De acuerdo con información oficial difundida por la Policía Nacional del Perú, se llevaron a cabo un total de 12 allanamientos en distintos puntos. Las intervenciones incluyeron propiedades asociadas a exautoridades de la entidad electoral, así como al representante legal de la empresa involucrada.

🚨 #ÚltimoMinuto | En estos momentos, la @DircocorPNP ejecuta 12 allanamientos, incluyendo inmuebles vinculados al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, exfuncionarios y al representante legal de la empresa Galaga. Por el presunto delito de colusión agravada. pic.twitter.com/OpnPEmTA7e

— DircocorPNP (@DircocorP) April 24, 2026

¿Por qué son investigados los exfuncionarios?

Las pesquisas se desarrollan en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión agravada. Este tipo de ilícito implica la posible concertación indebida entre funcionarios públicos y particulares en perjuicio del Estado.

El fiscal Raúl Martínez lidera las diligencias, las cuales comprenden el registro de inmuebles y la incautación de equipos electrónicos y documentación relevante. Entre los objetos decomisados se encuentran teléfonos móviles, computadoras portátiles y archivos que podrían aportar información clave para el avance del caso.

El operativo se realizó en el marco de un proceso por los presuntos delitos de omisión de funciones y demora de actos funcionales. Estas indagaciones buscan determinar responsabilidades en relación con el retraso en la distribución del material electoral durante la jornada.

Samamé no fue ubicado en Lince

Las autoridades acudieron a la vivienda registrada a nombre del investigado en Lince como parte de las diligencias autorizadas judicialmente. Sin embargo, durante la intervención no se logró ubicar al exfuncionario en dicho inmueble.

Esta situación se replicó en otras direcciones vinculadas a su nombre, donde tampoco se confirmó su presencia. Como se recuerda, este operativo forma parte de un conjunto de medidas destinadas a recabar información relevante para el caso.

Según el reporte de Exitosa, el despliegue se trasladó a un inmueble ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, donde las autoridades continuaron con las acciones de investigación. En ese lugar se encontraba otro trabajador de la ONPE vinculado al caso.

De acuerdo con la información recogida, esta persona habría sido señalada previamente por Samamé Blas como presunto responsable por los retrasos durante entrega de material electora.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | La Fiscalía y la PNP allanaron inmuebles de Juan Phang Sánchez, suspendido funcionario de la ONPE, en el marco de las investigaciones por el caos registrado durante las elecciones.

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— Exitosa Noticias (@exitosape) April 24, 2026

El exgerente de Gestión Electoral presentó su renuncia tras culminar la jornada de votación en medio de cuestionamientos al proceso. Posteriormente fue detenido de manera inicial por disposición fiscal, tras ser vinculado a las irregularidades.

Tras cumplir ese periodo de detención, el investigado quedó en libertad bajo comparecencia. Al cierre de esta nota, Samamé continúa siendo parte de las investigaciones y se encuentra a la espera de nuevas disposiciones por parte del Ministerio Público.

La diligencia se inició a las 6:19 de la mañana con la presencia de un fiscal que acudió al lugar para ejecutar el procedimiento. Según reportó Canal N, en un primer momento no hubo respuesta desde el interior del inmueble pese a los intentos de contacto.

Tras varios intentos, una persona salió desde el segundo nivel del edificio y permitió el acceso de las autoridades. Luego de ello, el representante del Ministerio Público ingresó acompañado por efectivos policiales para continuar con las diligencias.

Minutos después, alrededor de las 6:30 de la mañana, se registró la salida de un individuo del inmueble. La misma persona se dirigió a un vehículo estacionado en las inmediaciones, retiró algunos documentos y volvió a ingresar al local intervenido.

#EnVivo

Defensa pública llegó a local de la empresa Galaga, ubicado en San Juan de Lurigancho. Las autoridades continúan con los allanamientos en 12 inmuebles, por el caso irregularidades en elecciones

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/rdgXbEp0sG

— Canal N (@canalN_) April 24, 2026

Defensa legal de Galaga se presenta ante la sede

Horas más tarde, cerca de las 8:00 de la mañana, llegó al lugar un defensor públioco identificado como Javier Catachura, quien señaló que llegó para asumir la defensa del representante de Galaga. Sin embargo, permaneció por un breve periodo debido a que posteriormente se hizo presente un abogado particular vinculado al caso.

Esta diligencia está orientada a ubicar al representante legal de la empresa intervenida, identificado como Juan Charles Alvarado Fuyo. Hasta el momento de la intervención no se reportó su presencia en el inmueble.

Además de la intervención en San Juan de Lurigancho, se confirmó que existe otra sede de la empresa en la urbanización Villena, en el distrito de Lurín. En el recinto también se vienen desarrollando diligencias similares en paralelo.

Estas acciones se ejecutan de manera simultánea como parte de un operativo más amplio. Las autoridades continúan con el desarrollo de las investigaciones en distintos puntos de Lima Metropolitana.

Según los resultados más recientes, Roberto Sánchez alcanzó 1’925725 votos (12.034%), mientras que el exalcalde de Lima suma 1’905424 (11.907%), lo que deja una diferencia de 20,301 votos.

Conteo ONPE

El ente electoral informó que el procesamiento de actas de la elección presidencial ya se completó. Estas corresponden a las que ingresaron al centro de cómputo y fueron digitalizadas, aunque no todas han sido aún contabilizadas.

Dicho procesamiento se desarrolló en los centros de cómputo de cada una de las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales instaladas alrededor del país.

En cada uno de estos se habilitó un espacio para observadores y personeros de las organizaciones políticas, con acceso durante toda la jornada. “De las cuales 125 procesaron actas del territorio nacional y una (ODPE de peruanos en el extranjero) hizo lo propio con las actas que se recibieron del extranjero”, detalló la ONPE.

De ese total, el 5.574% corresponde a actas observadas por incidencias o inconsistencias que requieren revisión y serán contabilizadas una vez que los Jurados Electorales Especiales emitan su resolución.

Todavía existen más de 4 mil actas enviadas a los JEE para su revisión, las mismas que podrían otorgarle o no más votos al exalcalde de Lima.

Según explicó, el juez encargado del caso determinó que no correspondía dictar una medida restrictiva de libertad. En ese mismo pronunciamiento, se autorizó la ejecución de diligencias como el ingreso a inmuebles vinculados al investigado.

Autorización para allanamientos

El magistrado Manuel Chuyo, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, estuvo a cargo de la evaluación del caso. La resolución permitió que el Ministerio Público continúe con otras medidas de investigación, entre ellas el allanamiento del domicilio del exfuncionario.

Estas diligencias se iniciaron desde las primeras horas de este viernes como parte de un operativo. Este viernes se ejecuta el registro de viviendas relacionadas con otros investigados y personas vinculadas al caso.

El fiscal Raúl Martínez dirige las acciones junto a agentes de la Policía Nacional del Perú. En total, se intervienen 12 inmuebles que incluyen el domicilio de Corvetto, así como los de los exfuncionarios José Samamé y Juan Phang, además del representante legal de la empresa Gálaga SAC.

La investigación se desarrolla por el presunto delito de colusión agravada en perjuicio del Estado. Como parte de las diligencias autorizadas, también se dispuso la incautación de teléfonos móviles, computadoras portátiles y documentación relevante.

🚨 #ÚltimoMinuto | En estos momentos, la @DircocorPNP ejecuta 12 allanamientos, incluyendo inmuebles vinculados al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, exfuncionarios y al representante legal de la empresa Galaga. Por el presunto delito de colusión agravada. pic.twitter.com/OpnPEmTA7e

— DircocorPNP (@DircocorP) April 24, 2026

Pedido fiscal fue presentado días antes

Días antes, el Ministerio Público había formalizado el pedido de detención preliminar contra el exjefe de la ONPE. Esta solicitud fue confirmada por el entonces fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, quien indicó que el requerimiento había sido presentado para su evaluación judicial.

En ese contexto, el titular del Ministerio Público explicó que la decisión final sobre la medida correspondía al juez competente. Asimismo, informó que el investigado entregó a la Fiscalía sus pasaportes peruano e italiano como parte del proceso.

Acciones

El fiscal Raúl Martínez Huamán, de la Fiscalía Anticorrupción, dispuso recabar información clave de los dispositivos, como computadoras y teléfonos móviles, utilizados por el exgerente de Gestión Electoral José Samamé Blas; el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez; la funcionaria de logística, Hilda Otoya Alvarado; el servidor Willian García Velásquez; y la funcionaria Lilia Flores Bancho.

