“Una demora de parte de los ministros de Estado que debían de llegar porque han estado ellos, están inclusive en este momento en Trujillo y por razones que tienen que ver con problemas de orden técnico, no han podido llegar”, señaló a la prensa.

La legisladora también cuestionó que algunas bancadas rechacen las iniciativas del Ejecutivo por diferencias políticas e ideológicas. En ese contexto, mencionó las propuestas relacionadas con las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y el sector productivo.

“Yo entiendo que tal vez ha habido un debate político y hasta ideológico, porque muchos de los casos no se quiere apoyar absolutamente nada que venga del gobierno. Pero nosotros lo que hemos explicado acá en la Comisión de Constitución y en el Senado, es que se trata de necesidades que tiene el pueblo peruano”, expresó.

Patricia Juárez, senadora de Fuerza Popular, sobre suspensión de la sesión de la Comisión de Constitución del Senado: El día de mañana sábado estamos continuando la sesión. Los ministros de Estado estarán acá Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/t1JIUhdfpa

— Canal N (@canalN_) October 9, 2026

Galarreta considera insuficiente el texto aprobado

Durante la sesión, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sustentó la solicitud de facultades legislativas del Ejecutivo para combatir la criminalidad, prevenir los efectos del fenómeno El Niño y atender otros asuntos de gestión pública. El jefe del Gabinete explicó que el pedido original abarca ocho materias, entre ellas modernización del Estado, simplificación administrativa, promoción del empleo, desarrollo productivo, tributación, vivienda y saneamiento.

Galarreta consideró insuficiente el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, debido a que no incluye todas las materias solicitadas inicialmente. Asimismo, indicó que corresponde al Senado definir los alcances y el plazo de la delegación.

Los ministros que deberán acudir mañana son: Ernesto Álvarez, de Justicia; César Astudillo, del Interior; Rafael Belaunde, de Defensa; Marco Vinelli, de Desarrollo Agrario y Riego; Juan Carlos Requejo, de Producción; y Mauricio Arnillas, de Vivienda.

La sesión es dirigida por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, presidida por Carlos Mesía, que deberá continuar con la evaluación de la propuesta legislativa.

#SenadoInforma I La sesión de la Comisión de Constitución del Senado de la República continuará este sábado 10 de octubre, a partir de las 10:00 a. m. https://t.co/ZrGRAL5oV0

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 9, 2026

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Se trata de la tercera sesión ordinaria de dicha comisión que comenzó a las 2 de la tarde en la Sala Grau del Palacio Legislativo. Posteriormente, se dio un periodo de tiempo para que todos los miembros puedan leer el documento.

En la víspera, el debate fue suspendido por la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, quien dispuso un cuarto intermedio para buscar consensos luego de que las bancadas de Renovación Popular, Obras y Partido del Buen Gobierno presentaran textos sustitutorios.

Como se sabe, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores inició el martes el análisis de la Proposición Legislativa N.° 00098/2026-2031-CD, que plantea otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante 120 días.

Debido a la amplitud de las materias incluidas en la solicitud, la sustentación y el debate fueron programados en dos sesiones.

Consenso sobre facultades solicitadas por el Ejecutivo

Más temprano se conoció que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados cuenta con un texto de consenso sobre la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo, informó el diputado de Renovación Popular, Franck Krklec.

Según explicó el parlamentario en RPP, los equipos técnicos de las bancadas trabajaron hasta la noche del miércoles para consensuar una propuesta, que ya fue remitida a la comisión para la elaboración del dictamen correspondiente.

Krlkec señaló que el texto delimita las facultades en dos materias: seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño, incluyendo medidas vinculadas al sector agrario.

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Según declaró a Canal N, el ataque ocurrió el último jueves alrededor de las 6:10 p. m., a unos 44 kilómetros de Puerto Maldonado, cuando sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaba junto con integrantes de la Federación Nativa de Madre de Dios.

El parlamentario relató que los atacantes bloquearon el paso con varios vehículos, lo golpearon en la cabeza con la empuñadura de un arma de fuego y lo obligaron a descender de la unidad.

Además, se llevaron al conductor, quien posteriormente logró salir, y robaron o destruyeron celulares, computadoras portátiles, equipos GPS y dispositivos de comunicación satelital, incluido un sistema Starlink. La Policía de Carreteras acudió a la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Ccahuana explicó que la delegación había realizado una inspección por una denuncia sobre la construcción de una carretera de 18 kilómetros dentro de territorios nativos, presuntamente sin autorización. Añadió que los asaltantes preguntaron si llevaban oro, aparentemente por una posible sospecha de vínculos con actividades mineras.

