La ONPE adjudicó a Galaga un primer servicio por 2 millones 299 mil soles, mientras que la empresa AFE había propuesto realizar el mismo trabajo por 1 millón 799 mil soles. Esta diferencia significativa entre las propuestas ha puesto en duda la neutralidad de los criterios técnicos aplicados para seleccionar al proveedor.

¿Qué muestran los nuevos chats?

Los chats analizados por el Ministerio Público corresponden a conversaciones que se produjeron poco después de conocerse el resultado de la adjudicación. En varios mensajes se observa que funcionarios de la ONPE celebraron que el consorcio Galaga se ganara el contrato, lo que refuerza la hipótesis de que esta decisión no fue producto de una evaluación técnica imparcial.

En uno de los chats, Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral, envió un mensaje a su subordinado William García en el que se refiere al resultado como un logro sustancial. Phang expresó “Bien gordito. Que notifiquen hoy. Buen trabajo”, este saludo es cuestionado como una señal de que la adjudicación estaba prevista y de que se buscó agilizar la formalización del proceso.

Cambios en los lineamientos de contratación

La investigación revisa nuevos lineamientos de contratación aprobados por Piero Corvetto, jefe de la ONPE, a inicios de este año. Estos ajustes otorgaron a funcionarios de las áreas solicitantes la capacidad de evaluar y calificar a los postores, algo que antes correspondía a otros niveles de la institución.

Esa reconfiguración habría facilitado que personal cercano a Galaga influyera en la definición de criterios y en la calificación de propuestas. La Fiscalía busca determinar en qué medida esos cambios se utilizaron para favorecer a la empresa adjudicataria en el marco de las Elecciones 2026.

Falta de vehículos y personal durante los comicios

Por otra parte, los documentos fiscales indican que Galaga presentó con demora el listado de vehículos y conductores necesarios para el día de las elecciones. La empresa solo puso a disposición 12 unidades el 10 de abril, cuando se requerían cientos, lo que obligó a gestionar contrataciones de emergencia con otras firmas como Panamundo o Hermes.

La logística terrestre se vio además afectada por la falta de personal de despacho. De las 100 personas programadas para esa labor, solo se contrataron 54, lo que generó presión sobre la operación y dificultó la distribución puntual del material electoral en varios puntos del país.

Funcionarios implicados

La pesquisa también involucra a otros funcionarios del ente electoral como José Samamé, Hilda Otoya y Lilia Flores participaron en coordinaciones realizadas por canales distintos de los institucionales. Estas comunicaciones versan sobre términos de referencia, requerimientos técnicos y presupuestos adicionales vinculados al contrato con Galaga.

La Fiscalía analiza si estos chats se utilizaron para ajustar el pliego de condiciones y los alcances de manera que favorecieran a la empresa adjudicataria. La hipótesis central es que esos intercambios no fueron casuales sino parte de un diseño para asegurar que Galaga se mantuviera como proveedor privilegiado.

El caso ha abierto un debate sobre la autonomía y la transparencia de los procesos de contratación que sostienen las elecciones. La percepción de que la ONPE pudo direccionar contratos millonarios a favor de un proveedor específico genera desconfianza en la neutralidad de la institución.

Las autoridades electorales señalan que continúan acompañando la investigación y que han dispuesto medidas para garantizar la integridad de futuros procesos. Por ahora, la Fiscalía continúa recopilando evidencias, incluidos los nuevos chats, para determinar si se produjeron actos de favoritismo o irregularidades en el marco de las Elecciones 2026.

De aprobarse la propuesta, este sería el noveno retiro autorizado de los fondos previsionales en el país. El proyecto establece que los afiliados tendrían un plazo de 90 días para acceder al dinero.

¿Cómo se entregaría el dinero?

La iniciativa legislativa señala que el desembolso se realizaría en tres pagos mensuales. Cada afiliado podría retirar el monto de manera progresiva hasta alcanzar el límite establecido por la norma.

El texto también precisa que el dinero mantendría condición de intangibilidad. Esto significa que no podría ser objeto de embargos, descuentos, compensaciones legales ni retenciones.

El proyecto establece que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP deberá elaborar el reglamento correspondiente. Para ello tendría un plazo máximo de 30 días calendario desde la entrada en vigencia de la eventual ley.

La entidad sería la encargada de definir los procedimientos para que los afiliados puedan solicitar el retiro. También tendría que establecer los lineamientos operativos para ejecutar la medida.

Justificación de la propuesta

El parlamentario sostiene que el país atraviesa un contexto económico que afecta los ingresos de muchas familias. Según argumenta, el menor dinamismo económico ha generado dificultades financieras en diversos hogares.

“Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas ha proyectado un crecimiento cercano al 3.2% para el 2026, diversos factores han limitado el dinamismo económico, afectando la generación de ingresos en los hogares, lo que evidencia la necesidad de contar con mecanismos de liquidez ante situaciones excepcionales”,indica el documento.

El proyecto indica que la medida busca fortalecer la capacidad económica de las familias. Además, plantea impulsar el consumo interno mediante una mayor disponibilidad de recursos.

La iniciativa deberá pasar por evaluación en el Congreso antes de determinar si avanza hacia su aprobación. Por ahora, se encuentra en etapa de trámite legislativo.

La solicitud fue presentada este 3 de mayo mediante un documento oficial dirigido al pleno del organismo electoral.

El requerimiento, sustentado por su defensa legal encabezada por Wilber Medina Bárcena, invoca el artículo 176 de la Constitución y advierte una “grave crisis” en el proceso electoral.

Según el escrito, existiría un presunto direccionamiento por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que pondría en duda la legitimidad de una eventual proclamación sin una revisión técnica exhaustiva.

Asimismo, el documento cuestiona la auditoría planteada por el JNE al considerar que no establece plazos ni responsables claros. En ese sentido, se exige que en un máximo de 24 horas se precise el cronograma y los mecanismos de participación de especialistas independientes, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, se estaría intentando validar resultados que consideran irregulares.

Finalmente, Renovación Popular anunció que recurrirá a los órganos que designaron a los magistrados del JNE para evaluar su continuidad.

El candidato otorgó un plazo de 48 horas para que el ente electoral defina las condiciones mínimas de una auditoría.

La polémica surgió luego de que Humala planteara revisar los tratados firmados en 1883 y 1929. Sus declaraciones abrieron un debate sobre las relaciones diplomáticas entre Perú y Chile.

¿Qué dijo Antauro Humala?

