Sus declaraciones se dieron durante una visita de trabajo a la región Tumbes, donde supervisó las labores de descolmatación del río Tumbes.

El titular de la PCM señaló que los integrantes del Ejecutivo están enfocados en combatir la criminalidad, enfrentar el fenómeno El Niño y atender las necesidades de sus respectivos sectores.

“Todos los ministros siempre están en evaluación, pero ahorita todos estamos abocados a luchar contra la criminalidad, a enfrentar el fenómeno de El Niño y varios ministros más a sus sectores, caso pesca, vivienda, así que yo no comento sobre chismes, pero sí sobre el tema de fondo”, manifestó.

Durante su recorrido, Galarreta también advirtió sobre la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante las lluvias y otros efectos del fenómeno climático. En ese sentido, consideró fundamental que las ciudades cuenten con sistemas de drenaje para evitar dificultades como las registradas en anteriores emergencias.

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La delegación peruana fue recibida por el ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien estuvo a cargo del recorrido y explicó los modelos de gestión e infraestructura penitenciaria aplicados en ese país.

La visita permitió conocer de manera directa las estrategias de seguridad salvadoreñas frente a las organizaciones criminales y abrió una oportunidad para el intercambio de experiencias con miras a combatir la delincuencia organizada transnacional.

Como parte de su agenda oficial, Fujimori se reunirá con su homólogo Nayib Bukele en la Casa Presidencial. Posteriormente, ambos mandatarios encabezarán una reunión ampliada con sus respectivas delegaciones ministeriales para tratar asuntos de interés bilateral, entre ellos la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, la salud, la educación y el turismo.

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El documento establece las prioridades parlamentarias propuestas por los grupos parlamentarios y el Consejo de Ministros, cuyos proyectos tendrán prioridad de debate en las comisiones y el Pleno.

La agenda comprende cuatro objetivos: democracia y Estado de derecho; equidad y justicia social; competitividad en el país; y un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Asimismo, incluye 29 políticas de Estado, entre ellas el fortalecimiento del sistema democrático, la seguridad ciudadana, la identidad nacional y la política exterior.

La resolución precisa que la agenda no restringe la iniciativa legislativa ni impide debatir otros proyectos.

También mantiene la prioridad de las propuestas del Poder Ejecutivo presentadas con carácter de urgencia. Los temas pendientes podrán incorporarse a la agenda del siguiente periodo anual de sesiones.

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El documento, que consta de 29 páginas, cuestiona sus declaraciones y actuaciones relacionadas con jueces que se habrían negado a aplicar la ley sobre prescripción de delitos de lesa humanidad, aprobada por el Congreso en la legislatura anterior.

Según la denuncia, Rospigliosi habría presionado a magistrados que cuestionaron la aplicación de dicha norma. Vásquez también señala presuntas amenazas públicas contra el sistema judicial y sostiene que los hechos podrían vulnerar el artículo 43 de la Constitución.

El documento cuenta con las adhesiones de Indira Huilca y Jaime Quito y deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Las imputaciones deberán ser evaluadas por las instancias competentes y no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad.

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La primera fase estará a cargo de la Comisión de Procedimientos Especiales e incluirá una convocatoria pública, la verificación de los requisitos constitucionales y legales, la revisión de impedimentos y criterios de idoneidad, así como la posibilidad de presentar tachas ciudadanas. La evaluación tendrá un máximo de 100 puntos: 70 correspondientes a la revisión curricular y 30 a la entrevista personal.

En la evaluación curricular, los postulantes podrán obtener hasta 30 puntos por formación académica, 30 por experiencia profesional y 10 por investigación jurídica. Para continuar en el proceso deberán alcanzar al menos 50 puntos en esta etapa.

La entrevista personal será pública y presencial, y otorgará un máximo de 30 puntos, con un mínimo de 10 para seguir en carrera.

Para integrar la lista de candidatos aptos, los postulantes deberán acumular al menos 60 puntos sobre 100, además de cumplir con los puntajes mínimos establecidos para cada etapa.

La segunda fase corresponderá exclusivamente al pleno del Senado, que elegirá a los magistrados del TC con una mayoría de dos tercios del número legal de senadores.

Según Carlos Mesía, el procedimiento busca combinar el rigor técnico en la evaluación de los candidatos con la legitimidad democrática de la decisión final, que estará en manos de los integrantes de la Cámara Alta.

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La exposición tenía como objetivo informar sobre los avances en el cumplimiento de las metas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como sobre las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2025.

La presentación estaba contemplada en el marco de la Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley N.° 30754, y su reglamento.

La solicitud de reprogramación modificó la previsión inicial de su participación en la sesión.

Vladimiro Huaroc envió una carta informando sobre su ausencia en el Pleno y solicitando una reprogramación, documento que fue leído en la sesión.

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Como parte de la agenda, el Pleno iba a recibir al ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, a fin de que informe sobre los avances en el cumplimiento de las metas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como sobre las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), compromisos asumidos por el Perú para enfrentar este problema ambiental. No obstante, el ministro del Ambiente solicitó reprogramar su presentación ante el Pleno.

De igual manera, la Cámara de Diputados reprogramó debate de denuncia constitucional en contra del expresidente Pedro Castillo.

Los diputados también abordaron hoy el dictamen sobre la Ley del Trabajo de la Enfermera (o). Se propuso modificar la Ley 27669 para fortalecer el ejercicio de la profesión de enfermería.

Tras un arduo debate, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de las propuestas legislativas 91 y 159, que modifica la Ley 27669, Ley del Trabajo de la Enfermera (o), a fin de fortalecer el marco de acción de la profesión de enfermería.

#PlenoDeDiputados I Se sustenta la Proposiciones Legislativas 91 y 159, que propone modificar la Ley 27669, Ley del Trabajo de la Enfermera(o), a fin de fortalecer el marco de acción de la profesión de enfermería. 📑https://t.co/sSU4nUAq1W https://t.co/BPap0FEuPp

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 29, 2026

Asimismo, los diputados abordaron la Moción de Orden del Día 424, que propone interpelar al ministro de Educación, José Antonio Chang. La iniciativa fue presentada por las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras.

El pliego interpelatorio comprende 44 preguntas relacionadas con la situación de la educación superior universitaria, las designaciones y los nombramientos en el sector, así como los derechos pensionarios de los maestros. La votación determinará si la moción es admitida y continúa el procedimiento parlamentario para que el titular de Educación responda ante la Cámara de Diputados.