Asimismo, indicó que había recibido llamadas sospechosas antes del incidente, aunque aclaró que no podía confirmar que el ataque estuviera dirigido contra él.

El senador no descartó que el asalto pudiera estar relacionado con sus denuncias sobre presuntas irregularidades en concesiones forestales, la presencia de integrantes del grupo criminal Comando Vermelho y la venta de combustible en el corredor minero de Inambari, que, según afirmó, favorecería a la minería ilegal. Sin embargo, no presentó pruebas que permitan establecer una relación entre estos hechos y el ataque.

Finalmente, Ccahuana pidió al Gobierno reforzar las labores de inteligencia y seguridad en Madre de Dios para prevenir los asaltos, secuestros y extorsiones. También solicitó investigar el ataque para identificar a los responsables.

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Galarreta precisó que el Ejecutivo solicitó facultades en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, modernización del Estado, simplificación administrativa, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, tributación, vivienda y saneamiento. “En el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados (...) para nosotros no es suficiente”, manifestó, y advirtió que negar la delegación sería una decisión histórica.

En materia de seguridad, el jefe del Gabinete sostuvo que el país necesita herramientas legales para responder con mayor rapidez a las organizaciones delictivas. Por ello, planteó fortalecer las labores de inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como establecer mecanismos que permitan intervenciones más precisas y reduzcan los riesgos para sus efectivos.

Respecto al fenómeno El Niño, indicó que las medidas buscan reducir las muertes y los daños a la propiedad pública y privada mediante procedimientos más ágiles para atender emergencias. Asimismo, destacó la necesidad de resolver problemas estructurales relacionados con la infraestructura, la falta de conexión entre regiones, el déficit de agua y desagüe y las demoras en la titulación de propiedades.

Finalmente, Luis Galarreta reconoció que corresponde al Senado decidir si concede las facultades legislativas de manera total o parcial, modifica el plazo solicitado o rechaza el pedido. Aclaró que el Gobierno puede continuar adoptando medidas sin esta delegación, pero sostuvo que su aprobación permitiría acelerar decisiones prioritarias y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a la delincuencia y las emergencias.

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La medida fue establecida mediante la Resolución Legislativa N.º 32742, publicada en el diario oficial El Peruano.

Según la norma, del 28 al 31 de octubre, la mandataria realizará una visita oficial a El Salvador, donde sostendrá un encuentro privado con su homólogo Nayib Bukele y participará en una reunión ampliada con ministros de Estado. Asimismo, tiene previsto reunirse con autoridades salvadoreñas de las carteras de Justicia y Seguridad Pública, Educación, Ciencia y Tecnología, y Salud.

La agenda también contempla visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una escuela emblemática y el Hospital Rosales, como parte de las actividades programadas durante su estadía en el país centroamericano.

Posteriormente, del 2 al 6 de noviembre, Fujimori viajará a Madrid, España, para participar en las principales actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Entre el 3 y el 5 de noviembre, asistirá a la sesión plenaria, actos protocolares, reuniones bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno, y encuentros con otras altas autoridades.

La presidenta también participará en las sesiones del Encuentro Empresarial organizadas en el marco de la cumbre. La resolución legislativa lleva las firmas del presidente del Senado, Miguel Torres; de la mandataria Keiko Fujimori y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Durante las ausencias de la jefa de Estado, el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, quedará encargado del despacho presidencial, conforme al artículo 115 de la Constitución Política del Perú y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

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“¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias para levantar la bandera blanca de la paz que nos exigen todos los peruanos?”, preguntó la mandataria durante la ceremonia por el 205º aniversario de creación de la Marina de Guerra del Perú y el 147º aniversario del Combate Naval de Angamos.

La jefa de Estado apeló al ejemplo del gran almirante Miguel Grau para invocar a los legisladores a superar las discrepancias y alcanzar acuerdos frente a los problemas que afronta el país, como la escalada criminal y el fenómeno El Niño.

“¿Podremos dejar de lado las viejas rencillas políticas para priorizar un presente y futuro de seguridad y tranquilidad para nuestro pueblo?”, cuestionó.

Asimismo, expresó su confianza en que el Parlamento privilegie el legado del héroe nacional por encima de la confrontación y el resentimiento.

INVOCACIÓN

Fujimori añadió que el país afronta una guerra interna contra la criminalidad que exige respuestas de las instituciones.

“Hay otra guerra que está matando a los peruanos”, afirmó, al dirigirse a los parlamentarios responsables de evaluar su pedido.

La mandataria ofreció estas declaraciones luego de que la Cámara de Diputados aprobara –el último martes– otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante 90 días en 20 medidas vinculadas con la seguridad ciudadana y la prevención ante el fenómeno El Niño.

