“Fue su policía, como siempre lo hace. Acá nosotros no queremos ningún reconocimiento. Acá su Policía Nacional del Perú le dice, con el corazón rojo y blanco, de que se logró un objetivo. Se logró un objetivo. Por supuesto que los pulpos se nos vienen encima. Acá estamos”, aseguró.

El oficial sostuvo que la respuesta frente a la violencia correspondió principalmente a la Policía Nacional. Además, aclaró que la institución no busca recibir reconocimientos por las operaciones realizadas, sino cumplir con los objetivos establecidos.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo exclusivo con Exitosa, el general PNP Víctor Revoredo, destacó la labor de la Policía en la captura de ‘Jhonsson Pulpo’ tras un largo tiempo tras los pasos de la banda criminal ‘Los Pulpos’ que generaba zozobra y peligro en Trujillo. “No queremos un… pic.twitter.com/hmUfh04J5u

— Exitosa Noticias (@exitosape) September 4, 2026

Destaca apoyo de ministro de Defensa

Revoredo también se refirió a la participación del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde en Trujillo luego del secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas ocurrido el pasado 30 de agosto. El titular de Defensa llegó a la ciudad para coordinar con las fuerzas del orden las acciones desplegadas tras el ataque y participó en las diligencias posteriores relacionadas con el caso.

Al respecto, el general de la PNP señaló que el respaldo del ministro contribuyó al trabajo realizado por los equipos policiales. Revoredo también destacó las coordinaciones que Belaúnde realizó con otros ministerios para ampliar la trazabilidad internacional vinculada con la investigación.

“Yo me sentí fortalecido. Él hizo coordinaciones con otros ministerios para intensificar la trazabilidad a nivel internacional”, expresó.

“Yo no soy procurador, soy policía. Pero el señor ministro del Interior de Defensa, quien tuve la suerte conocerlo en Trujillo, él llegó a a trazar esta método de de línea de línea de línea este política Yo yo me sentí fortalecido. Él hizo coordinaciones con otros ministerios para intensificar la trazabilidad a nivel internacional”, agregó.

Responde a los cuestionamientos

En otro momento, Revoredo hizo referencia a las críticas dirigidas contra la Policía por sus actuaciones en la lucha contra el crimen organizado. El alto mando policial sostuvo que responde por sus decisiones y que mantiene su posición pese a los cuestionamientos que puedan surgir alrededor de su trabajo.

“Eso lógicamente nadie lo va a reconocer, pero sí le digo, lo que ha salido, bueno, eso tendrá algún interés, pero porque todo todo todo lo que hace la policía definitivamente está mal. Pero yo como Víctor Reboredo, como me siento frente a usted, yo no le estoy mintiendo al Perú ni nunca le miento al Perú. Yo soy responsable de mis actos, así me critiquen por adorar por por elevar una oración a Dios”, indicó.

El cronograma empezará el 8 de septiembre en Junín y concluirá con dos jornadas destinadas a Lima Metropolitana, previstas para el 21 y 22 de septiembre.

Carlos Vilela, director nacional de Educación del JNE, explicó que estos espacios permitirán a los ciudadanos conocer los planes de gobierno y las propuestas de los postulantes.

En las regiones con mayor cantidad de candidatos se contemplan jornadas adicionales para facilitar la participación de todos.

Lima Metropolitana, Lima Provincias, Piura y Lambayeque tendrán dos fechas debido al número de postulantes. Los debates podrán ser seguidos mediante las plataformas digitales del JNE y otros medios de comunicación, además de quedar disponibles posteriormente para su consulta.

Desde el 7 de septiembre, el organismo electoral se reunirá con representantes de las organizaciones políticas para definir aspectos como la metodología, los moderadores y los participantes.

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La nueva composición de la directiva se definió previamente en una sesión del pleno, donde Francisco Morales Saravia fue designado director del Centro de Estudios Constitucionales. La elección de Hernández contó con los votos de Morales, Pacheco y Manuel Monteagudo, mientras que Helder Domínguez, Gustavo Gutiérrez y César Ochoa votaron en contra.

#EnVivo

El magistrado Pedro Hernández jura como nuevo presidente del Tribunal Constitucional

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/21vjn9vNPc

— Canal N (@canalN_) September 4, 2026

Trayectoria profesional

Hernández Chávez, de 53 años, es abogado y cuenta con una maestría y un doctorado por la Universidad de San Martín de Porres. Su trayectoria profesional supera las dos décadas e incluye experiencia tanto en el sector público como en el privado.

Desde su incorporación al Tribunal Constitucional en 2023, ha participado como ponente en resoluciones vinculadas con casos de relevancia política y judicial. Entre ellas figura el hábeas corpus presentado por el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, cuya resolución terminó anulando las medidas que mantenían vigente su orden de captura y prisión preventiva.

Otro de los fallos que tuvo como ponente declaró fundada una demanda de competencia presentada por la entonces presidenta Dina Boluarte. La decisión limitó la posibilidad del Ministerio Público de investigar al mandatario en ejercicio bajo los alcances del artículo 117 de la Constitución.

Luz Pacheco acompaña nueva directiva

La presencia de Luz Pacheco en la ceremonia se produce después de que la magistrada dejara la presidencia del TC en mayo de este año. En aquella oportunidad presentó su renuncia irrevocable al cargo y Helder Domínguez asumió temporalmente la conducción del organismo hasta la elección de una nueva directiva.

Pacheco explicó posteriormente que su salida estuvo relacionada con su desacuerdo con la decisión de una mayoría de magistrados de mantener en el cargo a un funcionario de alta dirección en quien había perdido la confianza. La magistrada precisó que su renuncia se limitaba a la presidencia y que continuaría ejerciendo sus funciones dentro del Tribunal Constitucional.

La controversia se produjo en un contexto de cuestionamientos internos por la tramitación del hábeas corpus de Vladimir Cerrón. Pacheco había advertido sobre la rapidez con la que avanzó el expediente y señaló que encontró inconsistencias en su procedimiento, aunque el TC comunicó posteriormente que una revisión interna no detectó irregularidades en su tramitación.

La propuesta considera el impacto de la inteligencia artificial, la robotización y la automatización sobre la productividad y el empleo.

Sheput señaló que la incorporación de tecnología no garantiza por sí misma la creación de puestos de trabajo y planteó fortalecer la preparación de los trabajadores.

