La convocatoria fue remitida a los integrantes de las mesas directivas y a los portavoces de ambas cámaras, por disposición del presidente del Senado y del Congreso, al amparo del literal a) del artículo 85 del Reglamento del Congreso.

De acuerdo con la citación, suscrita por el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, primero se realizará una conferencia entre ambas juntas de portavoces.

#CongresoInforma | Las Juntas de Portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados se reunirán el martes 27 de octubre, a partir de las 10:30 a. m. https://t.co/PFAwtTk4Xt

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 24, 2026

Posteriormente, cuando se concluya la conferencia, se desarrollará una sesión conjunta en el mismo recinto legislativo.

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El titular del sector informó que los nuevos lineamientos de disciplina escolar recibirán aportes de la ciudadanía hasta el martes 27 de octubre. La propuesta busca brindar herramientas a directores y docentes para intervenir ante conductas que afectan la convivencia y prevenir nuevos casos de violencia en los colegios.

El proyecto clasifica las faltas en leves, graves y muy graves, y plantea sanciones proporcionales a la conducta, la edad del estudiante y las circunstancias de cada caso. Chang señaló que se busca recuperar la disciplina y la autoridad en las aulas, sin descuidar el acompañamiento pedagógico ni los derechos de niños y adolescentes. Asimismo, destacó la responsabilidad de los padres de familia en la formación de sus hijos.

El ministro también advirtió que los directores y docentes que incumplan los protocolos de denuncia y atención frente a hechos de violencia serán sancionados. Reiteró que la prioridad es proteger a las víctimas y evitar que los estudiantes afectados por el acoso o las agresiones se vean obligados a abandonar sus colegios.

Los lineamientos fueron publicados el 12 de octubre, en el marco de la Resolución Ministerial N.° 613-2026-MINEDU. Al tratarse de una propuesta en consulta pública, aún no constituye una norma aprobada. Los ciudadanos, docentes, directivos y padres de familia pueden enviar sus comentarios al correo convivenciaescolar@minedu.gob.pe, utilizando el formato establecido por el Ministerio de Educación.

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Durante una actividad oficial en Junín, señaló que su Gobierno ha encontrado miles de obras paralizadas y consideró que la decisión política es fundamental para avanzar con su ejecución.

“Lo que ha faltado es decisión política. Con este gobierno hemos hecho un anuncio muy importante, un presupuesto adicional el próximo año de dieciocho mil millones de soles para que no haya excusas que las obras se hagan”, declaró tras participar en la inauguración de trabajos de infraestructura hídrica.

Las obras inauguradas en Usibamba comprenden seis reservorios, dos cochas y aproximadamente un kilómetro de canal de regadío. Fujimori felicitó al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y a su equipo por estos trabajos, que buscan contribuir a la actividad agrícola frente a los efectos de las sequías asociadas al fenómeno El Niño.

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Mediante un comunicado, Torres explicó que la norma relacionada con la delegación de facultades legislativas fue aprobada por ambas cámaras y remitida conforme a lo establecido en la Constitución y el Reglamento del Senado.

El titular de la Cámara de Senadores precisó que el error consistió en consignar la palabra “Senado” en lugar de “Congreso” en el encabezado del documento. Por ello, indicó que se gestionará la rectificación correspondiente.

“Corregir lo que corresponde también es un deber y una muestra de respeto a quienes representamos, a la transparencia y la institucionalidad”, sostuvo Torres.

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Entre los candidatos con mayor respaldo figura Jorge Patricio Vásquez Nemi, del PPC, quien alcanza el 54.792% en Santa María del Mar.

En Pachacámac, Guillermo Elvis Pomez Cano, de Somos Perú, obtiene el 51.615%, mientras que William Ronald Salazar Mateo, de Renovación Popular, lidera en Cieneguilla con el 37.885%.

Renovación Popular también encabeza los resultados en San Miguel, con Marcos Enrique Cabrera Porras (35.860%); San Borja, con Javier Martin Diez Gaspard (35.162%); y Lurín, con Rosa Elva Torrejon Aragon (29.030%). Por su parte, Somos Perú lidera en La Molina con Juan Carlos Zurek (36.351%) y en San Bartolo con Rufino Enciso Rios (38.549%).

Otros candidatos que ocupan el primer lugar en sus distritos son José Luis Casas Carrión, de Avanza País, en Pueblo Libre (31.553%); Enrique Julio Manco Suni, del Frente de la Esperanza, en Pucusana (29.298%); y Tanus Barraza Calvo, de Acción Popular, en Santa Rosa (27.426%). Sin embargo, los resultados todavía están sujetos a la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Galarreta cuestionó la postura de algunos sectores parlamentarios durante las negociaciones, aunque reconoció el respaldo de otras bancadas.

“Ha habido mezquindad de un sector minoritario y ha habido generosidad de otro sector, más allá de que obviamente respetamos lo que dice el Congreso, porque eso es lo que corresponde en democracia”, declaró para RPP.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros negó que el Gobierno haya planteado una negociación de todo o nada y sostuvo que la solicitud inicial buscaba alcanzar un acuerdo.

Entre las propuestas que el Ejecutivo buscará impulsar por otras vías figuran los incentivos tributarios para fomentar el primer empleo formal juvenil y las medidas de alivio fiscal destinadas a evitar que “quiebren muchas mypes” afectadas por los embates climáticos.

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Los resultados fueron presentados por el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, durante una actividad en la sede de la División de Emergencia, junto al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y el comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza.

Entre los resultados en Lima figura la recuperación de 97 vehículos robados durante la última semana y la incautación de 1175 autopartes valorizadas en aproximadamente S/ 560 000 en el operativo “Mercados Informales - La Cincuenta 2026”.

En Manchay, además, fueron detenidos dos presuntos integrantes de “Los Temidos del Cupo”, investigados por extorsión. En dos intervenciones contra la trata de personas, la Policía rescató a 60 presuntas víctimas de explotación sexual y detuvo a nueve sospechosos de integrar “Los Lujuriosos del Centro” y a cuatro presuntos miembros de “Molino Rojo”.

En otras regiones, la PNP incautó en Amazonas cuatro fusiles AR-15, pistolas, una escopeta, municiones, granadas y chalecos antibalas presuntamente vinculados a la organización criminal “Los Lobos II”. En Huánuco destruyó un laboratorio de pasta básica de cocaína, dos pozas de maceración y un centro de acopio de hoja de coca.

