La iniciativa, impulsada por la diputada Analí Márquez, también plantea modificar las reglas para conservar las concesiones mineras y revisar aquellas que permanecen, según ellos, inactivas.

Medida

La propuesta establece que el proceso continuará hasta que el Estado culmine el censo nacional de la pequeña minería y minería artesanal, publique sus resultados y resuelva los procedimientos de caducidad que correspondan a las concesiones “ociosas”.

El Minem deberá certificar el cumplimiento de estas condiciones mediante un decreto supremo. Sin embargo, el plazo no podrá superar diciembre de 2028.

El proyecto también modifica los pagos por derecho de vigencia. Los titulares que acumulen más de 100 mil hectáreas pagarían $20 por hectárea al año y quienes posean entre 50 mil y 100 mil hectáreas abonarían $10.

Para extensiones mayores a 10 mil y hasta 50 mil hectáreas, la tarifa sería de $5. La iniciativa mantiene los pagos diferenciados para pequeños productores y mineros artesanales.

Incluso, plantea establecer la caducidad de las concesiones desde el año 15 si sus titulares no cumplen las condiciones de producción.

El proyecto contempla extensiones hasta los años 20 y 30 cuando los concesionarios acrediten trabajos de exploración, inversiones o acuerdos de explotación, según los requisitos establecidos.

Sin embargo, la iniciativa colisiona con la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) presentada por el Gobierno y que establece que el Reinfo se prorrogue solo por 18 meses para quienes tienen un proceso de registro vigente.

Análisis

La economista Stephani Maita, del Instituto Peruano de Economía (IPE), advirtió que la ampliación del Reinfo mantendría los efectos de la minería ilegal sobre la seguridad y las inversiones formales.

“Se vincula con organizaciones criminales y otras actividades delictivas, como los homicidios y la extorsión. Sus efectos no se limitan a las localidades donde opera, sino que también alcanzan a centros poblados cercanos. Hemos (en IPE) estimado que alrededor de 12,000 millones de dólares en inversiones mineras estarían afectadas por la presencia de minería ilegal”, respondió a Correo.

Para Maita, extender el registro sin condiciones ni una estrategia definida no contribuirá a acelerar la formalización minera. Por el contrario, los operadores solo esperarían nuevas ampliaciones en lugar de completar los requisitos exigidos.

“El Reinfo ya nos ha demostrado en casi 10 años de existencia que postergar consecutivamente los plazos de cierre claramente no funciona. El minero informal, ilegal, que se encuentra dentro de este proceso sabe de alguna forma que al acercarse la fecha límite va a ser ampliado, ya sea por el Ejecutivo o por el Legislativo”, refirió.

La especialista identifica que el Gobierno necesita fortalecer el control territorial y establecer adecuados mecanismos de fiscalización para combatir su expansión.

“El Estado tiene baja presencia en lugares con alta presencia de minería ilegal. Además existen vacíos importantes en la responsabilidad penal de quienes realizan este tipo de actividades. No tener una estrategia de trazabilidad integral que permita conocer el origen del metal genera incentivos para continuar expandiéndose”, indicó.

Para Maita, el tratar de imponer un plazo para declarar la caducidad de concesiones que incumplan las condiciones de producción no es nuevo. Y obvian que los proyectos mineros requieren periodos prolongados debido a la complejidad de las operaciones, los permisos, la tecnología y el financiamiento.

Para Maita, el tratar de imponer un plazo para declarar la caducidad de concesiones que no cumplan las condiciones de producción desconoce los tiempos que requiere la actividad minera, que necesita periodos prolongados por la complejidad de las operaciones, la obtención de permisos, el desarrollo tecnológico y la búsqueda de financiamiento.

“Establecer un límite de 10 años, como hemos escuchado antes, 15 años ahora, para desarrollar un proyecto de estas características ignora estos factores y hace que la actividad en Perú básicamente no sea probablemente rentable y tampoco atractiva”, enfatizó.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron estrategias para reforzar la seguridad en la capital y recuperar la tranquilidad de la población, mediante la articulación de esfuerzos entre el Gobierno y la Municipalidad de Lima.

Asimismo, evaluaron las medidas de prevención y mitigación ante las lluvias asociadas al fenómeno El Niño, con el propósito de reducir los riesgos y proteger a las familias más vulnerables frente a posibles emergencias.

