El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, explicó que la entidad buscó realizar el menor número posible de cambios para evitar confusiones entre los electores. Sin embargo, señaló que instituciones como la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle y la Universidad de Ucayali continúan enfrentando problemas internos, por lo que las mesas instaladas en dichos recintos tuvieron que ser trasladadas a otros locales.

Ante esta situación, la ONPE recomendó a los ciudadanos consultar con anticipación su local de votación a través de la plataforma habilitada por la entidad, a fin de evitar inconvenientes el día de los comicios.

En paralelo, Pachas informó que continúa la distribución del material electoral a nivel nacional. Indicó que este domingo se despachó la penúltima ruta hacia diversas regiones del país y que este lunes partirán los últimos envíos correspondientes a diez Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), antes de iniciar la fase final de distribución en Lima y Callao.

Asimismo, la ONPE realizó el simulacro oficial del sistema de cómputo electoral, con el objetivo de verificar el funcionamiento del software de procesamiento de resultados y los mecanismos de seguridad para la transmisión de datos que serán utilizados durante la segunda vuelta presidencial.

A pocas horas del debate presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), programado para este domingo 31 de mayo desde las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima, el interés ciudadano por conocer a fondo a los candidatos que disputarán la presidencia el próximo 7 de junio ha crecido notablemente.

Este será el sexto debate de Keiko Fujimori en una segunda vuelta presidencial, lo que la convierte en una de las figuras políticas nacionales con mayor experiencia en este tipo de encuentros.

Como se recuerda, Fujimori ya participó en:

• Un debate en la segunda vuelta de 2011 contra Ollanta Humala.
• Dos debates en la segunda vuelta de 2016 frente a Pedro Pablo Kuczynski.
• Dos debates en la segunda vuelta de 2021 ante Pedro Castillo.

Con este nuevo encuentro contra Sánchez, sumará seis participaciones en debates presidenciales de segunda vuelta, demostrando su amplio recorrido en campañas electorales de alto nivel.

La lideresa de Fuerza Popular obtuvo el 17,18% de los votos en la primera vuelta del pasado 12 de abril. En dicho encuentro superó por más de cinco puntos Roberto Sánchez, su rival en el balotaje. De resultar ganadora en los próximos comicios, se convertiría en la primera presidenta mujer electa del Perú. La hija del exmandatario Alberto Fujimori también llegó a la segunda vuelta en 2011, 2016 y 2021, sin embargo en las tres ocasiones perdió ante Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente.

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¿Cuál es el perfil técnico de Keiko Fujimori?

La lideresa del partido naranja, nació el 25 de mayo de 1975 en el distrito limeño de Jesús María. Estudió en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta y a los 17 años viajó a Estados Unidos, donde se graduó en Administración de Empresas en la Boston University (1997) y luego completó un MBA en la Columbia Business School (2008).

Su trayectoria pública comenzó cuando solo tenía 19 años y le tocó asumir como Primera Dama de la Nación entre 1994 y 2000 convirtiéndose en la más joven en ocupar ese cargo en América Latina, tras la separación de sus padres Alberto Fujimori y Susana Higuchi. En paralelo, lideró la Fundación por los Niños del Perú (1994–2000) y la Fundación Peruana Cardioinfantil (1996–2001), orientadas al bienestar social e infantil. En el sector privado, se desempeñó como Gerente General de Summit Products (2001–2002).

En el ámbito político, fue elegida Congresista de la República por Lima para el período 2006–2011, convirtiéndose en la candidata más votada en la historia del Perú por voto preferencial. Luego presidió el Instituto Oportunidades para el Desarrollo (2012–2015) y desde 2009 hasta 2026 condujo Fuerza Popular, el partido que ella misma fundó en 2010. Más recientemente, ocupó el rol de Distinguished Fellow en el programa Senior Leadership Fellows del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida (2025–2026).

Esta es su cuarta postulación a la presidencia de la República y en esta oportunidad se encuentra acompañada de Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente y Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente, ambos con trayectoria en la dirección de Fuerza Popular y experiencia en gestión pública.

¿Cuál es su plan de gobierno?

El plan de gobierno de Fuerza Popular se encuentra registrado ante el Jurado Nacional de Elecciones y presenta propuestas organizadas en cuatro dimensiones. A continuación, un resumen de sus objetivos y metas clave:

¿Qué propuestas destacaron en el debate técnico?

El debate técnico entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se realizó el 24 de mayo, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Durante el encuentro, los representantes de Keiko Fujimori expusieron y sustentaron sus principales medidas sectoriales en tres bloques temáticos: Economía y Generación de Empleo, Salud, y Reforma del Estado.

🟢 Economía y Generación de Empleo:

1. Reducción del déficit fiscal al 1% del PBI hacia 2031, mediante eficiencia en el gasto público, eliminación de gastos superfluos y reorientación de recursos hacia sectores estratégicos.
2. “Shock desregulatorio”: reducir en al menos 40% el tiempo promedio de tramitación de proyectos de inversión, eliminando más de 500 procedimientos administrativos redundantes.
3. Estrategia “Cero Colas”: atención digital para trámites recurrentes, citas previas obligatorias y ampliación de horarios en entidades públicas.
4. “Licencia 0 para MYPEs”: apertura de negocios de forma inmediata con RUC y declaración jurada, sin costos de tramitación, con interoperabilidad entre Sunat, Sunarp, Indecopi y municipalidades.
5. Financiamiento para emprendedores: crédito para mujeres emprendedoras, “Capital Semilla Joven”, exoneración del Impuesto a la Renta por tres años para jóvenes con RUC, y un presupuesto mínimo de S/ 1,000 millones para Compras MyPerú.
6. Modernización de la Ley General de Minería para evitar la especulación mediante plazos obligatorios de exploración y producción, garantizando la independencia del BCR y el respeto a los contratos.

🔵 Salud:

1. Telemedicina con DNI: Sistema Nacional de Telemedicina con interoperabilidad de historias clínicas electrónicas vinculadas al DNI, “citas prontas” y equipos itinerantes de profesionales.
2. Reducción de la anemia infantil al 20% mediante cobertura universal de vacunación, chequeos preventivos y padrón nominal de gestantes y niños menores de tres años interoperable con RENIEC y SIS.
3. Fortalecimiento de hospitales clave: Hospital Nacional Sergio E. Bernales, Hospital Hipólito Unanue, Hospital de Chinchero y Hospital de Alta Complejidad de Piura.
4. Red Nacional de Centros de Salud Mental Comunitarios, priorizando zonas rurales, amazónicas y urbano-marginales, con plataforma digital integrada a la Línea 113 Salud Mental.

🟤 Reforma del Estado:

1. Unidades de Flagrancia Express: creación de nuevas unidades y fortalecimiento de las 28 existentes, ampliando su cobertura a delitos complejos como extorsión, sicariato y cobro de cupos.
2. Sistema Nacional Integrado de Información Criminal, interoperable entre la Policía, Fiscalía, Poder Judicial y gobiernos locales.
3. Reforma integral del sistema de justicia con una Comisión de Alto Nivel que involucre al Poder Judicial, Ministerio Público, JNJ, Tribunal Constitucional, PNP, INPE y Minjus; simplificación del Código Procesal Penal.
4. Construcción de 4 mega penales de máxima seguridad, 4 penales modulares y un penal especializado para jóvenes infractores, con bloqueadores permanentes de señal móvil en cárceles.
5. Programa “Manos que Reparan”: trabajo comunitario penitenciario como parte de la reinserción social.
6. Laboratorios de innovación y aulas digitales en colegios públicos, con énfasis en zonas rurales y amazónicas.

