Según el dominical Panorama, este círculo estaría conformado por personas que podrían tener un lugar en el próximo gobierno de Fujimori.

PRIMER NIVEL

De acuerdo al reportaje, en el núcleo más cercano a la presidenta electa destaca Miguel Torres, considerado una de las principales voces del fujimorismo en el Congreso, así como una de las cartas que se maneja para encabezar la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo. A su lado figura Luis Galarreta, actual secretario de Fuerza Popular, quien es el nombre más mencionado para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros.

Consultado al respecto, el propio Galarrreta prefirió no adelantar detalles: “El Gabinete, eso depende de Keiko Fujimori”, señaló.

SEGUNDO NIVEL

Un segundo grupo de colaboradores estaría conformado por José Chlimper, empresario del núcleo del fujimorismo, y referente a consultar sobre economía y agricultura. También figura Luis Dyer, puente entre el sector privado, gremios empresariales y el fujimorismo; Marco Vinelli, quien representa el perfil técnico del equipo, coordinador del plan de gobierno, y asumió ser jefe del equipo de transferencia; Fernando Rospligios; Giulliana Loza Avalos, una de las personas de mayor confianza de Keiko Fujimori.

TERCER NIVEL

Un tercer círculo incluye a Carlos Díaz Rosillo, quien fue exasesor del presidente Donald Trump; Pier Figari, diputado electo; Sachi Fujimori (hermana); Ana Herz, quien acompaña a Keiko desde hace mucho tiempo, y otros más que han estado de cerca.

Con estos equipos casi delineados, la presidenta electa deberá definir en las próximas semanas la conformación final de su gabinete ministerial. Asimismo, anunció que su gobierno será transparente y la convocatoria está abierta, donde se priorizará la experiencia, capacidad, integridad y voluntad de servir.

“Van a ser ministros que caminen por el país, se van a transparentar las decisiones del Estado, luchar contra la corrupción y va a ser un gobierno cercano (...) Esperamos visitar algunas regiones”, señaló Keiko Fujimori.

Uno de los pedidos fue presentado por el pastor evangélico Germán Villena, quien asegura haber solicitado anteriormente indultos para otros expresidentes. , según informó “Punto Final”.

En el caso de Castillo, afirma haber presentado al menos cuatro solicitudes; sin embargo, la más reciente tendría como principal obstáculo que solo fue firmada por él y no por el propio exmandatario, requisito exigido para este tipo de procesos.

El segundo expediente corresponde a Tomás Soldevilla, exintegrante del movimiento de Antauro Humala, cuya solicitud sí fue admitida a trámite por la Comisión de Gracias Presidenciales. Soldevilla sostiene que Castillo permanece encarcelado injustamente y considera que corresponde otorgarle una gracia presidencial mientras su proceso judicial continúa en etapa de apelación. Con estas iniciativas, ya suman siete los pedidos de indulto o gracia presidencial presentados a favor del exjefe de Estado.

Las solicitudes se presentan en un contexto político particular, debido a que Balcázar dejará el cargo en las próximas semanas. El mandatario encargado ha visitado en varias oportunidades a Castillo en el penal de Barbadillo y anteriormente expresó su respaldo a una eventual liberación. Además, recientemente recibió en Palacio de Gobierno a dirigentes y familiares del exmandatario.

No obstante, especialistas consideran que las condiciones legales para otorgar un indulto o una gracia presidencial no se cumplen. El constitucionalista Aníbal Quiroga señaló que Castillo mantiene una sentencia en proceso de apelación y que los requisitos establecidos por la ley no se configuran en este caso, por lo que advirtió que los pedidos tendrían un trasfondo principalmente político.

En entrevista con "Punto Final", afirmó que no existieron irregularidades ni en la primera ni en la segunda vuelta y sostuvo que las incidencias registradas en Lima Metropolitana fueron atendidas oportunamente sin afectar los resultados.

Burneo también descartó que la proclamación de los resultados se haya realizado de manera apresurada, como denunció el excandidato Roberto Sánchez. Precisó que todas las apelaciones, nulidades e incidencias fueron resueltas antes de la proclamación oficial, conforme al marco constitucional y con la debida notificación a las partes involucradas.

Asimismo, defendió la decisión del organismo electoral de proclamar a Fuerza Popular como ganador de las elecciones presidenciales y destacó que el proceso concluyó dentro del Estado de derecho. Añadió que ambas agrupaciones políticas respetaron el marco legal durante el desarrollo de los comicios.

Rafael López Aliaga

Respecto al caso del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien busca dejar el Senado para postular a las elecciones municipales, Burneo aseguró que el expediente será evaluado con objetividad y sin motivaciones personales. Indicó que el Pleno del JNE emitirá una decisión debidamente fundamentada en los próximos días.

Finalmente, el titular del JNE advirtió que las próximas Elecciones Regionales y Municipales serán una de las más complejas de historia del país.

Señaló que el proceso involucrará cerca de 80 organizaciones políticas, más de 10 mil listas y alrededor de 100 mil candidatos, lo que representará un importante reto para el sistema electoral peruano.

En el dominical de Panorama, se difundió un audio como parte de la denuncia, donde se escucha a una cuidadora dirigirse de forma impaciente a un menor durante la hora de alimentación: "Hey Come! (...) Tienes en la boca, apúrate, apúrate, mastica (...) No tienes otro buzo para irte, está todo sucio (...) Pasa lo que tienes ahí, pásalo, para darte agua", se le escucha decir a María S., identificada por una extrabajadora, quien señaló que estas acciones serían habituales en el trato diario.

Una extrabajadora del Wawa Wasi “Caritas Felices”, consultada vía telefónica, indicó que este tipo de conducta era considerada normal tanto por la coordinadora como por la cuidadora del lugar. “Tragas como chancho; era una conducta que para ellas era normal, tanto para la coordinadora como para la cuidadora (…) Pero lamentablemente no pudimos hacer mucho. Siempre decían que las puertas están abiertas si no nos gusta cómo trabajan", reveló.

Otra extrabajadora, entrevistada de manera presencial, narró un episodio de maltrato físico durante la alimentación de un niño. “El niño regresaba la comida que no le gustaba, pero lo ponían a la boca otra vez y lo vomitaba”, relató.

Ambas extrabajadoras mencionaron que los comentarios hacia los menores incluían insultos y apelativos discriminatorios por parte de la cuidadora María S., entre ellos calificarlos de “pata chueca” o “cerdo”. Incluso, en un video se muestra cómo la misma cuidadora cuestionada se encontraba durmiendo en pleno horario laboral, cuando debería estar velando por la seguridad de los niños.

VISITA DE DEFENSORÍA

Tras conocerse la denuncia, personal de la Defensoría del Pueblo acudió el pasado viernes 3 de julio al local de la guardería, que atiende a niños de 0 y 3 años, y constató las condiciones del servicio. La institución explicó posteriormente que corresponde a la Fiscalía hacerse cargo de las investigaciones y formular la denuncia penal correspondiente.

María S., identificada como la cuidadora presuntamente responsable de los maltratos denunciados, sería una de las personas investigadas dentro de este proceso.

COMUNICADO DE LA MIMP

Edith Betzabeth Pariona Valer es la encargada de esta entidad que no habría protegido los derechos de los menores. Debido a la difusión de las imágenes y audios, la institución emitió un comunicado, precisando que estas evidencias no corresponden a la gestión actual.

La entidad detalló que, desde el inicio de la actual gestión, se han implementado diversas acciones para fortalecer el servicio de la cuna del MIMP, entre ellas la contratación de una trabajadora social y una ingeniera alimentaria para garantizar la inocuidad de los alimentos, evaluaciones antropométricas a los menores, una inspección técnica con participación de la Municipalidad de Lima y personal de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del MIMP para prevenir situaciones de riesgo.

Así también, dispuso la renovación de parte del mobiliario y encuestas de clima laboral al personal.

“El viernes 3 de julio, se ha dispuesto derivar el caso ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para que, previa investigación, se realicen las acciones inmediatas para el retiro del personal mencionado en la citada denuncia”, refiere el comunicado.

La legislación electoral prohíbe este tipo de inscripciones, por lo que los expedientes serán evaluados por las autoridades electorales. Los casos fueron identificados durante la revisión de las listas presentadas por partidos políticos y movimientos regionales.

Inscripciones se habrían realizado para completar listas

Los reportes de fiscalización indican que estas duplicidades se produjeron durante el cierre del periodo de inscripción de candidaturas. Según la información revisada por el programa periodístico, algunos personeros habrían registrado postulantes con el fin de completar las listas y cumplir con las cuotas exigidas antes del cierre del sistema Declara Más.

Las observaciones involucran a agrupaciones políticas de alcance nacional y movimientos regionales. Entre los partidos que concentran la mayor cantidad de registros duplicados figuran Alianza para el Progreso y Podemos Perú.

Casos detectados en distintas regiones

Uno de los casos corresponde a Russell Anaya Muñoz, quien aparece inscrito dos veces para la alcaldía provincial de Lauricocha, en Huánuco. Su candidatura fue registrada por Alianza para el Progreso la noche del último día de inscripciones y, dos minutos después, el Movimiento Independiente Regional de Huánuco presentó otra inscripción con el mismo postulante.

Los registros partidarios y migratorios muestran que Anaya Muñoz cambió y canceló su afiliación política en cuatro oportunidades. Entre las organizaciones por las que pasó figuran Renovación Popular y Ahora Nación.

En Tacna también se detectó el caso del profesor Mario Copa Conde. El sistema lo registra como candidato a la alcaldía provincial de Candarave por el movimiento Unidos por Tacna y, al mismo tiempo, como postulante a consejero regional por Renovación Popular.

Otra situación similar involucra a Sharon Martínez Huertas en Arequipa. La ciudadana figura como candidata a regidora tanto por Acción Popular como por Alianza para el Progreso.