En declaraciones a Perú21, el exmilitar sostuvo que el Estado peruano debería reivindicar soberanía sobre Arica y Tarapacá. Incluso mencionó que ese objetivo podría alcanzarse mediante canales diplomáticos o por la vía armada.

“El Perú debe reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica. Por la vía diplomática o por la vía armada”, planteó.

Nada que “supuestas”, señor. Aquí bien claro lo dicho por Antauro Humala sobre las relaciones con Chile:

Y aquí la entrevista completa, porque parece que no la ha visto: https://t.co/x5Gd4f8dvG https://t.co/U9SINyOtMW pic.twitter.com/j7eLrVhvEZ

— Joma Gálaga (@jomagalaga) May 2, 2026

Las declaraciones generaron cuestionamientos en el país vecino. Algunos sectores políticos solicitaron reforzar la vigilancia fronteriza tras considerar preocupante el mensaje.

Entre ellos se pronunció el diputado chileno Johannes Kaiser. El legislador calificó estas expresiones como una amenaza y pidió mantener atención ante cualquier escenario de tensión.

Respuesta de Juntos por el Perú

Tras la controversia, Roberto Sánchez remarcó que actualmente no existe ningún conflicto territorial con Chile. Además, recordó que el fallo de la Corte de La Haya resolvió la delimitación marítima entre ambos países.

El candidato también aclaró que Antauro Humala no está autorizado para fijar posiciones oficiales sobre política exterior dentro de su partido.

“Las supuestas declaraciones hechas por Antauro Humala sobre las relaciones con Chile, de ser ciertas, son de su absoluta responsabilidad. No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú, ni la mía. En absoluto”, aseguró.

Sánchez indicó que su propuesta busca fortalecer la cooperación con Chile y otros países de la región. Según explicó, priorizará una agenda basada en el diálogo y el entendimiento mutuo.

“En el gobierno del pueblo tendremos las mejores relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con el actual gobierno del presidente Kast, de Chile, y con todos los países de la región. Las relaciones de amistad con los países limítrofes serán una prioridad”, agregó.

A través de cuenta oficial X (antes Twitter), el organismo electoral desmintió estas versiones y aseguró que no tienen respaldo oficial.

El JNE explicó que actualmente se encuentra en una fase de convocatoria para conformar el Comité de Expertos en material electoral, instancia que acompañará el proceso de auditoría.

Dicha convocatoria está dirigida a expertos nacionales e internacionales, y aún no se ha realizado ningún anuncio oficial sobre sus integrantes.

AUDITORÍA

Como se conoce, el JNE informó sobre la realización de esta auditoría informática integral y una revisión técnica exhaustiva del proceso electoral correspondiente a la primera vuelta. La medida responde a la necesidad de elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos utilizados durante los comicios.

Se hará la revisión de los procedimientos de datos electorales, así como los mecanismos tecnológicos y el conteo de resultados.

Según la tesis fiscal, los tres magistrados habrían recibido ascensos y permanencia en cargos estratégicos dentro del Ministerio Público a cambio de ejecutar acciones que favorecieran a Benavides. Entre los hechos investigados figura la presunta coordinación para denunciar a jueces de la Tercera Sala Constitucional que emitieron una medida cautelar a favor de la Junta Nacional de Justicia.

¿Qué medidas fueron aplicadas?

La resolución establece que los investigados no podrán salir de su lugar de residencia sin autorización judicial previa. Además, deberán acudir cada 30 días a la sede de El Progreso, ubicada en el jirón Santa Rosa 549, para cumplir con el control biométrico ordenado por el juzgado.

También deberán presentarse ante las autoridades judiciales o fiscales cada vez que sean requeridos durante el proceso. El fallo advierte que el incumplimiento de estas reglas podría derivar en la revocatoria de la comparecencia.

“Estas restricciones se deben cumplir bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de ser revocada la comparecencia conforme al artículo 287° inciso 3 del Código Procesal Penal”, se lee en el documento.

Pedidos que fueron rechazados

El juez también rechazó el pedido de impedimento de salida del país solicitado por el Ministerio Público. Asimismo, descartó imponer una caución económica y la prohibición de comunicación entre los investigados.

La Fiscalía había solicitado que las restricciones se mantengan por 36 meses. Sin embargo, el Poder Judicial determinó que el plazo de 18 meses era suficiente para el desarrollo de las diligencias pendientes.

Acusaciones contra los fiscales

La Fiscalía sostiene que Álvaro Castañeda habría elaborado denuncias por presunto prevaricato contra magistrados que emitieron un fallo favorable a la Junta Nacional de Justicia. En tanto, Miguel Ángel Vegas es investigado por presunto cohecho tras acelerar disposiciones fiscales consideradas irregulares.

Las diligencias continuarán para determinar el grado de responsabilidad de cada investigado. Mientras tanto, los tres fiscales seguirán afrontando el proceso en libertad bajo reglas de conducta.

Correo conversó al respecto con Lucas Ghersi. El analista político y constitucionalista evaluó las incidencias ocurridas en la primera vuelta y los retos que enfrentarán Fujimori y Sánchez en su intento por convencer al electorado para el balotaje.

El JNE está recibiendo muchas críticas por estos días, ¿cree que su grado de responsabilidad es comparable al de la ONPE?

El Jurado Nacional de Elecciones no está a cargo de la organización logística de la elección, es básicamente un tribunal de justicia encargado de aplicar la justicia electoral. Además, ha intentado buscar soluciones. La primera de ellas se dio cuando las mesas no abrieron: amplió el horario de votación y luego instaló las mesas que no habían abierto al día siguiente. Ha anunciado una auditoría del sistema de cómputo de la ONPE. El Jurado está intentando que la elección sea transparente. Obviamente, sus decisiones no le van a gustar a todos y habrá cuestionamientos. La gente está muy tensa, es natural.

En el plano político, ¿cómo evalúa la campaña del candidato Rafael López-Aliaga?

Había mucho optimismo en su campaña e incluso algunos decían que iba a ganar en primera vuelta. Hoy no está ni cerca de eso. Hay muchos distritos de Lima que eran su bastión, pero los ha ganado Keiko Fujimori. Es decir, López Aliaga ha ganado los distritos de Lima Centro, pero Lima Norte, Sur y Este, en los que se suponía que tenía mucha fuerza, los ha ganado Fujimori. Un factor importante es que Jorge Nieto ha sacado muchos votos en Lima que podría haberlos ganado López Aliaga. Es decir, es un candidato que no ha tenido las fuerzas que se pensaba. Creo que su público objetivo, su electorado potencial, no fue convencido al 100%. Si hubiera hecho un trabajo más persuasivo, de convencer más a la gente, muchos más lo hubiesen apoyado.

