El Ministerio Público pidió al Poder Judicial que disponga el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Betssy Chávez, en el marco de la investigación preparatoria en su contra por presuntas irregularidades vinculadas a la contratación de familiares de su entonces pareja, Abel Sotelo, en cargos del Estado.

El requerimiento fue presentado el último 12 de junio por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que tiene a su cargo la investigación preparatoria contra Chávez Chino como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. Ello a raíz de hechos que habrían ocurrido cuando ejerció funciones como congresista de la República, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, y ministra de Cultura.

La instancia fiscal suprema solicita que se ordene el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Betssy Chávez, en su modalidad de registro histórico, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 18 de noviembre de 2022.

Ante ello, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley dispuso poner el requerimiento fiscal en conocimiento de la exjefa del Gabinete Ministerial y de su defensa legal, a fin de que puedan ejercer su derecho de defensa y presenten los descargos correspondientes en un plazo de tres días. Asimismo, programó para el jueves 2 de julio a las 9:30 de la mañana una audiencia virtual de carácter “privada”, en la que se evaluará el pedido con participación de las partes procesales, tras lo cual se emitirá una decisión en los próximos días.

La Fiscalía de la Nación abrió la investigación preparatoria tras la aprobación, el 1 de octubre de 2025, por parte del Pleno del Congreso, del informe final de la denuncia constitucional presentada contra Betssy Chávez. En dicho documento se le atribuyen los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado, en relación con los hechos materia del caso.

De acuerdo con la tesis fiscal, la expremier se habría interesado de manera indebida, de forma directa, en la contratación de Marco Sotelo, hermano de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo, como asistente nivel 2 en la organización parlamentaria de su despacho congresal, así como en la contratación de Flor Sotelo, hermana de este último, en el cargo de auxiliar nivel 2 dentro de la misma organización parlamentaria.

El candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, cuestionó las declaraciones del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien anunció que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori y convocó a movilizaciones en rechazo a los resultados electorales.

Desde el local de campaña de Fuerza Popular, Galarreta sostuvo que la postura de Sánchez representa una actitud contraria al sistema democrático y señaló que las autoridades electorales ya se han pronunciado sobre los recursos presentados por esa agrupación política.

“Hoy día el señor Sánchez sabe cuál es el resultado y simplemente nos está diciendo que va a ir al margen de la ley y al margen de la democracia. Nos damos cuenta que es antidemocrático”, declaró.

Sostiene que la tendencia electoral es irreversible

El dirigente fujimorista afirmó que las instituciones electorales ya rechazaron las acciones planteadas por Juntos por el Perú y consideró que los cuestionamientos carecen de sustento.

Asimismo, indicó que todavía quedan por contabilizarse 251 actas, equivalentes a aproximadamente 50 mil votos, aunque aseguró que la diferencia existente hace prácticamente imposible revertir los resultados.

“Salvo que el señor Sánchez saque el cien por ciento de los votos que faltan, no podría revertir la diferencia existente”, manifestó.

Galarreta hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la tranquilidad y evitar caer en discursos que, a su juicio, buscan generar incertidumbre respecto a la legitimidad del proceso electoral.

Cuestiona demora en la proclamación oficial

Respecto a las críticas dirigidas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por la demora en la proclamación de resultados, el candidato reconoció que la extensión del proceso abre espacios para especulaciones políticas.

“Mientras más largo sea este proceso, más espacio se le da a personas como el señor Sánchez para seguir especulando”, afirmó.

No obstante, sostuvo que las autoridades electorales deben cumplir con los procedimientos establecidos por ley y consideró que esta experiencia debería servir para introducir mejoras que permitan acelerar la entrega de resultados en futuras elecciones.

Fuerza Popular buscará diálogo con otras fuerzas políticas

Por otro lado, Galarreta adelantó que, en caso Fuerza Popular llegue al Gobierno, buscarán establecer acuerdos con las diferentes bancadas del Congreso y con autoridades regionales y municipales.

“Vamos a tender puentes con todos los grupos parlamentarios y con todas las autoridades democráticamente elegidas”, indicó.

Finalmente, evitó pronunciarse sobre la conformación de un eventual gabinete ministerial y señaló que esa decisión corresponderá a Keiko Fujimori en caso sea proclamada presidenta de la República.

“El Perú necesita un gabinete amplio y esa será una decisión que le corresponderá tomar a la señora Keiko Fujimori”, concluyó.

La Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú manifestó su respaldo al canciller Carlos Pareja y rechazó las acusaciones planteadas por el partido Juntos por el Perú, que interpuso una denuncia constitucional por presuntas irregularidades en el manejo del voto de los peruanos en el extranjero durante el proceso electoral.

Mediante un comunicado oficial, la organización expresó su respaldo a la gestión del ministro de Relaciones Exteriores y negó la existencia de cualquier tipo de interferencia, manipulación o favorecimiento político en el traslado y custodia del material electoral enviado desde las oficinas consulares.

“La Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú expresa su firme respaldo a la gestión del embajador Carlos Pareja Ríos y rechaza enfáticamente los supuestos actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral correspondiente al voto de los peruanos en el exterior”, se lee en el pronunciamiento.

En esa misma línea, la institución descartó las versiones sobre una supuesta vulneración de la cadena de custodia del material electoral y cuestionó los señalamientos dirigidos contra los funcionarios diplomáticos responsables del proceso.

De acuerdo con el comunicado, dichas imputaciones desconocen los procedimientos establecidos para el traslado de la valija diplomática y, además, afectan la honorabilidad de los miembros del Servicio Diplomático de la República.

“La denuncia contiene imputaciones que afectan la honorabilidad e integridad de los señores cónsules y de los miembros del Servicio Diplomático de la República”, indica el documento.

La asociación recordó que reúne a la totalidad de funcionarios diplomáticos en actividad, disponibilidad y retiro, y consideró que la denuncia representa un uso indebido de mecanismos legales que pone en entredicho el trabajo realizado por el cuerpo diplomático durante el proceso electoral.

Asimismo, la asociación destacó el desempeño de los consulados y embajadas del Perú en el exterior, subrayando el profesionalismo con el que se llevó a cabo la organización del sufragio de los peruanos residentes fuera del país.

“La labor efectuada por nuestros colegas diplomáticos y consulares en el exterior ha reafirmado su alto profesionalismo, compromiso con la absoluta neutralidad y transparencia en el proceso electoral”, señala el pronunciamiento.

#EnVivo

Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú expresa su respaldo al canciller Carlos Pareja y rechaza supuestos actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral

Encuentra más información en la WEB ►… pic.twitter.com/HFaK4vnteE

— Canal N (@canalN_) June 23, 2026

Pese a haber obtenido escaños tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado tras las Elecciones Generales 2026, las organizaciones políticas Obras y Buen Gobierno se encuentran en riesgo de perder su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El partido Obras, liderado por Ricardo Belmont, obtuvo cinco escaños en el Senado y catorce en la Cámara de Diputados. Por su parte, la agrupación encabezada por Jorge Nieto alcanzó siete senadores y dieciocho diputados.

Pese a haber superado la valla electoral, ambas agrupaciones se exponen a perder su inscripción debido a que no habrían cumplido con el requisito de presentar el número mínimo de candidaturas exigido para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El abogado especialista en derecho electoral, José Tello, precisó que el Partido Cívico Obras presentó tres candidaturas a gobiernos regionales y apenas nueve a municipalidades provinciales. Asimismo, señaló que el Partido del Buen Gobierno registró seis postulaciones regionales y solo 15 provinciales.

“Estamos viendo un problema serio con dos partidos políticos que han pasado la valla en la primera elección”, declaró a RPP.

La normativa electoral establece que los partidos políticos deben acreditar su participación en al menos el 50% de las candidaturas regionales y en el 20% de las municipalidades provinciales. En la práctica, ello implicaba presentar postulantes en, como mínimo, 13 regiones y 40 municipios provinciales.

Para el constitucionalista Javier Albán, las organizaciones políticas que lograron representación en el Congreso bicameral tras superar la valla electoral deberían mantener su inscripción vigente, al menos durante el periodo para el que fueron elegidos sus senadores y diputados, comprendido entre 2026 y 2031.

“Tenemos normas electorales que no hacen sentido entre sí, que se modifican una por un lado, otra por otro lado… y sin ponerse a pensar en cómo todo esto termina convirtiéndose en un Frankenstein, que no hace sentido después y terminas con partidos en el Congreso que no pueden formar bancada y que no tienen el partido político inscrito”, sostuvo.

Albán sostuvo que, en caso de perder su inscripción, los partidos Obras y Buen Gobierno tendrían que devolver los recursos recibidos a través del financiamiento público otorgado a las organizaciones políticas.

Por su parte, Tello señaló que el monto que ambas agrupaciones tendrían que reintegrar al Estado ascendería a aproximadamente 30 millones de soles.

En otro momento, José Tello advirtió que se habría producido una modificación en la normativa electoral. Se trata de la Ley 32657, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo el pasado 15 de junio, la cual —según el cálculo del especialista— reduce de 13 a 8 el número mínimo de listas regionales que deben presentar las organizaciones políticas. Sin embargo, precisó que, aun con este nuevo umbral, los partidos Obras y Buen Gobierno continuarían sin cumplir el requisito establecido.

El especialista enfatizó que la referida norma, que modifica la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley de Elecciones Municipales, ya se encuentra vigente; sin embargo, recordó que el principio de intangibilidad electoral establece que las modificaciones a la normativa electoral no deben aplicarse cuando un proceso electoral ya ha sido convocado.

En este caso, las Elecciones Regionales y Municipales, previstas para el próximo 4 de octubre, fueron convocadas el último 25 de febrero por el entonces presidente José Jerí.

“Lo que también hay que dejar bien en claro es el hecho de que estamos ante una afectación de la intangibilidad normativa. Esta norma no se debió dar”, señaló.

Por su lado, el constitucionalista Javier Albán señaló que el Jurado Nacional de Elecciones cuenta con la facultad de inaplicar la Ley 32657.

“[El JNE] puede inaplicar normas legales cuando contravienen la Constitución y, bueno, aquí hay una norma [que no] no está en la Constitución, pero se expresa en la ley que prohíbe la modificación de normas un año antes de la elección”, finalizó.

El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, cuestionó las recientes declaraciones del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien anunció que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori y denunció presuntas irregularidades en la votación de los peruanos en el extranjero.

En entrevista con Canal N, Urviola consideró que la posición asumida por el postulante representa un desconocimiento de la autoridad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima instancia en materia electoral.

“Insiste en desconocer la autoridad del Jurado Nacional de Elecciones. Eso es realmente lamentable”, manifestó.

Urviola cuestiona llamados a movilizaciones

El exmagistrado sostuvo que las convocatorias a movilizaciones anunciadas por Roberto Sánchez implican un cuestionamiento anticipado a una decisión oficial que todavía no ha sido emitida.

“Eso es desconocer desde ahora un fallo que todavía no se ha producido respecto de los resultados finales de la segunda vuelta”, afirmó.

Defiende traslado de actas del exterior mediante valijas diplomáticas

Respecto a los cuestionamientos sobre los votos emitidos en el extranjero, Urviola señaló que no se modificaron las reglas esenciales del proceso electoral, sino únicamente los mecanismos para el traslado y verificación de las actas.

Explicó que la decisión adoptada por el JNE y la Cancillería tuvo como finalidad garantizar la remisión física de las actas originales mediante valijas diplomáticas.

