La sesión se iniciará a las diez de la mañana y el debate se prolongará por dos horas y media.

MAYORÍA

Para su aprobación, la iniciativa requiere por lo menos 31 votos. Fuerza Popular tiene 22 senadores y Renovación Popular, ocho, lo que suma 30 respaldos. De esta manera, los cinco integrantes del Partido Cívico Obras, que apoyaron al oficialismo en la Comisión de Constitución, tienen en sus manos el resultado final.

El último lunes, el senador de Obras, Roger Astucuri, asistió a la Comisión de Constitución, le dio el quorum que necesitaba para sesionar y el voto para incorporar siete materias adicionales a las 20 facultades que respaldó la Cámara de Diputados. Lo acompañó el vocero Daniel Barragán. “No somos oposición, somos solución”, afirmó este tras las críticas de algunos legisladores de Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno.

Tras la ampliación de la lista, el senador de Juntos por el Perú, Hugo Ccahuana anunció que su bancada presentará una cuestión de orden en el hemiciclo para que la propuesta vuelva a la comisión. Según consideró, la incorporación de los nuevos puntos vulneró la Constitución, el reglamento del Senado y las prerrogativas de la Cámara Baja.

Lejos del debate técnico, el parlamentario arremetió contra la bancada que dio el quorum y acudió a trabajar. “Hay que hacerle un monumento a Obras, un monumento a la inconsistencia, a la deslealtad y diríamos hasta una estatuilla al golpe”, expresó en RPP.

Su nombramiento se dio en medio de la fragmentación que atraviesa el bloque de oposición por el pedido de facultades que se debate en el Congreso.

POLÉMICA

El 17 de octubre se publicó una resolución que nombra a María del Carmen Barragán en el cargo de confianza de asesor III, nivel Ejecutivo 3 de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud.

Solo dos días después sesionó la Comisión de Constitución del Senado para debatir el predictamen sobre el pedido de facultades.

Las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Buen Gobierno no asistieron a la audiencia. Sin embargo, si lo hizo Roger Astucuri, senador de Obras.

Su presencia le dio quórum a la comisión, pero además votó a favor del texto.

Ante las críticas, Daniel Barragán descartó haber dado el voto de Obras a cambio de la contratación.

“Mi hermana es una profesional A1 que ha trabajado más de 20 años en diferentes cargos del Ejecutivo. No he hablado con ningún representante del Gobierno”, aseguró.

PERFIL

María del Carmen Barragán es abogada por la Universidad Nacional Federico Villareal y ha ocupado varios cargos públicos en el Estado hasta el año 2023. Sin embargo, en los últimos años se alejó de la gestión pública para opinar en programas de espectáculos.

En declaraciones a canal N, Tomás aseguró que su nueva asesora es una persona de confianza.

“Es una persona con profesionalismo y de trayectoria”, dijo.

Señaló que el 9 de octubre solicitó una asesoría de parte de María del Carmen Barragán. “Nos conocemos”, precisó.

Correo también envió preguntas a EsSalud para tener más información sobre la polémica designación. Sin embargo, al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

Cabe recordar que no es la primera vez que se genera una polémica bajo la gestión de Zulema Tomás.

Primero se cuestionó su designación porque en el pasado su esposo Miguel Palomino Paz, fue nombrado coordinador de Gestión de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Recientemente, sucedió una situación similar con su esposo, pues un allegado de ella designó a su esposo en un cargo de confianza en el programa PAIS.

(Zulema Tomás: Allegado designó a esposo de presidenta de Essalud en un cargo de confianza en el programa PAIS)

En abril de 2024 se declaró improcedente el pedido de María del Carmen Barragán Coloma para que el Estado asuma su defensa en una investigación por la presunta comisión de los delitos de colusión, negociación incompatible y patrocinio ilegal. https://t.co/xyWVg0XQ4z

— Sofía López (@SofiaLopezLl) October 20, 2026

El juez Juan Carlos Checkley decidirá el lunes 26 de octubre, a las 8:00 a.m., si anula lo actuado y retrotrae el caso hasta el momento previo de la acusación.

En curso

El caso se refiere al presunto favorecimiento a Cisneros para la obtención de nueve órdenes de servicio, en el 2018, valorizados en S/40 000 en promedio, en el Ministerio de Cultura (Mincul).

El control de acusación se inició el último 29 de septiembre. En la segunda audiencia, sobreseyó la única imputación (peculado) contra la exministra Patricia Balbuena (Mincul), a pedido de la Fiscalía, debido a que no tuvo “una intervención funcional” en la contratación.

La Fiscalía precisó que el exsecretario general del Mincul, Jorge Apoloni, también es investigado en un proceso, a cargo de otro despacho, que se encuentra en fase de control de acusación. La Secretaría General de la cartera tenía a su cargo “tramitar” los informes que otorgaban el visto bueno para brindar las órdenes de servicio.

“De los actuados descritos en el requerimiento fiscal se advierte que se realizaron diligencias orientadas a establecer la intervención de Balbuena Palacios en los hechos materia de imputación; sin embargo, los elementos de convicción incorporados no permiten establecer que haya tenido bajo su percepción, administración o custodia los caudales públicos objeto de cuestionamiento ni una intervención funcional en el procedimiento administrativo que determinó la contratación”, indicó el magistrado.

Por su parte, la defensa de Vizcarra, ejercida por Erwin Siccha, pidió que el caso retroceda hasta la fase previa de la acusación.

Según indicó, la Fiscalía cambió la “tipificación” (delitos) sin autorización judicial y los “hechos” atribuidos no siguieron el procedimiento especial, en fuero parlamentario, para altos funcionarios públicos.

Esto debido a que la Fiscalía imputa ahora negociación incompatible (o aprovechamiento indebido del cargo) como pretensión principal y tráfico de influencias como subordinada, contrario a como inicialmente postuló.

La fiscal Cristina Perinango alegó que esta variación quedó fija mediante una resolución de mayo último, con la que se cerró la fase preparatoria. Añadió que Balbuena pidió un control de plazo en ese entonces y que la defensa de Vizcarra no se opuso a la disposición.

De acuerdo a su hipótesis, el delito de tráfico de influencias fue cometido por Vizcarra a cambio “del silencio de Cisneros (respecto al Caso “Chincheros”), así como su apoyo como asesor de marketing político”.

Esto fue cuestionado por Siccha, quien señaló que, en relación a dicha imputación, solo se planteó que el exmandatario buscaba “viabilizar su vínculo amical” con Cisneros.

Cisneros, según postula la Fiscalía, “apoyó en la campaña presidencial del 2016 y además poseía información reservada, y de primerísimo nivel, sobre el Caso ‘Chincheros’, en el que Vizcarra estuvo involucrado en su calidad de ministro de Transportes y Comunicaciones”.

La Fiscalía solicita 5 años y 4 meses de prisión para Vizcarra por un extremo y 6 años y 8 meses por otro. Para Cisneros, pide 6 años y 8 meses de cárcel.

La mujer, de 44 años y residente en Estados Unidos, ingresó acompañada de Pedro Toledo, hermano del exjefe de Estado.

La visita se realizó un domingo a las 2:10 p. m. y Chantal llegó en un vehículo de la sociedad conyugal Toledo-Karp. Su permanencia en el recinto penitenciario se prolongó por casi dos horas.

Alejandro Toledo cumple dos condenas por lavado de activos: una de 20 años y 6 meses por los sobornos vinculados a Odebrecht en la Carretera Interoceánica y otra de 13 años y 4 meses por el caso Ecoteva. El exmandatario niega haber cometido actos de corrupción o blanqueo de capitales.

El encuentro familiar coincide con el trámite del indulto humanitario solicitado por la defensa de Toledo, cuya evaluación técnica permanece en el Poder Ejecutivo.

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Las mejoras incluyen espacios destinados a hospitalización y equipos de diagnóstico por imágenes y rayos X para fortalecer la atención de los pacientes.

Durante el acto, la jefa de Estado señaló que garantizar el bienestar de los integrantes del Ejército y sus familias también forma parte de las responsabilidades estatales.

“Cuidar a quienes no cuidan, también, es una responsabilidad del Estado”, expresó al referirse a la necesidad de ofrecer servicios médicos adecuados al personal militar.

“Estoy acá para acompañarlos en esta inauguración de sus pabellones renovados. Este hospital militar, un gran hospital, una institución fundamental para el cuidado de la salud de nuestros hombres y mujeres del Ejército peruano y sus familias”, señaló.

Fujimori también propuso aprovechar los nuevos equipos para establecer convenios con otras instituciones públicas. Como ejemplo, mencionó la necesidad de un tomógrafo en el Hospital de la Policía Nacional y sostuvo que el establecimiento militar podría contribuir a atender esa demanda mediante la cooperación entre ambas entidades.