De acuerdo con información revisada por Correo y al cierre de esta edición, son al menos cinco los virtuales alcaldes que ganarán el primer lugar por una diferencia igual o menor al 1% (ver infografía).

MÍNIMO

El distrito que tendrá un alcalde que obtuvo la victoria con una menor diferencia porcentual es Villa María del Triunfo.

Al 90% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Robert Ludeña de Renovación Popular tenía 54,295 votos, lo que equivale a un 22.8%, mientras que en el segundo lugar está Guido Iñigo de Somos Perú con 53,727 votos, es decir, el 22.6%.

La diferencia entre ambos solo es de 0.2%, en promedio, unos 568 votos.

Un dato no menor es que Iñigo fue elegido alcalde de Villa El Salvador para el periodo 2023-2026.

Al prohibirse la reelección, cambió de distrito.

Además, junto a su familia, es investigado por lavado de activos por la Fiscalía.

De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, el clan familiar es poseedora de un millonario imperio económico que incluye corporaciones y un club de fútbol. Sin embargo, habrían obtenido todo ello mediante el uso de fondos ilícitos y el direccionamiento de contratos públicos.

El segundo distrito con una menor diferencia porcentual es San Juan de Miraflores.

Allí, al 92% de las actas contabilizadas por la ONPE, el candidato Edgar Mejía de Frente de la Esperanza tiene 45,051 votos, lo que representa un 20.7%.

Por su parte, Luis Mendieta de Alianza para el Progreso tiene 44,051 votos, es decir, un 20.2%.

La diferencia entre ambos candidatos, por ahora, es de 1046 votos (0.5%).

En el distrito de Barranco, los candidatos Manuel Espinoza de Renovación Popular y Felipe Mezarina de Somos Perú han obtenido, hasta el momento, 8431 y 8261 votos, respectivamente.

Es decir, solo los separa una diferencia de 170 votos que equivale al 0.6%.

En los distritos antes mencionados, el primer lugar puede variar. Sin embargo, el ganador siempre lo será por un margen ajustado.

CERCA AL 1

Además, hay dos distritos con alcaldes que podrían ganas las elecciones con menos del 1% de los votos.

El primero de ellos es Pucusana.

Enrique Manco de Frente Esperanza acumula 2463 votos (29.5%), mientras que Jhonny Calagua de Avanza País tiene 2384 votos (28.6%).

Lo único que separa a los candidatos es un porcentaje de 0.9, equivalente a 79 votos.

Cabe precisar que todavía no se puede hablar de un ganador, pues las actas contabilizadas hasta el momento en ese distrito van en 86%.

Es decir, están penidentes contabilizadas actas que suman por lo menos 1800 votos, por lo tanto, el resultado final del ganador puede cambiar.

Finalmente, está el distrito de Breña.

Allí, Iván Chang de Avanza País lleva la ventaja con 14,558 votos (21.8%).

En segundo lugar está Isabel Rodríguez con 13,928 votos (20.9%)

Por ahora, la diferencia de votos es de 630 (0.9%), pero sin un ganador claro.

Las actas contabilizadas por ahora son del 92%, pero en las actas pendientes hay por lo menos 8700 votos.

Por otro lado, existen por lo menos cinco distritos de Lima Metropolitana donde la diferencia porcentual entre el primer y segundo lugar no llega al 2%.

Estos son Santa Rosa (1%), Carabayllo (1.1%), Los Olivos (1.8%), Punta Negra (1.9%) y San Luis (1.9%).

LA CAPITAL

Por otro lado, para la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, si bien la victoria de Rafael López Aliaga de Renovación Popular es irreversible, no ganará con una gran diferencia.

Al cierre de esta edición, con el 92.729% de actas contabilizadas por la ONPE, López Aliaga tenía 1,444,529 votos (27.703%), mientras que Francis Allison de Avanza País sumaba 1,399,551 votos (26.841%).

La diferencia entre ambos es solo de 0.86%.

Expertos estiman que la diferencia porcentual entre ambos no supere el 1% de votos.

En la sesión en cuestión, que se desarrolló el último miércoles, Chávez Cotrina resaltó que en el caso de estas normas se deben analizar una por una, pues, de lo contrario, hay riesgo de que se caiga en la “narrativa de las famosas ‘leyes procrimen’”.

A modo de ejemplo, mencionó la Ley 31990 –una de las que el Ministerio Público cuestiona de manera corporativa–, relativa a la colaboración eficaz. El fiscal superior sostuvo que está de acuerdo con los plazos que fija.

