Las personas elegidas tendrán la responsabilidad de instalar y conducir las mesas de sufragio, además de garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral.

En esta elección se escogerán 13 148 autoridades subnacionales, entre ellas 25 gobernadores, 25 vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1696 alcaldes distritales, 1724 regidores provinciales y 9118 regidores distritales.

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La aclaración fue realizada tras la controversia generada por un documento anterior.

El titular del Parlamento explicó que el oficio enviado previamente, en el que se indicaba que la gestión presidencial culminaría el 26 de julio, dio lugar a interpretaciones que calificó como especulaciones.

También afirmó que se trató de una “tormenta en un vaso de agua” y sostuvo que “José María Balcázar es presidente hasta el 28”.

En el nuevo documento, Rospigliosi señala que la entrega de la banda presidencial puede efectuarse el 28 de julio, al inicio de la ceremonia de transferencia de mando. También precisa que este acto tiene únicamente un carácter protocolar y de custodia, por lo que no modifica la continuidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.

“Se mantiene de conformidad con la continuidad institucional y conservación del orden constitucional, hasta la transmisión efectiva del mando, luego de la prestación del juramento constitucional por la presidenta electa el 28 de julio de 2026”, se lee en el oficio.

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Durante el acto, Rospigliosi sostuvo que las Fuerzas Armadas cumplen un papel clave para la estabilidad, la seguridad y el desarrollo del país.

En su intervención, recordó que el Congreso respaldó la renovación del material obsoleto de la Fuerza Aérea y su proceso de modernización.

“Reclamamos y reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las capacidades con nuestras Fuerzas Armadas, convencidos de que una nación que invierte en su defensa invierte también en su estabilidad, su desarrollo y su futuro”, expresó.

Rospigliosi también resaltó que la FAP simboliza el valor, la disciplina y el compromiso con la defensa de la soberanía nacional y el servicio a la ciudadanía. Asimismo, recordó la conmemoración del sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales.

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La Dirección de Gracias Presidenciales desestimó la solicitud de gracia presidencial presentada por el congresista Elías Varas a favor del expresidente Pedro Castillo.

De acuerdo con un informe suscrito el pasado 20 de julio por el director de Gracias Presidenciales, Jhoner Quispe Romani, al que tuvo acceso RPP, la solicitud “no cumple con los requisitos exigidos, por lo que no resulta posible evaluar la gracia presidencial solicitada”.

El documento advierte que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales para ser evaluada, ya que no precisa el tipo de gracia presidencial que se solicita a favor del exmandatario.

“En atención a ello, es necesario precisar que existen diferentes tipos de gracias presidenciales para la población penitenciaria, que se encuentran descritos en el artículo 3 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, para que pueda determinar cuál se ajusta a la situación del interno“, resalta el informe.

“La evaluación de una gracia presidencial requiere cumplir con la formalidad y requisitos exigidos por el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales. En ese sentido, de la revisión de la solicitud presentada por el congresista de la República Elías Marcial Varas Meléndez a favor del señor José Pedro Castillo Terrones, se aprecia que no cumple con los requisitos exigidos, por lo que no resulta posible evaluar la gracia presidencial solicitada”, concluye.

El informe también recomienda remitir el documento al Despacho Viceministerial de Justicia para que adopte las acciones correspondientes y responda al congresista que presentó la solicitud.

El 4 de diciembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión tras hallarlo responsable del delito de conspiración para rebelión por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Actualmente, cumple la sentencia en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate.

Además, el exmandatario afronta una investigación preparatoria bajo mandato de prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado, en el marco de los casos acumulados PetroPerú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

Tras expresar sus condolencias por el incendio ocurrido en Manzanilla, en La Victoria, Figari señaló que el tema de la conducción del Parlamento todavía no ha sido abordado por la bancada.

Asimismo, indicó que tampoco se han definido acuerdos con otras fuerzas políticas para conformar una lista de consenso.

El legislador electo reiteró que la elección de la Mesa Directiva se desarrollará conforme a los procedimientos democráticos del Congreso y sostuvo que cualquier anuncio sobre candidaturas deberá realizarse una vez que las listas sean presentadas oficialmente.

Respecto a las presuntas irregularidades detectadas por el equipo de transferencia de Fuerza Popular en la gestión del presidente José Balcázar, Figari aseguró que no conoce los detalles del caso y señaló que serán los voceros encargados del proceso quienes informen sobre los resultados de la evaluación para evitar especulaciones.

Finalmente, evitó pronunciarse sobre una eventual alianza con otras bancadas, como Renovación Popular, y sostuvo que el próximo Congreso deberá trabajar de manera articulada. En ese sentido, hizo un llamado a priorizar el diálogo y la cooperación entre las distintas fuerzas políticas para atender los principales desafíos del país.

Durante la cita, Fujimori expresó su compromiso de ofrecer una cálida bienvenida al sumo pontífice cuando llegue al país.

La realización del primer viaje de León XIV al Perú fue confirmada oficialmente en febrero durante una conferencia de prensa encabezada por la Conferencia Episcopal Peruana.

Más adelante, el presidente de la República, José María Balcázar, viajó al Vaticano para reunirse con el Papa. Tras ese encuentro, informó que la visita se desarrollaría durante un periodo de entre ocho y diez días en la primera quincena de noviembre del 2026.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió al nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, con quien coordinó aspectos relacionados con la próxima visita del Papa León XIV al país. Durante el encuentro, reafirmó su compromiso de brindar una cálida bienvenida… pic.twitter.com/mF0LPZad6o

— Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 23, 2026

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El Ministerio Público pidió al Poder Judicial ampliar por 36 meses la investigación preparatoria que se sigue contra la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros investigados por el caso “Fondo Mi Vivienda”, vinculado al gobierno del expresidente Pedro Castillo.

El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Octavo Despacho), a cargo de esta investigación preparatoria.

Según la Fiscalía, la prórroga de la investigación preparatoria resulta necesaria para completar las diligencias pendientes y garantizar el adecuado esclarecimiento de los hechos materia de investigación, evitando así la impunidad.

El pedido de ampliación de la investigación preparatoria fue presentado ante el despacho de la jueza Lorena Sandoval, quien programó para el miércoles 12 de agosto, a las 11:00 a. m., una audiencia virtual en la que evaluará la solicitud con la participación de las partes procesales. Tras ello, emitirá una decisión en los días siguientes.

