Cabe mencionar que este caso está relacionado con su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque entre 2019 y 2020.

Según un documento judicial difundido por RPP, la resolución declara “INFUNDADA el pedido de prescripción de acción civil” presentado por la defensa del mandatario. Asimismo, la Fiscalía sostuvo que el plazo para continuar con el proceso permanece vigente y que corresponde al Ministerio Público ejercer la acción civil en representación del Estado.

Pese a rechazar el recurso de la defensa, el juzgado sí aceptó suspender el inicio del juicio oral mientras Balcázar continúe ejerciendo la Presidencia de la República, al considerar su condición de jefe de Estado.

La resolución también dispone que la instalación del juicio oral continúe el 21 de agosto y que la audiencia programada para el 28 de agosto se mantenga. En este proceso, la Segunda Fiscalía Penal de Chiclayo solicita que el presidente pague una reparación civil de 348 mil soles por el presunto delito que se le atribuye.

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La presencia de Milei en Lima ocurrirá luego de que el Jurado Nacional de Elecciones proclamara a Keiko Fujimori como presidenta electa tras culminar el conteo oficial de la segunda vuelta electoral. El mandatario argentino fue uno de los primeros jefes de Estado en saludar su elección y expresar su disposición para fortalecer los vínculos entre ambos países.

Durante una entrevista con el medio argentino Now 97.9, Milei informó que viajará a la capital peruana para asistir al inicio del nuevo gobierno. El jefe de Estado argentino también detalló parte de su agenda internacional, que contempla otras actividades en la región.

El mandatario explicó que, después de su visita a Perú, tiene previsto acudir a Colombia para la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto. Además, indicó que durante ese recorrido visitará al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para tratar un acuerdo pendiente.

“El 28 de julio voy a estar en Perú, en la asunción de Keiko Fujimori”, indicó.

LO QUE SIGUE EN LA AGENDA PRESIDENCIAL- @JMilei

25 de Julio viajará a Brasil por la candidatura a presidente de Flavio Bolsonaro - "Voy a hacer un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro"

26 de Julio en La Rural para la inauguración de la Exposición Rural 2026.

28 de… pic.twitter.com/ifqXhDQTEP

— NOW 97.9 FM (@979Now) July 10, 2026

Argentina y Perú buscan fortalecer relación bilateral

Tras conocerse los resultados electorales en Perú, Milei felicitó a Fujimori a través de sus redes sociales y destacó la relación entre ambos países. En su mensaje señaló que Argentina y Perú podrían iniciar una nueva etapa de cooperación basada en objetivos comunes.

El presidente argentino también manifestó su intención de impulsar una agenda conjunta con el próximo gobierno peruano. Entre los temas mencionados estuvieron la libertad económica, el crecimiento y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

“El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad”, expresó.

Cabe mencionar que esta sesión pública fue programada para las 3:00 p. m. y el personero legal del partido ya fue notificado.

El recurso llegó al JNE luego de que el 4 de julio el Jurado Electoral Especial de Lima Centro admitiera la apelación presentada por Renovación Popular contra la resolución del 30 de junio que declaró improcedente la inscripción de las candidaturas de Rafael López Aliaga, Guillermo Valdivieso y Mario Luna para las elecciones municipales de Lima Metropolitana. Con ello, el expediente fue elevado para una decisión definitiva.

En la apelación, el personero legal Fernando Sandoval sostiene que la resolución del JEE vulneró el “derecho fundamental y constitucional de ser elegido” de los candidatos, “tomando como base argumentos que contravienen la Constitución y la Ley”.

También se argumenta que el impedimento para postular en elecciones municipales alcanza a los congresistas en funciones y no a quienes aún no han juramentado el cargo. En ese sentido, afirmó: “De modo que al no asumir el mandato o no haber juramentado el cargo, el elegido no se encuentra inmerso en el impedimento de ley”.

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Sin embargo, el evento desarrollado en 2023 y 2024 fue uno de los de mayor impacto de la historia del país por la intensidad de las lluvias, la magnitud de los daños y sus efectos sobre la economía.

Precipitaciones

En abril de 2024, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el Niño Costero 2023-2024 fue el más intenso registrado en la costa occidental de Sudamérica en los últimos 20 años.

“En Perú, el fenómeno de El Niño se caracterizó por ser muy cálido (...) con intensas lluvias en la vertiente occidental de la cordillera, principalmente en la costa norte y central”, reza su reporte.

Asimismo, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Carlos Yáñez Lazo, informó que las lluvias extraordinarias de 2023 dejaron 839,760 personas con necesidades humanitarias de acuerdo con las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Incluso, según el compendio estadístico del Indeci de 2024, en los primeros 6 meses de ese año se reportaron 2,550 emergencias por lluvias intensas; las que afectaron a más de 248,763 peruanos con un saldo de 27,133 damnificados; 1,979 lesionados, 18 fallecidos y 3 desaparecidos a nivel nacional. Las regiones más golpeadas fueron Huancavelica, Cusco y Ayacucho.

Infraestructura

En el mismo reporte, el Indeci también da cuenta de que el ciclón Yaku, que potenció el FEN, reportó un total de 43,037 viviendas destruidas; 223,945 viviendas afectadas; 48,732 hectáreas de cultivo perdidos; 57,968 hectáreas de cultivo afectado; 397 puentes destruidos y 656 puentes afectados en 2023.

Incluso, en una advertencia de mayo de dicho año, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) reportó que el FEN puso en riesgo muy alto por movimientos en masa y/o inundaciones a 17,573 centros poblados a nivel nacional.

Las regiones con mayor cantidad de población expuesta a este grado de riesgo fueron Piura (207,766), Áncash (225,780), Huánuco (164,972), Cajamarca (117,929) y La Libertad (104,564).

A esto se suma el aumento de infección por dengue. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), para el 2023, el Perú presentó un histórico de casos.

“Favorecidos por diversos fenómenos naturales como el fenómeno de El Niño, convirtiendo al territorio nacional en un escenario epidémico”, advirtió en su boletín epidemiológico de la segunda semana de noviembre de 2024.

El CDC registró en 2023 a nivel nacional 256,641 casos de dengue, cobrando la vida de 444 peruanos. Los más propensos fueron los adultos mayores (241 fallecidos).

Las regiones con mayor incidencia fueron Piura (79,304); Lambayeque (31,460); Lima (30,735), La Libertad (26,502) e Ica (16,889).

Economía

El FEN fue el principal factor que frenó el crecimiento económico del Perú en 2023.

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el evento climático restó 1,1 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), por encima del impacto de los conflictos sociales (-0,8 puntos), la pérdida de confianza empresarial (-0,3), la menor demanda de exportaciones no tradicionales (-0,2), las sequías (-0,1), la gripe aviar (-0,1) y la menor inversión de los gobiernos subnacionales (-0,1).

La entidad también reportó que el sector agropecuario se contrajo 2,0%, la mayor caída en más de tres décadas, tras los daños ocasionados por las anomalías térmicas sobre cultivos como arroz, limón, papa, algodón y palta

Asimismo, se registró la contracción de 21,2% en la pesca debido a la suspensión de la captura de anchoveta en la zona centro-norte.