AGENDA DEL 29 DE OCTUBRE:

• Moción de interpelación al ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo. Se propone evaluar la admisión de la Moción 424, que contiene 44 preguntas sobre educación superior universitaria, nombramientos y designaciones en el sector, y derechos pensionarios de los maestros.
• Dictamen sobre la Ley del Trabajo de la Enfermera(o). Se propone modificar la Ley 27669 para fortalecer el ejercicio de la profesión de enfermería.
• Agenda Legislativa 2026-2027 de la Cámara de Diputados.
• Mociones para crear comisiones investigadoras y especiales, relacionadas con derechos humanos, protestas sociales, presunta manipulación electoral, contaminación del río Tambo, seguridad ciudadana, cambio climático, Petroperú y los Juegos Panamericanos Lima 2027, entre otros temas.
• Debate y votación del informe final de la Denuncia Constitucional 12 (antes 403).

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó la noche del miércoles 28 de octubre a El Salvador para cumplir una visita oficial que incluye una reunión con su homólogo, Nayib Bukele, y un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el Gobierno salvadoreño.

La mandataria arribó en un vuelo comercial al Aeropuerto Internacional de El Salvador, donde fue recibida con honores militares por cadetes de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. La ceremonia contó con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill.

En la recepción también participaron el embajador peruano en El Salvador, César Jordán, y el embajador salvadoreño en el Perú, Pablo Caballero, según la información oficial de la Presidencia peruana.

La presidenta Keiko Fujimori llegó a El Salvador en una visita oficial, con una agenda centrada en seguridad, lucha contra el crimen organizado, salud y educación. A su llegada, fue recibida por la ministra de Relaciones Exteriores salvadoreña, Alexandra Hill. https://t.co/NdaExP6zAy

— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 29, 2026

Keiko Fujimori llegó acompañada de cuatro ministros de Estado

La comitiva oficial está integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; el ministro del Interior, César Astudillo; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y el ministro de Salud, Luis Dyer.

También forman parte de la delegación la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales.

La visita busca fortalecer las relaciones bilaterales mediante el intercambio de experiencias en seguridad ciudadana, combate contra el crimen organizado, justicia, salud, educación y turismo.

Presidenta visitará el CECOT y se reunirá con Nayib Bukele

De acuerdo con la agenda remitida al Senado, este jueves 29 de octubre, Fujimori tiene previsto visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en Tecoluca, al sureste de San Salvador.

La jornada contempla también un encuentro con Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, para conocer las experiencias de ese país en materia penitenciaria y combate contra las organizaciones criminales.

El CECOT fue inaugurado en 2023 durante el Gobierno de Nayib Bukele y cuenta con capacidad para albergar hasta 40.000 reclusos. El establecimiento dispone de muros reforzados, torres de vigilancia, cámaras de seguridad y sistemas de bloqueo de comunicaciones.

Según reportes de la agencia AFP, los internos permanecen bajo un estricto régimen de seguridad, sin acceso a visitas convencionales ni áreas recreativas. Las condiciones de detención y el régimen de excepción salvadoreño han sido cuestionados por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Luego de esta actividad, Fujimori sostendrá una reunión privada con Nayib Bukele, programada para las 5:00 p.m. Posteriormente, se desarrollará un encuentro ampliado con ministros de Estado y una cena oficial.

Fujimori conocerá DoctorSV y visitará el Hospital Rosales

La agenda presidencial también comprende actividades relacionadas con los servicios de salud y la incorporación de herramientas tecnológicas en la atención médica.

Entre ellas figura una presentación de DoctorSV, plataforma tecnológica de atención médica implementada en El Salvador, cuyo funcionamiento será conocido por la delegación peruana.

Asimismo, la jefa de Estado tiene previsto visitar el Hospital Nacional Rosales y reunirse con autoridades del sector Salud para intercambiar experiencias sobre gestión y prestación de servicios sanitarios.

Educación, turismo y encuentros empresariales en la agenda

En materia educativa, Fujimori visitará un centro educativo emblemático y sostendrá reuniones con representantes del sector. La delegación incluye a la viceministra de Gestión Pedagógica y al director del Pronied, entidad vinculada al desarrollo de infraestructura educativa en el Perú.

La agenda también contempla encuentros con empresarios peruanos y salvadoreños para abordar oportunidades de cooperación económica, inversión y turismo.

Las actividades oficiales se concentrarán entre el jueves 29 y viernes 30 de octubre. El retorno de la mandataria al Perú está previsto para el sábado 31, conforme al programa de viaje.

La iniciativa impulsada por los diputados Romina Uribe y Fernando García busca derogar la Ley 32301 y restituir el marco legal anterior a su aprobación.

Cambios

La propuesta elimina la “conformidad previa” que la APCI otorga antes de ejecutar proyectos.

También suprime la infracción que castiga financiar acciones contra el Estado. Asimismo reduce su multa máxima de 500 a 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

El articulado deja sin efecto la cancelación del registro por reincidencia en faltas muy graves, y excluye la obligación de registrar la ejecución del gasto financiado con cooperación privada.

Asimismo, el texto restituye el Comité Consultivo con representantes de la sociedad civil y de las regiones. La agencia conserva el registro obligatorio y su potestad sancionadora.

El documento sostiene que la APCI realizó 577 acciones de fiscalización en 2025. Dicha cifra superaría en 205% las 189 de 2024 y en 846% las 61 de 2020.

Además, la bancada del PBG le da 30 días calendario al Ejecutivo y a la Cancillería para adecuar los reglamentos.

Conflicto

El senador Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) cuestionó los mecanismos de supervisión que el PBG busca modificar mientras amenaza el Fenómeno de El Niño. “Es cuestionable este empeño por derogar íntegramente una ley que reforzó los controles sobre el financiamiento extranjero”, escribió en X.

Uribe respondió que “de ninguna manera planteamos eliminar la fiscalización ni las sanciones a quienes cometen irregularidades”.

Justamente frente al riesgo del Fenómeno El Niño, el Perú necesita sumar esfuerzos y facilitar el apoyo de la cooperación internacional con la ayuda humanitaria, no ponerle más trabas. De ninguna manera planteamos eliminar la fiscalización ni las sanciones a quienes cometen irregularidades. Necesitamos transparencia y controles efectivos, pero también reglas que permitan que la ayuda llegue oportunamente a las familias que más la necesitan. 🇵🇪🩵 #CooperaciónInternacional #AyudaHumanitaria

— Romina Uribe Sáenz (@rominauribes) October 28, 2026

“Reitero, (Buen Gobierno) es un excelente partido, muy bien formado y conformado por personas honestas. Me retiro simplemente por pensar diferente”, declaró a la prensa.