También advirtió una brecha entre las necesidades de las empresas y la formación universitaria, por lo que el MTPE viene coordinando convenios con compañías para ajustar la capacitación a sectores como el portuario, telecomunicaciones y la actividad megaindustrial.

El titular del MTPE también anunció cambios en la Sunafil para darle mayor importancia a la prevención y la formalización. “La Sunafil no puede seguir siendo una entidad abocada a buscar multas, sino ir a la prevención laboral y a la formalización”, afirmó.

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Los hechos investigados corresponden al periodo comprendido entre 2015 y 2016, cuando Vinelli ejercía funciones en Agro Rural. La acusación fiscal será revisada por el Poder Judicial durante la etapa de control de acusación.

Fiscalía plantea sanciones adicionales

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicitó que Vinelli sea inhabilitado para ejercer cargos públicos durante tres años y ocho meses. El requerimiento también contempla el pago de S/20.000 como reparación civil por los hechos que se le atribuyen.

La Fiscalía presentó estas solicitudes como parte de su acusación por las presuntas irregularidades ocurridas durante el periodo investigado. La imputación alternativa por negociación incompatible será considerada en caso de que no prospere la acusación por colusión simple.

El pedido fiscal todavía no representa una condena contra el actual titular del Midagri. Durante el control de acusación, el órgano jurisdiccional deberá revisar los cargos formulados y los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público.

Y pese a los intentos del titular de Educación por defender el nombramiento de la fujimorista, lo cierto es que la carrera de Ramírez no ha destacado, en ningún momento, por motivos académicos o políticos.

CUESTIONAMIENTOS

En entrevista con Exitosa, Chang dijo que Ramírez “no solo tenía los requisitos para estar en el cargo, sino que el puesto en la Derrama Magisterial no irroga ningún gasto del Estado por ser una institución privada”. Sin embargo, no deja de llamar la atención que Ramírez aparece en medios por su larga lista de cuestionamientos.

En octubre de 2021 se difundió un video en el que aparecía golpeando con una comba la puerta de la casa de su padre en San Ignacio, en un conflicto relacionado a una propiedad.

En abril de 2022 se viralizó un video que ella subió a Tik Tok en el que aparece bailando en una de las oficinas del Congreso bailando.

Ese mismo mes, Hildebrandt en sus Trece publicó información sobre una intervención policial de 2015 relacionada con Ramírez y productos que no habrían sido pagados en un supermercado.

Un mes después, Cuarto Poder reveló que Ramírez habría plagiado la tesis que le permitió obtener el título de contador en la Universidad César Vallejo en el 2018.

En junio de 2022 se informó que Ramírez, mientras era congresista, usaba su cuenta de Tik Tok para vender o promocionar maquillaje, carteras, ollas y otros productos.

Unos meses después, fue captada maquillándose en una sesión virtual de la Comisión de Presupuesto.

En el escrito, la diputada solicita la destitución del funcionario y su inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años.

DETALLES

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, fue denunciado por la presunta infracción constitucional de los artículos 38, 43, 46, 161 y 162 de la Constitución.

Sobre los primeros dos artículos, la diputada señala que el gobierno es unitario, representativo y descentralizado, por lo tanto, promover el cierre fáctico o inconstitucional de la Cámara de Diputados, quebrante la representación democrática y contribuye una usurpación de atribuciones.

Mientras que sobre los artículos 161 y 162, sostiene que el defensor del Pueblo tiene como función principal defender los derechos constitucionales y, en consecuencia, debe ser el principal garante del Estado de derecho.

“El defensor del Pueblo, de acuerdo a sus posiciones antidemocráticas, se alinea en un concepto contrario a la democracia”, señaló.

Además, Márquez recordó que el artículo 162 prescribe de forma expresa que la misión institucional del defensor es “defender los derechos fundamentales y supervisar los deberes de la administración estatal”.

La diputada Analí Márquez (JP) presentó una denuncia constitucional contra Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, luego de que este asegurara que un eventual cierre del Congreso aumentaría la popularidad de la presidenta Keiko Fujimori. Pide su inhabilitación por 10 años. pic.twitter.com/9cJrLCKLGN

— Sofía López (@SofiaLopezLl) September 3, 2026

PROCEDIMIENTO

La denuncia presentada por Márquez será derivada a la Comisión de Acusaciones Constitucionales.

El grupo deberá analizar la denuncia, investigarla y emitir un informe final.

Esa comisión votará el documento y este será enviado a la Presidencia de la Cámara de Diputados para su debate y votación en el pleno.

Finalmente, el informe final debe ser sustentada en la Cámara de Senadores.

El delincuente “estaba con pasamontaña hasta la nariz, con casco táctico, chaleco antibalas táctico, con un sticker que decía ‘Policía’, botines y no se le veía el rostro”, aunque podía apreciarse que tenía “tez trigueña”, reza la declaración difundida por el programa Beto a Saber.

Abordaje

Según su manifestación, el testigo estaba en un vehículo con su primo cuando fueron abordados por uno de los sospechosos.

Ambos habían acudido a la discoteca Nosso para dejar “a tres amigas”. Tras dirigirse a un restaurante y salir del establecimiento, subieron al vehículo y oyeron disparos.

“Se escucharon bajo, parecían con silenciador (…) Al dar la vuelta pasamos por el lugar donde se habían producido los disparos y había un uniformado con ropa de policía revisando el carro por la puerta del piloto”, relató.

El testigo agregó que “al llegar a la esquina” (en la intersección de las calles San Idelfonso y Santa Ana) fueron detenidos por “un policía uniformado que se encontraba con pistola en su porta arma”.

“(Él) sube al carro en el que nos encontrábamos, sentándose en la parte trasera derecha (detrás del copiloto). Entonces, como nosotros supusimos que estaba siguiendo a alguien, le preguntamos si seguíamos a la izquierda, a lo que él nos respondió diciendo: ‘Ujum’”, puntualizó.

La dinámica se repitió por segunda vez hasta que, tras percatarse de que el supuesto policía “revisaba su celular” y observar a un patrullero cercano, le preguntó a este si debía dejarlo allí. Tras recibir una negativa, el testigo notó que el presunto agente tenía acento extranjero.

