La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se reunirá este jueves 10 de setiembre con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien visita el Perú como parte de una gira oficial por Sudamérica.

El encuentro se realizará a las 10:15 de la mañana en Palacio de Gobierno, según informó la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia de la República.

Seguridad y crimen organizado en la agenda

La reunión tendrá como objetivo profundizar la alianza estratégica entre el Perú y Estados Unidos y fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral en asuntos considerados prioritarios para ambos gobiernos.

Entre los principales temas previstos figuran la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, además del fortalecimiento de la cooperación frente a los efectos del Fenómeno El Niño.

La visita de Rubio se desarrolla en el marco de una gira regional que también incluye Colombia y Ecuador. El Departamento de Estado señaló que uno de los ejes del viaje es reforzar la cooperación frente al narcotráfico y fortalecer las relaciones comerciales con los países visitados.

Defensa, inversiones y comercio bilateral

Fujimori y Rubio también abordarán asuntos relacionados con la defensa, la promoción de inversiones y el comercio bilateral, además de otros temas de interés común.

Estados Unidos y Perú buscarán revisar mecanismos que permitan ampliar su cooperación económica y avanzar en áreas consideradas estratégicas para ambos países.

En la reunión participarán además integrantes del Gabinete Ministerial, quienes acompañarán a la mandataria durante el encuentro con el representante del Gobierno estadounidense.

Primera visita oficial de Rubio al Perú como secretario de Estado

El viaje constituye la primera visita oficial de Marco Rubio al Perú en su condición de secretario de Estado de Estados Unidos, según informó Reuters a partir del anuncio del Departamento de Estado.

La gira sudamericana se desarrolla entre el 8 y el 10 de setiembre e incluye reuniones con los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú, con énfasis en seguridad regional, lucha contra el narcotráfico y relaciones económicas.

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) designó a Carmen Lozada como nueva gerenta general de la institución. La decisión fue establecida mediante la Resolución N.° 0074-2026/SBN, emitida el 8 de setiembre de 2026.

Según el dispositivo legal, la designación se concretó luego de verificarse que la plaza correspondiente se encontraba vacante.

Como parte del proceso, la Unidad de Recursos Humanos de la SBN determinó, mediante un informe, que Lozada reúne los requisitos establecidos en la Ley N.° 31419, que regula la idoneidad para el acceso y ejercicio de la función pública en puestos de libre designación y remoción.

Asimismo, la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad emitió una opinión favorable sobre la viabilidad legal de la designación de Lozada para ocupar dicho puesto directivo.

La resolución suprema cuenta con la rúbrica del superintendente nacional de Bienes Estatales, Ángel Manero. También, establece que la medida deberá ser difundida en la Sede Digital de la SBN, el Portal de Transparencia Estándar del Estado y el diario oficial El Peruano.

Las claves

La ley en mención fue confirmada por el TC el 5 de diciembre del 2025, al no alcanzarse cinco votos, de un total de siete integrantes, para desvirtuar su constitucionalidad.

Por ello, según se encuentra establecido, los magistrados del Poder Judicial (PJ) deben aplicarla en los distintos procesos judiciales que tramiten. Sin embargo, algunos optaron por no hacerlo con base en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y otras entidades internacionales.

Ayer, durante la apertura del Año Jurisdiccional Constitucional 2026, Pacheco afirmó que “el sometimiento del Perú a las decisiones de la Corte (IDH) se encuadran en el marco del respeto a la mencionada Convención (de los Derechos Humanos)”.

“Por lo tanto, si la Corte-IDH emite una sentencia contraria a la convención, el Estado peruano y sus jueces ordinarios y constitucionales, considero, no estamos obligados a someternos a ese mandato porque no tiene legitimidad”, añadió.

Finalmente, tras remarcar que lo esgrimido “no es la postura del tribunal” sino una opinión personal, pidió a los jueces a “reflexionar” al respecto.

“No estoy llamando a una desobediencia civil ni a una desobediencia jurídica. Los llamo a reflexionar para darnos cuenta de que lo importante no es qué tribunal dice algo, sino qué dice; el objeto de la decisión, no porque lo diga la Corte-IDH o la Corte Penal Internacional. ¿Qué está decidiendo? ¿Está protegiendo los bienes humanos básicos?”, puntualizó.

En esa línea, aseguró creer “en los Estados y el derecho de no estar obligados” a decisiones en fuero internacional.

No va

La Comisión de Energía y Minas, presidida por Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú (JP), concluyó ayer que no es viable delegar las facultades solicitadas y aprobó un informe en contra.

La decisión se sustenta en la complejidad de las propuestas y sus implicancias económicas, sociales y ambientales.

El grupo consideró que estas materias requieren un debate más amplio, con participación de los actores involucrados y en las instancias correspondientes de las cámaras de Diputados y Senadores.

Asimismo, con 18 votos a favor, acordó invitar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, para que informe sobre la política general de su sector el próximo 15 de septiembre.

Un desenlace similar se produjo en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, presidida por Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno).

Con seis votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, rechazó el informe favorable sobre las facultades vinculadas a la modernización del Estado y la economía.

Además, el grupo acordó citar a los ministros de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, para el 15 de septiembre, y de Vivienda, Mauricio Arnillas, en una fecha aún por definir.

Más rechazos

En la Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo, presidido por José Marvin Palma, de Fuerza Popular (FP), también rechazó su informe a favor del pedido, con ocho votos a favor, 10 en contra y una abstención.

Durante el debate, legisladores de JP, Buen Gobierno, Ahora Nación y Partido Cívico Obras expresaron sus discrepancias con la propuesta.

El cuarto revés ocurrió en la Comisión de Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital, presidida por Diethell Columbus (FP). Aunque el fujimorista planteó un informe favorable, este fue rechazado con siete votos a favor, nueve en contra y una abstención.

Nuevamente, los votos de Buen Gobierno y Obras, sumados a los de JP y Ahora Nación, inclinaron la balanza contra la propuesta.

Distinto fue el escenario en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. El grupo de trabajo parlamentario sí aprobó el informe que recomienda otorgar las facultades legislativas pedidas por el Gobierno, con 10 votos a favor y seis en contra.

Las agrupaciones se refieren específicamente al caso de Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor, quien asumiría como alcalde de Lima de ganar los comicios, porque su candidato a ese cargo, Luis Rubio, renunció.

#OJO Partidos políticos solicitan al JNE que defina si es legal que un alcalde elegido en 2022 reciba credencial en el actual proceso bajo la modalidad de reelección encubierta. Esto es por el caso del candidato Rafael López Aliaga de Renovación Popular. pic.twitter.com/ClKkjoyIGU

— Sofía López (@SofiaLopezLl) September 8, 2026

DETALLES

El martes por la tarde, representantes del JNE y de los partidos políticos se reunieron para definir la metodología del debate electoral de Lima Metropolitana.

En la cita, se informó que Renovación Popular presentó una carta para solicitar la participar de su candidato a primer regidor (López Aliaga) en el debate.

Fue así que un representante del Partido Aprista Peruano mencionó que existe una situación vinculada con la reelección (encubierta), por lo tanto, consideró que debe existir una posición clara sobre quiénes deben participar en el debate.

Alianza para el Progreso (APP) consideró que la candidatura tiene carácter personalísimo.

PENDIENTE

Tras el debate se redactó una propuesta para que el JNE en un plazo impostergable de tres días hábiles, emita un pronunciamiento vinculante y definitivo que precise si resultado legalmente procedente que los alcaldes electos en el 2022 reciban credencial de alcalde en el presente proceso.

“Canalizamos la moción requiriendo que se eleve con carácter de urgencia en el pleno del JNE para su correspondiente resolución. Esto considerando la prohibición constitucional expresa de reelección inmediata de alcaldes, a fin de que, sobre la base de dicho pronunciamiento, se continúe con las negociaciones correspondientes a las reglas para el debate”, se lee en el documento.

Renovación popular votó en contra de la propuesta y rechazó que “se coaccione al JNE”.

Los parlamentarios señalaron que el encuentro permitió revisar los planteamientos del Gabinete Ministerial y acordaron hacer llegar sus observaciones técnicas y jurídicas sobre las propuestas, luego de los cuestionamientos expresados por la bancada.

Entre los asuntos considerados durante la conversación estuvieron las medidas frente al fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana.

La vocera de Renovación Popular, Roxana Rocha, destacó la disposición de su grupo parlamentario para revisar estos temas.

“Ha sido una reunión totalmente propositiva. Sí nos queda muy claro que hay que respaldar, con exigencia, temas como es Fenómeno El Niño e inseguridad ciudadana”, declaró a la prensa la diputada Roxana Rocha.