“No ha habido ninguna variación respecto al acto electoral en sí. Lo que ocurrió fue una decisión para garantizar que también llegaran las actas originales”, precisó.

Asimismo, aseguró que la cadena de custodia está protegida por la legislación nacional y por tratados internacionales.

“La cadena de custodia está plenamente garantizada. Nada de eso se ha vulnerado”, sostuvo.

Afirma que no se presentaron pruebas de fraude

Urviola rechazó las denuncias de fraude formuladas por Juntos por el Perú y recordó que durante las audiencias realizadas ante el Jurado Nacional de Elecciones no se acreditaron las supuestas irregularidades.

“No han podido probar la existencia de fraude. Han quedado en evidencia de que no tienen ninguna prueba”, indicó.

Sobre la propuesta de un recuento total de votos, afirmó que la legislación peruana no contempla esa posibilidad y advirtió que una medida de ese tipo retrasaría la transferencia del poder.

“No existe ninguna norma que permita un recuento general de votos”, señaló.

Respalda al canciller Carlos Pareja

El expresidente del Tribunal Constitucional también cuestionó la denuncia constitucional presentada por Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja.

“Carlos Pareja es un diplomático de carrera, un demócrata y un profesional que ha cumplido estrictamente la normatividad vigente”, expresó.

Finalmente, exhortó a Roberto Sánchez a reconocer los resultados oficiales una vez culminados los procedimientos electorales.

“Si quiere tener futuro político debe rectificar esa actitud y reconocer el resultado electoral”, concluyó.

La congresista de Alianza para el Progreso, Lady Camones, afirmó que asumió con recursos propios los gastos de su participación en la delegación que acompañó al presidente José Balcázar durante su reciente viaje al Vaticano, en el que se extendió una invitación oficial al papa León XIV.

En diálogo con la prensa, la parlamentaria rechazó las versiones que indican que su desplazamiento habría sido financiado con recursos del Ejecutivo o del Legislativo, y aseguró que cubrió de manera personal todos los gastos derivados del viaje.

“Yo he viajado y he sustentado mi viaje con recursos propios. Yo no he pedido dinero ni al Ejecutivo ni al Legislativo”, sostuvo.

Camones precisó que asumió en su totalidad los gastos del viaje, incluyendo pasajes, alojamiento, viáticos y otros costos asociados a su estadía en Roma.

“Yo he costeado todo mi pasaje, mis viáticos, toda mi estadía con mis recursos propios”, agregó.

La legisladora indicó que su participación se debió a una invitación directa del mandatario, la cual aceptó sin solicitar mayores precisiones sobre los criterios empleados para su designación.

“El presidente me llamó a una reunión, me propuso y obviamente acepté”, indicó.

Consultada sobre los motivos de su inclusión en la delegación oficial, pese a no representar a la región Lambayeque, donde el papa León XIV desarrolló gran parte de su labor pastoral en el Perú, Camones señaló que dicha consulta debe ser respondida por el jefe de Estado.

“¿Por qué me escogió a mí y no a otros? Esa pregunta la tendría que responder el presidente”, enfatizó.

La parlamentaria dijo que aceptó la invitación considerando que se trataba de una representación institucional del Estado peruano, en el contexto de las gestiones orientadas a concretar una eventual visita del pontífice al país.

Asimismo, indicó que desconocía si otros congresistas habían sido invitados en los mismos términos y señaló que, en un primer momento, asumió que la convocatoria había sido extendida a más miembros del Parlamento.

“Yo no sabía que había sido la única. Pensé que también había invitaciones para otros congresistas”, manifestó.

#EnVivo

Lady Camones, congresista: He viajado al Vaticano y he sustentado mis gastos con recursos propios, no he pedido dinero ni al Legislativo, ni al Ejecutivo

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/OI9EmTqE5k

— Canal N (@canalN_) June 23, 2026

El expresidente del Consejo de Ministros y exministro del Interior, Óscar Valdés Dancuart, defendió el proyecto de ley aprobado en primera votación por el Congreso que propone que policías y militares sean juzgados por delitos de función en el fuero militar-policial.

En entrevista con Canal N, el exjefe del Gabinete señaló que la iniciativa responde a las demoras que, según afirmó, han enfrentado integrantes de las Fuerzas Armadas procesados por hechos ocurridos durante el conflicto interno.

“Hay oficiales que tienen 30 años de juicio. No puede ser que la justicia tarde tanto, esa no es justicia ya”, manifestó.

Valdés cuestiona la demora en los procesos judiciales

El ex primer ministro criticó el desempeño de fiscales y jueces en los casos relacionados con la lucha contra el terrorismo y consideró que numerosos procesos se han prolongado durante décadas.

En ese sentido, sostuvo que es necesario recuperar la competencia del fuero militar para los delitos cometidos en el ejercicio de funciones militares o policiales.

Asegura que la propuesta no busca otorgar impunidad

Valdés afirmó que la iniciativa legislativa pretende garantizar que los casos vinculados al cumplimiento de funciones sean evaluados por una jurisdicción especializada.

No obstante, reconoció que existe el riesgo de que se generen escenarios de impunidad, aunque consideró que también debe existir confianza en los jueces y fiscales militares.

“Si confiamos en la justicia civil, también podemos confiar en que los jueces y fiscales militares sepan estar a la altura de las circunstancias”, indicó.

Defiende soberanía del Perú frente a observaciones de la Corte IDH

Respecto a los cuestionamientos formulados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que sostiene que los casos de violaciones a los derechos humanos deben ser vistos por la justicia ordinaria, Valdés afirmó que el Perú tiene la potestad de adoptar las medidas que considere necesarias.

“El Perú es un país soberano y los ciudadanos siempre tendrán la posibilidad de acudir a instancias supranacionales si consideran que existe una injusticia”, señaló.

Pide reorganizar la Policía Nacional

El exministro del Interior también advirtió sobre la presencia de corrupción e infiltración del crimen organizado dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Por ello, consideró indispensable fortalecer los mecanismos de control interno, impulsar una reorganización policial y sancionar a los efectivos involucrados en delitos comunes o vinculados a organizaciones criminales.

Finalmente, sostuvo que toda reforma debe ser evaluada permanentemente para corregir eventuales deficiencias.

“Las leyes no están escritas en piedra, son perfectibles y deben revisarse cuando sea necesario”, concluyó.

Roberto Sánchez, acompañado de su equipo técnico, ofreció una conferencia de prensa este martes, en la que cuestionó el desarrollo del proceso electoral 2026. Durante su intervención, calificó la situación como un posible “fraude en desarrollo”, al señalar presuntas irregularidades en la aplicación de la normativa por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Sánchez señaló que una resolución jefatural de la ONPE, presuntamente emitida a pedido del Ejecutivo mediante la Cancillería, habría introducido cambios en los estándares del proceso electoral de la segunda vuelta, lo que —según afirmó— habría reducido la seguridad jurídica del sistema de votación.

Asimismo, el candidato de Juntos por el Perú indicó que el 29 de mayo se habría dejado sin efecto la obligatoriedad de digitalizar y escanear de inmediato las actas tras el cierre de la jornada electoral, una disposición que, según remarcó, sí se aplicó durante la primera vuelta.

“Esta grave afectación viene por una resolución jefatural de ONPE que, a solicitud del Ejecutivo, le bajó los estándares de convicción del voto y seguridad jurídica al proceso electoral de la segunda vuelta. Esto ocurrió el 29 de mayo, se quitó la obligatoriedad del escaneo del acta de manera inmediata tras el proceso electoral”, sostuvo Sánchez.

En ese sentido, el aspirante presidencial dijo que dichas modificaciones habrían generado condiciones que, desde su punto de vista, podrían abrir la posibilidad de una manipulación del proceso a favor de Fuerza Popular.

“Creemos que ha habido una manipulación de esa votación. Esta irregularidad grave aprobada por la ONPE deviene en un fraude en desarrollo, porque se sigue contabilizando el voto de las oficinas consulares”, añadió.

Además, Sánchez pidió la intervención del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al exhortarlo a frenar el avance del conteo, al considerar que se habría afectado la estabilidad de la normativa electoral durante el proceso.

En su pronunciamiento, el candidato sostuvo que su equipo ha presentado un pedido de nulidad de votos en diversas mesas de sufragio y reiteró su posición respecto a los resultados preliminares. “No reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, aseguró.

Posteriormente, Roberto Sánchez anunció que el día sábado se llevará a cabo “una jornada nacional de lucha democrática de lucha patriótica en el marco de la ley y nuestros derechos constitucionales”.

#LoUltimo | Oficialmente, Roberto #Sánchez #denuncia, junto a sus asesores y plancha presidencial, #Fraude y amenaza al #JNE con no reconocer los resultados que darían la victoria a #KeikoFujimori…

Ahora llama a la “resistencia democrática”

🎥: VIATVPERU pic.twitter.com/p0hnNll9Su

— Omar Coca (@OmarCoca_) June 23, 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que se encuentra a la espera de las resoluciones sobre las actas observadas emitidas por algunos Jurados Electorales Especiales (JEE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objetivo de completar el 100 % del cómputo oficial de la segunda vuelta presidencial.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el organismo electoral precisó que, una vez recibidas las resoluciones correspondientes, su personal procederá al procesamiento e incorporación inmediata de las actas al sistema de cómputo.

#ONPEinforma 📢 | Estamos a la espera de las resoluciones de actas observadas de algunos Jurados Electorales Especiales (JEE) para su incorporación al cómputo oficial, con lo que cual se completaría el 100 % de actas contabilizadas en el marco de la #SEP2026. pic.twitter.com/jEz15HfbQC

— ONPE (@ONPE_oficial) June 23, 2026

Resoluciones permitirán cerrar el conteo oficial

La ONPE indicó que la incorporación de las actas observadas permitirá concluir el procesamiento total de los resultados de la segunda vuelta presidencial realizada el pasado 7 de junio.

El organismo recordó que las actas pendientes se encuentran bajo evaluación de los Jurados Electorales Especiales, instancias que forman parte del Jurado Nacional de Elecciones.

Procesamiento será inmediato, señala la ONPE

Según el pronunciamiento oficial, las resoluciones serán incorporadas al cómputo apenas sean remitidas a la entidad electoral.

“Una vez recibidas, nuestro personal procederá con su procesamiento e incorporación inmediata al cómputo oficial, con lo cual se completaría el 100 % de actas contabilizadas”, señaló la ONPE.

El proceso se desarrolla en medio del ajustado resultado de la segunda vuelta presidencial.

El excandidato presidencial Carlos Álvarez anunció su renuncia al partido País para Todos, agrupación con la que participó en las elecciones generales del 12 de abril, donde obtuvo el sexto lugar.

En declaraciones a Canal N, el también actor y humorista informó que el pasado 12 de junio presentó formalmente su desafiliación ante la Secretaría General del partido y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Álvarez agradeció respaldo recibido durante la campaña

Carlos Álvarez expresó su agradecimiento a País para Todos por haber respaldado su candidatura y destacó el trabajo realizado por los militantes durante la campaña electoral.

“Quería poner en conocimiento de todos nuestros seguidores que he presentado mi desafiliación al partido País para Todos”, manifestó.

Asimismo, agradeció a los simpatizantes y al casi millón 400 mil ciudadanos que respaldaron su propuesta en las urnas.

