Según la tesis fiscal, López-Aliaga lideró una presunta red que operó con sociedades offshore en Panamá, Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas con el objetivo de obtener y legitimar fondos de origen ilícito entre el 2010 y 2018.

De acuerdo a lo decidido por la Tercera Sala Penal de Apelaciones, el exalcalde de Lima podrá ser investigado hasta el 27 de octubre del 2026.

La instancia judicial redujo a 15 meses el plazo de 24 meses otorgado por el juez Jorge Chávez Tamariz en septiembre del 2025.

El cálculo se realizó considerando el cierre de la investigación preparatoria, el 27 de julio de 2025.

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Castro sostuvo en RPP que la movilización de los gremios del sector educativo realizada la última semana tuvo entre sus principales demandas la defensa de los derechos laborales y el incremento de las pensiones de los docentes retirados.

Además, cuestionó las declaraciones del titular del MEF y pidió al Gobierno priorizar el diálogo con las organizaciones sindicales.

El dirigente sindical consideró que las afirmaciones de Cuba pueden generar un clima de confrontación y polarización. En ese sentido, exhortó al Ejecutivo a buscar consensos y establecer mesas de diálogo con los trabajadores para abordar las medidas que afectan al sector.

Sobre el incremento de las pensiones, Castro señaló que la medida representa un acto de justicia social para más de 200 000 maestros cesantes y jubilados. Indicó que actualmente algunos reciben pensiones de entre 472 y 700 soles, montos que, según afirmó, resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

El secretario general del SUTEP sostuvo que el Estado podría obtener mayores recursos mediante la revisión de determinadas exoneraciones tributarias. También destacó el aporte de los maestros a través de la renta de quinta categoría como una fuente que debería ser considerada para financiar políticas sociales.

Finalmente, Castro pidió que el proyecto de Presupuesto General de la República para 2027 incluya medidas concretas a favor de los trabajadores y docentes.

El dirigente afirmó que el Gobierno debe demostrar voluntad política para atender las demandas del sector y resolver los problemas mediante el diálogo y la concertación.

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La sesión fue convocada por el presidente del Parlamento, Miguel Torres, y está programada para las 4 p.m. en el hemiciclo del Palacio Legislativo.

De acuerdo con la agenda, los legisladores sesionarán para definir el número de integrantes de este órgano que, en el flamante Legislativo bicameral, deberá contar con una representación proporcional de senadores y diputados.

Además, se establecerá la cantidad de miembros de las comisiones bicamerales de Presupuesto y de la Cuenta General de la República.

Antes del pleno, la Junta de Portavoces Conjunta se reunirá a las 10 a.m. en la Sala Grau para coordinar los temas de la jornada.

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El pedido de la oposición busca que Belaúnde responda ante la Cámara de Diputados por los presuntos aportes económicos vinculados a Evangelina Arias, presidenta del directorio de Minera Poderosa, y por el supuesto uso de las Fuerzas Armadas para brindar seguridad a las instalaciones y campamentos de la empresa en Pataz, La Libertad.

En entrevista en RPP, el ministro explicó que Arias realizó aportes personales al partido Libertad Popular y no en representación de Minera Poderosa. En ese sentido, afirmó que la empresa no financió su campaña y remarcó: “Yo no he recibido un centavo de la señora Arias ni de la Minera Poderosa”.

Belaúnde también negó haber trabajado para la compañía minera o mantener algún vínculo comercial con ella. Señaló que conoce a Arias y que su relación se limita al ámbito personal, descartando cualquier conflicto derivado de una relación laboral o empresarial.

Sobre el estado de emergencia en Pataz, el titular de Defensa rechazó que este haya sido declarado o utilizado para proteger los intereses de Minera Poderosa.

Sostuvo que la presencia de las Fuerzas Armadas responde a la necesidad de enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la zona y utilizan armas de fuego.

Finalmente, Belaúnde afirmó que acudirá al pleno de la Cámara de Diputados si la moción de interpelación es aprobada.

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La medida, que estará vigente hasta el 15 de noviembre de 2026, busca frenar el impacto del alza de los precios internacionales de los hidrocarburos sobre el costo de los pasajes y fletes.

El decreto crea dos mecanismos diferenciados:

El primero, denominado Mecanismo de Estabilidad del Transporte para Asegurar la Continuidad Operativa a nivel Nacional (META-Nacional), está dirigido a transportistas del servicio regular de personas en los ámbitos nacional, regional y provincial, así como al transporte de mercancías.

El segundo, META-Lima y Callao, aplica a los operadores autorizados por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). En ambos casos, la ATU es la entidad encargada de administrar operativamente los subsidios.

Alcances

Para el META-Nacional, el subsidio es de S/4 por galón de diésel B5 o B20 adquirido, acreditado mediante comprobantes de pago electrónicos.

Cada vehículo tiene un tope: desde 552.52 galones para vehículos N1 hasta 1,915.41 para la categoría M3. Para el META-Lima y Callao, el subsidio es en función del kilometraje recorrido y validado por el Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM): S/0,50 por kilómetro para ómnibus, S/0,40 para minibús y S/0,30 para microbús.

Para acceder a cualquiera de los dos mecanismos, el transportista debe contar con título habilitante y habilitación vehicular vigentes, tener RUC activo y en condición de habido, y no haber presentado información falsa. El pago no puede ser embargado ni retenido por orden judicial o administrativa.

Precisó que debería crearse un Fondo Minero para brindar asistencia técnica, además de establecer un efectivo mecanismo de trazabilidad y mejorar el acceso al crédito para que no acudan a los ilegales que les facilitan dinero a cambio de su producción.

El REINFO vence el 31 de diciembre, ¿el Ejecutivo tendrá tiempo para proponer una ley de formalización minera?