El entonces Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder abrió esta investigación preparatoria después de que la empresaria Sada Goray admitiera ante el Ministerio Público haber pagado más de cuatro millones de soles en efectivo a Salatiel Marrufo, quien se desempeñaba como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, con el fin de que su empresa Markagroup S.A.C. fuera favorecida con contratos durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció que el primer Consejo de Ministros de su gestión se llevará a cabo el 29 de julio.

Durante esa reunión, el gabinete debatirá la aprobación de decretos de urgencia en materia de seguridad ciudadana con el propósito de impulsar acciones inmediatas al inicio del nuevo gobierno.

El anuncio fue realizado luego de su visita a la zona del incendio registrado en La Victoria, donde fallecieron diez personas, entre ellas cinco menores de edad.

En ese contexto, calificó el hecho como “una matanza” e indicó que su equipo de transferencia ya coordina con los futuros ministros las primeras decisiones de la administración entrante.

“Hemos estado coordinando con los equipos de transferencia y con los futuros ministros. He pedido convocar al futuro Consejo de Ministros”, señaló. Además, precisó que “El 29 por la mañana tendremos la primera sesión de Consejo de Ministros para empezar a tomar acciones. Vamos a debatir la aprobación de algunos decretos de urgencia para que, de manera inmediata, a partir de la próxima semana empecemos a recuperar el orden”.

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La presidenta electa, Keiko Fujimori, afirmó que los primeros informes elaborados por las comisiones de transferencia muestran un panorama “desolador” sobre la situación institucional y administrativa del Estado que recibirá su gestión.

Durante una transmisión en vivo realizada a través de sus redes sociales, la lideresa de Fuerza Popular sostuvo que la información preliminar revisada por su equipo refleja un escenario preocupante.

“Nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Los primeros informes que ya han ido llegando y es realmente desolador. Muy triste, muy triste. Bueno, no voy a adelantar nada”, declaró.

@lurinfuerzapopular Nuestra presidenta @Keiko Sofía conversando con nuestro amado Perú 🇵🇪 #KeikoFujimoriPresidenta #Perú #Lurín ♬ sonido original - Naranjas2026Lurín

Anuncia revisión de la gestión de gobiernos anteriores

En otro momento de la transmisión, Fujimori respondió a una consulta de un usuario sobre si su futura administración presentará observaciones respecto a la gestión del actual presidente, José María Balcázar.

La presidenta electa indicó que su gobierno formulará reclamos relacionados con las administraciones anteriores, aunque evitó ofrecer mayores detalles antes del inicio oficial de su mandato.

“Sí, vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos. Por supuesto, nos están entregando el Estado de manera catastrófica”, manifestó.

Los ministros informarán los hallazgos desde el 29 de julio

Keiko Fujimori señaló que será a partir del 29 de julio, una vez iniciado el nuevo gobierno, cuando los futuros ministros presenten públicamente la evaluación de cada sector del Poder Ejecutivo.

Según explicó, cada cartera informará sobre los principales hallazgos detectados durante la transferencia y las medidas que adoptará para mejorar la prestación de los servicios públicos.

“A partir del 29 de julio, los futuros ministros van a ir contando, junto con los periodistas, todos estos hallazgos y cuáles son los cambios que vamos a hacer para mejorar los servicios del Estado”, sostuvo.

Continuará realizando transmisiones en vivo

Durante el diálogo con los usuarios, la presidenta electa también confirmó que continuará utilizando las redes sociales como un canal de comunicación directa con la ciudadanía durante su mandato.

“Yo creo que es bien importante que nos mantengamos comunicados y que yo les vaya contando cómo vamos avanzando”, expresó al responder una consulta sobre si seguirá realizando transmisiones en vivo.

Según un informe de la cartera, la solicitud fue declarada improcedente debido a que no se ajusta a las disposiciones del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, instancia encargada de analizar este tipo de solicitudes.

La decisión impide que la solicitud avance a la etapa de evaluación de fondo.

Entre las principales observaciones, el Minjusdh señaló que el expediente no precisa la modalidad de gracia presidencial solicitada, requisito indispensable para iniciar el procedimiento.

Además, en el documento se precisa que el pedido carece de fundamentos y requisitos formales exigidos por la normativa vigente.

Así, la Comisión de Gracias Presidenciales recomendó remitir el informe al Despacho Viceministerial de Justicia, instancia que deberá emitir la respuesta oficial al congresista Elías Varas Meléndez respecto a la solicitud presentada en favor del exmandatario Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en Ate.

Este caso se suma a otros pedidos similares presentados en favor del exmandatario desde que permanece procesado, los cuales también fueron rechazados por incumplir las exigencias previstas en la legislación peruana para acceder a una gracia presidencial.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, aseguró que José María Balcázar continuará ejerciendo la Presidencia de la República hasta el próximo 28 de julio, fecha en la que se realizará la ceremonia de transferencia de mando a la presidenta electa, Keiko Fujimori.

A través de su cuenta en la red social X, Rospigliosi explicó que solicitó al mandatario entregar la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, como parte de las coordinaciones para la ceremonia de investidura.

“Le he pedido al presidente de la República, José María Balcázar, que entregue la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, en respuesta a una comunicación suya”, escribió el titular del Legislativo.

Le he pedido al presidente de la República, José Maria Balcazar, que entregue la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, en respuesta a una comunicación suya. Será el nuevo presidente del Congreso, el que juramente y entregue la banda presidencial a la… pic.twitter.com/FWVUUAJdx0

— Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) July 22, 2026

La banda presidencial será entregada un día antes de la investidura

Rospigliosi indicó que el nuevo presidente del Congreso será quien tome juramento e imponga la banda presidencial a Keiko Fujimori durante la ceremonia del 28 de julio.

Asimismo, enfatizó que la entrega anticipada de la banda no implica el término del mandato presidencial de Balcázar.

“Como es obvio, no habrá un vacío de poder y José María Balcázar, aunque deja de ser congresista el 26 de julio, sigue siendo presidente hasta el 28”, sostuvo.

Oficio fija ceremonia para el 27 de julio

El pronunciamiento de Rospigliosi se produjo luego de que se difundiera el oficio enviado a Balcázar, en el que se le solicita acudir al Congreso de la República el 27 de julio, a las 9:00 a. m., para entregar la banda presidencial al nuevo titular del Parlamento.

El documento señala que la medida busca preservar la continuidad del orden constitucional y garantizar una transición institucional durante el cambio de gobierno.