“A ese casi millón 400 mil votantes que creyeron en esta propuesta no los voy a abandonar”, sostuvo.

Argumentó desacuerdos e incongruencias dentro del partido

El excandidato explicó que su decisión responde a diferencias internas y falta de coincidencias con algunos sectores de la agrupación política.

“Existen desacuerdos e incongruencias en el propio partido. Entonces lo mejor es dar un paso al costado y seguir tu camino como ciudadano y como peruano”, declaró.

Álvarez indicó que continuará impulsando propuestas vinculadas a la lucha contra la criminalidad y la recuperación de la paz en el país.

Participó en las elecciones generales de abril

Carlos Álvarez postuló a la Presidencia de la República por País para Todos en las elecciones generales realizadas el 12 de abril.

Aunque no logró pasar a la segunda vuelta, aseguró que seguirá trabajando desde la sociedad civil y mantendrá contacto con quienes respaldaron su candidatura.

El Congreso de la República dio a conocer la Resolución Legislativa N.° 010-2025-2026-CR, con la que formaliza la sanción impuesta a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza. La medida establece su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos en la administración pública y lleva las firmas del presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y del segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón.

La decisión del Pleno se basa en las conclusiones del informe final de las denuncias constitucionales acumuladas N.° 563 y 618. Según el expediente, Espinoza excedió los límites constitucionales del ejercicio de su cargo al presentar la Denuncia Constitucional N.° 549, en la que atribuyó el presunto delito de negociación incompatible a 11 congresistas. Dicha imputación se sustentaba únicamente en la participación y el voto de los legisladores a favor del Proyecto de Ley 319/2021-CR.

Para el Congreso, la actuación de la exmagistrada habría configurado tres faltas graves. En primer lugar, se vulneró el artículo 45 de la Constitución al emplear sus facultades para cuestionar decisiones adoptadas en el ejercicio regular de la función legislativa. En segundo término, se señala la afectación del artículo 93, al desconocer la inviolabilidad parlamentaria al intentar atribuir responsabilidad penal por el debate y aprobación de una norma. Posteriormente, se infringió los incisos 3 y 5 del artículo 139, al considerar que la denuncia carecía de una motivación suficiente y vulneraba el debido proceso.

Pese a la sanción política aprobada, la resolución del Parlamento establece el archivo definitivo del proceso. El Pleno decidió no acusar a Delia Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, previstos en los artículos 376 y 418 del Código Penal, y la absolvió además de la presunta infracción de los artículos 158 y 159 de la Constitución.

El documento precisa, además, que durante todo el procedimiento se respetaron las garantías procesales. En ese sentido, el Congreso indicó que la exfuncionaria asistió a las audiencias correspondientes, ejerció su derecho de defensa y contó en todo momento con la asistencia de la defensa técnica de su elección.

Fue la Primera Sala Constitucional de Lima la que declaró improcedente la medida cautelar presentada por la defensa de la exmandataria, mientras se desarrolla el proceso de amparo con el que busca anular la decisión del Legislativo.

Razones

La sala determinó que la solicitud cautelar se sustenta en cuestionamientos que requieren un análisis de fondo.

El colegiado identificó tres aspectos que no pueden resolverse en sede cautelar: la regularidad del procedimiento parlamentario, la interpretación de la causal de incapacidad moral permanente y el alcance de las garantías del debido proceso en sede legislativa.

No obstante, la defensa de Boluarte alega que la exmandataria fue notificada con menos de una hora de anticipación para responder a las mociones de vacancia.

En respuesta, el colegiado refirió que “no se advierte con suficiente grado de verosimilitud que el Congreso (...) le hubiera impedido materialmente a la exjefa de estado ejercer su defensa en la fecha que se le citó”.

Análisis

El constitucionalista Luciano López explicó a Correo que no hay un plazo establecido en ese caso.

“No hay un término mínimo para defenderse. No es un argumento que pueda tener el suficiente peso”, afirmó.

López precisó que si el tribunal le diera la razón a Boluarte, su reposición en el cargo sería “improbable”.

“La Sala considera que la decisión del Parlamento ya generó efectos jurídicos y políticos: hay un presidente, hubo elecciones, ya se proclamó al nuevo Congreso y aún se espera la proclamación presidencial”, advirtió.

DETALLES

En declaraciones a la prensa, la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, fue consultado sobre lo dicho por Velarde, quien no descartó la posibilidad de permanecer en el cargo si se lo solicitan.

“Cuando el conteo de la ONPE llegue al 100%, lo primero que voy a hacer es solicitar una audiencia con Julio Velarde”, indicó.

Desde su punto de vista, lo dicho por Velarde “ha generado mucha esperanza”.

Además, Keiko Fujimori recordó que han pasado dos semanas desde la elección de segunda vuelta. Sin embargo, todavía se esperan los resultados de la ONPE para la posterior proclamación.

“Me da una sana envidia ver que los vecinos países como Colombia, salieron rápidamente (con los resultados)”, dijo en referencia a las recientes elecciones de ese país, que al cierre de esta edición ya tenían los resultados al 99.99% con la victoria de Abelardo de la Espriella.

Agregó que tanto en Colombia como en el Perú “se deben respetar los resultados electorales”.

En ese sentido, Keiko hizo un llamado a las autoridades y a los organismos electorales, a fin de culminar el proceso.

“Cada día de retraso es un día que se pierde. En un proceso de transición no solo hay temas políticos, sino anuncios importantes y medidas que se pueden ir anunciando con el tiempo correspondiente, como nombrar los equipos”, apuntó.

Keiko dijo que si bien ahora no se puede hacer nada, sí es importante que de cara al futuro, el nuevo Congreso pueda ver de qué manera se pueden agilizar los procesos y el conteo de los votos.

En declaraciones a la prensa, reafirmó que su equipo legal presentaría, al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente, una solicitud de nulidad de oficio de las elecciones realizadas en oficinas consulares.

“Hemos tenido una reunión con mis abogados; en los próximos minutos y horas se va a presentar el documento y se va a poner de conocimiento público”, afirmó.

Asimismo, agregó que la figura legal planteada corresponde a una “nulidad de oficio de las elecciones llevadas adelante en las oficinas consulares”.

Consumado

Horas más tarde, confirmó haber presentado la solicitud para que se declaren nulas las elecciones desarrolladas en 119 oficinas consulares.

“El procedimiento electoral ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo (Cancillería), específicamente en la segunda vuelta presidencial”, publicó en la red social X.

Agregó que brindará una conferencia de prensa hoy a las 9:00 a. m.

Momentos antes, Roy Mendoza, abogado de JP, señaló que el nuevo pedido busca la nulidad de los votos de todas las mesas en el extranjero. “Son aproximadamente 80 mil votos”, estimó.

Esta acción se da días después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara infundados dos pedidos de nulidad que buscaban invalidar 2 398 mesas de sufragio (1 751 en Lima y 647 en Estados Unidos).

Más adelante, Sánchez también vinculó el contexto electoral peruano con lo ocurrido en las elecciones de Colombia, donde la derecha obtuvo resultados favorables en el proceso electoral.

A su juicio, existirían elementos comunes que merecen ser discutidos públicamente.

“Hay muchas casualidades, coincidencias diversas alrededor de... hay un patrón que viene operando y corresponde hacer debate público en base a la prerrogativa de ley”, expresó el candidato.

Asimismo, el aspirante presidencial de JP se refirió a la denuncia constitucional presentada por su partido político contra el titular del Ministerio de Relaciones exteriores, Carlos Pareja.

“Ha sido presentado por acciones que tienen vinculación a una actuación ilegal. Vamos a dejar que eso también corra”, indicó.

Luego aclaró: “No lo he presentado yo, pero son instancias diversas y hay diferentes documentos, vamos a esperar”.

El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay consideró esta denuncia como un “despropósito”.

“El servicio diplomático de la República, que conozco muy bien, ha hecho un trabajo muy profesional (…) yo creo que no hay fundamentos”, sostuvo a Correo.

“Que (la CIDH) investigue a los jueces que me condenaron por el caso Bustíos y que se me someta a un nuevo proceso. Para condenarme se torció la verdad y se ignoraron principios fundamentales del debido proceso, y se cometió una grave injusticia”, enfatizó en sus redes sociales.

La solicitud fue presentada en Washington y cuestiona las decisiones de los jueces que intervinieron en el proceso. Según Urresti, fue condenado con una versión de los hechos distinta a la planteada por la Fiscalía, a la que calificó como “incompatible con la verdad judicial”.

Ahora la CIDH decidirá si admite su petición.

Controversia

En su cuenta de la red social X, Petro centró sus cuestionamientos en el voto en el extranjero y en la validez del preconteo como mecanismo de información preliminar del proceso electoral.

Luego de la jornada electoral del último domingo, el mandatario colombiano cuestionó el voto de sus compatriotas en el extranjero y estableció una comparación directa con lo ocurrido en el Perú en la segunda vuelta, donde la participación de los peruanos que residen en el exterior ha sido objeto de debate político.

“Nos acercamos a la situación peruana, en donde es la votación del exterior, especialmente en EE.UU., la que pone presidente”, aseveró.

En publicaciones posteriores, Petro planteó la necesidad de revisar los formularios de escrutinio, la actuación de los jurados de votación en el exterior y la posible vulnerabilidad del software electoral, al que atribuye riesgos de manipulación.

Asimismo, sostuvo que “el resultado final es todavía más endeble y solo habría un triunfo de Abelardo (de la Espriella) basado exclusivamente en el voto comprado”, con lo que volvió a poner en duda la transparencia del proceso en el exterior y la actuación de los organismos electorales.

Reacción

Al respecto, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Colombia, calificó como “inéditas” las críticas del jefe de Estado colombiano al proceso electoral.

En declaraciones a RPP, la veedora advirtió que estos cuestionamientos desde la Presidencia resultan inusuales, pues Petro ha estado “claramente a favor de la campaña política del partido al que él representa”.

Consultado sobre la situación colombiana, el exministro de Relaciones Exteriores Miguel Ángel Rodríguez Mackay dijo a Correo que “los partidos que han perdido elecciones, tanto en la izquierda colombiana como en la peruana, no saben reconocer sus derrotas, y eso retrotrae los procesos democráticos que deben seguir en cada país”.

En ese sentido, Rodríguez Mackay consideró que estos cuestionamientos terminan por afectar la calidad del debate democrático y la percepción que existe sobre ambos países en el exterior.

“Todo esto, en verdad, no constituye un buen ejemplo de nada. Nos muestra que falta madurez en sectores de la clase política del Perú y de Colombia”, puntualizó.

Roy Mendoza, abogado de Juntos por el Perú, informó este lunes que la agrupación política presentó de manera virtual un recurso de nulidad contra los votos emitidos por los peruanos en el exterior durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizada el pasado 7 de junio.

“Es una nulidad de oficio que se está solicitando al Jurado Nacional de Elecciones para que, de pleno derecho, declare la invalidez del procedimiento electoral realizado en las 119 oficinas consulares”, declaró Mendoza para RPP.

El abogado sostuvo que el sustento del pedido de nulidad de votos se mantiene sin variaciones y responde a una presunta vulneración del principio de intangibilidad electoral.

“Se ha puesto, a modo de ejemplo, lo sucedido en Buenos Aires, donde varias actas electorales, se pueden observar que han sido conformadas por miembros de una sola familia”, manifestó el letrado.

