La norma fue publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial Diario El Peruano.

La disposición establece que el aumento entrará en vigencia desde junio del año fiscal 2026 y beneficiará a aproximadamente 45 mil jóvenes que cumplen servicio militar en el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú.

El coordinador de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, Josfer Salas Reynaga, indicó en Tv Perú que el incremento será de 50 % respecto al monto que actualmente perciben los soldados.

Como ejemplo, explicó que un joven que recibe S/ 256 mensuales pasará a cobrar S/ 384, variando el monto según el grado y los reenganches realizados.

Salas Reynaga destacó que la medida busca reconocer el servicio que brindan los jóvenes a la Nación y, al mismo tiempo, incentivar a más ciudadanos de entre 18 y 30 años a incorporarse a las Fuerzas Armadas. Añadió que el incremento se ejecuta respetando el equilibrio fiscal y contribuirá a fortalecer la capacidad económica del personal militar.

Asimismo, recordó que quienes realizan el servicio militar también reciben alimentación diaria, vestimenta, seguro de vida y otros beneficios.

Además, cuentan con descuentos para postular a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como una bonificación adicional al momento de postular a empleos en el Estado.

Finalmente, el representante del Ministerio de Defensa señaló que el servicio militar también ofrece capacitaciones y herramientas para facilitar la reinserción laboral y social de los jóvenes. En ese sentido, invocó a la población juvenil a inscribirse y participar en el servicio a la Nación.

El grupo de trabajo, encabezado por el congresista Elvis Vergara (Acción Popular), acordó extender la invitación para el miércoles 13 de mayo a las 2:00 p.m.

Cabe precisar que un total 11 votos a favor, 1 en contra y una abstención obtuvo la propuesta de convocar a Luis Jiménez, ministro de Justicia a la citada comisión congresal.

La iniciativa fue presentada por el legislador acciopopulista Ilich López.

El también tercer vicepresidente del Congreso propuso que el ministro informe sobre “los criterios utilizados en la designación de los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales, la idoneidad de sus miembros, los procedimientos aplicados para la evaluación de solicitudes y el estado situacional de los expedientes en trámite”.

Aunque el sábado 2 de mayo se anunció esta medida como una acción para reforzar la transparencia y confiabilidad de los resultados, hasta hoy el máximo ente electoral no revela qué empresa la ejecutará, cuál será el alcance del proceso ni quiénes conformarán el Comité Académico de Expertos.

La revisión todavía no empezaría y se estaría evaluando reemplazarla por una “fiscalización exhaustiva”, según revelaron fuentes del JNE a El Comercio.

Además, si finalmente se concreta la auditoría, esta sería realizada por una empresa nacional y no contaría con especialistas extranjeros, pese a que el JNE anunció inicialmente el apoyo internacional de especialistas en tecnología y ciberseguridad.

OPINIÓN. Al respecto, el especialista electoral José Tello Alfaro consideró que la auditoría no interfiere con los resultados de la primera vuelta ni con el calendario electoral.

“La auditoría no se sabe exactamente cuánto tiempo puede llevar. Lo que sí tenemos claro es que la segunda vuelta se tiene que llevar a cabo el 7 de junio”, señaló a Correo.

Tello Alfaro sostuvo que si se detectan irregularidades, corresponde sancionar a los responsables, pero sin alterar los resultados de la primera vuelta.

“Se sancionan los responsables. Se toman medidas, pero se respetarían los resultados de esta primera vuelta”, afirmó.

Durante la actividad, el organismo electoral ejecutó la denominada “puesta a cero” en sus servidores nacionales, procedimiento que busca garantizar que el Sistema de Cómputo Electoral (SCE) no contenga información previa antes del inicio de los comicios internos.

Este proceso consiste en eliminar todos los registros almacenados en la base de datos para asegurar la transparencia y confiabilidad del sistema que será utilizado en el procesamiento y contabilización de las actas electorales.

La demostración técnica contó con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Defensoría del Pueblo y personeros de diversas organizaciones políticas.

La ONPE indicó que estas acciones forman parte de las medidas de seguridad y fiscalización implementadas para garantizar la transparencia del proceso electoral interno de las agrupaciones políticas.

Las elecciones primarias de las ERM 2026 se realizarán los días 17 y 24 de mayo, jornadas en las que las organizaciones políticas elegirán a sus candidatos para las elecciones regionales y municipales convocadas para el próximo 4 de octubre.

#ONPEinforma | Se realiza el simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral para las #EleccionesPrimarias de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. #ERM2026https://t.co/Z1Cr4jcaHc

— ONPE (@ONPE_oficial) May 9, 2026

Según informó, la vicepresidenta de la entidad, Fabiola León, asumirá temporalmente el cargo mientras se convoca a elecciones.

La renuncia se produce luego que el programa “Beto a Saber” revelara que la Asociación Civil Lucaris, de propiedad de Henzler, recibió el 18 de diciembre de 2025 un pago de 42 mil 500 soles del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por el servicio de motivación y sensibilización para taller de ejes estratégicos.

“Transparencia continuará cumpliendo su misión de promover la integridad electoral, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia peruana, especialmente en el actual contexto electoral y de cara a la segunda vuelta”, se agrega en el comunicado.

A través de un pronunciamiento público firmado por generales, vicealmirantes y tenientes generales en retiro, los exjefes militares señalaron que, a 25 días de las denuncias formuladas por diversos sectores ciudadanos, las acciones adoptadas por el máximo organismo electoral “no han producido resultados concretos” ni han logrado restablecer la confianza pública en el proceso.

En el documento, los firmantes sostienen que existen cuestionamientos sobre presuntas irregularidades administrativas, logísticas y procedimentales durante la jornada electoral y el conteo de votos. Asimismo, indicaron que esta situación ha generado polarización política y dudas sobre la legitimidad de los resultados electorales.

Los ex altos mandos también advirtieron que no se debe concluir el proceso electoral únicamente por cumplir el cronograma establecido, sin antes esclarecer de manera objetiva las denuncias presentadas.

“No se debe concluir el proceso electoral sólo por cumplir un cronograma, sin antes esclarecer de manera objetiva y verificable la magnitud de las irregularidades denunciadas”, se lee en el pronunciamiento.

Además, señalaron que la actuación del JNE genera dudas sobre el cumplimiento de su mandato constitucional y demandaron la evaluación de “medidas extraordinarias” previstas en el ordenamiento constitucional para garantizar la estabilidad democrática y el respeto a la voluntad popular.

“Mientras persistan dudas razonables, los resultados carecerán de la legitimidad política necesaria ante amplios sectores ciudadanos. La actuación del JNE genera dudas sobre el estricto cumplimiento de su mandato constitucional, especialmente en relación con el artículo 31 de la Constitución, que declara nulo y punible cualquier acto que limite el ejercicio de los derechos políticos”, se señala en el documento.

