De acuerdo con información revisada por Correo, son 18 los virtuales senadores y diputados elegidos que superaron el umbral de 100 mil votos preferenciales (ver infografía).

EN CIFRAS

Con el retorno de las dos cámaras en el Parlamento, quienes se presentaron como candidatos a la Cámara de Senadores por el distrito único electoral o también llamado por algunos como el Senado Nacional, podían recibir votos desde cualquier región del Perú.

El candidato al Senado Nacional más votado es Miguel Ángel Torres de Fuerza Popular (FP) que acumula 275,423 votos al 80.097% de actas contabilizadas.

Existen dos candidatos más que superaron el umbral de 200 mil votos. Uno de ellos es José Castillo Terrones (Juntos por el Perú), hermano del expresidente Pedro Castillo, mientras que el segundo es Rafael López Aliaga de Renovación Popular.

Ellos obtuvieron 263,711 y 246,650 votos, respectivamente.

En el grupo que superó los 150 mil votos esta Alfonso López Chau de Ahora Nación (196,605), Alejandro Muñante de Renovación Popular (188,180), Daniel Barragán del Partido Cívico Obras (184,682), Flavio Figallo del Partido del Buen Gobierno (172,544), Katherine Ampuero de Renovación Popular (167,724) y Patricia Iturregui del Partido del Buen Gobierno (161,017).

Le siguen los virtuales senadores nacionales Lourdes Alcorta de Renovación Popular (117,212), Martha Chávez de Fuerza Popular (105,934) y Ruth Luque de Ahora Nación (102,854).

Por otro lado está José Giampietri de Renovación Popular, quien postuló como senador por la circunscripción de Lima y obtuvo 124,816 votos.

Además están los virtuales diputados por Lima Harvey Colchado de Ahora Nación y Norma Yarrow de Renovación Popular que obtuvieron 131,765 y 115,456 votos respectivamente.

PARLAMENTO ANDINO

Un caso aparte es el Parlamento Andino que ya tiene sus actas contabilizadas por la ONPE al 83.729%.

Son al menos siete los candidatos que alcanzaron más de 100 mil votos. Sin embargo, son cinco los que entrarán al espacio.

Por ahora, los virtuales parlamentarios andinos que superaron esa cantidad de votos son Maali del Pomar de Renovación Popular con 243,792Luis Galarreta de Fuerza Popular con 215,686, Paul Fernández Bravo de Juntos por el Perú con 164,674 y Marcio Bendezú del Partido del Buen Gobierno con 116,151.

El quinto integrante sería Jhan Toledo del Partido Cívico Obras, aunque solo tiene hasta el momento 63,502 votos.

SIN ESCAÑO

El 15 de marzo de este año, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció los criterios para aplicar la valla electoral en estas Elecciones Generales 2026, entre esos aspectos, cómo obtener escaños.

En ese sentido se precisó que se debe alcanzar al menos el 5% del número legal de miembros de la cámara correspondiente, lo que equivale a tres senadores o siete diputados.

Por ese motivo, hay candidatos que a pesar de haber obtenido más de 100 mil votos, no tendrán una curul.

Ese es el caso de Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Julia Príncipe (País para Todos) y Juan José Santiváñez (APP).

Ninguno de los tres partidos antes mencionados alcanzó los dos requisitos para lograr un espacio.

A la sesión han sido citados el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, así como los ministros de Defensa, Amadeo Flores Carcagno; y de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos.

Agenda

La adquisición de aeronaves de combate será abordada desde las 3 p.m. en la sala Miguel Grau del Congreso, durante la décima sexta sesión ordinaria de la comisión presidida por la congresista Karol Paredes (Avanza País).

Los ministros deberán informar sobre el estado actual de las negociaciones para adquirir aeronaves de combate destinadas a recuperar las capacidades operativas de la FAP.

Asimismo, el informe deberá abordar “el contexto de las declaraciones efectuadas por el señor Presidente de la República, realizadas el viernes 17 de abril de 2026”.

Como se recuerda, José María Balcázar declaró ese día en RPP que no seguirá adelante con la compra y que esta adquisición “no es algo prioritario” para su administración.

“Tenemos otras prioridades de tanto de tantos proyectos de ley que tienen que ver con las necesidades más álgidas del pueblo del Perú, como por ejemplo electricidad o agua potable”, agregó el mandatario.

Sin embargo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ratificó la compra y el Ministerio de Economía (MEF) ya realizó el desembolso de la primera transferencia por US$ 462 millones.

En esta sesión, la Comisión de Defensa también debatirá un predictamen que declara de interés el financiamiento de comisarías y el fortalecimiento del sistema de inteligencia policial. También evaluará el uso obligatorio de cámaras corporales en la Policía Nacional del Perú (PNP).

El grupo parlamentario adujo “razones suficientes” para activar el control constitucional sobre ambas instituciones, tras el proceso electoral del 12 y 13 de abril.

Su candidato presidencial y actual congresista, Roberto Sánchez Palomino, sustentó la medida al afirmar que ambos organismos tomaron decisiones fuera de sus competencias legales.

Las denuncias se originarían por la salida de Piero Corvetto de la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el actuar de ambos organismos durante estas elecciones.

“Han habido acciones precisamente ilegales y de infracción, queremos que se investigue. Nosotros no estamos condenando. El debido proceso es denunciar. Lo hacemos porque creemos que no han cumplido, en ese grado, en base al derecho y sus competencias”, afirmó.

Asimismo, Sánchez advirtió que las negligencias cometidas durante la organización del proceso electoral deben sancionarse y que la segunda vuelta se debe desarrollar sin fallas ni abusos de autoridad.

“La confianza al sistema electoral deviene no solamente por un cheque en blanco del administrador de justicia, sino porque el pueblo organizado, nuestros voceros políticos, nuestras instancias, los partidos, la comunidad nacional ciudadana, la comunidad internacional, hace vigía”, indicó.

La agrupación de izquierda respaldó sus últimas movilizaciones ciudadanas.

En el programa “Sin Rodeos”, Humala denunció que el proceso fue fraudulento desde el inicio al impedirse postular con su propio movimiento. Ante esta situación, explicó que el “nacionalismo” evaluó a quién apoyar entre los partidos en competencia y eligió a JP por ser una agrupación de izquierda.

“Hubo una evaluación; con Roberto Sánchez ya había conversaciones de años atrás, continuamos con el proceso y ahí nos encontramos con hermanos del castillismo”, afirmó.