Roy Mendoza anunció además que este martes, a las 9:00 a.m., ofrecerá una conferencia de prensa para dar mayores detalles sobre este recurso de nulidad.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, había adelantado esta mañana que la agrupación política tomó esta decisión tras consultarlo con su equipo legal. Además, dijo que el recurso de nulidad incluye las denominadas “elecciones consulares”.

“La solicitud de nulidad de oficio, de las elecciones llevadas adelante en las elecciones consulares, expresamente se llama así”, refirió a la prensa.

Hasta el lunes 22 de junio, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró inadmisibles, como mínimo, 16 listas de candidatos a la alcaldía y regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Entre las agrupaciones políticas se encuentran Acción Popular, Ahora Nación, Avanza País, Frente de la Esperanza 2021, Fuerza Ciudadana, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras, Partido Demócrata Verde, Partido Morado, Perú Libre, Podemos Perú, Partido Popular Cristiano, Pueblo Consciente, Somos Perú y Visión Perú.

A continuación, se detallan los motivos de la inadmisibilidad. Los partidos políticos cuentan con un plazo único e improrrogable de dos días calendario para subsanar todas las omisiones detectadas.

Avanza País

La lista, liderada por el candidato a la Alcaldía Francis Allison, enfrenta observaciones formales que comprometen su participación en las elecciones regionales y municipales.

En la resolución del JEE se señala que uno de los fundamentos más relevantes advertidos por el colegiado es la omisión del acta de designación directa. Aunque el partido registró a 12 candidatos como designados, no presentó el documento que acredite que dichas designaciones se efectuaron conforme a los porcentajes y a la ubicación permitidos por el reglamento electoral.

Respecto a Allison, se advierte una inconsistencia en su documentación: el postulante confirmó el registro de su hoja de vida el 19 de junio, pero firmó su declaración jurada de consentimiento un día antes, el 18 de junio. El organismo electoral precisa que dicha suscripción debe realizarse en la misma fecha o con posterioridad a la confirmación de los datos.

La resolución detalla, entre otras observaciones administrativas, que varios candidatos a regidores nacidos fuera de la provincia de Lima no presentaron documentos de fecha cierta que acrediten haber residido en la capital de manera continua durante los últimos dos años.

Ahora Nación

El JEE indica que 19 candidatos a regidores provinciales no acreditaron haber nacido en la circunscripción de Lima ni presentaron documentos de fecha cierta que demuestren su domicilio en dicha provincia durante los últimos dos años.

En ese sentido, el ente electoral señala que cinco candidatos a regidores presentaron su declaración de consentimiento y veracidad con una fecha previa a la confirmación del registro de su Declaración Jurada de Hoja de Vida, lo que contraviene el procedimiento establecido.

Se concede a la organización política un plazo de dos días calendario para subsanar estas observaciones, bajo apercibimiento de declararse la improcedencia definitiva de su inscripción.

Fuerza Popular

El JEE señala en su resolución que la mayoría de los candidatos, incluido el postulante a la alcaldía Samuel Marcos Daza Taype, presentan la misma irregularidad: haber suscrito su declaración jurada en una fecha previa a la confirmación de su hoja de vida en el sistema.

Además, otros postulantes presentan observaciones por no acreditar domicilio por dos años, omitir la presentación de comprobantes de pago de la tasa electoral o no adjuntar documentos que sustenten la licencia sin goce de haber o la renuncia al sector público.

Juntos por el Perú

Según el órgano electoral, trece candidatos no nacieron en la provincia de Lima y no presentaron documentos de fecha cierta que acrediten su domicilio en la capital durante al menos dos años continuos previos a la fecha límite de inscripción.

De igual manera, en cuanto a la declaración jurada, el postulante a regidor Heinrich Frank Pumacayo Sánchez no presentó de forma adecuada el Anexo 1, documento indispensable para validar su consentimiento y la veracidad de su hoja de vida.

Asimismo, se advierte que cinco candidatos con experiencia laboral reciente en municipalidades —en particular en Lurigancho-Chosica— no adjuntaron la solicitud de licencia correspondiente al cargo que ocupaban, requisito obligatorio al estar vinculados a la función pública.

Partido Cívico Obras

El JEE advierte en este caso que diversos candidatos a regidores, al no haber nacido en la circunscripción de Lima, no acreditaron haber domiciliado en ella durante al menos dos años continuos mediante documentos de fecha cierta, conforme exige el reglamento electoral.

Del mismo modo, se señala que tres postulantes no presentaron la documentación necesaria para determinar la naturaleza de su vínculo laboral ni la solicitud de licencia sin goce de haber, pese a que declararon prestar servicios en entidades públicas.

Además de ello, se precisa que una candidata no presentó el comprobante de pago de la tasa electoral que acredite la operación efectuada, por lo que deberá alcanzar la documentación correspondiente para subsanar la observación.

Podemos Perú

El JEE sostiene en su decisión que varios postulantes, entre ellos Daniel Urresti, candidato a la Alcaldía de Lima, que no nacieron en la capital no acreditaron haber domiciliado en ella de forma continua durante al menos los dos últimos años.

También se identificaron inconsistencias o ausencia de documentación en el caso de candidatos que laboran para el Estado o ejercen cargos públicos.

Respecto de Urresti, en la revisión de su declaración jurada de hoja de vida se observa que el candidato declara haber sido condenado por el delito de difamación agravada y afirma estar rehabilitado; sin embargo, el ente electoral señala que no ha presentado documentación que sustente dicha condición.

Al igual que Enrique Alain Velásquez Danilla consigna una condena por venta ilícita de mercadería; sin embargo, no presentó documentación que permita precisar el tipo penal ni acreditar su rehabilitación.

La defensa técnica de Daniel Urresti recurrió a la CIDH para solicitar que el Estado peruano afronte un nuevo juicio relacionado con el caso Bustíos.

El exministro del Interior presentó este requerimiento ante el organismo internacional con sede en Washington con el propósito de demostrar su inocencia respecto de los cargos que se le atribuyen.

Según la defensa legal, los documentos del caso evidencian que el Poder Judicial aplicó de manera retroactiva la agravante de alevosía durante el proceso penal. Sostuvo que esta figura jurídica no se encontraba vigente en la normativa aplicable al momento en que ocurrieron los hechos materia de investigación.

En esa misma línea, la petición técnica sostiene que los magistrados de la sala penal desestimaron y otorgado una valoración insuficiente a diversos testimonios favorables. El exfuncionario denunció, a través de sus plataformas oficiales, que las autoridades judiciales omitieron la ejecución de diligencias complementarias dispuestas expresamente por la Corte Suprema de Justicia.

El texto remitido a la CIDH señala que la sentencia condenatoria final estructuró una versión fáctica distinta a la planteada por el Ministerio Público. Según el documento, la fiscalía sostuvo una modalidad de participación específica que, posteriormente, terminó siendo modificada de forma arbitraria por los jueces del tribunal para sustentar la reclusión del investigado.

La defensa ha solicitado que la comisión internacional admita el expediente y evalúe las presuntas vulneraciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Urresti, por su parte, sostuvo públicamente que busca una verdad judicial coherente que respete el principio de legalidad y la garantía constitucional de la cosa juzgada.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará las credenciales a los ciudadanos electos como senadores, diputados y parlamentarios andinos en las Elecciones Generales 2026, los días jueves 25 y viernes 26 de junio.

Las ceremonias estarán encabezadas por el Pleno del JNE, liderado por Roberto Burneo, y se llevarán a cabo desde las 11:00 a.m. en el auditorio del Colegio Médico del Perú, ubicado en la avenida 28 de Julio, en el distrito de Miraflores.

La entrega de credenciales se efectuará tras la proclamación de los resultados de la elección, cuya acta fue suscrita por el Pleno del JNE el pasado 19 de junio.

Según la proclamación oficial del JNE, seis agrupaciones políticas obtuvieron representación en el Congreso bicameral: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación.

El jueves 25 recibirán sus credenciales los 60 senadores electos —30 por distrito único nacional y 30 por distrito electoral múltiple—, además de los cinco parlamentarios andinos titulares y sus 10 suplentes.

El viernes 26 será el turno de los 130 diputados electos, quienes integrarán la Cámara de Diputados durante el periodo parlamentario 2026-2031.

Las credenciales acreditan de manera oficial a las autoridades electas y las habilitan para juramentar en el cargo al inicio del nuevo periodo legislativo.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, volvió a insistir este lunes en sus denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral, especialmente en la segunda vuelta frente a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realizada el 7 de junio.

En declaraciones a la prensa, Sánchez señaló que ya han acudido a diversas instancias para denunciar esta situación y añadió que en los próximos días deberá debatirse la actuación de los actores involucrados en estos hechos.

“Creo que se vienen unos días de debate público, sobre la actuación de diferentes actores vinculados a la afectación grave a la intangibilidad normativa electoral y se va a conocer dónde, cómo, por qué, qué razón y cuál ha sido el impacto de esta medida”, expresó.

Sánchez dijo que esperará los resultados de dicho debate y expresó su expectativa de que la autoridad electoral evalúe la posibilidad de convocar una audiencia para abordar este tema, respecto del cual aún no existen resultados definitivos de los comicios.

JPP ratifica denuncia constitucional contra canciller por presuntas irregularidades en el voto extranjero

Juntos por el Perú ratificó este lunes la denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja por las presuntas irregularidades que atribuye al manejo del voto de peruanos en el extranjero durante la segunda vuelta electoral. El recurso fue presentado por el congresista de la Bancada Socialista y senador electo de la agrupación, Jaime Quito, quien acusó al titular de Relaciones Exteriores de una presunta infracción constitucional y de atentar contra el derecho de sufragio.

En diálogo con la prensa, el legislador sostuvo que la acusación busca establecer responsabilidades por los cambios que, según su agrupación, se habrían producido en el tratamiento y traslado del material electoral utilizado por los peruanos residentes en el extranjero. Además, señaló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha dado respuesta a los cuestionamientos formulados por su agrupación y, por el contrario, habría atribuido la responsabilidad de estas decisiones al Ministerio de Relaciones Exteriores.

“El Jurado aún no se ha pronunciado respecto a ese tema. Ha sido la ONPE quien se ha pronunciado y más aún la ONPE lo que hace es lavarse las manos y decir que es el Ministerio de Relaciones Exteriores”, manifestó.

Fundamentos de la acusación

De acuerdo con la denuncia constitucional presentada por Jaime Quito, la Cancillería tuvo a su cargo la coordinación logística para el repliegue y traslado hacia el Perú de las actas electorales, cédulas de sufragio y demás documentación proveniente de los consulados y oficinas diplomáticas donde votaron ciudadanos peruanos residentes en el extranjero. Sobre esa base, Juntos por el Perú sostiene que las modificaciones cuestionadas durante la segunda vuelta deben ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Asimismo, aseguró que la Cancillería no podía realizar modificaciones relacionadas con el manejo del material electoral durante la segunda vuelta. Por ello, cuestionó los cambios efectuados en representaciones diplomáticas de países como España y Estados Unidos, lugares donde su agrupación asegura haber detectado las principales observaciones al voto en el exterior.

“Lo estamos interpelando y también lo estamos acusando constitucionalmente porque no podían realizar ningún tipo de modificación, porque el canciller también ha cambiado a embajadores de España, de Estados Unidos, donde estamos presentando y planteando las irregularidades existentes”, denunció.

