El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirmó que el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, ocurrido durante el ataque que dejó cuatro muertos en Trujillo, habría sido coordinado desde el interior de un establecimiento penitenciario.

Durante una entrevista en Cuarto Poder, Belaúnde indicó que esta es la información preliminar que maneja el Gobierno y mencionó a una persona conocida con el alias de “Jhon Pulpo” como presuntamente vinculada a la planificación del hecho.

Gobierno apunta a coordinación desde un penal

“La información que tenemos es que esto, efectivamente, se ha coordinado desde dentro del penal”, declaró el titular del Ministerio de Defensa.

Belaúnde añadió que existe una persona identificada con el alias de “Jhon Pulpo” que estaría relacionada con el caso, aunque precisó que se trata de información que todavía forma parte de las investigaciones.

El ministro sostuvo además que los establecimientos penitenciarios continúan siendo utilizados para la coordinación de actividades delictivas y cuestionó las dificultades del Estado para impedir comunicaciones ilícitas desde las cárceles.

PNP investiga a Los Pulpos y La Jauría

La Policía Nacional del Perú mantiene como principales líneas de investigación a las organizaciones criminales Los Pulpos y La Jauría.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, señaló que la institución había recibido meses atrás información de inteligencia sobre la posible planificación de un secuestro, aunque entonces se desconocía quién sería el objetivo.

Según el jefe policial, el ataque contra Lara Tantaquilla no habría sido un hecho improvisado y las autoridades analizan cámaras de seguridad, desplazamientos de los vehículos utilizados y otras evidencias recogidas durante las investigaciones.

Ataque dejó cuatro muertos en Húsares de Junín

El secuestro ocurrió durante la madrugada del domingo 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo.

Delincuentes que utilizaron prendas e insignias similares a las de unidades policiales interceptaron el vehículo en el que viajaba Lara Tantaquilla junto con otras cuatro personas. Los acompañantes fueron asesinados y el empresario fue retirado por la fuerza.

La víctima fue identificada como Jenss Marty Lara Tantaquilla, empresario vinculado a actividades mineras en La Libertad. Su paradero continúa siendo materia de investigación.

Ministro anuncia operaciones conjuntas en Trujillo

Belaúnde señaló que el Ministerio de Defensa coordina acciones con la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas como parte de las operaciones desplegadas tras el crimen.

Entre estas medidas mencionó labores de inteligencia, rastreo y establecimiento de cercos en zonas donde las autoridades consideran que podrían encontrarse personas vinculadas con los responsables del secuestro.

También sostuvo que el Gobierno busca fortalecer el control del perímetro de los establecimientos penitenciarios para reducir el ingreso de objetos prohibidos y las comunicaciones de organizaciones criminales desde las cárceles.

🇵🇪 El Estado responde con firmeza en Trujillo

🎥 Por disposición de la presidenta de la República, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, llegó a Trujillo para reunirse con el Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, y coordinar acciones ante los hechos registrados. pic.twitter.com/Y1YSVvo6fZ

— Mindef Perú (@MindefPeru) August 31, 2026

Belaúnde pide mayores facultades contra el crimen organizado

El ministro consideró que el ataque ocurrido en Trujillo refleja la gravedad de la inseguridad ciudadana y reiteró el pedido del Ejecutivo para obtener facultades legislativas en materia de seguridad.

Belaúnde sostuvo que se requieren mayores herramientas legales para enfrentar organizaciones criminales y fortalecer las capacidades de inteligencia del Estado.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar qué organización planificó el secuestro, identificar a todos los involucrados y localizar al empresario.

La lista se distribuye en 13 candidaturas a gobiernos regionales, 23 a alcaldías provinciales y 143 a municipalidades distritales. Entre los antecedentes registrados aparecen delitos como tráfico ilícito de drogas, robo agravado, violencia familiar, secuestro, tortura y abuso sexual.

Dos candidatos registran condenas por abuso sexual a menores

Entre los expedientes revisados aparecen dos postulantes con condenas por delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Ambos casos corresponden a sentencias emitidas en 2003 y figuran en las hojas de vida presentadas ante las autoridades electorales.

Rildo Loyola Minaya, candidato a consejero regional por Áncash, fue sentenciado por la Sala Penal de Chimbote en 2003 por mantener una relación con una menor de 14 años. En Piura, Aníbal Santos Velásquez, postulante a la alcaldía de Sóndorillo, registra una condena de ese mismo año por abuso sexual contra una niña de 10 años.

El candidato de Sóndorillo también acumula dos condenas por omisión a la asistencia familiar. Los antecedentes forman parte de la información declarada durante el proceso de inscripción electoral.

Condenas por secuestro y delitos contra el orden público

En Huaraz, Áncash, Jabico Robles Blácido postula a la alcaldía provincial y registra una sentencia de cuatro años de prisión suspendida por secuestro y tortura. El caso se originó cuando participó en la retención durante cuatro días y agresiones contra personas señaladas como presuntos abigeos, durante su etapa como alcalde distrital de Olleros.

El expediente también consigna que su expareja lo denunció en 2014 por agresiones físicas y psicológicas. A raíz de esa denuncia se dictaron medidas de protección y se estableció el pago de una reparación civil.

En Ayacucho, Hermógenes Flores Salazar, candidato a la alcaldía de Chipao, recibió en enero de este año una condena de cinco años de pena suspendida. La sentencia está relacionada con su participación en actos que incluyeron la destrucción de material electoral durante los comicios de 2018.

En el distrito de Colca, Vladimir Muñoz Abel Alca registra una condena dictada en 2007 por agrupación ilícita. El expediente señala que irrumpió junto con otras personas en la municipalidad de Cangallo y que durante el hecho se realizaron disparos.

Alberth Castro Cruz, candidato a la alcaldía de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, registra una sentencia por apropiación ilícita relacionada con la sustracción de una mezcladora de construcción. También figura una condena de 2017 por maltrato psicológico contra su hija mediante un medio de comunicación radial.

Su expediente incluye además denuncias presentadas en 2001 por presuntas amenazas con un arma de fuego contra una mujer adulta mayor. Estos registros forman parte de los antecedentes consignados en su documentación electoral.

En Junín, Fernando Orihuela Rojas, exintegrante de Perú Libre y candidato de Podemos Perú, es investigado por presunto lavado de activos dentro del caso Los Dinámicos del Centro. El Ministerio Público le atribuye presuntamente haber direccionado licitaciones por más de cinco millones de soles mediante empresas relacionadas con su entorno familiar.

El postulante también registra una denuncia por agresión física contra su expareja ocurrida en febrero de 2023. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, según la información revisada.

¿Qué dijo la organización política?

La agrupación política fue consultada por las candidaturas que registran antecedentes y respondió mediante un comunicado. Podemos Perú indicó que actualmente atraviesa un proceso de reorganización.

La inscripción de los postulantes se produce pese a los planteamientos de su líder, José Luna Gálvez, sobre la lucha contra la corrupción. La nómina incluye candidatos para los distintos niveles de gobierno regional y municipal que participarán en las elecciones de 2026.

El jefe del Gabinete, Luis Galarreta, vinculó los hechos con el pedido de facultades legislativas presentado ante el Congreso.

“También, es poder identificar y denominar grupos hostiles a estas bandas también criminales, como grupos terroristas, para que justamente nuestras Fuerzas Armadas puedan también tomar acción al respecto”, declaró.

COMPÁS DE ESPERA

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que la delegación permitiría adoptar medidas vinculadas con los perímetros de seguridad y los establecimientos penitenciarios.

“Yo espero que esta situación lamentable que estamos enfrentando, y vamos a seguir enfrentando, y ese es un mensaje a estos delincuentes, nosotros, como Estado, no vamos a parar de enfrentarlos, simplemente estamos esperando: uno, delegación de facultades, y en el camino ya hemos ido estudiando varias acciones que seguro vamos a poner en marcha pronto”, dijo.

Por su parte, la Presidencia de la República difundió que la presidenta Keiko Fujimori lideró la reunión de emergencia con el Gabinete Ministerial tras los hechos en Trujillo para trazar una ruta inmediata.

