de maniobra, me parece, que ha sido efectivo en el sentido de que no han habido atentados como hubo en el pasado. Ahí hay una presencia militar permanente. Nosotros, en algunos puntos críticos, la presencia militar continúa, pero es imposible tener un efectivo militar en cada unidad de transporte público. Eso por ahí no es, no está la solución.

¿Cuál es su principal meta que usted quiere cumplir como ministro de Defensa?

Tener los retenes militares establecidos en todos los penales de máxima seguridad, poder catalogar a los grupos, a las organizaciones criminales que queremos como grupos hostiles, y poder actuar sobre ellos con acción decidida. Es un término, una figura, no lo tomen en sentido literal, pero muerto el perro, muerta la rabia. Si nosotros neutralizamos a las organizaciones que extorsionan, no van a haber extorsiones en el Perú. Entonces, esa, desde el ámbito de la pacificación interna, es mi principal meta.

La decisión se produjo luego de que Karin García Juárez, candidata a la alcaldía distrital, renunciara. Su dimisión fue aceptada el 5 de agosto, por lo que Bless quedó como primer regidor de una lista sin postulante a burgomaestre.

Según el colegiado, si Avanza País obtiene la mayor votación, Bless quedaría en posición de asumir otra vez la conducción del municipio. Ello supondría una continuidad inmediata prohibida por el artículo 194 de la Constitución.

“La incompatibilidad surge posteriormente (...) como consecuencia de la renuncia definitiva de la candidata”, señala la resolución.

El JEE rechazó los descargos del personero de Avanza País, Aldo Borrero, quien sostuvo que el pedido era una tacha fuera de plazo y que este supuesto no figura entre las causales de exclusión.

El fallo solo alcanza a Bless y puede ser apelado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Otros casos

Un caso similar ocurrió en Morropón, Piura, donde el JEE excluyó a Richard Baca, actual alcalde provincial y candidato a primer regidor por Alianza para el Progreso, tras la renuncia de Ricardo Espinoza, quien postulaba a la alcaldía. El colegiado consideró que Baca podría asumir nuevamente el cargo si su partido ganase las elecciones.

Sin embargo, el JNE mantuvo en carrera al alcalde de Ponto, Áncash, Percy Villanera, primer regidor por Somos Perú. El pleno sostuvo que la prohibición alcanza al cargo de alcalde, mientras Villanera postula como regidor.

Asimismo, señaló que una eventual sucesión no convierte por sí sola su candidatura en una postulación encubierta.

En declaraciones a Radio Nacional, Baella sostuvo que el país enfrenta una “pandemia criminal” debido al avance de la extorsión, el sicariato y otras modalidades delictivas. Señaló que cualquier estrategia contra la inseguridad debe contar con recursos económicos suficientes, pues las leyes y planes no serán efectivos sin presupuesto.

El parlamentario también planteó fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), mediante tecnología que permita identificar y geolocalizar equipos de comunicación vinculados a actividades delictivas. Asimismo, propuso mejorar la coordinación con las empresas de telefonía y controlar el uso irregular de líneas y chips.

Sobre la legítima defensa y la posibilidad de considerar a determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles o terroristas, Baella consideró necesario evaluar cuidadosamente las propuestas y establecer un marco legal que permita actuar a las Fuerzas Armadas y proteger a quienes defiendan su vida o la de sus familiares.

Finalmente, aclaró que su respaldo al pedido de facultades es una posición personal que llevará a su bancada para su evaluación.

Agregó que la seguridad ciudadana, la prevención ante el fenómeno El Niño y el crecimiento económico deben ser prioridades para el país.

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El titular del MTPE sostuvo que, si el Congreso concede las facultades, permitirá a la presidenta Keiko Fujimori hacer “las cosas más rápido”, considerando la proximidad del fenómeno El Niño y el tiempo que demoraría el Legislativo en sacar un dispositivo.

“Cuando otorgan facultades, están otorgando la confianza para hacer las cosas con rapidez, y tenemos que hacerlo así porque se viene un fenómeno de El Niño que puede generar mucho daño en el país. Cuando un gobierno pide delegación de facultades, le está diciendo al Congreso que hará más rápido porque el país lo necesita”, dijo Juan Sheput este sábado, desde la I. E. N.º 40267 Sagrado Corazón de Jesús, en Atico.

El ministro también destacó el potencial de la infraestructura educativa visitada y consideró que podría ser un refugio para muchos hogares.

