En entrevista con RPP, el premier destacó el respaldo de las bancadas Obras, Ahora Nación, Buen Gobierno y Renovación Popular para aprobar la propuesta en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, cuestionó que JPP haya planteado inicialmente un dictamen que contemplaba no otorgar ninguna facultad al Ejecutivo. “Las facultades de negar el 100 %; es decir, presentar un dictamen con cero facultades, eso es algo histórico”, sostuvo.

Luis Galarreta también consideró “insuficiente” el texto aprobado, debido a que el pedido original del Ejecutivo contemplaba 66 facultades agrupadas en ocho materias y finalmente quedó limitado a seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. “Al recortar un montón de las facultades… es como, para el tema de seguridad, nos den una pistola con agua”, afirmó, al sostener que se necesitan medidas de mayor alcance para enfrentar la criminalidad.

En tanto, en declaraciones a Canal N, el jefe del gabinete ya había cuestionado el alcance del dictamen y lo calificó como “muy recortado”. Señaló que las materias aprobadas no incluyen todos los mecanismos que, a su juicio, requiere el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad y atender las emergencias climáticas. No obstante, remarcó: “Con o sin facultades, sí estamos avanzando en varias cosas”, aunque consideró necesarias medidas “mucho más concretas y de mayor magnitud”.

Entre las medidas que el premier planteó incorporar al debate mencionó un marco legal que permita la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional durante operativos y en la vigilancia de los penales. También propuso fortalecer las capacidades de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y establecer medidas frente a las bandas dedicadas a la extorsión y el sicariato.

Respecto al fenómeno El Niño, Galarreta señaló que fueron excluidas del texto aprobado algunas medidas de flexibilización burocrática destinadas a agilizar la titulación de tierras agrícolas, la ejecución de obras de saneamiento y el apoyo a las micro y pequeñas empresas. Según explicó, el Ejecutivo requiere mecanismos que permitan una respuesta más rápida ante eventuales impactos climáticos.

Finalmente, el presidente del Consejo de Ministros afirmó que el Gobierno de Keiko Fujimori respetará las decisiones que adopten la Cámara de Diputados y posteriormente el Senado.

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La decisión fue adoptada durante una sesión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, en la sala Basadre del Palacio Legislativo.

El dictamen, aprobado previamente por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, propone otorgar al Ejecutivo facultades para legislar por un periodo de 90 días calendario.

La Junta de Portavoces acordó por unanimidad destinar tres horas al debate, tiempo que será distribuido proporcionalmente entre los seis grupos parlamentarios. La discusión se centrará en los alcances de la delegación y en las materias específicas sobre las que el Gobierno podría emitir normas.

Asimismo, los portavoces declararon de urgencia las Proposiciones Legislativas 9 y 17, referidas a los plazos de prescripción de la acción penal y a la extinción de dominio, respectivamente. Ambas iniciativas se encuentran en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Además, se coordinará la fecha y hora para que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario Maron, informe ante el Pleno sobre la implementación de la Ley 31155 contra el acoso hacia las mujeres en la vida política, correspondiente al periodo agosto de 2025 a julio de 2026.

#DiputadosInforma | El dictamen que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño ingresó a la agenda del Pleno de la Cámara de Diputados, que se reunirá el próximo martes 6 de octubre.

📌 Nota completa:… pic.twitter.com/inq26jLeJ2

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 2, 2026

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El anuncio se realizó durante una visita inopinada a la Gran Unidad Escolar José Granda, en San Martín de Porres, donde Fujimori estuvo acompañada por los ministros José Antonio Chang y Juan Sheput. La mandataria recorrió talleres de industria alimentaria, computación y mecánica automotriz destinados a la capacitación práctica de los escolares.

El Gobierno prevé implementar 124 secundarias técnicas completamente equipadas durante este año. La iniciativa forma parte de una estrategia para ampliar la formación técnica y brindar herramientas orientadas al empleo y el emprendimiento.

Acuerdo entre ministerios

La medida contempla conectar a los jóvenes capacitados en los últimos años de secundaria con las bolsas laborales del Ministerio de Trabajo. Fujimori encargó a ambos sectores coordinar el mecanismo para facilitar esa transición hacia el mercado laboral.

La presidenta explicó que el objetivo es que los estudiantes puedan aprovechar la preparación adquirida en el colegio al momento de buscar empleo.

“Lo que estoy disponiendo es que se pueda firmar entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación justamente para que los alumnos que vienen formándose en los últimos años de secundaria puedan luego conseguir una chamba”, expresó.

Sheput señaló que un joven demora, en promedio, tres años en conseguir un empleo y sostuvo que la propuesta busca reducir ese periodo. El ministro indicó que las bolsas laborales permitirían acercar a los egresados a las ofertas disponibles.

Fujimori también informó que suspendió su viaje previsto a Amazonas debido a las condiciones climáticas que impidieron la salida del avión. La presidenta señaló que espera realizar la visita durante la próxima semana.

“Quiero pedir las disculpas a la región de Amazonas, estaba planificado nuestro viaje, lamentablemente los cielos nublados no permitieron la partida del avión”, manifestó.

A través de un pronunciamiento difundido este viernes 2 de octubre, el grupo parlamentario reconoció el trabajo de las bancadas que permitieron aprobar el dictamen tras las diferencias registradas en la comisión. El documento contempla otorgar facultades al Ejecutivo por 90 días y concentra la delegación en seguridad ciudadana y acciones frente al fenómeno El Niño.

Fuerza Popular adelantó que buscará incorporar nuevas disposiciones durante el debate en el Pleno. Entre sus propuestas figuran regular el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, actualizar las reglas sobre el uso de la fuerza y establecer una clasificación para determinadas organizaciones criminales como terroristas.

La bancada también plantea reformar el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia. En cuanto al fenómeno El Niño, informó que coordinará con otros grupos parlamentarios para plantear medidas adicionales.

El dictamen deberá pasar al Pleno de la Cámara de Diputados para continuar con su trámite. De acuerdo con la agrupación política, la ciudadanía tiene derecho a vivir sin miedo y la criminalidad debe combatirse con todas las herramientas democráticas disponibles.

Beingolea explicó que las facultades buscan ampliar las medidas contra la delincuencia mediante una estrategia que no se limite al Código Penal. Entre las propuestas mencionó una mayor severidad frente a las organizaciones criminales y una ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas.

“Es un paso adelante que nos permite ver que hay representantes en la Cámara de Diputados que tienen también un pensamiento distinto en el sentido de entender que el país requiere con urgencia esas medidas, así que hasta ahí eso está bien, pero creo que es insuficiente todavía”, expresó ante la prensa.

El ministro afirmó que el Ejecutivo ya ha adoptado medidas contra la criminalidad durante los últimos 60 días y que continuará con estas acciones independientemente de la decisión sobre las facultades. Además, sostuvo que el documento aprobado no contempla algunos aspectos vinculados con el fenómeno El Niño.

