“Necesitamos estas facultades para determinar a las organizaciones criminales como grupos hostiles, como grupos terroristas. Necesitamos fortalecer el servicio de inteligencia porque desde hace unos años no tiene capacidad operativa. Necesitamos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúen de manera conjunta y también tomen mayor control de los penales”, afirmó.

Fujimori también señaló que la propuesta contempla acelerar los procedimientos para expulsar a extranjeros en situación migratoria irregular y remarcó la necesidad de una respuesta coordinada entre las instituciones del Estado.

Durante su visita a San Martín, la mandataria también abordó las obras paralizadas y aseguró que los ministerios realizan evaluaciones técnicas para destrabar proyectos y garantizar su financiamiento.

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La bancada de Juntos por el Perú presentó una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, debido a los cuestionamientos por presuntas designaciones irregulares dentro de su sector.

La moción, impulsada por la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, también plantea que el ministro del Interior explique la que considera una “ineptitud en la conducción de la política de seguridad ciudadana frente al incremento de la criminalidad”.

El documento, de 12 páginas, cuenta con más de las 20 firmas requeridas y ya fue remitido a la Oficialía Mayor del Congreso.

Dicha moción incluye un pliego interrogatorio de 27 preguntas, de las cuales 15 se centran en la seguridad ciudadana y en las acciones implementadas por el Ejecutivo para combatir el avance de la criminalidad.

Asimismo, también cuestiona la permanencia en el cargo del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien, según el documento, “es investigado por corrupción” y continúa al frente de la institución durante tres gobiernos consecutivos.

La iniciativa también plantea que Astudillo explique la presunta designación irregular de Magali Meza Mundaca como directora general de Recursos Humanos del Mininter. Según la moción, la funcionaria tendría investigaciones fiscales pendientes por presunta corrupción de funcionarios, vinculadas a su anterior gestión como jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, durante el gobierno del expresidente José Jerí.

Posteriormente, la moción plantea que Astudillo responda si considera que está desempeñando un “rol significativo” en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, pese al aumento de asesinatos y personas heridas vinculados a casos de extorsión y sicariato que afectan, entre otros sectores, a la construcción y el transporte.

La moción será evaluada y posteriormente debatida en la Cámara de Diputados antes de ser sometida a votación. De obtener los votos requeridos para su aprobación, se deberá establecer la fecha y hora en que Astudillo deberá acudir al Parlamento para responder por los cuestionamientos planteados.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sustentó ante el Congreso de la República el proyecto de presupuesto público para el año fiscal 2027, que asciende a más de S/266 mil millones y representa un incremento de 3,5 % respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026.

Durante su exposición, el jefe del Gabinete sostuvo que el presupuesto debe reflejar las prioridades del Gobierno y traducir el uso de los recursos públicos en resultados concretos para la población.

“El Perú no necesita un Estado más grande, necesita un Estado que funcione”, afirmó Galarreta, quien planteó que la evaluación de la gestión pública no se concentre únicamente en el porcentaje de ejecución presupuestal, sino también en los resultados obtenidos.

Seguridad, educación, salud y transporte son las prioridades

El proyecto establece como áreas prioritarias la seguridad ciudadana, educación, salud y transporte, además de plantear una mayor eficiencia en la administración de los recursos públicos.

Para orden público y seguridad se contemplan S/15.400 millones, destinados, según explicó Galarreta, a fortalecer la investigación y persecución del delito, el sistema penitenciario y la capacidad operativa para el patrullaje policial.

En educación, el Ejecutivo propone destinar S/49.100 millones, mientras que para salud se consideran S/32.200 millones.

Transporte recibiría S/26 mil millones en 2027

El proyecto también contempla una asignación de S/26.000 millones para transporte, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y mejorar la conexión entre las diferentes regiones del país.

Galarreta señaló que el Gobierno busca recuperar la capacidad de respuesta de las instituciones y sostuvo que el desarrollo económico no puede depender exclusivamente del gasto estatal.

En ese sentido, indicó que se requiere un Estado eficiente que facilite las condiciones para que el sector privado pueda invertir, producir y generar empleo.

Gobierno plantea recuperar el crecimiento económico

Durante la sustentación, el premier señaló que otro de los objetivos es recuperar el dinamismo productivo y retomar una mayor senda de crecimiento económico.

Galarreta recordó que entre 2003 y 2013 el Perú registró un crecimiento promedio de 6,4 % del producto bruto interno (PBI), mientras que durante la última década el promedio se redujo a 2,3 %.

El presidente del Consejo de Ministros mencionó entre los desafíos estructurales del país la baja productividad, la alta informalidad y la vulnerabilidad frente al cambio climático, así como las limitaciones del Estado para responder a estos problemas.

“Para avanzar hacia un país sostenible debemos cerrar brechas sociales y enfrentar los desafíos estructurales y tener equidad territorial”, sostuvo.

Presupuesto 2027 será debatido en el Congreso

Tras la presentación del Ejecutivo, el proyecto de presupuesto continuará su trámite en el Congreso. Durante los próximos meses será analizado en la Comisión de Presupuesto, donde los diferentes sectores deberán sustentar sus respectivos pliegos.

Galarreta afirmó que el primer presupuesto del actual quinquenio debe representar un punto de inflexión para enfrentar la inseguridad, cerrar brechas sociales, recuperar el crecimiento y mejorar el funcionamiento del Estado.

“Las cifras tienen que traducirse en decisiones y resultados concretos para los peruanos”, señaló el jefe del Gabinete durante su presentación.

La medida busca acelerar las intervenciones que requieren atención inmediata ante posibles lluvias intensas y otros eventos asociados a la anomalía climática.

Bajo este esquema, las empresas podrán adelantar recursos para financiar y ejecutar servicios que el Estado necesita implementar con rapidez. A cambio, recibirán certificados por el monto invertido, los cuales podrán ser utilizados para el pago de su Impuesto a la Renta. De esta manera, el Ejecutivo busca movilizar recursos privados y reducir los plazos que demandan los procedimientos tradicionales de contratación pública.

Aunque el Decreto de Urgencia aún no establece la lista definitiva de actividades que podrán acogerse a este mecanismo, entre las intervenciones consideradas figuran la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, además de otros trabajos destinados a reducir los riesgos ante lluvias intensas.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) había planteado previamente utilizar esta modalidad para incorporar al sector privado en las labores de prevención.

La nueva disposición también establece una modificación en el control previo de estas intervenciones. Las entidades públicas no tendrán que solicitar un informe previo de la Contraloría General de la República para ejecutar los servicios y las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) de emergencia bajo este régimen especial.

Sin embargo, la Contraloría mantendrá sus facultades de control simultáneo y posterior sobre las intervenciones.

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A través de su cuenta en X, Rospigliosi calificó la propuesta de “ilegal e inconstitucional” y sostuvo que sería un “gravísimo error”.

Según argumentó, el Perú es una república unitaria y no un Estado federal, por lo que consideró inconveniente una mayor fragmentación de los cuerpos encargados de la seguridad.

El legislador comparó la iniciativa con el modelo policial de México, donde, según afirmó, existen numerosos cuerpos de seguridad con diferentes niveles de organización y control. Rospigliosi sostuvo que este tipo de fragmentación puede generar riesgos frente al avance del crimen organizado y el narcotráfico.

Como parte de sus cuestionamientos, el senador difundió un documento que detalla el perfil y los requisitos para quienes integrarían la Guardia Metropolitana. Entre las condiciones figura contar con secundaria completa y experiencia laboral, además de antecedentes en seguridad privada armada, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o actividades operativas similares.