En las imágenes que difundió Palacio aparecen César Astudillo (Mininter), Rafael Belaunde (Mindef) y Marco Vinelli (Midagri).

Los Hechos

La víctima del rapto fue identificada como Jenss Marty Lara Tantaquilla, empresario minero de 32 años de edad.

Cerca de las 3:00 de la mañana, Lara salía de una discoteca cuando el vehículo en que viajaba fue obligado a detenerse por una camioneta blanca Hilux, de la cual descendieron 3 sujetos con armas de largo alcance y vestidos como agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco).

Los supuestos policías rodearon la camioneta Ford Raptor blanca, de placa CZI-019, en la intersección de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel Bobadilla, urbanización El Recreo, a solo tres cuadras de la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo.

Las cámaras de videovigilancia de la zona registraron cómo los hampones apuntaron a los tripulantes y coaccionaron a Lara a descender del auto, luego de asesinar al conductor.

Posteriormente, cuando su objetivo ya estaba fuera del auto, los delincuentes dispararon al resto de sus acompañantes y luego huyeron. Según información preliminar, estarían pidiendo un millón de soles por su rescate.

También se observa que uno de los criminales intentó llevarse el auto de Lara, pero su sistema de seguridad se activó y este no arrancó. Ante ello, tuvo que escapar a pie.

Las víctimas mortales fueron identificadas como: Farhad Andrea Monzón Lingán (20), quien sería pareja de Lara; Nadia Edith Urtecho Rodríguez (28), una joven que estaría vinculada a la producción de eventos; y los guardaespaldas del empresario: Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas (37) y Christopher Eduardo García Álvarez (33).

Antecedentes

Según reportes policiales, Lara fue detenido en 2020 durante un operativo en Trujillo y fue vinculado con la organización criminal “Los Topos del Frío”, banda presuntamente dedicada a la extracción y comercialización ilegal de oro en la sierra de La Libertad.

En ese entonces, la PNP informó que esta red delictiva se extendió en las minas de Parcoy y que el mineral extraído era trasladado posteriormente a las ciudades de Lima, Ica, Piura y Arequipa para su procesamiento.

Respuesta

El general PNP Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad, confirmó el plagio del empresario minero horas después del ataque.

“Los delincuentes han usado camionetas Hilux para simular una intervención policial. En todas partes del mundo, incluso en las ciudades más seguras, los delincuentes se visten de policías”, manifestó ante la prensa.

Asimismo, Espinoza indicó que hallaron las prendas policiales usadas por los agresores, además de la ropa de la víctima, que habría sido retirada para eliminar cualquier dispositivo de rastreo.

“Este no es un hecho cualquiera. Se venía alertando hace muchos meses, tanto así que la unidad antisecuestros permaneció un tiempo considerable en la jurisdicción y había alertado a las posibles víctimas”, señaló.

“En estos momentos el ciudadano se encuentra en poder de los secuestradores, que podrían pertenecer a las organizaciones criminales Los Pulpos y la Jauría”, añadió el alto oficial.

No obstante, para Espinoza este atentado responde a la captura del cabecilla Andy Quispe Cruz de “Los Pulpos”, ya que su detención habría afectado las finanzas de la banda y aceleró su necesidad de recaudar dinero mediante nuevos delitos.

Aseguró que la institución utilizará todos los recursos disponibles para dar con el paradero de Lara. “Los vamos a capturar y lo vamos a abatir. Así como han utilizado la fuerza, la policía de igual manera utilizará la fuerza letal”, sentenció.

Por su parte, el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, cuestionó la eficacia del “Plan Cerco” frente a la magnitud del ataque.

“Se supone que, con bastante esfuerzo, municipalidad, gobierno regional han dotado de equipamiento. Me refiero a motocicletas y (...) más de 140 camionetas para el famoso Plan Cerco. Entonces (...) no funcionó el Plan Cerco, porque no han sido hasta el momento capturados”, precisó.

Reyna exhortó a la presidenta Keiko Fujimori y al ministro del Interior César Astudillo a viajar a su región para “dar la cara”.

“La presidenta no solamente tiene que dar logística, equipamiento, sino que la presidenta debería estar ya acá (...) debería estar el ministro del Interior dando la cara (...) no es cuestión de sacar a los soldados y ponerlos en la calle”, deploró.

A este llamado se sumó el Gobierno Regional de La Libertad, que no solo pidió la “presencia inmediata” de Fujimori sino también del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. “Necesitamos capturas realmente trascendentes”, puntualizó.

La situación evidencia -una vez más- la grave crisis de inseguridad ciudadana que afronta el Perú.

El personaje que toma relevancia en esta historia es Óscar Manuel Arriola Delgado, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), a quien el Congreso Bicameral ya puso en la mira (ver infografía).

Precisamente, ayer por la tarde, la bancada de Renovación Popular emitió un pronunciamiento para exigir la renuncia de Arriola y “acciones inmediatas para recuperar el orden”.

i nfo

RECORRIDO

En octubre de 2025, cuando Arriola era teniente general PNP, fue nombrado comandante general en la gestión de la entonces presidenta Dina Boluarte.

Cabe recordar que en el año 2022 se promulgó la Ley 31570, una norma que precisa que el cargo es por dos años, con posibilidad de una prórroga excepcional de un año mandato.

Esa ley impide que la presidenta Keiko Fujimori pueda cesar en el cargo a Arriola.

Dicha ley señala que el comandante puede ser removido por fallecimiento, solicitud voluntaria de pase al retiro, incapacidad física permanente, falta muy grave o sentencia firme del Poder Judicial por delito doloso.

PROPUESTA

Con el objetivo de cambiar ese impedimento, la diputada Catherine Palomino (Juntos por el Perú) presentó un proyecto de ley para añadir más causales para el cese inmediato del comandante general.

Específicamente “por pérdida de la idoneidad necesaria para el ejercicio del cargo”, cuando esta comprometa de manera grave la conducción, dirección o funcionamiento de la Policía, para ello, hay supuestos:

La grave afectación de la eficacia operativa, capacidad de respuesta, integridad institucional o conducción estratégica de la Policía; cuando existe un incumplimiento grave y reiterado de las políticas y planes nacionales de seguridad ciudadana y de los objetivos estratégicos institucionales; cuando haya neglicencia grave en el ejercicio del cargo que genere una afectación sustancial a la seguridad ciudadana, al orden interno, a la capacidad operativa de la Policía o la adecuada prestación del servicio policial; así como cuando existan actos u omisiones de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que ocasionen una afectación grave a la institucionalidad, disciplina, integridad o legitimidad de la Policía.

🚨 COMUNICADO OFICIAL | Condenamos el ataque criminal en Trujillo y nos solidarizamos con las familias afectadas.

Exigimos la renuncia inmediata del comandante general de la PNP, Óscar Arriola.#DiputadosRP #Trujillo #RenovaciónPopular pic.twitter.com/uxL9sKzjBj

— Bancada Diputados Renovación Popular (@diputados_rp) August 30, 2026

Los senadores Martha Chávez y Jacques Rodrich coincidieron en que José Antonio Chang debe explicar los motivos del nombramiento.

Los cuestionamientos surgieron luego de que un informe periodístico revelara que Chang y Ramírez habrían coincidido en varios viajes al extranjero antes de que ella asumiera el cargo. Entre los destinos señalados figuran Estados Unidos y Panamá.

Explicaciones

Al respecto, Chávez sostuvo que, si bien debe respetarse la vida privada, esta adquiere relevancia cuando se encuentra relacionada con una decisión adoptada desde el Estado.

“La vida privada sigue su curso a condición de que no afecte la moral pública, pero en el caso concreto de que haya una designación, yo sí estoy de acuerdo con que debe dar una explicación”, declaró a RPP.

Asimismo, consideró que el pronunciamiento debe partir del propio ministro.

“Puede no ser necesaria una entrevista, pero sí una declaración. Yo sí creo que merece una explicación inmediata”, remarcó.

La legisladora añadió que quienes ingresan a la política deben someterse a una fiscalización permanente y facilitar cualquier investigación sobre sus actuaciones.

