La decisión fue adoptada el pasado 22 de mayo por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de Lima. Con este recurso, la defensa de Bermejo intentaba frenar la ejecución de la condena dictada el 24 de octubre de 2025, hasta que la Corte Suprema emita un fallo definitivo respecto al pedido de nulidad de la sentencia.

Los abogados del parlamentario sostuvieron que el delito por el que fue condenado corresponde a uno de “mera actividad o peligro abstracto”. En esa línea, afirmaron que la sentencia sanciona únicamente la presunta pertenencia ideológica a la organización, sin que su defendido haya ejercido un rol orgánico ni participado en estructuras armadas o en actos que atenten contra la vida o integridad de las personas.

Además, la defensa de Bermejo destacó que el legislador habría mostrado un comportamiento procesal adecuado, asistiendo a todas las citaciones fiscales y judiciales. Asimismo, señaló que cuenta con arraigo familiar, domiciliario, laboral y político, considerando su condición de congresista y militante del movimiento Voces del Pueblo, lo que —según su postura— descartaría un eventual riesgo de fuga.

No obstante, al analizar el pedido, la sala superior concluyó que no se cumplen de forma conjunta los presupuestos legales necesarios para otorgar la suspensión de la ejecución de la pena. De acuerdo con la resolución a la que tuvo acceso RPP, los magistrados determinaron que la naturaleza y gravedad del delito justifican la condena impuesta.

En esa línea, el colegiado precisó que no resulta jurídicamente válido emplear esta vía incidental para pretender un nuevo análisis de argumentos que ya fueron debatidos de manera contradictoria durante las audiencias del juicio oral.

Luego de esta esolución desfavorable, Guillermo Bermejo deberá seguir cumpliendo su condena en el Establecimiento Penitenciario Ancón I, donde permanecería privado de su libertad hasta el año 2040.

El Poder Judicial evaluará este jueves 28 de mayo si confirma el archivo del proceso penal seguido a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos con agravante de organización criminal en el denominado caso “Cócteles”.

La audiencia virtual fue programada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional y se desarrollará desde las 10:00 a.m.

El tribunal revisará los recursos de apelación presentados por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Fiscalía y Procuraduría buscan anular resolución

Ambas instituciones solicitan anular la resolución emitida por el juez Wilson Verástegui el pasado 13 de enero.

En dicha resolución, el magistrado ejecutó una sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 2 de octubre de 2025 y declaró el sobreseimiento definitivo del proceso contra Keiko Fujimori por lavado de activos y organización criminal.

La decisión también alcanzó a otros procesados vinculados al caso.

La Fiscalía sostiene que existe una motivación incongruente en la resolución judicial y cuestiona que se limite la facultad constitucional del Ministerio Público para ejercer acción penal.

Además, argumenta que el juzgado emitió un pronunciamiento de fondo dentro de un proceso cuya eficacia jurídica había quedado suspendida tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

Cuestionan efectos de sentencia del Tribunal Constitucional

Por su parte, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos también pidió que se anule la resolución y se emita un nuevo pronunciamiento.

Entre sus argumentos, sostiene que el Tribunal Constitucional dispuso dejar sin efecto actos procesales desde la investigación preliminar, por lo que el proceso debía retornar a esa etapa y no mantenerse en fase intermedia.

Asimismo, cuestiona que los efectos de la sentencia hayan sido extendidos a coprocesados que no fueron individualizados expresamente en la resolución constitucional.

Apelaciones de Mark Vito y MVV Bienes Raíces

La Segunda Sala Penal de Apelaciones también revisará los recursos presentados por Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, y la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C.

Ambos buscan revocar la decisión judicial que mantuvo vigente la imputación fiscal por presunto lavado de activos.

La defensa cuestiona que el juez Verástegui no haya extendido a su favor los alcances de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.

Otros delitos continúan vigentes

Aunque el juez Wilson Verástegui archivó el proceso por lavado de activos y organización criminal, dispuso que continúen vigentes las imputaciones por falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica contra Keiko Fujimori y otros integrantes de Fuerza Popular.

Por ello, ordenó devolver el requerimiento fiscal al Ministerio Público para que emita un nuevo pronunciamiento respecto a esos cargos específicos.

El Poder Judicial reprogramó para el próximo 4 de junio la audiencia de control de acusación contra el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

El proceso está relacionado con el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo vinculado a aportes, ingresos y gastos de campaña reportados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La decisión fue adoptada por el juez Adolfo Farfán durante una audiencia virtual realizada este miércoles.

Juez evaluará pedido de nulidad

Durante la sesión, el magistrado informó que antes de decidir si el caso avanza a juicio oral deberá resolver un pedido de nulidad presentado por la defensa del candidato presidencial.

“Ojo, que todavía no hemos instalado la audiencia, vamos a resolver previamente la nulidad”, señaló el juez Farfán.

La audiencia quedó reprogramada para el jueves 4 de junio a las 3:30 p.m.

En esa fecha, el juez evaluará el recurso planteado por la defensa y posteriormente definirá el futuro procesal del caso.

Defensa cuestionó situación jurídica de investigados

Durante la audiencia, la defensa legal de Roberto Sánchez sostuvo que existiría una confusión respecto a la situación jurídica de algunos investigados dentro del proceso.

Entre ellos mencionó a William Sánchez Palomino, hermano del candidato presidencial.

Según explicó el abogado, una resolución previa de la sala superior declaró fundada una excepción de improcedencia de acción por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas.

En esa línea, sostuvo que Roberto Sánchez “ya no tiene ninguna causa pendiente” en ese extremo del proceso, debido a que la sala habría dispuesto el sobreseimiento definitivo.

Fiscalía aclara alcance del sobreseimiento

Sin embargo, la representante del Ministerio Público aclaró que el actual requerimiento de sobreseimiento no alcanza ni a Roberto Sánchez ni a su hermano.

Precisó que dicho pedido solo corresponde a otros investigados vinculados al caso como presuntos cómplices.

Posteriormente, el juez Farfán explicó que dentro del proceso existen seis encausados: cuatro con acusación vigente y dos con sobreseimiento.

Investigación continúa por presunta falsa declaración

La investigación fiscal continúa por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y por el presunto falseamiento de información vinculada a aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas ante la ONPE.

El Poder Judicial deberá determinar en la próxima audiencia si el proceso avanza a la etapa de juicio oral.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que estaría dispuesto a renunciar a la Presidencia y convocar a nuevas elecciones generales si un eventual Congreso opositor no respeta, según dijo, la voluntad popular.

Las declaraciones fueron realizadas durante un mitin político en Pachacútec, uno de los sectores más poblados del distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

“Las fuerzas golpistas tienen que saber que acá nadie ‘arruga’”, manifestó el postulante ante sus simpatizantes.

