El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, tras la sesión encabezada por el mandatario José María Balcázar. Según precisó el Ejecutivo, la declaratoria permitirá fortalecer la atención médica, la vigilancia epidemiológica y las acciones de prevención en la región.

Durante la reunión también se aprobó la implementación de los llamados Polos de Desarrollo Amazónico, una estrategia multisectorial orientada a mejorar la conectividad, energía, salud, educación e infraestructura en zonas priorizadas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

Como parte de este plan piloto, el Gobierno anunció la instalación de un hidrogenerador en Curaray, con el objetivo de llevar energía eléctrica a familias de zonas alejadas y promover el desarrollo productivo en comunidades amazónicas.

Asimismo, el Consejo de Ministros autorizó un financiamiento de 40.1 millones de soles para ejecutar siete proyectos de inversión en el distrito de Pastaza. Las obras estarán enfocadas en mejorar servicios de educación, agua potable, saneamiento y espacios públicos.

De igual manera, se aprobó una partida superior a 11.1 millones de soles para financiar dos proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades del distrito de Napo, también en la región Loreto.

Finalmente, el Ejecutivo destinó más de 27.5 millones de soles para desarrollar cuatro proyectos de infraestructura y servicios básicos en el distrito de Soplín Vargas, provincia de Requena, como parte de las medidas orientadas a fortalecer el desarrollo y la atención en la Amazonía peruana.

#PCMInforma | 🇵🇪 En el primer Consejo de Ministros Descentralizado realizado en Iquitos, el Ejecutivo aprobó medidas orientadas a fortalecer la salud pública, impulsar infraestructura y acelerar el desarrollo sostenible en las zonas más alejadas de la Amazonía peruana. pic.twitter.com/Bd8IY1rUCr

— Consejo de Ministros (@pcmperu) May 14, 2026

La decisión fue difundida por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a través de sus canales oficiales. El juzgado determinó que los hechos investigados habrían ocurrido en un contexto de lesa humanidad, por lo que no corresponde aplicar la prescripción de la acción penal.

La resolución dispone además inaplicar la Ley N.º 32107 mediante control de convencionalidad difuso, al considerar que dicha norma no puede impedir la investigación de violaciones a los derechos humanos, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El exjefe militar es investigado por el presunto delito de desaparición forzada en agravio de los civiles Teófilo Zamora Berrocal, Juan Buitrón Talaverano, Atilio Constantino Contreras Gómez, Julio Torres Gómez, Esteban Torres Gómez y Felicitas Hinostroza Marcelo.

Asimismo, enfrenta cargos por el presunto delito de abuso de autoridad agravado por actos de tortura contra Faustino Nemesio Najarro Guillén, hechos que habrían ocurrido durante el conflicto interno en la base militar de Ocros.

El juzgado concluyó que los delitos imputados no pueden considerarse prescritos debido a su gravedad y naturaleza, vinculada a posibles crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, rechazó el pedido presentado por la defensa del exmilitar.

Finalmente, la instancia judicial dispuso que, una vez que la resolución quede firme, el caso sea elevado en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

#Importante El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundada la excepción de prescripción presentada por Luis Descalzo Corbacho, exjefe militar de la base contrasubversiva de Ocros, procesado por presuntos delitos de desaparición forzada y tortura. pic.twitter.com/NgZg7UQ4kA

— Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) May 13, 2026

La parlamentaria era investigada por el presunto delito de concusión y por una supuesta infracción a diversos artículos de la Constitución Política del Perú relacionados con la función pública y la administración del Estado. Sin embargo, el informe concluyó que no existían pruebas concretas, directas y verificables que sustenten las acusaciones.

El documento aprobado señala que las conductas atribuidas a Ugarte Mamani no configuran una vulneración constitucional ni permiten acreditar responsabilidad penal en el marco de las denuncias presentadas en su contra, motivo por el cual el caso fue enviado al archivo.

Durante la misma sesión, la Comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y emitir un informe final sobre las denuncias acumuladas contra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez.

A la legisladora se le atribuyen presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. El extremo referido al presunto delito de concusión fue declarado improcedente y pasó al archivo.

Asimismo, la Comisión Permanente aprobó por unanimidad otorgar el mismo plazo de investigación para la denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La denuncia presentada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, está relacionada con el supuesto nombramiento irregular de María Elena Aguilar del Águila en la presidencia ejecutiva de EsSalud.

La sesión fue conducida por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y también incluyó el archivo de otras 17 denuncias constitucionales declaradas improcedentes.

La dimisión fue formalizada mediante una carta dirigida al ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra. En el documento, González Cabanillas sostuvo que su decisión no responde a incapacidad moral. sino a una situación de “hostilidad sistemática, acoso mediático y discriminación por origen”.

La polémica se intensificó luego de un reportaje de “Cuarto Poder”, donde se reveló que los padres de la abogada fueron docentes de la UGEL en la que también trabajó Pedro Castillo antes de llegar a la Presidencia. Actualmente, el exmandatario cumple una condena de once años y cinco meses de prisión por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

González Cabanillas había sido designada la semana pasada para integrar la Comisión de Gracias Presidenciales, en reemplazo de un miembro que dejó el cargo tras aceptar una nueva oferta laboral. Su nombramiento generó cuestionamientos y debate público debido al contexto del pedido de indulto presentado a favor del exjefe de Estado.

En su carta de renuncia, señaló que su salida busca proteger su integridad frente a la exposición pública de los últimos días.

La letrada defendió su trayectoria profesional y remarcó que su carrera en el sector público fue construida con esfuerzo y experiencia. Indicó que inició su etapa laboral como secigrista en la Corte Superior de Justicia de La Libertad y posteriormente desempeñó funciones en distintas instituciones estatales.

Finalmente, González Cabanillas rechazó cualquier cuestionamiento relacionado con su lugar de origen y reivindicó sus raíces chotanas. “Soy una mujer orgullosamente chotana, hija de profesores, abogada y servidora pública de carrera. Nací lejos de Lima y eso no me hace menor; ese origen es fuente de orgullo, no de vergüenza”, expresó en su carta.

“Las últimas elecciones que hemos tenido son un claro ejemplo de lo que quieren los jóvenes del Perú; ya no quieren políticos improvisados”, señaló el mandatario.

El mandatario también mencionó las movilizaciones juveniles registradas en Lima y otras regiones como una señal de que existe una demanda de cambios en el país.

Balcázar rechazó los enfrentamientos políticos y remarcó la importancia de alcanzar acuerdos.

“Yo no quiero eso, yo lo que quiero es el diálogo permanente entre las gentes. Con diálogo se consiguen muchas cosas”, expresó. Asimismo, indicó que conversó con el presidente del Consejo de Ministros para priorizar proyectos de electrificación.

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En diálogo con la prensa, Orué señaló que, hasta el momento, no ha sostenido conversaciones con Paredes ni ha recibido algún descargo formal de la congresista ante el partido.

“No, todavía no hemos conversado”, afirmó.

Asimismo, consideró que corresponde a las autoridades competentes llevar a cabo las investigaciones “con transparencia” y que todos los implicados deben someterse a las diligencias fiscales.

“Es importante que los entes competentes hagan su trabajo de investigar con transparencia y que se sometan a todo tipo de investigación, como creo algunos congresistas lo hemos hecho”, expresó.

Consultada sobre una posible separación de Francis Paredes de Podemos Perú, Ariana Orué indicó que dicha decisión estará sujeta a la evaluación interna de la bancada y al avance de la investigación.

“Eso ya va a depender de la decisión del presidente de bancada de determinar si hay algo negativo. Todavía eso está en investigación”, enfatizó.

El caso “Los Operadores del Oriente” es materia de investigación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y colusión agravada. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la presunta red habría buscado controlar puestos estratégicos en entidades públicas de Ucayali a cambio de beneficios económicos.

En el comunicado difundido por Canal N, la entidad descartó “cualquier acto de corrupción” y sostuvo que la actual gestión promueve la transparencia institucional. Además, señaló que está dispuesta a colaborar con las diligencias fiscales y a otorgar las facilidades correspondientes, respetando el debido proceso.

La Red Asistencial Ucayali precisó, además, que la hermana de la parlamentaria “no labora en la entidad”, tras los allanamientos realizados en diversos inmuebles vinculados a la investigación por una presunta organización criminal.

Asimismo, EsSalud anunció que iniciará una auditoría interna para verificar si se cumplió la normativa vigente en los procesos de contratación observados por las autoridades.

El caso “Los Operadores del Oriente” es materia de investigación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y colusión agravada. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la presunta red habría buscado controlar puestos estratégicos en entidades públicas de Ucayali a cambio de beneficios económicos.