Para el legislador, los procedimientos aplicados durante la jornada electoral constituyen “gravísimos vicios” que deben ser evaluados por las autoridades competentes. Incluso, afirmó que el Jurado Nacional de Elecciones debería pronunciarse sobre las observaciones formuladas por su agrupación y responder a los cuestionamientos planteados respecto al voto en el extranjero.

“Para Juntos por el Perú y para todo aquel que entiende de normas se han cometido gravísimos vicios”, indicó a la prensa.

El caso deberá ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, donde primero se analizarán los fundamentos presentados y se determinará si corresponde su admisión para investigación.

El legislador Arturo Alegría, de Fuerza Popular, precisó que la autorización parlamentaria se otorgó únicamente para el viaje del presidente y no para la inclusión de otros integrantes en la delegación. En esa línea, cuestionó el tamaño de la comitiva y señaló que no era necesario un grupo tan amplio para la visita oficial.

“El Congreso no le da permiso al señor Balcázar, le da permiso a la figura presidencial... Pero creemos que es innecesario que el presidente haya llevado a una comitiva tan grande, cuando lo propio era que solamente vaya él, seguro el canciller o un ministro más... Lamentamos que se utilicen estos espacios para poder aprovechar estos permisos para poder llevar a sus hijas de vacaciones”, señaló.

En la delegación también estuvo incluida la congresista de Alianza para el Progreso, Lady Camones, generando cuestionamientos sobre la justificación de su presencia en la comitiva oficial y los gastos que habría implicado. Al respecto, el parlamentario de Fuerza Popular indicó que cada integrante debe sustentar su participación y explicar los criterios que motivaron su presencia en la delegación.

“Cada congresista que asume ser parte de una comitiva tiene que tener una motivación. Yo creo que cada quien tendrá que responder cuáles han sido los argumentos. Esas son respuestas que tiene que responder el presidente, saber quién ha cubierto los gastos en viáticos y pasajes a estas personas. El permiso es para que la figura presidencial pueda ausentarse de territorio nacional para que pueda cumplir una misión diplomática”, agregó.

🇵🇪🇻🇦 El presidente José María Balcázar sostuvo una audiencia oficial con el papa León XIV en el Vaticano, encuentro en el que participó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate.

Durante la reunión, el Santo Padre recibió con entusiasmo la… pic.twitter.com/2IXY4lwUM3

— Ministerio de Vivienda (@viviendaperu) June 18, 2026

Llamado a Contraloría

El legislador Carlos Zeballos, del Bloque Democrático Popular, coincidió con la opinión de Alegría y recordó que el Congreso solo autoriza el viaje del presidente y no el de sus acompañantes, por lo que consideró necesario investigar el uso de recursos públicos.

“Lamentablemente, estipula la Constitución que lo único que nosotros autorizamos es el viaje al presidente de la República. Del tema del acompañamiento de sus familiares o de algún otro funcionario, yo creo que los funcionarios tienen que dar cuenta. Todavía no sabemos, se está especulando de que han viajado con presupuesto del Estado, pero habría que ver si han viajado con su propio presupuesto. Sería materia de investigación”, indicó.

Desde Alianza para el Progreso, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu calificó lo ocurrido como un posible aprovechamiento del cargo público y pidió la intervención de los órganos de control para esclarecer el caso.

“Es un aprovechamiento del cargo público y que sea la Contraloría la que haga su trabajo. Que sea el mismo señor Balcázar que se pronuncie y que esclarezca estos actos”, sostuvo.

¿Qué dijo APP sobre la presencia de Lady Camones en la comitiva?

La congresista María Acuña, también de Alianza para el Progreso, reveló que no fue informada sobre la inclusión de Lady Camones en la delegación y afirmó que la situación tomó por sorpresa a los demás miembros de la bancada

“Yo también he sido sorprendida. Tendría que ella dar una respuesta o debe aclarar cómo ha sido invitada. Yo he sido sorprendida porque los congresistas de la región Lambayeque habíamos pedido que se invite a representantes de la zona”, comentó.

Asimismo, descartó la existencia de una reunión interna del partido para informar la incorporación de su colega parlamentaria en el viaje presidencial y aseguró que nunca fue consultada.

“Por supuesto que no (hubo reunión interna), porque no me convocaron y tampoco me enteré”, añadió.

Finalmente, los legisladores coincidieron en que el presidente de la República debe brindar explicaciones sobre la conformación de la delegación y las invitaciones realizadas a familiares y autoridades, así como sobre el presupuesto utilizado en el viaje oficial a Roma.

El ministro de Trabajo, Freddy Solano González, aseguró que no se emplearon recursos del Estado para el traslado de las dos hijas del presidente José María Balcázar durante el viaje oficial del mandatario al Vaticano, donde sostuvo una visita con el papa León XIV.

“Dejemos de lado cualquier tipo de crítica que no suma nada, no llega nada. Ya lo dije hace unos días, busquemos siempre la integridad, la unidad y la reconciliación nacional. Sé por cuenta propia también de que no ha habido ningún tipo de erogación de gasto por parte de las hijas del señor presidente. Entonces, creo yo que hay que dejarlo trabajar, no ha sido dinero del Estado, hay que dejarlo trabajar adecuadamente. Nos queda 42 días y hay que tratar de destrabar y sacar todo lo que podamos adelante”, manifestó Solano.

Solano exhortó a no dar continuidad a los rumores y pidió que se permita al presidente José María Balcázar desarrollar su gestión con normalidad. Sus declaraciones se produjeron tras la presentación de un nuevo reglamento orientado a proteger los derechos laborales de los trabajadores con diagnóstico de cáncer, tanto en el sector público como en el privado.

Cabe recordar que el dominical Cuarto Poder informó que las hijas del presidente Balcázar participaron en la comitiva que viajó al Vaticano con motivo del encuentro con el papa León XIV.

Asimismo, el informe periodístico también señaló que la primera dama, Blanca Nelly Quiroz, fue encargada de la organización del desplazamiento.

La delegación estuvo integrada además por ministros de Estado, funcionarios y personal de seguridad. En el marco del viaje, se confirmó la llegada del papa León XIV al Perú durante la primera quincena de noviembre.

El canciller Carlos Pareja decidió pronunciarse tras la denuncia constitucional que presentó Juntos por el Perú por las presuntas irregularidades que atribuye al manejo del voto de peruanos en el extranjero durante la segunda vuelta electoral.

Dicho recurso fue presentado por el congresista de la Bancada Socialista y senador electo de la agrupación, Jaime Quito, quien acusó al titular de Relaciones Exteriores de una presunta infracción constitucional y de atentar contra el derecho de sufragio.

Mediante la cuenta oficial de X de Cancillería Perú, Pareja aseguró que siempre actuó con “respeto a la legalidad, a la neutralidad del Poder Ejecutivo, a la autonomía de los organismos electorales y a los deberes de responsabilidad, eficiencia y lealtad al Estado peruano”.

“Durante el proceso electoral, el Ministerio de Relaciones Exteriores cumplió, en estricta aplicación de la ley electoral, funciones logísticas y consulares en coordinación con los organismos electorales competentes. La calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no corresponden al Ministerio”, señala el pronunciamiento.

En ese sentido, el canciller asegura que esperará “con serenidad y respeto institucional el pronunciamiento de las autoridades correspondientes, sin perjuicio de ejercer mi derecho de defensa ante las instancias respectivas”.

Pareja reiteró su “reconocimiento a los peruanos en el exterior que ejercieron su derecho al voto, así como a quienes participaron como miembros de mesa y personeros. Ellos son los verdaderos protagonistas de toda elección y merecen que cualquier cuestionamiento se tramite con responsabilidad, respeto a la verdad y sujeción a las instituciones competentes, sin permitir que se altere la voluntad expresada en las urnas”.

Finalmente, Carlos Pareja indicó que “el Ministerio de Relaciones Exteriores respetó escrupulosamente la normativa electoral y garantizó en todo momento la cadena de custodia del material electoral. Ni los observadores internacionales, ni la Contraloría General de la República, ni la Defensoría del Pueblo, ni los observadores del Jurado Nacional de Elecciones ni los propios personeros de los partidos políticos han encontrado irregularidad alguna en el proceso electoral en el exterior que sustente la pretendida acusación institucional”.

📄Pronunciamiento del canciller Carlos Pareja.

👉https://t.co/B0mP2dnYQn pic.twitter.com/hGb9TRpx4f

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 22, 2026

JPP ratifica denuncia constitucional contra canciller por presuntas irregularidades en el voto extranjero

Juntos por el Perú ratificó este lunes la denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja por las presuntas irregularidades que atribuye al manejo del voto de peruanos en el extranjero durante la segunda vuelta electoral. El recurso fue presentado por el congresista de la Bancada Socialista y senador electo de la agrupación, Jaime Quito, quien acusó al titular de Relaciones Exteriores de una presunta infracción constitucional y de atentar contra el derecho de sufragio.

En diálogo con la prensa, el legislador sostuvo que la acusación busca establecer responsabilidades por los cambios que, según su agrupación, se habrían producido en el tratamiento y traslado del material electoral utilizado por los peruanos residentes en el extranjero. Además, señaló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha dado respuesta a los cuestionamientos formulados por su agrupación y, por el contrario, habría atribuido la responsabilidad de estas decisiones al Ministerio de Relaciones Exteriores.

“El Jurado aún no se ha pronunciado respecto a ese tema. Ha sido la ONPE quien se ha pronunciado y más aún la ONPE lo que hace es lavarse las manos y decir que es el Ministerio de Relaciones Exteriores”, manifestó.

Fundamentos de la acusación

De acuerdo con la denuncia constitucional presentada por Jaime Quito, la Cancillería tuvo a su cargo la coordinación logística para el repliegue y traslado hacia el Perú de las actas electorales, cédulas de sufragio y demás documentación proveniente de los consulados y oficinas diplomáticas donde votaron ciudadanos peruanos residentes en el extranjero. Sobre esa base, Juntos por el Perú sostiene que las modificaciones cuestionadas durante la segunda vuelta deben ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Asimismo, aseguró que la Cancillería no podía realizar modificaciones relacionadas con el manejo del material electoral durante la segunda vuelta. Por ello, cuestionó los cambios efectuados en representaciones diplomáticas de países como España y Estados Unidos, lugares donde su agrupación asegura haber detectado las principales observaciones al voto en el exterior.

“Lo estamos interpelando y también lo estamos acusando constitucionalmente porque no podían realizar ningún tipo de modificación, porque el canciller también ha cambiado a embajadores de España, de Estados Unidos, donde estamos presentando y planteando las irregularidades existentes”, denunció.

Para el legislador, los procedimientos aplicados durante la jornada electoral constituyen “gravísimos vicios” que deben ser evaluados por las autoridades competentes. Incluso, afirmó que el Jurado Nacional de Elecciones debería pronunciarse sobre las observaciones formuladas por su agrupación y responder a los cuestionamientos planteados respecto al voto en el extranjero.

“Para Juntos por el Perú y para todo aquel que entiende de normas se han cometido gravísimos vicios”, indicó a la prensa.

El caso deberá ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, donde primero se analizarán los fundamentos presentados y se determinará si corresponde su admisión para investigación.

“Mire, a algunos no les puede gustar, pero mientras esté en el marco de la ley no hay ningún problema. Hay que tener paciencia y cumplir con la ley. El día que el Jurado Nacional de Elecciones diga, ‘ya cumplí mi trabajo’, da su veredicto, nosotros vamos a respetar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones”, señaló ante la prensa.

