Keiko Fujimori anunció este lunes que el Ejecutivo presentará la próxima semana el pedido de delegación de facultades legislativas ante el nuevo Congreso bicameral.

“Yo pienso que la próxima semana debe estar presentándose este proyecto de ley. Han habido retrasos en lo que significan los nombramientos de viceministros. Todavía han habido unas trabas burocráticas que estoy seguro se irán resolviendo en las próximas horas o días. Superado esto, teniendo a los nuevos viceministros, se sustentará todo este proyecto de ley”, manifestó a la prensa tras visitar Piura.

Fujimori Higuchi evitó brindar detalles sobre el contenido del proyecto de ley y señaló que será el primer ministro, Luis Galarreta, quien se encargará de explicarlo y sustentarlo ante la Cámara de Diputados.

“Las facultades tienen varios objetivos. Primero, lo urgente que es recuperar el orden y también preparar a nuestro país de cara al fenómeno del Niño, como hemos dicho tenemos que prepararnos porque estamos tarde para la prevención y preparar al país para la emergencia”, enfatizó.

Keiko Fujimori en Piura: “Ya no podemos hablar de prevención, sino de preparación”

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, reconoció este lunes que Piura ya no se encuentra en una etapa de prevención frente a un posible Fenómeno El Niño y que, debido a la falta de acciones ejecutadas en los últimos meses, el Gobierno deberá concentrar sus esfuerzos en preparar a la región para enfrentar el impacto de las lluvias.

Durante una visita al sector Somate Bajo, en la provincia de Sullana, la mandataria expresó su preocupación por el estado de las intervenciones en la región y admitió que el tiempo para ejecutar obras preventivas se redujo considerablemente.

“Lamentablemente hoy no podemos hablar de prevención porque hace meses atrás no se hizo nada. Entonces ahora solamente tenemos que hablar de preparación”, afirmó.

Acompañada por el gobernador regional Luis Neyra y los ministros de Defensa y de Desarrollo Agrario y Riego, Fujimori señaló que el Gobierno trabajará con sentido de urgencia ante un escenario en el que el caudal del río podría superar los 4.000 metros cúbicos por segundo.

“No soy de las personas que me rindo nunca. Y creo que cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja en unidad y con sentido de urgencia se pueden hacer las cosas”, manifestó.

Como parte de las acciones inmediatas, anunció una partida de S/ 140 millones destinada a contratar operarios y financiar el combustible necesario para ejecutar trabajos de limpieza y descolmatación en los ríos. Indicó además que se han identificado 60 puntos críticos que deberán ser intervenidos en un plazo máximo de cuatro meses.

La presidenta sostuvo que la prioridad será proteger a la población y al sector agrícola. “Aquí tenemos que priorizar primero salvar las vidas, cuidar a las personas, a nuestros ancianos, a nuestros niños y en segundo lugar cuidar de nuestro agro”, señaló, al tiempo que aseguró que su gobierno “pisará el acelerador” y que volverá a Piura para supervisar el avance de las intervenciones.

Durante su recorrido por la represa Los Ejidos, Fujimori también descartó que el Ejecutivo impulse en esta etapa una salida del río Piura hacia el mar. Explicó que esa alternativa ya no puede ejecutarse antes de la llegada del fenómeno.

“Esa es una posibilidad siempre y cuando se hubiese hecho el año pasado. En estos momentos es demasiado tarde, no se puede hacer en este momento”, sostuvo.

La mandataria afirmó que el Gobierno concentrará sus esfuerzos en una estrategia de respuesta rápida mediante la intervención de los puntos críticos identificados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua, y el Ministerio de Defensa. Asimismo, anunció que se gestionará apoyo internacional para obtener motobombas, carpas, alimentos y agua, además del inicio de campañas de vacunación contra el dengue y la preparación de refugios, almacenes, colegios y hospitales para afrontar una eventual emergencia.

Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú (JP) en la Cámara de Diputados, consideró que debe evaluarse la suspensión temporal del diputado Julián Pérez, investigado por presunta agresión física y psicológica contra su expareja.

Como se recuerda, Pérez Mallqui recuperó su libertad el último sábado luego de permanecer detenido durante 48 horas en la comisaría de San Miguel, plazo establecido para los casos de detención en flagrancia delictiva.

Al respecto, Zunini Yerrén indicó que corresponde iniciar un proceso administrativo contra el parlamentario y disponer su suspensión temporal mientras se desarrollan las investigaciones.

“Nosotros hemos dispuesto, después de que se estableció la liberación del diputado y habiendo conversado con el abogado, que llegó a altas horas de la noche a hacer las diligencias, hemos solicitado que se inicie el proceso disciplinario“, indicó a la prensa.

“Como vocero de la bancada, lo que corresponde, de acuerdo a reglamento, es solicitar el inicio del proceso administrativo, y yo recomiendo, mientras dure este proceso, se determine la suspensión temporal del diputado“, resaltó.

Zunini también señaló que no tenía conocimiento de los antecedentes penales de Pérez, los cuales habían sido declarados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al inicio de las elecciones generales. Asimismo, indicó que el retraso para activar el procedimiento sancionador respondió a la falta de acceso a la segunda acta policial donde figuran los detalles de la investigación.

“Particularmente, yo no tenía conocimiento de esos antecedentes, pero, reitero, en el caso la demora se debe a que hay dos actas que nos llega a nosotros en dos momentos distintos. Sin embargo, siempre hemos sido enérgicos, y yo quiero aclarar, porque parece que algunas declaraciones se han malinterpretado. Desde un principio, hemos sido enérgicos en condenar todo acto de violencia, ya sea psicológico o físico contra la mujer, lo hemos señalado de manera frontal”, señaló.

“Hay dos actas. La segunda acta en la que da cuenta de una presunta violencia física nos ha llegado a nosotros después, y en función a esa acta es que ya nosotros hemos dispuesto [las acciones]”, afirmó.  

Sus declaraciones se producen luego de que una investigación periodística revelara que el gasto anual en planillas del Legislativo pasó de S/ 402 millones a S/ 906 millones entre 2021 y 2025, impulsado por bonificaciones y otros pagos adicionales.

“El presidente del Congreso, el presidente del Senado, ya en su mensaje ha sido bien claro donde hay una austeridad. Nosotros, por ejemplo, desde la bancada de Fuerza Popular hemos presentado nuestra denuncia, por ejemplo, en los gastos de instalación“, indicó Chacón desde el Parlamento.

En ese contexto, explicó que su bancada presentó una observación respecto a los recursos destinados a la instalación de los parlamentarios que fueron reelegidos y de aquellos elegidos por Lima y Callao.

“Los congresistas que son reelectos y también los congresistas que son de Lima y el Callao. Entonces, creo que esa línea es la que vamos a continuar, definitivamente ese sería el mensaje“, manifestó.

En otro momento, Chacón cuestionó la diferencia en la respuesta de Juntos por el Perú frente a la denuncia de agresión contra Julián Pérez Mallqui y el proceso disciplinario iniciado contra la senadora Silvana Robles por no mostrar su voto durante la elección de la Mesa Directiva del Senado.

La fujimorista, expresó su rechazo ante el presunto caso de violencia y consideró que la reacción de la bancada no fue la misma en ambos casos.

“Definitivamente, es un rechazo total contra siempre el maltrato a la mujer. Claro, ahí ustedes como prensa se han dado cuenta cómo el doble de repente rasero en una actitud ante una mujer donde aparentemente pensaban que había dado un voto contrario y con el actuar ahora de este diputado de Juntos por el Perú donde agredió a una mujer, pues no han tomado esa misma actitud. Es para darse cuenta de eso“, indicó.

Respecto a las medidas que podrían adoptarse contra el legislador, Chacón señaló que la primera decisión corresponde a su agrupación política. Agregó que, una vez instalada la Comisión de Ética, ese grupo de trabajo también podrá evaluar el caso.

“Yo creo que la sanción ya tiene que darla ellos directamente a su partido, si es que han tomado una decisión en su momento. Bueno, todavía no está armada la Comisión de Ética, pero en su momento sería bueno hacerle también una denuncia de repente“, sostuvo.

Durante una visita al sector Somate Bajo, en la provincia de Sullana, la mandataria expresó su preocupación por el estado de las intervenciones en la región y admitió que el tiempo para ejecutar obras preventivas se redujo considerablemente.

“Lamentablemente hoy no podemos hablar de prevención porque hace meses atrás no se hizo nada. Entonces ahora solamente tenemos que hablar de preparación”, afirmó.

Acompañada por el gobernador regional Luis Neyra y los ministros de Defensa y de Desarrollo Agrario y Riego, Fujimori señaló que el Gobierno trabajará con sentido de urgencia ante un escenario en el que el caudal del río podría superar los 4.000 metros cúbicos por segundo.

“No soy de las personas que me rindo nunca. Y creo que cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja en unidad y con sentido de urgencia se pueden hacer las cosas”, manifestó.

Como parte de las acciones inmediatas, anunció una partida de S/ 140 millones destinada a contratar operarios y financiar el combustible necesario para ejecutar trabajos de limpieza y descolmatación en los ríos. Indicó además que se han identificado 60 puntos críticos que deberán ser intervenidos en un plazo máximo de cuatro meses.

La presidenta sostuvo que la prioridad será proteger a la población y al sector agrícola. “Aquí tenemos que priorizar primero salvar las vidas, cuidar a las personas, a nuestros ancianos, a nuestros niños y en segundo lugar cuidar de nuestro agro”, señaló, al tiempo que aseguró que su gobierno “pisará el acelerador” y que volverá a Piura para supervisar el avance de las intervenciones.

Durante su recorrido por la represa Los Ejidos, Fujimori también descartó que el Ejecutivo impulse en esta etapa una salida del río Piura hacia el mar. Explicó que esa alternativa ya no puede ejecutarse antes de la llegada del fenómeno.

“Esa es una posibilidad siempre y cuando se hubiese hecho el año pasado. En estos momentos es demasiado tarde, no se puede hacer en este momento”, sostuvo.

La mandataria afirmó que el Gobierno concentrará sus esfuerzos en una estrategia de respuesta rápida mediante la intervención de los puntos críticos identificados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua, y el Ministerio de Defensa. Asimismo, anunció que se gestionará apoyo internacional para obtener motobombas, carpas, alimentos y agua, además del inicio de campañas de vacunación contra el dengue y la preparación de refugios, almacenes, colegios y hospitales para afrontar una eventual emergencia.

Varios congresistas han advertido que aún no cuentan con espacios adecuados para iniciar sus labores legislativas. En esa línea, el diputado Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú (JPP), afirmó que al menos cuatro legisladores no disponen de ambientes apropiados para desarrollar su trabajo.