Análisis

Al respecto, el exministro de Agricultura Juan Manuel Benites explicó a Correo que el impacto del FEN no solo pasa por ser un evento climático, sino por el nivel de preparación del Estado.

“Hay toda una premura, emergencias y todos empiezan a trabajar. Pero, con tanta inestabilidad, ha hecho que no tengamos continuidad de autoridades y no tengamos un plan de acción que sea constante. Entonces lo que estamos viviendo es un país que no está preparado, que está haciendo los esfuerzos para tratar de ganarle el reloj”, refirió.

Benites advirtió que existe una “ejecución paupérrima” de los recursos públicos por los gobiernos regionales y municipios.

“No alcanza ni el 50% cuando estamos en una emergencia. Si bien la naturaleza no se puede controlar, sí se puede mitigar, se puede reducir los impactos. Pero toda la debacle política que hemos tenido no ha permitido tampoco poder organizar una institución que se pueda ser responsable de esto”, explicó.

Además, criticó el reciente crédito suplementario aprobado por el Ejecutivo.

“Esperábamos que se justificara por la emergencia, pero apenas hay 300 o 400 millones de soles destinados al FEN. Me preocupa que no estemos mirando esto con seriedad, que tanto el Congreso que ya se va, como el gobierno que se retira, no estén tomando las previsiones suficientes para que el nuevo gobierno tenga los recursos y tenga un plan de acción que pueda continuar”, enfatizó.

Alcance

En la sentencia, el colegiado precisó que los congresistas “no tienen iniciativa para incrementar gastos que incidan en el presupuesto anual o que impacten hacia el futuro”.

Asimismo, dispuso que los proyectos de ley que impliquen un aumento del gasto público deberán ser coordinados con el Poder Ejecutivo, en armonía con el criterio de sostenibilidad fiscal.

El fallo se conoce en medio de alertas por el impacto fiscal de leyes aprobadas por el Congreso, que según el Consejo Fiscal superarían los S/11.400 millones anuales.

De manera excepcional, el TC indicó que las iniciativas parlamentarias que generen gasto podrán tramitarse siempre que exista coordinación con el Ejecutivo, en aplicación del “deber constitucional de cooperación entre poderes” y del respeto a las competencias en materia presupuestaria.

Equilibrio

Además, el tribunal estableció que estos proyectos deberán identificar la fuente de financiamiento que garantice el equilibrio presupuestario y contar con un informe previo de sostenibilidad fiscal elaborado por el órgano competente del Poder Ejecutivo antes de ser dictaminados en las comisiones del Congreso.

También señaló que las iniciativas deberán priorizar la atención de necesidades sociales básicas y coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una ejecución progresiva del gasto que generen.

El TC añadió que estas pautas “constituyen una nueva regla respecto de los criterios jurisprudenciales previos”.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) consideró “arbitraria” la actual reclusión de Castillo, preso en Barbadillo (Ate) por conspiración para la rebelión, y sugirió su liberación.

Incluso, la integrante Miriam Estrada Castillo (Ecuador) sostuvo que la proclama de Castillo estuvo amparada en la “libertad de expresión”.

Detalles

El informe fue difundido tras siete pedidos de indulto o gracia presidencial, a favor del exmandatario, y a poco menos de un mes de culminar el gobierno de José Balcázar, encargado de la Presidencia que llegó al Congreso con el mismo partido que Castillo al poder: Perú Libre.

En el documento, se considera que “el remedio adecuado sería poner al Sr. Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”.

“(Se) pide al Gobierno del Perú que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Castillo sin dilación”, puntualiza pese a que el Perú no tiene la obligación de adoptar dichas medidas, pues la Opinión de los Grupos de Trabajo no son vinculantes para ningún Estado.

Además, se indica que los jueces que dictaron la sentencia contra Castillo, por conspiración para la rebelión, pudieron ser influidos por un “ambiente de gran presión política”.

Las consideraciones emitidas por los grupos de trabajo de la ONU y su aparente injerencia fue abordado por el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución peruana, en marzo del 2021. En una sentencia (Exp. N.° 04038-2019-PHC/TC) señaló que estas instancias “tienen origen extraconvencional”, por ello, remarcó que “el Estado peruano no se ha sometido expresamente a dicho organismo”.

Según la Unidad de Investigación de Canal N, las investigaciones corresponden a hechos que habrían ocurrido en 2025, cuando Solano se desempeñaba como director ejecutivo del Programa Contigo, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Asimismo, se cuestiona que estas indagaciones no fueron consignadas de manera detallada en su declaración jurada al asumir el cargo.

De acuerdo al informe periodístico, una de las denuncias recoge el testimonio de una trabajadora, quien afirma que el entonces funcionario le habría realizado insinuaciones de carácter sexual y comentarios vinculados a la obtención de beneficios laborales, como contratos de servicios y plazas CAS, aprovechando su posición de autoridad. Estos hechos forman parte de la investigación fiscal en curso.

El Ministerio Público inició diligencias preliminares por un plazo de 120 días y notificó a Solano el pasado 13 de mayo. Posteriormente, la Fiscalía rechazó un pedido de la defensa para anular las investigaciones. Además, una diligencia programada en Medicina Legal, que incluía la realización de una cámara Gesell, fue reprogramada para setiembre.

Las dos denuncias por presunto acoso sexual fueron presentadas por diferentes mujeres durante 2025 y también son materia de procedimientos administrativos disciplinarios en el Midis.

Ambos casos continúan en investigación, mientras el exministro enfrenta también cuestionamientos por la presunta falsificación de documentos para acceder a cargos públicos.

La decisión fue adoptada mediante la sentencia del expediente N° 00018-2023-PI/TC, que declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.° 31232, norma que modificaba las condiciones de reubicación de los habitantes de la zona baja del distrito de Belén, en la región Loreto.

El TC sostuvo que la ley vulneraba los principios de equilibrio presupuestario y las atribuciones del Poder Ejecutivo en la conducción de las finanzas públicas. En ese sentido, precisó que los congresistas no tienen iniciativa para promover normas que impliquen un impacto en el presupuesto del Estado.

Asimismo, el fallo dispone que todo proyecto de ley que excepcionalmente genere gasto público deberá contar previamente con un informe de sostenibilidad fiscal emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), además de identificar la fuente de financiamiento correspondiente.

El Tribunal Constitucional dispuso que los criterios establecidos en esta sentencia serán de aplicación obligatoria para todos los casos que se tramiten a partir de su publicación. Asimismo, exhortó al Congreso a adecuar el proceso legislativo conforme a estos lineamientos.

Belén (Loreto)

De igual forma, instó al Poder Ejecutivo a garantizar plenamente los derechos fundamentales de las personas que viven o vivían en la Zona Baja de Belén, en la región Loreto.

▶️ El Pleno del Tribunal Constitucional estableció como criterio interpretativo vinculante la preeminencia del Poder Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto y su competencia para la administración de la hacienda pública.

Más información 👉 https://t.co/6ps2jClTE7 pic.twitter.com/IHASaSVZFV

— Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) July 10, 2026

El pedido fue presentado el 9 de julio de 2026 ante el Despacho Presidencial.

