La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó este lunes 17 de agosto a Villa María del Triunfo (VMT) para inspeccionar las zonas afectadas por las intensas lloviznas e inundaciones registradas durante las últimas horas en Lima Sur.

La mandataria continúa así el recorrido iniciado por los sectores afectados de la capital para conocer los daños y supervisar las acciones de respuesta frente a la emergencia.

En Villa María del Triunfo se reportaron aniegos y problemas por el colapso de desagües. Una de las zonas afectadas fue el paso a desnivel del óvalo Nueva Esperanza, en la avenida Pachacútec, donde la acumulación de agua llegó a impedir el tránsito vehicular.

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Gobierno evalúa declarar zonas en emergencia

La visita de Fujimori a VMT se produce después de que la presidenta recorriera sectores afectados de Villa El Salvador, donde conversó con familias perjudicadas e ingresó a viviendas alcanzadas por las inundaciones.

Durante ese recorrido, la jefa del Estado anunció que el Ejecutivo evalúa declarar en estado de emergencia los distritos y regiones afectados por las lluvias.

“He hablado también con el primer ministro. Vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectadas”, manifestó.

El Gobierno también ha anunciado coordinaciones para brindar alimentos, atención sanitaria y apoyo a la población perjudicada, mientras diferentes sectores del Ejecutivo mantienen acciones frente a las consecuencias de las precipitaciones.

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Villa María del Triunfo entre los distritos afectados

Las lluvias ocasionaron diferentes emergencias en VMT. En el bypass del óvalo Nueva Esperanza, un bus de transporte público quedó atrapado por la acumulación de agua y sus pasajeros tuvieron que abandonar la unidad.

Además, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso que las instituciones educativas ubicadas en las zonas afectadas de Villa María del Triunfo desarrollen sus actividades de manera virtual este lunes 17 de agosto.

Las autoridades continúan evaluando los daños y las condiciones de los sectores afectados de Lima Sur.

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori evalúa una eventual reducción del número de ministerios como parte de las medidas que podrían aplicarse sobre la estructura del Estado, según informó este lunes 17 de agosto el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

En declaraciones a Exitosa, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el tema se encuentra en la agenda del Ejecutivo, aunque precisó que todavía no conoce los detalles de una eventual reorganización.

“Eso está en la agenda. Por mi lado, no ha entrado ese detalle”, respondió Cuba al ser consultado sobre una posible reducción de las carteras ministeriales.

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Elmer Cuba: “Pueden estar en dos ministerios o en 18”

El titular del MEF sostuvo que una reforma del Estado no debería ser evaluada únicamente en función de la cantidad de ministerios existentes.

Para Cuba, el capital humano y la preparación de los funcionarios públicos son factores determinantes para mejorar el funcionamiento del aparato estatal.

“Al final, el Estado peruano es su gente, es el capital humano que está ahí. Pueden estar en dos ministerios o en 18; eso no hace la diferencia”, afirmó.

El ministro agregó que el desempeño, la preparación y la integridad de los servidores públicos resultan fundamentales para alcanzar una gestión eficiente.

“Lo que marca la diferencia es tener buena gente, que trabaje, sea honesta y conozca su oficio. Con eso se puede cambiar el Estado peruano, al margen del número de ministerios”, manifestó.

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¿Qué ministerios serían reducidos o fusionados?

Hasta el momento, no se ha informado qué ministerios podrían ser fusionados, reorganizados o eliminados en caso de que el Ejecutivo decida avanzar con la propuesta.

Cuba señaló expresamente que no ha conocido el detalle de la iniciativa desde su sector. Por ello, sus declaraciones confirman que la discusión está en agenda, pero no la existencia de una decisión definitiva sobre el número de carteras que tendría el Ejecutivo.

Tampoco se han precisado plazos para presentar una propuesta formal ni el mecanismo legal que se utilizaría para una eventual modificación de la estructura ministerial.

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Reforma del Estado está en evaluación

Las declaraciones del ministro colocan nuevamente en discusión la organización del aparato estatal y la cantidad de ministerios que forman parte del Poder Ejecutivo.

Según Cuba, cualquier evaluación debería considerar no solo la estructura institucional, sino también la capacidad de los funcionarios encargados de ejecutar las políticas públicas.

Por el momento, la eventual reducción de ministerios permanece como una propuesta en evaluación dentro de la agenda gubernamental, a la espera de mayores precisiones del Ejecutivo.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, cuestionó este lunes 17 de agosto las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, quien había pedido no “exagerar” frente a las afectaciones ocasionadas por las lluvias en diferentes zonas del país.

Durante un recorrido por Villa El Salvador, donde supervisó la situación de las familias afectadas por los aniegos, Fujimori señaló que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no estaría dimensionando las pérdidas registradas.

“Creo que el ministro de Economía no está viendo la magnitud del daño, de las pérdidas y el dolor de las familias que están teniendo esta tristeza porque, en muchos casos, han perdido todo”, declaró la mandataria.

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Fujimori: “Lo importante es corregir las fallas estructurales”

La presidenta manifestó su solidaridad con las familias perjudicadas y sostuvo que las acciones del Gobierno no deben concentrarse únicamente en responder a la emergencia.

“Acá lo importante, además de atender la emergencia, es corregir las fallas estructurales”, afirmó Fujimori.

Las declaraciones se produjeron mientras la mandataria recorría sectores afectados de Villa El Salvador, donde las precipitaciones ocasionaron aniegos, ingreso de agua a viviendas y problemas relacionados con el sistema de desagüe.

Fujimori había señalado previamente que el Ejecutivo evalúa declarar en estado de emergencia los distritos y regiones afectados por las condiciones meteorológicas.

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¿Qué dijo Elmer Cuba sobre las lluvias?

El ministro de Economía, Elmer Cuba, había pedido mantener la calma frente a las precipitaciones y comparó las inundaciones registradas en el país con situaciones ocurridas en otras ciudades del mundo.

“No nos desesperemos. En todo el planeta hay lluvias, hasta París se inunda; Santiago de Chile, que está acostumbrado a lluvias, se inunda. Lo importante es salvar las vidas”, afirmó Cuba en una entrevista con Exitosa.

El titular del MEF sostuvo también que la prioridad debía ser evitar la pérdida de vidas y viviendas y señaló que los daños ocasionados en infraestructura pública pueden ser reparados.

“Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas”, agregó durante sus declaraciones.

Elmer Cuba pide disculpas tras cuestionamiento

Luego de las declaraciones de Fujimori, Cuba ofreció disculpas públicas durante una entrevista con RPP Noticias.

“Si alguien se ha sentido ofendido le pido mil disculpas. Estoy de acuerdo con lo que dijo la presidenta”, manifestó.

El ministro calificó sus declaraciones anteriores como una “expresión coloquial” y reconoció que, tras observar con mayor detenimiento la situación, existían otras preocupaciones relacionadas con las consecuencias de las precipitaciones.

La controversia se produce mientras el Ejecutivo despliega acciones para atender a las familias afectadas y evaluar los daños ocasionados por las lluvias en Lima y otras regiones.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará este miércoles 19 de agosto de 2026 los sorteos públicos que definirán el orden de los nombres y símbolos de las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La ubicación de los partidos políticos será determinada en la sede central de la ONPE, en Lima. En el caso de los movimientos regionales, los sorteos se desarrollarán en las correspondientes Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

En estos procedimientos serán consideradas las organizaciones políticas que hayan solicitado la inscripción de sus candidaturas ante los Jurados Electorales Especiales (JEE).

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¿Cómo se ubicarán partidos y movimientos en la cédula?

La estructura general de la cédula ya fue establecida mediante un sorteo público realizado el 10 de junio de 2026.

Como resultado de ese procedimiento, el bloque correspondiente a los partidos políticos estará ubicado en la parte superior de la cédula de sufragio, mientras que los movimientos regionales aparecerán en la sección inferior.

En el caso de las alianzas electorales, su ubicación dependerá de su alcance. Las de carácter nacional serán consideradas dentro del bloque correspondiente y las regionales se incorporarán en el respectivo bloque regional.

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Sorteo utilizará bolillero para definir el orden

Los sorteos se desarrollarán de acuerdo con las instrucciones aprobadas mediante la Resolución Jefatural N.° 000116-2026-JN/ONPE.

Cada organización política tendrá asignado un bolillo. El orden que ocuparán en la cédula se determinará según la secuencia en la que estos sean extraídos del bolillero durante el acto público.

Un notario público verificará las diferentes etapas del procedimiento y dará conformidad a los resultados obtenidos en cada sede.

¿Qué pasa si una candidatura es excluida?

Una vez definido el orden, podrían producirse modificaciones si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determina que alguna candidatura no sea inscrita o deba ser excluida.