“La anterior norma no tenía plazo. ¿Cómo es posible que un procedimiento sea administrativo o penal no tenga plazo? Por eso que las colaboraciones eficaces duran 5 o 6 años, hasta se mueren (los investigados). Entonces el plazo es estrictamente necesario”, remarcó.

PRECEDENTE

Jorge Chávez agregó que otro aspecto positivo de esta ley es que establece que las afirmaciones de un colaborador eficaz no pueden ser corroboradas por los dichos de otro. Resaltó que la Corte Suprema ya lo había estipulado así años atrás.

También se refirió a la Ley 32108, sobre la tipificación de las organizaciones criminales y los requisitos para los allanamientos.

Al respecto, consideró que es atinado que se considere organización criminal a un grupo con estructura compleja y de mayor capacidad operativa, características que la diferencian de una banda.

Añadió que la ley también dispone que los miembros de estas organizaciones deben tener roles correlacionados entre sí. “Es fundamental. No basta con hacer un organigrama y ponerlos”, sentenció.

La ex primera dama Eliane Karp volvió a solicitar a la presidenta Keiko Fujimori que conceda una gracia presidencial a su esposo, el exmandatario Alejandro Toledo. Según afirmó, el estado de salud del exjefe de Estado se ha deteriorado y necesita atención médica especializada.

Al referirse a la salud del exmandatario, Karp expresó: “Mi esposo está muy grave, que ya es el momento de tomarlo en serio”. La ex primera dama detalló que Toledo padece problemas cardíacos, tiene antecedentes de cáncer por el que fue intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos y presenta una nueva afección neurológica.

En diálogo con RPP, la antropóloga señaló que el estado de salud del exmandatario demanda especialistas y equipos médicos que, según afirmó, no estarían disponibles para tratar sus diversas afecciones. Además, advirtió que Alejandro Toledo presenta nuevas dificultades cognitivas que requieren una evaluación médica especializada.

“Porque es una combinación de fenómenos muy complejos porque lo siento mucho decir eso, pero no está la expertise, la especialidad y las máquinas necesarias para cuidar todo esto”, sostuvo.

La ex primera dama afirmó que Alejandro Toledo está dispuesto a responder desde su domicilio por las acusaciones en su contra. Por ello, reiteró su pedido a Keiko Fujimori para que considere otorgarle una gracia presidencial.

“Estoy volviendo a pedir a la actual presidenta de Gobierno, por favor, le dé la gracia presidencial a mi esposo antes de que sea demasiado tarde. Renuevo mi pedido por el bien de la familia”, manifestó.

Asimismo, la ex primera dama acusó que Alejandro Toledosería víctima de una presunta persecución política. Al ser consultada sobre los motivos por los que considera que el sistema judicial estaría actuando intencionalmente contra el exmandatario, respondió: “Porque es obvio que es una persecución política”.

La ex primera dama también cuestionó que, según afirmó, no se estén cumpliendo ciertas normas que fueron aprobadas por el Congreso y promulgadas durante un gobierno anterior.

Asimismo, Karp fue consultada sobre si cree que la Corte Suprema estaría demorando deliberadamente el pronunciamiento sobre la casación vinculada al proceso judicial que afronta su esposo.

“Sí, absolutamente. Yo creo que hay venganza metida ahí”, señaló.

Finalmente, Karp exhortó a dejar de lado lo que describió como “odios”, “venganzas” y “persecuciones”. Además, cuestionó el proceder de los fiscales en el proceso judicial que afronta el expresidente Toledo.

“Dejémonos todos de odios, de venganzas, de persecuciones, que dejen de inventar cosas que no son porque los fiscales han recibido órdenes, dar todas las órdenes que han dado”, finalizó.

El Ministerio Público solicitó ocho meses de prisión preventiva contra el expresentador de TV Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos agravado. La acusación contempla actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, vinculados al presunto origen ilícito de su patrimonio y en agravio del Estado.

El pedido fue presentado por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a través de su Segundo Despacho. Esta fiscalía dispuso el pasado 4 de septiembre el inicio de la investigación preparatoria contra Andrés Hurtado y otros involucrados en este caso.

El requerimiento de ocho meses de prisión preventiva fue presentado ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que programó para el jueves 5 de noviembre, a las 9:00 a.m., una audiencia “presencial e inaplazable” para evaluar la medida. La diligencia se realizará en la sede de la Corte Superior Nacional, ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.

Mediante una resolución emitida el pasado 7 de octubre, a la que tuvo acceso RPP, el órgano jurisdiccional señaló que, conforme al artículo 52° del Código Procesal Penal, está facultado para evaluar el requerimiento fiscal mientras se encuentren pendientes de resolver las “cuestiones de competencia” relacionadas con el caso.