“Es más, ya lo estamos haciendo, ya se han tomado en 60 días muchas medidas prácticas y muy duras contra la criminalidad, pero necesitamos facultades para poder mejorar esa dinámica; por ejemplo, calificar con mayor dureza a las organizaciones criminales, que es lo que estamos proponiendo, permitir que las Fuerzas Armadas intervengan, ampliar un poco su participación, o sea, hay muchas medidas que debemos tomar y que se requieren”, indicó.

Posición del Gobierno

Beingolea sostuvo que la aprobación constituye un primer entendimiento entre el Ejecutivo y los representantes de la Cámara de Diputados. Añadió que la lucha contra la criminalidad y la atención del fenómeno El Niño requieren la participación de distintos sectores.

“Entonces todavía aspiramos a más, creo que hay un primer paso, un entendimiento. Está muy claro que algunos congresistas sí entienden lo que el país necesita, este no es un pleito político entre la oposición y la mayoría o el Gobierno y el Congreso, esto es una necesidad de todos los peruanos”

El ministro reiteró que el Gobierno mantendrá las acciones contra la delincuencia incluso si no obtiene las facultades solicitadas.

“Si esto no ocurre, igual vamos a luchar”, precisó.

Durante el encuentro se abordaron condiciones orientadas a favorecer la inversión, el crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo formales. La Presidencia del Consejo de Ministros señaló que estos espacios buscan mantener una comunicación entre las autoridades y los representantes empresariales.

A través de X, la PCM también destacó la importancia que tiene la participación del sector privado para ampliar las oportunidades de desarrollo en el país.

“Para la PCM, el diálogo con el sector privado es clave para promover oportunidades de desarrollo para los peruanos”, resaltó el Ejecutivo.

#PCMInforma | El premier Luis Galarreta sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la @camaradelima, Raúl Barrios, y representantes del gremio empresarial para fortalecer la articulación entre el Gobierno y el sector privado e impulsar condiciones que favorezcan la… pic.twitter.com/hUk7DNqMyc

— Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) October 2, 2026

Piñán sostuvo que el documento fue revisado técnicamente y discutido con representantes del Gobierno antes de alcanzar un acuerdo entre las bancadas. Por ello, cuestionó que durante el debate parlamentario se incorporen nuevas materias o se modifique lo aprobado por la comisión.

“Luego de este consenso que hemos tenido con las demás bancadas, yo creo que se debe respetar esta decisión”, afirmó.

“Estamos en contra de que hayan algunas modificaciones o agregar algo. Esto ha sido evaluado ya técnicamente”, agregó.

#EnVivo

Víctor Piñán, diputado, sobre facultades legislativas: Debería haber un gesto de parte del Ejecutivo. Un comunicado, una declaración. Es importante, de que va a haber ese respeto, a lo que finalmente se ha decidido colectivamente

Encuentra más información en la WEB ►… pic.twitter.com/UANRcuYTEx

— Canal N (@canalN_) October 2, 2026

Pide pronunciamiento del Ejecutivo

Ante la posibilidad de que algunas bancadas soliciten una posición pública del Gobierno antes del debate, Piñán señaló que el Ejecutivo debería manifestar su disposición a respetar lo aprobado por la comisión. Consideró que ese pronunciamiento podría concretarse mediante un comunicado o una declaración pública.

El parlamentario vinculó este pedido con el respeto a las decisiones adoptadas dentro del Congreso y al funcionamiento institucional.

“Por el respeto a la democracia y a la institucionalidad, nosotros creemos que debería ese gesto de parte del Ejecutivo”, manifestó.

Piñán advirtió que la ausencia de ese pronunciamiento podría generar cuestionamientos de algunos parlamentarios durante la discusión. Señaló que distintas bancadas podrían oponerse a los puntos que ya fueron aprobados por la Comisión de Constitución.

El diputado planteó este escenario como una posibilidad dentro del debate parlamentario si el contenido llega a ser modificado.

“Ahí sí podrían salir colegas de las diferentes bancadas y rechazar este pedido, estos puntos que ya han sido aprobados dentro de la Comisión”, sostuvo.

Pese a ello, Piñán expresó su expectativa de que el Ejecutivo respete el acuerdo alcanzado y que la solicitud continúe su trámite en el Pleno. La propuesta deberá ser discutida por las cámaras antes de definir su aprobación.

Los cierres. Al cierre de esta edición, el candidato a primer regidor de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, aún no aparecía en el estrado principal de su actividad proselitista, en la Avenida de La Peruanidad, pero horas antes había participado en otra jornada en El Agustino.

Allí anunció que, en caso de volver a ser electo alcalde, dirigirá marchas al Congreso para exigir leyes más fuertes contra la inseguridad.

“Yo como alcalde voy a encabezar las marchas para tener penas bravas contra el terrorista urbano. He venido hablando con mis diputados y senadores, también con varios de otros partidos. Los vamos a parar, haremos lo mismo que Fujimori, pero Alberto, un tribunal militar para aquel ‘veneco’ que nos venga a joder la vida (sea sentenciado). Procesos sumarios y a la selva del Perú, que se jodan. Por derechos humanos Le doy una carpa, un machete su agua y su yuca”, aseguró.

Carlos Bruce (Somos Perú) se dirigió a la prensa antes de subir al estrado en Villa El Salvador. Allí, en medio de la lluvia, volvió a cuestionar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no dar a conocer si dará la credencial a López-Aliaga si resulta electo.

“La Constitución dice que el cargo de senador es irrenunciable, el JNE dijo que el señor López-Aliaga era senador y le permitieron renunciar, ahí hay una infracción. La Constitución dice que el alcalde no se puede reelegir y el señor López-Aliaga está postulando a una reelección, esa es otra infracción”, aseveró.

Finalmente, Francis Allison (Avanza País) estuvo en Ate y allí destacó que realizó una campaña “austera” y agradeció el apoyo que recibió.

Bermejo fue condenado en octubre de 2025 por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria.

El tribunal concluyó que entre 2008 y 2009 el exparlamentario se desplazó voluntariamente a campamentos de Sendero en el Vraem, donde mantuvo contacto con sus dirigentes, recibió adoctrinamiento ideológico y político y participó en labores de captación.

La sentencia también le impuso dos años de inhabilitación para ejercer cargo público, 100 mil soles de reparación civil y 7800 días-multa.

RECHAZO

El Ministerio Público ya fijó una posición sobre el tema. En su Dictamen N° 155-2026, emitido en junio pasado, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal afirmó que no existen motivos para anular la condena y demandó que esta sea confirmada.

“Este Despacho Supremo concluye que la sentencia se encuentra debidamente motivada al exponer de manera coherente las razones fácticas y jurídicas que sustentan la responsabilidad penal del recurrente (Bermejo); no existiendo razones objetivas para estimar los agravios formulados en el recurso impugnatorio”, reza el documento fiscal.

El trámite del recurso de Bermejo generó una polémica debido a que la Defensoría del Pueblo, encabezada por Josué Gutiérrez, intervino y pidió un informe sobre una presunta demora en el proceso. Al respecto, el colegiado supremo indicó que los expedientes se atienden conforme al orden de ingreso establecido por ley.