A través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se informó que se busca destrabar acciones y coordinar el trabajo de las instituciones del Estado para fortalecer la respuesta frente a la criminalidad y los fenómenos naturales.

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Esta vez, la cita contará con la participación del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

La incorporación del Ministerio Público busca fortalecer la coordinación entre las fuerzas del orden y las investigaciones fiscales, a fin de garantizar el respaldo legal de los operativos contra las organizaciones criminales y facilitar el avance de los procesos judiciales.

En la reunión también participarán los ministros del Interior, César Astudillo; Defensa, Rafael Belaúnde; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Además, el premier Luis Galarreta anunció que en próximas sesiones se convocará a representantes del Poder Judicial, Osiptel, la Unidad de Inteligencia Financiera y empresas de telefonía para reforzar la lucha contra la delincuencia.

La comisión tiene como función coordinar y supervisar las medidas del Ejecutivo para enfrentar la criminalidad y fortalecer el orden interno.

Previamente, el premier se reunió con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para coordinar acciones de seguridad ciudadana y abordar otros temas prioritarios para la capital.

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Por ejemplo, los JEE de Bagua y Moyobamba proclamaron a Hermógenes Lozano, alcalde provincial de Condorcanqui, y a Carlos Hidalgo, burgomaestre de Zapatero, para 2027-2030.

Ambos postularon como primeros regidores y asumieron la posibilidad de encabezar sus municipios tras las renuncias de los candidatos titulares. Las actas no observaron la prohibición de reelección inmediata del artículo 194 de la Constitución peruana.

Sin embargo, el JEE de Ica emitió este 3 de noviembre una resolución diferente sobre el distrito de San Juan Bautista.

Contexto

En San Juan Bautista, Jorge Luis Quispe Saavedra fue electo para el periodo 2023-2026.

No obstante, Quispe postuló esta vez como primer regidor por Renovación Popular (RP) para permanecer en la administración edil.

Entonces, fue su hija Juana del Socorro Quispe Quijaite, quien encabezaba la lista como candidata a la alcaldía. Luego, la señorita renunció a su candidatura el pasado 27 de julio sin expresión de causa.

Así, el JEE Ica aceptó la renuncia el 30 de julio e inscribió la lista sin candidato a alcalde el último 20 de agosto.

Pese a no contar con una cabeza de lista, RP ganó el 4 de octubre con 1,510 votos, equivalentes al 30.754% de los votos válidos, dejando a Somos Perú en segundo lugar con 1,299 sufragios.

Por su ubicación como primer regidor, Quispe podía asumir la alcaldía.

Medida. El presidente del JEE Ica, Víctor Malpartida, y la tercera miembro, Verónica Díaz Ochoa, declararon inejecutable la proclamación de Quispe por el artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.

Fue así como, por mayoría, el ente electoral proclamó a Rita del Carmen Guerrero Cajo, segunda regidora de la lista, como alcaldesa para el periodo 2027-2030. Entre tanto, Quispe queda como primera regidora.

La decisión no fue unánime. La magistrada Hilda Montes emitió un voto singular en contra y sostuvo que la prohibición constitucional se aplica cuando un alcalde vuelve a postular al mismo cargo. Según su interpretación, Quispe postuló a una regiduría y correspondía proclamarla alcaldesa por encabezar la lista ganadora.

Análisis

Al respecto, el abogado especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos advirtió que los JEE aplican criterios distintos para resolver los casos de “reelección encubierta” de alcaldes de distritos y provincias.

Para Villalobos, el máximo organismo electoral debe establecer una posición uniforme. “Tiene que haber una uniformidad de criterio y eso seguramente el Jurado Nacional de Elecciones lo va a señalar”, explicó a RPP.

Sobre Rafael López-Aliaga, el experto considera que si no recibe la credencial de alcalde de Lima, Jeanette Alonzo, segunda integrante de la lista de RP, asumiría el cargo y él permanecería como primer regidor.

Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, cuestionó a la ONPE) por la demora en publicar los resultados oficiales de las ERM2026. Ayer se cumplió un mes de los comicios del 4 de octubre.

Según la tesis fiscal, cobró S/30 000 por servicios que realmente no prestó y para los que no estaba capacitado. Y no solo ello: los informes que debía entregar, como “asesor legal”, apenas tenían cinco páginas.