Creería que lo más probable es que se prorrogue porque armar una ley tomará tiempo. Hay varios proyectos y el Ejecutivo tendrá que organizarse para poder tener una propuesta que sea realmente efectiva, que mejore la productividad, que brinde servicios a los mineros que están en proceso de formalización y obviamente una decisión política de erradicar a los que están en zonas donde no deben operar, que son los ilegales totalmente.

Son dos cosas aparte.

Sí, pero tienen que ir juntas. Si levantamos los controles, más se van a pasar a lo ilegal. Entonces, lo ilegal es lo primero que se tiene que erradicar, generando desincentivo para que se vayan a la minería legal. Pero todo responde a un sistema coordinado que tiene que ir de la mano. Está la creación del Fondo Minero para brindar asistencia técnica. Son varias aristas en las que hay que trabajar, hay que diseñarlo muy bien y tenemos una oportunidad de oro. Y si la desperdiciamos por agilizar y por tratar de hacerlo todo mucho más rápido, creo que vamos a tener problemas.

Entonces, ¿dos meses no serán suficientes?

Está el mecanismo de trazabilidad, que es bastante importante. También los mecanismos para mejorar la productividad, introducción de prácticas sostenibles en la pequeña minería, respeto de los derechos humanos. Facilitar el acceso al crédito e inclusive hasta un nuevo sistema tributario. Creo que todo esto viene en un combo para poder generar incentivos y que el minero informal no se vaya a la ilegalidad. Hoy día tienen muy poco acceso al crédito y si no reciben dinero del sistema formal, acuden al sistema informal y ahí está el ilegal que les adelanta dinero a cambio de su producción. Como que también la economía formal le cierra la puerta a los que se quieren formalizar y terminan en la ilegalidad.

Dijo que se pueden dar incentivos tributarios...

El régimen que tienen los agroexportadores se lo pasaría a los mineros informales. Los agroexportadores, después de 20 años, creo que han tenido suficiente. Y si se establece un sistema de esa forma para los mineros que quieren formalizarse, son mineros que no pagan nada de impuestos ahora, empezarían a pagar.

Las normas para formalizar a la pequeña minería la tratan como grandes empresas y tendrían que pagar 29.5% por Impuesto a la Renta.

La idea justamente es esa, que se les aplique un régimen similar al de la agroindustria. Hay presión fiscal, pero se debe considerar que la minería informal no paga impuestos ahora. Hay que darle algún incentivo para que empiece a pagar en la medida que mejore la productividad para que puedan asumir los costos de la formalidad, porque la formalidad no es barata.

¿Y accederán al crédito formal?

Claro, o establecer un fondo de garantías tipo Reactiva en donde se les pueda dar crédito y con eso se van bancarizando y conforme lo hagan tendrán que adoptar, por presión del mercado, prácticas más amigables con el ambiente, no entrar en actividades ilícitas. Hay muchas cosas que el mismo hecho de bancarizarse implican. Y la evidencia demuestra que los pequeños empresarios o los microempresarios, lo que más valoran es el crédito y son los mejores pagadores. Entonces, si hacemos eso con los pequeños mineros, creo que se avanzaría. Hay algunas cajas que han avanzado con apoyo de algunas organizaciones u ONG, pero creo que el esfuerzo tiene que ser mucho mayor.

Pero, ¿se debe destinar más presupuesto para la formalización?

Un dato: el 0.01% del presupuesto de la República se destina a formalización minera. Con eso es poco lo que se puede lograr, por esto no tenemos ningún resultado.

¿Entonces hay que ampliar el Reinfo?

Yo lo cambiaría por un sistema que sea permanente, porque siempre va querer alguien entrar al negocio, pero un sistema permanente en donde estén las reglas claras, quizás un poquito más de sofisticación con los que están. Hacerlo más transparente, pero riguroso.

Más allá del 31 de diciembre, ¿cuánto más se podría ampliar el REINFO?

Yo creo que unos seis meses, ¿no? Para tener una buena ley.

Carlos Casas

Ex viceministro de Economía

Director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad UP. Profesor - Investigador de la Universidad del Pacífico. Fue decano de la Facultad de Economía de la UP. Ex miembro del Consejo Directivo de Servir.

Este proyecto se presenta pocos días después del accidente de Aerodiana en Nasca. ¿Ya lo tenían preparado o lo redactaron a raíz de esta lamentable tragedia?

El accidente de Nasca fue el detonante inmediato que nos llevó a priorizar y formular esta iniciativa. Sin embargo, el proyecto no se ha elaborado de manera improvisada ni pretende establecer responsabilidades antes de que concluya la investigación técnica. Hemos revisado la Ley de Aeronáutica Civil, las Regulaciones Aeronáuticas del Perú y los estándares internacionales de seguridad operacional para identificar una brecha concreta.

La finalidad no es legislar únicamente para un caso particular, sino convertir una dolorosa experiencia en una mejora estructural que alcance al transporte aéreo turístico y a las operaciones comerciales no regulares en todo el país.

Ica ha registrado varios accidentes aéreos en Nasca a lo largo de los años. ¿Esta situación pesó en su decisión de priorizar este proyecto ahora que inicia la legislatura?

Sí, definitivamente. Representar a Ica implica conocer de cerca la importancia que tienen los vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca para la economía regional, pero también la preocupación de la ciudadanía frente a los accidentes ocurridos a lo largo de los años.

Por eso consideré necesario priorizar una iniciativa preventiva. Nasca recibe turistas nacionales y extranjeros atraídos por un patrimonio cultural de valor mundial, y el Estado tiene la obligación de asegurar que las condiciones que permitieron autorizar a un operador se mantengan durante toda su actividad.