La Procuraduría Antiterrorismo ha pedido que el fiscal a cargo esté en la audiencia.

El texto fue aprobado con 15 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.

Ahora, el dictamen deberá pasar a la Cámara de Diputados para su evaluación y posterior aprobación.

El documento sería puesto a debate en el Pleno el martes 6 de octubre.

EL DOCUMENTO

La fórmula aprobada por el mencionado grupo de trabajo incluye otorgar facultades en dos materias (ver infografía).

Sobre lucha contra la inseguridad ciudadana hay 29 medidas dividas en seis puntos: migración, comunicaciones, armas de fuego, normativa penitenciaria, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y lucha contra la criminalidad.

Mientras que en materia del Fenómeno El Niño, hay 22 medidas distribuidas en 12 puntos.

Por ejemplo, en lucha contra la inseguridad ciudadana se plantea fortalecer las capacidades de análisis, inteligencia e información migratoria para la identificación de riesgos vinculados con la seguridad y el orden interno; así como establecer límites y condiciones para la conversión de penas privativas de libertad respecto de delitos de elevada lesividad, reduciendo los umbrales que actualmente permiten acceder a dichos mecanismos.

Tras un debate que se extendió por una hora, el grupo aprobó el texto sin hacer modificaciones.

Entre los 13 votos a favor se encuentran integrantes de la bancada de Fuerza Popular (con reserva), Renovación Popular, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno.

Mientras que cinco diputados de Juntos por el Perú votaron en contra.

Ellos son Giannina Avendaño, Jessica Pérez, Oswar Cahuaza, Analí Márquez y Graciela Chipana.

Además, se registraron dos abstenciones de Arturo Alegría y Jaime Abensur del bloque naranja.

EL PRINCIO

La Comisión de Constitución primero sometió a votación el texto que hizo el grupo técnico hace unos días, un documento que recomendaba no dar facultades al Poder Ejecutivo en ninguna materia y enviarlo al archivo.

Por ese texto votaron en contra 15 diputados y solo cinco a favor.

Todos los que votaron por no dar facultades al Ejecutivo pertenecen a la bancada de Juntos por el Perú (JP).

De manera inmediata se intentó someter a debate un predictamen que sí recomendaba dar facultades al Ejecutivo por 90 días, aunque solo en dos materias.

Ese texto fue presentando en consenso entre bancadas como Renovación Popular, Ahora Nación, Obras y el Buen Gobierno. Sin embargo, cuando inició la votación, el diputado Arturo Alegría de Fuerza Popular (FP) cuestionó que el texto no se debate y que lo haya recibido hace unos minutos.

“Nos han presentado este texto de aquí hace tres minutos, entonces nos está pidiendo, no sé cómo calificarlo, que votemos una fórmula sin debate”, reclamó.

Por ese motivo, se suspendió la sesión para que los representantes del bloque naranja puedan leer el documento de 10 páginas.

DEBATE

Durante el debate, el diputado Alegría dijo que si bien el texto de consenso de cuatro bancadas es un cierto avance, es insuficiente.

“Se ha limitado que a las mafias se le pueda decir como son, organizaciones terroristas”, reclamó.

En la misma línea se pronunció su colega de bancada Cecilia Chacón.

“No se le puede negar al pueblo peruano luchar contra el crimen organizado”, afirmó.

Romina Uribe del Buen Gobierno (BG) recordó que FP y JP tienen la votación mayoritaria en la Comisión de Constitución, por lo tanto, les pidió poner al Perú primero.

“Aquí nos estamos estacando, si las facultades no son aprobadas, qué mensajes le estamos dando a nuestro país”, indicó.

Frank Krklec de Renovación Popular dijo que este es el último gran esfuerzo que hacen las bancadas.

“Acá tenemos dos alternativas, logramos aprobar esto por mayoría o simplemente no”, dijo.

Gina Duarte del BG sostuvo que lo ideal hubiera sido lograr un consenso entre las seis bancadas.

“Vuelvo a poner los paños fríos, porque siento hasta ahora que los del frente (Fuerza Popular) sigue con el afán de discutir”, manifestó.

Mientras que Freshman Buitrón de Ahora Nación mencionó que las propuestas son claras, por ese motivo, llamó a sus colegas a la reflexión y les pidió detener las peleas.

El documento reduce la delegación solicitada a dos materias: seguridad ciudadana y prevención ante el Fenómeno El Niño.

El Ejecutivo había planteado inicialmente contar con facultades durante 120 días para legislar sobre ocho materias.

Durante la discusión, diputados de Fuerza Popular cuestionaron que la propuesta no incluyera atribuciones relacionadas con inteligencia, participación de las Fuerzas Armadas y control de los penales.

Cab mencionar que, con la aprobación del texto, las facultades quedarían limitadas a 90 días.

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La segunda votación solo se realizará en aquellas regiones donde ninguna fórmula para gobernador y vicegobernador consiga al menos el 30 % de los votos válidos. El JNE indicó que solicitará oportunamente a la presidenta de la República la convocatoria correspondiente.

Como parte de la organización del proceso, el organismo electoral pidió a la ONPE entregar a los Jurados Electorales Especiales (JEE) las actas observadas hasta el domingo 11 de octubre. Asimismo, estableció el 28 de octubre como plazo máximo para que los JEE desarrollen las audiencias públicas de recuento de votos.

El Pleno también habilitó sábados, domingos y feriados para las actividades relacionadas con las actas observadas, el recuento y la proclamación de resultados.

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Nieto se pronunció sobre la decisión de los diputados durante su participación en Arequipa, donde encabezó el cierre de campaña de su organización política. Allí manifestó que el acuerdo alcanzado en la comisión representa una salida intermedia frente a las posiciones que se habían planteado durante el debate.

“Han quedado en una esquina los que querían todo, en la otra esquina los que no querían nada y en el espacio del centro, aquellos que hemos elegido el diálogo, la concentración de acuerdos entre peruanos para unir el país, porque gobernar es unir”, declaró.

El dictamen fue aprobado con 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. La propuesta establece una delegación de facultades por 90 días únicamente en seguridad ciudadana y medidas relacionadas con el fenómeno El Niño.

La decisión modifica de manera sustancial el pedido inicial del Gobierno de Keiko Fujimori, que solicitó facultades por 120 días para legislar sobre 66 materias distribuidas en ocho bloques. Entre los temas planteados inicialmente estaban asuntos tributarios, laborales, seguridad, modernización del Estado y desarrollo productivo.

El texto aprobado por la comisión deberá pasar ahora al Pleno de la Cámara de Senadores, donde será debatido y sometido a votación.

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La ceremonia se desarrolló en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno y contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Durante el acto fueron acreditados Ek-on Khunacharoen, por Tailandia; Johanna Teague, por Suecia; Sugandh Rajaram, por India; Lydia Ladurner, por Austria; y Petr Mikyska, por República Checa.

