“Le expreso mi total respaldo y gratitud por su valentía. Ministro, los perros ladran, eso es una señal de que estamos avanzando”, afirmó Fujimori, quien también resaltó la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) para enfrentar la delincuencia.

Como se sabe, el incidente ocurrió durante la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores este sábado.

Asimismo, la jefa de Estado agradeció a los senadores de Fuerza Popular y de otras agrupaciones políticas que manifestaron su respaldo a Astudillo. En ese contexto, sostuvo que la lucha contra la violencia requiere la unidad de los peruanos y cuestionó la respuesta de anteriores gobiernos frente a la inseguridad ciudadana.

“Contra la violencia, los peruanos nos unimos. Y este es un momento de definición. Hoy, que estamos enfrentando a la delincuencia después de muchos años en los que ha habido indiferencia por parte de los gobiernos anteriores, no solamente contamos con nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sino también con la decisión política del Poder Ejecutivo”, señaló.

Fujimori también exhortó al Congreso de la República a definir su posición frente a la lucha contra la criminalidad y planteó que las autoridades deben decidir entre respaldar la paz o la violencia.

“Hay que pensar si estamos del lado de la violencia o de la paz; de los agresores o de las víctimas; del Movadef y Sendero Luminoso, o de las Fuerzas Armadas y de Chavín de Huántar”, manifestó.

Finalmente, la mandataria afirmó que el combate contra el crimen organizado requiere la participación coordinada de las instituciones públicas y convocó al sector privado, en particular a las empresas de telecomunicaciones y del sistema financiero, a colaborar con información que contribuya a las investigaciones.

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La actividad estaba programada para las 15:40 horas en el Cuartel General del Ejército, ubicado en el distrito de San Borja; no obstante, el programa presentó un retraso.

La mandataria está acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro del Interior, César Astudillo; el ministro de Defensa, Rafael Belaunde; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general de Policía Fredy López.

El Comando Unificado busca articular las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y la PNP para reforzar la lucha contra la delincuencia.

Asimismo, el Gobierno anunció la implementación de un Centro de Control y Operaciones en el Cuartel General del Ejército, desde donde se dirigirán las acciones destinadas a combatir el crimen y garantizar la seguridad ciudadana.

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La sesión también estuvo marcada por un altercado verbal entre Astudillo y el senador Iber Maraví, que motivó la suspensión temporal del debate.

La reunión se desarrolló en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo, por convocatoria del presidente de la comisión, Carlos Mesía Ramírez, de Fuerza Popular. El grupo de trabajo evaluó el pedido presentado por el Ejecutivo el pasado 29 de agosto, que inicialmente comprendía 66 puntos y del cual la Cámara de Diputados aprobó 20.

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¿Qué plantearon los ministros?

Durante su participación en la sesión, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez planteó separar a los internos condenados por delitos no violentos de aquellos considerados de alta peligrosidad, con el objetivo de reducir la influencia de las bandas criminales dentro de los penales y favorecer la resocialización. Además, propuso implementar la libertad vigilada después del cumplimiento de la condena para personas sentenciadas por delitos especialmente graves que representen un riesgo para la sociedad.

“Por tanto, una visión que se tiene en la gestión es separar a los no violentos de los violentos en penales especializados”, explicó.

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, planteó modificar las normas sobre licencias de armas para evitar que estas autorizaciones sean utilizadas para acumular armamento que luego pueda terminar en manos de organizaciones criminales. En otro momento, propuso incorporar herramientas tecnológicas para rastrear a extorsionadores que utilizan celulares y aplicaciones de mensajería para amenazar a sus víctimas.

“Hay personas que tienen licencias para caza, para deporte, para colección, y pueden tener una cantidad de armas que no tiene límite”, señaló.

Finalmente, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, pidió facultades para que Indeci pueda atender directamente a la población durante los primeros 15 días de un desastre, sin esperar a que los gobiernos locales completen los registros para distribuir ayuda. La iniciativa busca agilizar la respuesta ante emergencias como el fenómeno de El Niño y ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

“Lo que nosotros hemos pedido [...] es tener un dispositivo que permita que Indeci de manera excepcional atienda la emergencia de los primeros 15 días”, sostuvo.

Belaúnde también solicitó ampliar los criterios para que las Fuerzas Armadas puedan realizar operaciones contra organizaciones criminales armadas y establecer un marco permanente para el control militar de los accesos y perímetros de los penales. Esta última medida permitiría mantener los controles de seguridad más allá de los estados de emergencia y adquirir equipos especializados.

La sesión fue suspendida y reanudada minutos después, tras un altercado entre el legislador de Juntos por el Perú, Iber Maraví y el ministro del Interior, César Astudillo. El cruce ocurrió cuando la senadora Ruth Luque hacía uso de la palabra y Maraví pidió que el titular del Interior no interrumpiera su exposición.