El perfil también contempla -según el senador- capacitación en seguridad privada armada y gestión de riesgos, así como competencias de manejo de crisis, autocontrol, trabajo en equipo y capacidad física.

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El Ejecutivo sustentó ante el Pleno del Congreso los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público correspondientes al año fiscal 2027.

Los tres proyectos serán publicados en el diario El Peruano. “Concluido el debate, los referidos proyectos son publicados en el Diario Oficial El Peruano y derivados a la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, la cual los analiza en sesiones públicas”, dice el Reglamento del Congreso.

La sesión se inició desde las 10:00 horas de este jueves 3 de setiembre. La primera exposición estuvo a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

El premier afirmó hoy que el presupuesto público de más de S/ 266 mil millones para el año fiscal 2027 marcará un punto de inflexión para el país.

Indicó que para el sector orden público y seguridad se han previsto S/15.400 millones, recursos que estarán orientados a fortalecer la investigación y persecución del delito, el sistema penitenciario y la capacidad operativa de la Policía Nacional.

A su turno, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, presentó ante los parlamentarios las principales propuestas del Ejecutivo, con énfasis en las prioridades del gasto público y las fuentes de financiamiento.

Elmer Cuba indicó que el proyecto de presupuesto público para 2027 (S/266.506 millones) representa un incremento de 3,5% respecto al presupuesto del año anterior.

Destacó el desempeño de la economía peruana y señaló que el país registra un crecimiento cercano al 3% en lo que va del año, pese a los efectos del Fenómeno El Niño.

La sesión fue convocada por el presidente del Congreso y de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y del Reglamento del Parlamento.

La normativa establece que la sustentación de las leyes presupuestarias debe realizarse dentro de las 48 horas posteriores a la presentación de los proyectos.

Los representantes del Ejecutivo explicaron los principales lineamientos de las propuestas, y posteriormente fueron analizados y debatidos por el Congreso para su eventual aprobación.

Así, tras la exposición, se procedió al debate, con la participación de los voceros de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el reciente acuerdo de la Junta de Portavoces Conjunta.

La sesión se levantó a las 13:36 horas luego de un amplio debate en que se pidió cerrar las brechas sociales.

El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres (@mikitorresfp), anuncia la sesión del Pleno en la que se sustentarán los proyectos de ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero, proposiciones legislativas clave que definirán el uso de los recursos del país. pic.twitter.com/1rBfvEoTz7

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 3, 2026

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Durante su exposición, destacó el desempeño de la economía peruana y señaló que el país registra un crecimiento cercano al 3% en lo que va del año, pese a los efectos del Fenómeno El Niño.

Elmer Cuba elevó la proyección de crecimiento económico para 2026 y 2027 a 3,5% y señaló que el objetivo del Gobierno es alcanzar tasas cercanas al 4% en los próximos años. En ese contexto, resaltó que la inversión privada viene creciendo alrededor de 15 %, impulsada por sectores como minería, construcción, industria y servicios. También destacó que la demanda interna aumentó 5,9 % en lo que va del año.

El titular del MEF identificó la evasión tributaria como uno de los principales problemas estructurales del país y sostuvo que existe margen para aumentar la recaudación sin modificar las actuales tasas del Impuesto a la Renta ni del IGV. Según explicó, reducir en dos puntos porcentuales la evasión permitiría obtener cerca de S/20 mil millones adicionales, recursos que podrían destinarse a infraestructura y políticas sociales.

Respecto al presupuesto 2027, Cuba señaló que la propuesta tiene un carácter descentralista y busca garantizar la continuidad de las inversiones y la operatividad de las entidades públicas. Entre los sectores priorizados mencionó a Interior, Defensa, educación y Desarrollo e Inclusión Social.

Educación contará con alrededor de S/49 mil millones, salud con S/32 mil millones, mientras que el transporte también representa uno de los principales rubros debido a las necesidades de infraestructura y logística.

En materia de seguridad, el Gobierno plantea fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar la criminalidad y mejorar la operatividad de las instituciones responsables de la seguridad y defensa.

El ministro también destacó que la inversión pública alcanzará aproximadamente S/57 mil millones en 2027, mientras que el servicio de la deuda demandará unos S/31 mil millones.

Finalmente, Cuba resaltó que el presupuesto público aumentó cerca de 35% en cinco años, al pasar de los niveles registrados en 2022 a los S/266.506 millones previstos para 2027. Sin embargo, sostuvo que el principal desafío no es únicamente disponer de mayores recursos, sino mejorar la eficiencia del gasto, reducir la evasión tributaria y asegurar que la inversión pública se traduzca en mejores servicios para la población.

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sustentó este jueves 3 de setiembre la propuesta ante el Congreso y señaló que la lucha contra la inseguridad constituye una de las principales prioridades de su gestión.

Durante su exposición, Luis Galarreta explicó que los recursos destinados al sector seguridad estarán orientados a fortalecer la investigación y persecución del delito, el sistema penitenciario y la capacidad operativa de la Policía Nacional.

El premier sostuvo que el presupuesto debe ser evaluado no solo por el nivel de ejecución del gasto, sino también por los resultados y el impacto que genere en la ciudadanía.

El proyecto de presupuesto 2027 contempla además S/ 49.100 millones para educación, S/ 32.200 millones para salud y S/ 26.000 millones para transporte.

Según el Ejecutivo, estas áreas forman parte de las prioridades para reducir brechas sociales, mejorar los servicios públicos y fortalecer la infraestructura en el país.

“El Perú necesita un Estado que funcione y llegue a tiempo, que persiga al delincuente, que proteja al adulto mayor y brinde resultados concretos”, dijo.

Luis Galarreta indicó que el presupuesto supera en 3,5 % al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026 y afirmó que debe marcar un punto de inflexión para enfrentar los principales problemas del país. En ese sentido, planteó la necesidad de contar con un Estado más eficiente y con mayor capacidad de respuesta frente a las demandas de la población.

El jefe del Gabinete también sostuvo que la inseguridad, la baja productividad, la informalidad y la vulnerabilidad frente al cambio climático constituyen algunos de los principales desafíos que deberá afrontar el país. Para ello, consideró necesario impulsar la inversión privada, destrabar normas y generar condiciones para recuperar el crecimiento económico.

La propuesta será analizada por el Congreso durante los próximos meses.

La Comisión de Presupuesto deberá revisar la distribución de los recursos entre los distintos sectores y pliegos antes de que el proyecto sea sometido al debate y eventual aprobación del Parlamento.

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A poco más de un mes del inicio del Gobierno de Keiko Fujimori, representantes de diferentes bancadas iniciaron con la presentación de pedidos para que los ministros de Estado den explicaciones sobre sus decisiones, designaciones y acciones sobre su sector.

Cabe recordar que la Constitución le reconoce al Congreso facultades de fiscalización y establece mecanismos para que los ministros concurran al Parlamento.

De acuerdo con información revisada por Correo, hasta el momento suman 14 los pedidos (ver infografía) para que los integrantes del Gabinete Ministerial que encabeza Luis Galarreta, respondan por diferentes aspectos.

LOS PRIMEROS

El primer pedido formal ingresó el 4 de agosto, es decir, una semana después de que Keiko Fujimori asumió la presidencia y nombró a los ministros de Estado.

La senadora Ruth Luque (Ahora Nación) presentó una moción de orden para invitar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, con la finalidad de que informe sobre la incorporación o no del Perú al “Escudo de las Américas”.

Con la invitación al canciller se busca conocer cuáles serían los alcances jurídicos y los compromisos internacionales del país al adherirse a la iniciativa multinacional impulsada por Estados Unidos.El 18 de agosto, el pedido se sometió a votación, pero hubo un empate.