Durante el megaoperativo ejecutado en Lima y Ucayali, la Fiscalía y la Policía intervinieron diez inmuebles, entre ellos viviendas vinculadas al entorno familiar de la parlamentaria. Hasta el momento, no se han registrado detenciones.

A través de un comunicado, indicaron que el pasado 9 de mayo se dio cuenta de la existencia de estas actas y que, “de manera sospechosa”, únicamente se habrían identificado actas siniestradas en Lima, Callao y el extranjero, donde afirman que el partido “cuenta con mayoría”.

Por ello, según señalaron, alertados por el comunicado, la ONPE habría realizado un recuento de actas “a escondidas” y sin la participación de personeros ni personal del Ministerio Público, tal como lo establece la ley.

El partido señaló que, hasta la fecha, han detectado que varias de las actas calificadas como “siniestradas” fueron contabilizadas; sin embargo, aparecen registradas con cero votos para todos los candidatos, tanto para la presidencia como para diputados, Senado y Parlamento Andino.

“Esta ‘nulidad’ de la votación, según refiere la resolución (que acompañamos al comunicado), se basa en que, para poder cotejar el acta siniestrada, dos o más personeros de agrupaciones políticas debían brindar copia del acta para poder hacer la comparación”, manifestaron.

En otro momento, señalaron a la ONPE y al JNE de “engañar a la población”, al afirmar que ambas entidades sabían que ese pedido no podía cumplirse.

“El día de las elecciones, la ONPE negó a los personeros la entrega de las actas en original, limitándose en algunos casos a permitir que se fotografíen”, afirmaron.

Además, atribuyeron la responsabilidad del resguardo del proceso electoral a los entes del Estado “que cobran millones por su supuesta función a los personeros que fueron vilmente maltratados el día de las elecciones”.

La organización indicó que ya ha presentado las apelaciones correspondientes a dichas resoluciones y ha solicitado el recuento de los votos que, según señala, deberían encontrarse resguardados en las ánforas.

Finalmente, insistieron en su solicitud de que no se proclamen los resultados hasta que se contabilicen todos los votos y se atiendan los procesos aún en trámite.

🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/rpE8oidtiz

— Renovación Popular (@Renovacion_Peru) May 13, 2026

En esa disputa aparece Roberto Sánchez con 12.020%, seguido muy de cerca por Rafael López Aliaga, quien registra 11.909%. Más atrás figura Jorge Nieto con 10.974%, dentro de un bloque de postulantes con resultados bastante cercanos.

La ONPE explicó que las actas electorales son los documentos oficiales que respaldan el proceso de votación.

Estos registros son elaborados por los miembros de mesa y contienen información sobre la instalación de mesas, el desarrollo de la jornada y el escrutinio final.

El organismo electoral también precisó que las actas procesadas ya pasaron por digitación y verificación, aunque aún no se suman al conteo oficial, mientras que las contabilizadas sí forman parte de los resultados difundidos.

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En el comunicado difundido este martes, la parlamentaria negó “de manera categórica cualquier imputación, acusación o señalamiento” en su contra y de su hermana, tras ser mencionadas en las diligencias realizadas en Lima y Ucayali.

Paredes afirmó que las acusaciones “carecen de sustento y verdad” y remarcó que su hermana “no es funcionaria pública ni ha laborado para el Estado”, por lo que calificó como “irresponsable” cualquier intento de vincularla con presuntos hechos irregulares.

Asimismo, la legisladora señaló que no puede asumir responsabilidad por el hecho de que “terceras personas hayan utilizado nombres o referencias sin autorización para aparentar vínculos o influencias inexistentes”.

La congresista también aseguró que se encuentra “plenamente a disposición de las autoridades competentes” y afirmó que brindará “toda la colaboración necesaria” para el esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación.

En otro punto de su comunicado, Francis Paredes indicó que durante su labor parlamentaria ha sostenido relaciones con diversas personas e instituciones “en el marco de su labor como congresista”, aunque precisó que ello “no implica vínculos indebidos ni beneficio económico alguno”.

Además, solicitó a las autoridades que actúen “con celeridad y objetividad”, al señalar que su honor y el de su familia vienen siendo afectados por las acusaciones. Según señaló, dicha situación también impacta directamente en sus padres y en su menor hija.

#EnVivo

Congresista Francis Paredes: Rechazo categóricamente cualquier imputación, acusación o señalamiento en mi contra y en contra de mi hermana, por carecer de sustento y verdad

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/FdRUaQ5jDP

— Canal N (@canalN_) May 13, 2026

Mediante la Resolución N.º 01184-2026-JEE-AQP2/JNE, el JEE dispuso elevar el expediente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dentro de las 24 horas para que resuelva conforme a ley.

El organismo verificó que el recurso fue presentado dentro del plazo legal, contaba con la firma del personero legal alterno, el comprobante de pago de la tasa electoral y la autorización de abogado hábil.

La apelación cuestiona la Resolución N.º 01082-2026-JEE-AQP2/JNE, publicada el día 7 de mayo de 2026, que resolvió la solicitud de nulidad planteada referida a la serie 900 000, en el marco del proceso de Elecciones Generales 2026.

Ahora corresponde al JNE determinar si las actas de la serie 900 000 son válidas o deben ser anuladas, en aplicación de la Ley Orgánica de Elecciones y de la Constitución Política.

De acuerdo con el oficio de Renovación Popular, se pide la “exclusión de dichas actas del cómputo nacional por configurar un fraude electoral estructural y un sistema paralelo de votación ilegal que vulnera el núcleo esencial del derecho fundamental al sufragio”.

A pesar de haberse concedido este recurso de apelación, se conoce que más de 40 solicitudes de nulidad contra estas mesas han sido declaradas improcedentes en otras regiones del país.

En diálogo con la prensa, Quito consideró que el caso es “lamentable” y señaló que todas las investigaciones deben desarrollarse con rapidez para esclarecer los hechos y evitar mayores especulaciones.

“Un congresista, un funcionario elegido por el pueblo, no puede estar en esta situación”, manifestó el legislador.

El parlamentario añadió que, de ser necesario, se debería disponer el levantamiento del fuero parlamentario para facilitar el avance de las investigaciones. Asimismo, sostuvo que los procesos que involucran a congresistas deben tener prioridad, esto debido al impacto que generan en la imagen del Congreso.

“Es importante que se actúe rápidamente y se conozca qué es lo que ha ocurrido”, añadió.

Fiscalía y PNP intervienen domicilio de hermana de la congresista Francis Paredes

En el marco de un megaoperativo ejecutado de manera simultánea, representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional intervinieron la vivienda de Rosa Paredes Castro, hermana de la congresista Jasmina Francis Paredes Castro, de Podemos Perú. El inmueble allanado corresponde a una quinta de fachada verde y portón metálico gris, situada en la cuadra 13 del jirón Junín, en la zona de Barrios Altos, Cercado de Lima.

En el exterior del inmueble se desplegó un amplio resguardo policial a cargo de efectivos del Escuadrón Verde. En el interior, representantes del Décimo Despacho de la Fiscalía Subprovincial Anticorrupción realizaron las diligencias correspondientes en compañía de la familiar de la legisladora.

En Lima, el operativo también comprendió el allanamiento de otros dos inmuebles relacionados con el caso, ubicados en los distritos de Jesús María y Santiago de Surco.

La intervención conjunta de la Policía y el Ministerio Público, que contó con la participación de unidades de la DIRCOCOR y la DIGIMIN, forma parte de un operativo de mayor alcance denominado “Operadores del Oriente”.

El allanamiento fue dispuesto por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que autorizó la intervención de un total de diez inmuebles, tres de ellos en Lima y siete en la región Ucayali.

Las autoridades vienen investigando a esta presunta organización por la posible comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y colusión agravada.

Según la hipótesis del Ministerio Público, la presunta organización criminal habría sido encabezada por la propia Francis Paredes, a quien se le atribuye el alias de la “Profesora”.

La investigación indica que, en coordinación con otros funcionarios y operadores, la parlamentaria habría incorporado a personas de su entorno de confianza para ubicarlas en puestos estratégicos dentro de diversas entidades públicas de la región Ucayali.

Las principales instituciones presuntamente infiltradas serían la Red Asistencial Ucayali de EsSalud, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Dirección Desconcentrada de Cultura, donde se habrían asignado cargos a cambio de presuntos beneficios económicos indebidos.