Las revisiones realizadas por los organismos electorales también identificaron casos de inscripciones duplicadas en Áncash y Cusco. Las observaciones comprenden postulaciones presentadas por partidos nacionales y movimientos regionales.

El cronograma electoral establece que los Jurados Electorales Especiales deberán resolver en primera instancia las tachas, exclusiones, renuncias y retiros de listas hasta el 20 de agosto. Hasta esa fecha continuarán las revisiones de la documentación presentada por las organizaciones políticas.

Las autoridades electorales también seguirán auditando las hojas de vida y los expedientes de los postulantes. El objetivo es verificar que todas las candidaturas cumplan con los requisitos legales antes del inicio oficial de la campaña electoral.

La investigación cuestiona el Anexo 11, documento mediante el cual los postulantes expresan su consentimiento para participar en el proceso electoral. Según la hipótesis fiscal, la firma y la huella dactilar consignadas en ese formulario habrían sido adulteradas.

Las pesquisas también evalúan si su inscripción respondió a la necesidad de completar el requisito de paridad de género exigido para la lista parlamentaria de Juntos por el Perú. Además, la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones señala que la legisladora no registra estudios superiores, bienes, ingresos declarados ni antecedentes de participación política.

¿Qué detectaron las pericias?

Según el dominical, un informe dactiloscópico elaborado por la Policía Nacional concluyó que la huella colocada en la declaración jurada no coincide con la registrada por Jacqueline Tapullima en el Reniec. El análisis determinó diferencias en el número de crestas papilares, por lo que la impresión habría sido realizada por otra persona.

Las pericias grafotécnicas también examinaron la firma incluida en el documento presentado para la inscripción. El resultado señala que la rúbrica correspondería a una falsificación realizada mediante imitación.

Durante la investigación, las autoridades verificaron que Tapullima renovó su Documento Nacional de Identidad en diciembre de 2025. En ese trámite únicamente modificó el diseño de su firma oficial, un hecho que también forma parte de las diligencias fiscales.

La diputada electa fue citada por la Fiscalía para participar en las diligencias el 15 de junio en Tarapoto. Sin embargo, solicitó la reprogramación de la diligencia argumentando que debía viajar a Lima.

Posteriormente, decidió acogerse a su derecho a guardar silencio durante la investigación. No obstante, cuando fue consultada sobre las imputaciones, sostuvo que sí firmó la documentación presentada para participar en la campaña electoral.

Los escritos remitidos posteriormente al Ministerio Público contienen nuevamente la firma que figura en su Documento Nacional de Identidad. Esa rúbrica es distinta a la que aparece en el documento cuestionado por la investigación.

De acuerdo con el dominical Panorama, el estudio jurídico de “Calderón & Asociados” estaría llevando casos que son del interés del despacho de la parlamentaria. Esta situación conllevaría al presunto patrocinio ilegal y conflicto de intereses.

ASESOR ATIENDE COMO ABOGADO Y DESDE EL ESTUDIO JURÍDICO

Para corroborar esta denuncia, el equipo periodístico del dominical hizo la llamada el 25 de junio, en pleno horario laboral, al asesor simulando una consulta jurídica sobre beneficios laborales contra el Estado. En dicha llamada, Luis Calderón Vargas se presentó como abogado litigante del estudio jurídico, de propiedad de su padre, y ofreció directamente sus servicios.

“Le recomendaría que por ahora busquen hacer sus procesos judiciales y traben su condición laboral con una medida cautelar. El costo por demanda es de 1200 soles; se puede pagar en partes (...) Cada vez que tenga audiencia, es 150 soles y el 20% de lo que se obtenga al final; esos son los costos”, respondió.

Consultada al respecto, la parlamentaria Cortez defendió a su colaborador. “Él asiste normal, como ve a todos mis asesores (...) No podemos litigar (...) Por favor, retírate, no me faltes el respeto”, respondió visiblemente incómoda ante las preguntas.

Sumado a la llamada, Luis Fernando Calderón Vargas fue ubicado en el estudio jurídico, y no en el Congreso, en horario laboral. Consultado al respecto, indicó que se encontraba de vacaciones, aunque no precisó desde cuándo.

Cabe mencionar que Luis Calderón tiene 25 años y percibe un sueldo de 8 300 soles como técnico en el despacho de la congresista, pero según la denuncia, además atendería en horario laboral como abogado litigante y cobraría un porcentaje de los casos que resulten favorables.

EL CASO EN RENIEC

La denuncia detalla que en octubre de 2024, el sindicato de trabajadores de RENIEC (SINTRARENIEC) presentó una demanda contra la institución para exigir pagos por más de un millón de soles. El detalle es que el estudio jurídico “Calderón & Asociados” estuvo a cargo del caso, donde Rogers Calderón (padre de Luis Calderón) sería amigo de la congresista, según reveló una fotografía. Tanto Rogers Calderón como su hijo trabajaron en el caso, pero dos meses después, Luis Calderón ingresó a laborar en el despacho de “Chabelita”.

Con este ingreso, “Chabelita” se habría interesado en este caso particular, ya que un documento del 26 de agosto de 2025 muestra cómo la propia congresista exigió una reunión urgente con la jefa de RENIEC para conocer la postura institucional sobre la demanda, el cumplimiento de mandatos judiciales y los beneficios obtenidos por laudos arbitrales, precisamente el proceso que llevaba el estudio “Calderón”.

El oficio señala, además, que a dicha reunión asistirían representantes del SINTRARENIEC, así como asesores del propio despacho de la congresista.

La demanda en cuestión involucra un monto de un millón 197 mil soles, exigido por el sindicato por concepto de pagos laborales. En el documento original de la demanda, Rogers Calderón autorizó a su hijo para involucrarse en el caso.

FALTA DE ÉTICA Y POSIBLE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Para Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, el hecho de que una congresista respalde una causa sindical no es en sí mismo irregular, pero la situación cambia si de por medio existe un beneficio económico.

“Es legítimo que un congresista alce una bandera sindical, pero si por la labor se cobra, eso ya es lucro (…) Si el estudio de abogados le está pasando una comisión a la congresista; ella está ayudando en estrategia y litigio para presionar con su influencia para que el sindicato gane el caso, es una falta", advirtió.

La constancia tiene fecha del 30 de noviembre de 2017 y señala que Solano se desempeñó como jefe legal de la empresa de courier Service JCU S.R.L. entre el 12 de septiembre de 2016 y el 16 de noviembre de 2017. Según la denuncia, ese certificado habría sido presentado para sustentar la experiencia exigida en al menos seis designaciones dentro del Estado.

Documento era clave para cumplir los requisitos

La experiencia consignada en ese certificado permitió acreditar parte del perfil requerido para dirigir la Sunafil. Ese cargo exige diez años de experiencia profesional, cinco años de labores en el sector público y cinco años en puestos de jefatura.

Especialistas en contratación pública consultados en el reportaje sostienen que, sin la experiencia consignada en ese documento, el funcionario no habría cumplido los requisitos mínimos establecidos para ocupar ese puesto.

En junio de 2024, la empresa mencionada en el certificado informó al Ministerio de Trabajo que el documento no era auténtico. Su gerente general, Carlos Ubillus Urbina, sostuvo que el logotipo, el membrete y la firma fueron adulterados, precisó que la razón social consignada era incorrecta y afirmó que Freddy Solano nunca trabajó para esa compañía.

La defensa del ministro rechazó las acusaciones y aseguró que Solano sí prestó servicios para esa empresa en Trujillo. Además, sostuvo que será el Ministerio Público el que determine la autenticidad del certificado durante la investigación.

Caso fue archivado por prescripción

El 25 de junio de 2026, el secretario general del Ministerio de Trabajo emitió un informe en el que declaró prescrita la potestad disciplinaria de la entidad. Como consecuencia de esa decisión, el procedimiento administrativo fue archivado al considerar que habían vencido los plazos establecidos por la normativa.

Antes de asumir el Ministerio de Trabajo, Solano ocupó cargos en el Ministerio de Educación, el programa Contigo, Corpac y Promperú. De acuerdo con el reportaje, esas designaciones estuvieron acompañadas de remuneraciones mensuales que fluctuaban entre los 15 mil y los 19 mil soles.

De acuerdo con los registros oficiales de pasajeros y solicitudes de vuelo, esa cifra no incluye los costos de operación de las aeronaves, el despliegue del personal de la Fuerza Aérea del Perú ni la logística asumida por el Grupo Aéreo N.° 8. Estos gastos corresponden únicamente a los recursos destinados para las comisiones oficiales.

Lambayeque fue el principal destino

La documentación revisada muestra que el mandatario realizó 19 viajes nacionales hasta mayo. De ese total, 11 tuvieron como destino Lambayeque, la región donde nació.

Para esos desplazamientos se utilizaron vuelos comerciales, el avión presidencial, aeronaves del Ejército y un avión C-27J de la Fuerza Aérea del Perú. Además, cada vez que el presidente llegaba a Lambayeque se trasladaba un helicóptero desde Piura o el VRAEM para cubrir sus recorridos dentro de la región, lo que implicaba un vuelo de tres horas de ida y otras tres de retorno.

Uno de los primeros viajes se realizó el 28 de febrero, apenas diez días después del inicio del mandato. Ese día el presidente viajó a Chiclayo en un Boeing 737-500 acompañado por otras 27 personas.

Los manifiestos de gastos indican que esa comisión demandó 46 mil 801 soles en viáticos para el Despacho Presidencial y 30 mil 704 soles para los ministros que participaron en la visita. El desembolso total ascendió a 77 mil soles por una jornada de actividades.

Dos semanas después, el secretario general del Despacho Presidencial, Alonso Tenorio Trigoso, solicitó una aeronave y dos helicópteros para un viaje a Jaén. Esa comisión generó 92 mil soles en viáticos, mientras que el uso de los helicópteros fue estimado en aproximadamente 150 mil soles.