“Logré ver un patrullero con circulina prendida, se veían las luces rojas. Le preguntamos: ‘Allá están tus colegas ¿Te dejamos allá?’. A lo que el me respondió: ‘No, hacia la izquierda’. Ahí me percaté que tenía acento de venezolano”, narró.

La situación culminó con una amenaza hacia ambos ciudadanos, según refirió el testigo. “Llegando al Pasaje Santa Rosa, el uniformado dice: ‘Acá, acá’. Entonces paramos el carro y el uniformado se sienta en el asiento del medio, saca su pistola, apunta al medio y hacia adelante y dice: ‘Ustedes no han visto nada, directito a su casa’. Ahí le dije: ‘Ya, nosotros no vimos nada’”, añadió.

Por otro lado, Aldo Carlos Mariños, candidato al Gobierno Regional de La Libertad por Somos Perú, rechazó conocer al testigo del cuádruple asesinato, quien de acuerdo con el acta policial consignó trabajar como parte de su seguridad.

También adelantó que si llega a conocer su identidad, lo denunciará.

“La Policía se resistía a coordinar con la Fiscalía. Eso ha pasado ahora”, aseveró el alto funcionario a Exitosa.

OBSERVACIONES. De acuerdo con el titular del Ministerio Público, la vigencia de la Ley N° 32130 supone una dificultad en la labor de las autoridades, “especialmente, en este caso”.

Explicó que “la investigación del delito” debe llevarse a cabo por “el binomio indisoluble formado por la Policía y la Fiscalía”.

“Si lo hace solo la Policía o solo la Fiscalía, no está completo, pero ahora la ley que ha salido dice que la Policía puede realizar la investigación preliminar y eso está siendo un problema grave, especialmente en este caso”, detalló.

En esa línea, agregó que “al comienzo la coordinación era crítica, porque la Policía estaba haciendo las cosas por su propia cuenta y tenía su propia estrategia”.

Añadió que si bien la “la norma dice que la disposición del inicio de investigación, donde se diseña la estrategia jurídica y operativa, lo dispone el fiscal, acá (en el caso de Lara Tantaquilla) cada uno estaba con su propia estrategia”.

“(Había un plan de) los policías que fueron de Lima, los policías de allá (de Trujillo) y la Fiscalía con su estrategia correspondiente, pero la Policía se resistía a coordinar”, remarcó.

CRÍTICA. En otro momento, Gálvez aseguró que la Policía en Trujillo no estuvo recepcionando las disposiciones de la Fiscalía en las propias investigaciones por organizaciones criminales.

“(No lo hacen) aduciendo que no tienen equipos y no tienen la tecnología necesaria, y eso es grave”, resaltó.

Poco después, reformuló sus cuestionamientos a la PNP.

“Lo que pasa es que la Policía, en algún momento, creo yo, que ellos deben investigar, porque ellos son los titulares de la investigación preliminar, tal como ha establecido esta nueva ley que se cuestiona (…) No es falta de coordinación Ministerio Público-Policía, porque eso se puede tomar mal, sino que la Policía creía que ellos podían iniciar su propia estrategia”, matizó.

Asimismo, refirió que “prácticamente” no mantiene comunicación con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, debido a que este último fue “descortés y prepotente” en el marco del Caso ONPE suscitado en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

“Pero sí se comunica constantemente el fiscal Jorge Chávez Cotrina (coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado) que está allá (en Trujillo)”, puntualizó Gálvez.

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, calificó como un error la interacción que tuvo el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, con tres detenidos vinculados a la investigación por el asesinato ocurrido en Trujillo. Sin embargo, descartó que este hecho pueda dificultar o viciar las pesquisas.

“Creo que fue un error definitivamente esta actividad, pero independientemente de ello la investigación la dirige el fiscal”, declaró a RPP.

El fiscal precisó que las diligencias deben desarrollarse conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal y recordó que el caso se encuentra en etapa preliminar. Bajo ese marco, sostuvo que la interacción del ministro con los detenidos no compromete el avance de las investigaciones.

“No va a dificultar la investigación”, aseguró. “Las diligencias se tienen que hacer dentro del marco del Código Procesal Penal y estamos en etapa preliminar”, agregó.

Chávez Cotrina explicó que, durante esta fase, la Policía, bajo la conducción fiscal, tiene la tarea de recopilar elementos de prueba que permitan reconstruir el modus operandi del crimen, determinar a los responsables materiales e identificar a los autores intelectuales, así como establecer cómo fue planificado el hecho delictivo.

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada también admitió que, durante las primeras horas de las diligencias, se registraron dificultades de coordinación entre los equipos policiales desplegados en Trujillo.

“En las primeras horas de la investigación obviamente ha habido una falta de coordinación”, indicó.

Explicó que la Divincri de Trujillo, en coordinación con una fiscal especializada en crimen organizado de la ciudad, tenía a su cargo las pesquisas. No obstante, debido a la gravedad del caso, el comandante general de la Policía se trasladó a la zona acompañado de equipos especializados en homicidios y secuestros.

Según Chávez Cotrina, los equipos policiales comenzaron a recabar información “cada uno por su lado”, lo que impidió que inicialmente se produjera un intercambio ágil de datos entre los grupos desplegados.

El fiscal señaló que esta falta de coordinación ya fue subsanada. Explicó que viajó a Trujillo, donde se reunió con el general Arriola para transmitirle la posición de la Fiscalía sobre lo ocurrido. “Él ha tomado las medidas correctivas y en este momento la investigación sigue su curso normal”, refirió.

El nombramiento fue establecido mediante la Resolución Suprema N.° 179-2026-JUS.

La resolución fue refrendada por la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Julio Álvarez Miranda.

El documento señala que la designación se realiza en el marco de la Ley 27594 y de la Ley 31419, referida a la idoneidad para el ejercicio de cargos de libre nombramiento.

Lescano Salazar ocupará el puesto que venía desempeñando Raúl Timoteo Inga Garay desde el 14 de mayo.

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El tribunal estableció un pago individual de S/20 mil por el cobro de S/11 111 para elaborar unos estatutos que no fueron entregados a la compañía. A ello se suma una indemnización solidaria de S/287 271 por la venta de un terreno a un valor superior al de su adquisición, monto que deberá asumir junto con Mario Justo Sequeiros Fajardo.