La mandataria resaltó que los pacientes deben recibir atención profesional, medicamentos adecuados y condiciones dignas durante su recuperación.

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La solicitud se produjo luego de una investigación del programa Cuarto Poder que expuso presuntos favorecimientos a personas vinculadas con aportantes de campañas políticas del entorno del gobernador Ciro Castillo Rojo.

Entre los hechos que motivaron el requerimiento figuran contrataciones bajo el régimen CAS y órdenes de servicio otorgadas por la entidad regional.

El reportaje, emitido el 18 de octubre, señaló que más del 70 % de los aportantes a una campaña vinculada al entorno de la autoridad regional habrían obtenido contratos. También presentó casos de personas que pasaron de prestar servicios por locación a ocupar plazas CAS y de integrantes de una familia relacionada con el financiamiento electoral.

Mediante un oficio fechado el 19 de octubre, Yalta pidió que se revisen las condiciones del concurso para cubrir 87 plazas CAS a plazo indeterminado en la Dirección Regional de Salud (DIRESA) del Callao.

El parlamentario también planteó evaluar medidas para proteger los recursos públicos durante la transferencia de la gestión regional y solicitó conocer las acciones de control, los responsables y los plazos previstos.

#EnVivo Diputado Carlos Yalta solicita a la contraloría intervenir el Gobierno Regional del Callao, tras denuncia de Cuarto Poder Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/pz8nuBN47T

— Canal N (@canalN_) October 20, 2026

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Durante la sesión plenaria, la presidenta Keiko Fujimori y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación entre ambos países ante problemas como la minería ilegal, la trata de personas y la delincuencia transnacional.

Fujimori sostuvo que los desafíos compartidos exigen una respuesta coordinada y también mencionó los riesgos asociados al fenómeno El Niño.

“Enfrentar flagelos como la minería ilegal, la trata de personas, son retos enormes. Y si a eso le sumamos el fenómeno El Niño, pues yo creo que ahora más que nunca estamos obligados a trabajar juntos y en equipo”, afirmó. Además, destacó que los Acuerdos de Paz de Brasilia de 1998 sentaron las bases para fortalecer la relación bilateral.

Por su parte, Noboa planteó que las medidas de seguridad deben ir acompañadas de inversiones que mejoren las condiciones de vida en las localidades fronterizas.

“Sabemos que una frontera sin desarrollo es vulnerable, por lo que recuperar la seguridad también significa dinamizar las economías locales y acelerar las obras de infraestructura pendientes, como la conectividad vial y el apoyo a nuestros transportistas”, señaló.

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La mandataria peruana, Keiko Fujimori, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, iniciaron su primera reunión presidencial, en el marco del 17.° Gabinete Binacional entre ambos países. El encuentro se lleva a cabo de manera reservada en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno, con la presencia de las delegaciones ministeriales de ambas naciones.

En su discurso inaugural, la presidenta resaltó la importancia de este encuentro diplomático con su homólogo de Ecuador.

“Estoy convencida de que esta importante cita marcará el inicio de una nueva y prometedora etapa en la relación entre nuestros países, fortaleciendo aún más los lazos de amistad, de confianza y cooperación entre el Perú y Ecuador”, manifestó Fujimori.

Además, Fujimori recordó el avance diplomático alcanzado en 1998 con la firma de los Acuerdos de Paz de Brasilia, que permitió consolidar las relaciones fronterizas entre Perú y Ecuador. Según destacó, este hito marcó un antes y un después en la relación bilateral y sentó las bases para que ambos países construyeran un referente de “diálogo, de confianza mutua y de construcción conjunta de oportunidades”.

Al inicio de la reunión binacional, se adelantó que uno de los temas prioritarios será fortalecer la cooperación entre ambos países para combatir la delincuencia transnacional, con especial énfasis en la seguridad y protección de las fronteras.

La comitiva peruana, encargada de tratar estos y otros asuntos de integración, está liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el canciller Carlos Espá. También participan los ministros de Defensa, Interior, Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo, Producción, Educación, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.

Por Ecuador, la delegación que acompaña al presidente Daniel Noboa está conformada por el secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Neira; el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Roberto Kury; así como los titulares de Defensa Nacional, Economía y Desarrollo Económico y Productivo, además de otros funcionarios.

El expresidente Martín Vizcarra presentó nuevamente problemas de salud, por lo que fue llevado de urgencia este martes 20 de octubre desde el penal de Barbadillo hasta un hospital ubicado en Ate.

El INPE precisó que el traslado del exmandatario se realizó conforme a los “procedimientos establecidos”. Asimismo, informó que el estado de salud de quien también fue gobernador regional de Moquegua es estable y que permanece bajo observación médica.

Horas antes, Alejandro Salas, abogado de Martín Vizcarra, informó a través de sus redes sociales que el exmandatario presentó un cuadro de cólico renal.

Debido a esta situación, el exmandatario fue trasladado de urgencia al hospital de Ate, donde ingresó al área de Trauma Shock. Sin embargo, según indicó su abogado, durante la atención médica, Vizcarra Cornejo “habría presentado una complicación cardíaca”, lo que motivó su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El exmandatario ya ha requerido atención médica de emergencia en otras ocasiones debido a sus problemas de salud. Según se informó, Vizcarra presenta un cuadro severo de litiasis renal, una afección relacionada con la formación de cálculos renales, además de estenosis ureteral e hidronefrosis.

En enero de 2026, Vizcarra fue sometido a una cirugía de emergencia en la que, según reportes previos, se confirmó la pérdida de su riñón izquierdo. Además, su riñón derecho presenta una capacidad funcional reducida, situación que ha motivado su traslado desde el penal de Barbadillo a centros de salud para recibir atención médica.

📢 #INPEInforma | El INPE informa a la opinión pública lo siguiente👇 https://t.co/mTdqwJZQEj

— Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) October 20, 2026

María del Carmen Barragán Coloma asume en el cargo de confianza de asesor III, nivel Ejecutivo 3, en la Presidencia Ejecutiva de Essalud.

El nombramiento que se dio el sábado 17 de octubre de 2026 llama la atención porque ocurrió en medio del debate del pedido de facultades que solicitó el Poder Ejecutivo al Congreso.

Precisamente, el lunes 19 sesionó la Comisión de Constitución del Senado para votar el predictamen.

Las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Buen Gobierno no asistieron. Sin embargo, el representante de la bancada Obras sí acudió.

Incluso, estuvo presente el senador Daniel Barragán, quien es suplente en el mencionado grupo de trabajo.

Con la presencia de Obras hubo quórum necesario para sesionar, pero también dieron su voto a favor del texto que añadió siete puntos a los 20 ya aprobados en la Cámara de Diputados.

EXPERIENCIA

Cabe precisar que Barragán Coloma es abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, además, obtuvo el grado de magíster en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Privada San Juan Bautista.

Barragán tiene muchos años de experiencia en la gestión pública.

Incluso, en el pasado fue nombrada como directora ejecutiva del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif). Sin embargo, en los últimos años se enfocó en aparecer como abogada en programas de espectáculo para analizar casos vinculados a personajes de ese sector.

Correo buscó los descargos de Essalud sobre la polémica designación, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

La abogada María del Carmen Barragán Coloma, hermana del senador Daniel Barragán del Partido Cívico Obras, fue designada asesora de la presidenta ejecutiva de EsSalud. https://t.co/rhwNgSRodm

— Sofía López (@SofiaLopezLl) October 20, 2026

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibió este martes 20 de octubre al mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, en Palacio de Gobierno, en Lima, con motivo del Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador. La cita reúne a ministros y altos funcionarios de ambos países para abordar asuntos de seguridad, integración fronteriza, comercio y cooperación bilateral.

Durante la ceremonia de bienvenida, el jefe de Estado ecuatoriano recibió los honores protocolares, saludó a la bandera peruana y pasó revista al Regimiento de Caballería “Mariscal Domingo Nieto”, encargado de la escolta presidencial. El acto incluyó la interpretación de la Marcha de Banderas.

Fujimori y Noboa abordan seguridad y desarrollo fronterizo

Tras el recibimiento oficial, ambos mandatarios tienen previsto sostener una reunión para evaluar las prioridades de la agenda compartida. Paralelamente, los ministros de los dos gobiernos participan en encuentros sectoriales orientados a fortalecer los mecanismos de cooperación.

Entre los principales asuntos figuran la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, el comercio, las inversiones, la conectividad y el desarrollo de las poblaciones fronterizas.