Viajes coincidieron con feriados y actividades protocolares

Durante abril, toda la agenda de desplazamientos del presidente se concentró en Lambayeque. En ese mes realizó cuatro viajes que representaron un gasto de 166 mil 345 soles para el Despacho Presidencial.

Los registros muestran que esas visitas coincidieron con los feriados de Semana Santa, la jornada de elecciones del 11 de abril y distintos fines de semana. Las actividades consignadas en la agenda incluyeron misas, homenajes y ceremonias de reconocimiento, mientras que el 30 de abril no figura ninguna actividad oficial pese al desplazamiento realizado.

Gobernador cuestiona falta de recursos

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, cuestionó que las visitas del mandatario no hayan estado acompañadas por mayores recursos para atender los problemas de la región. La autoridad señaló que el Ejecutivo redujo el presupuesto destinado al drenaje pluvial de Chiclayo.

Según indicó, el monto previsto para ese proyecto pasó de 103 millones de soles a 9.9 millones. De acuerdo con el gobernador, esa reducción impide iniciar el proceso de licitación de la obra.

Los registros de vuelo revisados por el programa periodístico indican que el presidente utilizó el avión presidencial en al menos nueve oportunidades. Cada operación demandó un consumo promedio de 11 mil kilos de combustible.

Fuentes del sector aeronáutico consultadas por el dominical estimaron que cada tramo representó un costo de 7 mil 333 dólares en combustible. El gasto acumulado por ese concepto asciende a 224 mil 638 soles en los nueve vuelos documentados.

La revisión también detectó gastos generados por viajes que finalmente no se realizaron. Entre ellos figuran desplazamientos programados a Leimebamba y Chiclayo que fueron cancelados por el mandatario después de haberse iniciado las coordinaciones logísticas correspondientes.

La información forma parte de la publicación “Analítica Electoral N° 2: Elecciones Regionales y Municipales: contexto, oferta y participación política”, un estudio elaborado por Manuel Ponte Torrel y Carlos Vásquez Valverde que analiza la evolución de los comicios subnacionales en el país.

Según el informe, competirían 53 partidos políticos y 28 movimientos regionales; sin embargo, tras la conformación de alianzas electorales, la contienda estaría integrada por 41 partidos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas, de las cuales cinco son de alcance nacional y cinco regional.

El documento también advierte un marcado retroceso en la participación de los movimientos regionales, que alcanzan su nivel más bajo desde su creación en 2002. Asimismo, señala que la oferta política prevista para las elecciones de 2026 presenta características similares a las registradas en los procesos electorales de 2002 y 2006.

El estudio recuerda que, desde las elecciones de 2006, los movimientos regionales lograron imponerse en la mayoría de circunscripciones regionales y provinciales, además de obtener más de la mitad de los cargos en los ámbitos provincial y distrital.

La publicación también aborda las reformas electorales que regirán en estos comicios, entre ellas la eliminación de la paridad horizontal, así como aspectos relacionados con la participación de mujeres, jóvenes e integrantes de pueblos indígenas.

Para las ERM 2026, 26 millones 266 mil 645 ciudadanos estarán habilitados para votar y elegirán 13,148 autoridades en 25 regiones, 196 provincias y 1,696 distritos. Además, será la primera elección subnacional en la que participarán los nuevos distritos de Alto Trujillo, en La Libertad, y Santa Rosa de Loreto, en la región Loreto.

Según explicó, las protestas buscan respaldar a los militantes y dirigentes de su agrupación que afrontan denuncias penales por haber participado en movilizaciones anteriores. El dirigente sostuvo que su partido acompañará esos procesos mediante acciones legales y con nuevas jornadas de protesta.

¿Por qué se convocarán estas marchas?

Sánchez señaló que la organización viene coordinando estas actividades como parte de una estrategia para defender a sus integrantes. Según indicó, las movilizaciones se desarrollarán en diferentes puntos del país durante las próximas semanas.

“Así como han encausado a otros de nuestros dirigentes, líderes sociales, pues nos estamos organizando porque vamos a defenderlos con todo la fuerza de la ley, con toda la movilización de nuestros pueblos”, expresó.

Más adelante precisó que las actividades coincidirán con las celebraciones por Fiestas Patrias y que serán de carácter pacífico.

“Este mes de la fiesta patria activaremos ese sentimiento patrio del rojo y blanco con sendas protestas pacíficas, movilizaciones a lo largo y ancho del Perú”, indicó.

Menciona observaciones internacionales

El dirigente también indicó que organismos internacionales se han pronunciado sobre la propuesta legislativa. En ese sentido, afirmó que el proyecto permanece en el despacho presidencial a la espera de una decisión del Ejecutivo.

“La propia Naciones Unidas ha rechazado eso y hoy está en el despacho del gobierno de encargatura y estaremos atentos y vigilantes porque lo sensato es no promulgarlo”, sostuvo.

Sánchez reiteró que no sostendrá un diálogo con la presidenta electa, Keiko Fujimori, mientras no se atiendan las condiciones planteadas por su organización política. Entre ellas mencionó la derogación de las denominadas “leyes procrimen”, la conformación de una Comisión de la Verdad para investigar las muertes registradas durante las protestas en el sur del país y la excarcelación del expresidente Pedro Castillo.

En las últimas semanas, diversos congresistas electos fueron visitaron la sede del Poder Legislativo y hasta ofrecieron declaraciones a la prensa para marcar las prioridades de su próxima gestión. Ahora la atención se centra en cómo funcionará este nuevo Parlamento, qué atribuciones tendrá cada cámara y cuáles serán los principales cambios frente al modelo unicameral que estuvo vigente desde la Constitución de 1993.

¿Qué cambios traerá el Congreso bicameral?

Con la entrada en vigencia del nuevo Reglamento del Congreso, aprobado mediante la Resolución Legislativa N.° 004-2025-2026-CR, el Parlamento peruano estará conformado por dos cámaras: un Senado con un mínimo de 60 integrantes y una Cámara de Diputados con al menos 130 miembros. Ambos ya fueron elegidos por voto popular para ejercer funciones durante cinco años.

Aunque el cambio representa una transformación importante para las nuevas generaciones, la bicameralidad no es una figura ajena a la historia constitucional peruana. De acuerdo con la documentación histórica del Congreso el país funcionó bajo este esquema durante la mayor parte de su vida republicana y solo adoptó la unicameralidad en tres constituciones: las de 1823, 1867 y, finalmente, la de 1993, que eliminó el Senado tras el Congreso Constituyente Democrático.

¿Cómo se aprobarán las leyes en el nuevo Congreso?

Uno de los cambios más significativos de la bicameralidad será la forma en que se elaboran las leyes. Mientras que el Congreso unicameral debatía y aprobaba las iniciativas dentro de una sola cámara, el nuevo modelo incorpora una segunda revisión obligatoria antes de que una norma continúe su trámite constitucional.

Este mecanismo busca que las propuestas sean evaluadas desde dos instancias distintas para corregir posibles errores, perfeccionar el contenido de los proyectos y evitar que una sola cámara concentre todo el proceso legislativo.

El procedimiento será:

• Presentación del proyecto. Toda iniciativa de ley ingresará primero a la Cámara de Diputados.
• Evaluación en comisión. La propuesta será derivada a la comisión ordinaria correspondiente, que elaborará un dictamen.
• Debate y votación en el Pleno de Diputados. Si obtiene los votos necesarios, el proyecto será aprobado y remitido al Senado.
• Revisión en el Senado. Una comisión ordinaria tendrá hasta 90 días hábiles para emitir un dictamen.
• Decisión del Senado. Los senadores podrán aprobar el texto sin cambios, introducir modificaciones relacionadas con la propuesta original o rechazarlo con el voto de la mitad más uno de sus integrantes.

No obstante, existen materias que seguirán un procedimiento distinto. El presupuesto público, las operaciones de endeudamiento, los créditos suplementarios y la Cuenta General de la República serán analizados previamente por una Comisión Bicameral integrada por igual número de senadores y diputados. El dictamen de este grupo será debatido directamente por el Pleno del Congreso reunido.

Asimismo, determinadas decisiones constitucionales continuarán requiriendo una participación especial del Senado, como la autorización de viajes del presidente de la República, la aprobación de tratados internacionales, el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, conforme a los reglamentos parlamentarios.

Nuevo poder de fiscalización sobre los gobiernos regionales

La redistribución de funciones también amplía las competencias de control político de la Cámara de Diputados. Entre las principales novedades figura la posibilidad de fiscalizar directamente a los gobernadores regionales, una atribución que no existía bajo el Congreso unicameral.

El artículo 145 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que los gobernadores regionales deberán acudir a las citaciones formuladas por esta cámara cuando sean requeridos para informar sobre asuntos vinculados a su gestión. La inasistencia injustificada genera responsabilidad y, si el incumplimiento es reiterado, la comisión competente podrá solicitar al Pleno facultades para actuar como comisión investigadora.

Además, cuando existan indicios de infracciones constitucionales o de la comisión de delitos en el ejercicio del cargo, la Cámara de Diputados podrá iniciar el procedimiento de acusación constitucional. Una vez concluida esa etapa, el expediente será remitido al Senado, que actuará como órgano decisor al debatir y resolver si corresponde aprobar la acusación y aplicar las consecuencias previstas por la Constitución.

Funciones exclusivas de cada cámara

La bicameralidad también implica una distribución de responsabilidades que antes estaban concentradas en un solo órgano. Mientras la Cámara de Diputados asumirá el protagonismo en la elaboración de leyes y el control político cotidiano, el Senado ejercerá un rol de revisión, decisión institucional y designación de altas autoridades del Estado.

Según el esquema comparativo elaborado por la Universidad de Lima, las competencias quedan divididas de la siguiente manera:

Cámara de Diputados

• Presentar, debatir, aprobar, modificar y derogar proyectos de ley.
• Ejercer el control político mediante pedidos de información, citaciones, interpelaciones, estaciones de preguntas y censuras a ministros.
• Admitir e investigar denuncias constitucionales.