Defiende derecho a la protesta

A pocos días de que culmine el proceso de reconteo de votos y se proclame los resultados oficiales, aún existen dudas sobre si la medida impulsada por la agrupación de izquierda tendrá algún efecto real dentro del proceso electoral. Al respecto, el exrector de la UNI restó importancia a esta valoración y señaló que depende de cada interpretación y resaltó la importancia del derecho a la protesta dentro del ejercicio democrático.

“Eso depende de cada quien, ¿no? Eso depende de acá. En el año 1922 los estudiantes salieron a marchar. Para mí pacíficamente y el rector abrió sus puertas. La gente decía, ‘¿para qué?’ Era legítimo derecho a la protesta y la misma fue su nido, luego archivó el caso”, respondió a Correo.

Como se recuerda, la agrupación política dirigida por Roberto Sánchez ha cuestionado el proceso de votación de peruanos en el extranjero y ha planteado la posibilidad de anular esos resultados en el marco de sus observaciones al desarrollo electoral. Sobre ello, el líder de Ahora Nación evitó precisar su respaldo a dicha postura y prefirió centrar su respuesta en el respeto a las decisiones que adopten las autoridades electorales dentro de sus competencias.

“Yo respaldo al señor Roberto Sánchez en todo lo que sea y que esté en el marco de la ley. Por ejemplo, convocó una marcha y dijo la marcha es pacífica y salió... Pienso que debemos comprender que el Perú está dividido en dos”, expresó.

El excanciller de la República, Hugo de Zela, rechazó las acusaciones de un supuesto fraude electoral en el extranjero y las calificó como una “maniobra política” basada en el desconocimiento de la normativa vigente y de los procedimientos diplomáticos.

De Zela aclaró que la ausencia de escaneo o registro fotográfico de las actas electorales no implica una vulneración de la cadena de custodia. Según explicó, esta se garantiza desde el momento en que los cónsules reciben los documentos de los miembros de mesa, las embolsan y las sellan, manteniéndolas bajo resguardo permanente hasta su entrega formal a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Yo creo que lo que se puede pensar es que es simplemente una maniobra política; es una acusación que no tiene sustento. Porque lo que se dice es que, como no escanearon las actas, hay un rompimiento de la cadena de custodia. Esa es una afirmación absolutamente ilógica. La cadena de custodia consiste en el protocolo que hay en las medidas que se tienen que tomar para que las actas y los votos no sean alterados. El hecho de que le saquen o no le saquen una foto o un escaneo a un acta no significa que se ha roto la cadena de custodia”, declaró a RPP.

Asimismo, De Zela salió en defensa del diplomático Carlos Pareja ante las versiones que sugieren la existencia de un complot debido a que fue fotografiado junto a un exfuncionario de la administración de Donald Trump. Respecto a los cuestionamientos sobre la denominada “valija diplomática”, precisó que la Convención de Viena la define como un contenedor protegido e inviolable —ya sea un sobre, una bolsa o una caja— y no como un maletín con características de seguridad específicas.

En otro momento de la entrevista, el diplomático se pronunció sobre la investigación que la Cancillería abrió contra Stephen Haas, embajador político del Perú en Francia, a raíz de la realización de una fiesta privada en la residencia oficial del Estado peruano en París.

Tras considerar el hecho como un exceso injustificable, el excanciller recordó que los bienes del Estado no pueden utilizarse para fines particulares. En ese sentido, señaló que, de comprobarse la responsabilidad de Haas, este tendrá que asumir y reembolsar al Estado todos los gastos ocasionados por el evento.

En diálogo con la prensa, el legislador sostuvo que la acusación busca establecer responsabilidades por los cambios que, según su agrupación, se habrían producido en el tratamiento y traslado del material electoral utilizado por los peruanos residentes en el extranjero. Además, señaló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha dado respuesta a los cuestionamientos formulados por su agrupación y, por el contrario, habría atribuido la responsabilidad de estas decisiones al Ministerio de Relaciones Exteriores.

“El Jurado aún no se ha pronunciado respecto a ese tema. Ha sido la ONPE quien se ha pronunciado y más aún la ONPE lo que hace es lavarse las manos y decir que es el Ministerio de Relaciones Exteriores”, manifestó.

Fundamentos de la acusación

De acuerdo con la denuncia constitucional presentada por Jaime Quito, la Cancillería tuvo a su cargo la coordinación logística para el repliegue y traslado hacia el Perú de las actas electorales, cédulas de sufragio y demás documentación proveniente de los consulados y oficinas diplomáticas donde votaron ciudadanos peruanos residentes en el extranjero. Sobre esa base, Juntos por el Perú sostiene que las modificaciones cuestionadas durante la segunda vuelta deben ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Asimismo, aseguró que la Cancillería no podía realizar modificaciones relacionadas con el manejo del material electoral durante la segunda vuelta. Por ello, cuestionó los cambios efectuados en representaciones diplomáticas de países como España y Estados Unidos, lugares donde su agrupación asegura haber detectado las principales observaciones al voto en el exterior.

“Lo estamos interpelando y también lo estamos acusando constitucionalmente porque no podían realizar ningún tipo de modificación, porque el canciller también ha cambiado a embajadores de España, de Estados Unidos, donde estamos presentando y planteando las irregularidades existentes”, denunció.

Para el legislador, los procedimientos aplicados durante la jornada electoral constituyen “gravísimos vicios” que deben ser evaluados por las autoridades competentes. Incluso, afirmó que el Jurado Nacional de Elecciones debería pronunciarse sobre las observaciones formuladas por su agrupación y responder a los cuestionamientos planteados respecto al voto en el extranjero.

“Para Juntos por el Perú y para todo aquel que entiende de normas se han cometido gravísimos vicios”, indicó a la prensa.

El caso deberá ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, donde primero se analizarán los fundamentos presentados y se determinará si corresponde su admisión para investigación.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantiene una ventaja de 40.818 votos sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha contabilizado el 99,691 % de los votos válidos de la segunda vuelta electoral.

Según el último reporte del organismo electoral, Fujimori alcanza el 50,111 % de los votos, equivalentes a 9.188.704 sufragios, mientras que Sánchez obtiene el 49,889 %, con 9.147.886 votos.

Quedan 287 actas pendientes de resolución

La ONPE detalló que aún faltan por revisar 287 actas electorales de un total de 92.766 mesas instaladas. Estos documentos serán evaluados por los Jurados Electorales Especiales (JEE) debido a observaciones o impugnaciones presentadas.

Al considerar que cada acta puede representar hasta 300 electores, todavía quedan por contabilizar aproximadamente 86.000 votos.

La resolución de estas actas y las eventuales apelaciones podrían ser determinantes para consolidar una ventaja irreversible en los próximos días.

Keiko Fujimori afirma que pronto podrá declararse ganadora

Durante una actividad con sus simpatizantes en el sur de Lima, Keiko Fujimori sostuvo que el resultado favorable se consolidará en los próximos días.

“¡Sí se pudo!”, expresó la lideresa de Fuerza Popular, quien afirmó que el país enfrentará importantes desafíos durante los próximos cinco años y pidió unidad entre los peruanos.

La candidata es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó el Perú entre 1990 y 2000.

Roberto Sánchez insiste en anular votos del extranjero

Por su parte, Roberto Sánchez reiteró que el proceso electoral aún no ha concluido y anunció que solicitará la anulación total de los más de 300 mil votos emitidos por peruanos residentes en el exterior.

El candidato de Juntos por el Perú argumenta que existieron presuntas irregularidades en la cadena de custodia de las actas provenientes del extranjero.

No obstante, una solicitud previa presentada para anular cerca de 2.000 mesas de sufragio fue rechazada por las autoridades electorales.

Además, las misiones internacionales de observación electoral no han reportado evidencias de fraude ni irregularidades graves relacionadas con el traslado de las actas.

JNE prevé proclamar resultados antes del 28 de julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prevé proclamar oficialmente al ganador a más tardar a mediados de julio.

La nueva autoridad asumirá la Presidencia de la República el 28 de julio para el periodo 2026-2031, en un contexto marcado por la inestabilidad política que llevó al país a tener ocho presidentes durante la última década.

“Fui a visitar a mi mamá (Susana Higuchi) y a mi papá. Me conmovió encontrarme con tantas personas que siguen llevándolos en su corazón”, expresó la aspirante presidencial en un video difundido mediante la red social Facebook.

El registro audiovisual muestra la presencia de ciudadanos que acudieron al lugar para dejar flores, realizar oraciones y recordar al expresidente Fujimori.

La candidata naranja agradeció las muestras de afecto que recibió durante su visita y los gestos que mantienen por la memoria de su padre, quien falleció el 11 de septiembre de 2024, a los 86 años, por un cáncer de lengua.

El JNE, sin embargo, ya proclamó los resultados oficiales para la elección del próximo Congreso bicameral e incluyó a López-Aliaga como senador electo por distrito electoral único nacional.

El área de prensa de Renovación Popular (RP) ratificó a Correo que el líder “celeste” no jurará como integrante de la Camara Alta, y que quien debería remplazarlo en su escaño es el exministro fujimorista Absalón Vásquez, quien obtuvo 79 mil votos el pasado 7 de junio. No obstante, ¿es viable?

Vacío

El abogado José Villalobos sostuvo que la figura de “desistir” no está establecida en la legislación peruana. Añadió que al no estar regulada hay vacíos legales.

“Es algo distinto a la renuncia, que solo aplica a alguien que está en el ejercicio del cargo y, en este caso, todavía él (López-Aliaga) no ha asumido el cargo para el que ha sido elegido”, explicó.

Villalobos precisó que el artículo 13 del Reglamento del Congreso fija condiciones previas a la juramentación.

“Como requisito para asumir el cargo de senador o diputado, hay dos situaciones. Primero, llenar las declaraciones juradas y los formularios que el Congreso le va a otorgar y, segundo, jurar al cargo”, manifestó el abogado.

Villalobos agregó que al no hacerlo, “queda habilitado el JNE para llamar al siguiente de su lista”.

Precedente

Villalobos identificó un antecedente en el caso de la exregidora Fabiola Morales.

“En 2015 ella no quiso asumir el cargo, le dijo a la municipalidad que ya no iba a asumir, la municipalidad le comunicó al jurado y este llamó al siguiente”, recordó.

En ese entonces, Gustavo Orbegoso asumió el cargo ante Luis Castañeda.

“Son casos similares porque el regidor, como el senador, es un cargo de elección popular”, concluyó el especialista.

Así se expresaba Roberto Sánchez en junio de 2021 cuando los resultados le eran favorables a Pedro Castillo, hoy expresidente sentenciado por el golpe de Estado.

Sin embargo, ahora que los resultados no juegan a su favor y Keiko Fujimori de Fuerza Popular (FP) lo supera por 40,700 votos al 99.688% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de Juntos por el Perú (JP) se olvidó de sus principios.

Y no solo Roberto Sánchez, sino también la mayoría de los representes de la izquierda que hoy pretende desconocer los resultados electorales, pero que en el 2021 lanzaron duras críticas al partido naranja por presentar recursos de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), incluso, ahora son ellos que lo recurren a las argucias legales y movilizaciones en un intento desesperado por cambiar la votación.