Precisó además que el vínculo con Sánchez data de cuando este lo visitó en el penal de Chorrillos alrededor del año 2013 o 2014, evidenciando una relación política forjada durante su reclusión.

Sin mostrar arrepentimiento por su pasado, Antauro Humala reivindicó el andahuaylazo como un acto de rebelión, minimizó el secuestro de efectivos policiales ocurrido en ese episodio y cuestionó el veredicto judicial. Como se recuerda, fue sentenciado por delitos que incluyeron homicidio, secuestro, rebelión y sustracción de armas.

Respecto a su estancia en la cárcel, afirmó que no hubo cambios. “A mí la cárcel no me ha cambiado nada. ¿Qué vas a aprender en las cárceles del Perú? Al contrario. Además, el INPE no me reconoció mis trabajos, mis libros”, dijo.

SENDERO LUMINOSO

Al ser consultado sobre Sendero Luminoso, Humala —según desde su análisis sociológico— sostuvo que los grupos insurgentes armados fueron los más consecuentes en su prédica política.

“Lo más consecuente en su prédica de irse de la lucha desarmada a la lucha armada han sido los grupos insurgentes en armas; en eso destaca Sendero Luminoso (...) Es mi posición. No diga que sea positivo, pero es la realidad”, remató.

Estas afirmaciones reavivan el debate sobre las influencias ideológicas detrás de la segunda fuerza política del nuevo Congreso bicameral.

De acuerdo a la Unidad de Investigación de Latina Noticias, al menos 589 afiliados a APP trabajaron en el Minsa, lo que evidenciaría una presencia significativa de militantes en puestos dentro de la institución. Esta situación se da en un contexto electoral en el que los ciudadanos han sancionado en las urnas a partidos percibidos como orientados a intereses propios.

El informe también señala que 188 de estos trabajadores son egresados de universidades vinculadas a la familia del líder de APP, César Acuña, como la Universidad César Vallejo y la Universidad Señor de Sipán, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles vínculos y favoritismos.

Asimismo, se detalló que el costo total de estas contrataciones habría superado los 37 millones de soles en planillas, lo que implica un impacto considerable en los recursos públicos destinados al sector salud.

La investigación también identificó la presencia de militantes de otras agrupaciones políticas, como Somos Perú y Perú Libre, igualmente cuestionadas por el electorado.

En la etapa de candidaturas y elecciones primarias, el 9 de abril venció el plazo para que las organizaciones políticas entreguen sus candidaturas finales a la ONPE.

Lo que continúa ahora son las elecciones primarias que se realizarán el 17 de mayo bajo las modalidades a) y b) del artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas, así como la elección de delegados por parte de los afiliados, correspondiente a la modalidad c).

El 1 de junio se proclamarán los resultados de las primarias.

ETAPA DE INSCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN FINAL

En esta etapa, el 6 de junio se aprobará el padrón electoral definitivo y el 16 de junio vence el plazo para la presentación de fórmulas y listas de candidatos.

El 26 de julio, la ONPE realizará el sorteo de miembros de mesa. El 5 de agosto se publicarán las listas admitidas y vencerá el plazo para renuncias y retiros de listas.

El 20 de agosto los Jurados Electorales Especiales resolverán tachas y exclusiones en primera instancia, y el 5 de setiembre quedarán inscritas las candidaturas definitivas.

Para terminar, el domingo 4 de octubre de 2026 serán las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en las que la ciudadanía elegirá a gobernadores regionales, alcaldes y regidores.

“Fuimos parte del proceso de renovación de nuestra flota aérea y estoy muy orgulloso de haber contribuido a la historia de nuestro país, sabiendo que ello iba a ser rechazado y criticado por un sector de nuestro país”, escribió.

El rol de Jerí en la compra de los F-16

Como se recuerda, el pasado 15 de septiembre de 2025, el gobierno peruano bajo el mandato de José Jerí seleccionó la propuesta del gobierno de los Estados Unidos para la renovación de la flota aérea por razones de seguridad nacional. El entonces canciller Hugo de Zela y el exprimer ministro Ernesto Álvarez respaldaron públicamente esta elección, sustentada en consideraciones de estrategia geopolítica y en el vínculo histórico entre ambos países.

Recientemente, el presidente José María Balcázar intentó postergar la decisión final, argumentando que una compra de esa magnitud debía quedar en manos del próximo gobierno. Sin embargo, la tensión política en el Ejecutivo se intensificó cuando el exministro de Defensa Carlos Díaz reveló que Balcázar firmó el Decreto Supremo que viabilizaba el proceso bajo la figura de secreto militar, lo que contradecía su postura pública.

El 22 de abril, el Ministerio de Economía y Finanzas aseguró que realizaron el primer desembolso de US$462 millones a Lockheed Martin a través del Banco de la Nación. Horas antes, el canciller De Zela y el ministro Díaz presentaron su renuncia en medio de las contradicciones generadas al interior del gobierno.

Este lunes, el premier Luis Arroyo así como los nuevos titulares de Defensa y Relaciones Exteriores tendrán que presentarse ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar el estado del proceso, una cita que podría revelar detalles clave sobre quién tomó realmente la decisión de efectuar el pago y bajo qué condiciones se autorizó.

Panorama reveló que algunos de ellos mantienen incluso sentencias y están obligados a asistir mensualmente al control biométrico por sus respectivos procesos.

VIRTUALES CONGRESISTAS CUESTIONADOS

Uno de los casos es el de Yenifer Paredes Navarro, virtual diputada por JP y cuñada del expresidente Pedro Castillo. Paredes Navarro conoce la cárcel y está obligada a asistir al control biométrico debido a su proceso por corrupción. Se le acusa de haber dirigido licitaciones municipales millonarias en el caso Anguía.

Otro es el de César Tito Rojas, quien fue fundador del Movadef (brazo político de Sendero Luminoso). Aseguró que son conocidos en Puno y “nunca” se habría involucrado en un acto terrorista. “Nuestro unido delito fue salir a las calles”, afirmó.

También figura Serafín Andrés Lujan (virtual senador), conocido dirigente en Huánuco. Sucede que años atrás, se presentó en calidad de testigo de parte del congresista Guillermo Bermejo en su juicio por terrorismo. Sin embargo, en plena defensa de Bermejo, la fiscalía recordó que Serafín mantiene una investigación abierta por el delito de terrorismo desde el 2020.