“Estoy en condiciones de renunciar”

Durante su discurso, Sánchez cuestionó la posibilidad de enfrentar un Parlamento bicameral adverso a su eventual gestión.

“A ver, pues, atrévanse, porque estamos listos. Nos vamos a ir si no van a respetar la democracia ni la voluntad de nuestro pueblo”, afirmó.

“Perfecto, estoy en condiciones de renunciar y llamar a nuevas elecciones generales”, agregó.

El candidato no precisó en qué escenarios concretos plantearía una eventual renuncia ni cómo se desarrollaría el proceso de convocatoria electoral.

Promesa sobre Pachacútec

En otro momento de su intervención, Roberto Sánchez reiteró su propuesta de convertir Pachacútec en distrito en caso de llegar al Gobierno.

El candidato señaló que esta medida buscaría fortalecer la atención estatal y la autonomía administrativa de la zona ubicada en Ventanilla.

No respondió sobre incidente en Huaral

Sánchez evitó pronunciarse sobre la detención de un hombre que portaba un arma de fuego durante una actividad política realizada horas antes en la provincia de Huaral.

El postulante continuará este miércoles sus actividades proselitistas en la ciudad de Pucallpa, en la región Ucayali, como parte de su denominada “ruta castillista”.

Pacheco Zerga dejó el cargo antes de concluir su periodo al frente del Tribunal Constitucional. La magistrada asumió la presidencia de la institución el 5 de septiembre de 2024, cuando reemplazó a Francisco Morales.

Cabe señalar que la presidencia del Tribunal Constitucional tiene una duración de dos años y, de acuerdo con su Ley Orgánica, solo permite una reelección adicional por un año.

Pese a que dejó la presidencia del TC, Luz Pacheco continuará integrando el organismo, conformado por siete magistrados.

Hasta el momento, no se han precisado las razones por las cuales Pacheco Zerga decidió no continuar al frente del Tribunal Constitucional.

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Luz Pacheco renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional

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— Canal N (@canalN_) May 27, 2026

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, aseguró que la institución brindará todas las facilidades al Ministerio Público tras el informe de la Contraloría que advierte presuntas irregularidades cometidas por funcionarios durante la primera vuelta electoral.

Pachas señaló que la ONPE ya viene coordinando directamente con el fiscal encargado del caso y confirmó que se habilitó un espacio dentro de la institución para facilitar las diligencias.

“ONPE va a brindar todas las facilidades del caso”, afirmó.

Asimismo, indicó que el desarrollo y plazos de la investigación corresponden exclusivamente al Ministerio Público.

Preocupación por el paro agrario

Durante sus declaraciones, el funcionario también expresó preocupación por el paro agrario que se desarrolla en distintas regiones del país.

Pachas pidió al Poder Ejecutivo solucionar el conflicto para evitar afectaciones en el proceso electoral de la segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio.

“He hecho la invocación al Poder Ejecutivo para que solucionen el problema del paro agrario”, manifestó.

Según explicó, las protestas podrían perjudicar el traslado del material electoral, las capacitaciones y los simulacros previstos antes de la jornada electoral.

Simulacro de cómputo será el 31 de mayo

El titular interino de la ONPE recordó que el próximo 31 de mayo se realizará el simulacro nacional de cómputo de la segunda vuelta electoral.

La actividad se desarrollará tanto en Lima como en los 126 centros de cómputo implementados a nivel nacional.

Además, exhortó a miembros de mesa y ciudadanos interesados a participar en las capacitaciones correspondientes para garantizar el correcto desarrollo de los comicios.

Llamado a garantizar elecciones normales

Finalmente, Bernardo Pachas reiteró que el conflicto agrario afecta no solo a la ONPE, sino también a la ciudadanía que deberá acudir a votar.

En ese sentido, pidió asegurar las condiciones necesarias para que la segunda vuelta electoral se realice con normalidad.

La supervisión del embarque estuvo a cargo del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, quienes constataron el desarrollo del proceso en presencia de observadores internacionales.

Entre los observadores internacionales destacó la presencia de Alexander Gray, integrante de la misión de observadores de la Unión Europea desplegada en el país. Los contenedores, distribuidos por el consorcio AFE, incluyen ánforas, cédulas de sufragio, actas electorales y demás documentación necesaria para el desarrollo de la jornada electoral.

Por vía aérea, el material electoral es trasladado desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con destino a las provincias amazónicas de Atalaya, Coronel Portillo, Puerto Inca, Requena, Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Tambopata.

En cuanto a la vía terrestre, las unidades trasladan el material electoral hacia las oficinas descentralizadas instaladas en Chachapoyas, Moyobamba, Bagua, Bongará, Jaén, Mariscal Cáceres, San Martín, Alto Amazonas, Quispicanchi, Canchis y Espinar.

El despliegue se realiza tras los inconvenientes reportados durante la primera vuelta del 12 de abril, cuando varias mesas de sufragio no lograron instalarse en el horario previsto debido a demoras en la distribución del material electoral.

Ante este antecedente, las autoridades electorales afirmaron que se han implementado acciones preventivas para asegurar que el material electoral sea distribuido a tiempo en todos los locales de votación del país desde las 6:00 a.m.

“El plan es abrir los locales de votación a las 6:00 de la mañana. A esa hora ingresarán los miembros de mesa, los electores, los personeros, la prensa y todo el personal acreditado del JNE”, expresó a la prensa.

Asimismo, se solicitó a los colegios ceder sus instalaciones desde el viernes 5 de junio, con el objetivo de “acantonar a las Fuerzas Armadas y, segundo, a la Policía Nacional, para poder iniciar” el proceso electoral.

En esa misma línea, y ante el paro agrario registrado en diversas regiones del país, Bernardo Pachas exhortó al Gobierno central a atender el conflicto, al considerar que esta situación “representa un riesgo para el traslado” del material electoral.

Por su parte, Roberto Burneo señaló que equipos de fiscalización acompañarán no solo el proceso de despliegue del material electoral, sino que permanecerán de manera continua junto a los otros 25 mil fiscalizadores que serán destinados a nivel nacional.

“Ellos no solo estarán el día de la votación, sino desde días antes para el cierre de los hitos electorales, tales como el cierre de campaña, la verificación de los más de 10,000 locales de votación a nivel nacional y la confirmación del arribo del material”, indicó.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aseguró que el sistema electoral trabaja de manera articulada con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para garantizar el correcto despliegue del material electoral de cara a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

Las declaraciones fueron brindadas durante la supervisión del inicio del traslado del material electoral hacia distintas regiones del país.

“Es importante resaltar la presencia y la articulación que venimos demostrando las dos entidades del sistema electoral a efecto de transparentar todo el proceso de despliegue”, manifestó Burneo.

Objetivo: evitar problemas logísticos

El titular del JNE indicó que el principal objetivo es asegurar que el material electoral llegue oportunamente a todos los locales de votación y que la jornada se desarrolle con normalidad.

