De aprobarse la propuesta, las Fuerzas Armadas podrían realizar operaciones militares, utilizar inteligencia institucional y emplear fuerza letal contra los objetivos identificados.

La medida alcanzaría a organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua y Los Gallegos, además de bandas que operan en zonas fronterizas, como Los Choneros y el Comando Bermejo.

El ministro aclaró en Canal N, que la iniciativa no contempla a la delincuencia común ni a la minería informal. Sin embargo, en Pataz, los grupos criminales vinculados con la minería ilegal que utilicen fusiles de asalto o explosivos serían considerados grupos hostiles y objetivos militares. También se plantea incorporarlos al registro de organizaciones terroristas.

El proyecto incluye además garantías jurídicas para los militares que intervengan en estas operaciones. En los penales, en tanto, se descarta el ingreso de tropas y se plantea reforzar los controles externos mediante retenes, escáneres corporales, detectores de metales y revisión de paquetes.

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El pasado jueves, Gutiérrez sostuvo en RPP y otros medios que en el Perú, quien se atreve a disolver el Parlamento “automáticamente eleva sus puntos porcentuales de aceptación”. Según explicó, ello se debe a que la ciudadanía no cree en sus instituciones.

Sostuvo que Fujimori llegaría al 80% o subiría 20% o 30% más de su actual 60%.

Indignación

En ese sentido, a través de la red social X, Barragán acusó al funcionario de “incitar al cierre del Congreso” y promover actitudes “antidemocráticas y desestabilizadoras”.

Asimismo, en Canal N, afirmó que se avergonzaba de las expresiones del defensor. “Una persona que está en ese cargo no puede tener ese tipo de lapsus”, manifestó.

Además, adelantó que su bancada evaluará el lunes las acciones que adoptará y no descartó citar a Gutiérrez para que explique sus dichos ante el Parlamento.

Barragán citó una disposición del reglamento de la Defensoría, que Gutiérrez habría infringido.

Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori cuestionó lo señalado por el titular de la Defensoría.

“Creo que es un desliz la afirmación hecha por el defensor del Pueblo”, indicó. Luego, remarcó: “Rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso”.

Entre tanto, en un comunicado, la Defensoría señaló que lo que hizo Gutiérrez fue “analizar un posible escenario hipotético de manera prospectiva”, lo cual “no constituye, en ningún caso, una exhortación a ejecutarlo”. Aseguró que no respalda ningún quiebre institucional ni una salida al margen de la Constitución.

Mediante un pronunciamiento conjunto difundido este 28 de agosto, los grupos parlamentarios calificaron sus afirmaciones como contrarias al orden constitucional.

Los legisladores sostuvieron que los comentarios de Gutiérrez afectan el equilibrio de poderes y la representación de la soberanía popular. Asimismo, cuestionaron que el titular de la institución encargada de proteger los derechos y la democracia plantee posiciones que, según señalaron, se oponen a las disposiciones constitucionales.

El pronunciamiento fue suscrito por las cuatro bancadas y califica como incitaciones golpistas las declaraciones atribuidas al defensor del Pueblo.

Los parlamentarios remarcaron que el funcionamiento de las cámaras legislativas se encuentra sujeto a las normas establecidas en el ordenamiento jurídico.

Finalmente, las agrupaciones anunciaron que impulsarán medidas institucionales desde el fuero legislativo, dentro de las atribuciones que les corresponden.

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En entrevista con Canal N, explicó que la propuesta pasó por revisiones técnicas antes de ser presentada.

Galarreta señaló que el Ejecutivo sostuvo reuniones con la Dirección Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Estas coordinaciones permitieron identificar vacíos legales y dificultades que, según indicó, deben ser atendidas para mejorar la actuación de las instituciones encargadas de la seguridad.

El jefe del gabinete manifestó su confianza en que los diputados respaldarán la solicitud del Ejecutivo, especialmente por las medidas relacionadas con la atención de emergencias y el orden interno. Aseguró que una mayoría apoyaría la propuesta y recordó que el Congreso también tendrá la función de fiscalizar el cumplimiento de las medidas aprobadas.

Respecto a una posible reducción o fusión de ministerios, Galarreta afirmó que ese asunto no está actualmente en la agenda del Gobierno.

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La propuesta, aprobada por el Consejo de Ministros y suscrita por la presidenta Keiko Fujimori y el premier Luis Galarreta, reúne 66 solicitudes.

El pedido comprende distintas áreas de la administración pública y la economía, entre ellas seguridad ciudadana, orden interno, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, régimen tributario, desarrollo productivo y simplificación de trámites. También incorpora medidas vinculadas con una reforma estructural del Estado.

En materia de seguridad, el Ejecutivo propone modificar normas para enfrentar delitos como extorsión, sicariato, minería ilegal y delitos informáticos.