“Hay al menos cuatro diputados que no cuentan con espacios adecuados de trabajo. El resto se ha acomodado en los espacios que se les ha asignado, pero realmente estamos hablando de algunas áreas, por ejemplo, que no tienen ventilación. Hay una que está dentro de una bóveda, por ejemplo, con una puerta de bóveda”, señaló.

Durante su diálogo con los medios, Zunini señaló que espera una pronta solución a la falta de ambientes adecuados. En caso contrario, indicó que la bancada de Juntos por el Perú analiza realizar sus labores desde la Plaza Bolívar.

“Espero que en las próximas horas se nos esté dando soluciones definitivas. Caso contrario, particularmente Juntos por el Perú tendrá que atender pues en la Plaza Bolívar”, aseguró.

Alfonso López-Chau, senador de Ahora Nación, afirmó que el despacho que le fue asignado se encuentra en condiciones aceptables, aunque todavía necesita trabajos de limpieza y adecuación. En contraste, señaló que su colega Mirtha Vásquez ha reportado inconvenientes con el ambiente que recibió, al considerar que no es apropiado para el desarrollo de sus funciones. Aun así, confió en que el problema será solucionado en los próximos días.

“Ya se han enterado el caso de la señora Mirtha Vásquez, que yo entiendo la Oficialía Mayor tiene toda la disposición positiva de resolverlo. Hablamos con el funcionario y me dijo: ‘No se preocupe, se va a resolver’. Y esperemos que se resuelva porque nadie quiere hacer papelones”, expresó.

Las juntas de portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados realizarán este martes 4 de agosto sus primeras reuniones con el objetivo de definir la organización del trabajo parlamentario para el periodo anual de sesiones 2026-2027.

La reunión del Senado, presidido por Miguel Torres (Fuerza Popular), está programada para las 9:00 a. m., mientras que la de la Cámara de Diputados, encabezada por Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno), se desarrollará desde las 11:00 a. m. en la Sala Basadre del Palacio Legislativo.

Definirán la conformación de las comisiones parlamentarias

La agenda de la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados contempla la definición del número de integrantes de las 16 comisiones ordinarias legislativas, así como de la Comisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión de Ética.

Estos grupos de trabajo serán los encargados de analizar proyectos de ley, fiscalizar diversos sectores del Estado y tramitar procedimientos parlamentarios durante el nuevo periodo legislativo.

Comisión de Ética tendrá representación de todas las bancadas

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Ética estará integrada por un representante de cada grupo parlamentario.

En esta legislatura estará conformada por diputados de:

• Fuerza Popular.
• Renovación Popular.
• Juntos por el Perú.
• Partido del Buen Gobierno.
• Ahora Nación.
• Obras.

También se conformará la Comisión de Acusaciones Constitucionales

La Junta de Portavoces también evaluará la composición de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales, realizar las investigaciones correspondientes y emitir los informes finales.

Según el reglamento parlamentario, la conformación de este grupo debe respetar los principios de pluralidad y proporcionalidad entre las bancadas.

Al ser consultada por Correo, la legisladora de Buen Gobierno consideró que el trato diferenciado en ambos casos puede constituir una forma de discriminación y recordó que la decisión sobre el legislador corresponde a su organización política.

“Eso tiene que resolverlo el partido. Es un tema del partido, porque a veces la discriminación también toma esa forma. Así que es importante creo“, manifestó desde el Congreso.

En otro momento, la senadora sostuvo que la investigación contra Pérez Mallqui debe seguir el procedimiento establecido por las autoridades. Asimismo, remarcó que toda denuncia vinculada con violencia contra la mujer debe ser atendida conforme a la legislación vigente.

“Por eso he dicho, tiene que cumplirse la ley. No podemos consentir que sigan habiendo actos de violencia contra la mujer. Eso lo digo como congresista, como mujer, como peruana. La ley es la ley y se tiene que cumplir“, expresó.

El senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, manifestó que su bancada está abierta a evaluar el pedido de delegación de facultades legislativas que el Gobierno presentará al Congreso. Sin embargo, sostuvo que el Ejecutivo deberá sustentar la propuesta con claridad para propiciar acuerdos entre las bancadas.

López-Chau señaló que el oficialismo afronta un escenario complicado en la Cámara de Diputados, donde no tendría los votos necesarios para aprobar, en una primera instancia, el pedido de facultades legislativas. Por ello, consideró indispensable abrir un proceso de diálogo entre las distintas fuerzas políticas.

“Nosotros queremos dialogar”, afirmó el legislador, al señalar que se evaluarán los alcances del pedido para identificar los aspectos en los que pueda haber coincidencias y aquellos que generen discrepancias.

El senador también fue consultado sobre las versiones que apuntan a posibles discrepancias dentro del Ejecutivo en torno al contenido del pedido de facultades legislativas. Al respecto, sostuvo que cualquier medida deberá contar con un sustento técnico antes de obtener el respaldo del Congreso.

Asimismo, López-Chau consideró que el diálogo con el Gobierno no debería limitarse al pedido de facultades legislativas, sino que también tendría que abordar la atención a los familiares de las víctimas de los recientes hechos de violencia y otros asuntos sociales aún pendientes.

Consultado por el rechazo anticipado de algunos congresistas al pedido de facultades, entre ellos el senador Jaime Quito, López-Chau sostuvo que cada parlamentario está en su derecho de expresar su posición, aunque subrayó la importancia de construir consensos entre las distintas bancadas.

El parlamentario informó que se ha convocado una reunión para analizar estos temas y definir una postura frente al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.

“Bueno, su bancada es la que tiene la última palabra. Todavía no están las comisiones instaladas, como ustedes muy bien saben. Hoy podría decirse que es el primer día del Congreso. Nos tenemos que poner de acuerdo todas las bancadas entre qué comisiones le corresponde a cada bancada, el número de parlamentarios que va a tener cada comisión. Por lo tanto, todavía hay un camino que recorrer, que es lo usual siempre en el Parlamento“, manifestó.

Chacón, remarcó que cualquier denuncia relacionada con violencia contra la mujer debe ser tratada con seriedad por las autoridades competentes.

“Bueno, yo creo que se tiene sin duda que investigar. Cualquier cosa que involucre violencia en contra de la mujer o algún delito tiene que ser tomado con mucha seriedad y ser investigado por las instancias correspondientes“.

Asimismo, expresó su respaldo ante una posible suspensión de 120 días contra el parlamentario, en caso de que se confirmen las acusaciones en su contra.

“Sin duda alguna, de verificarse la acusación, por supuesto que sí“, afirmó.

En declaraciones a la prensa, la legisladora sostuvo que espera que Juntos por el Perú actúe con el mismo criterio que aplicó al suspender a la senadora Silvana Robles por un presunto incumplimiento de los acuerdos internos durante la elección de la Mesa Directiva del Senado.

“De demostrarse esto, que actúen de la misma manera como están tratando de sancionar a la senadora que creen ellos que emitió un voto en contra. Creo que debe haber una sola vara y sobre todo la vara tiene que ser para un tema que es considerado un delito“, indicó.

En otro momento, la fujimorista fue consultada por el borrador del pedido de facultades legislativas que prepara el Ejecutivo y las versiones sobre posibles cambios en materia laboral. La parlamentaria indicó que el documento todavía se encuentra en evaluación y pidió esperar la propuesta definitiva antes de emitir conclusiones.

“No, usted mismo lo ha dicho, es un borrador, es un primer documento de trabajo que se tiene que evaluar. Todavía no se han reunido los ministros para tocar esos temas y creo que habría que tener un poco de paciencia para poder saber exactamente cuáles eran esos pedidos de facultades“, señaló.

El presidente del Senado, Miguel Torres, cuestionó los recursos económicos destinados a las investigaciones del caso Lava Jato y consideró que esos fondos pudieron emplearse para reforzar las acciones contra la criminalidad.

En declaraciones a Canal N, el titular del Senado sostuvo que la inseguridad ciudadana representa una de las principales preocupaciones de la población y que el Estado debió priorizar ese frente.

“No tengo ni la menor duda que los millones de soles que fueron destinados a este tipo de investigaciones, pudieron ser mejor encauzados en la lucha contra el crimen”, expresó.

Plantea priorizar la seguridad ciudadana

Torres señaló que los recursos públicos deben orientarse a enfrentar la delincuencia y fortalecer las capacidades del Estado para combatir el crimen organizado.

Sus declaraciones se producen en un contexto en el que el Gobierno ha anunciado que solicitará facultades legislativas al Congreso para impulsar medidas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

El expresidente Alejandro Toledo solicitó que se acelere el trámite de su pedido de gracia presidencial, al señalar que enfrenta un delicado estado de salud mientras permanece recluido en el penal de Barbadillo.

En una entrevista concedida al programa Sin rodeos, conducido por la periodista Milagros Leiva, el exmandatario afirmó que padece cáncer y problemas cardíacos, por lo que espera recibir autorización para continuar su tratamiento en un centro médico.

“Le pido a la señora Keiko Fujimori, que recibió un mensaje mío cuando murió su papá, que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel”, declaró.

Asegura que continuará su tratamiento fuera del penal

Toledo sostuvo que, de obtener la gracia presidencial, continuará su atención médica en una clínica.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no se ha pronunciado sobre la solicitud formulada por el exjefe de Estado.

Habla sobre el fallecimiento de su suegra

Durante la entrevista, el expresidente también señaló que atraviesa un momento personal complicado tras el fallecimiento de su suegra, Eva Fernenbug.

Según indicó, la situación judicial que enfrenta tanto él como su esposa, Eliane Karp, dificulta la realización del sepelio.

Toledo explicó que Karp permanece en Tel Aviv, Israel, y sostuvo que no puede salir de ese país debido a la orden de captura internacional que pesa en su contra, según sus declaraciones.

Asimismo, indicó que mantiene comunicación semanal con su esposa para conocer su situación.

Se refirió a la salida de Ollanta Humala del penal

El exmandatario también comentó la salida del expresidente Ollanta Humala del penal de Barbadillo, luego de que el Tribunal Constitucional declarara nulo el proceso seguido en su contra por presunto lavado de activos.

Toledo afirmó que Humala se despidió de él antes de abandonar el establecimiento penitenciario.

“Él tuvo la generosidad de venir a mi habitación a despedirse y a explicarme que ya salía. Eso me hizo feliz”, manifestó.

“Nuevamente, yo aquí creo y hemos empezado con una persona no solamente que ha mentido respecto a lo que había ocurrido, sino que la bancada Juntos por el Perú, trató de encubrir, luego dijo una cosa, luego dice otra. Creo yo que ante este tipo de hechos tenemos que ser estrictamente severos al momento de aplicar una sanción”, manifestó.

Al ser consultado sobre una eventual expulsión de Pérez Mallqui, el legislador precisó que esa decisión corresponde a la bancada del parlamentario y no al Congreso. Sin embargo, remarcó que el caso debe ser investigado y que el denunciado tendrá la oportunidad de presentar sus descargos.