En el caso de Julio Luis Pérez Mallqui “Cheldo Julian” (virtual diputado). Se hizo conocido en el video donde Bermejo mantuvo una reunión con cocaleros y Pedro Castillo para darle su apoyo en plena campaña electoral. Tiene en su haber una serie de antecedentes: lesiones culposas (estado: en cumplimiento), falsa declaración-proceso administrativo (pena cumplida) y violencia familiar.

Respecto a “Cheldo Julián”, el 9 de febrero de 2024 fue acusado de atropellar a una madre y su hija y darse a la fuga, pero cuando fue reducido, se encontraba en estado de ebriedad, según constatación policial. A ello, el año pasado, fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión, por lo que fue ingresado a un penal de Ayacucho por 7 meses; hoy está obligado a pasar control biométrico. Sumado a ello, no habría pagado reparación civil a las víctimas.

Remigio Condori Flores (virtual diputado) tiene 8 sentencias por violencia familiar.

Gabriel Gonzales Delgado (virtual diputado). En el 2015, fue sentenciado por entorpecimiento al funcionamiento en la vía pública, mientras que en el 2021 fue sentenciado por violencia familiar. Uno de los episodios quedó registrado el 25 de marzo de 2019, cuando fue acusado por violencia física.

Al respecto, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, defendió a Yenifer Paredes señalando que tiene investigación pero no sentencia, y sobre Condori indicó escuetamente que si tiene sentencias, se debe afrontar.

De acuerdo con los documentos mostrado por el informe periodístico, el mandatario solo firmó en una de las 18 reuniones realizadas durante su gestión.

El bajo perfil del jefe de Estado se ha evidenciado tanto en su limitada exposición pública como en su escasa actividad política. Esta tendencia se vio momentáneamente interrumpida por la crisis generada tras el retraso en la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, situación que derivó en la renuncia del canciller y del ministro de Defensa.

Las actas revisadas muestran que, pese a presidir las sesiones del Consejo de Ministros, José Balcázar no participa activamente en la toma de decisiones.

De acuerdo al dominical, su única intervención registrada ocurrió el 6 de marzo, durante una reunión por la crisis de abastecimiento de gas, en la que exhortó a sus ministros a adoptar medidas urgentes.

Fuera de esa ocasión, no existen registros de intervenciones del mandatario, incluso cuando se discutieron temas clave.

El informe también señala que el liderazgo en las sesiones recayó principalmente en los presidentes del Consejo de Ministros, primero Denisse Miralles y luego Luis Arroyo. Además, se detectó que varias actas carecen de firmas oficiales, lo que evidenciaría incumplimientos en los protocolos administrativos dentro del Ejecutivo.

Comunicado de Palacio

Tras el informe periodístico, Palacio de Gobierno emitió un comunicado indicando que el mandatario viene participando y viajando a diversas partes del país como Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, Puno y Arequipa.

“La ausencia de una intervención extensa o específica del presidente en determinada acta no permite concluir que no haya cumplido con su rol de conducción. En estas sesiones, el jefe de Estado recibe las exposiciones de los ministros sobre los asuntos previamente establecidos en agenda y conduce el desarrollo formal de colegiado”, se lee en el documento de la Presidencia.

El efectivo policial designado para velar por la seguridad personal de Doroteo, fue captado en situaciones que contravienen el reglamento de la Policía Nacional. En las imágenes se le observa esperando y trasladando a Dávila, quien en uno de los registros aparece maquillándose y descansando dentro del vehículo oficial mientras el agente la conduce.

El uso de personal policial asignado a un funcionario público para atender necesidades de terceros sin cargo en el Estado constituiría una infracción al reglamento interno de la PNP. Cuando fue consultado sobre la situación, Doroteo no respondió y se retiró en su vehículo sin dar explicaciones.

¿Quién es Grecia Dávila?

La mujer captada por las cámaras del dominical cumplió funciones en el despacho del parlamentario, además en noviembre de 2025 ocupó el cargo de técnico en la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres mientras Doroteo era el titular a cargo. Pese a que ese vínculo contractual con el Parlamento concluyó, Dávila continúa disponiendo del vehículo oficial y del personal de seguridad asignado al legislador.

Además de ese vínculo laboral, Doroteo y Dávila fueron captados caminando de la mano y realizando compras. Las normas vigentes establecen que una ciudadana sin cargo público no tiene derecho a utilizar recursos del Estado para su movilidad personal.

Otros beneficios al entorno de la exfuncionaria

La investigación también identificó que el favorecimiento habría alcanzado a familiares directos de la extrabajadora. Su hermana, Claudia Selene Dávila Albitres, figura como auxiliar en el servicio de informática del Congreso con una remuneración de S/5,000 mensuales, sin registrar grados académicos en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.

Asimismo, los padres de Grecia Dávila, aparecen en los registros de ingreso al Parlamento como invitados del legislador de Acción Popular a eventos oficiales. Ese patrón de acceso preferencial a la institución refuerza la tesis de un manejo irregular de los recursos y la agenda de la oficina parlamentaria.

Posibles implicancias legales

El empleo de un vehículo oficial y de un agente policial del Estado para fines ajenos a la función pública podría encuadrarse en el delito de peculado de uso, figura contemplada en el Código Penal peruano. El Código de Ética Parlamentaria prohíbe de manera expresa que los legisladores destinen recursos públicos en beneficio de terceros.

De acreditarse la responsabilidad de Doroteo en estos hechos, el caso podría ser derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Las sanciones aplicables en ese escenario van desde la suspensión en el ejercicio del cargo hasta la inhabilitación para ocupar funciones públicas.

Semanas antes de esa alerta, el 2 de febrero, la ONPE adjudicó a Galaga un servicio de transporte y despliegue de material electoral por S/2′299,401 soles. En dicho proceso también participó el Consorcio AFE, un operador logístico con experiencia internacional, cuya propuesta económica fue casi S/500,000 soles menor a la de su competidora. Galaga ganó la licitación pese a presentar la oferta más cara.

Esquema de contratación cuestionado

Los lineamientos de contratación de la ONPE para esa licitación establecían que las empresas postoras debían presentar primero sus ofertas técnicas, recibir su calificación y, recién después de conocidos esos resultados, presentar sus propuestas económicas. Ese diseño en dos etapas separadas fue el punto central de las críticas de expertos en contrataciones públicas.

Marco Montoya, especialista en la materia, explicó durante el programa las razones por las que esa metodología genera riesgos.

“Presentar en primer lugar la oferta técnica y, sabiendo los resultados, la oferta económica, eso es una práctica ya desterrada en la contratación pública que se usaba antes en la prehistoria. Eso ya no se utiliza, es un procedimiento atípico en este tipo de contrataciones”, observó.