En esa línea, señaló que las coordinaciones entre el JNE y la ONPE buscan evitar problemas logísticos registrados durante la primera vuelta electoral.

Asimismo, exhortó a universidades privadas y colegios particulares a entregar sus instalaciones un día antes de los comicios para facilitar el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“Invocamos a las autoridades universitarias y colegios privados que nos den esa facilidad”, sostuvo.

Resultados oficiales podrían conocerse en menos de un mes

Respecto al plazo de proclamación de resultados oficiales, Burneo estimó que podría concretarse en menos de un mes, dependiendo de posibles impugnaciones o pedidos de nulidad.

“Estimamos que en menos de un mes o quizás en un mes estaríamos ya proclamando resultados”, afirmó.

El magistrado también solicitó al Gobierno central garantizar la seguridad durante el traslado del material electoral y brindar apoyo logístico a las fuerzas del orden.

Fiscalización reforzada para la segunda vuelta

Burneo confirmó que el Jurado Nacional de Elecciones reforzó el número de fiscalizadores electorales para esta segunda vuelta presidencial.

Precisó que habrá supervisión permanente antes, durante y después de la jornada electoral.

Los fiscalizadores participarán en actividades relacionadas con el cierre de campaña, supervisión de locales de votación, llegada del material electoral y conteo de votos.

Informe de Contraloría sobre la ONPE

Consultado sobre el informe de la Contraloría que advierte presuntas irregularidades en la contratación de la empresa encargada de distribuir material electoral durante la primera vuelta, Burneo evitó pronunciarse.

“No tenemos información de primera mano en torno a esas conclusiones”, declaró.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para participar masivamente en las elecciones del próximo 7 de junio y aseguró que el sistema electoral actuará con independencia y transparencia.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP) es acusado de desviar S/280 000 del partido a sus cuentas personales y a las de su hermano, William Sánchez, en el 2018 y 2020.

A la espera

Los hermanos Sánchez Palomino, junto a otros cuatro dirigentes de JP -los tesoreros Raúl del Castillo y Rubén Herrada, el contador José Guardia y el excandidato al Senado Manuel Torbisco-, son acusados del presunto delito de administración fraudulenta. El grupo enfrenta 5 años y 4 meses de prisión.

La denuncia fue presentada por militantes del partido de izquierda en el año 2020. Según la tesis fiscal, Roberto Sánchez, en su condición de presidente del partido, ordenó que los fondos partidarios de dos procesos electorales sean depositados en cuentas no oficiales.

El primer hecho ocurrió en el 2018 con el dinero de los aportantes que aspiraban a participar en las elecciones municipales de aquel año. Un total de S/204 000 terminaron en las cuentas del hermano del hoy candidato, con comprobantes de pago de por medio, sostiene la Fiscalía. Aún así, no se reportó nada ante la ONPE.

Dos años después, habría sucedido lo mismo con el dinero de los simpatizantes que buscaban participar de las elecciones congresales extraordinarias del 2020. Cada uno debía depositar S/1000. Para ello, se dispuso usar la cuenta bancaria personal del actual aspirante al sillón de Pizarro. En este segundo hecho, se estableció un faltante de S/75 750, según la investigación fiscal difundida por Cuarto Poder.

De acuerdo a la resolución judicial compartida por dicho programa, el juzgado antes mencionado agendó la audiencia para “emitir un nuevo auto de enjuiciamiento”. Sin embargo, se espera que la defensa presenté algún recurso que dilate esta decisión.

Actividad

Durante un mitin en Huancayo, la lideresa fujimorista recordó que Junín fue una de las regiones más golpeadas por el terrorismo y destacó el legado del expresidente Alberto Fujimori, a quien atribuyó haber llevado “la paz, la estabilidad económica y el desarrollo”.

“Hoy vemos que nuevamente el miedo toma el control de las calles y de nuestras familias, pero es un miedo distinto: es el terrorismo urbano”, señaló en alusión a la delincuencia.

En ese contexto, anunció medidas para enfrentar el crimen y reforzar el control del Estado.

“Vamos a recuperar el orden con un equipo que ya dio resultados con Marco Miyashiro, que se encargó de capturar a Abimael Guzmán, con el general Astudillo que sacó a los rehenes de la embajada”, expresó.

Asimismo, aseguró que retomará el control de las fronteras y cárceles, y realizará operativos contra secuestradores, extorsionadores y delincuentes.

“Vamos a buscar a los secuestradores, a esos que piden cupos, a ellos que matan a los bodegueros. Conmigo el orden va a regresar”, sostuvo.

En otro momento, la candidata anunció que relanzará el programa Sierra Verde, impulsado durante el gobierno de su padre para promover la reforestación y almacenamiento de agua en zonas altoandinas.

“Voy a rescatar y fortalecer los programas buenos de otros presidentes. El programa Juntos que creó el señor Toledo tiene que ser ampliado. El programa Beca 18 que hizo Humala. El programa Pensión 65 también de Humala va a convertirse ahora en pensión universal. Las cosas buenas, se trate de quien se trate, tienen que continuar”, indicó.

La decisión fue oficializada mediante la resolución suprema Resolución Suprema N° 162-2026-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano. En el documento se precisa que la participación forma parte de una agenda de trabajo vinculada a cooperación internacional en materia de justicia.

¿Qué actividades realizará el ministro?

El encuentro reunirá a autoridades del sector justicia de los países integrantes del bloque regional. La agenda contempla el intercambio de experiencias sobre sistemas penitenciarios y políticas de administración de justicia.

Durante la reunión se abordarán temas comunes entre los Estados participantes. El objetivo es fortalecer mecanismos de coordinación en el ámbito judicial y penitenciario.

El ministro también sostendrá una reunión de trabajo con la Embajada del Perú en Paraguay. La coordinación está orientada a la organización de la participación peruana en el evento internacional.

Además, se tiene prevista una reunión con el ministro de Justicia de Paraguay, Rodrigo Nicora. En ese espacio se tratarán temas vinculados a la cooperación entre ambos países en materia penitenciaria.

Como parte de la agenda, se realizarán visitas a establecimientos penitenciarios en Paraguay. Estas actividades permitirán conocer el funcionamiento del sistema carcelario del país anfitrión.

La información recopilada será parte de los temas de análisis durante el encuentro regional. El enfoque está orientado al intercambio de experiencias entre las delegaciones participantes.

¿Quién estará a cargo del sector mientras tanto?

Mientras dure la ausencia del titular de Justicia, el despacho será encargado a la ministra de Cultura, Fátima Soraya Altabas Kajatt. Esta disposición fue establecida en la misma resolución suprema que autoriza el viaje.

La norma lleva la firma del presidente de la República, del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Justicia. La medida se enmarca en las disposiciones administrativas del Poder Ejecutivo para viajes oficiales.