Te puede interesar

• Ministro de Transportes afirma que están “haciendo la prevención posible” ante el Fenómeno El Niño
• Luis Dyer descarta conflicto de interés por vínculo con fundación que construye hospitales
• Minsa reorganiza el PRONIS para acelerar hospitales y cerrar brecha de internet
• Canciller Carlos Espá plantea modernizar los servicios consulares y fortalecer presencia internacional del Perú
• Víctor Revoredo informa que el 15 de septiembre se conocerán avances por atentado en Trujillo
• Partidos piden al JNE precisar si un primer regidor podría recibir credencial de alcalde antes de debate en Lima

La decisión fue adoptada luego de que la Comisión de Constitución solicitara una opinión sobre el pedido legislativo 9801. Tras revisar las propuestas planteadas por el Gobierno, el grupo parlamentario concluyó que estas no presentan un nivel de urgencia que justifique apartarlas del procedimiento legislativo ordinario.

La comisión, presidida por la diputada Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú, sostuvo que las modificaciones regulatorias planteadas para el sector minero deben ser sometidas al debate correspondiente dentro del Parlamento. Según el informe, las materias incluidas en la solicitud comprenden aspectos estructurales cuya discusión corresponde a las cámaras legislativas.

Entre las medidas planteadas por el Ejecutivo se encontraba la actualización del marco normativo aplicable a la pequeña minería. El pedido también contemplaba mecanismos destinados a incentivar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional.

El documento aprobado señala que el Gobierno no habría acreditado una necesidad inmediata que sustente la delegación de estas competencias. Por ello, la comisión consideró que las iniciativas deben continuar su trámite mediante los mecanismos legislativos habituales.

#PrimeroAlas8 Congreso: la Comisión de Energía y Minas aprobó con 11 votos a favor y 7 en contra un informe que declara inviable otorgar facultades legislativas al Ejecutivo en materia de minería e hidrocarburos, recortando el alcance del pedido gubernamental ►… pic.twitter.com/m8HsnHTusi

— Canal N (@canalN_) September 9, 2026

Bancadas de derecha se pronuncian

La votación generó reparos entre representantes de Fuerza Popular y Renovación Popular, quienes rechazaron la decisión adoptada por la mayoría de integrantes del grupo parlamentario. Los legisladores sostuvieron que las medidas propuestas por el Ejecutivo podrían tener efectos sobre la actividad económica y la llegada de inversiones privadas al sector extractivo.

El congresista Gianmarco Quezada cuestionó que el informe haya descartado la propuesta gubernamental a partir de argumentos que, según su posición, no considerarían adecuadamente la situación económica del país. Su observación estuvo dirigida a la conclusión adoptada por la comisión sobre la falta de urgencia de las medidas.

Por su parte, el diputado Frank Krklec centró sus cuestionamientos en la forma en que fue analizado el pedido. Consideró que los integrantes del grupo debieron revisar con mayor profundidad la exposición de motivos que acompañaba la propuesta antes de establecer una posición sobre su contenido.

Los representantes que respaldaron la iniciativa del Ejecutivo también señalaron que impedir la aplicación de estas medidas podría tener consecuencias sobre la inversión privada en actividades mineras y de hidrocarburos. El debate continuará ahora en las instancias parlamentarias correspondientes, donde se evaluará el contenido del pedido de facultades.

La solicitud contempla 120 días calendario para legislar en ocho materias consideradas prioritarias por el Gobierno. Entre ellas figuran la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana, además de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres y el fenómeno El Niño.

El pedido también comprende medidas dirigidas a las micro y pequeñas empresas, el empleo y la productividad. A ello se suman propuestas para modernizar el Estado, simplificar trámites e impulsar la transformación digital.

La reunión contó además con los ministros de Defensa, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Agrario y Riego, y Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco de las gestiones para sacar adelante la iniciativa del Ejecutivo.

#PCMInforma | Premier Luis Galarreta inicia ronda de diálogo con bancadas para impulsar las facultades legislativas

Esta tarde sostuvo reunión con diputados de Renovación Popular para avanzar hacia la aprobación de las facultades legislativas que permitirá fortalecer la lucha… pic.twitter.com/gdwUESOzeM

— Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) September 9, 2026

Te puede interesar

• Ministro de Transportes afirma que están “haciendo la prevención posible” ante el Fenómeno El Niño
• Luis Dyer descarta conflicto de interés por vínculo con fundación que construye hospitales
• Minsa reorganiza el PRONIS para acelerar hospitales y cerrar brecha de internet
• Canciller Carlos Espá plantea modernizar los servicios consulares y fortalecer presencia internacional del Perú
• Víctor Revoredo informa que el 15 de septiembre se conocerán avances por atentado en Trujillo
• Partidos piden al JNE precisar si un primer regidor podría recibir credencial de alcalde antes de debate en Lima

El pedido fue presentado por el diputado César Augusto Muedas Balbiese y busca conocer el avance físico, financiamiento y cronograma definitivo del megaproyecto. La obra comprende zonas de Lima y Junín y fue declarada de necesidad pública y preferente interés nacional mediante la Ley N.° 32696.

Recursos para el túnel Pariachi

Otro de los puntos que deberá explicar el ministro es la situación del túnel Pariachi, que cuenta con S/190 millones contemplados en el Presupuesto 2026. Sin embargo, el último crédito suplementario aprobado por el anterior Congreso no incluyó recursos adicionales para esta infraestructura.

La comisión también busca conocer qué acciones adoptará el actual Gobierno para garantizar la continuidad del proyecto. Como se recuerda, el pasado 28 de julio la presidenta Keiko Fujimori se comprometió a culminar la Nueva Carretera Central.

La reunión estuvo dirigida por el senador de Juntos por el Perú, Hugo Ccahuana. Con el respaldo obtenido, el documento continuará con la siguiente etapa del procedimiento parlamentario antes de definir la permanencia de Velarde.

🔵 Desde el Senado, avanzamos con importantes acuerdos en la Comisión de Procedimientos Especiales.

Respaldamos la propuesta del Poder Ejecutivo para la continuidad de Julio Velarde Flores como presidente del BCRP, que será tratada posteriormente por el Pleno del Senado. pic.twitter.com/gaFMxS8m1A

— Milagros Jáuregui de Aguayo (@MJAguayo63) September 8, 2026

Informe pasará al pleno

El informe aprobado será enviado al pleno del Senado, donde deberá ser debatido y sometido a votación. Esta instancia tendrá la responsabilidad de determinar si el economista continuará al frente del organismo encargado de conducir la política monetaria del país.

Velarde acudió la semana pasada ante la Comisión de Procedimientos Especiales para responder las consultas de los parlamentarios. Durante esa presentación abordó la situación de la economía peruana y las prioridades que considera necesarias dentro de la política monetaria.

El Poder Ejecutivo formalizó el pasado 21 de agosto la designación de Velarde para ejercer un nuevo periodo de cinco años. De concretarse su ratificación parlamentaria, permanecería en la presidencia del BCR hasta el año 2031.

Aunque el Ejecutivo ya oficializó su nombramiento, el procedimiento establece que el Senado debe pronunciarse sobre su continuidad. Por ello, la decisión adoptada por la comisión constituye una recomendación que todavía deberá ser evaluada por el pleno.

La Cámara de Senadores está conformada por 60 parlamentarios, por lo que Velarde requiere 31 votos para conseguir la ratificación. El pleno ha sido convocado para este miércoles 9 de septiembre a las 3:00 de la tarde, sesión en la que podría abordarse su continuidad al frente del BCR.

Requejo explicó que los efectos ya se observan desde comienzos de año, tanto en la pesca industrial de anchoveta como en diversas actividades artesanales. Estas últimas han registrado una disminución en sus descargas debido a las variaciones en las condiciones marítimas.

“La alerta sigue siendo de que va a ser un Niño severo y los impactos en la pesquería se vienen notando desde comienzos de año, no solo en la pesca industrial de anchoveta, que es la más vulnerable a las altas temperaturas, sino también en varias de las pesquerías artesanales, que han mostrado una disminución en sus descargas”, afirmó.

El titular del sector sostuvo que IMARPE mantiene un seguimiento constante de las condiciones del océano para determinar la evolución del escenario. La información científica permitirá ajustar las decisiones según los cambios que se registren.

“Dadas las condiciones particulares que tiene hoy nuestro mar, lo que exige la ciencia es un monitoreo permanente; entonces, el IMARPE está en monitoreo permanente”, sostuvo.