Exjefe de la ONPE recibió una alerta

Tras conocer el resultado del proceso, la empresa AFE remitió una carta directamente a Corvetto en la que señalaba que el esquema de evaluación generaba una asimetría de información entre los postores. En el documento precisaba que el postor favorecido, al conocer primero su puntaje técnico, podría haber accedido por canales irregulares al presupuesto reservado de la entidad, lo cual afectaría “la sana competencia en perjuicio de la ONPE”.

Los números del proceso alimentaban esa sospecha. Galaga presentó una propuesta de S/2′229,401 sobre un presupuesto máximo de S/2′350,000, dejando un margen de apenas S/120,000, una cifra que los propios servidores de la ONPE registraron en el acta de buena pro con dudas, según fuentes presentes ese día.

Funcionaria de la ONPE bajo la lupa

Entre los servidores de la ONPE que el Ministerio Público identifica como piezas del presunto esquema de colusión figura Lilia Flores Bancho, especialista en contrataciones vinculada a la institución bajo órdenes de servicio. Su nombre aparece en el acta de buena pro del contrato de febrero adjudicado a Galaga, documento en el que estampó su firma para cerrar ese proceso.

Su participación no se limitó a esa licitación. Meses después intervino también en el proceso que derivó en el contrato de S/6 millones otorgado a Galaga para el traslado del material electoral el día de los comicios, lo que la convierte en un vínculo directo entre ambas adjudicaciones. La Fiscalía le atribuye haber modificado los términos de referencia de las licitaciones, entre ellos la reducción de dos metros en el largo mínimo exigido a los vehículos, un ajuste que, según la tesis del Ministerio Público, habría favorecido a Galaga frente a los demás postores.

Los mismos lineamientos cuestionados permanecieron vigentes en la siguiente licitación, en la que Galaga obtuvo el contrato de S/6 millones para operar el día de las elecciones. Las deficiencias logísticas registradas esa jornada generaron retrasos en la apertura de mesas en diversas regiones del país y derivaron en una crisis institucional que concluyó con la renuncia de Corvetto.

Mientras tanto, la defensa de Galaga insiste en que todos los postores conocían las reglas del proceso y que no hubo favoritismo, posición que el Ministerio Público deberá contrastar con la evidencia reunida en las diligencias ya ejecutadas.

El llamado se produce luego de culminar la cuarta semana de representación correspondiente a la Segunda Legislatura del periodo anual 2025 2026. Las sesiones se desarrollan en un momento de incertidumbre política tras el pedido de moción de censura contra el presidente José María Balcázar.

#CongresoInforma I La Junta de Portavoces se reunirá el lunes 27 de abril desde el mediodía. En este espacio participan los voceros de cada grupo parlamentario junto con los integrantes de la Mesa Directiva. pic.twitter.com/I5cfaesvsI

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 24, 2026

Agenda programada

Uno de los principales objetivos del Consejo Directivo será establecer los temas que se debatirán en las próximas sesiones plenarias. En este espacio se organiza la agenda legislativa y se determina qué proyectos de ley serán incluidos en el orden del día.

Esta planificación debe ser comunicada a los congresistas con anticipación antes de cada sesión del Pleno. De esta manera se busca garantizar que los parlamentarios cuenten con la información necesaria para el desarrollo del debate.

Por su parte, la Junta de Portavoces tiene la facultad de modificar y complementar la agenda previamente establecida. Además, puede definir el orden de prioridad de los temas que serán discutidos durante las sesiones.

Estas decisiones se adoptan mediante votación de los representantes de las bancadas presentes. El resultado depende del número de votos que cada grupo parlamentario posee en función de su representación.

¿Qué es la Junta de Portavoces?

La Junta de Portavoces es una instancia clave en la organización del trabajo parlamentario dentro del Congreso. Está integrada por los miembros de la Mesa Directiva y por un representante de cada grupo parlamentario, quien ejerce un voto proporcional al tamaño de su bancada.

Entre sus funciones se encuentra la elaboración del cuadro de comisiones que posteriormente es evaluado por el Consejo Directivo y el Pleno. Este proceso permite distribuir a los congresistas en los distintos grupos de trabajo legislativo.

Asimismo, tiene la facultad de exonerar ciertos trámites vinculados a la presentación de proyectos de ley, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el reglamento. Estas decisiones requieren un nivel de aprobación específico según el tipo de iniciativa que se evalúe.

Además, puede ampliar la agenda de las sesiones plenarias y establecer el orden de los debates. Esta atribución le permite influir en el ritmo y las prioridades del trabajo legislativo.

La sesión se realizará de manera semipresencial a las 3.00 de la tarde en la Sala Miguel Grau del Parlamento. En este espacio se espera que los funcionarios detallen los avances y decisiones adoptadas en torno a este proceso.

Posturas contrarias dentro del Ejecutivo

La compra de las cazas F-16 ha generado posiciones distintas dentro del propio Gobierno en las últimas semanas. El pasado 17 de abril, el presidente José Balcázar manifestó que no se suscribiría un contrato con la empresa estadounidense Lockheed Martin para la adquisición de aeronaves F-16 Block 70.

“Nosotros lo que estamos diciendo y hemos dicho siempre es que la compra de los aviones F-16 se postergase para ser pagados en el próximo gobierno, en la próxima administración que salga de las elecciones normales que están en curso”, precisó.

Sin embargo, la postura del jefe de Estado no fue respaldada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo. Desde el Ejecutivo se planteó la necesidad de continuar con el proceso en función de compromisos previamente asumidos por el país.

“El presidente del Consejo de Ministros hace de conocimiento que el proceso de contratación para la adquisición de aviones F-16, independientemente a los asuntos económicos y legales que involucran, obedece a compromisos preestablecidos que atañen a la defensa nacional y que exige el respeto a la figura presidencial, que, además, es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas”, enfatizó.

Pese a ello, el mandatario reiteró en diversas intervenciones que no se había concretado ningún acuerdo. Asimismo, insistió en que la decisión final debía recaer en la próxima administración que resulte elegida.

La sesión programada este lunes será clave para confirmar si ya desembolsó la primera cuota de US$ 462 millones a la empresa Lockheed Martin y aclarar el cronograma de pagos.

#Pronunciamiento | Sobre el proceso de adquisición de aviones F-16, el presidente del Consejo de Ministros informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/BtG8ebxz00

— Consejo de Ministros (@pcmperu) April 22, 2026

La medida afecta principalmente a quienes cambiaron de residencia y no realizaron el trámite a tiempo ante el Reniec. En estos casos, los electores deberán acudir al distrito consignado en su DNI, sin posibilidad de modificar su centro de votación para este proceso electoral.