“La expulsión no corresponde a ningún diputado, sino es parte de una bancada. Lo que yo sí creo que tiene que hacer es que el señor tiene que ser de algún modo investigado, tiene que dar sus descargos, pero lo que no podemos permitir es que esto pase por agua tibia y que no exista nada.

Asimismo, indicó que la Comisión de Ética debe ser instalada con prontitud para revisar el caso y advirtió que este episodio afecta nuevamente la imagen del Parlamento.

“Hay que esperar, evidentemente, que las comisiones, tanto la de Ética, que es la que primero tiene que actuar, se pueda instalar de la manera más célere posible y que pueda tomar una decisión. Yo lamento que este tipo de acciones perjudiquen nuevamente la imagen del Parlamento ya tan golpeada”, afirmó.

Previamente, el diputado de Renovación Popular y expresidente de la Comisión de Ética en el periodo 2023- 2025, Diego Bazán señaló que el grupo de trabajo podría recomendar una suspensión de hasta 120 días. Al respecto, Alegría señaló que ese procedimiento es independiente de la investigación que desarrolla el Ministerio Público.

“Sí, evidentemente la Comisión de Ética, quien la preside, a quienes sean los integrantes, van a poder plantear una sanción más allá del ámbito penal. Hay que acordarnos que la Comisión de Ética hace una sanción de carácter ético respecto a los días laborables y los diputados. Y esto también va a tener y evidentemente tiene que continuar la investigación en el ámbito fiscal, que es donde finalmente”, indicó.

El fujimorista evitó precisar si correspondería aplicar la máxima sanción contra el diputado de Juntos por el Perú porque no integra la Comisión de Ética. No obstante, aseguró que Fuerza Popular mantendrá una posición firme frente a cualquier conducta irregular, sin importar la bancada involucrada.

“No, no soy miembro de Ética, no podría adelantar una opinión porque luego van a verse estos comentarios de que se está adelantando opinión a un hecho que todavía no es materia de investigación. Lo que yo sí creo es que la bancada de Fuerza Popular va a ser sumamente drástico al momento de aplicar. Así como fuimos drásticos con un miembro de nuestra bancada, así mismo lo seremos con los miembros de cualquier otra bancada que cometa un acto irregular”, concluyó.

El diputado Luis Quispe Candia, de su partido, informó que el PBG “apoyará” la solicitud de facultades legislativas, ¿es una decisión oficial?

No es una decisión oficial, es una postura. Es que el PGB no es un partido obstruccionista. ¿Cómo me voy a oponer a algo que no conozco? El documento no ha llegado formalmente a ninguna instancia, parece un globo de ensayo.

¿Y cuál es su posición?

Se ha mandado un documento a ver qué opina la gente. Los empresarios se contradicen en un tema, los partidos cuestionan otras. Entonces, en realidad, parece que estaban más bien tomando la temperatura de cómo recibiremos ciertos temas. La firme va a ser el día domingo (hoy) que tienen su sesión de Consejo y se han comprometido que estarán sacando un documento formal. Entonces claro, Quispe Candia dice que no nos vamos a oponer. ¿Cómo pues nos vamos a oponer?, todavía no nos ha llegado el documento. En principio nosotros queremos. El gobierno tiene que gobernar, ya han ganado las elecciones, cuestionadas o no, han ganado y tienen que gobernar.

¿Pero se han reunido al respecto?

Nosotros hemos estado presentes en una reunión que tenía que ver varios temas: nuestra participación en las comisiones, la mesa directiva, nuestras oficinas, que no hay nada, no podemos trabajar, están totalmente deshabilitadas. Oficialía Mayor ha sido una desgracia porque todo está mal organizado. Desorganizado, ha sido costoso y miren qué fecha estamos y no tenemos una oficina para trabajar.

Entonces, ¿cuándo estarían empezando sus funciones?

Ya nos han dicho, nos han pasado un documento, que por lo menos hasta la mitad de agosto no van a funcionar las oficinas. Entonces, el mismo gobierno se ha puesto un tropiezo porque está perdiendo como 15 días de tiempo porque hasta que se instalen las oficinas y, por lo tanto, las comisiones. Cuando vayan ellos a querer pedir la delegación de facultades, ¿sobre qué lo van a hacer si ni siquiera están constituidas las comisiones? El retraso viene de ellos mismos. Quieren apurarse, pero mandan un globo de ensayo.

¿Cuál es su lectura sobre esa situación?

Lo que dice el discurso de la señora (Keiko Fujimori) no se condice ni con los ministros que está poniendo y tampoco se condice con lo que está en el pedido de facultades. Entonces, tienen ellos mismos que ordenarse, me parece que no están ordenados. El Ejecutivo quiere poner la agenda al Legislativo, pero primero que se ordenen, tienen que ordenarse. Ya nos llegará el documento, ya podremos opinar formalmente sobre eso. Que nos manden una propuesta que esté mejor articulada.

¿Jorge Nieto ha dado alguna indicación en particular sobre ello?

La indicación es que esperemos el documento formal porque si no estamos opinando sobre algo que no nos ha llegado. Solo lo estamos leyendo por las redes.

Con respecto a las comisiones, ¿están apuntando a alguna en particular?

Está por verse. Por ejemplo, Flavio Figallo es el vocero pero él ha sido viceministro de Educación, tiene mucho que dar. Yo estoy con él en el Senado, a mí me encantaría que él dirija esa comisión. Claro que hay una preferencia. Pero hay preferencias en base a las capacidades que tenemos. Meternos en temas que no conocemos solamente por querer dirigir algo, no está bien. Y eso se promueve también en diputados. Se trata de que haya competencias. Pero esto va a depender también de las otras fuerzas políticas, no estamos solos.

¿Y a usted qué comisión le gustaría presidir?

Ahorita ninguna. Pero hay una que me interesa mucho que es la de Gestión del Estado.

¿Por qué?

Por mi trayectoria, me interesa mucho fortalecer lo que son gobiernos locales y regionales. Entonces yo ahí tengo mi debilidad, esa es la que a mí me encanta. Y pienso que si el Perú no logramos descentralizarnos mejor, fortalecer las instancias locales, que el gobierno empiece por las células más pequeñas que son los gobiernos locales, cerca a la gente, que pueda resolver los problemas diarios con cierta solvencia, tanto profesional como económica. Si logramos eso a nivel local, este país cambia totalmente.

Entonces, ¿por qué no presidirla?

Podría ser. Por supuesto, sería un honor pero no nos da tampoco las votaciones para presidir más que una comisión dentro del Senado.

Ello se vio en la elección de la Mesa Directiva del Senado, ¿qué opina al respecto?

No me hagas acordar de una situación tan penosa porque con tanto esfuerzo y ponernos de acuerdo para terminar por ‘las patas de los caballos’. Qué vergüenza.

¿Cómo vio esas votaciones?

Primero, lo que no me gustó fue la actitud de Rospigliosi, que no nos dio la palabra para nada o no se la dio a Ruth Luque, que solo quería hacer una pregunta para definir qué pasaba si seguían los empates. (Actuó) de manera muy prepotente, antidemocrática. Cada vez que se pedía la palabra, ponía el timbre a sonar, sonó casi por diez minutos, una y otra vez. Muy desagradable. Realmente ese señor tiene una actitud muy antidemocrática que no permite un cambio de relacionamiento que es lo que la gente quiere.

¿En general, que le parecieron las tratativas de Fuerza Popular u otras bancadas para hacerse del Senado?

La gente no lo sabe, pero lo más bonito que sucedió en el Senado fue que en la votación la bancada del fujimorismo, Renovación Popular y la bancada de oposición, por llamarlo así, empezaron a conversar. Empezaba a plantearse en ese momento una lista única. ¿Te imaginas que haya salido de este Congreso una lista única? ¿Qué mensaje le da a este país? Potente. Esa es la maravilla que se estaba creando y surgiendo en ese instante, en ese ambiente prácticamente de igualdad de fuerzas.

Entonces, ¿lo detuvo el voto viciado?

Eso que tú compres a una persona o que esa persona haya tenido sus acuerdos particulares con la otra fuerza, no le da legitimidad a la Mesa Directiva. No le da legitimidad, es como una trampa. No es legítimo como debe ser. Eso a nivel de los principios, y luego se evitó la posibilidad maravillosa de haber podido sacar una lista única, haber dado una lección al país, un símbolo distinto y por lo tanto para la Cámara baja hubiera sido un mensaje poderoso. Pero, no. Una señora (Cecilia Chacón) que repetía que la ley, que no sé qué, que no sé cuánto.

¿Pero quién hubiese liderado esa lista única?

Hubiera podido ser Miguel Torres o Flavio Figallo, que es de centro. Pero hemos perdido la oportunidad como país, porque al final hay que pensar en el Perú.

Pero esto trajo consecuencias, suspendieron a Silvana Robles por no mostrar su voto.

Son temas ya internos de ellos. Me di cuenta que estaban un poquito desordenados porque cuando yo le pregunté a mi colega de Huancavelica: ¿Por qué no has mostrado tu voto? (Me respondió) Nadie me dijo. Entonces ahí alguien tenía que poner orden, pero no era yo la llamada a hacerlo, sino dentro de su propio partido.

¿No se suma al discurso de que Robles es una traidora?

Ellos tienen que ver internamente qué ha pasado porque en verdad perdimos una oportunidad maravillosa para el país. Por, quizás, intenciones particulares, por cerrar situaciones personales. Sabe Dios qué ha pasado ahí.

¿Y en el caso de Julián Pérez Mallqui?

Lo mismo, ha sido tal escándalo público. Juramentó con una fuerza, con una radicalidad, pero son tan machistas. El problema de la izquierda es (ser) tan machista. Entonces, si son así en la política, imagínate en sus casas. El machismo hay que erradicarlo. Me parece muy bien que lo agarre la policía y que se le juzgue como cualquier persona que ha cometido un delito, una falta. Y cuando se investigue, que le caiga el peso de la ley como a cualquiera. No es un delito de función, es un tema absolutamente personalísimo.

¿Cómo debe actuar el Congreso al respecto?

Debe pasar a Ética. También tiene derecho a tener la palabra, el Congreso ya lo escuchará, como corresponde. Tenemos que respetar las instancias.

Cambiando de tema, ¿cómo así PBG se suma al bloque “Consenso por la Democracia”?

Este es un consenso de punto fijo. Ya terminó (de elegirse) la Mesa Directiva.

¿Esto se estaría rompiendo?