El anuncio se da días después de votar en abstención por la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. Consultado sobre su futuro político, el parlamentario descartó sumarse a otra bancada, incluso en el resto de su periodo parlamentario.

La propuesta asigna 702.9 millones de soles a prevenir los efectos de El Niño; 2,308.6 millones a servicios esenciales; 3,620.2 millones a inversión y equipamiento; y 1,596.7 millones de soles a obligaciones ineludibles.

“El ánimo que ilustra este crédito suplementario es impulsar la economía (mediante pequeñas y medianas empresas), pero también atender temas que tienen que ver con el fenómeno El Niño”, destacó en el pleno la senadora Patricia Juárez (Fuerza Popular).

“Evalúe su continuidad en la presidencia de la Comisión de Justicia mientras duren las investigaciones”, le requirió la agrupación en un comunicado.

Además, solicitó a la Comisión de Ética Parlamentaria evaluar su caso.

Ayer por la tarde, la mandataria llegó al mencionado país acompañada de los ministros Ernesto Álvarez Miranda (Justicia), César Astudillo (Interior), Luis Dyer (Salud) y Carlos Espá (Relaciones Exteriores).

El encuentro con Bukele está previsto para las 5:00 p.m.

DETALLES

En entrevista con el programa El Montonero, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, indicó que el periplo de la mandataria y la comitiva tiene por finalidad conocer cómo operó el subsistema compuesto por fiscales, jueces y policías especializados para enfrentar a grupos como las maras.

“Queremos estar en El Salvador para recoger la experiencia, no solamente lo que ya se ve, sino de cómo se desarrolló la primera etapa del gobierno de Bukele en función al crimen organizado cuando no tenía mayoría parlamentaria”, manifestó.

Sobre ese punto indicó que no son aspectos conocidos.

El titular de Justicia destacó que visitarán el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) que se implementó cuando se condenaron a centenares de violentos.

AGENDA

El presidente del Congreso, Miguel Torres, respaldó el viaje.

“Este es un viaje fundamental, tenemos que sacarle el mayor de los provechos, creo que es un acierto que la presidenta Fujimori vaya para poder rescatar las mejores lecciones aprendidas respecto de un país que ha dado el ejemplo de cómo controlar, cómo abatir la delincuencia en su país”, sostuvo.

Fujimori tendrá actividades en Sal Salvador y en el municipio de Tecoluca.

También tendrá encuentros con los ministros salvadoreños de Justicia y Seguridad Pública, Salud, y Educación, Ciencia y Tecnología.

La parlamentaria recordó que los fondos deberán ejecutarse durante el presente año, por lo que los ministerios tendrán que avanzar con el presupuesto antes de finalizar diciembre.

En declaraciones a Canal N, Juárez indicó que la asignación contempla recursos para atender distintas necesidades, entre ellas acciones frente al fenómeno de El Niño y la adquisición de kits escolares destinados a estudiantes de zonas menos favorecidas.

La legisladora también abordó las discrepancias registradas durante la votación del texto sustitutorio del crédito suplementario por más de S/8 millones, cuya aprobación fue debatida durante varios días en la Comisión Bicameral de Presupuesto.

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A su arribo al Aeropuerto Internacional de El Salvador, la mandataria fue recibida con honores militares a cargo de cadetes de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios y saludada por la ministra de Relaciones Exteriores salvadoreña, Alexandra Hill.

En la recepción también participaron el embajador del Perú en El Salvador, César Jordán, y el embajador salvadoreño en el Perú, Pablo Caballero.

La jefa de Estado viajó acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; Interior, César Astudillo; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y Salud, Luis Dyer. También forman parte de la comitiva la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales.

La agenda de trabajo contempla el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la cooperación en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, además de otros sectores de interés común, como salud, educación y turismo.

Como parte de sus actividades, Fujimori sostendrá un encuentro con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, y visitará las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

#CuentasClaras | La presidenta Keiko Fujimori llegó a El Salvador para cumplir una visita oficial en la que se reunirá con su homólogo Nayib Bukele. La agenda contempla fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21

— Canal N (@canalN_) October 29, 2026

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La medida contempla recursos para prevenir los efectos del fenómeno de El Niño, impulsar la inversión pública y cumplir obligaciones en sectores como seguridad, salud y educación.

La iniciativa obtuvo 83 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones en la Cámara de Diputados. En el Senado, recibió 37 votos a favor, 10 en contra y seis abstenciones.

El texto aprobado corresponde a la fórmula sustitutoria presentada por la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, que aprobó la propuesta durante una sesión del 22 de octubre.

Según el desglose presentado por el titular de la comisión, José Arista Arbildo, S/ 702,9 millones se destinarán a prevenir los efectos de El Niño; S/ 2.308,6 millones, a garantizar la continuidad de los servicios esenciales; S/ 3.620,2 millones, a inversión pública y equipamiento; y S/ 1.596,7 millones, al cumplimiento de obligaciones ineludibles.

El paquete también incluye recursos para la adquisición de aviones caza, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, proyectos viales como el Anillo Vial Periférico, programas de salud y educación, Pensión 65 y empleo temporal.

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El Ministerio de Educación (Minedu) declaró improcedente la medida de fuerza prevista para el jueves 29 de octubre de 2026, mediante la Resolución de la Secretaría General N.° 239-2026-MINEDU.

La entidad sostuvo que la convocatoria no cumple los requisitos establecidos en el artículo 18 del reglamento de la Ley N.° 28988, que reconoce a la Educación Básica Regular como un servicio público esencial.

Como parte de las disposiciones, el Minedu ordenó a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) activar los mecanismos de control.

Los directores de las instituciones educativas públicas deberán remitir la relación de trabajadores ausentes dentro de las 24 horas, mientras que el Gobierno aplicará descuentos por los días no laborados y evaluará posibles responsabilidades administrativas.

El Sutep, por su parte, mantiene su convocatoria a una jornada de protesta de 24 horas. Entre sus principales reclamos figuran destinar el 6% del PBI a Educación, cumplir el convenio colectivo, pagar la deuda social y reconocer beneficios laborales como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

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El presidente del Senado y del Congreso de la República, Miguel Ángel Torres, remitió un oficio al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, para comunicar la existencia de S/ 270 070 542,90 en saldos presupuestales de libre disponibilidad que podrán ser transferidos a la Reserva de Contingencia del Estado.