No obstante, la actualización del domicilio sí será válida para futuros comicios, como las Elecciones Regionales y Municipales 2026, permitiendo que los ciudadanos puedan votar en un local más cercano a su residencia real.

LEE TAMBIÉN: Elecciones Regionales y Municipales 2026: Reniec publicó padrón inicial y abre periodo de observaciones

Para realizar el cambio de dirección, los usuarios pueden hacerlo de forma presencial en oficinas del Reniec o de manera virtual, siempre que cuenten con DNI electrónico. Al finalizar el trámite, se emite un nuevo documento con los datos actualizados.

Entre los requisitos, se debe presentar un recibo de servicios públicos o un comprobante de tributo municipal con una antigüedad no mayor a seis meses. En zonas donde no existan estos servicios, se puede presentar una declaración jurada de domicilio.

El costo del trámite varía según el tipo de DNI y el pago puede efectuarse por plataformas digitales o en entidades autorizadas. Una vez completado el proceso, la entrega del nuevo DNI se realiza en un plazo aproximado de 10 a 15 días hábiles.

Costo

El costo por la actualización de domicilio del DNI varía según el tipo de documento: S/ 30 para DNI azul (código 02121), S/ 34 para DNI electrónico (código 00730) y S/ 16 para DNI de menor (código 00647). El pago se puede realizar por Yape, en el Banco de la Nación o mediante Pagalo.pe. Luego del pago, debes acudir a un Centro de Atención de Reniec o a un Centro MAC con los documentos y el comprobante correspondiente.

Reniec publicó padrón inicial

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicó el padrón electoral inicial para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, habilitando a más de 26 millones de peruanos para verificar sus datos antes de la aprobación del listado definitivo. Este proceso busca garantizar la transparencia de cara a los comicios del 4 de octubre.

La lista estará disponible hasta el 26 de abril y puede ser consultada de manera virtual a través del portal institucional o de forma presencial en espacios públicos de 404 distritos en 22 departamentos del país, facilitando el acceso incluso en zonas con limitada conectividad.

En declaraciones a RPP, Jorge Nieto evitó adelantar una postura concreta y sostuvo que existen diversas alternativas más allá de un apoyo directo.

Indicó que su decisión dependerá del escenario político que se configure una vez que el JNE oficialice a los candidatos que competirán en el balotaje.

Iniciará gira

Asimismo, el exministro anunció que su agrupación iniciará una gira por distintas regiones del país, comenzando en Arequipa, con el objetivo de agradecer el respaldo recibido en las urnas y recoger las opiniones de la ciudadanía sobre la coyuntura política.

Finalmente, enfatizó la importancia de recuperar la confianza en las instituciones electorales y reiteró su propuesta de realizar una auditoría al sistema de conteo de votos, la cual -según indicó- podría ejecutarse en una semana para garantizar la transparencia del proceso.

El Jurado Electoral Especial Lima Sur 2 (JEE Lima Sur 2) recibió cédulas electorales correspondientes a 39 mesas de sufragio, remitidas por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Villa El Salvador y la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Lima Sur 2, con el objetivo de realizar audiencias de recuento de votos en el marco de las elecciones presidenciales.

Según información difundida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las cédulas fueron entregadas cumpliendo con los protocolos establecidos para garantizar la transparencia y seguridad del proceso electoral.

Cédulas fueron trasladadas bajo estrictos protocolos

Las autoridades indicaron que el material electoral fue debidamente acondicionado y lacrado, conforme a las normas de seguridad vigentes.

El traslado de las cédulas se realizó bajo la cadena de custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP), con la correspondiente fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones.

Este procedimiento busca asegurar la integridad del material electoral antes de iniciar las audiencias correspondientes.

El Jurado Electoral Especial Lima Sur 2 recibió, por parte de la ODPE Villa El Salvador y la ODPE Lima Sur 2, las cédulas electorales correspondientes a 39 mesas de sufragio, con el objetivo de llevar a cabo las audiencias de recuento de votos de las elecciones presidenciales. pic.twitter.com/DpeWaF1wkE

— JNE Perú (@JNE_Peru) April 26, 2026

Recuento de votos forma parte del proceso electoral

Las audiencias de recuento de votos se desarrollan cuando existen observaciones o solicitudes vinculadas a los resultados de determinadas mesas de sufragio.

Estas diligencias permiten revisar nuevamente las cédulas electorales con el fin de garantizar la transparencia y legitimidad de los resultados en el proceso electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones informó que continuará supervisando las acciones necesarias para asegurar el correcto desarrollo de las etapas posteriores al proceso electoral.

La mesa de sufragio 053649, del distrito de Jesús María en Lima, registró 234 votos válidos de 300 electores hábiles el pasado 12 de abril.

El escrutinio se inició a las 8:15 p.m. de ese día. Juntos por el Perú obtuvo allí 3 votos.

No obstante, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegó un acta con 13 votos para JPP. ¿Qué pasó en el camino?

Días después, el sistema de la ONPE detectó dos observaciones en el acta (error aritmético e ilegibilidad); derivándola a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión el último 14 de abril.

Denuncia

Uno de los integrantes de dicha mesa denunció a Correo que en el acta presidencial digitalizada y subida por la ONPE a su plataforma figuraban 13 votos para el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, cuando en realidad solo obtuvo 3.

Según reveló el denunciante, con copia del acta que suscribió, el número manuscrito en el acta física es claramente un 3, pero el operador que procesó el documento habría añadido un trazo superior para convertirlo en 13, sumando artificialmente 10 votos al partido.

Conteo

La suma de todos los votos registrados en el acta presidencial, incluyendo blancos y nulos, suma exactamente 234 únicamente con el valor 3, lo que expuso la inconsistencia de la cifra digitada.

El JEE revisó el caso y devolvió el acta a la ONPE, que la contabilizó ayer a las 12:56 p. m., once días después de su derivación.

El organismo cerró el conteo de la mesa con Rafael López-Aliaga, candidato de Renovación Popular, como el más votado al obtener 59 votos, y corrigiendo los 3 votos para Sánchez y descartando los 13 que figuraron en un inicio.