En ese supuesto, la candidatura no aparecerá en la cédula y su ubicación será ocupada por la organización política situada inmediatamente debajo de ella en el orden establecido mediante el sorteo.

Este procedimiento permitirá que no queden filas vacías en las cédulas que finalmente utilizarán los electores.

Reniec, JNE y otras instituciones podrán presenciar los sorteos

Además de los notarios, los actos contarán con representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y del JNE o de los respectivos Jurados Electorales Especiales.

También serán invitados representantes de la Defensoría del Pueblo, observadores electorales, instituciones de veeduría y personeros de las organizaciones políticas participantes.

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, anunció este lunes 17 de agosto el despliegue de ministros de Estado hacia las zonas del centro y sur del país afectadas por las lluvias y otras condiciones meteorológicas adversas.

La mandataria brindó estas declaraciones desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en Chorrillos, donde supervisó las acciones adoptadas frente a las emergencias registradas en diferentes puntos del país.

Fujimori también informó que los vuelos en el aeropuerto de Tacna fueron suspendidos debido a las condiciones climáticas. El traslado hacia esa región para las labores de monitoreo podrá realizarse por vía terrestre.

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Ministro de Defensa viajará a Arequipa y monitoreará el sur

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, será enviado a Arequipa, desde donde realizará el seguimiento de la situación en esa región y en Moquegua y Tacna.

“En el aeropuerto de Tacna se suspendieron todos los vuelos, pero por tierra se podrá llegar y monitorear también esa zona”, señaló la presidenta.

Las condiciones meteorológicas también han ocasionado restricciones en carreteras del sur. La jefa del Estado indicó que algunos cierres fueron adoptados como medida preventiva ante la activación de quebradas y otros riesgos.

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Midagri monitoreará posibles granizadas en la sierra central

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, también será desplazado al interior del país. Según explicó Fujimori, el titular del Midagri se dirigirá hacia la sierra central.

Desde esa zona deberá monitorear las condiciones meteorológicas y advertir a la población frente a la posibilidad de granizadas.

El despliegue forma parte de las acciones anunciadas por el Ejecutivo para mantener el seguimiento de las emergencias y coordinar la atención de la población afectada.

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Keiko Fujimori recorre zonas afectadas de Lima

La presidenta anunció, además, que recorrerá los distritos de Lima afectados por las lloviznas. En Lima Sur se mantienen trabajos para evacuar el agua acumulada en diferentes sectores.

Fujimori destacó las coordinaciones realizadas por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, y señaló que los trabajos de evacuación de agua han avanzado, aunque todavía no han concluido.

Los ministros de Salud, Luis Dyer, y de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales, también participarán en las acciones de apoyo a la población, según informó la mandataria.

Presidenta advierte intensificación de lloviznas en Lima Sur

Fujimori advirtió que las precipitaciones en Lima, principalmente en los distritos del sur de la capital, podrían intensificarse durante este lunes 17 y martes 18 de agosto.

También pidió a la población de las regiones del centro y sur mantenerse atenta debido a la activación de quebradas.

La mandataria señaló que el cierre preventivo de algunas carreteras busca proteger a conductores y pasajeros frente a posibles emergencias. Además, informó que maquinaria de Provías se encuentra desplegada en zonas afectadas.

El Equipo Especial Lava Jato gastó 26 millones 700 mil soles de recursos públicos entre 2016 y 2025, según documentos oficiales del Ministerio Público difundidos por Panorama.

La mayor parte del presupuesto se concentró entre 2017 y 2019, cuando Rafael Vela y José Domingo Pérez lideraban el equipo.

En ese periodo se ejecutaron 24.5 millones de soles, con más del 99% del presupuesto utilizado en sueldos, pasajes y viáticos.

Del total, 6 millones correspondieron a fiscales, 5 millones a personal administrativo, 2.5 millones a locadores y 1.2 millones a pasajes al exterior. Otros 11.6 millones fueron destinados a bienes, mientras que los viáticos sumaron 63,820 soles.

Consultado al respecto, Pérez Gómez sostuvo que no tuvo responsabilidad en la asignación de recursos y la atribuyó a los sucesivos fiscales de la Nación.

En defensa del equipo, su entorno afirmó que ya se pagaron 400 millones en reparaciones y existen más de mil millones comprometidos.

Dicho equipo especial fue disuelto en enero de este año.

“No podemos dar resultados en 15 días. Por favor, les pido paciencia, pero, sobre todo, que confíen en este gobierno, porque este gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad”, afirmó.

Sin embargo, el crimen no da tregua. De acuerdo con datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), analizados por Correo, en los primeros 15 días de esta nueva gestión se perpetraron 89 homicidios, y el centenar de estos casos se superó el 14 de agosto.

Contraste

Aunque este gobierno recién comienza, el conteo diario ubica a la actual administración por encima del promedio registrado durante la gestión del golpista Pedro Castillo.

El exmandatario gobernó 498 días, entre el 28 de julio de 2021 y el 7 de diciembre de 2022, lapso en el que se reportaron 2095 homicidios, con un promedio de 4.2 casos por día.

Tras la vacancia de Castillo, Dina Boluarte asumió el poder y permaneció 1038 días en Palacio, hasta el 10 de octubre de 2025. En su gobierno ocurrieron 5456 homicidios, con un promedio diario de 5.3 casos, cifra superior a la de su antecesor.

Posteriormente, tras la censura de Boluarte, José Jerí gobernó 130 días, periodo en el que se registraron 749 homicidios –del 11 de octubre de 2025 al 17 de febrero de 2026–, con un promedio de 5.8 muertes al día.

El Congreso lo censuró el 17 de febrero, tras una votación de 75 votos a favor y 24 en contra.

Fue así como José María Balcázar asumió la Presidencia por sucesión constitucional y gobernó 160 días, hasta el 27 de julio de 2026. En su gestión hubo 943 homicidios, un promedio de 5.9 casos diarios, el más alto de los últimos cinco gobernantes.

Durante el gobierno de Keiko Fujimori ya se han reportado 102 homicidios en 18 días, lo que se traduce en un promedio de 5.7 casos diarios. La cifra se ubica por debajo del registro de Balcázar, pero por encima del promedio de Boluarte y Castillo.

Distribución

Lima concentra el mayor número de homicidios del país durante las tres semanas de esta nueva gestión.

La región acumuló 34 casos, equivalentes a un tercio del total nacional registrado entre el 28 de julio y el 14 de agosto.

El distrito del Rímac lidera el conteo dentro de la capital, con cuatro homicidios en el periodo analizado.

El Cercado de Lima le sigue, con tres casos, mientras que Los Olivos, Pachacámac, Puente Piedra y San Martín de Porres comparten el tercer lugar, con dos homicidios cada uno.

La Libertad ocupa el segundo lugar entre las regiones más golpeadas, con 12 homicidios en este lapso.

La provincia de Trujillo concentra la mayoría de esos casos, ocho en total, en una región que arrastra una crisis de extorsión y sicariato desde años anteriores. El distrito de Moche encabeza el listado de La Libertad, con tres homicidios. Trujillo, el distrito capital, reporta dos casos y El Porvenir aparece en tercer lugar, con un homicidio registrado en las últimas tres semanas.

Callao completa el “podio regional”, con ocho homicidios entre el 28 de julio y el 14 de agosto. A diferencia de Lima y La Libertad, la provincia constitucional concentra sus casos en solo dos jurisdicciones. Bellavista y el Cercado del Callao reportan cuatro homicidios cada uno, sin que ningún otro distrito de la región sume casos adicionales por ahora.

Asimismo, Piura suma siete homicidios en dicho periodo.

La provincia de Piura concentra cuatro casos, con Castilla como distrito más golpeado, tres homicidios, seguido del distrito de Piura, con uno.

Sullana aporta los tres casos restantes, todos registrados en el distrito del mismo nombre.

De igual forma, pese a ser una de las regiones menos pobladas del país, Tumbes suma seis homicidios en 18 días. El distrito de Tumbes concentra cinco de esos casos, mientras que Zarumilla reporta el sexto.

Análisis

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo Tejada, explicó a Correo que el incremento de los homicidios responde a una transformación de la criminalidad y a la falta de continuidad en las políticas de seguridad.

“Estamos frente a un fenómeno social que se ha venido fortaleciendo durante las ultimas décadas, lo que estamos advirtiendo en estos últimos años es la evolución de una criminalidad común hacia una criminalidad mucho más organizada, violenta y económica”, alertó.

Para Angulo, es necesario diferenciar entre los resultados inmediatos y la estrategia contra el crimen que adopte el nuevo gobierno.

