El Jurado Electoral Especial Lima Sur 2 (JEE Lima Sur 2) recibió cédulas electorales correspondientes a 39 mesas de sufragio, remitidas por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Villa El Salvador y la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Lima Sur 2, con el objetivo de realizar audiencias de recuento de votos en el marco de las elecciones presidenciales.

Según información difundida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las cédulas fueron entregadas cumpliendo con los protocolos establecidos para garantizar la transparencia y seguridad del proceso electoral.

Cédulas fueron trasladadas bajo estrictos protocolos

Las autoridades indicaron que el material electoral fue debidamente acondicionado y lacrado, conforme a las normas de seguridad vigentes.

El traslado de las cédulas se realizó bajo la cadena de custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP), con la correspondiente fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones.

Este procedimiento busca asegurar la integridad del material electoral antes de iniciar las audiencias correspondientes.

El Jurado Electoral Especial Lima Sur 2 recibió, por parte de la ODPE Villa El Salvador y la ODPE Lima Sur 2, las cédulas electorales correspondientes a 39 mesas de sufragio, con el objetivo de llevar a cabo las audiencias de recuento de votos de las elecciones presidenciales. pic.twitter.com/DpeWaF1wkE

— JNE Perú (@JNE_Peru) April 26, 2026

Recuento de votos forma parte del proceso electoral

Las audiencias de recuento de votos se desarrollan cuando existen observaciones o solicitudes vinculadas a los resultados de determinadas mesas de sufragio.

Estas diligencias permiten revisar nuevamente las cédulas electorales con el fin de garantizar la transparencia y legitimidad de los resultados en el proceso electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones informó que continuará supervisando las acciones necesarias para asegurar el correcto desarrollo de las etapas posteriores al proceso electoral.

La mesa de sufragio 053649, del distrito de Jesús María en Lima, registró 234 votos válidos de 300 electores hábiles el pasado 12 de abril.

El escrutinio se inició a las 8:15 p.m. de ese día. Juntos por el Perú obtuvo allí 3 votos.

No obstante, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegó un acta con 13 votos para JPP. ¿Qué pasó en el camino?

Días después, el sistema de la ONPE detectó dos observaciones en el acta (error aritmético e ilegibilidad); derivándola a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión el último 14 de abril.

Denuncia

Uno de los integrantes de dicha mesa denunció a Correo que en el acta presidencial digitalizada y subida por la ONPE a su plataforma figuraban 13 votos para el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, cuando en realidad solo obtuvo 3.

Según reveló el denunciante, con copia del acta que suscribió, el número manuscrito en el acta física es claramente un 3, pero el operador que procesó el documento habría añadido un trazo superior para convertirlo en 13, sumando artificialmente 10 votos al partido.

Conteo

La suma de todos los votos registrados en el acta presidencial, incluyendo blancos y nulos, suma exactamente 234 únicamente con el valor 3, lo que expuso la inconsistencia de la cifra digitada.

El JEE revisó el caso y devolvió el acta a la ONPE, que la contabilizó ayer a las 12:56 p. m., once días después de su derivación.

El organismo cerró el conteo de la mesa con Rafael López-Aliaga, candidato de Renovación Popular, como el más votado al obtener 59 votos, y corrigiendo los 3 votos para Sánchez y descartando los 13 que figuraron en un inicio.

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Sin embargo, eso no es todo, pues en redes sociales ha empezado a circular un comunicado apócrifo en el que presuntamente el Comité Ejecutivo Nacional anunciaba que habían decidido no presentar candidatos en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre. Incluso, el documento lleva una firma falsa de César Acuña.

ACLARA

Esta situación inédita para esta organización política originó que el Secretario Ejecutivo Nacional de APP, Luis Valdez Farías, salga ayer a aclarar que ese documento era falso y a asegurar que el partido político fundado por César Acuña Peralta sí participará en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, tal como está previsto.

Lamentó que el 90% de publicaciones que se vienen realizando en redes sociales sobre APP sean falsas. Exhortó a la población a verificar la información sobre el partido solo en sus canales oficiales.

En efecto, ya en un comunicado oficial, APP indica que el partido se mantiene plenamente vigente y activo en el proceso electoral regional y municipal.

RESPETO

“En todo el país nuestros equipos políticos continúan trabajando de manera organizada, fortaleciendo liderazgos territoriales y consolidando propuestas para servir a cada región, provincia y distrito del Perú”, se lee en el documento.

De la misma manera, en APP reafirman su compromiso con una participación democrática y responsable, además de mantener el respaldo a los precandidatos en todo el territorio nacional.

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La institución indicó que estos códigos identifican mesas instaladas en centros poblados desde hace varios procesos electorales con el objetivo de facilitar el acceso al sufragio en zonas alejadas.

La entidad explicó que estas mesas agrupan a electores que residen en una misma comunidad distante de la capital distrital.

La ONPE señaló que esta medida busca reducir las barreras geográficas que históricamente obligaban a ciudadanos a trasladarse durante varias horas, o incluso días, para emitir su voto.

El organismo recordó que, como parte de una política de inclusión electoral, la implementación de mesas en centros poblados se desarrolla desde el año 2005.

Cabe indicar que el candidato Rafael López Aliaga ha señalado que estas numeraciones serían parte de un presunto fraude, debido al incremento de votos que figuran allí para Roberto Sánchez.

La institución precisó que los identificadores que van del 900001 al 904703 permiten diferenciar estas mesas dentro del sistema electoral.

Análisis

El analista electoral Mathieu Rojas explicó a Correo que lo más importante a tener en cuenta es que estas mesas siempre han existido.

“Tú vas a los resultados del 2006, del 2011, del 2016, del 2021 y siempre han existido estas mesas 900 mil”, afirmó.

Sin embargo, el analista cuestionó la comunicación de la ONPE sobre el tema, al señalar que no todas estas mesas corresponden a zonas rurales o alejadas.

Como ejemplo, Rojas mencionó el caso del distrito de El Agustino, en Lima, donde también existen mesas con esta numeración.