Senado

• Revisar, aprobar, modificar o rechazar los proyectos enviados por la Cámara de Diputados.
• Ejercer control político sobre determinados actos normativos del Poder Ejecutivo.
• Resolver las acusaciones constitucionales formuladas por la Cámara de Diputados.
• Elegir, ratificar, designar o remover altas autoridades como los magistrados del Tribunal Constitucional, el defensor del Pueblo, los directores del Banco Central de Reserva, el contralor general de la República y el superintendente de Banca, Seguros y AFP.

¿Qué otros países aplican el sistema bicameral?

Con la entrada en funcionamiento del nuevo Parlamento, el Perú volverá a integrar el grupo mayoritario de países latinoamericanos que cuentan con dos cámaras legislativas como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay. Los únicos dos países que continúan con congresos unicamerales son Ecuador y Venezuela.

La diferencia entre ambos modelos radica principalmente en la distribución del poder legislativo. Mientras el unicameralismo concentra el debate, la aprobación de leyes y buena parte del control político en una sola institución, la bicameralidad divide esas funciones entre dos órganos que se supervisan mutuamente. Sus defensores sostienen que este esquema mejora la revisión de las normas y fortalece los mecanismos de control, aunque sus críticos advierten que también puede hacer más lento el trámite legislativo y aumentar los costos de funcionamiento del Parlamento.

El anuncio fue realizado durante una actividad partidaria en el distrito de El Rímac, en Lima. López Aliaga aprovechó este espacio para saludar a la lideresa de Fuerza Popular, tras su victoria electoral.

El dirigente político señaló que su retorno reciente al país le permitirá concretar la coordinación con la presidenta electa. En ese marco indicó que buscará reunirse en los próximos días para definir mecanismos de colaboración.

Propuesta de apoyo técnico

López Aliaga informó que pondrá a disposición del próximo gobierno a un equipo de trabajo especializado. Según sostuvo, su propuesta está enfocada principalmente en el área de seguridad ciudadana.

“Quiero ir a visitarla para ponernos a su disposición, justamente. ¿Para qué? Para que el tema de seguridad ciudadana, donde tenemos gente con un equipazo con lo que tiene Carlos Álvarez, sea el tema número uno”, expresó.

La actividad partidaria contó con la participación de distintos representantes de Renovación Popular y figuras políticas invitadas. Entre ellos se mencionó a Luis Rubio, candidato a la alcaldía de Lima.

Además, estuvieron presentes el senador electo Alejandro Muñante y el excandidato presidencial Carlos Álvarez. El encuentro reunió a dirigentes vinculados a la organización en el marco de la reciente coyuntura electoral.

Durante su intervención, Sánchez anunció la conformación del denominado “Frente Patriótico Democrático y Popular”, al que calificó como un instrumento del pueblo y de las fuerzas democráticas.

“Hoy domingo, de la mano del pueblo que ha teñido de verde esperanza la gran mayoría del territorio del Perú, impulsamos la conformación del Frente (...). Gracias, pueblo, por la inmensa responsabilidad de refundar la República y dar voz a los pueblos quechuas, aymaras y amazónicos y los pueblos del Perú de Mariátegui, Arguedas, sí, de los hijos de Túpac Amaru y Micaela Bastidas”, escribió Sánchez en red social, luego de la conferencia de prensa.

El líder de Juntos por el Perú sostuvo que la organización enfrenta el actual escenario político con “valentía, organización, mística, amor, lucha y sacrificio”, y remarcó que la fortaleza de su proyecto radica en el respaldo ciudadano.

Sánchez también rindió homenaje a los ciudadanos fallecidos durante las protestas en el sur del país, a quienes calificó como mártires de la lucha por la democracia y la justicia, y afirmó que su memoria es un compromiso para las fuerzas populares.

Asimismo, planteó como parte de su agenda recuperar la democracia, derogar las que denominó “leyes procrimen” y lograr la libertad de Pedro Castillo.

El dirigente adelantó que en los próximos días se conocerán mayores detalles sobre la conformación de una “hegemonía democrática” y un frente parlamentario, con miras a impulsar el derecho al referéndum.

CIDH

Por otro lado, Sánchez ratificó que Juntos por el Perú continuará con la medida cautelar presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impugnar el proceso electoral 2026, en el que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, fue proclamada presidenta electa del Perú.

La jefa de gobierno japonesa expresó su disposición a fortalecer la relación bilateral. Además, señaló el interés de continuar el trabajo conjunto entre Perú y Japón durante el nuevo periodo político.

“La primera ministra TAKAICHI envió una carta de felicitación a S.E. la Sra. Keiko Sofía FUJIMORI HIGUCHI, presidenta electa de Perú. En esta carta, la primera ministra TAKAICHI extendió sus felicitaciones a la presidenta electa FUJIMORI y expresó su deseo de trabajar juntas para desarrollar aún más la excelente relación entre ambos países”, escribió en su carta.

PM TAKAICHI sent a congratulatory letter to H.E. Ms. Keiko Sofia FUJIMORI HIGUCHI, President-elect of Peru. In this letter, PM TAKAICHI extended her congratulations on President elect FUJIMORI and expressed her desire to work together to further develop the excellent relationship…

— MOFA of Japan (@MofaJapan_en) July 5, 2026

Tras la proclamación del JNE, Fujimori presentó una oficina encargada del proceso de transferencia de mando. El espacio estará orientado a organizar la revisión de información del Estado antes del inicio del nuevo gobierno.

El equipo incluye a integrantes de su plancha presidencial y al responsable del equipo de transferencia. Según lo informado, se realizará un diagnóstico de los sectores del Ejecutivo para conocer el estado de programas, obras y recursos.

Durante la conversación, el mandatario uruguayo destacó el largo camino recorrido por Fujimori hasta llegar a la presidencia. "Felicitaciones por el triunfo, por tu perseverancia, que es ejemplar“.

Además, Yamandú Orsi indicó que está dispuesto a brindar el apoyo tanto a Keiko como a su equipo para mantener esa fuerza que los une como países.

Por su parte, la presidenta electa peruana agradeció el gesto y remarcó su intención de fortalecer los lazos bilaterales. "Para mí será un gran gusto seguir fortaleciendo las relaciones de amistad e intercambio comercial entre Uruguay y Perú“, respondió Fujimori.

El presidente uruguayo también aprovechó la llamada para resaltar el potencial de cooperación entre ambas naciones, en particular en el ámbito agrícola. “Con gusto estaremos para aprender mucho de todos. A su vez, es envidiable el tema de la producción agrícola de ustedes. Por suerte, tenemos mucho intercambio. Toda la fuerza ahí y de verdad te deseo lo mejor”, señaló Orsi.

Cabe mencionar que este saludo del mandatario de Uruguay se suma al de otros jefes de Estado, tras la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa.

La semana de representación estaba prevista inicialmente para realizarse del 13 al 17 de julio. Sin embargo, la Mesa Directiva acordó adelantar las fechas y comunicó la modificación mediante un oficio remitido a los congresistas.

¿Qué funciones tendrán los parlamentarios?

El Reglamento del Congreso establece que, durante este periodo, los legisladores pueden desplazarse de manera individual o en grupo a la circunscripción por la que fueron elegidos o a otra dentro del territorio nacional. Estas visitas tienen como finalidad mantener contacto directo con la población y conocer las necesidades de cada región.

Como parte de sus funciones, los congresistas deberán recibir las denuncias presentadas por los ciudadanos y supervisar el trabajo de las autoridades competentes. Asimismo, les corresponde actuar como enlace entre la población, las organizaciones sociales y las entidades del Poder Ejecutivo cuando sea necesario.

Además de las reuniones y actividades programadas en las regiones, los parlamentarios tienen la obligación de informar sobre el trabajo que realizan durante la semana de representación. Esta rendición de cuentas forma parte de las funciones previstas en el Reglamento del Congreso.

En el caso de los congresistas elegidos por la circunscripción de peruanos residentes en el extranjero, la norma dispone que desarrollen estas actividades durante siete días calendario consecutivos. Ese periodo deberá cumplirse dentro de la jurisdicción que representan.

La decisión de Rafael López Aliaga de no asumir el escaño para el que fue proclamado senador ha dejado en suspenso su futuro político. En un último intento por mantenerse en carrera como candidato a primer regidor de Lima, Renovación Popular solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que convoque al senador accesitario Absalón Vásquez, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro declarara improcedente la inscripción del exalcalde de Lima.

La solicitud llegó después de que la Oficina Legal y Constitucional del Congreso remitiera un informe al JNE en el que concluye que el Reglamento del Parlamento no regula expresamente qué ocurre cuando un senador proclamado decide no incorporarse al cargo antes de juramentar. Ante ello, el Legislativo consideró que corresponde al máximo órgano electoral pronunciarse sobre el caso.

🚨 Rafael López Aliaga solicita al Pleno del JNE dejar sin efecto su credencial y convocar a Absalón Vásquez Villanueva para asumir como Senador. pic.twitter.com/UBiogVYnZ6

— Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) July 3, 2026

¿Cuándo nace realmente el mandato parlamentario?

El principal argumento de la apelación presentada por Renovación Popular es que Rafael López Aliaga aún no puede ser considerado congresista porque no ha juramentado ni se ha incorporado al Senado. Bajo esa interpretación, sostiene que el impedimento previsto en el artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales no le resulta aplicable y, por tanto, mantiene su derecho a postular como primer regidor de Lima.

Sin embargo, el abogado constitucionalista y presidente del Instituto Aklla Perú, José Tello sostuvo una posición distinta durante una entrevista con Correo. Según explicó, su interpretación se sustenta en la doctrina sobre el mandato representativo, que entiende que el mandato conferido por los electores se consolida con la proclamación oficial de los resultados, mientras que la juramentación habilita el ejercicio del cargo.