Mientras tanto, en Junín decomisó 420 paquetes de cocaína con un peso total de 452,550 kilogramos y municiones, además de dos motores para embarcaciones.

Las acciones contra la minería ilegal en Madre de Dios permitieron destruir 35 campamentos, 70 balsas tracas, 50 tolvas, 20 motocicletas y 10 motocargueros, así como incautar combustible y materiales utilizados en el procesamiento minero, con un valor estimado de S/ 38 520 000.

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Según la denuncia presentada por el ciudadano Shamir Fernández Bernilla, el legislador habría integrado la mesa principal durante un mitin de campaña en favor del candidato Jenry Huisa. Además, se le acusa de invocar su investidura y peso institucional como autoridad legislativa del Estado, respaldar y promover la captación del voto ciudadano.

El documento advierte que la actuación del senador trasciende el marco de su libertad de militancia, pues habría utilizado la notoriedad, el estatus y el prestigio como senador para influenciar en la intención de voto.

De acuerdo a la denuncia, esta conducta contraviene el artículo 346 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859), que “prohíbe a toda autoridad política o pública practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido”.

Frente a ello, se solicita que se determine si la conducta del senador constituye una infracción a las normas de neutralidad electoral establecidas en la legislación vigente. Asimismo, el caso está pendiente de que el área de Fiscalización del JEE Arequipa emita el informe correspondiente sobre los hechos denunciados.

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En esta primera etapa, el servicio conectará Chilca, en Huancayo, con Cuenca, en Huancavelica, y operará una vez por semana.

La reactivación busca facilitar la movilidad de las comunidades ubicadas a lo largo de la vía, en especial de aquellas que dependen del tren para cruzar el río Mantaro. El transporte permitirá a los pobladores desplazarse por motivos laborales y llevar sus productos a los mercados, además de beneficiar a profesores, personal médico, comerciantes y turistas.

El recorrido durará aproximadamente dos horas y permitirá reducir en unos 30 minutos el tiempo de viaje frente a la carretera, al evitar esperas y transbordos. Según las estimaciones, entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre los usuarios acumularán un ahorro de S/52 mil. La ruta incluirá las estaciones Chilca y Manuel Tellería, así como los paraderos Viques, Paccha Soccos, Chanca, Retama, Ingahuasi, Huarisca, Parco, Pilchaca y Cuenca.

El anuncio se realizó en la estación Chilca, durante la ceremonia por los 100 años del ferrocarril, con la participación de la presidenta Keiko Fujimori, los ministros Angello Tangherlini y Marco Vinelli, y autoridades regionales y locales.

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Durante la ceremonia, el alcalde distrital de Cerro Colorado, Manuel Vera, entregó los proyectos de asfaltado. Al tomar la palabra, la mandataria exhortó al trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno. “El Perú, el próximo año, adicionalmente a su presupuesto, invertirá 18 mil millones de soles y el proyecto de pistas y veredas de aquí, de Cerro Colorado, en Apipa y Bustamante, estará incluido”, manifestó.

AREQUIPA

Asimismo, Fujimori señaló que Cecilia Castro, directora ejecutiva del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), se encargará del proceso de titulación de predios en estos sectores tras la obtención del servicio de agua potable.

El proyecto del Reservorio N.º 31, junto con el sistema de redes de agua, contempló una inversión total de 134 millones de soles y beneficiará a más de 30 mil familias del Cono Norte, luego de 15 años de espera. La infraestructura cuenta con una capacidad de almacenamiento de 4 mil 200 metros cúbicos y más de 62 kilómetros de redes de agua potable.

En otro momento, la presidenta indicó que también se atenderá el pedido de los escolares, por lo que el Ejecutivo ha previsto que en 2027 se invierta una partida de 6 mil millones de soles en infraestructura educativa.

“Me voy contenta y, por supuesto, regresaremos para entregar los títulos y para inaugurar las pistas y veredas”, puntualizó al concluir su discurso. La mandataria llegó por segunda vez a la región. La primera fue en agosto, tras el derrumbe registrado en la Panamericana Sur, entre Ocoña (Camaná) y Atico (Caravelí), que dejó esta vía incomunicada durante cinco días.

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El tema había quedado fuera del pedido de facultades legislativas aprobado por Diputados, que redujo de 66 a 20 las materias solicitadas por el Ejecutivo.

Sin embargo, al revisar la propuesta, la Comisión de Constitución del Senado incorporó siete puntos adicionales, entre ellos los cambios al sistema de inteligencia, pese a la ausencia e intento de sabotaje de legisladores de Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación (AN) y el Partido del Buen Gobierno (PBG).

Cuestión

El texto ampliado plantea reforzar la capacidad operativa de la DINI, que ha tenido nueve directores en solo seis años, desde el régimen de Pedro Castillo hasta ahora.

Como se sabe, su creación ocurrió después de la caída del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), desactivado en los 2000 tras difundirse videos de Vladimiro Montesinos sobornando a congresistas y otros actores políticos.

Es así que en enero de 2006, la DINI nace con la Ley 28664, en el gobierno de Alejandro Toledo, para producir inteligencia estratégica y coordinar el sistema nacional.

Sin embargo, en 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, se denunció que agentes consultaron información patrimonial de políticos, periodistas, empresarios y ciudadanos, entre ellos la entonces vicepresidenta Marisol Espinoza. La denuncia la hizo Correo.

El escándalo derivó en la censura de la primera ministra Ana Jara y en la reorganización temporal de la entidad.

Fue así como, en enero de 2017, la Ley 30535 restringió las funciones de la DINI a la inteligencia estratégica y dejó fuera sus actividades tácticas y operativas.

La reforma respondió a los cuestionamientos por presuntos seguimientos y por el riesgo de uso político de la información.

Desde entonces, la DINI está dedicada a identificar amenazas a la seguridad nacional, anticipar escenarios de riesgo y proporcionar información al presidente de la República y a las autoridades competentes para la toma de decisiones, bajo la administración de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Rotación

El contexto criminal que vive el país, ¿requiere de una mayor contribución de la DINI? Y, adicionalmente, tiene las armas legales para acometer ello. Su conducción ha pasado por diferentes manos desde el inicio del gobierno del expresidente Pedro Castillo, hace 6 años.

Como se recuerda, Castillo designó a José Fernández Latorre como su primer director en septiembre de 2021 hasta su despido en noviembre de 2022.