El próximo domingo 7 de junio se ejecutará la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, el duelo final entre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú. Asimismo, los ciudadanos deberán acudir a las urnas para emitir su voto, de lo contrario serán sancionados con multas y en algunos casos no podrán realizar trámites notariales, inscripciones civiles, ni acceder a licencias de conducir o pasaportes. Finalmente, el JNE recordó a la ciudadanía que desde el 1 de junio se aplicarán restricciones electorales con el fin de garantizar un proceso transparente y ordenado.

A partir de este lunes 1 de junio entrarán en vigencia diversas restricciones electorales en todo el país con motivo de la segunda vuelta de la elección presidencial programada para el próximo 7 de junio.

La medida fue recordada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), con el objetivo de garantizar un proceso electoral transparente y el libre ejercicio del voto.

Prohibida la difusión de encuestas desde el 1 de junio

Según la normativa electoral, desde las 00:00 horas del lunes 1 de junio queda prohibida la publicación, difusión o reproducción de encuestas y proyecciones sobre los resultados electorales a través de cualquier medio de comunicación.

La infracción de esta disposición puede ser sancionada con multas que van desde 10 hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a montos entre S/55.000 y S/550.000.

Restricciones a reuniones y propaganda política

La Ley Orgánica de Elecciones también establece que desde las 00:00 horas del viernes 5 de junio quedan prohibidas las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político.

La vulneración de esta norma puede ser sancionada con penas de prisión no menores de tres meses ni mayores de dos años.

Asimismo, desde las 00:00 horas del sábado 6 de junio quedará suspendida toda forma de propaganda política en el territorio nacional.

Ley seca regirá desde el 6 de junio

Otra de las medidas contempladas para el proceso electoral es la denominada ley seca.

La prohibición para vender o suministrar bebidas alcohólicas comenzará a las 08:00 horas del sábado 6 de junio y se extenderá hasta las 08:00 horas del lunes 8 de junio.

Quienes incumplan esta disposición podrán recibir una pena privativa de libertad de hasta seis meses, además de una multa económica establecida por ley.

Restricciones durante la jornada electoral

El día de la elección también estarán prohibidos los espectáculos públicos, tanto en espacios abiertos como en recintos cerrados.

Además, entre las 07:00 a. m. y las 05:00 p. m. no se permitirá la realización de reuniones de electores dentro de un radio menor de 100 metros alrededor de las mesas de sufragio.

El JNE informó que sus fiscalizadores desplegarán operativos en diversas regiones del país para verificar el cumplimiento de la normativa electoral y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la votación.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrolla un simulacro nacional de su sistema de cómputo electoral con el objetivo de verificar el funcionamiento de la plataforma que procesará los resultados de la segunda vuelta presidencial programada para el domingo 7 de junio.

La actividad busca garantizar que el procesamiento de los votos se realice de manera segura, transparente y rápida, permitiendo que los resultados sean transmitidos y consolidados conforme a los procedimientos establecidos por la autoridad electoral.

Pruebas para asegurar el procesamiento de resultados

Durante el simulacro, la ONPE pone a prueba los distintos componentes tecnológicos involucrados en el cómputo electoral, incluyendo la recepción, transmisión y procesamiento de actas electorales.

Estas evaluaciones permiten verificar la capacidad operativa del sistema frente a escenarios similares a los que se presentarán durante la jornada electoral, además de detectar posibles incidencias y aplicar medidas correctivas antes de los comicios.

Seguridad y transparencia en la segunda vuelta

La entidad electoral señaló que estas pruebas forman parte de las acciones destinadas a fortalecer la confiabilidad del proceso electoral.

El simulacro también permite evaluar la coordinación entre las oficinas descentralizadas, los centros de cómputo y los equipos técnicos encargados de la consolidación de resultados a nivel nacional.

La segunda vuelta electoral se realizará el próximo 7 de junio, fecha en la que millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

En la recta final de la campaña electoral rumbo a la segunda vuelta presidencial, el debate entre los candidatos podría convertirse en un factor decisivo para definir el resultado de los comicios.

De acuerdo con la última encuesta de Datum Internacional elaborada para El Comercio, el 57% de los peruanos considera que el debate presidencial influirá en su decisión de voto, reflejando la importancia que el electorado asigna al último gran evento de la campaña.

Keiko Fujimori lidera en votos válidos

El simulacro de votación realizado por Datum Internacional entre el 26 y el 30 de mayo otorgó a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, el 52,9% de los votos válidos.

Por su parte, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, alcanzó el 47,1% de los votos válidos, una diferencia de 5,8 puntos porcentuales respecto de su contendora.

El estudio se desarrolló utilizando una cédula de sufragio similar a la empleada en procesos electorales oficiales, con el objetivo de aproximarse al comportamiento de los votantes en una situación real de elección.

Persisten altos niveles de voto blanco y viciado

Uno de los hallazgos más relevantes del simulacro es el elevado porcentaje de electores que aún optan por votar en blanco o viciar su voto.

Según los resultados en votos emitidos, el voto en blanco alcanza el 14,4%, mientras que el voto viciado llega al 10,5%. En conjunto, ambos representan el 24,9% del electorado consultado.

La CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado, advirtió que se trata de una proporción significativa considerando la cercanía de la jornada electoral, lo que podría influir en el desenlace final de la contienda.

Diferencias por regiones

El estudio evidencia preferencias distintas según la zona del país.

Keiko Fujimori obtiene sus mejores resultados en Lima, donde alcanza el 62,9% de votos válidos, y en la región norte, con 61%.

En contraste, Roberto Sánchez registra una mayor ventaja en el centro, sur y oriente del país. En estas regiones obtiene 56,5%, 65,9% y 56,6%, respectivamente.

Los resultados reflejan una marcada división geográfica del voto, un patrón recurrente en procesos electorales recientes.

A una semana de los comicios, la entidad alertó que los conflictos sociales, la toma de universidades por parte de estudiantes y el bloqueo de carreteras podrían perjudicar la entrega del material electoral y el acondicionamiento de los locales de votación.

Suspenso

La directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, Eugenia Fernán Zegarra, detalló que estos inconvenientes podrían reportarse debido al bloqueo de carreteras en regiones como San Martín, Ucayali, Lambayeque y Piura.

A ello se suma que las instalaciones de la Universidad Nacional de Ucayali, la Universidad Nacional del Centro del Perú (Huancayo) y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, en Lima, reportaron conflictos estudiantiles.

“Hemos registrado toma de carreteras, por ejemplo, en la Carretera Longitudinal de la Selva Norte, de la sierra, y también de la zona sur. Entonces, esto está afectando las vías principales por donde debe discurrir el transporte llevando el material electoral para los puntos de destino”, indicó la funcionaria a RPP.

Según detalló, dicho material tiene como destino a las distintas sedes de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Zegarra destacó que el JNE tiene “la obligación de cumplir con un cronograma electoral”, el que tiene como plazo estimado para la entrega de material electoral entre el 27 de mayo y 2 de junio. Sin embargo, esta podría verse afectada tras los hechos antes descritos.