Requejo también señaló que Produce ha emitido 19 medidas de ordenamiento pesquero y gestiona recursos para mantener y reparar desembarcaderos artesanales. Además, prepara una declaratoria de emergencia para pesca y acuicultura que permitiría aplicar mecanismos especiales a quienes resulten afectados.

Entre las acciones previstas figura un tratamiento diferenciado para las deudas de los pescadores y productores perjudicados, con el objetivo de evitar un deterioro de su situación financiera. Durante la sesión, los senadores también consultaron sobre las medidas previstas para sus respectivas regiones y sectores productivos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero, informó que las bancadas alcanzaron consenso para impulsar este grupo de trabajo.

La propuesta busca vigilar la ejecución del presupuesto destinado a la prevención de desastres y verificar el avance de las obras de protección ante posibles efectos del fenómeno climático.

La iniciativa reúne cuatro mociones impulsadas por Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular. Entre sus planteamientos se contempla realizar labores de fiscalización, inspecciones de campo y seguimiento a las acciones desarrolladas por entidades del Gobierno central, municipios y otras instituciones públicas.

Durante la sesión del Pleno se someterá a votación el proyecto de resolución que establecerá la conformación y funciones de la comisión multipartidaria.

El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, anuncia que, en acuerdo de portavoces y por consenso, se aprobó la conformación de una comisión especial sobre el fenómeno El Niño, que será sometida a debate este jueves 10 de setiembre en el Pleno de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/5xrV2fAmr4

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 8, 2026

Te puede interesar

• Ministro de Transportes afirma que están “haciendo la prevención posible” ante el Fenómeno El Niño
• Luis Dyer descarta conflicto de interés por vínculo con fundación que construye hospitales
• Minsa reorganiza el PRONIS para acelerar hospitales y cerrar brecha de internet
• Canciller Carlos Espá plantea modernizar los servicios consulares y fortalecer presencia internacional del Perú
• Víctor Revoredo informa que el 15 de septiembre se conocerán avances por atentado en Trujillo
• Partidos piden al JNE precisar si un primer regidor podría recibir credencial de alcalde antes de debate en Lima

Astudillo reconoció que su afirmación anterior no había sido formulada de manera adecuada. El ministro hizo esta precisión luego de acudir nuevamente al Congreso, donde participó en una sesión de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados.

Al ser consultado por sus declaraciones previas, Astudillo explicó que el problema estuvo en la forma en que planteó su respuesta y no en una interpretación equivocada de sus palabras. También señaló que el Gobierno trabaja para reducir el temor que existe entre los ciudadanos frente a la inseguridad.

“No es que hayan entendido mal, me he expresado mal. Estamos comprometidos en bajar esa percepción, esa percepción de miedo, de terror, tenemos que acabarla y ese, ese es nuestro compromiso. Yo no puedo dar un dato exacto, pero estamos trabajando mucho y muy fuerte en que bajen”, indicó.

En ese contexto, el titular del Interior explicó que no cuenta con una cifra exacta para sustentar una comparación en ese momento. Además, admitió que existe preocupación entre los ciudadanos debido a la situación de inseguridad.

El relevo se concretará el miércoles 16 de septiembre, cuando Fredy López Mendoza asumirá como nuevo comandante general durante una ceremonia prevista en la Escuela de Oficiales y Suboficiales de la PNP, en Puente Piedra.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló previamente que su designación responde al respeto de la línea de prelación dentro de la institución policial.

En paralelo, Astudillo explicó que, durante el estado de emergencia dispuesto en cinco establecimientos penitenciarios, el INPE conservará el control, administración y custodia interna de los penales.

Las Fuerzas Armadas y la PNP tendrán a su cargo la seguridad exterior y el perímetro de 200 metros, mientras que la Policía solo ingresaría ante un motín de gran magnitud que supere la capacidad de respuesta del INPE.

Te puede interesar

• Ministro de Transportes afirma que están “haciendo la prevención posible” ante el Fenómeno El Niño
• Luis Dyer descarta conflicto de interés por vínculo con fundación que construye hospitales
• Minsa reorganiza el PRONIS para acelerar hospitales y cerrar brecha de internet
• Canciller Carlos Espá plantea modernizar los servicios consulares y fortalecer presencia internacional del Perú
• Víctor Revoredo informa que el 15 de septiembre se conocerán avances por atentado en Trujillo
• Partidos piden al JNE precisar si un primer regidor podría recibir credencial de alcalde antes de debate en Lima

Durante su presentación en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, Astudillo explicó que se modificará el cronograma para ubicar al personal policial según las necesidades detectadas.

“Hay cosas que vamos a cambiar, no vamos a esperar la delegación de facultades. Vamos a empezar ya mismo, ya hemos empezado y pronto, por ejemplo, vamos a adelantar el plan de cambios y a poner a la gente donde debe estar”, declaró.

Presupuesto y reforma policial

El titular del Mininter también anunció que se reunirá con el nuevo alto mando de la PNP para evaluar la descentralización del presupuesto. La propuesta contempla que cada región policial pueda convertirse en una unidad ejecutora y administrar recursos de acuerdo con sus necesidades operativas.

Las medidas forman parte del denominado plan Mariano Santos, que plantea cambios en la formación y el perfil de oficiales y suboficiales.

“El plan Mariano Santos es la reforma de la Policía Nacional, vamos a seguirlo con o sin presupuesto, con o sin facultades”, indicó.

Astudillo sostuvo que la reforma también busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado mediante la anticipación de delitos, la recuperación del control territorial y el retiro de herramientas utilizadas por las organizaciones criminales. A ello se suman el control de las fronteras y el fortalecimiento de una estrategia integral de seguridad.

El ministro señaló que las acciones buscan articular el funcionamiento de las distintas instituciones involucradas en seguridad. La reforma policial, los cambios de personal y la descentralización presupuestal forman parte de las medidas expuestas ante la comisión.

El Gobierno viene implementando medidas preventivas ante un eventual Fenómeno El Niño, informó el ministro de Transportes, Rafael Rey. En ese sentido, señaló que los puentes modulares trasladados a distintas regiones permitirán atender con mayor rapidez posibles emergencias que se registren en las carreteras del país.

Durante una visita al lugar donde se encuentran almacenadas las estructuras, Rey explicó que su traslado implica un importante despliegue logístico debido al peso de los componentes. Según detalló, para movilizar cada puente pueden ser necesarios hasta ocho camiones.

“Estamos realmente preocupados y haciendo la prevención posible en el tema de puentes y las carreteras en todo el país, pero especialmente en la costa, que es la que más sufre en los fenómenos de El Niño”, sostuvo el ministro.

Rey aseguró que el sector está preparado para actuar de manera inmediata ante una eventual afectación de la infraestructura vial. Al ser consultado sobre la cantidad de carreteras que podrían resultar dañadas, señaló que existen estimaciones, aunque precisó que no contaba con la cifra exacta en ese momento. Entre las vías consideradas de mayor importancia mencionó la Panamericana Norte.

El ministro de Transportes explicó que los llamados puentes Bailey pertenecen a una categoría de estructuras modulares y aclaró que Bailey es una marca comercial, por lo que también existen modelos similares fabricados por otras empresas.

Según detalló, una parte importante de las adquisiciones más recientes proviene de fabricantes chinos debido a sus menores costos. Estas estructuras permanecen desmontadas y almacenadas para ser instaladas de acuerdo con las necesidades que puedan surgir durante una emergencia.

El titular de Transportes precisó que los puentes están conformados por distintos módulos, como plataformas y componentes estructurales, lo que permite ajustar su extensión según las características del lugar donde serán colocados. En ese sentido, indicó que pueden configurarse para cubrir luces de aproximadamente 12 y 15 metros, entre otras dimensiones, y alcanzar una longitud de hasta 70 metros.

Ante las consultas de la prensa sobre las declaraciones del ministro del Interior, César Astudillo, acerca de la percepción de inseguridad y los homicidios, Rafael Rey evitó pronunciarse y señaló que estos asuntos corresponden directamente a la cartera del Interior.

“Permítame no ocuparme de los temas que no me corresponden directamente”, respondió Rey.

#EnVivo

Rafael Rey, ministro de Transportes y Comunicaciones, señaló que se viene reforzando la prevención ante el fenómeno El Niño, especialmente en las carreteras de la costa.

Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/VuJQKThBYP

— Canal N (@canalN_) September 8, 2026

El ministro de Salud, Luis Dyer, fue consultado sobre su participación previa en la Fundación Dyer e Hijos, organización vinculada a proyectos para la construcción de hospitales en zonas de extrema pobreza. La pregunta también estuvo relacionada con la información consignada por el funcionario en su declaración jurada.