“El requisito para ejercer el cargo es juramentar, pero el cargo se obtiene cuando uno es proclamado. Ahí se consumó la elección... . La juramentación no es un tema de jurado nacional de elecciones, es del Congreso de la República”, afirmó.

Tello explicó que el JNE culmina su función una vez que proclama a los candidatos ganadores y emite las credenciales correspondientes, pues dicho acto expresa oficialmente la voluntad popular.

“El Jurado ya dijo bien claro: yo entregué mi credencial luego de proclamar. Ya terminó mi trabajo”, señaló.

Para ilustrar su postura, Tello tomó como ejemplo la reciente proclamación de la presidenta electa, Keiko Fujimori y explicó que, desde que el Jurado Nacional de Elecciones oficializó los resultados, existe un reconocimiento del mandato otorgado por los ciudadanos, aunque el inicio del ejercicio de sus funciones se produzca recién con la juramentación. Según el exministro, ese mismo criterio debería aplicarse al caso de un senador proclamado.

“El mandato popular se unje cuando ganas una elección, te reconocen con la proclamación y te entregan tu credencial”, sostuvo.

Para el exministro, considerar que la condición de parlamentario nace únicamente con la juramentación supone una interpretación que desconoce la concepción doctrinaria del mandato representativo, según la cual la voluntad popular se constituye con la proclamación de los resultados electorales.

¿Qué dice el Reglamento del Congreso?

El Reglamento del Congreso establece el procedimiento que deben seguir los senadores y diputados electos antes de incorporarse al Parlamento. Entre los requisitos figuran la presentación de la credencial emitida por el JNE, el formulario de datos personales, la declaración jurada de bienes y rentas y la declaración sobre incompatibilidades previstas en la Constitución. Solo después de cumplir esas formalidades corresponde prestar juramento e incorporarse al ejercicio del cargo.

Sin embargo, el reglamento no desarrolla expresamente qué ocurre si un parlamentario proclamado decide no completar ese procedimiento ni asumir el escaño obtenido en las urnas. Ese fue precisamente uno de los aspectos advertidos por la Oficina Legal y Constitucional del Congreso al remitir el caso al Jurado Nacional de Elecciones para que emita un pronunciamiento.

Como se recuerda, López Aliaga decidió no presentar la documentación requerida para incorporarse al Parlamento. Al respecto, Tello consideró que ello no altera los efectos de la proclamación realizada por el órgano electoral.

“Ese es un problema de él. Para el Jurado ya terminó todo”, afirmó.

¿Quién debe resolver el caso?

Aunque el expediente ahora está en manos del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones debido a la apelación presentada por Renovación Popular, José Tello considera que el conflicto se originó porque el Congreso trasladó al organismo electoral una controversia vinculada con la incorporación del senador proclamado.

“Este es un tema del Congreso. Lo que están haciendo es aventarle la pelota al Jurado”, manifestó.

El constitucionalista también cuestionó que López Aliaga haya solicitado directamente la convocatoria de su accesitario, al considerar que esa decisión no depende de la voluntad del senador proclamado.

“Él no tiene la prerrogativa de decirle al Jurado que convoque al accesitario. Eso excede sus funciones”, sostuvo.

A juicio del exministro, la eventual incorporación del accesitario debería evaluarse para preservar la representación obtenida por Renovación Popular en las urnas y evitar que el escaño permanezca sin ocupante.

“No se puede estar jugando con el mandato popular”, enfatizó.

Los escenarios que enfrenta el JNE

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones deberá resolver la apelación antes del cierre definitivo de inscripciones para las Elecciones Regionales y Municipales, previsto para el 5 de septiembre.

Si confirma la resolución del Jurado Electoral Especial Lima Centro, Rafael López Aliaga quedará impedido de participar como candidato a primer regidor al mantenerse vigente su proclamación como senador.

Si, por el contrario, revoca la decisión y acoge la interpretación planteada por la defensa, el organismo electoral establecerá un criterio distinto respecto al momento en que nacen los efectos jurídicos de la proclamación de una autoridad electa.

Para Tello, este escenario modificaría el entendimiento tradicional sobre la figura del parlamentario electo.

“Si el Jurado acepta que la condición del parlamentario es con la juramentación, cambia toda la lógica que existe en torno a la figura de un parlamentario electo”, advirtió.

Los antecedentes del anterior Congreso bicameral

Aunque la controversia actual no tiene un precedente idéntico, durante el anterior Congreso bicameral sí hubo parlamentarios que buscaron la Alcaldía de Lima mientras ejercían funciones legislativas.

El presidente del Círculo de Cronistas Parlamentarios del Congreso, Dante Alva, recordó en entrevista con este diario que en las elecciones municipales de 1989 la entonces diputada Mercedes Cabanillas y el senador Enrique Bernales Ballesteros postularon a la alcaldía de la capital sin dejar sus escaños parlamentarios.

“La señora Mercedes Cabanillas, que era diputada de 1985 a 1990, postuló en 1989 a la Alcaldía de Lima en el ejercicio de su cargo. Lo mismo ocurrió con el senador Enrique Bernales”, indicó.

Ambos participaron en dichos comicios y posteriormente culminaron sus respectivos mandatos parlamentarios. No obstante, ese antecedente presenta una diferencia sustancial con el caso de López Aliaga, puesto que Cabanillas y Bernales ya ejercían funciones legislativas cuando participaron en la contienda municipal, mientras que el actual alcalde de Lima busca no incorporarse al Senado pese a haber sido proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano la Resolución N.° 1625-2026-JNE, mediante la cual proclama oficialmente a la fórmula presidencial ganadora de las Elecciones Generales 2026.

Según el documento, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, candidata de Fuerza Popular, fue proclamada presidenta electa de la República tras obtener el 50,135 % de los votos válidos, equivalente a 9 223 396 votos, en la segunda vuelta realizada el 7 de junio de 2026.

Resultados oficiales de la segunda vuelta

De acuerdo con la resolución, la fórmula presidencial de Juntos por el Perú, encabezada por Roberto Sánchez, obtuvo el 49,865 % de los votos válidos, con 9 173 755 votos.

El organismo electoral también informó que el padrón estuvo conformado por 27 325 432 electores hábiles, mientras que 19 683 383 ciudadanos acudieron a votar, lo que representa una participación del 72,033 %.

También fueron proclamados los vicepresidentes

La resolución proclama además a:

• Luis Fernando Galarreta Velarde, como primer vicepresidente de la República.
• Miguel Ángel Torres Morales, como segundo vicepresidente de la República.

Asimismo, el JNE dispuso remitir al Congreso de la República la resolución y el Acta General de Proclamación de Resultados de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República, en cumplimiento del artículo 324 de la Ley Orgánica de Elecciones.

El documento lleva la firma del presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, de los integrantes del Pleno del organismo electoral y de su secretaria general.

Datos clave

• Resolución: N.° 1625-2026-JNE.
• Presidenta electa: Keiko Sofía Fujimori Higuchi.
• Partido político: Fuerza Popular.
• Votos obtenidos: 9 223 396 (50,135 %).
• Segundo lugar: Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con 9 173 755 votos (49,865 %).
• Fecha de la segunda vuelta: 7 de junio de 2026.
• Participación electoral: 72,033 %.

¿Ardidos?

El caso más grave es, sin duda, el del presidente peruano. Al jefe de Estado le puede bastar un mensaje en X o cualquier actividad pública para mostrar su talante y emitir un gesto democrático, pero guarda silencio.

De acuerdo a una versión del programa “Beto a Saber”, en la campaña, Balcázar habría dicho que “sobre mi cadáver” Keiko Fujimori sería presidenta.

Pero la postura de Balcázar es compartida por otros gobernantes de izquierda en América Latina. Por un lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien durante “La Mañanera del Pueblo” del 25 de junio, se refirió a la situación electoral en el Perú.

Además, se refirió al asilo de Betssy Chávez en la embajada de México en Lima, donde permanece a la espera del otorgamiento del salvoconducto, medida que, según indicó Sheinbaum, su gobierno espera que sea concedida. Asimismo, reafirmó su posición a favor de la libertad del expresidente Pedro Castillo.

Otro caso es el del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, quien el 8 de junio, tras los comicios de segunda vuelta, dio como ganador a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

“El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori. Ha sido reivindicado Pedro Castillo por el mismo pueblo del Perú”, expreso desde sus redes sociales.

Si bien el Ministerio de Economía (MEF) asegura que se usará para “atender prioridades del Estado”, de cada S/100 del crédito, solo S/3 en promedio se usarán para la “preparación y respuesta” al fenómeno de El Niño. Apenas el 3.13% del total del presupuesto.

Fondos

La iniciativa presentada por el actual gobierno fue aprobada con 28 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones el último 30 de junio en la Comisión de Presupuesto, apenas dos semanas después de ser presentada, el 12 de junio.

Según el MEF, el dinero se obtendrá tras recaudar S/4160 millones del tesoro público (Crédito Suplementario y la emisión de Bonos Soberanos) y otros S/5435 millones) provenientes del canon, sobrecanon y regalías. A lo largo del texto, además, se sustenta la necesidad de diversas cantidades de dinero para distintos rubros.

El financiamiento de medidas de prevención ante el fenómeno de El Niño figura en las disposiciones complementarias. Allí se precisa que “se autoriza excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2026”, a utilizar hasta S/300 000 000 “para financiar gastos de capital y gastos corrientes no permanentes, destinados a la preparación y respuesta, frente a los efectos” del evento climático.

Además, se precisa que los fondos no usados o comprometidos a deuda, hasta el 31 de diciembre del 2026, se “revertirán a las cuentas del tesoro público”. Esto recuerda una alerta emitida por la Cámara de Comercio de Lima (CCL). La entidad advirtió a fines de junio último que el 2026 culminará con 11 mil 621 millones de soles sin usar para obras de prevención frente al citado fenómeno climático.

La responsabilidad recae en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), un organismo ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que tiene autonomía administrativa, funcional, económica y financiera.