Entre las iniciativas figura establecer un marco legal para considerar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas y regular la legítima defensa con presunción de inocencia respecto de la racionalidad del medio utilizado.

El proyecto también contempla cambios en el sistema penitenciario, como permitir excepcionalmente la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa y apoyo operativo de los penales.

#ÚLTIMO | La PCM presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de delegación de facultades legislativas, que contempla 66 solicitudes orientadas a impulsar medidas para fortalecer la gestión pública y atender las principales prioridades del país.

Descarga el documento aquí:… pic.twitter.com/uSaBMKkLvJ

— Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) August 29, 2026

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“Somos partidarios de citar a los ministros a las comisiones para que brinden sus explicaciones. Si estas no resultan satisfactorias, entonces habrá que considerar otras medidas”, señaló al ser consultado sobre el desempeño del gabinete ministerial durante los primeros 30 días de gobierno.

Respecto a las recientes denuncias por presuntas contrataciones indebidas que involucran al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, Nieto indicó que la bancada de Buen Gobierno cumplirá con su labor de fiscalización, convocando a los funcionarios implicados para que esclarezcan los hechos y presenten los descargos correspondientes ante las comisiones.

De otro lado, se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas realizado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Al respecto, sostuvo que existen temas urgentes que requieren atención inmediata, como la prevención ante el Fenómeno de El Niño Costero y la lucha contra la inseguridad ciudadana, asuntos que deberán ser evaluados por los parlamentarios.

Asimismo, consideró que la conducción de la respuesta frente a emergencias debió recaer en el Ministerio de Defensa y no en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. “En Defensa se encuentran las principales capacidades logísticas y operativas del Estado. La mayor fuerza organizativa y logística que tiene el Perú son sus Fuerzas Armadas, que responden directamente a su comando”, afirmó.

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Cabe mencionar que el pedido fue admitido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dirigido por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria.

La defensa del legislador cuestiona específicamente el Certificado Médico Legal N.° 039118-VFL y argumenta que se trata de una prueba ilícita.

Según su recurso de tutela de derechos, la incorporación del documento por parte de la Fiscalía Suprema de Familia vulneraría las garantías vinculadas al debido proceso.

El juzgado programó para el jueves 10 de septiembre de 2026, a las 15:00 horas, una audiencia virtual para evaluar el pedido. La diligencia se realizará mediante Google Meet y deberán participar el representante del Ministerio Público y la defensa acreditada del parlamentario.

Caso Julián Pérez Mallqui: Pide excluir certificado médico como prueba

Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/zB868C8nZJ

— Canal N (@canalN_) August 28, 2026

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Álvarez sostuvo que la propuesta busca abordar problemas pendientes en el sistema penitenciario, entre ellos el hacinamiento y la convivencia entre internos con distintos niveles de peligrosidad.

“Vamos a empezar el camino para tratar de destrabar lo que ha existido durante décadas: el problema del hacinamiento de los penales, el juntar reos primarios con reos muy avezados”, expresó.

El titular de Justicia remarcó la importancia de atender la inseguridad que afecta a la población.

“El punto principal es la seguridad ciudadana, que es lo que más agobia a todos los peruanos”, expresó.

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“Son más de 60 puntos en los que esperamos que el Congreso de la República pueda analizarlos con celeridad, también con serenidad, pero, sobre todo, viendo las necesidades”, afirmó.

Desde el Aeropuerto Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa, la mandataria pidió al Parlamento evaluar la propuesta considerando las demandas de la población y aseguró que espera un debate responsable.

“Apelo a la objetividad, al sentido común y a la gran demanda de los ciudadanos para que podamos ponernos a trabajar, poner el Estado a mayor velocidad y utilizar los recursos que tenemos para convertirlos en obras. Estoy optimista”, manifestó. Además, descartó que el planteamiento incluya fusionar o reducir ministerios.

Fujimori también hizo un balance de sus primeros 30 días de gestión y destacó las respuestas ante los sismos en Chongos Bajos y Chongos Altos, los daños ocasionados por la DANA en Villa El Salvador y la recuperación de la transitabilidad en Arequipa.

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Como parte de sus anuncios, informó que solicitó al ministro de Salud acudir el día de mañana al Hospital Hipólito Unanue para conocer su situación y plantear soluciones.

“Basta de excusas, vamos a hacer realidad este hospital”, enfatizó. La mandataria también sostuvo que el desarrollo de Tacna debe reflejarse en la tranquilidad, la atención sanitaria y el acceso al agua.

Durante su discurso, Fujimori destacó el significado del 28 de agosto y el papel de Tacna en la historia nacional.

“Hoy es una fecha que le pertenece a Tacna y a todos los peruanos. El 28 de agosto de 1929 nos recuerda que hay valores que ningún tiempo ni adversidad puede destruir: el amor a la patria, la identidad y la esperanza”, manifestó.