La relación del Perú con estos países incluye distintos ámbitos de cooperación. Con Tailandia existe una Asociación Estratégica desde octubre de 2013, mientras que los vínculos con Suecia se enfocan en temas como democracia, desarrollo sostenible y comercio. Con India se busca ampliar la cooperación tecnológica, farmacéutica y económica, y con Austria destacan los vínculos comerciales, de inversión y turismo.

En el caso de República Checa, la agenda bilateral contempla asuntos económicos, culturales, educativos y científicos, además de oportunidades de cooperación en infraestructura, minería, energías renovables, agricultura y logística.

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Según indicó, espera que el 90 % de las medidas obtenga respaldo y sostuvo que una eventual negativa trasladaría la responsabilidad a las bancadas que voten en contra.

“Yo confío en que el 90 % va a ser aprobada finalmente. Por lo demás, la responsabilidad de no hacerlo no recae en el gobierno, recae en la Cámara (de Diputados) y en aquellas bancadas que nieguen su voto”, afirmó Álvarez durante una actividad de presentación de equipos de telecomunicaciones incautados en los penales.

El ministro señaló que el escenario podría generar cuestionamientos políticos si el fenómeno El Niño alcanza una alta gravedad y parte de las medidas propuestas por el Gobierno no son aprobadas.

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En declaraciones a Canal N, sostuvo que el debate no debería convertirse en un escenario de confrontación política ante el incremento de la delincuencia y la violencia.

Reggiardo señaló que ha revisado el pedido de facultades y consideró necesario que el Gobierno cuente con las herramientas planteadas. “Mi invocación nuevamente al Congreso de la República (...) es dejarse de ejercer criterios políticos ante una situación que no da para eso en este momento”, afirmó.

Como parte de sus propuestas, el alcalde anunció que la Municipalidad Metropolitana de Lima prepara una ordenanza para establecer una amnistía dirigida a quienes entreguen voluntariamente las armas que tengan en su poder. También planteó crear una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana para articular el trabajo de los distintos sectores vinculados a la lucha contra la delincuencia.

Asimismo, propuso implementar una policía municipal que asuma labores relacionadas con el control del tránsito, con el objetivo de permitir que más efectivos de la Policía Nacional se concentren en combatir el crimen organizado y otros delitos. Reggiardo sostuvo que algunas de estas medidas pueden ser aplicadas por el Gobierno sin necesidad de esperar la delegación de facultades.

#SeguridadCiudadana | Durante la supervisión del C5, el alcalde de Lima, @Renzo_Reggiardo, señaló que la inseguridad ciudadana requiere herramientas y respuestas rápidas. Asimismo, hizo un llamado a las instituciones del Estado a actuar con mayor celeridad para atender uno de los… pic.twitter.com/coqvQn2BXq

— Municipalidad de Lima (@MuniLima) October 1, 2026

De otro lado, el alcalde destacó las inversiones de su gestión, que, según indicó, alcanzan los S/4.000 millones. Entre los proyectos mencionó alrededor de 50 kilómetros de nuevas vías, la primera etapa del C5 de Lima, que contempla 4.500 cámaras de videovigilancia, y un proyecto de semaforización valorizado en S/205 millones.

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Se trata de la tercera sesión ordinaria de dicha comisión que comenzó a las 2 de la tarde en la Sala Grau del Palacio Legislativo. Posteriormente, se dio un periodo de tiempo para que todos los miembros puedan leer el documento.

En la víspera, el debate fue suspendido por la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, quien dispuso un cuarto intermedio para buscar consensos luego de que las bancadas de Renovación Popular, Obras y Partido del Buen Gobierno presentaran textos sustitutorios.

Como se sabe, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores inició el martes el análisis de la Proposición Legislativa N.° 00098/2026-2031-CD, que plantea otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante 120 días.

Debido a la amplitud de las materias incluidas en la solicitud, la sustentación y el debate fueron programados en dos sesiones.

Consenso sobre facultades solicitadas por el Ejecutivo

Más temprano se conoció que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados cuenta con un texto de consenso sobre la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo, informó el diputado de Renovación Popular, Franck Krklec.

Según explicó el parlamentario en RPP, los equipos técnicos de las bancadas trabajaron hasta la noche del miércoles para consensuar una propuesta, que ya fue remitida a la comisión para la elaboración del dictamen correspondiente.

Krlkec señaló que el texto delimita las facultades en dos materias: seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño, incluyendo medidas vinculadas al sector agrario.

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Lourdes Alcorta, senadora de Renovación Popular, rechazó las posibles amenazas contra la presidenta de la República, Keiko Fujimori, difundidas tras un encuentro de la macrorregión sur.

“Es una situación que no se puede permitir. No solamente a la presidenta de la República, que es la presidenta del Perú”, señaló Alcorta en declaraciones a Canal N.

La parlamentaria cuestionó además que este tipo de expresiones se realicen de manera anónima o fuera del escrutinio público.

“No se puede pedir ningún tipo de amenaza, es la cosa más cobarde que se puede dar atrás de las paredes, detrás de las puertas, de estar usando para amenazar”, expresó.

Alcorta integra el grupo parlamentario Renovación Popular y ejerce como senadora durante el periodo 2026-2031, de acuerdo con la información oficial del Senado.

Alcorta pide no dar mayor relevancia a las amenazas

La legisladora indicó que la presidenta cuenta con protección personal y con servicios de inteligencia encargados de resguardar su seguridad.

En ese contexto, Alcorta consideró que las expresiones difundidas no deberían recibir una mayor amplificación mediática.

“Ojalá que la prensa no levante esta noticia, que realmente no hay que siquiera darle esa importancia”, manifestó.

Alcorta se pronuncia sobre las facultades legislativas

La senadora también se refirió al pedido de facultades legislativas que se tramita en la Cámara de Diputados.

Alcorta aseguró que, desde el Senado, no ha advertido iniciativas destinadas a incorporar asuntos distintos a los comprendidos en la solicitud original del Ejecutivo.

“No he visto, ni siquiera en la posición más radical que pueda haber en el Senado, alguna inquietud que venga de diputados y locales en el Senado. Eso no lo vamos a permitir nosotros también”, afirmó.

La parlamentaria planteó además que el debate entre las distintas fuerzas políticas debería dar paso a una etapa de mayor reflexión y menor confrontación.

“Creo que vamos a hablar de reflexión, hay que ser positivos, no hay que echarnos leña entre nosotros mismos”, señaló.

Alcorta ya se había pronunciado previamente sobre el trámite de las facultades legislativas y su eventual llegada al Senado.

Como se sabe, dicho grupo de trabajo continúa hoy jueves 1 de octubre con la sustentación y el debate del dictamen sobre la delegación de facultades legislativas.

Herber López indicó en RRP que el texto consensuado en la Comisión de Constitución establecería la delegación de facultades en temas como el fenómeno El Niño y lucha contra la criminalidad.