Por lo tanto, la solicitud tendrá que abordarse en una próxima sesión de la Junta de Portavoces.

En total, desde el Senado se han impulsado siete citaciones para ministros de Estado.

La última ingresó ayer por la mañana y es de la autoría de Ruth Luque de Ahora Nación.

En su moción busca citar a los ministros César Astudillo (Interior) y Rafael Belaúnde (Defensa) a fin de que informen sobre las acciones que ha desplegado el Gobierno en materia de seguridad ciudadana, así como también explicar la estrategia que se ha implementado para enfrentar la criminalidad organizada.

En el documento se plantean cinco preguntas al titular del Interior y tres al de Defensa.

VARIOS

En la Cámara de Diputados se han presentado hasta la fecha cinco oficios para que los titulares del Interior, Defensa, Justicia, Educación e incluso el presidente del Consejo de Ministros, asistan al pleno y/o a las comisiones vinculadas a su sector.

Por lo menos tres de los cinco oficios buscan citar al ministro del Interior, César Astudillo, a fin de que explique cuáles son las políticas que aplica el Gobierno en la lucha contra la criminalidad.

Precisamente, el martes, la Comisión de Defensa y Orden Interno aprobó la propuesta del diputado Edwin Espinoza (Buen Gobierno) para que el ministro de Defensa y el del Interior, puedan presentarse ante el mencionado grupo de trabajo.

La comisión deberá coordinar con ambas carteras para fijar una fecha y hora de la citación.

En el encuentro, ambos deberán exponer sobre defensa nacional, orden interno, seguridad ciudadana, gestión de riesgos y otros temas de coyuntura.

Además, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó citar al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, para que exponga sobre las políticas de Estado que impulsa desde su cartera y otros temas de interés.

Deberá acudir al mencionado grupo de trabajo el martes 8 de este mes a las 3 de la tarde.

Un pedido que se encuentra pendiente de resolver es una solicitud que presentó Gina Duarte (Buen Gobierno) para citar al ministro José Antonio Chang por la polémica designación de la excongresisa Tania Ramírez.

Si bien esta última renunció al cargo tras los cuestionamientos a su designación en la Derrama Magisterial, el titular de Educación todavía no se pronuncia sobre el tema.

#OJO La diputada Gina Duarte (Buen Gobierno) envió un oficio al presidente de la Comisión de Educación para que se cite al ministro José Antonio Chang por el nombramiento de Tania Ramírez en la Derrama Magisterial. pic.twitter.com/w2QAEy6Z2V

— Sofía López (@SofiaLopezLl) August 31, 2026

INTERPELACIONES

Por otro lado, en la Cámara de Diputados se han presentado dos mociones de interpelación, solo una sigue activa.

La primera de ellas fue impulsada por la bancada de Juntos por el Perú contra Rafael Belaúnde, ministro de Defensa.

La extensa moción incluye 43 preguntas sobre aportes de campaña que recibió de la Minera Poderosa cuando era candidato presidencial, el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía en la protección de instalaciones mineras, la estrategia de seguridad en Pataz, la minería formal, entre otros temas.

Además, el 24 de agosto se presentó una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, para que responda sobre las acciones y omisiones de su sector sobre el incremento del precio de los combustibles, protestas en regiones debido a ese incremento y otros temas.

El documento que constaba de 57 preguntas tenía el respaldo de 20 firmas de legisladores de Juntos por el Perú, el mínimo necesario para su presentación.

Sin embargo, un día después, el diputado Luis Jibaja Ramos retiró su firma bajo el argumento de “actualización y ampliación del pliego interpelatorio”.

Al tener 19 firmas, la moción ya no es válida.

Cabe precisar que las mociones de interpelación tienen un procedimiento que toma un mayor tiempo para llegar a citar a los ministros.

La legisladora de Fuerza Popular (FP) fue absuelta de malversación y peculado, pero la jueza Ana Bedoya determinó que las adquisiciones realizadas bajo su coordinación ocasionaron un perjuicio.

El mencionado monto será asumido de manera solidaria con otros dos procesados; pese a que la Fiscalía solicitó 560,467 soles de reparación. La lectura oficial se realizará el próximo jueves 10.

“Le diría al señor Arriola: ‘Señor, por favor retírese’. Estoy leyendo el clamor ciudadano. Dé un paso al costado”, conminó.

Sinergia

En esa línea, el legislador planteó que las cinco bancadas del Congreso convoquen a sus especialistas en seguridad para elaborar una propuesta conjunta contra el crimen.

“Nosotros enviaremos (...) al coronel Harvey Colchado. Y ahí seguramente saldrá algo unánime en bien del país”, destacó.

López-Chau también criticó que traten de responsabilizar al Congreso por la crisis de inseguridad, por la aprobación pendiente de la delegación de facultades.

“Esa es una narrativa (...) que se eche la culpa al Congreso, a la oposición (...) Si tú has estado gobernando hace 20 años, ¿por qué no lo resolviste? Nosotros tenemos un mes en el Congreso y queremos ayudar”, manifestó.

El congresista sostuvo que el Gobierno debe asumir decisiones concretas y exhortó a la jefa de Estado, Keiko Fujimori, a retirar a Arriola.

“Tú eres la presidenta de la República, sácalo (Arriola), pide que renuncie. Claro, eso es concreto. Se demora, ¿cuánto? 10 minutos”, dijo.

Estas declaraciones se suman al pronunciamiento de su bancada que exige, la renuncia de Arriola como jefe de la Policía Nacional. “Este crimen (en Trujillo) es la prueba más brutal del fracaso de la conducción policial actual”, reza el mencionado comunicado.

“Estas personas que fueron detenidas han confesado y hay documentos firmados”, afirmó durante una visita oficial a Piura.

Asimismo, la mandataria explicó la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, en la conferencia de prensa de la PNP tras la detención de los presuntos atracadores, en lugar del titular del Interior, César Astudillo.

“El ministro Belaúnde señaló que él sí podía asistir y, por lo tanto, tomé la decisión de que acuda él”, afirmó la jefa de Estado.

Sin embargo, negó que Belaunde interviniera en los interrogatorios. “No ha participado de ningún interrogatorio. Los interrogatorios los han llevado a cabo la Policía”, aseguró.

La decisión lleva la firma del ministro José Chang, cuestionado tras la polémica designación de la fujimorista Tania Ramírez en el directorio de la Derrama Magisterial, cargo al que renunció luego de las críticas por sus viajes coincidentes con Chang.

Gonzales es magíster en Administración de Negocios por la Florida Agricultural and Mechanical University y egresada de la maestría en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, según su hoja de vida de 2021 en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En su experiencia laboral figura como presidenta de la Federación Peruana de Voleibol (2017-2018), jefa de post venta en FAGA Motors (2019-2020) y asistente de aprendizaje a distancia de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2020-2021).

Sin embargo, su antecesor Enrique Chon tuvo una trayectoria más amplia. Fue director ejecutivo del Minsa (2025) y del Fondo de Capacitación Laboral (2019), así como jefe de oficina en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Desde octubre de 2021, once funcionarios han sido designados como directores del Pronabec.

La duración de las gestiones ha sido variable. Por ejemplo, la politóloga Alexandra Ames tuvo la gestión más extensa, con 514 días al frente del programa.

En contraste, Rafael Basurto permaneció apenas 16 días en el cargo, convirtiéndose en el director con la gestión más breve en este año.

Análisis

La gerenta general del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), Karina Morales, explicó a Correo que los cambios en la conducción del Pronabec pueden dilatar decisiones clave.

“Las bases de concursos públicos, que son estas reglas de juego que dicen cuántas vacantes se dan, qué condiciones, qué se debe evaluar a los estudiantes, se han retrasado en el último año”, recordó.