La presidenta también rindió homenaje a las mujeres tacneñas que mantuvieron la identidad nacional durante el periodo de ocupación chilena y llamó a preservar ese legado.

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La sesión de instalación fue liderada por el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, y reunió en la víspera a representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y especialistas del ámbito académico y penal.

El equipo técnico fue creado mediante la Resolución Ministerial N.° 311-2026-JUS, publicada el 23 de agosto. Su función es realizar una evaluación integral de las modificaciones normativas vinculadas a la criminalidad, consolidar aportes de las instituciones, la academia y la sociedad civil, y plantear los proyectos de ley que correspondan.

La revisión se produce tras las críticas de sectores políticos, entidades del sistema de justicia y organizaciones civiles a un conjunto de normas aprobadas por el Congreso anterior. Estas leyes han sido mal denominadas “procrimen” por sus detractores, quienes sostienen que restringieron herramientas para investigar y procesar delitos como corrupción, lavado de activos, minería ilegal y crimen organizado.

Agenda. Aunque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ha difundido una relación oficial y cerrada de leyes que serán evaluadas, Álvarez indicó esta semana que se revisarán las normas publicadas durante el quinquenio parlamentario 2021-2026 que incidan en la lucha contra la delincuencia. La comisión deberá definir prioridades, revisar los efectos de las modificaciones y proponer eventuales cambios normativos.

Miembros

El grupo es presidido por el viceministro de Justicia, Juan Falconí, e incluye a los viceministros del sector, el jefe del INPE y el director de Asuntos Criminológicos.

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Durante su visita a Tacna, Keiko Fujimori calificó como “un desliz” lo expresado por Gutiérrez y dejó claro que su Gobierno no contempla recurrir a esa medida.

“Yo rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso”, afirmó al ser consultada sobre el escenario ante una eventual negativa del Parlamento al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.

La presidenta sostuvo que el Congreso cuenta con mecanismos para debatir y decidir sobre la delegación de facultades, por lo que expresó su confianza en que los parlamentarios evaluarán la solicitud teniendo en cuenta las necesidades del país. De esta manera, descartó que el Ejecutivo contemple una salida fuera del marco constitucional.

Las declaraciones de Fujimori se producen luego de que el defensor del Pueblo señalara que la disolución del Congreso podría incrementar la popularidad de la mandataria. Sus afirmaciones generaron cuestionamientos desde distintos sectores políticos, que consideraron que una autoridad como el defensor debe defender el orden constitucional y la separación de poderes.

No obstante, Gutiérrez Cóndor aclaró que tal comentario no es un aliento a una medida inconstitucional como el cierre del Legislativo, pues aseguró que mantiene su defensa a los principios democráticos.

Reinfo

La jefa de Estado también negó que su Gobierno esté cediendo ante presiones para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y señaló que esperará una propuesta técnica del Ministerio de Energía y Minas antes de tomar una decisión sobre su futuro.

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Según un reportaje difundido por Willax, Chang y Ramírez presuntamente habrían coincidido previamente en tres viajes al extranjero, con las mismas fechas de salida y retorno.

La información difundida señala que ambos viajaron a Estados Unidos el 21 de agosto del año pasado y retornaron el 26 de septiembre.

Asimismo, el informe señala que el ministro y la exparlamentaria habrían coincidido en un viaje a Panamá el 19 de junio, antes de que Ramírez fuera designada para integrar el directorio de la Derrama Magisterial en representación del sector Educación.

Los viajes previos han generado cuestionamientos sobre las circunstancias de la designación y los criterios utilizados para elegir a la exparlamentaria para el cargo.

Cabe precisar que los cuestionamientos deberán ser esclarecidos por el Ministerio de Educación y los funcionarios involucrados.

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La mandataria arribó a la región a bordo de un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), como parte de su agenda oficial.

La visita de Keiko Fujimori contempla diversas ceremonias protocolares y actividades conmemorativas junto a autoridades y ciudadanos.

Keiko Fujimori llegó acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el titular de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez. La delegación presidencial se trasladó al centro de la ciudad para participar en los actos programados por esta fecha histórica.

La reincorporación de Tacna al territorio peruano se concretó en 1929, luego de casi 50 años bajo administración chilena tras la Guerra del Pacífico.

La fecha constituye una de las principales expresiones de identidad y memoria histórica de la población tacneña.

Homenaje a mujeres tacneñas

Durante la ceremonia, las mujeres tacneñas participaron en el tradicional izamiento de la bandera en el asta principal, en una jornada marcada por actos protocolares y homenajes a la población de la Ciudad Heroica.

Este acto que se desarrolla en el Paseo Cívico de Tacna, forma parte de las celebraciones oficiales organizadas por el aniversario de la reincorporación.

