Aún no se recupera el número de turistas del 2019, ¿qué se necesita para lograrlo?

Este año se deberían recuperar los niveles de turismo interno alcanzados en la pre-pandemia, que se mide por número de viajes. El punto pico fue 48 millones de viajes. Sí, aún no se recuperan todavía los niveles pre-pandemia del turismo receptivo y se debe tener claro que el acceso a Machu Picchu es absolutamente fundamental. Se arrastraba el error de vender mil entradas de forma presencial, desde el gobierno de Castillo, que también implica que la UGM (Unidad de Gestión de Machu Picchu), sea presidida por Cultura y no por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Lo otro es el esfuerzo promocional importante que se hace en un nuevo escenario para permitir un recupero. Hay mejores condiciones para la inversión en infraestructura aeroportuaria porque uno de los problemas clave del sector es la conectividad. Entonces, las inversiones en aeropuertos, significan un acelerador para buscar rutas directas. Muchos de los visitantes prefieren claramente una ruta directa a las escalas, por lo tanto, hay una posibilidad súper importante que trabajar.

¿Cómo observa al actual Ejecutivo?

Persiste una expectativa positiva. Creo que hay varias condiciones que podrían hacer que tenga una muy buena performance. Pero, hay cierta inquietud en el mercado empresarial porque han pasado 70 días y todavía no se ve algo concreto en términos de la línea de acción. Esperaría que en los próximos días haya ese pronunciamiento, pero los indicadores positivos son que las expectativas de la inversión privada siguen en alza. Se espera, al cierre del año, un crecimiento de 14.5 % de la inversión privada, que es bastante bueno, y el nivel de riesgo de inversión está bastante bajo. Son señales positivas. En algún momento se comparó el 29 de julio del 2021 y el 29 de julio del 2026. En 2021, cuando estaba el señor Castillo, se fueron del país casi 20 mil millones de dólares, pero en 2026 había cola de proyectos de inversión de 100 mil millones de dólares. Pinta muy claro que hay una expectativa, pero pasan los días y la expectativa tiene que verse con señales muy claras.

¿Cree que las expectativas del Gobierno para conseguir facultades legislativas son muy altas?

De hecho hay algunas facultades que son competencias puras y duras del Ejecutivo, por tanto puede actuar sin necesidad del apoyo del Congreso. Pero, en el frente de seguridad, sí necesita algunas autorizaciones del Congreso. Para atender lo de El Niño, designando un personaje como Carlos Neuhaus, da una buena señal. Sí creo que se puede avanzar cosas sin el otorgamiento de facultades del Congreso, no solo se habla de la afectación al agro, a la pesca, al turismo, sino también de vidas. No se hicieron trabajos de prevención. Entra el nuevo gobierno y debe atender las elecciones municipales y regionales, no tiene un escenario fácil para actuar. Se sabía que El Niño era un problema muy serio, con alta probabilidad que sea fuerte. Creo que se tiene que avanzar con todo, con o sin la asignación de facultades, porque no se puede esperar.

¿Qué otras facultades debe autorizar el Congreso?

Bueno, hay temas de carácter laboral y tributario, pero seguridad es un tema transversal que afecta también el tema de los negocios y las inversiones. Cualquier inversionista busca dos cosas fundamentalmente. Una es estabilidad macroeconómica y Perú la mantiene, tiene estabilidad macroeconómica gracias a la política monetaria con el Banco Central Reserva. También busca seguridad jurídica. Seguridad tiene que ver con todo, seguridad jurídica pura y seguridad ciudadana. Se puede esperar niveles de inversión importantes en regiones donde claramente hay un enorme riesgo de casos de extorsión, de minería ilegal. La minería ilegal sin ninguna duda está articulada con la inseguridad. Se debe entender que el financiamiento viene de la minería ilegal, por lo tanto tendría que ser un paquete completo, que involucre temas muy directos con respecto a la minería ilegal, que se ha ido metiendo a la sociedad de una manera grosera, como lo hizo el narcotráfico en Colombia y en Perú. Hay un historial que demanda medidas drásticas. Creo que la presidenta (Fujimori) se está cuidando de no tener el sello de autoritaria, pero una cosa es cuidarte y otra cosa es que el tiempo siga pasando y no se vean decisiones radicales al respecto y creo que la situación lo amerita.

Es importante cortar el financiamiento a los involucrados en actividades ilícitas...

Totalmente, de acuerdo. Debe primar un trabajo de tecnología y servicio de inteligencia que parcialmente se tiene, pero el punto es identificar dónde se origina el problema, de dónde vienen los recursos, cuáles son las actividades, cuáles son los personajes que están atrás, y tratar de atacar a la raíz del problema. La idea es cómo ir al principio, supone ir hasta el tema aduanero y ver los orígenes de la producción, dónde se está generando el recurso que termina contaminando a toda la sociedad. Creo que es un tema integral. Ahora que hay nuevos gobiernos regionales es la oportunidad de evidenciar un trabajo colectivo con el gobierno central y gobiernos municipales. Me parece que es la manera correcta y no ir al último eslabón. En el último eslabón se encontrará que han corrompido a gente del Congreso actual y anterior, a algunos empresarios. La idea es cómo se origina el tema y cómo se corta el financiamiento. No se puede permitir que el tema escale porque termina afectando a toda la sociedad de forma terrible.

¿Se ha descuidado la inseguridad y el país está tomado por bandas criminales?

Sí. Se habla de niveles millonarios del crimen organizado de cobertura internacional. Cuando digo integral es que se necesita incluso modificación de leyes que permitan sanciones absolutamente severas. Una que se planteó en su momento es que se contemple como acto terrorista porque generan un daño mayúsculo. Si se plantea de esta forma, las sanciones van a ser mucho más drásticas y serán un desincentivo para el delincuente. Pero, en Perú pasa piola el delincuente, quien está preso puede salir los fines de semana y tiene celular y pantalla plana, no es una prisión real. Pero si la pasan duro, sería otra cosa. Si después saltan las instituciones de derechos humanos, que se preocupen por los derechos humanos de todos los perjudicados.