Tras el altercado registrado durante la sesión, la senadora Patricia Iturregui, de la bancada del Buen Gobierno, exhortó a ministros y parlamentarios a dejar de lado sus diferencias y promover el diálogo. Como gesto de reconciliación, pidió a los integrantes de la Comisión de Constitución darse la mano y priorizar la búsqueda de consensos.

“Tenemos que pensar que el pasado es el pasado y que la paz es un tesoro. Tenemos que fomentar la paz, escucharnos, el diálogo para lograr consensos, por más difíciles que sean”, manifestó.

¿Qué facultades aprobó la Cámara de Diputados?

La propuesta que llegó al Senado contempla la delegación de facultades al Ejecutivo únicamente en seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño, por un periodo de 90 días. Ese alcance es menor al solicitado originalmente por el Gobierno de Keiko Fujimori, que incluyó 66 puntos distribuidos en distintas materias.

El Senado debe evaluar el contenido aprobado por la Cámara de Diputados y continuar el procedimiento legislativo correspondiente. La discusión se centra en determinar qué atribuciones podrá recibir el Ejecutivo para emitir normas dentro del marco de la delegación que finalmente autorice el Congreso.

Según la versión de Maraví, el incidente comenzó cuando la legisladora Ruth Luque intervenía y fue interrumpida por el titular del Interior, lo que motivó su reclamo ante el presidente de la comisión. El parlamentario de Juntos por el Perú, consideró que Astudillo no respetó la participación de su colega y cuestionó la forma en que se dirigió a él después de la intervención.

“El ministro Astudillo se dirige en actitudes corporales, en gestos, incluso hasta en palabras de una manera muy descortés frente a mi persona”, manifestó.

Asimismo, señaló al legislador José Giampietri, de Renovación Popular, por la forma en que se aproximó a él durante la discusión. Maraví sostuvo que el acercamiento tuvo una intención de confrontación física, aunque esa interpretación corresponde a su versión de lo ocurrido.

“Se acerca el senador Giampietri prácticamente para pecharme físicamente, acercando su cuerpo al mío y ya en una actitud prácticamente de un propósito violento”, denunció.

La Comisión de Constitución del Senado suspendió brevemente su sesión tras un cruce verbal entre el ministro César Astudillo y el senador Iber Maraví (JP). El incidente ocurrió luego de que Ruth Luque (AN) afirmara que el titular del Interior “parece que tiene miedo”. @Politica_ECpe

— Erik Rivera (@ErikRivera__) October 10, 2026

Transmisión fue interrumpida

En medio del incidente, se interrumpió la transmisión del canal oficial del Congreso y parte de lo sucedido fue publicado posteriormente en redes sociales. Durante esos momentos, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, se acercó a Astudillo para hablar con él.

Consultado sobre su actuación, Maraví rechazó haber procedido de manera inapropiada y pidió que los ministros y parlamentarios oficialistas y sus aliados asumieran responsabilidad por lo ocurrido. También exigió que corrigieran su comportamiento y abandonaran las actitudes que calificó como amenazas.

“Lo que deben hacer es rectificarse y deponer ese tipo de actitudes, ese tipo de amenazas y ponerse a trabajar”, expresó.

Minutos después, los titulares de Defensa, Justicia e Interior regresaron a sus lugares en la comisión. El presidente del grupo de trabajo, Carlos Mesía, pidió a la secretaría técnica verificar el quórum reglamentario para reanudar el debate sobre las facultades legislativas.

“Es que así somos los peruanos, ¿no? Así es, a mí también, me ha tocado 15 años, 15 años que me han insultado, me han perseguido, pero jamás me rendí”, indicó.

Durante el evento, Fujimori resaltó la importancia de garantizar el acceso al agua sin diferencias políticas y cuestionó las demoras en la ejecución de obras públicas. Además, felicitó a los responsables del proyecto por mantener sus esfuerzos hasta concretarlo.

“Para mí este proyecto es muy importante, el agua es vida, pero el agua es transparente y no tiene color político, por eso acá estamos todos juntos. Queridos dirigentes, a Pablo lo conozco hace años. Te agradezco, te felicito, eres una inspiración. Los proyectos en nuestro país no deberían demorar tanto, pero es gracias a la energía, al esfuerzo, a que nunca se rinden, que hoy estamos aquí juntos”, expresó.

La presidenta también pidió reconocer al equipo que participó en los trabajos y destacó su perseverancia. En otro momento, señaló que asume su responsabilidad con humildad y con el objetivo de atender a los sectores más necesitados.

“Y asumimos esta responsabilidad con mucha humildad, con profundo honor para servir a los más necesitados”, afirmó.

Durante una entrevista en RPP, el senador de Fuerza Popular invocó el artículo 102 de la Constitución para sustentar la capacidad del Senado de introducir cambios al documento remitido por los diputados. Sin embargo, descartó que su comisión busque alterar el sentido del dictamen.