“El acuerdo va en esa línea, de otorgarle las facultades de manera específica en algunos puntos. Hoy tenemos sesión a las 2 de la tarde y también considero que sí va a haber una buena perspectiva y probablemente estemos aprobando este texto sustitutorio”, refirió.

A decir de Herber López, la bancada de Obras está predispuesta a dar las facultades al gobierno en “lo que compete o en lo que sea pertinente y, sobre todo, responsable”.

Más temprano, el diputado de Renovación Popular, Franck Krklec, informó que en la Comisión de Constitución se ha elaborado un texto de consenso sobre las facultades solicitadas por el Ejecutivo.

Según explicó el parlamentario, los equipos técnicos de las bancadas trabajaron hasta la noche del miércoles para consensuar una propuesta, que ya fue remitida a la comisión para la elaboración del dictamen correspondiente. “Por fin hay humo blanco ”, refirió en RPP.

Franck Krlkec señaló que el texto delimita las facultades en dos materias: seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño, incluyendo medidas vinculadas al sector agrario.

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La propuesta, presidida por el diputado Segundo Castrejón Fernández, también deja sin efecto la comisión organizadora encargada de elaborar el estatuto y convocar a la elección del primer Consejo Directivo Nacional del CPAP, así como las acciones administrativas realizadas al amparo de dicha norma.

Segundo Castrejón sostuvo que la ley establece como requisito para incorporarse al colegio la acreditación de un título profesional o licenciatura, lo que, según señaló, excluye a artistas autodidactas, tradicionales, populares, comunitarios y portadores de conocimientos ancestrales.

El parlamentario citó datos del Ministerio de Cultura según los cuales una parte importante de los artistas se forma fuera del sistema universitario: 37,2 % mediante tradición familiar o comunitaria y 32,1 % de manera autodidacta, mientras que el 28,4 % cuenta con estudios universitarios.

Durante la sesión, la diputada Marleny Arminta Valencia (Ahora Nación) sustentó además una iniciativa para modificar la Ley Universitaria y la Ley N.° 26271, con el objetivo de modernizar el régimen del carné universitario y garantizar el acceso a beneficios estudiantiles.

Asimismo, presentó una propuesta orientada a fortalecer la formación investigativa en el pregrado y facilitar la obtención oportuna del grado académico de bachiller.

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El senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, pidió que la Policía Nacional y el Ministerio Público investiguen de inmediato las presuntas amenazas contra la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

“No es cosa de juego empezar a tramar el asesinato de la presidenta de la República”, declaró Rospigliosi a Canal N. El legislador sostuvo que expresiones de este tipo deben ser investigadas y no pueden ser minimizadas.

Rospigliosi pide una investigación de la Policía y la Fiscalía

Rospigliosi afirmó que las autoridades deben identificar a las personas involucradas y determinar si existen responsabilidades penales.

“Creo que tanto la Policía como la Fiscalía deben investigar de inmediato a las personas que han participado en eso y que debe haber unas sanciones drásticas, no se puede permitir bajo ningún punto de vista”, manifestó.

El senador señaló además que el país ha atravesado periodos de terrorismo y violencia política, por lo que consideró necesario que cualquier posible amenaza sea esclarecida con rapidez.

“Ojalá que las autoridades actúen con la prontitud y celeridad necesaria, porque ya sabemos que muchas veces estas cosas demoran meses y años y luego se diluyen. Hay que actuar ahora”, indicó.

Las declaraciones se producen después de que se difundieran reportes sobre expresiones contra la integridad de la mandataria. Otros actores vinculados al sector de inteligencia también han solicitado que estas sean investigadas.

Comisión de Inteligencia consultará a la DINI

Consultado sobre si la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) tenía información previa sobre las presuntas amenazas, Rospigliosi señaló que el asunto será abordado desde la Comisión de Inteligencia.

“No sé si la DINI tenía información al respecto o como parte de la Comisión de Inteligencia lo vamos a preguntar”, sostuvo.

Rospigliosi preside la Comisión de Inteligencia del Senado para el periodo anual de sesiones 2026-2027. El grupo parlamentario supervisa, entre otros aspectos, las actividades y políticas vinculadas al Sistema de Inteligencia Nacional.

El senador también vinculó este asunto con el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y planteó restablecer capacidades operativas de la DINI que, según sostuvo, fueron recortadas en años anteriores.

“Parte de las facultades que se le deben otorgar, espero que se le otorguen al Gobierno, es eso, de restablecer la posibilidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia”, declaró.

Rospigliosi consideró además que la Policía y el Ministerio Público deberían informar sobre el avance de las investigaciones, respetando la reserva de las diligencias.

Rospigliosi se pronuncia sobre censura contra César Astudillo

El senador también se refirió a la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, y consideró positivo que algunos integrantes de la Cámara de Diputados hayan retirado sus firmas de la iniciativa.

“Me parece muy bien que haya grupos en la Cámara de Diputados que hayan recapacitado sobre estos dos temas, que hayan retirado su firma de la censura planteada contra el ministro del Interior”, señaló.

Rospigliosi cuestionó además que se busque retirar del cargo a Astudillo a poco más de dos meses de haber asumido el Ministerio del Interior.

La Cámara de Diputados tenía programado para este jueves 1 de octubre de 2026 el debate de la moción de censura 445 contra Astudillo. La iniciativa fue presentada por legisladores de Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno.

Según explicó el parlamentario en RPP, los equipos técnicos de las bancadas trabajaron hasta la noche del miércoles para consensuar una propuesta, que ya fue remitida a la comisión para la elaboración del dictamen correspondiente. “Por fin hay humo blanco y se ha llegado a un texto consensuado”, refirió.

Franck Krlkec señaló que el texto delimita las facultades en dos materias: seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño, incluyendo medidas vinculadas al sector agrario.

El documento incorpora propuestas de las bancadas de Renovación Popular, Obras y Partido del Buen Gobierno. Además, indicó que los asesores de Ahora Nación participaron en las reuniones de trabajo, aunque dicha bancada aún no habría presentado una propuesta formal.

El legislador expresó su expectativa de que el dictamen sea aprobado durante la sesión de la Comisión de Constitución programada para hoy jueves 1 de octubre a las 14:00 horas. Se trata de la tercera sesión ordinaria de dicha comisión.

En la víspera, el debate fue suspendido por la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, quien dispuso un cuarto intermedio para buscar consensos luego de que las bancadas de Renovación Popular, Obras y Partido del Buen Gobierno presentaran textos sustitutorios.

Como se sabe, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores inició el martes el análisis de la Proposición Legislativa N.° 00098/2026-2031-CD, que plantea otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante 120 días.

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La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 014-2026-PRODUCE, publicado en el diario El Peruano, ante la situación que atraviesa dicho sector.

Entre enero y julio de 2026, la producción textil y de confecciones cayó 9,9 %, mientras que el uso de la capacidad instalada se redujo a 58,4 %. El sector reúne a más de 47 mil empresas formales, de las cuales el 99,4 % son micro y pequeñas empresas (MYPE).