“¿Qué tiene El Agustino de centro poblado? Está en el medio de Lima, no es una zona alejada, no es una zona rural”, indicó.

Rojas explicó que estas mesas en zonas urbanas responden a una lógica distinta, ya que son locales de votación adicionales que se incorporan al sistema conforme se va cerrando el padrón electoral.

“La ONPE lo que debió haber dicho es: sí, en su mayoría corresponden a centros poblados, pero también corresponden a mesas adicionales que se tienen que añadir en otros distritos conforme vamos finalizando el padrón”, puntualizó.

La también decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) pidió al JNE que determine si debe impedir su acceso a la Cámara Alta.

El escrito recuerda que el titular del organismo afirmó que evaluará incidencias y aplicará medidas necesarias para garantizar la legalidad del proceso electoral.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, llamó a Delia Espinoza “aliada del terrorismo y las economías ilegales”, lo que motivó la querella por difamación agravada.

La sentencia judicial incluye que calificó de “desquiciada” a la exfiscal y fue condenado a 9 meses de prisión suspendida, pero apeló a la segunda instancia.

Como se recuerda, el candidato presidencial de Renovación Popular tuvo una accidentada jornada electoral en el distrito de Talavera, el último 2 de abril, cuando respondió con insultos y agresivos calificativos a un grupo de ciudadanos que le arrojaron botellas de plástico, huevos y tomates.

Baja votación

En el distrito de Talavera, lugar exacto en el que se produjo el altercado y el intercambio de insultos, el líder de Renovación Popular sufrió una dura derrota al captar apenas 486 votos.

El escenario fue incluso más crítico para las aspiraciones del candidato en el ámbito provincial y regional. En toda la provincia de Andahuaylas, López Aliaga solo logró sumar 2133 votos en total, una cifra que refleja un apoyo marginal frente a la magnitud del padrón electoral.

A nivel de toda la región de Apurímac, el panorama no mejoró, alcanzando únicamente 6206 votos en las siete provincias que conforman el departamento.

No olvidan

No fueron menores las palabras del exalcalde de Lima durante el mitin electoral en Talavera.

Tras ser agredido, el entonces candidato respondió a viva voz: “Gente cobarde y gente basura. Vamos a trabajar y a sacar adelante al Perú. Y al ‘Porky’, quiero decirles, se le enfrenta de frente, icaraj...! Por culpa de esa gente, me van a disculpar, de mier... , el Perú no camina”.

En otro momento, agregó: “Estamos hartos de ustedes, que son pagados para destruir el Perú. Ese Perú va a salir adelante con o sin ustedes, ¡caraj ...!”. En otro momento, calificó a sus detractores como “odiadores de mier...”.

“Sigan nomás. Aquí estoy, apunten bonito (…). Esto no se queda así, los estamos grabando uno por uno. Yo no soy tibio. Esto es delito y se paga con cárcel, icaraj...!”.

Sin embargo, lo que sí es incuestionable que el mapa de su votación revela mucho de a quiénes sedujo y que características tienes que han respaldado una propuesta que está lejos de ser la que más le conviene al país.

Este análisis toma como referencia el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un indicador que mide el nivel de desarrollo a partir de la esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita, entre otros.

En el caso del Perú, este índice alcanzó los 0.662 en el informe emitido por el PNUD el 2025. Cabe indicar que 0.80 es un nivel muy alto, 0.700 a 0.799 un nivel alto, 0.550 a 0.699 un nivel medio y por debajo de 0.550 un nivel bajo.

En detalle

Sánchez obtuvo victorias resonantes en regiones ubicadas en los niveles de IDH bajo (0.550 para abajo. Se trata de 85 provincias de 16 regiones que coinciden en muchos aspectos en cuanto a salud, educación y pobreza.

Hay regiones dentro de este rango como Huancavelica (IDH 0.54), con 335,142 habitantes; Huánuco (IDH 0.52), con 746,509; y Puno (IDH 0.53), con 1,208,802 habitantes. En esas zonas, el candidato no solo se impuso, sino que logró un dominio casi total en lamayoría de sus provincias.

Este patrón se repite en Cajamarca, con 1,447,707 habitantes, donde también ganó sus 13 provincias. La región tiene un IDH de 0.53.

A este bloque se suman regiones como Amazonas (IDH 0.55) y otras como Ayacucho (0.57) y Apurímac (0.58), que, aunque superan ligeramente el umbral de 0.550, se mantienen entre las más rezagadas del país.

En Amazonas, Sánchez obtuvo 57,617 votos, el 36,414%; en Ayacucho, 87,888 votos, 31,34%, y en Apurímac, 80,873 votos, 41,04%.

Educación

El patrón no solo responde a variables territoriales, sino también educativas. El voto por Sánchez se consolida en zonas donde el promedio de años de educación en el hogar bordea o es inferior a los 7-8 años, muy por debajo del promedio nacional de 9.45 años.

En efecto, sus victorias más contundentes se registran en regiones con bajos niveles de instrucción formal.

En Huánuco, donde ganó en 10 de 11 provincias, el promedio de años de educación es de 6.39 años. Allí, Sánchez obtuvo 96, 201 votos, con el 29.521%.

En Cajamarca, donde obtuvo un respaldo total, alcanza los 6.67 años.

La misma tendencia se observa en sus principales bastiones del sur: en Apurímac el promedio es de 6.98 años y en Huancavelica (donde Sánchez ganó con 71,625 votos y 43, 36%) es de 6.60 años.

En estas regiones, la población apenas supera el nivel primario o inicia el primer año de secundaria, lo que confirma la concentración de su apoyo en zonas con menor escolaridad formal.

El contraste es marcado en las zonas con mayor desarrollo urbano y educativo.

El candidato perdió en regiones donde la población tiene promedios de instrucción significativamente más altos, como Lima (11.17 años) y el Callao (10.91 años), donde se impusieron Rafael López-Aliaga y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), respectivamente.

En estas jurisdicciones, los años de formación superan con creces el umbral de secundaria completa.