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La propuesta tendrá que ser discutida primero en la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, integrada por 18 parlamentarios. Después deberá pasar por la comisión correspondiente del Senado. La decisión llega en medio de una nueva disputa entre quienes consideran necesario mantener el Reinfo y quienes creen que, después de 24 años, el mecanismo ya no ha logrado formalizar a los mineros que permanecen en él.

Entre los diputados que tendrán que tomar una posición está Jesús Pérez, representante de Apurímac. El parlamentario es pequeño minero y empresario del transporte y llegó al Congreso con el respaldo de la Federación Regional de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac. Su actividad minera está vinculada a Uchuro, en Totora Oropesa.

También está Marino Lavado, de La Libertad y de Juntos por el Perú. Antes de llegar al Parlamento planteó la expropiación de determinadas concesiones para que los mineros pudieran acceder directamente a ellas.

La presidenta de la comisión, Yenifer Paredes, también aparece en el escenario. La legisladora de Juntos por el Perú sostuvo una reunión en Lima con representantes de Confemin, uno de los principales gremios que defiende la continuidad del Reinfo. El encuentro adquiere relevancia ahora que el gremio busca una nueva ampliación del registro.

POSTURAS DE ALGUNOS DIPUTADOS Y SENADORES

No todos los integrantes tienen una postura favorable a flexibilizar las reglas para la minería. El congresista Geanmarco Quezada, de Fuerza Popular, ha planteado una lucha contra la minería ilegal y su relación con organizaciones criminales. Sin embargo, también propuso reducir las trabas y los tiempos administrativos para los proyectos mineros formales y atender los problemas de los pequeños productores.

La diversidad de posiciones hará que el debate sobre el Reinfo no se limite a decidir si el registro continúa o desaparece. También se discutirá qué condiciones deben cumplir los mineros que pretenden seguir operando bajo este mecanismo.

Para el abogado y especialista en temas ambientales César Ipenza, una nueva prórroga no resolvería el problema. Recordó que la formalización minera lleva 24 años y cuestionó que quienes permanecen en el Reinfo continúen operando sin asumir plenamente las consecuencias de sus actividades.

Ipenza también advirtió que la permanencia del registro puede facilitar que oro de origen ilegal ingrese al mercado como si fuera producto de una actividad formal, debido a que no existiría un mecanismo suficiente para comparar cuánto mineral produce cada operador con el volumen que comercializa o exporta.

Por ello, planteó que cualquier nueva ampliación debería estar acompañada de controles concretos: que los mineros declaren las coordenadas donde trabajan, sean fiscalizados y asuman responsabilidades por los impactos ambientales y sociales que generen.

CONFEMIN PIDE 3 AÑOS MÁS

Confemin ya tomó una posición: quiere que el Reinfo se extienda tres años más. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, tampoco descartó una ampliación hasta que se apruebe la nueva Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).

La discusión pondrá nuevamente frente a frente a dos realidades. Por un lado, miles de pequeños mineros que buscan mantener una vía para continuar trabajando y avanzar, al menos en teoría, hacia la formalización. Por otro, las críticas de especialistas y sectores que consideran que el Reinfo terminó convirtiéndose en una salida temporal que se prolonga año tras año.

Ahora serán los congresistas de las comisiones de Diputados y Senado quienes tendrán que decidir si el Reinfo continúa por otros tres años, si se modifica o si finalmente se pone fin a un mecanismo que lleva más de dos décadas sin conseguir una formalización definitiva.

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La misma idea la emitió en Canal N: “No tendría 60% de aprobación, sino mínimo más de 80% como tuvo su padre”, aseveró.

En conversación con esos medios, Gutiérrez Cóndor aclaró que tal comentario no es un aliento a una medida inconstitucional como el cierre del Legislativo, pues aseguró que mantiene su defensa a los principios democráticos.

“Voy a hablar en crudo y quisiera pedir perdón anticipadamente al Perú. El Estado peruano está hecho una desgracia, está en crisis institucional por donde se le mire”, enfatizó ayer.

En esa línea, el defensor del Pueblo planteó la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para impulsar una reforma estructural que permita aplicar los cambios que requiere el país.

Críticas a defensor del Pueblo

Diputados de distintas bancadas cuestionaron las declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, al considerar que sus expresiones atentan contra el orden constitucional y la separación de poderes.

Así diputados de Renovación Popular lamentaron las palabras de Josué Gutiérrez. Paola Martínez, por ejemplo, le pidió “evaluar mejor su pronunciamiento” y exhortó a evitar fricciones. “Queremos, más bien, un consenso. Estamos esperando que el Ejecutivo mande las facultades para evaluarlas y, finalmente, otorgar las necesarias”, expresó.

“No es momento de estar en desuniones ni en declaraciones populistas. Así que el señor Josué Gutiérrez lo que tiene que hacer es controlarse y dejar ese tipo de declaraciones”, dijo a su turno Aldo Bravo.