Plan de reactivación

El Ministerio de la Producción (Produce) implementará un Plan para la Reactivación del sector, con medidas orientadas al alivio financiero, el fortalecimiento productivo y el acceso a mercados.

Entre las acciones previstas figura un programa temporal de garantía crediticia para las MYPE, además de asistencia técnica especializada para mejorar sus procesos, calidad y gestión empresarial.

También se fortalecerá la participación de las empresas en compras públicas y se organizarán ruedas de negocio vinculadas a la demanda de uniformes escolares.

Asimismo, se promoverán espacios de comercialización, marketing digital, desarrollo de marcas y acceso a nuevos mercados, con acciones que incluirán el entorno de Gamarra.

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El aspirante a burgomaestre capitalino de Somos Perú, Carlos Bruce, por ejemplo, se reunirá esta tarde con sus simpatizantes en el óvalo Las Palomas de Villa El Salvador, a la 3:00 p.m.

CARAVANA

El candidato de Fuerza Popular, Samuel Daza, tiene programada una serie de actividades. A las 8:00 a.m. tendrá una concentración en el estadio de Alianza Lima, luego de lo cual, en el Hotel Bolívar, ofrecerá una conferencia de prensa. A la 1:00 p.m. partirá en caravana a Ancón y a las 5:00 p.m., en ese distrito, presidirá un mitin.

Por su parte, el líder de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, candidato a primer regidor de Lima y posible alcalde si su partido gana los comicios –debido a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no define si podrá “reelegirse” en esa eventualidad– estará a las 4:00 p.m. en la Avenida de la Peruanidad, en Jesús María.

En tanto, el postulante a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, ofrecerá un mitin a las 6:00 de la tarde, en el cruce de los jirones Las Ortigas con Jardines, en San Juan de Lurigancho.

Mónica Yaya, aspirante aprista al sillón metropolitano, hará lo propio en el óvalo Breña, a las 7:00 de la noche.

La candidata de Ahora Nación a la alcaldía de la capital, Susel Paredes, también realizará un mitin. En su caso, en el Rímac, en la intersección de la avenida Alcázar con la calle La Pedrera, a las 5:00 de la tarde.

Otros aspirantes a burgomaestre, como Yehude Simon (Tierra Verde) y Carlos Gallardo (Buen Gobierno), cerraron sus campañas ayer.

Víctor Fuentes, gerente central de Economía de la institución, conversó con Correo sobre el costo de este endeudamiento y los retos financieros de la próxima administración.

¿Qué heredará el próximo alcalde de Lima?

Una deuda que asciende a S/5,045 millones. Entre 2022 y 2026 casi se triplicó: pasó de S/1,400 millones a más de S/5,000 millones.

¿Qué responsabilidad tiene la gestión de Rafael López-Aliaga?

Durante esta gestión se emitieron bonos y se tomó deuda para financiar proyectos de inversión. El problema es que parte de esos recursos todavía no se utilizan. Al cierre de 2025, el Consejo Fiscal reportó que los proyectos vinculados al programa de bonos tenían un avance financiero limitado. Si la Municipalidad fuera una empresa privada, el gerente de finanzas estaría despedido.

¿Qué implica tomar deuda sin ejecutar los proyectos?

La municipalidad paga intereses por recursos que todavía no se convierten en obras. En 2025 pagó S/276 millones por intereses, mientras obtuvo S/124 millones por los recursos que permanecieron sin ejecutar. Eso generó un costo financiero neto de S/152 millones.

¿Qué otras obligaciones financieras tiene la Municipalidad de Lima?

Además de la deuda, existen pasivos firmes y contingentes. Al cierre de 2025, la MML tenía S/993 millones en pasivos firmes por sentencias y laudos. De ese monto, S/312 millones no figuraban en el saldo de deuda total. También registraba S/4,907 millones en pasivos contingentes, que solo se pagarían si la municipalidad pierde los procesos en curso. Por ello, estos últimos todavía no constituyen deuda exigible.

¿Qué debería hacer el próximo alcalde de Lima desde el 1 de enero de 2027?

Primero, evitar que los pasivos contingentes se conviertan en firmes. Segundo, evaluar negociaciones que permitan reducir obligaciones. Y tercero, cambiar la forma de gestionar los proyectos: cumplir los requisitos técnicos, financieros y contractuales antes de comprometer nuevos recursos.

¿La deuda debería ser su principal prioridad?

La sostenibilidad financiera debe estar presente en todas las decisiones. Lima necesita atender problemas como transporte e inseguridad, pero cualquier medida debe ser sostenible en el tiempo.

Alfaro comandó la PNP entre agosto de 2022 y marzo de 2023. En ese lapso, el 7 de diciembre de 2022, el entonces comandante general jugó un rol clave en el intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo.

Según relató Alfaro, ese día, Castillo le dijo: “General, cierre el Congreso, saque a todos los que están adentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la fiscal de la nación”.

Pero Alfaro decidió garantizar el funcionamiento del Parlamento y, tras conocer que Castillo se dirigía a la Embajada de México, ordenó al general Jorge Angulo intervenirlo.

Tras su muerte, diferentes autoridades expresaron sus condolencias como los senadores Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular).

La pesquisa estuvo contenida en la Carpeta Fiscal 54-2025 por un presunto incremento de su patrimonio durante su gestión como presidenta de la república.

Patrocinio

La firma Portugal Abogados anunció que el Ministerio Público no encontró elementos de convicción que sustentaran un desbalance patrimonial injustificado.

Según el estudio jurídico, la evaluación fiscal comprendió los ingresos y egresos de Boluarte del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2024, y fue el Ministerio Público que determinó que los ingresos identificados correspondían a rentas de trabajo y coincidían con las declaraciones del Impuesto a la Renta presentadas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Incluso, citaron una resolución que descarta depósitos de origen o procedencia desconocida.

Asimismo, el análisis fiscal habría abordado una posible relación entre el ejercicio del cargo público y el patrimonio de la entonces jefa de Estado.

Sin embargo, la disposición concluyó que no existían elementos que acreditaran un abuso del cargo ni un vínculo entre la función desempeñada y el resultado patrimonial analizado.

Para ello se tomó en cuenta el Informe Pericial Contable Financiero 04-2026, elaborado por peritos oficiales de la Fiscalía, documento que formó parte de los elementos considerados durante las diligencias preliminares.

El bufete difundió el archivo mediante un comunicado firmado por los abogados Juan Portugal, Luis Castro, Piero Vílchez y Sergio Medina.

“Se concluyó: 1) Idónea trazabilidad entre sus ingresos y egresos, en tal condición, y su declaración ante Sunat”, escribió Portugal en X.

Fiscalía de la Nación archiva investigación contra Dina Boluarte Zegarra por presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado

Se le imputó, en su condición de presidenta de la República, haber presuntamente incrementado su patrimonio, entre el 16-03 al 31-12 del año 2024. En… pic.twitter.com/3NeWSoPId2

— JCPortugalS (@JCPortugalS) September 30, 2026

Como se sabe, el Ministerio Público formalizó, en diciembre de 2022, la investigación preparatoria por presunto lavado de activos.