En detalle

La audiencia inició al promediar las 9:00 a.m. En sus alegatos de apertura, la fiscal Katherin Arpe detalló que Beingolea fue contratado para brindar asesoría legal, de enero a marzo del 2019, por S/10 000 por mes.

Añadió que Óscar Romero, entonces gerente general, solicitó la contratación, firmó los Términos de Referencia (TDR) y dispuso los primeros pagos. Mientras que su sucesor, Carlos Palacios –de quien se ordenó su captura, tras no acudir al juicio–, hizo lo propio en marzo y José Izquierdo, hoy en prisión por otro caso, suscribió la orden de servicio como jefe de la Unidad de Adquisiciones de Bienes y Servicios.

Arpe pedía una pena inicial de diez años para Beingolea, sin embargo, la redujo a ocho tras un cambio jurisprudencial sobre el delito de colusión. Esto a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional (caso Félix Moreno) de enero último.

Tras ello, pidió ocho años de prisión para Beingolea y Romero, y 7 años para Izquierdo. En tanto, se reservó la acusación para Palacios, de quien se ordenó su captura tras no asistir al juicio. Todos enfrentan una inhabilitación de siete años.

Señalamientos

La fiscal enumeró una serie de “irregularidades” ocurridas antes y después de la contratación de Beingolea. Precisó que, según los Términos de Referencia (TDR), se exigía al locador el título de abogado, estudios de maestría o doctorado y más de diez años de experiencia; condiciones que no acreditó el actual ministro.

Añadió que este debía asesorar en gestión pública y en proyectos de norma del Consejo Regional, absolver consultas jurídicas, capacitar al personal, entregar tres informes de avance y acudir cuatro veces por semana, con dos horas como mínimo por día, al GORE Callao.

En esa línea, sostuvo que los informes de Beingolea fueron escuetos y recogían, en gran medida, transcripciones. Agregó que el GORE Callao confirmó que, en el periodo contratante, no se tramitó ni publicó ningún proyecto de norma regional.

“El primer informe es del 10 de febrero y lo dirige (Beingolea) al gerente general. Sin embargo, en este juzgamiento, vamos a ver el contenido de estos tres informes que no cuentan con más de cinco páginas. Y donde el primero de ellos, transcribe algunos artículos que obran en la Ley de Gobiernos Regionales e invoca algunos delitos que obran también en el Código Penal”, puntualizó.

Además, los consejeros regionales negaron una supuesta conferencia desarrollada el 29 de marzo alegada por la defensa. Y, en esa línea, destacó que el registro de visitas evidenció una asistencia intermitente de Beingolea: tres veces en enero, dos en febrero y cinco en marzo.

El titular del sector explicó que siete mesas temáticas trabajan en la definición de las intervenciones y responsabilidades para enfrentar este problema. El objetivo, indicó, es alcanzar “resultados verificables en cada territorio del país”

Dyer señaló que la intervención dará prioridad a los niños durante sus primeros meses de vida y a las gestantes. La atención incluirá la captación de pacientes, el tamizaje, el diagnóstico diferencial, la suplementación, el tratamiento y el seguimiento.

Para cumplir con esta ruta de atención, el Minsa mejorará la disponibilidad de personal, equipamiento e insumos, especialmente en los territorios que presentan mayores brechas. También fortalecerá los mecanismos de seguimiento para asegurar la continuidad y calidad de las prestaciones.

El ministro agregó que se incorporarán herramientas digitales para identificar a los niños y gestantes que necesitan atención, conocer su ubicación y detectar qué servicios tienen pendientes.

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En una entrevista con el programa Las cosas como son, de RPP, la parlamentaria señaló que, sin esa contingencia, el Perú podría crecer por encima del 4%, lo que permitiría reducir los niveles de pobreza.

En ese contexto, respaldó la decisión de la presidenta Keiko Fujimori de no viajar a Madrid para participar en la Cumbre Iberoamericana y permanecer en el país para atender la situación relacionada con el fenómeno El Niño.

Balance de los primeros 100 días de Gobierno

Durante la entrevista, la senadora también hizo un balance de los primeros 100 días de la actual gestión y destacó la estabilidad que, a su juicio, ha generado el Ejecutivo, así como el ingreso de inversiones al país.

Juárez comparó este escenario con el inicio del gobierno de Pedro Castillo, hace cinco años, cuando (según recordó) se produjo una salida de capitales. Asimismo, consideró que, aunque el comienzo de una gestión puede presentar dificultades, el Gobierno cuenta con un plan que deberá desarrollar conforme avance el tiempo y se consolide el gabinete ministerial.