En tanto, Rossana Alayza (Buen Gobierno) sostuvo que el defensor debe ser garante del orden constitucional y actuar con cautela, mientras Roxana Rocha (Renovación Popular) calificó sus declaraciones de “inaceptables” y “antidemocráticas”.

Por su parte, Jair Manrique (Ahora Nación) rechazó las expresiones de Gutiérrez y afirmó que no está a la altura del cargo, cuestionando que sugiera la disolución del Congreso por razones de popularidad.

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Así lo anunció el premier Luis Galarreta, quien en declaraciones a la prensa precisó que la propuesta incluye un total de 66 pedidos en ocho materias: seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres y respuesta ante emergencias (como el fenómeno El Niño), fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, temas tributarios, simplificación administrativa y reforma estructural y modernización del Estado.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) precisó que se plantea otorgar un plazo de 120 días calendario para que el Gobierno formule los correspondientes decretos legislativos.

“Los 66 pedidos de diferentes sectores tienen un sustento razonable y lógico y, sobre todo, están enfocados en poner orden, no solo en las calles, sino orden en el Estado”, enfatizó el primer ministro, quien agregó que los ministros están dispuestos a exponer las solicitudes ante la Cámara de Diputados para la pronta aprobación del paquete de medidas.

ADELANTOS

El proyecto para las facultades propone una reforma integral para recuperar el orden en las calles y enfrentar de manera eficaz al crimen organizado. En esa línea, se plantea establecer un marco legal para declarar a los grupos criminales como organizaciones terroristas.

Como ya se anticipó, también se plantea que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) den apoyo operativo a la Policía Nacional e intervengan de manera temporal en la seguridad externa de los penales.

Asimismo, se contempla facultar al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) a entregar bienes de ayuda humanitaria de manera directa y excepcional durante los primeros 15 días de ocurrida una emergencia.

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El también presidente del Senado sostuvo que el “gran cambio” anunciado por la mandataria ya “arrancó” y que no hay razones para cuestionarla por haber manifestado que se tenga que esperar el próximo año para ver mejoras en los sectores económicos y seguridad ciudadana.

MOTORES ENCENDIDOS

“Yo debo reconocer a una presidente del Perú que nos hace recordar cómo es cuando una autoridad se hace presente ante distintas situaciones y toma el liderazgo para encender los motores de nuestro país”, mencionó.

Alegó que todo es un proceso que al final se terminará “decantando” en los beneficios que tanto se esperan y que serán tangibles para la población el próximo año. “Pero, insisto, el trabajo ya se está haciendo y el liderazgo de Keiko Fujimori ya se está notando”, enfatizó.

DINAMIZAR ECONOMÍA

La visita del titular del Senado se desarrolla en el marco de una agenda oficial en la región, donde sostendrá actividades y reuniones vinculadas a la representación parlamentaria y a la atención de temas de interés para La Libertad.

Una de las primeras actividades en las que participó fue en la inauguración del Primer Encuentro Macrorregional de Mypes-Macrorregión Norte, realizado en la Cámara de Comercio de La Libertad.

Durante su alocución sostuvo que el Estado debe convertirse en un aliado de las micro y pequeñas empresas (Mypes) y no en una fuente de obstáculos para quienes generan empleo y actividad económica. En ese sentido, planteó una agenda centrada en reducir las barreras que enfrentan los pequeños empresarios del norte del país.

“Se hará un diagnóstico mediante mesas de trabajo para determinar cuáles son los cuellos de botella de las Mypes. Vamos a construir formalidad. Si hay alguna ley que obstruya su crecimiento, será derogada y si necesitan otra ley para promover su avance, trabajaremos en ella”, indicó.

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Desde que llegó al poder, su administración ha enfrentado una serie de crisis que van desde los paros y bloqueo de carreteras hasta las lluvias intensas, huaicos, un terremoto de magnitud 7,2 en Ayacucho y el anuncio de un paro de transportistas (ver infografía).

Las crisis llevaron a que su gobierno tome decisiones inmediatas y que negocie con sectores movilizados. Sin embargo, en algunos casos, la reacción fue rápida pero no siempre acompañada de soluciones definitivas.

Expertos consultados por Correo analizan las respuestas del Poder Ejecutivo ante las crisis.

DUDAS

La primera crisis que el Gobierno de Fujimori enfrentó fue el paro de transportistas a mediados de agosto en regiones como Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna, esto por el incremento del precio del combustible.

Para solucionarlo, la actual gestión anunció un subsidio focalizado de entre 15% y 20% sobre el precio del diésel.

Dicha medida tendrá una vigencia inicial de tres meses.

Recientemente, el Gobierno logró paralizar el anuncio de un paro de transportistas tras reunirse con representantes del sector.

