La propuesta corresponde al Proyecto de Ley N.° 5 y fue aprobada el pasado 21 de octubre por la Comisión Bicameral de Presupuesto.

La iniciativa plantea incorporar estos recursos al Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2026 para atender diversas necesidades y obligaciones esenciales.

El financiamiento provendrá de las fuentes de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, y estará destinado a diversos pliegos del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales.

Para el debate, la Junta de Portavoces Conjunta acordó otorgar una hora y 30 minutos tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. El presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, José Arista, de Fuerza Popular, sustentó el dictamen ante el pleno.

Asimismo, los legisladores analizan el dictamen del Proyecto de Ley N.° 1, que propone aprobar la Cuenta General de la República.

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Durante su estadía, prevista para el 29 y 30 de octubre, la mandataria visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), con el objetivo de conocer las medidas aplicadas por el Gobierno salvadoreño contra las organizaciones criminales.

También sostendrá reuniones con autoridades y representantes del sector empresarial para intercambiar experiencias y explorar oportunidades de cooperación e inversión.

La jefa de Estado estará acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; del Interior, César Astudillo; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y de Salud, Luis Dyer. La comitiva también estará integrada por la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director de Pronied, Pedro Morales.

La visita oficial busca fortalecer las relaciones entre Perú y El Salvador y ampliar la cooperación bilateral en áreas como justicia, salud, educación y turismo.

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La Denuncia Constitucional n.° 9-2026-2031 comprende presuntas infracciones a la Constitución y los posibles delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Según el informe de calificación, los hechos están relacionados con la presunta falta de acciones para promover el debate y la votación de informes sancionadores de la Comisión de Ética durante la gestión de Vergara. El grupo de trabajo determinó que la denuncia cumple los requisitos formales y de procedencia establecidos en el Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que continuará el procedimiento parlamentario.

En la misma sesión, la comisión declaró improcedentes dos denuncias constitucionales. La primera, vinculada con una presunta omisión de funciones frente a solicitudes sobre educación superior para personas con discapacidad, fue archivada con 19 votos a favor, debido a que el pedido había sido derivado al Ministerio de Educación.

La segunda, presentada contra Pablo Sánchez Velarde, Janet Tello Gilardi, Carmen Julia Jorge Castillo y otros, fue declarada improcedente con 18 votos a favor y una abstención, al no encontrarse argumentos suficientes para sustentar los delitos imputados y haberse establecido la prescripción de determinados hechos.

Asimismo, la comisión aprobó declarar la caducidad de la prerrogativa funcional del expresidente Francisco Sagasti y del exministro del Interior José Elice, debido a que transcurrieron cinco años desde que dejaron sus cargos, el 28 de julio de 2021.

Por otro lado, acordó la sustentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados el informe final de la denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Walter Ayala.

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Consideró que la visita a El Salvador, donde la mandataria se reunirá con su homólogo de ese país, Nayib Bukele, debe permitir identificar estrategias que puedan aplicarse en el Perú para combatir la delincuencia y la inseguridad.

Miguel Torres calificó el viaje de importante y destacó la necesidad de aprovechar las lecciones de ese país en la lucha contra el crimen.

Expresó su expectativa de que los conocimientos recogidos contribuyan a fortalecer las medidas de seguridad impulsadas por el Gobierno peruano.

“Este es un viaje fundamental, tenemos que sacarle el mayor de los provechos, creo que es un acierto que la presidenta Keiko Fujimori vaya allá para poder rescatar las mejores lecciones aprendidas respecto de un país que ha dado el ejemplo de cómo controlar, cómo abatir la delincuencia, la inseguridad en su país”, refirió a la prensa.

De otro lado, el titular del Senado destacó la devolución de S/300 millones al Poder Ejecutivo, como resultado de decisiones conjuntas de las mesas directivas del Congreso. Según indicó, los recursos podrían destinarse a atender problemas de inseguridad ciudadana y emergencias vinculadas al fenómeno El Niño.

Respecto a las diferencias entre las cámaras de Diputados y Senadores sobre procedimientos legislativos, Miguel Torres descartó que exista una confrontación con el titular de la Cámara de Diputados, Óscar Reto. Afirmó que las discrepancias son naturales en un Congreso bicameral y sostuvo que ambos mantienen una buena relación.

Finalmente, explicó que las diferencias sobre el encabezado de la promulgación de la ley de delegación de facultades fueron abordadas mediante una fe de erratas para dejar constancia del trabajo conjunto de ambas cámaras.

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El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, solicitó este miércoles 28 de octubre que el Ministerio Público sea incorporado al Comando Unificado creado por el Poder Ejecutivo para reforzar las acciones contra el crimen organizado en el Perú.

El pedido fue formulado durante el seminario internacional “Seguridad ciudadana en el Perú: respuestas desde el Estado, el sector privado y la ciudadanía”, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde el titular de la Fiscalía señaló que la inseguridad ciudadana constituye el principal problema del país.

Según detalló la agencia Andina, Gálvez consideró necesario que la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas desarrollen labores coordinadas de inteligencia y contrainteligencia para enfrentar a las organizaciones criminales. En ese contexto, planteó que el Ministerio Público también participe en las acciones del Comando Unificado.

Fiscalía busca participar desde el inicio de los operativos contra el crimen

El titular del Ministerio Público explicó que las estrategias policiales y militares deben complementarse con investigaciones fiscales y procesos penales que permitan sustentar las acciones contra las bandas criminales.

Según indicó, la presencia de los fiscales desde las primeras etapas de las intervenciones permitirá orientar jurídicamente las diligencias y garantizar una adecuada recopilación de pruebas para las investigaciones.

Gálvez sostuvo que la lucha contra la criminalidad organizada requiere una actuación articulada entre las instituciones responsables de la seguridad y la administración de justicia, de manera que las operaciones puedan traducirse en investigaciones y procesos penales debidamente sustentados.

Ejecutivo habría prometido incorporar al Ministerio Público

Durante su intervención, el fiscal de la Nación aseguró que el Poder Ejecutivo se comprometió a incluir al Ministerio Público en el Comando Unificado.

“Desde el Ejecutivo nos han prometido incorporar al Ministerio Público en este Comando Unificado”, manifestó Gálvez, quien agregó que las autoridades ya solicitaron la participación de fiscales en las operaciones previstas.

Sin embargo, sus declaraciones no constituyen por sí solas una confirmación de que la incorporación institucional se haya formalizado. Hasta la información disponible, el pedido fue anunciado por el titular del Ministerio Público y respaldado por un compromiso que atribuyó al Ejecutivo.

¿Qué es el Comando Unificado y cómo enfrentará al crimen organizado?

El Comando Unificado es una estructura de coordinación impulsada por el Poder Ejecutivo para articular acciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas frente a la criminalidad organizada.

Según información difundida sobre su funcionamiento, contempla la participación de aproximadamente 1.350 efectivos policiales y militares, incluyendo integrantes del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y unidades especializadas de la PNP.

Entre las acciones previstas figuran operaciones de búsqueda y captura, intervenciones especiales y labores de inteligencia destinadas a identificar y desarticular organizaciones criminales.

La propuesta del fiscal de la Nación busca incorporar el componente de investigación penal a esta estructura, sin reemplazar las competencias que corresponden a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.

“Me retiro simplemente por pensar diferente”, declaró a la prensa, aunque calificó a la agrupación como un partido bien conformado y con personas honestas.

Jorge Gavidia explicó que su decisión responde a discrepancias políticas surgidas durante los últimos meses y descartó incorporarse a otra organización o bancada durante el resto de su mandato. Asimismo, indicó que formalizará su salida de la bancada ante la Oficialía Mayor del Senado.

Señaló que algunas de sus propuestas no encontraron los espacios de coordinación que esperaba. Entre ellas, mencionó una iniciativa relacionada con la Comisión de Transferencia, cuyo avance consideró que se había dilatado. También afirmó que, durante un viaje, se enteró de que se evaluaba imponerle una sanción partidaria.