“Se requiere que este material llegue: ahí están las actas, las cédulas de votación, material de capacitación, de señalización, etcétera, que servirán para brindar las condiciones adecuadas a los centros de votación”, puntualizó.

Formato

Durante este encuentro, que se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, ambos aspirantes a la Presidencia de la República expondrán sus propuestas en cuatro bloques temáticos.

Los ejes que se abordarán son: Seguridad ciudadana, Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, Educación y salud y Economía, Empleo y reducción de la pobreza.

Además, Fujimori y Sánchez dispondrán de tiempo para su presentación inicial y mensajes de cierre. El encuentro tendrá una duración máxima de una hora y 40 minutos, como ocurrió en el caso del debate técnico del domingo 24 de mayo.

Los candidatos, asimismo, contarán con hasta tres minutos para desarrollar cada bloque temático y responderán una pregunta ciudadana en cada uno de ellos.

Para este segmento, el JNE recibió 726 consultas gracias a la campaña “Pregúntale y decide: Segunda Elección Presidencial 2026”, iniciativa cuyo fin fue recoger las inquietudes de la ciudadanía para incorporarlas al debate.

Los postulantes, además, responderán una pregunta formulada por los moderadores, los periodistas Angélica Valdés y Carlos Villarreal: “¿Por qué debe ser elegido presidente del Perú?”

Cabe precisar que, de acuerdo con el sorteo efectuado la semana pasada por el JNE, el candidato de JP será el primero en intervenir, seguido de la lideresa “naranja”.

Este esperado cara a cara será transmitido por JNE Media y las redes sociales oficiales del organismo electoral.

En declaraciones a la prensa desde Breña, el aspirante al sillón de Pizarro precisó que “defiende” la minería artesanal y rechazó que la mencionada ley sea considerada “procrimen”.

Sin embargo, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) incluyó la norma en cuestión en la lista de leyes dadas por este Congreso que “promueven el crimen organizado”.

Sustento

El gremio jurídico incluyó la Ley 31989 de manera explícita entre las normas que, según su análisis, promueven estructuras delictivas en el país.

El CAL identificó dos categorías de disposiciones problemáticas: aquellas que favorecen directamente a estructuras delictivas y aquellas que sostienen economías criminales.

La Ley 31989 quedó en el primer grupo, junto con otras como la Ley 31012, de protección policial; la Ley 32052, sobre partidos políticos; la Ley 32316, de extinción de dominio; y el Decreto Legislativo 1585, sobre hacinamiento en penales.

El Colegio de Abogados de Lima sustentó su posición en un estudio del impacto de estas disposiciones y advirtió que, en conjunto, crean un sistema que dificulta la sanción de delitos y genera impunidad.

Para el gremio, estas normas y sus modificaciones fueron aprobadas de manera aislada, sin considerar el aparato penal como un todo integrado por policías, fiscales, jueces y operadores penitenciarios.

Por tal motivo, el 19 de agosto de 2025, el CAL presentó al Congreso una iniciativa legislativa que busca derogar por lo menos 13 leyes que “atentan contra la seguridad ciudadana y protegen el crimen organizado”.

Cuestionada

La Ley 31989 modificó el marco legal de la lucha contra el crimen organizado y la minería ilegal en el Perú, al derogar la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607, que modificaba la Ley contra el Crimen Organizado (N° 30077).

Esta contrarreforma eliminó la facultad de la Policía para intervenir y detener de manera directa a los mineros en proceso de formalización que poseyeran explosivos o insumos químicos sin la autorización correspondiente.

Cabe señalar que la Ley 31989 se originó por la acumulación de seis proyectos legislativos, entre los cuales figura el 7049/2023-CR, presentado el 15 de febrero de 2024 por el congresista Luis Kamiche, del grupo parlamentario Cambio Democrático-Juntos por el Perú (CD-JPP).

Roberto Sánchez figura como su coautor.

La iniciativa buscaba eliminar la obligación de que los mineros inscritos en el Reinfo presentaran, en un plazo de 90 días calendario, un contrato de explotación o cesión debidamente inscrito en los Registros Públicos.

Los mineros que no cumplieran ese requisito perdían su inscripción de manera automática y su actividad pasaba a considerarse ilegal, con las consecuencias penales y administrativas correspondientes.

La propuesta alegaba que exigir un contrato de explotación para mantenerse en el proceso de formalización minera era una condición que muchos pequeños mineros no podían cumplir.

Por tal motivo, según el proyecto, es de necesidad pública la protección de estos mineros, a quienes definió como “aliados del Gobierno en la lucha contra el crimen organizado”.

Añade que su organización gremial funcionó como barrera frente al avance de estructuras criminales en zonas extractivas.

Evolución

La iniciativa legislativa fue revisada en dos comisiones del Congreso, la de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas; así como la de Energía y Minas, el 19 de febrero de 2024.

El 13 de marzo de 2024 fue debatida en el pleno y consiguió su aprobación en la primera votación, con 73 votos a favor, 16 en contra y 11 abstenciones.

El voto de Sánchez fue afirmativo, aunque su bancada estuvo dividida: cuatro de los nueve congresistas de JP que estuvieron presentes se opusieron.

No obstante, el proyecto sumó los votos favorables de las bancadas de Fuerza Popular (17), el Bloque Magisterial de Concertación Nacional (8), Perú Libre (7), Alianza para el Progreso (7) y Renovación Popular (6).

Incluso, los No Agrupados sumaron 10 votos más.

Junto con Podemos Perú, Perú Bicentenario y Somos Perú, que tuvieron cuatro votos a favor cada uno, la norma logró aprobarse por mayoría.

Tras exonerarse de una segunda votación, la Ley 31989 fue promulgada el 20 de marzo de 2024, con la firma de la expresidenta Dina Boluarte.

Análisis

El abogado penalista Andy Carrión explicó a Correo que la Ley 31989 incide en la persecución de delitos específicos vinculados a la minería ilegal, al limitar la capacidad de incautación e investigación de la Fiscalía y la Policía.

“Al quitarle esta herramienta, estás debilitando absolutamente la lucha contra este tipo de delitos”, alertó.

Para Carrión, la ley genera un vacío operativo que favorece la circulación de esos insumos sin posibilidad de respuesta inmediata del Estado.

“Lo único que va a promover esta ley es, de alguna manera, descontrolar los materiales que antes eventualmente podían ser incautados”, dijo.

Carrión subrayó que la minería ilegal no opera de manera aislada, sino que es eje articulador de una cadena de delitos que golpea a la sociedad peruana, como el sicariato, la extorsión y la trata de personas, y que dificultar su persecución agrava el conjunto.

“No se está luchando eficazmente contra uno de los delitos que más está arreciando a nuestra sociedad durante los últimos años” concluyó el especialista.

Por su parte, el abogado ambientalista César Ipenza precisó que la norma le quitó a la Policía la posibilidad de incautar explosivos a mineros con inscripción suspendida en el Reinfo, y que esa restricción carece de justificación legal.

“Un minero con Reinfo suspendido no debería estar operando de acuerdo a la ley, entonces no se entiende por qué tendría que tener explosivos”, señaló el especialista.

El experto rechazó el argumento de que la norma protege un proceso de formalización legítimo, y sostiene que la intervención policial no interfiere con la formalización sino que opera sobre mineros que ya no deberían estar activos.