“El artículo 102 de la Constitución señala que el Senado puede modificar lo que viene de la Cámara de Diputados. No podemos renunciar a eso (...). Que estén tranquilos, que nosotros no vamos a desnaturalizar las propuestas que han venido de allá”, expresó.

¿Qué propuso el titular de la Comisión de Constitución del Senado?

Mesía consideró que el Senado debe debatir el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la posibilidad de que la Policía Nacional asuma el control de los penales, en lugar de los funcionarios del INPE. Además, planteó reducir los plazos de investigación contra las organizaciones criminales mediante procesos sumarios, ante el uso de tecnologías como redes sociales y drones.

“Podemos establecer una modalidad de proceso sumario. Esto no significa que volvamos a la década de los 90. Pero sí digamos acortar los plazos de las investigaciones”, indicó.

Niega que el Gobierno reciba poderes ilimitados

Frente a las críticas sobre una posible concentración de atribuciones en el Ejecutivo, el senador recordó que el Congreso conserva mecanismos de fiscalización, como la interpelación y la censura, y puede derogar leyes mediante otras normas.

“No hay cheques en blanco en la democracia porque existen los controles. Existe la interpelación, la censura y, además, las leyes se derogan por otras leyes”, señaló.

Finalmente, Mesía descartó que Fuerza Popular busque imponer normas sin consenso, pues su bancada cuenta con 22 escaños en el Senado. Indicó que mantiene conversaciones con Renovación Popular y que buscará acuerdos con otras agrupaciones para conseguir respaldo a las propuestas.

El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, cuestionó la situación que deberá afrontar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al momento de resolver casos vinculados con presuntas reelecciones encubiertas tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Durante una entrevista en Canal N, Allison sostuvo que el organismo electoral tendrá que definir el otorgamiento de credenciales a autoridades electas cuyas candidaturas fueron cuestionadas durante el proceso electoral.

“El jurado está entre la espada y la pared. O violar la Constitución o violar la voluntad popular”, afirmó Allison al exponer su posición sobre el tema.

Constitución prohíbe reelección inmediata de alcaldes

El artículo 194 de la Constitución Política del Perú establece que los alcaldes y regidores son elegidos por un periodo de cuatro años y dispone expresamente que “no hay reelección inmediata para los alcaldes”. Transcurrido otro periodo, como mínimo, pueden volver a postular.

Allison sostuvo que esta disposición constitucional genera una controversia frente a candidaturas que fueron admitidas y posteriormente recibieron votos en las urnas.

Según el postulante de Avanza País, el JNE deberá evaluar ahora cómo aplicar la prohibición constitucional al momento de acreditar a las autoridades electas.

Allison habla de más de 130 casos en el país

Durante la entrevista, el candidato afirmó que existen más de 130 situaciones similares a nivel nacional que, según su análisis, requerirán un pronunciamiento de la autoridad electoral.

La cifra fue proporcionada por Allison durante su participación en Canal N y no corresponde, hasta el momento, a un balance oficial difundido por el JNE sobre casos de presunta reelección encubierta.

El candidato sostuvo que el problema pudo resolverse antes de la jornada electoral, durante la etapa de inscripción y revisión de candidaturas.

Cuestiona decisiones adoptadas durante inscripción de candidatos

Allison recordó que algunos Jurados Electorales Especiales (JEE), órganos de primera instancia en materia electoral, cuestionaron o rechazaron candidaturas por considerar que podían vulnerar la prohibición de reelección inmediata.

Sin embargo, indicó que algunas decisiones fueron revisadas posteriormente por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, instancia final en materia electoral.

A juicio del candidato, el JNE debió establecer entonces un criterio definitivo que ofreciera mayor predictibilidad para el resto del proceso.

JNE deberá resolver acreditación de autoridades

Tras las elecciones municipales realizadas el domingo 4 de octubre, el sistema electoral se encuentra en la etapa de procesamiento de resultados, resolución de eventuales controversias y posterior proclamación de las autoridades elegidas.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, informó el mismo día de las elecciones que el organismo adoptó medidas frente a las incidencias reportadas durante la jornada electoral.

En los casos en los que exista una controversia jurídica pendiente, corresponderá a los órganos electorales emitir las resoluciones respectivas conforme al marco constitucional y electoral.

Análisis

El abogado constitucionalista Óscar Urviola explicó a Correo que las candidaturas de exalcaldes que buscan volver a ocupar el cargo mediante su postulación como primeros regidores son inconstitucionales porque contravienen la prohibición de reelección inmediata establecida en el artículo 194 de la Constitución.

“Es una reelección a través de un procedimiento encubierto que colisiona con los objetivos o la finalidad que persigue precisamente esa prohibición constitucional”, aseveró.

Asimismo, el experto sostiene que el JNE debe resolver estas controversias conforme a la Constitución y evitar que se establezca un precedente “nefasto” contrario a la norma.