No. Eso es punto por punto. O sea, en principio, hay cosas en las cuales podemos estar de acuerdo y cosas que no. Creo que en ese tema de la dación de facultades, ahí puede ser discordante. No veo que vayamos con todos, al bloque, a decir que no. Porque nuestra actitud no es decirle no al Ejecutivo. Entonces, estoy sopesando eso, por ahora. Todavía no tengo ese documento, que punto por punto discutiremos en qué nos parece interesante, importante, (para) dar las facultades. De repente ellos no le quieren dar. De 20 pedidos, solamente le quieran dar en 2. Y, de repente, nosotros queremos dar en 5, en 8 o en 10. Entonces, va a haber dificultades. Ahí no podemos estar en bloque, no vamos a poder.

El presidente del Senado, Miguel Torres, sostuvo que la denuncia que involucra al diputado Julián Pérez debe ser investigada como un delito común y no como un delito de función, por lo que consideró que corresponde al sistema de justicia realizar las diligencias respectivas.

El titular de la Cámara Alta afirmó que este tipo de hechos afecta la imagen del Congreso y pidió una respuesta firme de las autoridades competentes.

“Primero, condenar una situación como esta. Flaco favor se le hace a la imagen del Congreso. Creo que es un tema en el que todos debemos cerrar filas, políticos, periodistas y la sociedad civil, y pedir que se proceda con todo el rigor de la ley”, manifestó.

“No es un delito de función”

Torres remarcó que el caso debe seguir el procedimiento correspondiente para un presunto delito común.

“Esto no es un delito de función, es un delito común. Por lo tanto, deben ejercitarse todas las medidas que correspondan. Para esto la Fiscalía y la Policía están haciendo las labores que les competen”, señaló.

Confía en que la Comisión de Ética evaluará el caso

En el ámbito parlamentario, el presidente del Senado indicó que el Congreso se encuentra en proceso de instalación de sus comisiones ordinarias.

En ese contexto, expresó su confianza en que la Comisión de Ética analizará la denuncia una vez que inicie sus funciones.

Asimismo, exhortó a la bancada y al partido político Juntos por el Perú a desarrollar sus propias investigaciones internas y adoptar las medidas disciplinarias que correspondan.

“Hago un llamado tanto a la bancada como al partido que acoge a este diputado para que inicien todas las labores de investigación y sanción, de ser el caso”, indicó.

Respalda el pedido de facultades legislativas

Durante sus declaraciones, Miguel Torres también se refirió al próximo proyecto mediante el cual el Poder Ejecutivo solicitará facultades legislativas al Congreso.

Señaló que espera que la iniciativa sea remitida en los próximos días y expresó su confianza en que las distintas bancadas respalden la propuesta.

“Estoy seguro de que los distintos grupos parlamentarios, más allá de la posición ideológica que tengan, van a coincidir en que el momento que atravesamos exige cerrar filas para otorgar esta delegación de facultades”, afirmó.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, afirmó que el Gobierno continuará con la expulsión de ciudadanos extranjeros considerados de alta peligrosidad como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad ciudadana.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la ceremonia de recepción de ciudadanos peruanos repatriados desde Venezuela, realizada en el Grupo Aéreo N.º 8.

“Efectivamente, las expulsiones de delincuentes, sobre todo los de alta peligrosidad, como son los tres elementos que hemos expulsado ayer, van a continuar. Este es el inicio de una mano firme para no permitir que ciudadanos extranjeros vengan al Perú a aterrorizar a los peruanos”, manifestó.

Advierte que quienes regresen serán detenidos

El canciller recordó las declaraciones del ministro del Interior, César Astudillo, respecto a la expulsión de extranjeros involucrados en delitos y con requisitorias en sus países de origen.

Asimismo, señaló que, de regresar al Perú, estas personas volverán a ser intervenidas por las autoridades.

“Si vuelven al país, se activarán las listas de requisitorias y volverán a ser arrestados”, sostuvo.

Reciben a peruanos repatriados desde Venezuela

Durante la misma actividad, Espá destacó la llegada de ciudadanos peruanos procedentes de Venezuela en la misma aeronave que, un día antes, fue utilizada para trasladar a tres extranjeros expulsados del país.

El ministro señaló que el uso del avión refleja el aprovechamiento de los recursos públicos para atender a los ciudadanos peruanos.

“Los recursos del Estado deben utilizarse de esa manera. Los servicios deben utilizarse para los peruanos y sean bienvenidos”, indicó.

Monitorean situación de peruanos tras sismo en Venezuela

Respecto al doble terremoto ocurrido recientemente en Venezuela, el canciller informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene contacto con los connacionales que podrían haber resultado afectados.

Indicó que aún no existe un número definitivo de peruanos perjudicados, pero aseguró que el Gobierno brindará asistencia y facilitará el retorno de quienes lo requieran.

Confía en respaldo del Congreso

Más tarde, durante una actividad en el Congreso de la República, Espá expresó su confianza en que el Parlamento aprobará el pedido de facultades legislativas que presentará el Poder Ejecutivo.

“Estoy seguro de que el Congreso va a otorgar las facultades extraordinarias que el Gobierno va a solicitar y que aquellos congresistas que han dicho que no lo harán sin haber leído el documento van a reflexionar y poner al Perú por delante”, declaró.

Estos seis funcionarios hoy ocupan carteras ministeriales y escaños en el Congreso bajo la camiseta naranja. Tal giro despierta dudas sobre la coherencia ideológica detrás de estos nombramientos.

Correo revisó archivos y redes sociales de cada funcionario para reconstruir sus posiciones previas.

Gabinete

El caso más flagrante es el del primer ministro Luis Galarreta, quien reprobó el primer gobierno fujimorista en una entrevista con Prensa Libre en 2011, cuando aún era congresista del Partido Popular Cristiano (PPC).

“La experiencia del régimen fujimorista fue una experiencia nefasta en materia de institucionalidad, de derechos humanos, de corrupción”, declaró entonces.

Quince años después, asumió la presidencia del Consejo de Ministros bajo el mismo apellido que había cuestionado.

Similares son los antecedentes del ministro de Cultura Alberto Beingolea, quien evaluó el paso del fujimorismo por el poder en el medio estatal TV Perú en abril de 2021, en plena campaña electoral.

“El fujimorismo ha destruido al Perú tres veces, porque cuando tuvo la última gran oportunidad, cuando el Perú le dio una increíble mayoría parlamentaria, la usó para destruir el Perú otra vez, y ese ya no fue el papá Alberto (Fujimori), esa fue Keiko”, enfatizó.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, opinó sobre la conducta de Keiko tras un enfrentamiento entre el Congreso y el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en 2018.

“La señora Keiko Fujimori, con su equipo de gente, con todos los que la rodean, le están haciendo un tremendo daño a la política y al país con esa actitud negativa de permanente enfrentamiento, de buscar que solo predominen sus intereses. Le interesa un comino el país”, sostuvo.

Además, Sheput acumula decenas de tuits contra Fujimori en su cuenta de X.

También está el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, quien analizó la trayectoria política de la familia Fujimori en su columna titulada: El clan Fujimori, publicada el 18 de julio de 2024.

“Si bien era la hija del exdictador, el mensaje era que este era un emprendimiento nuevo e independiente, uno que anunciaba rescatar los aciertos del viejo fujimorismo, pero amalgamados con la legalidad y la democracia”, opinó.

Incluso, Belaunde pidió por sus redes sociales que “se deje sin efecto” el indulto al padre de Keiko ese año.

Lo que corresponde ahora, es que, quien logre la presidencia, deje sin efecto el indulto a Fujimori. Pues es evidente ahora, que no había fundamento para el indulto humanitario.

— Rafael Belaunde (@BelaundeRafael) July 14, 2024

Parlamento

El senador Fernando Rospigliosi, quien hasta hace poco presidió el Congreso del Perú, habló sobre Keiko Fujimori en el programa Noticias AQP en 2009.

“Pero si ella vivía en Estados Unidos, a cuerpo de reina, con la plata que le daba Vladimiro Montesinos, con la plata que se robaban del Estado y, por supuesto, han tenido unas cuentas enormes porque Fujimori se fue con la maleta llena de plata. Entonces, por favor, estaba metida hasta el cuello en la corrupción”, dijo.

Otro crítico fue el senador Jacques Rodrich Ackerman, quien cuando fue congresista de Perú Posible –en 2001– llegó a enfrentar a la fujimorista Martha Chávez durante una sesión del Congreso.

“Saludo respetuosamente a la congresista Martha Chávez. Su lealtad, a toda prueba, a su jefe, Fujimori, es realmente encomiable. Lástima que la lealtad de Fujimori por el Perú no existiera nunca”, se lee en el Diario de los Debates del 27 de agosto de ese año.

Para Rodrich, en ese momento, Fujimori se “apoderó del país” en 1992.

Análisis

La politóloga Gabriela Navarro explicó a Correo que estos cargos responden al anuncio de Keiko de ser un gobierno de ancha base, con perfiles que antes fueron adversos a ella.

“Si estos críticos aceptaron asumir responsabilidades, ahora serán evaluados por sus resultados”, indicó.

Asimismo, Navarro identifica que en los últimos 10 años existe una dinámica de “cancelación del adversario político” desde los sectores más progresistas hasta los más conservadores.

“La lógica democrática no debería entenderse bajo una visión de amigo-enemigo, sino como la capacidad de construir consensos”, alegó.

La analista advierte que el riesgo persistente es que estos funcionarios respondan más a compromisos políticos o electorales. Aunque considera que la selección del Gabinete es por cálculo político.

“Existe el concepto de ministros fusibles, quienes asumen una alta responsabilidad política y que pueden ser reemplazados”, puntualizó.

Una de las designaciones más recientes corresponde a Miguel Ángel Castillo Vizcarra, funcionario en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, quien tiene una investigación por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

DETALLES

El 31 de julio se publicó en el diario El Peruano la designación de Miguel Ángel Castillo Vizcarra como jefe general de Tecnología de la Información de la Oficina General de Tecnología de la Información del Ministerio de Agricultura, cartera que encabeza Marco Vinelli.

Su nombre no es nuevo en esa cartera, pues antes se desempeñó como director en esa misma oficina entre los años 2019 y 2020.

Precisamente, en 2022, la Contraloría realizó una auditoría para determinar si el servicio de consultoría para la elaboración del diagnóstico e implementación de una plataforma informática, fue realizada según las normas.

De acuerdo con el documento, Castillo Vizcarra tuvo conductas irregulares porque le dio el visto bueno a productos de un contrato con la consultora IDOM S.A., esto a pesar de tener conocimiento de que no estaban completos o correctamente ejecutados.

El informe le atribuyó responsabilidad penal.

Fue así que el caso llegó hasta la Fiscalía, entidad que le inició un proceso por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalida de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

El caso ya se encuentra en la etapa de investigación preparatoria en la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima - Cuarto Despacho.

Incluso, en diciembre de 2025, el Ministerio de Agricultura declaró procedente su pedido para pagarle la defensa legal por el caso.