Además de la presunta venta de cargos públicos, la Fiscalía sostiene que la organización criminal habría operado para obtener ganancias a partir de las necesidades del sector salud. Se le atribuye a la red el direccionamiento de contrataciones relacionadas con el servicio de ambulancias aéreas y vuelos chárter para el traslado de pacientes críticos de la Red Asistencial Ucayali de EsSalud.

En declaraciones a la prensa, Montoya indicó que, de confirmarse los señalamientos realizados por la Fiscalía y la Policía, corresponde que se tomen medidas inmediatas contra la congresista.

“Si es cierta la denuncia, debería estar detenida y puesta a disposición del juez para que decida si corresponde prisión preventiva”, afirmó.

El parlamentario también consideró que la Comisión de Ética del Congreso debe actuar de inmediato para revisar la situación de Paredes, quien actualmente preside la Comisión de Salud del Parlamento.

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El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, rechazó que esta medida represente un rescate económico y advirtió que una paralización de la petrolera tendría impacto en la economía nacional.

“La empresa no puede dejar de operar. Es un riesgo para todo el país que se paralice, porque hay un montón de deudas y bonistas que están detrás de los créditos que se han dado a través de ellos, y eso deteriora la imagen del país”, señaló para RPP.

El ministro también indicó que los fondos no serán utilizados para el pago de salarios ni utilidades, sino para cubrir gastos operativos.

“Este fideicomiso está marcando una pauta de operatividad para que la empresa no se detenga. Es un tema de gasto operativo necesario, hay que comprar combustible, hay que dar mantenimiento a ciertas partes de la planta, comprar algunos insumos. No estoy hablando de sueldos, no estoy hablando de utilidades”, precisó.

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Durante su visita a Iquitos, el jefe de Estado encabezará el primer Consejo de Ministros Descentralizado, una actividad con la que el Gobierno busca impulsar decisiones desde el territorio para acelerar proyectos y mejorar las condiciones de vida en la Amazonía.

En la comitiva oficial también participan el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, además del ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores; el titular de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.

Asimismo, forman parte del viaje el ministro de Vivienda, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate; el ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján; y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Betzabeth Pariona Valer.

¡Rumbo a Iquitos! El presidente José María Balcázar se traslada a la región Loreto junto a ministros de Estado para cumplir una agenda de trabajo en Iquitos enfocada en destrabar proyectos prioritarios para la población.

Como parte de este despliegue, el mandatario liderará el… pic.twitter.com/qqYXqmNtRW

— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) May 13, 2026

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En el exterior del inmueble se desplegó un amplio resguardo policial a cargo de efectivos del Escuadrón Verde. En el interior, representantes del Décimo Despacho de la Fiscalía Subprovincial Anticorrupción realizaron las diligencias correspondientes en compañía de la familiar de la legisladora.

En Lima, el operativo también comprendió el allanamiento de otros dos inmuebles relacionados con el caso, ubicados en los distritos de Jesús María y Santiago de Surco.

La intervención conjunta de la Policía y el Ministerio Público, que contó con la participación de unidades de la DIRCOCOR y la DIGIMIN, forma parte de un operativo de mayor alcance denominado “Operadores del Oriente”.

El allanamiento fue dispuesto por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que autorizó la intervención de un total de diez inmuebles, tres de ellos en Lima y siete en la región Ucayali.

Las autoridades vienen investigando a esta presunta organización por la posible comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y colusión agravada.

Según la hipótesis del Ministerio Público, la presunta organización criminal habría sido encabezada por la propia Francis Paredes, a quien se le atribuye el alias de la “Profesora”.

La investigación indica que, en coordinación con otros funcionarios y operadores, la parlamentaria habría incorporado a personas de su entorno de confianza para ubicarlas en puestos estratégicos dentro de diversas entidades públicas de la región Ucayali.

Las principales instituciones presuntamente infiltradas serían la Red Asistencial Ucayali de EsSalud, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Dirección Desconcentrada de Cultura, donde se habrían asignado cargos a cambio de presuntos beneficios económicos indebidos.

Además de la presunta venta de cargos públicos, la Fiscalía sostiene que la organización criminal habría operado para obtener ganancias a partir de las necesidades del sector salud. Se le atribuye a la red el direccionamiento de contrataciones relacionadas con el servicio de ambulancias aéreas y vuelos chárter para el traslado de pacientes críticos de la Red Asistencial Ucayali de EsSalud.

La decisión se adoptó con 16 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones.

Para que la iniciativa sea efectiva, el texto tendrá que ser aprobado en el Pleno.

DETALLES

La iniciativa fue presentada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, como parte de una exhortación del Tribunal Constitucional (TC) hacia el Poder Legislativo para que se determine qué es el delito de lesa humanidad.

De acuerdo con el predictamen, el delito de lesa humanidad se describe de la siguiente manera: “Toda persona que realiza, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una determinada población civil, con intención y conocimiento de dicho ataque, los delitos de homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada y tortura del Código Penal es reprimido con pena privativa de libertad no menor de treinta años a cadena perpetua”.

CONDICIONES

Para que el delito sea calificado como lesa humanidad, se deben cumplir ciertos elementos.

El primero es que el ataque sea generalizado, es decir, cuando se hace de manera masiva, múltiple, frecuente y a mayor escala contra un gran número de personas identificadas por temas de origen, raza, religión, cultura o de otro tipo.

“Ataque sistemático es la conducta planificada, mediante una logística previa, para promover ese ataque con aplicación metódica en la perpetración del delito, de conformidad con una política de gobierno, o de conformidad con los planes de una organización de grupos armados para cometer ese ataque”, se lee en la propuesta.

El segundo punto es que el ataque sea hacia un grupo humano que no es parte de un combate interno o externo, mientras que el tercero es que quien realiza el ataque, lo hace con conocimiento.

“La Evaluación Parcial de Desempeño es un procedimiento aplicado a los magistrados titulares cada tres años y seis meses, desde su nombramiento o última ratificación, y busca fortalecer el sistema de justicia, al promover una justicia confiable, eficaz, eficiente e idónea”, sostiene la JNJ. Burneo es juez supremo.

Precisiones

Dicha evaluación no definirá la permanencia de un magistrado en el cargo; sin embargo, sí podría ser tomada en cuenta por los consejeros de la Junta al momento de decidir si ratifica a un juez o fiscal.

Según lo establecido, el proceso tiene una finalidad formativa, pues está orientado al “conocimiento objetivo de los logros, aportes, competencias, potencialidades, limitaciones, oportunidades de mejora y debilidades de los magistrados de todos los niveles”.

“Ello con el objeto de realizar las acciones necesarias para favorecer el desarrollo personal y profesional del evaluado(a)”, indica.

Asimismo, la publicación precisa que el apersonamiento de jueces y fiscales para dicho procedimiento se realizará del 12 de mayo al 10 de junio.

El cronograma también contempla reuniones de coordinación con la Academia de la Magistratura entre el 5 y el 18 de junio.

Además, del 13 de octubre al 16 de noviembre se elaborarán los informes individuales de evaluación parcial de desempeño.

Finalmente, desde el 17 de noviembre, los expedientes de cada magistrado serán elevados al pleno de la JNJ para su conocimiento y aprobación.

Además, le otorgó un plazo de tres días para subsanar las observaciones formuladas por el despacho judicial a cargo del juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán.

Fundamentos

De acuerdo con la resolución del expediente 07299-2026-0-1801-JR-DC-11, se advirtió una “dualidad incompatible” en la condición bajo la cual Reggiardo interpuso la demanda.

“El accionante se presenta con sus generales de ley como ciudadano individual, lo cual remitiría a una defensa de su derecho al sufragio. Sin embargo, invoca el artículo 20, inciso 1, de la Ley Orgánica de Municipalidades, para justificar su intervención en defensa de los vecinos de Lima”, se indicó.

Al respecto, el juzgado consideró que “si actúa como alcalde, la parte demandante es la Municipalidad Metropolitana de Lima; si actúa como ciudadano, es un particular”.

Además, cuestionó que se invoque la defensa de “intereses difusos” sin precisar cómo se configura dicha afectación ni cuál sería el grupo perjudicado.

El juzgado también se pronunció sobre el pedido de Reggiardo para que el Poder Judicial (PJ) ordene al JNE convocar a elecciones complementarias, al considerar que se trata de una “pretensión que no se sostiene en dispositivo legal expreso”.

Finalmente, se le advirtió que, de no subsanar las observaciones dentro del plazo establecido, el expediente será archivado.

Respuesta

La Municipalidad de Lima informó que acatará el pedido del juez Ramírez. Asimismo, sostuvo que la acción judicial ejecutada por Reggiardo se hizo en ejercicio de la “atribución legal establecida en el numeral 1 del artículo 20 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades”.