Este patrón también se repite a nivel provincial, incluso en departamentos donde Sánchez no logró la victoria.

En La Libertad, pese a perder la región, cuyo promedio de escolaridad es de 9.14 años, se impuso en la provincia de Julcán, donde este indicador cae a 7.41 años.

En Áncash, ganó en Antonio Raimondi, una provincia con apenas 5.98 años de educación promedio.

En Arequipa, aunque fue derrotado en una región con alta escolaridad (10.54 años), logró imponerse en provincias alejadas como La Unión, donde el promedio educativo es de 7.56 años.

Economía

Esta tendencia también se observa en el plano económico. El voto por Sánchez se concentra en provincias con los niveles más bajos de ingreso real per cápita del hogar en el país, lo que coincide con un mayor respaldo en zonas con mayores limitaciones económicas.

En regiones como Huancavelica, que registra el ingreso regional más bajo entre sus bastiones (S/496 mensuales por persona), el candidato ganó en todas sus provincias.

La misma tendencia se observa en Cajamarca, con un ingreso promedio regional de S/544.1, y en Apurímac, con S/716.8, donde también logró un dominio territorial absoluto.

Ayacucho se suma a este grupo. Allí, donde ganó en el 100% de sus provincias, el ingreso promedio es de S/586.8.

A nivel provincial, la brecha de pobreza se acentúa: en la provincia de Cangallo, el ingreso desciende hasta los S/436.8 mensuales por persona.

La diferencia es evidente frente a las zonas donde no logró imponerse. En Lima el ingreso promedio regional alcanza los S/1,196.1, en la mayoría de las regiones donde obtuvo la victoria los ingresos son significativamente menores, representando en casos como el de Puno o Huancavelica menos de la mitad de lo percibido en la capital.

Su respaldo también se extiende a otras regiones con ingresos rezagados frente a la costa central. En Puno (S/541.9), con una población de 1,208,802 habitantes, ganó en 11 de 13 provincias, mientras que en Amazonas (S/632.7) obtuvo la victoria en 6 de sus 7 provincias.

Agua

El acceso a agua y saneamiento también refuerza el patrón. Aunque el promedio nacional de acceso es de 80.8%, hay regiones den las que menos del 50% cuenta con este servicio.

Sánchez logró victorias en algunas zonas de Loreto, donde se impuso en provincias como Alto Amazonas (49.1%) y Datem del Marañón (9.5%).

El mapa de su votación coincide con zonas de alta exclusión hídrica. Según el informe, el 18.5% de los distritos del país (347 en total) tiene una cobertura menor al 50%, una situación que se repite en provincias de la sierra y la selva donde obtuvo un gran respaldo.

Del otro laso, Sánchez no logra grandes votaciones en zonas en las que el acceso al agua por red pública llega al 91.7% como Trujillo. Igual sucede en Lima (90.4%) y Callao (91.9%).

En paralelo, los logros de Sánchez se manifiestan en regiones como Puno, donde la esperanza de vida es de 74.93 años, mientras que en Amazonas llega a 75.32. Es decir, expectativa en comparación al promedio.

Opinión

Al respecto, la analista política Alexandra Ames señaló que aún es necesario reflexionar como país sobre la urgencia de cerrar las brechas de desigualdad.

“Hoy en día las políticas públicas que son nacionales no se implementan con la misma intensidad en todo el territorio”, advirtió en declaraciones a Correo.

En esa línea, sostuvo que resulta clave avanzar hacia una descentralización efectiva que permita a la ciudadanía en cada territorio percibir la presencia del Estado.

Sugirió por ello “generar una concertación, generar un diálogo que permita acercar esas diferencias electorales para construir una agenda nacional”.

El partido además precisó que sus equipos políticos siguen trabajando de manera organizada en todo el país, fortaleciendo liderazgos territoriales y consolidando propuestas para cada región, provincia y distrito del Perú.

Del mismo modo, la agrupación indicó que respaldará a sus precandidatos en todo el territorio nacional y subrayaron que su participación en las elecciones de octubre se desarollará dentro de un marco de compromiso democrático y responsable.

¿Qué decía el comunicado falso?

El falso comunicado, que se viralizó desde tempranas horas de este sábado y que hasta contaba con la firma de César Acuña Peralta como “Presidente Fundador”, anunciaba que el Comité Ejecutivo Nacional había decidido no presentar candidatos a gobiernos regionales, alcaldías provinciales ni distritales en el presente proceso electoral. El texto argumentaba que esta decisión respondía a “una evaluación responsable y democrática del actual contexto político”.

El particular documento también señalaba que la agrupación política iniciaría una “nueva etapa de reestructuración partidaria” orientada a fortalecer sus bases y trabajar en el proceso de inscripción nacional, lo que habría implicado una retirada total de los comicios de octubre. Dicho texto incluía íconos gráficos, el logo oficial del partido y una firma falsificada de Acuña, por lo que fue compartido por medios locales del norte del país.

El diplomático resaltó que la presencia de los aviones F-16 en el evento constituye un hito en la relación entre ambos países, al evidenciar el nivel de articulación estratégica alcanzado. En ese contexto, subrayó las capacidades operativas de estas aeronaves y su relevancia en el escenario regional.

En declaraciones a Canal N, Bernie Navarro también se refirió a la controversia generada en torno a los F-16, indicando que existe desinformación sobre sus características. Afirmó que se trata de equipos altamente competitivos y destacó que el proceso de adquisición por parte del Perú ya se encuentra en marcha, incluyendo un pago inicial.

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Asimismo, señaló que esta cooperación responde a una política de seguridad prioritaria en las relaciones bilaterales, haciendo referencia a la gestión del gobierno estadounidense y su enfoque en el fortalecimiento de alianzas estratégicas.

Finalmente, el embajador destacó la masiva participación del público peruano en el evento, organizado por la Fuerza Aérea del Perú, y consideró que el entusiasmo ciudadano refleja el interés por consolidar los vínculos entre Perú y Estados Unidos en diversos ámbitos.