QUEBRADA HONDA

Además, desde Quebrada Honda, donde ocurrieron los huaicos y bloquearon la Panamericana Sur por cinco días, Sheput inspeccionó la zona acompañado del alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto; y del alcalde distrital de Atico, Endhir Candia.

Sheput señaló que en la zona los problemas persisten como consecuencia de las alteraciones generadas por la naturaleza. “Con otra lluvia, se puede volver a desprender y es el criterio preventivo que se quiere utilizar. Se va a informar al premier, Luis Galarreta, para que dé las instrucciones a distintos ministros y se ejecuten los trabajos de prevención”, advirtió.

INVERSIÓN PARA EMERGENCIAS EN CARAVELÍ

Por su parte, el alcalde provincial Roberto Soto solicitó al titular del MTPE interceder en una próxima sesión de la PCM para que disponga de inversión destinada a atender las emergencias que afectan a la provincia.

Además, el burgomaestre entregó nuevos expedientes técnicos listos para ejecutar, correspondientes a distintos proyectos de la cartera de Trabajo.

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Como se conoce, Atico fue declarado en estado de emergencia mediante el Decreto Supremo N.º 118-2026-PCM, debido a los daños ocasionados por las lluvias. Como parte de su visita, el ministro realizó una inspección técnica en la zona de derrumbes de Quebrada Honda en la Panamericana Sur.

Posteriormente, Sheput visitó la I.E. N.º 40267 Sagrado Corazón de Jesús, donde a través del programa Llamkasun Perú se ejecutará una intervención con una inversión de S/ 210 mil, que generará 40 empleos temporales para los pobladores de la zona afectada.

El titular del MTPE estuvo acompañado del alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto, y el alcalde distrital de Atico, Julio Candia, quienes expusieron la situación de la zona y la necesidad de ejecutar intervenciones preventivas para proteger a las familias.

PROGRAMA

Sumado a ello, el programa financiará un total de 10 actividades de intervención inmediata en igual número de distritos de la región, con una inversión de S/ 1,7 millones. Se estima que estas acciones generarán más de 440 empleos temporales para la población hacia fin de año.

Por su parte, a nivel nacional, el programa proyecta la creación de más de 14 200 empleos mediante 282 actividades de intervención inmediata y cinco proyectos de inversión.

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A su juicio, el procedimiento no debería prolongarse y tendría que avanzar con rapidez tanto en la Cámara de Diputados como posteriormente en el Senado.

“La población también está impaciente. Yo creo que el debate debería durar, en el peor de los casos, dos semanas. Debería, digamos, si entró esta semana, yo creo que para el 10 de septiembre deberían estar ya aprobadas las facultades delegadas porque el fenómeno El Niño no espera”, señaló en declaraciones a RPP.

Mesía indicó que entre las prioridades contempladas en el proyecto figuran la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen y la prevención frente al fenómeno climático. Aunque admitió que podrían surgir dificultades durante las negociaciones, sostuvo que estas no deberían generar retrasos.

“En todo caso, lo que sí se necesita es que esto se ponga inmediatamente a debate tanto de la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. Lo más rápido que se puede. Esperemos que sea así”, remarcó.

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Barrantes Bravo es ingeniero zootecnista por la Universidad Nacional Agraria La Molina y cuenta con un doctorado en Planificación y Gestión del Desarrollo Rural por la Universidad Politécnica de Madrid, en España.

El cambio se produjo tras la renuncia de Jorge Juan Ganoza Roncal, aceptada mediante la Resolución Suprema Nº 012-2026-Midagri. Ganoza permaneció como titular del INIA desde marzo del 2024 y recibió el agradecimiento oficial por los servicios prestados.

El INIA tiene entre sus principales funciones desarrollar investigaciones y transferir tecnología para el sector agrario, además de trabajar en la conservación y aprovechamiento de recursos genéticos. La institución también participa en la producción de semillas, plantones y reproductores de alto valor genético.

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#CongresoInforma

Se convocó a sesión del Pleno del Congreso el jueves 3 de septiembre, desde las 10:00 a. m., a fin de que acudan el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía para sustentar los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de… pic.twitter.com/nfFQEXiGer

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 29, 2026

¿Qué temas se abordarán?

Durante la sesión se expondrán los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley de Endeudamiento y Ley de Equilibrio Financiero correspondientes al Año Fiscal 2027. Las iniciativas fueron remitidas previamente por el Poder Ejecutivo al Parlamento para iniciar el proceso de evaluación y aprobación.

Galarreta y Cuba deberán acudir al hemiciclo para explicar ante los congresistas los principales aspectos de las propuestas. Su participación responde al procedimiento previsto en la Constitución para la presentación de las normas vinculadas al presupuesto y las finanzas públicas.