Las exportaciones del país crecen en valor, pero no en volumen...

Está heterogéneo porque no es un sector que crezca de forma pareja. Sigue existiendo la dependencia de los minerales, pero la parte no tradicional está creciendo, incluso a mayor velocidad. Cuando hablamos de lo no tradicional, la subida en valor es importante, porque significa que están pagando más por tu uva, tus arándanos, tus confecciones, tus joyas. Lo tradicional sube de precio sin hacer nada, simplemente es la cotización en la bolsa de valores. Pero lo no tradicional significa que el mercado está dispuesto a pagar más por la uva, por la palta, por el arándano, que por los productos mexicanos o chilenos. Alimentos era el rubro que más sostenía el crecimiento, pero tiene problemas por El Niño. Ha crecido con las complicaciones que todavía tendrá por El Niño. En la costa norte ya afecta la producción de mango. Pero otros rubros crecen, como la producción de langostinos, que se favorece con las altas temperaturas. Cuanto más cerca se está de la línea ecuatorial, mayor es la exportación. Pero este año batimos el récord de los 100,000 millones de dólares de todas maneras. El BCR señala que podemos acercarnos a los 120,000 millones. De los cinco motores de la economía, inversión pública, inversión privada, exportaciones, turismo y consumo interno, el que mejor performance sigue teniendo es el sector exportador.

¿Los aranceles de EE.UU. impactan seriamente al sector?

No solo lo aplica a Perú, también a países que compiten con Perú, como México y Chile, pero no es que haya un cambio tan relevante. Pero si se sube el arancel, sube el precio para el consumidor y puede bajar el volumen de compra, lo que explica algunas caídas de volumen, no de precio. Se ha subido no solo en agro, también a los textiles y confecciones. Es decir, Perú sigue teniendo capacidad para entrar a los mercados. Subir aranceles no es una noticia buena, no es una política sana, es proteccionismo, pero Perú sigue creciendo aún en esos escenarios porque compite con productos estacionales, particularmente con alimentos

¿En qué medida hay que tomar en cuenta el papel del petróleo en la economía del país?

Sin duda es un elemento que afecta a todo, porque cuando sube el fertilizante, sube el agro, cuando sube un insumo como el trigo, sube el pan. Pero cuando sube el petróleo, sube todo. Impacta el transporte de ida y vuelta, el movimiento de aeropuertos, de puertos, de energía. Todo. No solo en Perú, sino en todo el mundo. Afecta, porque en la medida que se vende un producto se tiene que subir el precio, pero se pierde mercado. Hay productos tan sensibles que cuando les subes el precio, la gente no lo compra o compra muy poquito. Se compara factor petróleo, que es cuestión más de las manos del hombre, y el factor clima, que es la naturaleza.

Petróleo hace perder mercado

Para Juan Carlos Mathews, cuando sube el precio del petróleo sube todo, no solo en Perú, también en todo el mundo.

“Es distinto cuando suben los fertilizantes, suben los costos del agro”, explicó.

Refirió que en la medida que se vende un producto sensible se sube también su precio, pero se pierde mercado, la gente no compra o compra poco volumen.

Juan Carlos Mathews

Exministro de Comercio Exterior y de Turismo

• Actual vicepresidente de Internacionalización de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola
• Magíster en Innovación de la Educación
• Economista especializado en negocios internacionales y marketing.
• Doctorando en Ciencias Económicas y Sociales.

El Gobierno evalúa la posibilidad de expulsar a los alumnos por faltas graves, ¿coincide usted con esta propuesta?

Estoy de acuerdo en líneas generales con los lineamientos presentados por el ministro de Educación, José Antonio Chang, y la presidenta Keiko Fujimori. En el Perú, la disciplina escolar atravesó un proceso de debilitamiento en los últimos 15 años. Esto respondió fundamentalmente al portal de denuncias SíSeVe y a una normatividad que, amparada en los derechos humanos de los estudiantes, impedía aplicar sanciones ante faltas graves y muy graves.

Esta posibilidad ha generado alarma en ciertos sectores, ¿cómo debe aplicarse?

Es fundamental hacer una distinción precisa: no se trata de expulsar a un estudiante del sistema educativo en su totalidad. La propuesta plantea la separación temporal o definitiva del alumno de la institución educativa ante faltas reiteradas y de extrema gravedad. Esta separación definitiva del colegio debe operar como última alternativa, cuando se hayan agotado todos los esfuerzos pedagógicos y la conducta del estudiante no muestre mejora en ese plantel.

Usted señala que la labor docente se vio desprotegida. ¿El portal de denuncias SíSeVe tuvo que ver con esto?

El portal de denuncias se convirtió en un instrumento de amenaza y de debilitamiento de la autoridad en las aulas. En la práctica sirvió para acusar indebidamente a los profesores por parte de los padres de familia, vinculando los reclamos a notas, llamados de atención o límites disciplinarios. Para evitarse problemas, por más de 13 años la mayoría de docentes, tutores y directores prefirieron evitar la imposición de normas de convivencia y disciplina en los colegios.

¿Cuál debería ser el destino del portal SíSeVe?

Considero que debe eliminarse. En su lugar deben estructurarse nuevos mecanismos de reporte destinados a canalizar denuncias ante actos graves que afecten de manera real los derechos de los alumnos, pero sin constituir un canal de intimidación sistemática hacia la plana docente.