Según el documento, difundido por La República, los implicados deberán entregar sus correos electrónicos, tanto institucionales como personales, incluidos los mensajes enviados, recibidos, en spam y en la papelera. Estas medidas buscan determinar si hubo fallas técnicas o acciones coordinadas que afectaron la votación.

Asimismo, la Fiscalía evalúa determinar si hubo intervención de terceros o eventuales irregularidades al interior de la propia institución. En esa línea, se requirió el registro de visitas externas a la Subgerencia de Producción Electoral y a la Gerencia de Gestión Electoral, desde mayo de 2025 hasta la realización de la primera vuelta.

Más pedidos

También se solicitó la entrega del Plan Operativo Electoral (POE), elaborado por la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, al haber servido para la configuración de los equipos electrónicos utilizados durante el sufragio.

Además, el despacho ha pedido las copias certificadas de las guías de despacho de los 13 colegios donde no se entregó el material electoral y no se pudieron instalar las mesas de votación el 12 de abril.

Hasta el momento, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) tiene una ventaja de 20,458 votos sobre Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Sin embargo, esta no es la primera vez que dos candidatos pelean el voto a voto.

De acuerdo con información revisada por Correo, existen por lo menos cuatro elecciones en el Perú en los últimos 25 años que evidencian que el país es proclive a tener comicios reñidos y definiciones de infarto.

HISTÓRICO

En el año 2006, la primera vuelta presidencial colocó a Ollanta Humala (Unión por el Perú) en segunda vuelta con 3,758,258 votos. Sin embargo, la persona que competiría con el ahora expresidente se definió por poco.

Y es que Alan García Pérez (Partido Aprista Peruano) alcanzó 2,985,858 votos, mientras que Lourdes Flores Nano (Unidad Nacional) obtuvo 2,923,280 votos.

Es decir, solo hubo una diferencia de 62,578 votos entre ambos candidatos.

Mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contaba los votos, no se sabía quién pasaría a segunda vuelta.

Cuando los votos escrutados iban en el 52.7%, Humala Tasso tenía 27.8%, mientras que el segundo lugar era ocupado por Flores Nano con 26.3%, en tanto, García Pérez iba en tercer lugar con 25.6%.

En tanto se conoció que García sería el candidato que pasó a segunda vuelta, se pronunció.

“Siento señalar que al despedirme de esta contienda no lo hago con la certeza de haber sido derrotada en las urnas, sino con la percepción de que mi eliminación se ha labrado en las mesas”, afirmó.

Por otro lado están las segunda vueltas en el Perú. En los años 2006 y 2011, la diferencia de votos entre dos candidatos presidenciales fue de 694,937 y 447,057 votos, respectivamente.

Sin embargo, el panorama cambió en el año 2016.

Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio) pasó a segunda vuelta contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el primero ganó tan solo por una diferencia de 41,057 votos.

RECIENTES

Durante las elecciones de 2021, Keiko Fujimori pasó a segunda vuelta contra Pedro Castillo (Perú Libre).

Solo días después de las elecciones y cuando la contabilidad por la ONPE iba al 99%, la lideresa naranja pidió la nulidad de 200 mil votos bajo el argumento de irregularidades y “fraude en mesa”.

En paralelo, los Jurados Electorales Especiales (JEE) resolvían actas observadas e impugnadas.

Finalmente, el profesor que le ganó con solo una diferencia de 44,263 votos.

El caso más reciente son las Elecciones Generales 2026.

Keiko Fujimori tiene un lugar asegurado para competir en la segunda vuelta, pues alcanzó 2′716,120, es decir, 17.05% de votación. Sin embargo, el segundo lugar se define de a pocos.

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) tiene una ventaja de 20,458 votos sobre Rafael López Aliaga (Renovación Popular), al 94.65% de actas contabilizadas.

Todavía existen 4829 actas enviadas a los JEE para su revisión, las mismas que podrían otorgarle o no más votos al exalcalde de Lima.

Tal como ocurrió en el 2021, esta vez Renovación Popular denunció irregularidades en el proceso electoral, esto debido a la demora en la instalación de mesas porque la ONPE no entregó a tiempo el material electoral.

La agrupación solicita elecciones complementarias para que las personas de Lima Metropolitana que no lograron votar por los hechos antes mencionados, puedan ejercer su derecho.

ANÁLISIS

Para el analista político Juan Paredes Castro, el motivo principal de las elecciones reñidas obedece a la presencia de 35 organizaciones que presentaron a candidatos presidenciales.

“Hemos tenido un fenómeno de fragmentación con 35 partidos y sus candidatos. Es algo que no debería ocurrir porque deberían existir filtros y no permitir un volumen de candidatos de ese nivel”, indicó.

En diálogo con Correo, el experto consideró que así se le quita representación al país y se generan resultados reñidos.

“Cómo es posible que lleguemos a una competencia en segunda vuelta con Keiko Fujimori con 17% y el señor Sánchez con 12%, en la segunda vuelta habrá una estrecha competencia y si alguno gana será con el 51%, porque se obliga a todo el país por candidatos que no los representan”, sostuvo.

Paredes Castro agregó que los resultados reñidos también obedecen a los altos niveles de polarización.

“En la segunda vuelta vamos a tener una elección reñida. Cómo no van a ser reñidas las elecciones si están postulando dos candidatos con una polarización grande”, afirmó.

En el mismo sentido se pronunció el analista político César Campos, quien consideró como primer factor de las elecciones reñidas, el denominado refrán “voto en contra de”.

“En los últimos años hemos visto que se ha dado el fenómeno de arreglar la votación, pues los peruanos votan en contra de determinados candidatos. Por ejemplo, Ollanta Humala no le ganó a Keiko Fujimori en el 2011 por afirmación, sino porque votaron en contra de Keiko”, indicó.

En diálogo con este medio, explicó que la diferencia de menos de 50 mil votos entre dos candidatos no se debe a un voto por convicción o arrastre de masas, sino que más bien es concedido al candidato con menos anticuerpos y que es alimentados por las fuerzas mediáticas.

“Al final la mayoría vota en contra de un adversario. No estamos hablando de votos sólidos”, sostuvo.

Además, Campos consideró que otro factor para tener una votación reñida tiene que ver con el incremento de la oferta electoral.

“Se generan nuevos partidos sin filtros. En el Perú se pretendió hacer reformas para tener elecciones primarias, una copia del modelo Argentino, pero esta modalidad fue eliminadas”, recordó.

Desde su punto de vista, mientras mayor sea la oferta electoral, la gente se siente menos identificada con un partido político.

En esa línea, recordó que durante las elecciones del 2021, Pedro Castillo obtuvo 2,724,752 votos en primera vuelta, mientras que Keiko Fujimori consiguió 1,930,762 votos. Sin embargo, en segunda vuelta ambos pasaron a tener más de 8 millones de votos.

“Estos no son votos efectivos. Sino que se obliga al peruano a decidir entre una persona que no quieren, es un cálculo. No es que despierten una convicción y por ese votan por ellos en segunda vuelta”, aseveró.

A través de una publicación en la red social X, la institución felicitó al país por la decisión, mensaje que también fue difundido por la Embajada de Estados Unidos en territorio peruano.

Según la entidad militar, la incorporación de estas aeronaves permitirá mejorar las capacidades de defensa aérea de la Fuerza Aérea del Perú y reforzar el aporte del país a la seguridad del hemisferio occidental.

“Este acuerdo reafirma nuestro compromiso de apoyar la modernización de la defensa peruana y profundizar la alianza de seguridad entre Estados Unidos y Perú”, señala el pronunciamiento firmado por el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur.

“Felicitamos al Perú por su reciente decisión de adquirir nuevos cazas F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea Peruana. La incorporación de la versión más avanzada del F-16 mejora las capacidades de defensa aérea del Perú y fortalece su contribución a la seguridad en el hemisferio… https://t.co/mYE3DFIbDV

— Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) April 23, 2026

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El pedido fue enviado por María Teresa Cabrera Vega al jefe interino Bernardo Pachas Serrano, luego de una solicitud inicial formulada el 20 de abril de 2026.