¿Qué otros factores interfirieron con su campaña?

Creo que hay varios. El primero es que al electorado de López-Aliaga no le gustó que promueva la censura del presidente José Jerí. Él fue la principal razón por la cual Jerí dejó la presidencia de la república y entró José Balcázar, que es de izquierda. Entonces, se vio a López-Aliaga como promoviendo que la izquierda tome el poder. Otro factor es que había una población que no estaba de repente convencida, que no le gustó su estilo y terminó optando por otras alternativas como Jorge Nieto o Keiko Fujimori. La realidad es que no unió al voto urbano. Por ejemplo, ha sacado más votos que en la elección pasada, pero no ha llegado a tener la cantidad de respaldo que tuvo Pedro Pablo Kuczynski.

En el escenario de la segunda vuelta, ¿qué estrategia debería tener Keiko? ¿El voto antifujimorista tiene la misma fuerza que en la campaña anterior?

El voto antifujimorista obviamente es muy potente, pero Keiko Fujimori está mucho más fuerte ahora que en la elección pasada. Ha tenido muchos más votos, ya no tiene restricciones a su libertad personal como en ese momento. Ella tiene que convencer al Perú que es la alternativa más seria, más democrática y lo mejor para el país. Creo que el fujimorismo tiene una gran ventaja: ser el único partido en el Perú que tiene fuerza tanto en la ciudad como en el área rural, y tanto en la costa, en la sierra como en la selva. El fujimorismo es el único partido con alcance nacional. Eso no lo tiene nadie.

¿Y la izquierda?

La izquierda es fuerte en el campo, pero en la ciudad es muy débil. Rafael López Aliaga es fuerte en la ciudad, pero en las provincias, en las regiones, no existe. En cambio, Keiko es la única que es fuerte en todos lados, que tiene una presencia a nivel nacional. La señora Fujimori tiene que construir un discurso de moderación y de unidad, de que ella puede entender el Perú y sanar las heridas que tiene el país, que está muy polarizado. También creo que es muy importante mirar lo que está pasando hoy en el JNE. Hay que mirar muy de cerca qué va a pasar porque si el Jurado no creyera que hay algo sospechoso, o raro, nunca habría emitido ese pronunciamiento. Tiene que haber algo que le llame la atención al JNE para que considere una medida de este tipo (de la auditoría). Tengamos paciencia y evitemos los excesos. Los plantones en las casas de las personas o llamar lo que está pasando un “golpe de Estado” no fortalece la democracia, sino que la debilita. Hay que estar vigilantes. La protesta es un derecho, pero hay que salir de forma pacífica. Tengamos prudencia.

¿Una posible reaparición de Kenji Fujimori en apoyo a la campaña de Fuerza Popular haría un cambio sustancial?

Sí, creo que tiene mucho carisma y que muchos peruanos le tienen algún grado de cariño. A Keiko le conviene mostrar esa imagen de unidad familiar. Ojalá se dé, yo creo que sería positivo que Kenji se integre a la campaña, pero obviamente tiene que haber, pues, voluntad para que se pueda llevar a cabo.

Sobre la candidatura de Roberto Sánchez, ¿qué tan sostenible resulta su distanciamiento de figuras como Antauro Humala?

Es poco creíble. Creo que Sánchez es una persona que no tiene carisma, es una persona apagada y el motor de su campaña en primera vuelta fue Antauro Humala. Es él quien tiene el carisma y la energía que moviliza a las personas de izquierda. Podría decir que, de alguna manera, se sentía que Antauro era más el candidato que Roberto Sánchez. Entonces, si Antauro sale a declarar y Roberto Sánchez sale a negarlo, y se produce un choque de trenes entre uno y el otro, eso va a afectar la candidatura de Sánchez.

¿Le funcionará este intento por distanciarse?

En realidad, suena paradójico, pero yo creo que a Roberto Sánchez no le conviene desligarse de Antauro. Él era el líder carismático de su campaña y el que ilusionaba al electorado (…). Ya Sánchez emitió un mensaje en Twitter (X) donde prácticamente deslinda de Antauro Humala por las declaraciones que dio sobre recuperar Arica y Tarapacá, y enfrentar a Chile. Está intentando deslindar porque se asusta un poco del radicalismo de Antauro. Por otro lado, Sánchez ha tenido un voto bajísimo en Lima, en las ciudades, incluso más bajo de lo que fue el voto a Pedro Castillo. Entonces, él está viendo de qué manera puede aumentar su intención de voto en el ámbito urbano. Seguramente intentará captar votos de los izquierdistas urbanos y más moderados.

Dadas las similitudes programáticas con la gestión de Castillo, ¿qué riesgos institucionales percibe ante un eventual gobierno de Sánchez?

Sánchez es una persona, creo yo, con mejor formación que Pedro Castillo, pero tiene un programa igualmente radical. El Congreso tiene un empate entre la izquierda y la derecha, y la fuerza de desempate va a ser el Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto. Esa va a ser la fuerza de desempate. Entonces, es difícil que Sánchez implemente un gobierno radical por las buenas. No podrá hacer nada radical por las buenas. Sánchez solo puede hacer radicalismo por las malas. El riesgo es que, en vez de jugar con las reglas del Estado de Derecho, se intente hacer una especie de golpe institucional como quiso hacer Pedro Castillo. O sea, el riesgo es el mismo. El riesgo es que la izquierda radical quiera imponer su modelo a la mala quebrando el orden constitucional. Ese es el miedo principal que existe.

“El premier, el ministro de Defensa y el canciller han confirmado que estarán presentes”, afirmó para RPP la congresista Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, sobre la sesión programada para este lunes.

La parlamentaria indicó que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, el ministro de Defensa, Amadeo Flores, y el canciller, Carlos Pareja, acudirán al Congreso para responder por la adquisición de aviones F-16 y por la muerte de civiles en Huancavelica.

Citación a ministros por dos temas clave

Paredes precisó que los funcionarios deberán informar sobre el estado de las negociaciones para la compra de aeronaves de combate destinadas a recuperar las capacidades operativas de la Fuerza Aérea del Perú.

Asimismo, se abordará el caso ocurrido en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, donde se investiga la muerte de cinco civiles durante una intervención militar.

Piden presencia del ministro del Interior

La legisladora señaló que también se ha solicitado la participación del ministro del Interior, José Zapata, debido a su relación con el caso de Huancavelica.