El abogado Raúl Noblecilla sustentó la solicitud señalando que el estado de salud de su patrocinada se ha deteriorado mientras permanece en la sede diplomática mexicana en Lima, por lo que requiere atención médica especializada.

Asimismo, afirmó que la falta del salvoconducto limita su acceso a tratamientos y pone en riesgo su integridad.

Betssy Chávez fue condenada el 4 de diciembre de 2025 a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, en relación con los hechos ocurridos durante el intento de quiebre del orden constitucional del 7 de diciembre de 2022. Además, pesa sobre ella una orden de captura nacional e internacional.

La defensa sostiene que el salvoconducto es un mecanismo previsto en el derecho internacional para garantizar el traslado seguro de personas que han recibido asilo diplomático y considera que su otorgamiento contribuiría a restablecer las relaciones bilaterales entre Perú y México.

El procedimiento para la expedición de un salvoconducto corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros.

La decisión fue emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo mediante la Resolución N° 8, del 7 de julio de 2026.

El juzgado concluyó que la solicitud para archivar el cobro de la reparación civil carece de sustento legal y precisó que las reducciones de los plazos de prescripción por edad avanzada solo son aplicables a las sanciones penales, mas no a las obligaciones de carácter civil. En ese sentido, estableció que la acción para reclamar la reparación vencerá el 13 de junio de 2027.

El proceso está relacionado con una denuncia por presuntas irregularidades económicas durante la gestión de Balcázar como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. Según la acusación, habría permitido que fondos institucionales fueran depositados en cuentas personales. Aunque la acción penal prescribió en junio de 2025, el debate sobre la reparación civil continúa vigente.

Asimismo, el juez dispuso suspender temporalmente las audiencias del juicio oral para no afectar el ejercicio de las funciones del mandatario. La suspensión se mantendrá hasta que concluya su mandato constitucional, al considerar que las diligencias presenciales podrían interferir con las labores propias de la Presidencia de la República.

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo programó la reanudación de la instalación del juicio oral para el 21 de agosto de 2026, con una segunda audiencia prevista para el 28 del mismo mes.

La resolución también señala que la inmunidad presidencial no exime del cumplimiento de las responsabilidades civiles que se determinen en el proceso.

“El presupuesto que tienen los organismos electorales para hacer frente a las elecciones en el presente año es de 2,271 millones, y (...) registra una ejecución de 1,187 millones”, indicó a Canal N.

Cálculos

Calderón restó ambas cifras para señalar el saldo pendiente.

“Existen 1,085 millones de soles que garantizan la continuidad del proceso electoral”, sostiene.

El funcionario también desglosó el presupuesto específico del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“Se le asignó en el presupuesto 2026 cerca de 60 millones, pero el Reniec en términos generales tiene un presupuesto asignado de 511 millones y a la fecha ha ejecutado un poco menos de la mitad”, explicó.

Calderón agregó que el proyecto de ley de crédito suplementario lo aumentará.

“Existen 325 millones adicionales al monto que he señalado (...) tenemos certeza de que no (debería decirse) que está en riesgo el proceso electoral de los próximos meses”, argumentó.

Contraste

El economista Miguel Alzamora cuestionó la interpretación del MEF al señalar que los S/1,085 millones mencionados corresponden al presupuesto anual de los organismos electorales y no exclusivamente a los recursos destinados a las ERM2026.

“Al considerar los presupuestos conjuntos de ONPE y JNE, para distintas acciones vinculadas al proceso electoral del año, se tiene pendiente de uso más de S/1,100 millones. Pero, al solo considerar el presupuesto netamente requerido para el proceso electoral, ello considera solo S/775 millones dentro del pliego de la ONPE”, explicó a Correo.

Respecto a la ejecución presupuestal del Reniec, el especialista agregó: “Según las cifras del MEF, la Reniec cuenta con un presupuesto modificado de S/545.5 millones para el año 2026. De estos, a inicios de julio, solo se han utilizado S/247.8 millones, lo cual es equivalente a solo 45% de sus recursos anuales”.

Desde el penal de Barbadillo, en Ate, Castillo afirmó que la decisión de Naciones Unidas confirma, según su interpretación, que durante su detención se afectaron garantías vinculadas al debido proceso y la protección internacional de los derechos humanos. En esa línea, sostuvo que el Estado peruano debe atender las conclusiones emitidas por el Grupo de Trabajo.

“Esta decisión confirma, de manera inequívoca, que mi encarcelamiento nunca tuvo justificación y que se llevó a cabo vulnerando normas fundamentales del constitucionalismo, el antejuicio político, el debido proceso y los acuerdos internacionales”, escribió.

Asimismo, sostuvo que las autoridades que participaron en su destitución y arresto actuaron fuera del marco legal, y afirmó que el informe de Naciones Unidas permite revisar lo ocurrido durante ese proceso. Además, hizo un llamado a las entidades nacionales e internacionales para que tomen en cuenta la opinión emitida por el organismo.

“La Opinión núm. 78/2025 determina que el Estado peruano violentó flagrantemente mis derechos humanos y que fui objeto de una detención arbitraria mientras ejercía el cargo de presidente de la República, el pasado 7 de diciembre de 2022”, manifestó.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria recomendó al Estado peruano adoptar medidas para reparar la situación de Castillo y señaló que una de las acciones adecuadas sería su liberación inmediata. En esa lína, solicitó una investigación independiente sobre las circunstancias de su privación de libertad y las posibles responsabilidades por las vulneraciones identificadas.l

Antes de cerrar su mensaje, el expresidente agradeció a las personas que han respaldado su posición durante los últimos años y afirmó que el pronunciamiento internacional representa un avance para su pedido de revisión del caso. Asimismo, reconoció la labor de su equipo legal internacional durante el procedimiento ante Naciones Unidas.

“Expreso también mi eterno agradecimiento por la gestión realizada por el equipo legal internacional”, señaló Castillo.

Al pueblo peruano y a los pueblos del mundo; a las organizaciones que defienden los derechos de las personas y de los pueblos; y a los órganos de administración de justicia:

Yo, José Pedro Castillo Terrones, como presidente constitucional de la República del Perú, elegido por la… pic.twitter.com/PN3jzHz2VZ

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 10, 2026

Roberto Sánchez anuncia acciones tras pronunciamiento de la ONU

Por su parte, el excandidato presidencial Roberto Sánchez expresó su respaldo a Pedro Castillo tras conocerse el infirme y anunció una próxima conferencia de prensa para fijar la posición política y social de Juntos por el Perú.

A través de sus redes sociales, sostuvo que promoverán acciones de movilización en defensa de los derechos humanos y exigió la liberación del exmandatario, a quien calificó como víctima de una detención arbitraria.

Se invita al Pueblo, Organizaciones sociales a la Prensa Nacional e Internacional a la Conferencia de Prensa, para el día Lunes 13 de Julio a horas 9am en Paseo Colón 422.

Ocasión en que daremos a conocer la posición política y social sobre la Detención Arbitraria contra el…

— Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 10, 2026

“Frente a las recientes declaraciones de funcionarios del MEF, el RENIEC precisa que cuenta con un presupuesto institucional de S/ 545 millones, de los cuales S/ 511 millones (+96 %) ya se encuentran certificados”, reza su comunicado vía X.