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente. La diferencia de este último con Rafael López Aliaga es de más de 14 mil votos.

La segunda vuelta parece definida entre dos bandos ideológicos opuestos. No obstante, a nivel nacional, el electorado de derecha parece concentrar más de seis millones de votos mientras que el de izquierda está cerca de los cinco millones.

Proyecciones

Son siete los aspirantes a la presidencia, de distintas vertientes ideológicas, los que superaron el umbral del 7% de votos.

De dicho grupo, tres pertenecen o están asociados al sector de derecha. Se trata de Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Carlos Álvarez (País Para Todos).

La primera obtuvo 2′872,238 de votos mientras que los dos últimos 1′992,101 y 1′325,267, respectivamente. Todo el grupo congrega a un total de 6′189,606 electores, un 37.012% de votos a nivel nacional.

El voto de izquierda, por otro lado, representaría un total 4′924,492 de votos (29.448%). Esta suma se desprende del respaldo que obtuvieron en las urnas Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Alfonso López-Chau (Ahora Nación) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).

Sánchez Palomino, quien enfrentaría a Fujimori en una segunda vuelta, reúne 2′008,050 (12.008%) de votos, a los que se suman 1′219,889 (7.295%) y 1′696,553 (10.145%) de López-Chau y Belmont, respectivamente.

Finalmente, el sector de centro tuvo a Jorge Nieto, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, con 1′835,883 (10.978%). Sus votos serán decisivos pero hay dudas sobre a quién se dirigirán.

Panorama

De cara a la segunda vuelta, tanto Sánchez Palomino como Fujimori Higuchi buscan ahora fortalecer o aumentar su popularidad en un determinado grupo de regiones. La campaña está en marcha.

Sánchez, actual congresista de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, obtuvo su mayor número de votos (266,860) en Cajamarca. El electorado que simpatiza con el expresidente Pedro Castillo, oriundo de dicha provincia, fue clave en este resultado.

Castillo y su entorno, tanto familiar como político, apoyan desde el inicio de la campaña la candidatura del exministro del golpista, que fue titular de Comercio Exterior y Turismo.

En la lista de regiones que más respaldaron a Sánchez se encuentran también Cusco (158,426), Puno (162,460), Huánuco (102,366) y San Martín (92,606).

En contraste, acumuló pocas adhesiones en Tumbes (7,748), Moquegua (14,655), Callao (17,377), Madre de Dios (18,602) y Pasco (21,562).

Por otro lado, Fujimori se erige en la capital como la candidata más votada con 1′088,979 votos (17.905%). Además de Lima, concentra su mayor electorado en Piura (244,002), La Libertad (188,993), Lambayeque (176,103) y la Provincia Constitucional del Callao (119,476).

Sin embargo, la lideresa de Fuerza Popular registra escasos votos en Moquegua (7,557), Madre de Dios (10,778), Huancavelica (12,238), Apurímac (13,805) y Tacna (15,125).

Perspectivas

Al respecto, el analista político Luis Nunes señaló a este Diario que la campaña electoral, de camino a la segunda vuelta, será “confrontacional”.

De acuerdo a sus estimaciones, Fujimori tendrá una estrategia más enfocada en propuestas electorales, mientras que su contrincante, Roberto Sánchez, “endurecerá” la agenda ya esbozada.

“Me parece que la candidata Fujimori hará una campaña más propositiva con énfasis en el recuerdo de las buenas obras que hizo su padre. La he visto en regiones como Ayacucho hablando de ello. Creo que se enfocará en la mejora económica, más colegios, mejor salud y más empleo”, indicó.

Sobre Sánchez, señaló: “Creo que se irá por una agenda más dura, más nacionalista, nombrando como apoyo al expresidente Pedro Castillo y fijando posición sobre los grandes desajustes que hay en la población. Esto es, insistir en que ‘el sur del país está olvidado’, que ‘todo se centraliza en Lima’ y que hay un descuido de la población más vulnerable”.Nune

Nunes consideró que Fujimori “tendrá que ganarse” el bolsón de votos que deje Rafael López Aliaga, contrincante afín a su tendencia ideológica.

“No creo que haya un endose automático de votos. Hay que tomar en cuenta que, si este viernes se proclaman los resultados de la segunda vuelta, habrá que ver cuál será la posición final de López Aliaga. Él dijo que desconocería los resultados, eso pone en aprietos y genera dudas en sus votantes”, apuntó.

Finalmente, remarcó que los votos ‘antifujimorista’ y ‘antiestablishment’ (antiLima) “convergen” en cierto punto.

“Vamos a ver esa confrontación por parte de Sánchez, de provincias contra Lima; y a Fujimori haciendo esfuerzo en regiones que no le fueron favorables. Ella va a tratar de llegar a lugares donde el antifujimorismo está presente y mostrar otra cara”, puntualizó.

Sus representantes precisaron a RPP que su labor fue exclusivamente preventiva y previa a la jornada electoral, enfocada en la seguridad de los sistemas, sin incluir soporte técnico operativo de los equipos durante el día de la votación.

Eric Morán Añasco, representante de la empresa, señaló que las fallas reportadas en impresoras y el desabastecimiento de insumos no constituyen incidentes de seguridad de la información.

Según explicó, dichos inconvenientes corresponden a un servicio de soporte técnico o mesa de ayuda que no está incluido en su contrato, ya que su labor se enfocó en la detección de vulnerabilidades en el código fuente y en la ejecución de pruebas de seguridad antes de que los sistemas entraran en producción.

“Si por ejemplo no imprime la la impresora, si el software por ahí no me puede loguear, eso lo atiende mesa de ayuda, el Help Desk. Pero cuando hay un incidente de seguridad quiere decir que se ha roto un principio de la información con confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. Recién cuando alguno de esos tres componentes se ve comprometido, eso constituye un incidente de seguridad de la información y eso no ocurrió“, sostuvo Morán Añasco.

El representante de la firma afirmó que la auditoría ejecutada entre noviembre y abril permitió identificar más de 6,000 observaciones en los sistemas de cómputo y de asistencia electoral de la ONPE.

“Los representantes confirmaron que, mediante una adenda recientemente firmada, realizarán una auditoría de integridad al 100% de las actas una vez que la ONPE finalice el conteo oficial de los votos”, manifestó.

Asimismo, señaló que las observaciones consideradas críticas —aquellas que, tras un análisis de riesgos, podrían haber afectado la voluntad popular— fueron informadas de manera oportuna y corregidas por la institución electoral hasta dos días antes de la jornada de votación.

“Los hallazgos críticos, los que sí comprometían o podían comprometer, porque hay que decirlo en base a una probabilidad, siempre se hace un análisis de riesgos, fueron corregidos [...] nosotros hemos acompañado hasta antes de la elección”, enfatizó Morán Añasco.

La empresa también se refirió a un reportaje del programa Cuarto Poder sobre una sanción de inhabilitación por 11 meses impuesta en 2016 por el tribunal del OSCE, tras la presentación de información inexacta.

Al respecto, Eric Morán Añasco reconoció la existencia de la resolución, aunque la consideró injusta, y defendió la trayectoria de 19 años de la empresa. Asimismo, explicó que la reducción a dos trabajadores en planilla responde a una reestructuración de su modelo operativo.

“El modelo de negocio ya cambió. A raíz de la pandemia ha cambiado. Nosotros antes de pandemia hemos tenido oficinas físicas un montón. Incluso hemos llegado a tener hasta 25 empleados en planilla”, refirió.

“Pero si hoy hay una investigación y acciones que el sistema de justicia tiene que tomar, nosotros creemos que, respetando el debido proceso, tomando las diligencias necesarias, tiene que investigarse. Nosotros no podemos ni condenar de manera anticipada, tampoco ni justificar que se realicen investigaciones necesarias respetando el debido proceso, la diligencia como corresponde”, manifestó a la prensa tras participar de unas actividades en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Sánchez indicó que la situación de la candidata ha causado sorpresa en su partido, aunque precisó que su postulación fue posible al no existir impedimentos previos. Asimismo, exhortó a Jhuliana Angélica Carbonel a someterse a las investigaciones correspondientes.

“Yo creo que la compañera precandidata tiene que dar cuenta, someterse a la investigación. Nosotros hemos mandado (personal) para saber exactamente de qué se trata porque nosotros no vamos a de ninguna manera avalar ni atropellos ni tampoco acciones ilegales”, manifestó.

Además, Roberto Sánchez confirmó ante la prensa que participará en la audiencia virtual del próximo 27 de mayo, en la que se le investiga por presuntamente haber desviado fondos del partido Juntos por el Perú a cuentas personales y de su hermano. No obstante, precisó que dicho caso ya se encuentra archivado.