La ANIN abarca 61 proyectos valorizados en 22 mil 784 millones de soles: 44 con restricciones presupuestales y 6 suspendidos. Según la CCL, hasta el 19 de junio, solo se registraba un avance estimado del 51%.

Gastos

De acuerdo al detalle del dictamen, cinco bloques concentran el 95% del total del crédito suplementario (ver infografía). Los tres primeros montos son los siguientes: S/4 381,9 millones para el “incremento estimado de ingresos de los gobiernos locales”; S/2 390,1 millones para “diversos pliegos del Gobierno Nacional”; y S/1 053,7 millones para el “incremento estimado de ingresos de los gobiernos regionales”.

En el caso de los gobiernos locales y regionales no se trata de una transferencia del Gobierno Nacional, sino de incorporar a sus presupuestos mayores ingresos por concepto de canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduanas, entre otros.

El segundo punto, que aborda los pliegos del Gobierno Nacional, comprende montos llamativos como S/13 000 000, que serán usados para pagarles bonos extraordinarios al “personal que presta Servicio Militar Acuartelado en el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea” (S/300 a cada uno). En este apartado también se encuentran comprendidos los S/300 millones para hacerle frente al fenómeno de El Niño.

También figuran bonos extraordinarios para docentes y auxiliares (S/485 para cada uno) por un total de S/211 millones 823 mil 085.

Finalmente, en el cuarto y quinto lugar figuran S/880,5 millones como concepto de “crédito suplementario para proyectos de gobiernos locales”, y S/379,5 millones para el “crédito suplementario para proyectos de gobiernos regionales”. Estas hacen alusión al dinero que se recibirá del Gobierno Nacional para el financiamiento de proyectos específicos.

Perspectivas

En diálogo con Correo, el economista Rafael Zacnich sostuvo que “si bien hay componentes dirigidos hacia asegurar la consecución de proyectos en el interior del país, lo que más preocupa es que hay un bloque dirigido a medidas remunerativas”.

“El dictamen tiene un tinte bastante populista teniendo en cuenta que este gobierno está de salida. El problema principal no es necesariamente el monto del crédito, sino una ausencia clara de priorización del gasto. El país se está enfrentando ahora a riesgos importantes, por ejemplo, los fenómenos de El Niño costero y global”, indicó.

El gerente de Estudios Económicos de ComexPerú también señaló que “tenemos recursos escasos y unas cuentas fiscales deterioradas, por lo que cada sol que se destina hoy adicionalmente, más aún a pocas semanas del cambio de gobierno, debería atender principales urgencias”.

Además, precisó que si bien hay un resultado positivo en la economía peruana, esto se debe a “los precios internacionales, sobre todo en minería, el dinamismo del sector construcción y la manufactura en general” que “no será sostenible en el tiempo”.

“Llegará un momento en el cual los precios se van a regular y se tendrá que financiar mayor gasto público. La disciplina fiscal merece respeto (…). Pretender financiar gasto corriente, salarios, bonos extraordinarios por temas de contrataciones administrativas y otros es sumamente irresponsable porque no sabes si mañana o más tarde vas a tener esos mismos ingresos para financiarlos”, puntualizó.

Más pagos

Bonos a educación superan S/211 millones

Con S/211,823,095 se pagarán bonos extraordinarios (de S/487 en cada uno) a docentes y auxiliares de educación (nombrados y contratados de las leyes 29944, 30328 y 30493). Estos son ajenos a su remuneración, no tienen carácter pensionable, no forman parte de sus beneficios laborales y no se usarán para calcular su CTS ni bonificaciones, asignaciones o entregas económicas.

¿Cuál considera que debe ser la principal prioridad del gobierno de Keiko durante sus primeros 100 días?

Es realmente generoso que preguntes por los 100 días porque dada la exigencia que existe sobre Keiko Fujimori, difícilmente se le conceda tanto tiempo. En primer lugar, la seguridad. En segundo lugar, un elemento coyuntural como es prever y trabajar frente al ‘Niño Godzilla’, que nos amenaza a todos. Luego, en el plano político e institucional, está la configuración de las cámaras, el reparto de las presidencias y de las mesas de las comisiones, lo que, por el resultado de las urnas, obliga a Fuerza Popular a establecer una negociación con las demás bancadas.

En ese sentido, ¿Fuerza Popular debería presidir las cámaras del nuevo Congreso?

Siendo Fuerza Popular la fuerza más votada, la bancada más grande en el Congreso bicameral, la ambición lógica de un partido es ostentar la presidencia de las dos cámaras. Pero, dado que no tiene la mayoría suficiente, lo lógico será que tenga que negociar por números. La política cameral (sic) se basa en los números. Pero dada la fragmentación, en comparación con el Congreso anterior, este es un parlamento súper sólido, de solo 6 bancadas. Sería intentar presidir, pero como tendría que llegar a acuerdos, probablemente tenga que ceder alguna.

¿Cree que los senadores y diputados deberían darle una especie de “luna de miel” al nuevo gobierno o debe haber un control político intenso desde el primer día?

A un gobierno elegido por el pueblo se le debe permitir arrancar, estructurarse y ponerse en marcha porque representa la voluntad de los ciudadanos. Por eso, siempre se habla de los 100 primeros días. Las cámaras deberían ser generosas, aunque sin dejar de cumplir su mandato constitucional y democrático de ejercer una oposición leal. Además, como ya ha anunciado la presidenta electa, solicitará facultades especiales, limitadas a esos primeros momentos del gobierno. Considero que lo inteligente por parte de la oposición sería concedérselas. En caso contrario, su crítica perdería legitimidad por no haber permitido que el gobierno iniciara democráticamente su gestión.

La presidenta electa ha planteado conformar una “ancha base”, ¿cree que también deberían incluirse sectores que han sido críticos del fujimorismo como los llamados “caviares”?

No. La “ancha base”, de acuerdo con el mandato electoral, significa que el gobierno irá más allá de la militancia. Eso no debería sorprendernos porque hemos visto que en el equipo técnico de Fuerza Popular participan personas cuya trayectoria política ha estado vinculada a otros partidos. Sin embargo, la ciudadanía votó por el proyecto de Keiko Fujimori y su agrupación. Legítimamente, ella debe conformar su gobierno con quienes considere los mejores, no tiene que pagar ningún peaje a los ‘caviares’, a la izquierda o a otros partidos por el resultado obtenido.

Entonces, ¿qué criterios deberían primar al momento de elegir a los ministros?

Deberían escogerse las personas con mayor capacidad, experiencia y trayectoria, siempre que encajen con el proyecto de país que tiene Keiko.

Pero, ¿sería por afinidad política o por tecnocracia?

Un gobierno toma decisiones políticas. Esa idea de que debe ser exclusivamente técnico no es cierta. Las necesidades de un país son infinitas y los recursos son limitados. Decidir cuáles son las prioridades y cuáles deben atenderse primero es una decisión política. Una vez tomada, corresponde ejecutarla. Lo ideal es tener políticos con capacidad técnica, que sepan cómo gestionarse dentro de la administración pública. Por esto, tiene que estar integrado por personas con experiencia, que no tengan que aprender cómo funciona el Estado porque la gestión pública no tiene nada que ver con la gestión empresarial.

En esa línea, ¿usted asesora a Keiko Fujimori?

Soy amigo personal de Keiko Fujimori desde hace 30 años. Cuando me pregunta o me pide una opinión, se la doy. Como ella misma ha señalado en varias entrevistas, escucha mis comentarios, pero las decisiones siempre las toma ella.

La medida también alcanza a los exministros Luis Miguel Castilla, Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes, quienes afrontan la misma investigación.

La decisión fue adoptada por el juez Leodan Cristóbal Ayala, quien declaró fundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa de Luis Miguel Castilla. El recurso sostenía que el delito imputado carecía de sustento jurídico al no cumplirse uno de los requisitos previstos en la legislación vigente.

Según RPP, en la resolución emitida el 3 de julio, el magistrado dispuso que los efectos del fallo se extiendan a todos los procesados comprendidos en este extremo de la investigación, ordenando el archivo del delito de asociación ilícita y el levantamiento de las medidas cautelares personales que habían sido impuestas por dicha imputación.

La resolución se sustenta en la aplicación de la Ley N° 32108, que establece que los delitos considerados como finalidad de una organización criminal deben tener una pena mínima superior a seis años de prisión. El juez precisó que esta norma resulta aplicable incluso a hechos anteriores, en virtud del principio de favorabilidad y de la retroactividad benigna en materia penal.

En ese sentido, el magistrado concluyó que el presunto delito de colusión agravada, considerado como delito base en este caso, tiene una pena mínima de seis años, por lo que no supera el umbral exigido por la nueva legislación para configurar el delito de organización criminal. No obstante, la investigación por los demás presuntos delitos vinculados al caso Gasoducto Sur Peruano continúa su curso.

Al concluir la cita, Verástegui ofreció declaraciones a la prensa y afirmó que considera complicado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México. Según indicó, la situación política que atraviesa su país dificulta una eventual normalización de los vínculos entre ambos Estados.

El activista sostuvo que Perú cuenta con un gobierno “limpio, honesto, con valores y principios”, por lo que, en su opinión, reanudar las relaciones con la actual administración mexicana sería una decisión difícil de concretar. Sus declaraciones se producen en un contexto en el que ambos países mantienen sus relaciones diplomáticas deterioradas desde hace varios años.

Consultado sobre la posibilidad de que la presidenta electa invite a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, a la ceremonia de transmisión de mando del próximo 28 de julio, Verástegui respondió que, aunque el protocolo diplomático debe respetarse, personalmente no cursaría una invitación.

Durante su diálogo con los medios, el actor también lanzó duras críticas contra el Gobierno mexicano al señalar que enfrenta una grave crisis institucional, argumento que utilizó para sustentar su posición sobre la relación bilateral entre ambos países.