“Estamos pidiendo que esté el ministro del Interior justamente para tratar el segundo punto”, indicó.

La sesión está prevista para las 3:00 p. m. en la sala Miguel Grau del Congreso.

Investigación en curso por muertes en Huancavelica

Respecto al caso de Colcabamba, Paredes evitó adelantar una posición, pero enfatizó la necesidad de esclarecer los hechos.

“No quiero juzgar ni adelantarme. La información que vamos a recibir debe ser clara”, sostuvo.

Además, remarcó que el Ministerio Público ya investiga el caso y que los familiares de las víctimas requieren respuestas.

“Los familiares necesitan tener una información clara de lo que realmente ha pasado”, añadió.

La empresa estatal Petróleos del Perú – Petroperú S.A. informó la designación de Edmundo Raúl Antonio Lizarzaburu Bolaños como nuevo presidente del Directorio, tras la remoción de Roger Arévalo Ramírez del cargo.

El cambio fue comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) mediante un hecho de importancia aprobado en Junta General de Accionistas realizada el 2 de mayo de 2026.

Remoción del presidente anterior y renuncia de un director

Según el documento oficial, Roger Arévalo Ramírez fue removido del cargo de director y presidente del Directorio, siendo el 2 de mayo de 2026 su último día en funciones.

Asimismo, la empresa formalizó la renuncia presentada por Carlos Augusto Villalobos Dulanto, quien se desempeñaba como miembro del Directorio.

Ambos cambios fueron acordados en sesión universal de la Junta General de Accionistas, según la comunicación remitida al regulador del mercado.

Designación del nuevo presidente del Directorio

El documento establece que, a partir del 3 de mayo de 2026, fue designado Edmundo Raúl Antonio Lizarzaburu Bolaños como director y presidente del Directorio de Petroperú.

La designación se realizó en la categoría de director independiente, conforme a la estructura corporativa de la empresa.

Además, se nombró a Berthin Enrique Gómez Vela como nuevo miembro del Directorio, también bajo la categoría de director independiente.

Reconfiguración del Directorio de la empresa

Con los cambios anunciados, el Directorio de Petroperú queda integrado por diversos miembros, incluyendo representantes independientes y laborales.

Entre los cargos actuales se encuentran:

• Edmundo Raúl Antonio Lizarzaburu Bolaños – Presidente del Directorio
• Carlos Adrián Linares Peñaloza – Vicepresidente del Directorio
• Berthin Enrique Gómez Vela – Director
• Néstor Reynaldo Herrera Guerrero – Director representante de trabajadores
• Luis Alberto Camino Quinde – Director representante suplente de trabajadores
• Richard Abel Almerco Soto – Director
• Julio César de la Rocha Corzo – Director

Estos cambios forman parte del proceso de reorganización interna de la empresa estatal.

“Solicitamos al JNE abstenerse de pronunciar resultados hasta que se lleve a cabo una auditoría transparente realizada por una empresa internacional”, señaló el partido político Renovación Popular en un comunicado.

El pronunciamiento responde al comunicado emitido previamente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto al proceso electoral en curso.

🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/PZyyIKHfHW

— Renovación Popular (@Renovacion_Peru) May 3, 2026

Solicitan auditoría internacional independiente

En el documento, el Comité Ejecutivo Nacional de Renovación Popular cuestionó la propuesta del JNE de realizar una auditoría con sus propios técnicos, señalando que esta iniciativa carecería de independencia.

La organización política indicó que la auditoría debe ser realizada por una empresa internacional o una entidad que no esté vinculada a agrupaciones políticas ni tenga posibles conflictos de interés.

Asimismo, el partido sostuvo que la ausencia de una auditoría independiente podría afectar la legitimidad de los resultados electorales.

Cuestionamientos al trabajo de los organismos electorales

En el comunicado, el partido también criticó el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), señalando presuntas deficiencias en la realización y supervisión de las elecciones.

Además, advirtió que cualquier resultado anunciado sin una auditoría previa carecería de legitimidad ante la ciudadanía y podría dificultar la realización de una eventual segunda vuelta electoral.

El pronunciamiento concluye reiterando el pedido de transparencia y garantías en el proceso electoral.

Luego de 15 años, su partido Alianza para el Progreso (APP), no solo no tendrá representación en el Congreso, sino que perderá su inscripción electoral al no superar la valla electoral con el 5 de votos válidos% en estos comicios.

El apoyo que recibió el líder apepista en los últimos años se perdió por mucho.

Y es que de acuerdo con información revisada por Correo, en las Elecciones Generales 2026, Acuña Peralta recibió solo el 21.6% de votos, en comparación con el respaldo que obtuvo en el 2021.

Es decir, que perdió el 78.4% de votos que recibió en los comicios de hace cinco años.

CIFRAS

En el 2021, César Acuña se presentó como candidato presidencial y obtuvo 867,025 votos.

El 6.021% de votos que recibió lo ubicó en el séptimo lugar entre 18 candidatos presidenciales.

Ese respaldo le permitió ganar 15 congresistas, es decir, APP se convirtió en la cuarta fuerza del Parlamento.

La mayor cantidad de votos llegaron de Lima (206,522), La Libertad (166,783), Lambayeque (58,849), Áncash (44,047) y Cajamarca (43,422).

Sin embargo, en estas últimas elecciones y con las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 97.396%, Acuña recibió 187,210 votos.

​​Es decir, fueron 679,815 votos menos para el apepista.

Eso equivale a una pérdida de 78.4% de votos a nivel nacional y en el extranjero en los últimos cinco años.

Si revisamos las mismas regiones antes mencionadas, pero con los resultados actuales, las cifras son las siguientes: Lima (30,694), La Libertad (32,147), Lambayeque (14,527), Áncash (9408) y Cajamarca (10,2017).

El decrecimiento en sus votos se refleja en todas las regiones del Perú y en el extranjero (ver infografía 1).

CAÍDA

El decrecimiento en las cifras de votación a la candidatura presidencial de Acuña Peralta, no solo se evidencian en todo el país, sino que toma mayor fuerza en La Libertad, región en la ocupó el cargo de gobernador.

Además, Acuña fue alcalde de Trujillo. Sin embargo, los espacios que eran considerados sus bastiones, lo han dejado de lado.

La diferencia es notoria, porque en 2021, Acuña Peralta obtuvo 166,783 votos en la región La Libertad. Sin embargo, en el 2026 solo acumula 32,147 votos.