El anuncio arroja sospechas sobre un posible interés por favorecer al exmandatario pues solo cinco días después de dicha negativa, la comisión a cargo registró el ingreso de un nuevo miembro.

Suspicacias

Para que el encargado de la presidencia, José María Balcázar, pueda indultar al exmandatario se requiere que la Comisión de Gracias Presidenciales, a cargo del MINJUSDH, emita una recomendación. Esta solo podrá enviarse en caso de que sus cinco miembros aprueben la medida.

A dicha instancia (votación) no llegó la solicitud presentada por el exministro de Pedro Castillo, Walter Ayala (Defensa).

Según el MINJUSDH, todo pedido “debe reunir la documentación necesaria para su admisibilidad”. Solo así se puede iniciar el “trámite correspondiente”.

“(La solicitud) fue declarada inadmisible por la comisión en su sesión ordinaria del 30 de abril de 2026”, detalló en un comunicado. Lo más llamativo, sin embargo, vendría después.

Una vacante en dicho grupo de trabajo, libre desde el 24 de febrero –tras la renuncia de José Reyes para asumir como ministro de Comercio Exterior–, fue asumida por la abogada Lesli Roxana Gonzáles Cabanillas.

Ahora, la comisión estará integrada por Magno Abraham García Chávarri (presidente), Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Martín Antonio Salgado Arroyo y Gonzáles Cabanillas.

Al cierre de esta nota, el exministro Ayala se pronunció al respecto vía X. “Ante el comunicado del MINJUSDH respecto al indulto (del expresidente), a la fecha no he sido notificado con decisión alguna”, indicó.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, encabeza el conteo con 2′851,882 votos y tiene asegurado su pase a la segunda vuelta. En el territorio nacional obtuvo 2′795,549 sufragios; mientras que en el exterior sumó 52,333 adhesiones.

Sin embargo, la disputa se centra en quién será su contrincante el próximo 5 de junio.

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Helbert Sánchez Palomino, ocupa el segundo lugar provisional con 1′996,282 votos. Por su parte, el aspirante por Renovación Popular, Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla, se ubica tercero con 1′978,089 sufragios.

La diferencia entre ambos asciende a 18,193 votos, equivalente a apenas 0.11 puntos porcentuales.

Esta brecha mínima convierte cada acta que ingresa al sistema de la ONPE en un dato crucial para determinar quién acompañará a Fujimori en el balotaje.

Contabilizadas

Entre tanto, cinco regiones completaron su escrutinio al 100% de las actas presidenciales, incluso sumando las cédulas derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Una de ellas es La Libertad, que cerró con 5,302 actas procesadas, la mayor cantidad entre los departamentos que finalizaron su cómputo.

Le sigue Lambayeque, con 3,590 actas sin ninguna pendiente. Luego están Amazonas (1,278), Pasco (802) y Tumbes (632).

Estas cinco circunscripciones ya no aportarán votos adicionales al recuento final, pues cerraron su proceso con las resoluciones de los JEE.

Lo mismo ocurre en el extranjero: al menos 75 países concluyeron la contabilización de actas presidenciales en 5 continentes.

En Asia, 19 naciones finalizaron su conteo, siendo Japón la de mayor volumen con 81 actas.

De igual forma, Oceanía cerró al 100% las actas de Australia (18) y Nueva Zelanda (3).

En África, 6 países completaron su proceso con solo una acta por cada territorio.

Pendientes

No obstante, veinte regiones del país aún aguardan respuesta de las actas enviadas a los JEE.

Lima encabeza ese rezago con 296 actas sin contabilizar de 29,247 en total, con un 98.98% de avance.

Le sigue Cusco con 113 de 3,983, situando su progreso en apenas el 97.16%.

Piura registra un faltante de 95 de 5,281, con el 98.20% completado, la tercera cifra absoluta más alta entre los departamentos rezagados.

San Martín acumula 46 pendientes de 2,534, alcanzando el 98.18% de su proceso.

Loreto reporta 43 actas sin incorporar de 2,697, con el 98.40%. Ica suma un déficit de 42 de 2,443, con el 98.11% de avance.

Cajamarca mantiene 39 de 4,240, y al Callao le faltan 18 de 2,898.

Apurímac y Madre de Dios acumulan 13 actas pendientes cada uno, siendo este último el padrón departamental más reducido entre los que aún registran retraso en el sistema de la ONPE.

El departamento con menor porcentaje de avance en todo el país es Ucayali, con apenas el 95.78% completado y 66 actas sin contabilizar de 1,564 en total.

Esa cifra lo convierte en la circunscripción más rezagada y la única que no supera el 96% de progreso.

En el extranjero, cuatro países acumulan actas pendientes de revisión.

Chile encabeza ese atraso con 4 actas por resolver ante los JEE, representando el 98.57% de avance.

Argentina y Estados Unidos reportan 2 pendientes cada uno, de un total de 299 y 749 respectivamente.

España registra también 2 actas por incorporar de un total de 446.

Análisis

Con 831 actas presidenciales fuera del sistema, 821 en el país y 10 en el exterior, ¿ya está definida la segunda vuelta? ¿Los 18 mil votos de diferencia son inamovibles o pueden revertirse?

El politólogo Jean Carlos Rodríguez analizó los datos del escrutinio y explicó a Correo la viabilidad aritmética de una remontada de López-Aliaga.

“Sí es aritméticamente posible, porque en esas cerca de mil actas hay aproximadamente unos 200 mil votos pendientes de contabilizar. Pero el gran problema es que la mayor parte de esas actas vienen de zonas en las que RLA no ha tenido mucho apoyo electoral. Por ese motivo, es poco probable que revierta la diferencia frente a Sánchez”, precisó.

Rodríguez también abordó el peso del voto exterior en la definición del segundo lugar.

“Justamente los peruanos en el exterior (PEX) y Lima Metropolitana han sido los bastiones de López-Aliaga. Ya quedan muy pocas actas por incorporar de esa circunscripción que lo beneficien. De hecho, Sánchez no obtendrá muchos sufragios adicionales de esa zona”, detalló.

El especialista precisó la distribución geográfica del respaldo al candidato de Renovación Popular.

“López-Aliaga ha tenido un buen desempeño solo en Lima y PEX. En el resto de circunscripciones no ha quedado ni en el tercer lugar. Por ese motivo, frente a las 376 actas de Lima hay 564 actas de las otras regiones en donde Sánchez obtendrá más votos a favor. Por ende, creo que ya podemos deducir que él será el contendor de la señora Fujimori en segunda vuelta”, refirió.

“Fuera de Lima y el exterior, solo tiene un desempeño regular en el Callao y Arequipa, donde queda tercero. En las demás regiones no figura”, agregó.

El analista electoral Mathieu Rojas fue categórico al evaluar las posibilidades de remontada.

“Aparte de Lima y PEX, López Aliaga solo tiene un regular desenvolvimiento en el Callao y en Arequipa, donde queda tercero. En el resto de regiones no aparece”, explicó.