La especialista advirtió que esto afecta el inicio de clases de los beneficiarios. “Por ejemplo, muchos estudiantes no tenían la confirmación de la beca pese a que ya había empezado el ciclo académico. Eso los ha perjudicado un montón”, afirmó.

Para Morales, el principal desafío de la nueva directora será que su designación no ponga en riesgo a sus becarios.

“Lo que tiene que pasar es que operativamente, estos cambios de directores, no terminen perjudicando a los estudiantes, que son quienes tienen que tener reglas claras, información en el momento adecuado y menos incertidumbre”, enfatizó.

Dado que, según Morales, la alta rotación también incide en las decisiones presupuestales que adopta cada gestión.

“Un director ejecutivo llega y decide sobre el presupuesto que tiene, desfinanciando algunas becas, financiando otras, que es lo que ha pasado con Beca Bicentenario, que al final no se financió”, indicó.

Además, la experta agregó que los cambios de dirección tienden a interrumpir las medidas de largo plazo.

“Las reformas, si se pasan de mano en mano, no se entienden y al final se implementa cualquier cosa o no se implementa nada”, opinó.

Flores cuenta con otras dos condenas. La primera le fue impuesta en 2013, por terrorismo, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos; y la segunda en 2018, por el caso “Tarata” (terrorismo agravado).

En detalle

Tal como ocurrió con la segunda condena que se le dictó, la tercera pena impuesta al “Camarada Artemio” será unificada con las anteriores.

El reciente fallo judicial fue adoptado ayer por los jueces Máximo Maguiña, Reli Callata Vega y Helbert Llerena de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria (Corte Superior Nacional).

La Fiscalía acusó a Flores Hala de cuatro ataques subversivos, todos perpetrados en Tocache en 1996.

El primero fue en mayo y tuvo como escenario el sector “Palo Blanco”. Fue contra una patrulla del Ejército y dejó dos fallecidos y tres heridos. Otros tres militares fueron asesinados en junio tras ser emboscados en su destacamento, entre los caseríos de Yanajanca y Santa Cruz.

Un mes después, tres más perdieron la vida tras ser atacados en su patrulla en el caserío de Santa Rosa de Mishollo. En septiembre, otro miembro del Ejército fue asesinado, en el distrito de La Pólvora, tras ser asaltado.

“Artemio”, recluido en el penal Ancón II, estuvo presente en la audiencia virtual de la lectura de sentencia. Su abogado, Elías Genoves, solicitó la nulidad de la condena. El letrado es conocido por patrocinar a otros investigados por terrorismo, entre ellos, Rocío Leandro Melgar (“Camarada Cusi”) y algunos procesados en el Caso Perseo.

La madre del agraviado, quien permanece internado tras sufrir una fisura en el coxis, aseveró que la exlegisladora se desentendió de los hechos. “La señora no quiere asumir; hasta ahorita no ha asumido con nada”, aseguró.

Más tarde ese día, Portalatino Ávalos aseguró a la prensa que había un acuerdo en camino. “Estamos a puertas de culminar una conciliación que beneficie a ambas partes. Fue un accidente involuntario”, sostuvo.

En detalle

La exministra de Salud durante el gobierno de Pedro Castillo fue detenida en flagrancia la tarde del lunes 1 de septiembre. A su llegada a la Comisaría de Monserrat, y al notar la presencia de la prensa, ingresó corriendo a la dependencia.

Horas antes fue intervenida en su vehículo. En su declaración inicial a la Policía detalló que se desplazaba entre el jirón Guillermo Dansey hacia la avenida Pacasmayo cuando, de pronto, “sintió un roce con la llanta delantera derecha de su vehículo”. Al descender, “encontró al ciclista tendido”, según informó Canal N.

La madre de la víctima, Carmen Espinoza, indicó que su hijo permaneció “tirado en un cruce” de la vía pública. “Mi hijo estaba estacionado y la señora, estaría con el celular, o no sé con qué, y lo atropelló. Él cayó de la bicicleta eléctrica de espaldas y ella avanzó; en vez de frenar, avanzó más”, relató a la prensa.

El Ministerio Püblico ya investiga el hecho. El caso, en el que se le imputa a Portalatino lesiones culposas, está a cargo de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María (Tercer Despacho).

La fiscal Berenice Romero dispuso un peritaje “de dosaje etílico a la exlegisladora, así como la visualización de los registros captados por las cámaras de videovigilancia de la zona”, entre otras diligencias.

Durante una visita de trabajo a Chiclayo, el titular del Minem indicó que el actual diseño técnico dificulta la culminación de los procedimientos administrativos en plazos razonables. Por ello, el sector prepara una reestructuración del sistema a través del proyecto de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Shinno explicó a la prensa que la iniciativa busca establecer un procedimiento más directo que permita concluir definitivamente el proceso de formalización de los pequeños productores mineros. Añadió que los equipos técnicos del ministerio evalúan las distintas variables para garantizar resultados concretos en el corto plazo.

Respecto a una eventual nueva ampliación del Reinfo, el ministro precisó que solo alcanzaría a los mineros que mantengan vigente su proceso de formalización, un universo estimado en 30 mil trabajadores a nivel nacional.

Asimismo, descartó la reapertura del registro para el ingreso de nuevos operadores y recordó que este mecanismo, creado como una medida transitoria, ya ha sido prorrogado en cinco oportunidades.

Las declaraciones fueron realizadas durante actividades en Chiclayo, donde el ministro participó en un simulacro de respuesta ante lluvias vinculadas al fenómeno El Niño.

Agregó el Minem continuará con las coordinaciones técnicas para definir el texto final del proyecto normativo que buscará reordenar y acelerar el proceso de formalización minera en el país.

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Ambos fueron trasladados desde Juliaca, Puno, hasta el Grupo Aéreo N.° 8 de Lima, donde fueron recibidos por Galarreta y el ministro del Interior, César Astudillo. El arribo de la aeronave de la Fuerza Aérea del Perú se produjo poco después de las 6:00 p. m.

Durante la recepción, Galarreta resaltó el trabajo de las fuerzas del orden y sostuvo que el Ejecutivo mantendrá su ofensiva contra la delincuencia.

“Lo que quiero resaltar aquí, señores, es que no importa en qué país estén, dónde estén, en qué momento sea, nosotros vamos a ir tras estos delincuentes asesinos y esperemos con mayor inteligencia, con mayor preparación, con más instrumentos [...] pero la respuesta es desde el día uno y desde el día uno dijimos que vamos a enfrentarlos y vamos a capturarlos”, expresó ante la prensa.

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El grupo parlamentario adoptó esta programación durante su primera sesión ordinaria, realizada este miércoles 2 de setiembre.

Su presidente, Hugo Ccahuana Aymachoque, señaló que los senadores vienen evaluando la perspectiva del manejo económico para los próximos cinco años, mientras el equipo técnico prepara el documento dentro de los plazos establecidos.

La decisión final corresponderá al Pleno de la Cámara Alta, integrada por 60 senadores, y requerirá al menos 31 votos favorables. Si el dictamen resulta negativo, el resultado será comunicado al Poder Ejecutivo para que adopte las medidas correspondientes.

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López-Chau sostuvo que Óscar Arriola debería dar un paso al costado para facilitar una nueva etapa en la Policía. “Señor, por favor, retírese”, manifestó el parlamentario, quien además planteó la necesidad de impulsar una reforma integral de la Policía Nacional para mejorar la respuesta del Estado frente a la inseguridad.