El proyecto de Presupuesto establece el límite de gasto que podrá ejecutar el Estado durante el próximo ejercicio fiscal. Las otras iniciativas determinan las condiciones relacionadas con el financiamiento público y el equilibrio de las cuentas estatales.

La elaboración de estos proyectos corresponde al Poder Ejecutivo, mientras que su aprobación es una atribución exclusiva del Congreso. Por ello, tras la exposición de los representantes del Gobierno, los parlamentarios deberán continuar con el análisis, debate y posterior votación de las propuestas.

La convocatoria fue realizada por el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Torres, y formalizada mediante una publicación oficial del Congreso. El documento lleva la firma del oficial mayor, Giovanni Forno, y establece el inicio de la sesión para las 10:00 a. m. del 3 de setiembre.

La presentación de estas iniciativas forma parte del proceso anual mediante el cual se determina la distribución y administración de los recursos del Estado. El trámite continuará en el Parlamento hasta que las normas correspondientes al ejercicio fiscal 2027 sean debatidas y aprobadas.

De aprobarse la propuesta, las Fuerzas Armadas podrían realizar operaciones militares, utilizar inteligencia institucional y emplear fuerza letal contra los objetivos identificados.

La medida alcanzaría a organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua y Los Gallegos, además de bandas que operan en zonas fronterizas, como Los Choneros y el Comando Bermejo.

El ministro aclaró en Canal N, que la iniciativa no contempla a la delincuencia común ni a la minería informal. Sin embargo, en Pataz, los grupos criminales vinculados con la minería ilegal que utilicen fusiles de asalto o explosivos serían considerados grupos hostiles y objetivos militares. También se plantea incorporarlos al registro de organizaciones terroristas.

El proyecto incluye además garantías jurídicas para los militares que intervengan en estas operaciones. En los penales, en tanto, se descarta el ingreso de tropas y se plantea reforzar los controles externos mediante retenes, escáneres corporales, detectores de metales y revisión de paquetes.

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El pasado jueves, Gutiérrez sostuvo en RPP y otros medios que en el Perú, quien se atreve a disolver el Parlamento “automáticamente eleva sus puntos porcentuales de aceptación”. Según explicó, ello se debe a que la ciudadanía no cree en sus instituciones.

Sostuvo que Fujimori llegaría al 80% o subiría 20% o 30% más de su actual 60%.

Indignación

En ese sentido, a través de la red social X, Barragán acusó al funcionario de “incitar al cierre del Congreso” y promover actitudes “antidemocráticas y desestabilizadoras”.

Asimismo, en Canal N, afirmó que se avergonzaba de las expresiones del defensor. “Una persona que está en ese cargo no puede tener ese tipo de lapsus”, manifestó.

Además, adelantó que su bancada evaluará el lunes las acciones que adoptará y no descartó citar a Gutiérrez para que explique sus dichos ante el Parlamento.

Barragán citó una disposición del reglamento de la Defensoría, que Gutiérrez habría infringido.

Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori cuestionó lo señalado por el titular de la Defensoría.

“Creo que es un desliz la afirmación hecha por el defensor del Pueblo”, indicó. Luego, remarcó: “Rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso”.

Entre tanto, en un comunicado, la Defensoría señaló que lo que hizo Gutiérrez fue “analizar un posible escenario hipotético de manera prospectiva”, lo cual “no constituye, en ningún caso, una exhortación a ejecutarlo”. Aseguró que no respalda ningún quiebre institucional ni una salida al margen de la Constitución.

Mediante un pronunciamiento conjunto difundido este 28 de agosto, los grupos parlamentarios calificaron sus afirmaciones como contrarias al orden constitucional.

Los legisladores sostuvieron que los comentarios de Gutiérrez afectan el equilibrio de poderes y la representación de la soberanía popular. Asimismo, cuestionaron que el titular de la institución encargada de proteger los derechos y la democracia plantee posiciones que, según señalaron, se oponen a las disposiciones constitucionales.

El pronunciamiento fue suscrito por las cuatro bancadas y califica como incitaciones golpistas las declaraciones atribuidas al defensor del Pueblo.

Los parlamentarios remarcaron que el funcionamiento de las cámaras legislativas se encuentra sujeto a las normas establecidas en el ordenamiento jurídico.

Finalmente, las agrupaciones anunciaron que impulsarán medidas institucionales desde el fuero legislativo, dentro de las atribuciones que les corresponden.