El exgobernador regional, quien permanece prófugo de la justicia, mantiene una orden de ubicación y captura por investigaciones relacionadas con presunto financiamiento ilegal de campañas electorales. Fujimori indicó que su eventual gestión adoptaría medidas para hacer efectivas las disposiciones judiciales contra personas con requisitorias vigentes.

“Yo no conozco al señor Cerrón, ustedes saben. Es más, estaba recordando el último mitin que tuve hace cinco años donde yo le decía: ‘¿Dónde está, señor Cerrón?’. En un futuro gobierno de Fuerza Popular se van a tomar todas las medidas para que el señor, que tiene una medida en estos momentos de orden de captura, esta se ejecute”, indicó.

¿Qué dijo sobre Mark Vito?

En la misma actividad, Fujimori también fue consultada sobre la situación judicial de su exesposo, Mark Vito Villanella. El empresario afronta un proceso vinculado al caso Cócteles, el cual será evaluado en instancia de apelación.

Al respecto, la candidata expresó confianza en el desarrollo del proceso judicial que enfrenta Villanella. Asimismo, señaló que espera una resolución favorable en la revisión del caso por parte del sistema de justicia.

“He visto a través de sus redes que, por ejemplo, ha mostrado varias pruebas sobre todo el trabajo que él realizaba como agente inmobiliario. Yo estoy segura de que Mark Vito, el padre de mis hijas, va a salir muy bien de este proceso que se viene”, señaló.

El caso de Mark Vito se encuentra actualmente en evaluación por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. En esta instancia se revisará la continuidad del proceso por presunto lavado de activos.

De acuerdo con lo expuesto en la actividad, la candidata también mencionó que el empresario ha presentado documentación relacionada con su labor en el sector inmobiliario. El caso sigue en trámite dentro del sistema judicial.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Presidencia del Consejo de Ministros. El objetivo es reunir a autoridades regionales y representantes del sector para revisar acciones frente al escenario actual.

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— MIDAGRI PERÚ (@midagriperu) May 25, 2026

¿Cuándo será la reunión?

El encuentro fue programado para este miércoles 27 de mayo en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. La sesión está prevista para las 4:00 p.m y contará con participación de distintos actores vinculados al sector agrario.

De acuerdo con la información oficial, fueron convocados gobernadores regionales y representantes de gremios arroceros. La reunión busca generar un espacio de coordinación entre el Gobierno central y las zonas productoras.

La situación del sector arrocero ha generado preocupación en regiones como Arequipa, Piura y Lambayeque, desde donde los productores han denunciado el alza de costos de insumos agrícolas y fertilizantes. Además, se ha reportado impacto por la presencia de arroz importado en el mercado nacional, una situación que termina afectando los precios y la rentabilidad de la producción local.

En el encuentro programado se evaluarán propuestas de los representantes regionales y de los gremios agrarios. El proceso se enmarca en la coordinación entre el Ejecutivo y los actores del sector agrícola.

En el marco del paro agrario y la crisis que atraviesa el sector en distintas regiones del país, el Poder Ejecutivo ha venido incorporando el tema en sus espacios de coordinación interna. Sin embargo, hasta el momento no se han aprobado disposiciones concretas de alcance general que modifiquen la situación denunciada por los productores.

El debate ha estado presente en reuniones de gabinete y en pronunciamientos sectoriales de los ministerios vinculados a la actividad agraria. Estas intervenciones han estado orientadas principalmente a diagnósticos y evaluación del escenario actual.

¿Qué otras medidas adoptó previamente el Ejecutivo?

Antes de la convocatoria, el Ejecutivo ya había incorporado la situación del sector agrario en sus espacios de coordinación, aunque principalmente como un punto de evaluación y no como un conjunto de decisiones concretas. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha expuesto informes sobre la coyuntura de los agricultores de arroz en sesiones del gabinete, mientras que desde la Presidencia del Consejo de Ministros se ha señalado que la atención del problema forma parte del seguimiento intersectorial del conflicto.

El Ministerio de la Producción ha indicado que se vienen evaluando respuestas de corto plazo orientadas a mitigar los efectos de la caída de precios y la sobreoferta en el mercado. Sin embargo, estas acciones no han derivado en la aprobación de normas específicas como decretos de urgencia o medidas estructurales que respondan directamente a las demandas de los productores movilizados. En paralelo, el propio Ejecutivo ha reconocido que las alternativas en discusión solo permitirían aliviar parcialmente la situación, sin resolver los factores de fondo que afectan al sector.

La extensión del proceso fue aprobado por el primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El objetivo es mantener activa la recolección de elementos que permitan sustentar la investigación en curso.

La carpeta fiscal fue remitida en formato digital a la división especializada de la Policía Nacional encargada de delitos contra la administración pública. Esta unidad tendrá a su cargo la ejecución de diligencias operativas durante un plazo de 90 días naturales.

Las acciones incluyen la obtención de información relevante para el análisis del caso. El trabajo policial complementará las disposiciones emitidas por el Ministerio Público.

¿Qué otras medidas dispuso la Fiscalía?

La Fiscalía ordenó el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de un grupo de investigados. La medida alcanza a exfuncionarios y servidores vinculados a la gestión de la entidad electoral.

Con esta disposición se busca acceder a información financiera y registros de contacto. El material será incorporado al expediente para contrastar posibles vínculos entre los involucrados.

Asimismo, se programó la verificación de cámaras de videovigilancia en instalaciones de la ONPE ubicadas en Lurín. Estas diligencias están relacionadas con el traslado de material electoral en fechas previas a los comicios.

De forma paralela, se ordenó una inspección en la sede central de la ONPE en Lima. Allí se recopilarán documentos, grabaciones y expedientes vinculados a procesos de contratación.

Como parte del proceso, se dispuso la revisión de expedientes del servicio de transporte de carga utilizado en el despliegue electoral. Esta línea de investigación busca esclarecer cómo se ejecutaron las contrataciones cuestionadas.

La investigación se mantiene en etapa preliminar mientras continúan las diligencias programadas. La ampliación del plazo permitirá completar la verificación de información y el análisis de los elementos ya recopilados.

La resolución permite que el proceso judicial relacionado con el caso conocido como “Las Gardenias” continúe su curso. El Ministerio Público sostiene que los hechos investigados están vinculados a graves vulneraciones de derechos humanos ocurridas entre finales de la década de 1980 e inicios de los años noventa.

La decisión fue formalizada por la fiscal superior Rosario Quico Palomino. La medida ratifica la validez de las acusaciones presentadas contra la dirigencia emerretista dentro de este proceso.

Los fundamentos que respaldan la continuidad de la causa fueron sustentados por el fiscal adjunto superior Telmo Michel Morales Cruzado. Según la tesis fiscal, los crímenes investigados se produjeron en un contexto de violaciones graves a derechos fundamentales, razón por la cual las acciones penales mantienen vigencia.