El titular del Minsa aseguró que dejó de participar en las actividades de las empresas y organizaciones que anteriormente representaba. Asimismo, señaló que dicha información figura en los documentos que presentó ante las autoridades correspondientes.

Las declaraciones del ministro se dieron luego de que fuera consultado por Canal N sobre un posible conflicto de interés entre las actividades de la fundación y las funciones que actualmente desempeña como titular del Ministerio de Salud.

#EnVivo

Luis Dyer, ministro de Salud, señaló que se retiró de la Fundación Dyer e Hijos dejando los documentos correspondientes.

Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/9LeQaqPbnw

— Canal N (@canalN_) September 8, 2026

Como parte de las medidas para modernizar el sistema sanitario, el Minsa implementará un plan de transformación digital que permitirá interconectar 25 hospitales y 500 centros de salud de Lima entre finales de 2026 y los primeros meses de 2027, informó Dyer.

Durante su presentación ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el titular de Salud expuso los principales lineamientos que marcarán su gestión al frente del sector. El ministro señaló que sus prioridades estarán enfocadas en la transformación digital, el fortalecimiento de la infraestructura preventiva y las acciones para combatir la anemia.

Minsa reorganiza el PRONIS para acelerar hospitales y cerrar brecha de internet

El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, anunció este martes 8 de septiembre una reorganización del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) con el objetivo de acelerar la ejecución de infraestructura sanitaria y priorizar la culminación de establecimientos que permanecen paralizados.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) presentó los principales lineamientos de su gestión durante una sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde también abordó los plazos de construcción de hospitales, la conectividad y el uso de nuevas modalidades para ejecutar proyectos.

PRONIS priorizará la culminación de obras paralizadas

Dyer sostuvo que uno de los principales objetivos de la reorganización será concluir los proyectos de infraestructura sanitaria que ya cuentan con avances físicos y requieren recursos para continuar.

“Lo que está avanzado hay que terminarlo”, afirmó el ministro al explicar que la prioridad será evitar que establecimientos con obras iniciadas permanezcan detenidos.

El titular del Minsa también cuestionó el tiempo que actualmente requiere desarrollar nueva infraestructura hospitalaria en el país. Según indicó ante la comisión parlamentaria, algunos procesos pueden tardar entre seis y 15 años.

“No estamos avanzando al ritmo que exige la demanda de nuestros pacientes en el país. Nos estamos demorando entre 6 y 15 años en construir un hospital y, en el camino, incluso tenemos hospitales paralizados”, declaró.

Minsa plantea establecimientos modulares para reducir plazos

Como parte del nuevo enfoque, el sector Salud proyecta impulsar el rediseño de establecimientos mediante estructuras modulares, con la finalidad de reducir los tiempos de construcción.

Según Dyer, estos establecimientos también deberán adaptarse a las condiciones y necesidades específicas de las comunidades ubicadas en la costa, sierra y selva.

El ministro indicó que la denominada infraestructura preventiva será uno de los ejes de trabajo del sector durante los próximos cinco años.

Obras por Impuestos para proyectos de infraestructura sanitaria

Otro mecanismo que el Minsa prevé fortalecer es la participación del sector privado mediante Obras por Impuestos (OxI).

Dyer consideró que este mecanismo puede contribuir a agilizar proyectos de infraestructura sanitaria y reducir los tiempos requeridos para poner nuevos servicios a disposición de la población.

Minsa advierte brecha de internet en centros de salud

La transformación de la infraestructura también incluye la conectividad. El ministro señaló que disponer de acceso adecuado a internet permitirá mejorar el intercambio de información y fortalecer servicios como la telemedicina, especialmente en localidades alejadas.

De acuerdo con las cifras expuestas por Dyer, entre el 42 % y 43 % de los establecimientos de salud no dispone actualmente de un servicio adecuado de internet.

El titular del Minsa informó además sobre coordinaciones con Estados Unidos relacionadas con la interoperabilidad mediante Starlink. Según explicó, la propuesta contempla que el servicio de conectividad pueda brindarse gratuitamente durante el primer año.

¿Qué busca la reorganización del PRONIS?

La reorganización anunciada por el Ministerio de Salud busca concentrar esfuerzos en proyectos que ya presentan avances, reducir los tiempos de ejecución de nuevas instalaciones y desarrollar modelos de infraestructura sanitaria que puedan implementarse con mayor rapidez.

Los cambios también incorporan como ejes la participación privada mediante Obras por Impuestos, la infraestructura modular y una mayor conectividad de los establecimientos de salud.

El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, anunció este martes 8 de septiembre una reorganización del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) con el objetivo de acelerar la ejecución de infraestructura sanitaria y priorizar la culminación de establecimientos que permanecen paralizados.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) presentó los principales lineamientos de su gestión durante una sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde también abordó los plazos de construcción de hospitales, la conectividad y el uso de nuevas modalidades para ejecutar proyectos.

PRONIS priorizará la culminación de obras paralizadas

Dyer sostuvo que uno de los principales objetivos de la reorganización será concluir los proyectos de infraestructura sanitaria que ya cuentan con avances físicos y requieren recursos para continuar.

“Lo que está avanzado hay que terminarlo”, afirmó el ministro al explicar que la prioridad será evitar que establecimientos con obras iniciadas permanezcan detenidos.

El titular del Minsa también cuestionó el tiempo que actualmente requiere desarrollar nueva infraestructura hospitalaria en el país. Según indicó ante la comisión parlamentaria, algunos procesos pueden tardar entre seis y 15 años.

“No estamos avanzando al ritmo que exige la demanda de nuestros pacientes en el país. Nos estamos demorando entre 6 y 15 años en construir un hospital y, en el camino, incluso tenemos hospitales paralizados”, declaró.

Minsa plantea establecimientos modulares para reducir plazos

Como parte del nuevo enfoque, el sector Salud proyecta impulsar el rediseño de establecimientos mediante estructuras modulares, con la finalidad de reducir los tiempos de construcción.

Según Dyer, estos establecimientos también deberán adaptarse a las condiciones y necesidades específicas de las comunidades ubicadas en la costa, sierra y selva.

El ministro indicó que la denominada infraestructura preventiva será uno de los ejes de trabajo del sector durante los próximos cinco años.

Obras por Impuestos para proyectos de infraestructura sanitaria

Otro mecanismo que el Minsa prevé fortalecer es la participación del sector privado mediante Obras por Impuestos (OxI).

Dyer consideró que este mecanismo puede contribuir a agilizar proyectos de infraestructura sanitaria y reducir los tiempos requeridos para poner nuevos servicios a disposición de la población.

Minsa advierte brecha de internet en centros de salud

La transformación de la infraestructura también incluye la conectividad. El ministro señaló que disponer de acceso adecuado a internet permitirá mejorar el intercambio de información y fortalecer servicios como la telemedicina, especialmente en localidades alejadas.

De acuerdo con las cifras expuestas por Dyer, entre el 42 % y 43 % de los establecimientos de salud no dispone actualmente de un servicio adecuado de internet.

El titular del Minsa informó además sobre coordinaciones con Estados Unidos relacionadas con la interoperabilidad mediante Starlink. Según explicó, la propuesta contempla que el servicio de conectividad pueda brindarse gratuitamente durante el primer año.

¿Qué busca la reorganización del PRONIS?

La reorganización anunciada por el Ministerio de Salud busca concentrar esfuerzos en proyectos que ya presentan avances, reducir los tiempos de ejecución de nuevas instalaciones y desarrollar modelos de infraestructura sanitaria que puedan implementarse con mayor rapidez.

Los cambios también incorporan como ejes la participación privada mediante Obras por Impuestos, la infraestructura modular y una mayor conectividad de los establecimientos de salud.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, expuso este martes ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, los principales lineamientos del plan de trabajo de la Cancillería, enfocados en fortalecer la presencia internacional del Perú, modernizar los servicios para los ciudadanos y reforzar la protección del patrimonio cultural.

Durante su intervención, el canciller sostuvo que la política exterior debe ser una herramienta para convertir la presencia del país en el ámbito internacional en mayores condiciones de seguridad, desarrollo y oportunidades para los peruanos.

En ese sentido, destacó la importancia de recuperar la capacidad de iniciativa y liderazgo internacional del Perú, basándose —según indicó— en los valores y principios democráticos del país.

Uno de los mecanismos que permitirá avanzar en esta agenda será el Foro Cuzco, una iniciativa promovida por el Perú junto con el Ministerio de Cultura y con el apoyo de la UNESCO.