Tras su salida, Fernández difundió audios con Beder Camacho y acusó a Castillo de ordenar encubrir las fugas de su exministro de Transportes Juan Silva y de Fray Vásquez, su sobrino.

Aunque, el 3 de diciembre de 2022, Castillo nombró como director de la DINI a Wilson Barrantes, faltando 4 días para su intento fallido de autogolpe.

Barrantes duró en el cargo apenas 15 días tras la asunción de Dina Boluarte.

La nueva mandataria designó a Juan Liendo O’Connor, quien permaneció en el cargo hasta su renuncia en enero de 2023.

Su breve gestión estuvo marcada por sus declaraciones sobre las protestas contra el Gobierno, cuyos participantes calificó como “terroristas”.

En su reemplazo asumió Roger Arista Perea, quien permaneció poco más de un año en el puesto.

Su salida, en enero de 2024, ocurrió después de la agresión que sufrió Boluarte durante una actividad oficial en Ayacucho.

Posteriormente, en mayo de 2024, la Procuraduría General del Estado solicitó iniciar diligencias preliminares contra él, el entonces premier Alberto Otárola y otros responsables por el presunto uso indebido de vehículos y recursos humanos de inteligencia para realizar un reglaje al contralor Nelson Shack.

En ese lapso, Boluarte nombró a Luis García Barrionuevo, quien se mantuvo hasta febrero de 2025.

Su gestión terminó en medio de una crisis por la filtración de información sobre la compra de equipos de vigilancia electrónica de la DINI.

Según reportes periodísticos, los dispositivos estaban orientados, entre otros objetivos, a identificar cuentas críticas del Gobierno en redes sociales y ubicar personas en tiempo real.

Ante esto, Boluarte designó a Max Anhuamán Centeno, quien dirigió la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional.

Anhuamán permaneció aproximadamente tres meses en la jefatura, hasta mayo de 2025. Luego asumió Alejandro Oviedo Echevarría, cuya gestión se extendió hasta marzo de 2026.

Luego, el Ejecutivo dio por concluida su designación y nombró a Yonny Ramírez Aguilar como nuevo director en marzo de este año.

Ramírez permaneció en el cargo hasta julio de 2026, cuando se produjo un nuevo relevo en el gobierno con José María Balcázar.

Ahora, la presidenta Keiko Fujimori nombró a Hugo Cornejo Valdivia para dirigir la DINI. Lleva 84 días en el cargo.

Conflicto

Parlamentarios aún debaten los límites que ostentará la DINI.

Harvey Colchado, diputado de AN y coronel en situación de retiro de la Policía, cuestionó que el ente reciba capacidades operativas sin controles suficientes.

“Entonces no se dan las condiciones de tener una unidad que intercepte las comunicaciones o haga vigilancias que estén fuera del alcance de un control legal”, declaró al portal OjoPúblico.

No obstante, el senador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) cuestionó los temores de la oposición. “En el año 92, por ejemplo, fue la inteligencia la que permitió la captura de la cúpula de Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Le temen a eso?”, dijo a la prensa.

¿El motivo? La norma publicada en El Peruano, que oficializa las facultades cedidas al Ejecutivo, solo contiene la firma del presidente del Senado, Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular), y no la de su par en la Cámara de Diputados, Óscar Reto, y la vicepresidenta Analí Márquez.

Exhortación

Los cuestionamientos surgieron en horas de la mañana. En respuesta, Torres, afirmó vía X que “la autógrafa de la ley de delegación de facultades fue suscrita y remitida al Ejecutivo, para su promulgación, de conformidad con la Constitución y el Reglamento del Senado”.

Sin embargo, su homólogo en la Cámara de Diputados, perteneciente a las filas del Partido del Buen Gobierno, le envió un oficio horas después.

Según indicó, “llama la atención que, en la referida autógrafa, se haya consignado” solo las firmas del presidente y primer vicepresidente del Senado, pero no los de sus pares en la Cámara de Diputados”.

“El Congreso no solamente lo conforma el Senado, sino también la Cámara de Diputados, tal como lo establece el artículo 90 de la Constitución. La norma constitucional es la siguiente: ‘El Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados’”, se lee en el texto enviado por Reto.

En esa línea, el legislador reafirmó que la Ley 32743 “no responde formalmente a la manifestación de la voluntad” del Parlamento. “Le exhorto para que, en su actual calidad de presidente del Congreso, (…) adopte las medidas correctivas pertinentes”, puntualizó.

Constitucionalistas como Natale Amprimo y Aníbal Quiroga coincidieron en que la omisión constituye un error.

Las repercusiones vinieron después. El presidente del PBG, Jorge Nieto, anunció que ambos senadores serían sometidos a “procedimiento” parlamentario por su “indisciplina”. Sobre este y otros temas responde Gavidia Rodríguez a Correo.

¿Qué acuerdo previo tenía la bancada? ¿Estuvo presente en esa reunión?

No asistí a esa reunión y, claro, es también mi culpa. Estuve de viaje y con muchas ocupaciones. Sin embargo, había anticipado mi posición en los medios y también ellos lo conocían, con respecto al análisis objetivo de los dos temas tratados: el Fenómeno de El niño y la inseguridad ciudadana. Siempre anticipé mi posición.

¿Pero se acordó que se votaría en abstención?

Sí, en abstención. Me lo comunicaron previo a entrar al hemiciclo. Les dije que no iba a ser posible. Yo tenía una posición y se les fue comentado. Además, la abstención es lo que menos me parece, prefiero votar en contra o a favor y tener los argumentos. La abstención para mí es un procedimiento de cálculo político que no nos permite avanzar.

Además de su colega Flores, ¿otros compañeros, senadores del PBG, estaban en contra de votar en abstención?

Había una discrepancia. En realidad, hemos llegado a discutir un poco. La senadora Nora Bonifaz me dijo: “Yo, por ejemplo, no estaba de acuerdo, pero se me ha explicado que lo mejor es la abstención”. Entonces, le respondí que no puedo votar en abstención. Consideraba que se tenía que asegurar cierto enfoque porque sino estaríamos entrampados en el rol del Senado, incluso.

El voto que usted emitió ha sido calificado como una “indisciplina” por parte de Nieto, ¿acepta el calificativo?

En realidad, lo considero severo, pero creo que es necesario. Está bien, lo acepto como tal. Es cierto que soy indisciplinado desde lo político, pero también necesito expresar mis diferencias. Es necesario expresarlas en un grupo que, supuestamente, busca reconciliar al país.