“El Jurado Nacional de Elecciones tiene que interpretar la Constitución acorde con los principios y objetivos que establece esa prohibición constitucional, no al revés”, indicó.

Urviola explicó que, si el primer regidor resulta impedido de asumir la alcaldía por haber ejercido el cargo en el periodo inmediato anterior, la autoridad electoral deberá justificar su decisión y entregar la credencial al siguiente regidor.

“No se puede quedar acéfalo, obviamente hay una sucesión ahí, tendría que ser al segundo vicepresidente, al segundo regidor, el número 2. Si el primer regidor es incompatible con la Constitución, el Jurado tendrá que buscar una solución y con una debida justificación”, precisó.

No obstante, el constitucionalista reconoció que la prohibición también puede perjudicar a autoridades municipales que tuvieron una gestión eficiente y sin corrupción, y planteó la posibilidad de revisar las reglas de reelección desde el Congreso.

“Podría limitarse quizás a un solo mandato o, en todo caso, extenderle a 5 años, porque 4 años transcurren rápidamente. Uno de los inconvenientes de la prohibición es que alcaldes muy eficientes, que han tenido una gestión maravillosa, limpia, sin corrupción, no se pueden reelegir. A veces justos pagan por pecadores”, concluyó.

Carlos Loyola Escajadillo fue el único de los 10 postulantes que aprobó el examen de conocimientos del segundo concurso público de la Convocatoria N.° 006-2026-SN/JNJ.

Loyola obtuvo 92 puntos, mientras que los otros nueve postulantes quedaron por debajo de la nota mínima de 70: Teresa Durand y José Pérez Duharte sumaron 68 cada uno; Marco Espinoza Rivera, 64; Sarita Piscoya, 62; Augusto Bernuy, 56; Jorge Balarezo, 52; David Espinoza y Manuel Vásquez, 50 cada uno; y Ernesto Aranda, 44.

AMPARO

En entrevista con Correo, Loyola dijo que “es muy pronto” para decidir si desistirá del amparo que presentó tras el primer concurso, en el que obtuvo 82.49 puntos, pero solo logró cuatro de los siete votos del pleno para ser nombrado pese a ser el único postulante que aprobó la entrevista final.

Sostuvo que se le aplicó una valla que contradice la Ley Orgánica de la JNJ, la cual, según él, solo exige mayoría simple. Aseguró que ese reclamo sigue su camino legal, pero seguirá en el concurso actual.

“Soy el único candidato que queda en carrera y a veces, usted sabe, el Poder Judicial se demora en tomar sus decisiones. Espero que no haya cosas raras”, afirmó.

Asimismo dijo que es “el candidato más idóneo para el cargo” y recalcó que no figura en el Registro Nacional de Sanciones. Además, que la deuda judicializada que tuvo se cerró. Loyola resaltó que mejoró su nota, pues en el primer concurso obtuvo 88 puntos.

Consultado sobre qué pasaría si vuelve a aprobar el proceso, pero sigue sin lograr los votos de la JNJ, sostuvo que “no quiere hacer ejercicios de futurología”.

“Este es un momento de reflexión, a veces uno debe tener paciencia”, declaró.

Esto, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) dispusiera declarar nulos los votos de Progresemos, cuyo candidato Edy Cuéllar, fue excluido de la contienda por una sentencia judicial.

Acurio anunció acciones legales contra el organismo electoral para impedir que se eliminen esos sufragios. “Rechazamos que se quiera manchar, violentar estas elecciones”, declaró en una conferencia de prensa.

Según indicó, tanto Progresemos como ciudadanos han presentado denuncias, acciones de amparo y recursos extraordinarios para cuestionar la medida del JEE.

Pendiente

La controversia se inicia desde que Mendoza registra el 30,028% de los votos válidos, con el 98,86% de actas contabilizadas.

La candidata supera por apenas 0,28 puntos porcentuales el umbral requerido para ganar en primera vuelta. Si cae por debajo del 30%, deberá disputar una segunda elección con Acurio.

La decisión de anular los votos de Progresemos reduce la base de votos válidos y puede elevar el porcentaje de las demás candidaturas.

A este escenario se suman 45 actas observadas pendientes de contabilización, cuya resolución también podría modificar el resultado.

Las actas se distribuyen en seis JEE, principalmente del Cusco y La Convención.

Si se estima un promedio de 240 sufragios por acta, esto representaría unos 10.800 votos potenciales, aunque no todos necesariamente serán válidos ni se incorporarán al cómputo final.

Mendoza tiene una ventaja de apenas 211 votos sobre el mínimo necesario para alcanzar el 30%.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado realizó ayer su primera sesión no ordinaria, que contó con la presencia del primer ministro Luis Galarreta y los ministros Marco Vinelli (Agricultura) y Juan Carlos Requejo (Producción).

El premier reclamó que el Gobierno presentó 66 pedidos agrupados en ocho materias, pero la Cámara de Diputados aprobó cerca de 20 puntos distribuidos en dos.