En total perdió 134,636 votos, lo que representa una pérdida del 80.7% de sus votos en cinco años.

Para muestra hay varios botones. Pacasmayo es la provincia en la que Acuña consiguió 10,984 votos en el año 2021. Sin embargo, en las recientes elecciones solo consiguió 2680 votos.

En la provincia Sánchez Carrión pasó de 9056 a 1938 votos, mientras que en la provincia de Ascope pasó de 12,956 votos a 2476.

En tanto, la provincia de Trujillo tuvo un descenso de alto nivel.

Acuña pasó de 104,805 a 15,937 votos.

Eso representa una caída del 84.80% en comparación con sus votos del 2021.

ANÁLISIS

Para Carlos Helfer, consultor en comunicación política, gubernamental y electoral, existen una multiplicidad de factores que explican la caída de César Acuña.

Uno de esos primeros factores es el desgaste natural por su apoyo abierto a la expresidenta Dina Boluarte, debido a que APP la sostuvo en el gobierno.

Como se recuerda, el apepismo fue cuestionado por tener una cuota de poder en el Gabinete Ministerial y a pesar de haberlo negado, algunos ministros fueron posteriormente candidatos al Congreso por ese partido.

Entre ellos están los exministros César Vásquez (Salud), César Sandoval (MTC) y Juan José Santiváñez (Interior), quienes tentaron un escaño en el Parlamento sin éxito.

En diálogo con Correo, Helder sostuvo que negar esa cuota en la gestión de Boluarte le jugó en contra.

“En la cabeza de las personas ocurre una disonancia cognitiva. Tú le dices a la gente que no harás algo y luego lo haces. Acuña estuvo con Boluarte, la apoyó, la sostuvo en el gobierno y esa votación de las elecciones, me parece un rechazo contundente de la ciudadanía”, explicó.

Además, consideró que Trujillo le dio un voto de sanción a Acuña.

“Ese desgaste se trasladó (en los votos), sumado al tema de la inseguridad en Trujillo, lugar que fue bastión del partido de Acuña”, indicó.

En otro momento, Helfer Bejarano consideró que la campaña de Acuña no fue buena porque recurrió en demasía al uso de lo digital, los streamers y recursos meméticos para llegar a los jóvenes.

“No me parecía una mala estrategia usar Tik Tok, porque tiene una cantidad de +/- 28 millones de usuarios, sino la vinculación que tienes en esa plataforma. El marketing de influencias me parece efectivo hasta que entró al debate público y evidenció que la vinculación con los streamers no era genuina”, afirmó.

EL PROBLEMA

Acerca de las Elecciones Municipales y Regiones 2026, Helfer recordó que cada campaña tiene su propia dinámica y que “el partido debe jugarse”.

“En una elección presidencial eliges presidente y para la elección municipal, un alcalde o un presidente regional. Ellos tienen diferentes características, porque hay quienes pueden pensar que una persona puede ser buena como alcalde”, dijo.

En ese sentido, consideró que APP debe evaluar cuánto desgaste tuvo el partido en estos comicios y cómo se trasladará en los votos reales de las elecciones de octubre.

“APP debe determinar si el presidente del partido, César Acuña, ya no es un activo positivo para los propios candidatos (a gobiernos locales y regionales). Es una evaluación difícil, pero no se tiene que eludir”, señaló

Al respecto, el experto recordó que candidatos a diputados y senadores del apepismo, obtuvieron una mayor cantidad de votos en comparación de Acuña.

Por ejemplo, APP al Senado por distrito único electoral, alcanzó 313,728 votos, es decir, casi el doble de votos que obtuvo Acuña como candidato presidencial.

“Es probablemente la campaña que más ha invertido de marketing de influencers pero es el peor desempeño a nivel presidencial. No necesariamente (el problema) son los candidatos, sino él (César Acuña)”, concluyó.

El máximo órgano electoral indicó que la medida responde a la “necesidad de elevar los estándares“ de control y verificación de los sistemas informáticos de los comicios del 12 de abril.

Esta revisión contará con el acompañamiento del Comité Académico de Expertos y de Apoyo en materia electoral, que estará integrado por especialistas en tecnología y ciberseguridad.

El grupo, integrado por al menos cuatro representantes de universidades privadas del Perú, incorporará nuevos investigadores nacionales e internacionales.

Desde las universidades, participarán Juan Salazar Campos, representante de la Universidad San Ignacio de Loyola; Augusto Bernuy Alva, representante de la Universidad de San Martín de Porres; Manuel Alberto Balladares Ramírez, representante de la Universidad de San Martín de Porres y Ronald Cárdenas Krenz, representante de la Universidad de Lima.

El organismo extendió el alcance de esta revisión a la segunda vuelta electoral y a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Contraste

Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado para defender la validez de sus sistemas.

El ente electoral informó que encargó una auditoría externa a la empresa M&T International, que se extendió 168 días calendario desde el 13 de noviembre de 2025.

La ONPE afirmó que el dictamen concluyó que sus tres plataformas (STAE, Sistema de Cómputo Electoral y Sistema de Presentación de Resultados) operaban en condiciones “adecuadas” para los comicios.

Asimismo, detalló que las 36 organizaciones políticas participantes fueron convocadas a una sesión informativa en su sede central, pero que solo 22 acudieron a la cita.

Entre los asistentes estuvieron Fuerza Popular, APP, Perú Libre y el FREPAP, pero no Renovación Popular.

El sistema del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registró que 43 de 60 órganos jurisdiccionales alcanzaron el 100% de expedientes atendidos, lo que marca el cierre total de la calificación en la mayoría del país.

El progreso general en la revisión de actas observadas en todo el territorio asciende al 95,48%.

Destacados

El JEE Lima Centro 2 recibió 745 actas presidenciales; le siguen Coronel Portillo, en Ucayali, con 188, y Pacasmayo, en La Libertad, con 185. Los tres resolvieron la totalidad pese a la alta carga procesal.

El interior del país concentra gran parte del cumplimiento total.

En Cajamarca, Huánuco, Arequipa y La Libertad, tres jurados por región ya concluyeron la revisión.

En Áncash, Junín, Ayacucho, Cusco, Puno y Lambayeque, lo hicieron dos por región.

Mientras que en San Martín, Amazonas, Loreto, Ucayali, Moquegua, Tacna, Piura y Tumbes, solo uno finalizó el proceso.

Estos órganos completaron la totalidad de expedientes asignados dentro de los plazos establecidos.