Según la agenda difundida desde Ecuador, el encuentro ministerial contempla cinco ejes: seguridad y defensa; ambiente, energía y desarrollo sostenible; comercio, inversiones y turismo; integración fronteriza y conectividad; y cooperación social y cultural.

Ministros de Perú y Ecuador participan en reuniones bilaterales

La delegación peruana está encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, y el canciller Carlos Espá y Garcés-Alvear.

También participan los ministros Rafael Belaunde, de Defensa; Rogers Valencia, de Comercio Exterior y Turismo; Elmer Cuba, de Economía y Finanzas; Juan Requejo, de la Producción; y César Astudillo, del Interior.

La representación peruana incluye a José Antonio Chang, de Educación; Mauricio Arriolas, de Vivienda, Construcción y Saneamiento; José Tangherlini, de Transportes y Comunicaciones; Vladimiro Huaroc, del Ambiente; Marco Vinelli, de Desarrollo Agrario y Riego; y Guillermo Shinno, de Energía y Minas.

Por Ecuador, la comitiva está integrada por el secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Neira, y el canciller Roberto Kury.

Asimismo, participan los ministros Gian Loffredo, de Defensa Nacional; Bernardo Cordovez, de Desarrollo Económico y Productivo; John Reimberg, del Interior; y Gilda Alcívar, de Educación, Deporte y Cultura, además de viceministros de Vivienda y Ambiente.

Perú asumirá presidencia de la Comunidad Andina

Uno de los actos previstos en Palacio de Gobierno es el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN) de Ecuador a Perú.

La Comunidad Andina es el organismo de integración regional conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que promueve la cooperación económica, comercial y social entre sus países miembros.

Después de esta ceremonia se desarrollará la sesión plenaria del XVII Gabinete Binacional, en la que se presentarán los resultados de la XVIII Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, realizada el lunes 19 de octubre.

Perú y Ecuador preparan Declaración de Lima 2026

La Comisión de Vecindad permitió revisar los avances del Plan de Acción de Quito 2025 y preparar nuevos compromisos de cooperación para el presente año.

En la reunión participaron representantes de ambos gobiernos, autoridades de zonas fronterizas y delegados del sector privado. Entre los asuntos prioritarios estuvieron la minería ilegal, la protección de recursos hídricos compartidos, la integración territorial y la interconexión eléctrica.

El encuentro presidencial culminará, según el programa oficial, con la suscripción de la Declaración Presidencial de Lima 2026 y la adopción del Plan de Acción de Lima 2026. Ambos documentos establecerán los compromisos de cooperación acordados por las delegaciones.

Gabinete Binacional busca fortalecer cooperación entre ambos países

El mecanismo de Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional Perú-Ecuador se desarrolla desde 2007 y constituye uno de los principales espacios de coordinación política entre las dos naciones.

La reunión de Lima corresponde a su decimoséptima edición y da continuidad a los compromisos de integración establecidos tras los acuerdos de paz de 1998.

Su importancia radica en la posibilidad de coordinar acciones conjuntas frente a problemas compartidos, especialmente en las zonas de frontera, donde la seguridad, el transporte, el comercio y el acceso a servicios públicos requieren cooperación de ambos Estados.

El alcance definitivo de los nuevos compromisos será conocido tras la firma y publicación de los documentos oficiales del encuentro.

Y es que ayer, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, aprobó el dictamen que otorga facultades al Ejecutivo por 90 días en materia de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño (FEN).

Para que el dictamen pase a ser proyecto de ley, solo le falta una última instancia: La Cámara de Senadores.

AUSENCIA

A través de sus redes sociales, la senadora Ruth Luque (Ahora Nación) anunció que no asistiría a la sesión de la Comisión de Constitución porque se debatirían puntos adicionales a lo que aprobó la Cámara de Diputados.

Como se recuerda, la Cámara Baja aprobó darle facultades al Ejecutivo en 20 de los 66 puntos que solicitaron. Sin embargo, el equipo técnico de Constitución del Senado, añadió siete más.

En ese sentido, Luque recordó que solicitó, mediante un oficio multipartidario, que se respeten los límites de cada cámara.

“Claramente es el propio fujimorismo el que pretende no respetar las decisiones parlamentarias de la Cámara de Diputados. El Senado debe ejercer su función de revisión con límites, transparencia y respeto al equilibrio entre ambas cámaras”, escribió.

Consultado por el tema, el presidente del Congreso, Miguel Torres, calificó como “una pena” que algunos senadores no vayan a la sesión.

“Deciden dar la espalda. Aquí se viene a debatir, a discutir, pero el hecho de decir simplemente ´no voy´, lo que hace es dar la espalda”, reclamó.

Iniciada la sesión, se registró la asistencia de siete titulares, la cantidad necesaria para que haya quórum.

Carlos Mesía, Alejandro Aguinaga, Martha Chávez y Patricia Juárez de Fuerza Popular (FP); Lourdes Alcorta y Katherine Ampuerto de Renovación Popular, así como Roger Astucuri del Partido Cívico Obras.

Además de Luque, no asistieron Víctor Cutipa, Iber Maraví y Humberto Morales de Juntos por el Perú (JP), así como Patricia Iturregui del Partido del Buen Gobierno.

Alcorta fue una de las senadores que cuestionó la ausencia de sus colegas.

“Ellos también representan a regiones, deben discutir y votar, ya sea a favor o en contra, pero es su obligación”, dijo.

PRIMER BLOQUE

Antes de dar inicio al debate, el presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, recordó que si bien existen matices e indiferencias entre las bancadas, se pueden buscar coincidencias para combatir la inseguridad ciudadana y el FEN.

“No pretendo que nadie renuncie a sus convicciones. Tampoco pretendo que el dictamen que tenemos sobre la mesa sea un texto cerrado, el dictamen es una propuesta de trabajo”, aclaró.

El representante de Fuerza Popular anunció que primero se sometería a votación el texto de 20 puntos que aprobó la Cámara de Diputados.

Aquí destacan puntos como fortalecer los procedimientos de identificación, verificación, documental, control y fiscalización migratoria.

También el modificar el marco normativo sobre armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil.

El texto de 20 puntos se aprobó con siete votos a favor, los únicos que asistieron a la comisión.

Antes de iniciar el debate por los siete puntos adicionales, el senador Roger Astucuri de Obras propuso unos cambios en la redacción del texto.

Así que la comisión se suspendió por casi una hora para realizar las modificaciones.

FINAL

Uno de los primeros cambios que se realizó fue al apartado de libertad vigilada postpenitenciaria para delitos de alta peligrosidad.

En el texto final se lee: “Regular para los delitos de sicariato, extorsión y para casos de organizaciones criminales que atenten contra la inseguridad ciudadana, la libertad vigilada postpenitenciaria bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo, así como la creación de su respectivo registro, a fin de prevenir la reincidencia y continuidad delictiva”.

También se cambió la propuesta que establecía calificar como “grupo hostial” a las organizaciones criminales, a fin de que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) puedan intervenir.

Específicamente, se plantea modificar el Decreto Legislativo 1095, el mismo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en apoyo de las Policía Nacional.

“Cuando la capacidad operativa de la Policía haya sido sobrepasada o exista riesgo cierto de que ello ocurra, estableciendo un carácter excepcional, temporal, subsidiario y territorialmente delimitado de dicha intervención”, se lee en el dictamen.

Por lo tanto, no se sustituyen las funciones de la Policía.

Sobre la polémica que se generó por el punto que propone modificar el Decreto Legislativo N°1141 de fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), se precisó que se realizará con la finalidad de fortalecer la coordinación e interoperatibilidad entre los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional y la DINI.

“Frente a amenazas a la seguridad nacional y a la criminalidad organizada (...), sin afectar los derechos fundamentales”, concluye el punto.

El dictamen se aprobó también con siete votos de los senadores presentes.

Mesía pidió a los senadores no retirarse para que puedan firmar el dictamen.

Esto se realizó con el objetivo de agilizar el proceso a fin de que el documento sea enviado al Pleno del Senado para su posterior debate y votación.

RECLAMOS

Luego de la votación, Mesía dijo estar satisfecho porque a pesar de la ausencia de algunos senadores, la Comisión de Constitución pudo consensuar.

“Invitamos a los grupos que no han formado parte de la sesión de hoy (ayer) a que lo hagan el día que tengamos que debatir en el Pleno del Senado”, afirmó.

En diálogo con la prensa, el fujimorista recordó que la oposición pidió debate.

“El día que el presidente del Senado convoque, ahí estaremos para debatir e intercambiar ideas”, sostuvo.

Además, la bancada de FP convocó a una conferencia de prensa junto a tres sillas vacías, cada una tenía el logo de Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Buen Gobierno, bancadas que no asistieron a la sesión que se convocó.