El canciller recordó que este espacio, desarrollado desde 2020, ha permitido reunir a países de América Latina y el Caribe para abordar temas relacionados con la protección del patrimonio cultural. Su cuarta edición está prevista para julio de 2027 y contará con la participación de altos representantes de 15 países de la región, además de la UNESCO.

Según explicó Espá, el objetivo es avanzar del intercambio de experiencias hacia la construcción de criterios y posiciones comunes que permitan fortalecer la protección, recuperación y restitución del patrimonio cultural de los países latinoamericanos.

“Proteger nuestro patrimonio y proyectar nuestra cultura son, en ese sentido, dos dimensiones de una misma tarea”, señaló durante su presentación ante la comisión del Senado.

Modernización de los servicios consulares

El titular de la Cancillería también anunció que su gestión continuará impulsando la modernización y digitalización de los servicios, especialmente aquellos destinados a los peruanos que viven en el extranjero.

En esa línea, mencionó los avances relacionados con la implementación de la visa electrónica y el pasaporte de emergencia, documento que reemplazará a los salvoconductos.

“Avanzaremos en la modernización y digitalización de nuestros servicios, particularmente los servicios consulares. Ya lo hemos hecho, ya estamos avanzando. Hemos anunciado la visa electrónica, hemos anunciado el pasaporte de emergencia que reemplaza los salvoconductos”, señaló.

Para el canciller, la política exterior también se refleja en la atención que reciben los millones de peruanos que residen fuera del país.

“Para millones de compatriotas en el exterior, la política exterior del Perú no es una declaración ni una simple reunión internacional. Es la calidad y oportunidad de la atención que reciben de su Estado”, sostuvo.

Espá afirmó que el objetivo es contar con una Cancillería profesional, moderna y cercana a los ciudadanos, con especial atención a los sectores más vulnerables.

Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores resaltó la necesidad de mantener un trabajo coordinado con el Congreso de la República y sus dos cámaras, mediante un diálogo permanente y constructivo.

“La política exterior es una política de Estado y debe estar siempre al servicio del Perú y de los peruanos”, concluyó.

#EnVivo

El canciller Carlos Espá expone ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado sobre el plan de trabajo de la Cancillería.

Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/m0cAJXsvtZ

— Canal N (@canalN_) September 8, 2026

El general Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, informó que el próximo 15 de septiembre se darán a conocer los avances de las investigaciones relacionadas con el atentado ocurrido en Trujillo.

El general Revoredo señaló que un equipo especializado de detectives de las unidades de homicidios y secuestros, junto con agentes de inteligencia y personal de criminalística, viene trabajando de manera coordinada con el Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado.

Según RPP, el jefe policial precisó que será el general Espinoza, director de la Región Policial Trujillo, quien dé a conocer los resultados de las diligencias. Asimismo, indicó que el fiscal Jorge Chávez Cotrina ya estuvo en el lugar para participar de las investigaciones.

“Como lo dijo nuestro comandante general en funciones, estamos en el día 8 y el día 15 será el director de jefe de región Trujillo, un general muy experimentado, nuestro general Espinoza, a quien se le ha puesto a disposición un selecto equipo de detectives de homicidios, secuestros, el mismo jefe de inteligencia, criminalística, para que trabajen articuladamente con el prestigioso Ministerio Público, con la Fiscalía de Crimen Organizado. Ahí estuvo in situ el doctor Chávez Cotrina y serán ellos los que rendirán cuentas a ustedes”, sostuvo.

Sobre las personas intervenidas durante el operativo, el general Revoredo evitó señalar que tengan responsabilidad en el atentado. Precisó que todos continúan bajo investigación del Ministerio Público y cuentan con la asistencia de sus respectivos abogados.

Asimismo, el general Revoredo defendió la captura de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, y explicó que la participación de la Dirincri estuvo enfocada principalmente en dicha intervención.

Ante el pedido del senador Percy Osorio para que se someta a una evaluación psicológica, el general Revoredo respondió que los agentes de la Policía Nacional pasan anualmente por este tipo de evaluaciones como parte de los controles institucionales.

Consultado por la salida de Óscar Arriola de la Comandancia General de la Policía Nacional, el general Revoredo sostuvo que su decisión debe ser respetada y evitó relacionarla directamente con los acontecimientos registrados en Trujillo. Pese a ello, resaltó el trabajo realizado por Arriola durante su gestión y calificó como aprobatorio su desempeño al frente de la institución.

Catorce partidos políticos acordaron solicitar de manera formal al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que establezca si un candidato a primer regidor, quien actualmente ocupa el cargo de alcalde, está habilitado para recibir la credencial de burgomaestre si su lista gana las elecciones en Lima Metropolitana. El pedido fue acordado durante las coordinaciones para el debate electoral de la capital.

El pedido, presentado en la sede del organismo electoral tras una reunión de coordinación, tiene como objetivo aclarar las reglas de sucesión contempladas en el artículo 194 de la Constitución. Esta precisión deberá conocerse antes de establecer los detalles y la participación de los candidatos en los debates previstos para el 21 y 22 de septiembre en la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja.

El pedido oficial establece un plazo máximo de tres días hábiles para que el organismo electoral emita una respuesta y despeje la incertidumbre jurídica existente de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La controversia surgió luego de que Luis Rubio renunciara a su candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular. Ante esta situación, la agrupación política solicitó que su candidato a primer regidor, Rafael López Aliaga, participe en el debate municipal en representación de su partido.

Esta situación abrió el debate sobre la legalidad de que una autoridad elegida en 2022 pueda retornar al cargo de alcalde mediante un mecanismo de sucesión. Los partidos que suscribieron el pedido consideran que esta posibilidad constituiría una forma de reelección inmediata encubierta.

El acta, a la que RPP tuvo acceso, señala que el objetivo es evitar que los vacíos normativos afecten el derecho de la ciudadanía a emitir un voto transparente y plenamente informado.

Durante la sesión de debate, las agrupaciones políticas expresaron diferentes posiciones respecto a la continuidad de las coordinaciones para el evento electoral.

Para los representantes del Partido Aprista Peruano (APRA), la transparencia del proceso electoral requiere que la ciudadanía tenga claridad sobre quién asumirá finalmente la conducción de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“En general no hay ninguna negativa a que el propio partido político designe quién lo va a representar en el debate, pero lo que sí se está exigiendo es que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones sea transparente e informe a la ciudadanía quién sería finalmente el alcalde, el primer regidor o el segundo regidor en cumplimiento de lo establecido en el artículo 194 de la Constitución”, señaló Mónica Yaya, candidata a la alcaldía de Lima por el APRA.

El partido Demócrata Verde consideró que no correspondía continuar con las decisiones relacionadas con el debate mientras el JNE no emita un pronunciamiento. En tanto, Alianza para el Progreso (APP) respaldó la necesidad de precisar la norma, aunque planteó que la votación sobre la participación de los candidatos en el debate siguiera su curso de manera independiente.

Por su parte, el Partido Popular Cristiano (PPC) destacó la importancia de establecer reglas claras para los electores. Batalla Perú propuso inicialmente ampliar a cinco días el plazo para que el organismo electoral responda a la consulta; sin embargo, el acuerdo final suscrito por las catorce agrupaciones estableció un periodo de tres días hábiles.

En contraste, Renovación Popular fue la única organización que votó en contra de la moción y presentó una objeción formal. De acuerdo con la documentación de la sesión, el partido expresó su desacuerdo al considerar que la iniciativa multipartidaria representa una presión indebida sobre la autoridad electoral, debido a que condicionaría la continuidad de las coordinaciones del debate a la emisión de un pronunciamiento jurídico.

No obstante, el monto supera por 3,556.80 soles la remuneración mensual vigente (S/35,568), que corresponde a sus días laborados en julio, tras asumir el cargo el 28 de ese mes.

Como se recuerda, el sueldo presidencial fue elevado durante el gobierno de Dina Boluarte, el 4 de julio de 2025, firmado por el entonces ministro de Economía Raúl Reyes.

Durante su presentación, Belaúnde informó que su sector requiere S/575 millones para cumplir con las labores de prevención y respuesta frente al Fenómeno El Niño.

Del total solicitado, S/68,5 millones serán destinados a la descolmatación de los 22 puntos críticos asignados a las FF. AA. El más sensible, precisó, es el río Piura, donde deben retirarse más de un millón de metros cúbicos de sedimentos.