El vocero de la bancada de diputados de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, solicitó formalmente que se inicie un procedimiento disciplinario y se disponga la suspensión cautelar del diputado Julián Pérez Mallqui, denunciado el último jueves por presunta agresión física y psicológica contra su expareja.

La medida se produjo después de que Pérez Mallqui fuera liberado el sábado, una vez cumplidas las 48 horas de detención en flagrancia que permaneció en la Comisaría de San Miguel.

De acuerdo con el documento al que accedió RPP, la bancada remitió el caso a su Comisión de Disciplina al estimar que los presuntos hechos imputados al legislador contravienen las normas éticas de la agrupación política.

El vocero señala que la situación amerita una actuación inmediata en el marco de las normas internas, con el fin de asegurar una investigación transparente por la presunta agresión denunciada.

“Me dirijo a ustedes para que, en el marco de sus atribuciones y de la normativa legal vigente, se dispongan las acciones correspondientes respecto al diputado Juan [sic] Pérez Mallqui , en relación con los hechos que se vienen investigando sobre agresión contra su pareja, situación que reviste especial gravedad por constituir una conducta incompatible con los principios de ética y de respeto a la mujer”, indica Zunini en dicho documento.

“En ese sentido, solicito que, en el marco de las atribuciones conferidas a vuestra Comisión, se disponga el inicio inmediato de las acciones disciplinarias así como la imposición de medida cautelar de suspensión, a fin de que los hechos sean procesados en el marco de nuestro Reglamento”, añade el vocero en su solicitud.

En el pronunciamiento, el partido ratifica su compromiso con la protección de los derechos humanos y con la garantía del derecho de toda persona a vivir libre de violencia.

“Como Grupo Parlamentario, se debe mantener una posición firme e inquebrantable de rechazo a toda forma de violencia, venga de donde venga, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y una vida libre de violencia”, se visualiza en la solicitud. 

David León Flores, abogado de Nadine Heredia, presentó ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional un pedido para que se extiendan los efectos de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el proceso por lavado de activos seguido contra Ollanta Humala.

La solicitud, ingresada el 31 de julio, plantea dejar sin efecto todo el proceso penal seguido contra la ex primera dama, desde las investigaciones preliminares hasta la condena de 15 años impuesta en su contra. Según la defensa, los hechos atribuidos tienen el mismo origen jurídico y fáctico que los imputados a Ollanta Humala.

Según la defensa, el fallo del TC estableció que los hechos relacionados con el financiamiento de las campañas de 2006 y 2011 no configuraban el delito de lavado de activos en esos periodos, por lo que dicha conclusión también debe aplicarse a Nadine Heredia.

La defensa de Nadine Heredia sostiene que la imputación en su contra forma parte del mismo núcleo de hechos atribuido a Ollanta Humala, al estar relacionada con la recepción y uso de fondos para las campañas presidenciales.

El documento legal señala que no existieron hechos independientes atribuidos a la ex primera dama, sino una actuación conjunta relacionada con los mismos activos presuntamente provenientes de Venezuela y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

La defensa de Nadine Heredia sostiene que mantener el proceso únicamente contra ella implicaría una aplicación diferenciada de la ley, debido a que los hechos atribuidos coinciden con aquellos que el TC declaró como no constitutivos de delito.

“Se solicita que esta Sala reconozca, dentro del proceso penal de su competencia, que la razón objetiva por la cual el Tribunal Constitucional declaró inválida la persecución seguida contra Ollanta Moisés Humala Tasso resulta igualmente aplicable a quienes fueron procesados por los mismos hechos y bajo la misma calificación jurídica”, señaló el escrito presentado por León Flores.

La defensa basa su pedido en que el TC determinó que la modalidad de “receptación patrimonial” del lavado de activos no existía en la legislación peruana cuando ocurrieron los hechos investigados en 2006 y 2011, pues fue incorporada recién en noviembre de 2016.

El recurso presentado por la defensa no solo alcanza a Nadine Heredia, sino que también solicita el archivo definitivo del proceso para el extesorero Mario Julio Torres Aliaga y el Partido Nacionalista Peruano, en su condición de persona jurídica.

El abogado León Flores sostiene que la participación de Mario Julio Torres Aliaga estuvo relacionada únicamente con la supuesta simulación de aportes para la campaña de 2011, una conducta que, según el TC, no tenía relevancia penal en ese periodo.

Respecto al Partido Nacionalista Peruano, la defensa sostiene que su inclusión en el proceso no cuenta con una base fáctica independiente y que no puede mantenerse si desapareció el supuesto delito que sustentaba su incorporación.

De acuerdo al organismo electoral, ambos partidos destinaron dinero proveniente del Estado a publicaciones que no cumplen con los fines de capacitación, formación política o investigación establecidos en el reglamento vigente.

PERÚ LIBRE

En el caso del partido del lápiz de Vladimir Cerrón, se destinó S/31 383 para la edición del poemario “El amor y la investigación”, una obra colectiva en la que participa el excongresista Waldemar Cerrón, junto a otros militantes como Bertha Rojas López (madre del prófugo Vladimir Cerrón). El texto no supera las 100 páginas.

El proyecto comprendió un taller literario valorizado en S/14 383, la impresión de los ejemplares en S/17 000 y el pago a un docente encargado de dictar la capacitación por S/9 200. La ONPE concluyó que tanto el taller como el poemario tienen un contenido predominantemente artístico y literario, no constituyendo un plan de gobierno, propuesta de desarrollo nacional o programa ideológico en los términos que exige la RFSFP. Ambos gastos constituyen un uso indebido de financiamiento.

RENOVACIÓN POPULAR

Respecto a Renovación Popular, se financió con US$ 6.400 para la elaboración del libro digital “Mi gallo es el chancho”, escrito por Francisco de Pierola y presentado en marzo de este año, en plena campaña presidencial.

Si bien el contrato señalaba la elaboración de una historia del partido, la ONPE advirtió que el contenido, de 42 páginas, se concentra principalmente en la trayectoria de Rafael López Aliaga, relatando e ilustrando pasajes de la vida del líder y la experiencia del autor en conocerlo y cómo se ganó su amistad. No se habría constituido un trabajo de investigación sobre problemas nacionales o regionales.

Sumado a ello, la organización política no acreditó que el autor contara con la experiencia en investigación requerida ni se presentó al menos dos cotizaciones de proveedores para argumentar la contratación. Al respecto, Fernando Sandoval, representante legal de Renovación Popular, indicó que estas observaciones están en evaluación y se pronunciarán una vez que la ONPE emita una decisión.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y MARCO LEGAL

Según explicó el experto en derecho electoral, José Manuel Villalobos, el financiamiento público directo tiene como finalidad que los partidos destinen estos recursos a fines positivos: una parte para su financiamiento ordinario y la otra mitad para capacitación, formación de sus cuadros políticos e investigación académica del partido, requisitos que, según la ONPE, no se estarían cumpliendo en ninguno de los dos casos.

Cabe señalar que Perú Libre recibió más de S/10,7 millones de financiamiento público directo durante los últimos cinco años, mientras que Renovación Popular tuvo un aproximado de S/9.5 millones.

La denuncia señala que los hechos comenzaron en la vivienda de la mujer, donde se habría producido una discusión y una presunta agresión verbal. Horas después, según el testimonio de la denunciante, el parlamentario la habría agredido físicamente cuando ambos se encontraban en la comisaría de San Miguel realizando las diligencias correspondientes.

¿Qué mensajes envió el diputado de JP a su expareja?

Antes de acudir al domicilio de su expareja, el legislador intentó comunicarse insistentemente con ella mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. De acuerdo con el registro presentado, entre las 6:06 a. m. y las 8:00 a. m. realizó 45 llamadas sin obtener respuesta.

Entre los mensajes difundidos figura uno en el que el parlamentario indicaba que solo buscaba retirar sus pertenencias del inmueble. En esa conversación escribió “Hola solo quiero recoger mi ropa y me voy”.

Minutos después volvió a insistir con otro mensaje en el que explicaba el motivo de su pedido. En dicho chat se lee “Tengo una reunión de partido hoy a las 09:30 y no tengo ropa para cambiarme. Bájalo todo lo que es mío y déjalo en la puerta de allí recojo”.

La denunciante afirmó que decidió no contestar las llamadas ni responder los mensajes recibidos durante la mañana. Posteriormente, el diputado se dirigió hasta la vivienda ubicada en el distrito de San Miguel.

Las cámaras de seguridad registraron al legislador permaneciendo frente al inmueble alrededor de las 8:03 a. m. Según la defensa de la denunciante, el diputado ingresó a la propiedad luego de que el padre de la mujer dejara la puerta principal entreabierta.

La versión presentada ante la Policía sostiene que el parlamentario subió hasta el tercer piso e ingresó a la habitación donde se encontraba su expareja. La denuncia indica que durante ese momento la increpó por no responder las llamadas y la insultó con expresiones relacionadas con su profesión.

Ante lo ocurrido, la mujer solicitó apoyo a la Policía Nacional mediante la central de emergencias. Minutos después, un efectivo policial llegó al inmueble y, tras la intervención, el legislador retiró sus pertenencias del lugar.

¿Qué ocurrió en la comisaría?

Tras la intervención, ambas partes fueron trasladadas a la comisaría de San Miguel para formalizar la denuncia. Durante su permanencia en la dependencia policial, el reportaje reveló que el diputado continuó enviando mensajes de texto a la denunciante con la intención de conversar sobre lo sucedido y mostrando preocupación por la repercusión pública del caso.

De acuerdo con la denuncia, la agresión física ocurrió cuando la mujer salió de los servicios higiénicos de la comisaría. Su testimonio señala que el legislador la sujetó del brazo derecho y le propinó tres patadas en la pierna derecha mientras ella intentaba defenderse.

El relato añade que el hecho fue observado por personal policial que se encontraba en la dependencia. Tras la intervención de los agentes, el comisario dispuso la detención del parlamentario por la presunta comisión del delito de agresión física en flagrancia.

Certificado médico confirma lesiones de la denunciante

El Certificado de Medicina Legal practicado a la denunciante confirmó la presencia de equimosis en el brazo derecho y en la pierna derecha. Ese documento fue incorporado a la investigación como parte de las diligencias realizadas por las autoridades.

Luego de permanecer detenido durante las 48 horas permitidas por ley, Julián Pérez Mallqui recuperó su libertad para continuar afrontando las investigaciones en calidad de citado. Durante su declaración ante la Policía y el Ministerio Público decidió acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio.

Como se recuerda el legislador rechazó las acusaciones formuladas en su contra tras abandonar la sede policial. En sus declaraciones públicas aseguró que continuará desempeñando sus funciones parlamentarias y sostuvo que seguirá legislando en favor de las mujeres.