Patricia Juárez señaló que dichas bancadas “se llenan la boca hablando de justicia”. Sin embargo, “huye por detrás cuando se trata de castigar alos delincuentes”.

“Esas sillas vacías representan a los políticos que le dan la espalda al reclamo de los ciudadanos. Son aquellos que se levantaron y no quisieron dar quórum para dar soluciones que el pueblo peruano reclama. Huyen y se esconden cuando hay que hablar de orden, pero son los primeros en aparecer cuando surge el caos”, indicó.

La iniciativa dispone que el proceso actual termine el 31 de diciembre de 2026 y que el nuevo mecanismo rija del 1 de enero de 2027 al 30 de junio de 2028.

Sin embargo, especialistas consultados por Correo advierten que la propuesta no resuelve el problema de fondo y que podría tratarse de una continuación del actual proceso de formalización, bajo otra denominación.

Medidas

La propuesta legislativa crea dos regímenes.

El régimen ordinario, que es permanente y exige autorización sectorial y certificación ambiental antes de iniciar actividades; y el “régimen de consolidación”, que es temporal y de acceso cerrado.

Este último incorpora a quienes mantengan su inscripción en el Reinfo al 31 de diciembre de 2026, y permite que los registros suspendidos permanezcan en esa condición hasta que la autoridad revise su situación.

También crea el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), adscrito al Ministerio de Energía y Minas, que asumirá funciones de autorización, evaluación ambiental, registro, supervisión, fiscalización y sanción.

La propuesta contempla sistemas de trazabilidad y supervisión de plantas de beneficio con capacidad superior a 25 toneladas métricas diarias; así como, autorizar al Banco de la Nación a abrir cuentas a mineros formalizados.

Según la exposición de motivos, hay 31,574 inscripciones, de las cuales 8,859 figuran suspendidas, y reconoce que el 92.8 % de inscritos en explotación no posee derecho minero.

Riesgos

El abogado ambiental César Ipenza calificó el régimen de consolidación como una ampliación “disfrazada” del Reinfo.

“Simplemente, están pasando todos los mineros del Reinfo a ese nuevo proceso que ya no es un año de ampliación, sino dos años hasta el 2028”, advirtió.

Según Ipenza, la iniciativa no contempla garantías para la trazabilidad del oro y crítica el rol del Banco de la Nación.

“Sería peligroso que una entidad de todos los peruanos, un banco público nuestro, termine de alguna manera recibiendo dinero o lavando dinero de origen ilegal”, alertó.

Por su parte, la economista Stephani Maita precisó que el proyecto no explica cómo actuará el Estado mientras el Formape se implemente; por ejemplo, en el tratamiento de explosivos.

“Potencialmente eso puede representar un riesgo importante. Para que este tipo de insumos peligrosos no terminen en manos de terceros que están asociados a otro tipo de actividades delictivas”, subrayó.

La experta considera que la minería ilegal crece en las zonas de frontera como Madre de Dios y Puno, y que el Ejecutivo no ha elaborado una estrategia integral.

La relación comprende a representantes de cuatro agrupaciones políticas que postularon, incluso, por la capital, según el portal Congrezoo.

El Partido del Buen Gobierno registra cuatro beneficiarios. El senador Jorge Gavidia postuló por lista nacional y declaró domicilio en Lince; la diputada Nora Llaque fue elegida por La Libertad y dijo vivir en San Isidro. Nathaly Molina e Hilda Fernández, también diputadas, postularon por Lima y declararon domicilios en Ate y Surco.

Fuerza Popular suma tres legisladores. El senador Segundo Tapia postuló por Cajamarca y declaró domicilio en Ate. Los diputados Jhonn Valqui y Carmela Paucara fueron elegidos por Pasco y Piura, respectivamente, pero consignaron residencia en Pueblo Libre y Villa El Salvador.

En tanto, Obras tiene tres diputados elegidos por Lima: Víctor Piñán declaró domicilio en San Juan de Lurigancho; Andrea Medina, en La Molina; y Raúl Camargo, en Santa Anita.

Finalmente, Juntos por el Perú tiene al senador Percy Osorio, elegido por Pasco y domiciliado en el Cercado de Lima.

El canciller Carlos Espá acudió a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para informar sobre los avances y resultados de la política exterior peruana. En su intervención, también abordó la situación de los ciudadanos peruanos reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. Según detalló, la Cancillería recibió 430 reportes de familiares y logró verificar 344 casos: 25 corresponden a personas fallecidas, 187 a desaparecidas, 132 que permanecen en servicio activo y cuatro que se encuentran como prisioneros de guerra en territorio ucraniano.

Espá explicó que el reclutamiento se llevó a cabo en el Perú mediante intermediarios que financiaron los viajes a Europa y facilitaron la firma de contratos militares redactados en idiomas extranjeros. Además, señaló que las autoridades rusas reportaron la incorporación de 459 ciudadanos peruanos a sus fuerzas armadas. Ante ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuó con las gestiones consulares para recabar información oficial sobre los casos aún pendientes.

Durante la sesión, el canciller explicó los alcances del mecanismo multilateral Escudo de las Américas, anunciado por la presidenta Keiko Fujimori el pasado 10 de septiembre, al amparo del artículo 118 de la Constitución Política. Espá precisó que la participación del Perú junto con otros 15 países de la región respondió a una decisión soberana de cooperación política estratégica, que no generó compromisos jurídicos, implicó una cesión de soberanía ni modificó la legislación nacional.

Ante la comisión parlamentaria, Espá aseguró que la iniciativa no contempla operaciones militares conjuntas ni permite el ingreso de tropas o fuerzas extranjeras al territorio peruano. En ese sentido, señaló que el acuerdo, respaldado mediante una declaración política firmada el 22 de septiembre durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, está orientado al intercambio de inteligencia financiera, la cooperación tecnológica en las fronteras y el fortalecimiento de la ciberseguridad para combatir el crimen organizado transnacional.

En la parte final de su presentación, Carlos Espá informó sobre los preparativos para la visita apostólica del papa León XIV, prevista del 11 al 16 de noviembre. El ministro indicó que la Cancillería adjudicó las licitaciones prioritarias para el evento, con el fin de garantizar el suministro eléctrico, la infraestructura técnica, los sistemas multimedia y el equipamiento necesario en los lugares donde se alojará la comitiva vaticana.

Además, anunció que una delegación de avanzada de la Santa Sede llegará entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre para evaluar los recorridos terrestres y aéreos del papamóvil, los protocolos de atención médica ante emergencias, las medidas de seguridad e inteligencia y los mecanismos de acreditación para la prensa internacional. En tanto, el Gobierno peruano mantuvo el cronograma de preparativos establecido, pese a las inquietudes expresadas sobre el estado de salud del pontífice.

La presidenta Keiko Fujimori reiteró este lunes su advertencia sobre la intensidad que podría alcanzar el fenómeno de El Niño en el Perú durante los próximos meses.

Mediante sus redes sociales, calificó el fenómeno como un “meganiño” y detalló las medidas que, según indicó, su gobierno ya está ejecutando para hacer frente a la emergencia.

“Vamos a tener un MEGANIÑO que va a ser realmente dramático para nuestro país”, indicó la mandataria.

“Necesitamos estar unidos, porque la emergencia va a ser muy grande. Lo más importante de todo es SALVAR VIDAS”, añadió.

Fujimori señaló que su administración ha ejecutado diversas medidas, entre ellas la limpieza de 536 puntos en cauces de ríos y el traslado de 20 puentes modulares al norte del país, donde se anticipan algunas de las mayores afectaciones.

Asimismo, anunció la construcción de albergues con capacidad para 30 mil personas y la instalación de hospitales de campaña en Tumbes, Piura y Lambayeque. También informó que se colocarán 12 barreras dinámicas para proteger a las familias que residen en 10 quebradas de Lima.

La mandataria aseguró que el Gobierno dispone de cinco buques de la Marina y 22 helicópteros, así como de 5.600 toneladas de alimentos para atender las posibles emergencias, entre otras medidas de prevención y respuesta.

“En el momento de la emergencia, el Gobierno va a actuar en simultáneo en todas las regiones. Y yo estaré siempre informando, acompañando, dando la cara y resolviendo”, señaló Fujimori al finalizar su publicación.

El mensaje está acompañado de un video en el que se la observa recorriendo zonas que podrían resultar afectadas por el fenómeno climático y dando a conocer las medidas previstas para afrontar la emergencia.