“El que era presidente del comité electoral, mi hermano, militante del partido y tiene más de 20 años de militancia, fue elegido como presidente del comité electoral en un congreso nacional de partido, no a dedo, en un congreso nacional. En ese tiempo, para recuperar la vigencia del partido, no teníamos ni tesorero ni aportes públicos ni cuenta partidaria. El comité electoral hace su autogestión. Por lo tanto, a él también se le acusaba y ha sido archivado”, enfatizó.

De acuerdo con la ONPE, las presuntas irregularidades están relacionadas con viajes realizados por la lideresa de Fuerza Popular al extranjero para supuestas capacitaciones cuya validez fue cuestionada por la entidad electoral. En ese contexto, la candidata presidencial confirmó que apelarán la sanción y aseguró que dichos viajes cuentan con sustento.

“Los viajes que se han hecho, en nuestro caso el señor Pacheco del Águila y quien habla a la ciudad de San Francisco, han sido un viaje académico. Todo esto ha sido sustentado. El viaje del señor ‘Miki’ Torres ha sido un viaje político”, manifestó la candidata presidencial.

“Nosotros vamos a apelar y estamos absolutamente convencidos de que ganaremos”, agregó.

Además, Keiko Fujimori señaló que espera un “proceso transparente y de debido proceso” en la investigación que afronta Roberto Sánchez por el presunto desvío de fondos en perjuicio de Juntos por el Perú.

“Lo que a nosotros siempre nos ha preocupado es que el Ministerio Público se convierta en un actor político. Entonces, yo creo que frente a esta situación, lo que todos los ciudadanos exigimos es que un proceso judicial tiene que ser transparente, de respeto absoluto al debido proceso. Porque aquí quienes ponen en riesgo su prestigio es el propio Ministerio Público. Así es que yo hago esta invocación para que sea un proceso transparente y de debido proceso”, sostuvo desde Puerto Pizarro en Tumbes, donde realiza actividades de campaña.

Como se recuerda, Sánchez es investigado por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones, a raíz de informes financieros presentados por su partido ante la ONPE en 2020 y 2021.

Sobre ello, Gálvez indicó que el proceso “sigue su curso, sin ningún inconveniente”, ya que “mientras esté en trámite”, Sánchez “está siempre beneficiado por la presunción de inocencia”. Sin embargo, advirtió que una eventual inhabilitación podría generar complicaciones en su candidatura o incluso en una posible juramentación como presidente de la República.

“Él hace su vida normal, sigue como candidato, sigue su actividad política sin ningún problema. Ahora, si concluyera el juicio y lo condenan, ahí sí ya es otra cosa, porque si lo condenan a inhabilitación podría tener problemas para participar en la segunda vuelta o, en todo caso, para juramentar. Si lo condenaran, cosa que no sabemos, porque los detalles desconocemos; pero si no, lo absuelven y no hay problema, él sigue trabajando igual”, señaló.

Además, señaló que, en caso de que Roberto Sánchez resulte elegido presidente de la República, el proceso en su contra quedaría suspendido.

“Si él ganara, habría todavía un espacio [de tiempo] ahí una vez que juramenta, pero podríamos decir que si ya saliera elegido se paralizaría la investigación, ciertamente”, resaltó.

En otro momento, Tomás Gálvez precisó que las investigaciones contra autoridades electorales no son competencia del fiscal de la Nación, sino de las fiscalías provinciales.

“Nosotros participamos ante la posibilidad, la presunción o la existencia de un indicio que nos lleve a presumir la comisión de un delito, y estamos investigando al respecto, tenemos varias carpetas, inclusive tenemos un fiscal que está dedicado a exclusividad sobre los casos producidos en Lima, pero para los casos de provincias [los] están conociendo diversos fiscales determinados ya por la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de cada distrito fiscal. Eso está siguiendo conforme a la independencia y la autonomía del propio fiscal”, refirió.

“Recuerden que esto no es competencia del Fiscal de la Nación, porque la prensa ha informado, en muchos casos, equivocadamente, diciendo ‘qué hace el Fiscal de la Nación que no resuelve, que no dispone la detención de Corvetto, etc.’ Esto no es competencia de la Fiscalía de la Nación, sino de la fiscalía provincial. Ahí hay que hacer las precisiones para evitar confundir a la ciudadanía”, enfatizó.

En ese sentido, Gálvez remarcó que “cualquier decisión respecto a los resultados electorales es competencia exclusiva y excluyente del JNE”.

“El problema en la justicia electoral que tenemos en este momento, en los resultados del proceso electoral, eso es de competencia exclusiva y excluyente del JNE y demás entidades vinculadas a la justicia electoral”, sostuvo.

En el documento, al que tuvo acceso RPP, también se precisa el pedido de inhabilitación para ejercer la presidencia de dicha agrupación política.

Sobre ello, Carlos García Asenjo, abogado defensor de Sánchez, señaló que ambos delitos imputados están relacionados con un mismo hecho: la presentación de informes financieros.

El jurista explicó que los hechos correspondientes al 2020 fueron calificados como falsa declaración, mientras que los del 2021 fueron tipificados como falseamiento de información sobre aportaciones, ya que este último delito recién fue incorporado ese año.

“En realidad es la misma conducta. Para el señor Sánchez, están pidiendo la pena de cinco años y cuatro meses. Nosotros creemos que hay algunas cosas que ver antes de que se emita un nuevo auto de enjuiciamiento”, expresó.

El abogado rechazó la acusación y sostuvo que Roberto Sánchez no tiene responsabilidad sobre los informes financieros del partido, ya que estos son elaborados por el tesorero y él solo los presentó ante la ONPE en su condición de presidente de la agrupación.

Además, se conoció que la defensa evaluará solicitar que se declare la prescripción de los hechos imputados.

“El Ministerio Público está confundiendo quién es el verdadero transmisor de la información económica del partido. Quien envía la información económica del partido o quien es el responsable de elaborar e informar sobre las cuentas es el tesorero. Lo que hace el señor Roberto Sánchez es agarrar el informe, hacer una carta indicando que está adjuntando la información económica elaborada por el tesorero y presentarla ante la ONPE”, manifestó.

Según reveló el último fin de semana el dominical Cuarto Poder, la Fiscalía atribuye a Roberto Sánchez el presunto desvío de hasta 280 mil soles de su partido hacia cuentas personales, tanto suyas como de su hermano.

De acuerdo con la defensa del candidato, por este caso también se le investigó por el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas; sin embargo, dicha imputación fue archivada.

El próximo 27 de mayo se realizará una audiencia en la que un juez evaluará si Roberto Sánchez afrontará un juicio oral por esta acusación, proceso en el que se determinará su responsabilidad o inocencia.

“Hicimos importantes esfuerzos para que nuestro país mantenga una posición equidistante con las dos grandes potencias”, indicó.

En ese sentido, recordó que Estados Unidos oficializó la designación del Perú como “Aliado Principal No Miembro de la OTAN” y resaltó avances en proyectos relacionados con defensa, infraestructura y minerales críticos.

“Avanzamos sustantivamente en la posibilidad de construcción de un puerto espacial, obtuvimos su colaboración para relocalizar la Base Naval de El Callao y para ampliar la capacidad de Matarani, así como generar una alianza para aprovechar nuestra riqueza en minerales críticos mediante la firma de un Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos, que establece un marco de cooperación bilateral para asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras en todas las etapas de la cadena”, sostuvo.

Además, destacó la firma del contrato para la adquisición de aviones F-16 y la cooperación con especialistas del FBI en la lucha contra el crimen transnacional.

“Se firmó asimismo el contrato de compra de los aviones F-16 para que nuestra Fuerza Aérea pueda recuperar, después de varias décadas, su capacidad operativa y disuasiva para proteger nuestra soberanía”, manifestó.

“Nos apoyaron también, con expertos del FBI, en la elaboración del plan para la lucha contra el crimen transnacional. En el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas, concertamos una próxima visita al Perú del Secretario de Estado y también varias actividades conmemorativas en Washington y en Lima de este importante aniversario”, agregó.

Respecto a la relación con China, De Zela señaló que se trabajó “de manera sustantiva” en torno al puerto de Chancay y en fortalecer al Perú como un hub regional de comercio hacia Asia-Pacífico: “La relación política se encuentra en un nivel óptimo, caracterizado por la confianza política, el dinamismo económico y una amplia agenda de cooperación”.