Entre las acciones que resaltó, mencionó la implementación de la telemedicina en cuatro centros de salud. También destacó las coordinaciones entre los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente para agilizar los procedimientos de los estudios de impacto ambiental, sin flexibilizar las normas de protección.

Según explicó, el objetivo es evitar las demoras en la aprobación de estos estudios, que han afectado el desarrollo de proyectos de exploración.

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La incorporación del Ministerio Público busca fortalecer la coordinación entre las fuerzas del orden y las investigaciones fiscales, a fin de garantizar el respaldo legal de los operativos contra las organizaciones criminales y facilitar el avance de los procesos judiciales.

En la reunión también participarán los ministros del Interior, César Astudillo; Defensa, Rafael Belaúnde; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Asimismo, Luis Galarreta anunció que en próximas sesiones se convocará a representantes del Poder Judicial, Osiptel, la Unidad de Inteligencia Financiera y empresas de telefonía para reforzar la lucha contra la delincuencia.

La comisión tiene como función coordinar y supervisar las medidas del Ejecutivo para enfrentar la criminalidad y fortalecer el orden interno.

Previamente, el premier se reunirá con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para coordinar acciones de seguridad ciudadana y abordar otros temas prioritarios para la capital.

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La mandataria sostuvo que el compromiso requiere un trabajo articulado entre el Gobierno central, los gobiernos regionales y locales, el sector privado, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Además, advirtió que la lucha contra esta enfermedad no debe limitarse a declaraciones, sino traducirse en acciones concretas en los hogares y centros de salud.

Entre las medidas planteadas mencionó el fortalecimiento de las visitas domiciliarias, la suplementación con hierro, los controles de crecimiento y desarrollo y el seguimiento médico de los menores.

“Debemos fortalecer las visitas domiciliarias. Aquí las agentes comunitarias juegan un rol fundamental: asegurar la suplementación con hierro, mejorar los controles de crecimiento y desarrollo y garantizar que ningún niño quede fuera del seguimiento del sistema de salud”, subrayó.

Keiko Fujimori también destacó la importancia de una alimentación adecuada, el acceso al agua segura, el saneamiento y la educación nutricional.

Keiko Fujimori expresó su preocupación porque casi la mitad de los niños de entre seis y once meses presenta anemia y advirtió sobre las consecuencias de esta enfermedad en su desarrollo y futuro desempeño escolar y laboral.

Finalmente, sostuvo que combatir este problema requiere la participación del Estado, las empresas, las familias y las organizaciones sociales.

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La propuesta contempla una intervención multisectorial en alianza con el sector privado, organismos internacionales, colegios profesionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de coordinar acciones para combatir la anemia en el país.

En la actividad participan el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los ministros de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales; Salud, Luis Dyer; Educación, José Antonio Chang; Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; Producción, Juan Carlos Requejo; Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario; y Cultura, Alberto Beingolea.

La ceremonia se realizó desde las 5:00 p. m. en la sede de Palacio de Gobierno, donde las autoridades y representantes de las instituciones participantes suscribirán el compromiso de trabajo conjunto contra la anemia.

Durante su participación en la 60.ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), realizada en el distrito limeño de San Borja, señaló que, si bien se espera una reacción importante de los mercados, el impacto no sería duradero ni arrastraría a la economía mundial a una desaceleración.

En cuanto al panorama internacional, Julio Velarde indicó que los mercados mantienen la expectativa de un posible incremento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) para controlar la inflación.

Asimismo, destacó la fortaleza del dólar y el desempeño positivo de las bolsas.

Por otro lado, advirtió que el encarecimiento de los combustibles continúa dificultando la reducción de la inflación.

Precisó que los derivados del petróleo y el diésel registraron fuertes incrementos, aunque señaló que sus precios comenzaron a descender en los últimos días.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se refirió a los primeros 100 días de gestión del gobierno de Keiko Fujimori. Aunque evitó emitir una calificación sobre el desempeño del Ejecutivo, señaló que observa con expectativa sus primeras señales e indicó que corresponde darle el beneficio de la duda.

Durante una entrevista con Canal N, Reggiardo indicó además que la Municipalidad de Lima sostiene coordinaciones constantes con el Gobierno central, especialmente para abordar temas de seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño.