En declaraciones a la prensa, propuso que las diferentes bancadas del Congreso pongan a disposición especialistas en seguridad para elaborar de manera conjunta una propuesta de reforma policial. Señaló que Ahora Nación también aportará técnicos para contribuir a este proceso.

Facultades legislativas

Respecto al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo, López-Chau indicó que su bancada evaluará cada uno de los puntos planteados antes de definir su posición.

Explicó que podrían respaldar algunas medidas y discrepar de otras, por lo que comunicarán al Gobierno sus observaciones.

Finalmente, el senador aseguró que Ahora Nación adoptará una posición conjunta sobre el pedido de facultades y descartó dificultades para mantener una votación en bloque.

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En la misma sesión, los magistrados eligieron a Luz Pacheco Zerga como vicepresidenta del máximo órgano de justicia constitucional.

Asimismo, Francisco Morales Saravia fue designado como nuevo director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), órgano encargado de promover el estudio y la difusión del derecho constitucional.

En la elección participaron los siete integrantes del Pleno del Tribunal Constitucional: Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez.

Las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional jurarán a sus respectivos cargos el viernes 4 de setiembre, a las 10:00 a.m., en la sede del TC ubicada en el distrito limeño de San Isidro.

📌 El Pleno del Tribunal Constitucional eligió por mayoría como nuevo presidente de la institución al magistrado Pedro Hernández Chávez, como vicepresidenta a la magistrada Luz Pacheco Zerga y como director general del @CECtcPeru al magistrado Francisco Morales Saravia. 1/2 pic.twitter.com/klJTq7DZOS

— Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) September 2, 2026

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Fujimori rechazó haber recibido información equivocada sobre el caso y señaló que los detenidos “han confesado”.

También indicó que existen documentos firmados, aunque remarcó que las investigaciones todavía están en curso y que esperará los detalles que pueda proporcionar el ministro del Interior, César Astudillo.

El ministro había señalado previamente que los intervenidos están vinculados con la organización criminal a la que se atribuye el crimen. Sin embargo, precisó que la Policía continúa tras los autores materiales e intelectuales.

“Se quiere dar con el autor material y el autor intelectual y todos los que han dispuesto y han ordenado. Esta investigación no va a terminar”, sostuvo.

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El candidato de Avanza País a la alcaldía de Lima, Francis Allison, propuso implementar un programa municipal de “pago de recompensas”de hasta S/25 mil para quienes proporcionen información que contribuya a identificar y capturar delincuentes.

El candidato al sillón municipal de Lima presentó sus propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana, uno de los principales problemas que afecta a la población. En ese sentido, señaló que buscará replicar en la capital algunas de las medidas que viene aplicando durante su gestión como alcalde de Magdalena del Mar.

“Haremos en Lima mucho de lo que venimos haciendo en Magdalena del Mar desde hace cinco periodos por ejemplo el pago de recompensas. Sicario que jale el gatillo en Lima, en ese momento su cabeza cuesta S/25 mil que pagaremos a quien nos dé la ubicación y obviamente para identificarlo. Nosotros vamos a perseguir a estas basuras como lo que son, animales”, declaró a Exitosa.

Bajo esa premisa, señaló que la iniciativa busca que “quien tenga miedo en las calles y en sus casas sean los maleantes” y no los ciudadanos, quienes, remarcó, “tienen derecho a vivir en paz y a la tranquilidad”.

Allison marcó distancia de su contendor Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y sostuvo que cuenta con propuestas “serias” para enfrentar la criminalidad y la inseguridad ciudadana.

“A esa gente tenemos que matarla (delincuentes) quien diga lo contrario es alguien que está fuera de la realidad. Acaba de correr en los teléfonos del mundo un video en el que un montón de policías en Nueva York, que tenían arma letal y no letal, le disparan a una mujer con problemas psiquiátricos que acababa de apuñalar a dos seres humanos”, indicó.

En ese sentido, subrayó que será necesario garantizar los derechos, pero también reconocer la facultad que tiene el Estado peruano, a través de la Policía, y cualquier ciudadano de disparar en defensa propia frente a delincuentes armados. “Eso ya tiene que cambiar (la lucha contra la delincuencia)”, manifestó.

“La única manera de aplatastar a estas cucarachas es con la Policía. Sin embargo, hay cosas que destruyen la confianza como cuando das a entender que ha sido una exitosa operación para rescatar a un secuestrado y luego salga un padre a decir que pagó (en referencia al secuestro de un empresario minero en Trujillo”, enfatizó.

El ministro del Interior, César Astudillo, llegó a Juliaca para supervisar el traslado a Lima de Jhonsson Smit Cruz, alias “Jhonsson Pulpo”, quien deberá responder ante las autoridades por los delitos que se le imputan. El operativo se realiza luego de que las autoridades bolivianas capturaran al sindicado como líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ y ordenaran su expulsión de ese país.

El integrante del Gabinete Ministerial de Luis Galarreta arribó este miércoles 2 de septiembre a la región Puno, en un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Tras bajar del avión, el funcionario saludó a las autoridades policiales de Puno y luego se dirigió hacia la torre de control del aeropuerto de Juliaca. Cabe recordar que “Jhonsson Pulpo” fue capturado en La Paz como resultado de un operativo conjunto entre las policías de Bolivia y Perú.

Sobre Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, pesaba una orden de captura internacional por delitos como homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado.

Tras su captura en Bolivia, las autoridades de ese país dispusieron su expulsión. Posteriormente, Cruz Torres fue entregado a las autoridades peruanas en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) de Desaguadero, desde donde se inició su traslado a Lima.

Al ser consultada por la presencia de Cerimedo en el Perú y por su relación con la campaña, Fujimori aseguró que no tuvo participación en ninguna de las dos vueltas electorales.

“Yo puedo señalar con claridad que el señor [Fernando] Cerimedo no ha participado en nuestra campaña electoral. Ni en primera ni en segunda vuelta. No tengo relación ni personal ni laboral, no la he tenido, ni la tengo”, afirmó la mandataria.

Fujimori también fue consultada sobre la presencia del consultor argentino en territorio peruano. La presidenta respondió que desconoce las razones de su permanencia en el país y señaló que esa explicación tendría que darla el propio Cerimedo.

“¿Su presencia en el Perú? No sé a qué corresponde, habría que preguntárselo a él. Seguramente lo habré saludado en algún sitio pero no tengo ninguna comunicación ni relación con él”, sostuvo.

Fernando Cerimedo, fundador del portal La Derecha Diario, se encuentra detenido preventivamente en Bolivia. Según la información recogida por RPP a partir de EFE, enfrenta una investigación por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller, además de otros procesos abiertos.

La información también señala que Cerimedo ha sido vinculado con actividades políticas en otros países. Según EFE, el actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, afirmó que Cerimedo formó parte de su campaña de segunda vuelta presidencial en 2025, aunque negó haberle autorizado a representar a su Gobierno o a su familia y sostuvo que no existió un contrato ni una relación laboral directa.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, afirmó este miércoles que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, no participó en los interrogatorios a los detenidos por el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas ocurrido en Trujillo.

Desde Piura, donde cumple actividades vinculadas a las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño, la mandataria sostuvo que las diligencias con los intervenidos estuvieron a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“El ministro Belaunde no ha participado de ningún interrogatorio, los interrogatorios los ha llevado a cabo la Policía Nacional. Todo esto está en investigación y, por lo tanto, nos corresponde esperar”, declaró Fujimori.

Fujimori explica por qué Rafael Belaunde viajó a Trujillo

La jefa de Estado recordó que el domingo 30 de agosto, luego de regresar de Puno y conocer el ataque ocurrido en Trujillo, se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, y convocó a los ministros del Interior y Defensa.