Entre los datos requeridos figuran la cantidad total de trabajadores extranjeros, nacionalidad, identificación completa, documento de identidad, modalidad de contratación y el área donde prestan servicios. Según el oficio, hasta la fecha la entidad electoral no había entregado la información solicitada previamente.

La JNJ también pidió la copia completa del expediente técnico vinculado a la compra del inmueble ubicado en la avenida Vía Expresa, en La Victoria, destinado a convertirse en la nueva sede central de la ONPE.

El requerimiento incluye antecedentes administrativos, técnicos y documentales de la adquisición realizada en la gestión anterior.

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Pareja Ríos adelantó que en los próximos días ofrecerá mayores detalles sobre las medidas que desarrollará desde la Cancillería.

También indicó que la propuesta para asumir el ministerio le fue planteada por el mandatario la mañana de este jueves.

El nuevo integrante del gabinete retorna de su retiro para sumarse a la etapa final del Ejecutivo. Durante su carrera diplomática fue embajador del Perú en Chile, Estados Unidos, Suiza y España. A la juramentación acudieron otros ministros de Estado.

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Pacheco Zerga explicó que en la actividad se abordarán temas vinculados al derecho constitucional contemporáneo, entre ellos derechos internacionales, Corte Interamericana, activismo judicial y derechos humanos.

Precisó que su exposición estará centrada en “el nuevo constitucionalismo, el evolucionismo constitucional y la diferencia entre derechos y pretensiones”, advirtiendo que en la actualidad muchas veces se confunden estos dos últimos términos.

Añadió que durante las jornadas se analizarán aspectos que van “desde lo más alto, que es la organización del Estado, hasta los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Asimismo, subrayó que el respeto a la Constitución no solo compete a las autoridades, sino también a la ciudadanía. Así también, resaltó que Arequipa y la UCSM hayan sido escogidas nuevamente como sede del congreso del próximo año. “Se va haciendo una tradición”, apuntó.

CONGRESO

Cabe mencionar que el evento académico reúne a 64 reconocidos especialistas del derecho constitucional provenientes de Italia, Colombia, México, Argentina, Marruecos, Puerto Rico, Guatemala y Perú.

En el primer día participaron reconocidas figuras como: Luca Mezzetti, Antonio María Hernández, Anna Mastromarino, Ernesto Blume Fortini, Víctor García Toma, así como especialistas de amplia trayectoria: Jorge Alejandro Amaya, Sofía Sagüés, Marcelo López Alfonsín, Mónica Gonzales Contró, Gerardo Eto Cruz, Edgar Carpio Marcos, Jorge Luis Cáceres Arce, entre otros expertos nacionales e internacionales.

Entre otros temas a tratar están el Estado de Derecho, la tutela multinivel de los derechos humanos, la constitucionalización del derecho y los desafíos del sistema interamericano de derechos humanos.

VIDEO: PRESIDENTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

También señaló que su agrupación no forma parte de la gestión de José Balcázar y sostuvo que las designaciones ministeriales son decisión exclusiva del Ejecutivo.

La candidata explicó que el funcionario tuvo una relación laboral previa con la congresista Rosángella Barbarán, pero remarcó que ello no implica militancia partidaria.

“Descarte tajantemente que el ministro de Defensa sea una cuota de Fuerza Popular. Él no es militante del partido. Si lo fuese, yo hubiese dicho que nadie participe en este gobierno de transición. Aspiramos a ser gobierno por nuestra cuenta, así es que rechazo esa afirmación”, declaró.

Sobre la coyuntura política, Fujimori adelantó que no respaldará una eventual salida presidencial mediante vacancia.

“No estaría a favor de una opción de vacancia. Creo que no es el momento. Hago un llamado a la calma para que el proceso electoral siga y no hagamos cambios de gobierno en medio de esta segunda vuelta”, manifestó.

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Rospigliosi señaló que, desde su interpretación, la vacancia sería el mecanismo constitucional más adecuado.

Sin embargo, precisó que, si se presenta una moción de censura con las firmas necesarias, esta deberá ser debatida siguiendo el procedimiento establecido. “Si se presenta, habrá que debatirla en el Pleno”, indicó.

También sostuvo que la situación vinculada a la adquisición de las aeronaves habría sido superada tras el cumplimiento del pago acordado, lo que permite continuar con el proceso para la Fuerza Aérea del Perú.

La dimisión del excanciller fue comunicada mediante una carta fechada el 22 de abril de 2026, dirigida al jefe de Estado, en la que expone su desacuerdo con una decisión adoptada recientemente por el Ejecutivo en materia de política exterior.

En el documento, De Zela sostuvo que su salida responde a un cambio de postura del Gobierno en un tema estratégico vinculado a la seguridad nacional.

El requerimiento fue presentado el 1 de abril por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. El Ministerio Público solicita la ejecución de esta medida, en la modalidad de registro histórico, en el marco de la investigación preliminar abierta por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado, a raíz del mencionado caso.

La Fiscalía también solicitó al Poder Judicial la autorización para levantar el secreto de las comunicaciones, en la modalidad de registro histórico, de Gregorio Villalón, Máximo Ramírez, Franco Parodi, Percy Gamonal, Marco Palacios, Yesenia de la Cruz, Julissa Lores, Uber Torres y Gian Franco Meza, todos en calidad de “terceros afectados” dentro de dicha investigación preliminar.

En otro requerimiento presentado el 1 de abril, la Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial la autorización para levantar el secreto bancario del investigado Juan José Santiváñez, así como de los terceros implicados Percy Tenorio, Marco Palacios, Gregorio Villalón, Franco Parodi, Gian Franco Meza y la persona jurídica Asesoría y Proyectos Tenorio SAC, en el marco de la investigación preliminar en curso.

Estos pedidos fiscales fueron presentados ante el despacho del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien fijó dos audiencias virtuales de carácter “privado” para el martes 5 de mayo a las 9:30 a. m. y 11:00 a. m., donde se evaluarán con la participación de las partes involucradas, a fin de emitir una decisión en los próximos días.

El magistrado también ordenó que estos requerimientos fiscales sean puestos en conocimiento de las partes involucradas, a fin de que, en un plazo de tres días hábiles, se pronuncien sobre las medidas solicitadas, ya sea formulando oposición o allanándose a ellas.

EL CASO

El Ministerio Público investiga un presunto esquema de corrupción vinculado al control de la mina El Dorado, en la región Ayacucho. En el marco de este caso, la Fiscalía ejecutó en agosto el operativo “Ícaro 2025”, que incluyó el allanamiento de viviendas de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, de Franco Parodi, así como de abogados del estudio jurídico de Juan José Santiváñez.

Asimismo, el burgomaestre también se refirió a la adquisición de los aviones F-16.

“Yo diría que los compromisos hay que respetarlos. Y ese es el ejemplo claro, efectivamente, de los aviones y por esta crisis ministerial que estamos viendo. Y probablemente siga esa crisis ministerial porque es un gabinete que lamentablemente no está cumpliendo con los acuerdos”, señaló.

“¿Por quién? ¿Encargados por quién? No lo sé. Yo no voy a entrar en especulaciones. Lo que sí tengo que decir es que hay que cumplir con los acuerdos y hay que cumplir con los compromisos”, resaltó.

Además, el burgomaestre respaldó la posibilidad de llevar a cabo elecciones complementarias en Lima Metropolitana, una propuesta impulsada por Rafael López Aliaga.

Sobre ello, precisó que la realización de dichos comicios es competencia del Jurado Nacional de Elecciones, entidad a la que atribuyó un “enorme encargo” que debe ser ejecutado “con solvencia”.

“Las elecciones complementarias se caen de maduras. Se tienen que dar”, afirmó Reggiardo, quien además exhortó al presidente Balcázar a no intervenir en dicho proceso.

“El único autorizado es el ente rector electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones, para que intervenga en este tema. No puede inmiscuirse ninguna autoridad y menos el presidente de la República”, manifestó.

Reggiardo informó además que la Municipalidad Metropolitana de Lima prevé la compra de cerca de 500 cámaras de videovigilancia, que serán colocadas en unidades de transporte público que operan en el distrito de San Martín de Porres, con una inversión aproximada de cuatro millones de soles.

En su canal de YouTube, López Aliaga atribuyó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, la responsabilidad por la falta de material electoral que impidió votar en 13 locales de Lima Metropolitana, lo que llevó a prolongar la jornada hasta el lunes 13.