“Los homicidios de estos primeros días no son necesariamente responsabilidad del gobierno que acaba de asumir, pero sí es responsabilidad del gobierno en demostrar qué está haciendo para que los siguientes años sean menos”, subrayó.

El exjefe policial también planteó que las primeras acciones debieron concentrarse en identificar a las organizaciones criminales que generan mayor violencia y dirigir hacia ellas las labores de inteligencia e investigación.

“Se debió intervenir las economías criminales: dinero, armas, vehículos, inmuebles, empresas fachada, comunicaciones y lavado de activos. Además de recuperar el control de los penales, porque una organización criminal que sigue operando desde un establecimiento penitenciario no está realmente desarticulada”, aseguró.

Por su parte, el exministro del Interior Carlos Basombrío cuestionó que la estrategia dependa principalmente de las Fuerzas Armadas.

“Nos venden la idea de que los militares pueden estar en las cárceles, pueden estar en las fronteras, pueden estar en todos los lugares a la vez, pueden estar en los buses de los transportistas, cosa que es absolutamente imposible. Ellos tienen labores que cumplir, tienen la defensa nacional, tienen que trabajar en el VRAEM, tienen que ayudar en El Niño”, indicó.

Basombrío también descartó que una eventual delegación de facultades legislativas sea la solución central al problema. “Esto es un problema de gestión y de focalizarse en lo que funciona”, opinó.

Aunque, el sociólogo reconoció que si bien “no se pueden obtener resultados en 15 días, hay que advertirle a los peruanos, que lo que ha insinuado Fujimori, que sí se podía, no es cierto”.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, anunció que el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) podría sesionar este mismo mes para empezar el debate sobre el aumento de la remuneración mínima vital (RMV) de 1,130 a 1,300 soles, anunciado por la presidenta Keiko Fujimori en su mensaje a la Nación del 28 de julio.

“Ya estamos en proceso de convocatoria y presumo que en este mes de agosto podríamos ya tener el Consejo Nacional del Trabajo”, afirmó.

El titular de Trabajo explicó en RPP que antes de la sesión formal se realizará una ronda previa de reuniones individuales con cada parte: gremios empresariales, sindicatos y el Estado para evitar que la ausencia de un solo actor frustre el proceso.

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“Basta que falte un gremio para que se bloquee”, advirtió el ministro

Un incremento similar fue una de las promesas centrales de la campaña de Roberto Sánchez y Fujimori la rechazó durante la segunda vuelta. Sin embargo, tras su elección, la jefa de Estado la incluyó en su primer discurso luego de la toma de mando.

DEBATE

Como se recuerda, el anuncio de Fujimori generó posiciones encontradas. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, advirtió que las mypes “tienen menor capacidad para asumir un aumento de sueldos”.

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, señaló que contratar a un trabajador formal puede costar hasta 45% más que el sueldo nominal y exigió mecanismos para reducir ese impacto. Ambos gremios aceptaron debatir el incremento en el Consejo Nacional de Trabajo.

Sheput también adelantó que el CNT no solo abordará el sueldo mínimo, sino temas vinculados a la transformación del trabajo por la inteligencia artificial y la robotización.

“Ocho de cada 10 peruanos no tienen derechos laborales. Algo tenemos que hacer por esos jóvenes”, concluyó.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado viernes, por 118 votos, un acuerdo de portavoces para establecer que las sesiones del pleno y de las comisiones ordinarias sean presenciales.

Posiciones

Pese a esta postura aparentemente unánime, en la bancada fujimorista hay voces a favor y en contra de mantener la virtualidad.

El más reciente en pronunciarse fue el diputado Jaime Abensur, quien defendió la opción virtual. Señaló que esta modalidad permitió el funcionamiento del Congreso y puede contribuir a la toma de decisiones.

Asimismo, añadió que la responsabilidad de asistir corresponde a cada parlamentario y cuestionó que se considere al Parlamento como un “centro de labores”.

En contraste, el senador Alejandro Aguinaga respaldó la presencialidad, aunque con excepciones. Consideró que esta permite el debate y los consensos y que en la virtualidad se pierde parte de la comunicación del mensaje.

Agregó que Fuerza Popular no tiene una posición orgánica sobre el tema: “Son posiciones individuales”.

Por su parte, el presidente del Senado, Miguel Torres, fue uno de los primeros en expresarse a favor de conservar la semipresencialidad.

Sostuvo que los avances tecnológicos permiten “ser más eficientes” y que debe evaluarse el resultado de la gestión parlamentaria antes que la presencia física.

Asimismo, antes del inicio del gobierno de Keiko Fujimori, el 24 de julio, la diputada Cecilia Chacón ya se había pronunciado a favor de la presencialidad. Consideró que, salvo la situación excepcional de una pandemia, no existe motivo para el trabajo legislativo remoto.

El Congreso de la República incrementó en 15% los salarios de sus trabajadores durante la gestión de Fernando Rospigliosi como titular de ese poder del Estado, de acuerdo con información de Punto Final.

Según el dominical, el incremento está contemplado en una convención colectiva de trabajo suscrita el 24 de noviembre de 2025 entre el Parlamento y el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon).

El acuerdo establece un incremento salarial del 15%, además de bonificaciones, con una vigencia de aproximadamente dos años. Asimismo, el aumento de las remuneraciones comenzó a aplicarse desde enero de 2026.

“El Congreso acuerda la actualización, durante la vigencia del presente convenio colectivo, de la escala remunerativa, en un quince por cierto (15.00%) de las remuneraciones”, indica el documento.

El beneficio también comprende a los trabajadores que recientemente se incorporaron al Congreso bicameral. Además, el convenio colectivo establece el aumento de otros beneficios de carácter económico.

Entre estos beneficios figura una asignación extraordinaria por el Día del Trabajo, que se conmemora el 1 de mayo, equivalente al 20% de una UIT, es decir, alrededor de S/1.100. Asimismo, se contempla una bonificación por el Día del Trabajador Parlamentario, celebrado el 22 de septiembre, por el mismo monto.

Con el nuevo incremento salarial, el gasto corriente del Parlamento superaría actualmente los S/1.134 millones. Esta cifra representa un incremento considerable frente a los S/402,9 millones registrados en 2021 y los S/906,2 millones alcanzados en 2025.

Consultado por “Punto Final”, el ahora senador Fernando Rospigliosi señaló que el incremento fue una decisión aprobada por la comisión encargada de negociar con el sindicato. En ese sentido, sostuvo que la Mesa Directiva se limitó a acatar dicho acuerdo.

“Fue una decisión que tomó la comisión que negoció con el sindicato que yo suscribí. Conversamos con la Mesa Directiva y la decisión fue aprobar lo que había negociado la comisión”, manifestó.

“Yo he tenido que acatar esa decisión, que ya había sido tomada en acuerdo con el sindicato, así que esa es la realidad”, concluyó Rospigliosi Capurro.

Según el dominical de Cuarto Poder, ambos casos evidenciarían una “reelección encubierta”, donde los alcaldes en funciones aprovechan espacios ediles para pedir el apoyo político hacia sus allegados.

FRANCO VIDAL EN ATE

Franco Vidal no solo es alcalde de Ate, sino también candidato a primer regidor de su distrito. Su padre, Manuel Vidal, es quien postula al cargo de alcaldía de dicha jurisdicción.

Lo alarmante es que para el alcalde “dibujito”, cualquier escenario sería oportuno para impulsar a su padre ante los vecinos de Ate, incluso en inauguraciones de obra, pese a la prohibición del JNE.

Por ejemplo, el domingo 19 de julio, en la inauguración del techado del campo deportivo e iluminación del parque n.º 2 José Olaya de la Asociación Pro Vivienda Los Ángeles de Vitarte, no solo llegó Franco Vidal, sino también su padre. Además, en la entrega del complejo deportivo en la zona G de Huaycan del domingo 26 de julio, padre e hijo estuvieron presentes vistiendo unos polos con logo partidario.

Frente a ello, Franco Vidal, lejos de responder por este presunto “proselitismo político” irregular, atribuyó que otros alcaldes hacen lo mismo. “Porque solo con Franco Vidal si hay alcaldes en funciones que hacen política, porque solo conmigo”, señaló la autoridad edil, quien posteriormente se retiró, escoltado por su seguridad.

Cabe mencionar que su padre y candidato a alcalde, Manuel Vidal, arrastra cuestionamientos. Entre ellos, en noviembre de 2022, fue denunciado por un inspector municipal de atropellarlo; mientras que en el 2023, la Fiscalía de Lima Este abrió diligencias por presunta usurpación de funciones.