El senador precisó que no conversó directamente con el líder del partido antes de presentar su desafiliación, pues consideró que el contexto podía generar una situación complicada. Además, rechazó que su salida responda a un acuerdo político o implique un acercamiento al oficialismo.

Finalmente, Gavidia negó que su decisión constituya un cambio de bando y aseguró que mantendrá una posición autónoma en el Senado.

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El presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, Carlos Mesía Ramírez, de Fuerza Popular, explicó que el reglamento diferencia la evaluación técnica de los candidatos, a cargo de la comisión especial, de la elección final, que corresponde al Pleno del Senado y requiere el voto favorable de dos tercios de sus integrantes.

Así, el Pleno del Senado aprobó, con 40 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones, el texto sustitutorio del dictamen recaído en las proposiciones de Resolución Legislativa del Senado 00011-2026-2031-S y 00016-2026-2031-S que aprueban el Reglamento Especial de Elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

Evaluación

La evaluación tendrá un máximo de 100 puntos: 70 por la calificación curricular y 30 por la entrevista personal, que será pública y presencial. Para integrar la lista de candidatos aptos, los postulantes deberán obtener al menos 50 puntos en la evaluación curricular y 10 en la entrevista.

El procedimiento también contempla la presentación de tachas ciudadanas y la calificación individual y pública de los aspirantes.

Durante el debate, senadores de Juntos por el Perú y Ahora Nación plantearon elevar la ponderación curricular a 85 puntos y reducir la entrevista a 15, con el argumento de priorizar los méritos académicos y profesionales. También propusieron reforzar la evaluación de la integridad de los postulantes y ampliar la participación de los colegios profesionales.

Desde el Partido del Buen Gobierno, Patricia Iturregui cuestionó que la elección se concentre en un órgano político y pidió impulsar una reforma constitucional que fortalezca la independencia del TC.

En tanto, legisladores de Fuerza Popular y otras bancadas defendieron el dictamen y destacaron la incorporación de mecanismos de transparencia, meritocracia y participación ciudadana.

Durante la discusión también surgieron dudas sobre el alcance de las disposiciones que permiten presentar candidaturas individuales o mediante colegios profesionales.

Se informó que el reglamento busca establecer criterios objetivos e imparciales, garantizar la igualdad de oportunidades y asegurar el cumplimiento de los requisitos constitucionales para la elección de los magistrados.

#PlenoDelSenado aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de resolución legislativa 11 y 16, que propone aprobar el Reglamento Especial de Elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional. https://t.co/bS4cJ2VmPy

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 28, 2026

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En sesiones anteriores, el juez Jorge Chávez Tamariz evaluó el pedido para archivar la acusación de lavado de activos en contra de algunos acusados. Sin embargo, la sesión del próximo mes es el inicio del control de requerimiento acusatorio de parte de la Fiscalía, es decir, el paso previo antes de pasar a juicio oral.

EL CASO

La tesis fiscal sostiene que existe una organización criminal dedicada a cometer graves actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas, hechos que fueron cometidos entre los años 2011 hasta el 2015.

La presunta red habría actuado en 17 procesos arbitrales para direccionar arbitrajes para favorecer a la empresa Odebrecht y otros, esto a cambio de pagos ilícitos.

Según la acusación, los hechos ilícitos se circunscriben a cinco obras públicas: Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3, Interoceánica Norte (IIRSA Norte), carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, y carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.

La Fiscalía acusa al menos a 25 personas por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, lavado de activos, colusión agravada,cohecho activo específico y corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales.

Las penas van desde los nueve hasta los 25 años y cuatro meses de cárcel.

CAMBIOS

La acusación fiscal estaba originalmente a cargo de Diana Liz Canchihuamán Castañeda, fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Sin embargo, hace poco el caso pasó a manos del fiscal provincial Guido Vera Vera y de Paul Vicente Quincho, fiscal adjunto provincial.

Fuentes judiciales sostienen que los cambios sobre la conformación de fiscales ocurridos durante el año, han tenido un impacto.

“No solo fueron excluidos Rafael Vela y José Domingo Pérez, sino también muchos fiscales que tenían casos de Lava Jato”, indicó.

Desde su punto de vista, el cambio de fiscal en el caso Árbitros de Odebrecht tiene un impacto negativo, porque se trata de un caso complejo, con varios imputados, un gran volumen de información, acumulación de una investigación de nueve a 10 años.

“Los nuevos fiscales no tienen esa experiencia en casos extremadamente complejos, no tienen dominio del caso. No se ha visto en acción al nuevo fiscal, no se sabe si está preparado”, sostuvo.

Al respecto, hay ejemplos que evidencian lo antes señalado.

Sobre el Caso Gasoducto Sur, un fiscal superior que se incorporó recientemente al caso, cuestionó la acusación en una audiencia pública.

Por otro lado, está la apelación de la sentencia contra el expresidente Martín Vizcarra, audiencias en las que una intervención fiscal no duró más de dos minutos.

“Esto revela la falta de dominio y de información del caso. Es una ventaja para la parte acusada”, indicó la fuente.

Por ahora, los ojos están sobre la audiencia que se realizará el lunes 9 de noviembre entre las 9:00 a.m. y 5:00 p.m. mediante la plataforma Google Meet, espacio en el que participará un representante de la Fiscalía, de la Procuraduría y los abogados de los acusados.

Carlos Orlando Díaz Díaz, un expolicía que sobrevivió a dicha incursión, asegura haber reconocido al hoy congresista de JP entre los perpetradores del asalto, que dejó seis agentes fallecidos.

La información la hizo pública el coronel PNP en retiro Max Anhuamán, exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), quien recibió el relato del exsuboficial y lo puso en conocimiento de las autoridades competentes.

En diálogo con PBO, Anhuamán explicó que Díaz Díaz se comunicó voluntariamente con él para contarle lo ocurrido y autorizó que su testimonio fuera grabado. De acuerdo con el exjefe policial, el sobreviviente sostiene que vio personalmente a Maraví Olarte durante los hechos y que no olvidó su rostro.

El testigo asegura que el ahora senador de Juntos por el Perú vestía prendas similares a las de un oficial policial, con distintivos de mayor. Según su versión, lo tuvo a corta distancia y pudo reconocerlo durante la incursión.

“Él entró al calabozo donde estábamos nosotros y nos llevaron secuestrados”, afirma Carlos Díaz, de acuerdo con Anhuamán.

EN CURSO

Anhuamán informó que entregó comunicaciones, imágenes y otros elementos vinculados con dicho testimonio al director de la Dircote, general Carlos Zapata Fernández, para su evaluación.

Asimismo, mediante sus redes sociales, añadió que ayer hizo lo propio en la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo.

Anhuamán aseguró que Díaz Díaz está dispuesto a declarar ante el Senado o las autoridades que lo convoquen para ratificar su testimonio, el que se suma a otras versiones que relacionan a Maraví con atentados de Sendero Luminoso en los años 80.

Dicho registro fue cuestionado en los últimos años porque permite que la minería ilegal pueda operar sin ser fiscalizada.

POSTURA

En declaraciones a la prensa, Shinno señaló que el Reinfo protege a la minería ilegal, por lo tanto, se debe impedir su ampliación.

“El Ejecutivo está claro que el Reinfo no debe aprobarse, por eso se ha presentado de una iniciativa. Para el Ejecutivo, hoy día es no extensión del Reinfo (sic)”, afirmó.

Precisamente, el titular del sector se presentó ayer ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados para sustentar la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.

Durante su presentación, el ministro recordó que el Reinfo “es el paraguas legal que está utilizando la minería ilegal”.

“Va a haber un régimen de consolidación que va a estar mucho más simplificado para que los mineros informales puedan, finalmente, optar por ese registro final de formalización y exceptuando a la minería ilegal”, indicó.

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CRÍTICA

La propuesta que presentó el Ejecutivo plantea la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), un organismo que introducirá un régimen de formalización para los mineros entre el 1 de enero del 2027 al 30 de junio del 2028.

Al respecto, la senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) consideró el plazo planteado de 18 meses.