Esto se produjo luego de que, el pasado 6 de octubre, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional se inhibiera de intervenir en la investigación penal por “falta de competencia objetiva”. En esa misma decisión, dispuso remitir el caso al Juzgado de Investigación Preparatoria de turno de la Corte Superior de Justicia de Lima, para que se pronuncie sobre los fundamentos de dicha determinación.

Cabe recordar que Andrés Hurtado cumple prisión preventiva en el marco de una investigación por su presunta participación en la entrega de una supuesta coima a la entonces fiscal superior titular Elizabeth Peralta. De acuerdo con la acusación, el pago habría sido realizado por el empresario Javier Miu Lei con el objetivo de recuperar unas barras de oro que el Ministerio Público había incautado a su empresa en 2020.

Asimismo, Hurtado es procesado en otra investigación por su presunta participación en las gestiones realizadas por el futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en 2019. El trámite tenía como finalidad que el deportista renunciara a su nacionalidad peruana para poder jugar en China.

La sesión se realizará desde las 10:00 horas en la sala Francisco Bolognesi del Congreso.

El presidente de la comisión, Carlos Mesía, convocó al titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y a los ministros de Justicia, Ernesto Álvarez; Interior, César Astudillo; Defensa, Rafael Belaunde; Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; Producción, Juan Carlos Requejo; y Vivienda, Mauricio Arnillas.

Los ministros expondrán los alcances de las medidas legislativas propuestas en sus respectivos sectores, vinculadas con la lucha contra la criminalidad y las acciones de prevención y atención ante el fenómeno El Niño.

La Cámara de Diputados aprobó el último martes otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante 90 días en ambos temas.

La propuesta contempla 20 medidas y deberá ser revisada y aprobada por el Senado para convertirse en ley.

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Rafael Belaunde sostuvo que el Estado debe dejar de actuar solo de manera reactiva y pasar a la ofensiva contra la criminalidad. “El Estado debe recuperar la ofensiva en esta guerra. No podemos estar a la defensiva o reaccionando permanentemente. Tenemos que tomar la ofensiva e ir tras ellos”, afirmó.

El ministro explicó que el comando reúne a unos 500 efectivos del Ejército, personal de las Fuerzas Especiales Conjuntas y unidades especializadas de la PNP, como la SUAT y el GRECCO.

La estrategia contempla una coordinación con el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instituciones vinculadas con la administración de justicia.

Asimismo, señaló que se busca fortalecer la producción de inteligencia oportuna para facilitar operaciones coordinadas contra las organizaciones criminales, además de implementar un programa de rastrillaje urbano.

Rafael Belaunde señaló que la estrategia busca devolver la tranquilidad y garantizar el Estado de derecho, frente a extorsiones, cobros de cupos y violencia criminal.

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El llamado fue formulado durante la ceremonia por el 205.° aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 147.° aniversario del Combate Naval de Angamos, en el Callao.

“¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias para levantar la bandera blanca de la paz que nos exigen todos los peruanos?”, expresó la mandataria.

Keiko Fujimori sostuvo que el país enfrenta una “guerra” contra la delincuencia y pidió a los parlamentarios dejar de lado las diferencias para priorizar medidas orientadas a garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.

“Nosotros no vivimos, como Grau, una guerra externa que nos obligue a ir a un campo de batalla, pero hay otra guerra que está matando a los peruanos y por eso me dirijo a quienes tienen la responsabilidad de darle al Perú facultades fundamentales para derrotar a la delincuencia”, dijo.

La presidenta también invocó al Congreso a seguir el ejemplo de Miguel Grau Seminario, a quien destacó por su patriotismo, honor y sentido del deber. “Confío sinceramente en que en el Congreso prevalezca el ejemplo de Grau sobre la confrontación y el resentimiento”, manifestó, al considerar que los intereses nacionales deben estar por encima de las diferencias políticas.

“En fechas tan importantes como estas, es muy necesario resaltar su significado para proyectarlo hasta nuestro propio presente. El compromiso de Grau por el Perú es nuestro mejor ejemplo y debe llevarnos a una reflexión real y profunda. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros por el Perú? Que esté por encima de nuestros propios intereses y nuestra propia vida”, incidió.

El pedido de la jefa de Estado se produce después de que la Cámara de Diputados aprobara, con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días. El texto aprobado limita las materias a seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño.

La propuesta contempla medidas relacionadas con el control migratorio, bloqueo de comunicaciones ilícitas, fiscalización de armas, reforma del sistema penitenciario y acciones contra la extorsión, el sicariato, el crimen organizado y la ciberdelincuencia. En materia de prevención ante el fenómeno El Niño, incluye disposiciones para agilizar la atención de emergencias y la ejecución de infraestructura.