Nieto también negó una “fisura” en la bancada ¿Coincide con ello? ¿No hace falta más diálogo?

Exactamente. En realidad, se requiere más diálogo, lo percibo. Es incómodo cuando falta. (…). No es una fisura de bancada porque yo anticipé (mi posición) siempre (…). En realidad, más que fisura es una diferencia. Una fisura es el resultado de un quiebre después de haber sido un grupo sólido. Nunca me sentí totalmente consolidado (en el PBG), es natural.

Lo que dice el señor Nieto es que tanto usted como su colega Flores tenían “motivaciones distintas” a las de la bancada, ¿qué interpreta con ello?

Siempre interpreto lo mejor de mi líder porque por tengo el mejor concepto de él. Lo que probablemente sí puede preocuparme es que tenga una mala asesoría, una mala descripción de lo sucedido o una mala percepción por la falta de comunicación. Pero algo que también me preocupa es lo que he visto en los medios, que hace referencia a una sanción.

¿Acatará usted la medida que se le imponga?

Me debo al partido, lógicamente. Debo agotar todas las opciones. Sin embargo, percibo que si alguien influye directamente en sus decisiones y toma una decisión mayor, con mucha pena estaría fuera de la bancada.

¿Cree que existe el ánimo suficiente para escuchar sus descargos? Tanto los de usted como los de Flores...

Hablo solo sobre mi persona porque me hacen presente, cuando yo quiero explicar mi posición, que mi caso es diferente al de Flores. No sé exactamente qué sucede con él, pero hay una comunicación aparte. Lo único que hago presente es que quiero dejar bien al partido, no incomodarlos más y que ellos tomen la decisión más apropiada, que la acataré.

Habiendo más de una diferencia, ¿no ha considerado dar un paso al costado?

Algo que debo transparentemente comunicar es que siempre hice presente que tenía una posición diferente. Trataré de mantenerme hasta el final en el partido y esperaré a que ellos tomen la última decisión. Lo he dejado siempre en sus manos. No soy un político, menos un experto en el manejo de la técnica parlamentaria o la jurisprudencia vinculada. Tengo que buscar lo más apropiado para seguir aportando al país.

De continuar en la bancada, ¿volvería a votar bajo sus propios parámetros contrario a un acuerdo general?

Así es porque mi análisis es más técnico que político (...). Estoy ejerciendo más el pragmatismo, el análisis técnico y de impacto que tienen las decisiones políticas sobre el país como tal, desde la economía o el desarrollo. No tanto sobre las discrepancias polarizantes de la política, es decir, el antikeikismo, el antifujimorismo o el terruqueo. Esos extremos son los que me han molestado muchísimo en política.

¿No hubo una aproximación excesiva del PBG a Juntos por el Perú?

La aproximación nunca es mala, siempre es saludable. El problema está en el cálculo político. Me siento mucho más cerca de las izquierdas, pero considero que la derecha tiene mejores facultades y capacidades. Pero si se educa a la derecha para entender a las izquierdas, nos va mejor.

A través de su cuenta en la plataforma X, sostuvo que el procedimiento se realizó dentro del marco normativo vigente.

La declaración se produce en medio de cuestionamientos por la firma de la autógrafa únicamente por parte del Senado, sin la suscripción de la Cámara de Diputados. Al respecto, el presidente de esta última, Óscar Reto, envió un oficio a Torres en el que advirtió que el Congreso está integrado por ambas cámaras.

En su argumentación, Torres citó el artículo 105 de la Constitución, que establece que el Senado aprueba o modifica la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados y envía la autógrafa al presidente de la República para su promulgación.

También invocó los artículos 37 y 148 del Reglamento del Senado, que atribuyen a su titular la facultad de firmar y remitir estos documentos dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles.

Por su parte, Reto cuestionó que el procedimiento seguido refleje formalmente la voluntad del Congreso y se ajuste al marco constitucional. Por ello, solicitó a Torres adoptar las medidas correctivas correspondientes, conforme al artículo 34 del Reglamento del Congreso.

La autógrafa de la ley de delegación de facultades fue suscrita y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, de conformidad con la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Senado. El procedimiento seguido se encuentra dentro del marco normativo vigente. https://t.co/dPFDHIajob

— Miki Torres (@mikitorresfp) October 23, 2026

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El juzgado declaró la audiencia inaplazable y advirtió que, si no asiste, podría ser declarado reo contumaz y ordenarse su captura.

El Ministerio Público solicitó cinco años y cuatro meses de prisión para Sánchez, además de su inhabilitación definitiva para ejercer la presidencia de la agrupación política.

Según la acusación fiscal, el dirigente habría presentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportes financieros con ingresos declarados en cero o cifras que no coincidirían con los movimientos reales.

Tras el levantamiento del secreto bancario, se detectaron depósitos en cuentas mancomunadas por S/ 208.000 y S/ 75.550, provenientes de militantes, que no habrían sido reportados al organismo electoral. Para el juicio, el tribunal citó a 13 testigos y peritos, entre ellos el exministro Yehude Simon Munaro.

En paralelo, la Sala Penal de Apelaciones de Lima evaluará el 25 de noviembre un recurso de prescripción presentado por la defensa de Sánchez, que busca archivar uno de los delitos imputados. La decisión podría incidir en el desarrollo del proceso judicial.

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La defensa del parlamentario cuestionó el examen por presuntas omisiones en la descripción de las lesiones detectadas en la pierna y el brazo de la denunciante. Sin embargo, el magistrado determinó que estas observaciones no invalidan la prueba, pues el examen fue realizado por un médico legista habilitado dentro de las primeras 24 horas del incidente.

Según la resolución, las deficiencias señaladas corresponden a una discusión sobre el valor probatorio del documento, que deberá evaluarse durante el juicio oral, y no constituyen motivos para considerarlo ilícito o inconstitucional.

Como se sabe, los hechos investigados ocurrieron el 30 de julio de este año en el distrito limeño de San Miguel. Según la información del caso, Pérez Mallqui fue intervenido tras una denuncia por presunta violencia psicológica y agentes policiales habrían presenciado agresiones físicas contra la denunciante en la comisaría del distrito.

Por este caso, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó recomendar la suspensión del legislador por 120 días sin goce de haber. La investigación judicial continuará con el certificado médico legal entre los elementos que serán evaluados en el proceso.