A juicio del exalcalde de Lima, este escenario dejó a varios ciudadanos sin la posibilidad de votar en la última jornada, por lo que instó al titular del Jurado Nacional de Elecciones a pronunciarse sobre la convocatoria de elecciones complementarias.

“El Jurado Nacional de Elecciones ha tenido que supervisar que todo el material esté a las 7 de la mañana disponible en todas las mesas de votación de todo el Perú y no lo ha hecho. Usted ha debido intervenir y no lo ha hecho”, cuestionó el candidato.

“Señor Burneo, usted tiene que dar una solución. Está siendo cómplice y no da una solución”, añadió.

López Aliaga también se refirió a la sesión de este miércoles del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que se extendió por más de diez horas y en la que se abordaron, entre otros temas, aspectos operativos como la entrega de actas pendientes.

“Están hablando, hablando, pero el país no aguanta mucho más…”, sostuvo.

Asimismo, en dicha sesión estuvo presente el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Bernardo Pachas.

La sesión se reanudará este jueves, y en ese contexto el candidato de Renovación Popular insistió en que se discuta la posible nulidad del proceso electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que ya no quedan actas pendientes en el conteo presidencial, consolidando la diferencia entre los candidatos Roberto Sánchez Palomino y Rafael López Aliaga.

Según el último reporte oficial actualizado al 23 de abril de 2026 a las 02:30 a.m., Sánchez registra 1,917,145 votos válidos (12.035 %), mientras que López Aliaga obtiene 1,898,735 votos válidos (11.907 %).

La diferencia entre ambos candidatos es de 18,402 votos, lo que mantiene a Sánchez en una posición superior en el conteo oficial.

ONPE confirma que no quedan actas pendientes

De acuerdo con el reporte del sistema electoral, el procesamiento alcanza el 94.632 % de actas contabilizadas, correspondiente a un total de 92,766 actas.

Asimismo, el sistema señala que ya no existen actas pendientes, quedando únicamente aquellas que deben ser enviadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su revisión.

Este avance marca una etapa clave del proceso electoral, ya que la ausencia de actas pendientes permite enfocar la siguiente fase en la evaluación de observaciones e impugnaciones.

Diferencia entre candidatos sigue siendo estrecha

El margen de 18,402 votos refleja un escenario competitivo entre los postulantes que se ubican en posiciones cercanas dentro del conteo presidencial.

Mientras continúan los procedimientos electorales, los resultados procesados aún deben ser validados por los Jurados Especiales Electorales y, de ser el caso, por el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene la última palabra en caso de apelaciones.

El proceso electoral se mantiene en desarrollo, a la espera del cierre definitivo del cómputo oficial tras la resolución de actas observadas.

La congresista Patricia Juárez afirmó que la bancada de Fuerza Popular no respaldará una eventual moción de censura contra el presidente José María Balcázar, al considerar que dicha medida afectaría la estabilidad del país en la etapa final del actual mandato.

En declaraciones a RPP, la legisladora calificó la iniciativa como un error político en el actual contexto.

“Nosotros no nos vamos a sumar a esa moción como tampoco lo hicimos en el caso de la moción de censura que se presentó contra (José) Jerí”, afirmó la parlamentaria.

Considera un “desatino” impulsar una censura

Juárez argumentó que restan 97 días para el cambio de mando presidencial del 28 de julio, por lo que un intento de censura en este periodo podría profundizar la incertidumbre política.

“Creo que es un desatino, nuestro país no merece estar en estas situaciones de incertidumbre”, sostuvo.

La legisladora indicó que el actual escenario político está marcado por renuncias ministeriales y el proceso de conteo de votos de las recientes elecciones generales, lo que —según señaló— exige prudencia en la toma de decisiones.

La moción de censura viene siendo promovida por el congresista Ilich López, en medio de cuestionamientos al Ejecutivo por decisiones relacionadas con la compra de aviones de combate F-16.

Cuestiona crisis política, pero descarta respaldo a la censura

Aunque rechazó la posibilidad de censura, Juárez reconoció que el contexto político actual ha generado cuestionamientos a la figura presidencial.

“La situación de la institución de la presidencia creo que ha venido a menos, creo que ya estamos en un punto de quiebre”, manifestó.

Asimismo, indicó que el proceso de adquisición de aeronaves militares, valorizado en aproximadamente 3,500 millones de dólares, ha generado fricciones políticas y cuestionamientos sobre la conducción del Ejecutivo.

No obstante, señaló que la estabilidad institucional y el respeto a los periodos constitucionales deben prevalecer para evitar crisis mayores.

Propone fiscalización en lugar de censura

Como alternativa, la congresista planteó que el Parlamento ejerza su función de control político convocando a autoridades del Ejecutivo para que expliquen el proceso de adquisición de aeronaves.

Sugirió citar al nuevo ministro de Defensa o al presidente del Consejo de Ministros para que informen sobre el manejo de recursos y acuerdos relacionados con la compra de aviones para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Además, Juárez se refirió al escenario electoral y señaló que su agrupación respetará las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), incluso frente a propuestas de elecciones complementarias.

Integrantes

La decisión, que mantiene en vilo al país, está en manos de los cinco magistrados del JNE.

Su presidente es el juez supremo Roberto Burneo Bermejo, elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema como su representante para el periodo 2024-2028. En el sector público trabajó en el Ministerio de Justicia, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y el Ministerio de la Producción, entre otros.

El pleno del JNE lo completan otros cuatro miembros, entre ellos, Martha Maisch Molina, fiscal suprema provisional. La Junta de Fiscales Supremos la designó representante del Ministerio Público en diciembre de 2023. Cuenta con experiencia como fiscal adjunta Suprema Titular encargada del Centro de Asuntos Interculturales, Rondas y Comunidades Campesinas.

En representación del Colegio de Abogados de Lima, para el periodo 2026-2030, está el jurista Gunther Gonzales Barrón. Fue funcionario en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y juez supremo provisional en la Sala Civil de la Corte Suprema.

Cabe mencionar que un juzgado especializado de familia de Lima admitió –en diciembre de 2023– una denuncia en su contra por presunta violencia psicológica, presentada por su esposa.

Rubén Torres Cortez es el representante, desde 2024, de las facultades de Derecho de universidades públicas. Fue decano en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y tiene cerca de tres décadas como docente.

Finalmente, como representante de las universidades privadas está Aaron Oyarce Yuzzelli, electo en 2023. Antes postuló al proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso.

DETALLES

Desde ayer por la mañana, el JNE sesiona de forma permanente para determinar qué acción tomar.

Uno de los escenarios que se evalúa, es convocar a elecciones complementarias en los distritos que fueron afectados por la entrega tardía de material electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la no instalación de mesas.

Precisamente, ayer por la mañana, Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, asistió ayer a la sede del JNE para “actividades finales y coordinaciones de la segunda vuelta”.

REACCIONES

Ante la posibilidad de elecciones complementarias, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) llamó a una movilización si dicha medida se concreta.

“No lo vamos a tolerar, llamamos a las fuerzas patrióticas democráticas, al pueblo rural, al pueblo andino a que se movilice”, dijo desde Cajamarca.

Para Alfonso López Chau (Ahora Nación) “el verdadero fraude” ocurriría si es que se anulan las elecciones o se convocan a complementarias. “Señor Burneo cumpla con su deber, el verdadero fraude está en marcha, no lo permitamos”, afirmó.

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) se mostró de acuerdo con elecciones complementarias, más no con la nulidad total de elecciones.

Por ese motivo, hizo un llamado al JNE para que actúe de forma responsable.

Mientras que Rafael Belaúnde (Libertad Popular) consideró que no existe razón ni marco legal para elecciones complementarias: “El impacto, producto de la ineptitud de la ONPE, no mueva la aguja”.

El presidente había señalado días antes que la compra se había suspendido, pero eso no era cierto.

Ayer, el canciller Hugo de Zela y el ministro de Defensa Carlos Díaz-Dañino renunciaron y acusaron a Balcázar de haber mentido con el anuncio que el contrato firmado el lunes 20 de abril con la empresa estadounidense Lockheed Martin no se había realizado.

De Zela señaló que Balcázar mintió públicamente al afirmar que los contratos no estaban firmados, pese a que el propio ministro de Defensa le comunicó personalmente su suscripción.