“La facultad es lo que nos permite acelerar algunas acciones y en otro caso darnos un marco legal para permitir ser más eficientes. Ahí está el caso, por ejemplo, de la necesidad de tener Inteligencia”, arguyó.

Oposición

La senadora Ruth Luque de Ahora Nación intervino tras la exposición de los ministros y solicitó aclarar cuáles eran los límites que el Senado tiene.

“Él (Galarreta) está hablando que son insuficientes los puntos que se ha aprobado y que quiere más temas. Entonces está partiendo de una extensión de lo que ha aprobado Diputados”, señaló.

Para Luque, el debate debe partir del dictamen presentado por la Cámara Baja.

“No hacerlo significaría no solamente que se está desnaturalizando, sino se está desconociendo por completo la responsabilidad y el mandato que tienen los diputados”, sostuvo.

“No estamos ante un Senado todopoderoso, ante un Senado que puede hacer borrón y cuenta nueva”, agregó Luque.

Por su parte, el senador Humberto Morales de Juntos por el Perú (JP) indicó que “no entendía” la sesión porque solo hay dos materias por debatir.

“Acá hay un tema y está el dictamen aquí con dos materias, no con ocho”, advirtió.

Morales aseguró que presentó un documento para resolver el tema de la “desnaturalización” con el fin de que la comisión emita un informe sobre los límites del Senado.

“La intención es desnaturalizar, la intención es meter por la ventana todo lo que han puesto aquí”, subrayó.

También el legislador Iber Maraví, de la misma bancada, reprobó que no se haya esclarecido previamente las competencias del Senado sobre lo que Diputados aprueba, y responsabilizó al presidente de la comisión, Carlos Mesías (Fuerza Popular), de no resolverlo antes de tocar el tema de fondo.

“Están demostrando una descoordinación entre el Ejecutivo y sus representantes en el Congreso”, enfatizó.

Oficialismo

Desde Fuerza Popular defendieron la potestad del Senado de ampliar la delegación.

El senador Alejandro Aguinaga manifestó que las modificaciones que se hagan en el Senado no van a “desnaturalizar” lo presentado por Diputados.

“Cuando hablamos de modificar, por supuesto que se tiene que mejorar los proyectos que han llegado. No se están desnaturalizando, no están perdiendo su esencia, y esa es una realidad”, declaró.

De igual forma, Rafael Yamashiro alegó que en base su reglamento y a la Constitución, se pueda llegar a una cifra superior a los 20 pedidos.

“Espero que este Senado pueda recurrir a ese espíritu democrático y lograr más consenso de los que ha podido aprobar la Cámara de Diputados, porque las 20 delegaciones es una línea de base”, exhortó Yamashiro.

A su vez, la vocera de la bancada, Patricia Juárez, abordó los puntos que debieron considerarse en la iniciativa original del Ejecutivo.

“Los 2 puntos que se han dejado de lado son los que ha reseñado el ministro de Producción, que tienen que ver con las Mypes, que a mí, desde mi punto de vista, me parece realmente una mezquindad (...) que son más del 90% de nuestra economía, están sufriendo. Pero no importa, hay que negarle al gobierno de Keiko Fujimori porque eso da réditos políticos”, defendió.

“Nadie ha dicho que se aprueben los 66 puntos”, puntualizó.

La decisión se adoptó después de que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declarara fundada una excepción presentada por la defensa del exmandatario, lo que permitió archivar los cuatro hechos que la Fiscalía le atribuía en esta investigación.

Mediante una resolución, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó remitir oficios a la Superintendencia Nacional de Migraciones y a la Policía Nacional del Perú para hacer efectiva la eliminación del impedimento de salida del país. La medida fue dictada contra Kuczynski en el marco de la investigación por presunto lavado de activos agravado.

La misma instancia judicial dispuso que se tramiten las acciones necesarias para anular los registros policiales, penales y judiciales que pudieran haberse generado a raíz del proceso. Estas disposiciones se producen tras el archivo de los hechos materia de investigación.

¿Por qué se archivó el proceso contra PPK?

El 20 de agosto, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundada una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa de Kuczynski. Con ese pronunciamiento, se dispuso el archivo de los cuatro hechos atribuidos por el Ministerio Público en el caso, que investigaba al expresidente por el presunto delito de lavado de activos agravado como integrante de una organización criminal.

La investigación se centraba en presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2016 del desaparecido partido Peruanos por el Kambio (PPK). El Ministerio Público inició las diligencias en diciembre de 2018, luego de que cinco personas registradas como aportantes de esa agrupación negaran haber entregado dinero para la campaña electoral.

“Una demora de parte de los ministros de Estado que debían de llegar porque han estado ellos, están inclusive en este momento en Trujillo y por razones que tienen que ver con problemas de orden técnico, no han podido llegar”, señaló a la prensa.