“No van a alcanzar los plazos, no se va a resolver ni en 18 meses, ni el próximo año”, dijo.

La dignataria, que espera reunirse con su homólogo Nayik Bukele, observará el modelo denominado “Plan Bukele” para evaluar “su posible adaptación a la realidad del Perú”.

La estrategia salvadoreña ha tenido resultados destacables e impulsado expectativas en diversos países de la región, pero, a la vez, acumula severas críticas y fue aplicado en un escenario diametralmente opuesto a lo que acontece en territorio peruano.

Primeros pasos

Bukele inició la primera parte de su estrategia 19 días después de jurar en el cargo el 1 de junio del 2019.

El Plan Control Territorial (PCT) incluyó distintas fases. Estas fueron: Preparación, para controlar los territorios y reprimir el delito; Oportunidades, para atraer a los jóvenes y prevenir su integración a pandillas; Modernización, equipar a las fuerzas de seguridad; e Incursión, ahondar en los operativos en comunidades y capturar a los integrantes de pandillas.

Asimismo, en las etapas Extracción e Integración se buscó establecer cercos de seguridad para “extraer” a los delincuentes, y facilitar oportunidades laborales a la ciudadanía junto a servicios sociales, respectivamente.

El programa fue posible luego que el mandatario aplicara el artículo 168 de la Constitución: el presidente tiene la facultad excepcional para disponer de las Fuerzas Armadas, en aras de la seguridad pública, la paz interna y la tranquilidad, en apoyo de la Policía. Tiempo después, el mandatario inició una serie de confrontaciones con el Poder Legislativo de su país en búsqueda de la aprobación de reformas que sean funcionales al plan.

Cambio de juego

Los cambios sustanciales en las normas de El Salvador, impulsadas y buscadas por Bukele, fueron únicamente posibles gracias a la recomposición del Legislativo, en el que no tenía la mayoría.

En febrero del 2020, el dignatario ingresó secundado por una escolta de militares al Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Allí, exhortó a los diputados a aprobar sus solicitudes de reformas o a presenciar la disolución de la institución. La respuesta fue negativa, pero un año después, el partido oficialista consiguió la elección de 56 de 84 diputados ((67%) tras nuevos comicios.

Con ello, en una primera sesión del Congreso y sin seguir la normativa vigente, el jefe de Estado consiguió reemplazar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general de la República. Sin contrapesos, un nuevo paquete de reformas bajo la figura de un “Régimen de excepción”, fue aprobado con posterioridad.

A diferencia de El Salvador, el Perú posee un Congreso con dos cámaras. Las iniciativas son evaluadas por los diputados y luego enviadas a los senadores. En la primera cámara, el oficialismo reúne 56 diputados, 41 del partido del gobierno Fuerza Popular (FP) y otros 15 de su aliado Renovación Popular (RP). Al frente están los 74 de la oposición: 32 de Juntos por el Perú (JP), 18 del Partido del Buen Gobierno (PBG) 14 de Obras y 10 de Ahora Nación (AN).

En el Senado, mientras tanto, el gobierno reúne 30 senadores, 22 de FP y 8 de RP, frente al mismo número que tiene el grupo no oficialista: 14 de JP, 7 del PBG, 5 de Obras y 5 de AN. Las reformas legales para afrontar el crimen tendrían un obstáculo infranqueable si comparamos este escenario con el del Bukele.

“Plan Bukele”

En 2022, tras 87 homicidios registrados en tres días consecutivos 24, 25 y 26 de marzo –debido al aparente “cese” de un pacto entre las pandillas y el gobierno–, Bukele pidió la aprobación de un régimen de excepción a la Asamblea Legislativa.

Los primeros derechos en suspenderse fueron el de la libertad de reunión y asociación, a la información de los motivos para la privación de la libertad, a tener un abogado defensor y a las garantías de un debido proceso.

También se autorizaron las detenciones sin una orden judicial o sin que se haya cometido un delito en flagrancia y la ampliación de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa.

Junto a ello, también se dejó sin efecto la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de comunicaciones sin una orden judicial. Desde el 27 de marzo de 2022 hasta la fecha, las medidas se han ampliado 56 veces.

En abril del mismo 2022, se implementaron nuevas medidas, entre ellas, el endurecimiento de penas y la reforma de la Ley Penal Juvenil (ver infografía).

En ese contexto, los cambios en las instituciones de justicia, la resolución de la nueva Sala de lo Constitucional que permitió su reelección presencial, denuncias de hostigamiento a periodistas, entre otros, le valieron señalamientos. The Economist reportó en el 2023 que el país había cobrado un giro autoritario.

No obstante, las cifras positivas también generan repercusión. Tras la llegada de Bukele, en 2019, hubo una reducción en las tasas de homicidio. “De 51 homicidios por cada cien mil habitantes en 2018, (se pasó) a ocho homicidios por cada cien mil habitantes en 2022. Una disminución del 84 % en cuatro años”, según estimó el Instituto Videnza.

Se alertó, sin embargo, que parte de esa reducción estuvo vinculada a una presunta tregua entre el gobierno y las pandillas del 2019 al 2022, es decir, en la primera parte de la estrategia.

Las denuncias por violaciones a los derechos humanos también proliferaron. “La suma de desaparecidos en 2022 y 2023 ascendió a 360, y una investigación periodística relató cómo una persona muere cada cuatro días en las cárceles”, recogió la institución antes citada.

A inicios de este año, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, informó que el país llevaba 1102 días sin homicidios al cierre del 2025. Además, indicó que la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes es de 1.3.

Escenarios

Las realidades delictivas de ambos países es quizá el factor más diferenciador. En El Salvador, las pandillas cobraron notoriedad hace treinta años, en promedio, con la extorsión a negocios locales como medio de financiamiento y el asesinato a miembros de pandillas rivales como principales actos.

Los más peligrosos fueron identificados como “La Mara Salvatrucha” y el “Barrio 18”. Solo en 2022, la Policía Nacional de El Salvador tenía identificados a 118 000 integrantes de estas bandas. Estas se instalaron en localidades vulnerables y de bajos recursos, en donde les era más fácil captar a adolescentes.

Esta concentración en puntos específicos, junto al uso de señas diferenciadoras, como tatuajes, uso de vestimentas en particular o grafitis, ayudaron a las autoridades a identificarlos y ubicarlos.

En nuestro país, mientras tanto, el crimen organizado es más disperso, con el narcotráfico y la minería ilegal como principales vertientes. Además, las organizaciones pueden ser nacionales o transnacionales y operan en áreas urbanas y rurales.

La geografía peruana –con una distribución de costa (12%), sierra (29%) y selva (61%), según el Ministerio de Agricultura– les resulta propicio para resguardarse de la vigilancia policial y rearmarse.

En ese sentido, no solo la diversa población delincuencial está distribuida a lo largo del Perú –considerando que el país está más habitado que El Salvador– sino que tampoco hay una concentración de un grupo en particular, rápidamente identificable, sobre el cual actuar.

En declaraciones a RPP, Matute consideró que las consecuencias previstas para quienes dejan sus grupos parlamentarios no son suficientes y sostuvo que estas decisiones deben evaluarse también desde el compromiso asumido con los electores. A su juicio, los congresistas no solo representan sus propias posiciones, sino también a las organizaciones políticas y a los ciudadanos que respaldaron sus candidaturas.

“Él no ha pensado que hay colectivos en torno a él que tienen que ver con su estar en este momento en el Congreso. Él hace parte de un partido, hace parte de una bancada, tiene un grupo de votantes, tiene líderes que lo representan; todo eso tenía que haber pesado en la toma de su decisión”, indicó.

¿Qué dijo sobre su renuncia?

Jorge Gavidia anunció el lunes su salida del Partido del Buen Gobierno y de su bancada parlamentaria, al considerar que las discrepancias internas impedían su permanencia. En declaraciones a RPP, afirmó que había expuesto sus posiciones desde que fue convocado para integrar la lista al Congreso y que intentó llegar a acuerdos con sus compañeros.