“Esta norma sí ha debilitado la lucha contra el crimen organizado, porque es una herramienta que permite a las organizaciones criminales decir que están quizá usando o transportando para la minería informal con Reinfo suspendido, pero en la práctica está yéndose a la extorsión, al sicariato y actividades vinculadas a las organizaciones criminales”, concluyó Ipenza.

Sin embargo, una revisión de las votaciones realizadas en el Legislativo revela una contradicción política: tres de esas normas tuvieron el respaldo de sus candidatos al Congreso bicameral, cuando ejercían como parlamentarios en la presente gestión.

Desglose

La primera es la Ley 31990, que modifica el régimen de colaboración eficaz.

La norma establece un plazo máximo de ocho meses, prorrogable por cuatro más, para verificar la información que brindan los colaboradores eficaces.

El Ministerio Público (MP) advierte que obstaculiza gravemente la investigación de delitos complejos, precisamente los casos que más tiempo y pruebas requieren para ser corroborados.

Esta ley fue aprobada por insistencia con los votos de los candidatos de JP al Senado: Silvana Robles, Margot Palacios y Pasión Dávila.

La segunda es la Ley 31751, que reduce los plazos de prescripción penal para ciertos delitos.

Según la Fiscalía, esta modificación impide la persecución de delitos graves, pues los casos prescriben antes de que la justicia pueda actuar.

Margot Palacios, Pasión Dávila y Elías Varas votaron a favor de tal iniciativa durante la primera votación en el pleno.

La última es la Ley 32108, que restringe el delito de organización criminal únicamente a grupos que busquen controlar cadenas de valor de economías o mercados ilegales, y que además exige la presencia de un defensor público durante los allanamientos.

La Fiscalía alertó que esta exigencia complica la agilidad de las investigaciones y dificulta la tipificación y sanción de grupos criminales.

El congresista Dávila fue el único candidato que respaldó esta norma en la primera votación del pleno, y es el único parlamentario que votó a favor de las tres leyes que prometen eliminar.

Pasado

Estos 4 candidatos al Senado por JP ingresaron al Congreso en 2021 con Perú Libre, y actualmente están dispersos en otros grupos parlamentarios.

Elías Varas pertenece a la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial. Mientras que Dávila y Robles pertenecen a la bancada Socialista.

Sin embargo, Palacios forma parte de los 11 No Agrupados del legislativo.

La recomendación también fue dirigida a los simpatizantes y militantes de ambas agrupaciones políticas que acompañarán a los postulantes en los exteriores del lugar donde se realizará el debate. Según indicó el colegiado, resulta importante preservar un ambiente de respeto similar al observado durante el debate técnico realizado la semana pasada.

A través de un comunicado, el Tribunal de Honor recordó a los candidatos la importancia de ajustar su participación a los compromisos asumidos dentro del Pacto Ético Electoral. La entidad consideró que este espacio debe servir para presentar propuestas y permitir que la ciudadanía conozca las posiciones de quienes aspiran a conducir el país.

“Requerimos a ambos candidatos presidenciales que, durante la ejecución de esta actividad (debate), eviten cualquier tipo de agresión, ataque personal, comentario discriminatorio y/o actos de discriminación hacia cualquiera de los miembros y simpatizantes del partido contrario, y de la ciudadanía en general”, indica el comunicado.

Comunicado del Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral pic.twitter.com/sfNgd5evMX

— JNE Perú (@JNE_Peru) May 30, 2026

Saludan desempeño de equipos técnicos

Por otro lado, el colegiado destacó el comportamiento mostrado por los equipos técnicos de ambas organizaciones políticas durante el debate realizado el pasado 24 de mayo. Según señaló, los representantes respetaron los acuerdos establecidos previamente para el desarrollo de esa actividad.

El organismo valoró el cumplimiento de las disposiciones logísticas y de organización acordadas entre las partes. En esa línea, expresó su reconocimiento por la forma en que se desarrolló dicho encuentro.

Finalmente, el organismo insistió en mantener la moderación durante toda la jornada. El objetivo, indicó, es contribuir a que esta actividad se realice en un ambiente adecuado y acorde con la importancia del proceso electoral.

El acuerdo fue presentado en el contexto de la campaña hacia la segunda vuelta electoral. Asimismo, plantea una serie de reformas en materia política, económica, social, ambiental y de gestión pública, además de mecanismos de seguimiento ciudadano.

¿Cuáles son los prinicipales compromisos del acuerdo?

El documento detalla una serie de ejes que buscan orientar las acciones de un eventual gobierno. Estos puntos recogen propuestas de reforma institucional, políticas sociales y medidas de desarrollo.

¿Qué organizaciones participaron?

El pacto fue firmado por gremios sindicales, organizaciones campesinas, colectivos ciudadanos y agrupaciones políticas de alcance nacional. Entre ellas figuran la CUT Perú, la Confederación Campesina del Perú y la FENMUCARINAP.

Durante el acto de presentación, Sánchez agradeció el respaldo recibido y destacó el rol de los sectores sociales en su propuesta política.

“Contra todo pronóstico estamos acá porque ese bendito pueblo nos ha traído con una inmensa responsabilidad: recuperar la patria, la unidad del movimiento popular y social, el consenso con nuestra patria, que la vida, la justicia y la democracia se pongan como lo esencial”, manifestó.

El documento también incorpora un mecanismo de seguimiento ciudadano denominado voto vigilante, mediante el cual las organizaciones firmantes podrán supervisar el cumplimiento de los compromisos establecidos.

De acuerdo con la información fiscal, las pesquisas se centran en la elaboración de un decreto de urgencia que buscaba establecer un mecanismo excepcional para adquisiciones destinadas al abastecimiento de medicamentos, equipos e insumos médicos. El Ministerio Público busca determinar si durante ese proceso se produjeron irregularidades o acciones contrarias a la normativa vigente.

Las diligencias estuvieron a cargo del sexto despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro. El equipo fiscal acudió a las oficinas administrativas de la institución para recopilar documentación vinculada a la propuesta evaluada por EsSalud.

Según las investigaciones preliminares, el proyecto contemplaba la posibilidad de efectuar compras de manera directa sin seguir los procedimientos ordinarios de licitación pública. La medida tenía como argumento atender el desabastecimiento de medicamentos y otros productos necesarios para la atención de los asegurados.

🚨 #LoÚltimo | Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro realiza diligencias urgentes en la sede central del Seguro Social de Salud (EsSalud), ante la presunta comisión de actos de corrupción en dicha… pic.twitter.com/heeZ6QL8JP

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 30, 2026

¿Cómo se defendió EsSalud?

Tras conocerse la intervención fiscal, EsSalud emitió un pronunciamiento para precisar el alcance de las investigaciones. La institución sostuvo que la iniciativa analizada nunca llegó a ejecutarse y que no generó contrataciones ni desembolsos de recursos públicos.

En su comunicado, la entidad remarcó que el caso investigado está relacionado únicamente con la formulación de una propuesta normativa. Asimismo, indicó que los montos mencionados corresponden a una proyección técnica vinculada al abastecimiento anual de productos farmacéuticos.

“No se ha realizado ninguna contratación, adjudicación ni desembolso de fondos públicos”, aseguró la institución.