En declaraciones a RPP, Jorge Zapata expresó preocupación por las fallas registradas en los comicios. Incidió en que los problemas logísticos y las presuntas irregularidades durante las elecciones han generado un clima de desconfianza.

En particular, afirmó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó un proceso “deficiente”, lo que habría afectado la credibilidad de los resultados.

Asimismo, indicó que estas deficiencias no solo generan incertidumbre, sino que también podrían haber perjudicado a uno de los candidatos, lo que -según dijo- deja un “manto de duda” sobre la transparencia del proceso electoral.

El titular de la Confiep también advirtió que los resultados reflejan una marcada división en el país, con diferencias significativas en las preferencias electorales entre Lima y las regiones, así como entre la costa y la sierra.

Frente a este escenario, Jorge Zapata enfatizó la necesidad de promover el diálogo y comprender las distintas realidades del país, con el objetivo de reducir la polarización.

En ese sentido, el dirigente gremial instó a buscar consensos y puntos de encuentro que permitan construir acuerdos y fortalecer la cohesión nacional.

El abogado constitucionalista Ernesto Blume Fortini emplazó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a hacer respetar el derecho al sufragio de los peruanos que no pudieron votar el 12 de abril debido a la no instalación de mesas de sufragio por responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“El Jurado Nacional de Elecciones nos tiene que garantizar que las elecciones reflejen la expresión auténtica de voluntad del pueblo plasmada en las urnas y debe garantizar además que todos ejercen sus derechos políticos y está prohibida cualquier restricción o limitación bajo sanción de nulidad y de punibilidad”, sostuvo.

El especialista añadió que esta situación irroga una responsabilidad penal: “Se lesionó el derecho de cientos de miles que fueron a votar y no pudieron hacerlo porque no estaban los materiales electorales y eso viola flagrantemente el Artículo 31 de la Constitución, que dice que es nulo y punible todo acto que restringe o limita el uso de los derechos políticos; esa nulidad no está puesta por gusto y el Jurado Nacional de Elecciones se está burlando grotescamente de la norma”, mencionó.

Para el abogado, el JNE, al no subsanar esta situación, se está haciendo corresponsable del problema, a lo que podría añadirse la falta de garantizar que las elecciones sean la auténtica voluntad de la ciudadanía en las urnas.

Ernesto Blume participó de la última jornada del congreso internacional “Justicia Constitucional y Neoconstitucionalismo”, organizado por la Universidad Católica de Santa María (UCSM) en la ciudad de Arequipa.

Respecto a la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE, el especialista señaló que esta solo fue una acción para evitar la destitución, que debía darse en cualquier momento.

“Este cargo implica confianza y transparencia, y se había roto la confianza y roto la transparencia, y los actos de responsabilidad en que ha incurrido este caballero, que son muy graves de haber dejado sin votar a cientos de miles de votantes, deberían obviamente ser materia de una decisión de destitución”, manifestó.

Cabe mencionar que, para los ciudadanos que no sufragaron el domingo 12, la ONPE dispuso que lo hagan el 13 de abril. Esta situación generó cuestionamientos y alertas sobre el manejo de las elecciones.

Según indicó, los connacionales pidieron apoyo para regresar al país al encontrarse en condición vulnerable y sin documentos.

La Cancillería señaló que la misión consular del Perú en Nairobi, encargada de los asuntos consulares del Congo, recibió las solicitudes mediante declaraciones juradas. A partir de ello, se iniciaron los trámites para emitir salvoconductos que permitan la salida de los ciudadanos y su retorno al Perú.

Asimismo, informó que desde la llegada de los peruanos al país africano se mantiene seguimiento constante a su situación. También precisó que existe comunicación permanente con representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El ministerio explicó que cuando una persona tiene en trámite una solicitud de asilo o refugio en Estados Unidos, la asistencia consular puede verse limitada, salvo pedido expreso del ciudadano.

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La franja electoral es un espacio de propaganda política financiado por el Estado y administrado por la ONPE, cuyo objetivo es garantizar que los partidos y alianzas puedan difundir sus propuestas en condiciones equitativas y bajo supervisión.

Este mecanismo constituye una forma de financiamiento público indirecto vigente desde 2021, orientado a reducir las brechas en el acceso a medios de comunicación, que anteriormente dependía de la capacidad económica de cada organización política.

El marco legal de la franja electoral se sustenta en el artículo 35 de la Constitución y en la Ley de Organizaciones Políticas, que establecen que la propaganda electoral en radio y televisión debe realizarse mediante este sistema. La ONPE es la entidad encargada de su regulación y ejecución.

📢 ¡Último día!

Hoy, 25 de abril, se cierra la inscripción al Registro de Proveedores de Medios de Comunicación y Medios Digitales (redes sociales) para la #FranjaElectoral correspondiente a la Segunda Elección Presidencial 2026.#SEP2026 pic.twitter.com/RLGRK6wBez

— ONPE (@ONPE_oficial) April 25, 2026

Asimismo, las modificaciones normativas han permitido incluir a los medios digitales, como redes sociales, dentro de la franja electoral, ampliando las plataformas disponibles para la difusión de contenidos durante la campaña.

Eisen Isaac Iparraguirre, director de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes, señaló en Canal N que la base nacional de conductores continúa bajo control del MTC y negó fallas generales en la plataforma.

“Si hubiera una caída del sistema, sería a nivel nacional, lo cual no ha ocurrido. Solo hubo una interrupción de aproximadamente 15 minutos que fue superada el mismo día”, indicó.

El funcionario reconoció que los usuarios han reportado largas colas, demoras y falta de información, aunque precisó que estos inconvenientes responden al arranque del nuevo esquema de atención.

“Entendemos que están iniciando y pueden tener dificultades, pero estamos brindando soporte técnico permanente”, sostuvo.

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La lista estará disponible hasta el 26 de abril y puede ser consultada de manera virtual a través del portal institucional o de forma presencial en espacios públicos de 404 distritos en 22 departamentos del país, facilitando el acceso incluso en zonas con limitada conectividad.