El excanciller también se pronunció sobre el deterioro de las relaciones con México tras el asilo concedido a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez. Según afirmó, esta decisión formó parte de “una serie de actos inamistosos” por parte del gobierno mexicano desde diciembre de 2022 y justificó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, aunque se mantuvieron los vínculos consulares.

En otro momento, De Zela respaldó la postura peruana sobre el asilo diplomático e indicó que este mecanismo “no debe ser utilizado como una vía de impunidad para personas procesadas por delitos comunes”. Asimismo, expresó que varios cancilleres de la región apoyaron esta posición planteada ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su mensaje final, el diplomático también reflexionó sobre el papel del Servicio Diplomático en el actual contexto político. “Servimos a los intereses permanentes del país y no a las urgencias políticas del momento”, manifestó. Posteriormente, deseó éxitos al nuevo canciller, Carlos Pareja, y afirmó sentir “un profundo alivio” porque Torre Tagle queda “en manos de un profesional experimentado”.

Durante sus declaraciones, sostuvo que el problema no se limita al reciente desembolso y afirmó que el Estado ha destinado importantes recursos a la petrolera en los últimos años.

“El problema ya no solamente son los últimos 2 mil millones de soles, son los más de 30 mil millones de soles que el Estado, que todos los peruanos hemos tenido que asumir”, manifestó ante la prensa.

Fujimori también planteó que el Estado debería retirarse de actividades que, según indicó, no generan ingresos, como la exploración petrolera. En esa línea, propuso que la empresa opere bajo un esquema de asociación público-privada.

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En su recurso, el burgomaestre también solicitó que se ordene la realización de nuevos comicios en los distritos donde se reportaron inconvenientes durante el proceso electoral. Sin embargo, el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima determinó que la demanda presentaba observaciones que impedían continuar con su trámite.

Juzgado detectó ambigüedades en la demanda

De acuerdo con la resolución judicial, el documento presentado por Reggiardo contiene “ambigüedades sustanciales”, por lo que el juzgado otorgó un plazo de tres días para que estas observaciones sean corregidas. En caso no se subsanen los cuestionamientos dentro del tiempo establecido, el expediente será archivado.

El juzgado advirtió que existe una inconsistencia en la condición bajo la cual el alcalde interpuso la demanda. Según el documento, Reggiardo se presenta al mismo tiempo como ciudadano particular y como autoridad municipal, lo que fue considerado incompatible por el órgano jurisdiccional.

La resolución precisa que no se adjuntó documentación que acredite formalmente que el alcalde estaba facultado para intervenir en representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esa omisión fue incluida entre las razones por las que el recurso no fue admitido.

Cuestionan representación del alcalde

El juzgado explicó que existe una contradicción en la forma en que el demandante sustenta su participación dentro del proceso. En esa línea, el documento judicial señala que “el accionante se presenta con sus generales de ley como ciudadano individual, lo cual remitiría a una defensa de su derecho al sufragio”.

La resolución añade que, pese a ello, Reggiardo también argumenta que actúa en defensa de los ciudadanos de Lima.

“Sin embargo, invoca el artículo 20, inciso 1, de la Ley Orgánica de Municipalidades, para justificar su intervención en defensa de los vecinos de Lima…”, se lee en el texto.

Otro de los puntos observados por el juez fue que la convocatoria de elecciones corresponde exclusivamente al presidente de la República. Pese a ello, el mandatario no fue incluido dentro de la demanda de amparo presentada por el alcalde de Lima.

El juzgado remarcó que esta omisión también forma parte de las observaciones planteadas dentro del proceso. Reggiardo ahora deberá corregir los cuestionamientos señalados por el Poder Judicial si busca que su demanda continúe su curso legal.

Durante su pronunciamiento, sostuvo que el proyecto, actualmente en debate en la Comisión de Constitución, busca modernizar el trabajo fiscal y mejorar las herramientas de investigación.

“Esperemos que sea aprobada. Creo que va a facilitar enormemente la reforma institucional y la superación de múltiples problemas que tenemos como institución”, señaló.

Gálvez indicó que uno de los principales cambios plantea enfocarse en los patrimonios de las organizaciones criminales para identificar, congelar, decomisar y recuperar bienes obtenidos de actividades ilícitas.

En ese marco, anunció la creación de una Unidad de Recuperación de Activos y de la Oficina de Análisis Estratégico de la Criminalidad (OFAE).

Además, cuestionó que algunas investigaciones fiscales se inicien únicamente por publicaciones periodísticas o denuncias sin sustento suficiente.

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El burgomaestre además aseguró que su administración viene colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos.

“Acá no hay ningún ocultamiento. Acá estamos colaborando y he instruido a mis funcionarios que hagan una apertura total para el esclarecimiento de los hechos”, expresó.

Acusa presuntas represalias de mafias

Rubén Cano sostuvo que las investigaciones estarían relacionadas con las acciones impulsadas por su gestión para recuperar espacios públicos ocupados por el comercio informal. Según indicó, estas intervenciones habrían afectado a grupos dedicados a la venta ilegal de espacios en la vía pública.

“Es la forma de vengarse de los delincuentes”, indicó.

El alcalde también señaló que estas organizaciones tendrían presencia desde hace varios años en el distrito.

“Esto debe ser una venganza de los delincuentes, de las mafias organizadas, que venden los espacios públicos por la calle, que están enquistadas hace veinte años en La Victoria”, argumentó.

¿Qué dijo sobre los funcionarios municipales implicados?

Durante su pronunciamiento, la autoridad municipal indicó que no puede supervisar de manera directa el trabajo de todos los empleados de la comuna. Asimismo, remarcó que la municipalidad cuenta con una gran cantidad de personal.

“Todos los funcionarios tienen su obligación. Yo como alcalde no tengo que estar cuidando la labor que tiene cada uno de ellos. Tengo 2.500 empleados acá”, precisó.

Cano aseguró que las personas incluidas en las investigaciones ya no forman parte de su gestión. Según afirmó, no existen funcionarios actuales comprometidos en los hechos investigados.

En otro momento, el alcalde destacó las acciones ejecutadas durante su administración para liberar espacios en zonas comerciales de Gamarra.

El caso “Los Pulpos de La Victoria” investiga a funcionarios y exfuncionarios municipales por presuntos delitos de organización criminal, extorsión y cobro de cupos. Las diligencias fiscales continúan para determinar responsabilidades.

Durante el debate, varios parlamentarios cuestionaron que la propuesta no haya sido revisada previamente por la Comisión de Justicia.

También advirtieron que el texto no recogió opiniones técnicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú ni de otras entidades especializadas, y señalaron que tampoco se consideró la postura de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Además, se alertó que la iniciativa podría tener efectos en procesos actualmente en trámite relacionados con las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En respuesta, el congresista Fernando Rospigliosi afirmó que la propuesta busca evitar “injusticias y arbitrariedades” contra integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

En la misma sesión, el grupo de trabajo también aprobó una opinión consultiva sobre congresistas con sentencia en primera instancia.

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Con el conteo en su tramo decisivo, los ciudadanos permanecen atentos a la actualización de cifras que definirá a los dos aspirantes que volverán a competir en las urnas. La jornada electoral dejó una disputa ajustada entre los principales candidatos.

¿Cómo va el conteo de votos?

De acuerdo con el último reporte oficial de la ONPE, al 99.778 % de actas procesadas, Keiko Fujimori encabeza los resultados con 17.175 % de votos válidos.

En el segundo lugar se ubica Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, quien alcanza 12.006 % de los votos válidos. Muy cerca aparece Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 11.912 %.

La diferencia entre el segundo y tercer lugar mantiene expectativa mientras continúa el procesamiento de las actas pendientes. Los resultados finales serán determinantes para confirmar a los dos postulantes que avanzarán al balotaje.

Jurados electorales inician proclamación

En paralelo al conteo, los Jurados Electorales Especiales comenzaron el proceso de proclamación de resultados correspondientes a la elección presidencial. Esta etapa forma parte del cronograma electoral previo a la oficialización de resultados.

Las autoridades electorales deberán resolver cualquier observación pendiente antes de cerrar el proceso. Luego de ello se oficializará a los candidatos que competirán en la siguiente jornada electoral.

¿Cuándo será la segunda vuelta?

Los dos postulantes que logren mantenerse en los primeros lugares disputarán la segunda vuelta presidencial. Según el calendario electoral, los peruanos volverán a votar el próximo domingo 7 de junio.

Ese proceso definirá al próximo presidente del país para el nuevo periodo de gobierno. Mientras tanto, el conteo de votos continúa bajo supervisión de los organismos electorales.

La magistrada señaló que el sistema judicial peruano ha asumido un rol activo frente a los conflictos socioambientales que afectan principalmente a poblaciones vulnerables.