Tras la reunión con Verástegui, Keiko Fujimori continuó con su agenda oficial y participó en un encuentro de carácter religioso, en el que estuvieron presentes algunos congresistas electos que integrarán el próximo Parlamento bicameral.

Fujimori mantiene una serie de reuniones con representantes políticos, sociales e internacionales como parte de las actividades previas al inicio de su mandato.

Mientras Sheinbaum insiste en que un delincuente que dio un golpe de Estado está preso por discriminación y no por corrupción en el Perú, y se niega a restablecer relaciones con nuestro pueblo hermano, @EVerastegui se comporta como un verdadero representante internacional de la… https://t.co/KYrEeLoRsQ

— Jean Carlo Portillo (@jeancarlopmag) July 5, 2026

El partido solicitó al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revocar la decisión y disponer la admisión a trámite de las postulaciones para continuar con el proceso de inscripción conforme a ley.

De acuerdo a RRP, la improcedencia fue sustentada por el JEE al considerar que Rafael López Aliaga mantiene la condición de senador electo y proclamado, tras los resultados de las elecciones generales, situación que —según el organismo electoral— conserva plena validez mientras no exista una resolución del JNE o del Congreso que deje sin efecto su proclamación o la expedición de su credencial.

El jurado señaló que las cartas mediante las cuales López Aliaga comunicó su desistimiento irrevocable a asumir el cargo de senador solo expresan su voluntad, pero no modifican su situación jurídica.

En su apelación, el personero legal de Renovación Popular, Fernando Sandoval, sostuvo que la resolución vulnera el derecho constitucional de ser elegido. Argumentó que el impedimento para postular en elecciones municipales alcanza únicamente a los congresistas en ejercicio de sus funciones, es decir, a quienes ya juramentaron y asumieron el cargo, y no a quienes solo tienen la condición de electos o proclamados. En esa línea, afirmó que López Aliaga nunca asumirá el mandato parlamentario, por lo que corresponde dejar sin efecto su credencial de senador y convocar a su accesitario.

Asimismo, el recurso advierte que aplicar el impedimento a congresistas electos constituye una interpretación extensiva de la norma que restringe derechos políticos, lo cual —según Renovación Popular— está prohibido por la Constitución. También sostiene que el JEE no valoró adecuadamente la renuncia expresa presentada por el exalcalde de Lima ante el JNE y la Oficialía Mayor del Congreso, documentos con los que manifestó su decisión de no jurar ni ejercer el cargo de senador.

Finalmente, el partido alegó un trato desigual por parte del JEE al admitir las candidaturas de Leo de Paz Lancho y Aldo Bravo Quispe, quienes también fueron proclamados como diputados electos.

Según la apelación, ambos se encuentran en una situación jurídica similar a la de López Aliaga y Guillermo Valdivieso, por lo que la diferencia de criterios vulneraría el principio de igualdad ante la ley.

Ahora será el pleno del JNE el encargado de resolver el recurso y definir si revoca o confirma la decisión del JEE Lima Centro.

El canciller participará en las actividades por el bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos. El encuentro reunirá a representantes de ambos países para conmemorar los 200 años del inicio de los vínculos bilaterales.

¿Quién asumirá funciones mientras tanto?

Durante la ausencia de Carlos Pareja, el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores será asumido temporalmente por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo. La encargatura estará vigente mientras dure la comisión de servicios del titular de la Cancillería.

Esta disposición forma parte de la misma resolución suprema que autoriza el desplazamiento oficial. Con ello se garantiza la continuidad de las funciones del sector durante el viaje del ministro.

El dispositivo recuerda que ambos países han construido una relación diplomática de dos siglos sustentada en principios compartidos, como la democracia y el Estado de Derecho. Asimismo, señala que esa cooperación se ha fortalecido en distintas áreas de interés común.

Entre los ámbitos mencionados figuran el comercio, las inversiones, la seguridad, la defensa y la lucha contra la criminalidad organizada transnacional. La resolución indica que estos espacios de trabajo conjunto han contribuido al desarrollo y bienestar de ambas naciones.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el jefe de Estado guatemalteco expresó sus felicitaciones a la lideresa de Fuerza Popular y manifestó su expectativa de continuar fortaleciendo las relaciones entre ambos países.

“Saludo a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, y le expreso mis mejores deseos para este nuevo reto. Que la voluntad de desarrollo y cooperación fortalezca los lazos de amistad entre nuestros pueblos y abra oportunidades en beneficio de Guatemala y el Perú”, expresó.

Saludo a la presidenta electa del Perú, @KeikoFujimori, y le expreso mis mejores deseos para este nuevo reto.
Que la voluntad de desarrollo y cooperación fortalezca los lazos de amistad entre nuestros pueblos y abra oportunidades en beneficio de Guatemala y el Perú. 🇬🇹🫱🏼‍🫲🏻🇵🇪

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) July 4, 2026

Varios gobiernos también han manifestado su disposición para mantener el diálogo y fortalecer las relaciones diplomáticas con la próxima administración peruana. Entre los temas que forman parte de esa agenda destacan la cooperación bilateral, el comercio, la inversión, el desarrollo económico y la seguridad.

El pasado 3 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones concluyó el proceso de proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial. Con esa decisión, Keiko Fujimori fue reconocida oficialmente como presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031.

La decisión fue oficializada mediante una resolución jefatural tras evaluar las condiciones para su ejecución.

De acuerdo con la entidad, uno de los principales inconvenientes es la falta de información necesaria del padrón electoral correspondiente a los ciudadanos que habían sido priorizados para participar en esta prueba.

La ONPE señaló que esas limitaciones impiden garantizar las condiciones técnicas y operativas requeridas para implementar el sistema de manera adecuada durante el proceso electoral de este año.

Con esta decisión, los comicios de octubre se desarrollarán bajo el sistema tradicional de votación presencial, mientras la ONPE continúa evaluando las condiciones para una futura implementación de esta modalidad.

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Durante una entrevista en RPP, la legisladora precisó que temas como el indulto solicitado por el expresidente Alejandro Toledo o un posible salvoconducto para la exjefa del Gabinete Betssy Chávez no cuentan aún con una definición política. Según lo indicado, dichas decisiones serán analizadas una vez que la lideresa de Fuerza Popular inicie su eventual gobierno.

Juárez sostuvo que su agrupación no ha adoptado una posición anticipada sobre medidas de carácter excepcional relacionadas con procesos judiciales. En ese sentido, remarcó que cualquier determinación será evaluada en su momento por la futura administración.

“Creo que ella misma en las intervenciones que ha tenido aún ha reservado esa decisión. Lo que sí tengo que señalar es que no existe ningún ánimo de vendetta, ningún ánimo de agresión”, indicó.

Revisión de leyes penales en agenda inicial

Juárez adelantó que una de las primeras acciones del eventual gobierno de Fuerza Popular sería la evaluación de las denominadas leyes procrimen. Este trabajo estaría a cargo de una comisión de juristas en coordinación con el Parlamento.

El objetivo de este grupo sería revisar el marco legal vigente y proponer eventuales ajustes legislativos. Según lo planteado, esta tarea formaría parte de las prioridades iniciales de una eventual gestión.

La congresista también abordó la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir su escaño en la Cámara de Senadores. Señaló que aún existe la posibilidad de que reconsidere su postura antes del inicio de funciones.

“Creo que sería un gesto extraordinario que él pudiera recibir su credencial y jurar como senador, porque los votantes que han escogido ese voto preferencial puedan realmente estar satisfechos con que su voto ha tenido la utilidad que se esperaba”, comentó.

En otro momento, Juárez respaldó la designación de Marco Vinelli como responsable del equipo de transferencia de Fuerza Popular. Según señaló, su perfil técnico será clave en la etapa de organización previa al eventual inicio de gobierno.

La medida fue adoptada tras admitirse una solicitud cautelar presentada por el procurador público del Gobierno Regional de Moquegua. El recurso cuestiona los efectos de la norma en evaluación y busca frenar su avance hasta que exista un pronunciamiento definitivo del Poder Judicial.

Alcance de la decisión judicial

El fallo judicial establece que deben suspenderse todas las acciones administrativas relacionadas con la norma, incluyendo su promulgación, refrendo y remisión al diario oficial para su publicación. Esta disposición es de cumplimiento obligatorio para la Presidencia del Consejo de Ministros y el Congreso de la República.

En caso de incumplimiento, la resolución prevé la imposición de sanciones económicas de hasta diez unidades de referencia procesal. Además, se advierte que podrían remitirse copias al Ministerio Público para las acciones correspondientes.

Postura del Gobierno Regional de Moquegua

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, señaló que la resolución judicial respalda la posición de su jurisdicción frente al proyecto de ley. Desde su entorno, se indicó que la decisión ordena detener cualquier intento de publicación de la norma mientras continúa el proceso constitucional.

La autoridad regional sostuvo que el proceso debe resolverse en el marco del amparo presentado por su gestión. En ese sentido, reafirmó que la medida cautelar impide que la ley entre en vigencia hasta nuevo pronunciamiento.

En paralelo al proceso judicial, la gobernadora de Moquegua planteó la instalación de una mesa técnica con la participación de autoridades de Tacna. La propuesta busca que especialistas de ambas regiones evalúen el conflicto desde un enfoque técnico.

La autoridad regional también señaló su disposición a participar en espacios de diálogo convocados por el Ejecutivo. Según indicó, cualquier reunión debería priorizar el análisis técnico para alcanzar una solución al diferendo territorial.

La denuncia estaba relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de la votación de los peruanos residentes en el extranjero durante la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026. El caso surgió a raíz de cuestionamientos sobre los procedimientos aplicados para el traslado y procesamiento de las actas electorales provenientes del exterior.

El recurso fue presentado por el personero legal de Juntos por el Perú, Pablo Salas Charca. En el documento se atribuía al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores el presunto desmantelamiento del sistema logístico, informático y de custodia diplomática utilizado para el proceso electoral de los peruanos en el extranjero.