Por su parte, Rodrich expresó su confianza en que Chang tendrá razones para designar a la exparlamentaria. Sin embargo, advirtió que no sería adecuado que hubiera nombrado a una persona de su entorno en un puesto bajo su competencia.

“Estoy seguro de que José Antonio Chang tiene una explicación perfectamente lógica o una renuncia a la mano. Desafortunadamente, así funciona esto”, dijo a Canal N.

SEGURIDAD CIUDADANA

En Punto Final, el funcionario afirmó que no es suficiente que los militares se limiten a resguardar el perímetro externo de estos establecimientos. Esto en referencia a que muchos integrantes de bandas criminales coordinan sus actos delictivos desde estos recintos a través de un teléfono celular.

“Estamos pidiendo las facultades para que las Fuerzas Armadas puedan ingresar dentro de los penales. Hoy estamos sacando un decreto donde van a cuidar la parte externa de los penales, pero se necesita que ingresen a los penales”, declaró el funcionario.

Vinelli explicó además que, de declararse a determinadas organizaciones criminales como “grupos hostiles”, las FF.AA. podrían intervenir con labores de inteligencia y operaciones especiales para ubicar a los responsables de delitos y ponerlos a disposición de la justicia.

Marco Vinelli añadió que el Gobierno buscará sustentar cada uno de estos pedidos ante la Cámara de Diputados, en busca de ese respaldo para beneficiar a la población.

FENÓMENO EL NIÑO

Por otro lado, Vinelli informó sobre los trabajos de prevención que se realizan en los ríos Tumbes y Piura de cara a la temporada de lluvias. Señaló que el primer tramo de limpieza y descolmatación se encuentra casi terminado, tras la extracción de material que se había acumulado con el tiempo, incluyendo vegetación.

El ministro indicó que las labores se ejecutan en dos turnos, mañana y noche, a fin de garantizar que el cauce del río pueda soportar un caudal promedio de 3 900 metros cúbicos por segundo y evitar desbordes durante el fenómeno El Niño.

“La lluvia podría llegar la quincena de diciembre, según especialistas, por eso estamos trabajando con esa información. Hemos encontrado 1700 puntos críticos a nivel nacional, concentrados en la parte costera, especialmente en Arequipa, Piura y Lima”, afirmó.

Belaunde explicó que las Fuerzas Armadas no cuentan actualmente con un marco legal que les permita realizar operaciones militares contra organizaciones criminales como Los Pulpos, por lo que el Ejecutivo busca incorporar esta clasificación mediante las facultades legislativas solicitadas al Congreso. Según indicó, esta medida permitiría utilizar inteligencia militar y unidades de operaciones especiales para intervenir directamente contra estas estructuras.

“Lo que se requiere lo que requieren las Fuerzas Armadas es que los grupos de las organizaciones criminales transnacionales y nacionales que operan en el Perú sean catalogadas como grupo hostil. Eso permite conducir operaciones militares contra ellos”, planteó.

Belaunde señaló que las Fuerzas Armadas sí pueden intervenir contra organizaciones que ya tienen esa condición legal, como Sendero Luminoso y las disidencias de las FARC que operan en la zona del río Putumayo. En esa línea, precisó que el Ejecutivo busca aplicar el mismo mecanismo contra organizaciones como Los Pulpos, Los Choneros, el Comando Vermelho y el Tren de Aragua.

“Hoy no podemos hacerlo. Podemos hacerlo, por ejemplo, en el VRAEM, porque Sendero Luminoso es un grupo hostil. Podemos hacerlo contra las disidencias de la FARC que están en el río Putumayo porque también han sido declaradas grupo hostil”.

#EnVivo #CuartoPoder

Ministro de Defensa, Rafael Belaúnde: Lo que requieren las FF. AA. es que los grupos de organizaciones criminales sean catalogadas como grupo hostil para que puedan emprender operaciones. Los penales son las bases de operaciones de las organizaciones… pic.twitter.com/ZlCQr9qO91

— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) August 31, 2026

¿Qué acciones adoptará el Ejecutivo?

Belaunde sostuvo que las Fuerzas Armadas cuentan con efectivos para participar en operaciones contra grupos hostiles y para establecer el control externo de los establecimientos penitenciarios. Aclaró, sin embargo, que no existe personal suficiente para asignar un militar a cada unidad de transporte público.

“La presidenta de la República está haciendo un esfuerzo en reconstruir los sistemas de inteligencia en el Perú, que la DINI pueda conducir operaciones de inteligencia. Estamos haciendo un esfuerzo para poder denominar como grupos hostiles a estas organizaciones criminales y poder aplicar fuerza militar contra ellos”.

El titular de Defensa también relacionó la violencia registrada en Trujillo con las actividades de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en Pataz. Según explicó, existiría una conexión entre esas estructuras y el tráfico de explosivos y armas que abastece a otros grupos delictivos.

¿Qué se sabe del secuestro en Trujillo?

Belaunde informó que las primeras labores de inteligencia apuntan a que el secuestro habría sido coordinado desde un establecimiento penitenciario. El ministro señaló que la organización criminal Los Pulpos estaría vinculada al crimen.

“Esto efectivamente se ha coordinado desde dentro del penal. Hay una persona identificada, alias John Pulpo. Entonces, sería como había anunciado, como había sugerido el coronel de Revoredo, estaría detrás la organización criminal Los Pulpos”.

Asimismo, consideró necesario reforzar la seguridad en los accesos y realizar requisas dentro de los penales.

Gobierno prepara control en penales

El Ejecutivo también prepara una intervención militar en el perímetro de los establecimientos penitenciarios mediante retenes que controlarán a las personas, vehículos y productos que ingresen. La propuesta contempla el uso de escáneres corporales y equipos para revisar bultos con el objetivo de impedir el ingreso de celulares, chips, armas y otros elementos.

Belaunde indicó que el sistema se proyecta inicialmente para penales como El Milagro, Challapalca, Ancón I y Piedras Gordas. Sin embargo, señaló que la implementación dependerá de la disponibilidad del equipamiento y de la aprobación del decreto supremo correspondiente.

“Van a haber dos de esos por cada penal. (...) La presidenta de la República ha puesto a nuestra disposición los dos sistemas de escáner personales que habían”.

El ministro precisó que también se gestionan equipos adicionales mediante la Sunat y que se busca apoyo de Estados Unidos para incorporar más sistemas de escaneo. Sobre la fecha de inicio, señaló que podría comenzar la próxima semana, aunque no estableció un día concreto.

Sánchez se refirió al destino de estos fondos durante una consulta realizada por Cuarto Poder. El líder de Juntos por el Perú aclaró esta situación luego de que se cuestionara que el monto recaudado por la agrupación no apareciera en los reportes de ingresos de campaña entregados al organismo electoral.

Aclara destino de los fondos

El ex candidato sostuvo que el dinero ingresó para cubrir los pagos asociados a los recursos electorales presentados por Juntos por el Perú tras la segunda vuelta. Precisó que la tesorera de la organización fue quien realizó la rendición correspondiente ante la ONPE.

Sánchez explicó que la totalidad de los recursos fue utilizada para pagar las tasas exigidas por los trámites electorales. Sobre este punto, sostuvo que la organización ya había cumplido con informar el movimiento de esos fondos.

“Ya está rendido ya. La ONPE ha hecho una acción correspondiente a que eso no era un aporte para campaña (…) Esos fondos ya se rindieron porque si entró A, todo se ha gastado en tasas para pago de apelaciones”, indicó.

El dirigente también atribuyó la presentación de la información financiera a la responsable de la tesorería de Juntos por el Perú. Señaló que dicha funcionaria tiene a su cargo la rendición de los recursos ante las autoridades electorales.

“Ese informe lo ha rendido a ONPE la tesorera del partido y no hay ningún inconveniente. La responsable de tesorería ha rendido, porque todo eso ha sido para pago de tasas. Es la responsable legal”, aseguró.

¿Cuánto dinero recaudó Juntos por el Perú?