La legisladora también cuestionó que algunas bancadas rechacen las iniciativas del Ejecutivo por diferencias políticas e ideológicas. En ese contexto, mencionó las propuestas relacionadas con las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y el sector productivo.

“Yo entiendo que tal vez ha habido un debate político y hasta ideológico, porque muchos de los casos no se quiere apoyar absolutamente nada que venga del gobierno. Pero nosotros lo que hemos explicado acá en la Comisión de Constitución y en el Senado, es que se trata de necesidades que tiene el pueblo peruano”, expresó.

Patricia Juárez, senadora de Fuerza Popular, sobre suspensión de la sesión de la Comisión de Constitución del Senado: El día de mañana sábado estamos continuando la sesión. Los ministros de Estado estarán acá Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/t1JIUhdfpa

— Canal N (@canalN_) October 9, 2026

Galarreta considera insuficiente el texto aprobado

Durante la sesión, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sustentó la solicitud de facultades legislativas del Ejecutivo para combatir la criminalidad, prevenir los efectos del fenómeno El Niño y atender otros asuntos de gestión pública. El jefe del Gabinete explicó que el pedido original abarca ocho materias, entre ellas modernización del Estado, simplificación administrativa, promoción del empleo, desarrollo productivo, tributación, vivienda y saneamiento.

Galarreta consideró insuficiente el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, debido a que no incluye todas las materias solicitadas inicialmente. Asimismo, indicó que corresponde al Senado definir los alcances y el plazo de la delegación.

Los ministros que deberán acudir mañana son: Ernesto Álvarez, de Justicia; César Astudillo, del Interior; Rafael Belaunde, de Defensa; Marco Vinelli, de Desarrollo Agrario y Riego; Juan Carlos Requejo, de Producción; y Mauricio Arnillas, de Vivienda.

La sesión es dirigida por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, presidida por Carlos Mesía, que deberá continuar con la evaluación de la propuesta legislativa.

#SenadoInforma I La sesión de la Comisión de Constitución del Senado de la República continuará este sábado 10 de octubre, a partir de las 10:00 a. m. https://t.co/ZrGRAL5oV0

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 9, 2026

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Se trata de la tercera sesión ordinaria de dicha comisión que comenzó a las 2 de la tarde en la Sala Grau del Palacio Legislativo. Posteriormente, se dio un periodo de tiempo para que todos los miembros puedan leer el documento.

En la víspera, el debate fue suspendido por la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, quien dispuso un cuarto intermedio para buscar consensos luego de que las bancadas de Renovación Popular, Obras y Partido del Buen Gobierno presentaran textos sustitutorios.

Como se sabe, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores inició el martes el análisis de la Proposición Legislativa N.° 00098/2026-2031-CD, que plantea otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante 120 días.

Debido a la amplitud de las materias incluidas en la solicitud, la sustentación y el debate fueron programados en dos sesiones.

Consenso sobre facultades solicitadas por el Ejecutivo

Más temprano se conoció que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados cuenta con un texto de consenso sobre la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo, informó el diputado de Renovación Popular, Franck Krklec.

Según explicó el parlamentario en RPP, los equipos técnicos de las bancadas trabajaron hasta la noche del miércoles para consensuar una propuesta, que ya fue remitida a la comisión para la elaboración del dictamen correspondiente.

Krlkec señaló que el texto delimita las facultades en dos materias: seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño, incluyendo medidas vinculadas al sector agrario.

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Según declaró a Canal N, el ataque ocurrió el último jueves alrededor de las 6:10 p. m., a unos 44 kilómetros de Puerto Maldonado, cuando sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaba junto con integrantes de la Federación Nativa de Madre de Dios.

El parlamentario relató que los atacantes bloquearon el paso con varios vehículos, lo golpearon en la cabeza con la empuñadura de un arma de fuego y lo obligaron a descender de la unidad.

Además, se llevaron al conductor, quien posteriormente logró salir, y robaron o destruyeron celulares, computadoras portátiles, equipos GPS y dispositivos de comunicación satelital, incluido un sistema Starlink. La Policía de Carreteras acudió a la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Ccahuana explicó que la delegación había realizado una inspección por una denuncia sobre la construcción de una carretera de 18 kilómetros dentro de territorios nativos, presuntamente sin autorización. Añadió que los asaltantes preguntaron si llevaban oro, aparentemente por una posible sospecha de vínculos con actividades mineras.

Asimismo, indicó que había recibido llamadas sospechosas antes del incidente, aunque aclaró que no podía confirmar que el ataque estuviera dirigido contra él.

El senador no descartó que el asalto pudiera estar relacionado con sus denuncias sobre presuntas irregularidades en concesiones forestales, la presencia de integrantes del grupo criminal Comando Vermelho y la venta de combustible en el corredor minero de Inambari, que, según afirmó, favorecería a la minería ilegal. Sin embargo, no presentó pruebas que permitan establecer una relación entre estos hechos y el ataque.