SITUACIÓN

Según explicó Guzmán Vera Coronel, vocero de la Contraloría, al dominical de Punto Final, se detectaron irregularidades en la contratación de diversos profesionales para diversas áreas del MEF, donde se habría simulado información a fin de aparentar determinados perfiles y así favorecer a esas personas con cargos importantes.

Esta situación generó un perjuicio de S/21 millones, tras la contratación de 71 locadores FAG, solo durante el año 2025. De acuerdo con la auditoría, los honorarios de estos locadores superaban los S/15 000 mensuales por cada entregable, pese a que en varios casos las contrataciones se realizaban y, apenas una semana después, cuando la naturaleza del servicio exigía plazos más amplios.

Sumado a ello, Vera Coronel alertó que en muchos casos no se pudo corroborar el aporte real de estos profesionales, ya que las prestaciones presentadas eran prácticamente una copia de los requerimientos formulados por las áreas usuarias, sin detalle de las actividades concretas desarrolladas.

Por si fuera poco, también se reveló que en diversos casos, los términos de referencia fueron adecuados no en función de las necesidades reales de las áreas del ministerio, sino al perfil específico de los especialistas que se buscaba contratar, lo que, según el vocero, constituye un direccionamiento hacia personas que no cumplían con los requisitos establecidos por la propia entidad normativa del MEF.

ACTUAL GESTIÓN

El caso involucra al propio exministro de Economía, Rodolfo Acuña. Según trascendió previamente en medios de comunicación, cuando Acuña se desempeñaba como viceministro de Hacienda, en agosto del año pasado, durante la gestión de Dina Boluarte, contrató como asesor de su despacho al general de brigada EP Carlos Díaz Dañino, acondicionando los términos de referencia a su perfil profesional.

Según el vocero Vera Coronel, ambos habían trabajado juntos anteriormente y se habrían adecuado los términos de referencia no del área usuaria, sino de la persona.

Posteriormente, Carlos Díaz Dañino se convirtió en ministro de Defensa en marzo de este año, durante la gestión de José María Balcázar, y actualmente fue nombrado secretario general del Ministerio del Interior, por el actual titular, César Astudillo.

RESPONDE MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO

Frente a esta situación, Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, afirmó que habrá mano dura respecto a estos indicios de irregularidad. “Habría que revisar muy bien lo que acabas de decir para definir la situación, recordemos que la propuesta de Fujimori es una lucha contra los posibles actos de corrupción en el Estado”, explicó.

En paralelo, advirtió que existen más de 2 500 obras paralizadas a nivel nacional, además de demoras significativas en la construcción y operatividad de hospitales, problemas que la nueva gestión deberá enfrentar.

A lo largo de más de cinco décadas ocupó cargos en el ámbito militar, académico y gubernamental. También desarrolló una carrera como autor de publicaciones especializadas en estrategia y liderazgo utilizadas en universidades de distintos países de la región.

Lideró la creación de Centrum PUCP

En 1999 impulsó la creación de Centrum PUCP junto con el entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Salomón Lerner Febres. Desde ese momento asumió la dirección general de la escuela de negocios, responsabilidad que ejerció hasta el 2017.

Durante ese periodo, la institución obtuvo tres acreditaciones internacionales y logró incorporarse a diversos rankings de escuelas de negocios a nivel mundial. Asimismo, amplió su oferta académica y formó a ejecutivos y directivos provenientes de distintos países de América Latina.

Antes de dedicarse plenamente a la gestión universitaria, D’Alessio desarrolló su carrera en la Marina de Guerra del Perú. Entre las funciones que desempeñó figura la Comandancia General de Operaciones Navales.

Su experiencia también lo llevó a integrar el Poder Ejecutivo en dos oportunidades. Fue ministro de Salud entre 2017 y 2018 y, posteriormente, estuvo al frente del Ministerio de Educación durante el 2020.

Aporte a la formación académica

Además de su labor en la gestión educativa, publicó diversas obras enfocadas en administración, estrategia y liderazgo. Entre sus libros destacan El proceso estratégico: un enfoque de gerencia y Liderazgo y atributos gerenciales: una visión global y estratégica, textos empleados como material de consulta en universidades latinoamericanas.

Su trabajo también mantuvo un vínculo constante con el sector empresarial, donde participó en la formación de directivos y ejecutivos. Esa actividad lo convirtió en una figura conocida dentro del ámbito de la educación en gestión en el país.

Centrum PUCP destaca su legado

Tras conocerse su fallecimiento, Centrum PUCP expresó su reconocimiento por el legado que dejó su fundador dentro de la institución. El actual director general de la escuela de negocios, Rubén Guevara, destacó la influencia que tuvo D’Alessio en la construcción de la institución.

“Todo lo que es hoy Centrum PUCP tiene su firma, lleva su marca. Nuestra comunidad recoge su legado con gratitud y el compromiso de honrarlo y perpetuarlo”, expresó.

SIN EQUIPAMIENTO

Punto Final reveló que, entre los principales hallazgos, se detectó que EsSalud cuenta con 86 ambulancias inoperativas, cifra que representa el 22% del total de su flota a nivel nacional, además de 480 equipos de alta tecnología fuera de servicio en distintas regiones del país.

A ello se suma otro hallazgo revelado el 4 de junio por la Contraloría y la Comisión Investigadora del Congreso, que encontró más de 40 equipos de hemodiálisis almacenados sin uso desde el año 2022. El excongresista Carlos Zeballos, presente en dichas diligencias, señaló que EsSalud terceriza actualmente este servicio a un costo aproximado de S/5 mil mensuales por cada asegurado, pese a contar con equipamiento propio sin utilizar.

Días después, el 8 de julio, Zeballos visitó el Hospital Ramiro Prialé de Huancayo, uno de los más importantes del centro del país, donde se constató la existencia de un resonador antiguo fuera de funcionamiento, ambientes hacinados y un mamógrafo con 14 años de antigüedad.

La crisis de desabastecimiento de medicamentos, ya documentada anteriormente, también fue confirmada en los reportes entregados a la comisión de transferencia. Según documentos, al 12 de junio —fecha en que asumió el actual presidente de EsSalud, Jaime Moreno— la entidad registraba 2 516 medicamentos agotados, cifra que se redujo a 2 100 al 9 de julio.

DRAMA DE UNA FAMILIA

Por si fuera poco, en Lima, el caso de Hugo Huayanay refleja de forma dramática esta crisis, pues su hija de 11 años fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo y recibió tratamiento en el Hospital Almenara, donde los médicos determinaron que necesitaba un trasplante de médula ósea, procedimiento que debía realizarse en el Hospital Rebagliati.

Según relató el padre, de las 10 camas con las que cuenta EsSalud para trasplantes de médula ósea en niños, solo 4 se encontraban operativas al momento de su cita, programada para el 30 de julio, mientras que las 6 restantes estaban malogradas. “El médico me dijo que las 4 operativas ya estaban ocupadas, que recién en 40 días se iban a desocupar. Es decir, mi hija tendría que esperar 40 días para ser internada, pero puede recaer, aumentar la leucemia”, lamentó Hugo.

Huayanay, quien trabaja en el Ministerio Público, se encuentra de licencia, pero en agosto se termina, por lo que la situación se complicaría para su pequeña y esposa. “Cómo voy a hacer? Desde el año pasado que estoy acá he visto fallecer niños por esta causa, entre 3 a 4 niños han fallecido por esta causa, y en opinión mía, por no ser atendidos oportunamente”, indicó.

RESPUESTA DEL MINISTRO DE TRABAJO

Frente a este panorama, el nuevo ministro de Trabajo, Juan Sheput, reconoció que la situación de EsSalud “no es lo que uno quisiera”. Sheput, quien ya ocupó el mismo puesto durante el gobierno de Alejandro Toledo en 2005, señaló que actualmente existe una atomización de las compras públicas, ya que en lugar de licitaciones centralizadas para obtener mejores precios, se vienen realizando compras menores a 8 UIT.

Durante una transmisión en vivo realizada a través de su cuenta oficial de TikTok, la mandataria señaló que los militares no solo apoyarán en la seguridad de los establecimientos penitenciarios, sino también en otros ámbitos vinculados a la prevención del delito. Fujimori recordó que esta propuesta fue parte de sus planteamientos durante la campaña presidencial.

“No solamente hemos aprobado ya en el Consejo de Ministros que las Fuerzas Armadas colaboren con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la seguridad de los penales, sino también en los próximos días las Fuerzas Armadas estarán en las calles y en el sistema de transporte”, expresó.

La jefa de Estado indicó que las próximas acciones forman parte de los compromisos anunciados durante la campaña electoral. También sostuvo que su administración continuará presentando medidas orientadas a fortalecer la seguridad en el país.

Fujimori señaló que los detalles de estas disposiciones serán comunicados progresivamente.

“Ya ustedes van a ir conociendo cada una de estas medidas”, manifestó durante la transmisión realizada en sus redes sociales.

En otro momento de la transmisión, la presidenta informó que el Ministerio de Salud implementará un proceso para digitalizar las historias clínicas de los pacientes del sistema público. La medida, según indicó, incluirá el uso de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la gestión de información médica.

Tras los cuestionamientos, Tomás Gálvez afirmó que el sistema “prácticamente ha fracasado”, pues se llevaron a cabo investigaciones por hechos que no serían delictivos e incluso se habrían ejecutado persecuciones políticas; mientras que, donde sí habría razones suficientes para llevar a cabo indagaciones por lavado de activos, el sistema no lo hizo.

“Vamos a cambiar a la gran mayoría de fiscales, casi a todos. Inclusive a los que tengan el título de fiscal de lavado de activos, porque, si ya han mostrado ineficacia e ineficiencia, no pueden continuar en esa situación; por eso se va a redefinir. Casos como Ollanta Humala y Keiko Fujimori no se van a repetir”, sentenció Gálvez en Canal N.

Gálvez explicó que, desde la llegada a la Fiscalía de la Nación, se apartó a los fiscales que integraban los equipos especiales del caso Lava Jato, y que en su momento designó al fiscal Juárez Atoche como coordinador del sistema de lavado de activos, en reemplazo de Rafael Vela, al considerar que realizaba un trabajo razonable. Sin embargo, precisó que Juárez se encuentra actualmente suspendido tras habérsele imputado una actuación indebida en el marco de una investigación.

Sobre las deficiencias, Gálvez sostuvo que, para iniciar válidamente una investigación por lavado de activos, es necesario identificar un bien o activo sospechoso y vinculado con una actividad criminal previa que explique su origen. Según indicó, en el pasado bastaba con detectar una transferencia bancaria para abrir investigaciones, sin observar de manera escrita el principio de legalidad, lo que habría generado perjuicios a diversas personas.

Asimismo, agregó que la Ley Orgánica del Ministerio Público se encuentra obsoleta y adelantó que enviarán propuestas de reforma a la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, quien ha manifestado dentro de su plan de gobierno la intención de reformar el Ministerio Público y el sistema de administración de justicia. El objetivo es que dichas propuestas puedan ser incorporadas en los decretos legislativos que el Ejecutivo emita en el futuro.