“El señor Balcázar ha estado saliendo en medios a decir que los contratos no estaban firmados. Eso es una mentira flagrante”, afirmó el excanciller a RPP Noticias.

Por su parte, Díaz-Dañino sostuvo que con la firma del contrato, actuó conforme a la legalidad vigente porque ningún funcionario puede paralizar un proceso de contratación solo de palabra, sin un acto jurídico formal.

Respuesta de Balcázar

Tras las renuncias ministeriales y las acusaciones, Balcázar se vio obligado a dar su versión.

Para ello, dio un improvisado mensaje a la nación. En él indicó que “tergiversaron” sus declaraciones sobre la celebración del contrato militar y refirió que esta negociación proviene de mandatos anteriores.

“Han tergiversado declaraciones mías, que es necesario aclarar al país. Nosotros lo que estamos diciendo y hemos dicho siempre es que la compra de los aviones F- 16 se postergase para ser pagados en el próximo gobierno, que salga de las elecciones normales que están en curso”, subrayó.

Además, reiteró que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) lideró las conversaciones técnicas de forma secreta.

A los pocos minutos, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Luis Enrique Arroyo Sánchez, emitió un comunicado oficial en el que respaldó el proceso de adquisición.

El premier sostuvo que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional acordó la compra de los F-16 para la Fuerza Aérea del Perú y que esa decisión es de naturaleza estratégica.

“Le corresponde al Ejecutivo cumplir y hacer cumplir los acuerdos emitidos por este órgano rector”, reza el documento.

Arroyo Sánchez indicó que el gobierno venía cumpliendo con todos los compromisos asumidos según el cronograma del contrato de compra-venta, con el fin de evitar incumplimientos contractuales que se traduzcan en penalidades y perjudiquen la imagen del país.

En resumen, el contrato se firmó el lunes pero Balcázar quiso negar el acuerdo. Incluso ayer, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que ejecutó la transferencia de $462 millones correspondiente al primer hito del contrato suscrito entre el Estado peruano y la empresa Lockheed Martin para la compra de las aeronaves.

Añadieron que “negar la transferencia iba a ocasionar penalidades significativas, controversias internacionales y un serio deterioro de la credibilidad del país frente a sus socios estratégicos”.

Proceso de compra

No se entiende la postura de Balcázar por todo lo que precedió a la adquisición, una decisión de Estado que involucró al Congreso, al Ejecutivo de varias administraciones y a él mismo.

En 2025, el Congreso aprobó en la Ley de Endeudamiento por 2,000 millones de dólares para la compra, y el 31 de diciembre de ese año se concertó la operación financiera del primer tramo.

En 2026, el Congreso aprobó 1,500 millones adicionales en una nueva Ley de Endeudamiento.

En febrero de este año, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, integrado por diez miembros y presidido por el jefe de Estado, aprobó por acuerdo de ley la adquisición directa a Estados Unidos.

Posteriormente, el presidente Balcázar firmó el Decreto Supremo N.° 001, que habilitó la modalidad de compra por secreto militar.

Incluso, la Contraloría revisó el expediente entre el 9 de marzo y el 7 de abril, emitiendo una opinión favorable.

El lunes 20, vencidos los plazos legales, los funcionarios de la FAP suscribieron los contratos.

Ayer, entre tanto, vencía el plazo para el primer desembolso, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no tuvo más que ejecutar.

Entre tanto, para despejar dudas, el embajador de Estados Unidos, Berny Navarro, confirmó que el pago fue realizado ayer.

“Me enteré por la radio que ya el dinero fue desembolsado a la compañía Lockheed Martin, así que sí hay confirmación”, afirmó.

Navarro destacó que los primeros 12 aviones F-16 Block 70 llegarán entre 2029 y 2030, previo a un proceso de capacitación de pilotos, mecánicos e ingenieros, y de adecuación de instalaciones.

El diplomático subrayó que el Perú será el único país de la región en contar con esa configuración.

“No hay ningún país en la región que tenga los F-16 bloque 70. El Perú va a tener los aviones más avanzados de la región”, precisó.

Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en Lima precisó que, el 14 de abril, Lockheed Martin fue notificado por escrito de su selección, que el 17 de abril estaba programada una firma técnica y una firma ceremonial.

Pero el equipo estadounidense se enteró también de la postergación a través de la radio nacional.

Fue allí que ardió Troya.

Impacto geopolítico

Al respecto, el excanciller Luis González-Posada calificó la crisis como un “caos absoluto” en el gobierno. Sostuvo que Balcázar, al no emitir un documento oficial suspendiendo la compra, generó un vacío que derivó en la renuncia de dos ministros.

“Usted nunca hace un anuncio de esa naturaleza si es que no ha cerrado todo el circuito interior de la compra, lo que involucra a varios ministerios”, afirmó.

González-Posada agregó que esta demora “nos presenta como un país débil, contradictorio, errático, poco serio, que da marchas y contramarchas”.

Por su parte, el también excanciller Miguel Rodríguez Mackay advirtió que lo que está en juego va mucho más allá de dos docenas de aviones, como el estatus de aliado importante No-OTAN, la relocalización de la Base Naval del Callao y el acercamiento comercial con Washington.

“Estamos perdiendo, estamos derrochando una enorme oportunidad geopolítica para el Perú“, afirmó.

Rodríguez advirtió que los lazos entre el Perú y Estados Unidos atraviesan un momento crítico que puede derivar en un deterioro irreversible.

“Me preocupa mucho lo que viene porque las relaciones con Estados Unidos están enfriadas y me preocupa que se terminen congelando”, señaló.

La medida busca recabar información sobre supuestas irregularidades detectadas durante las elecciones del 12 de abril.

Según explicó, la investigación comprende presuntos delitos de colusión ilegal, omisión de deberes y delitos electorales. Indicó que se revisan contratos relacionados con el transporte de material electoral.

El titular del Ministerio Público señaló que existirían indicios de una posible concertación para beneficiar a empresas sin capacidad operativa.

“Se presume que en algunos contratos realizados por la ONPE se habría incurrido en una supuesta concertación para defraudar al Estado. Se tiene que determinar la responsabilidad tanto de la empresa como de los funcionarios de la ONPE”, expresó para Canal N.

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El diplomático aseguró para Canal N que el acuerdo con Lockheed Martin ya fue suscrito el 20 de abril de 2026 y que el desembolso inicial fue realizado por el Gobierno peruano. “Ya le puedo asegurar que el contrato está firmado y el dinero se ha transferido”, manifestó.

Sobre la etapa previa a la llegada de los aviones, explicó que se iniciará de inmediato la capacitación de pilotos, el entrenamiento de personal técnico y la adecuación de pistas e infraestructura necesaria para operar la nueva flota.

Navarro sostuvo además que el contrato contempla compensaciones industriales para impulsar la industria aeroespacial local.

Bernie Navarro, embajador de EE.UU. en el Perú, sobre la compra de aviones F-16: Los primeros aviones llegarían en el 2030. Los peruanos tendrán control pleno de la flota

Mantente informado en la web ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/iJ2qIPT9Us

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El analista Iván Arenas denominó en su momento la “Bancada Reinfo” por su apoyo a este sector que se mueve al margen de la legalidad.

VIRTUALES CONGRESISTAS EN REGIONES

Desde Arequipa, Juver Nilson Flores Suárez, del partido Del Buen Gobierno, disputa su ingreso al Parlamento como senador. Abogado y consultor, Flores fue asesor del Congreso y de la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa, y aparece como posible vocero de este sector en la agenda nacional.

En Moquegua, Víctor Raúl Cutipa Ccama, actual congresista por esta región y presidente de la Comisión de Energía y Minas, se convertiría en senador por Juntos por el Perú. Cutipa es uno de los principales impulsores de cambios al régimen de concesiones mineras que favorecerían a los informales e ilegales, afectando directamente a la minería formal.

En Apurímac, el virtual senador Andrés Avelino Ramos Huillcas, de Juntos por el Perú, ha respaldado abiertamente la minería informal y cuestionado la presencia de grandes empresas. En la misma región, el dirigente minero Jesús Pérez Alccahuamán, virtual diputado con el respaldo de la Federación Regional de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac (FEDECIM), impulsa la Ley MAPE, la modificación de la Ley General de Minería y la revisión del sistema de concesiones.