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En un oficio dirigido a Miguel Torres, Reto cuestionó que la autógrafa de la norma consigne únicamente al Senado y las firmas de su presidente y primer vicepresidente, sin incluir a los representantes de la Cámara de Diputados.

El titular de Diputados recordó que, según el artículo 90 de la Constitución, el Congreso está integrado por el Senado y la Cámara de Diputados. Por ello, sostuvo que la publicación debe reflejar la participación de ambas cámaras en la aprobación de la norma.

Asimismo, Óscar Reto advirtió que la omisión de las firmas afecta la formalidad del documento y afirmó que la autógrafa “no responde formalmente a la manifestación de la voluntad del Congreso ni al marco constitucional previsto en el ordenamiento jurídico nacional”.

La ley cuestionada fue suscrita el miércoles por Miguel Torres y delega facultades al Poder Ejecutivo por 90 días calendario para legislar en materia de seguridad ciudadana y respuesta frente al fenómeno El Niño.

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Como e sabe, en la víspera, la mandataria anunció una inversión de S/18.000 millones para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño y atender las necesidades de las familias más vulnerables.

Precisó que los recursos se destinarán a bonos para las personas más necesitadas y a obras de infraestructura, como colegios, sistemas de agua potable y carreteras, además de proyectos paralizados. Indicó que este paquete de inversión será adicional al Presupuesto General de la República de 2027 y al crédito suplementario aprobado en primera votación por el Congreso.

Durante su visita, Keiko Fujimori inauguró un proyecto de electrificación rural ejecutado por el Ministerio de Energía y Minas, con una inversión cercana a S 3 millones. La obra beneficiará a 1.540 pobladores de tres localidades mediante 385 conexiones eléctricas, con el objetivo de mejorar las condiciones de estudio, seguridad y desarrollo de actividades productivas.

Asimismo, anunció que se evaluará un mecanismo de subsidio para facilitar el acceso de los habitantes de Moquegua a tarifas eléctricas adecuadas.

La jefa de Estado también informó que solicitó a la gobernadora regional de Moquegua remitir proyectos para construir reservorios y carreteras, a fin de impulsar su ejecución. Además, destacó las obras de agua potable inauguradas en Cerro Colorado, Arequipa, y exhortó a las autoridades regionales y municipales a trabajar de manera coordinada, independientemente de sus afiliaciones políticas, para concretar proyectos en beneficio de la población.

Finalmente, Fujimori sostuvo que el país podrá afrontar los efectos del fenómeno El Niño mediante el trabajo conjunto y la ejecución de obras preventivas.

En el marco de su visita, recorrió la institución educativa Jorge Sanjinez, donde escuchó las demandas de los docentes y se comprometió a mejorar sus oportunidades de acceso a herramientas tecnológicas. La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y autoridades regionales y locales.

En entrevista con Canal N, sostuvo que el país necesita un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento de combustibles, agua y productos de primera necesidad ante eventuales interrupciones de las vías de transporte.

Pedro Gamio señaló que el precio del diésel pasó de aproximadamente S/ 12 en marzo a cerca de S/ 30. Explicó que Perú importa la mayor parte de este combustible, por lo que está expuesto a las variaciones del mercado internacional. Asimismo, alertó que alrededor de 10 millones de peruanos no cuentan con recursos suficientes para cubrir su alimentación diaria. “El combustible mueve los precios de todos los productos de la canasta básica familiar”, sostuvo.

Masificación del gas natural

Para reducir la dependencia de los combustibles importados, propuso acelerar la masificación del gas natural en siete regiones, instalar centros de carga rápida para vehículos eléctricos en Lima, Arequipa y posiblemente Trujillo, e impulsar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica que permitan aprovechar fuentes renovables, como la solar y la eólica.

También planteó evaluar un programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas similar a Reactiva Perú, así como bonos para los trabajadores afectados por la interrupción de sus actividades.

Respecto al fenómeno El Niño, el exfuncionario advirtió que las lluvias intensas en el norte y la posible sequía en el sur podrían comprometer el abastecimiento de productos esenciales. Como antecedente, recordó que durante el evento climático de 1983 fue necesario transportar suministros a Talara por vía marítima y aérea debido al bloqueo de carreteras.

Por ello, consideró necesario habilitar rutas alternativas, ampliar los sistemas de almacenamiento de alimentos y preparar mecanismos de emergencia para garantizar la distribución de combustibles y agua.

Finalmente, Gamio planteó evaluar el transporte marítimo de gas natural mediante buques metaneros de menor tamaño y el uso de unidades modulares de gasificación para asegurar el suministro en el norte y el sur del país. Advirtió que los precios de los combustibles podrían tardar en estabilizarse debido a la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y los efectos de El Niño.

Además, pidió replicar en otras ciudades la difusión de puntos de abastecimiento de agua que realiza Sedapal en Lima, a fin de facilitar la atención de la población durante eventuales emergencias.

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“Ella me ha comentado a mí, que por la presión que tenía y para no romper la relación que yo tengo aquí en el Congreso de la República, ella iba a renunciar”, declaró a Canal N.

Barragán dijo que le apena su salida y destacó la experiencia de su hermana en la administración pública y el sector Salud.

El senador rechazó las sospechas de un posible intercambio de favores, luego de que la designación coincidiera con la votación de las facultades legislativas en la que integrantes de Obras respaldaron la propuesta.

“Ahora, hablando sobre la pertinencia, lamentablemente hay una coincidencia, ¿no? En que yo tomo una decisión en bien del país y justamente viene su nombramiento y vienen las suspicacias por parte de diferentes lugares o de diferentes espacios donde piensan que ha sido un intercambio de favores”, manifestó.

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“Yo lamento mucho que en la Cámara de Diputados se haya dicho que eso no es una emergencia, porque es una emergencia, tenemos 9 millones de peruanos que no tienen agua potable a nivel nacional y 15 millones de peruanos que no tienen desagüe, entonces para mí es una emergencia”, manifestó tras la entrega del proyecto de creación de los sistemas de agua dependientes del Reservorio N.º 31, en Cerro Colorado, en Arequipa.

El alto funcionario sostuvo que ayer (22 de octubre) se firmó la resolución para declarar en emergencia el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, para intervenir sobre proyectos de agua, desagüe y titulación, materia en las que se solicitó 11 las facultades.