SAN JUAN DE LURIGANCHO Y CARABAYLLO

Por su parte, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, postula al cargo de primer regidor en el mismo distrito. No obstante, el candidato a alcaldía, César Usquiano Maldonado (sobrino de Jesús Maldonado), presentó su renuncia por escrito el pasado 5 de agosto. Al quedar la lista sin su cabeza original, el actual burgomaestre Maldonado asume el liderazgo en el partido político.

Asimismo, en el distrito de Carabayllo, Rosario Pelaez (esposa del actual alcalde Pablo Mendoza) aspira al cargo de alcaldía de la jurisdicción, mientras que el burgomaestre Mendoza está como candidato a primer en la agrupación política.

CONTRATACIONES CRUZADAS

Sumado a una presunta “reelección encubierta”, en ambos municipios habría contrataciones cruzadas, ya que ambas autoridades pertenecen a un mismo partido político.

Sucede que la hermana del alcalde de San Juan de Lurigancho, Trinidad Maldonado, acumuló 18 órdenes de servicio en Carabayllo por S/ 148,000, mientras que su cuñado, Saúl Usquiano Ávila, logró 9 órdenes por S/ 60,000 en la misma Carabayllo.

Mientras que los hijos del alcalde de Carabayllo —Jimmy (con 8 órdenes de servicio por S/132 mil) y Pilar Mendoza Peláez (con 3 órdenes por S/55 mil)— consiguieron órdenes de servicio otorgadas por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

IMPLICACIONES LEGALES

Al respecto, especialistas advierten que actos proselitistas durante actividades institucionales configuran infracciones graves al reglamento de neutralidad.

El diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, estuvo recluido en el penal de Yanamilla, en Ayacucho, luego de ser detenido y denunciado por el delito de hurto agravado en 2001, según reveló el programa Panorama.

De acuerdo con el dominical, Pérez fue acusado de sustraer tres motosierras y otras herramientas que la ONG Winrock International había donado a agricultores del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Pérez ingresó al penal de Yanamilla el 18 de julio de 2001 y permaneció recluido hasta el 14 de diciembre de ese mismo año, cuando fue excarcelado. Durante ese periodo, incluso pasó uno de sus cumpleaños en prisión y recuperó su libertad pocos días antes de Navidad.

Posteriormente, el Poder Judicial ordenó la liberación inmediata de Julián Pérez, luego de que se dictara en su contra una sentencia con ejecución suspendida.

Al ser consultado por Panorama sobre dicha sentencia, la cual no consignó en su hoja de vida cuando postuló al Congreso en las elecciones generales de 2026, Pérez Mallqui optó por guardar silencio.

El diputado de Juntos por el Perú afronta en libertad una investigación preliminar que la Fiscalía inició por la presunta agresión contra su expareja. El caso se abrió luego de que Pérez Mallqui permaneciera detenido en la comisaría de San Miguel.

De acuerdo al dominical de Cuarto Poder, Provías pagó el doble por un servicio solicitado, e incluso emitió una orden por un trabajo vial, el cual no se estaría ejecutando.

PAGA EL DOBLE

Según registros, la entidad pagó a la empresa Servicios Generales ESIEL S.A.C. un monto de S/ 8 712 por un operador de motoniveladora entre el 3 de marzo y el 2 de abril de este año, pese a que la escala referencial de Provías para este servicio era de S/ 3 500.

En otro caso, y a la misma empresa, Provías pagó S/7 612. por un operador de volquete para el mantenimiento de una vía, cuando la escala referencial era de S/3 500. Es decir, en ambas situaciones, la entidad nacional aceptó desembolsar más del 50% de lo establecido.

Lejos de tratarse de una urgencia impostergable que justifica el incremento, los documentos demuestran que eran requerimientos rutinarios. Bajo esa modalidad, ESIEL ha acumulado 41 órdenes de servicio, logrando amasar contratos que bordean el millón y medio de soles.

VÍNCULOS FAMILIARES

Sumado a ello, Servicios Generales ESIEL S.A.C. tiene como gerente general a Efraín Alvarado Ambrosio, padre de Luis Miguel Alvarado Ortega, quien también presta servicios como asistente de supervisión en la misma entidad estatal, según sus redes sociales.

La hermana y la cuñada de Luis Miguel Alvarado, por su parte, figuran como accionistas de otra empresa que también logró contratar con Provías, en este caso para brindar seguridad a sus oficinas en Huánuco.

PRESUNTOS CONTRATOS FRACCIONADOS

El escenario más crítico se traslada a la provincia de Yauyos, en Lima, donde Provías emitió dos órdenes de servicio a Ingeniería Estructural Nacional destinadas a la limpieza de huaicos y mantenimiento de tránsito entre los kilómetros 52 y 70 de la red vial Mala-Calango durante el mes de agosto.

Lo alarmante es que una de las órdenes entregadas a la empresa corresponde al mantenimiento de tránsito y seguridad vial para la atención de una emergencia vial por obstrucción de huaico. La ejecución está programada del 3 al 23 de agosto de 2026, por un monto de S/32 015.76.

Sin embargo, en el lugar no hay maquinaria ni personal trabajando, y pobladores de la zona aseguraron que en ese tramo no se produjo ningún huaico en las últimas semanas.

INFRACCIÓN A LA LEY

Para la abogada Cecilia Ruiz, especialista en Contratos Públicos, no solo se trata de una irregularidad, sino de una infracción a la ley. Explicó que el modus operandi es que, para una necesidad pública del Estado, se fraccionan los montos, se atribuyen distintos nombres, con el objetivo de que salgan varios procesos.

“Más que contracciones, parece que fuera una necesidad para gastar el dinero público. Son hechos reiterados que perjudican al interés del Estado. Existen indicios de corrupción, acciones que son reiteradas y benefician a un determinado grupo de empresas, en las que incluso hay nexos familiares. Para estos actos, debería intervenir el Ministerio Público”, señaló.

RESPONDE PROVÍAS NACIONAL

Consultado sobre las empresas que obtuvieron órdenes de servicio en Huánuco, Alejandro Valdivia, jefe de la unidad zonal Lima de Provías, indicó no tener conocimiento. Sobre la emergencia por un huaico, sostuvo que este tipo de eventos se presentaron durante los primeros meses del año, no en fechas recientes.

El funcionario afirmó además que la entidad cuenta con varios controles y procesos internos.

Entre los descargos de la entidad, a través de un correo, respecto al huaico, Provías argumentó que se trataron de servicios de emergencia que fueron ejecutados en marzo y que recién han sido formalizados este mes, tras la asignación del presupuesto correspondiente.

Así lo reveló el dominical de Cuarto Poder, pues en un vídeo durante su campaña política, la propia diputada afirmó contar con un emprendimiento: un taller textil ubicado en su domicilio, en el jirón 5 de Agosto, en Huancavelica. En el material, la cámara la sigue hasta el mismo local (su vivienda), donde incluso se le observa mostrando casacas de Juntos por el Perú confeccionadas en ese espacio.

Sin embargo, una verificación posterior encontró que el taller —equipado con máquinas de coser, telas y material para la confección de casacas y otras prendas— funciona prácticamente a puerta cerrada. Según el testimonio de un trabajador del lugar, quien viene laborando desde hace un año, la producción se realiza también al por mayor.

SIN LICENCIA MUNICIPAL

Macario de la Cruz, subgerente de Comercialización de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, confirmó que no existe registro de un negocio de confecciones a nombre de Catherin Palomino. Incluso señaló que, tras la búsqueda en el sistema, ningún taller funciona en dicha dirección.

“He buscado del año 2000 hasta marzo del año 2026, no hay”, afirmó el funcionario, quien agregó que en caso de operar un negocio sin los permisos correspondientes, corresponde la clausura. Debido al incumplimiento de estos requisitos, el local representaría un riesgo para quienes laboran en el lugar.

Asimismo, la abuela de la diputada, Dionisia, confirmó que el taller pertenece a Catherine Palomino y reconoció que este no cuenta con autorización, debido a que funciona dentro de la vivienda familiar.

MINISTERIO PÚBLICO

Al respecto, Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista y experto en derecho parlamentario, señaló que las autoridades han reportado que el domicilio donde reside la diputada no cuenta con licencia ni cumple con las normas de salud correspondientes. Según el especialista, existen indicios suficientes para que el Ministerio Público inicie una investigación sobre el caso.

De acuerdo a la institución, el sorteo se llevará a cabo en la sede central limeña del organismo electoral, y el de los movimientos regionales, en las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE).

Según el sorteo público del 10 de junio, el bloque de partidos políticos irá en la parte superior de la cédula de sufragio, mientras que el bloque de movimientos regionales estará en la sección inferior. Asimismo, las alianzas electorales se ubicarán en uno u otro, dependiendo del alcance nacional o regional.