Los hechos investigados corresponden a 2012, cuando Soto adquirió el predio por 5 mil dólares meses antes de transferirlo a la empresa.

El fallo señala que la obligación de reparación civil se mantiene pese a que la acción penal quedó extinguida por prescripción.

La prescripción se produjo tras la entrada en vigencia de la Ley 31751, que redujo de 18 a 10 años el plazo de prescripción procesal. La norma contó con el voto favorable de Soto durante su etapa parlamentaria.

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El recurso fue ingresado ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados el 2 de setiembre y plantea una sanción contra el funcionario.

El pedido contempla la destitución de Gutiérrez y su inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos. Márquez sustentó la acusación en presuntas infracciones a los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución Política.

Entre los argumentos expuestos en el documento se señala que el defensor habría omitido analizar la legalidad constitucional de una eventual disolución del Congreso.

La denuncia también cuestiona que Gutiérrez haya evaluado un posible quiebre institucional tomando en cuenta criterios de conveniencia partidaria y resultados de encuestas.

La acusación recoge además declaraciones brindadas por Gutiérrez a Canal N y Exitosa el 27 de agosto, en las que afirmó que un eventual cierre del Congreso incrementaría la popularidad de la presidenta Keiko Fujimori entre 20 y 30 puntos.

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“Necesitamos estas facultades para determinar a las organizaciones criminales como grupos hostiles, como grupos terroristas. Necesitamos fortalecer el servicio de inteligencia porque desde hace unos años no tiene capacidad operativa. Necesitamos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúen de manera conjunta y también tomen mayor control de los penales”, afirmó.

Fujimori también señaló que la propuesta contempla acelerar los procedimientos para expulsar a extranjeros en situación migratoria irregular y remarcó la necesidad de una respuesta coordinada entre las instituciones del Estado.

Durante su visita a San Martín, la mandataria también abordó las obras paralizadas y aseguró que los ministerios realizan evaluaciones técnicas para destrabar proyectos y garantizar su financiamiento.

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La bancada de Juntos por el Perú presentó una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, debido a los cuestionamientos por presuntas designaciones irregulares dentro de su sector.

La moción, impulsada por la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, también plantea que el ministro del Interior explique la que considera una “ineptitud en la conducción de la política de seguridad ciudadana frente al incremento de la criminalidad”.

El documento, de 12 páginas, cuenta con más de las 20 firmas requeridas y ya fue remitido a la Oficialía Mayor del Congreso.

Dicha moción incluye un pliego interrogatorio de 27 preguntas, de las cuales 15 se centran en la seguridad ciudadana y en las acciones implementadas por el Ejecutivo para combatir el avance de la criminalidad.

Asimismo, también cuestiona la permanencia en el cargo del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien, según el documento, “es investigado por corrupción” y continúa al frente de la institución durante tres gobiernos consecutivos.

La iniciativa también plantea que Astudillo explique la presunta designación irregular de Magali Meza Mundaca como directora general de Recursos Humanos del Mininter. Según la moción, la funcionaria tendría investigaciones fiscales pendientes por presunta corrupción de funcionarios, vinculadas a su anterior gestión como jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, durante el gobierno del expresidente José Jerí.

Posteriormente, la moción plantea que Astudillo responda si considera que está desempeñando un “rol significativo” en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, pese al aumento de asesinatos y personas heridas vinculados a casos de extorsión y sicariato que afectan, entre otros sectores, a la construcción y el transporte.

La moción será evaluada y posteriormente debatida en la Cámara de Diputados antes de ser sometida a votación. De obtener los votos requeridos para su aprobación, se deberá establecer la fecha y hora en que Astudillo deberá acudir al Parlamento para responder por los cuestionamientos planteados.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sustentó ante el Congreso de la República el proyecto de presupuesto público para el año fiscal 2027, que asciende a más de S/266 mil millones y representa un incremento de 3,5 % respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026.

Durante su exposición, el jefe del Gabinete sostuvo que el presupuesto debe reflejar las prioridades del Gobierno y traducir el uso de los recursos públicos en resultados concretos para la población.

“El Perú no necesita un Estado más grande, necesita un Estado que funcione”, afirmó Galarreta, quien planteó que la evaluación de la gestión pública no se concentre únicamente en el porcentaje de ejecución presupuestal, sino también en los resultados obtenidos.

Seguridad, educación, salud y transporte son las prioridades

El proyecto establece como áreas prioritarias la seguridad ciudadana, educación, salud y transporte, además de plantear una mayor eficiencia en la administración de los recursos públicos.

Para orden público y seguridad se contemplan S/15.400 millones, destinados, según explicó Galarreta, a fortalecer la investigación y persecución del delito, el sistema penitenciario y la capacidad operativa para el patrullaje policial.

En educación, el Ejecutivo propone destinar S/49.100 millones, mientras que para salud se consideran S/32.200 millones.

Transporte recibiría S/26 mil millones en 2027

El proyecto también contempla una asignación de S/26.000 millones para transporte, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y mejorar la conexión entre las diferentes regiones del país.

Galarreta señaló que el Gobierno busca recuperar la capacidad de respuesta de las instituciones y sostuvo que el desarrollo económico no puede depender exclusivamente del gasto estatal.

En ese sentido, indicó que se requiere un Estado eficiente que facilite las condiciones para que el sector privado pueda invertir, producir y generar empleo.

Gobierno plantea recuperar el crecimiento económico

Durante la sustentación, el premier señaló que otro de los objetivos es recuperar el dinamismo productivo y retomar una mayor senda de crecimiento económico.

Galarreta recordó que entre 2003 y 2013 el Perú registró un crecimiento promedio de 6,4 % del producto bruto interno (PBI), mientras que durante la última década el promedio se redujo a 2,3 %.

El presidente del Consejo de Ministros mencionó entre los desafíos estructurales del país la baja productividad, la alta informalidad y la vulnerabilidad frente al cambio climático, así como las limitaciones del Estado para responder a estos problemas.

“Para avanzar hacia un país sostenible debemos cerrar brechas sociales y enfrentar los desafíos estructurales y tener equidad territorial”, sostuvo.

Presupuesto 2027 será debatido en el Congreso

Tras la presentación del Ejecutivo, el proyecto de presupuesto continuará su trámite en el Congreso. Durante los próximos meses será analizado en la Comisión de Presupuesto, donde los diferentes sectores deberán sustentar sus respectivos pliegos.