La posición del Ministerio Público establece que los hechos no pueden ser considerados extinguidos por el transcurso del tiempo. Bajo ese criterio, el proceso continuará en las instancias correspondientes del Poder Judicial.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos logró evitar la prescripción de los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado contra Víctor Polay, cabecilla del MRTA, en el caso ‘Las Gardenias’. El pedido fiscal de cadena perpetua para el… pic.twitter.com/U3UjZrtTHa

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 26, 2026

¿Qué pasó en la discoteca Las Gardenias?

De acuerdo con la acusación fiscal, entre 1989 y 1992 el Frente Nororiental del MRTA habría desarrollado una política de violencia denominada “limpieza social” en el departamento de San Martín. Las pesquisas sostienen que diversas personas fueron perseguidas y asesinadas debido a su orientación sexual.

Uno de los episodios incluidos en el expediente ocurrió el 31 de mayo de 1989 en la ciudad de Tarapoto. Según la investigación, integrantes armados de la organización ingresaron a la discoteca Las Gardenias y asesinaron a ocho hombres pertenecientes a la comunidad LGBTI.

El caso también comprende otros homicidios registrados en años posteriores. Entre ellos figuran los asesinatos de Luis Pinchi en 1990, Silvano Vela en 1991 y Salomón Pérez en 1992.

Como parte de la acusación, el Ministerio Público ha solicitado cadena perpetua para Víctor Polay Campos. El requerimiento también alcanza a María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García.

La Fiscalía atribuye a los procesados la condición de presuntos autores mediatos de los hechos investigados. La acusación sostiene que habrían tenido responsabilidad dentro de la estructura de mando de la organización subversiva durante el periodo en que ocurrieron los crímenes.

La permanencia de los cargos por terrorismo agravado y homicidio calificado permite que el caso avance hacia la siguiente etapa procesal. Con ello, se mantiene abierta la posibilidad de que las responsabilidades sean evaluadas en juicio oral.

El Poder Judicial dispuso que las audiencias comiencen el próximo 17 de junio. Durante esta fase, los representantes del Ministerio Público presentarán los elementos probatorios reunidos a lo largo de la investigación para sustentar las acusaciones formuladas contra los exdirigentes del MRTA.

La medida ha sido comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de que adopten las acciones preventivas necesarias y se asegure el normal desarrollo del proceso de sufragio a nivel nacional.

La normativa establece que los electores podrán acudir a sus mesas de votación con cualquier formato del Documento Nacional de Identidad, sin importar su fecha de vencimiento. La disposición incluye el DNI azul tradicional, el DNI amarillo para quienes recién alcanzaron la mayoría de edad, así como todas las versiones del DNI electrónico.

El principal objetivo de esta medida es garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos que no lograron completar a tiempo el trámite de renovación de su documento de identidad, permitiéndoles así participar en la elección del próximo presidente de la República.

Cabe precisar que, de acuerdo con los datos oficiales de las Elecciones Generales 2026, el padrón electoral convoca a más de 27 millones de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto.

En paralelo a esta medida excepcional, el Reniec informó que, hasta la penúltima semana de mayo, se registraban más de 500 mil DNI de mayores de edad pendientes de recojo en todo el país. Estos documentos permanecen almacenados y listos para su entrega en distintas agencias, oficinas registrales y centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).

Frente a este panorama, la entidad exhortó a la población a recoger sus documentos de identidad lo antes posible. Del mismo modo, precisó que la extensión de vigencia del DNI se aplicará únicamente para el ejercicio del voto en la segunda vuelta. Para el resto de trámites, como gestiones bancarias, notariales o administrativas, será indispensable contar con el documento vigente.

La defensa legal del Estado peruano interpuso un recurso de apelación contra la resolución emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho el pasado 14 de mayo, en la que declaró “fundada” una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del exmandatario. Dicha medida dispuso el “sobreseimiento” o “archivo” de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir atribuidos por la Fiscalía en este caso.

La apelación presentada por la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato se sustenta en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la debida motivación de las resoluciones judiciales, la correcta interpretación de la ley y la pluralidad de instancias. Como pretensión principal, solicita que se revoque la resolución impugnada y, reformándola, se declare infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa legal del exjefe de Estado dentro de este proceso penal.

En ese contexto, el juez Richard Concepción Carhuancho decidió el pasado 22 de mayo “conceder” el recurso de apelación presentado por la defensa del Estado peruano y ordenó su envío a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. Si el colegiado lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual con la participación de las partes procesales, tras lo cual emitirá una decisión en los próximos días.

El juez Concepción Carhuancho también resolvió “tener por no presentada” la apelación interpuesta por el Ministerio Público durante la audiencia del pasado 14 de mayo, en la que se emitió la resolución impugnada, debido a que la Fiscalía a cargo del caso no cumplió con sustentar dicho recurso dentro del plazo establecido, el cual ya había vencido.

La investigación fiscal se inició luego de que el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, declarara ante la Fiscalía peruana que la empresa brasileña entregó 300 mil dólares provenientes del denominado “Sector de Operaciones Estructuradas” para la campaña de Alianza para el Gran Cambio.

El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso el archivo de la investigación preparatoria seguida contra el exmandatario, tomando como referencia una resolución de la Corte Suprema vinculada al caso de Susana de la Puente, en la que se declaró “fundado” un recurso similar por los mismos delitos. En dicho pronunciamiento se ordenó el archivo del caso respecto a la empresaria bancaria al determinar que no se cumplió uno de los elementos objetivos del delito de lavado de activos, previsto en los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 986, debido a que no se habría dificultado la identificación del origen del dinero, al haber sido canalizado a través del sistema bancario, lo que lo hacía rastreable.

A través de una resolución emitida el pasado 14 de mayo, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado precisó que la situación jurídica de Susana de la Puente presentaría similitudes relevantes con la de Kuczynski, n tanto ambos habrían participado en los mismos hechos, aunque con roles distintos. Por ello, consideró que deberían recibir un tratamiento jurídico equivalente, en concordancia con lo establecido por la Corte Suprema respecto al caso de la empresaria bancaria.

Ante ello, el magistrado remarcó que deben aplicarse las líneas jurisprudenciales ya establecidas por la Corte Suprema en este caso concreto, con el objetivo de garantizar seguridad jurídica y predictibilidad en las decisiones judiciales que se emitan.

El juez Concepción Carhuancho también precisó que su decisión se sustenta en el principio de igualdad de trato en la aplicación de la ley, particularmente respecto a los tipos penales que regulan los delitos de lavado de activos agravado (Decreto Legislativo 986) y asociación ilícita para delinquir, tipificado en el artículo 317 del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo 982.

Sánchez consideró que se trata de “palabras excesivas”, aunque evitó profundizar en una polémica y remarcó que respeta las opiniones de todos los sectores aliados.