Cabe mencionar que los únicos cambios que se podrían aceptar serían los propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como la exclusión de una candidatura o la no inscripción. De ser el caso, esa postulación no se incluiría en la cédula y la ubicación asignada sería ocupada por el partido político que tenga la posición inferior, según el orden establecido.

SORTEO

Las organizaciones políticas se regirán por las instrucciones aprobadas por la Resolución Jefatural n.º 000116-2026-JN/ONPE.

Además, solo estarán considerados aquellos partidos que solicitaron la inscripción de sus candidaturas ante los jurados electorales especiales (JEE).

El orden se definirá según cómo vayan siendo extraídos los bolillos del bolillero. Asimismo, se contará con un notario público en casa sede, quien dará conformidad a las distintas etapas del procedimiento y a los resultados obtenidos.

También se contará con la presencia de representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y del JNE o del JEE. La invitación también alcanza a miembros de la Defensoría del Pueblo, observadores, instituciones de veeduría y personeros de las organizaciones políticas.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se refirió a la situación crítica que atraviesa el Seguro Social de Salud (EsSalud) y a la posibilidad de que el Ejecutivo declare en emergencia a la institución.

Sheput señaló que varias de las deficiencias detectadas ya comenzaron a ser atendidas tras la designación de Hilda Sandoval Cornejo como presidenta ejecutiva interina. En ese sentido, descartó declarar en emergencia la institución y anunció que se optará por una reorganización administrativa.

Uno de los problemas más delicados identificados fue el desabastecimiento de inmunoglobulina, un medicamento esencial para el tratamiento de pacientes pediátricos y adultos que padecen enfermedades autoinmunes.

Sheput señaló que durante los ocho meses previos a julio “no se compraba nada en EsSalud”, situación que calificó de “terrible” y que, según sostuvo, debería ser investigada por la Fiscalía y la Contraloría. Afirmó que esta presunta falta de adquisiciones habría contribuido a generar un desabastecimiento ficticio.

El ministro aseguró que el abastecimiento de inmunoglobulina está garantizado hasta 2027. Precisó que algunos lotes ya fueron adquiridos, mientras que otros se encuentran pendientes de revisión por parte del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. Como medida inmediata, se concretó la compra de 12 mil viales, cuya llegada está prevista para septiembre, con el propósito de atender la demanda y evitar un nuevo desabastecimiento.

Pese a la situación crítica, Sheput descartó declarar en emergencia a EsSalud y señaló que la institución iniciará un profundo proceso de reorganización administrativa. Según explicó, esta medida permitirá renovar su directiva y atender de manera progresiva los problemas financieros que enfrenta dicha institución.

“Prefiero ver los estados financieros inconclusos, creo que [declarar emergencia] es extremo y algo a lo que no deberíamos llegar. Lo que sí tenemos que hacer es una reorganización de EsSalud en su gobernanza: ver si la estructura que tiene actualmente es la que necesita el país o ver si necesita algún cambio de índole administrativo”, sostuvo a TV Perú.

El ministro también informó sobre las deudas que EsSalud mantiene con sus proveedores, las cuales ascienden a 2.9 millones de soles. De este monto, 1.7 millones ya fueron reconocidos por la institución, pero aún están pendientes de pago. El ministro señaló que se vienen realizando gestiones para iniciar los desembolsos y establecer un cronograma de pagos.

Otro de los problemas identificados está relacionado con las condiciones de almacenamiento de los medicamentos, un aspecto fundamental para garantizar su adecuada conservación. Según el ministro, ya se vienen realizando gestiones para mejorar la infraestructura destinada a este fin y asegurar que los fármacos lleguen a los pacientes en óptimas condiciones.

La sesión fue convocada por el presidente del Parlamento, Miguel Torres, y está programada para las 4 p.m. en el hemiciclo del Palacio Legislativo.

De acuerdo con la agenda, los legisladores sesionarán para definir el número de integrantes de este órgano que, en el flamante Legislativo bicameral, deberá contar con una representación proporcional de senadores y diputados.

Además, se establecerá la cantidad de miembros de las comisiones bicamerales de Presupuesto y de la Cuenta General de la República.

Antes del pleno, la Junta de Portavoces Conjunta se reunirá a las 10 a.m. en la Sala Grau para coordinar los temas de la jornada.

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Según la tesis fiscal, López-Aliaga lideró una presunta red que operó con sociedades offshore en Panamá, Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas con el objetivo de obtener y legitimar fondos de origen ilícito entre el 2010 y 2018.

De acuerdo a lo decidido por la Tercera Sala Penal de Apelaciones, el exalcalde de Lima podrá ser investigado hasta el 27 de octubre del 2026.

La instancia judicial redujo a 15 meses el plazo de 24 meses otorgado por el juez Jorge Chávez Tamariz en septiembre del 2025.

El cálculo se realizó considerando el cierre de la investigación preparatoria, el 27 de julio de 2025.

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El pedido de la oposición busca que Belaúnde responda ante la Cámara de Diputados por los presuntos aportes económicos vinculados a Evangelina Arias, presidenta del directorio de Minera Poderosa, y por el supuesto uso de las Fuerzas Armadas para brindar seguridad a las instalaciones y campamentos de la empresa en Pataz, La Libertad.

En entrevista en RPP, el ministro explicó que Arias realizó aportes personales al partido Libertad Popular y no en representación de Minera Poderosa. En ese sentido, afirmó que la empresa no financió su campaña y remarcó: “Yo no he recibido un centavo de la señora Arias ni de la Minera Poderosa”.

Belaúnde también negó haber trabajado para la compañía minera o mantener algún vínculo comercial con ella. Señaló que conoce a Arias y que su relación se limita al ámbito personal, descartando cualquier conflicto derivado de una relación laboral o empresarial.

Sobre el estado de emergencia en Pataz, el titular de Defensa rechazó que este haya sido declarado o utilizado para proteger los intereses de Minera Poderosa.

Sostuvo que la presencia de las Fuerzas Armadas responde a la necesidad de enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la zona y utilizan armas de fuego.

Finalmente, Belaúnde afirmó que acudirá al pleno de la Cámara de Diputados si la moción de interpelación es aprobada.

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La medida, que estará vigente hasta el 15 de noviembre de 2026, busca frenar el impacto del alza de los precios internacionales de los hidrocarburos sobre el costo de los pasajes y fletes.

El decreto crea dos mecanismos diferenciados:

El primero, denominado Mecanismo de Estabilidad del Transporte para Asegurar la Continuidad Operativa a nivel Nacional (META-Nacional), está dirigido a transportistas del servicio regular de personas en los ámbitos nacional, regional y provincial, así como al transporte de mercancías.

El segundo, META-Lima y Callao, aplica a los operadores autorizados por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). En ambos casos, la ATU es la entidad encargada de administrar operativamente los subsidios.

Alcances

Para el META-Nacional, el subsidio es de S/4 por galón de diésel B5 o B20 adquirido, acreditado mediante comprobantes de pago electrónicos.

Cada vehículo tiene un tope: desde 552.52 galones para vehículos N1 hasta 1,915.41 para la categoría M3. Para el META-Lima y Callao, el subsidio es en función del kilometraje recorrido y validado por el Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM): S/0,50 por kilómetro para ómnibus, S/0,40 para minibús y S/0,30 para microbús.

Para acceder a cualquiera de los dos mecanismos, el transportista debe contar con título habilitante y habilitación vehicular vigentes, tener RUC activo y en condición de habido, y no haber presentado información falsa. El pago no puede ser embargado ni retenido por orden judicial o administrativa.

Precisó que debería crearse un Fondo Minero para brindar asistencia técnica, además de establecer un efectivo mecanismo de trazabilidad y mejorar el acceso al crédito para que no acudan a los ilegales que les facilitan dinero a cambio de su producción.

El REINFO vence el 31 de diciembre, ¿el Ejecutivo tendrá tiempo para proponer una ley de formalización minera?

Creería que lo más probable es que se prorrogue porque armar una ley tomará tiempo. Hay varios proyectos y el Ejecutivo tendrá que organizarse para poder tener una propuesta que sea realmente efectiva, que mejore la productividad, que brinde servicios a los mineros que están en proceso de formalización y obviamente una decisión política de erradicar a los que están en zonas donde no deben operar, que son los ilegales totalmente.

Son dos cosas aparte.

Sí, pero tienen que ir juntas. Si levantamos los controles, más se van a pasar a lo ilegal. Entonces, lo ilegal es lo primero que se tiene que erradicar, generando desincentivo para que se vayan a la minería legal. Pero todo responde a un sistema coordinado que tiene que ir de la mano. Está la creación del Fondo Minero para brindar asistencia técnica. Son varias aristas en las que hay que trabajar, hay que diseñarlo muy bien y tenemos una oportunidad de oro. Y si la desperdiciamos por agilizar y por tratar de hacerlo todo mucho más rápido, creo que vamos a tener problemas.