#MesaDePrensa
El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, anunció la reorganización del sistema de lavado de activos tras cuestionar los resultados del equipo Lava Jato y respaldar el informe de la Defensoría del Pueblo. Encuentra más información en la web ►… pic.twitter.com/T27sBXtncP

— Canal N (@canalN_) August 3, 2026

Fujimori indicó que no se realizarán modificaciones a la Compensación por Tiempo de Servicios ni a otros derechos laborales adquiridos. En esa línea, señaló que las versiones sobre una afectación a los trabajadores forman parte de una interpretación impulsada por sectores opositores.

“No se van a tocar CTS, es parte de una narrativa que grupos de izquierda han creado como un fantasma”, expresó.

Gobierno plantea modernizar normas laborales

Durante la misma intervención, Fujimori sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es impulsar cambios en la legislación laboral sin afectar los derechos establecidos para los trabajadores. Además, reiteró que no se eliminarán ni incrementarán los feriados durante su gestión.

El pronunciamiento se da mientras el Gobierno prepara una solicitud de facultades legislativas que incluye materias relacionadas con distintos sectores, entre ellos el ámbito laboral. El Ejecutivo ha señalado que busca realizar ajustes normativos dentro del marco de sus competencias.

El pedido de facultades generó cuestionamientos desde algunos sectores políticos y organizaciones que expresaron preocupación por posibles modificaciones a las condiciones laborales. Ante ello, la presidenta sostuvo que las críticas responden a una versión que no coincide con las medidas planteadas por su administración.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, también había señalado previamente que no se contemplaba afectar beneficios como la CTS ni los feriados. La posición del Ejecutivo es que las reformas laborales no implicarán una reducción de derechos para los empleados.

Durante una entrevista en RPP, el titular del Ministerio de Cultura informó que la sesión del Consejo de Ministros, prevista para este domingo con el fin de abordar este tema, finalmente no se llevará a cabo. Asimismo, indicó que el proyecto todavía no reúne las condiciones necesarias para ser aprobado debido a que los sectores del Ejecutivo continúan remitiendo aportes.

“Se ha postergado [la sesión]. Lo que pasa es que no están las condiciones dadas para la aprobación, entonces, okay, se posterga [...] Se ha postergado porque estamos todavía en una dinámica de terminar de armar cuadros”, manifestó.

El titular del Mincul agregó que cada cartera ha remitido observaciones relacionadas con sus respectivas competencias. Asimismo, señaló que esas recomendaciones todavía están siendo evaluadas para incorporarlas al documento final.

“Se está afinando, se están recibiendo una serie [de observaciones], yo mismo he mandado observaciones al proyecto que se nos presentó, que me parece que son indispensables desde el sector Cultura, todos están mandándolas. Se llegó al momento en que se dijo ‘esto todavía requiere algunos ajustes’”, indicó.

¿Qué observaciones presentó el Mincul?

En otro momento, Beingolea fue consultado sobre las propuestas que presentó desde el Ministerio de Cultura para modificar el proyecto. Sin embargo, prefirió no detallar el contenido de esas observaciones mientras el documento siga en elaboración.

El titular del sector explicó que considera necesario esperar a que el Consejo de Ministros adopte una posición definitiva antes de hacer públicos los planteamientos formulados por cada ministerio. Además, remarcó que el trabajo dentro del Gabinete exige respetar las decisiones colectivas una vez concluido el proceso de evaluación.

“No, es que todavía no la voy a decir, hablemos del producto final. O sea, qué poco elegante, imagínate que llega el Consejo de Ministros y mis observaciones no fueron tomadas. En eso también quiero ser claro uno tiene que ser disciplinado en un colectivo […] Luis Bedoya decía ‘antes de la decisión, libertad después de la decisión, unidad’. Es la única manera de gobernar, y yo, en esto, soy un seguidor de Bedoya. Así que no voy a decirte ahora las cosas que he propuesto. Yo preferiría no hablar de algo que todavía no está listo”, señaló.

Al ser consultado en RPP sobre posibles cambios en el alto mando policial, incluido su cargo, Arriola explicó que durante la ceremonia de reconocimiento al nuevo titular del Ministerio del Interior se reiteró que la evaluación del desempeño forma parte de la gestión institucional y alcanza a todos los oficiales generales de la Policía Nacional.

En cuanto a la seguridad ciudadana, el jefe de la PNP destacó las acciones ejecutadas para enfrentar la ola de ataques armados contra unidades de transporte interprovincial e informal registrada desde julio. Señaló que la respuesta policial ha sido sostenida y que los resultados se vienen observando de manera gradual.

Como resultado de estos operativos, indicó que los homicidios se redujeron en un 24%, mientras que las denuncias por extorsión disminuyeron en un 22%, cifras que atribuyó al fortalecimiento de las intervenciones policiales y al trabajo coordinado contra las organizaciones criminales.

Asimismo, aseguró que la institución continuará intensificando los operativos y las labores de inteligencia para combatir la delincuencia y devolver la seguridad a la ciudadanía, especialmente frente a los delitos de extorsión y sicariato.

Respecto al incendio que acabó con la vida de diez integrantes de la familia Vílchez, Arriola informó que las investigaciones siguen en marcha y que la Policía mantiene la búsqueda de la presunta responsable del ataque.

Agregó que, de acuerdo con las primeras diligencias, el hecho estaría vinculado a un caso de extorsión.

En declaraciones a RPP desde Tel Aviv, Israel, señaló que no pudo despedirse de ella debido a la orden de prisión preventiva y la alerta roja de Interpol que pesan en su contra por el caso Ecoteva, en el que es investigada por presunto lavado de activos.

Eliane Karp sostuvo que las medidas judiciales le impidieron viajar a Bélgica y cuestionó la prolongación del proceso penal. El caso Ecoteva está relacionado con la compra de inmuebles en el Perú a nombre de su madre mediante la empresa Ecoteva Consulting Group, con sede en Costa Rica.

Tras confirmar el fallecimiento de su madre, la ex primera dama solicitó nuevamente a la presidenta Keiko Fujimori conceder un indulto humanitario al expresidente Alejandro Toledo, quien cumple una condena de 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión agravada y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur.

Afirmó que el exmandatario enfrenta problemas de salud, estrés y ansiedad, y aseguró que recientemente sufrió una caída en el penal de Barbadillo.

Asimismo, pidió que Toledo pueda acogerse a la Ley 32181, que permite a los mayores de 80 años cumplir su condena bajo arresto domiciliario por razones humanitarias.

Karp sostuvo que un eventual indulto representaría un gesto de reconciliación nacional y señaló que estaría dispuesta a regresar al Perú si se levantan las órdenes de captura y prisión preventiva dictadas en su contra.

El documento lleva las firmas de la dignataria y del premier Luis Galarreta. Cornejo ya había asumido la dirección del organismo de Inteligencia. En enero del 2021, durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti, asumió la conducción de la DINI.

En el año 2000, además, se desempeñó como edecán del hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori. Asimismo, forma parte del Arma de Infantería del Ejército.

El cargo era ocupado desde marzo último por Yonny Narciso Ramírez Aguilar, quien fue seleccionado por la gestión del entonces encargado de la presidencia, José María Balcázar.

La designación se dio a través de la Resolución Suprema 247-2026-PCM, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, y fue refrendada por la presidenta Keiko Fujimori y por el premier Luis Galarreta.

En la resolución previa (246-2026-PCM) se aceptó la renuncia de Alonso Tenorio a dicho cargo y se le agradeció por los servicios prestados.

La norma cuenta con la firma del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

En otra disposición, la Secretaría General del Despacho Presidencial nombró a Edwin Lévano Gamarra como secretario de la Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial, bajo el régimen de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil.

La designación fue oficializada mediante la Resolución N.° 000058-2026-DP/SGDP, publicada en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales.

La Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial tiene entre sus principales funciones brindar asistencia técnica en la gestión y tramitación de las normas legales que serán promulgadas por el presidente de la República, además de apoyar el desarrollo de las sesiones del Consejo de Ministros.

¿Un uso eficiente de recursos puede generar un ahorro importante?

Para hacer frente los gastos que generarán las propuestas del Gobierno se va a tener que ahorrar en gasto corriente, fundamentalmente. Pero creo que no será suficiente y seguro que será necesario que las otras políticas que se han puesto en marcha, orientadas a incentivar la inversión privada y el crecimiento económico, podrán ampliar la base tributaria, que ayudaría a generar más ingresos, los que se requieren para equilibrar el presupuesto. Será muy importante que los programas sociales sean en gran medida financiados con crecimiento sostenible.

¿Pero cuánto se podría ahorrar?

Habrá que ver el detalle del tipo de ahorro que se quiere dar, pero de alguna manera el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) calculó que los gastos ineficientes en el sector público estaban alrededor de 2 puntos del producto bruto interno (PBI), es decir, cerca a 20 mil, 25 mil millones de soles. Ahora solo tenemos anuncios y hay que ver el detalle de las medidas y ahorros donde se quiere conseguir.

Sobre el aumento del sueldo mínimo, siempre se dice que hace crecer la informalidad...

Aumentar el sueldo mínimo es una mala medida, así sea 1%. Se trata de un salario mínimo que, según un estudio que el Banco Central de Reserva presentó el año pasado, ya está cerca del 40% por encima del valor en que debería estar. Entonces, no se puede justificar el anuncio de un aumento de 15%. Lo peor es que no ayuda al 70% o más de la población económicamente activa que trabaja fuera de planilla, que no tiene ningún tipo de salario mínimo. Además, ha quedado demostrado que alienta la informalidad.

Se prevé que la flexibilidad de leyes laborales será un tema del pedido de facultades...

Me parece muy bien abordar la flexibilidad laboral. Es uno de los principales problemas que están detrás de nuestra baja productividad y alta informalidad. Queda todavía ver los detalles. Creo que será muy importante revisar cada uno de ellas. Hay medidas interesantes, sobre todo las que tienen que ver con racionalizar el nivel de los costos laborales en función a los ingresos que tienen los trabajadores. El costo que tiene una gran empresa para pagar sueldos y salarios es alto, por eso que la informalidad está presente. Me parecen muy bien, también, las medidas para generar mayor incentivo al empleo juvenil. Ojalá que se pueda avanzar en ello. Se trata de hacer más asequible la formalidad a la mediana y pequeña empresa, no tanto quitar derechos laborales que hoy día están concentrados justamente en los trabajadores en planilla y en la gran empresa.