La agrupación informó en junio que había recolectado S/787.599 mediante aportes de ciudadanos después de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. La propia tesorera del partido, Luzmila Ayay, dio cuenta de ese monto durante una conferencia de prensa realizada el 18 de junio.

De acuerdo con lo señalado entonces, los recursos permitieron cubrir 744 tasas electorales correspondientes a la presentación de solicitudes de nulidad y recursos vinculados con actas observadas. Ninguno de esos pedidos terminó favoreciendo a Roberto Sánchez.

Los cuestionamientos surgieron luego de la revisión de los informes financieros presentados por Juntos por el Perú ante la ONPE. En esos documentos, la campaña presidencial de Sánchez registró ingresos por S/194.030,27 y consignó aportes en especie, sin declarar ingresos en efectivo durante la campaña.

El monto recaudado después de la segunda vuelta no figuraba en esos reportes como parte de los ingresos registrados durante la campaña. Sánchez sostuvo que esos recursos tenían una finalidad distinta y negó que correspondieran a financiamiento privado de una candidatura.

Al ser consultado sobre la transparencia de la rendición, el ex candidato diferenció los aportes privados realizados durante una campaña de los recursos recolectados posteriormente. En ese contexto, señaló que el dinero obtenido después del balotaje no constituía un fondo público.

“El financiamiento privado es el aporte que hace a veces a un candidato y eso no es fondo público”, reiteró.

Según reveló el dominical de Panorama, Castro Cruz en su hoja de vida consignó nueve sentencias firmes hasta el año 2018 por delitos de injuria, calumnia y difamación, además de procesos en materia de familia relacionados con obligación de dar suma de dinero por alimentos.

DÉCIMA SENTENCIA

Sumado a ello, la décima en su haber fue dictada en marzo de este año, en plena campaña electoral, por el delito de difamación agravada, en un proceso iniciado por su propia exabogada, Gabriela Vidarte.

Según la denunciante, Javier Castro habría afirmado en un programa radial que le falsificaron su huella digital, su firma y otros documentos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para poder renunciar al partido Acción Popular.

“Me dice: “¿Sabe qué, doctora?, yo tengo un entrampamiento legal; ahorita estoy en un partido del que no me puedo desafiliar, cinco abogados no han podido. Si usted me desafilia, yo le apoyo con la difusión en la radio con su partido. Nunca me dijo que él ya había hecho un acuerdo con Acción Popular y, bueno, a las finales, apareció desafiliado”, indicó la letrada.

DESPACHO CONGRESAL

Con esta décima sentencia en su contra, Castro Cruz se encuentra actualmente en proceso de apelación. El martes 19 de agosto, cuando era congresista, también estaba siendo procesado y desde el despacho congresal atendió dicha audiencia.

Asimismo, durante la semana de representación parlamentaria, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, le recordó públicamente el historial de condenas que mantiene.

DIPUTADO RESPONDE

Consultado sobre el uso de instalaciones del Congreso para sus procesos personales, el diputado señaló que tomará las previsiones necesarias para desarrollar su proceso judicial en un estudio jurídico particular.

“Voy a tomar las previsiones del caso para desarrollar mi proceso en un estudio jurídico particular y voy a tratar de estar en el horario que no me interrumpa mi labor fiscalizadora y congresal. Yo sé que usar las instalaciones del Estado no es correcto”, expresó Javier Cruz, quien aseguró tener el respaldo del fujimorismo.

El premier estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y el titular del Interior, César Astudillo. Belaúnde se trasladará a la zona para supervisar las operaciones de las Fuerzas Armadas, mientras el Ejecutivo evaluará los primeros reportes de las intervenciones.

#LoÚltimo

Jefe de Gabinete, Luis Galarreta, reiteró la necesidad de que se apruebe el pedido de facultades. Esto al referirse sobre el secuestro de un empresario en Trujillo. El titular de la PCM añadió que necesitan que se necesita reforzar el servicio de inteligencia, entre… pic.twitter.com/vfL0lEYvgX

— Canal N (@canalN_) August 31, 2026

Despliegue de efectivos en La Libertad

El jefe del Gabinete confirmó que contingentes especiales de la Policía ya fueron enviados hacia la región. Los agentes participarán en intervenciones estratégicas destinadas a responder a los recientes hechos delictivos y determinar a los responsables.

El Gobierno también prevé la participación de las Fuerzas Armadas en las acciones de seguridad. El ministro de Defensa tendrá a su cargo la supervisión de las operaciones en el terreno junto con los mandos militares.

Premier insiste en delegación de facultades

Durante su pronunciamiento, Galarreta resaltó la necesidad de que el Congreso otorgue facultades legislativas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana. Según explicó, el objetivo es ampliar las capacidades del servicio de inteligencia para obtener información y detectar con anticipación a las organizaciones criminales.

El premier sostuvo que esta herramienta permitiría fortalecer la respuesta estatal frente a la violencia, independientemente del origen de los enfrentamientos registrados. En ese contexto, explicó que el Ejecutivo busca contar con mayores capacidades para anticiparse a las actividades delictivas.

La declaración de Galarreta estuvo centrada en la necesidad de ampliar las herramientas disponibles para las labores de inteligencia y prevención. Sobre este punto, sostuvo lo siguiente.

“Quiero dejar algo en claro y es, justamente, la necesidad y urgencia de la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana. Que nuestro servicio de inteligencia pueda tener operaciones que no tiene hoy día, es sumamente importante para detectar a tiempo estas bandas criminales, más allá si son arreglos de cuenta o no, porque finalmente hay violencia en la ciudad, que es lo que queremos frenar”, sostuvo.

¿En qué consiste el proyecto de delegación de facultades?

El pedido de facultades incluye medidas destinadas a ampliar las atribuciones del Estado frente a las organizaciones delictivas. El Ejecutivo también plantea establecer una clasificación de determinadas bandas como grupos hostiles o terroristas.

La propuesta contempla que las Fuerzas Armadas puedan intervenir de manera directa frente a estas organizaciones bajo el marco legal que se establezca. Asimismo, se evalúa otorgarles funciones de control perimétrico en los establecimientos penitenciarios.

Rafael Belaúnde mantiene en elaboración los estudios técnicos relacionados con estas medidas. El Gobierno deberá definir los mecanismos para su eventual aplicación una vez que se determine el alcance de las facultades solicitadas.

El anuncio fue realizado por el premier Luis Galarreta, quien calificó lo ocurrido como una situación “inaceptable” y rechazó la violencia registrada en la zona. Según explicó, la Policía Nacional del Perú ya se movilizó como primera respuesta ante el ataque.

Además, Galarreta precisó que el viaje del titular de Defensa, Rafael Belaunde, se dará en una acción conjunta con las Fuerzas Armadas, y adelantó que este lunes por la mañana se presentará un reporte con los resultados de las diligencias, incluyendo identificación de los presuntos cabecillas.

PIDE APROBACIÓN DE FACULTADES

Galarreta aprovechó el anuncio para reiterar la urgencia de que el Congreso apruebe la delegación de facultades legislativas, especialmente por el tema de seguridad ciudadana.

“Que nuestro servicio de inteligencia pueda tener operaciones para detectar a tiempo estas bandas criminales, más allá de si es o no arreglos de cuenta. Lo segundo es poder identificar y denominar grupos hostiles, a que estas bandas también criminales como grupos terroristas, para que las Fuerzas Armadas puedan tomar acción”, dijo Luis Galarreta en pronunciamiento.

Asimismo, el premier remarcó que, como Estado, no se detendrán las acciones frente a la violencia, mientras se espera la aprobación de dichas facultades en el Parlamento.

La propuesta fue presentada por la congresista Catherin Palomino en un contexto marcado por cuestionamientos a la respuesta policial frente al incremento de homicidios. De aprobarse, la modificación permitiría evaluar la continuidad del máximo jefe de la PNP antes de que concluya su periodo previsto en septiembre de 2027.

El proyecto mantiene los dos años establecidos para el ejercicio del cargo, pero incorpora una causal para su conclusión anticipada denominada pérdida sobreviniente de idoneidad. Esta figura podría aplicarse cuando existan circunstancias posteriores al nombramiento que comprometan el desempeño del comandante general.