El miembro del gabinete ministerial afirmó que, en titulación, el país cuenta con 58 mil colegios, de los cuales 31 mil no tienen título de propiedad.

PUNTOS CRÍTICOS ANTE EL FENÓMENO EL NIÑO

Sobre el Fenómeno El Niño (FEN), Arnillas refirió que de los mil 900 puntos críticos identificados a nivel nacional se están trabajando en 536, desde la Comisión del FEN, 55 de ellos a cargo de Vivienda y 24 ubicados en la región Arequipa.

“Nos han informado que el Fenómeno El Niño siempre empieza en el sur, o sea, habrá un período de lluvias, corto, pero habrá y luego empieza una sequía que puede durar dos años o más”, añadió.

En otro momento indicó que se otorgarán 2 mil 500 millones de soles en bonos para agricultores, además de trabajar en la perforación de pozos.

Finalmente, Arnillas se refirió a la aprobación de un presupuesto adicional de 18 mil millones de soles en las partidas del próximo año. “El Perú tiene un techo de endeudamiento enorme que está a raíz del treinta y uno por ciento. Todos los países de la región superan el sesenta por ciento; tenemos bastante techo”, indicó.

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“Es evidente que no es suficiente, nunca es suficiente, no se aprobaron todas las que se quisieron”, señaló al ser consultado sobre los alcances de la delegación de facultades.

Cabe mencionar que el ministro también precisó que la erradicación de cultivos de coca seguirá adelante, pues no necesita de estas atribuciones para operar.

Astudillo indicó que el Ejecutivo espera la emisión de decretos legislativos y de urgencia para avanzar con las contrataciones de tecnología destinada a reforzar la seguridad. Su expectativa es que estos procesos puedan concretarse antes de finalizar el año.

El titular del Interior también planteó revisar el acuerdo de interdicción aérea no letal contra el narcotráfico, al considerar que no ha impedido el traslado de cocaína en avionetas que sobrevuelan el VRAEM.

Según explicó, estas aeronaves pueden transportar cerca de 400 kilos de droga y sostuvo que una intervención armada debe basarse en información de inteligencia que permita identificar cuándo llevan cocaína.

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Fujimori hizo el anuncio durante la inauguración del reservorio N.° 31, una infraestructura destinada a mejorar el abastecimiento de agua potable en el distrito cerreño de Arequipa. Ante los dirigentes y pobladores señaló que recibió sus pedidos para pavimentar las calles y construir veredas, una demanda que, lleva décadas sin resolverse.

La mandataria afirmó que el próximo año el país contará con una inversión adicional de 18 mil millones de soles a nivel nacional, como parte de una medida para enfrentar los efectos económicos previstos del fenómeno de El Niño y el incremento de los precios de los combustibles. Sin embargo, durante su intervención no precisó cuánto de ese monto se destinará para Arequipa.

“Tenemos que volver a unirnos. Trabajar los tres niveles de gobierno. Esa es la única manera en que vamos a salir adelante”, manifestó Fujimori, al insistir en la necesidad de coordinar acciones para atender tanto las urgencias de la población como los proyectos de mediano y largo plazo.

Durante su discurso, Fujimori también señaló que el Gobierno tiene previsto destinar 6 mil millones de soles al sector Educación el próximo año. Además, indicó que recibió pedidos de los escolares de la zona y que espera regresar para la entrega de títulos de propiedad y para impulsar las mejoras viales anunciadas.

La presidenta arribó a Arequipa para la inauguración del reservorio N.° 31, en Cerro Colorado. Posteriormente se trasladó a Moquegua, mientras que el ministro de Vivienda, Mauricio Arnilla se trasladará a Juliaca.

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La intervención requirió una inversión superior a S/ 132 millones e incluye un reservorio con capacidad para 4200 metros cúbicos, más de 62 kilómetros de redes de distribución de agua potable, una línea de conducción de 140 metros y 6294 conexiones domiciliarias.

En materia de alcantarillado, el proyecto contempla más de 54 kilómetros de colectores, un colector primario de 15,4 kilómetros y otras 6294 conexiones domiciliarias, infraestructura destinada a mejorar las condiciones sanitarias de los hogares del distrito.

El reservorio N-31 complementará al N-39, puesto en servicio el año pasado. Ambas infraestructuras permitirán beneficiar a más de 60 000 vecinos de los sectores APIPA y José Luis Bustamante y Rivero. En la ceremonia participarán el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, y autoridades regionales y locales.

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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, remarcó que se trata de un mecanismo excepcional que busca evitar el cierre de negocios y la pérdida de empleos.

En entrevista con Canal N, Sheput explicó que las empresas deben considerar primero alternativas como el teletrabajo o las vacaciones. Si optan por la suspensión perfecta, esta podrá extenderse por un máximo de 90 días y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) deberá verificar que existan condiciones que impidan continuar con las operaciones.

Sobre los bonos anunciados para afrontar los efectos económicos de El Niño, el ministro señaló que el Gobierno debe precisar sus alcances. Consultado sobre si los trabajadores bajo suspensión perfecta recibirán este apoyo, indicó que el tema deberá evaluarse con el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Para compensar va a haber bonos. El bono es al trabajador y por otro lado se está pensando en las empresas”, manifestó.

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“Hoy día hay gobierno, hoy día hay una autoridad, hoy día hay una visión clara de lo que se tiene que hacer y a dónde tenemos que ir como país”, afirmó.

En el ámbito económico, Galarreta destacó la aprobación por unanimidad del proyecto de crédito suplementario presentado por el Ejecutivo ante la Comisión Bicameral de Presupuesto.

También señaló que el país dispone de margen de endeudamiento para afrontar el incremento internacional del precio del petróleo y mencionó medidas de atención médica digital y lucha contra la anemia, en un contexto de posibles efectos del fenómeno El Niño.

Sobre la relación con el Congreso, el premier sostuvo que el Gobierno busca alcanzar consensos con representantes de la Cámara de Diputados y el Senado, aunque cuestionó a sectores que, según dijo, rechazan iniciativas oficiales por cálculos políticos. Además, criticó la postura de Roberto Sánchez, jefe del gabinete de asesores de la bancada de Juntos por el Perú en el Senado.

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MEDIDAS

Para financiar el paquete, el Ejecutivo propone elevar el déficit fiscal al 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI) el próximo año. El Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fijaba para ese periodo un tope de 1,4%. “Se van a modificar las reglas fiscales, tenemos las espaldas para poder hacerlo”, afirmó la mandataria en Palacio de Gobierno.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, detalló que se entregarán, a través de bonos, S/2,500 millones para familias vulnerables, S/2,000 millones al mantenimiento de colegios, postas y carreteras, y S/500 millones al subsidio de combustibles.