• VER MÁS: APP confirma participación en elecciones regionales y municipales tras fracaso en comicios presidenciales

Sin embargo, eso no es todo, pues en redes sociales ha empezado a circular un comunicado apócrifo en el que presuntamente el Comité Ejecutivo Nacional anunciaba que habían decidido no presentar candidatos en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre. Incluso, el documento lleva una firma falsa de César Acuña.

ACLARA

Esta situación inédita para esta organización política originó que el Secretario Ejecutivo Nacional de APP, Luis Valdez Farías, salga ayer a aclarar que ese documento era falso y a asegurar que el partido político fundado por César Acuña Peralta sí participará en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, tal como está previsto.

Lamentó que el 90% de publicaciones que se vienen realizando en redes sociales sobre APP sean falsas. Exhortó a la población a verificar la información sobre el partido solo en sus canales oficiales.

En efecto, ya en un comunicado oficial, APP indica que el partido se mantiene plenamente vigente y activo en el proceso electoral regional y municipal.

RESPETO

“En todo el país nuestros equipos políticos continúan trabajando de manera organizada, fortaleciendo liderazgos territoriales y consolidando propuestas para servir a cada región, provincia y distrito del Perú”, se lee en el documento.

De la misma manera, en APP reafirman su compromiso con una participación democrática y responsable, además de mantener el respaldo a los precandidatos en todo el territorio nacional.

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La institución indicó que estos códigos identifican mesas instaladas en centros poblados desde hace varios procesos electorales con el objetivo de facilitar el acceso al sufragio en zonas alejadas.

La entidad explicó que estas mesas agrupan a electores que residen en una misma comunidad distante de la capital distrital.

La ONPE señaló que esta medida busca reducir las barreras geográficas que históricamente obligaban a ciudadanos a trasladarse durante varias horas, o incluso días, para emitir su voto.

El organismo recordó que, como parte de una política de inclusión electoral, la implementación de mesas en centros poblados se desarrolla desde el año 2005.

Cabe indicar que el candidato Rafael López Aliaga ha señalado que estas numeraciones serían parte de un presunto fraude, debido al incremento de votos que figuran allí para Roberto Sánchez.

La institución precisó que los identificadores que van del 900001 al 904703 permiten diferenciar estas mesas dentro del sistema electoral.

Análisis

El analista electoral Mathieu Rojas explicó a Correo que lo más importante a tener en cuenta es que estas mesas siempre han existido.

“Tú vas a los resultados del 2006, del 2011, del 2016, del 2021 y siempre han existido estas mesas 900 mil”, afirmó.

Sin embargo, el analista cuestionó la comunicación de la ONPE sobre el tema, al señalar que no todas estas mesas corresponden a zonas rurales o alejadas.

Como ejemplo, Rojas mencionó el caso del distrito de El Agustino, en Lima, donde también existen mesas con esta numeración.

“¿Qué tiene El Agustino de centro poblado? Está en el medio de Lima, no es una zona alejada, no es una zona rural”, indicó.

Rojas explicó que estas mesas en zonas urbanas responden a una lógica distinta, ya que son locales de votación adicionales que se incorporan al sistema conforme se va cerrando el padrón electoral.

“La ONPE lo que debió haber dicho es: sí, en su mayoría corresponden a centros poblados, pero también corresponden a mesas adicionales que se tienen que añadir en otros distritos conforme vamos finalizando el padrón”, puntualizó.

La también decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) pidió al JNE que determine si debe impedir su acceso a la Cámara Alta.

El escrito recuerda que el titular del organismo afirmó que evaluará incidencias y aplicará medidas necesarias para garantizar la legalidad del proceso electoral.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, llamó a Delia Espinoza “aliada del terrorismo y las economías ilegales”, lo que motivó la querella por difamación agravada.

La sentencia judicial incluye que calificó de “desquiciada” a la exfiscal y fue condenado a 9 meses de prisión suspendida, pero apeló a la segunda instancia.

Como se recuerda, el candidato presidencial de Renovación Popular tuvo una accidentada jornada electoral en el distrito de Talavera, el último 2 de abril, cuando respondió con insultos y agresivos calificativos a un grupo de ciudadanos que le arrojaron botellas de plástico, huevos y tomates.

Baja votación

En el distrito de Talavera, lugar exacto en el que se produjo el altercado y el intercambio de insultos, el líder de Renovación Popular sufrió una dura derrota al captar apenas 486 votos.

El escenario fue incluso más crítico para las aspiraciones del candidato en el ámbito provincial y regional. En toda la provincia de Andahuaylas, López Aliaga solo logró sumar 2133 votos en total, una cifra que refleja un apoyo marginal frente a la magnitud del padrón electoral.

A nivel de toda la región de Apurímac, el panorama no mejoró, alcanzando únicamente 6206 votos en las siete provincias que conforman el departamento.

No olvidan

No fueron menores las palabras del exalcalde de Lima durante el mitin electoral en Talavera.

Tras ser agredido, el entonces candidato respondió a viva voz: “Gente cobarde y gente basura. Vamos a trabajar y a sacar adelante al Perú. Y al ‘Porky’, quiero decirles, se le enfrenta de frente, icaraj...! Por culpa de esa gente, me van a disculpar, de mier... , el Perú no camina”.

En otro momento, agregó: “Estamos hartos de ustedes, que son pagados para destruir el Perú. Ese Perú va a salir adelante con o sin ustedes, ¡caraj ...!”. En otro momento, calificó a sus detractores como “odiadores de mier...”.

“Sigan nomás. Aquí estoy, apunten bonito (…). Esto no se queda así, los estamos grabando uno por uno. Yo no soy tibio. Esto es delito y se paga con cárcel, icaraj...!”.

Sin embargo, lo que sí es incuestionable que el mapa de su votación revela mucho de a quiénes sedujo y que características tienes que han respaldado una propuesta que está lejos de ser la que más le conviene al país.

Este análisis toma como referencia el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un indicador que mide el nivel de desarrollo a partir de la esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita, entre otros.

En el caso del Perú, este índice alcanzó los 0.662 en el informe emitido por el PNUD el 2025. Cabe indicar que 0.80 es un nivel muy alto, 0.700 a 0.799 un nivel alto, 0.550 a 0.699 un nivel medio y por debajo de 0.550 un nivel bajo.

En detalle

Sánchez obtuvo victorias resonantes en regiones ubicadas en los niveles de IDH bajo (0.550 para abajo. Se trata de 85 provincias de 16 regiones que coinciden en muchos aspectos en cuanto a salud, educación y pobreza.