La decisión fue adoptada luego de que la mencionada dirección concluyera que la organización no cumplió con subsanar todas las observaciones formuladas en el procedimiento administrativo.

La Fenatep fue inscrita durante el gobierno de Pedro Castillo, pero en agosto de 2023 perdió esa condición.

FALENCIAS

De acuerdo con la resolución respectiva, el Fenatep no cumplió con las exigencias previstas en el artículo 58 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, ni con los requisitos del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Trabajo.

El documento agrega que, al no haberse levantado todas las observaciones notificadas, correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto mediante un requerimiento emitido el 25 de junio de 2026.

Por ejemplo, la resolución señala que se detectaron contradicciones entre disposiciones estatutarias, vacíos normativos e inconsistencias que impedían validar el cumplimiento de los principios que rigen la organización sindical en el Perú.

Esas deficiencias, añade, podrían suscitar afectaciones a la libertad sindical y a la autonomía de los trabajadores para organizarse conforme al marco legal vigente.

La resolución se emitió el último martes y está suscrita por Maribel Aróstegui Rodríguez, directora (e) de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana.

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Luis Jiménez, en medio de la proximidad del feriado largo por el Día de la Fuerza Aérea del Perú y las Fiestas Patrias, mientras el expediente continúa su trámite en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).

El efecto distractor de los feriados podría favorecer los intentos de José María Balcázar de indultar a Castillo, a pesar del impedimento legal. Estos feriados para el Estado empiezan hoy, hasta el 29 de julio. Sin embargo, a nivel privado muchos acatarán el mismo periodo.

“Lo que va a ocurrir es que la Comisión de Gracias Presidenciales tendrá que sesionar y dentro de su sesión ellos analizan los expedientes en trámite. Entonces, lo que probablemente va a ocurrir es que ellos van a tener que pronunciarse y emitir opinión sobre la solicitud”, declaró el ministro Jiménez a la prensa.

Según RPP Noticias, fuentes del MINJUS revelan que se está buscando “la mejor salida legal” para este tema. Sin embargo, al cierre de la edición, el sector no ha informado cuándo se realizará la sesión ni cuál será el sentido de la opinión que emitirá.

Trámite

La solicitud avanzó luego de que la Dirección de la Comisión de Gracias Presidenciales pidiera información al Poder Judicial sobre los procesos penales que afronta Castillo.

La entidad requirió copia de la resolución que dispuso el inicio de la investigación preparatoria o de la disposición de formalización y continuación de esa etapa procesal.

Asimismo, pidió información sobre la fecha de inicio, el plazo de la investigación preparatoria, el estado procesal de cada expediente y precisiones sobre si esa etapa ya concluyó o continúa vigente.

El tribunal declaró infundado el recurso presentado por la defensa del exmandatario y ratificó la ampliación de la medida por 12 meses, por lo que permanecerá vigente hasta el 8 de marzo de 2027.

La resolución judicial de la Corte Suprema estableció que la apelación de Castillo no tenía fundamento.

El fallo precisa que “confirmaron el auto apelado, esto es, la Resolución N° 2, emitida el 27 de febrero de 2026, que declaró fundado el requerimiento de prolongación de prisión preventiva del procesado Castillo”.

“Le he pedido (...) que entregue la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, en respuesta a una comunicación suya. Será el nuevo presidente del Congreso el que juramente y entregue la banda presidencial a la presidente (Keiko Fujimori) el 28 de julio”, escribió en X.

Rospigliosi explicó que si bien Balcázar dejará de ser congresista el 26 de julio, seguirá siendo presidente hasta el 28. “Como es obvio, no habrá un vacío de poder”, detalló. Sin embargo, la faja presidencial será entregada el próximo lunes a las nueve de la mañana.

La norma impulsada por la expresidenta Dina Boluarte permitía sancionar a personas que entregaran agua, alimentos, mascarillas o ayuda económica durante una manifestación pacífica. Es decir, a quienes colaboraban o financiaban las protestas.

Por ello, la sentencia concluye que estas figuras penales vulneran el principio de legalidad por su redacción imprecisa y ordenó dejar sin efecto procesos y condenas sustentados en esos “delitos”.

La demanda fue presentada por el Colegio de Abogados de Puno.

El TC concluyó que Concepción vulneró la imparcialidad al incluir en una diapositiva, en el marco de una ponencia ante un grupo de estudiantes, a Boluarte como cabecilla de una red criminal.

Boluarte es acusado de liderar una red de prefectos y subprefectos para favorecer la inscripción de su partido.

El caso

Cerrón pasó a la clandestinidad el 6 de octubre del 2023, luego que la Sala Penal de Apelaciones de Junín confirmara la sentencia en su contra, por tres años y seis meses de prisión efectiva, por el Caso “Aeródromo Wanka”.

En aquel entonces, afrontaba, además, una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, que derivó del Caso “Los Dinámicos del Centro”, en el que se indaga el presunto financiamiento ilegal a las campañas electorales de Perú Libre, su partido político.

Por “Los Dinámicos” cumplía una comparecencia con restricciones. Por ello, cuando Cerrón decidió fugarse para no acatar la sentencia del caso Aeródromo Wanka y, por tanto, incumplió diversas reglas de conducta –incluso aquellas que podía acatar de forma virtual–, la Fiscalía decidió pedir la revocatoria de la comparecencia.

El Poder Judicial aceptó la solicitud. En primera instancia, se le impuso 36 meses de prisión preventiva. Sin embargo, tras una apelación, redujeron el plazo a 24 meses.

Fue en diciembre del 2024, más de un año después, cuando el TC anuló la condena por el Caso Aeródromo Wanka, tras considerar que los jueces no se pronunciaron sobre un recurso de excepción formulado por Cerrón y ordenó un nuevo pronunciamiento judicial.

En ese nuevo pronunciamiento, tres meses después, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, respondiendo a otro pedido, lo absolvió del mismo proceso judicial. Así, concluyó que “la celebración del contrato (de la obra) y del procedimiento que lo determinó, no se sostenía desde la legalidad administrativa y financiera”, pero sostuvo que no pudo comprobarse una defraudación al Estado por parte del exgobernador regional de Junín.

Versus

La polémica decisión del TC, favorable al perulibrista, fue adoptada con los votos a favor de Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez y Pedro Hernández. El pronunciamiento se sostiene, principalmente, en una aparente inexistencia del peligro de fuga por parte de Cerrón.