Rojas elaboró una proyección detallada a partir de 865 actas no contabilizadas, que representan 253,679 electores habilitados.

Según su modelo, Sánchez ampliará su ventaja en 1,497 votos adicionales con las mesas que restan, lo que elevaría el margen final a 20,400 sufragios a favor del candidato de Juntos por el Perú.

Para Rojas, las actas pendientes de Cusco, Cajamarca, San Martín y Piura aportarán votos netos favorables a Sánchez.

El proceso se lleva a cabo en la sede industrial de la ONPE, ubicada en el distrito de Independencia. Una vez concluida la impresión, el material será trasladado a la sede institucional de Lurín, donde será ensamblado junto con los demás insumos electorales que se utilizarán en el balotaje.

El supervisor de la Unidad de Almacenamiento de Microformas e Impresiones de la ONPE, Manuel Casas, señaló que el proceso se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y control de calidad, a fin de garantizar la integridad y confiabilidad del material.

Lista y relación de electores

El acta padrón se compone de dos documentos diferenciados. La lista de electores se genera sobre la base del padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual no varía entre la primera y la segunda vuelta.

Este documento contiene el número de mesa de sufragio, el distrito, la provincia y el departamento donde se ubica, además de los datos personales de cada elector: apellidos, nombres, número de DNI, fotografía y grado de instrucción.

Gracias a este material, los miembros de mesa pueden verificar la identidad de los ciudadanos que deben sufragar en su mesa. Asimismo, sirve como registro de votantes, pues cada elector debe estampar su huella dactilar y firma tras depositar su cédula en el ánfora.

La relación de electores, en cambio, se coloca en el ingreso al aula de votación para orientar a los ciudadanos. Contiene el número de mesa, la ubicación geográfica y el listado de quienes pueden sufragar en ella, junto con el número de orden de cada uno.

Fiscalización del JNE

La actividad contó con la presencia de fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes verificaron que la impresión se ajuste al catálogo establecido por la ONPE y que se apliquen los controles de calidad correspondientes.

“Como personal de la Dirección Nacional de Fiscalización, estamos procediendo, a partir del día de hoy, a fiscalizar la primera etapa de la impresión del acta padrón, en la cual se va a imprimir la relación de electores como la lista de electores”, indicó Juan José Mechato, monitor operativo de fiscalización del JNE.

El funcionario precisó que en esta primera jornada la supervisión se concentra en la impresión del material destinado a los peruanos en el extranjero. Posteriormente, según el cronograma de la ONPE, se imprimirán los listados para los departamentos del país en orden alfabético.

Cronograma y distribución

Una vez completada la impresión, la ONPE tiene previsto iniciar el ensamblaje del material en su sede de Lurín, donde se integrarán todos los insumos necesarios para la jornada electoral. La distribución a nivel nacional deberá culminar antes del 7 de junio, fecha en que se realizará la Segunda Elección Presidencial 2026.

“La segunda vuelta no puede proclamar lo que es un delito contra la voluntad popular, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, si es necesario movilizar al pueblo lo haremos”, declaró a la prensa extranjera.

Asimismo, el postulante presidencial anunció que buscará que el Tribunal Constitucional (TC) declare “nulo parcial o totalmente” el proceso electoral y adelantó que acudirá a instancias internacionales, aunque no detalló cuáles.

En esa línea, el exalcalde de Lima reiteró lo dicho días atrás en un mitin y aseguró que convocará “al pueblo” para movilizarse.

Incluso, recordó la “Marcha de los Cuatro Suyos”, protesta que precipitó la caída de Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), al que calificó como un gobierno “inconstitucional e ilegítimo”.

También aseguró que el país está “entrando a una dictadura de un grupo ideologizado de izquierda”, aunque descartó dejar a Renovación sin representación al Parlamento.

En ese sentido, confirmó que los congresistas electos de Renovación Popular asumirán sus funciones en las Cámaras de Diputados y de Senadores, pese a que él insiste en no reconocer al próximo gobierno.

Asimismo, el candidato volvió a exigir la anulación de los votos emitidos en las mesas de sufragio de la “serie 900 mil”.

“Se está consumando un golpe de Estado en el Perú (…) nos están imponiendo una segunda vuelta con dos personas que no son legitimas, no hay una transparencia en el proceso”, expresó.

Advirtió que si el JNE “proclama espúreamente” a candidatos que “no representan la voluntad popular”, las protestas comenzarán “inmediatamente”.

En el pronunciamiento, el máximo órgano deliberativo del Poder Judicial del Perú señaló que la independencia de jueces y juezas es inseparable de una auténtica vida democrática, ya que garantiza la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos.

La Sala Plena recordó además que, durante su Décima Sesión Extraordinaria de 2025, solicitó a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, una opinión especializada sobre la situación de la independencia judicial en el país.

En marzo de este año, la Comisión de Venecia emitió un informe sobre las reformas constitucionales y legislativas vinculadas al sistema de justicia peruano, en el que advirtió sobre el incremento de críticas públicas, desinformación y discursos deslegitimadores contra el Poder Judicial y magistrados específicos, calificándolo como una “señal de alarma preocupante”.

Asimismo, el organismo internacional sostuvo que los ataques promovidos o amplificados por actores políticos pueden debilitar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales. También precisó que cualquier responsabilidad disciplinaria o penal contra jueces debe estar claramente definida en la ley y no puede derivarse de decisiones judiciales, salvo en casos de dolo o negligencia grave.

Finalmente, la Sala Plena enfatizó que la democracia no se limita a la elección periódica de autoridades, sino que requiere jueces independientes para asegurar la tutela de los derechos fundamentales y el funcionamiento del Estado de derecho.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, órgano máximo de deliberación del Poder Judicial, en defensa de la independencia de los jueces y juezas que integran este poder del Estado, manifiesta lo siguiente:
Leer más aquí👇 pic.twitter.com/GWfC7vmj2X

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 9, 2026

El proceso se realiza en la sede industrial de la ONPE, ubicada en el distrito limeño de Independencia. Posteriormente, todo el material será trasladado al local institucional de Lurín, donde se ensamblará junto con otros implementos electorales que serán distribuidos para la jornada electoral.

El supervisor de la Unidad de Almacenamiento de Microformas e Impresiones de la ONPE, Manuel Casas, explicó que la impresión se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y control de calidad, con el objetivo de garantizar la confiabilidad e integridad de los documentos electorales.

La lista de electores se elabora sobre la base del padrón electoral preparado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones.

El documento incluye el número de mesa de sufragio, ubicación geográfica y los datos personales de cada elector, como nombres, DNI, fotografía y grado de instrucción.