Entonces, ¿dos meses no serán suficientes?

Está el mecanismo de trazabilidad, que es bastante importante. También los mecanismos para mejorar la productividad, introducción de prácticas sostenibles en la pequeña minería, respeto de los derechos humanos. Facilitar el acceso al crédito e inclusive hasta un nuevo sistema tributario. Creo que todo esto viene en un combo para poder generar incentivos y que el minero informal no se vaya a la ilegalidad. Hoy día tienen muy poco acceso al crédito y si no reciben dinero del sistema formal, acuden al sistema informal y ahí está el ilegal que les adelanta dinero a cambio de su producción. Como que también la economía formal le cierra la puerta a los que se quieren formalizar y terminan en la ilegalidad.

Dijo que se pueden dar incentivos tributarios...

El régimen que tienen los agroexportadores se lo pasaría a los mineros informales. Los agroexportadores, después de 20 años, creo que han tenido suficiente. Y si se establece un sistema de esa forma para los mineros que quieren formalizarse, son mineros que no pagan nada de impuestos ahora, empezarían a pagar.

Las normas para formalizar a la pequeña minería la tratan como grandes empresas y tendrían que pagar 29.5% por Impuesto a la Renta.

La idea justamente es esa, que se les aplique un régimen similar al de la agroindustria. Hay presión fiscal, pero se debe considerar que la minería informal no paga impuestos ahora. Hay que darle algún incentivo para que empiece a pagar en la medida que mejore la productividad para que puedan asumir los costos de la formalidad, porque la formalidad no es barata.

¿Y accederán al crédito formal?

Claro, o establecer un fondo de garantías tipo Reactiva en donde se les pueda dar crédito y con eso se van bancarizando y conforme lo hagan tendrán que adoptar, por presión del mercado, prácticas más amigables con el ambiente, no entrar en actividades ilícitas. Hay muchas cosas que el mismo hecho de bancarizarse implican. Y la evidencia demuestra que los pequeños empresarios o los microempresarios, lo que más valoran es el crédito y son los mejores pagadores. Entonces, si hacemos eso con los pequeños mineros, creo que se avanzaría. Hay algunas cajas que han avanzado con apoyo de algunas organizaciones u ONG, pero creo que el esfuerzo tiene que ser mucho mayor.

Pero, ¿se debe destinar más presupuesto para la formalización?

Un dato: el 0.01% del presupuesto de la República se destina a formalización minera. Con eso es poco lo que se puede lograr, por esto no tenemos ningún resultado.

¿Entonces hay que ampliar el Reinfo?

Yo lo cambiaría por un sistema que sea permanente, porque siempre va querer alguien entrar al negocio, pero un sistema permanente en donde estén las reglas claras, quizás un poquito más de sofisticación con los que están. Hacerlo más transparente, pero riguroso.

Más allá del 31 de diciembre, ¿cuánto más se podría ampliar el REINFO?

Yo creo que unos seis meses, ¿no? Para tener una buena ley.

Carlos Casas

Ex viceministro de Economía

Director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad UP. Profesor - Investigador de la Universidad del Pacífico. Fue decano de la Facultad de Economía de la UP. Ex miembro del Consejo Directivo de Servir.

Este proyecto se presenta pocos días después del accidente de Aerodiana en Nasca. ¿Ya lo tenían preparado o lo redactaron a raíz de esta lamentable tragedia?

El accidente de Nasca fue el detonante inmediato que nos llevó a priorizar y formular esta iniciativa. Sin embargo, el proyecto no se ha elaborado de manera improvisada ni pretende establecer responsabilidades antes de que concluya la investigación técnica. Hemos revisado la Ley de Aeronáutica Civil, las Regulaciones Aeronáuticas del Perú y los estándares internacionales de seguridad operacional para identificar una brecha concreta.

La finalidad no es legislar únicamente para un caso particular, sino convertir una dolorosa experiencia en una mejora estructural que alcance al transporte aéreo turístico y a las operaciones comerciales no regulares en todo el país.

Ica ha registrado varios accidentes aéreos en Nasca a lo largo de los años. ¿Esta situación pesó en su decisión de priorizar este proyecto ahora que inicia la legislatura?

Sí, definitivamente. Representar a Ica implica conocer de cerca la importancia que tienen los vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca para la economía regional, pero también la preocupación de la ciudadanía frente a los accidentes ocurridos a lo largo de los años.

Por eso consideré necesario priorizar una iniciativa preventiva. Nasca recibe turistas nacionales y extranjeros atraídos por un patrimonio cultural de valor mundial, y el Estado tiene la obligación de asegurar que las condiciones que permitieron autorizar a un operador se mantengan durante toda su actividad.

También se han reportado accidentes graves con tubulares en Huacachina, con turistas heridos y hasta fallecidos. ¿Está evaluando presentar proyectos similares para otros rubros del turismo en la región?

Sí, se está realizando la evaluación técnica y legal. La seguridad turística debe abordarse de manera integral y no limitarse al transporte aéreo. En Huacachina y otras zonas de la región existen actividades de aventura que requieren controles adecuados sobre vehículos, conductores, rutas autorizadas, seguros y fiscalización municipal y sectorial. Estamos evaluando el marco normativo aplicable a los tubulares y a otras actividades de turismo de aventura.

Según el MTC, Aerodiana tenía certificación legal vigente al momento del accidente. Si la empresa ya cumplía con los requisitos formales de la DGAC, ¿en qué cambiaría concretamente su proyecto este escenario?

Tener una certificación vigente significa que el operador cumplió determinadas condiciones para obtenerla y conservarla, pero la certificación, por sí sola, no elimina todos los riesgos operacionales ni sustituye la supervisión permanente.

El proyecto busca precisamente cerrar esa distancia entre estar formalmente autorizado y demostrar, de manera continua, que las condiciones de seguridad se mantienen. La iniciativa no presume que Aerodiana incumplió las normas ni atribuye causas al accidente; eso corresponde exclusivamente a la investigación técnica.

Su proyecto también menciona inspecciones inopinadas como parte de la vigilancia. Si bien la DGAC ya tiene esa facultad, ¿cómo cambiaría esto en la práctica?

El proyecto no pretende desconocer que la DGAC ya puede realizar inspecciones inopinadas. El cambio consiste en incorporar esta herramienta dentro de un deber legal de vigilancia continua basada en riesgos: deja de ser solo una facultad general y pasa a formar parte de los componentes mínimos que deben considerarse sistemáticamente.

La propuesta no fija una frecuencia única porque no todos los operadores presentan el mismo riesgo. La ley establece el deber y los criterios; la autoridad técnica determina cuándo y cómo intervenir.

Según lo que plantea, esto no va a “demandar recursos adicionales al Tesoro Público”, pero ¿ha podido conversar con el sector para saber si podrán hacer estas inspecciones continuas sin necesidad de más presupuesto?

El proyecto ha sido diseñado para utilizar los instrumentos de supervisión, inspección y programación que ya existen en la DGAC. No crea una nueva entidad, unidad orgánica, plazas, registros ni fondos públicos. Su principal cambio es organizacional y normativo: priorizar los recursos de fiscalización según el riesgo, en lugar de aplicar la misma intensidad de control a todos los operadores.

¿Ha conversado con otras bancadas para sumar apoyo? ¿Qué reacciones ha recibido hasta ahora?

El proyecto se encuentra en una etapa inicial de presentación y socialización. Dentro de nuestra bancada existe una preocupación compartida por fortalecer la seguridad de los servicios turísticos y evitar que hechos como el ocurrido en Nasca vuelvan a repetirse. También iniciaremos el diálogo con representantes de otras bancadas y con los integrantes de las comisiones que deberán estudiar la iniciativa. Considero que la protección de la vida y la seguridad del turista no son asuntos de una sola agrupación política.

EN CARRERA

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró infundada una tacha en contra de la postulación de Urresti, la cual fue presentada por la ciudadana Genoveva Mundaca, tras descartar los tres argumentos esbozados en el recurso.

Mundaca indicó que el candidato contaba con una condena por difamación agravada y, como consecuencia de ello, era merecedor de una inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos. Además, pidió que se realice un control difuso para desestimar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló una condena contra Urresti por homicidio (Caso Hugo Bustíos) y advirtió que este ocultó información en su hoja de vida al no consignar la pena de 12 años de prisión.