Del lado contrario, sus colegas Luz Pacheco, Manuel Monteagudo y César Ochoa Cardich se opusieron a ello. El grupo afirmó que los jueces sustentaron correctamente la imposición y continuidad de la preventiva. Además, coincidieron en que “no existe derecho alguno que permita incumplir resoluciones judiciales dentro de un Estado Constitucional”.

Pacheco indicó que “la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema”, sobre el Caso “Aeródromo Wanka”, “no influyen en la imputación” en el caso por el financiamiento de campañas electorales.

“Tampoco enerva la existencia del peligro procesal mostrado. Existen graves y fundados elementos que vinculan al actor con los hechos materia de investigación”, acotó. Luego, expuso un detalle no advertido por sus colegas: Cerrón incumplió una regla de conducta pese a que esta solo debía ser cumplida de forma virtual y no física.

“Llama la atención el incumplimiento referido a dar cuenta de sus actividades a través de medio virtual Google Hangouts Meet. (…) Esta situación contrasta abiertamente con la actitud mostrada por el imputado en redes sociales, en las que desafía, incluso con el uso de diatribas, a las autoridades encargadas de la persecución del delito. No cumplió con sostener reuniones de manera virtual ante las autoridades judiciales, pero sí se muestra muy activo en esa misma plataforma –y en otras– para criticarlos”, cuestionó Pacheco.

Para Monteagudo, “no corresponde que (…) los ciudadanos puedan formular pronósticos particulares o evaluaciones en relación a la forma en que las autoridades judiciales motivan sus fallos”.

Agregó que “no debería anularse la capacidad de las autoridades judiciales de evaluar el comportamiento procesal”. Y, en esa línea, consideró que “la conducta voluntariamente efectuada” de Cerrón, de pasar a la clandestinidad, “brindó razones suficientes (…) para estimar que no estaría dispuesto a cumplir con una eventual resolución judicial adversa”. Esto “justifica, precisamente, el dictado” de una prisión preventiva.

Luego, consideró que “invocar una discrepancia personal respecto del resultado del proceso, para sustentar un pedido de variación de una prisión preventiva, supone un ejercicio abusivo del derecho”.

“Exigir que no se valore el ocultamiento como peligro procesal anula arbitrariamente la facultad del juez de evaluar el comportamiento real y elusivo del procesado. (…) La tesis adoptada por la mayoría, llevada al extremo, puede suponer que se desestabilice el ordenamiento jurídico”, dijo.

Detalló que “si se permite que los sentenciados puedan invocar supuestas vulneraciones al derecho a la debida motivación, para rehusarse a cumplir mandatos judiciales, esto supondrá que tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial se vean impedidos de evaluar esta conducta para analizar el eventual dictado de una prisión preventiva, con todas las consecuencias que ello puede tener para el desarrollo de los procesos”.

Más voces

El magistrado César Ochoa fue aún más contundente. Consideró que “la sentencia en mayoría distrae la atención acerca de lo que en realidad debe evaluarse”: la correcta motivación del peligro procesal, uno de los presupuestos para imponer una preventiva.

En ese sentido, explicó que el debate no debería haberse centrado en “los efectos que podría ocasionar sobre el justiciable la anulación de una sentencia (…), sino cómo (Cerrón) se condujo antes y después de que tal anulación se produjera”.

Agregó que el peligro procesal “no se determina a partir de una prognosis o un juicio de probabilidad acerca de cuál podría ser el comportamiento de un procesado”. Es decir, el supuesto en el que Cerrón pudo cumplir la comparecencia si no se dictaba la sentencia.

En su lugar, explicó que se evalúa “la actuación concreta que se tuvo antes y después de que tal sentencia condenatoria se anulara”, que “no ha sido otra que la de rehuir a la acción de la justicia”.

“Cuando estuvo vigente aquella sentencia condenatoria, (con su) sustracción a la acción de la justicia, pretendió justificarse invocando un derecho inexistente a desobedecer mandatos judiciales. No solamente es un absurdo, sino que su invocación distorsiona (…) el derecho que preserva el pueblo (no un individuo) para resistirse frente a la tiranía en el ejercicio del poder político (no frente a un mandato judicial, por errado que este sea)”.

“En el fundamento 11 de la sentencia en mayoría, mis colegas se plantean como cuestión ‘si el no acatar una resolución judicial que dispone la detención puede ser considerada un elemento de peligro procesal’. Y lamentan, tras transcribir párrafos enteros de las resoluciones cuestionadas, que nada de aquello se haya analizado. En mi opinión, se trata de una lectura sesgada”, añadió.

El beneficio alcanzará a efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas que prestan servicio en el Congreso y será entregado de manera excepcional durante julio de 2026, según el acuerdo aprobado en la 47.ª sesión de la Mesa Directiva.

Para acceder a la bonificación, el personal deberá acreditar al menos dos meses de servicio continuo e ininterrumpido en el Parlamento al 15 de julio.

La medida será ejecutada por la Dirección General de Administración y cuenta con el respaldo de informes técnicos de las áreas de Recursos Humanos y Planeamiento y Presupuesto.

La Mesa Directiva destacó la labor que realizan en el resguardo de las instalaciones del Congreso, los parlamentarios, los representantes del Parlamento Andino y la propia Mesa Directiva.

El pedido fue formalizado mediante un oficio dirigido al primer vicepresidente del Parlamento y encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi.

La solicitud responde al oficio enviado previamente por el Legislativo, en el que se comunicó al mandatario que su mandato constitucional culmina el 26 de julio de 2026 y se le convocaba para entregar la banda presidencial el 27 de julio.

No obstante, Balcázar pidió que la ceremonia se desarrolle el 28 de julio, en coordinación con la Cancillería, conforme al protocolo tradicional de transferencia de mando.

En el documento, el jefe de Estado sostuvo que realizar el acto en esa fecha garantiza la continuidad de la función presidencial y contribuye a preservar el orden constitucional y la institucionalidad democrática. Por ello, exhortó al Congreso a adoptar las medidas logísticas necesarias para la sesión solemne de investidura.

El oficio lleva la firma de José María Balcázar y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, con lo que el Ejecutivo reafirma su posición de que la transferencia del mando presidencial debe efectuarse el 28 de julio, siguiendo la tradición republicana.

La decisión responde a una demanda presentada por el Colegio de Abogados de Puno.