También se han reportado accidentes graves con tubulares en Huacachina, con turistas heridos y hasta fallecidos. ¿Está evaluando presentar proyectos similares para otros rubros del turismo en la región?

Sí, se está realizando la evaluación técnica y legal. La seguridad turística debe abordarse de manera integral y no limitarse al transporte aéreo. En Huacachina y otras zonas de la región existen actividades de aventura que requieren controles adecuados sobre vehículos, conductores, rutas autorizadas, seguros y fiscalización municipal y sectorial. Estamos evaluando el marco normativo aplicable a los tubulares y a otras actividades de turismo de aventura.

Según el MTC, Aerodiana tenía certificación legal vigente al momento del accidente. Si la empresa ya cumplía con los requisitos formales de la DGAC, ¿en qué cambiaría concretamente su proyecto este escenario?

Tener una certificación vigente significa que el operador cumplió determinadas condiciones para obtenerla y conservarla, pero la certificación, por sí sola, no elimina todos los riesgos operacionales ni sustituye la supervisión permanente.

El proyecto busca precisamente cerrar esa distancia entre estar formalmente autorizado y demostrar, de manera continua, que las condiciones de seguridad se mantienen. La iniciativa no presume que Aerodiana incumplió las normas ni atribuye causas al accidente; eso corresponde exclusivamente a la investigación técnica.

Su proyecto también menciona inspecciones inopinadas como parte de la vigilancia. Si bien la DGAC ya tiene esa facultad, ¿cómo cambiaría esto en la práctica?

El proyecto no pretende desconocer que la DGAC ya puede realizar inspecciones inopinadas. El cambio consiste en incorporar esta herramienta dentro de un deber legal de vigilancia continua basada en riesgos: deja de ser solo una facultad general y pasa a formar parte de los componentes mínimos que deben considerarse sistemáticamente.

La propuesta no fija una frecuencia única porque no todos los operadores presentan el mismo riesgo. La ley establece el deber y los criterios; la autoridad técnica determina cuándo y cómo intervenir.

Según lo que plantea, esto no va a “demandar recursos adicionales al Tesoro Público”, pero ¿ha podido conversar con el sector para saber si podrán hacer estas inspecciones continuas sin necesidad de más presupuesto?

El proyecto ha sido diseñado para utilizar los instrumentos de supervisión, inspección y programación que ya existen en la DGAC. No crea una nueva entidad, unidad orgánica, plazas, registros ni fondos públicos. Su principal cambio es organizacional y normativo: priorizar los recursos de fiscalización según el riesgo, en lugar de aplicar la misma intensidad de control a todos los operadores.

¿Ha conversado con otras bancadas para sumar apoyo? ¿Qué reacciones ha recibido hasta ahora?

El proyecto se encuentra en una etapa inicial de presentación y socialización. Dentro de nuestra bancada existe una preocupación compartida por fortalecer la seguridad de los servicios turísticos y evitar que hechos como el ocurrido en Nasca vuelvan a repetirse. También iniciaremos el diálogo con representantes de otras bancadas y con los integrantes de las comisiones que deberán estudiar la iniciativa. Considero que la protección de la vida y la seguridad del turista no son asuntos de una sola agrupación política.

EN CARRERA

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró infundada una tacha en contra de la postulación de Urresti, la cual fue presentada por la ciudadana Genoveva Mundaca, tras descartar los tres argumentos esbozados en el recurso.

Mundaca indicó que el candidato contaba con una condena por difamación agravada y, como consecuencia de ello, era merecedor de una inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos. Además, pidió que se realice un control difuso para desestimar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló una condena contra Urresti por homicidio (Caso Hugo Bustíos) y advirtió que este ocultó información en su hoja de vida al no consignar la pena de 12 años de prisión.

En relación al primer punto, el JEE precisó que la inhabilitación para postular solo corresponde a delitos como terrorismo, narcotráfico, violación sexual y los cometidos por funcionarios. Urresti recuperó sus derechos políticos tras ser rehabilitado en 2019.

Sobre el Caso Bustíos, el JEE recordó que no podía revisar una decisión firme del TC. Finalmente, consideró que Urresti sí informó sobre la condena anulada en el apartado de “Información Adicional” de su hoja de vida, donde explicó el fallo del TC.

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POSICIÓN

“Ni en fenómeno El Niño ni en seguridad ciudadana debe haber tolerancia, pues hay temas que pueden ser sacados mediante decretos de urgencia. Mientras se discuten las facultades legislativas, cuando se trata de medidas que son urgentes, el gobierno tiene un instrumento poderoso, que es la herramienta del decreto de urgencia. Se puede comenzar a gobernar de esa manera en temas de alto impacto y donde la gente no te va a cuestionar”, manifestó Molinelli en diálogo con este Diario.

La economista dio estas declaraciones en Trujillo, provincia que se encuentra en estado de emergencia desde hace dos años por la ola criminal que la azota. Solo entre enero y julio de este 2026, al menos 52 personas han sido asesinadas en la capital liberteña y la lucha contra la extorsión no deja de ser una tarea pendiente.

En esa línea, la también exministra de Desarrollo e Inclusión Social recalcó que no se pueden esperar cien días de gobierno para evaluar la gestión de Fujimori Higuchi en este tema. “El Plan Escudo no es suficiente aún. Se necesita una estrategia de inteligencia y de rastrillaje en las zonas rojas, calientes, donde están los focos de extorsión, sicariato. A ello hay que sumarle un compromiso profundo para combatir la minería ilegal, el narcotráfico y todo lo que ha capturado el poder político a través de gestores de intereses, llámese Congreso, alcaldes, entre otros”, sostuvo.