#ONPEinforma | Desde nuestra sede industrial, ubicada en el distrito de Independencia, iniciamos la impresión de la relación de electores y la lista de electores para la Segunda Elección Presidencial 2026 (#SEP2026). En esta actividad participan representantes del JNE. pic.twitter.com/iKd6HFmgm5

— ONPE (@ONPE_oficial) May 8, 2026

El pronunciamiento se dio en medio de la controversia generada por recientes cambios en la conformación de dicho grupo de trabajo.

Según el sector Justicia, actualmente no existe ninguna solicitud de gracia presidencial pendiente de evaluación a favor de Pedro Castillo Terrones, ya que el pedido no cumplió con los requisitos documentarios establecidos en el reglamento de la comisión para iniciar el trámite correspondiente.

Además, recordó que cualquier recomendación de gracia presidencial requiere el voto unánime de sus integrantes.

La solicitud de indulto había sido presentada el 18 de febrero. En ese documento, el exmandatario pidió al presidente José María Balcázar actuar con “coherencia” respecto a compromisos asumidos durante el proceso que lo llevó al poder. Sin embargo, días después, el jefe de Estado descartó públicamente concederle el beneficio.

En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República acordó citar al ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, para que explique los cambios realizados en la Comisión de Gracias Presidenciales. La invitación fue aprobada con 11 votos a favor y el titular del sector deberá presentarse el próximo 13 de mayo.

El pedido fue impulsado por el congresista Ilich López, quien consideró necesario que el ministro detalle los criterios aplicados en la designación de los nuevos integrantes, así como el estado de los expedientes y los procedimientos utilizados para evaluar solicitudes de indulto y otras gracias presidenciales.

#Comunicado 📄 | En relación a las versiones sobre una solicitud de indulto o trámite pendiente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa lo siguiente:
👉 https://t.co/NxiBm17l6q pic.twitter.com/FKl2rHFxmQ

— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) May 8, 2026

La ceremonia se realizó en el marco del 202.° aniversario de fundación de la casa superior de estudios.

Durante su discurso, el mandatario agradeció la distinción y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública a nivel nacional. Asimismo, destacó la importancia de seguir impulsando proyectos que beneficien a las regiones.

En esa línea, José Balcázar informó que el Ejecutivo viene afinando un crédito suplementario para el proyecto Proyecto Especial Chavimochic, con el objetivo de atender las demandas de la región La Libertad y reactivar obras paralizadas.

El jefe de Estado también resaltó la implementación del laboratorio de criminalística en Trujillo, al considerar que contribuirá a mejorar la seguridad ciudadana en el norte del país.

Durante su visita a la universidad, recorrió el histórico paraninfo y conoció parte del legado del poeta César Vallejo, incluyendo manuscritos originales y tesis académicas.

“Tengan la confianza de que vamos a cumplir”, señaló el jefe de Estado durante sus actividades en la ciudad norteña, donde también supervisó acciones vinculadas a la seguridad ciudadana.

Durante su recorrido, Balcázar visitó el nuevo laboratorio de criminalística de Trujillo, infraestructura que permitirá fortalecer las investigaciones frente a hechos delictivos y mejorar la capacidad de respuesta ante la criminalidad en el norte del país.

La gobernadora regional Joana Cabrera destacó las medidas adoptadas por el Ejecutivo y agradeció el refuerzo policial.

“Agradecemos esta lucha contra la inseguridad ciudadana en la región y la disposición de traer 500 policías. Eso nos va a ayudar a combatir la delincuencia. Estamos unidos en el objetivo de cuidar al ciudadano”, manifestó.

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La legisladora de Alianza para el Progreso afirmó que una medida de ese tipo sería perjudicial para el país debido a lo ocurrido durante el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Durante declaraciones a la prensa, Camones sostuvo que Castillo “atentó directamente contra la democracia” y remarcó que estos hechos “no podrían ser indultados, ni perdonados, ni mucho menos olvidados por la población peruana”. Además, exhortó al presidente Balcázar a no considerar esa posibilidad al señalar que “la población peruana no lo permitiría”.

En otro momento, indicó que la denuncia constitucional contra el congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez fue presentada ante la subcomisión desde septiembre de 2025 y actualmente espera el informe de calificación.

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Según los reportes difundidos, los implementos fueron adquiridos durante la gestión del exministro Juan José Santiváñez bajo el gobierno de Dina Boluarte. Las observaciones señalaban que los productos habrían sido rechazados inicialmente por el Servicio de Armamento y Municiones de la Región Policial Lima por no cumplir con algunos requisitos técnicos.

"No se trata solo de equipamiento, sino de proteger la vida de quienes salen diariamente a las calles para combatir la delincuencia y el crimen. La seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado y nos exige actuar con firmeza y resultados concretos", agregó el ministro Zapata. pic.twitter.com/n4CDJeJ1op

— Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) May 8, 2026

Versión del Mininter

De acuerdo con las denuncias, los chalecos permanecieron almacenados debido a observaciones relacionadas con certificaciones del componente textil. También se advirtió que no contaban inicialmente con toda la documentación requerida para su distribución.

Frente a estas versiones, el Ministerio del Interior difundió un comunicado para rechazar las acusaciones. La entidad afirmó que el Servicio de Armamento y Munición de la Región Policial Lima sí otorgó conformidad a los bienes adquiridos.

El sector explicó que esta validación se produjo luego de una revisión técnica y física de los productos. Según indicó, se confirmó que los implementos cumplían con las especificaciones exigidas y con los niveles de protección requeridos.

“Respecto a las observaciones formuladas sobre el componente textil, el contratista subsanó los requerimientos de trazabilidad y documentación técnica, acreditándose además la correspondencia entre las muestras evaluadas y los informes de ensayo cuya autenticidad fue verificada el 20 de abril del 2026”, señaló la cartera.

En medio de la polémica, la Policía Nacional del Perú realizó la entrega oficial de los chalecos. La ceremonia fue encabezada por el ministro del Interior, José Zapata, junto al comandante general de la institución, Óscar Arriola.

Durante la actividad, el titular del sector defendió la importancia del equipamiento entregado a los agentes. Según indicó, la finalidad de esta adquisición está vinculada a la seguridad del personal policial.

“No se trata solo de equipamiento, sino de proteger la vida de quienes salen diariamente a las calles para combatir la delincuencia y el crimen. La seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado y nos exige actuar con firmeza y resultados concretos”, expresó.

Pese al pronunciamiento oficial, la adquisición continúa generando debate por el proceso seguido durante la compra. Mientras tanto, el Ministerio sostiene que los productos entregados cumplen con los estándares requeridos para el trabajo policial.

📄 #ComunicadoMininter pic.twitter.com/4X7YNwEbQP

— Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) May 8, 2026

La cuestionada disposición fue incorporada en el texto sustitutorio que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. Los decanos respaldaron la creación de este nuevo gremio ya que consideran que es un avance a favor de la representatividad del grupo profesional, sin embargo cuestionaron que durante el debate parlamentario se añadieron cambios que afectan a otras instituciones sin sustento suficiente.

¿Cuál es la modificación en mención?