Además, Carmen Velarde, pidió al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y al titular del MEF, Rodolfo Acuña, aprobar los recursos necesarios para evitar el desabastecimiento de documentos nacionales de identidad (DNI).

“Con falta de presupuesto, no nos ahogan a nosotros, ahogan a los peruanos”, dijo en Exitosa y cuestionó la falta de respuesta de Arroyo a sus cartas enviadas.

El burgomaestre indicó que las coordinaciones avanzan con el objetivo de concretar la firma en el menor tiempo posible. Asimismo, señaló que la presidenta electa, Keiko Fujimori, ha expresado su respaldo al proyecto.

“Yo he estado con la gente de Proinversión. Está próxima a firmarse una adenda del contrato y ya el ofrecimiento está garantizado. La presidenta electa, Keiko Fujimori, también ha mostrado su apoyo respecto a la puesta en marcha este año del tren Lima–Chosica”, manifestó.

¿En cuánto tiempo podría concretarse la adenda?

El alcalde precisó que el plazo estimado para la suscripción de la adenda es de aproximadamente dos meses. Sin embargo, aseguró que existe disposición para adelantar ese cronograma y cerrar el proceso antes de la fecha prevista.

“Será aproximadamente dentro de dos meses, pero queremos hacerlo antes y hay la total disposición para que se haga antes porque es lo que corresponde”, afirmó.

Durante una inspección al Almacén Central de Bienes de Ayuda Humanitaria de la Municipalidad de Lima, el burgomaestre sostuvo que el material ferroviario ya se encuentra disponible. Además, consideró que los trenes no deberían permanecer sin ser utilizados.

“No estamos los peruanos para darnos el lujo de tener un tren de tal magnitud detenido. Está absolutamente disponible para ser utilizado, con aire acondicionado, baños, acero inoxidable, espacios para bicicletas, dos pisos, butacas, etcétera”, indicó.

De acuerdo con la Municipalidad de Lima, el proyecto ferroviario permitirá unir el Cercado de Lima con el distrito de Lurigancho-Chosica mediante un sistema de transporte masivo. La comuna sostiene que esta alternativa reducirá los tiempos de desplazamiento para los usuarios que viajan diariamente entre ambos puntos.

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, estimó anteriormente que la primera etapa del servicio comenzaría a operar durante los primeros trimestres de 2027. El titular del sector también informó que el próximo trimestre se convocará al concesionario de la vía férrea para continuar con el desarrollo del proyecto impulsado por la Municipalidad de Lima.

Sheinbaum consideró que México no fue el país que rompió las relaciones diplomáticas con Perú y destacó que la nueva administración peruana plantee una apertura al diálogo.

Durante una conferencia de prensa, la jefa de Estado mexicana indicó que pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, comunicarse con los representantes del próximo gobierno peruano. El objetivo será conocer las posiciones de ambas partes y definir cómo podría avanzarse en la recuperación de los canales diplomáticos.

“Sí tenemos intención de recuperar la relación con Perú. Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos, ellos decidieron y qué bueno que tenga esos deseos”, expresó.

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Posición sobre el caso de Pedro Castillo

La presidenta mexicana sostuvo que la posición de su gobierno sobre la salida de Pedro Castillo del poder se mantiene sin cambios. Sheinbaum reiteró sus cuestionamientos sobre la detención del exmandatario peruano, ocurrida luego de que intentara disolver el Congreso en diciembre de 2022.

Al referirse a ese episodio, explicó que México considera que la detención de Castillo fue arbitraria y señaló que esa postura seguirá formando parte de la posición oficial de su administración. Además, resaltó que un grupo de la Organización de las Naciones Unidas emitió un pronunciamiento sobre el caso y coincidió con esa evaluación.

Como se recuerda, Perú rompió relaciones diplomáticas con México en noviembre de 2025 después de que el Gobierno mexicano otorgara asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el intento de golpe de Estado atribuido a Castillo.

Desde entonces, ambos países mantienen suspendidos sus vínculos oficiales, aunque continúan participando en espacios de integración regional como la Alianza del Pacífico. El eventual acercamiento dependerá de las conversaciones que se desarrollen entre las autoridades mexicanas y el equipo de la próxima administración peruana.

El documento difundido por el periodista Paolo Benza, plantea que los ministerios, organismos públicos y demás entidades del Poder Ejecutivo revisen sus decisiones durante las últimas semanas del actual gobierno. Vinelli señaló que estas medidas buscan fortalecer la confianza pública y facilitar la continuidad de la gestión estatal.

#Último Marco Vinelli, encargado de la transferencia por el fujimorismo, pide a la PCM que no hagan más nombramientos o designaciones en el Ejecutivo hasta el cambio de mando.

(Hoy se volvió a cambiar al encargado de la presidencia ejecutiva del OECE. El anterior estuvo 15 días) pic.twitter.com/oE6I7IWUcP

— Paolo Benza (@paolobenza) July 10, 2026

¿Qué incluye el pedido?

En la misiva, el representante del equipo entrante solicitó que las entidades públicas se abstengan de realizar nuevas designaciones, contrataciones, modificaciones en sus estructuras organizacionales o asumir compromisos administrativos y presupuestales extraordinarios. La petición contempla únicamente aquellas acciones que no sean necesarias para garantizar la prestación de los servicios públicos.

Asimismo, establece que podrían mantenerse aquellas decisiones que respondan a una obligación legal, un mandato judicial, una situación de emergencia o una necesidad pública debidamente sustentada. De esta manera, el equipo de transferencia plantea limitar medidas que puedan comprometer la planificación de la próxima administración.

El pedido de Vinelli se presenta luego de que un informe periodístico revelara que la gestión saliente realizó 51 designaciones y reemplazos en ministerios, la Presidencia del Consejo de Ministros y otras entidades del Estado durante las semanas previas al cambio de gobierno. Ante ello, el equipo de transferencia solicitó que se prioricen decisiones vinculadas a la continuidad de los servicios públicos.

En la carta también se señala que el proceso debe desarrollarse bajo principios de buena administración, transparencia, colaboración institucional y responsabilidad en la gestión pública. Según el documento, estas condiciones permitirán que la nueva administración reciba información adecuada sobre el funcionamiento del Estado.

Vinelli señaló que el pedido busca facilitar el proceso de transición hacia la gestión de Keiko Fujimori. El equipo de transferencia continuará coordinando con las entidades públicas para recopilar información sobre el estado de cada sector.

“Es un proyecto fallido. Digamos que es una esperanza que no se dio finalmente. Y muchas expectativas frustradas, sobre todo de esta mirada socialista, que es lo que Perú Libre quería implementar en el país”, expresó.

El excongresista también señaló que su partido no tuvo una participación determinante en la dirección del Ejecutivo pese a haber ganado las elecciones presidenciales. Según explicó, la agrupación solo tuvo presencia durante los primeros meses de gestión, cuando Guido Bellido encabezó la Presidencia del Consejo de Ministros.