Hay regiones dentro de este rango como Huancavelica (IDH 0.54), con 335,142 habitantes; Huánuco (IDH 0.52), con 746,509; y Puno (IDH 0.53), con 1,208,802 habitantes. En esas zonas, el candidato no solo se impuso, sino que logró un dominio casi total en lamayoría de sus provincias.

Este patrón se repite en Cajamarca, con 1,447,707 habitantes, donde también ganó sus 13 provincias. La región tiene un IDH de 0.53.

A este bloque se suman regiones como Amazonas (IDH 0.55) y otras como Ayacucho (0.57) y Apurímac (0.58), que, aunque superan ligeramente el umbral de 0.550, se mantienen entre las más rezagadas del país.

En Amazonas, Sánchez obtuvo 57,617 votos, el 36,414%; en Ayacucho, 87,888 votos, 31,34%, y en Apurímac, 80,873 votos, 41,04%.

Educación

El patrón no solo responde a variables territoriales, sino también educativas. El voto por Sánchez se consolida en zonas donde el promedio de años de educación en el hogar bordea o es inferior a los 7-8 años, muy por debajo del promedio nacional de 9.45 años.

En efecto, sus victorias más contundentes se registran en regiones con bajos niveles de instrucción formal.

En Huánuco, donde ganó en 10 de 11 provincias, el promedio de años de educación es de 6.39 años. Allí, Sánchez obtuvo 96, 201 votos, con el 29.521%.

En Cajamarca, donde obtuvo un respaldo total, alcanza los 6.67 años.

La misma tendencia se observa en sus principales bastiones del sur: en Apurímac el promedio es de 6.98 años y en Huancavelica (donde Sánchez ganó con 71,625 votos y 43, 36%) es de 6.60 años.

En estas regiones, la población apenas supera el nivel primario o inicia el primer año de secundaria, lo que confirma la concentración de su apoyo en zonas con menor escolaridad formal.

El contraste es marcado en las zonas con mayor desarrollo urbano y educativo.

El candidato perdió en regiones donde la población tiene promedios de instrucción significativamente más altos, como Lima (11.17 años) y el Callao (10.91 años), donde se impusieron Rafael López-Aliaga y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), respectivamente.

En estas jurisdicciones, los años de formación superan con creces el umbral de secundaria completa.

Este patrón también se repite a nivel provincial, incluso en departamentos donde Sánchez no logró la victoria.

En La Libertad, pese a perder la región, cuyo promedio de escolaridad es de 9.14 años, se impuso en la provincia de Julcán, donde este indicador cae a 7.41 años.

En Áncash, ganó en Antonio Raimondi, una provincia con apenas 5.98 años de educación promedio.

En Arequipa, aunque fue derrotado en una región con alta escolaridad (10.54 años), logró imponerse en provincias alejadas como La Unión, donde el promedio educativo es de 7.56 años.

Economía

Esta tendencia también se observa en el plano económico. El voto por Sánchez se concentra en provincias con los niveles más bajos de ingreso real per cápita del hogar en el país, lo que coincide con un mayor respaldo en zonas con mayores limitaciones económicas.

En regiones como Huancavelica, que registra el ingreso regional más bajo entre sus bastiones (S/496 mensuales por persona), el candidato ganó en todas sus provincias.

La misma tendencia se observa en Cajamarca, con un ingreso promedio regional de S/544.1, y en Apurímac, con S/716.8, donde también logró un dominio territorial absoluto.

Ayacucho se suma a este grupo. Allí, donde ganó en el 100% de sus provincias, el ingreso promedio es de S/586.8.

A nivel provincial, la brecha de pobreza se acentúa: en la provincia de Cangallo, el ingreso desciende hasta los S/436.8 mensuales por persona.

La diferencia es evidente frente a las zonas donde no logró imponerse. En Lima el ingreso promedio regional alcanza los S/1,196.1, en la mayoría de las regiones donde obtuvo la victoria los ingresos son significativamente menores, representando en casos como el de Puno o Huancavelica menos de la mitad de lo percibido en la capital.

Su respaldo también se extiende a otras regiones con ingresos rezagados frente a la costa central. En Puno (S/541.9), con una población de 1,208,802 habitantes, ganó en 11 de 13 provincias, mientras que en Amazonas (S/632.7) obtuvo la victoria en 6 de sus 7 provincias.

Agua

El acceso a agua y saneamiento también refuerza el patrón. Aunque el promedio nacional de acceso es de 80.8%, hay regiones den las que menos del 50% cuenta con este servicio.

Sánchez logró victorias en algunas zonas de Loreto, donde se impuso en provincias como Alto Amazonas (49.1%) y Datem del Marañón (9.5%).

El mapa de su votación coincide con zonas de alta exclusión hídrica. Según el informe, el 18.5% de los distritos del país (347 en total) tiene una cobertura menor al 50%, una situación que se repite en provincias de la sierra y la selva donde obtuvo un gran respaldo.

Del otro laso, Sánchez no logra grandes votaciones en zonas en las que el acceso al agua por red pública llega al 91.7% como Trujillo. Igual sucede en Lima (90.4%) y Callao (91.9%).

En paralelo, los logros de Sánchez se manifiestan en regiones como Puno, donde la esperanza de vida es de 74.93 años, mientras que en Amazonas llega a 75.32. Es decir, expectativa en comparación al promedio.

Opinión

Al respecto, la analista política Alexandra Ames señaló que aún es necesario reflexionar como país sobre la urgencia de cerrar las brechas de desigualdad.

“Hoy en día las políticas públicas que son nacionales no se implementan con la misma intensidad en todo el territorio”, advirtió en declaraciones a Correo.

En esa línea, sostuvo que resulta clave avanzar hacia una descentralización efectiva que permita a la ciudadanía en cada territorio percibir la presencia del Estado.

Sugirió por ello “generar una concertación, generar un diálogo que permita acercar esas diferencias electorales para construir una agenda nacional”.

El partido además precisó que sus equipos políticos siguen trabajando de manera organizada en todo el país, fortaleciendo liderazgos territoriales y consolidando propuestas para cada región, provincia y distrito del Perú.

Del mismo modo, la agrupación indicó que respaldará a sus precandidatos en todo el territorio nacional y subrayaron que su participación en las elecciones de octubre se desarollará dentro de un marco de compromiso democrático y responsable.

¿Qué decía el comunicado falso?

El falso comunicado, que se viralizó desde tempranas horas de este sábado y que hasta contaba con la firma de César Acuña Peralta como “Presidente Fundador”, anunciaba que el Comité Ejecutivo Nacional había decidido no presentar candidatos a gobiernos regionales, alcaldías provinciales ni distritales en el presente proceso electoral. El texto argumentaba que esta decisión respondía a “una evaluación responsable y democrática del actual contexto político”.