Con esta nueva propuesta, el Parlamento informó que los recursos puestos a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante el año fiscal 2026 superan los S/ 303 millones, considerando los S/ 33,6 millones transferidos previamente.

La medida fue anunciada como parte de una política de austeridad y racionalización del gasto parlamentario, impulsada conjuntamente por las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados.

Recursos podrán destinarse a seguridad ciudadana y al fenómeno El Niño

Según la comunicación remitida al MEF, los fondos disponibles podrían contribuir a financiar intervenciones prioritarias frente a la criminalidad, los efectos del fenómeno El Niño y los incendios forestales.

Torres Morales destacó que los recursos permitirían al Poder Ejecutivo atender necesidades urgentes de la población, de acuerdo con las competencias y los procedimientos presupuestarios establecidos.

Como ejemplo, el titular del Parlamento señaló que un monto de aproximadamente S/ 270 millones equivaldría al costo de 1.350 patrulleros que podrían utilizarse para reforzar la seguridad ciudadana en distintas regiones del país.

No obstante, esta comparación constituye una estimación presentada por el presidente del Congreso y no representa la aprobación de una compra de vehículos policiales.

¿Qué establece la Ley de Presupuesto Público de 2026?

El nuevo monto comunicado por el Parlamento corresponde al Pliego 028: Congreso de la República, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y a la categoría presupuestal 9901: Acciones Centrales.

La operación se enmarca en la Décima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

Esta disposición permite al Ministerio de Economía y Finanzas efectuar modificaciones presupuestarias para trasladar recursos disponibles de entidades públicas a la Reserva de Contingencia, mediante decreto supremo refrendado por el titular del sector Economía.

Miguel Ángel Torres solicita formalizar transferencia mediante decreto supremo

El presidente del Congreso solicitó al ministro Elmer Cuba disponer las modificaciones presupuestarias necesarias para que los nuevos saldos pasen a la Reserva de Contingencia.

Asimismo, indicó que la Dirección General de Administración y el Departamento de Planeamiento y Presupuesto del Parlamento están disponibles para coordinar los aspectos técnicos con la Dirección General de Presupuesto Público del MEF.

La formalización permitirá que los recursos se incorporen a la reserva administrada por el Ejecutivo. Su posterior utilización requerirá las correspondientes decisiones y autorizaciones presupuestarias.

El Parlamento destacó que la disponibilidad de estos fondos responde al trabajo conjunto de las mesas directivas de ambas cámaras, en el marco de las medidas de austeridad aplicadas durante el año fiscal 2026.

La autoridad señaló que los recursos serán ejecutados en coordinación con las juntas de usuarios de riesgo del país, priorizando a aquellas organizaciones que cuentan con menores ingresos y mayores necesidades de mantenimiento.

“El día de hoy se están aprobando 150 millones de soles para núcleos ejecutores con las juntas de usuarios de riego del Perú. La intención es trabajar en limpieza de canales, bocatomas, reservorios, de aquellas juntas que no recaudan ingresos y que más lo necesitan”, indicó Vinelli este miércoles 28 de octubre durante la inauguración del mejoramiento del servicio de agua en el distrito de Aplao, provincia de Castilla, región Arequipa.

Vinelli explicó que en los próximos días sostendrá reuniones con representantes de las juntas de usuarios para coordinar la ejecución de trabajos, a fin de mejorar la distribución y el acceso al agua para los agricultores.

Asimismo, anunció que se distribuirán alrededor de 5 mil tractores a nivel nacional.

AGROBANCO

Por otro lado, Vinelli participó en la inauguración de la nueva Oficina Informativa en Aplao de Agrobanco, con el objetivo de acercar más oportunidades de financiamiento a los pequeños productores agropecuarios.

La ceremonia también contó con la participación del alcalde provincial de Castilla, Renzo Pastor; el presidente de la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú, Saúl Durán; el director ejecutivo del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), Luis Sirlopú, y el presidente de directorio, Percy Medina, junto a productores de la zona y representantes del sector agropecuario.

En la actividad, se hizo la entrega simbólica de 10 cheques por más de S/ 330 mil, correspondientes a los créditos gestionados a través del nuevo punto de atención, para impulsar las actividades agropecuarias de la zona, como la crianza de vacunos de carne y los cultivos de uva, palta, papa, arroz, maíz y ajo, entre otros.

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La propuesta corresponde al Proyecto de Ley N.° 5 y fue aprobada el pasado 21 de octubre por la Comisión Bicameral de Presupuesto.

La iniciativa plantea incorporar estos recursos al Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2026 para atender diversas necesidades y obligaciones esenciales.

El financiamiento provendrá de las fuentes de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, y estará destinado a diversos pliegos del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales.

Para el debate, la Junta de Portavoces Conjunta acordó otorgar una hora y 30 minutos tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. El presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, José Arista, de Fuerza Popular, sustentó el dictamen ante el pleno.

Asimismo, el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio del dictamen recaído en la Preposición Legislativa 0001-2026-2031 que somete a consideración del Congreso de la República la Cuenta General de la República del Ejercicio Fiscal 2025, remitida por el Poder Ejecutivo.

El dictamen obtuvo 36 votos a favor, 9 en contra y 9 abstenciones en el Senado. En tanto, el voto en la Cámara de Diputados así fue: 85 a favor, 11 en contra y 25 abstenciones.

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Durante su estadía, prevista para el 29 y 30 de octubre, la mandataria visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), con el objetivo de conocer las medidas aplicadas por el Gobierno salvadoreño contra las organizaciones criminales.

También sostendrá reuniones con autoridades y representantes del sector empresarial para intercambiar experiencias y explorar oportunidades de cooperación e inversión.

La jefa de Estado estará acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; del Interior, César Astudillo; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y de Salud, Luis Dyer. La comitiva también estará integrada por la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director de Pronied, Pedro Morales.

La visita oficial busca fortalecer las relaciones entre Perú y El Salvador y ampliar la cooperación bilateral en áreas como justicia, salud, educación y turismo.

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La Denuncia Constitucional n.° 9-2026-2031 comprende presuntas infracciones a la Constitución y los posibles delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Según el informe de calificación, los hechos están relacionados con la presunta falta de acciones para promover el debate y la votación de informes sancionadores de la Comisión de Ética durante la gestión de Vergara. El grupo de trabajo determinó que la denuncia cumple los requisitos formales y de procedencia establecidos en el Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que continuará el procedimiento parlamentario.