Galarreta afirmó que el primer presupuesto del actual quinquenio debe representar un punto de inflexión para enfrentar la inseguridad, cerrar brechas sociales, recuperar el crecimiento y mejorar el funcionamiento del Estado.

“Las cifras tienen que traducirse en decisiones y resultados concretos para los peruanos”, señaló el jefe del Gabinete durante su presentación.

La medida busca acelerar las intervenciones que requieren atención inmediata ante posibles lluvias intensas y otros eventos asociados a la anomalía climática.

Bajo este esquema, las empresas podrán adelantar recursos para financiar y ejecutar servicios que el Estado necesita implementar con rapidez. A cambio, recibirán certificados por el monto invertido, los cuales podrán ser utilizados para el pago de su Impuesto a la Renta. De esta manera, el Ejecutivo busca movilizar recursos privados y reducir los plazos que demandan los procedimientos tradicionales de contratación pública.

Aunque el Decreto de Urgencia aún no establece la lista definitiva de actividades que podrán acogerse a este mecanismo, entre las intervenciones consideradas figuran la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, además de otros trabajos destinados a reducir los riesgos ante lluvias intensas.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) había planteado previamente utilizar esta modalidad para incorporar al sector privado en las labores de prevención.

La nueva disposición también establece una modificación en el control previo de estas intervenciones. Las entidades públicas no tendrán que solicitar un informe previo de la Contraloría General de la República para ejecutar los servicios y las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) de emergencia bajo este régimen especial.

Sin embargo, la Contraloría mantendrá sus facultades de control simultáneo y posterior sobre las intervenciones.

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A través de su cuenta en X, Rospigliosi calificó la propuesta de “ilegal e inconstitucional” y sostuvo que sería un “gravísimo error”.

Según argumentó, el Perú es una república unitaria y no un Estado federal, por lo que consideró inconveniente una mayor fragmentación de los cuerpos encargados de la seguridad.

El legislador comparó la iniciativa con el modelo policial de México, donde, según afirmó, existen numerosos cuerpos de seguridad con diferentes niveles de organización y control. Rospigliosi sostuvo que este tipo de fragmentación puede generar riesgos frente al avance del crimen organizado y el narcotráfico.

Como parte de sus cuestionamientos, el senador difundió un documento que detalla el perfil y los requisitos para quienes integrarían la Guardia Metropolitana. Entre las condiciones figura contar con secundaria completa y experiencia laboral, además de antecedentes en seguridad privada armada, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o actividades operativas similares.

El perfil también contempla -según el senador- capacitación en seguridad privada armada y gestión de riesgos, así como competencias de manejo de crisis, autocontrol, trabajo en equipo y capacidad física.

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El Ejecutivo sustentó ante el Pleno del Congreso los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público correspondientes al año fiscal 2027.

Los tres proyectos serán publicados en el diario El Peruano. “Concluido el debate, los referidos proyectos son publicados en el Diario Oficial El Peruano y derivados a la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, la cual los analiza en sesiones públicas”, dice el Reglamento del Congreso.

La sesión se inició desde las 10:00 horas de este jueves 3 de setiembre. La primera exposición estuvo a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

El premier afirmó hoy que el presupuesto público de más de S/ 266 mil millones para el año fiscal 2027 marcará un punto de inflexión para el país.

Indicó que para el sector orden público y seguridad se han previsto S/15.400 millones, recursos que estarán orientados a fortalecer la investigación y persecución del delito, el sistema penitenciario y la capacidad operativa de la Policía Nacional.

A su turno, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, presentó ante los parlamentarios las principales propuestas del Ejecutivo, con énfasis en las prioridades del gasto público y las fuentes de financiamiento.

Elmer Cuba indicó que el proyecto de presupuesto público para 2027 (S/266.506 millones) representa un incremento de 3,5% respecto al presupuesto del año anterior.

Destacó el desempeño de la economía peruana y señaló que el país registra un crecimiento cercano al 3% en lo que va del año, pese a los efectos del Fenómeno El Niño.

La sesión fue convocada por el presidente del Congreso y de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y del Reglamento del Parlamento.

La normativa establece que la sustentación de las leyes presupuestarias debe realizarse dentro de las 48 horas posteriores a la presentación de los proyectos.

Los representantes del Ejecutivo explicaron los principales lineamientos de las propuestas, y posteriormente fueron analizados y debatidos por el Congreso para su eventual aprobación.

Así, tras la exposición, se procedió al debate, con la participación de los voceros de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el reciente acuerdo de la Junta de Portavoces Conjunta.

La sesión se levantó a las 13:36 horas luego de un amplio debate en que se pidió cerrar las brechas sociales.

El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres (@mikitorresfp), anuncia la sesión del Pleno en la que se sustentarán los proyectos de ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero, proposiciones legislativas clave que definirán el uso de los recursos del país. pic.twitter.com/1rBfvEoTz7

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 3, 2026

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Durante su exposición, destacó el desempeño de la economía peruana y señaló que el país registra un crecimiento cercano al 3% en lo que va del año, pese a los efectos del Fenómeno El Niño.

Elmer Cuba elevó la proyección de crecimiento económico para 2026 y 2027 a 3,5% y señaló que el objetivo del Gobierno es alcanzar tasas cercanas al 4% en los próximos años. En ese contexto, resaltó que la inversión privada viene creciendo alrededor de 15 %, impulsada por sectores como minería, construcción, industria y servicios. También destacó que la demanda interna aumentó 5,9 % en lo que va del año.

El titular del MEF identificó la evasión tributaria como uno de los principales problemas estructurales del país y sostuvo que existe margen para aumentar la recaudación sin modificar las actuales tasas del Impuesto a la Renta ni del IGV. Según explicó, reducir en dos puntos porcentuales la evasión permitiría obtener cerca de S/20 mil millones adicionales, recursos que podrían destinarse a infraestructura y políticas sociales.

Respecto al presupuesto 2027, Cuba señaló que la propuesta tiene un carácter descentralista y busca garantizar la continuidad de las inversiones y la operatividad de las entidades públicas. Entre los sectores priorizados mencionó a Interior, Defensa, educación y Desarrollo e Inclusión Social.