En esa línea, se anunció la reducción excepcional del 90% de papeletas para transporte público y privado.

Para Carlos Helfer, consultor en comunicación política, gubernamental y electoral, la respuesta del Gobierno en ambos casos, es una reacción mediata pero se utiliza la caja fiscal.

“Se resuelve un problema pero se crea otro. Se debe evitar que ocurra un desborde de demandas populares. En el área de comunicaciones, resuelves porque evitas que el caso se convierta en un protesta, pero le haría la pregunta a sus economistas para conocer el impacto en la caja fiscal”, indicó.

Además, consideró que dichas respuestas pueden dar la sensación a otros grupos de interés que también pueden hacer pedidos similares.

“Pueden pensar que para sofocar cualquier crisis, el Gobierno cederá a cualquier planteamiento. Si bien el Gobierno no necesita que estos temas estallen, es importante ver cuántas soluciones que dan ahora, tendrán consecuencias posteriores”, sostuvo.

Agregó que las decisiones de la presidenta Keiko Fujimori han permitdo que el Gobierno gane tiempo para que los problemas no se conviertan en problemas sociales. Sin embargo, “los problemas de fondo no se han resuelto”.

Por su parte, Fernando Tincopa, politólogo del Centro Wiñaq, calificó el subsidio sobre el precio del diésel como una medida de corto plazo.

“El conceder rápidamente subsidios ante las protestas sienta un precedente que me parece será poco beneficioso a largo plazo. Se hace la idea de que el Gobierno no está dispuesto a asumir costos sociales, que hará lo posible por mitigar o aminorar la expresión de protestas. Da la impresión de un Gobierno que cede frente a la presión social”, señaló.

Sobre la reducción del cobro de papeletas, Tincopa dijo que se trata de una medida que tiene la intención de congraciarse con el sector transporte, que al día de hoy tiene la capacidad de sentar algún tipo de inestabilidad social con un paro que condiciona el transporte.

“Entiendo que es una medida más populista para obtener réditos, pero también busca aplacar ánimos de brotes de protestas del sector informal”, sostuvo.

MÁS CRISIS

La presidenta Keiko Fujimori respondió ante las lluvias en Lima y regiones con su presencia en zonas afectadas.

Cuando se bloqueó la carretera Panamericana Sur en Arequipa por los huaicos, la mandataria llegó al lugar cinco días después.

Mientras que en el reciente terremoto en Ayacucho de magnitud 7.2, Fujimori Higuchi envió al ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, para evaluar los daños y supervisar la atención a los afectados.

Al respecto, Carlos Helfer consideró que el hecho de que Keiko Fujimori sea una persona joven, le permite tener presencia en varios sitios del Perú.

“En términos de agilidad, tiene reacción y resuelve. Parece que hay acción política”, dijo.

Tincopa consideró que la presidenta Fujimori desplegó presencia territorial rápida cuando ocurrió el terremoto en Ayacucho.

“En los otros casos (inundaciones y emergencia por huaicos) la respuesta ha sido un poco más tardía porque el tema era más complejo”, señaló.

Sin embargo, el politólogo explicó que la presencia de ministros y la predisposición mediática que transmite la presidenta Fujimori no serán suficientes, porque en algún momento, la ciudadanía empezará a exigir resultados de gestión.

Desde su punto de vista, lo que se observa de parte del actual Gobierno es una respuesta más mediática de gestión.

“No es que no tengan respuesta de gestión, sino que esta es más mediática que de resultados de gestión”, afirmó.

Finalmente, señaló que la presidenta Keiko Fujimori estaría más enfocado en resolver problemas coyunturales antes que establecer línea de gobierno.

“Están en un rol de apaga fuegos y de resolver problemas coyunturales. Pero me parece que eso puede evidenciar muchas más vulnerabilidades de gestión o mostrar que no tienen capacidades”, concluyó.

La decisión alcanza a los archivos obtenidos de los servidores encriptados Drousys y My Web Day B.

Según la resolución, los elementos recopilados por el 13.º Juzgado Federal de Curitiba, cuando estaba a cargo del entonces juez Sergio Moro, presentan vicios jurídicos desde su origen.

Toffoli también declaró procesalmente inadecuados los documentos provenientes del acuerdo de lenidad firmado entre Odebrecht y la fiscalía brasileña.

El magistrado consideró que los archivos digitales presentaron irregularidades en su cadena de custodia durante el proceso de obtención en los tribunales de Curitiba.

La resolución establece que los registros relacionados con los presuntos pagos ilícitos no podrán ser utilizados en procesos tramitados fuera de Brasil.

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La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios concluyó la investigación preparatoria del denominado caso Anguía, en el que se encuentran comprendidos la diputada de Juntos por el Perú, Yenifer Paredes; su hermana, Lilia Paredes; y más de 40 personas investigadas.