A través de un pronunciamiento, el gremio señaló que el último párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final fue añadido durante la sesión plenaria. Indicaron que esta modificación introduce una medida de alcance general dentro de una ley específica.

“Advertimos que el último párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final, incorporado durante el debate en el Pleno del Congreso sin el debido sustento técnico ni jurídico, pretende introducir una disposición de alcance general dentro de una norma de carácter especial, contraviniendo la autonomía constitucional de los colegios profesionales, particularmente en su manifestación de autorregulación normativa”, expresaron.

El gremio indicó que cada colegio profesional tiene la facultad de establecer sus propios requisitos para elegir a sus representantes. En esa línea, afirmaron que la norma aprobada por el Parlamento interfiere en competencias internas que les corresponden.

Además, señalaron que esta disposición podría generar consecuencias en el funcionamiento institucional de los gremios. Según advirtieron, existe el riesgo de que se afecte su independencia y se abra paso a una posible politización.

Solicitan intervención del Ejecutivo

Frente a este escenario, el gremio pidió al Ejecutivo revisar el contenido aprobado por el Congreso antes de su promulgación definitiva. La solicitud fue dirigida directamente al presidente José María Balcázar.

“Por todo lo expuesto, solicitamos a la Presidencia de la República observar parcialmente la presente autógrafa de ley, en salvaguarda de la autonomía constitucional de los colegios profesionales y del adecuado ejercicio de sus funciones institucionales”, exhortaron.

La exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados, Delia Espinoza, también expresó cuestionamientos a la ley. Según sostuvo, la disposición podría impactar en su permanencia dentro de un cargo gremial tras haber sido inhabilitada por el Congreso.

Durante su visita oficial, el jefe de Estado tiene previsto reunirse con autoridades locales y recorrer el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, participará en la ceremonia por el aniversario número 202 de fundación de la Universidad Nacional de Trujillo y visitará el centro Mega Alegra, donde se ofrecen servicios de defensa pública y orientación legal.

En esta actividad también participa el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, quien acompaña al mandatario durante su recorrido por la ciudad.

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La medida fue aprobada por insistencia por el Parlamento luego de haber sido observada previamente por el Poder Ejecutivo. La norma quedó formalizada con la publicación de la Ley 32586 en el Diario Oficial El Peruano.

Alcances del boleto turístico

El documento permitirá el ingreso temporal con fines turísticos a dos o más monumentos arqueológicos, museos o espacios históricos de propiedad pública. El acceso podrá aplicarse de manera integral o parcial dependiendo de cada circuito establecido.

La norma también precisa que algunos destinos quedan fuera de este sistema. Entre ellos figuran Machu Picchu y la Red de Caminos Inca del Santuario Histórico de Machu Picchu, que mantendrán su propio esquema de ingreso.

El dinero obtenido por la venta del boleto será repartido entre varias entidades públicas vinculadas al sector turístico y cultural. Entre ellas se encuentran municipalidades provinciales, municipalidades distritales, direcciones regionales y el Ministerio de Cultura.

La ley establece que el 20 % irá a los municipios provinciales. Además, el 40 % será destinado a los municipios distritales, el 30 % a la Dirección Desconcentrada de Cultura y el 10 % a la dirección o gerencia regional de Comercio Exterior y Turismo.

La norma también contempla una excepción en casos específicos. Si el atractivo turístico se encuentra en un distrito que además es capital provincial, el porcentaje asignado será del 60 %.

Caso especial de Cusco

Uno de los capítulos de la ley está enfocado en Cusco debido al flujo turístico que recibe la región. En ese caso, la administración y distribución de los recursos continuará bajo responsabilidad del Comité de Servicios Integrados Turísticos Culturales del Cusco.

La distribución de ingresos en esta región mantendrá porcentajes similares para municipalidades, cultura y turismo. Sin embargo, primero se descontarán los gastos operativos del comité encargado de la administración.

Cada departamento donde existan espacios turísticos deberá conformar un Comité de Coordinación del Boleto Turístico. Estos grupos definirán tarifas, circuitos y corredores turísticos en coordinación con autoridades locales y regionales.

La inclusión de nuevos espacios requerirá un informe favorable previo del Ministerio de Cultura. Además, la cartera será responsable de recaudar los recursos y transferir mensualmente el dinero correspondiente a cada entidad.

La ley también establece restricciones sobre el uso de estos fondos. El dinero recaudado no podrá destinarse al pago de planillas, pensiones ni otros gastos corrientes relacionados con personal.

El burgomaestre señaló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debería establecer con mayor claridad cuáles son los límites de participación de las autoridades locales durante un proceso electoral. Según explicó, en más de una ocasión ha sido observado únicamente por emitir comentarios sobre los comicios.

Maldonado sostuvo que las actuales restricciones afectan la libertad de expresión de los alcaldes. Además, comparó esta situación con lo que ocurre en otros países, donde aseguró que las autoridades locales sí pueden expresar sus opiniones políticas.

“Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones debería determinar hasta donde es el ámbito de acción de una autoridad en un proceso electoral. A mí, particularmente, más de una vez me han llamado la atención solamente por hablar, por opinar y es lamentable porque en otras sociedades o países, los alcaldes o autoridades locales no somos ciudadanos de segunda en un proceso electoral”, indicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En comunicación con Exitosa, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, cuestionó que en el Perú los burgomaestres tengan restricciones para opinar sobre las elecciones generales, al considerar que ello limita el debate democrático y la… pic.twitter.com/QwshdGHpbS

— Exitosa Noticias (@exitosape) May 8, 2026

Cuestiona rol de congresistas

En otro momento, el burgomaestre también comparó la situación de los alcaldes con la participación de congresistas en actividades políticas. Maldonado criticó que los parlamentarios han podido realizar campañas para postular al Senado y a la Cámara de Diputados.

Además denunció que legisladores habrían utilizado recursos del Estado durante sus actividades políticas sin recibir sanciones. En contraste, afirmó que los alcaldes enfrentan limitaciones incluso para expresar opiniones públicas.

“A nosotros, los alcaldes, se nos prohíbe hablar sobre el proceso electoral, hacer campaña y dar opiniones, sin embargo, los congresistas lo hacen de manera libre, han hecho campaña con recursos del Estado y no pasó nada y a nosotros, las autoridades, ni se nos permite opinar de muchos temas”, indicó.

El alcalde de San Juan de Lurigancho también aclaró su posición respecto al comunicado difundido por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y otros burgomaestres sobre los resultados de la primera vuelta electoral.

Maldonado precisó que no respalda ese pronunciamiento. Sin embargo, reiteró que considera necesario que existan reglas claras sobre la participación de autoridades locales durante los procesos electorales.

De acuerdo con el cronograma aprobado por la Junta Nacional de Justicia, los postulantes tienen hasta el mediodía para completar su inscripción. Además, podrán presentar su declaración jurada a través del sistema SIDJI de la Contraloría General de la República hasta las 11:59 de la noche.