En cuanto a las acciones que ha iniciado el gobierno de Fujimori para acelerar los trabajos de prevención contra El Niño, dijo que la presidenta “está haciendo bien en atender el tema en la cancha, cerca al ciudadano”. “Un tema importante que ella ha demostrado es que no solamente deja la indicación, sino que regresa a verificar que la indicación esté implementada. En ese sentido, hay que saludar esa forma de actuar”, agregó.

OPTIMISMO

Molinelli enfatizó que le ha dado “el beneficio de la duda” a la mandataria y que hará una evaluación “mucho más exhaustiva” de su gobierno cuando cumpla los primeros cien días de gestión.

Aseveró también que no ha tenido ningún contacto con Fujimori, pero que de llamarla esta no tendría ningún problema en reunirse con ella “porque he servido 25 años a mi país, más allá del gobierno de turno”.

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El pedido fue presentado cuando el gobierno de Keiko Fujimori apenas cumplía 16 días de gestión, lo que convierte a la iniciativa en la segunda interpelación más rápida registrada en los últimos 25 años.

Récord

El antecedente más cercano corresponde al gobierno de Pedro Castillo. El 12 de agosto de 2021, apenas 15 días después de asumir la presidencia, múltiples bancadas presentaron una moción de interpelación contra Héctor Béjar, entonces ministro de Relaciones Exteriores.

El pedido se originó por sus declaraciones sobre el terrorismo y la Marina de Guerra. En un video difundido tras su designación, Béjar afirmó que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina”.

También sostuvo que miembros de la Marina habían sido entrenados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

Sus declaraciones provocaron el rechazo de la institución castrense y una fuerte presión política para su salida.

Cinco días después de presentada la moción, Béjar presentó su renuncia irrevocable al cargo. Había permanecido menos de tres semanas como canciller. No llegó a ser interpelado.

El segundo antecedente más veloz se registró durante el gobierno de Ollanta Humala.

El 30 de setiembre de 2011, dos meses después del inicio de su gestión, la entonces bancada fujimorista presentó una moción contra Aída García-Naranjo, ministra de Mujer y Desarrollo Social.

La iniciativa estuvo relacionada con la muerte de tres niños que habían ingerido alimentos proporcionados por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa).

Contraste

La diferencia con otros gobiernos es marcada. En las gestiones de Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski las primeras mociones de interpelación llegaron después de varias semanas de iniciado el mandato.

Durante el gobierno de Toledo, la primera interpelación se presentó el 13 de noviembre de 2001, casi cuatro meses después de asumir, contra los ministros Fernando Olivera (Justicia), Fernando Rospigliosi (Interior) y David Waisman (Defensa), por cuestionamientos a la seguridad del penal de la Base Naval del Callao.

En la gestión de García, la primera interpelación ocurrió tres meses después de que este asumiera. Fue el 26 de octubre de 2006 cuando el entonces ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia Romero, fue interpelado por los cuestionamientos a la contaminación minera y petrolera.

En el gobierno de Kuczynski, la primera interpelación se presentó el 23 de noviembre de 2016, casi cuatro meses después del inicio de su mandato, contra el entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra.

La moción, presentada por Fuerza Popular, cuestionó una presunta compra dirigida de computadoras y la demora en la organización de los Juegos Panamericanos 2019.

Negativa

La jueza Ana Osorio Sosa escuchó a ambas partes el último 12 de agosto. En la audiencia virtual estuvieron presentes el abogado de el exdignatario, el exfiscal José Domingo Pérez y los representantes de la defensa del Estado.

También participó Castillo Terrones, quien fue el último en tomar la palabra antes de culminar la sesión. “Señora magistrada, hemos recurrido a su despacho porque creemos que va a marcar una postura diferente”, indicó.

La decisión de la jueza constitucional, sin embargo, distó de ello. Si bien el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la ONU, a través de la Opinión N° 78/2025, concluyó que Castillo fue detenido de forma “arbitraria”, la magistrada recordó que tanto este equipo como sus opiniones no interfieren en el sistema de justicia nacional.

“No constituye una decisión (la Opinión) de carácter jurisdiccional que resulte vinculante al Estado peruano y que, por ende, incida de manera directa en los procesos o decisiones jurisdiccionales emitidas a nivel interno”, puntualizó.

Luego, remarcó que el proceso penal contra el exmandatario aún no ha concluido, pues la sentencia de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión en su contra fue apelada por su defensa.

“La jurisdicción ordinaria no ha emitido pronunciamiento definitivo donde eventualmente podría evaluar las consideraciones expuestas en la Opinión N° 78/2025”, detalló la jueza. Finalmente, señaló que no correspondía mayor pronunciamiento debido a que eso “escapa de la competencia del juez constitucional al ser una tarea exclusiva del juez ordinario”.

Una revisión de Correo a las hojas de vida del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las declaraciones juradas de la Contraloría permitió identificar que 15 alcaldes distritales de Lima Metropolitana han colocado a familiares como candidatos para sucederlos.

Los casos involucran a 5 esposas, 4 hijos, 3 hermanos, 2 padres y hasta un sobrino.

Consorte

El caso más notorio es el del alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison Oyague, quien aspira al sillón de la Municipalidad Metropolitana de Lima por Avanza País, mientras que su cónyuge Carla Robbiano Montes de Allison busca convertirse en la próxima autoridad de dicho distrito.

Para Allison, la postulación de su pareja responde a la solicitud de sus simpatizantes dentro de su jurisdicción.

“Entender que estamos en una democracia. ¿Quién va a decidir si Carla Robbiano, mi esposa, es la alcaldesa de Magdalena? (..) son los vecinos y vecinas de Magdalena”, arguyó a Canal N el pasado 10 de julio.

Este vínculo conyugal se repite en otros cuatro distritos de Lima.

En Carabayllo, el alcalde Pablo Mendoza Cueva postula como teniente alcalde por Somos Perú, mientras su esposa, Rosario Peláez Ramírez, busca quedarse con la conducción del distrito.