El presidente del Senado, Miguel Torres, señaló que la cámara analizará el dictamen conforme a la Constitución y el Reglamento del Congreso. Precisó que el Senado puede aprobar, rechazar o modificar la propuesta sin desnaturalizar el texto remitido por la Cámara de Diputados.

Durante su discurso, Keiko Fujimori también resaltó el papel de la Marina de Guerra en la defensa del país y destacó la importancia estratégica del mar peruano para el desarrollo nacional.

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La ceremonia contempló un minuto de silencio en homenaje al Gran Almirante del Perú, Miguel Grau Seminario, a la tripulación del monitor Huáscar y a los marinos que fallecieron en defensa de la patria.

Durante el acto se realizó la colocación de ofrendas florales ante el monumento al Caballero de los Mares; así como una presentación de la histórica Compañía Capitán de Navío Juan Fanning García, que ejecutó evoluciones a pie firme en homenaje a la tradición naval.

Posteriormente, se desarrolló un desfile de honor con la participación de agrupamientos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú.

La actividad reunió a autoridades civiles y militares en esta fecha de conmemoración de la institución naval y del Combate de Angamos, ocurrido el 8 de octubre de 1879 durante la Guerra del Pacífico.

Al finalizar, se realizóuna revista naval a las unidades y una ofrenda floral en la rada exterior del Callao, con la presencia de autoridades civiles y militares.

La jornada rindió homenaje a quienes integraron la Marina de Guerra y destacaron en la defensa del país.

Las actividades protocolares incluyeron además la participación de las principales instituciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

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Las declaraciones las hizo durante la presentación de resultados de las operaciones policiales. César Astudillo señaló que una de las modalidades que emplean los grupos criminales es utilizar a menores de edad para cometer asesinatos por encargo, aprovechando su condición de inimputabilidad.

“Sabemos que los extorsionadores utilizan a menores de edad para garantizar la impunidad del delito. Entonces, es momento de cambiar esas leyes para mejorar el país”, afirmó.

El titular del Ministerio del Interior indicó que esta situación evidencia la necesidad de adecuar las normas a las nuevas formas de actuación de las organizaciones criminales, especialmente frente a delitos como la extorsión y el sicariato.

Durante la jornada también se informaron diversos resultados policiales. El director de Cibercrimen de la PNP, general PNP Julio Becerra, reportó la captura de un ciudadano venezolano de 44 años, conocido como alias “Chamo”, presuntamente involucrado en una investigación por el presunto delito de pornografía infantil.

Asimismo, el jefe de la Región Policial Callao, general PNP Olger Benavides, informó sobre la intervención de dos menores de 13 y 17 años, quienes estarían vinculados al ataque a balazos que provocó la muerte de un conductor de combi en el Callao días atrás.

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Durante una ceremonia en el Cuartel General del Ejército, donde previamente se desarrolló una sesión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena), la jefa de Estado precisó que esta decisión responde al mandato establecido en el artículo 44 de la Constitución, que establece que es deber primordial del Estado “proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general”.

La mandataria agregó que durante la sesión del Cosedena se acordó impulsar un cambio profundo en la lucha contra la delincuencia. “Ya no vamos a esperar. Somos nosotros los que vamos a enfrentar al crimen con toda la fuerza legítima del Estado, como lo ordena la Constitución. Hoy anuncio el establecimiento de un Comando Unificado para enfrentar y derrotar la criminalidad y la delincuencia”, resaltó.

“No estamos aquí para seguir hablando del problema de la inseguridad que viven y sufren todos los peruanos todos los días; estamos aquí para informar las decisiones que mi gobierno está tomando para resolverlo”, remarcó.

ÉLITE

De acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior, estas fuerzas combinadas estarán integradas por 1350 efectivos de las Fuerzas Armadas y la PNP, con 500 miembros del Ejército, 250 de la Fuerza Aérea, 200 de la Marina de Guerra, 80 de las Fuerzas Especiales Conjuntas y 320 policías de unidades especializadas.

El comando tendrá agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco).

La mandataria añadió que el Cuartel General del Ejército albergará un gran centro de control y operaciones, desde donde se dirigirán las acciones destinadas a combatir el crimen y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

NUEVO ORGANISMO

La jefa de Estado también anunció la creación de la Comisión Especial del Ejecutivo de Lucha contra la Criminalidad, que tendrá como finalidad coordinar y articular esfuerzos con ministerios, instituciones públicas y actores privados vinculados a la seguridad y el orden interno.