La tesis fiscal fue que Flores recepcionó aportes de entre 10 mil y 15 mil dólares de Odebrecht y 100 mil dólares de Camargo Correa.

Sobre el tema, la mayoría del pleno del TC sostuvo que la receptación patrimonial se estableció como delito en noviembre de 2016; es decir, esta modalidad no existía durante la campaña de 2006, por lo que su aplicación vulnera la legalidad penal. Como referencia, se citó el Caso Cócteles.

Para el colegiado, no se individualizó o delimitó el delito sobre la procedencia del dinero. Agregó que “el dolo o la intención criminal no debe presumirse”.

Y es que la moción de censura en su contra ya no será evaluado hoy por no tener respaldo y porque se quitaron firmas.

MOTIVOS

El martes, la bancada de Ahora Nación fue una de las primeras en informar que decidió, por mayoría, no apoyar la moción de censura contra Astudillo. Sin embargo, los diputados Indira Huilca, César Holguin y Jair Manrique sí votarán a favor.

Solo esos tres votos pueden sumarse con los 32 que provienen de Juntos por el Perú (JP), bancada que impulsó la censura.

Además, la bancada de Partido Cívico Obras no respaldará la censura.

El grupo se reunió con su líder Ricardo Belmont el martes por la noche, encuentro en el que se acordó no sumarse a la censura.

El senador de ese grupo parlamentario, Daniel Barragán, confirmó que Obras decidió no censurar a Astudillo luego de una reunión.

“Nosotros hemos decidido no censurar al ministro de Interior. Las fuerzas políticas, independientemente de nuestra coalición, podemos tomar decisiones individuales también, pensando en el beneficio de la población”, sostuvo.

Fuentes de la agrupación indicaron a Correo que en el encuentro, Belmont les explicó que había pasado muy poco tiempo para censurar a un ministro.

El grupo le dará unos meses más de gracia a Astudillo.

Por otro lado, la dddbancada del Buen Gobierno (BG) se reunió ayer por la tarde con el ministro del Interior, fue este último quien buscó el encuentro.

Más temprano, el diputado Edwin Espinoza adelantó cuál podría ser el sentido del voto de su grupo.

“Hay voces que quisieran que haya una mejor respuesta por parte del ministro del Interior, sin embargo, creo que al final va a prevalecer una posición uniforme de la bancada, es muy probable que se vote en contra”, indicó.

Los diputados Luis Masco, Heber López y Víctor Piñan de Obras, retiraron sus firmas de la moción de censura contra el ministro César Astudillo. Se necesitaban 33 firmas para la presentación del documento que ahora pasó a tener 32. Mañana ya no hay pleno. pic.twitter.com/9kAW08W959

— Sofía López (@SofiaLopezLl) September 30, 2026

SUSPENSIÓN

Ayer por la tarde, el oficial mayor de la Cámara de Diputados, Hugo Rovira, informó que el pleno programado para hoy donde se evaluaría la moción contra Astudillo se suspendió.

Esto debido a que los diputados Luis Masco, Heber López y Víctor Piñan de Obras, retiraron sus firmas.

Para que una moción de censura ingrese a mesa de partes se necesitan 33 firmas, tras el retiro de tres rúbricas, solo se quedó con 32.

Más temprano, la bancada de diputados de JP convocó a una conferencia de prensa junto a organizaciones sociales y sindicales para expresar su posición sobre la censura contra Astudillo y el rechazo al pedido de facultades. La conferencia se realizará hoy a las 9:00 a.m. en las instalaciones del Congreso.

dd

Ayer por la mañana, el grupo de trabajo que encabeza la diputada Giannina Avendaño de Juntos por el Perú (JP) debatió por casi dos horas la solicitud sin llegar a un consenso.

Por ahora, la comisión pasó a un cuarto intermedio con la finalidad de elaborar un texto que incluya las coincidencias de las bancadas.

DEBATE

Al inicio de la sesión, el diputado Arturo Alegría de Fuerza Popular (FP) planteó una cuestión previa para suspender con el debate con el objetivo de tener un predictamen que sí otorgue facultades al Ejecutivo.

Cabe recordar que el equipo técnico de Constitución elaboró un predictamen que concluye no otorgar facultades legislativas en ninguna materia y archivar el pedido del Gobierno de Keiko Fujimori.

Su pedido fue respaldado por el diputado Fernando García del Buen Gobierno.

“Que los documentos se revisen y busquemos consensos en algunos extremos como seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. Nosotros podríamos respaldar en esos dos temas”, afirmó.

Su colega Gina Duarte se pronunció en el mismo sentido.

“Está claro que debemos dar facultades para lo urgente. Tenemos que aprender a ser coherentes y decidir sobre el país”, sostuvo.

Frank Krklec de Renovación Popular cuestionó que el pedido del Ejecutivo no haya precisado en qué aspectos quieren facultades sobre El Niño.

“Nosotros hemos pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros que nos precise esa información”, sostuvo.

Mientras que su colega Roxana Rocha recordó que el país está en una situación de emergencia.

“Hemos sido contundentes, vamos a decidir sobre inseguridad y Fenómeno El Niño que son dos temas importantes”, precisó.

Al cierre de esta edición no se había definido qué día se retomaría el debate en Constitución.

RECLAMO

Por otro lado, el diputado César Holguin (Ahora Nación) señaló que su bancada condiciona su respaldo al pedido de facultades legislativas a que la Cámara de Senadores se comprometa a no modificar el texto que eventualmente sea aprobado por la Cámara de Diputados.

“La condición de Ahora Nación es que el Senado no tenga la actitud de alterar, tergiversar, distorsionar el texto que suba a la Cámara de Diputados”, aclaró.

Mientras que el senador Daniel Barragán (Obras) hizo un llamado para que el Poder Ejecutivo se reúna con las fuerzas políticas para llegar a un resultado positivo para el país.

“Hoy las bancadas están viendo si se dan las facultades o no, pero no hemos llegado a nada positivo. Mi sugerencia es que nos reunamos”, dijo.

El fallo, correspondiente al Expediente 05762-2025-PA/TC y emitido el 31 de agosto de 2026, declaró fundada la demanda de amparo presentada por la lideresa política.

El tribunal anuló la Disposición 43, emitida el 28 de diciembre de 2022, con la que la Fiscalía formalizó y continuó la investigación por supuestos aportes recibidos durante la campaña presidencial de 2006 y vinculados a Constructora Norberto Odebrecht S. A. y Constructora Camargo Correa S. A.

Según la sentencia, la modalidad de receptación patrimonial atribuida no estaba contemplada en la Ley 27765 vigente en ese periodo.

El TC sostuvo que dicha figura fue incorporada mediante el Decreto Legislativo 1249 en noviembre de 2016, por lo que su aplicación a hechos de 2006 vulneraba el principio de legalidad. Asimismo, señaló que el Ministerio Público no delimitó ni individualizó el delito fuente ni justificó que Flores Nano conociera el supuesto origen ilícito de los fondos.