En esa misma línea, sostuvo que después de esa etapa el control de las decisiones pasó a manos de un aparato burocrático ubicado en Lima. Además, afirmó que las bases de Perú Libre fueron desplazadas y no pudieron participar en la conducción del Gobierno.

El titular de la cartera también mencionó que sintió una falta de respaldo por parte del expresidente Pedro Castillo durante ese periodo. Según su evaluación, esa situación impidió que su organización tuviera una oportunidad real de ejecutar su propuesta política.

Sobre su designación como ministro a pocas semanas del cambio de mando presidencial, Cruz explicó que su función estará enfocada en acompañar el proceso de transferencia. Además, indicó que buscará asegurar la continuidad de programas vinculados al sector laboral.

Además, señaló que realizará un seguimiento a proyectos pendientes relacionados con infraestructura de salud en distintas regiones del país. El ministro indicó que estas acciones forman parte de las tareas que asumirá durante los últimos días de la actual administración.

En un documento oficial, el organismo solicitó al Gobierno peruano su liberación inmediata y el otorgamiento de una indemnización.

La opinión técnica fue aprobada el 14 de noviembre de 2025 y difundida el 4 de junio. En su resolución, el GTDA concluyó que el caso se encuentra comprendido en las categorías I y III de su metodología de evaluación, al considerar que la detención careció de base legal y vulneró el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El informe también sostiene que el exmandatario no contó con las garantías propias de un juicio justo. Entre las observaciones, señala presuntas afectaciones a la presunción de inocencia, al derecho de ser juzgado por un tribunal competente y al derecho a ejercer una defensa adecuada.

Asimismo, el organismo indicó que Pedro Castillo no tuvo acceso oportuno a un abogado de su confianza y cuestionó las condiciones en las que se realizó la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva.

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La propuesta obtuvo 16 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones. El texto fue elaborado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social a partir de un proyecto presentado por el congresista Juan Burgos Oliveros, de la bancada Lealtad Nacional.

Durante el debate, el autor del proyecto explicó que la finalidad de la medida es proteger el derecho de las personas a practicar su religión sin que ello genere inconvenientes en su relación laboral. En ese contexto, sostuvo que la propuesta “busca garantizar el derecho a la libertad religiosa”.

Asimismo, precisó que el descanso previsto en el dictamen no implica la eliminación de la jornada de trabajo. En esa línea, el legislador explicó que el día no laborable será compensable y se contemplará la recuperación de las horas no trabajadas durante los días posteriores o bajo la disposición del empleador.

En segunda votación, la Comisión Permanente aprobó el dictamen que propone establecer el sábado día no laborable compensable a favor del trabajador que pertenece a una confesión religiosa cuyo día de descanso o de guardar coincida con aquel. pic.twitter.com/rAeBNfbem4

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 9, 2026

Requisitos para acceder al beneficio

El dictamen establece que, al inicio de la relación laboral, el trabajador deberá informar al empleador cuál es su confesión religiosa cuando su día de descanso o de guardar corresponda al sábado. Además, tendrá que acreditar esa condición mediante una constancia emitida por la autoridad competente de su organización religiosa.

El texto aprobado señala que carecerán de validez las cláusulas contenidas en convenios colectivos, acuerdos individuales o decisiones unilaterales del empleador que generen discriminación por motivos religiosos.

Además, el dictamen incorpora una disposición complementaria para la implementación de la norma. En ese marco, establece que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, deberá adecuar la normativa correspondiente dentro de los 60 días calendario contados desde la entrada en vigencia de la futura ley.

Durante una entrevista en Canal N, también negó haber ejercido presiones para el nombramiento de autoridades en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y señaló que la salida del anterior titular de la superintendencia estuvo relacionada con los cuestionamientos formulados desde comisiones del Congreso.

Respecto a la sentencia judicial consignada en su declaración jurada por una deuda de 11 mil 700 soles vinculada a un proceso de alimentos, el titular del Minedu explicó que el monto correspondía a pensiones devengadas acumuladas entre agosto de 2021 y septiembre de 2022.

Marticorena aseguró que la obligación económica fue pagada por completo apenas recibió la notificación correspondiente. Además, sostuvo que “nunca se le dejó de asistir a mi hija” desde el momento de la concepción.

También agregó que los documentos que acreditan el cumplimiento de esos pagos fueron incorporados al expediente administrativo que evalúa la idoneidad de los altos funcionarios del ministerio.

El ministro también se pronunció sobre la decisión de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, que lo declaró persona no grata en enero de 2023 por considerar que impulsó una iniciativa que afectaba el presupuesto de esa casa de estudios.

En respuesta, señaló que el proyecto para crear la Universidad Tecnológica de Chincha atendía una demanda histórica de la provincia, contó con el respaldo de otros dos congresistas de la región y contemplaba únicamente cinco carreras vinculadas con la actividad económica local.

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La cita entre ambas autoridades se realizará en Palacio de Gobierno, un día después de que la lideresa de Fuerza Popular (FP) reciba de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sus credenciales como máxima representante del Perú.

DETALLES

Ayer por la mañana, el mandatario Balcázar acudió a la oficina de la presidenta electa en San Isidro a fin de tener una reunión inicial.

Tras el encuentro ofrecierossssn un pronunciamiento en conjunto a la prensa.

Keiko Fujimori agradeció la visita del jefe de Estado, así como a los integrantes del actual Gabinete Ministerial que permiten realizan el proceso de transferencia sin inconvenientes.

“Ya lo equipos de transferencia empezaron a hacer su trabajo, están recabando información en cada uno de los ministerios y en el despacho del primer ministro. Quería presidente agradecerle también la disposición que hay de los ministros de otorgar la información”, afirmó.

La lideresa naranja dijo que en el encuentro, intercambiaron ideas y varios consejos.

Por su parte, Balcázar le deseó éxito a Fujimori.

“Esta visita protocolar era para reiterar nuestra felicitación (…). Creo que un buen gobierno con buenos propósitos es lo que necesita el país, con diálogo permanente”, apuntó.

ENCUENTROS

Más tarde, Keiko acudió hasta el distrito de El Rímac para supervisar trabajos de prevención contra el Fenómeno El Niño junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Allí, respondió a la prensa sobre los cuestionamientos contra su jefe de transferencia, Marco Vinelli, quien es investigado por la Fiscalía por la presunta comisión del delito contra la administración pública.

“Él ha sido funcionario público y como todo funcionario siempre está expuesto a tener alguna denuncia, él ya ha aclarado. Yo ratifico mi confianza, es un profesional competente”, indicó.

Alcance

La iniciativa, presentada por el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, obtuvo 14 votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención.

La norma establece una regulación específica para este tipo de crímenes, conforme a los criterios del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En esa línea, incorpora un nuevo capítulo al Título XIV-A del Código Penal y precisa que serán considerados delitos de lesa humanidad aquellos actos como asesinato, tortura, desaparición forzada o violación sexual cuando sean cometidos como parte de un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, con conocimiento e intención del autor.

“Ataque sistemático es la conducta planificada, mediante una logística previa, para promover ese ataque con aplicación metódica en la perpetración del delito, de conformidad con una política de gobierno o con los planes de una organización de grupos armados para cometer ese ataque”, se precisa.