Se ha deslizado la posibilidad de retornar a la evaluación cuantitativa para medir la conducta escolar. ¿Resulta adecuado?

Me opongo de manera categórica a retornar a la evaluación cuantitativa de 0 a 20 para la conducta. El comportamiento humano no se aprueba con 10.5 ni se desaprueba con 10.4. Volver a la nota numérica significaría retroceder 30 años en una reforma cualitativa de la cual el país ha sido referente. En concordancia con el currículo, la conducta debe evaluarse mediante niveles de logro —AD (muy destacada), A (satisfactoria), B (en proceso) y C (deficiente o preocupante)—, lo que permite diseñar verdaderos procesos de recuperación formativa.

¿Qué hace falta para recuperar la autoridad en la escuela?

Es imprescindible e urgente restituir la Dirección Nacional de Tutoría, Bienestar Socioemocional y Disciplina Escolar. Esta instancia técnica desapareció en el año 2015, privando al ministerio del liderazgo normativo, el seguimiento disciplinario, el acompañamiento en tutoría y la capacitación a maestros y padres de familia. Si queremos sostener estos nuevos lineamientos, la recreación de esta dirección es fundamental.

A raíz de la denuncia de abuso en el Liceo Naval, ¿los colegios manejados por las Fuerzas Armadas deberían pasar al control total del Ministerio de Educación?

Es una posibilidad que debe estudiarse, pero lo primordial es reorganizar de inmediato su funcionamiento. En colegios como el Liceo Naval u otros gestionados por las Fuerzas Armadas, es indispensable reestructurar la autoridad de directores, tutores y psicólogos para evitar la presión de padres de familia con altos rangos militares. Aunque dependan del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación debe intervenir activamente, dado que los docentes de estos planteles forman parte de la Carrera Pública Magisterial. Casos como los de Talara o las amenazas en redes sociales a directores por imponer disciplina demuestran la urgencia de reordenar estas instituciones.

DATOS

• 3 medidas sancionadoras: suspensión, matrícula condicional y expulsión, consideran los nuevos planteamientos de Minedu.
• 30 años retrocedería el país en nivel educativo si se implementa una evaluación cuantitativa en vez de cualitativa.

Idel Vexler

Exministro

Educador de carrera. Graduado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en Educación Secundaria. Obtuvo las Palmas Magisteriales del Ministerio de Educación del Perú en los grados de Amauta (2017), Maestro (2002) y Educador (1990).

ANTECEDENTE. El caso salió a la luz el pasado 20 de septiembre, cuando el programa Cuarto Poder reveló que la bancada de Juntos por el Perú mantiene en sus despachos y comisiones a trabajadores cuyos nombres figuran en el padrón que el Movadef presentó en 2009 para inscribirse como partido.

En agosto y septiembre, Hilso Cladio Ramos Cosme, asesor principal del diputado César Tito Rojas, percibió S/ 28,910.22. Richar Leandro Tipo Quispe, asesor II del mismo despacho, recibió S/ 23,393.55. Zaida Yesel Huanca Mamani, asesora del senador José Chipana, cobró S/ 24,208.69. De igual modo, Genebrardo Mariano Arana Bazán, asesor de la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, que preside Hugo Ccahuana, recibió S/ 16,518.07.

Entre tanto, Edith Mota Palomino, técnica del diputado Alejandro Manay, recibió S/ 14,404.19. Renán Quispe Najarro, técnico del mismo despacho, percibió S/ 15,789.21, y Dick Jefferson Luya Asto, auxiliar del propio Ccahuana, recibió S/ 8,410.22.

RESPUESTAS. Hasta el momento, los congresistas de JP no han mostrado ninguna intención de retirar a estos trabajadores. Por el contrario, los han defendido. El senador Chipana, ante el dominical, afirmó que desconoce la inscripción en el padrón de su subordinado.

Por su parte, el diputado Tito Rojas, en cuyo despacho laboran dos de los trabajadores señalados, negó haber fundado el Movadef y evitó brindar más detalles del tema.

Cabe recordar que los propios Tito Rojas como Chipana han sido vinculados al Movadef.

INSÓLITO El Congreso no tiene filtros para este tipo de contrataciones.

Negativa

Dos de los siete trabajadores sirven en el despacho del diputado César Tito Rojas, quién negó que haya fundado el Movadef.

DATO

7 trabajadores que figuran en el padrón del Movadef han sido contratados por el Congreso.

En diálogo con Correo, el intelectual peruano evaluó el rol de oposición en el Parlamento y brindó detalles sobre los desafíos que enfrentará su gestión en Washington D.C.

¿Cuáles serán los objetivos de su gestión? ¿Hay algún encargo puntual de la presidenta Fujimori?

Tuvimos una larga conversación. Fue hace cuatro días, también estaba el canciller. Ella fue muy generosa con su tiempo en Palacio. Siempre hay intereses permanentes, pero ahora hay elementos que añaden urgencia en la cooperación con los Estados Unidos.

Tenemos que abordar el tema de la seguridad y también el fenómeno de El Niño. El Departamento de Estado de EE.UU. tiene una oficina especial dedicada a esto último. Esos temas han adquirido una urgencia enorme, diría que absoluta. Esa va a ser una primerísima prioridad, pero eso no significa que otros temas van a quedar de lado.

¿Cuáles serían algunos de ellos?

Tengo un enorme interés en impulsar la relación comercial, para mí es muy importante que crezca muchísimo . Tenemos un intercambio de más o menos 20, 000 o 21,000 millones de dólares al año.

Juzgo que es una cifra francamente mejorable, aspiro a que crezca. Me gustaría también que aumente la inversión estadounidense en el Perú significativamente, no ha sido fácil en los últimos años por la inestabilidad política, pero también porque las anteriores administraciones de EE.UU. no le ponían énfasis a América Latina, lo que sí hace la administración Trump (…).