La “Ley Pulpín” está nuevamente sobre la mesa

Creo que lo importante es ver las mejores prácticas en el mundo para el empleo juvenil como en los países desarrollados, ¿no? Tienen esquemas de empleo juvenil, con acceso reducido porque recién están aprendiendo. Nadie habla en los países europeos, por ejemplo, de que se esté esclavizando al joven trabajador. Por el contrario, se le da está dando la opción para que empiece a trabajar. Hay que darle esa mirada. Esa mirada de: hoy no tengo empleo, nadie me da empleo porque esa mediana y pequeña empresa no me puede pagar esos altos derechos laborales. En cambio, ahora voy a flexibilizar de alguna manera para que pueda empezar a trabajar y progresivamente irme incorporando al mercado laboral. Esa es la forma de mirar el tema. No la llamaría “Ley Pulpín”, sino ley de empleo juvenil, mirando las mejores prácticas en el mundo.

David Tuesta

Exministro de Economía y Finanzas.

Economista, doctor en Economía por la PUCP.

Magíster en Asuntos Públicos por la Universidad de Minnesota (EE.UU.).

Exdirector corporativo de Asuntos Estratégicos en la CAF.

Subir el sueldo mínimo no ayuda al 70% de trabajadores informales”.

¿Cuál es la situación actual de la salud pública en el Perú?

Vivimos una crisis permanente. El principal problema es que no se asigna el presupuesto que realmente necesita el sector. Actualmente se invierte alrededor del 2,5% del PBI en el Ministerio de Salud y 1,2% en EsSalud, cuando deberíamos estar cerca del 6%. Eso significa que necesitamos prácticamente duplicar el presupuesto actual. Como consecuencia, faltan camas hospitalarias, especialistas, equipos médicos y capacidad de atención.

¿Cuáles son las carencias más visibles?

Existe una enorme brecha en equipamiento. Solo en Lima contamos con cinco resonadores magnéticos, cuando la OMS recomienda 25 y los estándares de la OCDE hablan de 85. A ello se suma el déficit de más de 16 mil médicos especialistas y alrededor de 10 mil médicos generales para fortalecer el primer nivel de atención.

¿Cómo se reflejan estas carencias en las regiones?

Las diferencias son muy marcadas. Regiones como Amazonas, Madre de Dios o Cajamarca tienen entre tres y seis médicos por cada 10 mil habitantes, cuando lo recomendable es contar con al menos 23. Eso genera largas listas de espera para consultas y cirugías. Además, el primer nivel de atención debería resolver la mayor parte de enfermedades comunes y crónicas, realizar análisis clínicos, ecografías y radiografías. Sin embargo, solo uno de cada cinco establecimientos tiene capacidad para hacerlo.

¿La crisis responde únicamente a la falta de recursos?

No. El presupuesto es fundamental, pero también hay problemas de corrupción y gestión. Según estimaciones oficiales, la corrupción representa una pérdida enorme para el país y en Salud sería el 15% de los recursos del sector. Eso explica casos de hospitales que multiplican varias veces su costo original sin concluirse. Deben identificarse responsabilidades y sancionarse a quienes corresponda.

¿Qué debe hacer el Gobierno frente al riesgo de un nuevo fenómeno El Niño?

Lo primero es implementar cuanto antes un plan de acción integral. Las regiones del norte enfrentarán riesgos asociados a lluvias intensas, inundaciones y aumento de enfermedades transmisibles. Allí debemos prepararnos para posibles incrementos de dengue, malaria, infecciones gastrointestinales y enfermedades de la piel. Eso implica contar con vacunas, medicamentos, equipos de fumigación, hospitales de campaña y brigadas médicas listas para desplazarse.

¿Qué lecciones dejó el COVID-19?

La pandemia mostró crudamente nuestras debilidades. Tuvimos una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. Faltaron camas UCI, oxígeno, personal y organización. Lo preocupante es que, después de esa experiencia, muchas de las brechas siguen igual.

¿Qué espera la Federación Médica Peruana de la nueva gestión?

Nosotros vamos a dar nuestro apoyo al nuevo ministro de Salud, pero también esperamos resultados concretos. Creemos que un plazo razonable para evaluar la gestión son los primeros 180 días. Hay varios aspectos que observaremos de manera prioritaria. El primero es la respuesta frente al fenómeno de El Niño. El segundo es la reducción de las colas y listas de espera. También evaluaremos el abastecimiento de medicamentos, la lucha contra la anemia y la desnutrición, así como la capacidad del Gobierno para destrabar proyectos hospitalarios pendientes.

¿Qué mensaje final le daría al nuevo Gobierno?

Esperamos que las autoridades conozcan realmente la realidad del país, visiten las regiones y tomen decisiones basadas en las necesidades de la población. No vamos a tolerar ningún acto de corrupción y exigiremos que se aceleren las soluciones para los hospitales paralizados. La salud necesita resultados concretos. No los exigimos para mañana, pero sí queremos ver avances medibles en los próximos seis meses.

CIFRAS

• 6%

del PBI debería destinarse a Salud. Hoy es el 2.5%.

• 16

mil médicos especialistas y 10 mil generales faltan en el país.

Godofredo Talavera

Presidente de la FMP

Médico Cirujano. Especialista en Pediatría y Gastroenterología Pediátrica. Es un referente del gremio médico y del Instituo Nacional de Salud del Niño. Ejerció la presidencia de la FMP en varios periodos.

El letrado cuestionó que Pérez, que ayer fue liberado, no haya permanecido con marrocas en la dependencia policial, lo que ocasionó la indefensión de su patrocinada. Además, cuestionó que la Fiscalía no haya solicitado la ampliación de su detención en flagrancia.

Denuncia

Los hechos denunciados por Barrantes ocurrieron la mañana del viernes 30 de julio. De acuerdo a su versión, la denunciante “llamó por celular a la comisaría de San Miguel para que le brinden apoyo”, pues el diputado “ingresó intempestivamente, sin autorización de ella o sus familiares, a su domicilio”.

La mujer “estaba descansando en su habitación, en el tercer piso”, cuando Pérez Mallqui habría aparecido para insultarla y proferirle otros “maltratos verbales”.

“La agresión (física) fue posterior, cuando vienen los policías al domicilio y llevan al diputado, como intervenido, y a mi patrocinada. En la comisaría, mientras ella estaba declarando, estando en indefensión y con náuseas y dolor de cabeza, por los insultos proferidos y maltratos verbales por parte del diputado (…) fue a los servicios higiénicos. El diputado, que no ha estado con marrocas, la amenazó diciéndole: ‘Ya vas a ver, me estás fregando con la prensa. Ya no vas a tener trabajo en el sector público’. Trató de cogerla del brazo derecho, de manera fuerte, y le propinó una patada para que caiga”, sostuvo el abogado en diálogo con Canal N.

Luego, Barrantes rechazó que el parlamentario, sentenciado por lesiones culposas y violencia familiar, en casos distintos, haya sido puesto en libertad. El congresista abandonó la instalación policial la tarde de ayer, tras vencerse el plazo de detención en flagrancia de 48 horas.

La Fiscalía Suprema de Familia, que dirige el fiscal supremo Luis Arce Córdova, y que estuvo a cargo del caso debido a la alta investidura de Pérez, no habría solicitado la ampliación de la detención.

Más medidas

Ahora, la defensa de la denunciante solicitará que la investigación preliminar por presunta agresión se amplíe. El objetivo es que se incluya la imputación de violación de domicilio.

“Estamos pidiendo una ampliación de la denuncia penal, ya la presentamos a la comisaría del sector y hemos presentado un video para que se pueda visualizar, en su debida oportunidad, para que esto sea considerado dentro de la investigación”, detalló el abogado Barrantes.

Tras una visita a bases militares ubicadas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la jefa de Estado sostuvo que el Perú busca fortalecer la cooperación internacional frente a delitos que operan más allá de las fronteras nacionales.

“Le transmití al secretario de Estado el interés de parte de nuestro país de formar parte del Escudo de las Américas. El Escudo de las Américas busca unir esfuerzos de países que enfrentan a la criminalidad organizada, al narcotráfico, y busca compartir información, porque entendemos que este tipo de flagelos no se fijan en las fronteras”, indicó.

La mandataria también manifestó que la participación peruana podría representar un aporte para el resto de integrantes de la alianza.

“Al Perú nos gustaría participar, nos conviene participar y creo que los países que ya forman parte también van a estar interesados en que el Perú pueda contribuir con información”, precisó.

#EnVivo

Keiko Fujimori, presidenta: En una llamada, le transmití al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, el interés de nuestro país de formar parte del Escudo de las Américas

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¿Qué es el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas es una coalición política y militar presentada en marzo de 2026 durante una cumbre realizada en Miami y encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La iniciativa reúne actualmente a 11 países del continente.

De acuerdo con los objetivos planteados por sus integrantes, el bloque busca coordinar acciones para enfrentar a los cárteles y organizaciones criminales mediante el fortalecimiento de la cooperación policial, judicial y de inteligencia. Además, promueve el intercambio de información y el desarrollo de capacidades tecnológicas entre los países miembros para combatir el crimen transnacional.

“Bueno, en el caso del expresidente Ollanta Humala y en mi caso fueron digamos temas bastante similares, ¿no? Por un tema de campaña política. Entonces, si mi caso se archivó, era lógico que en el caso de él también ocurriera lo mismo”, declaró ante la prensa.

La presidenta agregó que espera que el sistema de administración de justicia concentre sus esfuerzos en la lucha contra la criminalidad. En esa línea, consideró que las autoridades deben priorizar combatir la criminalidad.

“Así es que yo saludo que hoy finalmente él esté en libertad y esperamos que el sistema de administración de justicia pues le ponga todo su esfuerzo a donde la ciudadanía está reclamando, que es a enfrentar y capturar a los delincuentes”, manifestó.

#EnVivo

Keiko Fujimori: El caso del expresidente Ollanta Humala y el mío fueron bastante similares por un tema de campaña política. Si mi caso se archivó, era lógico que en el suyo también ocurra lo mismo. Saludo que esté en libertad

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Como se recuerda, el pasado 16 de junio, el Poder Judicial dispuso el archivo definitivo del caso Cócteles, proceso que involucraba a Keiko Fujimori, dirigentes de Fuerza Popular y otras personas investigadas por presunto lavado de activos. La decisión fue adoptada por una sala de apelaciones en cumplimiento de lo resuelto previamente por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, Ollanta Humala salió del penal de Barbadillo la noche del último viernes luego de que el Poder Judicial ordenara ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional que anuló la condena de 15 años de prisión que pesaba en su contra por lavado de activos. El exmandatario había sido sentenciado junto a la exprimera dama Nadine Heredia por los aportes vinculados a sus campañas electorales de 2006 y 2011.

Tras recuperar su libertad, Humala sostuvo que fue víctima de una persecución política y judicial, además de negar que él, su esposa o el Partido Nacionalista hayan recibido aportes ilegales provenientes de Brasil o Venezuela.