“No lo quiero calificar de si ha cumplido o no, lo que sí quiero decir es que veo con expectativas y con atención las señales que está dando el gobierno. Son señales claras, concretas, me parece que hay que seguir en esa línea de darles el beneficio de la duda”, sostuvo.

En cuanto a la delegación de facultades legislativas, Reggiardo cuestionó que el Congreso haya reducido de 76 a 27 los puntos solicitados por el Ejecutivo. El alcalde, quien recordó que fue congresista durante diez años, consideró inadecuado politizar este debate y señaló que el Parlamento dispone de mecanismos para ejercer un control posterior sobre las normas que apruebe el Gobierno.

“Nada de eso se ha tomado en cuenta y creo yo que un muy mal cálculo político de quienes lideran las bancadas de oposición al gobierno. Creo que no lo han debido de hacer así. El tiempo será el que juzgue, la población será la que juzgue, pero bueno, ya está hecho así”, manifestó.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció la entrega de dos predios estatales al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) para la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios en Huacho, provincia de Huaura, región Lima.

El anuncio se realizó este miércoles durante una actividad oficial en el establecimiento penitenciario Ancón I, donde la mandataria también supervisó las medidas de seguridad implementadas para reforzar el control de los centros de reclusión.

Según precisó Fujimori, los terrenos entregados comprenden una extensión de 2.600 hectáreas y permitirán avanzar con los proyectos penitenciarios.

Keiko Fujimori pide construir dos nuevos penales en los próximos meses

Durante su intervención, la jefa de Estado destacó el trabajo coordinado entre las instituciones públicas para disponer de los terrenos destinados a las futuras cárceles.

“Hoy se hace un anuncio muy importante. Se está entregando los títulos habilitantes para la construcción de dos grandes penales, y este es un esfuerzo que se hace en conjunto”, manifestó.

La presidenta agradeció la participación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la habilitación de los predios y encargó al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, acelerar los procedimientos necesarios para ejecutar los proyectos.

Nuevos penales tendrán talleres productivos para internos

La mandataria explicó que los futuros establecimientos penitenciarios no estarán destinados únicamente a reforzar la seguridad, sino que también incluirán espacios para actividades productivas.

La propuesta contempla la implementación de talleres donde determinados internos puedan aprender oficios y desarrollar habilidades laborales durante el cumplimiento de sus condenas.

“Estos dos terrenos que se están entregando al Ministerio de Justicia son bastante amplios. Y lo que se busca, además de tener un lugar seguro, es que se puedan activar y construir grandes talleres productivos”, señaló Fujimori.

De acuerdo con la presidenta, estos programas estarán orientados principalmente a personas privadas de su libertad que hayan cometido delitos de menor gravedad y que puedan participar en actividades de capacitación y resocialización.

También planteó que los productos elaborados en los talleres penitenciarios puedan ser aprovechados por la sociedad.

Presidenta supervisó controles de seguridad en el penal Ancón I

Como parte de la actividad oficial, Fujimori recorrió el establecimiento penitenciario Ancón I para supervisar los controles de vigilancia y las medidas implementadas en su perímetro.

La jefa de Estado destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para reforzar la seguridad en los centros de reclusión.

“Uno de los objetivos de nuestro Gobierno es asegurarnos de que el orden regrese a los penales”, afirmó durante su intervención.

La mandataria también hizo referencia a las acciones de control contra señales ilegales de telecomunicaciones detectadas en establecimientos penitenciarios, como parte de las medidas para impedir la continuidad de actividades delictivas desde el interior de las cárceles.

Su Gobierno aseguró que priorizaría la lucha contra la inseguridad ciudadana, la reactivación económica, el fenómeno El Niño, entre otros aspectos.

Por ahora, es difícil calificar su gestión con una nota porque solo hay anuncios, pero no resultados concretos.

A pesar de ello, expertos consultados por Correo coinciden en que la mandataria no cumplió en estos primeros días, la expectativa de sus votantes.

Además, entre un cero y 20, Fujimori recibió una nota de 13 en lo que va de su gestión.

LO PRIMERO

El primer hito de la gestión de Fujimori al llegar a Palacio de Gobierno fue el nombramiento de su Gabinete Ministerial.

Luis Galarreta, su primer vicepresidente, fue nombrado presidente del Consejo de Ministros (ver infografía).

El equipo está integrado por una combinación de exministros, políticos y técnicos.