Educación contará con alrededor de S/49 mil millones, salud con S/32 mil millones, mientras que el transporte también representa uno de los principales rubros debido a las necesidades de infraestructura y logística.

En materia de seguridad, el Gobierno plantea fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar la criminalidad y mejorar la operatividad de las instituciones responsables de la seguridad y defensa.

El ministro también destacó que la inversión pública alcanzará aproximadamente S/57 mil millones en 2027, mientras que el servicio de la deuda demandará unos S/31 mil millones.

Finalmente, Cuba resaltó que el presupuesto público aumentó cerca de 35% en cinco años, al pasar de los niveles registrados en 2022 a los S/266.506 millones previstos para 2027. Sin embargo, sostuvo que el principal desafío no es únicamente disponer de mayores recursos, sino mejorar la eficiencia del gasto, reducir la evasión tributaria y asegurar que la inversión pública se traduzca en mejores servicios para la población.

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sustentó este jueves 3 de setiembre la propuesta ante el Congreso y señaló que la lucha contra la inseguridad constituye una de las principales prioridades de su gestión.

Durante su exposición, Luis Galarreta explicó que los recursos destinados al sector seguridad estarán orientados a fortalecer la investigación y persecución del delito, el sistema penitenciario y la capacidad operativa de la Policía Nacional.

El premier sostuvo que el presupuesto debe ser evaluado no solo por el nivel de ejecución del gasto, sino también por los resultados y el impacto que genere en la ciudadanía.

El proyecto de presupuesto 2027 contempla además S/ 49.100 millones para educación, S/ 32.200 millones para salud y S/ 26.000 millones para transporte.

Según el Ejecutivo, estas áreas forman parte de las prioridades para reducir brechas sociales, mejorar los servicios públicos y fortalecer la infraestructura en el país.

“El Perú necesita un Estado que funcione y llegue a tiempo, que persiga al delincuente, que proteja al adulto mayor y brinde resultados concretos”, dijo.

Luis Galarreta indicó que el presupuesto supera en 3,5 % al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026 y afirmó que debe marcar un punto de inflexión para enfrentar los principales problemas del país. En ese sentido, planteó la necesidad de contar con un Estado más eficiente y con mayor capacidad de respuesta frente a las demandas de la población.

El jefe del Gabinete también sostuvo que la inseguridad, la baja productividad, la informalidad y la vulnerabilidad frente al cambio climático constituyen algunos de los principales desafíos que deberá afrontar el país. Para ello, consideró necesario impulsar la inversión privada, destrabar normas y generar condiciones para recuperar el crecimiento económico.

La propuesta será analizada por el Congreso durante los próximos meses.

La Comisión de Presupuesto deberá revisar la distribución de los recursos entre los distintos sectores y pliegos antes de que el proyecto sea sometido al debate y eventual aprobación del Parlamento.

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A poco más de un mes del inicio del Gobierno de Keiko Fujimori, representantes de diferentes bancadas iniciaron con la presentación de pedidos para que los ministros de Estado den explicaciones sobre sus decisiones, designaciones y acciones sobre su sector.

Cabe recordar que la Constitución le reconoce al Congreso facultades de fiscalización y establece mecanismos para que los ministros concurran al Parlamento.

De acuerdo con información revisada por Correo, hasta el momento suman 14 los pedidos (ver infografía) para que los integrantes del Gabinete Ministerial que encabeza Luis Galarreta, respondan por diferentes aspectos.

LOS PRIMEROS

El primer pedido formal ingresó el 4 de agosto, es decir, una semana después de que Keiko Fujimori asumió la presidencia y nombró a los ministros de Estado.

La senadora Ruth Luque (Ahora Nación) presentó una moción de orden para invitar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, con la finalidad de que informe sobre la incorporación o no del Perú al “Escudo de las Américas”.

Con la invitación al canciller se busca conocer cuáles serían los alcances jurídicos y los compromisos internacionales del país al adherirse a la iniciativa multinacional impulsada por Estados Unidos.El 18 de agosto, el pedido se sometió a votación, pero hubo un empate.

Por lo tanto, la solicitud tendrá que abordarse en una próxima sesión de la Junta de Portavoces.

En total, desde el Senado se han impulsado siete citaciones para ministros de Estado.

La última ingresó ayer por la mañana y es de la autoría de Ruth Luque de Ahora Nación.

En su moción busca citar a los ministros César Astudillo (Interior) y Rafael Belaúnde (Defensa) a fin de que informen sobre las acciones que ha desplegado el Gobierno en materia de seguridad ciudadana, así como también explicar la estrategia que se ha implementado para enfrentar la criminalidad organizada.

En el documento se plantean cinco preguntas al titular del Interior y tres al de Defensa.

VARIOS

En la Cámara de Diputados se han presentado hasta la fecha cinco oficios para que los titulares del Interior, Defensa, Justicia, Educación e incluso el presidente del Consejo de Ministros, asistan al pleno y/o a las comisiones vinculadas a su sector.

Por lo menos tres de los cinco oficios buscan citar al ministro del Interior, César Astudillo, a fin de que explique cuáles son las políticas que aplica el Gobierno en la lucha contra la criminalidad.

Precisamente, el martes, la Comisión de Defensa y Orden Interno aprobó la propuesta del diputado Edwin Espinoza (Buen Gobierno) para que el ministro de Defensa y el del Interior, puedan presentarse ante el mencionado grupo de trabajo.

La comisión deberá coordinar con ambas carteras para fijar una fecha y hora de la citación.

En el encuentro, ambos deberán exponer sobre defensa nacional, orden interno, seguridad ciudadana, gestión de riesgos y otros temas de coyuntura.

Además, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó citar al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, para que exponga sobre las políticas de Estado que impulsa desde su cartera y otros temas de interés.

Deberá acudir al mencionado grupo de trabajo el martes 8 de este mes a las 3 de la tarde.

Un pedido que se encuentra pendiente de resolver es una solicitud que presentó Gina Duarte (Buen Gobierno) para citar al ministro José Antonio Chang por la polémica designación de la excongresisa Tania Ramírez.

Si bien esta última renunció al cargo tras los cuestionamientos a su designación en la Derrama Magisterial, el titular de Educación todavía no se pronuncia sobre el tema.