Añadió que la estrategia incorporará la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y de las empresas de telecomunicaciones, instituciones que contribuirán con capacidades de inteligencia, información y seguimiento para fortalecer la ofensiva contra el crimen organizado.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya contabilizó más del 96% de las actas en cada una de esas regiones.

Ocho de los diez registran sentencias o denuncias fiscales, mientras que los otros dos enfrentan cuestionamientos. Cada caso tiene un estado distinto.

Sentencias

Rosali Leandro Tarazona (País para Todos) lidera en Huánuco con el 31.88% de votos válidos y 118,546 votos.

Sin embargo, registra una sentencia penal de 2019 por agresiones contra la mujer, en la modalidad de maltrato psicológico, según su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El documento revela que el Segundo Juzgado Unipersonal de Flagrancia dictó reserva de fallo condenatorio, y que su pena habría sido cumplida.

Asimismo, Leandro registra una sentencia no penal de 2023 por violencia familiar. Fue el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco que declaró fundada la demanda.

En tanto, Máximo Óscar Cabrera Cabrera (Avanza País) lidera en San Martín con 31.24% de votos válidos y 146,756 votos.

En su caso, registra cuatro sentencias no penales por procesos de alimentos, vinculadas a obligaciones de manutención.

Los expedientes corresponden a los años 2001, 2003, 2004 y 2007.

Cabrera también figuraría con dos procesos vigentes por lavado de activos y un caso por proxenetismo en el Ministerio Público, según reportó El Comercio en agosto de este año.

Cabrera ha replicado que el caso de 2013 corresponde a un fraude procesal archivado, y que la investigación por lavado está archivada.

Por su parte, Sandro Acosta Villavicencio (Somos Perú) lidera en Ucayali con 34.35% de votos válidos, es decir, 78,310 votos. En su historial registra una sentencia penal de 2007 con reserva de fallo.

El Tercer Juzgado Penal de Coronel Portillo la dictó por conducción vehicular imprudente y desobediencia, y resistencia a la orden oficial.

Denuncias

De otro lado, Elvyn Samuel Díaz Tello (Ahora Nación), lidera en Apurímac con 37.66% de votos válidos y 83,628 votos.

Díaz registra dos carpetas fiscales por los presuntos delitos de cobro indebido (2021) y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (2022).

Como se recuerda, Díaz fue designado director de la Programa Sectorial III de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Ayacucho, en septiembre de 2019 hasta su renuncia en abril de 2022.

Por su lado, Pabel Néstor Bellido Miranda (Libertad Popular) lidera en Ayacucho con 35.22% de votos válidos y 110,869 votos.

Pero Bellido cuenta con 20 carpetas fiscales como imputado en Ayacucho. Diez de ellas corresponden al presunto delito de concusión (colusión con defraudación patrimonial al Estado), según el medio local El Vocero.

De igual forma, Pedro Carmelo Spadaro Philipps (Renovación Popular) lidera en el Callao con 51.73% de votos válidos y 290,782 votos.

En su caso, en 2025, la Fiscalía abrió una investigación preliminar por presunta colusión agravada tras una presunta adjudicación de 27 órdenes de servicio por S/152,000.

En abril de 2026, la Policía y la Fiscalía Anticorrupción allanaron 15 inmuebles dentro del caso “Los socios fantasmas”, incluida la vivienda de Spadaro.

Otro es Juan Carlos Común Gavilán (Alianza para el Progreso), quien lidera en Huancavelica con 33.88% de votos válidos y 77,157 votos.

La Fiscalía pide 9 años de prisión en su contra por presunta colusión agravada en una obra de saneamiento.

Según el medio Huancayork Times, la obra habría generado un perjuicio de S/994,000 durante su gestión como alcalde de Tayacaja (Huancavelica). Incluso, el juicio tiene audiencia prevista el próximo 22 de octubre.

En la lista también está Juan Enrique Mendoza Uribe (Somos Perú), quien lidera en Ica con 30.76% de votos válidos y 157,078 votos.

En septiembre de 2026, el portal La Lupa reveló que Mendoza tiene siete expedientes fiscales activos. Entre ellos figura una denuncia por presunta violación sexual de un menor de edad.

La Fiscalía de Pisco abrió el 18 de agosto de 2026 una investigación preliminar por ese hecho, con un plazo de 60 días.

Cuestionados

Entre los diez virtuales gobernadores se tiene además a Simón Pedro Horna Alpaca (Ahora Nación), quien lidera en Madre de Dios con 36.18% de votos válidos y 31,300 votos.

Sobre Horna recae el pedido de la Procuraduría del Gobierno Regional de Madre de Dios de denunciarlo por la pérdida y deterioro de equipos médicos en 2021.