¿En qué casos se propone el cese del cargo?

La iniciativa contempla cuatro situaciones para determinar esa pérdida de idoneidad. Entre ellas figuran una afectación grave de la eficacia operativa o de la conducción estratégica de la PNP, así como el incumplimiento grave y reiterado de las políticas y planes nacionales de seguridad ciudadana.

También se considera la negligencia grave que perjudique de manera sustancial la seguridad ciudadana, el orden interno o la capacidad operativa de la institución. El cuarto supuesto comprende actos u omisiones que afecten la institucionalidad, disciplina, integridad o legitimidad de la Policía Nacional.

El proyecto establece que la decisión de retirar al comandante general debe ser comunicada personalmente por la presidenta y contar con una sustentación escrita. La medida busca establecer criterios para la decisión y evitar que el cese responda a una determinación sin fundamentos.

En su exposición de motivos, Palomino cuestiona que la regulación vigente pueda generar una permanencia sin posibilidad de remoción incluso ante situaciones graves. La congresista sostiene que la crisis de inseguridad requiere mecanismos que permitan evaluar la continuidad del máximo responsable policial cuando deje de cumplir las condiciones necesarias para el cargo.

La iniciativa utiliza cifras oficiales para sustentar la necesidad de modificar las reglas sobre la permanencia del comandante general. Según el documento, en 2025 se registraron 2,218 homicidios, frente a los 2,083 contabilizados en 2024 y los 1,511 de 2023.

El proyecto también señala que durante los primeros 26 días del gobierno de Keiko Fujimori se reportaron 134 homicidios. Estos datos son utilizados por la bancada para plantear la necesidad de contar con mecanismos de responsabilidad para la conducción de la PNP.

La resolución fue remitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró fundada la solicitud presentada por la Fiscalía. Las empresas Movistar, Claro, Bitel y Entel deberán entregar a la Fiscalía, en un plazo de 48 horas, información sobre titularidad, activación, IMEI, tarjetas SIM, llamadas, mensajes de texto, horarios y duración de las comunicaciones.

Según la investigación, familiares de la expareja de Betssy Chávez habrían sido contratados en distintas entidades públicas como el Congreso de la República, Sunafil, Cofopri, Senati y EsSalud.

CASOS

Cabe mencionar que la Fiscalía inició la investigación luego de que, el 1 de octubre de 2025, el Congreso aprobó el informe de la denuncia constitucional que se presentó contra Chávez como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado.

Uno de los casos corresponde a Marco Sotelo, hermano de Abel Sotelo, quien se desempeñó como asistente en el despacho congresal de Chávez entre octubre de 2021 y marzo de 2022. Según la investigación, habría sido la propia excongresista quien lo contactó telefónicamente para consultarle sobre su disponibilidad laboral.

La Fiscalía también revisa la contratación de Flor Sotelo Villa, hermana de Abel Sotelo, en el mismo despacho.

Asimismo, se investiga si Chávez habría mostrado interés en la designación de Antonio Sotelo Calderón, padre de su expareja, en distintos cargos estatales, entre ellos Sunafil Puno, la representación del Ministerio de Trabajo ante Sunafil y Cofopri Tacna.

Asimismo, solicitó que el Ejecutivo adopte medidas para recuperar el orden y reforzar la seguridad ciudadana. La bancada también expresó sus condolencias a los familiares de las cuatro personas asesinadas durante el ataque.

La bancada explicó que considera necesario modificar la conducción policial ante los recientes hechos de violencia. Su comunicado plantea que el Gobierno intervenga de manera inmediata para garantizar la seguridad de la población.

“Ante la falta de resultados, la Policía Nacional necesita un cambio en su conducción. Por ello, exigimos la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola, y acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los peruanos”.

🚨 COMUNICADO OFICIAL | Condenamos el ataque criminal en Trujillo y nos solidarizamos con las familias afectadas.

Exigimos la renuncia inmediata del comandante general de la PNP, Óscar Arriola.#DiputadosRP #Trujillo #RenovaciónPopular pic.twitter.com/uxL9sKzjBj

— Bancada Diputados Renovación Popular (@diputados_rp) August 30, 2026

Ataque dejó cuatro muertos y un secuestrado

El hecho ocurrió en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, donde cuatro personas fueron atacadas a balazos. Durante el mismo episodio, un empresario minero fue obligado a subir a un vehículo y permanece con paradero desconocido.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez. El empresario secuestrado fue identificado como Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, natural de Chillia, en la provincia de Pataz.

Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron observar que los responsables del ataque utilizaban prendas similares a las que emplean los agentes de la Policía Nacional. El vehículo en el que se produjo el atentado es un Ford Bronco registrado a nombre de Millenium J&J S.A.C., empresa dedicada al transporte de carga por carretera.

Como se recuerda, el semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que Valenzuela coincidió varias veces con la mandataria en un spa de Santa Catalina y que estuvo presente en la toma de mando del 28 de julio, la juramentación del gabinete y la cena de gala. Según el medio, el empresario acumula cinco demandas civiles por cortes de Florida (EE. UU.): tres de empresas y dos de personas naturales.

Para el premier, el empresario argentino no tiene ninguna vinculación con el Gobierno, mas solo asistió a eventos protocolares. “Quieren llevarlo como si fuese Sarratea. A Keiko le han inventado cosas. En el caso de Sarratea había billete”, afirmó al diario Perú21.

CONTRATO DE SU ESPOSA EN EL PARLAMENTO

Consultado por la contratación de su esposa, María Alzamora Carrillo, en el Congreso, el premier aseguró que sí cumple con los requisitos exigidos y no tiene impedimento para ello.

Galarreta sostuvo que no tiene que “aclarar nada” debido a que no fue en su despacho la contratación. “Ella ha trabajado también en el sector privado desde hace muchos años; trabajó en Confiep un tiempo. Yo no tengo que aclarar nada, porque yo no he contratado. Que aclare la institución”, señaló.

Sobre los cuestionamientos por una presunta “facción galarretista” dentro del gabinete, aseguró que el equipo está “absolutamente unido”. A Miki Torres, presidente del Senado, lo consideró incluso como “un hermano menor”.

Las interrogantes seleccionadas serán planteadas durante los debates oficiales que se desarrollarán en las 25 capitales regionales y Lima Metropolitana.

La iniciativa “Pregúntale a tu candidato” busca incorporar las principales inquietudes de la población en los debates electorales. Para participar, los ciudadanos deben estar habilitados para votar en las ERM 2026 y no contar con afiliación política vigente.

Las preguntas deben ser claras y estar relacionadas con los temas priorizados para cada circunscripción. Además, no podrán incluir insultos, agravios, alusiones personales ni estar dirigidas específicamente contra un candidato u organización política.

El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, exhortó a la población a participar y destacó la importancia de involucrarse en el proceso electoral para fortalecer la democracia y permitir un voto informado. Las elecciones regionales y municipales están previstas para el 4 de octubre de 2026.

El organismo electoral habilitó un formulario virtual para que los ciudadanos puedan presentar sus interrogantes, las cuales pasarán por un proceso de selección antes de ser incorporadas en los debates.

RELLENA EL FORMULARIO AQUÍ

El JNE también invitó a la población a utilizar sus multiplataformas para informarse sobre los candidatos y sus propuestas antes de acudir a las urnas.

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El pedido contempla 20 medidas en materia laboral, eliminación de barreras burocráticas, reforma del Estado y servicio civil, entre ellas modificaciones para promover la contratación de jóvenes, aunque no se detallan los derechos laborales que podrían verse involucrados.

La propuesta también plantea incentivos económicos para funcionarios que renuncien voluntariamente al Estado, cambios en el régimen de feriados -que desde 2027 podrían trasladarse a los lunes para formar fines de semana largos- y la derogación de la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

El proyecto deberá ser evaluado por las comisiones del Parlamento antes de su eventual debate en el pleno.

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La presidenta Keiko Fujimori encabezó una visita oficial a la provincia de Carabaya, en la región Puno, donde participó en la ceremonia de clausura de la Feria Nacional de los Camélidos Sudamericanos, Agropecuaria y Artesanal (Fecasam-2026).