El Gobierno informó esa misma noche que se había convocado a integrantes del Gabinete para evaluar medidas frente a los hechos de violencia y reforzar los operativos policiales en Trujillo.

Según Fujimori, la intención inicial era que tanto el ministro del Interior, César Astudillo, como Rafael Belaunde viajaran a La Libertad.

“Sin embargo, el ministro Astudillo tenía un tema personalísimo, que por supuesto no voy a comentar, y por eso no pudo asistir el día domingo”, manifestó.

Astudillo había confirmado posteriormente que su ausencia de Trujillo respondió a un asunto personal.

Fujimori añadió que Belaunde sí tenía disponibilidad para trasladarse a la región y que por esa razón dispuso su viaje.

Secuestro de Jenss Lara dejó cuatro personas asesinadas

El caso se originó durante la madrugada del domingo 30 de agosto, cuando hombres armados interceptaron una camioneta en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo.

En el ataque fueron asesinadas cuatro personas y secuestrado el empresario Jenss Lara Tantaquilla. Las investigaciones derivaron posteriormente en la detención de varios sospechosos.

Lara fue liberado el lunes 31 de agosto, mientras la Policía continuó con las investigaciones para determinar la identidad y participación de los responsables.

Óscar Arriola continúa “en evaluación”, señala presidenta

Fujimori también fue consultada sobre la permanencia de Óscar Arriola Delgado como comandante general de la Policía Nacional.

La mandataria recordó que la legislación establece un período de dos años para quien ocupa la Comandancia General de la PNP, pero remarcó que los funcionarios continúan sujetos a evaluación.

“Entendemos que los funcionarios, sea quien sea, están siempre en evaluación”, afirmó.

La norma que establece un período de dos años para el comandante general de la Policía Nacional fue aprobada por el Congreso en 2022 con el objetivo declarado de dar estabilidad a la conducción institucional.

Ministro del Interior definirá situación de Arriola

La presidenta trasladó al ministro César Astudillo la evaluación sobre la continuidad del jefe policial.

“Esa respuesta se la traslado al ministro del Interior, que es el que constantemente está viendo el desempeño de cada miembro de la Policía Nacional”, señaló.

Astudillo manifestó este miércoles que Arriola se encuentra “técnicamente calificado” para desempeñar la Comandancia General de la PNP.

La situación del jefe policial también ha generado iniciativas desde el Congreso. Juntos por el Perú presentó un proyecto para incorporar la “pérdida de confianza” como causal que permita remover al comandante general antes de completar el período previsto legalmente.

Fujimori sostuvo, además, que su Gobierno respetará la normativa vigente y aseguró que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas cuentan con el respaldo del Ejecutivo.

El Tribunal Constitucional (TC) elegirá este miércoles 2 de septiembre a su nuevo presidente mediante una votación secreta entre los siete magistrados que integran el Pleno.

La elección se produce tres meses después de que Helder Domínguez Haro asumiera la presidencia de la institución tras la renuncia de Luz Pacheco Zerga.

Pacheco comunicó oficialmente su dimisión a la presidencia el pasado 27 de mayo y precisó que continuaría ejerciendo sus funciones como magistrada. Posteriormente, Domínguez Haro, quien era vicepresidente, juró como presidente del TC el 1 de junio de 2026.

¿Cómo se elige al presidente del Tribunal Constitucional?

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los magistrados reunidos en Pleno eligen al presidente entre sus propios integrantes mediante votación secreta.

En una primera votación, el candidato necesita obtener al menos cinco votos.

Si ninguno alcanza esa cifra, se realiza una segunda votación y resulta elegido quien consiga el mayor número de votos.

En caso de empate, se lleva a cabo una última votación. Si la igualdad persiste, la presidencia corresponde al magistrado con mayor antigüedad en el cargo y, de mantenerse la igualdad, al que tenga mayor antigüedad en la colegiación profesional.

¿Quiénes elegirán al nuevo presidente del TC?

Actualmente, el Pleno del Tribunal Constitucional está integrado por siete magistrados:

• Helder Domínguez Haro.
• Francisco Morales Saravia.
• Gustavo Gutiérrez Ticse.
• Luz Pacheco Zerga.
• Manuel Monteagudo Valdez.
• César Ochoa Cardich.
• Pedro Hernández Chávez.

La composición del Pleno ha sido ratificada en recientes sesiones oficiales del Tribunal Constitucional.

Durante la misma elección también corresponde definir la Vicepresidencia del Tribunal Constitucional, siguiendo el mismo procedimiento previsto para la presidencia.

¿Cuánto dura el mandato del presidente del TC?

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que el cargo de presidente tiene una duración de dos años.

El titular puede ser reelegido únicamente por un año adicional.

El vicepresidente, por su parte, reemplaza al presidente cuando existe ausencia temporal u otro impedimento.

En caso de vacancia de la presidencia, el vicepresidente concluye el período pendiente. Esta disposición permitió que Domínguez Haro asumiera el cargo después de la salida de Pacheco Zerga.

Luz Pacheco renunció en mayo

Luz Pacheco Zerga anunció su renuncia a la presidencia del TC el 27 de mayo.

En su comunicado oficial señaló que su decisión se produjo luego de que una mayoría de magistrados mantuviera su confianza en un funcionario de alta dirección respecto del cual había solicitado un relevo.

La magistrada aclaró entonces que su salida solo alcanzaba a la presidencia y que continuaría formando parte del Tribunal Constitucional.

Tras su renuncia, Helder Domínguez Haro, quien ejercía la Vicepresidencia, asumió la titularidad de la institución y juramentó oficialmente el 1 de junio.

¿Cómo son elegidos los magistrados del TC?

El Tribunal Constitucional está conformado por siete miembros, elegidos por el Congreso de la República.

Para su designación se requiere el voto favorable de los dos tercios del número legal de congresistas, luego del procedimiento de selección correspondiente.

Los magistrados son designados por un período de cinco años y no pueden ser reelegidos inmediatamente para otro período consecutivo.

Aunque el mandato haya vencido, los integrantes del Tribunal continúan ejerciendo funciones hasta que sus sucesores asuman formalmente el cargo.

El diputado de Ahora Nación, Jair Manrique, presentó un proyecto de ley para modificar la composición de la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados e incorporar representantes externos al Parlamento.

La iniciativa propone modificar el artículo 47 de la Resolución Legislativa N.° 005-2025-2026-CR, norma que contiene el Reglamento de la Cámara de Diputados. Actualmente, dicho artículo establece que la comisión está integrada por un diputado de cada grupo parlamentario.

Proponen incorporar cuatro miembros externos

La propuesta plantea mantener a un representante por cada grupo parlamentario, pero añadir integrantes procedentes del ámbito académico, jurídico y de la sociedad civil.

Según el proyecto, la Comisión de Ética estaría integrada además por un profesor de Derecho o Ética de una universidad pública y otro de una universidad privada.

Ambos serían designados a propuesta de los organismos electorales, de acuerdo con el texto de la iniciativa difundido este miércoles.

También plantean representante del Colegio de Abogados

La propuesta incorpora además a un representante del Colegio de Abogados de Lima y a un ciudadano de reconocida reputación y trayectoria.

Este último también sería propuesto por los organismos electorales.

En total, el esquema planteado sumaría cuatro miembros externos a los representantes de los grupos parlamentarios.

Pleno deberá ratificar a miembros externos

De acuerdo con el proyecto, los integrantes externos no ingresarían automáticamente a la Comisión de Ética.

Su incorporación deberá ser ratificada por el pleno de la Cámara de Diputados.

La mesa directiva de la comisión, en tanto, continuará siendo elegida exclusivamente entre los diputados que formen parte de este grupo de trabajo.