En la misma sesión, la comisión declaró improcedentes dos denuncias constitucionales. La primera, vinculada con una presunta omisión de funciones frente a solicitudes sobre educación superior para personas con discapacidad, fue archivada con 19 votos a favor, debido a que el pedido había sido derivado al Ministerio de Educación.

La segunda, presentada contra Pablo Sánchez Velarde, Janet Tello Gilardi, Carmen Julia Jorge Castillo y otros, fue declarada improcedente con 18 votos a favor y una abstención, al no encontrarse argumentos suficientes para sustentar los delitos imputados y haberse establecido la prescripción de determinados hechos.

Asimismo, la comisión aprobó declarar la caducidad de la prerrogativa funcional del expresidente Francisco Sagasti y del exministro del Interior José Elice, debido a que transcurrieron cinco años desde que dejaron sus cargos, el 28 de julio de 2021.

Por otro lado, acordó la sustentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados el informe final de la denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Walter Ayala.

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Consideró que la visita a El Salvador, donde la mandataria se reunirá con su homólogo de ese país, Nayib Bukele, debe permitir identificar estrategias que puedan aplicarse en el Perú para combatir la delincuencia y la inseguridad.

Miguel Torres calificó el viaje de importante y destacó la necesidad de aprovechar las lecciones de ese país en la lucha contra el crimen.

Expresó su expectativa de que los conocimientos recogidos contribuyan a fortalecer las medidas de seguridad impulsadas por el Gobierno peruano.

“Este es un viaje fundamental, tenemos que sacarle el mayor de los provechos, creo que es un acierto que la presidenta Keiko Fujimori vaya allá para poder rescatar las mejores lecciones aprendidas respecto de un país que ha dado el ejemplo de cómo controlar, cómo abatir la delincuencia, la inseguridad en su país”, refirió a la prensa.

De otro lado, el titular del Senado destacó la devolución de S/300 millones al Poder Ejecutivo, como resultado de decisiones conjuntas de las mesas directivas del Congreso. Según indicó, los recursos podrían destinarse a atender problemas de inseguridad ciudadana y emergencias vinculadas al fenómeno El Niño.

Respecto a las diferencias entre las cámaras de Diputados y Senadores sobre procedimientos legislativos, Miguel Torres descartó que exista una confrontación con el titular de la Cámara de Diputados, Óscar Reto. Afirmó que las discrepancias son naturales en un Congreso bicameral y sostuvo que ambos mantienen una buena relación.

Finalmente, explicó que las diferencias sobre el encabezado de la promulgación de la ley de delegación de facultades fueron abordadas mediante una fe de erratas para dejar constancia del trabajo conjunto de ambas cámaras.

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El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, solicitó este miércoles 28 de octubre que el Ministerio Público sea incorporado al Comando Unificado creado por el Poder Ejecutivo para reforzar las acciones contra el crimen organizado en el Perú.

El pedido fue formulado durante el seminario internacional “Seguridad ciudadana en el Perú: respuestas desde el Estado, el sector privado y la ciudadanía”, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde el titular de la Fiscalía señaló que la inseguridad ciudadana constituye el principal problema del país.

Según detalló la agencia Andina, Gálvez consideró necesario que la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas desarrollen labores coordinadas de inteligencia y contrainteligencia para enfrentar a las organizaciones criminales. En ese contexto, planteó que el Ministerio Público también participe en las acciones del Comando Unificado.

Fiscalía busca participar desde el inicio de los operativos contra el crimen

El titular del Ministerio Público explicó que las estrategias policiales y militares deben complementarse con investigaciones fiscales y procesos penales que permitan sustentar las acciones contra las bandas criminales.

Según indicó, la presencia de los fiscales desde las primeras etapas de las intervenciones permitirá orientar jurídicamente las diligencias y garantizar una adecuada recopilación de pruebas para las investigaciones.

Gálvez sostuvo que la lucha contra la criminalidad organizada requiere una actuación articulada entre las instituciones responsables de la seguridad y la administración de justicia, de manera que las operaciones puedan traducirse en investigaciones y procesos penales debidamente sustentados.

Ejecutivo habría prometido incorporar al Ministerio Público

Durante su intervención, el fiscal de la Nación aseguró que el Poder Ejecutivo se comprometió a incluir al Ministerio Público en el Comando Unificado.

“Desde el Ejecutivo nos han prometido incorporar al Ministerio Público en este Comando Unificado”, manifestó Gálvez, quien agregó que las autoridades ya solicitaron la participación de fiscales en las operaciones previstas.

Sin embargo, sus declaraciones no constituyen por sí solas una confirmación de que la incorporación institucional se haya formalizado. Hasta la información disponible, el pedido fue anunciado por el titular del Ministerio Público y respaldado por un compromiso que atribuyó al Ejecutivo.

¿Qué es el Comando Unificado y cómo enfrentará al crimen organizado?

El Comando Unificado es una estructura de coordinación impulsada por el Poder Ejecutivo para articular acciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas frente a la criminalidad organizada.

Según información difundida sobre su funcionamiento, contempla la participación de aproximadamente 1.350 efectivos policiales y militares, incluyendo integrantes del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y unidades especializadas de la PNP.

Entre las acciones previstas figuran operaciones de búsqueda y captura, intervenciones especiales y labores de inteligencia destinadas a identificar y desarticular organizaciones criminales.

La propuesta del fiscal de la Nación busca incorporar el componente de investigación penal a esta estructura, sin reemplazar las competencias que corresponden a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.

“Me retiro simplemente por pensar diferente”, declaró a la prensa, aunque calificó a la agrupación como un partido bien conformado y con personas honestas.

Jorge Gavidia explicó que su decisión responde a discrepancias políticas surgidas durante los últimos meses y descartó incorporarse a otra organización o bancada durante el resto de su mandato. Asimismo, indicó que formalizará su salida de la bancada ante la Oficialía Mayor del Senado.

Señaló que algunas de sus propuestas no encontraron los espacios de coordinación que esperaba. Entre ellas, mencionó una iniciativa relacionada con la Comisión de Transferencia, cuyo avance consideró que se había dilatado. También afirmó que, durante un viaje, se enteró de que se evaluaba imponerle una sanción partidaria.

El senador precisó que no conversó directamente con el líder del partido antes de presentar su desafiliación, pues consideró que el contexto podía generar una situación complicada. Además, rechazó que su salida responda a un acuerdo político o implique un acercamiento al oficialismo.

Finalmente, Gavidia negó que su decisión constituya un cambio de bando y aseguró que mantendrá una posición autónoma en el Senado.