El ahora exintegrante de la agrupación explicó que sus diferencias no surgieron durante su participación en el Parlamento, sino que ya las había comunicado al partido cuando fue invitado a postular al Senado. Según relató, inicialmente se contempló que podría desempeñar una función más técnica si la organización llegaba al Gobierno, pero su permanencia se volvió inviable por las discrepancias y otros factores internos.

Gavidia detalló que el debate sobre la solicitud de facultades legislativas fue determinante para concluir que no podía continuar en la bancada. Sobre las diferencias que motivaron su decisión, señaló lo siguiente.

“Sí es doctrinaria general [las divergencias]. Desde que entré al partido comenté mi posición. […] Cuando fui convocado hice presente mi posición diferente. Incluso, también al ser convocado para participar como candidato al Senado. Sin embargo, se consideraba que si hubiésemos sido Gobierno probablemente asumía un rol más técnico. Pero ya estando dentro del partido, expuse siempre mi posición y traté de conciliar, pero ya era inevitable, con lo de las facultades me di cuenta que era imposible, aparte de otras cosas internas que limitaban totalmente mi accionar”, sostuvo.

Sobre esta propuesta, el titular del sector explicó que el objetivo es habilitar estos espacios de manera más rápida y económica.

“Queremos apostar por una cárcel modular, con paneles prefabricados, construirla lo más rápido posible y de la manera más barata para que sea para reos que no son violentos”, afirmó.

Agenda en El Salvador

Álvarez viajará a El Salvador del 28 al 31 de octubre para conocer las medidas que adoptó el gobierno de Nayib Bukele durante la etapa inicial de su lucha contra el crimen organizado. La delegación también busca conocer el sistema que articula a fiscales, jueces y policías especializados en la intervención contra las pandillas conocidas como maras.

Como parte de la agenda, está prevista una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), uno de los establecimientos penitenciarios salvadoreños. La visita oficial incluye, además, una reunión privada entre la presidenta Keiko Fujimori y Bukele, así como un encuentro ampliado con ministros de Estado.

La agenda contempla reuniones con autoridades salvadoreñas de Justicia y Seguridad Pública, Educación, Ciencia y Tecnología, y Salud. El propósito es recoger experiencias sobre las estrategias de seguridad y el funcionamiento de las instituciones involucradas.

El funcionario ya había exhortado el domingo a las personas que habitan cerca de torrenteras a prepararse y abandonar esos lugares ante la posibilidad de que el agua se desborde. Este martes reiteró su llamado desde la iglesia de Las Nazarenas, donde brindó declaraciones a los medios de comunicación.

Pide a familias no volver a las quebradas

Arnillas advirtió que algunas familias regresan a las zonas de riesgo después de superar una emergencia y vuelven a construir viviendas en los cauces. Sobre esta situación, sostuvo que la reubicación de toda la población expuesta no puede ser asumida por el Estado.

“El Estado no puede cubrir todo eso; cada familia tiene que tomar conciencia de la situación, cada (fenómeno) del Niño que ocurre, las familias, cuando entra el agua, se ven perjudicadas, salen de la situación y luego vuelven a entrar a la torrentera, están construyendo casas en medio del cauce de la torrentera, tienen que tomar conciencia de eso”, señaló ante la prensa.

El ministro indicó que el Gobierno continúa con los trabajos de descolmatación en quebradas y cauces para reducir el riesgo de desbordes. También precisó que la maquinaria opera a máxima capacidad, incluso en dos turnos al día, aunque consideró que estas labores no son suficientes si las familias siguen viviendo en zonas expuestas.

“Estamos descolmatando quebradas, estamos trabajando para descolmatar cauces, la maquinaria está a tope trabajando incluso dos turnos por día, pero con eso no basta; las familias que viven dentro de las quebradas tienen que tomar conciencia, ellos mismos tienen que tomar conciencia de la situación”, aseveró.

Saludo a las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la República por esta importante decisión, en un contexto de emergencia ante el fenómeno El Niño y de lucha frontal contra la criminalidad. Estos recursos serán destinados a atender las principales prioridades del país.

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 27, 2026

A través de su cuenta en X, la mandataria destacó que la decisión responde a prioridades vinculadas con la emergencia climática y la seguridad ciudadana. Asimismo, reconoció la participación de las autoridades de ambas cámaras legislativas en la adopción de estas medidas.

Fujimori expresó su respaldo al acuerdo y señaló que los recursos deben atender las necesidades que enfrenta el país. En su publicación, sostuvo lo siguiente.

“Saludo a las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la República por esta importante decisión, en un contexto de emergencia ante el fenómeno El Niño y de lucha frontal contra la criminalidad. Estos recursos serán destinados a atender las principales prioridades del país”

La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, expresó hoy su satisfacción por la confirmación de la próxima visita del papa León XIV al Perú y afirmó que su llegada representa un motivo de alegría en medio de las dificultades que enfrenta el país.

La mandataria calificó el viaje del pontífice como un regalo y una bendición para los peruanos, luego de que la Santa Sede ratificara que la gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú se realizará del 6 al 17 de noviembre de 2026, conforme al itinerario previsto.

“Para nosotros es un bálsamo, es un regalo que nos da en medio de la adversidad que empezamos a afrontar. La llegada del papa la recibimos como una gran bendición”, manifestó Fujimori ante los medios de comunicación.

Keiko Fujimori expresa alegría por visita del papa León XIV

Durante sus declaraciones, la jefa de Estado destacó la relación del pontífice con el Perú, país donde desarrolló parte importante de su labor pastoral antes de convertirse en líder de la Iglesia católica.

“Hemos recibido con profunda alegría la confirmación de Su Santidad, el papa León XIV, que va a hacer su gira por Sudamérica. Y, por supuesto, el Perú, el país que él tiene en su corazón, lo va a recibir con gran alegría”, señaló.

La presidenta también resaltó el significado de la visita en el contexto de los desafíos que afronta el país, entre ellos las medidas de preparación frente al fenómeno El Niño.

Las declaraciones fueron ofrecidas tras la ceremonia de colocación de la primera piedra de la nueva infraestructura de la Institución Educativa N.° 1211 José María Arguedas Altamirano, ubicada en el distrito limeño de Santa Anita.

¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú?

De acuerdo con el programa difundido por la Santa Sede, León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre, procedente de Buenos Aires, Argentina.

La visita al territorio peruano forma parte de una gira sudamericana que comenzará el 6 de noviembre en Uruguay y continuará por Argentina antes de su llegada al Perú.

Durante su permanencia en el país, el pontífice tiene programadas actividades en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

El 16 de noviembre está previsto su retorno a Roma, donde llegará el 17 de noviembre, según el itinerario oficial del Vaticano.

Vaticano confirmó que León XIV mantiene su viaje a Sudamérica

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó el lunes 26 de octubre que el viaje apostólico se desarrollará según lo programado.

La ratificación se produjo después de que el pontífice fuera sometido a una intervención quirúrgica y recibiera evaluaciones médicas sobre su recuperación.

El Vaticano informó que el estado clínico del papa permite mantener las actividades previstas para la gira, que incluye desplazamientos por diferentes ciudades de los tres países.

Tras conocerse esta confirmación, Fujimori expresó públicamente su satisfacción y sostuvo que el Perú se prepara para recibir al pontífice con alegría.

La fecha dependerá de la resolución de las actas observadas y de los recuentos de votos que aún están en trámite.

En declaraciones a Canal N, Rosales precisó que, según el reporte del organismo electoral, se había resuelto el 99,8 % de las actas observadas y se había completado el 84 % de los recuentos de votos en el ámbito nacional.

El especialista indicó que los jurados electorales especiales y el Pleno del JNE permanecen en sesión permanente, incluidos los días no hábiles, para atender los recuentos y las actas impugnadas. En el caso de las elecciones regionales, el plazo para concluir las audiencias de recuento vence el 28 de octubre.

Rosales explicó que este plazo busca disponer del tiempo necesario para organizar la segunda elección regional, prevista para el 6 de diciembre.

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Según indicó, los recursos podrán utilizarse para atender necesidades prioritarias, entre ellas la seguridad ciudadana y las emergencias relacionadas con el fenómeno El Niño.