Asimismo, establece sanciones que van desde los 30 años de pena privativa de libertad hasta la cadena perpetua, según corresponda, y refiere que aquellos hechos investigados que no cumplan con los elementos deberán ser procesados como delitos comunes, según la legislación penal vigente.

En efecto, el texto establece que tendrá aplicación inmediata en los casos en trámite en los se haya utilizado o propuesto la aplicación del delito de lesa humanidad, así como en aquellos procesos con condena que se encuentren bajo revisión, nulidad u otro recurso o garantía constitucional.

Con esta designación, a menos de 20 días del inicio del nuevo gobierno, el Gabinete suma a un representante del partido fundado por el prófugo Vladimir Cerrón.

Cruz ha expresado reiteradamente su respaldo al líder de dicha agrupación y ha defendido su participación en la vida política.

Durante la campaña de las Elecciones Generales (EG) 2026, el hoy ministro esperaba que el Tribunal Constitucional (TC) permitiera a Cerrón participar en la contienda electoral, especialmente en el debate presidencial de primera vuelta.

“Nosotros estamos con esta esperanza (...) Quisiéramos que entre al debate”, declaró el excandidato al Senado el 6 de marzo de 2026.

Su respaldo también quedó reflejado en la red social X, donde promovía la candidatura de Cerrón.

“Su liderazgo sigue creciendo y muchos lo dicen claro: si estuviera en libertad, ganaría en primera vuelta. La voz popular ya habló”, publicó el 10 de febrero.

Perfil

Cruz es abogado por la Universidad Nacional del Altiplano y bachiller en Ciencias Jurídicas y Políticas por la misma casa de estudios.

Además, tiene una maestría en Derecho, con mención en Derecho Empresarial, por la Universidad Alas Peruanas.

También estudió Educación y cuenta con formación como profesor de secundaria en la especialidad de Lengua y Literatura.

Antecedente

Según Infobae, el hoy ministro registra una sentencia por alimentos, la que declaró cuando postuló a las Elecciones Generales 2021.

La sentencia deriva de una demanda presentada en 2001 por la madre de su hijo, quien solicitó que se fijara una pensión equivalente al 40% de sus ingresos. Ella aseveró que Cruz incumplía con sus obligaciones como padre.

La difusión de un aparente certificado de trabajo falso, que utilizó para acceder a cargos públicos, habría sido el detonante para que se corten los lazos entre el Gobierno y Solano González.

La medida, que se oficializó mediante una resolución suprema en el Diario Oficial El Peruano, evidenció el descontento del Ejecutivo. Con el apartamiento de Freddy Solano, el MTPE alberga ya a su undécimo titular en este quinquenio.

Salidas

Solano González hizo pública su dimisión la mañana de ayer, en su cuenta de la red social X. En ella compartió su carta de renuncia, enviada al actual mandatario.

De acuerdo con el ahora exministro, “los cuestionamientos formulados en los últimos días”, por parte de la prensa, “han generado un escenario político y mediático que (…) amenaza con desviar la atención de las prioridades que el país exige al MTPE”.

“Frente a ello, reafirmo con absoluta convicción que jamás he cometido acto alguno contrario a la ley, a la ética o a los deberes inherentes a la función que me fue confiada”, aseguró.

El último domingo 5 de julio, el programa Cuarto Poder denunció que Freddy Solano presentó un certificado de trabajo aparentemente falso para acceder a seis cargos públicos; el más reciente: el de ministro de Trabajo.

El documento en mención, con fecha del 30 de noviembre de 2017, refiere que Solano se desempeñó como jefe del área legal de la empresa Service JVC S.R.L. El texto lleva la firma de su supuesto gerente general: Carlos Ubillús Urbina.

​​​Sin embargo, el 11 de junio de 2024 Ubillús alertó al Ministerio de Trabajo que “el documento o certificado de trabajo no es auténtico, no es la firma del gerente general”.

“No es nuestro documento u hoja membretada, en el documento dice Service JVC S.R.L. y nuestra empresa es Service JCU S.R.L.”, detalló en el citado oficio.

“Me extrañó que sea ministro a pesar de todo. No sé cómo lo habrá hecho”, agregó Ubillús para el dominical.

Con relación a su uso, el certificado en cuestión fue parte del legajo de Solano para acceder, en octubre de 2023, al cargo de jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Luego asumiría otros cinco cargos públicos con el mismo expediente: en septiembre de 2024, como director de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento (Ministerio de Educación); en marzo de 2025, como director ejecutivo del Programa Nacional Social Contigo, con un sueldo de 25 mil soles; en diciembre de 2025, como presidente del directorio de Corpac, con un sueldo que oscilaba entre los 15 mil y 19 mil soles; gerente general de Promperú (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), con un salario similar al último citado; y, finalmente, en mayo de 2026, ministro de Estado.

Ruleta

El país ha tenido 11 ministros de Trabajo en los últimos cinco años. Cuando Pedro Castillo juró como presidente de la República, en julio de 2021, tras llegar al poder con el partido político Perú Libre, colocó al frente de la cartera a Iber Maraví, hoy senador electo de Juntos por el Perú​.

La Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) recogió declaraciones que relacionaron a Maraví con presuntas acciones subversivas en la década de 1980. Uno de los testimonios fue de un integrante de Sendero Luminoso, identificado como Juan Alarcón Gutiérrez, quien lo señaló como participante en el apedreamiento a un hotel de turistas junto a la terrorista Edith Lagos.

Tras esta gestión, que duraría poco más de dos meses, llegaron figuras como la también perulibrista Betssy Chávez, seguida por Juan Ramón Lira y Alejandro Salas, quien dimitió tras el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

En el mandato de Dina Boluarte, exvicepresidenta de Castillo, Eduardo García, Alfonso Adrianzén, Fernando Varela y Daniel Maurate estuvieron al frente del MTPE. Este último ocupó el cargo por mayor tiempo: dos años, un mes y ocho días.

Finalmente, Óscar Fernández encabezó la cartera en el gobierno de José Jerí y continuó en el mencionado puesto hasta que Balcázar asumió la conducción del Ejecutivo. Solo tres meses después, Freddy Solano llegaría al cargo.

En declaraciones a RPP, afirmó que la decisión vulnera la normativa que garantiza la permanencia de los procuradores seleccionados por concurso público.

Enco cuestionó la actuación de la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, al considerar que su salida carece de sustento legal.

“Está cometiendo un abuso de autoridad producto de su falta de conocimiento (de Caruajulca) y de su falta de competencia para ejercer dicho cargo”, manifestó.

El exprocurador indicó que asumió el cargo tras superar un concurso público realizado en 2023 y precisó que, conforme a una modificación del Decreto Legislativo N.° 1326, quienes ingresaron bajo ese mecanismo ejercen funciones por un periodo de cinco años.

La Procuraduría General del Estado dispuso concluir la designación de Enco por “pérdida de confianza”, decisión adoptada por unanimidad en una sesión extraordinaria de su Consejo Directivo.

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El pedido para suspender la discusión fue presentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto, quien explicó que durante el debate se recibieron numerosas propuestas de distintas bancadas para incorporar nuevos artículos, disposiciones complementarias y financiamiento para proyectos en diversas regiones del país.