Finalmente, Ccahuana pidió al Gobierno reforzar las labores de inteligencia y seguridad en Madre de Dios para prevenir los asaltos, secuestros y extorsiones. También solicitó investigar el ataque para identificar a los responsables.

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Galarreta precisó que el Ejecutivo solicitó facultades en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, modernización del Estado, simplificación administrativa, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, tributación, vivienda y saneamiento. “En el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados (...) para nosotros no es suficiente”, manifestó, y advirtió que negar la delegación sería una decisión histórica.

En materia de seguridad, el jefe del Gabinete sostuvo que el país necesita herramientas legales para responder con mayor rapidez a las organizaciones delictivas. Por ello, planteó fortalecer las labores de inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como establecer mecanismos que permitan intervenciones más precisas y reduzcan los riesgos para sus efectivos.

Respecto al fenómeno El Niño, indicó que las medidas buscan reducir las muertes y los daños a la propiedad pública y privada mediante procedimientos más ágiles para atender emergencias. Asimismo, destacó la necesidad de resolver problemas estructurales relacionados con la infraestructura, la falta de conexión entre regiones, el déficit de agua y desagüe y las demoras en la titulación de propiedades.

Finalmente, Luis Galarreta reconoció que corresponde al Senado decidir si concede las facultades legislativas de manera total o parcial, modifica el plazo solicitado o rechaza el pedido. Aclaró que el Gobierno puede continuar adoptando medidas sin esta delegación, pero sostuvo que su aprobación permitiría acelerar decisiones prioritarias y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a la delincuencia y las emergencias.

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La medida fue establecida mediante la Resolución Legislativa N.º 32742, publicada en el diario oficial El Peruano.

Según la norma, del 28 al 31 de octubre, la mandataria realizará una visita oficial a El Salvador, donde sostendrá un encuentro privado con su homólogo Nayib Bukele y participará en una reunión ampliada con ministros de Estado. Asimismo, tiene previsto reunirse con autoridades salvadoreñas de las carteras de Justicia y Seguridad Pública, Educación, Ciencia y Tecnología, y Salud.

La agenda también contempla visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una escuela emblemática y el Hospital Rosales, como parte de las actividades programadas durante su estadía en el país centroamericano.

Posteriormente, del 2 al 6 de noviembre, Fujimori viajará a Madrid, España, para participar en las principales actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Entre el 3 y el 5 de noviembre, asistirá a la sesión plenaria, actos protocolares, reuniones bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno, y encuentros con otras altas autoridades.

La presidenta también participará en las sesiones del Encuentro Empresarial organizadas en el marco de la cumbre. La resolución legislativa lleva las firmas del presidente del Senado, Miguel Torres; de la mandataria Keiko Fujimori y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Durante las ausencias de la jefa de Estado, el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, quedará encargado del despacho presidencial, conforme al artículo 115 de la Constitución Política del Perú y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

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“¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias para levantar la bandera blanca de la paz que nos exigen todos los peruanos?”, preguntó la mandataria durante la ceremonia por el 205º aniversario de creación de la Marina de Guerra del Perú y el 147º aniversario del Combate Naval de Angamos.

La jefa de Estado apeló al ejemplo del gran almirante Miguel Grau para invocar a los legisladores a superar las discrepancias y alcanzar acuerdos frente a los problemas que afronta el país, como la escalada criminal y el fenómeno El Niño.

“¿Podremos dejar de lado las viejas rencillas políticas para priorizar un presente y futuro de seguridad y tranquilidad para nuestro pueblo?”, cuestionó.

Asimismo, expresó su confianza en que el Parlamento privilegie el legado del héroe nacional por encima de la confrontación y el resentimiento.

INVOCACIÓN

Fujimori añadió que el país afronta una guerra interna contra la criminalidad que exige respuestas de las instituciones.

“Hay otra guerra que está matando a los peruanos”, afirmó, al dirigirse a los parlamentarios responsables de evaluar su pedido.

La mandataria ofreció estas declaraciones luego de que la Cámara de Diputados aprobara –el último martes– otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante 90 días en 20 medidas vinculadas con la seguridad ciudadana y la prevención ante el fenómeno El Niño.

En la sesión en cuestión, que se desarrolló el último miércoles, Chávez Cotrina resaltó que en el caso de estas normas se deben analizar una por una, pues, de lo contrario, hay riesgo de que se caiga en la “narrativa de las famosas ‘leyes procrimen’”.

A modo de ejemplo, mencionó la Ley 31990 –una de las que el Ministerio Público cuestiona de manera corporativa–, relativa a la colaboración eficaz. El fiscal superior sostuvo que está de acuerdo con los plazos que fija.