Torres explicó que las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados impulsaron medidas para reducir gastos, eliminar alquileres y mejorar la administración de los recursos del Parlamento.

“Hemos logrado ahorrar aproximadamente 303 millones de soles”, señaló ante la prensa.

De acuerdo con el titular del Congreso, de los S/ 303 millones ahorrados, ya se transfirieron S/ 33,6 millones para atender la emergencia por el fenómeno El Niño. La devolución de los S/ 270 millones restantes al Ejecutivo se realizará hoy, precisó.

“Este resultado no es mérito de una bancada ni de una sola cámara. Es el trabajo conjunto de dos mesas directivas, porque cuando se trata de poner al Perú primero, las diferencias políticas pueden y deben esperar. No somos dos cámaras trabajando por separado, somos un solo Congreso trabajando por el Perú”, añadió.

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El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, reiteró este martes 27 de octubre que el Gobierno no promoverá una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo de vigencia vence el 31 de diciembre de 2026. El funcionario sostuvo que el actual mecanismo ha sido utilizado para dar cobertura a actividades mineras ilegales y defendió la necesidad de aprobar un nuevo marco normativo.

Durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, presidida por Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) sustentó el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo para reformar el proceso de formalización del sector.

“Hoy día, tal como está el Reinfo, protege a la minería ilegal. Más bien, hay que diferenciar la minería ilegal de la minería informal. Por eso no podemos permitir que se siga ampliando el Reinfo”, manifestó Shinno en declaraciones a los medios.

Unos 30 mil mineros tienen pendiente su formalización

El ministro estimó que alrededor de 30 mil mineros todavía deben completar su proceso de formalización y consideró que el nuevo sistema propuesto por el Ejecutivo permitirá atender esta situación mediante procedimientos simplificados.

Según explicó, la iniciativa contempla un periodo de transición de aproximadamente un año y medio para que los operadores comprendidos puedan cumplir los requisitos necesarios e incorporarse al régimen formal.

“Yo creo que un año y medio, si tenemos el proceso bien simplificado, es más que suficiente para poder formalizar al resto que está quedando”, sostuvo.

Shinno insistió en que el objetivo es terminar con las ampliaciones sucesivas del Reinfo y establecer mecanismos de control que permitan distinguir a quienes buscan regularizar sus actividades de aquellos que operan fuera de la ley.

Reinfo terminaría el 31 de diciembre y daría paso a nuevo régimen

El proyecto de Ley MAPE propone que el actual Reinfo concluya el 31 de diciembre de 2026 y sea reemplazado por un nuevo sistema de formalización minera.

La propuesta contempla dos modalidades: un régimen ordinario, de carácter permanente, y un régimen de consolidación transitorio, destinado a determinados operadores que mantienen inscripciones en el Reinfo y tienen pendientes requisitos para culminar su formalización.

De acuerdo con el texto presentado al Congreso, el régimen de consolidación comenzaría el 1 de enero de 2027 y se extendería hasta el 30 de junio de 2028.

El ministro sostuvo que la principal diferencia es que el nuevo mecanismo no mantendría la protección legal que, según su evaluación, ha permitido que actividades ilegales continúen funcionando bajo el registro actual.

“El Reinfo es el gran paraguas de protección legal que hoy día tiene esta minería ilegal, que queremos cortarlo a partir del primero de enero”, afirmó.

Gobierno mantiene posición pese a posibles protestas de mineros

Consultado sobre nuevas movilizaciones de organizaciones de mineros informales que rechazan el cierre del Reinfo, Shinno señaló que el Gobierno ha sostenido reuniones con representantes del sector, pero mantiene su decisión de no impulsar otra prórroga.

El funcionario recordó que corresponde al Congreso debatir y aprobar la normativa que regulará el proceso de formalización.

Ante el tiempo disponible antes del vencimiento del registro, pidió a los legisladores acelerar el tratamiento de la iniciativa.

“Sabemos y somos conscientes del poco tiempo que queda, pero si todos nos apuramos, todos lo aceleramos, podemos concluir con la aprobación de este proyecto de ley”, señaló.

La propuesta continúa en discusión parlamentaria, por lo que la creación del nuevo régimen y sus disposiciones todavía dependen de la aprobación legislativa.

Minem anuncia convenio con el INEI para realizar censo minero

Durante sus declaraciones, el ministro también se refirió al censo minero, una de las medidas previstas para contar con información actualizada sobre las personas dedicadas a la pequeña minería y minería artesanal.

Shinno informó que el Minem ya suscribió un convenio con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para realizar el levantamiento de información.

No obstante, precisó que todavía está pendiente la transferencia de recursos económicos necesarios para iniciar las actividades correspondientes.

“Espero que, ya celebrado el convenio, que ha sido hace menos de diez días, el INEI pueda empezar lo más pronto posible con dicho censo”, manifestó.

Shinno responde por recursos destinados a remediación ambiental en Moquegua

En otro momento, el titular del Minem respondió a los cuestionamientos relacionados con la transferencia de recursos para trabajos de remediación ambiental en unidades mineras cerradas en Moquegua, entre ellas las vinculadas a Aruntani S.A.C.

El ministro explicó que las unidades involucradas fueron cerradas entre agosto y septiembre de 2019 y que desde entonces se venía buscando una solución para atender los problemas ambientales pendientes.

Según su versión, la transferencia cuestionada respondió al cumplimiento de una obligación legal establecida anteriormente.

“Es un mandato de la ley. Lo único que hice es cumplir con la ley; si no, estaría omitiendo mis obligaciones”, declaró.

La explicación corresponde a la posición del ministro y no constituye por sí sola una evaluación independiente sobre la legalidad o los resultados de las medidas de remediación.

Congreso deberá definir el futuro de la Ley MAPE

La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados inició el análisis de la propuesta del Ejecutivo en medio de diferencias sobre los plazos y las condiciones que deberían aplicarse a los operadores que permanecen inscritos en el Reinfo.

Mientras el Gobierno defiende un régimen transitorio con nuevos controles, representantes de la minería informal han cuestionado las condiciones planteadas y solicitado alternativas para continuar sus procesos de formalización.

La decisión final dependerá del debate legislativo y del texto que aprueben las cámaras del Congreso.

Por ahora, la posición del Ejecutivo es no ampliar nuevamente el Reinfo, cuyo vencimiento está previsto para fines de diciembre, y sustituirlo por un esquema regulatorio diferente a partir de 2027.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, pidió que el debate de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) en el Congreso se concentre en promover la formalización minera y evitar nuevas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), así como la eliminación de los mecanismos de fiscalización propuestos por el Ejecutivo.

En declaraciones a El Comercio, el jefe del Gabinete señaló que espera que la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, presidida por Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú, respalde o mejore la iniciativa gubernamental, cuyo debate está programado para este martes 27 de octubre desde las 9:00 a.m.

“Lo que nosotros esperamos es que sea un debate que busque la formalización, que apoyen en esa búsqueda y, no, más bien, la desnaturalización de patear más los plazos (del Reinfo) o de evitar controles”, manifestó.

Gobierno plantea cerrar el Reinfo y crear el Formape

Galarreta sostuvo que uno de los principales objetivos del proyecto es poner fin al actual mecanismo del Reinfo y reemplazarlo por un nuevo sistema de formalización minera.

“Para nosotros, esto no es una ampliación, se está creando una nueva institución que va a poder formalizar (a los mineros informales), que va a poder empadronar”, afirmó.

La propuesta presentada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), encabezado por Guillermo Shinno, contempla la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), que estaría adscrito al sector.

Este organismo tendría funciones relacionadas con la formalización, el empadronamiento, la evaluación ambiental, las autorizaciones mineras y la trazabilidad de los minerales, de acuerdo con los alcances difundidos por el Minem.

Ley MAPE propone dos regímenes de formalización minera

El proyecto establece dos modalidades para regular las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

La primera es un régimen ordinario de carácter permanente, destinado a los operadores que cumplan con los requisitos establecidos para desarrollar sus actividades dentro del marco legal.