Según el oficio remitido al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, dichas iniciativas requieren una evaluación técnica, jurídica y presupuestal antes de ser incluidas en el dictamen.

También se recordó que toda propuesta que implique un mayor gasto público debe contar con la evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), conforme a la Constitución y al Decreto Legislativo 1440.

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Tello señaló que el objetivo es asegurar la continuidad de este modelo mediante la asignación de recursos públicos para el periodo fiscal 2026.

El pronunciamiento se produce en el contexto del proceso de transferencia hacia el gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

El Poder Judicial informó que entre 2025 y lo que va de 2026 las unidades de flagrancia recibieron 51 mil 122 casos, de los cuales 47 mil 279 fueron resueltos. Según el reporte oficial, ello representa una capacidad de respuesta del 93 %, con procesos atendidos en plazos menores a 72 horas.

Durante su intervención, la titular del Poder Judicial sostuvo que “este sistema ha venido a quedarse” y que “es un ensayo de laboratorio”.

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La Procuraduría General del Estado oficializó el término de las funciones del abogado Amado Enco Tirado en la institución fiscalizadora. La medida fue establecida mediante una resolución emitida este jueves 9 de julio de 2026 por el máximo organismo encargado de la defensa jurídica del Estado.

La salida de Enco Tirado pone fin a las funciones que venía desarrollando de manera ininterrumpida en la entidad de control desde el 6 de enero de 2023.

La medida fue adoptada luego de la revisión de los informes elaborados por la Secretaría General del Consejo Directivo, relacionados con el desempeño de los defensores del Estado. A través de la resolución, la entidad ordenó informar de forma inmediata sobre la decisión a Amado Enco Tirado y a los organismos vinculados al sistema de fiscalización.

El cese del funcionario fue sustentado únicamente en la pérdida de confianza contemplada en el Decreto Legislativo 1326. En específico, el numeral 4 del artículo 38 de esta norma establece las disposiciones relacionadas con la conclusión de las designaciones de los servidores de confianza dentro del sector público.

El reglamento de organización de los procuradores públicos s establece que dichos cargos tienen la condición de personal de confianza del Estado.

El Consejo Directivo de la institución aprobó la medida de manera unánime durante la Centésima Sexagésima Primera Sesión Extraordinaria, según consta en el acta N.° 22-2026-PGE. La resolución correspondiente cuenta con la firma digital de la procuradora general del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe, así como del equipo legal encargado de la evaluación.

La Oficina de Asesoría Jurídica revisó y validó los fundamentos técnicos de la medida antes de que la resolución fuera publicada oficialmente en la plataforma institucional de la entidad.

El abogado Amado Daniel Enco Tirado manifestó públicamente su desacuerdo con la decisión tomada por la alta dirección del organismo defensor.

El exprocurador público de la Contraloría General de la República señaló, a través de sus redes sociales, que su salida respondería a una represalia contra los procuradores que cuestionan la gestión de la institución. En ese sentido, expresó su desacuerdo con la forma en que actualmente se vienen conduciendo los procesos relacionados con la defensa jurídica del Estado.

El abogado sostuvo que el sistema de defensa jurídica necesita cambios estructurales que permitan fortalecer la autonomía funcional de los abogados defensores de las instituciones.

El exprocurador dijo que “que el gobierno entrante tome cartas en el asunto y reforme el sistema público de justicia”. Su pronunciamiento fue difundido a través de sus plataformas digitales oficiales pocas horas después de haber sido notificado sobre la conclusión de sus funciones.

La Unidad de Atención al Ciudadano fue encargada de notificar la decisión al abogado afectado y a la Contraloría General de la República. Asimismo, la Resolución N.° D000438-2026-JUS/PGE-PG dejó sin efecto la designación que Amado Enco Tirado mantenía vigente desde la Resolución N.° D000037-2023-JUS/PGE-PG.

El Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado deberá iniciar el proceso correspondiente para seleccionar al nuevo representante que asumirá la conducción de la Procuraduría Pública.

El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, dio a conocer el informe final elaborado por la Defensoría del Pueblo tras las labores de observación y seguimiento realizadas durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, desarrollada el pasado 7 de junio.

Como una de las principales conclusiones del informe, Gutiérrez sostuvo que la Defensoría del Pueblo no encontró evidencias de irregularidades que permitan afirmar que se produjo un fraude electoral durante la segunda vuelta.

Durante la presentación del documento, Gutiérrez también se refirió al recurso que interpuso el excandidato presidencial Roberto Sánchez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el que busca cuestionar los resultados obtenidos en la segunda vuelta electoral.

Aunque reconoció que Sánchez tiene la facultad de recurrir a instancias internacionales para presentar sus cuestionamientos, el defensor del pueblo consideró que esta medida “no tiene un sentido institucional”.

“Probablemente para el señor Roberto Sánchez tenga sentido hacer lo que ha hecho, y está en todo su derecho. Lo que no tiene es un sentido institucional para nosotros como Defensoría”, indicó.

En ese sentido, dijo que el informe final preparado por la Defensoría del Pueblo será enviado a los organismos internacionales que participaron como observadores durante el desarrollo del proceso electoral.

“Vamos a trasladar este informe, como lo hemos hecho en primera vuelta, a los veedores de la misión de observadores de la OEA, también a la Comisión Interamericana, a la Unión Europea, al Centro Carter y a todos los que se han acreditado ante el Perú para desplegar una mirada objetiva de lo que ha ocurrido”, expresó.

Posteriormente, el defensor del Pueblo reafirmó que, de acuerdo con el seguimiento efectuado por la institución, la segunda vuelta presidencial “no ha tenido mayor incidencia de irregularidad ni de nada por el estilo”.

La propuesta, respaldada por 14 votos a favor y nueve en contra, se basa en las disposiciones del Estatuto de Roma y en una recomendación del Tribunal Constitucional emitida al declarar constitucional la Ley 30107.

El texto aprobado establece que constituye delito de lesa humanidad un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, ejecutado con dolo y conocimiento. Entre las conductas comprendidas figuran el homicidio calificado, la trata de personas, el secuestro, la violación sexual, la desaparición forzada y la tortura.

Asimismo, la norma define el ataque generalizado como una conducta de comisión múltiple y masiva dirigida contra un amplio grupo de personas por motivos relacionados con su origen, raza, religión, cultura u otras condiciones.

La iniciativa establece penas que van desde 30 años de prisión hasta cadena perpetua para quienes incurran en estos delitos. Además, señala que, de ser promulgada por el Poder Ejecutivo, su aplicación será inmediata en los casos en trámite en los que se haya utilizado o propuesto la figura de lesa humanidad, así como en procesos con sentencia que sean objeto de revisión, nulidad u otros recursos constitucionales.

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El organismo precisó que el saldo de S/ 812.9 millones pendientes de ejecución mencionado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no se encuentra disponible para atender las necesidades del próximo proceso electoral.

De ese monto, más de 430 millones de soles corresponden a contratos ya ejecutados en las Elecciones Generales y la Segunda Elección Presidencial cuyos pagos están en proceso, más de 50 millones a contratos en formalización, y alrededor de 330 millones a contrataciones indispensables para las elecciones subnacionales, como el despliegue y repliegue de material electoral y la logística informática.