En Cieneguilla, el alcalde Emilio Alberto Chávez Huaringa también postula como teniente alcalde por Podemos Perú, pero su esposa, Ortensia La Torre Cervantes, figura como candidata a la alcaldía distrital.

Una situación similar ocurre en La Molina.

El alcalde Esteban Diego Uceda Guerra-García postula como teniente alcalde por Renovación Popular y su esposa, Lizzi del Rocío Sueldo Matos, busca convertirse en la nueva autoridad distrital.

De igual modo, en San Luis, el alcalde, Ricardo Robert Pérez Castro, también postula como teniente alcalde por Renovación Popular. Su esposa, María Rosario López Solano, figura como candidata a la alcaldía del distrito.

Linaje

Otros alcaldes no han elegido a las esposas, sino a los hijos. Se trata de 4 casos. En Breña, el alcalde Luis Felipe de la Mata Martínez postula como teniente alcalde por Podemos Perú y su hijo, Luis Rolando Alejandro de la Mata Alva, busca sucederlo.

De igual manera, en Puente Piedra, el alcalde Rennán Samuel Espinoza Rosales postula como teniente alcalde por Somos Perú y su hijo, Rennán Santiago Espinoza Venegas, busca la alcaldía.

Asimismo, en Punta Negra, Eulogio Huyhua Ccaccya postula como teniente alcalde por Acción Popular y su hija, Mónica Alicia Huyhua Limachi, busca reemplazarlo.

Además, en el Rímac, Néstor Evadio de la Rosa Villegas postula como teniente alcalde por Podemos Perú y su hija, Katherine Angélica de la Rosa Menéndez, compite por la alcaldía.

Fraternos

También hay tres hermanos buscan suceder a sus familiares.

En Pucusana, el alcalde Juan José Cuya Espinoza postula como regidor provincial por Somos Perú y su hermano, Edwin Freddy Cuya Espinoza, busca la alcaldía.

A su vez, en Santa Rosa, George Robles Soto postula como teniente alcalde por Podemos Perú y su hermano, John Porfirio Robles Soto, intenta sucederlo.

De igual manera, en Villa El Salvador, Guido Íñigo Peralta postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por Somos Perú y su hermano, Clodoaldo Kevin Yñigo Peralta, busca mantener el control del distrito.

A esta lista también se le suman dos padres.

En Ate, Franco Vidal Morales postula como teniente alcalde por Avanza País y su padre, Manuel Gaudencio Vidal Camargo, busca la alcaldía.

Entre tanto, en El Agustino, Richard Robert Soria Fuerte postula como teniente alcalde por Podemos Perú y su padre, Liborio Soria Álvarez, figura como candidato.

Por último, en San Juan de Lurigancho, el alcalde Jesús Maldonado Amao postula como teniente alcalde por Somos Perú y su sobrino, César André Usquiano Maldonado, busca asumir su cargo.

Allegados

De otro lado, al menos otros 11 alcaldes distritales buscan mantener su influencia en el poder mediante funcionarios, trabajadores y regidores de sus respectivas gestiones, quienes ahora aparecen como candidatos para sucederlos en las mismas jurisdicciones. Los casos se registran en Ancón, Barranco, Independencia, Lince, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Lurín, Pueblo Libre, San Martín de Porres, San Miguel y Surco.

El subsidio fue establecido mediante el Decreto de Urgencia N° 007-2026 y contempla dos mecanismos: uno para transportistas a nivel nacional y otro específico para los operadores de Lima y Callao.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que se trata de un apoyo focalizado dirigido a los transportistas que cumplan con los requisitos establecidos. “Los recursos públicos deben llegar a quienes realmente los necesitan”, señaló.

Para el transporte regular de pasajeros y el transporte de carga, el Gobierno otorgará S/4 por cada galón de diésel B5 o B20 adquirido. El beneficio estará vigente entre el 16 de agosto y el 15 de noviembre de 2026, dividido en tres periodos.

Los beneficiarios deberán contar con autorización vigente para prestar el servicio, vehículos habilitados y RUC activo y habido, entre otras condiciones. La compra de combustible deberá acreditarse mediante comprobantes electrónicos y será validada por las entidades competentes.

En Lima y Callao, los operadores autorizados por la ATU accederán a un mecanismo diferente, calculado según los kilómetros efectivamente recorridos. El subsidio será de S/0,50 por kilómetro para ómnibus, S/0,40 para minibuses y S/0,30 para microbuses.

Para financiar ambos mecanismos se destinarán S/60 millones al META-Nacional y S/45 millones al META-Lima y Callao. Los recursos provendrán de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y tendrán uso exclusivo para esta medida.

El Ejecutivo señaló que la intervención responde al incremento de los precios de referencia del diésel registrado en julio y agosto, en un contexto de volatilidad del mercado energético internacional.

Con el subsidio se busca garantizar la continuidad del transporte y evitar que el aumento de los costos operativos se traslade de manera significativa a los usuarios.

🔵 Ante el incremento internacional de los precios de los combustibles, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, anunció un subsidio focalizado al uso del diésel para el transporte masivo de carga y pasajeros en todo el país, con el objetivo de mitigar su impacto… pic.twitter.com/bq7n9Y6IbA

— Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) August 15, 2026

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Vinelli señaló que los trabajos ya comenzaron en Piura, Lambayeque y Tumbes, y que la próxima semana se extenderán a La Libertad, Áncash y Lima. El objetivo es intervenir los puntos críticos antes de que se intensifiquen las lluvias y reducir el impacto de posibles emergencias.