La segunda modalidad es el denominado régimen de consolidación, de naturaleza excepcional y temporal, dirigido a personas que mantienen inscripciones vigentes o suspendidas en el Reinfo.

Según la versión del proyecto presentada al Congreso, este mecanismo tendría vigencia hasta el 30 de junio de 2028, periodo durante el cual los mineros comprendidos deberán completar los requisitos pendientes para incorporarse al régimen ordinario.

La propuesta contempla que el actual Reinfo concluya el 31 de diciembre de 2026, aunque las condiciones de transición y los requisitos definitivos dependerán del texto que apruebe el Parlamento.

Ejecutivo busca reforzar fiscalización de plantas de beneficio

Otro de los puntos principales de la iniciativa es el fortalecimiento de los controles sobre las plantas de beneficio, instalaciones donde se procesan minerales, incluido el oro.

La propuesta contempla facultar al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para realizar acciones de supervisión, fiscalización y sanción.

Estas facultades alcanzarían durante cinco años a las plantas de beneficio que superen la capacidad autorizada, según la disposición complementaria transitoria del proyecto.

Galarreta consideró que mantener estos controles es fundamental para diferenciar el nuevo modelo del mecanismo de formalización vigente.

“Más que no negociable, creo que no tendría lógica si no se tienen estos controles, porque perdería la esencia y estaríamos como el Reinfo, que se amplía y se amplía”, declaró a El Comercio.

Mineros informales cuestionan propuesta del Ejecutivo

El debate también ha generado rechazo entre representantes de organizaciones de mineros informales.

Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), cuestionó la iniciativa gubernamental y la calificó de “mamarracho”.

El dirigente adelantó que los integrantes de su organización podrían realizar movilizaciones contra la propuesta, al considerar que el marco planteado no responde a sus demandas.

Entre los participantes convocados al debate también figura José Torrealva Yparraguirre, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales del Distrito de Pataz (AMA Pataz).

Las organizaciones buscan intervenir en la discusión parlamentaria sobre los requisitos y plazos que regularán la actividad de los operadores actualmente inscritos en el Reinfo.

Comisión de Energía y Minas inicia debate de la Ley MAPE

La sesión de este martes fue convocada por la presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, Yenifer Paredes.

Además del ministro Guillermo Shinno, fueron invitados representantes de organismos supervisores, entidades del sector minero, gremios empresariales y organizaciones de pequeños productores.

Entre los convocados figuran Omar Chambergo Rodríguez, presidente del Consejo Directivo de Osinergmin; Walther León Lecaros, presidente de Ingemmet; Hugo Guerra, gerente general del Consejo de Minería; y Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

La discusión permitirá conocer las posiciones de las entidades públicas, los especialistas y los representantes del sector sobre el futuro del Reinfo, las condiciones de formalización y los controles a la actividad minera.

El proyecto todavía debe atravesar el procedimiento legislativo correspondiente, por lo que sus disposiciones no constituyen una ley vigente.

“El balance vendrá a las 100 días (...) estamos golpeando fuertemente a las organizaciones criminales con el comando unificado. Se han logrado capturas importantes y en ese esfuerzo vamos a continuar”, afirmó la mandataria en una actividad en Santa Anita.

Luego continuó con: “Ayer han visto el trabajo en conjunto con el equipo técnico del MTC, con fiscales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Hemos logrado derribar 42 antenas en cuatro penales; ese es un trabajo que se inicia con mucha fuerza”.

Fujimori señaló que estas acciones forman parte de las medidas que impulsa su Gobierno en materia de seguridad.

#EnVivo Keiko Fujimori: Estamos golpeando fuertemente a las organizaciones criminales con el Comando Unificado Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/rNrIz4WPI4

— Canal N (@canalN_) October 27, 2026

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PEDIDO

Todo inició cuando Edwin Romel Béjar Rojas fue nombrado por acuerdo del Pleno de la JNJ como juez superior del distrito judicial de Cusco el 26 de diciembre de 2024. Sin embargo, seis días antes, una persona de sexo masculino se comunicó con él y se identificó como encargado de la Dirección de Selección y Nombramiento (DSN) de la JNJ.

En la comunicación le indicó que requerían de su “colaboración” para asegurar su nombramiento.

Se le pidió la cantidad de dos mil soles, dinero que fue pagado en cuatro operaciones de 500 soles mediante el aplicativo Yape.

La segunda vez que se comunicaron con el juez Béjar fue en octubre de 2025.

La misma persona le indicó que “a pedido de la directora Jerí”, debía colaborar de nuevo con dos mil soles.

Jerí sería Beatriz Jerí, directora de la DSN, cuyo nombre acaparó los medios de comunicación hace siete años cuando fue vinculada al exjuez César Hinostroza, líder de “Los Cuellos Blancos”.

De lo contrario, se tomaría en cuenta que hizo una “falsificación de documentos”, caso que sería elevado para que se le inicie un procedimiento de declaración de nulidad de su nombramiento.

Béjar Rojas solo pudo transferir mil soles y pidió un plazo adicional, pero le informaron que Ximena Leveau (subdirectora de la DSN) ya estaba al tanto de “su falta de colaboración”, por lo tanto, había emitido un oficio para que se determine si hubo vicios en su nombramiento.

MÁS DINERO

Al conocer el proceso en su contra, el juez se puso en contacto con el número de celular que le pedía el dinero, número que correspondería a una persona de nombre Nathali Vega, quien en la actualidad aparece en calidad de testigo en la carpeta fiscal.

Le pidieron dos mil soles de nuevo bajo la amenaza de declarar nulo su nombramiento y su expulsión del Poder Judicial, así que realizó el pago por Yape.

En enero de este año, el mismo número de celular le solicitó 10 mil soles para emitir una opinión favorable de su nombramiento.

Le dieron dos días para pagar, sino, elevarían un informe para anular su designación.

No logró pagar, así que en febrero recibió un oficio donde se le informó el inicio del procedimiento en su contra.

En julio, el juez tomó conocimiento que hubo un cambio en la DSN.

La denuncia fue canalizada por la Procuraduría General del Estado y llegó a manos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, institución que ya hizo requerimiento de información.

Correo se comunicó con personal de prensa de la JNJ, la que nos refirió que el caso está en investigación, por lo que se está a la espera de los resultados, y que la institución colabora con las pesquisas respectivas.

Las juntas de portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados se reunen hoy, martes 27 de octubre, a partir de las 10:30 a.m., en la Sala Grau del Palacio Legislativo, en Lima, para desarrollar una conferencia de coordinación entre ambas cámaras del Congreso de la República.

La reunión fue convocada por disposición de Miguel Ángel Torres Morales, presidente del Senado y del Congreso de la República, en aplicación del literal a) del artículo 85 del Reglamento del Parlamento.

La convocatoria fue dirigida a los integrantes de las mesas directivas y a los portavoces de ambas cámaras, según informó el Congreso.

Congreso realizará conferencia y sesión conjunta de portavoces

De acuerdo con la citación oficial, la jornada comenzará con una conferencia entre las juntas de portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados.

Una vez concluido este primer encuentro, se desarrollará una sesión conjunta de las juntas de portavoces, también en la Sala Grau del Palacio Legislativo.

El documento de convocatoria fue suscrito por Giovanni Forno, oficial mayor del Congreso de la República, quien formalizó la citación a los representantes parlamentarios.

¿Para qué sirven las conferencias entre el Senado y Diputados?

Según el Reglamento del Congreso, las conferencias son espacios de coordinación entre los integrantes de los órganos parlamentarios de ambas cámaras.

Estas reuniones tienen como finalidad abordar asuntos de interés del Estado, del Congreso de la República, de cada cámara y de sus respectivos órganos parlamentarios.

La normativa contempla conferencias de carácter obligatorio y facultativo, de acuerdo con los supuestos y procedimientos establecidos en los reglamentos correspondientes.

Cabe mencionar que, entre las medidas ejecutadas, mencionó el retiro de 42 antenas en cuatro establecimientos penitenciarios.