EsSalud señaló que el planteamiento surgió ante la necesidad de encontrar mecanismos que permitieran responder con mayor rapidez a problemas de abastecimiento en sus establecimientos de salud. Según explicó, la finalidad era asegurar la disponibilidad de medicamentos, materiales médicos e insumos esenciales para la atención de los pacientes.

No obstante, la entidad indicó que el proyecto fue sometido a evaluaciones técnicas y legales antes de adoptar una decisión. Como resultado de ese análisis, la propuesta finalmente fue descartada y no continuó su trámite.

“La propuesta fue evaluada técnica y legalmente y finalmente desestimada antes de la intervención fiscal”, se precisa en el comunicado.

El Seguro Social de Salud aseguró que viene atendiendo los requerimientos formulados por las autoridades encargadas de la investigación. En ese sentido, resaltó que ha facilitado el acceso a la información y documentos solicitados durante las diligencias y que mantendrá su colaboración con las autoridades.

#Comunicado | #EsSalud informa: pic.twitter.com/h8t0QxaPnW

— EsSalud Perú (@EsSaludPeru) May 30, 2026

Frente a este escenario, la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales, presidida por el titular del JNE, fue convocada para evaluar medidas que permitan garantizar el normal desarrollo de los comicios. La reunión busca fortalecer las acciones de prevención y coordinar respuestas ante posibles contingencias vinculadas a la conflictividad social.

🚨El JNE monitorea constantemente los conflictos sociales que puedan alterar la #SegundaVuelta #EG2026. Eugenia Fernan-Zegarra, Directora de Coordinación Territorial, alertó que bloqueos de vías y protestas universitarias ponen en riesgo el despliegue del material electoral. pic.twitter.com/O4ZFDieTSm

— JNE Perú (@JNE_Peru) May 30, 2026

¿Cómo se realizará el seguimiento?

La directora de la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, Eugenia Fernán Zegarra, indicó que la institución realiza un monitoreo constante de la situación en todo el país. Para ello, cuenta con gestores especializados desplegados en las diferentes regiones y con el apoyo de 28 comisiones interinstitucionales que trabajan junto a los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Este sistema permite recopilar información actualizada sobre protestas, paralizaciones e interrupciones de vías. Los reportes son utilizados para identificar posibles riesgos que puedan impactar en la organización de la jornada electoral.

Reporte fue enviado a la ONPE

Como parte de las acciones preventivas, el JNE remitió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) un informe detallado con los puntos donde se registran bloqueos y manifestaciones. El objetivo es proteger las rutas empleadas para el transporte del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

La medida también busca asegurar que los electores puedan movilizarse sin inconvenientes el día de la votación. Según la entidad, mantener la transitabilidad en las principales vías resulta fundamental para garantizar el desarrollo del proceso.

El organismo electoral informó que viene articulando acciones con diversas entidades públicas para atender los riesgos identificados. Entre ellas se encuentran la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías, Sutran, el Ministerio de Educación y la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, las coordinaciones involucran al Ministerio del Interior y al Ministerio Público. Estas gestiones buscan establecer mecanismos de respuesta frente a eventuales situaciones que puedan afectar la segunda vuelta presidencial.

La preocupación del JNE no se limita al territorio nacional. Por ello, la institución comunicó al Ministerio de Relaciones Exteriores la situación social que atraviesa Bolivia, particularmente en ciudades como La Paz y Cochabamba.

La finalidad es que los consulados peruanos adopten las previsiones necesarias para facilitar el voto de los ciudadanos peruanos residentes en ese país. De esta manera, se busca evitar que las protestas registradas en territorio boliviano generen dificultades durante la jornada electoral.

La visita forma parte de las acciones de transparencia impulsadas por la ONPE con las organizaciones políticas que continúan en competencia. Según la entidad, la misma dinámica fue aplicada anteriormente con los partidos que participaron en la primera vuelta de los comicios generales.

#ONPEinforma | Personeros técnicos de @FuerzaPopular__ acudieron hoy a la Sala Multipropósito habilitada en nuestra sede central, donde pudieron conocer el funcionamiento de las soluciones tecnológicas que se aplicarán en la segunda elección presidencial del 7 de junio. #SEP2026 pic.twitter.com/UzHW9rY4nj

— ONPE (@ONPE_oficial) May 29, 2026

¿Cómo se procesan las actas electorales?

Durante la presentación, los representantes de Fuerza Popular recibieron detalles sobre el recorrido que siguen las actas desde que son entregadas por los miembros de mesa hasta su incorporación al sistema nacional de cómputo. Además, se les mostró el funcionamiento de los 126 centros de cómputo instalados en igual número de Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

La ONPE explicó que los documentos llegan en sobres lacrados y son sometidos a una primera verificación para comprobar que mantienen las medidas de seguridad establecidas. Posteriormente, las actas son digitalizadas para iniciar el proceso de registro de información.

Una vez escaneados los documentos, un operador ingresa los datos contenidos en cada acta mediante un sistema aleatorio que no permite identificar a qué organización política pertenecen los votos consignados. De esta manera, se busca garantizar la imparcialidad durante el procesamiento de la información.

Inteligencia artificial apoya la verificación de datos

Los especialistas también detallaron que el sistema incorpora herramientas de inteligencia artificial para fortalecer los controles de calidad. Estas tecnologías verifican aspectos relacionados con la calidad del escaneo, la presencia de firmas obligatorias y otros elementos necesarios para validar el documento.

Asimismo, la lectura automatizada permite contrastar los datos registrados por el operador con la información contenida en el acta digitalizada. Sin embargo, la ONPE precisó que esta tecnología cumple únicamente una función de verificación y no reemplaza el trabajo realizado por el personal autorizado.

Cuando la información registrada coincide con la lectura automatizada, el procesamiento continúa con normalidad. En caso de detectarse diferencias, el documento es revisado nuevamente por otro operador para confirmar los datos.

Si las discrepancias persisten después de una segunda revisión, interviene el coordinador del centro de cómputo. Su función es realizar una nueva evaluación para determinar cuál es la información correcta antes de que el acta avance a la siguiente etapa.

¿Qué ocurre con las actas observadas?

La ONPE informó que las actas que presentan observaciones son derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE). Estos órganos del Jurado Nacional de Elecciones son los encargados de emitir una resolución sobre cada caso.

Por otro lado, las actas que superan el proceso de validación sin observaciones son incorporadas al cómputo oficial. Posteriormente, la información es transmitida al centro nacional donde se consolidan los resultados de la elección.

La entidad también recordó que la ciudadanía puede acceder a la información registrada en las actas electorales. Para ello, se encuentra habilitado el sistema de consulta pública que permite visualizar tanto los datos como las imágenes digitalizadas de los documentos mediante el número de mesa o el DNI de un elector.

Durante la actividad, la ONPE informó a los representantes de Fuerza Popular que las organizaciones políticas que participan en la segunda vuelta cuentan con acceso a un módulo especializado para la descarga masiva de actas electorales. Esta herramienta está disponible para los personeros técnicos de ambas agrupaciones que continúan en carrera electoral.

Además, los funcionarios brindaron información relacionada con el código fuente de los sistemas informáticos que serán utilizados durante el proceso. El objetivo es que las organizaciones políticas conozcan los mecanismos tecnológicos que respaldan el cómputo y la difusión de resultados.