Vamos a tener un MEGANIÑO que va a ser realmente dramático para nuestro país. Necesitamos estar unidos, porque la emergencia va a ser muy grande. Lo más importante de todo es SALVAR VIDAS. Esto es lo que ya venimos haciendo: • Estamos limpiando los cauces de los ríos en 536 puntos. • El río Piura puede recibir hasta 4000 metros cúbicos por segundo. • Construiremos albergues temporales para 30 000 personas. • Tendremos hospitales de campaña en Tumbes, Piura y Lambayeque. • Contamos con 5 buques de la Marina y 22 helicópteros. • Enviamos 20 puentes modulares al norte. • Instalaremos 12 barreras dinámicas para proteger a las familias que viven en 10 quebradas de Lima. • Aprobamos la norma de Servicios por Impuestos. • Agilizamos Obras por Impuestos. • Sacamos más de 14 decretos de urgencia y decretos supremos. • Estamos entregando motobombas e hidrojets. • Tenemos 5600 toneladas de alimentos. En el momento de la emergencia, el Gobierno va a actuar en simultáneo en todas las regiones. Y yo estaré siempre informando, acompañando, dando la cara y resolviendo.

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 19, 2026

El pleno del Senado programó para este miércoles 21 de octubre, a las 10:00 a.m., la sesión plenaria en la que se debatirá y votará el proyecto de ley que busca otorgar al Poder Ejecutivo facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana y prevención de los efectos del fenómeno de El Niño.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado aprobó incorporar siete puntos adicionales al dictamen previamente aprobado por la Cámara de Diputados, que autoriza al Gobierno a emitir decretos legislativos por un periodo de 90 días. Con estos cambios, la propuesta quedó conformada por 27 ítems.

En agosto, el Poder Ejecutivo solicitó a la Cámara de Diputados facultades para legislar durante 120 días en materias relacionadas con la seguridad ciudadana, las micro y pequeñas empresas, el ámbito laboral y la promoción del empleo. El pedido también comprendía la simplificación administrativa, el desarrollo productivo y la modernización del Estado.

Durante la sesión de este lunes en la cámara alta, se incorporaron seis puntos relacionados con la seguridad ciudadana y uno referido a la prevención de los efectos del fenómeno de El Niño. A la jornada legislativa no asistieron los parlamentarios de Juntos por el Perú Víctor Cutipa, Íber Maraví y Humberto Morales, ni Ruth Luque, de Ahora Nación, y Patricia Iturregui, del Partido del Buen Gobierno.

Al respecto, Luque Ibarra cuestionó la aprobación de las “nuevas habilitaciones” por parte de la Comisión de Constitución, presidida por Carlos Mesía, de Fuerza Popular. La parlamentaria señaló que el grupo de trabajo adoptó esta decisión “sin resolver ni explicar cuáles son los límites constitucionales del Senado para incorporar materias que no fueron aprobadas por la Cámara de Diputados”.

“Para el fujimorismo, la democracia se reduce a conseguir los votos necesarios, sin importar la deliberación ni los cuestionamientos constitucionales. Para mí, la democracia no consiste únicamente en sumar votos: exige respetar procedimientos, escuchar posiciones distintas, deliberar y poner límites al poder. Esa es nuestra diferencia de fondo: no basta tener los votos para decidir; también hay que respetar las reglas y justificar las decisiones”, aseguró mediante su cuenta oficial en X.

Por su parte, Morales Ramírez advirtió que la Comisión de Constitución ha “desnaturalizado” la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados. Además, consideró que esta actuación “marca un parteaguas y anticipa cómo tramitará lo que Diputados apruebe en los próximos cinco años”.

En tanto, la parlamentaria fujimorista Patricia Juárez criticó a los senadores de oposición por ausentarse de la sesión.

“La seguridad de los peruanos no puede esperar ni ser rehén de cálculos políticos. Es hora de dar la cara y asumir responsabilidades. No hay tiempo para puntos medios, no hay tiempo para ser tibio”, manifestó.

Posteriormente, el oficialista Alejandro Aguinaga sostuvo que “el país exige responsabilidad” a la oposición, en lugar de “cálculos políticos”.

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría un informe final que propone suspender durante 120 días al legislador Julián Pérez Mallqui, de la bancada de Juntos por el Perú. La sanción contempla el descuento de sus haberes y responde a la responsabilidad ética que se le atribuye por agredir física y emocionalmente a su expareja en una comisaría de San Miguel.

La sesión fue presidida por Henry Albañil, representante del Partido Cívico Obras, y culminó con cinco votos a favor y uno en contra, este último de la bancada de Juntos por el Perú. Tras la aprobación del informe en esta instancia, la recomendación de sanción será remitida a la mesa directiva para que el pleno de la Cámara de Diputados evalúe el caso y adopte una decisión definitiva.

Según el informe final del expediente 001-2026-2027/CEP-CD, el diputado Julián Pérez Mallqui afectó la imagen institucional del Poder Legislativo al ser detenido en flagrancia. El documento señala que su comportamiento transgredió los deberes propios de su función representativa, por lo que recomienda imponer la máxima sanción administrativa, en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad contemplados en el reglamento interno.

La Policía Nacional del Perú intervino al legislador el jueves 30 de julio, horas después de que jurara al cargo. El caso se convirtió en la primera investigación formal tramitada por la Comisión de Ética Parlamentaria en el actual periodo de sesiones. De manera paralela, el Ministerio Público continúa con las diligencias para establecer la eventual responsabilidad penal del investigado.

En el ámbito judicial, Julián Pérez Mallquies investigado por la Fiscalía Suprema de Familiapor la presunta comisión del delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Como parte del proceso, el legislador presentó un recurso de tutela de derechos ante el Juzgado de Investigación Preparatoria, con el que busca excluir el certificado médico legista realizado a la denunciante, bajo el argumento de que la prueba habría sido obtenida de manera ilícita.

El Certificado Legal N.° 039118-VFL, emitido el 30 de julio de 2026, registró lesiones traumáticas recientes en la víctima. Según el informe forense, se identificaron hematomas en el codo, el antebrazo y la pierna derecha, además de marcas de presión digital. Estos hallazgos forman parte de la investigación fiscal en curso.

El Poder Ejecutivo remitió este lunes 19 de octubre a la Cámara de Diputados una iniciativa legislativa que plantea la creación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Según el documento aprobado por el Consejo de Ministros el martes 13 de octubre, la propuesta busca establecer un marco jurídico especial para autorizar, regular, supervisar y fiscalizar las actividades de pequeña minería y minería artesanal en el país, así como garantizar su trazabilidad y promover su desarrollo.

Como anunció a inicios de octubre el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, el Gobierno presentó la iniciativa para impulsar el desarrollo formal, sostenible y trazable de la pequeña minería y la minería artesanal. La propuesta busca facilitar la incorporación y permanencia de estas actividades en las cadenas formales de valor, además de reforzar la capacidad del Estado para supervisarlas y fiscalizarlas.

La norma alcanzaría a los titulares de derechos mineros y de actividades de beneficio, así como a acopiadores, transportistas, procesadores, comercializadores y otros actores que participan en la cadena de valor de los minerales extraídos mediante estas actividades. También comprendería a las entidades públicas con competencias establecidas en la Ley General de Minería, aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 014-92-EM.

La iniciativa contempla dos modalidades para regular la pequeña minería y la minería artesanal: el régimen ordinario y el régimen de consolidación. El primero tendrá carácter permanente y estará dirigido a las personas naturales o jurídicas que realicen o busquen iniciar actividades mineras dentro de estas categorías. Para comenzar o reanudar sus operaciones, deberán contar con la autorización de las entidades competentes y cumplir con las obligaciones de información, trazabilidad, supervisión y fiscalización establecidas.

En tanto, el régimen de consolidación será temporal, excepcional y de acceso restringido. Estará dirigido únicamente a las personas naturales y jurídicas procedentes del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que sean incorporadas de acuerdo con la ley, con el propósito de que subsanen los requisitos pendientes para acceder al régimen ordinario dentro del plazo establecido.

En el marco de la política de inclusión financiera, la propuesta facultaría al Banco de la Nación para abrir cuentas corrientes y de ahorro a personas naturales y jurídicas comprendidas en los regímenes ordinario y de consolidación.

La iniciativa también establece que estas actividades deberán respetar las prohibiciones, restricciones y medidas de protección del Patrimonio Cultural de la Nación, así como de las reservas indígenas y territoriales destinadas a pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Además, para iniciar operaciones, deberán contar con la certificación ambiental correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente.

Las entidades competentes tendrían la facultad de imponer sanciones mediante los respectivos procedimientos administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que les otorga la ley para tipificar infracciones. En ese sentido, el Ministerio de Energía y Minas y los gobiernos regionales desarrollarían de forma coordinada programas y servicios descentralizados de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades dirigidos a las personas comprendidas en la norma.