Los bonos estarán dirigidos a familias vulnerables y se entregarían durante un periodo de entre tres y cinco meses. Esta vulnerabilidad podría provenir de El Niño: Familias del norte afectadas por lluvias e inundaciones u hogares del sur expuestos a sequías y pérdidas de ganado o cosechas.

Otros podrían ser poblaciones que viven en zonas vulnerables a huaicos y desbordes de ríos.

Adicionalmente, S/6,000 millones se orientarán a infraestructura educativa y S/ 7,000 millones a culminar obras paralizadas que registren un alto nivel de avance.

Para Miguel Alzamora, economista sénior del Instituto Peruano de Economía, la ampliación del límite resulta adecuada ante el episodio climático. No obstante, pidió cautela.

“Los persistentes déficits de los últimos años han sido financiados en parte por los ahorros públicos”, señaló.

Recordó que el BCR estima esos ahorros en 6,4% del PBI al cierre del 2026, su menor nivel desde 2001. El Fondo de Estabilización Fiscal, según Alzamora, suma unos S/11.000 millones, casi 0,9% del PBI.

El texto fue aprobado con 109 votos a favor.

Ahora, el texto deberá pasar a la Cámara de Senadores para su ratificación y posterior promulgación.

POSTURA

La ley que creó el Colegio de Artistas fue blanco de críticas porque exigía obligatoriamente un título universitario o de instituto superior para ejercer y estar colegiado de manera formal.

Además, la ley tenía una disposición complementaria que establecía que no pueden ejercer cargo en los colegios profesionales los inhabilitados para el ejercicio de la función pública.

Este último punto, para algunos, era motivo de cuestionamiento debido a que la exfiscal Delia Espinoza se encontraba inhabilitada para ejercer función pública y postulaba para ser decana del Colegio de Abogados de Lima.

Tras la votación, las diputadas Indira Huilca (Ahora Nación), Rossana Alayza (Buen Gobierno) y Catherin Palomino (Juntos por el Perú) ofrecieron una breve conferencia de prensa por ser autoras de la propuesta para derogar la polémica ley.

“Nuestra obligación es impulsar el debate y aprobación de estas normas, también está en manos de la ciudadanía pedir cuentas por los votos que tomen los congresistas en ambas cámaras”, dijo Huilca.

CAMBIOS

Llamó la atención que toda la bancada de Fuerza Popular (FP) votó a favor de la derogatoria, pues en el Congreso anterior, respaldaron la iniciativa.

Los entonces congresistas Arturo Alegría, Eduardo Castillo y Mery Infantes, votaron a favor de crear el mencionado colegio. Sin embargo, ayer votaron por derogar la ley.

Durante el debate, Alegría reconoció que su partido votó a favor en el pasado.

“Este proyecto no fue impulsado por el fujimorismo, sino por integrantes de Perú Libre. Estos proyectos vinieron de la izquierda”, sostuvo.

La “alianza”, que reunía –en apariencia– a 74 diputados y 30 senadores de la oposición, tuvo un punto de inflexión el último miércoles 21 con la aprobación de las facultades pedidas por el gobierno de Keiko Fujimori para legislar en materia de inseguridad ciudadana y Fenómeno de El Niño. Los votos de cinco senadores miembros de la “oposición” le dieron una victoria política al oficialismo.

De acuerdo a un recuento hecho por Correo, la del último miércoles fue al menos la sexta vez que el grupo opositor mostraba una fisura importante y que resquebraja su solidez.

Primeras sombras

El primer indicio de una falta de cohesión vino de las filas de JP. El 26 de julio pasado, el pleno del Senado tenía la tarea de escoger a sus primeras autoridades.

Las dos listas postulantes tenían a Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular) y Daniel Barragán (Obras) como aspirantes a la presidencia. Los cuadros para primer, segundo y tercer vicepresidente de cada una de las listas se completó con congresistas oficialistas y de Renovación Popular, en el primer caso, y con legisladores de JP, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno en el segundo.

La votación en la primera ronda fue ajustada. En la segunda, un voto viciado, generado por un aspa sobre ambas opciones, inclinó la balanza hacia el oficialismo. Fueron 30 votos a favor de Torres y 29 en respaldo de Barragán. Es decir, un votante de la oposición dio marcha atrás pues, era sabido, cada bloque tenía 30 representantes.

Las sospechas recayeron en la diputada Silvana Robles (JP) quien, al efectuar su voto en el hemiciclo, no mostró su cartilla al pleno.

“No mostré mi voto por un simple descuido. Mi decisión fue clara. Quienes conocen mis convicciones saben que jamás habría votado por el fujimorismo”, indicó vía X. No sirvieron de mucho sus explicaciones, pues su partido la suspendió.

“La bancada tuvo un acuerdo, de manera conjunta, de ser transparente en la emisión de su voto. Como derecho discrecional, correspondía mostrar el voto (…). Nosotros condenamos y rechazamos la deslealtad. La senadora está suspendida, desde ahora, en sus derechos en la bancada”, detalló el excandidato presidencial de JP, Roberto Sánchez, a la prensa.

Indecisión

Al menos otras dos iniciativas contra distintos ministros de Estado, impulsadas por el bloque que encabeza JP, también atravesaron dificultades en la Cámara de Diputados. Los inconvenientes vinieron del interior de la autodenominada “coalición”.

La primera, una moción de censura que se presentó el 24 de septiembre contra el ministro del Interior, César Astudillo. El documento contenía 35 firmas de los diputados de JP, Obras y el Partido del Buen Gobierno, con excepción de Ahora Nación, quien optó por no apoyar dicha medida.

Pocos días después, la iniciativa comenzó a desinflarse. La Cámara de Diputados tuvo que suspender la sesión que tenía programada, para el 30 de septiembre, tras reportarse un retiro de firmas del oficio.

Así, tres diputados de Obras, Luis Masco Cáceres, Heber López y Víctor Piñan solicitaron su exclusión de la moción. Al pasar de 35 a 33 firmas, no se cumplió con el número mínimo de 32 adhesiones para que esta sea discutida.

En esos días, el senador Daniel Barragán, también de Obras, ya había adelantado un cambio de opinión tras una reunión con el presidente de su partido, Ricardo Belmont.