Por La Libertad, Diego Bazán Calderón (actual congresista), de Renovación Popular, apoyó la ampliación del Reinfo, extendiendo la vida legal de miles de operaciones informales. A su lado, Víctor Seferino Flores Ruiz, de Fuerza Popular, votó a favor de leyes que benefician a la minería ilegal, como la norma que dejó de considerarla organización criminal. Llegó a tener nueve concesiones mineras en La Libertad y Piura: cinco fueron extinguidas entre 2017 y 2021 por caducidad o falta de pago, mientras que las otras fueron transferidas. El parlamentario impulsa, además, el proyecto de ley 11238/2024-CR, que propone un nuevo régimen para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).

En esta región del norte también está Gilmer Trujillo Zegarra, de Fuerza Popular, quien plantea formalizar sin criminalizar a los “mineros artesanales”, una fórmula que en la práctica abriría la puerta a formalizar sin fiscalizar y sin señalar cómo se regularía sin sancionar.

Por la región de Puno está Helard Bladimir Sonco Villanueva, de Ahora Nación, quien tiene cercanía con la minería artesanal.

Por la región de Cajamarca, Gabriel Robertino Gonzales Delgado, de Juntos por el Perú, fue vicepresidente del Frente Ambiental y en campaña señaló que defenderá la inviabilidad del megaproyecto Conga de Minera Yanacocha. Anunció también la presentación de un proyecto de ley para que los grandes grupos de poder paguen por el uso de las aguas subterráneas y que la SUNAT fiscalice la salida de los minerales de las mineras al extranjero.

SITUACIÓN QUE PREOCUPA

Víctor Fuentes, especialista del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que estas propuestas podrían afectar negativamente a la minería informal. “En el Perú, sacar adelante un proyecto minero formal toma décadas. Si el Congreso amplía esquemas transitorios como el Reinfo, envía una pésima señal: quien incumple reglas puede terminar premiado con más plazo y menos exigencias”, señala.

Añadió que esto podría generar menor inversión, caída en la recaudación y debilitamiento del empleo formal, además de afectar el crecimiento económico.

Asimismo, identifica tres focos críticos. Desde la ampliación del Reinfo, que prolonga un régimen temporal sin solución de fondo; pasando por la nueva ley para la pequeña minería, que plantea beneficios y esquemas especiales; hasta el más delicado, con los cambios a la Ley General de Minería y al sistema de concesiones, con propuestas como acortar plazos o imponer exigencias rígidas de producción.

Según el comunicado oficial, la visita forma parte de los compromisos de cooperación internacional y de la participación de la delegación estadounidense en el XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026, programado para el sábado 25 y domingo 26 de abril.

Además, entre el 22 y el 24 de abril, las aeronaves realizarán vuelos de entrenamiento en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas.

La FAP también señaló que el ingreso al evento será libre para el público, con exhibición estática de aeronaves y demostraciones aéreas, incluyendo la Escuadrilla Bicolor, el Viper Demo Team y los paracaidistas “Caballeros Azules”.

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Carlos Díaz presentó su renuncia este miércoles mediante una carta dirigida al presidente José María Balcázar.

En el documento expresó su “discrepancia sustantiva” con la medida adoptada respecto a la compra de las aeronaves.

#LoÚltimo
Presidente José Balcázar toma juramento de ministros.

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— Canal N (@canalN_) April 22, 2026

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El monto corresponde al primer hito del contrato firmado entre el Estado peruano y la empresa Lockheed Martin.

La entidad señaló que el pago responde a compromisos contractuales previamente asumidos por el país. Indicó que no cumplir con esa obligación habría generado penalidades importantes, controversias internacionales y un perjuicio en la credibilidad del Perú ante socios estratégicos.

Asimismo, el Gobierno sostuvo que atender este desembolso no compromete la continuidad de otras prioridades nacionales. Precisó que se mantendrán recursos destinados a seguridad ciudadana, salud, educación, transporte y servicios básicos.

#NotaDePrensa | ✈️ Fortalecimiento de la defensa nacional
El MEF efectuó una primera transferencia de USD 462 millones para la adquisición de aviones F-16, asegurando el cumplimiento de obligaciones contractuales y fortaleciendo la confianza del país ante sus socios estratégicos.… pic.twitter.com/gchgaBsZuj

— Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) April 22, 2026

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También precisó que, si la propuesta es presentada con los requisitos exigidos, corresponderá iniciar el procedimiento respectivo.

El pronunciamiento se dio después de que el congresista Ilich López informara que promoverá una censura contra el jefe de Estado. La medida fue planteada tras la decisión del Ejecutivo de paralizar la compra de aviones F-16.

Rospigliosi remarcó que el trámite dependerá de que el documento reúna las firmas necesarias. En ese sentido, indicó: “Si se presenta y tiene las firmas, hay que darle trámite”.

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En el comunicado, el jefe del Gabinete señaló que la adquisición no depende de controversias económicas o legales y aseguró que responde a compromisos ya establecidos vinculados con la defensa nacional.

También remarcó que estas decisiones deben respetar la investidura presidencial como jefatura suprema de las Fuerzas Armadas.

Arroyo indicó que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional acordó la compra de estas aeronaves y sostuvo que corresponde al Poder Ejecutivo cumplir con lo dispuesto por ese organismo rector. Añadió que renovar equipamiento militar es necesario para fortalecer a las Fuerzas Armadas.

Asimismo, afirmó que el Gobierno viene cumpliendo el cronograma fijado en el contrato de compraventa de los F-16 y señaló que un eventual incumplimiento podría derivar en sanciones económicas y afectar la imagen del país.

#Pronunciamiento | Sobre el proceso de adquisición de aviones F-16, el presidente del Consejo de Ministros informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/BtG8ebxz00

— Consejo de Ministros (@pcmperu) April 22, 2026

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“Se ha reunido el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ya hace tiempo; tomaron esa decisión, el presidente tiene que cumplirla simplemente, él preside ese concepto, está incumpliendo sus funciones”, señaló.

De acuerdo con Montoya, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Balcázar “debería cumplir con mayor razón” los acuerdos del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. “Esto lo vamos a analizar; de repente es necesario vacarlo”, añadió.

“En este momento, cualquier solución puede darse para salir de esta estolladera en que estamos. Vamos a conversar, no hemos conversado nada, cada uno está en sus labores de representación. Cuando nos reunamos, ahí podremos hablar; no puedo adelantar opinión”, indicó.

El parlamentario sostuvo que la situación debe ser evaluada por el Congreso, por lo que no descartó una eventual censura e incluso la posibilidad de una vacancia presidencial, aunque precisó que aún no existe una posición de consenso dentro de su bancada Honor y Democracia.

Ilich López anuncia que impulsará censura contra el presidente Balcázar

El tercer vicepresidente del Congreso de la República del Perú, Ilich López, advirtió que no debe sorprender que se plantee una censura contra el presidente José María Balcázar, en medio de la crisis política generada por la postergación de la compra de aviones de combate F-16.

El legislador se pronunció a través de sus redes sociales, donde cuestionó la conducción del Ejecutivo en materia de seguridad nacional.

“¡Que no resulte extraño que alguien plantee la censura de Balcázar por afectar a la seguridad nacional!”, escribió López en su cuenta en X.

Asimismo, indicó que la crisis actual se origina por discrepancias en decisiones estratégicas vinculadas a la defensa nacional.

“La crisis se origina por discrepancias en materia de seguridad nacional, un asunto que —como hemos señalado reiteradamente— debe ser prioridad absoluta del Estado”, señaló.

La seguridad nacional no se negocia!!! Fuera del cálculo geopolítico o de qué país venda los aviones al Perú, está la protección de los secretos de Estado y la defensa de nuestra seguridad nacional y territorial. He decidido impulsar la censura del presidente Balcázar, en el…

— Ilich López (@ilichlopez2025) April 22, 2026

Asimismo, Transparencia consideró “urgente” que se culmine el conteo de votos de la primera vuelta y que “respete el cronograma previsto para la segunda elección presidencial”.

“Cualquier salida distinta al curso establecido por la autoridad electoral implica un cambio en las reglas de juego y atenta contra la legitimidad del proceso”, señaló la entidad.

El pronunciamiento de Transparencia se da luego de la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE, en medio de cuestionamientos por las demoras en la distribución del material electoral durante los comicios del pasado 12 de abril, lo que afectó a más de 50 mil electores y obligó al JNE a ampliar de forma excepcional la jornada electoral hasta el lunes 13 de abril.