Pendientes

Lima Oeste 1 registra el menor avance con 69,64%, seguida de Lima Este 1 (77,05%), Lima Norte 2 (80,22%), Callao (82,54%) y Lima Sur 1 (86,73%).

Otros jurados mostraron grandes progresos como Andahuaylas (90,32%), Sullana (90,70%), Bagua (91,23%), Maynas (91,45%), Tambopata (92,59%), Ica (93,04%), Piura 1 (94,19%) y Lima Norte 3 (95,18%) continúan en la etapa final y mantienen expedientes en trámite al cierre de la edición.

Aún tienen plazo hasta el próximo 7 de mayo para realizar sus audiencias públicas de recuento de votos.

Los jueces “deben poder participar en el debate público sobre la organización, el funcionamiento y la independencia del poder judicial” sin temor a “presiones, medidas disuasorias o procedimientos que puedan obstaculizar el ejercicio de sus funciones institucionales”, afirmaron en un comunicado.

Ordóñez, presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima, intervino en noviembre de 2024 en una audiencia de la CIDH sobre independencia judicial en América, donde abordó la situación en Perú.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación sobre esa participación a raíz de la denuncia presentada por una congresista en septiembre de 2025, casi un año después de los hechos, y este jueves decidió no ratificarle en el cargo.

“Nos preocupa que estas acciones puedan constituir un intento de castigar y silenciar al juez Ordóñez por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y por defender la independencia del poder judicial en Perú”, señalaron las expertas.

Los ciudadanos recibieron asistencia consular, que incluyó alojamiento, alimentación y acompañamiento durante su proceso de repatriación.

Según detalló la Cancillería, el domingo 3 de mayo está previsto el arribo de un peruano, mientras que el lunes 4 llegarán otros seis ciudadanos que ya partieron de Moscú con apoyo de funcionarios diplomáticos.

Además, se indicó que aún quedan dos connacionales pendientes de retorno, cuya situación se espera resolver en los próximos días.

La entidad precisó que estas acciones forman parte de las medidas adoptadas frente a la situación de peruanos que viajaron al extranjero para prestar servicios en fuerzas armadas de otros países.

En ese contexto, se han implementado protocolos específicos de atención consular para responder a cada caso.

Finalmente, la Cancillería señaló que la Embajada del Perú en Rusia y su sección consular continúan atendiendo de manera permanente a los ciudadanos que requieran apoyo, recordando que se mantienen habilitados canales de contacto las 24 horas para brindar asistencia y orientación.

📄Comunicado de Prensa 015-26: 18 connacionales retornan al Perú desde Rusia con apoyo de nuestra Embajada y Sección Consular.

👉https://t.co/qm2qPlHqxV pic.twitter.com/Ehcbot0XM2

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 3, 2026

La medida fue formalizada mediante un acuerdo suscrito el 29 de abril y publicado en el diario El Peruano.

Según el documento, la licencia regirá desde el 4 de setiembre hasta el 4 de octubre de 2026, en cumplimiento de la Ley de Elecciones Municipales, que exige a los funcionarios públicos apartarse del cargo al menos 30 días antes de los comicios para postular.

El acuerdo también establece que, durante ese periodo, se encargará el despacho de alcaldía conforme al mecanismo de sucesión previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades, garantizando la continuidad administrativa en el distrito.

Cabe recordar que Carlos Bruce anunció su candidatura a la alcaldía de Lima por el partido Somos Perú, con la intención de participar en las elecciones internas para oficializar su postulación.

Anteriormente, el excongresista había señalado en RPP que la capital enfrenta serios problemas, especialmente en transporte y desarrollo urbano, por lo que considera urgente un cambio en la gestión municipal.

Asimismo, indicó que evaluó continuar en la alcaldía de Surco; sin embargo, descartó esa posibilidad debido a la prohibición de reelección vigente, lo que lo llevó a optar por postular al municipio metropolitano.

La medida contará con el acompañamiento de un comité académico integrado por expertos nacionales e internacionales.

A través de un comunicado, el organismo electoral señaló que esta acción busca elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos, garantizando que cada etapa del procesamiento electoral sea validada bajo criterios técnicos independientes y rigurosos.

El JNE precisó que la auditoría será supervisada por el Comité Académico de Expertos y de Apoyo en Materia Electoral, conformado por profesionales externos sin vínculo institucional con la entidad, lo que asegura la emisión de opiniones objetivas y sustentadas en evidencia técnica.

Asimismo, se informó que se promoverá la participación de especialistas en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas mediante mecanismos de cooperación institucional, con el fin de garantizar una revisión imparcial alineada a estándares internacionales.

El organismo también indicó que este comité continuará brindando acompañamiento técnico durante la segunda vuelta presidencial y en las elecciones regionales y municipales previstas para octubre. Con ello, el JNE reafirmó su compromiso de garantizar procesos electorales íntegros, auditables y confiables para la ciudadanía.

#JNEInforma | El JNE ha dispuesto la realización de una auditoría informática integral y exhaustiva al proceso electoral de la primera vuelta de las #EG2026, como una acción concreta para reforzar la transparencia, la integridad y la confiabilidad de los resultados electorales. pic.twitter.com/rUCDuNSb9J

— JNE Perú (@JNE_Peru) May 2, 2026

En declaraciones a Canal N, Inga rechazó que la iniciativa del burgomaestre vulnere el principio de neutralidad electoral. Por el contrario, sostuvo que el alcalde actúa dentro de sus competencias al representar los intereses de la población limeña frente a lo que considera una afectación a un derecho fundamental.

La regidora también cuestionó la interpretación de los organismos electorales sobre lo ocurrido durante el proceso, señalando que más de un millón de ciudadanos habrían quedado sin votar. En ese sentido, remarcó que esta situación no puede ser ignorada y que las autoridades deberán responder tanto en el ámbito político como legal.

Asimismo, precisó que la normativa actual contempla elecciones complementarias principalmente en procesos municipales y regionales, mas no presidenciales. No obstante, consideró que este vacío legal podría ser evaluado por el Tribunal Constitucional, instancia que tendría la potestad de determinar si se han vulnerado derechos fundamentales.

Finalmente, advirtió que el descontento ciudadano podría derivar en movilizaciones sociales en el centro de Lima, afectando actividades económicas. Inga confirmó que el Concejo Metropolitano aprobó la demanda de amparo, la cual será formalizada en el marco legal correspondiente.

La entidad informó que el 25 de marzo convocó a las 36 organizaciones políticas que participaron en los comicios para explicar el funcionamiento de las plataformas utilizadas en el proceso.