El diario El Comercio informó que la Fiscalía tomó esta decisión en cumplimiento de una resolución judicial que declaró improcedente la solicitud para ampliar el plazo de la investigación.

Con el cierre de la instrucción formal, el Ministerio Público deberá presentar su requerimiento conclusivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 343 del Código Procesal Penal.

Ahora, el despacho fiscal tendrá que analizar los elementos de convicción reunidos durante las pesquisas y, con base en ello, decidir si presenta una acusación penal, solicita el sobreseimiento del caso o plantea un requerimiento mixto ante el juzgado de investigación preparatoria.

El cierre de las pesquisas se produjo después de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dejara sin efecto la resolución que había otorgado al Ministerio Público una prórroga extraordinaria para continuar con la investigación.

El tribunal superior determinó que la Fiscalía presentó fuera de plazo su solicitud de ampliación, por lo que dispuso dar por concluidos los plazos procesales correspondientes.

La resolución judicial también comprende a los hermanos Walter y David Paredes, además del exalcalde distrital de Anguía, José Medina.

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para obras de saneamiento financiadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En los próximos días, el Ministerio Público tendrá que determinar la situación procesal de las personas naturales y jurídicas comprendidas en la investigación por presuntos delitos contra la administración pública.

La investigación contempla presuntas responsabilidades por los delitos de organización criminal, lavado de activos, tráfico de influencias, colusión agravada, peculado y falsificación de documentos.

La resolución judicial de la sala superior también dispuso que se envíen copias de lo actuado a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a fin de que se evalúen los disciplinarios que correspondan.

Los fiscales anticorrupción evalúan los informes periciales recopilados para determinar si existen elementos suficientes que permitan llevar el caso a la etapa intermedia, previa al juicio oral.

El documento contempla 66 pedidos normativos específicos y será enviado oficialmente este viernes 28 de agosto a la Cámara de Diputados.

La propuesta fue elaborada antes de cumplirse los primeros 30 días de la administración de la presidenta Keiko Fujimori.

El Ejecutivo prevé que los ministros de cada sector sustenten las materias solicitadas ante las comisiones ordinarias del Parlamento antes de que estas sean evaluadas por el Senado.

Entre las medidas planteadas figuran acciones para reforzar el orden interno, con propuestas elaboradas por los sectores Interior y Justicia para endurecer las sanciones contra organizaciones dedicadas a la extorsión y el sicariato.

El proyecto incluye además una modificación para que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pueda declarar directamente estados de emergencia frente a desastres naturales.

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Durante la cita se abordó la convocatoria de la sesión 136 del Foro del Acuerdo Nacional, que sería la primera presidida por Fujimori y en la que se incorporarían nuevos representantes de los partidos políticos con presencia en el Congreso de la República.

Los participantes también evaluaron la posibilidad de establecer una agenda mínima para el presente quinquenio, tomando como referencia las propuestas coincidentes de los planes de gobierno de las diferentes agrupaciones políticas.

La delegación estuvo conformada por representantes de organizaciones como el Concilio Nacional Evangélico del Perú, Confiep, el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Conveagro y la Sociedad Nacional de Industrias.

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Cabe mencionar que la propuesta busca que estas circunstancias no se conviertan en obstáculos para acceder o permanecer en el sistema.

De acuerdo con la iniciativa, los colegios públicos y privados no podrán negar, restringir ni condicionar la matrícula o continuidad de un estudiante únicamente por su edad o retraso escolar. La ubicación deberá considerar su trayectoria educativa, una evaluación pedagógica y las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación, tomando en cuenta el interés superior del niño.

El proyecto también apunta a prevenir el abandono y la exclusión educativa de escolares afectados por circunstancias como pobreza, ruralidad, migración, violencia, problemas de salud, discapacidad, dificultades de aprendizaje, desplazamientos o responsabilidades familiares. La propuesta sostiene que estas situaciones pueden alterar el desarrollo regular de la escolaridad.

La exposición de motivos plantea que los estudiantes que retoman sus estudios no deberían verse obligados a permanecer fuera del sistema ni regresar necesariamente a un grado que no corresponda con sus conocimientos adquiridos.

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“Yo soy prudente, hay que esperar, hay que darle tiempo. Estamos viendo que las cosas no van en la dirección adecuada, pero hay que darles tiempo para que se asienten y puedan demostrar lo que tienen”, manifestó durante la presentación de candidatos en Arequipa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En entrevista con medios de comunicación, volvió a deslindar cualquier vinculación con el fujimorismo, asegurando que, de ser así, no se habrían presentado en coalición con las bancadas de izquierda para la mesa directiva de ambas cámaras del Parlamento.