Presentación de documentos

El calendario del proceso establece que los postulantes que requieran acreditar condición de discapacidad podrán presentar la documentación correspondiente entre el 2 de mayo y el 11 de junio de 2026. Este procedimiento forma parte de los requisitos contemplados dentro del concurso.

Posteriormente, la Junta Nacional de Justicia evaluará el cumplimiento de requisitos presentados por cada candidato. Esta etapa está programada para los días 11 y 12 de mayo.

En caso se detecten observaciones en la documentación presentada, los postulantes podrán corregirlas. El periodo de subsanación fue fijado para el 13 y 14 de mayo.

Próximas etapas del proceso

La relación oficial de candidatos aptos será publicada el 18 de mayo. A partir de esa fecha continuará el proceso de selección con nuevas evaluaciones.

Los participantes deberán rendir una evaluación de conocimientos y pasar por una revisión curricular. Además, enfrentarán un estudio de caso relacionado con la presentación de su plan de trabajo.

El proceso contempla además entrevistas personales a los candidatos. Al tratarse de un concurso público, también se habilitarán fechas para la presentación de tachas y denuncias contra los postulantes.

La etapa final culminará con la elección de la nueva autoridad electoral. Según el cronograma oficial, la juramentación del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales está prevista para el próximo 3 de julio.

Según indicó, el objetivo debe ser fortalecer la legitimidad de quien resulte elegido. “Tenemos que sumarnos todas las instituciones para que este nuevo proceso devuelva la confianza ciudadana”, señaló para RPP.

Gutiérrez indicó que el alto nivel de ausentismo, que alcanzó el 20 %, además de los votos blancos y nulos registrados en zonas alejadas, refleja problemas que deben ser atendidos. En ese sentido, sostuvo que el Estado debe garantizar que estas poblaciones accedan a información adecuada sobre el proceso electoral.

Asimismo, reconoció que hubo fallas logísticas durante los comicios, especialmente en el traslado de material electoral, y recordó que la Contraloría había advertido irregularidades en la contratación del servicio de transporte.

También cuestionó la respuesta comunicacional de la ONPE y el JNE y planteó que, para la segunda vuelta, el Ejecutivo apoye con el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con 48 horas de anticipación.

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A través de un comunicado oficial, el ministerio rechazó las versiones que señalaban una supuesta gestión para otorgarle ese beneficio al exmandatario. En el documento sostuvo que dicha información es falsa y negó cualquier trámite relacionado con el exjefe de Estado.

La entidad también aclaró que recientemente no se realizó una reestructuración dentro de la Comisión de Gracias Presidenciales. Precisó que únicamente se reemplazó a uno de sus integrantes tras la renuncia de un miembro que dejó el cargo por motivos laborales.

Desde el sector explicaron que ese cambio responde a la necesidad de mantener operativa a la comisión encargada de evaluar este tipo de solicitudes. En ese pronunciamiento recordaron la obligación institucional de garantizar el funcionamiento completo del grupo de trabajo.

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene la obligación legal de mantener activa y operativa la Comisión con la totalidad de sus integrantes”, se lee en el comunicado.

#Comunicado 📄 | Sobre la Comisión de Gracias Presidenciales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa lo siguiente: pic.twitter.com/U3w0KucSCq

— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) May 8, 2026

Congreso solicita explicaciones

Mientras tanto, desde el Parlamento ya se solicitaron las explicaciones del caso. El legislador Ilich López envió un oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, para pedir que se cite a funcionarios del Ministerio de Justicia y a integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales.

Según el documento presentado por el parlamentario, estas modificaciones podrían tener implicancias relevantes en casos de interés público. Por ello, pidió conocer los criterios aplicados para la designación de sus miembros.

En caso de concretarse la citación, los funcionarios deberán informar sobre la idoneidad profesional de los integrantes de la comisión. Asimismo, deberán detallar los procedimientos utilizados para evaluar solicitudes y el estado actual de los expedientes en trámite.

PEDIDO. El municipio capitalino, sobre el tema, sostiene que la decisión del JNE de considerar “inviables” los comicios complementarios “clausura la vía institucional de reparación del sufragio afectado” y “representa un menoscabo” de las competencias ediles, aunque no precisa cuáles.

La comuna insinúa que habría violentas manifestaciones por la decisión del JNE, las que desplazarían “hacia la MML la gestión de una conflictividad urbana que compromete recursos, planes y competencias metropolitanas en materia de seguridad, tránsito, conservación de infraestructura, turismo y protección del Centro Histórico”.

“La intervención del Tribunal Constitucional se justifica no como instancia revisora del resultado electoral, sino como órgano llamado a delimitar competencias”, reza su demanda competencial.

Parche

Precisamente, mientras esta se resuelve, la comuna ha solicitado una medida cautelar: suspender los efectos del acuerdo del JNE. Este último pedido lo presentó ayer, aproximadamente a la 1:00 p.m., el abogado de la comuna limeña, Gerardo Eto Cruz.

Según el escrito, “la suspensión solicitada comprende únicamente el extremo” del acuerdo electoral sobre las complementarias.

“No se solicita al TC que convoque elecciones, que sustituya al JNE ni que disponga una nulidad general del proceso electoral (…) (se pide) evitar que este extremo del acuerdo del pleno del JNE, del 23 de abril del 2026, produzca efectos irreversibles”, mientras el Tribunal Constitucional resuelve si debe ser desestimado.

Solo uno poco después del domingo 12 de abril, día de las elecciones, ambos aspirantes al sillón de Pizarro iniciaron sus campañas con discursos marcados, recorridos territoriales, actividades y una estrategia que busca conquistar al electorado.

La lideresa naranja tiene “la ruta del diálogo”, mientras que el líder izquierdista continúa con “la ruta castillista”.

Cada uno a su estilo, espera captar el mayor voto posible de los indecisos.

NARANJA

Tras el día de los comicios, Keiko Fujimori realizó pronunciamientos formales y transmisiones por redes sociales.

Recién el 21 de abril inició con sus actividades con miras a la segunda vuelta.

Aquel día se reunió con dirigentes de comedores populares y clubes de madres en el distrito de Independencia.

Las reuniones con vecinos de diferent

es distritos tienen como mensaje en común la promesa de otorgarles luz, agua y repotenciar el sistema para facilitar la entrega de títulos de propiedad.

Sin embargo, recién el 1 de mayo publicó un video en la casa de María del Carmen Soria, una docente que no votó por ella en la primera vuelta.

Durante su visita, la mujer le contó que su madre falleció de un infarto al corazón por una atención no adecuada en un centro de salud.

Keiko le explicó que en su eventual gobierno se eliminarán las colas porque se instalará la telemedicina digital y habrá disponibilidad de medicamentos.