Bernardo Pachas Serrano asume jefatura de la ONPE tras salida de Piero Corvetto

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó este martes que fue notificada de la decisión adoptada por el pleno de la Junta Nacional de Justicia, que aceptó la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la institución. La decisión quedó oficializada mediante la Resolución n.° 119-2026, que declara la vacancia del cargo.

A través de un comunicado oficial, la ONPE indicó que, tras la salida del titular, se aplica el mecanismo de reemplazo contemplado en su normativa interna. En ese marco, precisó que la encargatura de la jefatura recae en Bernardo Juan Pachas Serrano, quien se desempeña como gerente general.

Encargatura conforme a la ley

La entidad explicó que este procedimiento está regulado por el artículo 15 de su Ley Orgánica. Dicho dispositivo establece que, en caso de vacancia durante un proceso electoral, el funcionario de mayor jerarquía inmediata asume el cargo.

La ONPE señaló que este mecanismo permite mantener la continuidad en la dirección institucional. De esta manera, se evita la interrupción de funciones en un contexto electoral.

A través de su pronunciamiento, el organismo electoral sostuvo que las actividades en curso no se han detenido. Indicó que se mantiene el procesamiento y la contabilización de actas correspondientes a la primera vuelta.

Asimismo, la institución informó que continúan los preparativos para la segunda elección presidencial prevista para junio. Estas acciones forman parte del cronograma electoral vigente.

La ONPE también señaló que sigue adelante con la organización de las elecciones primarias vinculadas a los comicios regionales y municipales de 2026. Estas jornadas están programadas para los días 17 y 24 de mayo.

Finalmente, la entidad reiteró que todas sus actividades se desarrollan conforme a lo establecido en el calendario electoral. Con ello, busca garantizar la continuidad de los procesos en ejecución.

El presidente encargado del Congreso de la República del Perú, Fernando Rospigliosi, informó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene realizando el pago correspondiente a los contratos firmados para la adquisición de aviones destinados a la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

El anuncio fue difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, en medio de la controversia política generada por la postergación de la compra de aeronaves militares.

“El Ministerio de Economía está efectuando hoy el pago comprometido en los dos contratos que se firmaron el lunes 20, para la adquisición de aviones para la FAP”, escribió el legislador.

El Ministerio de Economía está efectuando hoy el pago comprometido en los dos contratos que se firmaron el lunes 20, para la adquisición de aviones para la @fapperu

— Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) April 22, 2026

Pago se realizaría tras firma de contratos el 20 de abril

De acuerdo con la declaración de Rospigliosi, el desembolso corresponde a compromisos asumidos previamente mediante dos contratos firmados el lunes 20 de abril.

Este anuncio se produce en un contexto marcado por cuestionamientos a la decisión del Ejecutivo de postergar la compra de aviones caza F-16, lo que generó tensiones entre el Gobierno y sectores políticos.

Asimismo, el tema ha provocado la renuncia de altos funcionarios del Ejecutivo y pronunciamientos de congresistas que evalúan medidas como censura o vacancia presidencial.

Compra de aeronaves militares

La adquisición de aviones para la Fuerza Aérea del Perú se ha convertido en uno de los temas centrales del debate político, luego de que el presidente José María Balcázar recomendara postergar el pago y trasladar la decisión al próximo gobierno.

Diversos parlamentarios han cuestionado dicha postura, señalando que los acuerdos adoptados por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional deben cumplirse por tratarse de decisiones vinculadas a la seguridad nacional.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento oficial confirmando el estado del pago mencionado por el titular del Parlamento.

El presidente de la República, José María Balcázar, negó haber mentido al país respecto a la situación de la compra de aviones caza F-16 y aseguró que su posición ha sido recomendar que el próximo gobierno evalúe dicha adquisición.

En su mensaje a la Nación, el jefe de Estado rechazó las acusaciones sobre una supuesta falta a la verdad en relación con la situación jurídica del contrato.

“Se ha deslizado de que yo habría mentido al país sobre la situación jurídica de este contrato, lo que no es verdad”, afirmó el mandatario.

Que la compra sea evaluada por el próximo gobierno

El presidente explicó que su postura ha sido postergar el pago de los aviones para que la nueva administración que resulte de las elecciones tome una decisión definitiva.

“Hemos dicho siempre que la compra de los aviones F-16 se postergase para ser pagados por el próximo gobierno que salga de las elecciones normales que están en curso”, indicó.

Asimismo, sostuvo que su intención ha sido priorizar el uso responsable de los recursos del Estado en función de las necesidades del país.

“No hemos tenido otra intención, sino hacer que los dineros del Estado se utilicen razonablemente en concordancia con las grandes necesidades”, señaló.

Niega intención de confrontación con Estados Unidos

El mandatario también descartó que la postergación de la compra represente un conflicto con Estados Unidos, país con el que el Perú mantiene relaciones diplomáticas y comerciales.

“En ningún momento ha habido una intencionalidad de confrontación con Estados Unidos, con quien tenemos desde muchos años una relación comercial y diplomática”, expresó.

En esa línea, sostuvo que una adquisición de esta magnitud no debería generar tensiones internacionales.

“Una compra de esta naturaleza no va a ser motivo de una confrontación de ninguna manera”, agregó.

Plantea priorizar gasto social frente a compromisos financieros

El presidente explicó que la recomendación de postergar la compra responde a la necesidad de contar con recursos para atender demandas urgentes en sectores sociales.

“Debemos actuar con prudencia y hacer las compras razonablemente para que tengamos la caja suficiente para poder atender tantas necesidades en agua potable, en salud y en educación”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la calma y a mantener la confianza en las decisiones del Ejecutivo.

“Compatriotas, guardar la prudencia y la paciencia que vamos a llegar a buen puerto y tengan la confianza de que yo voy a seguir trabajando al servicio de los más necesitados de nuestro país”, concluyó.

En declaraciones a la prensa, el titular del Parlamento señaló que los contratos para la adquisición de estas aeronaves ya habían sido firmados días antes, tras un proceso que —según señaló— se extendió durante varios años.

“Este es un proceso que tiene años. No ha ocurrido de un día para otro y es indispensable para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas”, aseguró.

Rospigliosi cuestionó que, pese a la suscripción de los contratos, el Gobierno haya optado por no cumplir con los pagos establecidos, situación que calificó como “inadmisible”.

“Se han firmado los contratos y ahora se ha decidido no pagar y no honrar el compromiso. Eso le va a costar mucho al Perú”, sostuvo.

El legislador advirtió que, de no concretarse los desembolsos en los plazos establecidos, el país podría enfrentar penalidades contractuales, perder la opción de compra y retrasar por varios años el proceso de modernización de la Fuerza Aérea del Perú.

Asimismo, precisó que el Congreso ya había aprobado los créditos necesarios para financiar la adquisición, por lo que un eventual incumplimiento podría constituir una irregularidad.

“Se está cometiendo una ilegalidad si no se cumple con ese pago. Estamos ante un problema político, legal y geopolítico que afecta a todos los peruanos”, refirió.

En ese sentido, también se refirió a la crisis en el Ejecutivo luego de la renuncia del ministro de Defensa y del canciller, quienes habrían discrepado con la decisión de paralizar la compra.

Fernando Rospigliosi señaló que el tema podría generar repercusiones políticas en el Parlamento, donde algunos legisladores ya han planteado eventuales medidas como interpelaciones o mociones de censura.

“Veremos qué ocurre en los próximos días. La próxima semana se retoman las actividades del Congreso y se evaluarán las acciones correspondientes”, manifestó.

También informó que la Comisión de Defensa ha citado a los ministros involucrados para que brinden explicaciones sobre la situación, aunque reconoció que el panorama es incierto tras las recientes renuncias en el gabinete.

El tercer vicepresidente del Congreso de la República del Perú, Ilich López, advirtió que no debe sorprender que se plantee una censura contra el presidente José María Balcázar, en medio de la crisis política generada por la postergación de la compra de aviones de combate F-16.

El legislador se pronunció a través de sus redes sociales, donde cuestionó la conducción del Ejecutivo en materia de seguridad nacional.

“¡Que no resulte extraño que alguien plantee la censura de Balcázar por afectar a la seguridad nacional!”, escribió López en su cuenta en X.