Hay un terreno propicio para explorar mucho la ampliación de la relación comercial y también la atracción de capitales. Por supuesto, también el turismo y los intercambios culturales. Por otro lado, hay alrededor de un millón de peruanos en los EE.UU. La tercera parte de los peruanos en el extranjero, en promedio, está allí. Por eso tenemos 17 consulados, yo quiero tomar contacto con todos ellos y darles prioridad.

¿Ha abordado con la presidenta el conflicto geopolítico entre EE.UU. y China, y el rol del Perú frente a ello?

La presidenta no lo ve así. El canciller y yo tampoco. Tenemos una presencia china evidentemente importante, es nuestro primer socio comercial y el país que más ha acumulado, en los últimos años, el mayor stock de capital invertido en el Perú. Es una relación que tiene una significación para el Perú, pero eso no significa que las relaciones económicas y comerciales sean un juego de suma cero: que China tenga una presencia importante en el Perú, no significa que EE.UU. no la pueda tener.

Ampliar la presencia de EE.UU., una tendencia que viene desde hace un tiempo con la administración Trump, no va en detrimento de la relación con China. En realidad, nadie reemplaza a nadie (…). Hay una relación ahí potencialmente muy grande y la presidenta Fujimori quiere, por supuesto, impulsar eso de manera muy dinámica (…). Diría que hay una falsa dicotomía.

¿Buscará la eliminación de aranceles adicionales impuestos por EE.UU.?

Aspiramos a que esa política sea revertida en el caso del Perú. Ya están trabajando el ministro de Comercio Exterior y Turismo (Rogers Valencia) con el secretario de Comercio de EE.UU. Entiendo que hay una muy buena dinámica entre ellos. Evidentemente, otras dependencias del Estado (intervienen), el Ministerio de Economía, la Cancillería y, en lo que a mí respecta, la embajada.

Vamos a trabajar cuidadosa, prudente y diplomáticamente para avanzar en esa conversación. En la medida en que hagamos progresos y EE.UU. vea de nuestra parte un interés en impulsar la relación, seguramente se va a crear un clima para lograr ese propósito. (…) Ese es definitivamente un objetivo central.

Sobre temas políticos, hay demoras en la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno, ¿cómo evalúa el papel de la oposición en el Congreso?

Lo ocurrido en el Senado me parece muy triste desde muchos puntos de vista. No hace ningún bien a la democracia peruana, a la institucionalidad y a la imagen del Perú en el extranjero. Es un cálculo equivocado la idea de que, actuando de esa forma tan poco democrática, le van a hacer daño a la presidenta y a su Gobierno. Eso refleja una mirada muy miope. A quien hace daño, además de las instituciones democráticas, es a ellos mismos.

Es verdad que hay un grupo en particular, radicalizado e ideologizado, pero hay otros tres que no fueron elegidos para eso, cuyos votantes son más moderados. Ellos tienen líderes con una visión de izquierda, pero más moderada. ¿Por qué se han dejado llevar y arrastrar por un grupo radical (JP) que no representa a una mayoría de peruanos? Para mí es un misterio y es algo que les juega en contra.

Las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras están jugando un papel decisivo de la mano de Juntos por el Perú, ¿hay oportunismo por parte de sus líderes como Jorge Nieto, Alfonso López-Chau y Ricardo Belmont?

Si uno los ve a todos lejos de las cámaras de televisión y los micrófonos, observa que son personas (…) con ideas más moderadas o menos fanatizadas y radicalizadas que las de este cuarto grupo (JP) que está liderando, en este momento, la actitud obstruccionista (…).

Supongo que ellos calculan que esto perjudica al Gobierno, les granjea simpatías entre la población y les permite preparar el terreno para elecciones futuras. Este es un gravísimo error de cálculo. Están jugando el partido de la extrema izquierda, del comunismo. Esto es algo que va contra sus propias convicciones, de manera que me parece suicida desde el punto de vista político.

Yo apelo al instinto de preservación, ya ni siquiera a sus ideas políticas. Si siguen en este seguidismo frente a los radicales, al final van a ser absorbidos por ellos porque eso es lo que suele ocurrir. La población les va a pasar factura.

Ahora, ¿hay algo puntual que pueda hacer la presidenta para hacerle frente a esta izquierda obstruccionista en el Congreso?

La presidenta tiene muchos recursos, la Constitución pone muchos recursos a su alcance para tomar decisiones, pero ella ha dicho prudentemente que prefiere esperar la decisión del Senado y creo que hace bien al esperar.

Evidentemente, todo puede cambiar y si se otorgan las facultades que se han pedido, por lo menos parcialmente, evidentemente que va a ser todo mucho más inmediato, mucho más urgente y no diré que fácil, porque nada es fácil en el arte de gobernar, pero sí mucho más expeditivo.

Entonces, evidentemente ella está esperando. No significa que esté esperando de brazos cruzados, está actuando mañana, tarde y noche, pero evidentemente también está esperando esas facultades antes de tomar decisiones. En estos momentos todavía es pronto para renunciar a la ilusión, a la esperanza de que la oposición recapacite.

Parte de la oposición también ha cuestionado su designación como embajador y la del propio canciller, Carlos Espá, por no ser diplomáticos de carrera...

Eso no tiene sentido. La Academia Diplomática fue fundada a mediados de los años 50 y el Perú tiene dos siglos de vida republicana independiente. La mayoría de cancilleres que ha tenido el Perú no han sido diplomáticos de carrera.

Hemos tenido grandes cancilleres que han sido abogados e intelectuales –pienso en alguien como Raúl Porras Barrenechea, un historiador–, que han venido de distintas disciplinas y dieron una gran contribución a la diplomacia peruana.