La mandataria arribó en la mañana al Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca junto a una comitiva ejecutiva integrada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, desde donde se trasladaron en helicópteros hacia la localidad de Macusani.

Durante la jornada en Macusani, la jefa de Estado lideró una serie de entregas dirigidas a fortalecer el sector rural local. Entre las acciones desplegadas figuró la adjudicación de títulos de propiedad, así como la distribución de insumos técnicos y una maquinaria agrícola.

Estas medidas buscan optimizar la capacidad operativa de los productores agrarios y asegurar la titulación predial de las familias de la zona.

La jefa de Estado anunció el inicio del proyecto para la construcción de una moderna planta procesadora de fibra de alpaca, vicuña y llama.

Esta infraestructura industrial estratégica tiene como objetivo central industrializar la materia prima textil del altiplano, permitiendo a las comunidades locales añadir valor agregado a su producción y comercializar sus derivados en mejores condiciones de mercado.

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La misión analizará el acceso a la justicia y la aplicación de la debida diligencia reforzada en la atención de estos casos. También buscará identificar las principales barreras geográficas, lingüísticas, culturales e institucionales que enfrentan las víctimas y evaluar la respuesta de las entidades encargadas de su protección y atención.

La delegación sostendrá reuniones con representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y diversos ministerios, además de organizaciones de la sociedad civil.

Posteriormente, viajará a Santa María de Nieva, El Cenepa y Río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, donde dialogará con autoridades locales, operadores de justicia, lideresas y organizaciones de mujeres indígenas.

Asimismo, los integrantes de la misión tendrán audiencias privadas con familiares de las víctimas para conocer sus experiencias y las dificultades que enfrentan para acceder a protección, atención, justicia y reparación. También visitarán instituciones que forman parte de la ruta de atención de niñas y adolescentes afectadas por violencia sexual.

El Mesecvi evaluará además los avances del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ) en Condorcanqui, implementado por el Poder Judicial en enero pasado.

La misión presentará sus observaciones y recomendaciones preliminares el 11 de setiembre, durante una rueda de prensa en Lima.

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Durante la actividad se entregan títulos de propiedad, insumos agropecuarios y bienes destinados a fortalecer las actividades productivas de las comunidades puneñas. Entre los recursos figuran 700 pacas de avena forrajera y 3.050 kilogramos de semillas de avena, papa amarga, haba y triticale.

También se contempla la entrega de 58 cuyes para mejoramiento genético, además de 16 metros cúbicos de madera de achigua y 40 sacos de palo santo. La distribución de estos recursos estará a cargo de Agro Rural, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Como parte de la jornada, se entregarán además 242 títulos de propiedad a 200 familias del sector de Jachaja, en la provincia de Moho. Asimismo, un representante de la comunidad de Macusani recibirá un tractor destinado a reforzar las capacidades productivas de la zona.

La mandataria realiza su noveno viaje de trabajo y está acompañada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

La ceremonia se desarrolla en el campo ferial Julio E. Barreda Aragón, donde se reúnen productores de camélidos sudamericanos, agricultores, artesanos, autoridades y representantes de diversas comunidades de Puno.

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La decisión se produjo luego de que Karin García Juárez, candidata a la alcaldía distrital, renunciara. Su dimisión fue aceptada el 5 de agosto, por lo que Bless quedó como primer regidor de una lista sin postulante a burgomaestre.

Según el colegiado, si Avanza País obtiene la mayor votación, Bless quedaría en posición de asumir otra vez la conducción del municipio. Ello supondría una continuidad inmediata prohibida por el artículo 194 de la Constitución.

“La incompatibilidad surge posteriormente (...) como consecuencia de la renuncia definitiva de la candidata”, señala la resolución.

El JEE rechazó los descargos del personero de Avanza País, Aldo Borrero, quien sostuvo que el pedido era una tacha fuera de plazo y que este supuesto no figura entre las causales de exclusión.

El fallo solo alcanza a Bless y puede ser apelado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Otros casos

Un caso similar ocurrió en Morropón, Piura, donde el JEE excluyó a Richard Baca, actual alcalde provincial y candidato a primer regidor por Alianza para el Progreso, tras la renuncia de Ricardo Espinoza, quien postulaba a la alcaldía. El colegiado consideró que Baca podría asumir nuevamente el cargo si su partido ganase las elecciones.

Sin embargo, el JNE mantuvo en carrera al alcalde de Ponto, Áncash, Percy Villanera, primer regidor por Somos Perú. El pleno sostuvo que la prohibición alcanza al cargo de alcalde, mientras Villanera postula como regidor.

Asimismo, señaló que una eventual sucesión no convierte por sí sola su candidatura en una postulación encubierta.

Cambios

El 28 de julio de 1990, durante su primer mensaje a la Nación, Fujimori solicitó autorización para legislar por 180 días en materia tributaria. Según explicó, buscaba garantizar la recaudación fiscal y financiar las medidas de apoyo social.

“Presento al Congreso el proyecto de ley correspondiente, con carácter de urgente”, anunció.

El alcance inicial, sin embargo, fue ampliado casi un mes después. El 27 de agosto, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Juan Carlos Hurtado Miller, acudió al Congreso con una propuesta que incluía cambios en la estructura del Estado.

Su presentación se prolongó durante tres horas e incluyó un diagnóstico de la crisis económica, social y política heredada del primer gobierno de Alan García.

Hurtado Miller pidió facultades por 180 días para reorganizar los ministerios de Economía y del Interior. Además, buscaba modificar las reglas de funcionamiento del Ejecutivo, sus organismos y la administración de las empresas públicas.

La solicitud también comprendía cambios en las normas relacionadas con el comercio exterior, la minería, la industria, la pesca, la electricidad, el sector agrario y la pequeña empresa.

Asimismo, incluía materias como presupuesto, seguridad social, planificación y remuneraciones del sector público.

Con el objetivo de mantener el control parlamentario, Hurtado Miller propuso que una comisión bicameral multipartidaria revisara los proyectos de decretos legislativos en un plazo de 15 días.

El tratamiento de las empresas públicas marcó uno de los principales cambios. Durante aquella primera intervención ante el Congreso, Fujimori descartó una privatización general y anunció la reestructuración de Petroperú, Electroperú, Entelperú y Sedapal.

Sin embargo, un mes después, Hurtado Miller abrió la posibilidad de vender las compañías que no fueran estratégicas ni demostraran eficiencia.

También planteó permitir la participación de trabajadores e inversionistas privados, entregar su administración a terceros o vender parte de sus actividades.

Las empresas que permanecieran bajo control estatal, en tanto, tendrían que demostrar que eran eficientes.

Paralelo

Por su parte, el gabinete de Luis Galarreta solicita facultades por 120 días para desarrollar 66 medidas. La propuesta guarda similitudes con la de 1990, pues incluye cambios en la organización estatal, minería, pesca, electricidad, agricultura, pequeña empresa, comercio exterior, vivienda y seguridad.

Sin embargo, el alcance no es el mismo. El proyecto actual no contempla una autorización general para vender o privatizar empresas públicas ni plantea reorganizar ministerios.

En cambio, propone una reforma estructural del Ejecutivo, modificaciones en el servicio civil y la reestructuración de Sedapal.

Por otra parte, Petroperú, pese a continuar como una dificultad económica para el Gobierno, no figura expresamente en la solicitud.

La seguridad constituye otro punto de comparación. El primer gobierno de Fujimori enfrentaba el accionar de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Por ello, incluyó la violencia terrorista entre los problemas que sustentaban la transformación del Estado y solicitó reorganizar el Ministerio del Interior.

El gabinete de Galarreta también coloca la seguridad entre sus prioridades, pero parte de una amenaza distinta. Su proyecto propone establecer el marco legal para declarar como terroristas a organizaciones criminales y regular su clasificación y registro. Además, plantea medidas contra la extorsión, el sicariato y otros mercados ilícitos.

¿Cómo encontró el Mindef, cuál es su balance este primer mes?