El máximo intérprete de la Constitución señaló que la norma era imprecisa, pues sancionaba con penas de entre tres y cinco años de prisión a quienes entregaran bienes o instrumentos a manifestantes, lo que podía incluir actos de solidaridad como distribuir agua, alimentos o mascarillas durante movilizaciones pacíficas.

Asimismo, el TC precisó que la organización y preparación de protestas está protegida por la Constitución y no puede ser objeto de persecución penal si no existe la comisión de un delito concreto.

En ese sentido, estableció que las autoridades deberán aplicar criterios más restrictivos al momento de investigar hechos relacionados con manifestaciones sociales.

No obstante, el tribunal ratificó que el derecho a la protesta solo protege las movilizaciones pacíficas y sin armas. Por ello, aclaró que los actos de violencia, el vandalismo, la destrucción de bienes públicos o privados y el bloqueo de carreteras continúan siendo sancionados por el Código Penal.

Finalmente, el TC señaló que este fallo constituye un precedente para futuras investigaciones y recordó que cualquier nueva norma penal deberá ser redactada con claridad y precisión, a fin de evitar interpretaciones ambiguas que puedan restringir derechos y afectar la seguridad jurídica.

“Le he pedido al presidente de la República, José María Balcázar, que entregue la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, en respuesta a una comunicación suya”, se lee en la publicación.

Luego continuó con: “Será el nuevo presidente del Congreso el que juramente y entregue la banda presidencial a la presidente el 28 de julio. Como es obvio, no habrá un vacío de poder y José María Balcázar, aunque deja de ser congresista el 26 de julio, sigue siendo presidente hasta el 28”, señaló.

Rospigliosi precisó que la continuidad de Balcázar en la Presidencia de la República hasta el 28 de julio garantiza que no se produzca un vacío de poder, pese a que dejará de ejercer como congresista el 26 de julio.

Le he pedido al presidente de la República, José Maria Balcazar, que entregue la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, en respuesta a una comunicación suya. Será el nuevo presidente del Congreso, el que juramente y entregue la banda presidencial a la… pic.twitter.com/FWVUUAJdx0

— Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) July 22, 2026

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La resolución permite la participación del fiscal Germán Juárez Atoche como litisconsorte facultativo pasivo, al considerar que el fallo que emita el TC tendrá incidencia directa en el proceso penal que se sigue en la vía ordinaria.

El hábeas corpus, interpuesto por el abogado Edison Huamán Chacón, busca anular las resoluciones 37 y 38, así como una sentencia de casación de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que rechazaron una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa durante la etapa intermedia del proceso.

Con esta acción constitucional, la defensa de Humala pretende que se disponga el sobreseimiento y archivo definitivo del proceso penal que afronta el exmandatario por el presunto delito de lavado de activos, vinculado al financiamiento de sus campañas electorales.

Además, la incorporación del Ministerio Público permitirá que la Fiscalía exponga sus argumentos ante el Tribunal Constitucional y participe en el análisis del caso, considerando que la decisión que adopte este órgano podría tener efectos sobre la continuidad del proceso judicial que enfrenta el exjefe de Estado por presunto lavado de activos.

Su visita se realizó a pedido de los familiares de las víctimas, quienes la recibieron en el lugar de la emergencia.

Tras recorrer el área siniestrada y conversar con los deudos, Fujimori calificó lo sucedido como una “matanza” y expresó sus condolencias a las familias afectadas.

“Acá lo que ha ocurrido es una matanza. Lo que podamos traer no va a recuperar la vida de las personas”, declaró.

La presidenta electa también anunció que la próxima semana se empezarán a tomar acciones frente a lo ocurrido, aunque no brindó mayores detalles sobre las medidas que se impulsarán.

Keiko Fujimori, presidenta electa, tras visitar a los afectados por el incendio en La Victoria que dejó un saldo de 10 fallecidos: Acá ha ocurrido una matanza. La próxima semana empezaremos a tomar acciones

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— Canal N (@canalN_) July 22, 2026

El siniestro ocurrió durante la madrugada del miércoles 22 de julio en la cuadra 4 de la calle Pisagua, en La Victoria, y dejó un saldo de 10 fallecidos, dos personas damnificadas y dos viviendas inhabitables. Mientras algunos familiares sostienen que el incendio habría sido provocado por presuntos extorsionadores, la Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para determinar el origen del hecho.

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Con esta decisión, la medida se mantendrá vigente desde el 9 de marzo de 2026 hasta el 8 de marzo de 2027, tras declararse infundada la apelación presentada por su defensa.

La resolución, emitida al resolver el Recurso de Apelación N.° 88-2026, dispone que el exmandatario continúe privado de su libertad mientras concluyen las investigaciones preparatorias. El tribunal consideró que el pedido formulado por el Ministerio Público cumple con los requisitos establecidos en el artículo 274 del Código Procesal Penal.

Entre los fundamentos de la decisión, los magistrados señalaron que el caso presenta una especial complejidad debido a la ejecución de pericias contables, de ingeniería y de análisis digital forense, además de otras diligencias relacionadas con los dispositivos incautados durante la investigación.

La Corte Suprema también sostuvo que persiste el peligro de fuga, al considerar la existencia de una condena previa de 11 años y 5 meses por el delito de conspiración para la rebelión y el asilo político concedido por el Gobierno de México al entorno familiar inmediato del exjefe de Estado.

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Durante una entrevista con TV Perú, el titular del MEF explicó que la deuda pública se ubica en 28% del PBI, por debajo del tope de 30% fijado por la regla fiscal.

Asimismo, señaló que el déficit fiscal alcanza el 1.3% del PBI, inferior a la meta de 1.8%, por lo que aseguró que las medidas adoptadas no afectan la estabilidad económica ni generan riesgos financieros.

Acuña precisó que parte de los recursos destinados a los beneficios de los trabajadores del régimen CAS provienen de ingresos ya recaudados y que corresponden a los gobiernos locales.

Indicó que estos fondos se priorizan para financiar proyectos demandados por las propias municipalidades.

El ministro también exhortó a los gobiernos locales a utilizar primero los recursos del canon para atender sus necesidades más urgentes, descartando que todas las obras deban financiarse con recursos del Tesoro Público.

Finalmente, sostuvo que la actual administración dejará margen de maniobra al próximo gobierno para gestionar el presupuesto aprobado, acceder a financiamiento si lo considera necesario y realizar las modificaciones que estime convenientes para la ejecución de los recursos públicos.