También hemos tenido magníficos diplomáticos de carrera, por supuesto. Y en el caso de la embajada del Perú en los EE.UU., la relación diplomática tiene dos siglos, pero a nivel de embajador solo uno pues empezó en 1919. En todo ese tiempo, más o menos, hemos tenido una mitad de embajadores de carrera y otra que no lo ha sido (…). Mi antecesor, Alfredo Ferrero, no era un embajador de carrera tampoco.

No hay nada anormal. Por cierto, me gustaría resaltar que la presidenta Fujimori ha nombrado menos embajadores políticos que gobiernos anteriores (…), de manera que los cuestionamientos los recibo con mucha deportividad.

De otro lado, a la presidenta se le ha endilgado cierta “inacción” frente a la inseguridad ciudadana y deficiencias en la composición del Gabinete Ministerial...

Es absolutamente falso –no tiene ni pies ni cabeza– que la presidenta no esté haciendo nada. Yo la veo, desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche, dedicándose en cuerpo y alma al tema de la seguridad ciudadana, así como a confrontar el fenómeno de El Niño.

La veo trabajando incansablemente sin esperar las facultades. Así que esa es una acusación absolutamente injusta. Además, ha cohesionado un gabinete que está trabajando de manera coordinada y en la que se destaca una pluralidad de tendencias y de orígenes.

No se ha rodeado solo de gente cercana, ha sido muy convocante. Ella dijo en la campaña que lo haría y eso es lo que está pasando. Hay incluso gente que la criticó duramente en su momento y ella, que quiere ser la presidenta de la reconciliación, lo está demostrando.

Las cifras de aprobación no parecen ayudarla por el momento...

No hay que darle a eso mucha importancia. Vivimos en un país de gente muy impaciente, donde además hay unas urgencias enormes, y si la actitud obstruccionista de la oposición hace a la gente perder la paciencia, es inevitable que haya una repercusión en las cifras de aceptación y de popularidad del Gobierno. En la medida en que se vayan logrando resultados, se van a revertir.

“Necesitamos para cubrir inclusive el sueldo de los fiscales en parte del mes de noviembre y para diciembre. Por eso que hemos solicitado (...) un crédito suplementario”, dijo el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, a RPP Noticias.

Según Gálvez, el presupuesto de la Fiscalía disminuye anualmente y “no es suficiente” el incremento del 16% propuesto por el Ejecutivo para 2027.

“Hemos sustentado nuestro presupuesto y la necesidad de duplicar el presupuesto que nos han asignado (...). Este aumento ni siquiera equipara lo que debíamos tener como presupuesto normal”, aseguró.

Para Gálvez, su entidad necesita más fondos para combatir el crimen organizado, la extorsión, el sicariato y la minería ilegal.

Mañana, lunes, vence el plazo para su aprobación o rechazo. Para el abogado constitucionalista Enrique Ghersi, vencidos los siete días útiles sin una decisión, podría activarse el “silencio parlamentario positivo” y el proyecto aprobado por Diputados sería promulgado sin revisión de la Cámara Alta.

Alerta

Ghersi explicó que el artículo 105 de la Constitución contempla esa posibilidad.

“Vencido el plazo sin que el Senado se haya pronunciado, el presidente del Senado debe promulgar el proyecto aprobado por diputados”, afirmó a RPP Noticias.

Según el jurista, sería la primera aplicación de este mecanismo en la historia constitucional peruana.

De esta forma, se dejaría de lado la ampliación del predictamen que está pendiente en el Senado y que amplió de 20 a 27 las solicitudes en dos materias.

Al respecto, la senadora Juana Ticona, suplente de Obras en la Comisión de Constitución, confirmó a Correo la existencia de esta figura.

“El reglamento contempla que el presidente del Senado puede remitir este dictamen para que sea publicado, pero solamente con lo que manda Diputados, o sea, lo que ya envió la Cámara de Diputados”, dijo.

Para Ticona, lo enviado por Diputados debería respetarse.

“Mi posición personal es que no se debe modificar, no se debe ampliar y que solamente debería aprobarse lo que Cámara de Diputados ha enviado”, sostuvo.

Por su parte, el senador Juan Carlos del Águila, suplente de Fuerza Popular en la Comisión de Constitución, explicó a Correo que su bancada no ha “evaluado” ese escenario en el Parlamento.

“El pleno del Senado tendrá la última palabra”, declaró.

En primer lugar, se realizará la audiencia del expediente contra el diputado Christian Aranda Vásquez, de Renovación Popular, a quien se le atribuye haber difundido en sus redes sociales documentos que permitirían identificar a una paciente del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, en Abancay, así como información sobre su historial médico.

La agenda también contempla la revisión del informe de calificación de la denuncia contra el diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, correspondiente al expediente 005-2026-2027/CEP-CD.

Asimismo, se analizará el informe de calificación del expediente contra la diputada Catherin Palomino Casavilca, también de Juntos por el Perú, en el marco de las evaluaciones que realiza este grupo de trabajo parlamentario.

Finalmente, la comisión revisará el informe final de la denuncia contra Pérez Mallqui por presuntos actos de violencia física y psicológica contra su expareja. La evaluación permitirá continuar el trámite correspondiente dentro de la Comisión de Ética Parlamentaria.

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Según informó Palacio de Gobierno, durante el encuentro con el titular del Ministerio de Educación (Minedu), se revisaron las políticas del sector y las próximas medidas que se implementarán, entre ellas los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar.

Estas disposiciones buscan fortalecer el respeto en las instituciones educativas públicas y privadas, recuperar el orden y restituir la autoridad de los docentes.

Asimismo, las autoridades abordaron las acciones preventivas que desarrolla el sector frente al fenómeno El Niño y las medidas para garantizar la entrega oportuna de los recursos educativos de cara al Año Escolar 2027, entre otros temas.