“Bueno, yo creo que son palabras excesivas, ¿no? Pero son opiniones y se respetan las opiniones”, sostuvo.

El postulante señaló que no hay forma de establecer con exactitud qué porcentaje de votos corresponde a determinados liderazgos o movimientos políticos.

“Esta cosa no hay forma de saber eso, ¿no? Así sea un votito de aquí o de allá, se agradece”, manifestó.

Asimismo, Sánchez afirmó que todos los respaldos son bienvenidos dentro del proyecto político que encabeza y remarcó que la prioridad debe ser preservar la unidad.

“Son votos incondicionales para recuperar la patria y sean bienvenidos”, indicó.

El candidato también llamó a evitar divisiones entre las agrupaciones y aliados políticos, y resaltó que Juntos por el Perú busca representar una propuesta basada en la unidad y el respeto.

“Eso no debe ser motivo para pelearnos entre nosotros. Nosotros somos el proyecto de la unidad, del respeto y de las formas adecuadas para tratarnos entre aliados”, aseguró.

El titular de Relaciones Exteriores precisó que la Cancillería envió funcionarios a distintas localidades alejadas para garantizar la distribución oportuna del material electoral y evitar inconvenientes durante el día de la votación.

“Ya tenemos la seguridad de que todo el material está repartido en los consulados y embajadas. Ahora estamos a la espera de la fecha para poder instalar las mesas”, indicó.

Asimismo, señaló que se han adoptado medidas excepcionales para facilitar el voto de los peruanos en el exterior, entre ellas la autorización para fusionar mesas de sufragio y permitir que funcionarios consulares asuman como miembros de mesa ante la ausencia de personal electoral.

“Esperamos que eso facilite que todas las mesas se puedan instalar y aquellas que no puedan instalarse se puedan fusionar. Esa es una facilidad que no hubo en la primera vuelta”, señaló.

En cuanto al conteo y traslado de los votos emitidos en el extranjero, Pareja explicó que el proceso será más ágil, ya que la segunda vuelta solo contempla dos alternativas. Agregó que los resultados de los países con mayor número de electores peruanos serán enviados al país en menor tiempo.

“De los países donde hay más votantes peruanos, como Chile, Argentina, Estados Unidos, Italia o España, la información llegará muy pronto. Lo que puede demorar un poco más son los resultados de localidades lejanas en Asia o África”, sostuvo.

El resultado es, en cambio, una economía que el Fondo Monetario Internacional (FMI) clasifica con riesgo soberano alto, una deuda pública equivalente al 95% del Producto Bruto Interno (PBI) y reservas internacionales que al cierre de 2024 apenas cubrían dos meses de importaciones, según el informe del organismo publicado en junio de 2025.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, propone para el Perú las mismas medidas que ese país andino adoptó desde el 2006 bajo el gobierno de Evo Morales.

Energía

El plan de gobierno de Juntos por el Perú sostiene que “el Estado reservará para la gestión directa los recursos energéticos, productivos y estratégicos, para la viabilidad de la nación peruana: gas, petróleo, agua, bosques, energía, mares, espacio aéreo, puertos”.

Bolivia asumió ese mismo principio con la nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006.

Morales militarizó los campos gasíferos y obligó a las empresas privadas a firmar nuevos contratos con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cediéndole el control mayoritario de la producción.

En consecuencia, la producción de gas cayó de 59 millones de metros cúbicos por día en 2014 a 31.6 millones en 2026, según la Rendición Pública de Cuentas de YPFB del 31 de marzo de 2026.

Las reservas probadas pasaron de 10.7 trillones de pies cúbicos en 2017 a 3.7 trillones en 2025.

Incluso, Bolivia, que exportó gas por 6,113 millones de dólares en 2013, recibió apenas 1,076 millones en 2025, una caída del 82% en doce años.

Inversiones

El plan de gobierno de JP sostiene además que “estarán prohibidas las concesiones que otorguen ventajas especiales a inversionistas extranjeros” y que “se renegociarán los Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos comerciales que afecten la soberanía nacional”.

Bolivia aplicó esa lógica desde 2006.

La inversión extranjera directa (IED) neta, que alcanzó los 727 millones de dólares en 2014, según datos del Banco Central de Bolivia y la CEPAL, se convirtió en negativa para 2019 y 2020 con salidas de 142 y 1,130 millones de dólares respectivamente.

En 2022, la IED neta sumó apenas 6 millones de dólares y en 2023 registró una salida neta de $16 millones.

JP también propone una mayor regulación económica y una participación activa del Estado en mercados y actividades privadas.

Dicho partido considera que “es necesaria la intervención pública en la regulación concertada de los mercados...”.

La política boliviana aplicó subsidios masivos a combustibles y mantuvo un tipo de cambio fijo durante años para controlar la inflación y los precios internos.

Sin embargo, el FMI evaluó la situación boliviana durante 2025 y concluyó que este país enfrenta “una combinación de políticas insostenibles”.

La entidad monetaria sostiene que todas estas medidas provocaron falta de dólares en el sistema financiero.

El Departamento de Estado de Estados Unidos reportó en 2025 que Bolivia enfrenta “escasez de dólares estadounidenses”, “problemas de liquidez” y crecimiento de un “mercado negro del dólar”.

El proyecto político de JP muestra un tono crítico de los contratos-ley y se queja de que “los términos contractuales no pueden ser modificados...” y que “el Estado regularmente pierde” arbitrajes internacionales.

Ese criterio, no obstante, sería nocivo pues el informe estadounidense sostiene que las empresas en Bolivia enfrentan dificultades por incertidumbre jurídica y un sistema judicial politizado. Esto afectó la confianza empresarial y la llegada de nuevas inversiones estratégicas.

Análisis

Al respecto, el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez advirtió que la estatización de recursos estratégicos tiene un costo fiscal inmediato que el plan de gobierno de JP no contempla.

El economista explicó que el Estado peruano carece tanto de recursos financieros como de personal técnico para operar esos sectores.

“Lo que estaríamos haciendo es convertir varias operaciones importantes en varios Petroperú”, advirtió.

Para Gálvez, el Perú mantiene hoy grado de inversión, condición que permite acceder a financiamiento internacional con plazos largos y tasas bajas.

“Si uno quiere hacer APP (Asociaciones Público-Privadas), los fondos de inversión están dispuestos a poner su dinero en proyectos de inversión solamente porque el país tiene grado de inversión”, afirmó, y agregó que perderlo significa que “lo que quieras hacer de allí para adelante lo tendrás que hacer a tu propio pulmón”.

Por su parte, el excanciller Luis Gonzales Posada cuestionó la medida de renegociar los TLC.

“Revisar los contratos ley significa simplemente quitar todas las garantías a los acuerdos que se ha llegado con capitales nacionales extranjeros”, afirmó.

Según Gonzales Posada, seguir la línea de Evo Morales nos “hundiría” en el descrédito, la fuga de capitales y la pobreza.