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El presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, Carlos Mesía Ramírez, de Fuerza Popular, explicó que el reglamento diferencia la evaluación técnica de los candidatos, a cargo de la comisión especial, de la elección final, que corresponde al Pleno del Senado y requiere el voto favorable de dos tercios de sus integrantes.

Así, el Pleno del Senado aprobó, con 40 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones, el texto sustitutorio del dictamen recaído en las proposiciones de Resolución Legislativa del Senado 00011-2026-2031-S y 00016-2026-2031-S que aprueban el Reglamento Especial de Elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

Evaluación

La evaluación tendrá un máximo de 100 puntos: 70 por la calificación curricular y 30 por la entrevista personal, que será pública y presencial. Para integrar la lista de candidatos aptos, los postulantes deberán obtener al menos 50 puntos en la evaluación curricular y 10 en la entrevista.

El procedimiento también contempla la presentación de tachas ciudadanas y la calificación individual y pública de los aspirantes.

Durante el debate, senadores de Juntos por el Perú y Ahora Nación plantearon elevar la ponderación curricular a 85 puntos y reducir la entrevista a 15, con el argumento de priorizar los méritos académicos y profesionales. También propusieron reforzar la evaluación de la integridad de los postulantes y ampliar la participación de los colegios profesionales.

Desde el Partido del Buen Gobierno, Patricia Iturregui cuestionó que la elección se concentre en un órgano político y pidió impulsar una reforma constitucional que fortalezca la independencia del TC.

En tanto, legisladores de Fuerza Popular y otras bancadas defendieron el dictamen y destacaron la incorporación de mecanismos de transparencia, meritocracia y participación ciudadana.

Durante la discusión también surgieron dudas sobre el alcance de las disposiciones que permiten presentar candidaturas individuales o mediante colegios profesionales.

Se informó que el reglamento busca establecer criterios objetivos e imparciales, garantizar la igualdad de oportunidades y asegurar el cumplimiento de los requisitos constitucionales para la elección de los magistrados.

#PlenoDelSenado aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de resolución legislativa 11 y 16, que propone aprobar el Reglamento Especial de Elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional. https://t.co/bS4cJ2VmPy

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 28, 2026

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Dicho registro fue cuestionado en los últimos años porque permite que la minería ilegal pueda operar sin ser fiscalizada.

POSTURA

En declaraciones a la prensa, Shinno señaló que el Reinfo protege a la minería ilegal, por lo tanto, se debe impedir su ampliación.

“El Ejecutivo está claro que el Reinfo no debe aprobarse, por eso se ha presentado de una iniciativa. Para el Ejecutivo, hoy día es no extensión del Reinfo (sic)”, afirmó.

Precisamente, el titular del sector se presentó ayer ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados para sustentar la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.

Durante su presentación, el ministro recordó que el Reinfo “es el paraguas legal que está utilizando la minería ilegal”.

“Va a haber un régimen de consolidación que va a estar mucho más simplificado para que los mineros informales puedan, finalmente, optar por ese registro final de formalización y exceptuando a la minería ilegal”, indicó.

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CRÍTICA

La propuesta que presentó el Ejecutivo plantea la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), un organismo que introducirá un régimen de formalización para los mineros entre el 1 de enero del 2027 al 30 de junio del 2028.

Al respecto, la senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) consideró el plazo planteado de 18 meses.

“No van a alcanzar los plazos, no se va a resolver ni en 18 meses, ni el próximo año”, dijo.

Carlos Orlando Díaz Díaz, un expolicía que sobrevivió a dicha incursión, asegura haber reconocido al hoy congresista de JP entre los perpetradores del asalto, que dejó seis agentes fallecidos.

La información la hizo pública el coronel PNP en retiro Max Anhuamán, exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), quien recibió el relato del exsuboficial y lo puso en conocimiento de las autoridades competentes.

En diálogo con PBO, Anhuamán explicó que Díaz Díaz se comunicó voluntariamente con él para contarle lo ocurrido y autorizó que su testimonio fuera grabado. De acuerdo con el exjefe policial, el sobreviviente sostiene que vio personalmente a Maraví Olarte durante los hechos y que no olvidó su rostro.

El testigo asegura que el ahora senador de Juntos por el Perú vestía prendas similares a las de un oficial policial, con distintivos de mayor. Según su versión, lo tuvo a corta distancia y pudo reconocerlo durante la incursión.

“Él entró al calabozo donde estábamos nosotros y nos llevaron secuestrados”, afirma Carlos Díaz, de acuerdo con Anhuamán.

EN CURSO

Anhuamán informó que entregó comunicaciones, imágenes y otros elementos vinculados con dicho testimonio al director de la Dircote, general Carlos Zapata Fernández, para su evaluación.

Asimismo, mediante sus redes sociales, añadió que ayer hizo lo propio en la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo.

Anhuamán aseguró que Díaz Díaz está dispuesto a declarar ante el Senado o las autoridades que lo convoquen para ratificar su testimonio, el que se suma a otras versiones que relacionan a Maraví con atentados de Sendero Luminoso en los años 80.

En sesiones anteriores, el juez Jorge Chávez Tamariz evaluó el pedido para archivar la acusación de lavado de activos en contra de algunos acusados. Sin embargo, la sesión del próximo mes es el inicio del control de requerimiento acusatorio de parte de la Fiscalía, es decir, el paso previo antes de pasar a juicio oral.

EL CASO

La tesis fiscal sostiene que existe una organización criminal dedicada a cometer graves actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas, hechos que fueron cometidos entre los años 2011 hasta el 2015.

La presunta red habría actuado en 17 procesos arbitrales para direccionar arbitrajes para favorecer a la empresa Odebrecht y otros, esto a cambio de pagos ilícitos.

Según la acusación, los hechos ilícitos se circunscriben a cinco obras públicas: Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3, Interoceánica Norte (IIRSA Norte), carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, y carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.

La Fiscalía acusa al menos a 25 personas por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, lavado de activos, colusión agravada,cohecho activo específico y corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales.

Las penas van desde los nueve hasta los 25 años y cuatro meses de cárcel.

CAMBIOS

La acusación fiscal estaba originalmente a cargo de Diana Liz Canchihuamán Castañeda, fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Sin embargo, hace poco el caso pasó a manos del fiscal provincial Guido Vera Vera y de Paul Vicente Quincho, fiscal adjunto provincial.

Fuentes judiciales sostienen que los cambios sobre la conformación de fiscales ocurridos durante el año, han tenido un impacto.

“No solo fueron excluidos Rafael Vela y José Domingo Pérez, sino también muchos fiscales que tenían casos de Lava Jato”, indicó.