Por otro lado, Keiko Fujimori se reunió con el canciller Carlos Espá para revisar la agenda de política exterior que impulsa el Gobierno, como parte de las coordinaciones de trabajo entre la mandataria y los integrantes de su gabinete ministerial.

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La iniciativa, presentada por el diputado César Holguín Loaiza, de la bancada de Ahora Nación, propone hacer obligatoria la trazabilidad de los alimentos y el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas.

Además, plantea considerar como infracción muy grave el uso indebido de plaguicidas que ponga en riesgo la salud pública o el medio ambiente.

El proyecto también busca precisar las competencias del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), así como de los gobiernos regionales y locales.

Asimismo, contempla capacitar al personal municipal, facilitar el acceso a laboratorios acreditados y fortalecer el monitoreo de plaguicidas en los mercados de abasto.

La propuesta establece que los alimentos que superen los límites máximos permitidos de residuos de plaguicidas, metales pesados o contaminantes microbiológicos sean considerados no aptos para el consumo humano. También plantea que el Senasa, la Digesa y el Sanipes publiquen los resultados de sus monitoreos, mientras que el Indecopi difunda alertas para informar a los consumidores.

Como sustento, la iniciativa cita un monitoreo del Senasa que analizó 4.902 muestras de alimentos de origen vegetal, de las cuales el 21,75 % presentó residuos de plaguicidas por encima de los límites máximos permitidos. Entre los productos observados figuran paprika, pimiento, apio, tomate, melocotón, espinaca y ají amarillo fresco.

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La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, informó sobre estos avances durante la inauguración del EJE y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) para dichos procesos en la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. La implementación comprende ocho órganos jurisdiccionales distribuidos en cinco sedes: Angaraes, Castrovirreyna, Tantará, Acobamba y la sede central.

Con la incorporación de Huancavelica, ya son 385 los órganos jurisdiccionales de los 34 distritos judiciales del país que cuentan con estas herramientas digitales para tramitar procesos de familia. En esta corte, hasta el 14 de octubre, se habían registrado 47 demandas, de las cuales 31 correspondían a tenencia, 14 a régimen de visitas y dos a variación de tenencia.

Tello Gilardi destacó que esta iniciativa busca brindar una justicia más rápida, eficiente y cercana a la ciudadanía, especialmente en casos que involucran el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, señaló que el EJE, implementado desde 2017, permite presentar demandas y escritos de manera virtual, acceder digitalmente a los expedientes y reducir los tiempos procesales, además de facilitar el trabajo remoto de jueces y servidores judiciales.

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El titular del Ministerio Público contó que el presupuesto disponible no alcanzaría para cubrir los gastos de los próximos meses, por lo que pidió al Congreso aprobar una asignación extraordinaria que permita atender las obligaciones de la institución.

El fiscal de la Nación alertó sobre el riesgo de incumplir el pago de las remuneraciones del personal fiscal.

“Hemos solicitado también un crédito suplementario, una demanda adicional urgente porque si no, ya no tendríamos dinero para pagar los sueldos de los fiscales en parte del mes de noviembre y para diciembre, y entraríamos en una crisis muy lamentable”, declaró a RPP.

Respecto al presupuesto institucional para 2027, Gálvez indicó que el incremento del 16% planteado por el Poder Ejecutivo no compensa los recortes acumulados ni cubre las necesidades de la entidad.

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Los reglamentos y las decisiones de cada cámara no ofrecen una respuesta uniforme sobre cuándo corresponde sesionar de manera presencial o a distancia.

Correo revisó los tres reglamentos del Congreso bicameral y conversó con dos expertos en derecho parlamentario sobre la presencialidad en el pleno y las comisiones.

Uno de los expertos, César Delgado-Guembes, exoficial mayor del Congreso, sostiene que las reglas vigentes dejan margen para que los órganos parlamentarios adopten distintas modalidades de participación.

Por su parte, Alejandro Rospigliosi, exjefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso, considera que la presencialidad debe ser obligatoria, salvo excepciones justificadas.

Desglose

Los reglamentos del Congreso, del Senado y de Diputados regulan la asistencia como un deber, aunque no precisan su modalidad.

Según el artículo 27, literal a, del reglamento del Congreso, los senadores y diputados deben participar en las sesiones del pleno y de las comisiones. Incluso, prevé la publicación de las faltas y el descuento para las inasistencias injustificadas.

De igual modo, el artículo 63 del Reglamento de Diputados y el artículo 67 del Reglamento del Senado regulan la deliberación del pleno en el hemiciclo.

Pero ningún artículo fija la modalidad de las sesiones.

La única excepción es la Cámara de Diputados.

El 11 de agosto de 2026, su Junta de Portavoces aprobó un acuerdo que establece el carácter estrictamente presencial de las labores parlamentarias, tanto para el pleno como para las comisiones.

El pleno de la Cámara Baja ratificó ese acuerdo el 13 de agosto con 118 votos.

El presidente de la Cámara, Oscar Reto Otero, precisó que la medida alcanza a todos los tipos de sesión.

El acuerdo contempla excepciones específicas: labor de representación fuera de Lima, salud con descanso médico acreditado, maternidad o paternidad y fuerza mayor.

En esos casos, el presidente del órgano autoriza la votación remota conforme al artículo 87, literal a, del reglamento de Diputados.

Sin embargo, el Senado no tiene un acuerdo equivalente.

El presidente de la Cámara Alta, Miguel Torres, afirmó en agosto de este año que la presencialidad “es la regla general. Ya está establecido en el reglamento”, pese a que ninguno de los reglamentos fija esa modalidad de manera taxativa.