Como consecuencia del fallo, quedaron sin efecto las actuaciones de la investigación preliminar, preparatoria y las posteriores derivadas del caso, y se dispuso que el Ministerio Público emita la resolución correspondiente para el archivo definitivo. La sentencia contó con los votos singulares en contra de los magistrados Pacheco Zerga y Monteagudo Valdez.

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La agenda peruana tendrá tres ejes prioritarios: seguridad regional y lucha contra las amenazas transnacionales; gestión del riesgo de desastres y sostenibilidad ambiental; y ciudadanía andina e integración fronteriza.

En materia comercial, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, indicó que se priorizarán la integración comercial, la armonización normativa, la facilitación del comercio, el transporte y el desarrollo productivo.

Durante la reunión también se destacó el avance de la cooperación entre los países miembros en seguridad, con más de 100 operativos coordinados en zonas fronterizas, más de 200 intercambios de información de inteligencia financiera y la capacitación de unos 3.000 funcionarios.

Asimismo, se aprobaron hojas de ruta para impulsar el “Cielo Único Andino” y el Régimen de Cabotaje Intracomunitario Andino, iniciativas orientadas a fortalecer la conectividad y competitividad de la subregión. También se adoptaron medidas para combatir la desnutrición infantil y la anemia, fortalecer la lucha contra el crimen organizado y modernizar la gestión migratoria.

La CAN aprobó además declaraciones sobre cooperación penitenciaria y el Fenómeno de El Niño 2026-2027. Su secretario general, Gonzalo Gutiérrez, planteó como desafíos futuros profundizar la convergencia con el Mercosur, fortalecer los vínculos con otros países de la región y avanzar hacia una Política Exterior Común Andina.

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Cabe mencionar que la sesión está programada para las 2 p. m. y tendrá entre sus puntos la revisión de tres propuestas de texto sustitutorio planteadas por distintas bancadas.

El debate había quedado en cuarto intermedio durante la jornada del miércoles, con el objetivo de elaborar una nueva propuesta a partir de los planteamientos expuestos por los congresistas.

Las materias involucradas comprenden los ámbitos procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciario y migratorio.

El predictamen en discusión plantea denegar las facultades solicitadas por el Ejecutivo al considerar que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Constitución.

Entre sus observaciones señala que varias de las materias fueron formuladas de manera amplia y que, en distintos casos, no se habría acreditado la necesidad, oportunidad y urgencia de delegar estas atribuciones.

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Según la iniciativa, la medida busca ordenar la oferta de educación superior universitaria pública, fortalecer las universidades existentes y aquellas que se encuentran en proceso de implementación, además de orientar su expansión bajo criterios de pertinencia, sostenibilidad y calidad.

La propuesta corresponde al Proyecto de Ley N.° 00461-2026-2031-CD, remitido al presidente del Senado y del Congreso, Miguel Torres Morales. El documento lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y adjunta el acta del Consejo de Ministros del 28 de septiembre, en la que se aprobó la iniciativa.

La moratoria alcanzaría a toda modalidad destinada a crear una nueva universidad pública, cualquiera sea su denominación. Sin embargo, la propuesta establece que esta restricción no se aplicará a las universidades comprendidas en la Ley N.° 30597.

Asimismo, el proyecto dispone que el Ministerio de Educación implemente estrategias para ordenar y mejorar la oferta universitaria y la calidad del servicio educativo. Estas acciones deberán considerar criterios de pertinencia y sostenibilidad y estar alineadas con la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva.

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El caso, registrado en la Carpeta Fiscal 54-2025, comprendía el periodo entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre del año 2024, cuando ejercía funciones públicas.

La disposición fiscal concluyó que no se encontraron elementos de convicción que acrediten un desbalance patrimonial no justificado. Para llegar a esa conclusión, se revisó la trazabilidad de los ingresos y egresos correspondientes al periodo analizado, así como el origen de los depósitos registrados.

El Ministerio Público determinó además que los ingresos identificados correspondían a rentas provenientes del trabajo en el sector público y coincidían con las declaraciones juradas del impuesto a la renta presentadas ante la SUNAT.

También estableció que no se acreditó un abuso del cargo ni una relación entre el ejercicio de la función pública y el resultado patrimonial examinado.

La conclusión fiscal tomó como sustento el Informe Pericial Contable Financiero 04-2026, elaborado por peritos oficiales, además de los elementos recopilados durante las diligencias preliminares.

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Los diputados Luis Masco Cáceres, Heber López y Víctor Piñán presentaron ante la Oficialía Mayor del Congreso sus respectivos pedidos para retirar sus firmas de la iniciativa.

A través de un comunicado, el Congreso informó que la moción dejó de cumplir con el número mínimo de firmas requerido para continuar con su trámite, por lo que se suspendió la sesión en la que se tenía previsto debatir y votar la censura.

La moción había sido presentada la semana pasada por las bancadas de Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Obras, con 35 firmas.

Los promotores cuestionaban a César Astudillo por una presunta falta de liderazgo e idoneidad para ejercer el cargo de ministro del Interior.

#DiputadosInforma I Se suspende la sesión del #PlenoDeDiputados convocada para el jueves 1 de octubre. pic.twitter.com/FxFO5A44mC

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 30, 2026

A ello se sumó la decisión de la bancada de Ahora Nación, que, según informó su diputado José Marcelo, acordó por mayoría no respaldar la moción de censura contra el titular del Interior.

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La propuesta contempla autorizar al Gobierno Nacional operaciones de endeudamiento mediante la emisión de bonos por hasta S/ 4 428 millones, con ejecución hasta el 31 de diciembre de 2027. Estos recursos se destinarían exclusivamente a proyectos de inversión pública, mantenimiento de infraestructura educativa y obras vinculadas a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

En el ámbito social, el proyecto plantea una subvención extraordinaria de S/ 350 para los beneficiarios de Pensión 65, que sería entregada junto con el pago correspondiente al periodo noviembre-diciembre de 2026. Asimismo, se consideran recursos para el mantenimiento de colegios públicos afectados por lluvias y una bonificación extraordinaria de S/ 300 para el personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo N.° 276.

La iniciativa también contempla fondos para atender obligaciones del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles y financiar a las micro y pequeñas empresas mediante Compras a MYPErú para la adquisición de kits escolares. En seguridad ciudadana, se plantean facultades excepcionales para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para ejecutar inversiones de optimización, ampliación, rehabilitación y reposición de manera simplificada.

Del monto total, S/ 3 735 millones provendrían de Recursos Ordinarios y S/ 4 442 millones de Operaciones Oficiales de Crédito para el Gobierno Nacional, mientras que los gobiernos regionales recibirían S/ 50 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas sustenta la propuesta en una proyección de crecimiento del PBI de 3,4 % para 2026 y un déficit fiscal estimado en 1,2 % del PBI.

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