Durante este periodo, los ciudadanos podrán presentar tachas o reclamos. Las tachas proceden, por ejemplo, cuando una persona fallecida aún figura en el padrón o si internos en centros penitenciarios aparecen como habilitados para votar. Asimismo, los electores pueden solicitar la corrección de errores en su información personal.

Para realizar estos trámites, los usuarios deben completar un formulario disponible en la web del Reniec y presentarlo mediante la Mesa de Partes Virtual o en oficinas físicas. La institución evaluará las solicitudes dentro del plazo establecido para depurar el padrón.

Según el Reniec, el padrón inicial registra 26 353 329 electores hábiles. Tras el cierre de esta etapa, la entidad remitirá el padrón preliminar al Jurado Nacional de Elecciones el 7 de mayo, que tendrá hasta el 6 de junio para aprobar la versión definitiva que se utilizará en las elecciones.

El candidato sostuvo que la validez de los resultados oficiales dependerá de la rapidez con la que actúen las autoridades electorales y del respeto al debido proceso.

“El proceso tiene actas y eso se va a resolver en horas”, indicó. Además, agregó: hay actas y eso se va a saber en horas; de tal manera que yo invoco más bien a los problemas de fondo que tiene el Perú”.

Sánchez también reiteró que la discusión política debe orientarse a propuestas concretas. Entre los temas que mencionó figuran la lucha contra la criminalidad, la reforma del sistema de justicia y el impulso de una nueva Constitución.

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La sesión será encabezada por la presidenta del grupo de trabajo, la congresista Karol Paredes, y contará con la participación de ministros invitados.

A esta reunión fueron convocados el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, además de los ministros de Defensa, Amadeo Javier Flores, y de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos.

Según la agenda oficial, las autoridades deberán exponer sobre “La situación actual de las negociaciones para la adquisición de aeronaves de combate, para la recuperación de las capacidades operativas de la Fuerza Aérea del Perú“.

También se precisa que el informe se dará ”en el contexto de las declaraciones efectuadas por el señor Presidente de la República, realizadas el viernes 17 de abril de 2026”.

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Según la denuncia, Castro atribuye a Corvetto, en calidad de autor, y a los integrantes de la JNJ, como cómplices primarios, los presuntos delitos de abandono de cargo, omisión de actos funcionales y abuso de autoridad en agravio del Estado.

El documento, fechado el 24 de abril y difundido por RPP, sostiene que la renuncia de Corvetto habría sido improcedente, al tratarse de un cargo constitucional que, según la denunciante, es de carácter irrenunciable y solo puede ser removido por la JNJ ante una falta grave debidamente comprobada.

Asimismo, la exfiscal cuestiona que los miembros de la JNJ hayan aceptado dicha renuncia, argumentando que con ello habrían eludido su deber de investigar, esclarecer y determinar responsabilidades dentro del marco disciplinario que establece la Constitución.

En ese contexto, Castro solicita que la Fiscalía de la Nación inicie una investigación preliminar para determinar eventuales responsabilidades.

Cabe señalar que la JNJ ya había aceptado la renuncia de Corvetto y declarado la vacancia del cargo, aunque dispuso continuar con la investigación preliminar en su contra por presunta falta grave relacionada con retrasos en la entrega de material electoral durante las elecciones generales del 12 de abril.

Cuestiona allanamiento porque no tuvo “factor sorpresa”

“Desde mi punto de vista, es poco serio”, dijo la exfiscal Sandra Castro sobre el desarrollo de los allanamientos en 12 viviendas por el caso ONPE, realizado el último viernes 24 de abril. “Me hace suponer, que es puro show”, refirió en RPP.

“El daño (en las elecciones) ya se ha efectuado por parte de Piero Corvetto y la JNJ (...) No sé qué se pudo haber recabado en los allanamientos después de una semana”, incidió.

Asimismo, subrayó que un allanamiento debe tener un factor “sorpresa” pero este operativo fue anunciado por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. “Él acude acude a un medio de presente y comete una infidencia, porque dice a todo el mundo que se va realizar el allanamiento”, agregó.

La instancia afirmó que elaboró un análisis técnico-jurídico de dicha posibilidad, sin embargo, concluyó que dicha labor es “inviable”.

Panorama

El JNE consideró dicha posibilidad luego de las “incidencias registradas en el despliegue del material electoral y la organización del proceso”, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el domingo 12 de abril.

Dicha situación motivó medidas extraordinarias como “la ampliación del horario de votación y su extensión hasta un día después”.

Por ello, organizaciones políticas como Renovación Popular sugirieron elecciones complementarias “en determinadas mesas y circunscripciones afectadas en Lima Metropolitana”.

Sin embargo, el pleno del JNE informó vía X que no es posible llevar a cabo una jornada adicional y que “el proceso electoral se encuentra en curso”.

“El JNE, a través de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y de su pleno, viene desarrollando de manera continua las labores de revisión de actas observadas, resolución de solicitudes de nulidad y demás actuaciones”, puntualizó.

Perspectivas

Este Diario consultó al exjefe de la ONPE Fernando Tuesta y al especialista en materia electoral Alejandro Rospigliosi sobre la decisión adoptada por la autoridad electoral.

Ambos profesionales coincidieron en señalar que la ley no permite dicho escenario. “El JNE ha dicho algo muy claro: no existe base normativa alguna para que pueda darse una elección mal llamada complementaria”, apuntó Tuesta.

En esa línea, consideró oportuna la decisión tras indicar que se pudo “abrir las puertas para (aplicar la medida) en situaciones parecidas, por ejemplo, en las elecciones regionales y municipales”.

“En el Perú siempre hay tardanza al abrir las mesas. Nuestro sistema está basado en que estas están dirigidas por personas sorteadas, y muchos no quieren hacerlo”, acotó.

Rospigliosi, por otro lado, consideró fundamental como parte de “un control de daños” que el titular del JNE, Roberto Burneo, dé un paso al costado.