Tan solo un mes después de esa designación, envió al Congreso un pedido para legislar por 120 días en seguridad ciudadana, micro y pequeñas empresas, materia laboral, simplificación administrativa, desarrollo productivo, medio ambiente, política tributaria y prevención frente al fenómeno El Niño. Sin embargo, solo consiguió facultades por 90 días en la primera y última materia.

Mientras que el 7 de octubre, la presidenta Fujimori apareció delante de más de dos mil hombres uniformados.

La fuerte imagen anunciaba la presentación de la creación de un Comando Unificado que articula las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) para enfrentar de manera coordinada a las organizaciones criminales y a la delincuencia.

LO MALO

Por otro lado, los primeros 100 días de Fujimori también están marcados por decisiones que generaron el cuestionamiento público (ver infografía 2).

Uno de ellos fue la permanencia de Óscar Arriola, comandante General de la Policía Nacional del Perú que recién pasó al retiro un mes y medio después de que Fujimori asuma el cargo.

Arriola era criticado por su mal manejo en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Fujimori evitó fijar una postura sobre Arriola.

La salida de Arriola se gestó tras su renuncia por el secuestro ocurrido en Trujillo atribuido a “Los Pulpos”.

Cuando el Congreso tardó en otorgarle facultades legislativas, la mandataria dijo que “están poniendo a prueba su paciencia”.

El mensaje fue interpretado por integrantes de la oposición como una “amenaza” de cerrar la Cámara de Diputados del Congreso.

Mientras que la reciente Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (Ley MAPE) que envió al Congreso ha sido blanco de críticas, porque un sector de la oposición considera que es una ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) de manera encubierta.

GESTIÓN MIXTA

Para el analista político José Carlos Requena, la gestión de Fujimori en sus 100 primeros días puede calificarse como “mixta”, porque un sector del electorado que la respaldó era el más entusiasta por todo lo que prometió en campaña.

“En campaña ella decía ´tenemos el equipo listo para solucionar los problemas´, pero parece que al llegar al Estado encontró algo peor de lo que esperaba”, indicó.

Sin embargo, señaló que hay entusiasmo si uno ve las cifras de inversión privada.

Aunque consideró que es muy temprano para evaluar a Fujimori, le colocó una nota de 12 o 13.

“No la jalaría porque creo que es un tramo muy temprano para hacerlo, pero claro que está lejos de lo que fue su promesa (en campaña), pero insisto que es un plazo relativamente temprano”, sostuvo.

En diálogo con Correo, Requena dijo que hubo idas y vueltas en la gestión política de Fujimori.

Asimismo, recordó en las primeras semanas, Fujimori habló de una reconciliación nacional. Sin embargo, luego hubo gestos que no dejan en claro cuál es el enfoque que va a prevalecer o el rumbo a seguir en el plazo inmediato.

“Creo que en términos políticos, todavía está terminando de encontrar un rumbo. No tiene claro por dónde va a decantarse”, manifestó.

Sobre lo bueno, el experto destacó el trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas y el reclutamientos de personalidades competentes en varios ámbitos. Sin embargo, recordó que queda pendiente dotar al Estado con un sentido de urgencia, especialmente en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

En la misma línea, señaló que el gran pendiente que tiene el Gobierno de Fujimori, es combatir la criminalidad.

“Un tema de gestión relevante de su campaña que todavía no se aborda de una manera seria. El viaje de la presidenta (al país El Salvador) denota un interés en el tema, pero esperemos que las próximas semanas se proyecte algún cambio de rumbo”, apuntó.

PROMESAS INCUMPLIDAS

El analista político Franco Olcese dice que es difícil calificar bien o mal los primeros 100 días de Keiko Fujimori, porque ha pasado muy poco tiempo. Sin embargo, si bien ha tenido medidas acertadas, también se evidencia un nivel de expectativa que no ha cumplido. “Si comparamos esos primeros 100 días con el nivel de expectativa que tenían sus votantes, yo diría que no ha cumplido con las medidas que se esperaban, como ´mano dura´ o algunos gestos en ese sentido”, indicó.

Califica la gestión de Fujimori con una nota de 13 o 14.

Al hablar de su desempeño político, el socio fundador del Centro Wiñaq refiere que el Gobierno de Fujimori tiene una gran falencia: Está solo y no tiene aliados.