Juntos por el Perú sostuvo que las modificaciones aplicadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales para la segunda vuelta alteraron las condiciones inicialmente previstas para el proceso. Según el partido, esos cambios impidieron la digitalización de las actas presidenciales correspondientes a la votación de los peruanos en el extranjero.

La organización política también cuestionó que las nuevas disposiciones afectaran el principio de intangibilidad del proceso electoral y la seguridad jurídica. Del mismo modo, expresó reparos sobre el tiempo y la forma en que fueron trasladadas al Perú las actas provenientes de las oficinas consulares.

¿Por qué se archivó la denuncia?

Durante una sesión extraordinaria realizada el viernes 3 de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales resolvió la calificación de la denuncia conforme al artículo 89 del Reglamento del Congreso. La decisión fue aprobada con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención, por lo que el expediente quedó archivado.

La acusación comprendía una presunta infracción a los artículos 31, 45 y 176 de la Constitución. Asimismo, incluía el presunto delito de atentado contra el derecho al sufragio, tipificado en el artículo 359 del Código Penal.

De manera paralela a la denuncia constitucional, la Bancada Socialista presentó el pasado 24 de junio una moción de interpelación contra el canciller Carlos Pareja Ríos. La iniciativa fue impulsada con la coautoría del excandidato presidencial Roberto Sánchez Palomino.

El documento consta de ocho páginas e incluye un pliego de 23 preguntas dirigidas al ministro. El objetivo es que explique los procedimientos técnicos y logísticos ejecutados en los consulados para garantizar la transparencia de las elecciones generales de 2026.

¿Qué respondió el Canciller?

Frente a los cuestionamientos, Carlos Pareja negó haber intervenido en el proceso electoral o favorecido a alguna organización política. En ese contexto, sostuvo que todas las acciones de su sector se realizaron dentro del marco legal y en coordinación con las autoridades electorales.

En sus descargos, el ministro rechazó las imputaciones formuladas en su contra y afirmó que “no hubo ningún acto de interferencia, manipulación o favorecimiento político”. Además, aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores actuó respetando la legalidad y manteniendo coordinación permanente con los organismos electorales.

El desarrollo de este procedimiento parlamentario coincide con la reciente proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031. En ese escenario, continúan las acciones políticas relacionadas con el desarrollo de la segunda vuelta electoral.

La lideresa de Fuerza Popular (FP) alcanzó la presidencia en su cuarto intento electoral, luego de haber postulado anteriormente en los comicios de 2011, 2016 y 2021.

La resolución del organismo electoral abrió formalmente la etapa de transferencia entre el gobierno saliente y la administración que asumirá el próximo 28 de julio.

Relevo

Luego de la proclamación de los resultados, Keiko Fujimori pronunció un mensaje al país. Allí, anunció el inicio inmediato del proceso de transferencia mediante la creación de la Oficina de la Presidenta Electa (OPE), que funcionará en el inmueble ubicado en la avenida Guardia Civil 922, en San Isidro (Lima), según confirmó el área de prensa de FP a Correo.

Asimismo, Fujimori Higuchi informó que liderará esa oficina junto con su segundo vicepresidente Miguel Torres Morales, en representación de la plancha presidencial, y Marco Vinelli Ruíz como jefe del equipo de transferencia.

“No vamos a esperar un minuto más porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones”, afirmó.

Fujimori explicó que la misión del grupo consistirá en organizar la transición y recopilar información sobre la situación de la administración pública antes del inicio del nuevo gobierno.

“Primero, debemos conocer con precisión la realidad del Estado que vamos a recibir. Realizaremos un diagnóstico técnico, ministerio por ministerio, para conocer el estado de los programas, los proyectos, las obras, los recursos disponibles y los desafíos más urgentes”, aseguró.

La presidenta electa añadió que la ciudadanía conocerá el desarrollo de la transferencia mediante información periódica difundida por los canales oficiales habilitados para esa etapa.

Por esto, la OPE abrió cuentas institucionales en Facebook, Instagram, X y TikTok, además de un correo electrónico (oficinapresidentaelecta@gmail.com) para centralizar sus comunicaciones.

La ahora jefa de Estado explicó que revisarán las políticas implementadas por gobiernos anteriores antes de definir su continuidad porque “el Perú no comienza cada cinco años” y reveló su criterio de evaluación.

“Vamos a identificar todas las buenas prácticas, las iniciativas y los proyectos que han dado resultados para que puedan continuar, fortalecerse y llegar a más peruanos. Lo que funciona y beneficia al país debe preservarse sin importar quién lo inició. Ese será un principio de nuestro gobierno, construir sobre lo bueno, y corregir todo aquello que no ha funcionado”, enfatizó.

Además, Fujimori agradeció los saludos recibidos de diversos jefes de Estado tras los resultados finales de la Segunda Elección Presidencial (SEP), entre ellos resaltó los de Javier Milei, de Argentina, y Nayib Bukele, de El Salvador.

“Con ellos trabajaremos para fortalecer nuestros lazos de amistad, cooperación y confianza”, detalló.

La próxima presidenta se comprometió en recuperar la confianza en las instituciones públicas y poner el Estado al servicio de las personas; además, convocó a la ciudadanía a participar en esta nueva etapa política.

“Porque el Perú es mucho más grande que nuestras diferencias y cuando trabajamos unidos, lo podemos lograr todo”, aseveró.

Proclamación. Poco tiempo antes de la exposición de Keiko, el presidente del JNE, Roberto Burneo, había encabezado la ceremonia de proclamación y dio un mensaje sobre el significado de ese evento.

“La autoridad (Keiko Fujimori) que hoy hemos proclamado no nace de una decisión institucional ni de un acto administrativo. Nace exclusivamente de la voluntad soberana de millones de peruanos”, señaló.

Luego, Burneo, con la resolución en mano, anunció oficialmente a la fórmula presidencial de FP.

“En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta de la república. Asimismo, a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la república, y a don Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente de la república para el periodo 2026-2031, a quienes se les otorgará las correspondientes credenciales en acto público y solemne que oportunamente será convocado por este supremo tribunal electoral”, refirió.

En conferencia de prensa, Burneo precisó que la proclamación oficial de los resultados habilita el inicio del proceso de transferencia y que el Ejecutivo ya puede instalar la comisión correspondiente conforme al marco legal vigente.

“Tiene tres días para instalarse desde la proclamación. Así que esto garantiza que pueden hacerlo con el tiempo suficiente para poder culminar con éxito este trabajo. Los que han trabajado en temas de transferencia saben muy bien que es un tiempo razonable”, informó.

Historial. El camino político que Keiko Fujimori recorrió para llegar al poder se inició el 23 de agosto de 1994, cuando, con 19 años, asumió el Despacho de la Primera Dama tras la separación entre sus padres Alberto Fujimori y Susana Higuchi.

Seis años después, la lideresa naranja fue elegida congresista por Lima con 602,869 votos preferenciales, la mayor votación de las elecciones parlamentarias de 2006, y ejerció el cargo hasta julio de 2011.

No obstante, ese año, fundó Fuerza 2011 para postular a la presidencia, con el que logró pasar a la segunda vuelta. Sin embargo, perdió ante Ollanta Humala con un diferencia de 447,057 votos.

En 2016, Fujimori volvió a disputar el sillón presidencial pero perdió el balotaje frente a Pedro Pablo Kuczynski por 41,057 votos.

A pesar de ello, su agrupación política obtuvo mayoría absoluta en el Congreso; aunque la relación con el Ejecutivo derivó en una permanente confrontación que alcanzó su punto más crítico con la difusión de los “Mamanivideos”, la renuncia de Kuczynski y la ruptura política con su hermano Kenji Fujimori tras el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori.

El conflicto continuó durante el gobierno de Martín Vizcarra, que culminaría con la disolución constitucional del Congreso el 30 de septiembre de 2019.

Paralelamente, el Ministerio Público investigó a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos por el Caso “Cócteles”.

Fue así como, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó su prisión preventiva por 36 meses, el 31 de octubre de 2018.

Fujimori permaneció 394 días en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, hasta que el Tribunal Constitucional declaró fundado su hábeas corpus el 25 de noviembre de 2019, lo que dejó sin efecto la prisión preventiva. Fujimori recuperó su libertad 4 días después.

En 2021 volvió a llegar a la segunda vuelta con Pedro Castillo, con quien perdió por 44,263 votos.

Tras el conteo oficial, Fujimori denunció un presunto fraude y presentó pedidos de nulidad, que fueron rechazados.

Miembros

Mediante un comunicado difundido en la red X, se informó que será presidida por el senador electo Miguel Torres (Fuerza Popular), mientras que la vicepresidencia recaerá en la diputada electa Cecilia Chacón, también de dicha agrupación.

En tanto, el senador electo Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y el diputado electo Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) asumirán la primera y segunda secretaría, respectivamente.

Asimismo, el senador electo Alejandro Muñante (Renovación Popular) y la diputada electa Romina Uribe (Partido del Buen Gobierno) ocuparán la tercera y cuarta secretaría.

Según el Reglamento del Congreso, la Junta Preparatoria se integra con seis legisladores electos. La presidencia recae en el senador de la organización política más votada que obtuvo la mayor votación, la vicepresidencia en el diputado del mismo grupo con la mayor votación.

Además, la primera y segunda secretaría corresponden al senador y al diputado de mayor edad, respectivamente, mientras que la tercera y cuarta secretaría son asumidas por el senador y el diputado de menor edad, respectivamente.

Funciones

Este grupo tendrá como misión organizar y coordinar la instalación del nuevo Parlamento bicameral. Al estar conformado por dos cámaras (diputados y senadores) cada una contará con una Junta Preparatoria independiente, encargada de dar inicio formal a sus funciones.

Conducirá las primeras sesiones, incorporará mediante juramento a los congresistas electos, organizará la elección de la Mesa Directiva y tomará juramento al presidente elegido de cada cámara.