En ese marco, indicó que jueces han emitido fallos y medidas orientadas a reparar daños ambientales y proteger derechos humanos.

Asimismo, recordó que en Perú no existe una norma específica denominada “Ley de Resiliencia Ambiental”, aunque precisó que el Código Penal contempla sanciones por delitos vinculados a contaminación, afectación de recursos naturales e incumplimiento de estándares ambientales por responsabilidad funcional.

Entre los casos mencionados, destacó la sentencia contra los responsables del asesinato de cuatro líderes ashéninkas de la comunidad de Saweto, quienes defendían sus bosques frente a la tala ilegal.

Desde El Vaticano, Janet Tello Gilardi expuso políticas institucionales, acciones, leyes, sentencias, así como la jurisprudencia nacional e internacional vigentes en el país para proteger el medio ambiente y enfrentar los desafíos del cambio climático en la región. Ver aquí:… pic.twitter.com/g7WgwTcMft

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 12, 2026

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El titular de la Defensoría del Pueblo precisó en Exitosa que la institución no toma posición a favor de partidos o candidatos. Sin embargo, sostuvo que sí corresponde advertir deficiencias detectadas durante el proceso.

Al referirse a las responsabilidades por lo ocurrido, señaló que los problemas deben ser asumidos de manera conjunta por los organismos electorales.

“Lo cierto es que han habido irregularidades, negligencia grave ocasionado por el sistema. Se está hablando esto de manera parcial. Fallaron determinados funcionarios de la ONPE, pasó lo que pasó, pero fallaron también los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto se responde como sistema, no se responde aparte”, explicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, alertó sobre presuntas “irregularidades y negligencias graves” generadas por el sistema durante las elecciones, señalando que algunos funcionarios de la ONPE y el Jurado Nacional de… pic.twitter.com/SbagxOMmrX

— Exitosa Noticias (@exitosape) May 12, 2026

Cuestiona uso del sistema STAE

Josué Gutiérrez también se refirió al informe elaborado por su institución tras supervisar la jornada electoral. En esa línea indicó que uno de los principales problemas detectados estuvo relacionado con la implementación del sistema STAE en Lima y Callao.

El funcionario consideró que la aplicación de este mecanismo no fue adecuada. Según explicó, el sistema requería condiciones previas para funcionar correctamente.

Explicó que la plataforma debió quedar instalada con anticipación para operar sin inconvenientes durante la jornada electoral. Por otro lado, indicó que debía existir personal suficiente para brindar soporte técnico.

Segunda vuelta será con sistema convencional

El defensor informó que la Defensoría ya presentó recomendaciones para la próxima jornada electoral. Entre ellas figura el retorno al mecanismo tradicional de votación para la segunda vuelta.

“Ya se tomó la decisión he insistido para que la segunda vuelta no esté con el sistema STAE, además, necesita hacer algunos ajustes adicionales. Vamos a volver al sistema convencional, todo el país va a tener unas elecciones convencionales como siempre ha ocurrido”, aseguró.

Finalmente, señaló que el objetivo es fortalecer la confianza de la población en el proceso electoral. Recordó que en una eventual segunda vuelta ajustada, la transparencia será un elemento clave.

El exmandatario cumple una condena de 11 años y cinco meses de cárcel por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Actualmente permanece recluido en el Penal de Barbadillo tras ser hallado responsable del delito de conspiración para la rebelión.

¿Cuál es la posición del Ejecutivo?

Durante una entrevista en RPP, el jefe del gabinete descartó que esta posibilidad esté siendo evaluada por la administración del presidente José María Balcázar.

“Eso no existe para nada, ayer lo dije. En este gobierno del presidente Balcázar, nunca estuvo en agenda”, comentó.

Arroyo también explicó que la situación judicial de Castillo aún no ha concluido. Señaló que la sentencia dictada contra el exmandatario todavía puede ser revisada en una instancia superior.

Al referirse a ese escenario, el premier sostuvo que aún no se cumplen las condiciones para evaluar una medida de ese tipo.

“Para que un indulto esté en agenda tiene que tener una sentencia firme, y no hay nada de eso. Sabemos cómo está la situación del expresidente Castillo; consecuentemente, tampoco está en agenda”, precisó.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros señaló que abordó este tema con el mandatario el lunes. Tras esa conversación, afirmó que la postura del Ejecutivo se mantiene sin cambios.

“Mantenemos esas palabras que manifesté ayer, y lo reafirmo”, concluyó.

Se trata de Jhuliana Carbonel Carbonel, quien, de acuerdo con los resultados difundidos por la ONPE, sería virtual diputada por la agrupación política liderada por Roberto Sánchez.

Aparece en expediente fiscal

Según información revelada por Canal N, Carbonel figura dentro del expediente de investigación junto a funcionarios y trabajadores municipales que también son investigados por presuntamente integrar esta red.

Las pesquisas buscan determinar el nivel de participación de cada una de las personas incluidas en el caso. Hasta el momento, las autoridades no han detallado cuál habría sido el rol específico de la candidata dentro de la investigación.

¿Quién es Jhuliana Carbonel?

De acuerdo con su hoja de vida presentada ante organismos electorales, Jhuliana Carbonel Carbonel trabajó como fisioterapeuta hasta el año 2025. Además, registra como lugar de residencia el distrito de El Agustino.

La aparición de su nombre en la investigación ocurre mientras continúa el proceso electoral y en medio de nuevas diligencias fiscales relacionadas con este caso.

Las autoridades mantienen operativos en distintas oficinas de la Municipalidad de La Victoria como parte de la investigación. Entre los espacios intervenidos figura el centro de monitoreo de cámaras de seguridad ubicado en la zona comercial de Gamarra.

La cartera precisó que respeta la autonomía del Ministerio Público y respaldó el fortalecimiento del sistema de justicia. Sin embargo, remarcó que ello no debe implicar reducir las competencias operativas de la Policía.

📄 #ComunicadoMininter pic.twitter.com/RrXVeecmq8

— Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) May 12, 2026

¿Qué medidas cuestionan?

El ministerio recordó que el artículo 166 de la Constitución establece que la Policía tiene la función de prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Además, señaló que el modelo actual de trabajo entre fiscales y agentes ya fue respaldado por el Tribunal Constitucional del Perú.

Según explicó, el Ministerio Público mantiene la conducción jurídica de los casos mientras que la Policía desarrolla las labores operativas y periciales. Para el sector, modificar ese esquema podría afectar la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos.

El Mininter también cuestionó que la propuesta otorgue a la Fiscalía funciones relacionadas con prevención del delito y nuevas áreas de inteligencia y ciencias forenses. Consideró que ello generaría superposición de competencias y mayor gasto público.

“La superposición funcional solo beneficia a la criminalidad al generar confusión en la ejecución de operativos y estrategias de seguridad”, se lee en el comunicado.

Piden revisión en el Congreso

La postura del ministerio coincide con recientes cuestionamientos del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola. El alto mando advirtió que retirar a la institución de las diligencias preliminares debilitaría la lucha contra la delincuencia.

Finalmente, el Ministerio del Interior pidió al Congreso revisar con mayor detalle el proyecto antes de someterlo a votación. El sector señaló que el debate debe respetar las funciones de cada institución.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, esta presunta red habría operado desde 2023 dentro del área de fiscalización del municipio. Desde esa oficina se habrían coordinado operativos para desalojar vendedores informales de espacios públicos ubicados principalmente en el Damero A y B de Gamarra.

Según la investigación, luego de retirar a los comerciantes, los espacios liberados eran divididos nuevamente para ser entregados a vendedores ambulantes a cambio de pagos irregulares. Este sistema habría permitido que los involucrados mantengan el control de zonas comerciales altamente concurridas.

¿Cuál es la hipotesis de la Fiscalía?

Las pesquisas señalan que los ambulantes debían entregar montos que oscilaban entre los mil y cinco mil soles para acceder a un espacio informal. A ello se sumaban pagos semanales y cuotas diarias de entre 10 y 20 soles, dependiendo del tamaño del área ocupada.

Una pericia contable realizada durante la investigación concluyó que esta presunta estructura habría recaudado cerca de 75 millones de soles mediante estos cobros. La Fiscalía sostiene que el dinero habría sido obtenido de forma sistemática durante varios meses.

Entre los investigados también figuran el gerente de Fiscalización, el subgerente de Fiscalización de Rentas y el jefe del Centro de Comunicaciones del municipio. Este último habría estado encargado de recopilar y revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del distrito.