Así lo reveló un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio, el cual da cuenta que durante una reciente visita a la región Huánuco, Sánchez y sus candidatos a las vicepresidencias se movilizaron en una camioneta inscrita a nombre de Miller Kelvin Claudio Martel. De acuerdo con la investigación, este fue intervenido en 2010 cuando transportaba aproximadamente 14 kilogramos de pasta básica de cocaína.

El reportaje también señala que, durante una actividad proselitista en Piura el pasado 25 de enero, el candidato habría utilizado otra camioneta registrada a nombre de una empresa inmobiliaria cuyo propietario, José Feria Madrid, fue investigado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de una organización dedicada al tráfico de terrenos.

Asimismo, la investigación indica que Feria Madrid fue candidato al Senado por Juntos por el Perú y cuenta con una sentencia firme por delito doloso. Hasta el momento, Roberto Sánchez y su agrupación política no han emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

Propietario de camioneta

En declaraciones a Canal N, Fiorella Cubas, periodista de investigación de El Comercio, dijo que el reportaje sobre los vehículos utilizados por el candidato presidencial Roberto Sánchez se inició a partir de fotografías difundidas en las propias redes sociales del postulante.

Tras identificar la placa de una camioneta empleada durante una actividad de campaña en Huánuco, el equipo periodístico verificó que estaba registrada a nombre de una persona intervenida en 2010 cuando transportaba 14 kilos de pasta básica de cocaína. Según Cubas, el propietario confirmó haber facilitado el vehículo para el traslado de la plancha presidencial a pedido de un familiar.

Con ello, nuestro país se ubica como el cuarto país más poblado de Sudamérica, después de Brasil, Colombia y Argentina. Del total, 32,7 millones fueron censados directamente y 1,45 millones corresponden a población omitida estimada mediante la encuesta poscensal, equivalente al 4,25 % del total nacional.

Entre 2017 y 2025, la población creció en 2,92 millones de personas, con una tasa promedio anual de 1,11 %, superior a la registrada en el periodo anterior. El INEI atribuye este comportamiento, entre otros factores, a la inmigración extranjera.

Las mujeres representan el 50,6 % de la población, frente al 49,4 % de los hombres. Además, continúa el proceso de envejecimiento demográfico: la edad promedio pasó de 32 a 34,2 años, mientras que la población de 60 años a más aumentó de 11,7 % a 14,8 %.

Los mayores niveles de envejecimiento se registran en los departamentos de Puno y Moquegua, donde existen 88 y 87 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, respectivamente.

Lima Metropolitana concentra 10,1 millones de habitantes, equivalentes al 29,7 % de la población nacional. Le siguen Piura, con 2 millones 115 mil 587 habitantes; La Libertad, con 2 millones 56 mil 560; y Arequipa, con 1 millón 814 mil 396 personas.

MIGRACIÓN

Lima registra el mayor saldo migratorio positivo del país, con más de 2,3 millones de personas. También destacan Arequipa, Callao, Tacna, San Martín, Ica, Ucayali y Madre de Dios por recibir más población de la que expulsan. En contraste, Cajamarca registra el mayor saldo migratorio negativo, seguida por Puno, Huancavelica, Áncash, Piura y Ayacucho.

Reducción

Pasco fue el único departamento del Perú que registró una reducción en su cantidad de habitantes.

• 2040 la población adulta mayor de 60 años a más superará cuantitativamente a los menores de 15 años.

La denuncia efectuada por el también parlamentario Edwin Martínez se dio en julio del 2024, cuando afirmó tener en su poder documentos y chats donde se habrían coordinado esfuerzos para evitar la captura de Vladimir Cerrón, involucrando a congresistas de Perú Libre y la autoridad del Gobierno Regional de Arequipa.

La denuncia también alcanzaba al ex comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, y a su hermano Carlos Zanabria, quien se desempeñó como asesor de Rohel Sánchez, además de Enrique Vilchez, ex secretario del Despacho Presidencial, Richard Rojas y Ruth Palacios.

Entre los argumentos de la Fiscalía para el archivo de la denuncia se encuentra que los chats presentados por Martínez no han podido ser corroborados en cuanto a su autenticidad.

Asimismo, no existen los elementos de convicción suficientes para demostrar el encubrimiento por parte de los denunciados, descartando que existan elementos de convicción suficientes para formalizar una investigación preparatoria.

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La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 020-2026-EM, publicada este sábado en el boletín del diario El Peruano.

De manera paralela, se dio por concluida la designación de Carlos Alfredo Virgilio Niño Neira Ramos al frente de la entidad, agradeciéndosele por los servicios prestados durante su gestión entre enero y mayo de este año.

Bertarelli es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta con una maestría en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad de Piura.

Además, posee una amplia trayectoria en el sector público, especialmente en Petroperú, donde ocupó diversos cargos de alta dirección, entre ellos los de presidente del directorio y gerente general.

Las resoluciones fueron suscritas por el presidente de la República, José María Balcázar, y el ministro de Energía y Minas, Walter Ayasta.

Pedro Francke, coordinador del equipo, lo presentó ante la prensa extranjera como especialista independiente con trayectoria en gestión regional.

Benavente fue gobernador del Cusco entre 2019 y 2022, por Acción Popular, y presidió la Asociación de Gobiernos Regionales.

Sin embargo, la exautoridad registra un antecedente que contrasta con el perfil que JP busca proyectar.

Incidente

El 8 de marzo de 2024, Benavente agredió físicamente a Eduardo Arbulú, exempleado del Gobierno Regional del Cusco (GORE Cusco), en una calle de la ciudad imperial.

Vecinos registraron el ataque en video. En el material se aprecia a Benavente dejando unos documentos en una camioneta antes de arremeter contra Arbulú, quien apenas alcanzó a cubrirse el rostro.

El exgobernador intentó empujar la cabeza del hombre contra un vehículo estacionado y le propinó varios puñetazos.La Policía Nacional condujo a Benavente a la comisaría de Wanchaq, y a su salida intentó justificarse ante la prensa.

“Deben entender de que mientras yo caminaba, este señor (Arbulú) desde su carro me insulta, se para a media vía, sigue provocando, a pesar que se le intenta calmar, sigue agrediendo: improperios, insultando”, aseveró.

Benavente alegó que Arbulú insulto a su fallecida madre y que esto lo “enervó”, provocando una “trifulca”.

El exfuncionario, incluso, insinuó motivaciones laborales por parte de Arbulú, al sostener que “si no estuvo de acuerdo con algunas cosas (en su gestión), pues las pudo haber denunciado en su momento y no estar insultándome”.

Al cierre de la edición, JP no se había pronunciado sobre la agresión registrada hace dos años.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundada la excepción de improcedencia de acción y determinó que los hechos imputados al “hermanísimo” “sí poseen contenido penal”.

Boluarte es investigado por, presuntamente, usar el aparato estatal y el sistema de prefectos para obtener beneficios económicos y lograr la inscripción y el sostenimiento del partido Ciudadanos por el Perú.

El juez Concepción Carhuancho reconvirtió el delito imputado al coinvestigado Jorge Ortiz de cohecho pasivo propio a impropio.

“El debate presidencial demostró que no hay polarización, sino marcadas coincidencias entre FP y JP. Ante esta situación, compleja, por cierto, la Asamblea otorga a la militancia la libertad de ejercer su voto crítico y táctico”, reza el comunicado.