“No podemos vivir cometiendo rotundos errores. El autor de este desastre ha sido Piero Corvetto, y en paralelo elegirán a un nuevo jefe de la ONPE, pero el presidente del JNE es corresponsable”, sostuvo.

Destacó que “se destinaron millones de soles para contar con fiscalizadores” con el objetivo de que, días antes de la elección, se reportasen inconvenientes como el retraso del material electoral.

“Debió iniciarse el protocolo de emergencia. No solo el material electoral. El software que usó ONPE le corresponde ser fiscalizado al JNE. (...) Burneo también es responsable por no fiscalizar”, indicó.

Pedido

Durante una conferencia de prensa, el también ex alcalde de Lima afirmó que las irregularidades registradas el 12 de abril, que provocaron retrasos en la instalación de mesas en distintos distritos de la capital, no fueron un hecho aislado.

“Hay un sabotaje y un fin. Es un acto criminal en contra de lo más sagrado de una democracia, que es el voto, el derecho a votar. Hay una injerencia clarísima, una estrategia que ya tiene un nombre”, sostuvo.

López-Aliaga, acompañado de diapositivas, afirmó que su partido realizó un peritaje a los resultados difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el cual evidenciaría actos dolosos en el proceso electoral.

“En Perú nos ha pasado algo que en Venezuela se ha hecho varias veces y le han puesto de nombre ‘Morrocoy’. La primera fase de este plan es que se silencie de manera dolosa a 1.5 millones de ciudadanos a ejercer su derecho al voto. Es una mafia del señor (Piero) Corvetto y avalada por el señor (Roberto) Burneo”, indicó.

Asimismo, sostuvo que las mesas de sufragio de las que derivaron las actas de la “serie 900,000” fueron creadas y distribuidas estratégicamente para favorecer con 250 mil votos al candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez.

“Estamos pidiendo la nulidad de la ‘serie 900,000’, que son básicamente 4,500 actas”, señaló.

Según el postulante, algunas de esas mesas no existían el día de la votación y recién aparecieron el martes 14 de abril, con resultados que exceden el promedio de la zona.

Cuestionamientos

En la misma conferencia, Julio Espejo Quevedo, perito judicial grafotécnico e informático, señaló que el 13 de abril se extrajeron 88,064 actas; sin embargo, faltaban 4,703 frente al total reportado (92,766).

“En una segunda extracción, el 15 de abril, aparecen estas mesas faltantes con una nueva nomenclatura en el rango del 900,001 al 904,703”, detalló el especialista.

Además, advirtió la existencia de “actas espejo”, es decir, documentos con datos, firmas y resultados idénticos en distintas mesas.

El último viernes, López- Aliaga anunció, en una entrevista con el escritor Agustín Laje, que presentará una denuncia penal contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, por presunta omisión de funciones. La medida también alcanza al ex jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien ya había denunciado previamente.

Las autoridades investigan a altos funcionarios de la ONPE, entre otros, por la presunta contratación irregular de la empresa Gálaga para trasladar el material electoral el domingo 12 de abril. Una tarea que se cumplió con retrasos y postergaciones.

En detalle

Además de Corvetto, la Fiscalía Anticorrupción también investiga a José Samamé, exgerente de Gestión Electoral; Juan Antonio Phang, subgerente de Producción Electoral; y Juan Alvarado, representante legal de Gálaga. Todos, funcionarios de la ONPE.

Todos son investigados por presunta colusión en agravio del Estado “vinculada a posibles irregularidades en procesos de contratación” de la empresa en mención.

El operativo de allanamiento e incautación de laptops, celulares y otros estuvo a cargo del fiscal Raúl Martínez y agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor).

Los doce inmuebles intervenidos se ubican en los distritos de Miraflores, Lince, San Miguel, Magdalena, Breña, Lurín, La Molina y Surquillo.

Fueron casi seis horas de diligencias respaldadas por la orden del juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo (Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado).

Según la Fiscalía, los investigados “habrían concertado indebidamente con un proveedor (Gálaga) con la finalidad de defraudar al Estado”. En consecuencia, se “afectó la legalidad del proceso de contratación” citado y, de forma “adicional”, se perjudicó “el normal desarrollo del acto electoral y la voluntad popular”.

“Los actos desplegados por los funcionarios desde la aprobación del lineamiento, y los intervinientes, evidencian un apartamiento deliberado de los principios rectores de la contratación pública de legalidad y eficacia (…), constituyendo el marco normativo (usado para contratar a Gálaga) un contexto instrumental para la materialización de la concertación ilícita”, sostuvo la Fiscalía en su solicitud de allanamiento difundida por Canal N.

En esa línea, la Fiscalía también cuestionó que Corvetto decidiera colocar a Samamé a cargo de la Gestión Electoral pese a que este último “no cuenta con formación, trayectoria ni experiencia funcional vinculada” a esta área operativa.

Además, aseveró que se “aplicó un criterio interpretativo” en relación a los requisitos que debía cumplir la empresa ganadora. Así, se “redujo la cantidad de unidades” de los competidores mientras que a Gálaga “se le reconoció una flota de 70 vehículos, consolidando así su posición de ventaja antes de la evaluación de la oferta económica”. Una situación que las otras empresas competidoras no podían impugnar debido a que la ley no lo permite hoy a diferencia de la normativa usada en los comicios del 2016 y 2021.

Al 92.167% de las actas contabilizadas, Fuerza Popular obtuvo 83,963 votos de los sufragios para senador regional y 80,531 votos para la Cámara de Diputados, lo que la posiciona como la primera fuerza política chalaca.

El Partido del Buen Gobierno alcanzó el segundo lugar con 72,491 y 68,200 votos respectivamente, mientras Renovación Popular culminó el tercer sitio con 67,837 y 66,016 votos, a pesar de ser uno de los partidos con mayor expectativa antes de la jornada.

Senado

El virtual senador regional es Jacques Salomon Rodrich Ackerman, cabeza de lista de Fuerza Popular, quien acumuló 11,406 preferencias individuales.

Rodrich Ackerman fue congresista por Perú Posible durante el gobierno de Alejandro Toledo.