“Se llama intervencionismo (control de precios), que en el Perú siempre ha fracasado”, dijo, y agregó que “la garantía de las inversiones es el libre movimiento de capitales y de mercados”.

No obstante, el exfuncionario señaló que estatizar los recursos estratégicos requeriría reformar la Constitución Política del Perú y obtener 87 votos en dos legislaturas consecutivas, “lo cual es técnicamente imposible”.

“Lo que sí es posible es que esos mensajes lo que causan es temor en las inversiones nacionales, extranjeros y naturalmente una corrida de capitales. Eso es lo grave”, sentenció.

No solo rechazó que sea parte de su equipo, sino que lo calificó como “un peruano que contribuye”.

Sin embargo, el sentenciado por el Andahuaylazo prefiere mantenerse cerca, pues reconoció que apoyan a Sánchez con la seguridad.

DETALLES

El 22 de mayo, Sánchez publicó fotografías de una actividad en el Barrio Chino, en la región Ica.

En las instantáneas aparecen personas con el chaleco con la inscripción de Antauro, ellos se encargaron del control y la seguridad de los simpatizantes que llegaron al lugar.

Consultado sobre el tema, Antauro dijo que el apoyo no solo es hacia Sánchez, sino que en su oportunidad se dio para Pedro Castillo.

“La seguridad de Pedro Castillo en la primera y segunda vuelta estuvo a cargo de los etnocaceristas. Ahora en esta segunda vuelta, siguiendo nuestra línea coherente, apoyamos al candidato más cercano a nosotros”, indicó.

Además, dijo que le parece bien que los reservistas apoyen a un candidato que es oposición al continuismo.

“Nosotros apoyamos con nuestra militancia, para que pueda dar seguridad, principalmente apoyamos con nuestros votos”, afirmó.

Acabo de llegar a Barrio Chino - Ica, y me encuentro con un pueblo que no se rinde. Familias que, pese a las dificultades, siguen de pie con dignidad, esperanza y una fuerza que nace desde abajo. Aquí se siente claramente la necesidad de un cambio real, que mire al pueblo y no le… pic.twitter.com/T4Gc1MCsOc

— Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) May 23, 2026

RESPUESTA

En otro momento, Antauro se refirió a Pedro Francke, economista e integrante de JP que lo calificó de “nefasto”.

“Francke es un individuo, nosotros somos un partido que según las encuestas, representamos la mitad del electorado. Nosotros a diferencia de otras personas no estamos por ningún cargo”, afirmó.

Asimismo dijo no sentirse excluido, porque “apoyan de convicción”.

Posición

Durante una conferencia de prensa, el exalcalde de Lima, junto a los virtuales senadores, diputados y parlamentarios andinos de su agrupación, señaló que, ante “el riesgo inminente de caer en manos de una izquierda radical o un comunismo radical, no somos tibios, somos muy claros”.

Así, aunque evitó mencionar de forma directa su respaldo a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), descartó de plano apoyar la candidatura de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

López-Aliaga también reafirmó sus críticas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y aseguró que “es cómplice de este golpe de Estado al Perú y está poniendo en riesgo a nuestro país de entrar a una órbita de la cual están saliendo todos los países de Sudamérica”.

“Continuamos en la pelea, sin ir al golpe de Estado ni en algún tema en contra de la democracia, no apoyamos eso. Vamos a ir por la ruta constitucional y penal de nuestra patria”, señaló.

La virtual diputada y secretaria general de RP, Norma Yarrow, refrendó lo dicho por López – Aliaga.

“No podemos pedirles votar en blanco, que vicien o que no vayan a votar (...). Antes que todo está nuestra patria, no al comunismo radical, a esa izquierda que quiere atraer a un país empobrecido”, puntualizó.

El virtual senador Francisco Calisto Giampietri también se pronunció en el mismo sentido.

“No podemos mantenernos ambiguos ante el peligro que significa la izquierda radical (...). No podemos viciar el voto ni darle espacio a esta izquierda, que no solo ha buscado destruir al Perú, sino que ha hecho lo mismo en cada país donde ha llegado al poder”, acotó.

“Como es obvio, es una ridiculez. Como ustedes saben, el golpista Pedro Castillo fue vacado por el Congreso el 7 de diciembre del año 2022 porque cometió el delito más grave que se puede cometer contra la democracia: intentar un golpe de Estado justamente el día en que estaban saliendo a luz, en el propio Congreso, toda la corrupción de la gavilla de delincuentes que él encabezaba. Entonces, lo que ha hecho el señor Miguel Torres es simplemente explicar el contexto en el que se produjo la vacancia de este golpista”, declaró ante la prensa desde el Callao.

Rospigliosi sostuvo que la salida de Castillo fue “justa y necesaria” y recordó que incluso legisladores afines al exmandatario respaldaron la votación de la vacancia presidencial.

Por otro lado, Rospigliosi afirmó que durante el debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se difundieron “muchas mentiras groseras” en su contra y sobre una supuesta injerencia en ministros de Estado.

“Ayer en el debate presidencial se mencionaron varias mentiras groseras. Por ejemplo, algunos de los que participaron de ese debate dijeron que yo había ordenado al ministro de Economía... tonterías de ese tipo que son falsedades absolutas. En mi condición de congresista no puedo ordenarle nada a ningún ministro ni a un presidente de comisión del Congreso”, agregó.

Roberto Sánchez anunció que Juntos por el Perú presentará una denuncia penal contra los responsables de un presunto complot en agravio del gobierno del expresidente Pedro Castillo.

La decisión fue adoptada luego de las recientes declaraciones de Miguel Torres durante una entrevista televisiva.

“A confesión de parte, relevo de pruebas. Han confesado su delito. El día de mañana (lunes) estaremos en condiciones de presentar una denuncia que involucre a todos los que complotaron contra la democracia”, manifestó en un mitin realizado en la plaza principal del sector José Carlos Mariátegui, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La jueza Margarita Salcedo, quien está a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró infundado el recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por la defensa de PPK, con el que se buscaba el archivamiento definitivo y el cierre inmediato de este extremo del proceso penal.

La hipótesis del Ministerio Público contra Pedro Pablo Kuczynski tomó mayor relevancia legal a fines de diciembre de 2018, cuando las autoridades fiscales recogieron las declaraciones de cinco ciudadanos que aparecían en los registros oficiales de la ONPE como aportantes de la agrupación política Peruanos por el Kambio.

Los testigos negaron de manera categórica haber efectuado aportes o colaboraciones económicas para la campaña presidencial, lo que llevó a la Fiscalía a sospechar de una presunta red orientada a introducir dinero de origen ilícito mediante el mecanismo de falsos aportantes, conocido como “pitufeo”.