Durante un encuentro con exoficiales y suboficiales que participaron en la lucha contra el terrorismo, sostuvo que el país enfrenta nuevos desafíos en materia de seguridad ciudadana.

“Hoy el Perú enfrenta otro tipo de flagelos, ya no al terrorismo, sino a la delincuencia, a la criminalidad organizada y a los extorsionadores, por eso necesitamos a una policía más fuerte”, manifestó Fujimori Higuchi durante la reunión con los veteranos.

La mandataria electa también reconoció el trabajo realizado por quienes participaron en la defensa de la soberanía nacional y destacó el sacrificio que realizaron para proteger al país.

“Les agradezco por haber puesto su vida en riesgo para garantizar la libertad, la democracia y la vida de millones de peruanos. Eso nunca lo debemos olvidar. Quiero rendirles mi homenaje, mi respeto y mi gratitud. Que ustedes sean ese símbolo, esa inspiración para la policía actual y que los jóvenes vean en ustedes ese ejemplo de valentía y sabiduría”, enfatizó.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió a veteranos de la lucha contra el terrorismo, a quienes expresó su reconocimiento por su servicio al país. Asimismo, reafirmó la necesidad de fortalecer a la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y las… pic.twitter.com/5jIoMtId0U

— Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 22, 2026

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La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana denegó la solicitud de inscripción de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATEP) en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP) y dispuso el archivo del expediente administrativo.

La decisión fue adoptada luego de que la autoridad concluyera que la organización no cumplió con subsanar la totalidad de las observaciones formuladas durante el procedimiento administrativo.

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Ministerio de Trabajo niega solicitud de inscripción como sindicato a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), gremio vinculado a Pedro Castillo

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¿Por qué se rechazó la inscripción?

Según la resolución, el solicitante no cumplió con las exigencias previstas en el artículo 58 del Reglamento General de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, ni con los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

El documento agrega que, al no haberse levantado todas las observaciones notificadas, correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto mediante un requerimiento emitido el 25 de junio de 2026.

Dispone el archivo del expediente

En la parte resolutiva, la autoridad dispone:

• Denegar la solicitud de inscripción presentada por la FENATE mediante los expedientes N.° 0113020-2026 y N.° 0129311-2026.
• Archivar el expediente administrativo.

No obstante, la resolución precisa que la organización conserva el derecho de iniciar un nuevo procedimiento cumpliendo los requisitos legales o de interponer un recurso de apelación, conforme al artículo 207 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

El documento aparece suscrito por Maribel Aróstegui Rodríguez, directora (e) de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana.

¿Qué es la Fenatep?

La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATE Perú o FENATEP) fue fundada en 2017 durante la huelga magisterial encabezada por Pedro Castillo, quien posteriormente llegó a la Presidencia de la República.

Antes de constituirse como federación, la organización tuvo como antecedente al CONARE-SUTEP, corriente sindical disidente del SUTEP que, de acuerdo con informes policiales y diversas investigaciones periodísticas, fue vinculada al Movadef, organización considerada el brazo político de Sendero Luminoso.

Desde su creación, FENATE ha intentado obtener su inscripción en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP). En 2019 obtuvo un primer registro, que posteriormente fue anulado por el Ministerio de Trabajo al determinar que no cumplía requisitos establecidos en la normativa sindical.

En 2021, pocos días después de la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo, la organización consiguió una segunda inscripción durante la gestión del entonces ministro de Trabajo, Iber Maraví. Sin embargo, ese registro también fue declarado nulo en 2023, luego de que la autoridad identificara nuevas inconsistencias relacionadas con la acreditación de las organizaciones sindicales que conformaban la federación.

La magistrada del TC Luz Pacheco se pronunció sobre la decisión del colegiado que anuló la medida de prisión preventiva por 24 meses contra el exgobernador regional de Junín, Vladímir Cerrón, investigado por presunto lavado de activos.

Según detalló Pacheco Zerga, ella, Manuel Monteagudo y César Ochoa votaron en contra del recurso, mientras que Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia y Gustavo Gutiérrez Ticse apoyaron la decisión de declarar fundado el hábeas corpus interpuesto por la defensa del exgobernador regional.

Pacheco aclaró que el fallo del Tribunal Constitucional no determina la inocencia ni la culpabilidad de Vladímir Cerrón en la investigación vinculada al caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

“Hay que acatar esa decisión, porque esa decisión es mayoritaria; pero, al igual que ustedes, hubiera preferido que sea otra”, indicó.

La magistrada señaló que, para la mayoría del colegiado, la prisión preventiva carecía de una motivación suficiente, ya que las instancias judiciales no explicaron por qué persistía el peligro de fuga luego de dos resoluciones que favorecieron a Cerrón.

“Para la mayoría, la decisión que tuvieron en el Poder Judicial para mantener la prisión preventiva no estaba suficientemente motivada, a mi modo de ver sí lo estaba”, indicó.  

“Una de las condiciones o requisitos que le habían puesto a Cerrón era que tenía que comunicarse al menos por Meet [plataforma virtual] al menos una vez al mes, ni siquiera eso lo hizo; y veíamos que aparecía en Twitter, en medios y en conferencias”, añadió.

Si bien expresó su desacuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, Luz Pacheco negó que el Tribunal Constitucional haya sentado un mal precedente para quienes decidan pasar a la clandestinidad al considerar arbitraria una resolución judicial.

Pacheco explicó que la decisión de la mayoría se sustentó en que los jueces no habían expuesto una “motivación reforzada” que justificara mantener la prisión preventiva impuesta el 3 de junio de 2025.

“Eso no tiene ningún juzgamiento jurídico y no se va a amparar una conducta como esa”, sostuvo.

La magistrada también señaló que, tras el fallo, Cerrón Rojas deberá continuar el proceso bajo comparecencia y confió en que el líder de Perú Libre reaparezca.

“Ya corresponderá al fiscal al PJ poner suficientes medidas para garantizar que este señor no se vuelva a fugar”, finalizó.

El Congreso de la República comunicó oficialmente al presidente José María Balcázar Zelada que su mandato culmina el 26 de julio de 2026, de acuerdo con lo que señala un oficio firmado por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Miguel Rospigliosi Capurro.

El documento, identificado como Oficio N.° 193-2025-2026-ADP/PCR y fechado el 22 de julio de 2026, responde al Oficio N.° 216-2026-PR y expone la posición del Legislativo respecto al término del periodo presidencial.