“Estamos golpeando fuertemente a las organizaciones criminales con el comando unificado. Se han logrado capturas importantes y en ese esfuerzo vamos a continuar”, afirmó la mandataria al referirse a los resultados de las intervenciones.

El retiro de las antenas se realizó mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Fujimori señaló que estas acciones forman parte de las medidas que impulsa su Gobierno en materia de seguridad.

La presidenta indicó que la evaluación integral de su gestión se realizará al cumplirse los primeros 100 días de Gobierno.

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Maritza Manturano Castro, jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa (Mindef) y mano derecha del ministro Rafael Belaúnde Llosa, es investigada por la Fiscalía como presunta cabecilla de la organización criminal “Los servidores fantasmas de Emilima”, reveló Cuarto Poder.

La investigación comenzó en 2023 y, pese a tal antecedente, Manturano fue designada en uno de los más altos cargos del sector Defensa.

La hipótesis fiscal sostiene que, cuando se desempeñó como gerente general de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima) durante la gestión de Jorge Muñoz, Manturano habría aprobado remuneraciones a 22 locadores que no prestaron servicios reales y habría orquestado un esquema para que esos pagos regresen a ella a través de personas de su entorno. La investigación también alcanza a su esposo, Pedro Gamio Felipa.

Entre los involucrados figuran los locadores Cinthya Cavero, Fernando Rojas Barrera, Eduardo Pariona Mamani y Andrés Diez Tochiki, todos de la Gerencia de Operaciones de Emilima.

Audios

La Fiscalía cuenta con dos grabaciones entregadas por un aspirante a colaborador eficaz. Una registra una conversación entre Cavero y Yazmín Sevilla, amiga de Manturano, coordinando la versión que darían ante los investigadores. La otra, según su transcripción, indicaría que Manturano tenía conocimiento de que los trabajos no se realizaron y habría dado instrucciones a coinvestigados para sostener lo contrario.

Manturano rechazó las imputaciones en una carta enviada a Cuarto Poder. Sostuvo que no existen indicios razonables de su participación y atribuyó el caso a motivaciones políticas. Su abogado, Roberto Robles, afirmó que su patrocinada guardará silencio en las citaciones y que los trabajos sí se realizaron.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que el Gobierno destinará S/ 6,000 millones exclusivamente a la construcción de colegios durante 2027, como parte de las inversiones previstas para mejorar la infraestructura educativa del país.

La mandataria precisó que estos recursos forman parte de los S/ 18,000 millones adicionales al presupuesto público de 2027, contemplados por el Ejecutivo para enfrentar el impacto económico del fenómeno El Niño.

El anuncio fue realizado este martes 27 de octubre durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la institución educativa José María Arguedas, ubicada en el distrito limeño de Santa Anita, donde los estudiantes y docentes llevan más de diez años utilizando aulas temporales.

Gobierno anuncia inversión educativa ante el fenómeno El Niño

Durante su intervención, Fujimori recordó que el Ejecutivo presentó, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un paquete de medidas económicas para enfrentar los posibles efectos de las condiciones climáticas.

La presidenta explicó que se trata de un paquete anticíclico, diseñado para responder al impacto que podría generar el fenómeno El Niño sobre la economía nacional.

“Hace una semana anunciamos con el ministro de Economía un paquete anticíclico, así lo hemos denominado, debido a la fuerza en la que viene el fenómeno El Niño y el golpe económico que este puede dar. El Gobierno va a responder con más fuerza”, manifestó la jefa de Estado, según informó la Agencia Andina.

Los S/ 6,000 millones anunciados estarán destinados a proyectos de construcción de instituciones educativas, aunque todavía no se ha detallado cómo se distribuirá este presupuesto entre las diferentes regiones del país.

Keiko Fujimori proyecta 2,000 colegios nuevos y 3,000 renovados

La mandataria también presentó los objetivos de infraestructura educativa de su gestión, que contemplan la construcción de 2,000 colegios nuevos y la renovación de otros 3,000 establecimientos.

Según explicó, estas intervenciones no estarán limitadas a la construcción de aulas, sino que buscarán incorporar espacios y servicios para mejorar las condiciones de enseñanza.

Entre las características anunciadas figuran bibliotecas, laboratorios y talleres productivos, donde los estudiantes de los últimos años de educación escolar puedan adquirir conocimientos relacionados con diferentes oficios.

La presidenta sostuvo que la propuesta también incluye conectividad satelital, con el propósito de facilitar el acceso a información y recursos digitales para docentes y escolares.

Colegios tendrán bibliotecas, laboratorios y conectividad satelital

Fujimori indicó que la modernización de los establecimientos educativos busca integrar infraestructura física y acceso a herramientas tecnológicas.

“Nuestra mirada no solamente va en la infraestructura de 2,000 colegios nuevos y 3,000 colegios renovados, sino también con una conectividad, conectividad satelital, que permita obtener información a velocidad rápida”, señaló durante la ceremonia.

La mandataria añadió que esta conectividad permitiría a los profesores continuar con su preparación y a los estudiantes acceder a contenidos relevantes para su formación académica.

Asimismo, mencionó que las medidas educativas de su gestión incluyen un reglamento de disciplina, que, según afirmó, ha tenido una recepción favorable entre docentes, padres de familia y alumnos.

Colegio José María Arguedas lleva más de diez años en aulas temporales

La actividad presidencial se desarrolló en la institución educativa José María Arguedas, en Santa Anita, donde se realizó la colocación de la primera piedra para su nueva infraestructura.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Andina, los estudiantes y profesores del plantel han desarrollado sus actividades en aulas temporales durante más de una década.

Fujimori señaló que este establecimiento forma parte de los proyectos con los que el Gobierno busca impulsar la modernización de la infraestructura escolar, incorporando ambientes destinados al aprendizaje académico y a la formación práctica.

La presidenta afirmó que la educación constituye una de las prioridades de su administración y que las inversiones anunciadas buscan contribuir al desarrollo de niños y adolescentes.

“Para nosotros, la educación será uno de los legados más importantes que dejemos, porque apostar por nuestros niños y adolescentes es apostar no solo por el futuro, es apostar por el presente de nuestro país”, expresó.

El anuncio de los S/ 6,000 millones corresponde a recursos previstos para 2027. Aún está pendiente conocer la relación de colegios beneficiados, el cronograma de ejecución y la distribución territorial de los proyectos, así como los plazos de cumplimiento de la meta de 2,000 establecimientos nuevos y 3,000 renovados.

Juntos por el Perú (JP) busca que, durante su visita al país, el papa León XIV sostenga un encuentro con el expresidente Pedro Castillo, hoy preso en el penal de Barbadillo por su fallido golpe de Estado. El grupo de izquierda redactó una carta con la finalidad de enviarla al sumo pontífice. Sin embargo, por ahora, el documento se quedó en suspenso.

DETALLES

La misiva redactada por JP tiene como asunto: “Solicitud de visita de caridad pastoral al expresidente Pedro Castillo Terrones”.

En el escrito, senadores del bloque piden que el Santo Padre, dentro de su agenda apostólica y como gesto de caridad, pueda visitar al exmandatario. Incluso, apelan a un versículo de la Biblia en el que Jesús se identifica con los más vulnerables y necesitados.

“Estuve desnudo y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí”, reza el documento, citando a Mateo capítulo 25, versículo 36.

Consultado por el oficio, el líder de JP y jefe del Gabinete de Asesores de la bancada, Roberto Sánchez, indicó a Correo no tener conocimiento de la misiva.

Sin embargo, una fuente de JP en el Senado confirmó a Correo la autenticidad del documento, pero explicó que si bien este se redactó y firmó, se dejó “sin efecto” por ahora. Agregó que esta última decisión le fue comunicada la tarde de ayer.

Aseguró, esto se debe a que Juntos por el Perú ha notado la apretada agenda que tendrá el papa en el país; por lo tanto, se evalúa si enviarán o no el oficio.

Castillo Terrones cumple una condena de 11 años y cinco meses de prisión por su frustrado golpe de Estado del año 2022.