“La anterior norma no tenía plazo. ¿Cómo es posible que un procedimiento sea administrativo o penal no tenga plazo? Por eso que las colaboraciones eficaces duran 5 o 6 años, hasta se mueren (los investigados). Entonces el plazo es estrictamente necesario”, remarcó.

PRECEDENTE

Jorge Chávez agregó que otro aspecto positivo de esta ley es que establece que las afirmaciones de un colaborador eficaz no pueden ser corroboradas por los dichos de otro. Resaltó que la Corte Suprema ya lo había estipulado así años atrás.

También se refirió a la Ley 32108, sobre la tipificación de las organizaciones criminales y los requisitos para los allanamientos.

Al respecto, consideró que es atinado que se considere organización criminal a un grupo con estructura compleja y de mayor capacidad operativa, características que la diferencian de una banda.

Añadió que la ley también dispone que los miembros de estas organizaciones deben tener roles correlacionados entre sí. “Es fundamental. No basta con hacer un organigrama y ponerlos”, sentenció.

De acuerdo con información revisada por Correo y al cierre de esta edición, son al menos cinco los virtuales alcaldes que ganarán el primer lugar por una diferencia igual o menor al 1% (ver infografía).

MÍNIMO

El distrito que tendrá un alcalde que obtuvo la victoria con una menor diferencia porcentual es Villa María del Triunfo.

Al 90% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Robert Ludeña de Renovación Popular tenía 54,295 votos, lo que equivale a un 22.8%, mientras que en el segundo lugar está Guido Iñigo de Somos Perú con 53,727 votos, es decir, el 22.6%.

La diferencia entre ambos solo es de 0.2%, en promedio, unos 568 votos.

Un dato no menor es que Iñigo fue elegido alcalde de Villa El Salvador para el periodo 2023-2026.

Al prohibirse la reelección, cambió de distrito.

Además, junto a su familia, es investigado por lavado de activos por la Fiscalía.

De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, el clan familiar es poseedora de un millonario imperio económico que incluye corporaciones y un club de fútbol. Sin embargo, habrían obtenido todo ello mediante el uso de fondos ilícitos y el direccionamiento de contratos públicos.

El segundo distrito con una menor diferencia porcentual es San Juan de Miraflores.

Allí, al 92% de las actas contabilizadas por la ONPE, el candidato Edgar Mejía de Frente de la Esperanza tiene 45,051 votos, lo que representa un 20.7%.

Por su parte, Luis Mendieta de Alianza para el Progreso tiene 44,051 votos, es decir, un 20.2%.

La diferencia entre ambos candidatos, por ahora, es de 1046 votos (0.5%).

En el distrito de Barranco, los candidatos Manuel Espinoza de Renovación Popular y Felipe Mezarina de Somos Perú han obtenido, hasta el momento, 8431 y 8261 votos, respectivamente.

Es decir, solo los separa una diferencia de 170 votos que equivale al 0.6%.

En los distritos antes mencionados, el primer lugar puede variar. Sin embargo, el ganador siempre lo será por un margen ajustado.

CERCA AL 1

Además, hay dos distritos con alcaldes que podrían ganas las elecciones con menos del 1% de los votos.

El primero de ellos es Pucusana.

Enrique Manco de Frente Esperanza acumula 2463 votos (29.5%), mientras que Jhonny Calagua de Avanza País tiene 2384 votos (28.6%).

Lo único que separa a los candidatos es un porcentaje de 0.9, equivalente a 79 votos.

Cabe precisar que todavía no se puede hablar de un ganador, pues las actas contabilizadas hasta el momento en ese distrito van en 86%.

Es decir, están penidentes contabilizadas actas que suman por lo menos 1800 votos, por lo tanto, el resultado final del ganador puede cambiar.

Finalmente, está el distrito de Breña.

Allí, Iván Chang de Avanza País lleva la ventaja con 14,558 votos (21.8%).

En segundo lugar está Isabel Rodríguez con 13,928 votos (20.9%)

Por ahora, la diferencia de votos es de 630 (0.9%), pero sin un ganador claro.

Las actas contabilizadas por ahora son del 92%, pero en las actas pendientes hay por lo menos 8700 votos.

Por otro lado, existen por lo menos cinco distritos de Lima Metropolitana donde la diferencia porcentual entre el primer y segundo lugar no llega al 2%.

Estos son Santa Rosa (1%), Carabayllo (1.1%), Los Olivos (1.8%), Punta Negra (1.9%) y San Luis (1.9%).

LA CAPITAL

Por otro lado, para la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, si bien la victoria de Rafael López Aliaga de Renovación Popular es irreversible, no ganará con una gran diferencia.

Al cierre de esta edición, con el 92.729% de actas contabilizadas por la ONPE, López Aliaga tenía 1,444,529 votos (27.703%), mientras que Francis Allison de Avanza País sumaba 1,399,551 votos (26.841%).

La diferencia entre ambos es solo de 0.86%.

Expertos estiman que la diferencia porcentual entre ambos no supere el 1% de votos.