Durante esa reunión, especialistas expusieron detalles sobre el sistema de apoyo al escrutinio, el cómputo electoral y la plataforma de presentación de resultados.

La ONPE indicó que los personeros técnicos también fueron invitados a recibir información más detallada, incluido el acceso al código fuente de los sistemas.

En estas jornadas participaron agrupaciones como Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Perú Libre, Alianza para el Progreso y Avanza País, además de representantes del Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo y observadores internacionales.

Además, el organismo precisó que sus sistemas fueron sometidos a una auditoría externa a cargo de MIT International durante 168 días desde noviembre de 2025.

#LoÚltimo

ONPE responde a críticas por resultados electorales en los comicios, llevados a cabo el pasado 12 de abril

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/VTGkJoMgIY

— Canal N (@canalN_) May 2, 2026

Te puede interesar

• Galaga participará en licitación para balotaje
• Keiko respalda pedido de auditoría internacional a la ONPE
• Antauro confirma su sociedad con Roberto Sánchez
• Cronograma del concurso convocado por la JNJ para elegir a jefe ONPE
• TC rechazó hábeas corpus de Juan Santiváñez contra el Ministerio Público
• Fiscalía abre investigación por presunta trata de peruanos enviados a Rusia

Desde los exteriores del local de su partido en el jirón Tarma, en el Cercado de Lima, Sánchez cuestionó la conducta del burgomaestre y aseguró que habría incurrido en acciones incompatibles con su cargo.

“Creo que a todas luces hay una acción allí que viola la neutralidad. El señor no se ha dado cuenta que es el alcalde, tiene una autoridad edil y no tiene descanso como para emitir opiniones y acciones que contravienen esa neutralidad”, declaró.

El candidato indicó que la denuncia no responde únicamente a una postura partidaria y afirmó que otros sectores también habrían advertido posibles irregularidades.

También añadió que el caso debe seguir el procedimiento correspondiente en las instancias electorales.

Te puede interesar

• Galaga participará en licitación para balotaje
• Keiko respalda pedido de auditoría internacional a la ONPE
• Antauro confirma su sociedad con Roberto Sánchez
• Cronograma del concurso convocado por la JNJ para elegir a jefe ONPE
• TC rechazó hábeas corpus de Juan Santiváñez contra el Ministerio Público
• Fiscalía abre investigación por presunta trata de peruanos enviados a Rusia

De acuerdo con el reporte del sistema integrado jurisdiccional, los 60 Jurados Electorales Especiales continúan con la calificación de actas.

De ese total, 39 ya concluyeron al 100% este procedimiento en sus respectivas jurisdicciones.

Entre los órganos electorales que completaron esta etapa figuran los de San Román, Arequipa 1, Lima Sur 2, Lima Centro 1, Trujillo, Cañete, Huancavelica, Pasco y Huaraz, entre otros distritos electorales.

Respecto al recuento de votos, el avance nacional llegó a 66,50%. El JNE precisó que las audiencias públicas deberán realizarse como máximo hasta el jueves 7 de mayo y recordó que estas sesiones son transmitidas en tiempo real a través de su portal web institucional y su canal oficial.

Te puede interesar

• Galaga participará en licitación para balotaje
• Keiko respalda pedido de auditoría internacional a la ONPE
• Antauro confirma su sociedad con Roberto Sánchez
• Cronograma del concurso convocado por la JNJ para elegir a jefe ONPE
• TC rechazó hábeas corpus de Juan Santiváñez contra el Ministerio Público
• Fiscalía abre investigación por presunta trata de peruanos enviados a Rusia

El candidato explicó que los acercamientos se vienen realizando principalmente con agrupaciones que también participaron en los comicios.

“Básicamente todo el bloque de las nuevas representaciones políticas”, señaló al referirse a los sectores con los que busca alcanzar acuerdos.

Sánchez evitó brindar mayores detalles sobre estas coordinaciones, aunque indicó que el objetivo es consolidar una propuesta conjunta que fortalezca su posición en caso avance al balotaje.

Según indicó, su agrupación continúa en una etapa de diálogo con diversos actores políticos.

En otro momento, el candidato participó en una movilización por el Día Internacional del Trabajo junto a gremios sindicales y simpatizantes.

Te puede interesar

• Galaga participará en licitación para balotaje
• Keiko respalda pedido de auditoría internacional a la ONPE
• Antauro confirma su sociedad con Roberto Sánchez
• Cronograma del concurso convocado por la JNJ para elegir a jefe ONPE
• TC rechazó hábeas corpus de Juan Santiváñez contra el Ministerio Público
• Fiscalía abre investigación por presunta trata de peruanos enviados a Rusia

El pedido fue formulado este jueves por gremios empresariales como la Asociación de Exportadores, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación Automotriz del Perú y la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, a través de un comunicado.

Apoyo

La postulante a la presidencia se mostró a favor al ser consultada por la prensa sobre esta iniciativa.

“Yo creo que toda medida que pueda corregir será importante de cara a analizar los resultados de la primera vuelta y, sobre todo, también de cara a la segunda vuelta. Este pedido me parece importante y esperamos que esto pueda hacerse en estas semanas”, señaló.

En otro momento, Fujimori subrayó que la elección del nuevo jefe de la ONPE debe realizarse con criterios técnicos y plena transparencia.

“Creo que algo muy importante que se debe buscar en el próximo jefe de la ONPE es la preparación técnica, su imparcialidad, y por supuesto la convocatoria amplia, las entrevistas que se hagan de manera pública”, indicó.

Asimismo, la lideresa de Fuerza Popular cuestionó que un excandidato de Juntos por el Perú haya asumido la defensa del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto.

“A mí algo que me llamó la atención, es que el señor Julio Arbizú ha sido candidato y militante de Juntos por el Perú, es un hecho que también lo pinta de cuerpo entero, porque hay dos cosas que uno como persona elige: los médicos y el abogado. Y creo que esta decisión también lo desacredita de cara hacia el futuro, porque ya no podemos llorar sobre leche derramada”, declaró.

Así lo anunció su abogado, Cristian Castillo, en Canal N, quien defendió la participación de la compañía en el nuevo proceso.

“Queremos demostrar que Galaga puede ganar en cualquier concurso, porque tiene la capacidad como empresa, tiene la responsabilidad moral como empresa y tiene las manos limpias”, resaltó el defensor legal.