Asimismo, cerca de S/400 millones permitirán recuperar la capacidad aérea y garantizar las horas de vuelo y el combustible necesarios para el despliegue de los buques de la Marina de Guerra.

Tras la exposición, la senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) puso en duda la capacidad de respuesta del Estado ante una eventual emergencia. Según indicó, luego de reunirse con representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), concluyó que “no estamos preparados para nada, absolutamente para nada”.

En respuesta, Belaúnde reveló que, al asumir el cargo, encontró más de 2 mil puntos críticos identificados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) desde hacía más de un año, pero ninguno había recibido atención. “No se habían atendido ni uno solo. Cero, cero”, remarcó.

A ello se sumó una traba que impedía utilizar 400 mil galones de diésel almacenados por las FF.AA. debido a que estaban reservados para una emergencia que aún no había comenzado.

Ante esta situación, el sector modificó la disposición mediante una resolución ministerial, lo que permitió movilizar maquinaria en Tumbes y Piura.

En cuanto a la capacidad aérea, el ministro alertó que más del 90% de la flota peruana de helicópteros es de origen soviético o ruso.

Según explicó, la guerra entre Rusia y Ucrania y las sanciones internacionales contra Moscú han dificultado la adquisición de repuestos y el envío de pagos.

“Por más que nosotros tenemos un centro de mantenimiento de helicópteros en (Base aérea) La Joya, no hay repuestos en el mercado para atender”, sostuvo.

Frente a este panorama, Defensa evalúa adquirir aeronaves de países vinculados a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Actualmente, cuenta con 23 helicópteros operativos y espera elevar la cifra a 30 unidades en diciembre.

“Esta situación la hemos encontrado nosotros en estos 40 días. Ahora, por qué no se previó esto, esa respuesta escapa a mi conocimiento”, manifestó Belaúnde.

Finalmente, informó que los operativos contra la minería ilegal en Madre de Dios ocasionaron pérdidas por S/948 millones a estas organizaciones.

Las intervenciones permitieron destruir 1,820 balsas y dragas y 1,789 motores, además de incautar 205,500 galones de combustible.

Un sector del bloque de la oposición votó en contra del documento, incluida Giannina Avendaño, diputada de Juntos por el Perú (JP) y presidenta de la Comisión de Constitución.

EL TEXTO

De acuerdo con el documento al que accedió Correo, la comisión opinó favorablemente sobre la solicitud de facultades en la materia específica de fortalecer la gestión ambiental, la simplificación administrativa, la certificación ambiental global y la remediación ambiental; así como la solicitud de facultades para transición energética, diversificación de la matriz y promoción de energías renovables e hidrógeno verde.

Durante el debate, el presidente de la comisión, Arturo Alegría, cuestionó que algunos diputados hayan cuestionado no haber recibido el tiempo con mayor anticipación.

“Si un informe de nueve hojas llega el viernes en la noche, porque tengo al equipo técnico trabajando todo el día, lo mínimo que deberíamos hacer nosotros como representante es leerlo”, afirmó.

A la salida de la sesión, Alegría cuestionó al bloque que votó en contra.

“¿Así querían gobernar los Juntos por el Perú? Eso no solamente me resulta irresponsable, sino que la verdad es que marca lamentablemente una línea de acción de una bancada", dijo.

LOS VOTOS

El documento recibió nueve votos a favor de las bancadas de FP (6), Renovación Popular (2) y Obras (1); en contra votaron nueve integrantes de las bancadas de Juntos por el Perú (5), Buen Gobierno (3) y Ahora Nación (1); mientras que en abstención votó Andrea Medina de Obras.

Debido al empate, el voto dirimente quedó en manos de Alegría, por lo tanto, el documento fue aprobado y será remitido a la Comisión de Constitución.

Correo revisó las contrataciones, que abarcan la Presidencia del Senado, distintas bancadas y comisiones internas.

Los sueldos de este grupo van desde 3,418.10 hasta 22,306.11 soles, mientras los períodos parlamentarios de origen se remontan hasta 2001, aunque algunos corresponden apenas al 2021-2026 (ver infografía).

Relevantes

Trascendió que Roberto Sánchez y Alejandro Cavero ya trabajaban en el Parlamento, pero el registro de personal confirma ahora sus respectivos perfiles y remuneraciones.

Sánchez, además de dirigir Juntos por el Perú (JP), ocupa un cargo de confianza dentro de la bancada que lleva el nombre de su organización política con una remuneración de 20,075.50.

Cavero, por ejemplo, ahora percibe 15,334 soles como asesor coordinador de la Presidencia del Senado. Como se recuerda, él fue congresista de Avanza País durante el periodo 2021-2026.

A la lista se suma Pasión Dávila, quien recibe 13,230 soles como asesor de la bancada de JP del Senado. Él integró el Parlamento entre 2021 y 2026.

Dávila perteneció al Bloque Magisterial durante su etapa congresal y protagonizó, en diciembre de 2022, una agresión contra su entonces colega Juan Burgos, durante una sesión del pleno.

El Parlamento aprobó posteriormente su suspensión por 120 días y el descuento de sus haberes.

Asimismo, en 2024, un exasesor de Dávila lo acusó de solicitarle parte de sus bonos, denuncia que el parlamentario negó y que motivó una investigación en la Comisión de Ética.

Durante el gobierno del golpista Pedro Castillo, Pasión Dávila fue uno de sus principales defensores y formuló declaraciones polémicas ante la prensa por la agresión contra Burgos. “Usted a mi altura no es nada”, dijo en ese entonces a un reportero.

Análisis

La politóloga Gabriela Navarro cuestionó el retorno de antiguos parlamentarios y planteó dos posibles explicaciones para estas contrataciones.

“Lo más positivo sería pensar que estos excongresistas retornan como asesores por su experiencia política. Sin embargo, es probable que en algunos casos responda a favores o negociaciones políticas”, ensayó.

La especialista advirtió sobre los efectos que estos convocados pueden generar en la renovación de las organizaciones políticas.

“La incorporación de personajes como Pasión Dávila, con conductas moralmente reprochables, contribuye a normalizar la violencia dentro de la política y las instituciones”, afirmó.

Navarro agregó que en el caso de Sánchez se refleja una “cara del oportunismo político”.

“Hoy proyecta la imagen de que su prioridad habría sido mantener un ingreso del Estado antes que consolidar y construir una organización política”, sostuvo.

En la sesión, explicó la delegación de facultades solicitada al Congreso, basada en cinco ejes: migración, geolocalización, control de armas, lucha contra la criminalidad y reforma estructural.

En ese punto, incidió en la venta de chips utilizados para extorsionar. “Con oficios y resoluciones no hacemos nada”, sostuvo al pedir una norma que incorpore a las operadoras en la lucha contra el crimen.

“No puede ser que los operadores de telefonía generen más dinero vendiendo chips sin nombre”, cuestionó.

Agregó que un extorsionador puede acudir a Las Malvinas y comprar diez chips a tres soles cada uno para realizar llamadas durante todo el mes.

Informó que el 86.9% del presupuesto policial se destina a planillas, mientras apenas el 1.1% corresponde a activos no financieros. “No podemos comprar ni chalecos”, enfatizó.

Asimismo, el ministro afirmó que hay un “puente roto” entre la Policía y el Ministerio Público.

Controversia

Pero el titular del Interior no se salvó de la polémica, al atribuir a una “percepción mediática” la alarma por los homicidios.

“No es que los homicidios hayan ensombrecido el país, por favor. Lo que pasa es que hay una percepción. Tenemos esa percepción mediática que nos ponen todos los días”, sostuvo.

Según las cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) mostradas en la sesión, hasta agosto se registraron 1,412 fallecidos.

Su afirmación fue cuestionada por el senador Víctor Cutipa (Juntos por el Perú), quien advirtió que el Gobierno no puede transmitir que “todo está bien” ni pedir a la población que se acostumbre a vivir así.

Reclamos

En el debate, el senador Walter Gago (Obras) cuestionó que el Ejecutivo pidiera más facultades si el sector no ejecuta el presupuesto de inteligencia ni garantiza la logística. “Legislar por decreto no patrulla las calles”, reprochó.

Elard Melgar (Fuerza Popular) denunció que los patrulleros y motocicletas de una comisaría de Huacho están paralizados por falta de combustible. Añadió que el comisario tuvo que organizar una “chuletada” para cubrir los gastos. “Me pareció vergonzoso”, remarcó.

Por su parte, Hugo Cahuana (Juntos por el Perú) informó que los patrulleros de Madre de Dios deben recorrer 187 kilómetros hacia la frontera con Puno para abastecerse, pues la región no cuenta con una unidad ejecutora.