Grabaciones desaparecidas

Durante las diligencias, los investigadores detectaron irregularidades relacionadas con el sistema de videovigilancia municipal. La Fiscalía advirtió que faltaban registros de determinados días y horarios en los que se habrían producido intervenciones vinculadas a denuncias ciudadanas y operativos policiales.

Al revisar el centro de monitoreo, los agentes comprobaron que parte del material audiovisual no estaba disponible. En esas grabaciones aparecían presuntos fiscalizadores involucrados en el cobro de dinero a comerciantes.

La tesis fiscal indica que el esquema seguía una secuencia previamente establecida para mantener el control de los espacios públicos. Primero se ejecutaban desalojos, luego se redistribuían los lugares intervenidos y finalmente eran entregados nuevamente a cambio de pagos constantes.

¿Cuál es la situación del alcalde?

En el caso del alcalde Rubén Cano, el Ministerio Público sostiene que habría facilitado el ingreso de determinadas personas al área de fiscalización junto con funcionarios de su entorno de confianza. Esa presunta participación forma parte de las investigaciones en curso.

Pese a ello, el Poder Judicial rechazó el pedido de detención preliminar presentado en su contra. Sin embargo, sí autorizó el allanamiento de su vivienda y la incautación de documentos y otros bienes que podrían aportar al caso.

Durante el operativo también fue detenido Juan Manuel Núñez Castro, conocido como alias “Pulpo”. La Fiscalía lo identifica como el presunto líder de esta organización.

Las investigaciones indican que el detenido salió de prisión en 2014. Posteriormente habría integrado otras bandas vinculadas al cobro de cupos en La Victoria.

El Ministerio Público informó además que detectó presuntos desbalances patrimoniales en algunos de los investigados. Este hallazgo surgió tras el levantamiento del secreto bancario y la revisión de movimientos financieros.

Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Prefectura de Lima mientras continúan las diligencias. La Fiscalía aseguró que cuenta con audios, imágenes y otros elementos que respaldarían la investigación por presuntos delitos de extorsión y corrupción dentro de la administración municipal.

Al 100% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en los mencionados distritos, el exalcalde de Lima se impuso sobre los otros aspirantes al sillón de Pizarro.

DETALLES

Ayer al medio día, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, convocó a una conferencia para proclamar los resultados de las Elecciones Generales 2026 de presidente y vicepresidente en esas circunscripciones.

En el distrito de Breña, López Aliaga obtuvo 18,411 votos (24.305%), Jorge Nieto del Buen Gobierno alcanzó 13,683 votos (18.063%) y Keiko Fujimori de Fuerza Popular consiguió 11,518 votos (15.205%).

La secuencia fue la misma en Jesús María.

López Aliaga sumó 30,684 votos (32.856%), Jorge Nieto 19,926 votos (21.337%) y Keiko Fujimori 9662 (10.346%).

Mientras que en Cercado de Lima, el líder de Renovación Popular consiguió 42,701 votos (20.390%).

En esa circunscripción, el orden de votos cambió, pues Keiko Fujimori consiguió el segundo lugar con 37,722 votos (18.013%) y Jorge Nieto quedó en tercer lugar con 34,471 votos (16.460%).

CIFRAS

En otro momento, el JEE Lima Centro 1 informó que en Breña hubo 104,177 electores hábiles. Sin embargo, solo asistieron a votar 83,132, es decir, hubo un ausentismo de 21,045 (20.201%).

En el caso de Jesús María, hubo 126,864 electores hábiles, pero solo asistieron 99,175.

Por lo tanto, el ausentismo de 27,689 representa el 21.826%.

Finalmente, en Cercado de Lima estuvieron habilitados 303,347 electores.

De ese grupo, fueron a votar 235,196. Es decir, 68,151 peruanos no fueron a votar, lo que representa un 22.466%.

Postura

De acuerdo al primer ministro, “este proceso de indulto, en el gobierno del presidente José María Balcázar, nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estarlo”.

El primer ministro abordó dicha eventualidad durante una conferencia de prensa junto el titular del MINJUSDH. Este último remarcó que no existe solicitud vigente, pero detalló que hubo cuatro pedidos previos; uno de ellos presentado por el propio Castillo.

En ese sentido, agregó que “uno de los requisitos es que no puede haber pendiente un proceso, y en este caso tendría que haber una sentencia consentida”.

Insistencia

Solo un día antes de lo esbozado por los funcionarios, el exministro castillista y hoy abogado del expresidente, Walter Ayala, detalló que presentarán un nuevo pedido en cuanto sean notificados del rechazo que recibieron el 30 de abril.

El penalista Andy Carrión detalló a Correo que Castillo puede retirar la apelación que presentó y así cumplir con el requisito de “sentencia firme”.

“Es perfectamente posible que él renuncie a su apelación y, con ello, cumpla con el requisito para un eventual indulto”, afirmó. Sin embargo, advirtió que el “procedimiento formal” exige que la sala acepte el retiro del recurso.

“Tiene que haber una resolución judicial que reconoce el retiro de la apelación y declare la firmeza de la decisión de primera instancia”, acotó.

En una sesión centrada en la evaluación de informes de calificación, el grupo de trabajo parlamentario determinó que las acusaciones presentadas no contaban con el sustento suficiente para pasar a una etapa de investigación formal, por lo que se dispuso el archivo de dos de los expedientes más controvertidos de la agenda legislativa reciente.

La denuncia contra Milagros Jáuregui estuvo vinculada a la presunta exposición pública de menores de edad en situación de vulnerabilidad en el centro de acogida residencial “La Casa del Padre”.

El caso tomó notoriedad pública luego de la difusión de videos y fotografías de adolescentes víctimas de violencia sexual que quedaron embarazadas. Estas imágenes, según se informó, habrían sido registradas dentro del recinto fundado por la propia Jáuregui.

El archivo de este caso fue aprobado con seis votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

Previamente, la Comisión de Ética evaluó el expediente contra el congresista Alex Paredes, quien fue señalado por presuntamente no contar con las credenciales académicas necesarias para ejercer cargos directivos en instituciones educativas.

Según la documentación que sustentó la denuncia, el gremio magisterial SUTEP habría señalado que Paredes habría utilizado certificados sin valor oficial para acceder a categorías remunerativas que no le correspondían, antes de obtener su título profesional en 2022.

Además, una segunda denuncia le atribuía a Paredes haber recibido en una ceremonia pública en el Congreso de la República a una representante de un colegio profesional sin que esta contara con la acreditación correspondiente para el acto.

El informe que recomendaba el archivo de las denuncias contra Alex Paredes fue aprobado por unanimidad, con 11 votos a favor.

En la misma sesión, el grupo de trabajo declaró cerrada la fase de audiencia dentro del procedimiento seguido contra la congresista no agrupada Kira Alcarraz, investigada por presuntas faltas éticas vinculadas a supuestas amenazas contra una profesional de la comunicación.

La parlamentaria fue denunciada por presuntamente haber lanzado una amenaza contra una periodista de dicho medio, al afirmar que “la estamparía contra la pared”, tras ser consultada sobre la contratación de la pareja de su hijo en su despacho legislativo.

Al no acudir la legisladora ni los testigos convocados a la audiencia, la comisión decidió dar por concluida esta etapa del proceso y avanzar con la elaboración del informe final.

“Ya no está dentro de la carrera fiscal y es un abogado libre, como tal, creo que tiene la opción de decidir a quién defiende o no. Lógicamente yo no puedo compartir a quién está defendiendo porque prácticamente está dando lugar a esos cuestionamientos que se le hacían de que estaba haciendo activismo político”, señaló en RPP.

Juárez Atoche indicó que no comparte la decisión de Domingo Pérez de asumir la defensa del expresidente Pedro Castillo, al considerar que ello podría reforzar las críticas de presunto activismo político.

Asimismo, recordó que este tipo de cuestionamientos se intensifican debido a su anterior rol en investigaciones vinculadas a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Ahora que está defendiendo a un candidato contrario a la ideología de la señora Keiko Fujimori lógicamente ha dado motivos para que los críticos, que siempre han habido, digan: ‘Ahí está, José Domingo siempre hizo activismo político’, pero para mí es una cuestión subjetiva. El hecho está en que él, en estos momentos, es un abogado libre, y si él ha tomado la decisión de ejercer la defensa de Castillo Terrones o de querer participar en política, creo que es una cuestión que no es ningún impedimento para hacerlo”, agregó.

También, el fiscal consideró que su excompañero fue sancionado de manera injusta. Además, señaló que, aunque este podría recurrir a la vía constitucional para intentar revertir la decisión de la Junta Nacional de Justicia que lo separó del Ministerio Público, advirtió que se trataría de un “camino largo”.