Durante las audiencias técnicas, la defensa de Kuczynski argumentó que la imputación fiscal atentaba contra el principio de legalidad. Según sus abogados, los hechos atribuidos en 2016 correspondían a una figura de receptación patrimonial que, en ese momento, no estaba tipificada de manera expresa como delito electoral.

Asimismo, la defensa sostuvo que no se habían demostrado actos concretos de conversión, transferencia u ocultamiento de dinero, y argumentó que tampoco existía un delito fuente plenamente identificado.

No obstante, la jueza Margarita Salcedo rechazó estos argumentos en su resolución. La magistrada concluyó que los hechos expuestos por la Fiscalía sí encajan en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento contempladas y sancionadas en el Decreto Legislativo 1106, norma vinculada a la lucha contra el lavado de activos y otros delitos.

Con esta decisión judicial, Pedro Pablo Kuczynski deberá continuar afrontando la investigación preparatoria de la Fiscalía, proceso en el que también es señalado por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir.

López Aliaga ofreció una conferencia de prensa en la que volvió a cuestionar al Jurado Nacional de Elecciones, al que acusó de poner en riesgo al país al impedir el voto de ciudadanos en el extranjero y en distintas localidades del Perú, además de presuntamente favorecer a un candidato con votos irregulares.

“Ante un JNE que es cómplice de este golpe de Estado al Perú y está poniendo en riesgo a nuestro país de entrar a una órbita de la cual están saliendo todos los países de Sudamérica, todos salen de la órbita de una narcodictadura. Aquí (en el Perú), en contra de la corriente, nos quieren llevar a eso, por eso hemos llegado a la decisión: no al voto en blanco, no al voto viciado, no al voto por el comunismo de izquierda radical“, manifestó.

El excandidato presidencial reiteró sus acusaciones de fraude electoral y aseguró que continuará llevando sus reclamos ante instancias nacionales e internacionales. Además, criticó a los partidos políticos por no respaldar su posición frente a este caso.

“Continuamos en la pelea, sin ir al golpe de Estado ni en algún tema en contra de la democracia, no apoyamos eso. Vamos a ir por la ruta constitucional y penal de nuestra patria”, agregó.

Según el informe, los funcionarios habrían modificado las bases del concurso para beneficiar a una empresa de transportes y autorizaron pagos adicionales por más de 650 mil soles sin sustento técnico ni legal.

La Contraloría advirtió que altos funcionarios de la ONPE beneficiaron de manera irregular a la empresa encargada del traslado de material electoral, en un contrato valorizado en S/6 368 332,75.

De acuerdo con el informe, los evaluadores de la ONPE, Lilia Flores Bancho y William García Velásquez, modificaron a última hora los requisitos del proceso para beneficiar a un postor específico, al reducir en dos metros la longitud exigida para los camiones.

Asimismo, se detectó que enviaron información falsa sobre la capacidad de carga de los vehículos con el fin de otorgarle un puntaje que no le correspondía.

A raíz de esta modificación, se descartó la propuesta más favorable y el contrato fue adjudicado a Galaga SAC, cuya oferta superaba inicialmente en S/168 148,19 a la competencia y en S/469 404,09 al postor que, según el informe, debió ganar legítimamente.

En ese sentido, al empresa ganadora no disponía de una flota propia suficiente, ya que prestó el servicio con un 92% de vehículos alquilados a terceros y apenas un 8% de camiones de su propiedad.

Debido a una deficiente planificación, los equipos informáticos destinados a las capacitaciones fueron entregados con retraso, lo que terminó afectando el cronograma previsto para las elecciones.

Un día antes de la jornada electoral, los responsables modificaron las rutas de entrega para 553 locales de votación e informaron que los camiones tardarían entre tres y cuatro horas en llegar, pese a que los trayectos requerían al menos ocho horas de viaje.

Esta falta de coordinación ocasionó que el material electoral llegara con retraso a 3.605 mesas de sufragio y provocó que 187 mesas en Lima Metropolitana no pudieran instalarse, afectando el derecho al voto de 55.261 electores.

El informe también señala que altos funcionarios de las áreas de logística, administración y asesoría jurídica de la ONPE habrían actuado de manera coordinada para aprobar pagos adicionales a la empresa de transportes por un monto de S/650 205,94.

Dicho desembolso se efectuó “sin el sustento técnico y legal que justifique que resultaban indispensables y necesarios para alcanzar la finalidad pública del contrato”, debido a que el servicio de recojo de materiales ya había sido realizado días antes.

Entre los pagos adicionales observados, se aprobó sin justificación el incremento en la tarifa del traslado de 5.441 equipos hacia el local de Lurín, pasando de S/0,60 por kilo a S/6,00 por kilo. Según el informe, esto representó “un incremento de 900% respecto del contrato principal” para beneficio de la empresa privada.

Frente a la gravedad de las irregularidades detectadas, la Contraloría General de la República recomendó adoptar medidas inmediatas.

En primer lugar, se dispuso que el actual titular de la ONPE inicie los procedimientos necesarios para sancionar administrativamente a los funcionarios involucrados.

En ese sentido, se solicitó formalmente a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que inicie las acciones penales contra los 10 implicados para que respondan ante la justicia, y el informe fue remitido a la Junta Nacional de Justicia para que adopte las medidas correspondientes.

Contraloría determinó responsabilidad en 10 funcionarios de la ONPE por irregularidades en primera vuelta electoral 2026

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— Canal N (@canalN_) May 25, 2026

“Por unanimidad, Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima Este (sede Separadora Ate) confirma sentencia de nueve años de prisión contra la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, por el delito de peculado doloso y ordena su inmediata captura”, indicó el PJ mediante su cuenta de X.

Dicha resolución judicial también alcanza a Walter Tobar Macutela, quien fue sentenciado en el mismo caso por delitos vinculados a la administración pública.

En diciembre del 2025, Vásquez Cuadrado fue sentenciada a nueve años y cinco meses de prisión por hechos relacionados con su gestión como alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Huarochirí.

Además de la condena, el tribunal ordenó el pago de una reparación civil de un millón 900 mil soles a favor del Estado y dispuso la captura inmediata de los sentenciados para su internamiento en un centro penitenciario.

Su arribo no fue anunciado previamente en sus redes sociales oficiales ni en las plataformas de su agrupación política. Sin embargo, medios de comunicación locales captaron su llegada al aeropuerto Aeropuerto Francisco Carlé, en la provincia de Jauja. Además, también se reportó la presencia de buses con simpatizantes y presuntos integrantes de la portátil de Fuerza Popular.

Horas después, en imágenes difundidas en redes sociales, se observó a Keiko Fujimori participando de actividades festivas en Huancayo, donde lució el traje típico del huaylarsh moderno y zapateó.

La visita de la excandidata presidencial se produce en el contexto de las actividades políticas y recorridos que diversas agrupaciones vienen realizando de cara a la segunda vuelta electoral programada para junio.