Uno de los principales puntos del proyecto es la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (FORMAPE), adscrito al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Esta entidad se encargaría de impulsar mejores estándares operativos, buenas prácticas laborales y de seguridad, e innovación tecnológica. Además, administraría los sistemas de información y trazabilidad, evaluaría los instrumentos de gestión ambiental, otorgaría acreditaciones a pequeños productores mineros (PPM) y productores mineros artesanales (PMA), y autorizaría el inicio o reinicio de las actividades mineras.

Entre sus funciones, estará la administración de los sistemas nacionales de información y trazabilidad de la pequeña minería y minería artesanal, que incluirán datos correspondientes al régimen ordinario y al régimen de consolidación. Estas plataformas permitirán rastrear el origen y el recorrido de los minerales, desde su traslado y recepción hasta su beneficio, procesamiento y comercialización.

Si el Congreso aprueba la propuesta, el Ejecutivo tendrá un plazo de 120 días para emitir el reglamento de la Ley MAPE. Dentro del mismo periodo, también deberá remitir al Parlamento el proyecto de ley para la creación del FORMAPE.

Por último, el proyecto precisa que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, conforme a lo establecido en la ley aprobada por el Congreso saliente.

#LoÚltimo | El Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de nueva Ley MAPE, que busca regular las actividades de pequeña minería y minería artesanal en el país. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/F8mF11dZgf

— Canal N (@canalN_) October 19, 2026

La senadora y vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, criticó la inasistencia de representantes de Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú a la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, donde se aprobó incluir siete medidas adicionales en el dictamen de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

En declaraciones a la prensa, Juárez cuestionó a los parlamentarios que se retiraron y estuvieron ausentes durante la votación. Según señaló, esta inasistencia les impidió fijar una posición formal sobre las propuestas relacionadas con la seguridad ciudadana y la prevención ante el fenómeno de El Niño.

“Las sillas vacías representan a aquellos políticos que le dan la espalda al reclamo de los ciudadanos”, declaró.

“Ustedes saben quienes son, son los mismos que se rasgan las vestiduras en nombre del pueblo, se llenan la boca hablando de justicia, y por detrás huyen cuando se trata de castigar a los delincuentes”, añadió.

Juárez cuestionó a las bancadas que no asistieron y las acusó de anteponer sus discrepancias políticas a las necesidades de la población. En ese sentido, remarcó que el país requiere acciones para combatir la delincuencia, prevenir posibles emergencias climáticas y fomentar la generación de empleo.

“Usan discursos floridos para defender un sistema podrido. Ponen las diferencias políticas, por sobre las urgencias ciudadanas. Huyen y se esconden cuando hay que hablar de orden, pero son los primeros en aparecer cuando surge el caos”, manifestó.

“Quienes hoy se oponen a dar facultades se oponen a darle herramientas a los peruanos para vivir mejor, para defenderse de los criminales, para prepararse frente al Niño”, aseguró.

Asimismo, Juárez reprochó que los parlamentarios no se quedaran en la sesión para discutir las iniciativas y expresar su postura a través del voto. Asimismo, advirtió que tanto el silencio como la inasistencia tienen repercusiones políticas.

“El Perú votó orden hace pocos meses. Nosotros como representantes somos simples vehículos de ese mandato. quienes hoy se oponen a dar facultades, se oponen a darle herramientas a los peruanos para vivir mejor, para defenderse de los criminales, para prepararse frente al Niño, para tener más trabajo”, enfatizó.

“Y en esa batalla hay solo dos bandos, o se está del lado de los criminales o se los combate. No hay punto medio, no hay lugar para cálculo político ni para los tibios. Por acción u omisión puede ser cómplices de ello, el silencio y las sillas vacías hablan más que palabras”, agregó.

La vocera de Fuerza Popular manifestó que su bancada espera la asistencia de los representantes de los grupos parlamentarios ausentes al pleno programado para el miércoles, donde se debatirá el dictamen de delegación de facultades legislativas.

“Los esperaremos el día miércoles en el Pleno. Creemos que el Perú merece una respuesta y merece una reflexión de parte de estos grupos políticos”, indicó.

El ministro del Interior, César Astudillo, descartó este lunes que exista un “espíritu de cuerpo” para proteger a los efectivos policiales que aprovechan el uniforme institucional para involucrarse en actividades delictivas.

“En nuestra institución y porque me siento parte de ella, es parte del Perú. Hay un espíritu de cuerpo. Pero es un espíritu de cuerpo con el personal que está en la situación policial de retiro, hay espíritu de cuerpo con el compañero abatido, con el oficial, el suboficial herido, con sus viudas, con sus huérfanos. Con ellos hay espíritu de cuerpo, pero no con estos personajes que han usado nuestro uniforme para delinquir”, indicó.

Además, el titular del Mininter subrayó la importancia de modificar el régimen disciplinario de la Policía Nacional para reforzar las medidas sancionadoras frente a las faltas en las que incurra el personal, independientemente de su rango.

El ministro ofreció estas declaraciones durante la ceremonia por el Día del Policía en Situación de Retiro, que contó con la presencia del comandante general de la Policía, Fredy López; el viceministro de Seguridad Pública, Alberto Jordán; y otros altos mandos del sector.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, puso en marcha el último domingo la denominada Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, encargada de diseñar medidas para combatir la criminalidad.

Galarreta integra este grupo de trabajo junto con los ministros del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaúnde; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que el Cuartel General del Ejército, ubicado en San Borja, funcionará como sede de operaciones y coordinación de la comisión, donde se congregarán los ministros.

La resolución suprema que formalizó la creación de este grupo establece que la comisión podrá convocar a representantes de los ámbitos público y privado, con el propósito de articular “una visión unificada en el combate a la criminalidad”.

Entre las responsabilidades de la comisión figuran la elaboración de propuestas y el monitoreo de los avances y compromisos acordados.

La senadora de Renovación Popular, Lourdes Alcorta, cuestionó este lunes 19 de octubre la ausencia de varios parlamentarios durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, en la que se aprobó incorporar siete materias adicionales al dictamen de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo.

La legisladora calificó de “chantaje” y “extorsión” la actitud de quienes, según su interpretación, condicionaron su participación o respaldo a la propuesta. Sus declaraciones se produjeron después de que el grupo parlamentario aprobara ampliar de 20 a 27 las materias del dictamen sobre seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño.

“Eso se llama un chantaje, se llama extorsión. Hemos conciliado, hemos pedido un cuarto intermedio, hemos salido a conciliar y hemos aprobado por unanimidad”, declaró Alcorta a Canal N.

Lourdes Alcorta cuestiona ausencia de senadores durante la votación

La parlamentaria sostuvo que los integrantes de la comisión que discrepaban con la propuesta tuvieron la oportunidad de participar en el debate, expresar sus cuestionamientos y votar en contra.

Sin embargo, criticó que algunos legisladores no se encontraran presentes al momento de adoptar los acuerdos. En su opinión, las diferencias debieron resolverse dentro de la sesión y mediante los mecanismos de votación.

“Lo único que tienes que hacer, pues, es simplemente votar en contra y se acabó”, manifestó la representante de Renovación Popular.

La Comisión de Constitución, presidida por Carlos Mesía, de Fuerza Popular, aprobó la incorporación de las siete materias adicionales con siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención entre los presentes. La ausencia de otros integrantes impide considerar el resultado como un respaldo unánime de toda la comisión.

Alcorta defiende acuerdo con la bancada de Obras

Consultada sobre los cuestionamientos a la bancada de Obras por su participación en el debate y los calificativos de “traidores” dirigidos a sus integrantes, Alcorta defendió la decisión del grupo parlamentario de llegar a un entendimiento.

“Creo que los de Obras han tenido una reacción positiva, han marcado su posición al respecto de algunos desacuerdos que han tenido. Entonces, hemos llevado una conciliación y se ha votado”, señaló.

La senadora consideró que las discrepancias fueron abordadas mediante conversaciones entre los representantes parlamentarios y que el acuerdo permitió continuar con el procedimiento legislativo.

Asimismo, expresó que, tras la aprobación del dictamen en comisión, corresponde concentrar la discusión en el Pleno del Senado, donde los legisladores tendrán una nueva oportunidad para pronunciarse.

Senadora rechaza que los siete puntos adicionales alteren pedido del Ejecutivo

Según explicó, las nuevas propuestas fueron planteadas por distintas bancadas y mantienen relación con los asuntos de seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño incluidos en la solicitud original del Poder Ejecutivo.