Además, está relacionado con la minería informal y es considerado uno de los promotores del paro minero de abril de 2014, en el que murieron cuatro personas.

También está Verónika Fanny Mendoza Frisch (Alianza Electoral Venceremos), quien espera mantener su 30% de votos válidos en Cusco para no irse a un balotaje. Todo dependerá de los Jurados Electorales Especiales, que tienen pendiente al cierre de la edición resolver 45 actas derivadas de la ONPE.

Como se recuerda, la Fiscalía abrió en 2024 una investigación preventiva a Mendoza por presuntamente incitar a disturbios y conspirar para rebelión, sedición o motín. Asimismo, tuvo que declarar en 2016 como “testigo” en el caso de las agendas de Nadine Heredia.

Análisis

La politóloga Gabriela Navarro explicó a Correo que uno de los mayores riesgos al ocupar el cargo de gobernador con este tipo de antecedentes radica en cómo disponen su agenda edil.

“Si la autoridad tiene que dedicar una parte importante de su gestión a responder cuestionamientos judiciales o políticos, esto puede afectar la capacidad de construir confianza y generar un escenario de permanente confrontación”, sostuvo.

Para Navarro, los partidos políticos deben asumir su responsabilidad y definir sus prioridades al filtrar a sus candidatos.

“Si una organización conoce los antecedentes o cuestionamientos de una persona y, aun así, decide colocarla como su principal carta electoral, debemos preguntarnos qué está priorizando”, opinó.

La analista detalló que debe mejorarse la transparencia para decidir el voto.

“Este escenario también evidencia la necesidad de fortalecer la transparencia y el acceso a información sobre los candidatos para que el elector pueda tomar una decisión conociendo sus antecedentes y distinguiendo claramente entre una denuncia, una investigación y una sentencia”, afirmó.

El pronunciamiento del premier se da luego de que la Cámara de Diputados aprobara otorgar facultades al Ejecutivo, por 90 días, solo en materia de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

OBSERVACIÓN

En un comunicado, el premier reconoció el esfuerzo de las bancadas que permitieron que la propuesta fuera debatida y votada, frente a un sector radical que no quería aprobar nada.

Esto en alusión a la bancada de Juntos por el Perú que intentó que se rechace la totalidad de facultades.

Sin embargo, advirtió que se quedaron fuera medidas fundamentales en asuntos urgentes como la seguridad ciudadana.

“No se permiten operaciones de inteligencia ni apoyo directo de las Fuerzas Armadas. En materia de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño, tampoco incluye varios puntos. Se excluyó formalizar las mype, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos”, advirtió.

POSTURAS

Al respecto, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, dijo que el Ejecutivo responde, las regiones también, pero el Congreso no lo hace.

“Necesitamos que el Congreso, lejos de ser parte del problema, se convierta en parte de la solución”, sostuvo.

Mientras que el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, señaló que lo aprobado el martes por la noche le pone un freno a las acciones que puedan tomas las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

“Nuevamente, las izquierdas impiden defenderse al Estado con toda la fuerza necesaria. Lo aprobado en Diputados, es un freno a la acción de las FF.AA.”, indicó.

La medida fue comunicada durante una ceremonia realizada en la Plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército, en San Borja, con la presencia de ministros y altos mandos militares y policiales.

La mandataria informó que en el Cuartel General del Ejército se instalará un centro de control y operaciones encargado de dirigir y coordinar los operativos contra el crimen a nivel nacional. Según explicó, esta estrategia busca fortalecer la respuesta del Estado y contribuir al restablecimiento del orden público.

Como parte de las medidas, Keiko Fujimori anunció además la creación de un grupo especial de élite integrado por efectivos de las FF. AA. y la PNP, que tendrá a su cargo operaciones de búsqueda y captura.

Expulsión de ciudadanos extranjeros

La mandataria también planteó agilizar la expulsión de ciudadanos extranjeros que hayan cometido delitos en el país.

En el ámbito penitenciario, la presidenta señaló que su Gobierno retomará el control de los establecimientos penitenciarios y dispondrá la incomunicación de internos que continúen dirigiendo actividades delictivas desde las cárceles. Asimismo, anunció la creación de una Comisión Especial del Ejecutivo de Lucha Contra la Criminalidad, con participación de entidades como la UIF, la DINI, Osiptel y empresas de telecomunicaciones.

Finalmente, Fujimori convocó a las instituciones del Estado, el sistema de justicia, el sector privado y gobiernos extranjeros a participar en la lucha contra la criminalidad. La presidenta reiteró su respaldo a la PNP y las Fuerzas Armadas y remarcó que sus acciones deben desarrollarse con disciplina, profesionalismo y respeto a los derechos humanos y la democracia.

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