La agrupación que llevó a la presidencia al golpista Pedro Castillo calificó que ambas candidaturas son “las dos caras de la misma moneda” y que la única diferencia es la “disputa” por la estatización, la renegociación de los contratos ley y la nacionalización de recursos.

Además, instó a sus militantes al “voto crítico y táctico”.

El domingo pasado fue el turno de sus equipos técnicos, los que expusieron decenas de propuestas. Sin embargo, un análisis de estos planteamientos concluyó que 40 de las 74 iniciativas difundidas por JP no aparecen en su plan de gobierno, el 54%.

De acuerdo con un informe elaborado por el Centro Wiñaq, solo ocho de las propuestas mencionadas por representantes del partido de izquierda pueden encontrarse de manera expresa en el mencionado documento. Incluso, otras 20 presentan coincidencias solo parciales.

En detalle

Para muestra, hay varios botones. En el bloque de Juventud y Deporte, uno de los planteamientos del sociólogo Ernesto Zunini fue “Mi Primera Chamba”, programa orientado a facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, pero que no aparece en su plan.

“Cien mil jóvenes recibirán 6,150 soles en una cuenta individual del Banco de la Nación, que podrán ser utilizados durante 5 años para capacitación acreditada, capital semilla para emprendimiento o para subvencionar seis meses de salario en su primer puesto de trabajo formal”, añadió Zunini.

En el mismo eje, propuso crear “Casa Futuro”, una red de espacios destinados a la atención y desarrollo de los jóvenes y que tampoco figura en el plan de gobierno de Juntos por el Perú.

“Organizaremos ‘Casa Futuro’, polideportivos en Lima y en las capitales del país donde, además, habrá bibliotecas y centros de recursos equipados con tecnología, donde se brindará asistencia de orientación vocacional, psicológica, educación sexual y reproductiva”, sostuvo.

En el bloque de Infraestructura, el economista Gustavo Guerra García planteó recuperar el ducto de Camisea al Cusco y relanzar el Gasoducto del Sur. Ambas propuestas no pudieron ser ubicadas de manera manifiesta en el plan de Juntos por el Perú.

“Tenemos que recuperar el ducto de Camisea al Cusco. No necesitamos el Gasoducto del Sur, porque no podemos seguir teniendo a la gente que está en la zona de producción de Camisea pagando un precio del gas mucho más elevado que el de Lima. Necesitamos una red de gasoductos para igualar los precios en todo el Perú”, remarcó durante su exposición.

Más adelante, en el segmento de bolsón de tiempo, Guerra García volvió sobre el tema y cuestionó la paralización de la obra. “No puede ser que no hagamos una obra que está 35% construida y que tenemos que relanzar (...) tenemos paralizado el Gasoducto del Sur”, enfatizó.

El informe, además, identificó seis propuestas que contradicen las metas consignadas por JP en su plan de gobierno. Una de ellas está relacionada con la ampliación de becas estatales para jóvenes de escasos recursos.

El documento partidario plantea incrementar los beneficiarios de Beca 18 a 120 mil y los de la Segunda Oportunidad a 50 mil, para un total de 170 mil jóvenes.

Sin embargo, en el debate Zunini dijo: “Ampliaremos las becas del Estado a 30 mil, enfocándonos en los jóvenes en situación de pobreza de zonas urbano-marginales y comunidades originarias”.

Otra de las discrepancias se detectó en el capítulo económico. Pedro Francke, exministro de ese sector del golpista Pedro Castillo, aseguró que un eventual gobierno de Juntos por el Perú promoverá la inversión privada, respetará los contratos vigentes y mantendrá la estabilidad macroeconómica.

“Hace falta promover la inversión privada y para eso estamos comprometidos. No habrá estatizaciones, como nos quieren mentir acá”, afirmó.

No obstante, esta posición contrasta con el plan de gobierno de la agrupación, que plantea una economía alternativa al modelo neoliberal, la eliminación de los contratos-ley y una mayor participación del Estado en sectores estratégicos.

Opinión

Para Fernando Tincopa, politólogo del Centro Wiñaq, las diferencias detectadas entre las propuestas expuestas en el debate técnico y el plan de gobierno dejan una interrogante sobre cuál sería realmente la hoja de ruta de Juntos por el Perú.

“¿A quién debemos creer? ¿Si al plan original y al candidato que hasta hace un mes estaba reforzando en eventos públicos todo lo que decía el plan o a los voceros técnicos invitados para la segunda vuelta?”, dijo a Correo.

Añadió que Sánchez no ha aclarado si mantiene las propuestas contenidas en el documento partidario o las posiciones más moderadas expuestas por su equipo técnico durante el debate.

“No es conveniente para Sánchez entrar en una precisión de ese nivel, sino más bien caer en la más grande de las ambigüedades y de las generalizaciones que le permitan sobrevivir y quedar bien con uno y otro lado”, indicó.

Agregó que un deslinde abierto con Antauro Humala podría generarle costos políticos, debido a la necesidad de construir una mayoría parlamentaria.

“Probablemente él vaya a ir por una ruta un tanto más ambigua y genérica, como el abanderar el antifujimorismo puro y duro, porque en esa canasta pueden caer ambos grupos: los de la izquierda un tanto más radical de Antauro como los de la centroizquierda”, concluyó.

“Hemos conversado mucho respecto a las garantías que se tienen que dar, por ejemplo, de protección de los datos de las personas o de los miembros de mesa que podrían estar ahí”, justificó en una entrevista institucional.

Precedente

No obstante, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó el pasado 22 de mayo que Fuerza Popular y Juntos por el Perú suscribieron un acta para permitir que sus personeros registren en video o fotografía el escrutinio de votos durante la segunda vuelta del 7 de junio.

La ONPE recalcó que están prohibidas las transmisiones en vivo del conteo de votos y añadió que esta restricción busca preservar la tranquilidad de quienes integran las mesas de votación.

Facultades

Para Burneo, sin embargo, los miembros de mesa pueden permitir o restringir las grabaciones según su criterio. Precisó que esa potestad responde al rol que la ley les asigna como primera autoridad durante el acto electoral.

El funcionario señaló que los miembros de mesa podrán recurrir a la fuerza pública si algún registro interrumpe el desarrollo normal de la jornada electoral.

No obstante, aclaró que espera que la situación no llegue a ese extremo.

“Ellos son los que van a poner, digamos, algunas reglas en torno a estas grabaciones. Al principio se va a permitir, en la medida que no se vulneren otro tipo de derechos y otro tipo de garantía”, indicó.

Burneo agregó que el JNE reforzará esa supervisión con sus propios fiscalizadores, el próximo 7 de junio.

“No respaldaremos ninguna propuesta que genere incertidumbre, confrontación, desconfianza o ponga en riesgo el modelo de desarrollo que ha contribuido al crecimiento de nuestro país”, afirmaron.

La bancada fundamentó su posición en la necesidad de proteger la estabilidad económica, la propiedad privada y el modelo de desarrollo que, según su postura, ha impulsado el crecimiento del país durante las últimas décadas.

Cabe señalar que Avanza País obtuvo 32,585 votos en la primera vuelta, con su candidato José Williams.

Esto equivale al 0.195% de los votos válidos en todo el país y en el exterior, porcentaje que lo dejó fuera de contienda.