En relación al primer punto, el JEE precisó que la inhabilitación para postular solo corresponde a delitos como terrorismo, narcotráfico, violación sexual y los cometidos por funcionarios. Urresti recuperó sus derechos políticos tras ser rehabilitado en 2019.

Sobre el Caso Bustíos, el JEE recordó que no podía revisar una decisión firme del TC. Finalmente, consideró que Urresti sí informó sobre la condena anulada en el apartado de “Información Adicional” de su hoja de vida, donde explicó el fallo del TC.

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POSICIÓN

“Ni en fenómeno El Niño ni en seguridad ciudadana debe haber tolerancia, pues hay temas que pueden ser sacados mediante decretos de urgencia. Mientras se discuten las facultades legislativas, cuando se trata de medidas que son urgentes, el gobierno tiene un instrumento poderoso, que es la herramienta del decreto de urgencia. Se puede comenzar a gobernar de esa manera en temas de alto impacto y donde la gente no te va a cuestionar”, manifestó Molinelli en diálogo con este Diario.

La economista dio estas declaraciones en Trujillo, provincia que se encuentra en estado de emergencia desde hace dos años por la ola criminal que la azota. Solo entre enero y julio de este 2026, al menos 52 personas han sido asesinadas en la capital liberteña y la lucha contra la extorsión no deja de ser una tarea pendiente.

En esa línea, la también exministra de Desarrollo e Inclusión Social recalcó que no se pueden esperar cien días de gobierno para evaluar la gestión de Fujimori Higuchi en este tema. “El Plan Escudo no es suficiente aún. Se necesita una estrategia de inteligencia y de rastrillaje en las zonas rojas, calientes, donde están los focos de extorsión, sicariato. A ello hay que sumarle un compromiso profundo para combatir la minería ilegal, el narcotráfico y todo lo que ha capturado el poder político a través de gestores de intereses, llámese Congreso, alcaldes, entre otros”, sostuvo.

En cuanto a las acciones que ha iniciado el gobierno de Fujimori para acelerar los trabajos de prevención contra El Niño, dijo que la presidenta “está haciendo bien en atender el tema en la cancha, cerca al ciudadano”. “Un tema importante que ella ha demostrado es que no solamente deja la indicación, sino que regresa a verificar que la indicación esté implementada. En ese sentido, hay que saludar esa forma de actuar”, agregó.

OPTIMISMO

Molinelli enfatizó que le ha dado “el beneficio de la duda” a la mandataria y que hará una evaluación “mucho más exhaustiva” de su gobierno cuando cumpla los primeros cien días de gestión.

Aseveró también que no ha tenido ningún contacto con Fujimori, pero que de llamarla esta no tendría ningún problema en reunirse con ella “porque he servido 25 años a mi país, más allá del gobierno de turno”.

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El pedido fue presentado cuando el gobierno de Keiko Fujimori apenas cumplía 16 días de gestión, lo que convierte a la iniciativa en la segunda interpelación más rápida registrada en los últimos 25 años.

Récord

El antecedente más cercano corresponde al gobierno de Pedro Castillo. El 12 de agosto de 2021, apenas 15 días después de asumir la presidencia, múltiples bancadas presentaron una moción de interpelación contra Héctor Béjar, entonces ministro de Relaciones Exteriores.

El pedido se originó por sus declaraciones sobre el terrorismo y la Marina de Guerra. En un video difundido tras su designación, Béjar afirmó que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina”.

También sostuvo que miembros de la Marina habían sido entrenados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

Sus declaraciones provocaron el rechazo de la institución castrense y una fuerte presión política para su salida.

Cinco días después de presentada la moción, Béjar presentó su renuncia irrevocable al cargo. Había permanecido menos de tres semanas como canciller. No llegó a ser interpelado.

El segundo antecedente más veloz se registró durante el gobierno de Ollanta Humala.

El 30 de setiembre de 2011, dos meses después del inicio de su gestión, la entonces bancada fujimorista presentó una moción contra Aída García-Naranjo, ministra de Mujer y Desarrollo Social.

La iniciativa estuvo relacionada con la muerte de tres niños que habían ingerido alimentos proporcionados por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa).

Contraste

La diferencia con otros gobiernos es marcada. En las gestiones de Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski las primeras mociones de interpelación llegaron después de varias semanas de iniciado el mandato.

Durante el gobierno de Toledo, la primera interpelación se presentó el 13 de noviembre de 2001, casi cuatro meses después de asumir, contra los ministros Fernando Olivera (Justicia), Fernando Rospigliosi (Interior) y David Waisman (Defensa), por cuestionamientos a la seguridad del penal de la Base Naval del Callao.

En la gestión de García, la primera interpelación ocurrió tres meses después de que este asumiera. Fue el 26 de octubre de 2006 cuando el entonces ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia Romero, fue interpelado por los cuestionamientos a la contaminación minera y petrolera.

En el gobierno de Kuczynski, la primera interpelación se presentó el 23 de noviembre de 2016, casi cuatro meses después del inicio de su mandato, contra el entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra.

La moción, presentada por Fuerza Popular, cuestionó una presunta compra dirigida de computadoras y la demora en la organización de los Juegos Panamericanos 2019.

Negativa

La jueza Ana Osorio Sosa escuchó a ambas partes el último 12 de agosto. En la audiencia virtual estuvieron presentes el abogado de el exdignatario, el exfiscal José Domingo Pérez y los representantes de la defensa del Estado.

También participó Castillo Terrones, quien fue el último en tomar la palabra antes de culminar la sesión. “Señora magistrada, hemos recurrido a su despacho porque creemos que va a marcar una postura diferente”, indicó.

La decisión de la jueza constitucional, sin embargo, distó de ello. Si bien el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la ONU, a través de la Opinión N° 78/2025, concluyó que Castillo fue detenido de forma “arbitraria”, la magistrada recordó que tanto este equipo como sus opiniones no interfieren en el sistema de justicia nacional.

“No constituye una decisión (la Opinión) de carácter jurisdiccional que resulte vinculante al Estado peruano y que, por ende, incida de manera directa en los procesos o decisiones jurisdiccionales emitidas a nivel interno”, puntualizó.

Luego, remarcó que el proceso penal contra el exmandatario aún no ha concluido, pues la sentencia de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión en su contra fue apelada por su defensa.

“La jurisdicción ordinaria no ha emitido pronunciamiento definitivo donde eventualmente podría evaluar las consideraciones expuestas en la Opinión N° 78/2025”, detalló la jueza. Finalmente, señaló que no correspondía mayor pronunciamiento debido a que eso “escapa de la competencia del juez constitucional al ser una tarea exclusiva del juez ordinario”.

Una revisión de Correo a las hojas de vida del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las declaraciones juradas de la Contraloría permitió identificar que 15 alcaldes distritales de Lima Metropolitana han colocado a familiares como candidatos para sucederlos.

Los casos involucran a 5 esposas, 4 hijos, 3 hermanos, 2 padres y hasta un sobrino.

Consorte

El caso más notorio es el del alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison Oyague, quien aspira al sillón de la Municipalidad Metropolitana de Lima por Avanza País, mientras que su cónyuge Carla Robbiano Montes de Allison busca convertirse en la próxima autoridad de dicho distrito.

Para Allison, la postulación de su pareja responde a la solicitud de sus simpatizantes dentro de su jurisdicción.

“Entender que estamos en una democracia. ¿Quién va a decidir si Carla Robbiano, mi esposa, es la alcaldesa de Magdalena? (..) son los vecinos y vecinas de Magdalena”, arguyó a Canal N el pasado 10 de julio.

Este vínculo conyugal se repite en otros cuatro distritos de Lima.

En Carabayllo, el alcalde Pablo Mendoza Cueva postula como teniente alcalde por Somos Perú, mientras su esposa, Rosario Peláez Ramírez, busca quedarse con la conducción del distrito.

En Cieneguilla, el alcalde Emilio Alberto Chávez Huaringa también postula como teniente alcalde por Podemos Perú, pero su esposa, Ortensia La Torre Cervantes, figura como candidata a la alcaldía distrital.

Una situación similar ocurre en La Molina.

El alcalde Esteban Diego Uceda Guerra-García postula como teniente alcalde por Renovación Popular y su esposa, Lizzi del Rocío Sueldo Matos, busca convertirse en la nueva autoridad distrital.

De igual modo, en San Luis, el alcalde, Ricardo Robert Pérez Castro, también postula como teniente alcalde por Renovación Popular. Su esposa, María Rosario López Solano, figura como candidata a la alcaldía del distrito.

Linaje

Otros alcaldes no han elegido a las esposas, sino a los hijos. Se trata de 4 casos. En Breña, el alcalde Luis Felipe de la Mata Martínez postula como teniente alcalde por Podemos Perú y su hijo, Luis Rolando Alejandro de la Mata Alva, busca sucederlo.