En el oficio, dirigido al jefe de Estado, se señala que, “de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento constitucional y los precedentes parlamentarios”, el mandato presidencial actualmente ejercido por Balcázar concluye el 26 de julio de 2026.

Asimismo, el documento indica que, con el propósito de preservar la continuidad del orden constitucional y la institucionalidad democrática, el mandatario deberá presentarse el 27 de julio de 2026, a las 9:00 a. m., ante el presidente del Congreso para proceder con la entrega de la banda presidencial.

La comunicación hace referencia al Oficio N.° 216-2026-PR remitido previamente desde el Despacho Presidencial.

Convocan a Balcázar para la entrega de la banda presidencial

Como consecuencia de esa interpretación, el Congreso comunica que José María Balcázar será recibido por el presidente del Congreso el 27 de julio de 2026, a las 9:00 a. m., para proceder con la entrega de la banda presidencial.

El oficio lleva la firma de Fernando Miguel Rospigliosi Capurro y registra el sello de recepción del Despacho Presidencial con fecha 22 de julio de 2026.

Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, se refirió este miércoles a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la prisión preventiva de 24 meses y el pedido de captura contra Vladimir Cerrón.

Durante una declaración a los medios, el comandante general de la PNP indicó que se ejecutaron distintos operativos y allanamientos en viviendas para ubicar y capturar a Cerrón Rojas, quien se encuentra prófugo desde octubre de 2023.

“Hay muchas cosas que no se saben, ha habido intervenciones en serie de nueve y diez inmuebles, como cualquier intervención de estas, con autorizaciones de allanamiento del Poder Judicial. Entonces, esas son evidencias incuestionables de que se han hecho”, indicó.

Arriola también informó que sostuvo una reunión con el equipo de transferencia de la presidenta electa Keiko Fujimori, quien asumirá el cargo el próximo 28 de julio.

“Hemos tenido una sustentación de los aspectos logísticos, de los recursos humanos de las actividades de inteligencia, de las estrategias legales…”, señaló.

El comandante general de la PNP brindó estas declaraciones tras informar sobre la desarticulación de una banda criminal integrada por peruanos y venezolanos, que estaría vinculada a casos de extorsión contra empresas de transporte urbano e interprovincial.

El congresista Roberto Chiabra, excandidato presidencial y líder del partido Unidad y Paz, se reunió con la presidenta electa Keiko Fujimori para dialogar sobre los principales retos que enfrentará el próximo Gobierno, entre ellos la seguridad ciudadana y las acciones de prevención ante un eventual impacto del fenómeno de El Niño.

Al término del encuentro, Chiabra informó que acudió en representación de su organización política para expresar sus felicitaciones a la mandataria electa y desearle éxito en la gestión que iniciará el próximo 28 de julio.

“He venido como representante de mi partido Unidad y Paz a saludar a la presidenta electa y desearle los mejores éxitos. Hemos conversado sobre los temas más importantes que ella va a tener que afrontar al inicio de su gobierno, que son la inseguridad y el fenómeno de El Niño”, declaró.

Seguridad, fronteras y control penitenciario

El parlamentario sostuvo que el próximo Gobierno deberá actuar con eficiencia desde el inicio para responder a los problemas que afectan a la ciudadanía.

Asimismo, indicó que durante la reunión también se abordaron asuntos relacionados con el fortalecimiento de la seguridad en las zonas de frontera, el control de los establecimientos penitenciarios y una mayor presencia de las fuerzas del orden para enfrentar delitos como la extorsión.

Según Chiabra, Keiko Fujimori tiene identificados estos temas como prioridades para el inicio de su gestión y considera fundamental atenderlos desde los primeros días de gobierno.

Agenda de reuniones de la presidenta electa

La reunión forma parte de la agenda de trabajo que mantiene la presidenta electa con distintos sectores de la sociedad durante el proceso de transferencia de gobierno. En los últimos días ha recibido a alcaldes provinciales, representantes de organizaciones políticas, dirigentes sociales y otros actores para recoger propuestas sobre las principales políticas públicas que impulsará su administración.

La norma, que también dicta sanciones más severas para el personal de la PNP y de las FF.AA. involucrado con organizaciones criminales, fue publicada ayer en el diario El Peruano, con la rúbrica del presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi.

NUEVAS REGLAS

En virtud de este dispositivo, el delito de función para los policías comprende las conductas ilícitas cometidas durante el ejercicio de sus funciones de prevención e investigación del delito, control de identidad, inteligencia, fiscalización del tránsito, seguridad, vigilancia de fronteras, criminalística y otras atribuciones previstas en la legislación vigente, también dentro de un estado de emergencia.

En el caso del personal militar, el delito de función es toda conducta ilícita incurrida durante acciones militares destinadas al mantenimiento o restablecimiento del orden interno, así como en el cumplimiento de otras funciones legalmente establecidas.

Asimismo, la ley establece que el policía o militar que entregue material bélico a las bandas criminales será condenado a entre 20 y 30 años de cárcel. Añade que si este personal es autor, coautor o cómplice de un homicidio en colaboración con estas redes, tendrá cadena perpetua.

El abogado del líder de Perú Libre, Humberto Abanto, recurrió al TC al sostener que se vulneraron los derechos fundamentales de su patrocinado durante el proceso judicial y solicitó dejar sin efecto la cárcel provisional y la respectiva orden de captura.

Decisión

En su fallo, el máximo intérprete de la Carta Magna dejó sin efecto las decisiones judiciales que rechazaron cambiar la prisión preventiva por una comparecencia, al considerar que se vulneró el derecho a la debida motivación en tales resoluciones, vinculadas a la libertad personal.

“Declarar fundada la demanda por la vulneración del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales que resulta conexo al derecho a la libertad personal”, reza el fallo del TC.

Asimismo, declaró nula la Resolución 8, del 3 de junio de 2025, que rechazó la solicitud para variar la cárcel provisional por comparecencia.

También dejó sin efecto la Resolución 3, del 4 de julio de 2025, que confirmó dicha decisión en el proceso por los delitos de organización criminal y lavado de activos.

La ponencia estuvo a cargo del magistrado Pedro Hernández Chávez y fue respaldada por tres de sus colegas. Luz Pacheco, Manuel Monteagudo y César Ochoa emitieron votos en contra.