#OJO La diputada Gina Duarte (Buen Gobierno) envió un oficio al presidente de la Comisión de Educación para que se cite al ministro José Antonio Chang por el nombramiento de Tania Ramírez en la Derrama Magisterial. pic.twitter.com/w2QAEy6Z2V

— Sofía López (@SofiaLopezLl) August 31, 2026

INTERPELACIONES

Por otro lado, en la Cámara de Diputados se han presentado dos mociones de interpelación, solo una sigue activa.

La primera de ellas fue impulsada por la bancada de Juntos por el Perú contra Rafael Belaúnde, ministro de Defensa.

La extensa moción incluye 43 preguntas sobre aportes de campaña que recibió de la Minera Poderosa cuando era candidato presidencial, el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía en la protección de instalaciones mineras, la estrategia de seguridad en Pataz, la minería formal, entre otros temas.

Además, el 24 de agosto se presentó una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, para que responda sobre las acciones y omisiones de su sector sobre el incremento del precio de los combustibles, protestas en regiones debido a ese incremento y otros temas.

El documento que constaba de 57 preguntas tenía el respaldo de 20 firmas de legisladores de Juntos por el Perú, el mínimo necesario para su presentación.

Sin embargo, un día después, el diputado Luis Jibaja Ramos retiró su firma bajo el argumento de “actualización y ampliación del pliego interpelatorio”.

Al tener 19 firmas, la moción ya no es válida.

Cabe precisar que las mociones de interpelación tienen un procedimiento que toma un mayor tiempo para llegar a citar a los ministros.

La legisladora de Fuerza Popular (FP) fue absuelta de malversación y peculado, pero la jueza Ana Bedoya determinó que las adquisiciones realizadas bajo su coordinación ocasionaron un perjuicio.

El mencionado monto será asumido de manera solidaria con otros dos procesados; pese a que la Fiscalía solicitó 560,467 soles de reparación. La lectura oficial se realizará el próximo jueves 10.

“Le diría al señor Arriola: ‘Señor, por favor retírese’. Estoy leyendo el clamor ciudadano. Dé un paso al costado”, conminó.

Sinergia

En esa línea, el legislador planteó que las cinco bancadas del Congreso convoquen a sus especialistas en seguridad para elaborar una propuesta conjunta contra el crimen.

“Nosotros enviaremos (...) al coronel Harvey Colchado. Y ahí seguramente saldrá algo unánime en bien del país”, destacó.

López-Chau también criticó que traten de responsabilizar al Congreso por la crisis de inseguridad, por la aprobación pendiente de la delegación de facultades.

“Esa es una narrativa (...) que se eche la culpa al Congreso, a la oposición (...) Si tú has estado gobernando hace 20 años, ¿por qué no lo resolviste? Nosotros tenemos un mes en el Congreso y queremos ayudar”, manifestó.

El congresista sostuvo que el Gobierno debe asumir decisiones concretas y exhortó a la jefa de Estado, Keiko Fujimori, a retirar a Arriola.

“Tú eres la presidenta de la República, sácalo (Arriola), pide que renuncie. Claro, eso es concreto. Se demora, ¿cuánto? 10 minutos”, dijo.

Estas declaraciones se suman al pronunciamiento de su bancada que exige, la renuncia de Arriola como jefe de la Policía Nacional. “Este crimen (en Trujillo) es la prueba más brutal del fracaso de la conducción policial actual”, reza el mencionado comunicado.

“Estas personas que fueron detenidas han confesado y hay documentos firmados”, afirmó durante una visita oficial a Piura.

Asimismo, la mandataria explicó la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, en la conferencia de prensa de la PNP tras la detención de los presuntos atracadores, en lugar del titular del Interior, César Astudillo.

“El ministro Belaúnde señaló que él sí podía asistir y, por lo tanto, tomé la decisión de que acuda él”, afirmó la jefa de Estado.

Sin embargo, negó que Belaunde interviniera en los interrogatorios. “No ha participado de ningún interrogatorio. Los interrogatorios los han llevado a cabo la Policía”, aseguró.

La decisión lleva la firma del ministro José Chang, cuestionado tras la polémica designación de la fujimorista Tania Ramírez en el directorio de la Derrama Magisterial, cargo al que renunció luego de las críticas por sus viajes coincidentes con Chang.

Gonzales es magíster en Administración de Negocios por la Florida Agricultural and Mechanical University y egresada de la maestría en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, según su hoja de vida de 2021 en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En su experiencia laboral figura como presidenta de la Federación Peruana de Voleibol (2017-2018), jefa de post venta en FAGA Motors (2019-2020) y asistente de aprendizaje a distancia de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2020-2021).

Sin embargo, su antecesor Enrique Chon tuvo una trayectoria más amplia. Fue director ejecutivo del Minsa (2025) y del Fondo de Capacitación Laboral (2019), así como jefe de oficina en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Desde octubre de 2021, once funcionarios han sido designados como directores del Pronabec.

La duración de las gestiones ha sido variable. Por ejemplo, la politóloga Alexandra Ames tuvo la gestión más extensa, con 514 días al frente del programa.

En contraste, Rafael Basurto permaneció apenas 16 días en el cargo, convirtiéndose en el director con la gestión más breve en este año.

Análisis

La gerenta general del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), Karina Morales, explicó a Correo que los cambios en la conducción del Pronabec pueden dilatar decisiones clave.

“Las bases de concursos públicos, que son estas reglas de juego que dicen cuántas vacantes se dan, qué condiciones, qué se debe evaluar a los estudiantes, se han retrasado en el último año”, recordó.

La especialista advirtió que esto afecta el inicio de clases de los beneficiarios. “Por ejemplo, muchos estudiantes no tenían la confirmación de la beca pese a que ya había empezado el ciclo académico. Eso los ha perjudicado un montón”, afirmó.

Para Morales, el principal desafío de la nueva directora será que su designación no ponga en riesgo a sus becarios.

“Lo que tiene que pasar es que operativamente, estos cambios de directores, no terminen perjudicando a los estudiantes, que son quienes tienen que tener reglas claras, información en el momento adecuado y menos incertidumbre”, enfatizó.

Dado que, según Morales, la alta rotación también incide en las decisiones presupuestales que adopta cada gestión.

“Un director ejecutivo llega y decide sobre el presupuesto que tiene, desfinanciando algunas becas, financiando otras, que es lo que ha pasado con Beca Bicentenario, que al final no se financió”, indicó.