Estoy de acuerdo con la presencialidad. Es la regla general y la fórmula adecuada de ejercer la función parlamentaria. No hay discrepancia sobre ello. https://t.co/AR3taLWc4J

— Miki Torres (@mikitorresfp) August 9, 2026

Consultada para este informe, la senadora Nora Bonifaz (Partido del Buen Gobierno) confirmó que la Cámara Alta no ha aprobado un acuerdo general sobre la presencialidad y que el tema “se ha dejado abierto”.

Según Bonifaz, cada comisión indica la modalidad en su convocatoria, pero algunos presidentes permiten la participación remota pese a que la sesión fue citada como presencial.

“No se ha definido. Nosotros hemos pedido que sea presencial (pleno y comisiones) y esa fue nuestra decisión como bancada desde el inicio, y pedimos que así se hiciera. Pero, en realidad, los presidentes de las comisiones hacen como les viene en gana, y la práctica ahorita es que están aceptando la no presencialidad”, advirtió.

Análisis

César Delgado-Guembes ubica el único acuerdo sobre el tema en la Cámara de Diputados pero que la virtualidad no ha sido regulada ni eliminada en ninguna de las dos instancias.

“Si el presidente de la Comisión convocó a una sesión para tal día y dijo que la sesión iba a ser semipresencial o remota, ese es el criterio central”, indicó.

El especialista distingue que el pleno prefiere la presencia física, aunque la convocatoria puede disponer sesiones semipresenciales, y que más bien en las comisiones se opera con mayor flexibilidad.

Por su parte, Alejandro Rospigliosi sostuvo que la asistencia física debe constituir la regla y la participación remota requiere una justificación concreta.

Asimismo, vinculó su posición con las responsabilidades de las presidencias parlamentarias y de cada representante.

“En el Derecho público, lo que no está permitido legalmente no se puede hacer”, opinó.

Para Rospigliosi, las presidencias de las comisiones y del Congreso deben impedir que los legisladores utilicen la virtualidad sin una razón válida.

“Por ejemplo, el estado de salud del parlamentario. Otro es que no puedan ingresar al Centro de Lima porque está cerrado por protestas u orden público. Además no hay pandemia. No hay otra justificación”, precisó.

El encuentro tenía como “fin recoger opiniones técnicas y aportes de los despachos parlamentarios”. Fuentes de la oposición, sin embargo, señalaron a este diario que no acudirían a la cita.

Jornada

La convocatoria a la referida cita, que llegó en horas de la tarde, se suscitó horas después de unas severas declaraciones públicas del parlamentario.

“Todavía no (se puede realizar una sesión de la Comisión de Constitución), porque no hay consenso. ¿Para qué voy a citar a una comisión donde no se va a votar”, sostuvo a RPP. Esto último, en relación al predictamen que reúne 27 materias en facultades legislativas por inseguridad ciudadana y El Niño.

La respuesta de Mesía se produjo tras el comunicado de las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Obras. Estos grupos parlamentarios destacaron que se mantenían a la “espera de una nueva citación que garantice un debate democrático”.

“Entiendo, están pidiendo una citación, pero yo no voy a citar a la comisión para volver a caer, digamos, en este caos. Yo voy a citar a la comisión en tanto que haya un consenso sobre qué vamos a debatir”, replicó Mesía.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, pidió que la comisión evalúe con celeridad la solicitud. En esa línea, aseveró que las veinte facultades aprobadas inicialmente en la Cámara de Diputados son insuficientes.

“Nosotros hemos ido todas las veces que fuimos requeridos a exponer las facultades, así que esperemos que la Comisión de Constitución del Senado pueda evaluar rápidamente porque ya es mucho tiempo que esperamos”, señaló.

La medida busca proteger la reproducción de la especie y preservar su disponibilidad para las próximas temporadas.

Según Imarpe, la biomasa acústica de anchoveta alcanzó aproximadamente 5,12 millones de toneladas al 7 de octubre de 2026, cifra que representa una caída del 28 % respecto al verano de este año y se sitúa 23 % por debajo del promedio histórico de los periodos de invierno y primavera entre 1996 y 2025.

Además, el 79 % de los ejemplares en número y el 65 % en peso son juveniles.

El organismo también detectó una actividad reproductiva inferior a los patrones históricos y condiciones oceanográficas cálidas que modificaron la distribución del recurso.

Esta decisión se sustenta en la evidencia científica y en nuestra responsabilidad de proteger la anchoveta. La elevada presencia de juveniles y las condiciones actuales del mar exigen actuar con prudencia para preservar la capacidad de renovación del recurso. 📲 Más información: https://t.co/GTD4pdC5u1

— Ministerio de la Producción (@MINPRODUCCION) October 16, 2026

SNI

Tras el anuncio, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) expresó su preocupación por las consecuencias económicas de la suspensión y advirtió que la pesca industrial podría permanecer paralizada por más de un año, hasta la siguiente temporada prevista para 2027.

El gremio alertó que esta situación afectaría a las familias vinculadas a la extracción, el procesamiento y el transporte de productos pesqueros.

Ante este escenario, la SNP hizo un llamado urgente al Gobierno para que evalúe sus propuestas destinadas a preservar el empleo, garantizar la continuidad de la cobertura de salud de los tripulantes, implementar medidas tributarias que otorguen liquidez a las empresas y facilitar financiamiento a los armadores comprendidos en la Ley N.° 26920.

El gremio sostuvo que la variabilidad oceanográfica y los efectos del fenómeno El Niño requieren medidas oportunas para mitigar el impacto sobre el sector afectado.

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En declaraciones a Canal N, sostuvo que las atribuciones solicitadas permitirían agilizar procedimientos y fortalecer la atención a damnificados.