En otro momento, expresó su expectativa de que el Ejecutivo tome las acciones necesarias frente al fenómeno de El Niño. “Estamos viendo un gobierno que tiene dificultades para empezar a caminar. Yo espero que lo haga, porque tenemos un fenómeno muy importante, El Niño Costero, que debemos enfrentar con eficacia. Además, existe una urgencia en todas las ciudades del Perú: el asedio de la delincuencia”, precisó.

Respecto a la propuesta de retornar a la unicameralidad, Nieto señaló que esta se abordará cuando se abra un debate sobre posibles reformas políticas.

“La unicameralidad fue un invento de (Alberto) Fujimori; lo hizo para controlar más fácilmente al Congreso. En algún momento habrá una discusión sobre el régimen político y la reforma política, y ahí se verá ese tema también”, puntualizó.

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Al finalizar la actividad, César Astudillo fue consultado sobre el rechazo de los transportistas al Plan Escudo de la Policía Nacional, pero no respondió y se retiró del lugar.

De la misma forma, el general Jorge Luis Castillo, jefe de la Región Policial Lima Centro, tampoco brindó declaraciones sobre la situación del sector y las medidas contra la inseguridad ciudadana.

La negativa de ambos funcionarios se produce en medio de los cuestionamientos de los gremios de transporte a las acciones anunciadas por el Gobierno para enfrentar la extorsión y los ataques contra empresas y trabajadores del sector.

Los transportistas expresaron su preocupación por el incremento de los actos delictivos y demandan medidas más efectivas para garantizar su seguridad.

Cabe precisar que el Plan Escudo es una estrategia del Ministerio del Interior que despliega a policías y miembros de las Fuerzas Armadas para combatir la extorsión y el sicariato en el transporte público de Lima Metropolitana.

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En declaraciones en Canal N, recordó que en el periodo anterior del Congreso la iniciativa fue archivada en la Comisión de Energía y Minas, por lo que espera que ahora debe acelerarse su discusión y aprobación.

Patricia Juárez señaló que existe preocupación ante la posibilidad de ampliar el Reinfo para los mineros que tienen avanzado su proceso de formalización. “Tiene que discutirse cuanto antes, porque lo que no se quiere es que de manera indiscriminada se puede ampliar el Reinfo sin ningún tipo de condicionamiento”, dijo.

De otro lado, sobre la moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, Juárez sostuvo que dicho mecanismo no debe ser usado como una especie de presión política.

La senadora consideró prematuro atribuir al titular de Energía y Minas responsabilidades por el incremento del precio de los combustibles.

Críticas a Alberto Beingolea

Respecto a los críticas al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, por las contrataciones de personas vinculadas al Partido Popular Cristiano (PPC), una de ellas cuestionada por su experiencia profesional para desempeñarse en la Biblioteca Nacional, Juárez subrayó que los ministros son responsables por las personas que designan o contratan dentro de sus respectivos sectores.

Ante ello, aseveró que si la Fiscalía determina que existen irregularidades con sustento legal, corresponderá a los funcionarios involucrados responder por sus actuaciones.

Incidió que la confianza otorgada a un ministro también implica responsabilidad sobre las decisiones adoptadas durante su gestión y respecto al personal que incorpora.

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Como se sabe, el Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo contra dicha norma.

En entrevista en Canal N, el defensor indicó que lo se cuestiona es la naturaleza extraordinaria y transitoria del decreto, debido a que la crisis financiera de Petroperú se arrastra desde años anteriores y que ya comenzó a mostrar una recuperación tras las medidas adoptadas en periodos previos. Ante ello, consideró que no existía una circunstancia extraordinaria que justificara recurrir a este mecanismo.

No obstante, Josué Gutiérrez subrayó que no se opone a una reorganización de Petroperú, pues la empresa necesita ajustes administrativos, revisión de unidades de negocio y evaluación de activos que no generan valor, pero que ello se podría ejecutar mediante los mecanismos ordinarios sin la necesidad de un decreto de urgencia.

Además, se mostró preocupado ante una eventual concesión o privatización de unidades estratégicas, especialmente la Refinería de Talara, ya que podría afectar su rol estratégico y subsidiario en zonas donde el abastecimiento de combustibles depende de la presencia estatal.

“Cualquier empresa petrolera del mundo de los más grandes quisiera tener una refinería como la de Talara”, indicó al incidir que cualquier reorganización debe priorizar el interés nacional y evitar que determinadas unidades de negocio sean entregadas en condiciones desfavorables para el Estado.

#EnVivo

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo: Cualquier empresa petrolera del mundo de los más grandes quisiera tener una refinería como la de Talara

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/BxDG7DcSRP

— Canal N (@canalN_) August 27, 2026

Facultades legislativas

De otro lado, sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, Gutiérrez consideró que el Congreso debe otorgar herramientas al Gobierno para enfrentar la crisis institucional y adoptar medidas extraordinarias, aunque refirió que la delegación debe ser específica y estar acompañada de mecanismos de seguimiento.

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