Fuentes de FP explicaron a Correo que la denominada “ruta del diálogo” fue una idea que surgió del comando de campaña de la agrupación, comando que lidera Keiko Fujimori.“La ruta del diálogo es ir casa por casa, significa escuchar de manera eficiente. Se aplicó en la primera vuelta y se está viendo con más fuerza en la segunda vuelta. El objetivo es escuchar a los ciudadanos y trasladar ese malestar al Estado”, indicó.

Además, indicaron que la candidata continuará viajando a regiones del Perú y visitará comunidades, por más alejadas que estas se encuentren.

En paralelo, se prevé que Luis Galarreta (candidato a la primera vicepresidencia) y Miguel Torres (candidato a la segunda vicepresidencia) viajen a diferentes partes del Perú, con ello se espera que la agrupación pueda abarcar más territorio.

“Queremos llevar la propuesta de Fuerza Popular a todo el Perú, hayan votado o no por nosotros en primera vuelta. El gran enemigo es el tiempo”, refirió la fuente.

MÁS

Por ahora, la lideresa naranja declara ante los medios nacionales que cubren sus actividades, pero también lo hace para los medios regionales.

“Si da entrevistas dependerá mucho del tiempo. En cada pueblita al que ella viaja, se enlaza con todos. Allí están presentes medios locales y nacionales”, indicó una fuente del partido, quien también precisó que habrán eventos adicionales distribuidos en los días que quedan de la campaña.

Sobre alianzas, desde FP indicaron que han tenido conversaciones con dirigentes de partidos y han recibido el saludo de otros candidatos presidenciales. Sin embargo, “la alianza es con la población”.

JUNTOS

Por otro lado está Roberto Sánchez, que ya recorrió mercados en los distritos limeños de Puente Piedra y San Juan de Miraflores, así como las regiones de Cajamarca y Huancavelica.

En la campaña por la segunda vuelta, reafirmará que indultará al expresidente Pedro Castillo.

“Se va a otorgar la gracia presidencial a nuestro líder Pedro Castillo”, así se pronunció Sánchez en una reciente actividad desde Cajamarca.

Otro aspecto que reiterará con fuerza es el cambio de la Constitución en sus mítines: “Nueva Constitución hasta las últimas consecuencias”.

Otro aspecto a destacar del partido Juntos por el Perú es el llamado a fuerzas políticas para respaldarlos en segunda vuelta.

Algunas agrupaciones como Perú Federal, que tuvo candidato presidencial a Virgilio Acuña, ya se reunió con Ernesto Zunini, secretario general de la agrupación, así como con José Mercedes Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo.

“Tenemos bases en Loreto, Piura, Arequipa, Puno y más. Esos militantes están esperando que se proclamen los resultados”, indicó a Correo.

En la misma línea, destacó que respaldarán la campaña por segunda vuelta de JP debido a las coincidencias ideológicas.

“El mensaje del partido para esta segunda vuelta se mantiene en la atención a las regiones, otorgarle desarrollo a los pueblos y una nueva Constitución”, agregó.

TAREAS

Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, precisó a este medio que las actividades de la campaña se aprobarán en los próximos días.

Además, esperan acreditar el miércoles a voceros técnicos en materia económica, relaciones internacionales, entre otros, con el objetivo de explicar el plan de gobierno.

“Serán personas calificadas que puedan precisar nuestro plan, para que la ciudadanía comprender nuestra propuesta y enfrentar la campaña de miedo que se quiere imponer en contra del partido”, indicó.

En diálogo con Correo, Zunini dijo que JP hará un esfuerzo por fortalecer su posición electoral en Lima y en las principales ciudades costeras del Perú, espacios en los que no alcanzaron el respaldo que esperaban.

Precisamente, esperan tener un mitin en Huaycán (Ate) este sábado.

Además,señaló que la agrupación tiene un diagnóstico de los resultados de primera vuelta y lograron identificar sus debilidades.

“Hay debilidades en el voto joven y el voto de las mujeres, eso demanda a que nuestra campaña pueda dirigirse a esos sectores en lo que queda de la segunda vuelta”, apuntó.

Si bien Sánchez ofrecerá entrevistas en medios regionales y en podcast, el vocero del partido no descarta que se presente en entrevistas de medios con alcance nacional.

“Tenemos que trabajar en dos líneas: Hacerle frente al discurso del fraude y hacer campaña por la segunda vuelta”, agregó.

En la manifestación también participaron representantes de Ahora Nación y de la Alianza Venceremos, quienes se sumaron a la presencia de las demás agrupaciones en el frontis de la sede del JNE.

Según información de Andina, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, no estuvo presente en la actividad.

Los ciudadanos que acudieron a la sede del jirón Nazca portaron banderolas de sus respectivas organizaciones políticas y se manifestaron bajo la consigna de “respeto al voto popular”.

Durante la sesión del Pleno, la representación nacional registró 70 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. Con ese resultado, el Congreso logró superar los dos tercios necesarios para imponer una sanción de esta naturaleza a un fiscal supremo.

Cabe precisar que la sanción se sustenta en el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618, acumuladas, presentadas por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto. Ambos parlamentarios cuestionaron la actuación de Espinoza por haber impulsado la denuncia constitucional 549 contra 11 legisladores.

De acuerdo con el documento, la entonces titular del Ministerio Público denunció a estos parlamentarios por su participación en la votación del dictamen relacionado con el Proyecto de Ley N.° 319/2021-CR, vinculado a la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

En ese sentido, el documento señaló que la exfiscal habría vulnerado el principio de inviolabilidad parlamentaria contemplado en el artículo 93 de la Constitución. Dicha disposición establece que los congresistas no pueden ser procesados ni responsabilizados por los votos u opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.

Además, el informe final sostuvo que la actuación atribuida a Delia Espinoza habría sobrepasado los límites del ejercicio del poder estatal previstos en el artículo 45 de la Constitución. También, señaló una presunta vulneración de los principios del debido proceso y de la debida motivación de las resoluciones, recogidos en el artículo 139 de la Carta Magna.

Durante el debate en el Pleno, el congresista Alejandro Aguinaga cuestionó el accionar de la exfiscal y respaldó la prerrogativa parlamentaria.

“¿Cómo podemos avalar a una persona que desconoce la Constitución? Hay un grupo de congresistas que fueron acusados por esta señora por nuestra votación en el Congreso”, expresó.

“Yo le digo que el artículo 93 de la Constitución es claro. Los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones”, agregó.

Por su lado, el parlamentario Eduardo Salhuana afirmó que la denuncia presentada por Delia Espinoza estuvo dirigida contra congresistas por acciones vinculadas al ejercicio de su labor legislativa.

“Cuando formuló la denuncia en contra de colegas parlamentarios, textualmente, la denuncia dice por los votos. Ha denunciado a todos los de la comisión que participaron en el debate de ese proyecto de ley y en la votación”, refirió.

Dicho requerimiento fue presentado por la fiscal anticorrupción Mónica Silva Escudero, quien atribuyó a Andrés Hurtado la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. Asimismo, solicitó que sea inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos y que cumpla con el pago de 242 días multa por este caso.