“Keiko Fujimori tiene como reto armar una coalición más representativa. Con Renovación Popular puede tener algún tipo de alineamiento, pero no es un apoyo total”, precisó.

Olcese destaca que, desde el punto de vista de la opinión pública, Keiko tuvo un gesto importante como poner orden en los colegios, esto en referencia al anuncio de la prohibición de maquillaje, uñas pintadas y cabello teñido en estudiantes de colegios públicos.

“Me gusta el hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) busque plantear una agenda de reforma más agresiva. Otro punto que me parece positivo es el anuncio de medidas para destrabar obras paralizadas, así como sacar adelante una Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), sobre este último punto hay mucho que debatir pero el hecho de decir ´vamos a ir a pelear por eso´, me parece algo positivo", indicó.

Respecto a lo malo en la gestión de Fujimori, el experto sostiene que perdió la oportunidad de mostrar un antes y un después en la lucha contra la inseguridad ciudadana, que era lo que la mayoría de las personas esperaba.

“Se esperaba un cambio muy claro, rápido. Han hecho un equipo para plantear reformas y no ha sido de inmediato. Se perdió la oportunidad de transmitir ese cambio político, faltó un tipo de gestos para dar esa sensación (lucha contra la inseguridad)”, manifestó.

Agrega que al Gobierno de Fujimori le faltó solidez para defender las facultades legislativas que solicitó en materia económica.

Tanto el congresista como su presunta cómplice, la exsecretaria general de la UNI, Sonia Anapan, apelaron la decisión. La Fiscalía pide 4 años y 6 meses de prisión para ambos, sobre quienes pesa una comparecencia simple actualmente.

Señalamientos

Según la tesis de la fiscal Norah Córdova, “en diciembre del 2021, (López-Chau) se habría concertado con Sonia Anapan Ulloa para defraudar al Estado”.

“El imputado intervino directamente por razón de su cargo, esto es de rector, en la designación de Sonia Anapan como secretaria general. (Esto) sin que previamente haya sido propuesta y nombrada por el Consejo Universitario de la institución (UNI), siendo este el único órgano facultado para decidir su nombramiento y no por el rector”, se detalla en la resolución revisada por Correo.

En ese sentido, se indica que Anapan suscribió el contrato con una remuneración mensual de S/9 000. Sin embargo, “no cumplía con los requisitos establecidos por la normativa”.

La Fiscalía también destacó que Anapan “manifestó que ingresó a laborar (…) porque el rector le indicó que no confiaba en ninguna persona". La acusada también sostuvo que “visitaba al rector luego que este asumiera tal cargo, (pero) luego se retractó y dijo que no”.

Ambos acusados enfrentan 4 años y seis meses de prisión por presunta colusión simple y, alternativamente, negociación incompatible. Asimismo, podrían recibir 273 días-multa y una inhabilitación de tres años.

El penalista Andy Carrión detalló que, en este proceso, “se tiene que seguir el procedimiento ordinario como si López-Chau fuera cualquier ciudadano”.

“El juicio tiene que iniciar sin que el caso pase por el Congreso de la República porque los hechos imputados son previos a su asunción como senador”, explicó.

Durante una actividad oficial, advirtió sobre los efectos del fenómeno El Niño, que trae lluvias en la costa norte y sequías en la sierra, situación que favorece la aparición de incendios.

“Por separado se pueden hacer pequeñas cosas, pero cuando trabajamos unidos se puede vencer cualquier cosa. (...) El Perú unido va a enfrentar esta adversidad”, manifestó durante la ceremonia de entrega de vehículos de emergencia donados por Japón al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

La mandataria recordó los incendios registrados recientemente en diferentes regiones y reconoció la labor de los bomberos voluntarios en las tareas de control y atención a las poblaciones afectadas. Asimismo, alertó que las condiciones climáticas podrían empeorar el próximo año, por lo que consideró necesario reforzar la capacidad de respuesta ante las emergencias.

Japón donó cinco vehículos de emergencia

La actividad se realizó en la sede de la Compañía de Bomberos Cosmopolita 11, en San Borja. Durante la ceremonia, la jefa de Estado agradeció al Gobierno y al pueblo japonés por su colaboración con el Perú y resaltó la importancia de contar con nuevas unidades para atender las emergencias.

La donación, realizada por la Asociación de Bomberos de Japón, comprende cuatro autobombas y una unidad de rescate. Según lo anunciado por Fujimori, los vehículos serán destinados a compañías de bomberos de Lima y de regiones como Ayacucho, Cusco y Arequipa.