Está preparada

Castillo sostuvo que la empresa ganó la pasada licitación por su capacidad técnica y logística, así como por su cumplimiento legal y transparencia.

“No tenemos la seguridad de que vamos a ser los transportadores, pero sí nos vamos a presentar para demostrar que sí tenemos la capacidad y que lo que hemos hecho ha estado bien”, afirmó.

Asimismo, negó que la empresa tenga responsabilidad en la descalificación de otras compañías en la licitación para la primera vuelta. “No es responsabilidad de Galaga que las otras empresas no tengan la capacidad técnica para preparar una propuesta técnica tan sencilla”, replicó.

Añadió que la empresa competidora –Hermes– solo tiene camiones de hasta 4 metros cúbicos, cuando la ONPE exigía un mínimo de 10 metros cúbicos.

Sobre otra de las condiciones de la licitación, el abogado sostuvo que en los términos de referencia (TDR) “solo exigían acreditar contratos por 4.5 millones de soles o más”.

“(El Consorcio) AFE tiene más de 30 millones de soles en contratos con el Estado. Todo el Ministerio Público lo trabaja AFE; entonces, que no haya presentado la experiencia no es culpa ni de Galaga ni de los funcionarios de ONPE”, puntualizó.

El congreso fue convocado a las 10:00 de la mañana, pero comenzó una hora más tarde con la presencia de decenas de simpatizantes.

Humala Tasso compartió la mesa central con el excandidato presidencial de la alianza Venceremos, Ronald Atencio; el secretario general del partido comunista Patria Roja, Julio Mendoza García; y sus dirigentes nacionalistas.

Encuentro

Humala empezó su discurso al evocar los supuestos inicios del etnocacerismo en los cuarteles del Ejército Peruano, en la época del terrorismo, así como sus motines en Locumba, Tacna (año 2000); y en Andahuaylas, Junín (año 2005).

“No tenemos partido, pero, repito, estamos siempre en el eje de la política. ¿Por qué? Por nuestra ideología”, enfatizó.

Asimismo, criticó a la prensa por tratar de ser “consejeros” del candidato presidencial del partido Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, y convencerlo de no aliarse con el nacionalismo.

“No hay un papel escrito, ni los papeles escritos son vinculantes. Acá lo que se trata es de la convergencia de dos posiciones políticas históricas”, enfatizó sobre su relación con JP.

Al respecto, Antauro Humala reconoció que, como asegura Roberto Sánchez, no hay una “alianza formal” con Juntos por el Perú, pero que esto se debe a que A.N.T.A.U.R.O. perdió su inscripción en marzo del año pasado, debido a sus declaraciones contra el orden constitucional.

En esa línea, Humala dejó en claro que el respaldo etnocacerista a Sánchez es abierto e incondicional de cara al balotaje.

Recordó que la pérdida de la inscripción de A.N.T.A.U.R.O. los obligó a apoyarse en JP como la opción más cercana a sus postulados, como el de instalar una asamblea constituyente.

Propuestas

El punto de encuentro más sólido entre A.N.T.A.U.R.O. y Juntos por el Perú es la demanda de una asamblea constituyente. Humala Tasso dedicó una parte extensa de su intervención a este eje, que calificó como “el principal punto que nos une” con Roberto Sánchez.

“La única manera de apaciguar la ansiedad popular, la ansiedad social, es garantizando la Asamblea Constituyente”, afirmó.

El exreo por rebelión reiteró, además, su conocida iniciativa del fusilamiento de corruptos y “presidelincuentes”, planteamiento que calificó como “propio del etnocacerismo” y que forma parte de los diez puntos estratégicos de su organización.

Planteó una amnistía general de presos políticos como condición para garantizar la gobernabilidad de un eventual gobierno de Roberto Sánchez.

La medida no sería exclusiva para las izquierdas, porque incluiría al expresidente y golpista Pedro Castillo, al congresista Guillermo Bermejo y a otros dirigentes judicializados, pero también a militares condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno.

“Cuando digo de presos políticos, estoy diciendo no solamente a Pedro Castillo y a todos los hermanos del castillismo presos o perseguidos, a nuestro hermano Guillermo Bermejo, y otros luchadores más, todos los judicializados”, precisó.

Para Humala, una amnistía parcial solo direccionada a un sector político haría que el proceso comenzara “cojo”.

El político radical también apuntó contra el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, a quien acusó de responder a intereses extranjeros por encima del Estado peruano.

“Julio Velarde es el empleado, es el obrero, el ‘cholillo’ de la Reserva Federal norteamericana y de los bancos privados que son dueños de esa Reserva Federal. Y estos son los que dirigen nuestra macropolítica económica”, sostuvo.

Humala agregó que un “gobierno refundacional”, del que se sentiría parte, deberá repatriar las reservas de oro custodiadas en el exterior y replantear esa relación con los poderes financieros internacionales.

Balances

El exconvicto también escuchó los informes de las delegaciones regionales, que se adjudicaron parte del mérito de los resultados de la primera vuelta de Sánchez y sus postulantes al Congreso bicameral.

Las regiones de Apurímac y Madre de Dios informaron haber alcanzado el cien por ciento de los cupos al Senado y Cámara de Diputados en sus circunscripciones, colocando un senador y dos diputados.

“Madre de Dios obtuvo más de 18 mil votos en toda la región a favor del partido Juntos por el Perú, obteniendo como resultado la victoria total, poniendo un senador, el compatriota Hugo Ccahuana, y dos diputados para que trabajen en este congreso a nivel regional durante todo este periodo. El compatriota James (Holguin) y la compatriota Haydee (Poma)”, resaltó la tesorera nacional de A.N.T.A.U.R.O., Guillermina Bengolea.

La delegación de La Libertad, por su parte, atribuyó al trabajo etnocacerista la elección de un diputado de JP en el norte del país. “Gracias a Antauro, gracias a la ideología de Antauro”, afirmó el delegado regional Pakin Rodríguez.

Análisis

El politólogo Jean Carlos Rodríguez explicó que el etnocacerismo sí podría incidir en las decisiones del próximo gobierno mediante su cuota parlamentaria.

“Podría condicionar sus votos a cambio de alguna intervención en el aparato estatal”, alertó.

En cuanto al peso electoral, el analista recordó que en 2021 el etnocacerismo representó un respaldo cercano al 7 u 8%, cifra que en un balotaje ajustado resultaría relevante para Sánchez.

“Las intenciones de Sánchez son moderarse para atraer votos del centro, pero no podrá convencer teniendo a alguien tan radical como Antauro como aliado”, concluyó