Paredes estuvo al frente del INPE hasta enero de este año, cuando presentó su renuncia irrevocable al cargo. Su salida se produjo tras haber liderado la institución en un contexto de reformas en el sistema penitenciario.

¿Qué informó el Ministerio de Justicia?

Tras conocerse el deceso, el Ministerio de Justicia emitió un mensaje a través de sus redes sociales expresando su pesar por lo ocurrido. La entidad destacó el rol que cumplió el exfuncionario durante su gestión en el sistema penitenciario.

“Desde el MINJUSDH lamentamos el sensible fallecimiento del expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco. Con profundo pesar expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, se lee en el comunicado.

Desde el MINJUSDH lamentamos el sensible fallecimiento del expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco. Con profundo pesar expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/cDuvKMZwbE

— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) May 30, 2026

¿Qué problemas de salud tenía?

Durante los primeros meses del año, Paredes brindó declaraciones públicas en las que mencionó complicaciones en su estado de salud. Estas estuvieron asociadas a afectaciones cardíacas que, según indicó, se habrían agravado por la presión del cargo.

En aquella oportunidad, el exjefe del INPE explicó que el estrés generado por la conducción de la institución influyó en su condición médica.

“He tenido temas fuertes, por temas privados no los podría comentar, pero son temas fuertes de salud del corazón, cardiaco y a raíz del estrés, el médico me dice que por el estrés. Es un punto importante porque por ejemplo para mis labores tendría que irme a la sierra a hacer requisas y realmente, es materialmente imposibles, no lo voy a poder hacer”, comentó en Exitosa.

Cabe precisar que hasta el cierre de esta nota, no se han difundido detalles adicionales sobre las circunstancias de su deceso. Se espera que en las próximas horas se emitan más pronunciamientos oficiales.

La incorporación de Solano al Consejo de Ministros se produjo luego de que Óscar Fausto Fernández Cáceres presentara su renuncia al cargo. La decisión se oficializó de manera inmediata y marca una nueva modificación dentro del equipo ministerial.

🔴🔵 🚨 #LOÚLTIMO | Esta noche se realizó la ceremonia de juramentación del nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, que ahora tiene en el cargo a Freddy José María Solano, quien asume en lugar de Óscar Fernández Cáceres. Cuenta con experiencia en gestión estatal,… pic.twitter.com/3RpPeHiHDY

— Exitosa Noticias (@exitosape) May 30, 2026

La salida de Fernández llamó la atención debido a que un día antes había recibido autorización para viajar al extranjero en representación del Estado peruano. El permiso comprendía actividades programadas entre el 7 y el 17 de junio en Suiza y España.

Entre las actividades previstas figuraba su participación en la Conferencia Internacional del Trabajo organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, tenía previsto asistir al Congreso de Prevención de Riesgos Laborales que se desarrollará en la ciudad de Barcelona.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha difundido mayores detalles sobre las razones que motivaron el relevo en la conducción del sector. Con la juramentación de Solano, la representación del ministerio queda bajo una nueva administración.

¿Quién es Freddy Solano?

El nuevo titular del sector de Trabajo, es abogado de profesión y cursó estudios en la Universidad Nacional de Trujillo. Además, cuenta con una maestría especializada en Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública. Su experiencia está vinculada a entidades relacionadas con el desarrollo económico, la promoción de inversiones y la gestión de programas sociales.

Entre las responsabilidades que asumió anteriormente figura la presidencia ejecutiva de PromPerú. Durante su gestión estuvo involucrado en acciones orientadas a la promoción del turismo y las exportaciones peruanas.

También presidió el directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac). Desde esa posición participó en la gestión de asuntos relacionados con la conectividad aérea nacional.

Otro de los cargos que desempeñó fue la dirección ejecutiva del programa Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Dicho programa está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad y busca brindar asistencia económica a sus beneficiarios.

Ámbito laboral

La carrera de Solano también incluye experiencia en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Dentro de esa institución ocupó distintos puestos hasta llegar a ejercer la máxima autoridad de la entidad.

Su paso por la Sunafil estuvo relacionado con labores de supervisión del cumplimiento de la normativa laboral y acciones vinculadas a la formalización del empleo. Esa experiencia constituye uno de los principales antecedentes de su trayectoria en el ámbito del trabajo y la seguridad social.

Con su incorporación al gabinete, Solano asumirá la responsabilidad de dirigir las políticas del sector laboral y de promoción del empleo. Además, tendrá a su cargo la conducción de una cartera vinculada a temas de formalización, relaciones laborales y protección de los derechos de los trabajadores.

Según la información difundida por la entidad, Carlos Loyola obtuvo la calificación más alta con 75 puntos. En segundo lugar se ubicó Amparo Ortega, quien alcanzó un total de 71 puntos.

🔴 Presentamos los resultados de la Evaluación curricular del concurso público para la selección y nombramiento del jefe de la ONPE (𝘤𝘰𝘯𝘷𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘯.° 𝟢𝟢𝟣-𝟤𝟢𝟤𝟨-𝘚𝘕-𝘑𝘕𝘑). pic.twitter.com/sJgdDS1YPv

— Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) May 29, 2026

¿Qué evaluó la institución?

La puntuación obtenida por los postulantes se sustentó en distintos criterios establecidos por las bases del concurso. Entre ellos se consideraron aspectos relacionados con la trayectoria profesional, la formación académica y la experiencia en investigación.

En el caso de Loyola, obtuvo 40 puntos por experiencia y trayectoria profesional. A ello se sumaron 35 puntos correspondientes a la evaluación de estudios y especialización académica.

Por su parte, Ortega alcanzó 36 puntos en el rubro de experiencia profesional. Además, recibió 35 puntos por formación académica, lo que le permitió superar el umbral requerido para continuar en competencia.

Ninguno de los dos aspirantes obtuvo puntaje en el criterio referido a experiencia en investigación. Sin embargo, ambos lograron superar los 70 puntos mínimos establecidos para acceder a la siguiente fase.

Concluida esta evaluación, el concurso avanzará hacia una etapa enfocada en las propuestas de gestión de los candidatos. Los postulantes deberán sustentar los planes de trabajo que plantean para la conducción de la ONPE.

Posteriormente, ambos serán sometidos a una entrevista personal ante el comité evaluador. Esta fase será determinante para la selección de la persona que asumirá la dirección del organismo electoral.

La autoridad que resulte elegida tendrá la responsabilidad de liderar la institución encargada de organizar y ejecutar los procesos electorales del país. Asimismo, estará a cargo de supervisar diversas tareas vinculadas al funcionamiento del sistema electoral.

¿Por qué hay elecciones internas?

La designación del nuevo jefe de la ONPE se desarrolla luego de la renuncia de Piero Corvetto al cargo. Su gestión fue cuestionada por diversos sectores tras la realización de la primera vuelta presidencial del pasado 12 de abril.

Además, Corvetto afronta investigaciones por presuntos actos de corrupción. Tras su salida, la conducción de la entidad quedó temporalmente en manos de Bernardo Pachas, quien actualmente ejerce la jefatura de manera interina.

La culminación del concurso permitirá definir a la nueva autoridad que estará al frente de la ONPE. Con ello, la institución contará con un titular designado mediante el procedimiento establecido por la Junta Nacional de Justicia.