Creo que hay, por ejemplo, que poner a punto el parque de helicópteros que venía muy mermado. Hay compras militares pendientes. También hay espacio para mucho recorte, ya que hay gasto innecesario. Es evidente que la alta rotatividad de ministros y de gobiernos ha generado una merma en ello.

¿Cuáles serían estos gastos “innecesarios”?

Se han multiplicado los CAS tremendamente: los permanentes y los temporales. El ministerio puede operar de manera mucho más potente ajustando significativamente ese tipo de gastos. Hay que tener mayor control en el tema de las adquisiciones. Hay que ver el tema de la Agencia de Compras, y la FAME (Fábrica de Armas y Municiones del Ejército).

¿Y cómo fue su integración al gabinete Galarreta?

Muy bien. Hay gente que viene de otras canteras políticas, no es un gabinete sectario ni que mire hacia adentro. Tiene mucha homogeneidad en la concepción económica; promover la inversión, eliminar trabas burocrática que golpean sobre todo a la pequeña y microempresa.

La presidenta Fujimori, ¿ha dado alguna disposición a ustedes como ministros de rendir cuentas cuando son cuestionados por la prensa o tienen algún tipo de investigación?

No, nosotros hemos tenido absoluta libertad en conformar nuestros equipos de trabajo. No ha habido ninguna presión o cuota o nada de esa naturaleza. En lo personal, no. No me ha hecho ningún requerimiento. Hemos podido trabajar, digamos, tranquilamente.

Lo consulto porque, en palabras de la misma mandataria, el ministro Bengolea dio explicaciones a sus cuestionamientos en su contra...

Sí, pero las pidió dar él, no es que se las pidieron, sino en un momento que estuvo el gabinete almorzando, él quiso dar una explicación por iniciativa propia de la situación que se estaba ventilando en la prensa, y fue algo que nació de él. Todos nos hemos quedado muy tranquilos con eso.

¿Y usted, ha tenido que dar algún tipo de explicación por su interpelación en el Congreso por el caso Evangelina Arias?

No, entiendo que el grueso de la interpelación es sobre el estado de emergencia en Pataz, si uno ve el pliego interpelatorio. Pero ninguna explicación, ahí no hay nada por fuera de lo que manda el marco legal. En el Perú, creo que con acierto, se permite el financiamiento privado de la política, ya sea a través de una persona natural, como ha sido mi caso, o personas jurídicas.

¿No considera que es un conflicto de interés que la presidenta de una minera como Poderosa esté vinculada a usted?

Cualquier aporte de una persona natural o jurídica a un partido político se prestaría a esa misma suspicacia. Una cosa es la posibilidad de que exista el conflicto y otra cosa es que ese conflicto se materialice en algo que es muy fácil de verificar. Si una persona ha colaborado en un partido y después obtiene una ley, obtiene una prebenda, ahí se vería de manifiesto ese conflicto. Por eso es importante que todo sea sobre la mesa.

Entonces, ¿qué es lo que busca JP con esta moción?

Es un poco la esgrima parlamentaria, hacer sentir su peso, su poder. A mí me han interpelado antes que se constituyan las comisiones. No había ni siquiera Comisión de Defensa constituida ni en el Senado ni en Diputados. Pero igual, estoy a la espera de que esto lo vea el pleno. En caso se me interpele, tendré que ir y contestar con veracidad y con el mayor espíritu democrático.

¿No lo considera una presión?

No, obviamente el tiempo que voy a dedicar a eso es tiempo que podría estar dedicado en la emergencia de El Niño o en poner los retenes militares en los penales, en fin. Es parte de las reglas de la democracia, hay que verlo con buen ánimo.

¿Cree que JP busca devolver favores a la minería ilegal disfrazada de informal tras el apoyo que han recibido en campaña?

Sería especular. Creo que es evidente que en el pasado la minería ilegal ha financiado muchas campañas, pero no me atrevería a señalar que JP fue financiada por la minería ilegal. Eso no me consta. Pero, por eso, yo reivindico la política y el ordenamiento jurídico que señala que los privados que quieren colaborar a un partido político sea sobre la mesa, fiscalizado, regulado, para que toda la documentación sea pública.

La prensa internacional advierte que el Perú está perdiendo la batalla contra la minería ilegal, ¿cómo evalúa esto?

Es un tema complejo porque un minero artesanal que está en una concesión privada es ya un minero ilegal. Esos no son contra los que tenemos que combatir. Eso se va a resolver a partir de la Ley para la Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE). Nosotros, desde las FF. AA., actuamos contra la minería criminal real, contra organizaciones que utilizan y se protegen con armamento de guerra, que utilizan explosivos contra las fuerzas del orden, contra la población civil.

¿Deberían formalizarse los pequeños mineros?

El proceso de formalización es necesario en muchísimas personas que viven de la minería artesanal y están en situación de informalidad. La ley lo que tiene que hacer es recogerlos y darles una posibilidad a que se formalicen. Pero evidentemente la ley MAPE anterior, la que se quiso aprobar, era convertir el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) en ley, eso tampoco era aceptable porque el Reinfo ha sido el principal instrumento para perpetuar y promover la informalidad minera del Perú.

Entonces, ¿está en contra de la ampliación del Reinfo?

Creo que se puede, en tanto no exista una ley, tiene que haber un marco legal que los ampare. Pero sí tenemos que ser conscientes que el Perú no puede vivir sin una ley que regule y promueva e incorpore la minería artesanal y la pequeña minería. Esto requerirá que todos cedan en algo.

Pero en el caso de Pataz, ¿qué han identificado?

En la situación de Pataz, hay una población grande que se dedica a la minería informal y lo que ocurre es que ellos son también víctimas de estas organizaciones criminales, que han entrado y tienen sometida a la población a través de la extorsión, el secuestro y la toma directa de sus operaciones mineras.

¿Cómo están actuando?

En lo que va del año, hemos incautado ya como 80 fusiles, más de media medio centenar de pistolas, granadas, pertrechos militares, chalecos antibalas, cosas que nada tienen que ver con la minería artesanal. Un fusil no tiene ninguna aplicación útil para la minería artesanal, tampoco una pistola ni una granada. Entonces, lo que tenemos que promover es evidentemente el entendimiento entre la minera y los mineros informales, las asociaciones que los organizan para ir aislando a las organizaciones criminales y poder actuar decididamente contra ellos.

En un tema tan urgente, ¿qué opina de la elección de Yenifer Paredes como presidenta de la Comisión de Energía y Minas?

Es parte de la negociación política. No me parece mal en el sentido de que es la correlación de fuerzas y la dinámica parlamentaria lo que determina las asignaciones de las comisiones y quiénes las presidan. Lo que necesitamos es que, sea la diputada Yenifer Paredes u otra persona, hay que tener la voluntad de encontrar una ley que sea razonable y que funcione. El peor escenario es mantener el statu quo, es decir, la ausencia de ley.

Pero al no tener Paredes experiencia en el sector, ¿no caería en presiones de la minería ilegal?

Cada partido tiene su agenda parlamentaria, defiende sus intereses políticos. JP tiene particular interés en la Comisión de Energía y Minas. Me parece muy bien. Espero que no se convierta en una fuerza que obstruya también el desarrollo de la gran minería. El Perú requiere una reforma integral que promueva la pequeña, la mediana y la gran minería. Hay espacio para las tres.

Ahora están frente a la aprobación de las facultades legislativas, ¿qué pedido formuló?

El de tomar el control perimétrico de los penales para poner nuestros retenes con escáner, con detectores de metales, y tener un sistema que permita controlar todo lo que ingresa al penal. No solamente a las visitas, todo el personal administrativo, proveedores que llevan alimentos. Es decir, nada va a ingresar a un penal si no pasa por un retén militar y da previamente su visto bueno. Porque es una realidad que el grueso de las llamadas extorsivas se hacen desde dentro de los penales. Vamos a controlar también que estén funcionando los bloqueadores de señal celular, las 24 horas, todos los días de la semana para tener ese control.

¿Y en el tema migratorio?