Desde su punto de vista, el cambio de fiscal en el caso Árbitros de Odebrecht tiene un impacto negativo, porque se trata de un caso complejo, con varios imputados, un gran volumen de información, acumulación de una investigación de nueve a 10 años.

“Los nuevos fiscales no tienen esa experiencia en casos extremadamente complejos, no tienen dominio del caso. No se ha visto en acción al nuevo fiscal, no se sabe si está preparado”, sostuvo.

Al respecto, hay ejemplos que evidencian lo antes señalado.

Sobre el Caso Gasoducto Sur, un fiscal superior que se incorporó recientemente al caso, cuestionó la acusación en una audiencia pública.

Por otro lado, está la apelación de la sentencia contra el expresidente Martín Vizcarra, audiencias en las que una intervención fiscal no duró más de dos minutos.

“Esto revela la falta de dominio y de información del caso. Es una ventaja para la parte acusada”, indicó la fuente.

Por ahora, los ojos están sobre la audiencia que se realizará el lunes 9 de noviembre entre las 9:00 a.m. y 5:00 p.m. mediante la plataforma Google Meet, espacio en el que participará un representante de la Fiscalía, de la Procuraduría y los abogados de los acusados.

La dignataria, que espera reunirse con su homólogo Nayik Bukele, observará el modelo denominado “Plan Bukele” para evaluar “su posible adaptación a la realidad del Perú”.

La estrategia salvadoreña ha tenido resultados destacables e impulsado expectativas en diversos países de la región, pero, a la vez, acumula severas críticas y fue aplicado en un escenario diametralmente opuesto a lo que acontece en territorio peruano.

Primeros pasos

Bukele inició la primera parte de su estrategia 19 días después de jurar en el cargo el 1 de junio del 2019.

El Plan Control Territorial (PCT) incluyó distintas fases. Estas fueron: Preparación, para controlar los territorios y reprimir el delito; Oportunidades, para atraer a los jóvenes y prevenir su integración a pandillas; Modernización, equipar a las fuerzas de seguridad; e Incursión, ahondar en los operativos en comunidades y capturar a los integrantes de pandillas.

Asimismo, en las etapas Extracción e Integración se buscó establecer cercos de seguridad para “extraer” a los delincuentes, y facilitar oportunidades laborales a la ciudadanía junto a servicios sociales, respectivamente.

El programa fue posible luego que el mandatario aplicara el artículo 168 de la Constitución: el presidente tiene la facultad excepcional para disponer de las Fuerzas Armadas, en aras de la seguridad pública, la paz interna y la tranquilidad, en apoyo de la Policía. Tiempo después, el mandatario inició una serie de confrontaciones con el Poder Legislativo de su país en búsqueda de la aprobación de reformas que sean funcionales al plan.

Cambio de juego

Los cambios sustanciales en las normas de El Salvador, impulsadas y buscadas por Bukele, fueron únicamente posibles gracias a la recomposición del Legislativo, en el que no tenía la mayoría.

En febrero del 2020, el dignatario ingresó secundado por una escolta de militares al Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Allí, exhortó a los diputados a aprobar sus solicitudes de reformas o a presenciar la disolución de la institución. La respuesta fue negativa, pero un año después, el partido oficialista consiguió la elección de 56 de 84 diputados ((67%) tras nuevos comicios.

Con ello, en una primera sesión del Congreso y sin seguir la normativa vigente, el jefe de Estado consiguió reemplazar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general de la República. Sin contrapesos, un nuevo paquete de reformas bajo la figura de un “Régimen de excepción”, fue aprobado con posterioridad.

A diferencia de El Salvador, el Perú posee un Congreso con dos cámaras. Las iniciativas son evaluadas por los diputados y luego enviadas a los senadores. En la primera cámara, el oficialismo reúne 56 diputados, 41 del partido del gobierno Fuerza Popular (FP) y otros 15 de su aliado Renovación Popular (RP). Al frente están los 74 de la oposición: 32 de Juntos por el Perú (JP), 18 del Partido del Buen Gobierno (PBG) 14 de Obras y 10 de Ahora Nación (AN).

En el Senado, mientras tanto, el gobierno reúne 30 senadores, 22 de FP y 8 de RP, frente al mismo número que tiene el grupo no oficialista: 14 de JP, 7 del PBG, 5 de Obras y 5 de AN. Las reformas legales para afrontar el crimen tendrían un obstáculo infranqueable si comparamos este escenario con el del Bukele.

“Plan Bukele”

En 2022, tras 87 homicidios registrados en tres días consecutivos 24, 25 y 26 de marzo –debido al aparente “cese” de un pacto entre las pandillas y el gobierno–, Bukele pidió la aprobación de un régimen de excepción a la Asamblea Legislativa.

Los primeros derechos en suspenderse fueron el de la libertad de reunión y asociación, a la información de los motivos para la privación de la libertad, a tener un abogado defensor y a las garantías de un debido proceso.

También se autorizaron las detenciones sin una orden judicial o sin que se haya cometido un delito en flagrancia y la ampliación de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa.

Junto a ello, también se dejó sin efecto la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de comunicaciones sin una orden judicial. Desde el 27 de marzo de 2022 hasta la fecha, las medidas se han ampliado 56 veces.

En abril del mismo 2022, se implementaron nuevas medidas, entre ellas, el endurecimiento de penas y la reforma de la Ley Penal Juvenil (ver infografía).

En ese contexto, los cambios en las instituciones de justicia, la resolución de la nueva Sala de lo Constitucional que permitió su reelección presencial, denuncias de hostigamiento a periodistas, entre otros, le valieron señalamientos. The Economist reportó en el 2023 que el país había cobrado un giro autoritario.

No obstante, las cifras positivas también generan repercusión. Tras la llegada de Bukele, en 2019, hubo una reducción en las tasas de homicidio. “De 51 homicidios por cada cien mil habitantes en 2018, (se pasó) a ocho homicidios por cada cien mil habitantes en 2022. Una disminución del 84 % en cuatro años”, según estimó el Instituto Videnza.

Se alertó, sin embargo, que parte de esa reducción estuvo vinculada a una presunta tregua entre el gobierno y las pandillas del 2019 al 2022, es decir, en la primera parte de la estrategia.

Las denuncias por violaciones a los derechos humanos también proliferaron. “La suma de desaparecidos en 2022 y 2023 ascendió a 360, y una investigación periodística relató cómo una persona muere cada cuatro días en las cárceles”, recogió la institución antes citada.