El ministro indicó en RPP que existen 536 puntos críticos que requieren labores de limpieza y descolmatación entre Tumbes y Arequipa. Para acelerar estas acciones, el Ministerio de Economía y Finanzas prevé publicar en los próximos días un decreto de urgencia y otros dispositivos que permitan transferir los recursos necesarios.

Asimismo, Vinelli pidió el apoyo del sector privado para ampliar la cobertura de las intervenciones. Explicó que existen alrededor de 1,900 puntos críticos a nivel nacional, por lo que el Estado requiere colaboración para atender los sectores pendientes y contar con alimentos, agua y equipos para responder ante eventuales emergencias.

Finalmente, el titular del Midagri indicó que también se viene coordinando con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para fortalecer la respuesta ante lluvias intensas y agilizar la instalación de carpas y la entrega de ayuda humanitaria.

Además, adelantó que se emitirá otra norma para permitir a las autoridades involucradas reorientar sus presupuestos hacia las acciones de emergencia.

El acuerdo fue definido tras una nueva jornada de diálogo entre representantes de organizaciones políticas, quienes alcanzaron consensos sobre los compromisos que buscan promover campañas electorales basadas en el respeto, la transparencia y el debate de propuestas.

Entre los principales acuerdos figuran el desarrollo de campañas libres de violencia, amenazas y ataques personales; la transparencia en el financiamiento electoral y la prevención de aportes ilícitos; así como el uso responsable de las redes sociales y las nuevas tecnologías para combatir la desinformación y las noticias falsas.

También se acordó promover la igualdad y la no discriminación, además de fortalecer la participación de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, pueblos indígenas y otros grupos históricamente subrepresentados.

Asimismo, las organizaciones políticas se comprometieron a participar en los debates electorales organizados por el JNE y priorizar el intercambio de propuestas frente a los ataques personales.

El JNE señaló que continuará promoviendo espacios de diálogo a través del Programa Voto Informado, con el objetivo de consolidar los acuerdos y contribuir a que las campañas de las ERM 2026 se desarrollen con respeto, integridad y transparencia.

⏩Rumbo a las #ERM2026🗳️ 13 organizaciones políticas han alcanzado consensos para suscribir el #PactoÉticoElectoral. Este lunes continúan las gestiones para conformar el Tribunal de Honor, así informó Carlos Vilela, Director de Educación del JNE, en #EleccionesAlDía. pic.twitter.com/AVYJSLeoJN

— JNE Perú (@JNE_Peru) August 15, 2026

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Señaló, además, que esta medida no forma parte de los compromisos de campaña de la presidenta Keiko Fujimori.

No obstante, Álvarez sostuvo que el Gobierno considera necesaria una “reforma profunda” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Según explicó, el Perú buscará promover esta propuesta ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en coordinación con otros países.

En entrevista al diario El Comercio, el titular del Minjus cuestionó el funcionamiento actual del sistema y planteó cambios en sus organismos y funcionarios.

Afirmó que algunos trabajadores responderían a intereses y agendas vinculadas a organizaciones no gubernamentales internacionales. “Necesitamos un sistema que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos”, sostuvo.

Álvarez indicó que solicitará a la presidenta Fujimori respaldar la reforma del SIDH y consideró que esta propuesta constituye una de las principales prioridades del Ministerio de Justicia y de un sector de la comunidad jurídica peruana.

Fuerzas Armadas realizarían control perimétrico de penales

En otro momento, el ministro anunció que el Ejecutivo impulsará, mediante una propuesta legislativa, que las Fuerzas Armadas realicen el control perimétrico de los establecimientos penitenciarios.

La medida busca impedir el ingreso de objetos prohibidos y controlar la instalación de antenas utilizadas por organizaciones criminales.

Álvarez señaló que el proyecto de ley sobre legislación delegada sería presentado a fines de esta semana o a mediados de la próxima. Estimó que, una vez aprobado por el Congreso, los decretos correspondientes podrían estar listos en un plazo aproximado de dos meses.

Finalmente, el ministro cuestionó la situación financiera del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y aseguró que la anterior administración dejó sin recursos para servicios básicos como limpieza y seguridad.

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Durante el encuentro, Fujimori destacó la necesidad de que las instituciones trabajen de manera coordinada para enfrentar a la delincuencia. “Esta reunión es de suma importancia. Todas las instituciones del Estado tenemos que hacer un solo equipo de cara a luchar contra la criminalidad y recuperar el orden y la paz”, señaló.

La mandataria remarcó que esta coordinación se desarrolla respetando la autonomía e independencia de los poderes del Estado. En esa línea, sostuvo: “Tenemos que ver la forma de cómo podemos colaborar para que todo el sistema de justicia pueda tener una mejor capacidad de enfrentar a estos flagelos que tanto daño hacen a la sociedad”.

Tello, por su parte, destacó la importancia del encuentro y reafirmó la disposición del Poder Judicial para trabajar de manera articulada.

“Sepan que la posición del Poder Judicial, desde que asumí, ha sido siempre mantener una colaboración estrecha y de un trabajo interinstitucional que permita implementar políticas de Estado, especialmente en estos momentos de lucha contra la inseguridad ciudadana”, indicó. También respaldó el trabajo relacionado con las unidades de flagrancia, la justicia itinerante y el sistema nacional de violencia contra las mujeres.

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Mediante un comunicado, la Cancillería expresó sus condolencias por las personas que perdieron la vida y deseó una pronta recuperación a los heridos.

También transmitió sus buenos deseos para que puedan repararse los daños materiales ocasionados por el movimiento telúrico.

Hasta el momento, no se han reportado ciudadanos peruanos afectados por el terremoto, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Embajada del Perú en Indonesia y su sección consular continúan atentas a la situación para brindar asistencia a los connacionales que pudieran requerirla.

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Cabe mencionar que la propuesta plantea que “las Fuerzas Armadas hagan el control perimétrico de los penales”.