Está vinculado a la situación de los indocumentados. Los que han venido a sumar y trabajan honestamente no son objetivo de las FF. AA.; pero los que han venido a dedicarse al gota a gota, a la extorsión, al sicariato o a delinquir, lo que vamos a hacer es identificarlos y expulsarlos. En el pedido de facultades está extender el plazo (de expulsión) para yo poder retenerlos en unos centros de retención, que estamos acondicionando en instalaciones militares en desuso, para una vez tener un grupo de 50 o 100, y expulsarlos del Perú a su país de origen.

¿Realmente usted cree que la participación de las FF. AA. en la lucha contra la inseguridad está dando resultados?

Ha tenido resultados muy limitados porque hay un marco legal que no permite actuar con la contundencia que se requiere, especialmente en los cascos urbanos. Pero los estados de emergencia donde las FF. AA. han participado sí ha habido avance. Hoy el Alto Guayaga está absolutamente pacificado y es la economía legal y formal la que opera ahí. Lo mismo la zona del Monzón, es decir, las zonas en el VRAEM que eran muy peligrosas se han ido reduciendo. Ahora están básicamente constreñidas en Vizcatán del Ene. Lo mismo en la frontera norte contra la disidencia de las FARC. Ahí se están conduciendo operaciones muy efectivas con resultados muy alentadores también. Buscamos poder exterminarlas por completo.

En su lectura, ¿considera el Plan Escudo como efectiva?

No tengo los números porque yo no lo he conducido, pero el Ministerio del Interior tendría que hacer una evaluación. Pero la custodia en los parques de maniobra, me parece, que ha sido efectivo en el sentido de que no han habido atentados como hubo en el pasado. Ahí hay una presencia militar permanente. Nosotros, en algunos puntos críticos, la presencia militar continúa, pero es imposible tener un efectivo militar en cada unidad de transporte público. Eso por ahí no es, no está la solución.

¿Cuál es su principal meta que usted quiere cumplir como ministro de Defensa?

Tener los retenes militares establecidos en todos los penales de máxima seguridad, poder catalogar a los grupos, a las organizaciones criminales que queremos como grupos hostiles, y poder actuar sobre ellos con acción decidida. Es un término, una figura, no lo tomen en sentido literal, pero muerto el perro, muerta la rabia. Si nosotros neutralizamos a las organizaciones que extorsionan, no van a haber extorsiones en el Perú. Entonces, esa, desde el ámbito de la pacificación interna, es mi principal meta.

En declaraciones a Radio Nacional, Baella sostuvo que el país enfrenta una “pandemia criminal” debido al avance de la extorsión, el sicariato y otras modalidades delictivas. Señaló que cualquier estrategia contra la inseguridad debe contar con recursos económicos suficientes, pues las leyes y planes no serán efectivos sin presupuesto.

El parlamentario también planteó fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), mediante tecnología que permita identificar y geolocalizar equipos de comunicación vinculados a actividades delictivas. Asimismo, propuso mejorar la coordinación con las empresas de telefonía y controlar el uso irregular de líneas y chips.

Sobre la legítima defensa y la posibilidad de considerar a determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles o terroristas, Baella consideró necesario evaluar cuidadosamente las propuestas y establecer un marco legal que permita actuar a las Fuerzas Armadas y proteger a quienes defiendan su vida o la de sus familiares.

Finalmente, aclaró que su respaldo al pedido de facultades es una posición personal que llevará a su bancada para su evaluación.

Agregó que la seguridad ciudadana, la prevención ante el fenómeno El Niño y el crecimiento económico deben ser prioridades para el país.

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El titular del MTPE sostuvo que, si el Congreso concede las facultades, permitirá a la presidenta Keiko Fujimori hacer “las cosas más rápido”, considerando la proximidad del fenómeno El Niño y el tiempo que demoraría el Legislativo en sacar un dispositivo.

“Cuando otorgan facultades, están otorgando la confianza para hacer las cosas con rapidez, y tenemos que hacerlo así porque se viene un fenómeno de El Niño que puede generar mucho daño en el país. Cuando un gobierno pide delegación de facultades, le está diciendo al Congreso que hará más rápido porque el país lo necesita”, dijo Juan Sheput este sábado, desde la I. E. N.º 40267 Sagrado Corazón de Jesús, en Atico.

El ministro también destacó el potencial de la infraestructura educativa visitada y consideró que podría ser un refugio para muchos hogares.

QUEBRADA HONDA

Además, desde Quebrada Honda, donde ocurrieron los huaicos y bloquearon la Panamericana Sur por cinco días, Sheput inspeccionó la zona acompañado del alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto; y del alcalde distrital de Atico, Endhir Candia.

Sheput señaló que en la zona los problemas persisten como consecuencia de las alteraciones generadas por la naturaleza. “Con otra lluvia, se puede volver a desprender y es el criterio preventivo que se quiere utilizar. Se va a informar al premier, Luis Galarreta, para que dé las instrucciones a distintos ministros y se ejecuten los trabajos de prevención”, advirtió.

INVERSIÓN PARA EMERGENCIAS EN CARAVELÍ

Por su parte, el alcalde provincial Roberto Soto solicitó al titular del MTPE interceder en una próxima sesión de la PCM para que disponga de inversión destinada a atender las emergencias que afectan a la provincia.

Además, el burgomaestre entregó nuevos expedientes técnicos listos para ejecutar, correspondientes a distintos proyectos de la cartera de Trabajo.

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Como se conoce, Atico fue declarado en estado de emergencia mediante el Decreto Supremo N.º 118-2026-PCM, debido a los daños ocasionados por las lluvias. Como parte de su visita, el ministro realizó una inspección técnica en la zona de derrumbes de Quebrada Honda en la Panamericana Sur.

Posteriormente, Sheput visitó la I.E. N.º 40267 Sagrado Corazón de Jesús, donde a través del programa Llamkasun Perú se ejecutará una intervención con una inversión de S/ 210 mil, que generará 40 empleos temporales para los pobladores de la zona afectada.

El titular del MTPE estuvo acompañado del alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto, y el alcalde distrital de Atico, Julio Candia, quienes expusieron la situación de la zona y la necesidad de ejecutar intervenciones preventivas para proteger a las familias.

PROGRAMA

Sumado a ello, el programa financiará un total de 10 actividades de intervención inmediata en igual número de distritos de la región, con una inversión de S/ 1,7 millones. Se estima que estas acciones generarán más de 440 empleos temporales para la población hacia fin de año.

Por su parte, a nivel nacional, el programa proyecta la creación de más de 14 200 empleos mediante 282 actividades de intervención inmediata y cinco proyectos de inversión.

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A su juicio, el procedimiento no debería prolongarse y tendría que avanzar con rapidez tanto en la Cámara de Diputados como posteriormente en el Senado.

“La población también está impaciente. Yo creo que el debate debería durar, en el peor de los casos, dos semanas. Debería, digamos, si entró esta semana, yo creo que para el 10 de septiembre deberían estar ya aprobadas las facultades delegadas porque el fenómeno El Niño no espera”, señaló en declaraciones a RPP.

Mesía indicó que entre las prioridades contempladas en el proyecto figuran la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen y la prevención frente al fenómeno climático. Aunque admitió que podrían surgir dificultades durante las negociaciones, sostuvo que estas no deberían generar retrasos.

“En todo caso, lo que sí se necesita es que esto se ponga inmediatamente a debate tanto de la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. Lo más rápido que se puede. Esperemos que sea así”, remarcó.

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Barrantes Bravo es ingeniero zootecnista por la Universidad Nacional Agraria La Molina y cuenta con un doctorado en Planificación y Gestión del Desarrollo Rural por la Universidad Politécnica de Madrid, en España.

El cambio se produjo tras la renuncia de Jorge Juan Ganoza Roncal, aceptada mediante la Resolución Suprema Nº 012-2026-Midagri. Ganoza permaneció como titular del INIA desde marzo del 2024 y recibió el agradecimiento oficial por los servicios prestados.

El INIA tiene entre sus principales funciones desarrollar investigaciones y transferir tecnología para el sector agrario, además de trabajar en la conservación y aprovechamiento de recursos genéticos. La institución también participa en la producción de semillas, plantones y reproductores de alto valor genético.

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