De igual manera, en Puente Piedra, el alcalde Rennán Samuel Espinoza Rosales postula como teniente alcalde por Somos Perú y su hijo, Rennán Santiago Espinoza Venegas, busca la alcaldía.

Asimismo, en Punta Negra, Eulogio Huyhua Ccaccya postula como teniente alcalde por Acción Popular y su hija, Mónica Alicia Huyhua Limachi, busca reemplazarlo.

Además, en el Rímac, Néstor Evadio de la Rosa Villegas postula como teniente alcalde por Podemos Perú y su hija, Katherine Angélica de la Rosa Menéndez, compite por la alcaldía.

Fraternos

También hay tres hermanos buscan suceder a sus familiares.

En Pucusana, el alcalde Juan José Cuya Espinoza postula como regidor provincial por Somos Perú y su hermano, Edwin Freddy Cuya Espinoza, busca la alcaldía.

A su vez, en Santa Rosa, George Robles Soto postula como teniente alcalde por Podemos Perú y su hermano, John Porfirio Robles Soto, intenta sucederlo.

De igual manera, en Villa El Salvador, Guido Íñigo Peralta postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por Somos Perú y su hermano, Clodoaldo Kevin Yñigo Peralta, busca mantener el control del distrito.

A esta lista también se le suman dos padres.

En Ate, Franco Vidal Morales postula como teniente alcalde por Avanza País y su padre, Manuel Gaudencio Vidal Camargo, busca la alcaldía.

Entre tanto, en El Agustino, Richard Robert Soria Fuerte postula como teniente alcalde por Podemos Perú y su padre, Liborio Soria Álvarez, figura como candidato.

Por último, en San Juan de Lurigancho, el alcalde Jesús Maldonado Amao postula como teniente alcalde por Somos Perú y su sobrino, César André Usquiano Maldonado, busca asumir su cargo.

Allegados

De otro lado, al menos otros 11 alcaldes distritales buscan mantener su influencia en el poder mediante funcionarios, trabajadores y regidores de sus respectivas gestiones, quienes ahora aparecen como candidatos para sucederlos en las mismas jurisdicciones. Los casos se registran en Ancón, Barranco, Independencia, Lince, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Lurín, Pueblo Libre, San Martín de Porres, San Miguel y Surco.

El subsidio fue establecido mediante el Decreto de Urgencia N° 007-2026 y contempla dos mecanismos: uno para transportistas a nivel nacional y otro específico para los operadores de Lima y Callao.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que se trata de un apoyo focalizado dirigido a los transportistas que cumplan con los requisitos establecidos. “Los recursos públicos deben llegar a quienes realmente los necesitan”, señaló.

Para el transporte regular de pasajeros y el transporte de carga, el Gobierno otorgará S/4 por cada galón de diésel B5 o B20 adquirido. El beneficio estará vigente entre el 16 de agosto y el 15 de noviembre de 2026, dividido en tres periodos.

Los beneficiarios deberán contar con autorización vigente para prestar el servicio, vehículos habilitados y RUC activo y habido, entre otras condiciones. La compra de combustible deberá acreditarse mediante comprobantes electrónicos y será validada por las entidades competentes.

En Lima y Callao, los operadores autorizados por la ATU accederán a un mecanismo diferente, calculado según los kilómetros efectivamente recorridos. El subsidio será de S/0,50 por kilómetro para ómnibus, S/0,40 para minibuses y S/0,30 para microbuses.

Para financiar ambos mecanismos se destinarán S/60 millones al META-Nacional y S/45 millones al META-Lima y Callao. Los recursos provendrán de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y tendrán uso exclusivo para esta medida.

El Ejecutivo señaló que la intervención responde al incremento de los precios de referencia del diésel registrado en julio y agosto, en un contexto de volatilidad del mercado energético internacional.

Con el subsidio se busca garantizar la continuidad del transporte y evitar que el aumento de los costos operativos se traslade de manera significativa a los usuarios.

🔵 Ante el incremento internacional de los precios de los combustibles, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, anunció un subsidio focalizado al uso del diésel para el transporte masivo de carga y pasajeros en todo el país, con el objetivo de mitigar su impacto… pic.twitter.com/bq7n9Y6IbA

— Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) August 15, 2026

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Vinelli señaló que los trabajos ya comenzaron en Piura, Lambayeque y Tumbes, y que la próxima semana se extenderán a La Libertad, Áncash y Lima. El objetivo es intervenir los puntos críticos antes de que se intensifiquen las lluvias y reducir el impacto de posibles emergencias.

El ministro indicó en RPP que existen 536 puntos críticos que requieren labores de limpieza y descolmatación entre Tumbes y Arequipa. Para acelerar estas acciones, el Ministerio de Economía y Finanzas prevé publicar en los próximos días un decreto de urgencia y otros dispositivos que permitan transferir los recursos necesarios.

Asimismo, Vinelli pidió el apoyo del sector privado para ampliar la cobertura de las intervenciones. Explicó que existen alrededor de 1,900 puntos críticos a nivel nacional, por lo que el Estado requiere colaboración para atender los sectores pendientes y contar con alimentos, agua y equipos para responder ante eventuales emergencias.

Finalmente, el titular del Midagri indicó que también se viene coordinando con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para fortalecer la respuesta ante lluvias intensas y agilizar la instalación de carpas y la entrega de ayuda humanitaria.

Además, adelantó que se emitirá otra norma para permitir a las autoridades involucradas reorientar sus presupuestos hacia las acciones de emergencia.

El acuerdo fue definido tras una nueva jornada de diálogo entre representantes de organizaciones políticas, quienes alcanzaron consensos sobre los compromisos que buscan promover campañas electorales basadas en el respeto, la transparencia y el debate de propuestas.

Entre los principales acuerdos figuran el desarrollo de campañas libres de violencia, amenazas y ataques personales; la transparencia en el financiamiento electoral y la prevención de aportes ilícitos; así como el uso responsable de las redes sociales y las nuevas tecnologías para combatir la desinformación y las noticias falsas.

También se acordó promover la igualdad y la no discriminación, además de fortalecer la participación de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, pueblos indígenas y otros grupos históricamente subrepresentados.

Asimismo, las organizaciones políticas se comprometieron a participar en los debates electorales organizados por el JNE y priorizar el intercambio de propuestas frente a los ataques personales.

El JNE señaló que continuará promoviendo espacios de diálogo a través del Programa Voto Informado, con el objetivo de consolidar los acuerdos y contribuir a que las campañas de las ERM 2026 se desarrollen con respeto, integridad y transparencia.

⏩Rumbo a las #ERM2026🗳️ 13 organizaciones políticas han alcanzado consensos para suscribir el #PactoÉticoElectoral. Este lunes continúan las gestiones para conformar el Tribunal de Honor, así informó Carlos Vilela, Director de Educación del JNE, en #EleccionesAlDía. pic.twitter.com/AVYJSLeoJN

— JNE Perú (@JNE_Peru) August 15, 2026

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Señaló, además, que esta medida no forma parte de los compromisos de campaña de la presidenta Keiko Fujimori.

No obstante, Álvarez sostuvo que el Gobierno considera necesaria una “reforma profunda” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Según explicó, el Perú buscará promover esta propuesta ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en coordinación con otros países.

En entrevista al diario El Comercio, el titular del Minjus cuestionó el funcionamiento actual del sistema y planteó cambios en sus organismos y funcionarios.

Afirmó que algunos trabajadores responderían a intereses y agendas vinculadas a organizaciones no gubernamentales internacionales. “Necesitamos un sistema que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos”, sostuvo.

Álvarez indicó que solicitará a la presidenta Fujimori respaldar la reforma del SIDH y consideró que esta propuesta constituye una de las principales prioridades del Ministerio de Justicia y de un sector de la comunidad jurídica peruana.

Fuerzas Armadas realizarían control perimétrico de penales

En otro momento, el ministro anunció que el Ejecutivo impulsará, mediante una propuesta legislativa, que las Fuerzas Armadas realicen el control perimétrico de los establecimientos penitenciarios.

La medida busca impedir el ingreso de objetos prohibidos y controlar la instalación de antenas utilizadas por organizaciones criminales.

Álvarez señaló que el proyecto de ley sobre legislación delegada sería presentado a fines de esta semana o a mediados de la próxima. Estimó que, una vez aprobado por el Congreso, los decretos correspondientes podrían estar listos en un plazo aproximado de dos meses.

Finalmente, el ministro cuestionó la situación financiera del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y aseguró que la anterior administración dejó sin recursos para servicios básicos como limpieza y seguridad.

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