Estas unidades permitirán reforzar la atención de incendios, emergencias prehospitalarias y otras situaciones de riesgo, además de mejorar la respuesta frente a los incendios forestales.

Por su parte, el embajador de Japón en el Perú, Tsuyoshi Yamamoto, destacó que la entrega representa una muestra de solidaridad y cooperación entre ambos países. También señaló que Perú y Japón están expuestos a desastres naturales, por lo que disponer de equipos adecuados es fundamental para responder con rapidez ante incendios y otras emergencias.

El comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, general Juan Carlos Morales Carpio, agradeció la donación y aseguró que las unidades serán utilizadas adecuadamente para fortalecer la atención a la ciudadanía.

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, anunció que ambos proyectos se desarrollarían en Huacho y tendrían regímenes diferenciados según el perfil de los reclusos.

Durante una entrevista con RPP, el titular del sector detalló que uno de los penales, denominado “Huacho 14”, tendría capacidad para 14 mil reos primarios, con el objetivo de facilitar su resocialización.

El segundo establecimiento contaría con 10 mil plazas y estaría reservado para líderes y operadores de bandas criminales. Según Álvarez, esta infraestructura podría convertirse en la cárcel más grande del Perú.

Para concretar ambos proyectos en un plazo estimado de un año, el Ejecutivo evalúa utilizar un sistema de construcción modular, que contempla el ensamblaje de planchas prefabricadas en el propio terreno.

El ministro señaló que uno de los principales obstáculos será reducir los tiempos de los procedimientos administrativos. Explicó que, por la vía ordinaria, estos trámites pueden demorar cinco años, mientras que mediante un proceso abreviado tardan tres. La propuesta del Gobierno es implementar un mecanismo expeditivo que permita completar esa etapa en seis meses.

Álvarez sostuvo que el país lleva más de 20 años sin construir una cárcel, pese al crecimiento de la población y de la criminalidad.

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El jefe del Gabinete citó a Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, y a Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, a una sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público.

La reunión tendrá como eje mejorar la respuesta de las instituciones frente a la criminalidad.

Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se busca reducir las trabas administrativas y conseguir que las intervenciones de la Policía Nacional se traduzcan en sanciones dentro del marco legal.

Desde Trujillo, Galarreta explicó que enfrentar la inseguridad requiere algo más que desplegar policías y militares en las calles. En ese sentido, resaltó la necesidad de que el Ministerio Público participe en los operativos del Comando Unificado Pataz para garantizar el sustento legal de las acciones.

#PCMInforma | Premier Galarreta convoca a cerrar filas contra la criminalidad. El jefe del gabinete anunció que convocará a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, a una próxima reunión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, que él preside. El objetivo es articular acciones, eliminar trabas burocráticas y lograr que las intervenciones policiales se traduzcan en sanciones conforme a ley. Añadió que en sesiones posteriores la comisión citará al @OSIPTEL, la UIF de la @SBSPERU y a las empresas de telefonía para sumar sus capacidades técnicas frente a la delincuencia. La lucha contra el crimen exige una respuesta firme y coordinada de todo el Estado. ¡El Perú responde!

— Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) November 3, 2026

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Durante la entrega de 6,500 laptops a estudiantes de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), la mandataria señaló que su gestión busca garantizar una educación de calidad y brindar mayores oportunidades a los jóvenes.

“En el próximo año vendrá la construcción de 500 colegios nuevos, conectividad de internet satelital a todos los colegios del Perú. Lo que queremos es que los jóvenes tengan muchas más oportunidades”, manifestó.

Fujimori destacó la formación que reciben los estudiantes de los COAR, a quienes calificó como “mentes brillantes”. Asimismo, sostuvo que las iniciativas educativas que funcionan deben mantenerse en el tiempo, pues contribuyen a fortalecer la institucionalidad y trabajar por el presente y futuro del país.

La jefa de Estado también consideró que la educación es la principal herramienta para transformar la sociedad peruana. En ese sentido, indicó que una parte importante de los recursos y esfuerzos de su Gobierno está orientada a mejorar las políticas públicas y la calidad educativa.

Finalmente, exhortó a los jóvenes a continuar estudiando y aprovechar las oportunidades para seguir desarrollándose, con el propósito de contribuir en el futuro a sus familias, comunidades y al país.

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