La fiscal Mónica Silva Escudero, responsable del Sexto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, solicitó además cinco años y cuatro meses de prisión para la exsuperintendente Nacional de Migraciones, Roxana del Águila. Asimismo, pidió su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos y el pago de 487 días multa, al considerarla presunta autora del delito de tráfico de influencias agravado.

La acusación fiscal fue presentada el pasado 29 de abril ante el despacho del juez Walther Huayllani, quien el último 5 de mayo ordenó poner el documento en conocimiento de las partes procesales involucradas para que emitan sus descargos o comentarios en un plazo de 10 días.

El magistrado también concedió un plazo de 10 días a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que presente su demanda resarcitoria por concepto de reparación civil a favor del Estado, conforme a lo dispuesto en los artículos 105°, 106° y 349° del Código Procesal Penal. Una vez cumplido este trámite, el documento deberá ser notificado a los acusados, a través de sus defensas técnicas, quienes tendrán un plazo similar de 10 días para pronunciarse, de acuerdo con el literal g) del artículo 350.1 del mismo código.

Hurtado también enfrenta otro proceso penal y actualmente cumple prisión preventiva en el Penal de Lurigancho. En este caso, es investigado por su presunta participación en el pago de una supuesta coima entregada por Javier Miu Lei para que, presuntamente, la entonces fiscal superior titular Elizabeth Peralta interviniera a favor del empresario y facilitara la recuperación de barras de oro que el Ministerio Público incautó a su empresa en 2020, además de otros dos hechos bajo investigación.

Asimismo, el expresentador de televisión es investigado preliminarmente por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró “infundado” el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción, que buscaba revocar la decisión del juez Manuel Chuyo emitida el pasado 23 de abril, en la que se rechazó el pedido de detención preliminar contra Corvetto, así como contra los exfuncionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales José Samamé y Juan Antonio Phang, además del apoderado legal de la empresa Galaga S.A.C., Juan Alvarado.

Los investigados afrontan una investigación preliminar en el Ministerio Público por los presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio del Estado.

A través de una resolución del pasado 7 de mayo, a la que tuvo acceso RPP, la sala superior ratificó la decisión del juez Chuyo Zavaleta, quien había declarado infundado el pedido del Ministerio Público para levantar el secreto de las comunicaciones —en su modalidad de geolocalización— de los teléfonos de Piero Corvetto y de los demás investigados en el caso.

Con dicha decisión, el exjefe de la ONPE junto a los otros tres investigados, continuarán afrontando en libertad la investigación preliminar que sigue el Ministerio Público, aunque con mandato de impedimento de salida del país por 18 meses.

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Piero Corvetto: Poder Judicial declara infundado apelación de Ministerio Público para pedir su detención.

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La resolución fue firmada por el jefe interino del organismo, Bernardo Pachas, y detalla diversas irregularidades en el manejo de los fondos reportados entre los años 2024 y 2025.

El análisis técnico del organismo electoral permitió identificar cuatro acciones puntuales que configuran la conducta infractora del partido fujimorista, las cuales implican un desembolso total de 143,037.52 soles.

Entre los conceptos observados figuran 27,927.55 soles destinados a una actividad de capacitación e intercambio académico en California, Estados Unidos; 15,072.05 soles correspondientes al curso Leaders Fellowship y a pasajes aéreos; el pago de intereses moratorios por 37.92 soles; y un desembolso de 100,000 soles para una maestría en gestión pública.

La fiscalización concluyó que dichos montos no se enmarcan dentro de los fines permitidos para el financiamiento que el Estado otorga a las organizaciones políticas.

“Existe documentación suficiente para acreditar que la organización política utilizó el financiamiento para fines diferentes a los señalados en la ley, configurándose la conducta típica constitutiva de infracción”, indica el documento de ONPE.

Pese a la gravedad de la infracción y a la solidez de la documentación revisada, la ONPE precisó que no se hallaron elementos suficientes para acreditar que la agrupación política haya actuado con dolo, entendido como la intención deliberada de desviar los fondos públicos hacia fines distintos a los permitidos.

Sin embargo, dicha resolución exhorta a Fuerza Popular a regularizar la infracción en un plazo de treinta días hábiles. Asimismo, precisa que la sanción podrá reducirse en un 25% si el pago se efectúa antes del vencimiento del plazo para impugnar la resolución, y señala que la agrupación puede solicitar el fraccionamiento de la multa impuesta.

Mediante un comunicado, la entidad aclaró también que la Comisión de Gracias Presidenciales no ha sido reestructurada ni cuenta con nuevos integrantes.

Según precisó el ministerio, la actualización difundida obedece únicamente a la sustitución de uno de sus integrantes, quien renunció tras recibir una mejor oferta laboral.

El Minjusdh señaló además que, por mandato legal, debe garantizar el funcionamiento permanente de la comisión con todos sus miembros completos.

Posteriormente, el ministerio reafirmó su compromiso con la transparencia, el respeto al marco legal vigente y el correcto funcionamiento de las instituciones que integran el sistema de justicia.

#Comunicado 📄 | Sobre la Comisión de Gracias Presidenciales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa lo siguiente: pic.twitter.com/U3w0KucSCq

— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) May 8, 2026

En su exposición, Velarde aclaró que su institución no tiene la función de crear ni asignar locales de votación, sino que se limita a elaborar el padrón electoral con la relación de ciudadanos habilitados para sufragar y los domicilios consignados en sus DNI, documento que posteriormente es validado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Asimismo, sostuvo que la designación de locales de votación, la numeración de las mesas de sufragio, la definición de los electores que las conforman y la coordinación con los centros poblados son competencias exclusivas de la ONPE, conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Elecciones.

“Reniec entrega un padrón electoral con los domicilios de las personas, pero no crea ni pone los locales de votación. Cómo se designen las mesas o que número se les ponga es un proceso estrictamente de la ONPE, no es un proceso del Reniec”, manifestó este miércoles 6 de mayo ante la Comisión de Fiscalización.

En esa línea, desde la entidad aclararon que no cuentan con información relacionada con la designación de electores en las mesas de sufragio de centros poblados u otras localidades durante los procesos electorales.

La jefa del RENIEC también señaló que la creación de centros poblados corresponde exclusivamente a las municipalidades provinciales.

“Cada municipalidad provincial decide autónomamente crear su centro poblado, ellos ven los requisitos de dónde será y lo crean. No es necesario que hablen con la Presidencia de Consejo de Ministros o con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)”, agregó.

No obstante, indicó que, tras su creación, el centro poblado debe ser formalizado mediante una ordenanza y luego inscrito en el Registro Nacional de Municipalidades, administrado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Según explicó, este procedimiento es fundamental, ya que un centro poblado que no figure en dicho registro no puede ser tomado en cuenta en procesos oficiales.