Marco Vinelli señaló que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) necesita mayores facultades para atender directamente a los afectados por emergencias. Asimismo, indicó que las 20 facultades aprobadas por la Cámara de Diputados no cubrirían todas las necesidades identificadas por el Gobierno. Por ello, pidió a la Comisión de Constitución y al pleno del Senado retomar el debate y evaluar la propuesta.

“La respuesta que tiene que dar el Legislativo no es al Gobierno, sino que es una respuesta que le tiene que dar a la población”, manifestó.

Durante su visita a La Libertad, el ministro informó que el Ejecutivo destinó aproximadamente S/ 320 millones a trabajos de prevención en el río Moche para reducir el riesgo de desbordes ante posibles lluvias intensas. Explicó que las obras comprenden la limpieza de un tramo de 12 kilómetros, la instalación de cinco barreras dinámicas, la construcción de canales y un túnel para derivar el agua hacia el mar.

Según indicó, al asumir el Gobierno, el proyecto registraba un avance aproximado del 60 % y tenía trabajos pendientes en parte de su recorrido.

El titular del Midagri también informó que coordinan con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) el retiro temporal de un puente que estrecha el cauce del río y su reemplazo provisional por un puente Bailey, a fin de facilitar el paso de un mayor caudal.

Maraco Vinelli señaló que la culminación de las obras está prevista para las próximas semanas y que estas buscan proteger a Trujillo frente a futuras inundaciones.

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Para Alegría, el análisis de la iniciativa requiere considerar los aportes recogidos durante las reuniones con distintos gremios.

En ese contexto, cuestionó que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no organizara mesas técnicas para revisar el proyecto y señaló que esa labor fue asumida por la comisión correspondiente del Senado.

El parlamentario también sostuvo que hay puntos de la delegación de facultades que pueden perfeccionarse.

La discusión permanece suspendida luego de que el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, dispusiera el último jueves detener el debate y la votación “hasta nuevo aviso”.

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Durante una declaración a la prensa, también solicitó que el Congreso atienda los asuntos pendientes vinculados con la respuesta ante esta situación.

“El mega Niño puede ser mucho más grande de lo que nosotros tenemos planificado”, expresó.

Como parte de las señales de alerta, la mandataria indicó que el mar registra temperaturas hasta cinco grados centígrados por encima de lo normal, incluso superiores a las observadas durante los eventos de 1982-1983 y 1997-1998.

Según explicó, el Gobierno revisó las estadísticas en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y también recogió mediciones durante una visita a la embarcación científica Humboldt.

Entre las acciones preventivas mencionadas figuran el traslado de 20 puentes al norte y cuatro al sur del país, así como el adelanto del calendario escolar en zonas donde se esperan lluvias.

Fujimori agregó que se trabaja en la habilitación de albergues para recibir a cerca de 30 mil personas y que las etapas uno y dos de las obras preventivas registran un avance del 99 %. También señaló que la maquinaria será trasladada al Bajo Piura este fin de semana y que queda pendiente la intervención del aliviadero de Chutuque.

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La salida de cuatro bancadas opositoras se produjo en medio de discrepancias sobre los límites del Senado para modificar la propuesta que llegó desde la Cámara de Diputados.

El desacuerdo gira en torno al contenido del predictamen: mientras la iniciativa aprobada por los diputados contempla 20 puntos, el documento elaborado en el Senado incorpora 27 puntos y una disposición reglamentaria.

Las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación pidieron que el debate respete la Constitución y el reglamento parlamentario.

Mesía sostuvo que convocará nuevamente a la comisión cuando exista consenso sobre el texto que debe discutirse. Entre las alternativas que planteó figura que la oposición presente un dictamen en minoría limitado a los 20 puntos aprobados por los diputados o que se realice una votación diferenciada para decidir primero sobre esos puntos y luego sobre los adicionales.

El jurista y exdiputado Enrique Ghersi identificó dos posibles desenlaces: que se retome el diálogo y se apruebe un dictamen, incluso mediante una conferencia entre ambas cámaras para resolver las discrepancias, o que el desacuerdo persista hasta vencer el plazo de siete días útiles.

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En Piura, las autoridades revisarán los trabajos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). El sector Los Ejidos–Puente Bolognesi completó los 4,85 kilómetros previstos y registra un avance del 85,30 % en la descolmatación, equivalente a 464.382 metros cúbicos. En cambio, las intervenciones en El Milagro–La Encantada y Piedra Negra presentan avances de 27,59 % y 20,73 %, respectivamente.

En La Libertad, Fujimori realizará un sobrevuelo para revisar las obras de las quebradas San Ildefonso y San Carlos, a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Según el reporte técnico proporcionado, los proyectos registran avances de 78,82 % y 69,52 %, respectivamente, y representan una inversión total de S/ 1.664 millones.

La infraestructura contempla diques, un túnel de 1,5 kilómetros para derivar agua de San Ildefonso hacia San Carlos, canales de conducción de 12,85 kilómetros y defensas ribereñas en 17,2 kilómetros del río Moche. Se estima que el proyecto beneficiará a más de 750.000 habitantes de siete distritos y a unas 9.000 unidades productivas públicas y privadas.

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Tras este encuentro, la entidad recordó que la gestión del riesgo de desastres requiere coordinación entre los distintos niveles de gobierno y decisiones tomadas a tiempo. “Anticiparse a la emergencia es la forma más eficaz de proteger la vida, la salud y los bienes de las personas”, remarcó.

La institución exhortó a los gobiernos regionales y locales a poner en marcha sin demoras las medidas preventivas dispuestas por el Ejecutivo. Además, pidió concentrar los esfuerzos en las zonas con mayor exposición y asegurar los recursos necesarios para actuar de inmediato ante una eventual emergencia.

En cuanto a la población, recomendó mantenerse informada mediante las alertas del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), así como cumplir las indicaciones de las autoridades.

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