CAMBIOS

El 3 de junio, cuando faltaba poco para que se realice la segunda vuelta presidencial, Sánchez -quien ya se creía ganador- hizo una exhortación a Keiko Fujimori para aceptar los resultados.

“Yo de aquí (desde Puno), demando a la señora del caos si va tener la entereza moral para aceptar los resultados. La demando y la exhortó a que se comprometa con el Perú y la democracia”, afirmó.

Sin embargo, días después de la segunda vuelta y cuando la lideresa naranja aventajó a Sánchez, el panorama para el representante de la izquierda cambió.

No solo presentó recursos de nulidad con la finalidad de anular mesas con votos en Lima y en el extranjero, espacios en los que Keiko le sacó amplia ventaja, sino que promovió movilizaciones para “defender el voto”.

El viernes, el JNE rechazó las dos apelaciones que presentó JP para anular actas, por lo tanto, la agrupación agotó la última instancia electoral que podría revertir los resultados.

Ante la derrota, Sánchez anunció que hoy presentarán una solicitud para declarar la nulidad de los votos emitidos por peruanos en el extranjero.

Para el aún congresista, el que se haya modificado el procedimiento para procesar actas consulares, vulneró principios fundamentales de la normativa electoral vigente.

“Eso se llama afectación grave a la intangibilidad de la normativa electoral, ellos cambiaron el procedimiento ¿En algún partido de fútbol han visto ustedes reglas distintas para el primer o segundo tiempo? Nosotros no estamos objetando el voto de los hermanos peruanos en el exterior, en nuestro marco jurídico su voto vale igual al de nosotros", sostuvo.

En otro momento, Sánchez cuestionó el procedimiento para apelar ante el JNE.

“Para tener justicia electoral hay que pagar. Los que han seguido la audiencia han escuchado que el magistrado dijo ¿han pagado el integro de su tasa? No hemos pagado porque en tres días nos han colaborado 780 mil soles nuestro pueblo, un vecino dio un sol, cinco soles, diez soles. Y todos los miles que han dado lo hemos repartido en los tres documentos. Primero nos denegaron todo y cuando pagamos una parte recién admitieron, pero ayer nos recordaron que pagar el íntegro es requisito", indicó.

DISCURSO

No solo es la figura de Roberto Sánchez, sino también de otros representantes de la izquierda como Anahí Durand.

La integrante del equipo técnico de JP dice ahora que su agrupación no habla de fraude, pero “sí están ejerciendo su derecho a la defensa del voto”.

Su respuesta se dio en alusión a los recursos que presentó su partido para anular votos de Lima y el exterior.

Sin embargo, en 2021, Durand tenía un discurso muy diferente cuando Castillo superó a Keiko.

“Hay que respetar este proceso donde todos hemos ido a votar en igualdad de condiciones”, decía la exministra de Castillo.

Como el caso antes mencionados, hay varios ejemplos (ver infografía).

ANÁLISIS

Sobre el recurso que presentará Sánchez, el experto en temas electorales José Naupari, explicó que no se suspende o altera el calendario electoral.

“Lo que podría alterar el resultado es un tema relacionado con actas observadas, pero atendiendo al número de actas observadas y que están pendientes de audiencia y resolución, formalmente hablando no tendría en principio la capacidad de alterar el resultado definitivo”, dijo.

En diálogo con Correo, Naupari dijo que si bien Juntos por el Perú presenta recursos de nulidad y convoca a movilizaciones, lo mismo hizo Fuerza Popular en 2021.

“Uno podría hablar de un doble discurso de ambos lados, tanto de la política como de los medios o de la academia en general. En el 2021 por un hecho se decía que no se configura fraude y ahora por ese mismo hecho consideres que hay fraude y viceversa. Quienes estaban en la otra orilla argumentaban lo mismo que JP”, recordó.

Desde su punto de vista, el hecho de que JP presente más recursos judiciales, no implica ir en contra de la voluntad popular, pero sí puede ser considerado como ejercicio excesivo de presentar recursos.

“Ahí podríamos hablar de un abuso de derecho de acceso a los recursos, porque si presentas acciones o recursos que son manifiestamente improcedentes, lo único que estás haciendo es dilatar. Eso es instrumentalizar el sistema para dilatar un resultado que a nivel de la justicia electoral no se va a poder”, apuntó.

El proceso está vinculado al Expediente N° 02530-2025-0-1801-SP-DC-03, en el que el mencionado tribunal declaró fundada en parte la demanda de amparo interpuesta por Espinoza contra el Congreso y que dejó sin efecto la primera de las dos inhabilitaciones para ejercer función pública –por 10 años– que le impuso el Parlamento.

Pesquisa

La decisión fue adoptada por el pleno de la JNJ en sesión extraordinaria, tras recibir un informe de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios sobre el desempeño de los jueces Sandro Aguilar Gaitán, Néstor Paredes Flores y David Suárez Burgos en dicho caso.

La investigación preliminar se abre tras cuestionamientos al trámite interno de la sentencia. De acuerdo con el diario Expreso, dos magistrados habrían votado tres semanas antes sin conocer el texto final del fallo y el juez dirimente Suárez Burgos terminó como ponente.

Estos señalamientos habrían generado dudas sobre la regularidad del procedimiento y motivaron que el pleno de la Junta evalúe si corresponde abrir un proceso disciplinario de oficio.

En un memorando, al que Correo accedió, la JNJ precisa que la labor de la presidenta se limita a una etapa preliminar para “determinar si existen elementos que justifiquen el ejercicio de la potestad disciplinaria” y que cualquier decisión se adoptará con respeto al debido proceso.

Renovación Popular (RP) dio a conocer este domingo su Plan de Gobierno Municipal 2027, de cara a las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre. En esta contienda, la agrupación política participa con 22 candidatos inscritos que buscan llegar al gobierno metropolitano de Lima.

La fórmula del partido celeste está integrada por el médico Luis Rubio, quien postula a la alcaldía, y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien aspira al cargo de teniente alcalde.

La presentación del plan municipal de RP se produce luego de que el pasado 16 de junio López Aliaga anunciara que no asumiría el cargo de senador para el que fue electo en los últimos comicios generales, en los que también postuló a la Presidencia de la República sin éxito, tras quedar en el tercer lugar en la primera vuelta.

López Aliaga no puede volver a postular a la alcaldía de Lima, ya que la normativa electoral vigente prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes.

El plan municipal de RP fue presentado mediante un video difundido en sus redes sociales. El material inicia con tres minutos de imágenes de la última campaña de López Aliaga, en las que aparece el exalcalde vestido con indumentaria celeste y una gorra del mismo color con la característica “R” en la parte frontal. Posteriormente, el video desarrolla las principales propuestas en materia de seguridad, transporte y la ejecución de megaproyectos viales orientados a atender la crisis de movilidad en Lima.

Seguridad ciudadana y vigilancia inteligente

El plan de seguridad de RP plantea la implementación de una red de vigilancia masiva que contempla la instalación de 10,000 cámaras con inteligencia artificial, además de la creación de unidades de élite especializadas en la lucha contra la extorsión.

Además, el plan contempla la instalación de pórticos de seguridad con sistemas de reconocimiento facial y lectura de placas, con el objetivo de identificar vehículos vinculados a actividades ilícitas en los principales accesos a la ciudad.

“Invertiremos en tecnología de última generación para identificar, localizar y capturar a quienes hoy amenazan la tranquilidad de los limeños [...]. Con inteligencia artificial y monitoreo permanente protegeremos cada zona de Lima”, indican en el video.

Eliminación de la ATU y el impulso del desarrollo de las líneas del Metro de Lima

En materia de movilidad, la agrupación política propone impulsar las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, además de la construcción de un tren de pasajeros que conecte Chosica con el Callao.

Asimismo, plantea promover una iniciativa para eliminar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y recuperar las concesiones de peajes en la ciudad metropolitana.

Infraestructura 

El programa de obras públicas contempla la ampliación de la autopista Ramiro Prialé en cinco kilómetros adicionales, así como la construcción de un túnel en La Herradura, en Chorrillos, que permita conectar la Costa Verde con los distritos del sur como Lurín y Punta Hermosa.

Además, se proyecta la implementación de una red de vías rápidas con bypasses en puntos críticos como la avenida Angamos, El Derby y la Panamericana Sur, con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular.

Bienestar social 

En materia de bienestar social, RP mantiene la propuesta con la que López Aliaga llegó a la alcaldía de Lima, a través del programa Hambre Cero, orientado a asegurar presupuesto para las ollitas comunes y el acceso a agua de emergencia en las zonas altas de los cerros.

En el ámbito de salud, el plan plantea la creación de nuevas sedes del Hospital de la Solidaridad, así como la puesta en valor del albergue San Vicente de Paúl para transformarlo en un hospital especializado en niños con habilidades especiales.

“Las ollitas comunes no estarán solas. El acceso al agua no puede seguir siendo un privilegio. Llevaremos soluciones inmediatas a quienes más lo necesitan”, señalan en el clip.

En el dominical de Punto Final, Juan Julio Espejo, director del plantel, describió una situación que se arrastra desde hace 12 años, ya que el pabellón de secundaria fue declarado inhabitable por el municipio distrital. Además, se visualizan estructuras dañadas, grietas y más situaciones que ponen en peligro la vida de los estudiantes.

Debido a esta problemática, los alumnos deben estudiar en aulas prefabricadas bajo condiciones poco óptimas. A pesar de la visita de autoridades, el director informó que no se cuenta con un expediente técnico hasta la fecha.

La brecha de infraestructura educativa en el país supera los 35 mil millones de dólares. A esto se suma la falta de atención en hospitales del Perú, como el nosocomio Goyeneche en Arequipa y el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega en Abancay. Los trabajos de remodelación llevan años en la lista y funcionan a capacidad limitada.

¿HABRÁ PRESUPUESTO EN EL PRÓXIMO GOBIERNO PARA CERRAR BRECHAS?

De acuerdo a varios economistas, el Congreso está dejando una “bomba de leyes” que tendrá un significativo impacto fiscal y comprometerá recursos futuros del Estado.

Según el Consejo Fiscal, entre agosto de 2021 y diciembre de 2026 se promulgaron 248 leyes con impacto fiscal adverso. De este total, 199 incrementan el gasto público a través de compromisos pensionarios o remuneraciones; otras 39 erosionan el ingreso económico a través de creación o implementación de nuevos beneficios tributarios sin sustento técnico; y 10 leyes incrementan las transferencias económicas a los gobiernos locales.

Cabe mencionar que 101 de esas leyes fueron aprobadas y promulgadas por insistencia por el Congreso. El costo anual de este tipo de iniciativas representaría un incremento de 36 mil millones de soles en el presupuesto nacional, considerado el más alto registrado en todo el periodo.

A esto se suman las nuevas leyes aprobadas entre marzo y abril de este 2026. Es el caso de la Ley 32581, la cual homologa las pensiones de los maestros jubilados y tiene un costo de 5 670 millones de soles. También se suma la Ley 32561, con un costo de 16 100 millones de soles (costo a 50 años).

Al respecto, Diego Macera, director del IP y miembro del Consejo Fiscal, alertó que la situación se ha puesto “peor” y que deberá enfrentar el próximo gobierno, pues entre marzo y abril se han aprobado nuevas normas de mayor impacto fiscal. “Se destina dinero para este lado y se corta en otro lado, como en infraestructura, programa de becas y más”, sostuvo.