“Lo que hemos hecho nosotros, después de los 20 puntos que se han aprobado, es incluir los que teníamos en diferentes bancadas, pero que están vinculados directamente a cada uno de los temas que se han venido del parte del Ejecutivo y Diputados”, afirmó.

Con ese argumento, rechazó que la ampliación haya desnaturalizado el pedido de delegación legislativa. Esta postura también fue defendida por otros integrantes del Senado, mientras que sectores de oposición han cuestionado la posibilidad reglamentaria de incorporar nuevas materias.

Dictamen de facultades legislativas pasará al Pleno del Senado

La Comisión de Constitución concluyó la votación del texto que propone otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo durante 90 días calendario.

El dictamen comprende 27 materias, siete más que las 20 aprobadas anteriormente por la Cámara de Diputados. Entre las propuestas adicionales figuran asuntos relacionados con la legítima defensa, la presunción de inocencia y la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad exterior de establecimientos penitenciarios.

Alcorta sostuvo que el trabajo de la comisión ya terminó y manifestó su expectativa de que el debate en el Pleno se desarrolle sin nuevas confrontaciones.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores aprobó este lunes 19 de octubre la incorporación de siete puntos adicionales al dictamen que propone otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño.

La votación se realizó bajo la conducción del senador Carlos Mesía, de Fuerza Popular, y obtuvo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Con esta decisión, el dictamen pasa de las 20 materias aprobadas inicialmente por la Cámara de Diputados a 27 puntos propuestos para la delegación legislativa.

La aprobación se produjo por unanimidad de los integrantes presentes durante la votación. Sin embargo, varios representantes de otras bancadas no se encontraban en la sala, en medio de las discrepancias sobre la incorporación de nuevas materias.

¿Qué siete puntos adicionales aprobó la Comisión de Constitución?

Entre las medidas adicionales incorporadas al dictamen se encuentran propuestas relacionadas con la regulación de la legítima defensa, la presunción de inocencia y la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en el resguardo exterior de establecimientos penitenciarios.

El predictamen también había contemplado iniciativas vinculadas con el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y el tratamiento legal de organizaciones criminales. Estas propuestas generaron diferencias entre las agrupaciones parlamentarias durante las sesiones previas.

Los siete puntos adicionales forman parte de la propuesta que continuará su trámite en el Senado. Su incorporación en comisión todavía no implica que el Poder Ejecutivo esté autorizado para legislar sobre estas materias.

Dictamen con 27 materias será elevado al Pleno del Senado

Tras la votación, Carlos Mesía solicitó consultar la dispensa del trámite de aprobación del acta, con la finalidad de ejecutar los acuerdos y agilizar la remisión del dictamen al Pleno del Senado.

La propuesta establece un plazo de 90 días calendario para que el Poder Ejecutivo pueda emitir decretos legislativos dentro de las materias que finalmente autorice el Parlamento.

Durante la primera parte de la sesión, la Comisión de Constitución había aprobado los 20 puntos procedentes de la Cámara de Diputados. Posteriormente, el grupo de trabajo continuó con la discusión de las siete materias adicionales, cuya incorporación recibió también siete votos favorables, según la actualización de la jornada.

De esta manera, el dictamen queda con 27 puntos para su siguiente etapa parlamentaria. La aprobación en comisión no constituye la autorización definitiva de las facultades legislativas.

Aún no se recupera el número de turistas del 2019, ¿qué se necesita para lograrlo?

Este año se deberían recuperar los niveles de turismo interno alcanzados en la pre-pandemia, que se mide por número de viajes. El punto pico fue 48 millones de viajes. Sí, aún no se recuperan todavía los niveles pre-pandemia del turismo receptivo y se debe tener claro que el acceso a Machu Picchu es absolutamente fundamental. Se arrastraba el error de vender mil entradas de forma presencial, desde el gobierno de Castillo, que también implica que la UGM (Unidad de Gestión de Machu Picchu), sea presidida por Cultura y no por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Lo otro es el esfuerzo promocional importante que se hace en un nuevo escenario para permitir un recupero. Hay mejores condiciones para la inversión en infraestructura aeroportuaria porque uno de los problemas clave del sector es la conectividad. Entonces, las inversiones en aeropuertos, significan un acelerador para buscar rutas directas. Muchos de los visitantes prefieren claramente una ruta directa a las escalas, por lo tanto, hay una posibilidad súper importante que trabajar.

¿Cómo observa al actual Ejecutivo?

Persiste una expectativa positiva. Creo que hay varias condiciones que podrían hacer que tenga una muy buena performance. Pero, hay cierta inquietud en el mercado empresarial porque han pasado 70 días y todavía no se ve algo concreto en términos de la línea de acción. Esperaría que en los próximos días haya ese pronunciamiento, pero los indicadores positivos son que las expectativas de la inversión privada siguen en alza. Se espera, al cierre del año, un crecimiento de 14.5 % de la inversión privada, que es bastante bueno, y el nivel de riesgo de inversión está bastante bajo. Son señales positivas. En algún momento se comparó el 29 de julio del 2021 y el 29 de julio del 2026. En 2021, cuando estaba el señor Castillo, se fueron del país casi 20 mil millones de dólares, pero en 2026 había cola de proyectos de inversión de 100 mil millones de dólares. Pinta muy claro que hay una expectativa, pero pasan los días y la expectativa tiene que verse con señales muy claras.

¿Cree que las expectativas del Gobierno para conseguir facultades legislativas son muy altas?

De hecho hay algunas facultades que son competencias puras y duras del Ejecutivo, por tanto puede actuar sin necesidad del apoyo del Congreso. Pero, en el frente de seguridad, sí necesita algunas autorizaciones del Congreso. Para atender lo de El Niño, designando un personaje como Carlos Neuhaus, da una buena señal. Sí creo que se puede avanzar cosas sin el otorgamiento de facultades del Congreso, no solo se habla de la afectación al agro, a la pesca, al turismo, sino también de vidas. No se hicieron trabajos de prevención. Entra el nuevo gobierno y debe atender las elecciones municipales y regionales, no tiene un escenario fácil para actuar. Se sabía que El Niño era un problema muy serio, con alta probabilidad que sea fuerte. Creo que se tiene que avanzar con todo, con o sin la asignación de facultades, porque no se puede esperar.

¿Qué otras facultades debe autorizar el Congreso?

Bueno, hay temas de carácter laboral y tributario, pero seguridad es un tema transversal que afecta también el tema de los negocios y las inversiones. Cualquier inversionista busca dos cosas fundamentalmente. Una es estabilidad macroeconómica y Perú la mantiene, tiene estabilidad macroeconómica gracias a la política monetaria con el Banco Central Reserva. También busca seguridad jurídica. Seguridad tiene que ver con todo, seguridad jurídica pura y seguridad ciudadana. Se puede esperar niveles de inversión importantes en regiones donde claramente hay un enorme riesgo de casos de extorsión, de minería ilegal. La minería ilegal sin ninguna duda está articulada con la inseguridad. Se debe entender que el financiamiento viene de la minería ilegal, por lo tanto tendría que ser un paquete completo, que involucre temas muy directos con respecto a la minería ilegal, que se ha ido metiendo a la sociedad de una manera grosera, como lo hizo el narcotráfico en Colombia y en Perú. Hay un historial que demanda medidas drásticas. Creo que la presidenta (Fujimori) se está cuidando de no tener el sello de autoritaria, pero una cosa es cuidarte y otra cosa es que el tiempo siga pasando y no se vean decisiones radicales al respecto y creo que la situación lo amerita.

Es importante cortar el financiamiento a los involucrados en actividades ilícitas...

Totalmente, de acuerdo. Debe primar un trabajo de tecnología y servicio de inteligencia que parcialmente se tiene, pero el punto es identificar dónde se origina el problema, de dónde vienen los recursos, cuáles son las actividades, cuáles son los personajes que están atrás, y tratar de atacar a la raíz del problema. La idea es cómo ir al principio, supone ir hasta el tema aduanero y ver los orígenes de la producción, dónde se está generando el recurso que termina contaminando a toda la sociedad. Creo que es un tema integral. Ahora que hay nuevos gobiernos regionales es la oportunidad de evidenciar un trabajo colectivo con el gobierno central y gobiernos municipales. Me parece que es la manera correcta y no ir al último eslabón. En el último eslabón se encontrará que han corrompido a gente del Congreso actual y anterior, a algunos empresarios. La idea es cómo se origina el tema y cómo se corta el financiamiento. No se puede permitir que el tema escale porque termina afectando a toda la sociedad de forma terrible.

¿Se ha descuidado la inseguridad y el país está tomado por bandas criminales?