Ernesto Álvarez Miranda explicó que la iniciativa apunta a impedir el ingreso de objetos prohibidos y reducir la presencia de antenas en las zonas cercanas a las cárceles, elementos que pueden ser aprovechados por organizaciones criminales.

En ese sentido, sostuvo que la medida contribuiría a reforzar la seguridad en el entorno de los penales.

El titular de Justicia también anunció que su gestión impulsará una reforma del sistema penitenciario y atribuyó parte de las dificultades actuales a los efectos de la crisis política en diversos ministerios e instituciones, incluido el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

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Durante el encuentro, el presidente del gremio, Isarías Cauhuari, expuso la situación de más de 180 mil trabajadores autorizados en todo el Perú y pidió incrementar la presencia policial en los paraderos más vulnerables, además de intensificar las acciones contra las mafias que buscan someter al sector mediante amenazas y extorsiones.

Las autoridades policiales explicaron que los trabajadores pueden entregar información útil para las investigaciones sin exponerse directamente.

Entre los datos que pueden aportar figuran números telefónicos utilizados para extorsionar, mensajes y cuentas bancarias de destino, elementos que permiten rastrear la ruta del dinero y avanzar hacia los responsables de las organizaciones criminales.

Según sus informes de Orientación de Oficio, diversas autoridades municipales registraban menos del 40% de avance en el Programa Presupuestal 0068, destinado a la reducción de vulnerabilidades y la atención de emergencias por desastres frente al Fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027.

Nulas

La CGR identificó a 109 municipalidades con una ejecución del 0% al 31 de julio de 2026.

Áncash concentró el mayor número de casos, con 17 distritos en 12 provincias. Le siguen San Martín y La Libertad, que reportaron 10 distritos cada uno.

Asimismo, Piura sumó nueve municipios sin gasto; mientras que Arequipa, Huancavelica y Lima registraron ocho casos cada una.

Ayacucho y Cajamarca presentaron siete comunas sin ejecución y Junín reportó seis, Loreto (5) y Lambayeque (4). Asimismo Huánuco, Ica, Tacna y Tumbes sumaron un caso cada una.

Además, el ente fiscalizador identificó seis municipalidades provinciales sin gasto: tres en Áncash, y las otras en La Libertad, Tacna y Loreto.

Parcial

Otras 208 municipalidades ejecutaron entre 0.01% y 40% del presupuesto asignado, de las cuales 167 son distritales y 41 son provinciales.

Cajamarca concentró la mayor cantidad de distritos rezagados, con 19 casos, seguida por Piura (18), Ayacucho (15), Huancavelica (13), Lambayeque (12) y Huánuco (11).

Entre las provinciales, Amazonas y Junín lideraron el ránking con cuatro casos cada una, mientras que Áncash, Huánuco, Lima, Loreto y Piura sumaron tres cada una.

La CGR también identificó a nueve gobiernos regionales (GORE) en la misma situación.

El GORE Callao presentó el avance más bajo de todo el grupo, con apenas 8.4 % de ejecución. Le siguen los GORE de La Libertad (18.7%), Moquegua (24.3%), Apurímac (27.1%) y Pasco (28.8%), con menos del 30% de ejecución.

Los que superaron apenas el umbral de 30% fueron Tumbes (30.8 %), Ica (33.5%), Áncash (34.3%) y Lima (38.4%).

Análisis

Para el analista del Instituto Peruano de Economía (IPE), Miguel Alzamora, este panorama revela la “poca capacidad” de ejecución de los gobiernos locales.

“Apenas 30% de entidades públicas cuentan con un plan de prevención de desastres, lo cual limita una planificación en el uso de los recursos, sobre todo a nivel distrital”, explicó a Correo.

Alzamora estima que, de no revertirse esta situación, el costo del FEN en el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) sería de 0.7 puntos en 2026 y 0.8 puntos en 2027.

Designación

Por unanimidad, el diputado Henry Albañil Carmona (Partido Cívico Obras) fue elegido presidente del grupo de trabajo para el periodo de sesiones 2026-2028.

Lo acompañan Jessica Pérez Quispe (JP), como vicepresidenta, y Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación), como secretario.

Cabe indicar que en un inicio, Obras había elegido para ese cargo a Heber López, pero este tuvo que desistir luego que Correo informara sobre la investigación que se le realizó en el Cusco por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de actos contra el pudor.

Tras asumir el cargo, Albañil Carmona aseguró que la comisión actuará con imparcialidad y sin blindajes políticos.

“Necesitamos presentar una conducta intachable como parlamentarios, de manera imparcial, sin blindajes políticos, sin mirar camisetas”, sostuvo.

El legislador confirmó que el caso de Pérez Mallqui será el primero que abordará el grupo de trabajo, debido a que ya existe una denuncia presentada ante la comisión.

“Es el primer caso que vamos a ver. Esa denuncia ya está presentada formalmente, entonces vamos a pasar ya a lo que es la etapa de la investigación”, declaró.

Albañil remarcó que el proceso se desarrollará de acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados y el Reglamento del Congreso.

“La imparcialidad va a ser nuestro trabajo como Comisión de Ética, no va a haber ningún blindaje en ningún caso”, recalcó.

En su lugar, el Gobierno permitió que el féretro ingrese al centro penitenciario, “por un periodo prudente y en el marco de la norma” para las exequias correspondientes.

Acciones

El exlegislador solicitó un permiso de salida por 72 horas, de acuerdo a lo establecido en el Código de Ejecución Penal.

“Exijo a las autoridades que se cumpla mi derecho de asistir”, publicó Bermejo vía X tras presentar la solicitud.

De acuerdo a la norma, el pedido es evaluado por el director del penal y su denegatoria puede ser sometida a una reconsideración o apelación por el plazo de un día hábil.