Astudillo no respondió las preguntas en público, solicitó que la sesión continuara con carácter secreto y reservado.

César Astudillo Salcedo, ministro del Interior, señaló ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado que las deficiencias del sistema de justicia dificultan la lucha contra la inseguridad ciudadana. Durante su exposición, remarcó la necesidad de una respuesta conjunta entre las instituciones del Estado y defendió los estados de emergencia como una medida para fortalecer el control territorial y hacer frente al crimen organizado.

Astudillo señaló que la criminalidad ha evolucionado y que la extorsión y el sicariato representan actualmente las principales amenazas para la Policía Nacional. Explicó que las organizaciones delictivas han reducido prácticas como los asaltos a entidades bancarias y los secuestros para enfocarse en actividades que les generan mayores ganancias.

Asimismo, advirtió que estos grupos recurren cada vez más a herramientas tecnológicas y sistemas satelitales para desarrollar sus operaciones, mientras que la Policía enfrenta una considerable brecha tecnológica que, según reconoció, debe ser atendida.

Para reforzar la seguridad en las ciudades, el ministro propuso ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en la vigilancia de las fronteras, de modo que un mayor número de efectivos policiales pueda ser destinado a labores de seguridad ciudadana. En ese contexto, informó que, con apoyo de la cooperación internacional, se trabaja en la implementación de un sistema de vigilancia mediante drones en la zona fronteriza, principalmente en el río Putumayo.

El ministro consideró que la extensa geografía amazónica constituye uno de los principales desafíos para el Estado, por lo que planteó la necesidad de una reforma integral de la infraestructura y el fortalecimiento de las capacidades operativas en esta región.

Durante su exposición, el ministro del Interior también se refirió a la incidencia de homicidios y señaló que los registros se mantienen en niveles similares a los del año pasado. No obstante, reconoció que persiste el reto de reducir estas cifras. Ante la percepción de un aumento de la violencia, Astudillo sostuvo que existe una “percepción mediática” que no necesariamente coincide con los datos oficiales.

Asimismo, informó que actualmente el país cuenta con 1.346 comisarías.

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández, informó en entrevista con Canal N que el Poder Ejecutivo todavía no ha presentado las demandas de inconstitucionalidad que anunció contra diversas leyes aprobadas por el Congreso. Según explicó, estas normas podrían afectar negativamente las finanzas públicas y contribuir al incremento del déficit fiscal.

Pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas había anunciado la presentación de al menos cuatro demandas de inconstitucionalidad para frenar iniciativas del Congreso que implican un mayor gasto público, Pedro Hernández precisó que, hasta el momento, el Tribunal Constitucional no ha recibido ningún recurso formal relacionado con estos casos.

“Entiendo por declaraciones públicas de los señores involucrados que estaban presentando cuatro proyectos, cuatro demandas de inconstitucionalidad. Pero que yo tenga conocimiento hasta el día de hoy estas no han sido presentadas”, sostuvo.

El presidente del Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, aclaró que el organismo no puede actuar de oficio ni aplicar sus sentencias de manera retroactiva. Asimismo, señaló que la jurisprudencia vigente establece que el Ejecutivo es el único responsable de la administración de la hacienda pública. En ese sentido, atribuyó a la anterior conformación del TC la existencia de vacíos legales que habrían permitido la promulgación de este tipo de normas.

En esa línea, Hernández señaló que corresponde al Ejecutivo presentar los recursos legales respectivos dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. Una vez recibidos, el pleno del Tribunal Constitucional podrá analizar de manera independiente la constitucionalidad de cada una de las leyes cuestionadas.

“El tribunal no puede actuar de oficio ni las sentencias pueden simplemente tener una retroactividad. Lo que habrá que esperar en todo caso es que, si está todavía en el plazo legal para poder cuestionarlas, se interpongan las acciones correspondientes y el tribunal analizará cada una de estas medidas”, manifestó.

Durante su presentación ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso, el ministro del Interior, César Astudillo, planteó la necesidad de aprobar normas más estrictas para combatir la extorsión.

El titular del Mininter cuestionó la falta de control de las empresas operadoras de telefonía sobre la venta de chips, lo que, según explicó, facilita que delincuentes los adquieran de manera anónima en el mercado informal y los utilicen para amenazar a sus víctimas sin que sus identidades puedan ser determinadas ni sus comunicaciones rastreadas por la Policía.

Asimismo, César Astudillo cuestionó que la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) pueda demorar hasta cinco días en proporcionar a la Policía Nacional del Perú (PNP) las imágenes de las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos luego de registrarse un cobro extorsivo.

En cuanto al sistema de justicia, advirtió que la falta de coordinación y fiscalización entre la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE facilita que delincuentes detenidos recuperen su libertad y regresen a las calles pocos días después.

En materia migratoria, el ministro informó que cerca de dos millones de ciudadanos venezolanos residen actualmente en el país y señaló que, hasta la fecha, 1 635 extranjeros han sido expulsados. En ese sentido, indicó que el Ejecutivo coordina con Venezuela la suscripción de acuerdos que permitan realizar deportaciones masivas por vía marítima.

Por otro lado, Astudillo defendió la aplicación del Estado de Emergencia contemplado en el artículo 137 de la Constitución, al considerarlo una herramienta legal que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas y la intervención de zonas utilizadas como guaridas por organizaciones delictivas.

Además, el ministro alertó sobre el deterioro de la Aviación Policial y planteó la adquisición de dos aviones Antonov y cuatro helicópteros para fortalecer su capacidad operativa. Además, propuso reducir de 18 a 10 las escuelas de suboficiales debido a las restricciones presupuestarias.

Durante su exposición, también informó sobre presuntos casos de corrupción en Saludpol y Fovipol, así como irregularidades relacionadas con la adquisición de pistolas y chalecos antibalas.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, presentó ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado el plan de acción de las Fuerzas Armadas para enfrentar los impactos del Fenómeno El Niño. Durante su intervención, informó que se emplearán buques multipropósito para trasladar batallones desde el sur del país hacia las zonas que registren una mayor afectación.

Asimismo, precisó que su sector estará a cargo de la intervención en 22 puntos críticos, considerados de alta complejidad, para ejecutar trabajos de descolmatación en ríos y cauces.

Para ejecutar estas labores de mitigación, el Ministerio de Defensa desplegó 22 compañías de ingeniería para emergencias en distintos puntos del país: siete en Piura, siete en Lima, tres en Tumbes, dos en Lambayeque, dos en Ica y una en La Libertad.

El titular del sector destacó que la situación más crítica se encuentra en el río Piura, debido a su extensión. En esta zona se proyecta remover más de 1 millón de metros cúbicos de sedimentos. Para agilizar los trabajos, indicó que ya cuentan con financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que se aplicará el mecanismo de Obras por Impuestos, con participación del sector privado.

Sobre el requerimiento presupuestal, Rafael Belaúnde informó que el sector Defensa solicitó 575 millones de soles para atender la emergencia. Del total, 68.5 millones de soles serán destinados a los trabajos de descolmatación en los puntos críticos asignados.

Asimismo, cerca de 400 millones de soles se utilizarán para recuperar la capacidad operativa de la aviación del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), además de garantizar el abastecimiento de combustible y las horas de vuelo de los buques de la Marina de Guerra del Perú (MGP).

En materia de política exterior, el ministro destacó que las Fuerzas Armadas mantienen relaciones bilaterales con 22 países y cuentan con 28 convenios suscritos con entidades multilaterales. Asimismo, confirmó que se garantizó el financiamiento para asegurar la continuidad de la campaña científica anual a la Antártida a bordo del B.A.P. Carrasco.

Finalmente, informó que 180 efectivos peruanos se encuentran desplegados en misiones de paz de las Naciones Unidas en el Congo, África Central, Abyei, Sudán y el Líbano.

Ante la amplitud de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, el Congreso evalúa concentrar inicialmente su aprobación en los temas de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, informó Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

En diálogo con Canal N, Avendaño precisó que el pedido del Ejecutivo contempla ocho materias y 66 medidas. Debido a su amplitud, la Comisión de Constitución acordó solicitar opiniones consultivas a 13 comisiones de la Cámara de Diputados, según las competencias de cada una.

Al respecto, Avendaño consideró necesario que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Galarreta, precise cuáles son las materias que el Ejecutivo considera prioritarias.

“Los puntos más relevantes, porque repito, son ocho materias con 66 pedidos, que es bastante extensa la solicitud. Por eso es por lo que nosotros hemos cursado el pedido de informe, de opinión a diferentes comisiones en sus materias de competencia”, sostuvo.