Además, la experta agregó que los cambios de dirección tienden a interrumpir las medidas de largo plazo.

“Las reformas, si se pasan de mano en mano, no se entienden y al final se implementa cualquier cosa o no se implementa nada”, opinó.

Flores cuenta con otras dos condenas. La primera le fue impuesta en 2013, por terrorismo, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos; y la segunda en 2018, por el caso “Tarata” (terrorismo agravado).

En detalle

Tal como ocurrió con la segunda condena que se le dictó, la tercera pena impuesta al “Camarada Artemio” será unificada con las anteriores.

El reciente fallo judicial fue adoptado ayer por los jueces Máximo Maguiña, Reli Callata Vega y Helbert Llerena de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria (Corte Superior Nacional).

La Fiscalía acusó a Flores Hala de cuatro ataques subversivos, todos perpetrados en Tocache en 1996.

El primero fue en mayo y tuvo como escenario el sector “Palo Blanco”. Fue contra una patrulla del Ejército y dejó dos fallecidos y tres heridos. Otros tres militares fueron asesinados en junio tras ser emboscados en su destacamento, entre los caseríos de Yanajanca y Santa Cruz.

Un mes después, tres más perdieron la vida tras ser atacados en su patrulla en el caserío de Santa Rosa de Mishollo. En septiembre, otro miembro del Ejército fue asesinado, en el distrito de La Pólvora, tras ser asaltado.

“Artemio”, recluido en el penal Ancón II, estuvo presente en la audiencia virtual de la lectura de sentencia. Su abogado, Elías Genoves, solicitó la nulidad de la condena. El letrado es conocido por patrocinar a otros investigados por terrorismo, entre ellos, Rocío Leandro Melgar (“Camarada Cusi”) y algunos procesados en el Caso Perseo.

La madre del agraviado, quien permanece internado tras sufrir una fisura en el coxis, aseveró que la exlegisladora se desentendió de los hechos. “La señora no quiere asumir; hasta ahorita no ha asumido con nada”, aseguró.

Más tarde ese día, Portalatino Ávalos aseguró a la prensa que había un acuerdo en camino. “Estamos a puertas de culminar una conciliación que beneficie a ambas partes. Fue un accidente involuntario”, sostuvo.

En detalle

La exministra de Salud durante el gobierno de Pedro Castillo fue detenida en flagrancia la tarde del lunes 1 de septiembre. A su llegada a la Comisaría de Monserrat, y al notar la presencia de la prensa, ingresó corriendo a la dependencia.

Horas antes fue intervenida en su vehículo. En su declaración inicial a la Policía detalló que se desplazaba entre el jirón Guillermo Dansey hacia la avenida Pacasmayo cuando, de pronto, “sintió un roce con la llanta delantera derecha de su vehículo”. Al descender, “encontró al ciclista tendido”, según informó Canal N.

La madre de la víctima, Carmen Espinoza, indicó que su hijo permaneció “tirado en un cruce” de la vía pública. “Mi hijo estaba estacionado y la señora, estaría con el celular, o no sé con qué, y lo atropelló. Él cayó de la bicicleta eléctrica de espaldas y ella avanzó; en vez de frenar, avanzó más”, relató a la prensa.

El Ministerio Püblico ya investiga el hecho. El caso, en el que se le imputa a Portalatino lesiones culposas, está a cargo de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María (Tercer Despacho).

La fiscal Berenice Romero dispuso un peritaje “de dosaje etílico a la exlegisladora, así como la visualización de los registros captados por las cámaras de videovigilancia de la zona”, entre otras diligencias.

Durante una visita de trabajo a Chiclayo, el titular del Minem indicó que el actual diseño técnico dificulta la culminación de los procedimientos administrativos en plazos razonables. Por ello, el sector prepara una reestructuración del sistema a través del proyecto de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Shinno explicó a la prensa que la iniciativa busca establecer un procedimiento más directo que permita concluir definitivamente el proceso de formalización de los pequeños productores mineros. Añadió que los equipos técnicos del ministerio evalúan las distintas variables para garantizar resultados concretos en el corto plazo.

Respecto a una eventual nueva ampliación del Reinfo, el ministro precisó que solo alcanzaría a los mineros que mantengan vigente su proceso de formalización, un universo estimado en 30 mil trabajadores a nivel nacional.

Asimismo, descartó la reapertura del registro para el ingreso de nuevos operadores y recordó que este mecanismo, creado como una medida transitoria, ya ha sido prorrogado en cinco oportunidades.

Las declaraciones fueron realizadas durante actividades en Chiclayo, donde el ministro participó en un simulacro de respuesta ante lluvias vinculadas al fenómeno El Niño.

Agregó el Minem continuará con las coordinaciones técnicas para definir el texto final del proyecto normativo que buscará reordenar y acelerar el proceso de formalización minera en el país.

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Ambos fueron trasladados desde Juliaca, Puno, hasta el Grupo Aéreo N.° 8 de Lima, donde fueron recibidos por Galarreta y el ministro del Interior, César Astudillo. El arribo de la aeronave de la Fuerza Aérea del Perú se produjo poco después de las 6:00 p. m.

Durante la recepción, Galarreta resaltó el trabajo de las fuerzas del orden y sostuvo que el Ejecutivo mantendrá su ofensiva contra la delincuencia.

“Lo que quiero resaltar aquí, señores, es que no importa en qué país estén, dónde estén, en qué momento sea, nosotros vamos a ir tras estos delincuentes asesinos y esperemos con mayor inteligencia, con mayor preparación, con más instrumentos [...] pero la respuesta es desde el día uno y desde el día uno dijimos que vamos a enfrentarlos y vamos a capturarlos”, expresó ante la prensa.

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El grupo parlamentario adoptó esta programación durante su primera sesión ordinaria, realizada este miércoles 2 de setiembre.

Su presidente, Hugo Ccahuana Aymachoque, señaló que los senadores vienen evaluando la perspectiva del manejo económico para los próximos cinco años, mientras el equipo técnico prepara el documento dentro de los plazos establecidos.

La decisión final corresponderá al Pleno de la Cámara Alta, integrada por 60 senadores, y requerirá al menos 31 votos favorables. Si el dictamen resulta negativo, el resultado será comunicado al Poder Ejecutivo para que adopte las medidas correspondientes.

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