Sin embargo, la Procuraduría Especializada en Delitos de Terrorismo advirtió al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Ministerio de Justicia que, “teniendo en cuenta la gravedad del delito por el que (Bermejo) ha sido condenado y, por ende, su peligrosidad”, no debía concederse el permiso. “(Esto) a fin de evitar cualquier intento de fuga o perturbación en la ejecución de su condena”, se lee en el oficio remitido por el procurador Milko Ruiz.

El exparlamentario de Perú Libre fue sentenciado en octubre del 2025. Fue responsabilizado de recibir adoctrinamiento ideológico y militar de los cabecillas de SL en el VRAEM, como “José” y “Alipio”, y de ser un enlace con organizaciones terroristas internacionales como las FARC de Colombia.

Ante la postura de la procuraduría, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que se acondicionó un ambiente, al interior del penal Ancón I, “en atención a la solicitud formulada por el interno y que tiene como finalidad facilitar la despedida de su padre”.

La medida tendrá una vigencia de tres meses y estará dirigida a transportistas de pasajeros y carga pesada a nivel nacional, así como, por primera vez, a mototaxistas y transportistas fluviales de la Selva, según indicó la mandataria.

El subsidio no será general para todos los consumidores de combustible, sino que estará dirigido específicamente a los transportistas que cumplan con los criterios establecidos por el Gobierno.

En el caso de los transportistas de pasajeros y carga, la medida será oficializada mediante una norma que se prevé aprobar el sábado 15 de agosto y comenzará a aplicarse en los días siguientes.

Para los mototaxistas y conductores de pequepeques de la Selva, la implementación tomará alrededor de tres semanas adicionales, debido a que primero se deberá elaborar un registro de los potenciales beneficiarios. Según explicó el ministro de Economía, Elmer Cuba, estos transportistas podrán recibir el subsidio de manera focalizada a través de una plataforma tecnológica o mediante un depósito en el Banco de la Nación.

En Lima Metropolitana y Callao también se aplicará el beneficio, aunque tendrá un ajuste técnico relacionado con los kilómetros recorridos. El ministro Cuba precisó que este mecanismo no modificará el porcentaje ni el monto del subsidio, y descartó recurrir a una reducción generalizada del precio de los combustibles, debido a que una medida de ese tipo también favorecería a los grandes consumidores.

La presidenta Keiko Fujimori sostuvo que la decisión responde al fuerte incremento de los combustibles, atribuido principalmente al alza internacional del petróleo y al conflicto en Medio Oriente. “Como Gobierno estamos en la obligación de tener respuestas cuando esas causas externas afectan la economía y la calidad de vida de nuestros compatriotas”, afirmó.

El precio mayorista del diésel B5 UV pasó de S/12,14 por galón el 24 de febrero a hasta S/24,66 el 11 de agosto, un incremento superior al 103%, según datos de Petroperú y Repsol.

Elmer Cuba señaló que el petróleo pasó de cotizar alrededor de US$60 a US$100 por barril desde marzo, situación que elevó los costos de los combustibles en el mercado nacional.

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Entre las interrogantes figuran las presuntas aportaciones económicas que habría recibido Belaúnde de Evangelina Arias, presidenta del directorio de minera Poderosa, para supuestamente financiar su campaña electoral; así como las reuniones que habría sostenido con representantes de la empresa antes y después de asumir el cargo, según el documento.

Rafael Belaúnde también deberá precisar si recibió solicitudes de la compañía relacionadas con la seguridad en Pataz.

La moción cuestiona además el despliegue de las Fuerzas Armadas en la provincia, incluyendo el número de efectivos asignados a instalaciones de minera Poderosa, su fundamento legal y las funciones que cumplen frente a la criminalidad vinculada con la minería ilegal, extorsión, sicariato y secuestro. JPP también pide conocer los indicadores utilizados para evaluar los resultados de la estrategia militar en la zona.

El documento incluye preguntas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el ejercicio multinacional “Escudos de las Américas”, así como sobre sus condiciones operativas, logísticas y presupuestales, entre otras interrogantes.

La moción, que constituye la primera interpelación contra un ministro en la actual legislatura, permanece pendiente de ser evaluada por la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados antes de su eventual debate en el pleno.

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La mandataria precisó que estas cifras corresponden únicamente a un escenario hipotético planteado para el ejercicio de prevención realizado este viernes 14 de agosto.

El balance también proyectó 555 859 viviendas destruidas, así como daños en 1 345 establecimientos de salud y 4 173 aulas escolares.

Keiko Fujimori señaló que las estimaciones buscan generar conciencia sobre los riesgos de un terremoto de gran magnitud y evaluar la capacidad de respuesta de las instituciones ante una emergencia.

Durante su intervención desde la Plaza Mayor de Lima, la presidenta destacó la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los bomberos, gobiernos regionales y municipalidades en el simulacro. Asimismo, instó a la población a mantener preparada su mochila de emergencia, identificar rutas de evacuación y establecer puntos de reunión en hogares, centros educativos y lugares de trabajo.

Fujimori también resaltó la importancia de los sistemas de comunicación y alerta temprana puestos a prueba durante la jornada y anunció que el Ejecutivo continuará evaluando las capacidades de respuesta frente a eventuales desastres.

La mandataria destacó la coordinación entre las autoridades nacionales, regionales y locales para ejecutar los protocolos de emergencia en las diferentes regiones del país.

Finalmente, la jefa de Estado recordó que los recientes movimientos sísmicos registrados en países de la región evidencian la necesidad de mantener una cultura de prevención. En ese sentido, pidió a la ciudadanía participar activamente en los simulacros y adoptar medidas de seguridad que permitan reducir los riesgos ante un eventual terremoto de gran magnitud.

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