“Hoy podemos pagar, bien o mal, parte de esto porque tenemos alto precio de los minerales. Pero qué va a pasar cuando en algún momento bajen”, advirtió el economista.

Ese próximo gobierno heredará también una decisión política de alto costo: si presenta o no acciones de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas por el Congreso que integran esta carga fiscal.

La Comisión de Vivienda evaluará un predictamen sobre la adjudicación de terrenos estatales ocupados por mercados. El debate se centra en observaciones del Ejecutivo a la norma vigente.

Relaciones Exteriores revisará acuerdos de cooperación con Alemania y un proyecto para modernizar un muelle en Arica. También se analizarán convenios técnicos vinculados a acción climática.

La Comisión de Fiscalización recibirá al ministro de Salud para informar sobre vales nutricionales, situación laboral en redes de Lima y el proceso SERUMS 2026-I. También se presentará el contralor para exponer su informe de gestión 2025.

Finalmente, la Comisión de Educación debatirá la creación de nuevas universidades en Huánuco y Ayacucho, además de cambios al Colegio de Psicólogos del Perú. Transportes evaluará declarar de interés nacional la línea férrea entre Cusco y Madre de Dios.

Las comisiones abordarán temas de salud, educación, infraestructura y control gubernamental en una sola jornada. Las conclusiones de los debates serán derivadas a las instancias legislativas correspondientes.

Según un reportaje de Cuarto Poder, la cita debía realizarse en París como parte de las gestiones relacionadas con el proceso de incorporación del Perú a la OCDE. Sin embargo, el compromiso fue suspendido mientras el mandatario cumplía actividades en Italia, donde sostuvo una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano.

Viaje se realizó en fecha inicialmente prevista

La visita presidencial también generó cuestionamientos luego de que registros migratorios confirmaran que Balcázar abandonó el país el 15 de junio. La información contradijo el anuncio realizado un día antes por el propio jefe de Estado, quien había señalado que postergaría su viaje para permanecer en Lima y seguir de cerca denuncias relacionadas con el proceso electoral.

Según los registros oficiales, el desplazamiento se efectuó en la fecha originalmente establecida. Además, durante los primeros días de la gira no se difundieron actividades públicas ni imágenes oficiales desde Palacio de Gobierno.

Observaciones a la delegación presidencial

La conformación de la comitiva también despertó críticas por la participación de familiares del mandatario. De acuerdo con los registros del viaje, la delegación se amplió para incluir a las hijas del presidente, Tania Balcázar y Ana Balcázar, durante la visita al Vaticano.

La primera dama, Blanca Nelly Quiroz de Balcázar, participó en las coordinaciones realizadas ante la Cancillería para concretar la visita oficial. Asimismo, se reportó que la delegación peruana no convocó a medios de comunicación nacionales y permitió únicamente la presencia de un fotógrafo oficial.

Otro aspecto observado fue la conformación del equipo encargado de la protección presidencial durante la gira. El resguardo estuvo a cargo de la comandante PNP Sarita Bravo y del coronel PNP Manuel Jesúquez Idrogo.

Según la información difundida, ninguno de los dos oficiales contaba con la capacitación especializada exigida para la seguridad de altas autoridades en misiones internacionales. Este hecho generó interrogantes sobre los criterios empleados para su designación.

Durante su permanencia en Europa, el presidente y la primera dama se alojaron en la residencia del embajador peruano en Italia. En tanto, otros integrantes de la delegación se hospedaron en el Grand Hotel Plaza de Roma.

El viaje demandó un gasto superior a los 271 mil soles de recursos públicos. La cancelación de la reunión con la OCDE y las observaciones a la comitiva han colocado la visita oficial bajo cuestionamiento político en los últimos días.

Según un reportaje de Punto Final, entre los principales ejes centrales están la seguridad ciudadana, preparación ante el fenómeno de El Niño y el manejo de la situación fiscal del país.

SEGURIDAD CIUDADANA

En materia de seguridad, la propuesta de Fuerza Popular incluye la implementación rápida de Centros de Comando y Videovigilancia (C5i), un sistema destinado a integrar cámaras, comunicaciones y plataformas de monitoreo para mejorar la respuesta policial en tiempo real.

El plan plantea que este sistema pueda comenzar a ejecutarse en los primeros 100 días de gestión, junto con el fortalecimiento de las unidades de flagrancia, la modernización de comisaría y la compra de patrulleros y de equipos de inteligencia mediante decretos de urgencia.

No obstante, especialistas advierten que la magnitud del proyecto podría extender sus plazos de ejecución. El exministro del Interior, Carlos Basombrío, señaló que la implementación del C5i no solo requiere de inversión, sino también de buena estructura.

“Eso cuesta 500 millones de dólares y, de repente, en mil días se podría tener el esquema financiero y listo para ponerlo en práctica (...) El C5i necesita una ciudad inteligente para operar, y eso requiere semáforos automatizados y más cosas, pero no se tiene”, sostuvo.

Respecto a las leyes procrimen, Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, indicó que serán evaluadas por una comisión que será integrada por las entidades correspondientes.

FENÓMENO DE EL NIÑO

Otro de los desafíos inmediatos sería la gestión del fenómeno de El Niño, cuyo periodo crítico se proyecta entre diciembre de este año y abril del próximo.

El plan contempla la activación de fondos de contingencia a través de COFIDE para las pymes que se puedan ver afectadas.

Al respecto, Galarreta denunció que Juntos por el Perú estaría retrasando la transferencia de mando y, por ende, el trabajo inmediato ante estas emergencias. “Queremos saber cómo está la situación, qué maquinarias tener, qué canales. Todos saben cuándo va a venir el fenómeno de El Niño, pero no queremos correr”, dijo.

AJUSTE FISCAL

En el frente económico, distintos voceros del partido han expresado preocupación por el incremento del gasto público y los compromisos presupuestales asumidos en los últimos meses.

“Quieren dejar amarrado (al Perú) hasta diciembre los gastos. Hubo mucho festín en el Congreso. Se deben corregir las normas populistas”, afirmó Galarreta.

¿QUIÉNES INTEGRARÍAN EL GABINETE DE KEIKO FUJIMORI?

Aunque aún no existe confirmación oficial, en el entorno de Fuerza Popular ya circulan posibles nombres para un futuro gabinete ministerial.

Entre ellos figuran Luis Carranza para el Ministerio de Economía y Finanzas; Marco Vinelli en Agricultura y César Astudillo para Defensa. Para el Ministerio del Interior, se mencionan como alternativas a Marco Miyashiro, Fernando Rospogliosi y Juan Carlos Sotil Toledo.

El recurso fue presentado por el personero legal de la organización política, Pablo Salas Charca, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La denuncia tiene como uno de sus principales fundamentos la Resolución Jefatural N.° 90-2026-JN/ONPE, emitida pocos días antes de la segunda vuelta presidencial.

Cuestionamientos a medidas aplicadas en la segunda vuelta

Entre los principales cuestionamientos figuran la fusión de mesas de sufragio, la designación de miembros de mesa por parte de funcionarios consulares y el traslado de documentación mediante valijas diplomáticas en lugar de la digitalización inmediata. La agrupación sostiene que estas medidas alteraron procedimientos electorales y por ello solicita la apertura de un juicio político y un antejuicio contra el canciller.

JPP también señala que las decisiones adoptadas durante la segunda vuelta deben ser revisadas por el Congreso. Sin embargo, la ONPE había aprobado en febrero una resolución que incorporó el escaneo de actas durante la primera vuelta sin que entonces se presentaran recursos de nulidad o denuncias similares.

Tanto la ONPE como el Ministerio de Relaciones Exteriores han defendido la legalidad de las medidas adoptadas durante el proceso electoral. Ambas instituciones sostienen que se trató de disposiciones operativas que no modificaron la normativa vigente.

Por su parte, Carlos Pareja ha señalado previamente que la Cancillería actuó como entidad encargada de ejecutar las disposiciones de la ONPE. Asimismo, afirmó que el traslado del material electoral se realizó bajo protocolos de seguridad y sin registrarse irregularidades.

📄Comunicado de Prensa 026-26: Sobre el proceso electoral en el exterior.

👉 https://t.co/fR2AU8Uxt1 pic.twitter.com/GUJQtvo0eJ

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 19, 2026

El Poder Judicial declaró improcedente la medida cautelar presentada por la expresidenta Dina Boluarte, con la que buscaba suspender los efectos de su vacancia por incapacidad moral permanente.

La I Sala Constitucional de Lima rechazó el pedido presentado por Dina Boluarte, mediante el cual solicitaba la suspensión de los efectos de la declaración de incapacidad moral permanente mientras se evaluaba su demanda de amparo para anular la decisión del Congreso.

La defensa legal de la exmandataria argumenta que la vacancia habría vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso en sede parlamentaria, el derecho de defensa, la igualdad, el honor y la buena reputación. Asimismo, sostiene que el procedimiento le fue comunicado con solo una hora de anticipación.

Pese a los argumentos expuestos por los abogados de Boluarte, la I Sala Constitucional de Lima concluyó que estos deben ser evaluados con mayor profundidad en el proceso principal. Además, advirtió que conceder la medida cautelar implicaría afectar directamente los efectos de la decisión adoptada por el Congreso.

Como se recuerda, la presidenta de la República, Dina Boluarte, fue vacada de su cargo a las 00:07 horas del 10 de octubre de 2025, luego de que el Congreso la destituyera por incapacidad moral permanente.

La votación determinó que la vacancia de Boluarte Zegarra fue unánime, al registrarse 122 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.

Como se recuerda, el 19 de junio se venció el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, así como el cierre del ROP.

De cara a los siguientes meses, el calendario contempla los siguientes hitos:

• 26 de julio: La ONPE realizará el sorteo de los miembros de mesa.
• 5 de agosto: Se publicarán las listas de candidatos admitidos y vencerá el plazo para renuncias y retiro de listas.
• 20 de agosto: Los Jurados Electorales Especiales (JEE) resolverán en primera instancia las tachas y exclusiones.
• 4 de setiembre: Se resolverán las apelaciones correspondientes.
• 5 de setiembre: Quedarán inscritas las candidaturas definitivas.
• 3 de octubre: Vence el plazo para la exclusión de candidatos por situación jurídica del candidato.
• 4 de octubre: Día de las elecciones.

Ante ello, el JNE exhortó a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a informarse a través de los canales oficiales y a respetar los plazos establecidos, a fin de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente y conforme a ley.

La lideresa fujimorista permaneció algunos minutos junto al lugar donde reposan los restos del exmandatario. Durante ese tiempo participó en un momento de oración y reflexión acompañado por personas que se encontraban en el recinto.

Recibió muestras de respaldo

La presencia de la candidata generó la atención de varios visitantes que recorrían el cementerio. Algunos de ellos se acercaron para saludarla y acompañarla durante el homenaje realizado en memoria de su padre.

Minutos después, más personas se sumaron al acto de recogimiento. Los asistentes compartieron una oración junto a la dirigente política y expresaron mensajes de respaldo durante su permanencia en el lugar.

Fujimori conversó brevemente con quienes la acompañaron durante el recorrido y accedió a tomarse fotografías con simpatizantes que se acercaron para expresarle su apoyo.

Posteriormente, la lideresa de Fuerza Popular se dirigió hacia la escultura de su padre ubicada dentro del recinto y recordó distintos episodios compartidos a lo largo de los años.