El ingreso de Rodrich al Senado frustró la elección de dos candidatos de Renovación Popular: Félix Morales Ubillus, quien quedó a solo 89 votos de distancia con 11,317, y de Patricia Chirinos Venegas, congresista del periodo 2021-2026, quien sumó 11,030 votos.

Cámara baja

Entre los virtuales diputados, Carlos Yalta Sotelo, de Renovación Popular, encabeza las preferencias con 11,608 votos, con lo que obtiene un escaño porque su partido terminó tercero en la votación de lista.

Yalta es abogado de profesión y extrabajador de la Municipalidad del Callao.

Le sigue Auristela Obando Morgan de Fuerza Popular con 10,092 votos, quien es actual congresista de la República por el Callao.

También está Fernando García Huby, del Partido del Buen Gobierno, que obtuvo 6,044 preferencias. Fue vicepresidente regional del Callao durante el periodo 2003-2006.

Ángel Bobadilla Galindo, también de Fuerza Popular, cerró el cuarteto con 4,237 sufragios. Bobadilla es abogado y trabaja en el Departamento de Comisiones del Congreso desde 2018.

Cálculo

El politólogo Jean Carlos Rodríguez explicó a Correo el mecanismo que define estos resultados.

“Para definir quienes ingresan, primero se debe considerar que cumplan con pasar la valla electoral nacional, que en este caso es el 5% de votos válidos a nivel nacional y el 5% de integrantes de la cámara respectiva”, señaló el especialista.

En el caso del senado regional, el experto precisó que “Fuerza Popular ha sido el partido más votado, por ende le tocaría el escaño al Senado Regional”, mientras que para definir al candidato ganador dentro del partido “se considera al que tiene más votos preferenciales”.

Para la Cámara de Diputados, Rodríguez detalló que el reparto aplica la cifra repartidora, método que “consiste en dividir la cantidad de votos de cada partido entre 1, 2, 3 y así sucesivamente”, tomando el cociente que coincide con el número de escaños a repartir.

Bajo ese cálculo, “a Fuerza Popular le tocan 2, a Buen Gobierno 1 y a Renovación Popular le toca 1”, concluyó el politólogo, aclarando que en cada caso “es el voto preferencial el que define qué candidato de cada uno de esos tres partidos es el que entraría”.

La entidad aplicó el sistema STAE en la primera vuelta en Lima Metropolitana y el Callao como herramienta para agilizar el procesamiento de resultados, pero el sistema presentó incidencias como errores de impresión, demoras operativas y fallas en el suministro de tinta.

El plan operativo de la segunda elección presidencial, aprobado por el extitular Piero Corvetto, estableció cambios en la estrategia tecnológica y priorizó métodos físicos para garantizar la integridad de los resultados, excluyendo el STAE del catálogo de soluciones, así lo reveló RPP Noticias.

La JNJ había pedido el número de extranjeros, su nacionalidad, identificación completa, modalidad laboral y áreas de trabajo en el ente electoral.

La ONPE precisó que todo su personal es peruano y descartó la presencia de personal de otra nacionalidad bajo cualquier modalidad de contratación.

Actualmente, la entidad electoral registra 15,037 personas bajo locación de servicios distribuidas en 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y en la sede central de la ONPE.

Además de 143 trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo 728 y otros 225 bajo el régimen 1057.

#ONPEChequea 🔍 | Aclaramos que la ONPE no cuenta con trabajadores extranjeros. Esto fue verificado tras una revisión del personal realizada en atención al requerimiento de la @JNJPeru sobre la nacionalidad de quienes integran nuestra institución. 🧵 pic.twitter.com/L7wuBiRF1s

— ONPE (@ONPE_oficial) April 24, 2026

El jefe policial señaló que estos hechos ocurrieron en distintas regiones y comprometieron el manejo del material electoral administrado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Por lo menos 27 eventos a nivel nacional de actas rotas, destruidas, de actas hurtadas de personal de la ONPE, actas encontradas en la vía pública, otras dejadas en taxis”, declaró en el Parlamento.

Durante una mesa de trabajo en la que también participó el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, el comandante cuestionó la lentitud del Ministerio Público para asumir estos casos y pidió mayor articulación institucional.

Según indicaron, alrededor de un millón y medio de ciudadanos habrían sido afectados en su derecho al voto y la situación habría perjudicado la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga, principalmente en Lima Metropolitana.

Entre los cuestionamientos mencionaron retrasos en la instalación de mesas de sufragio y cambios de locales de votación de último momento.

La agrupación sostuvo que esas situaciones habrían desalentado la participación ciudadana, por lo que solicitó el reconteo de votos en Lima, acceso total al sistema de cómputo de la ONPE y un peritaje para revisar la integridad de los datos.

Otro de los puntos expuestos fue la existencia de actas con numeración de la serie 900. Los voceros afirmaron que se trataría de una serie “trucha” y aseguraron que dichas actas habrían favorecido a otros candidatos en el conteo final. También indicaron que esas mesas se habrían creado recientemente en zonas donde no hubo personeros.

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Montoya señaló que una nueva jornada parcial no corresponde luego de una elección ya realizada.

Al explicar su posición, sostuvo lo siguiente: “Estoy de acuerdo, no se pueden hacer elecciones partidas, ya no son limpias, la gente está influenciada por los resultados”.

Pese a coincidir con la medida, el legislador insistió en sus críticas al proceso del 12 de abril y afirmó que hubo irregularidades sin una respuesta oportuna. También recordó que antes propuso la separación de funcionarios de la ONPE, entre ellos Piero Corvetto, planteamiento que no avanzó en el Congreso.

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Según la tesis fiscal, al exjefe de la ONPE se le atribuye el presunto delito de colusión agravada. La investigación sostiene que determinadas acciones habrían impedido que parte del electorado sufragara durante la jornada electoral.

Entre los hechos revisados figura la contratación de la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C., encargada del transporte de carga para el despliegue y repliegue del material electoral.