La decisión se produjo tras sus discrepancias con el líder de la agrupación, Jorge Nieto, por la votación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

No obstante, el legislador explicó ayer que prefiere quedarse sin militancia partidaria. “Me mantendré solitario, prefiero no hacer daño a otro partido, hay que ser sinceros”, declaró a El Comercio.

Acogida

El senador Daniel Barragán (Obras) consideró que Gavidia no se habría sentido escuchado por sus compañeros de bancada y no descartó una eventual incorporación.

“Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende de las circunstancias”, declaró a la prensa.

De igual forma, el diputado Aldo Bravo (Renovación Popular) afirmó que su agrupación podría recibir a Gavidia, si es que él comparte sus principios políticos.

“Cualquier persona que respete los principios de derecho a la vida, de la familia, de la patria y la libertad, bienvenido”, señaló. Aunque aclaró que la posible incorporación todavía no había sido discutida en su bancada.

Incluso, el senador Segundo Tapia (Fuerza Popular) también manifestó su disposición a recibirlo y dijo que hay coincidencias con Gavidia en asuntos como el fenómeno El Niño y la inversión.

En cambio, el senador Alfonso López-Chau (Ahora Nación) lamentó esta crisis en Buen Gobierno y recomendó a Gavidia reconsiderar su decisión. El legislador descartó que su agrupación “aliente” el transfuguismo y rechazó abrirle las puertas de su bancada.

En tanto, el senador Íber Maraví (Juntos por el Perú) evitó pronunciarse sobre esta situación y señaló que corresponde a cada organización resolver sus asuntos.

Cabe mencionar que esta medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema Nº 307-2026-PCM, luego de que el Senado autorizara las salidas de la mandataria del territorio nacional.

Las encargaturas se aplicarán en dos periodos: del 28 al 31 de octubre y del 2 al 6 de noviembre de 2026. Debido a que Galarreta también ocupa la Presidencia del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, asumirá interinamente la conducción de la PCM mientras dure la ausencia de la jefa de Estado.

Keiko Fujimori viajará al extranjero

La presidenta viajará a Madrid, España, del 2 al 6 de noviembre para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

Entre el 3 y el 5 de noviembre, tiene previsto intervenir en la sesión plenaria, sostener reuniones bilaterales con otros líderes internacionales, asistir a ceremonias protocolares y participar en las sesiones del Encuentro Empresarial paralelo a la cumbre.

Su agenda contempla una reunión privada con el presidente Nayib Bukele, encuentros con ministros de Justicia y Seguridad Pública, Salud, y Educación, Ciencia y Tecnología, además de visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el Hospital Rosales y una escuela emblemática.

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Bonifaz exigió que el también senador precise sus discrepancias. “Evidentemente, no hay transparencia en esa oscuridad mental”, afirmó.

La congresista aseguró que “ni una vez” Gavidia se pronunció sobre sus diferencias. “Él ha entrado con mucho gusto al Partido del Buen Gobierno, hablando maravillas de nuestro plan de gobierno, hablando maravillas de nuestra posición doctrinaria”, sostuvo.

Además, Bonifaz negó que exista un ambiente conflictivo en su bancada y evitó declarar sobre el futuro de su colega. “Vamos a aplicar el reglamento del Senado”, indicó.

La Junta de Portavoces acordó por unanimidad incluir la propuesta en la agenda, durante una sesión encabezada por el presidente del Senado, Miguel Torres.

La propuesta pertenece a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Para su debate, la Junta estableció un plazo de 30 minutos, que se distribuirá proporcionalmente entre las 6 bancadas y no permitirá interrupciones.

“Lo que sí asumo es que nuestra prioridad es el Fenómeno El Niño y lo sigue siendo”, afirmó el ministro Alberto Beingolea en una comisión del Senado.

El titular de la cartera indicó que el Mincul identificó 273 puntos vulnerables y priorizó 182 para las intervenciones y que las acciones preventivas alcanzaron 16 regiones.

Además, reconoció que el presupuesto de su sector disminuyó este año y planteó incrementarlo en 14% para 2027, por lo que pidió apoyo a los senadores.

El denunciante, cuya identidad no fue revelada, afirmó que Palomino le explicó cómo funciona ese mecanismo. “Al momento de gestionar estos proyectos, a nosotros nos cae un porcentaje. Ese es el verdadero negocio del Congreso”, relató a Panorama.

El excolaborador también denunció que los trabajadores debían pagar con sus propios sueldos entregas de dinero a representantes de comunidades, además de gastos personales de Palomino y el alquiler de una camioneta para trasladarla al penal de Barbadillo, donde está el golpista Pedro Castillo.

Por su parte, la legisladora rechazó las acusaciones y anunció medidas legales contra su extrabajador. “Daré la cara”, posteó en X.

“Ahora toca más bien hacer los decretos, pasar por todo el circuito (...) Por ejemplo, en Agricultura, lo tenemos que aprobar en las direcciones, asesoría jurídica a PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), viceministros y de ahí pasa al Consejo de Ministros”, explicó a Exitosa.

Además, Vinelli cuestionó el trámite parlamentario y pidió mayor celeridad en la elaboración de las normas. “¿Cuánto tiempo se ha demorado el Legislativo para dar las facultades? (...) todo está muy lento (...) hay que acelerar los decretos”, señaló.

Agenda

Durante su presentación, Arnillas expondrá las acciones previstas para prevenir posibles daños asociados al Fenómeno El Niño en distintas regiones del país. También abordará la ejecución de los principales proyectos de inversión pública y las medidas para ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento.

Por su parte, Cárdenas informará sobre los proyectos de infraestructura que se encuentran en ejecución, paralizados o pendientes de culminación. Su exposición también incluirá las intervenciones que están en proceso de formulación y aquellas que continúan en etapa de ejecución.

La quinta sesión de la comisión, presidida por el diputado Luis Quispe Candia, del Partido del Buen Gobierno, está programada para las 12:00 horas en la sala 6 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. El recinto lleva el nombre de “José Gabriel Tupaq Amaru Noguera y Micaela Bastidas Phuyuqhawa”, y la agenda contempla además la sustentación de dos iniciativas legislativas.

Ositrán reportó puentes que necesitan obras

La convocatoria fue aprobada por unanimidad, con 15 votos a favor, a partir de una solicitud presentada por el diputado Carlos Yalta Sotelo, de Renovación Popular. El pedido está relacionado con las observaciones del organismo supervisor sobre el estado de los puentes en vías concesionadas.

En julio de 2026, Ositrán reportó que más de 80 puentes requerían intervenciones mayores. De los 99 identificados inicialmente, solo seis estaban siendo intervenidos, según la información del organismo.

Ositrán también señaló que no había recibido información sobre proyectos de adenda destinados a ejecutar las obras pendientes. Estos documentos pueden contemplar modificaciones a los contratos de concesión para atender las necesidades identificadas, según corresponda a cada caso.

La comisión busca que Tangherlini detalle las acciones previstas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para atender las observaciones. La respuesta deberá abordar las intervenciones necesarias y las medidas contempladas para los puentes comprendidos en las concesiones viales.

Durante la misma sesión, el grupo de trabajo también abordó una propuesta legislativa sobre el ingreso de alimentos y bebidas a eventos de concurrencia masiva.

Uno de los dictámenes fue elaborado por la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, a partir del Proyecto de Resolución Legislativa 14. La iniciativa plantea autorizar el ingreso y tránsito en territorio peruano de una unidad naval y personal militar de Chile con armas de guerra.

El segundo dictamen corresponde a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores y está vinculado al Proyecto de Resolución Legislativa del Senado 11. El documento propone aprobar el Reglamento Especial de Elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

Acuerdan tiempos para el debate

La Junta de Portavoces, que sesionó bajo la conducción del presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales, estableció que la discusión de cada asunto tendrá un tiempo total de 30 minutos. Ese periodo se distribuirá proporcionalmente entre los grupos parlamentarios y no se permitirán interrupciones.

Asimismo, los presidentes de las comisiones responsables contarán con 10 minutos para sustentar sus respectivos dictámenes ante el Pleno.