Una situación similar se vivió con la moción de interpelación presentada contra el ministro de Educación, José Antonio Chang. La propuesta contaba con 24 firmas de JP, Ahora Nación y Obras al momento de su presentación, el 21 de septiembre último –con excepción, esta vez, del Partido del Buen Gobierno–. Luego, se sumó una adhesión, la del diputado Héctor Guillén Valencia (JP).

El cómputo de 25 firmas se alteró poco después. El 1 de octubre tres diputados retiraron su apoyo: Helard Sonco (Ahora Nación), y Andrea Medina y Arturo Eusebio Padilla (Obras). Posteriormente, hicieron lo mismo los también diputados Juan Cabrera y Víctor Piñán, también de Obras.

Ayer, el pleno de la Cámara de Diputados dio cuenta de la moción que, pese al retiro de firmas, aún puede ser debatida.

Luz verde

Otro caso se produjo el último 28 de agosto cuando el Gobierno solicitó facultades legislativas al Congreso para dictar leyes en materia de seguridad ciudadana y otros. El pedido planteó un periodo de 120 días para legislar en 66 diferentes materias.

El 6 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó veinte de estos puntos. Luego, elevó el texto a la Comisión de Constitución del Senado.

En esa instancia, los 20 puntos se elevaron a 27, lo que ofuscó a la oposición. Tras enfrentamientos y tensiones, cinco congresistas optaron por dejar si quórum a la comisión. Estos fueron Víctor Cutipa, Iber Maraví y Humberto Morales (JP), Ruth Luque (Ahora Nación) y Patricia Iturregui (Partido del Buen Gobierno).

El entrampamiento era grave. Sin quórum, era imposible que Constitución sesionara y aprobara las facultades.

No obstante, el 19 de octubre, el senador de Obras, Roger Astucuri, volteó el tablero al completar, con su asistencia, el quórum mínimo de siete de doce integrantes. Tuvo el acompañamiento político del vocero Daniel Barragán.

Con su participación, el documento –con 27 materias en total– fue aprobado y pasó al pleno del Senado para su debate, donde volvieron a evidenciarse las fisuras del bloque opositor.

Este nuevo episodio de ruptura se vivió el último martes 21 de octubre y tuvo como protagonistas a tres senadores de Obras, Daniel Barragán, Roger Astucuri y Walter Gago; y a otros dos colegas suyos del Partido del Buen Gobierno, Juver Flores y Jorge Gavidia –pese a que su bancada había acordado votar en abstención–.

Estas cinco adhesiones cambiaron por completo el panorama del pleno. Junto a los votos de Fuerza Popular y Renovación Popular, aliada del oficialismo, se reportaron 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones.

También en JP

Pese a que se trata del bloque opositor más recalcitrante, Juntos por el Perú no ha escapado a las divisiones que han imperado en el Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras.

El senador Percy Osorio (JP) ha sido el único en su grupo parlamentario que votó, hasta en dos ocasiones, en un sentido contrario a la totalidad del bloque.

La primera vez ocurrió en la ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de la Reserva y la segunda en la autorización del viaje de la presidenta Fujimori a España y El Salvador.

Galarreta señaló que la aprobación de estas medidas forma parte de las facultades otorgadas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana.

“La presidenta (Keiko Fujimori) y el Gabinete nosotros hemos esperado que nos conteste el Congreso para saber sobre que base trabajaremos, esos temores son infundados, (el trabajo de inteligencia de) nuestra policía y los militares va a usarse solo en la lucha contra la criminalidad”, expresó el premier para Willax.

El premier también cuestionó las preocupaciones sobre un posible uso de la inteligencia para otros fines y recordó que esta permitió capturar al cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

“La inteligencia, en un estado democrático como el que estamos, servirá para lo que se tiene que usar”, aseguró.

Por otro lado, Galarreta indicó que el Gobierno encontró numerosas obras paralizadas y que trabaja en proyectos para mitigar los efectos del fenómeno El Niño.

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Cabe mencionar que el ajuste se concretaría después del evento climático, cuya duración se proyecta para todo ese año.

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo señaló que el compromiso de aplicar un segundo incremento de S/ 70 podría ser revisado.

“(La evaluación) corresponde al Consejo de Ministros y al ministro de Economía”, declaró en RPP.

Sheput indicó que el Gobierno prioriza reducir los efectos de El Niño en las empresas y los trabajadores mediante una evaluación multisectorial. Precisó que actividades como la pesca, la construcción civil y la agricultura podrían verse perjudicadas, aunque cada sector presenta condiciones diferentes.

Respecto a las empresas afectadas, el ministro sostuvo que se evalúa recurrir a la suspensión perfecta de labores, un mecanismo legal que ya se aplicó durante la pandemia de COVID-19.

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Cabe mencionar que la sesión conjunta está programada para el martes 27 de octubre de 2026, a las 9:00 a. m.

La convocatoria fue acordada por unanimidad por las comisiones de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado, y de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, que solicitaron la participación del titular del sector para abordar esta problemática.

Entre los temas que deberá exponer el ministro figura el estado situacional de las relaveras instaladas en quebradas que desembocan en ríos que alimentan la costa peruana.

Según la convocatoria, estas instalaciones podrían ocasionar impactos ambientales en el contexto del fenómeno El Niño.

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La norma fue publicada esta tarde en el boletín extraordinario de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y establece que las facultades se ejercerán dentro de los parámetros fijados por la propia ley y la Constitución Política del Perú.

En seguridad ciudadana, el Gobierno podrá modificar las normas sobre control migratorio, nacionalidad, armas de fuego y explosivos, así como reformar el sistema penitenciario y modernizar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). También podrá regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios y establecer medidas contra el sicariato, la extorsión, el crimen organizado y los mercados ilícitos.

Respecto al fenómeno El Niño, las facultades contemplan autorizar al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a entregar directamente bienes de ayuda humanitaria de manera excepcional. Asimismo, el Ejecutivo podrá impulsar medidas de innovación y asistencia técnica agraria, simplificar trámites para proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y agilizar la adquisición de terrenos, el saneamiento de predios y la liberación de interferencias necesarias para ejecutar obras públicas y público-privadas.

La delegación también permite modificar normas relacionadas con la inversión pública regional y local, el servicio universal de agua potable y saneamiento, y el acceso a vivienda.

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