También se menciona que en enero del 2026 se habrían establecido lineamientos que modificaban disposiciones del 2025, incluyendo la imposibilidad de presentar recursos impugnatorios tras una adjudicación.

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Durante la firma de un convenio para brindar defensa legal a estas organizaciones, el mandatario resaltó el “sacrificio encomiable” de sus integrantes y anunció su intención de impulsar una norma que reconozca y compense su esfuerzo.

“El sacrificio que hacen es encomiable, están ayudando al Estado a solucionar lo que era una tarea 100 por ciento de nosotros. Ustedes son héroes por eso, y por eso quiero que haya una norma que permita compensar ese esfuerzo que vienen haciendo ustedes”, dijo José Balcázar.

El acuerdo, suscrito entre los ministerios del Interior y de Justicia y Derechos Humanos, permitirá garantizar la defensa legal de las juntas vecinales ante denuncias derivadas de su participación en acciones de seguridad.

Además, contempla capacitaciones en derechos, acceso a la justicia y mecanismos de resolución de conflictos, con el objetivo de fortalecer su labor preventiva y reducir el temor a intervenir frente a hechos delictivos.

La iniciativa busca consolidar la seguridad ciudadana desde la base social, integrando acciones de prevención, formación y respaldo legal para estas organizaciones comunitarias.

En la ceremonia participaron los titulares del Interior y de Justicia, junto a autoridades de la Policía Nacional y representantes de juntas vecinales, quienes destacaron la importancia del convenio para fortalecer su trabajo en favor de la seguridad.

El JNE fundamentó su postura en que el proceso electoral de la primera vuelta aún no ha concluido formalmente. Según la entidad, esa situación impide que exista un marco legal que respalde la convocatoria a una nueva jornada electoral en la capital.

Baella critica responsabilidad del JNE

En declaraciones a Exitosa, José Baella, candidato a diputado por Renovación Popular, fue uno de los voceros que se manifestó públicamente sobre el pronunciamiento del organismo electoral. El representante del partido señaló que la institución no está dimensionando la trascendencia de su resolución en el contexto histórico del país.

En otro momento, sostuvo que la ciudadanía debe asumir una postura firme ante lo ocurrido con el proceso electoral en Lima.

“Acá los peruanos tenemos que ser firmes en nuestra posición. El Jurado tiene una gran responsabilidad histórica, pero al parecer sus miembros no están entendiendo eso. El daño está hecho y se ha negado el derecho a voto de miles de peruanos y creo que están equivocando el camino”, indicó.

Mientras tanto, la agrupación política liderada por Rafael López Aliaga anunció que continuará recopilando y presentando pruebas que, según el partido, demuestran irregularidades durante la primera vuelta de los comicios. El vocero además indicó que iniciará conversaciones con otras fuerzas políticas para sumarlas a su reclamo y convocar a nuevas movilizaciones en la capital.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el candidato a diputado por Renovación Popular, José Baella, señaló que su partido rechaza que el JNE no haya aplicado elecciones complementarias, al considerar que se ha negado el derecho al voto de miles de peruanos afectados… pic.twitter.com/xUuMvCaPrQ

— Exitosa Noticias (@exitosape) April 24, 2026

El acuerdo precisa los plazos y procedimientos que deberán seguir los JEE en esta etapa clave del proceso electoral, con el objetivo de garantizar orden y cumplimiento normativo durante el conteo final de votos.

Entre las principales modificaciones, el JNE dispuso la eliminación de formatos y requisitos considerados innecesarios, como el anexo de conformidad sobre sobres lacrados, con el fin de agilizar las diligencias.

Asimismo, se estableció que ya no será obligatorio el registro individual de los miembros de mesa en ciertas fases del recuento, debido a que todo el proceso será grabado en video para asegurar su supervisión.

En cuanto al procedimiento, el presidente del JEE mostrará la cédula electoral y la entregará al segundo miembro para su verificación, eliminando la participación del tercer integrante en esa etapa específica.

El organismo también precisó que las actas observadas vinculadas a votos preferenciales detectadas por la ONPE no serán materia de recuento, sino que deberán ser resueltas directamente por los JEE conforme al reglamento vigente.

#LoÚltimo

JNE fija para el 7 de mayo fecha límite en que los jurados electorales especiales realicen audiencias públicas de recuento de votos

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/va3FCTzoHG

— Canal N (@canalN_) April 24, 2026

El JNE dispuso la publicación oficial del acuerdo en su portal institucional e instó a las autoridades electorales a cumplir estrictamente los lineamientos establecidos, con el fin de asegurar la transparencia y legalidad en la etapa final del proceso.

A través de sus redes oficiales, la ONPE precisó que cuenta con 15,037 personas contratadas bajo la modalidad de locación de servicios, distribuidas en las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (OPD) a nivel nacional y en su sede central. Además, registra 1,352 órdenes de servicio emitidas hasta el 20 de abril, 143 servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 728 y 225 bajo el Decreto Legislativo N.° 1057.

“Todas las personas que laboran en la institución son ciudadanos peruanos plenamente identificados con DNI”, subrayó el organismo electoral.

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— ONPE (@ONPE_oficial) April 24, 2026

JNJ había insistido en el pedido

La respuesta de la ONPE llega luego de que la JNJ reiterara su solicitud mediante el Oficio N.° 127-2026-P/JNJ, fechado el 22 de abril, al no haber recibido respuesta al requerimiento inicial del 20 de abril. En dicho documento, dirigido al jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, la JNJ solicitó información sobre el número total de trabajadores extranjeros, su nacionalidad, identificación, modalidad laboral y área de desempeño.

Adicionalmente, la JNJ formuló un requerimiento sobre la adquisición de un inmueble en la avenida Vía Expresa, en La Victoria, destinado a la nueva sede central de la ONPE, pidiendo copia íntegra del expediente técnico y los antecedentes de la operación realizada durante la gestión anterior.

Hasta el momento, la ONPE no se ha pronunciado sobre el requerimiento relacionado con la compra del inmueble en La Victoria ni ha precisado el monto ni las condiciones de dicha adquisición.