Con esta decisión, Cerrón afrontará la investigación bajo comparecencia y quedará sin efecto la orden de captura asociada a la prisión preventiva que lo mantenía en la clandestinidad desde octubre de 2023.

Se trata de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú o FENATEP), fundada en el 2017 por Pedro Castillo –expresidente sentenciado por conspiración para la rebelión–, y cuya inscripción ha sido revocada más de una vez. Hoy, con una tercera solicitud en curso, el FENATEP podría conseguir un nuevo registro para operar.

El visto bueno le podría ser otorgado por la actual gestión de José María Balcázar, encargado de la Presidencia de la República, y Flavio Cruz, ministro de Trabajo, ambos excongresistas del partido que llevó a Castillo a Palacio de Gobierno: Perú Libre.

Primeros pasos

La organización sindical inició su recorrido como el Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del SUTEP (CONARE-SUTEP) en el año 2003. Considerada una corriente disidente del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), desde ese entonces, ya era objeto de atención por parte de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional.

Años después, ya en el 2017, el Comité Nacional de Lucha del CONARE-SUTEP, con su presidente Pedro Castillo a la cabeza, realizaría una huelga magisterial que pondría en jaque al entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El enfrentamiento, con Marilú Martens como ministra de Educación, culminaría en la renuncia de la titular del sector.

Ese mismo año, Castillo y otros adherentes fundaron el FENATEP con base en su antecesora, el CONARE-SUTEP.

Luego, empezaría el camino para conseguir su inscripción ante el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROOSP) del MTPE, incluso sin contar con los requisitos necesarios para ello. Así quedó demostrado tras las dos anulaciones de sus cuestionados registros.

Intentos

Cabe recordar, como su nombre lo indica, que el FENATEP es una federación. La conforman el sindicato regional magisterial de Ica; el sindicato de las bases regionales de los trabajadores de la educación de la región Cajamarca; el sindicato de trabajadores en la educación de Tacna; el sindicato de profesionales en la educación de las bases de Arequipa; el sindicato de trabajadores de las bases magisteriales de la región Loreto; el sindicato regional magisterial de Huancavelica; y el sindicato único regional de trabajadores en la educación de Apurímac.

La primera solicitud de inscripción del FENATEP se presentó el 15 de mayo del 2019. En ese momento, Castillo se desempeñaba como su secretario general. Cinco días después, el MTPE del gobierno de Martín Vizcarra, quien asumió la Presidencia por sucesión constitucional, les otorgó el beneficio.

Fue el SUTEP el que, en octubre del mismo año, alertó que el FENATEP había incurrido en “irregularidades” y pidió que se revise su registro. Tras una evaluación, el MTPE anuló la inscripción el 2 de enero del 2020.

De acuerdo al MTPE, la decisión se adoptó “al no cumplir el (FENATEP) el requisito de acuerdo a ley de respetar sus estatutos”.

Estos fueron la elección de una Junta Directiva, un órgano de gobierno que no se encontraba previsto en los estatutos, y el no adjuntar las ratificaciones de las bases de Cajamarca y Arequipa frente a la decisión de conformar la federación.

La organización impugnó la medida, pero el recurso no prosperó en la vía administrativa (MTPE). Más tarde, el FENATEP recurriría al Tribunal Constitucional (TC) aunque por circunstancias distintas.

Mediante una demanda de amparo, se cuestionó que el Minedu no haya aceptado una serie de pedidos para una negociación colectiva del 2018. Este pedido también fracasó, pues el TC recordó que en aquel momento no había una inscripción vigente.

En julio del 2021, se presentó una nueva solicitud de inscripción ante el MTPE. La agrupación sindical lo hizo tres días después de la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo (19 de julio) y seis días antes de su juramentación (28 de julio).

El 30 de julio, con Iber Maraví como ministro de Trabajo, personaje asociado a Sendero Luminoso de acuerdo a atestados policiales de 1981, el FENATEP consiguió su segundo reconocimiento.

En agosto del 2023, se volvieron a identificar inconsistencias y se anuló el registro. Una vez más, las irregularidades halladas estaban relacionadas a la falta de luz verde que debían otorgar las bases aparentemente representadas por la federación. También se impugnó la decisión sin éxito.

Panorama

Para conseguir su inscripción, toda organización sindical debe probar, conforme a su estatuto, la incorporación de otros sindicatos.

Esto debe constar en el acta de la Asamblea General o en el documento que la normativa indique. Este fue el principal punto observado por el MTPE en el procedimiento que terminó con la nulidad de la inscripción.

Precisamente, al ser los afiliados sindicatos y no personas, se exige identificar a cada uno de ellos y su número de registro sindical. La inscripción solo procede si la documentación presentada cumple los requisitos previstos en el TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento.

Objetivos

Pedro Yaranga, especialista en conflictos sociales y terrorismo, detalló que el FENATEP tiene el “objetivo político de Sendero Luminoso”.

“No es ningún sindicato paralelo; es un grupo de fachada del Movadef y de Sendero Luminoso. Nació en el 2003 como CONARE-SUTEP y, luego, con el señor Castillo, se convierte en FENATE Perú, aparentemente como un sindicato paralelo al SUTEP. FENATE Perú reivindica las ideas de Abimael Guzmán, de querer tomar la organización gremial más grande de los docentes”, indicó.

En esa línea, remarcó que “lo que pretenden es el trabajo político” y “consideran importante tomar el magisterio porque es este el que educa y enseña a los niños”.

“No solo podrían desarrollar el tema de las agitaciones, sino también la ideologización, que probablemente ya la estén realizando mediante sus sindicatos. Eso es lo más preocupante que puede ocurrir en el país. La Policía está bajando mucho la guardia y ellos están avanzando justamente en ese trabajo, mucho más partidario”, puntualizó.

Luego, recordó la huelga magisterial del 2017 y a “Pedro Castillo como un rostro visible” de ella. Sin embargo, agregó que “detrás de él estaba toda la estructura del Movadef y de Sendero Luminoso, incluyendo gente de Huancavelica, Junín, especialmente de Ayacucho, Apurímac y Puno”.

“En las diversas investigaciones que hizo la Policía aparecían todos esos pesos pesados de Sendero Luminoso. Pero quien era la cabeza visible era el señor Pedro Castillo. FENATE no es ningún sindicato. Ellos trataron de hacerla parecer como sindicato, pero es un grupo de fachada”, señaló.