En cuanto a la lucha contra la inseguridad ciudadana, la diputada de Juntos por el Perú cuestionó que el pedido del Ejecutivo no especifique con claridad cuáles son las normas que requieren ser modificadas.

“Si efectivamente es la inseguridad ciudadana, que nos explique, que nos diga al Parlamento cuáles son esas leyes que se requieren modificar”, indicó.

La presidenta de la Comisión de Constitución señaló que el Congreso debe conocer con precisión las medidas que el Gobierno busca implementar para combatir la criminalidad, en un contexto en el que la ciudadanía demanda resultados concretos.

Avendaño señaló que el Congreso evalúa la posibilidad de otorgar inicialmente al Ejecutivo facultades legislativas únicamente en materia de seguridad ciudadana y atención del Fenómeno El Niño. “Es probable. Estamos en este momento en debate”, aseguró.

La legisladora precisó que su bancada aún no ha adoptado una decisión definitiva y que los diputados deberán revisar y evaluar las 66 medidas planteadas por el Ejecutivo antes de fijar una posición.

El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, llegó este lunes al Palacio Legislativo para participar en la sesión de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. La mesa de trabajo es presidida por el congresista Francisco Giampetri y la reunión está enfocada en la situación de seguridad ciudadana y las acciones del sector frente a la criminalidad.

Durante la sesión, Astudillo expone un diagnóstico del Ministerio del Interior y explica las proyecciones de su gestión. Su presencia ocurre días después del secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de sus acompañantes en La Libertad, Trujillo.

¿Por qué no viajó a Trujillo?

El caso generó cuestionamientos por la ausencia del titular del Interior en Trujillo durante las primeras acciones desplegadas tras el ataque ocurrido el 30 de agosto. Astudillo explicó posteriormente que no viajó debido a una situación familiar delicada y aseguró que coordinó las operaciones desde Lima, mientras el comandante general de la PNP, Óscar Arriola se trasladaba a La Libertad.

El titular del Interior continúa explicando las medidas que viene adoptando su sector para enfrentar la inseguridad. Además tiene previsto responder un pliego de preguntas de los parlamentarios presentes sobre temas de seguridad ciudadana.

El diputado de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Arturo Alegría, cuestionó a las bancadas que rechazaron el informe de opinión sobre el pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo y calificó de “irresponsable” el argumento de algunos parlamentarios, quienes señalaron que no tuvieron tiempo para revisar el documento durante el fin de semana.

Cabe señalar que la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad aprobó el informe, que será remitido a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, instancia encargada de evaluar las 66 medidas propuestas por el Gobierno. La sesión culminó con nueve votos a favor, nueve en contra y una abstención. Ante el empate, el voto dirimente de Arturo Alegría permitió que el documento fuera aprobado.

Tras la sesión, el legislador centró sus cuestionamientos en la postura de los parlamentarios de bancadas como Ahora Nación y Juntos por el Perú, cuyos representantes votaron en contra del informe.

“Me resulta realmente increíble que quienes están en las diferentes comisiones no puedan leer un informe el fin de semana”, indicó Alegría. El legislador consideró que la situación que atraviesa el país requiere que el Parlamento actúe con mayor sentido de urgencia.

“¿Así querían gobernar los Juntos por el Perú? Así de esa manera querían buscar la solución a los problemas planteando en una comisión de que como era sábado y domingo no han podido leer un informe de nueve páginas. Eso no solamente me resulta irresponsable, sino que la verdad es que marca lamentablemente una línea de acción de una bancada", sostuvo.

Al ser consultado sobre las críticas de algunos sectores, que sostienen que el Ejecutivo estaría condicionando sus acciones a la aprobación de las facultades legislativas, Alegría rechazó dicha interpretación.

El parlamentario sostuvo que el Gobierno viene adoptando medidas dentro del marco de sus competencias actuales. Entre ellas, mencionó las acciones frente a la sobreproducción de arroz en la selva, el destrabe de procesos vinculados con la prevención ante el Fenómeno El Niño y los operativos policiales desplegados tras los hechos criminales registrados en Trujillo.

Sin embargo, Alegría señaló que el Ejecutivo necesita contar con facultades delegadas para avanzar en determinadas medidas. Detalló que estas permitirían fortalecer la protección legal de los agentes que intervienen en operativos y agilizar los mecanismos de identificación y actuación frente a personas detenidas en flagrancia.

En esa línea, cuestionó que algunas bancadas no hayan actuado con el mismo nivel de urgencia frente a la crisis de inseguridad que atraviesa el país. “Si ese sentido de urgencia no entienden las bancadas que hoy están en el Parlamento, no entiendo qué es lo que quieren”, aseguró.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente también cuestionó que las bancadas que mantienen una postura crítica frente al Ejecutivo no impulsen iniciativas legislativas orientadas, según señaló, a atender los principales problemas que enfrenta el país.

El informe aprobado por la Comisión de Medio Ambiente se suma a las opiniones solicitadas por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados como parte del análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

Alegría consideró que el documento debe ser analizado con seriedad y exhortó a los parlamentarios a revisar las propuestas antes de fijar una posición definitiva al respecto.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que el teniente general Fredy López Mendoza será el nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reemplazo de Óscar Arriola, quien comunicó que solicitará su pase al retiro.

El relevo se concretará en los próximos días y, según el Ejecutivo, responde a una transferencia institucional y al respeto de la prelación dentro de la institución policial.

“Se designará al general de la Policía Nacional Fredy López Mendoza para que reemplace en el cargo al general Arriola”, señaló el premier Luis Galarreta durante un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno. El anuncio se produjo luego de una sesión del Consejo de Ministros encabezada por la presidenta Keiko Fujimori y contó con la presencia de Óscar Arriola, Fredy López y del ministro del Interior, César Astudillo.

Más temprano, el diputado Harvey Colchado había señalado que López Mendoza podría ser una alternativa para asumir la comandancia general de la PNP en caso de la salida de Arriola. En declaraciones a RPP, destacó que, a título personal, lo consideraba un oficial “honesto, metódico y responsable”, además de resaltar su experiencia en la lucha contra la corrupción y su paso por la Policía Aérea.

Perfil de Fredy López Mendoza:

Fredy López Mendoza se desempeña desde el 1 de enero de 2026 como jefe del Estado Mayor General de la PNP, considerado el segundo cargo de mayor jerarquía dentro de la institución.

Durante su trayectoria también ocupó puestos vinculados con la investigación criminal y la lucha contra la corrupción. En 2022 estuvo al frente de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y fue presentado como titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

El oficial también participó en actividades internacionales de cooperación policial. En marzo de 2026 encabezó una delegación peruana en Guayaquil, Ecuador, para fortalecer la coordinación contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal.

En el ámbito académico, Fredy López Mendoza es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su investigación de posgrado estuvo orientada al empleo de agentes encubiertos como técnica especial para investigar y combatir el crimen organizado.

Cabe precisar que su llegada a la comandancia general se producirá en un contexto marcado por el avance de la extorsión, el sicariato y otras modalidades delictivas.

TE PUEDE INTERESAR:

• Internacionalista Ramiro Escobar: “Una embajada no debe ser considerada una recompensa política”
• EE.UU.: Al menos cinco muertos tras estrellarse un avión de Amazon cerca del aeropuerto de Miami
• Poder Judicial resuelve proceso y dicta sentencia en menos de media hora
• Aeropuerto Jorge Chávez: pasajera denuncia que trabajador usó su celular para transferirse S/300
• Ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, omitió que su padre es director de Paltarumi
• Pier Figari demanda a jueces y fiscales de Caso Cócteles
• Fiscalía pide 10 años de prisión para ministro Alberto Beingolea

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, llegó este lunes 7 de setiembre al Palacio Legislativo para participar en la sesión de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. A su llegada, el titular del sector evitó responder a las preguntas de la prensa y señaló que atenderá a los medios al finalizar la reunión.

La sesión corresponde a la segunda convocatoria no ordinaria de la comisión y está presidida por el congresista Francisco Giampietro, presidente de este grupo de trabajo. La reunión se desarrolla en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.

¿Qué temas se abordarán?

Belaúnde fue convocado para informar sobre el diagnóstico de su sector y las proyecciones de trabajo que contempla durante su gestión. Además, deberá abordar otros asuntos vinculados con las funciones del Ministerio de Defensa.

El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, también fue citado para esta jornada y tiene previsto presentarse ante la comisión a las 4:00 p. m. Durante su visita responderá sobre las acciones del sector frente a la inseguridad ciudadana.