Sí. Se habla de niveles millonarios del crimen organizado de cobertura internacional. Cuando digo integral es que se necesita incluso modificación de leyes que permitan sanciones absolutamente severas. Una que se planteó en su momento es que se contemple como acto terrorista porque generan un daño mayúsculo. Si se plantea de esta forma, las sanciones van a ser mucho más drásticas y serán un desincentivo para el delincuente. Pero, en Perú pasa piola el delincuente, quien está preso puede salir los fines de semana y tiene celular y pantalla plana, no es una prisión real. Pero si la pasan duro, sería otra cosa. Si después saltan las instituciones de derechos humanos, que se preocupen por los derechos humanos de todos los perjudicados.

Las exportaciones del país crecen en valor, pero no en volumen...

Está heterogéneo porque no es un sector que crezca de forma pareja. Sigue existiendo la dependencia de los minerales, pero la parte no tradicional está creciendo, incluso a mayor velocidad. Cuando hablamos de lo no tradicional, la subida en valor es importante, porque significa que están pagando más por tu uva, tus arándanos, tus confecciones, tus joyas. Lo tradicional sube de precio sin hacer nada, simplemente es la cotización en la bolsa de valores. Pero lo no tradicional significa que el mercado está dispuesto a pagar más por la uva, por la palta, por el arándano, que por los productos mexicanos o chilenos. Alimentos era el rubro que más sostenía el crecimiento, pero tiene problemas por El Niño. Ha crecido con las complicaciones que todavía tendrá por El Niño. En la costa norte ya afecta la producción de mango. Pero otros rubros crecen, como la producción de langostinos, que se favorece con las altas temperaturas. Cuanto más cerca se está de la línea ecuatorial, mayor es la exportación. Pero este año batimos el récord de los 100,000 millones de dólares de todas maneras. El BCR señala que podemos acercarnos a los 120,000 millones. De los cinco motores de la economía, inversión pública, inversión privada, exportaciones, turismo y consumo interno, el que mejor performance sigue teniendo es el sector exportador.

¿Los aranceles de EE.UU. impactan seriamente al sector?

No solo lo aplica a Perú, también a países que compiten con Perú, como México y Chile, pero no es que haya un cambio tan relevante. Pero si se sube el arancel, sube el precio para el consumidor y puede bajar el volumen de compra, lo que explica algunas caídas de volumen, no de precio. Se ha subido no solo en agro, también a los textiles y confecciones. Es decir, Perú sigue teniendo capacidad para entrar a los mercados. Subir aranceles no es una noticia buena, no es una política sana, es proteccionismo, pero Perú sigue creciendo aún en esos escenarios porque compite con productos estacionales, particularmente con alimentos

¿En qué medida hay que tomar en cuenta el papel del petróleo en la economía del país?

Sin duda es un elemento que afecta a todo, porque cuando sube el fertilizante, sube el agro, cuando sube un insumo como el trigo, sube el pan. Pero cuando sube el petróleo, sube todo. Impacta el transporte de ida y vuelta, el movimiento de aeropuertos, de puertos, de energía. Todo. No solo en Perú, sino en todo el mundo. Afecta, porque en la medida que se vende un producto se tiene que subir el precio, pero se pierde mercado. Hay productos tan sensibles que cuando les subes el precio, la gente no lo compra o compra muy poquito. Se compara factor petróleo, que es cuestión más de las manos del hombre, y el factor clima, que es la naturaleza.

Petróleo hace perder mercado

Para Juan Carlos Mathews, cuando sube el precio del petróleo sube todo, no solo en Perú, también en todo el mundo.

“Es distinto cuando suben los fertilizantes, suben los costos del agro”, explicó.

Refirió que en la medida que se vende un producto sensible se sube también su precio, pero se pierde mercado, la gente no compra o compra poco volumen.

Juan Carlos Mathews

Exministro de Comercio Exterior y de Turismo

• Actual vicepresidente de Internacionalización de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola
• Magíster en Innovación de la Educación
• Economista especializado en negocios internacionales y marketing.
• Doctorando en Ciencias Económicas y Sociales.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores aprobó este lunes 19 de octubre, con siete votos a favor, la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, en el marco del debate sobre las medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

La decisión se produjo durante la sesión del grupo de trabajo que preside el senador Carlos Mesía de Fuerza Popular. No obstante, los integrantes de la comisión todavía deberán discutir si incorporan siete puntos adicionales a las 20 materias que recibieron el respaldo de la Cámara de Diputados.

La propuesta contempla otorgar facultades al Ejecutivo durante 90 días para emitir decretos legislativos en los asuntos autorizados por el Parlamento. La aprobación definitiva del procedimiento aún requiere esclarecer el alcance del texto que será elevado al pleno del Senado.

Senado debatirá siete puntos adicionales al pedido de facultades

La controversia se concentra en el predictamen elaborado por la Comisión de Constitución del Senado, que plantea ampliar de 20 a 27 las materias sobre las cuales podría legislar el Gobierno.

Los siete puntos adicionales no formaron parte del texto aprobado previamente por la Cámara de Diputados, situación que ha generado discrepancias entre las bancadas respecto a las atribuciones de la Cámara Alta para modificar el contenido de la delegación.

Entre las propuestas difundidas previamente figuran medidas relacionadas con el tratamiento de organizaciones criminales bajo la denominación de grupos hostiles y modificaciones vinculadas con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Por ahora, la aprobación con siete votos no significa que las 27 materias hayan recibido luz verde. La incorporación de los siete puntos adicionales sigue pendiente de discusión, según la actualización de la sesión.

Oposición cuestiona incorporación de nuevas materias

Las discrepancias surgieron por la propuesta de incorporar asuntos que no fueron aprobados en la Cámara de Diputados.

Las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras habían expresado sus reparos sobre el procedimiento para modificar el texto de delegación de facultades legislativas.

El líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, sostuvo que el Reglamento del Senado no permite incorporar nuevas materias a la propuesta recibida de la Cámara de Diputados.

“El Reglamento dice que la Cámara de Senadores no puede añadir nuevas materias”, declaró Nieto en una entrevista con RPP.

El dirigente planteó aprobar los 20 puntos que ya cuentan con el respaldo de Diputados y tramitar las siete materias adicionales mediante proyectos de ley que sean evaluados por la Cámara Baja.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores retomará hoy el debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

La sesión se realiza a partir de las 11:00 a.m. en la Sala Francisco Bolognesi Cervantes.

DETALLES

La Comisión de Constitución que encabeza Carlos Mesía de Fuerza Popular (FP) tiene elaborado un predictamen que otorga facultades al Ejecutivo por 90 días en materia de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño (FEN).

El texto contempla 27 puntos, es decir, siete más de los aprobados en la Cámara de Diputados.

Si la comisión que sesionará hoy tiene el quorum suficiente, es decir, siete integrantes, podrá debatir y votar el predictamen.

Por ahora, la presencia de FP y Renovación Popular está garantizada.

Y todo indica que Obras se podría sumar.

Un dato no menor es que Ricardo Belmont, líder del partido Obras, anunció recientemente su retiro de la política.

Aunque antes de hacerlo, envió una advertencia.

“Con Daniel Barragán hoy día conduciendo el Senado, con Víctor Piñán conduciendo diputados, ellos conducen lo que yo he luchado años de mi vida. Si ellos me traicionan y hacen lo que les da la gana, es una decisión personal”, manifestó.

Si Obras se suma a la derecha habrá los votos suficientes para que el texto pase a la Cámara de Senadores y sea aprobado.

OPOSICIÓN

La oposición integrada por el Buen Gobierno (BG), Ahora Nación, Juntos por el Perú (JP) y Obras han mostrado su disconformidad con los siete puntos añadidos en el texto de facultades que tiene la Comisión de Constitución.

Al respecto, Jorge Nieto, líder del BG, dijo estar de acuerdo en que se cumpla lo que dice la ley.“El Reglamento dice que la Cámara de Senadores no puede añadir nuevas materias”, dijo.

En diálogo con RPP relató que, por encargo de sus compañeros, tuvo una reunión “al más alto nivel”.

“Hemos hecho llegar una propuesta. Hemos tneido una conversación larga. He conversado con altas autoridades del Gobierno”, afirmó.

En la misma línea, precisó que en el encuentro pidió que le hagan llegar un mensaje a la presidenta Keiko Fujimori.

“Tenemos 20 puntos, aprobémoslo. Ustedes qiueren siete puntos más, en nuestra opinión eso no debe ser incluido en el texto porque el Reglamento no lo permite. Esos siete puntos, con proyectos de ley, a la Cámara de Diputados. Estoy seguro que le darán tratamiento célere”, recomendó.

“La conversación fue buena. Llegamos a un preacuerdo”, agregó.