Asimismo, indicó que la crisis actual se origina por discrepancias en decisiones estratégicas vinculadas a la defensa nacional.

“La crisis se origina por discrepancias en materia de seguridad nacional, un asunto que —como hemos señalado reiteradamente— debe ser prioridad absoluta del Estado”, señaló.

La seguridad nacional no se negocia!!! Fuera del cálculo geopolítico o de qué país venda los aviones al Perú, está la protección de los secretos de Estado y la defensa de nuestra seguridad nacional y territorial. He decidido impulsar la censura del presidente Balcázar, en el…

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Montoya no descarta eventual vacancia presidencial

Por su parte, el congresista Jorge Montoya, integrante de la bancada Honor y Democracia, cuestionó directamente al presidente Balcázar tras la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa.

Según indicó, el mandatario habría incumplido decisiones previamente adoptadas por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

“Se ha reunido el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ya hace tiempo; tomaron esa decisión, el presidente tiene que cumplirla simplemente (...) está incumpliendo sus funciones”, sostuvo.

Montoya afirmó que, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el mandatario debía respetar los acuerdos adoptados en materia de defensa.

“Esto lo vamos a analizar; de repente es necesario vacarlo”, agregó.

Congreso evaluará posibles acciones políticas

El parlamentario indicó que la actual crisis debe ser analizada por el Congreso, aunque aclaró que aún no existe una posición consensuada dentro de su bancada.

“En este momento, cualquier solución puede darse para salir de esta estolladera en que estamos (...) cuando nos reunamos, ahí podremos hablar; no puedo adelantar opinión”, manifestó.

Los pronunciamientos se producen tras la renuncia de los titulares de los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, luego de que el Ejecutivo anunciara la postergación de la compra de aviones F-16 destinados a la Fuerza Aérea del Perú.

El debate político se centra en determinar si la decisión presidencial afecta acuerdos previamente adoptados por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y si ello podría derivar en acciones parlamentarias como censura o vacancia.

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, estimó que este viernes se culminará el procesamiento de las actas correspondientes a las elecciones presidenciales.

El funcionario explicó que el avance del conteo electoral se encuentra en su fase final y que, tras concluir el procesamiento, se iniciará la siguiente etapa del procedimiento electoral.

“Tenemos una fecha probable para cerrar este viernes los resultados presidenciales con las actas procesadas”, indicó.

JNE evaluará impugnaciones tras cierre del procesamiento

Pachas detalló que, una vez finalizado el procesamiento de actas por parte de la ONPE, el proceso continuará en manos de los Jurados Especiales Electorales (JEE) y posteriormente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en caso se presenten impugnaciones o apelaciones.

“Luego viene el trabajo de los Jurados Especiales Electorales, y, si hubiera impugnaciones o apelaciones, el Jurado Nacional de Elecciones”, explicó.

El funcionario precisó que este procedimiento forma parte del cronograma electoral y que el cierre del procesamiento no implica necesariamente el resultado final, ya que aún pueden resolverse observaciones en curso.

Evaluarán cambios en áreas internas

Sobre posibles responsabilidades internas, el jefe interino evitó adelantar decisiones específicas, aunque confirmó que se evaluarán cambios en distintas áreas, gerencias y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

“Sería imprudente señalar ahora quiénes dejarán sus cargos. En los próximos días se comunicarán oficialmente las decisiones”, indicó.

Asimismo, informó que la ONPE trabaja de manera coordinada con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la entrega de actas observadas y acelerar el cómputo de resultados.

Según estimó, los resultados presidenciales procesados podrían completarse en los próximos días, aunque aclaró que el resultado final dependerá de la resolución de observaciones e impugnaciones.

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, aseguró que la segunda vuelta presidencial se realizará conforme al calendario oficial aprobado, pese a las críticas surgidas tras las fallas registradas durante las elecciones del 12 de abril.

“Tenemos un cronograma aprobado que nos conduce a la segunda elección presidencial. Estamos enfocados en cumplir ese calendario”, afirmó el funcionario al pronunciarse sobre pedidos de realizar elecciones complementarias en Lima.

Reconoce fallas logísticas en el proceso electoral

Pachas reconoció que durante la jornada electoral se registraron problemas logísticos, los cuales actualmente son materia de investigación tanto en el ámbito administrativo como penal.

“Lamentablemente hemos tenido fallas en la parte logística que están siendo investigadas y que tenemos la obligación de corregir de cara a la segunda elección presidencial”, sostuvo.

El funcionario descartó que las dificultades registradas se deban a falta de presupuesto, señalando que la institución contó con los recursos necesarios para el desarrollo del proceso electoral.

Evaluarán cambios en áreas internas

Sobre posibles responsabilidades internas, el jefe interino evitó adelantar decisiones específicas, aunque confirmó que se evaluarán cambios en distintas áreas, gerencias y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

“Sería imprudente señalar ahora quiénes dejarán sus cargos. En los próximos días se comunicarán oficialmente las decisiones”, indicó.

Asimismo, informó que la ONPE trabaja de manera coordinada con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la entrega de actas observadas y acelerar el cómputo de resultados.

Según estimó, los resultados presidenciales procesados podrían completarse en los próximos días, aunque aclaró que el resultado final dependerá de la resolución de observaciones e impugnaciones.

Mensaje de continuidad tras salida de Corvetto

El jefe interino también envió un mensaje de continuidad institucional tras la salida del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, remarcando que la prioridad es garantizar la organización del próximo proceso electoral.

Indicó que el objetivo principal es mejorar la eficiencia del sistema electoral y evitar que se repitan las deficiencias detectadas.

El exministro de Defensa Carlos Díaz afirmó que el presidente José María Balcázar firmó previamente un decreto supremo que autorizaba la adquisición de aviones caza F-16 para la Fuerza Aérea del Perú, bajo la modalidad de secreto militar.

Las declaraciones fueron brindadas en la emisora RPP, en medio de la controversia generada tras el anuncio presidencial de paralizar la compra de estas aeronaves.

El mandatario había señalado públicamente que la decisión se suspendía para otorgar un “espacio de tiempo” adicional a la evaluación del proceso.

Asegura que el decreto supremo fue firmado por el presidente

Durante la entrevista, el exministro explicó que la adquisición de los aviones no fue una decisión improvisada, sino parte de un proceso institucional previamente aprobado.

Según indicó, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional aprobó en febrero la compra directa de las aeronaves al considerarla estratégica para la seguridad nacional.

“El decreto supremo número 01 fue presentado y fue aprobado por el señor presidente de la República en su ejercicio”, afirmó Díaz.

El exfuncionario detalló que, tras la decisión del Consejo, el Comandante General de la Fuerza Aérea emitió el informe correspondiente, el cual fue elevado a la Presidencia para la emisión del decreto supremo que viabilizaba la operación.

Compra fue considerada estratégica para la defensa nacional

Carlos Díaz sostuvo que el acuerdo adoptado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional definió la adquisición como necesaria para la defensa del país.

“Si el Consejo define algo directo, como desarrollar un concepto de compra por secreto militar, inmediatamente el Comandante General de la Fuerza Aérea emite su informe (…) y la presenta a la Presidencia de la República para la emisión de un decreto supremo”, explicó.

Asimismo, indicó que la empresa seleccionada para la compra fue la compañía estadounidense Lockheed Martin, encargada de la fabricación de las aeronaves F-16.

Contexto político por la paralización del proceso

Las declaraciones del exministro se producen en un contexto de crisis política tras la renuncia del excanciller Hugo de Zela Martínez, quien también cuestionó la decisión de suspender la compra de los aviones.

La controversia gira en torno a si los contratos vinculados a la adquisición ya se encontraban firmados y si la paralización del proceso afecta compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.

Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando el contenido del decreto supremo mencionado ni aclarando el estado actual del proceso de adquisición de aeronaves.

Navarro está directamente vinculado a la controversia generada por la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos. Como se sabe, el viernes se conoció a decisión del presidente de la República, José María Balcázar, de no concretar la adquisición de estas aeronaves.

#EnVivo

El embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, llegó a la sede de PCM

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— Canal N (@canalN_) April 22, 2026

Mediante su cuenta de X, Navarro escribió lo siguiente el pasado viernes 17 de abril: “Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”.

En breves declaraciones a la prensa, Bernie Navarro indicó que el motivo de su presencia a la sede de la PCM era porque tenía una reunión pendiente con el premier Luis Arroyo.