Mandato sería de dos años

La iniciativa también mantiene un mandato de dos años para la mesa directiva y los integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria.

La excepción será el último periodo anual de sesiones del mandato parlamentario, cuando el periodo será de un año.

El proyecto establece además que los miembros no podrán ser removidos durante ese plazo, salvo por renuncia o, en el caso de los diputados, por expulsión del grupo parlamentario al que pertenecen.

Presidente podría ser reelegido una vez

La propuesta señala que el presidente de la Comisión de Ética podrá ser reelegido por una sola vez.

Los demás integrantes, en cambio, podrán ser reelegidos de manera consecutiva.

Estos cambios buscan modificar el actual modelo previsto en el artículo 47 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que reserva la composición de la comisión únicamente a representantes de los grupos parlamentarios.

¿Cómo está conformada actualmente la Comisión de Ética?

La Resolución Legislativa del Congreso N.° 005-2025-2026-CR, publicada el 13 de noviembre de 2025, aprobó el Reglamento de la Cámara de Diputados en el marco del retorno al sistema bicameral.

Su artículo 47 señala que la Comisión de Ética Parlamentaria tiene la función de promover la ética parlamentaria, prevenir actos contrarios a esta y resolver las denuncias formuladas contra los diputados.

La norma vigente dispone que esté integrada por un diputado de cada grupo parlamentario, sin participación de miembros externos.

El proyecto de Jair Manrique deberá seguir ahora el trámite parlamentario correspondiente antes de que una eventual modificación entre en vigencia.

El premier necesita los votos de Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, el Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico Obras y Ahora Nación para aprobar el paquete que solicitó el gobierno de Keiko Fujimori.

Contacto

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) remitió oficios a los portavoces de cinco agrupaciones parlamentarias.

El premier ofreció la total disposición de los ministros de Estado para dialogar activamente con los parlamentarios y sustentar los detalles de la propuesta, solicitando a los voceros fijar la fecha y hora de las reuniones.

El Ejecutivo solicitó facultades por 120 días calendario para legislar en ocho materias. “Orientadas a poner orden tanto en las calles como en la administración pública”, reportó la PCM.

La propuesta incluye medidas destinadas a la lucha contra el crimen organizado, la gestión del riesgo de desastres, el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (MYPE), el impulso al empleo y productividad, la modernización del Estado, la simplificación administrativa y la transformación digital.

Proceso

Al respecto, la diputada Rossana Alayza, de la bancada del Buen Gobierno, advirtió que el Congreso debe revisar el contenido del pedido antes de aprobarlo.

“Delegarlas no es un trámite automático”, explicó vía X.

Asimismo, Alayza explicó el procedimiento parlamentario que seguirá la propuesta.

“El Ejecutivo presenta el proyecto de ley, las comisiones lo revisan y emiten un dictamen. Luego, los diputados debaten y votan. Si se aprueba, pasa al Senado”, refirió.

Agregó que “no todo el paquete tiene la misma urgencia” como es la inseguridad.

El Ejecutivo ha solicitado al Congreso facultades para legislar durante 120 días sobre 66 materias. Pero delegarlas no es un trámite automático.

🔹 La Constitución pone límites.
El artículo 104 permite delegar facultades solo sobre materias específicas y por un plazo… pic.twitter.com/SX5KwVFr4D

— Rossana Alayza (@rossanaalayza) September 1, 2026

Los diputados presentes alertaron sobre las demandas recogidas de los ciudadanos durante su Semana de Representación como la falta de obras, colas para citas y fallas en el tamizaje neonatal.

La mañana de ayer, el ministro del Interior, César Astudillo, confirmó la detención del prófugo y aseguró que “el cabecilla había caído finalmente”.

“Hace unos minutos me ha informado el comandante general de la Policía que en Bolivia ha sido detenido Jhon (Jhonsson) Pulpo, líder principal de esta organización criminal ‘Los Pulpos’, que en Trujillo, particularmente, son el temor de toda la gente”, afirmó en declaraciones a Canal N.

Sobre lo que sería el retorno del criminal al Perú, Astudillo sostuvo que el procedimiento debe realizarse respetando estrictamente la ley para evitar que alguna irregularidad favorezca al detenido.

“Si no se hace el procedimiento o el debido proceso, se cae esa acusación y puede salir hasta libre. Es por eso que la Fiscalía con nuestra Policía ya están actuando y están en una alerta máxima en este momento”, señaló a esa hora.

El titular del Interior consideró, además, que la detención podría facilitar nuevas acciones contra la banda criminal. “Esta caída nos va a abrir muchas luces y muchas puertas también”, afirmó.

Según explicó, los movimientos que se produzcan dentro de la organización podrían permitir a la PNP ubicar a otros de sus integrantes. Astudillo sostuvo que correspondería que “Jhonsson Pulpo” sea recluido en el penal de Challapalca.

Al cierre de esta edición, se confirmó que Cruz Torres ingresó al control de migración en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF), expulsado por Bolivia.

Junto a “Jhonsson Pulpo” fue detenido Gabriel Alexander Saul Mendocilla Gómez, de 23 años. Ambos debían cumplir los trámites migratorios en el CEBAF de Desaguadero y hoy sería llevados a Juliaca,

Captura

Cruz Torres fue detenido a las 9:45 a. m. de este martes en un inmueble ubicado en la calle Isaac Tamayo 661, en La Paz, Bolivia.

Según informó Canal N, la ubicación del número de WhatsApp que utilizaba el prófugo fue uno de los elementos clave para orientar las labores de inteligencia. Asimismo, un equipo policial peruano viajó a Bolivia para colaborar con las acciones de localización previas a la intervención.

La operación fue el resultado de un trabajo conjunto entre el Equipo Especial contra el Secuestro y la Extorsión (Eesccot), FBI-Lima, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Divinesp)-Dirandro, la Policía Nacional de Bolivia, la DEA Perú y la División de Ciberdelincuencia de la Policía boliviana.

Horas después, las autoridades de ese país anunciaron oficialmente la expulsión de Cruz Torres y brindaron detalles sobre el operativo.

“Al momento de la intervención no se ha encontrado ningún arma en poder de esta persona, pero sí diversos objetos, entre ellos dinero de diversos países: 10 mil dólares americanos, 700 bolivianos, 10 mil pesos chilenos”, informó el comandante general de la Policía boliviana, Adrián Álvarez Arismendi. También tenía celulares y chips.

Las autoridades bolivianas señalaron que el cabecilla solía ingresar temporalmente a ese país y se desplazaba por distintos puntos de la región.

“En el despliegue de sus operaciones regionales, en algunos momentos se encontraba en Perú, Chile, Argentina y Bolivia”, indicaron.

Historia

“Los Pulpos” es una organización criminal surgida hace más de tres décadas en Trujillo, La Libertad. La banda fue fundada en la década de 1990 por los hermanos Miller, Nilton, Eddy y Jhon Cruz Arce.

En sus primeros años estuvo liderada por Miller, hasta que fue detenido en 1995 por un caso de agresión.

Posteriormente, tras una serie de delitos atribuidos a sus integrantes, Jhon Cruz Arce, alias “Jhon Pulpo”, asumió el mando y concentró las actividades de la organización en el cobro de “vacunas”, modalidad de extorsión mediante la exigencia de cupos.

Tras la captura y condena de Jhon en 2013, el arresto de Nilton y el hecho de que Eddy se mudara a Chile en 2010, Jhonsson Cruz Torres tomó el control de la banda con apenas 17 años en 2014. Bajo su liderazgo, “Los Pulpos” ampliaron sus actividades hacia sectores como la minería y el transporte, además de extender sus operaciones fuera del país.