A inicios de este año, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, informó que el país llevaba 1102 días sin homicidios al cierre del 2025. Además, indicó que la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes es de 1.3.

Escenarios

Las realidades delictivas de ambos países es quizá el factor más diferenciador. En El Salvador, las pandillas cobraron notoriedad hace treinta años, en promedio, con la extorsión a negocios locales como medio de financiamiento y el asesinato a miembros de pandillas rivales como principales actos.

Los más peligrosos fueron identificados como “La Mara Salvatrucha” y el “Barrio 18”. Solo en 2022, la Policía Nacional de El Salvador tenía identificados a 118 000 integrantes de estas bandas. Estas se instalaron en localidades vulnerables y de bajos recursos, en donde les era más fácil captar a adolescentes.

Esta concentración en puntos específicos, junto al uso de señas diferenciadoras, como tatuajes, uso de vestimentas en particular o grafitis, ayudaron a las autoridades a identificarlos y ubicarlos.

En nuestro país, mientras tanto, el crimen organizado es más disperso, con el narcotráfico y la minería ilegal como principales vertientes. Además, las organizaciones pueden ser nacionales o transnacionales y operan en áreas urbanas y rurales.

La geografía peruana –con una distribución de costa (12%), sierra (29%) y selva (61%), según el Ministerio de Agricultura– les resulta propicio para resguardarse de la vigilancia policial y rearmarse.

En ese sentido, no solo la diversa población delincuencial está distribuida a lo largo del Perú –considerando que el país está más habitado que El Salvador– sino que tampoco hay una concentración de un grupo en particular, rápidamente identificable, sobre el cual actuar.

En declaraciones a RPP, Matute consideró que las consecuencias previstas para quienes dejan sus grupos parlamentarios no son suficientes y sostuvo que estas decisiones deben evaluarse también desde el compromiso asumido con los electores. A su juicio, los congresistas no solo representan sus propias posiciones, sino también a las organizaciones políticas y a los ciudadanos que respaldaron sus candidaturas.

“Él no ha pensado que hay colectivos en torno a él que tienen que ver con su estar en este momento en el Congreso. Él hace parte de un partido, hace parte de una bancada, tiene un grupo de votantes, tiene líderes que lo representan; todo eso tenía que haber pesado en la toma de su decisión”, indicó.

¿Qué dijo sobre su renuncia?

Jorge Gavidia anunció el lunes su salida del Partido del Buen Gobierno y de su bancada parlamentaria, al considerar que las discrepancias internas impedían su permanencia. En declaraciones a RPP, afirmó que había expuesto sus posiciones desde que fue convocado para integrar la lista al Congreso y que intentó llegar a acuerdos con sus compañeros.

El ahora exintegrante de la agrupación explicó que sus diferencias no surgieron durante su participación en el Parlamento, sino que ya las había comunicado al partido cuando fue invitado a postular al Senado. Según relató, inicialmente se contempló que podría desempeñar una función más técnica si la organización llegaba al Gobierno, pero su permanencia se volvió inviable por las discrepancias y otros factores internos.

Gavidia detalló que el debate sobre la solicitud de facultades legislativas fue determinante para concluir que no podía continuar en la bancada. Sobre las diferencias que motivaron su decisión, señaló lo siguiente.

“Sí es doctrinaria general [las divergencias]. Desde que entré al partido comenté mi posición. […] Cuando fui convocado hice presente mi posición diferente. Incluso, también al ser convocado para participar como candidato al Senado. Sin embargo, se consideraba que si hubiésemos sido Gobierno probablemente asumía un rol más técnico. Pero ya estando dentro del partido, expuse siempre mi posición y traté de conciliar, pero ya era inevitable, con lo de las facultades me di cuenta que era imposible, aparte de otras cosas internas que limitaban totalmente mi accionar”, sostuvo.

Sobre esta propuesta, el titular del sector explicó que el objetivo es habilitar estos espacios de manera más rápida y económica.

“Queremos apostar por una cárcel modular, con paneles prefabricados, construirla lo más rápido posible y de la manera más barata para que sea para reos que no son violentos”, afirmó.

Agenda en El Salvador

Álvarez viajará a El Salvador del 28 al 31 de octubre para conocer las medidas que adoptó el gobierno de Nayib Bukele durante la etapa inicial de su lucha contra el crimen organizado. La delegación también busca conocer el sistema que articula a fiscales, jueces y policías especializados en la intervención contra las pandillas conocidas como maras.

Como parte de la agenda, está prevista una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), uno de los establecimientos penitenciarios salvadoreños. La visita oficial incluye, además, una reunión privada entre la presidenta Keiko Fujimori y Bukele, así como un encuentro ampliado con ministros de Estado.

La agenda contempla reuniones con autoridades salvadoreñas de Justicia y Seguridad Pública, Educación, Ciencia y Tecnología, y Salud. El propósito es recoger experiencias sobre las estrategias de seguridad y el funcionamiento de las instituciones involucradas.

El funcionario ya había exhortado el domingo a las personas que habitan cerca de torrenteras a prepararse y abandonar esos lugares ante la posibilidad de que el agua se desborde. Este martes reiteró su llamado desde la iglesia de Las Nazarenas, donde brindó declaraciones a los medios de comunicación.

Pide a familias no volver a las quebradas

Arnillas advirtió que algunas familias regresan a las zonas de riesgo después de superar una emergencia y vuelven a construir viviendas en los cauces. Sobre esta situación, sostuvo que la reubicación de toda la población expuesta no puede ser asumida por el Estado.

“El Estado no puede cubrir todo eso; cada familia tiene que tomar conciencia de la situación, cada (fenómeno) del Niño que ocurre, las familias, cuando entra el agua, se ven perjudicadas, salen de la situación y luego vuelven a entrar a la torrentera, están construyendo casas en medio del cauce de la torrentera, tienen que tomar conciencia de eso”, señaló ante la prensa.

El ministro indicó que el Gobierno continúa con los trabajos de descolmatación en quebradas y cauces para reducir el riesgo de desbordes. También precisó que la maquinaria opera a máxima capacidad, incluso en dos turnos al día, aunque consideró que estas labores no son suficientes si las familias siguen viviendo en zonas expuestas.

“Estamos descolmatando quebradas, estamos trabajando para descolmatar cauces, la maquinaria está a tope trabajando incluso dos turnos por día, pero con eso no basta; las familias que viven dentro de las quebradas tienen que tomar conciencia, ellos mismos tienen que tomar conciencia de la situación”, aseveró.