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En entrevista con Canal N, explicó que la propuesta pasó por revisiones técnicas antes de ser presentada.

Galarreta señaló que el Ejecutivo sostuvo reuniones con la Dirección Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Estas coordinaciones permitieron identificar vacíos legales y dificultades que, según indicó, deben ser atendidas para mejorar la actuación de las instituciones encargadas de la seguridad.

El jefe del gabinete manifestó su confianza en que los diputados respaldarán la solicitud del Ejecutivo, especialmente por las medidas relacionadas con la atención de emergencias y el orden interno. Aseguró que una mayoría apoyaría la propuesta y recordó que el Congreso también tendrá la función de fiscalizar el cumplimiento de las medidas aprobadas.

Respecto a una posible reducción o fusión de ministerios, Galarreta afirmó que ese asunto no está actualmente en la agenda del Gobierno.

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La propuesta, aprobada por el Consejo de Ministros y suscrita por la presidenta Keiko Fujimori y el premier Luis Galarreta, reúne 66 solicitudes.

El pedido comprende distintas áreas de la administración pública y la economía, entre ellas seguridad ciudadana, orden interno, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, régimen tributario, desarrollo productivo y simplificación de trámites. También incorpora medidas vinculadas con una reforma estructural del Estado.

En materia de seguridad, el Ejecutivo propone modificar normas para enfrentar delitos como extorsión, sicariato, minería ilegal y delitos informáticos.

Entre las iniciativas figura establecer un marco legal para considerar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas y regular la legítima defensa con presunción de inocencia respecto de la racionalidad del medio utilizado.

El proyecto también contempla cambios en el sistema penitenciario, como permitir excepcionalmente la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa y apoyo operativo de los penales.

#ÚLTIMO | La PCM presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de delegación de facultades legislativas, que contempla 66 solicitudes orientadas a impulsar medidas para fortalecer la gestión pública y atender las principales prioridades del país.

Descarga el documento aquí:… pic.twitter.com/uSaBMKkLvJ

— Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) August 29, 2026

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“Somos partidarios de citar a los ministros a las comisiones para que brinden sus explicaciones. Si estas no resultan satisfactorias, entonces habrá que considerar otras medidas”, señaló al ser consultado sobre el desempeño del gabinete ministerial durante los primeros 30 días de gobierno.

Respecto a las recientes denuncias por presuntas contrataciones indebidas que involucran al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, Nieto indicó que la bancada de Buen Gobierno cumplirá con su labor de fiscalización, convocando a los funcionarios implicados para que esclarezcan los hechos y presenten los descargos correspondientes ante las comisiones.

De otro lado, se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas realizado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Al respecto, sostuvo que existen temas urgentes que requieren atención inmediata, como la prevención ante el Fenómeno de El Niño Costero y la lucha contra la inseguridad ciudadana, asuntos que deberán ser evaluados por los parlamentarios.

Asimismo, consideró que la conducción de la respuesta frente a emergencias debió recaer en el Ministerio de Defensa y no en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. “En Defensa se encuentran las principales capacidades logísticas y operativas del Estado. La mayor fuerza organizativa y logística que tiene el Perú son sus Fuerzas Armadas, que responden directamente a su comando”, afirmó.

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Cabe mencionar que el pedido fue admitido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dirigido por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria.

La defensa del legislador cuestiona específicamente el Certificado Médico Legal N.° 039118-VFL y argumenta que se trata de una prueba ilícita.

Según su recurso de tutela de derechos, la incorporación del documento por parte de la Fiscalía Suprema de Familia vulneraría las garantías vinculadas al debido proceso.

El juzgado programó para el jueves 10 de septiembre de 2026, a las 15:00 horas, una audiencia virtual para evaluar el pedido. La diligencia se realizará mediante Google Meet y deberán participar el representante del Ministerio Público y la defensa acreditada del parlamentario.

Caso Julián Pérez Mallqui: Pide excluir certificado médico como prueba

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— Canal N (@canalN_) August 28, 2026

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Álvarez sostuvo que la propuesta busca abordar problemas pendientes en el sistema penitenciario, entre ellos el hacinamiento y la convivencia entre internos con distintos niveles de peligrosidad.

“Vamos a empezar el camino para tratar de destrabar lo que ha existido durante décadas: el problema del hacinamiento de los penales, el juntar reos primarios con reos muy avezados”, expresó.

El titular de Justicia remarcó la importancia de atender la inseguridad que afecta a la población.

“El punto principal es la seguridad ciudadana, que es lo que más agobia a todos los peruanos”, expresó.

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