Prontuariado

Cruz Torres cuenta con una condena de cadena perpetua por el robo agravado con subsecuente muerte de un comerciante, ocurrido en 2020.

Asimismo, registraba una orden de captura internacional expedida por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

El prófugo era requerido por los delitos de robo agravado, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, entre otros. Además, figuraba en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), que llegó a ofrecer 500 mil soles por información que permitiera ubicarlo y detenerlo.

Inicialmente, en 2022, el Estado fijó una recompensa de 75 mil soles por información sobre su paradero. Sin embargo, en septiembre de 2024, el Mininter elevó el monto a medio millón de soles debido a la gravedad de los delitos atribuidos y a su condición de prófugo.

Dudas

Pese a que “Los Pulpos” han sido señalados como posibles responsables del secuestro de Jenss Lara, el especialista en conflictos sociales y terrorismo Pedro Yaranga expresó sus dudas sobre esa hipótesis y consideró que detrás del hecho podría encontrarse un “grupo especializado”.

“No creo que Los Pulpos actualmente estén en la capacidad de hacer un secuestro de esa envergadura”, declaró a Correo.

Yaranga tampoco descartó una posible participación de malos efectivos policiales en las redes criminales que operan en Trujillo.

“No podría descartar esas cosas porque Trujillo, sobre todo que es el bastión de la criminalidad en el Perú, el epicentro de la criminalidad, por lo menos un sector de la Policía está al servicio de la criminalidad”, sostuvo.

En tanto, al referirse a la labor desarrollada por el general PNP Víctor Revoredo en La Libertad, el especialista consideró que sus acciones estuvieron enfocadas principalmente en combatir a “Los Pulpos”, sin embargo, “últimamente están bastante golpeados y se han dividido mucho”.

Yaranga advirtió que la detención de Cruz Torres no supone el fin de la banda. “No basta con la captura porque finalmente la organización sigue funcionando”, señaló.

Asimismo, calificó de “bastante coincidente” que la detención del cabecilla se produjera pocos días después del secuestro y liberación del comerciante Lara.

“Lo que hay que resaltar es la participación de la Policía boliviana y, sobre todo, el tema de la articulación del FBI”, concluyó.

Específicamente, la prima de uno de los jóvenes de 19 años, señaló que su pariente no tiene la estatura de los secuestradores que aparecen en el video, además, afirmó que su familiar estuvo en su casa junto a su enamorada el día en que ocurrieron los hechos.

DUDAS

La primera observación que hizo el familiar de uno de los detenidos es que este mide en promedio 1.50 metros, mientras que los delincuentes que aparecen en el video, parecen tener una contextura y una talla mayor.

“Mi primo es pequeño. El que sale en el video se ve que es una persona grande, medirá más de un metro setenta. Mi primo no llega ni al cincuenta, es más pequeño que yo, incluso”, declaró.

En la misma línea, afirmó que el joven permaneció en su domicilio junto a su enamorada el día del ataque al comerciante.

“El día del asesinato mi primo ha estado con la enamorada en la casa. Han estado toda la noche ellos”, indicó.

Incluso, dijo que la enamorada del detenido tiene videos y fotos que acreditan que estuvo en casa.

VERSIÓN

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, dijo que los capturados confesaron haber participado del hecho.

“Todavía no se encuentran las armas, pero uno de ellos provee las armas, otro provee el vehículo, otro los uniformes, otro hace el reglaje. Todos han participado en la actividad”, indicó.

En diálogo con canal N, Astudillo respondió a los cuestionamientos de que los detenidos no parecen ser los mismos del video del secuestro.

“Déjame decirte que esas cinco personas capturadas son integrantes de la banda ´Los Pulpos´, que no son cuatro o cinco, sino que tiene más de 100 elementos (integrantes)”, sostuvo.

La iniciativa tiene como finalidad reducir los riesgos de conflictos de interés y cuestionamientos por el uso de recursos públicos destinados a los agrupaciones políticas.

Si bien no lo precisa, la propuesta haría referencia al caso del candidato a diputado Miguel del Castillo, del partido Primero La Gente, quien habría destinado unos 464 mil soles de su franja electoral a su excanal Nativa.

Asimismo, aludiría a Alianza para el Progreso (APP), que asignó 349,882 soles a Cosmos Televisión, canal fundado por la Universidad César Vallejo, dirigida por César Acuña.

🚨¡EL DINERO DE LOS PERUANOS DEBE ESTAR AL SERVICIO DE LOS PERUANOS, NO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS!

📃He presentado un proyecto de ley para eliminar el financiamiento público directo e indirecto a las organizaciones políticas. Salud, educación, seguridad y servicios básicos… pic.twitter.com/OLjCYkz9aY

— Norma Yarrow (@NormaYarrowL) September 1, 2026

Según su comunicado, la decisión está basada en la preocupación por la represión de manifestaciones, las restricciones a la libertad de prensa, la discriminación contra mujeres y niñas y la persecución de opositores.

Asimismo, cuestionó las restricciones al tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz desde marzo de 2026, por sus efectos sobre el comercio internacional.

Adicionalmente, rechazó la obstrucción iraní a las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica.

El Perú informó a Irán sobre su decisión, vía nota diplomática, a su embajada en Ecuador.

📄El Perú rompe relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán

👉🏻https://t.co/swBZItTpDi pic.twitter.com/5UMYLHjLhp

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) September 1, 2026

El ministro acudirá para exponer los principales lineamientos y acciones contemplados en el plan de trabajo de la Cancillería.

La convocatoria también contempla la participación de María Soledad Garagorri Gottfried, directora ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La decisión de convocar a ambos funcionarios responde a un acuerdo adoptado por la comisión durante su sesión del 18 de agosto.

En la misma jornada, el grupo parlamentario aprobó por unanimidad el Reglamento de la Liga Parlamentaria de Amistad del Senado.

La nueva normativa establece una estructura conformada por una Asamblea General y un Comité Ejecutivo, además de asignar a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores funciones de rectoría y fiscalización.

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En una primera cita participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas.

Durante este encuentro se revisaron las medidas que viene desarrollando el sector Vivienda ante el fenómeno El Niño, así como las intervenciones previstas en puntos críticos identificados en el país.

Entre las acciones contempladas se encuentran trabajos de descolmatación, construcción de muros de contención y culminación de obras pendientes.

La reunión también permitió abordar la ampliación de los procesos de formalización de la propiedad mediante la titulación de predios. La medida busca otorgar seguridad jurídica sobre los terrenos y alcanzar a un mayor número de familias.

Posteriormente, Fujimori recibió en Palacio de Gobierno al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. Ambos coordinaron aspectos relacionados con la próxima llegada al país del papa León XIV, además de otros asuntos incluidos en la agenda de política exterior.

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La medida, señaló la Cancillería, responde a la posición de Perú en defensa de la democracia, el derecho internacional y la paz, y se aplicará conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

La decisión no implica el cierre de las relaciones consulares entre ambos países. Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, estos vínculos continuarán para atender a los ciudadanos peruanos en Irán y a los iraníes en Perú, de acuerdo con las funciones establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Entre los motivos expuestos por el Gobierno peruano figuran sus cuestionamientos a la situación de los derechos humanos y la democracia en Irán, además de las restricciones que, según la Cancillería, afectan la navegación y el comercio internacional a través del estrecho de Ormuz desde marzo de 2026.

La medida fue comunicada a Irán mediante una nota diplomática entregada a través de su embajada en Ecuador, que también ejerce funciones ante Perú.

📄El Perú rompe relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán

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— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) September 1, 2026

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