La institución subrayó que un saldo registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) no implica que existan recursos libres, pues los montos comprometidos tienen destino específico y no pueden redirigirse.

El déficit de financiamiento de la ONPE asciende actualmente a S/ 433.21 millones. Entre las actividades que permanecen sin financiamiento figuran la contratación del personal de campo, la capacitación de actores electorales, la producción y distribución del material electoral, la asistencia a electores y miembros de mesa durante la jornada, el traslado del material desde las sedes de las ODPE hacia los locales de votación, y la compensación económica a los miembros de mesa.

#ONPEinforma | Aclaramos información sobre el presupuesto para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.#ERM2026 pic.twitter.com/diVZkIIjhu

— ONPE (@ONPE_oficial) July 9, 2026

Explicó que el cronograma ya se encuentra en marcha y que varias actividades, como las elecciones internas de los partidos, fueron ejecutadas con el presupuesto asignado.

Según información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los organismos del sistema electoral mantienen un saldo conjunto de S/ 1.084,7 millones por ejecutar. De ese monto, la ONPE dispone de S/ 813 millones, el Jurado Nacional de Elecciones de S/ 257 millones y el Reniec de aproximadamente S/ 13 millones.

Respecto al pedido de un crédito suplementario cercano a S/ 300 millones, Gutiérrez señaló que, si bien el Estado debe garantizar el financiamiento del proceso, es necesario sustentar con claridad el destino de esos recursos y fortalecer la rendición de cuentas y la planificación presupuestal.

“No se puede pedir por pedir. Tenemos que acostumbrarnos a la rendición de cuentas y a que la programación de los recursos financieros sea prolija”, dijo.

Asimismo, recordó que, de no aprobarse el crédito suplementario, el Decreto de Urgencia N° 001-2026 permite transferir recursos del fondo de contingencia para asegurar la continuidad del proceso electoral.

En ese sentido, reiteró que, con el presupuesto disponible y el marco legal vigente, las elecciones no corren riesgo por falta de financiamiento.

#EnVivo

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo: Mientras exista un saldo como el que he señalado en las elecciones ningún funcionario, por más autónomo, pueda decir ligeramente que puede paralizar el proceso electoral, eso pueden decir cuando ya no hay nada por ejecutar

Encuentra… pic.twitter.com/dZFeNIQ0b6

— Canal N (@canalN_) July 9, 2026

Video: Canal N

Como se sabe, el burgomaestre participó en una jornada de prevención junto a la presidenta electa, Keiko Fujimori, quien aseveró que varias regiones del norte del país, llegan con retraso a los trabajos preventivos, de cara al Fenómeno El Niño. “Quiero señalar además que muchas de las regiones del norte ya estamos tarde. Esos trabajos se debieron hacer muchos meses atrás”, dijo la lideresa de Fuerza Popular.

Tras ello, Renzo Reggiardo defendió las obras realizadas en la capital a fin de disminuir el riesgo de desbordes e inundaciones.

“Yo he venido anunciando que la labor de prevención que se viene realizando, no de ahora, sino desde hace varios meses y años inclusive, garantiza que no tengamos mayores riesgos en los próximos meses, incluso ante la eventualidad de tener un Niño algo severo”, indicó.

Adquisición de maquinarias

Además, el burgomaestre consideró fundamental la adquisición de maquinarias para atender emergencias, debido a que la Municipalidad de Lima no contaba con equipos propios para este tipo de intervenciones. “Desde que compramos 52 máquinas, que no teníamos ni una sola, hoy tenemos capacidad operativa para responder ante una situación de emergencia”, aseguró aunque reconoció que ningún trabajo preventivo puede eliminar por completo los efectos de un evento climático extremo.

Reggiardo dijo estar dispuesto a trabajar de manera coordinada con el gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño en las regiones más vulnerables.

“Estamos con toda la disposición para colaborar con el gobierno central por esta buena experiencia que hemos tenido en Lima Metropolitana y trasladarla al norte y a los lugares que el gobierno considere necesarios”, dijo.

En la actividad aseguró que su gobierno tendrá como prioridad desde el inicio las acciones de prevención. En ese sentido, refirió que su equipo viene elaborando un inventario de la maquinaria disponible en todo el país para atender la emergencia, el cual estará listo antes del inicio de su gestión a fin de ejecutar las acciones de respuesta desde este 28 de julio.

“Vamos a tomar una serie de medidas desde el primer día. Quiero señalar además que muchas de las regiones del norte ya estamos tarde. Esos trabajos se debieron hacer muchos meses atrás”, afirmó.

Llamado a sector privado

Asimismo, Keiko Fujimori instó al sector privado a participar en las labores de prevención y mitigación de los efectos que podría generar el Fenómeno El Niño. “Hacemos también una convocatoria al sector privado para que ellos colaboren frente al Fenómeno El Niño”, dijo.

Indicó que una de las primeras acciones será identificar toda la maquinaria operativa perteneciente a gobiernos regionales, municipalidades y otras entidades del Estado, pues refirió que durante un diagnóstico se detectó que parte del equipamiento permanece inoperativo.

“Estamos haciendo un inventario de todas las maquinarias disponibles que hay en nuestro país. Sabemos que hay maquinarias en los gobiernos regionales. En algunos casos están abandonadas y no se usan por falta de mantenimiento y, en la gran mayoría, por falta de combustibles y presupuesto para contratar operarios”, precisó.

Julio Velarde

La presidenta electa contó que en la reunión con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, se informó sobre un panorama favorable sobre las perspectivas económicas del país, aunque el principal riesgo sigue siendo el impacto del fenómeno climático.

“Julio Velarde fue muy claro en señalar que todas las cifras, las estadísticas y las proyecciones son muy positivas y optimistas para el Perú. Lo que a todos nos preocupa es la catástrofe que pueda ocasionar el Fenómeno El Niño”, incidió al precisar que los efectos no solo alcanzarían a la costa norte, sino también a la sierra.

Ante ello, pidió replicar las acciones ejecutadas por la comuna de Lima en otras regiones del país.

El nombramiento se da tras la renuncia de Freddy Solano González al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, ante los cuestionamientos por la presunta presentación de un certificado falso para acceder a la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N° 196-2026-PCM, publicada este 9 de julio.

LEE: Ministro de Trabajo habría usado certificado falso para obtener seis nombramientos en el Estado

Cabe precisar que Flavio Cruz es abogado y congresista por la región Puno (periodo parlamentario 2021-2026) por el partido Perú Libre. Tiene experiencia como docente universitario en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

Fue vocero de su bancada y presidió la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso.

Contraloría

Cabe precisar que la Contraloría General de la República ya había iniciado un proceso de recopilación de información en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo relacionado con un procedimiento administrativo disciplinario. El caso involucra a Freddy Solano y la verificación de documentos presentados en un proceso previo de acceso a un cargo público.

El despliegue del órgano de control se produce tras un reportaje de Cuarto Poder, que cuestiona la validez de un certificado laboral utilizado en una designación anterior.