El particular documento también señalaba que la agrupación política iniciaría una “nueva etapa de reestructuración partidaria” orientada a fortalecer sus bases y trabajar en el proceso de inscripción nacional, lo que habría implicado una retirada total de los comicios de octubre. Dicho texto incluía íconos gráficos, el logo oficial del partido y una firma falsificada de Acuña, por lo que fue compartido por medios locales del norte del país.

El diplomático resaltó que la presencia de los aviones F-16 en el evento constituye un hito en la relación entre ambos países, al evidenciar el nivel de articulación estratégica alcanzado. En ese contexto, subrayó las capacidades operativas de estas aeronaves y su relevancia en el escenario regional.

En declaraciones a Canal N, Bernie Navarro también se refirió a la controversia generada en torno a los F-16, indicando que existe desinformación sobre sus características. Afirmó que se trata de equipos altamente competitivos y destacó que el proceso de adquisición por parte del Perú ya se encuentra en marcha, incluyendo un pago inicial.

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Asimismo, señaló que esta cooperación responde a una política de seguridad prioritaria en las relaciones bilaterales, haciendo referencia a la gestión del gobierno estadounidense y su enfoque en el fortalecimiento de alianzas estratégicas.

Finalmente, el embajador destacó la masiva participación del público peruano en el evento, organizado por la Fuerza Aérea del Perú, y consideró que el entusiasmo ciudadano refleja el interés por consolidar los vínculos entre Perú y Estados Unidos en diversos ámbitos.

En declaraciones a RPP, Jorge Zapata expresó preocupación por las fallas registradas en los comicios. Incidió en que los problemas logísticos y las presuntas irregularidades durante las elecciones han generado un clima de desconfianza.

En particular, afirmó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó un proceso “deficiente”, lo que habría afectado la credibilidad de los resultados.

Asimismo, indicó que estas deficiencias no solo generan incertidumbre, sino que también podrían haber perjudicado a uno de los candidatos, lo que -según dijo- deja un “manto de duda” sobre la transparencia del proceso electoral.

El titular de la Confiep también advirtió que los resultados reflejan una marcada división en el país, con diferencias significativas en las preferencias electorales entre Lima y las regiones, así como entre la costa y la sierra.

Frente a este escenario, Jorge Zapata enfatizó la necesidad de promover el diálogo y comprender las distintas realidades del país, con el objetivo de reducir la polarización.

En ese sentido, el dirigente gremial instó a buscar consensos y puntos de encuentro que permitan construir acuerdos y fortalecer la cohesión nacional.

El abogado constitucionalista Ernesto Blume Fortini emplazó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a hacer respetar el derecho al sufragio de los peruanos que no pudieron votar el 12 de abril debido a la no instalación de mesas de sufragio por responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“El Jurado Nacional de Elecciones nos tiene que garantizar que las elecciones reflejen la expresión auténtica de voluntad del pueblo plasmada en las urnas y debe garantizar además que todos ejercen sus derechos políticos y está prohibida cualquier restricción o limitación bajo sanción de nulidad y de punibilidad”, sostuvo.

El especialista añadió que esta situación irroga una responsabilidad penal: “Se lesionó el derecho de cientos de miles que fueron a votar y no pudieron hacerlo porque no estaban los materiales electorales y eso viola flagrantemente el Artículo 31 de la Constitución, que dice que es nulo y punible todo acto que restringe o limita el uso de los derechos políticos; esa nulidad no está puesta por gusto y el Jurado Nacional de Elecciones se está burlando grotescamente de la norma”, mencionó.

Para el abogado, el JNE, al no subsanar esta situación, se está haciendo corresponsable del problema, a lo que podría añadirse la falta de garantizar que las elecciones sean la auténtica voluntad de la ciudadanía en las urnas.

Ernesto Blume participó de la última jornada del congreso internacional “Justicia Constitucional y Neoconstitucionalismo”, organizado por la Universidad Católica de Santa María (UCSM) en la ciudad de Arequipa.

Respecto a la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE, el especialista señaló que esta solo fue una acción para evitar la destitución, que debía darse en cualquier momento.

“Este cargo implica confianza y transparencia, y se había roto la confianza y roto la transparencia, y los actos de responsabilidad en que ha incurrido este caballero, que son muy graves de haber dejado sin votar a cientos de miles de votantes, deberían obviamente ser materia de una decisión de destitución”, manifestó.

Cabe mencionar que, para los ciudadanos que no sufragaron el domingo 12, la ONPE dispuso que lo hagan el 13 de abril. Esta situación generó cuestionamientos y alertas sobre el manejo de las elecciones.

Según indicó, los connacionales pidieron apoyo para regresar al país al encontrarse en condición vulnerable y sin documentos.

La Cancillería señaló que la misión consular del Perú en Nairobi, encargada de los asuntos consulares del Congo, recibió las solicitudes mediante declaraciones juradas. A partir de ello, se iniciaron los trámites para emitir salvoconductos que permitan la salida de los ciudadanos y su retorno al Perú.

Asimismo, informó que desde la llegada de los peruanos al país africano se mantiene seguimiento constante a su situación. También precisó que existe comunicación permanente con representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El ministerio explicó que cuando una persona tiene en trámite una solicitud de asilo o refugio en Estados Unidos, la asistencia consular puede verse limitada, salvo pedido expreso del ciudadano.

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La franja electoral es un espacio de propaganda política financiado por el Estado y administrado por la ONPE, cuyo objetivo es garantizar que los partidos y alianzas puedan difundir sus propuestas en condiciones equitativas y bajo supervisión.

Este mecanismo constituye una forma de financiamiento público indirecto vigente desde 2021, orientado a reducir las brechas en el acceso a medios de comunicación, que anteriormente dependía de la capacidad económica de cada organización política.

El marco legal de la franja electoral se sustenta en el artículo 35 de la Constitución y en la Ley de Organizaciones Políticas, que establecen que la propaganda electoral en radio y televisión debe realizarse mediante este sistema. La ONPE es la entidad encargada de su regulación y ejecución.

📢 ¡Último día!

Hoy, 25 de abril, se cierra la inscripción al Registro de Proveedores de Medios de Comunicación y Medios Digitales (redes sociales) para la #FranjaElectoral correspondiente a la Segunda Elección Presidencial 2026.#SEP2026 pic.twitter.com/RLGRK6wBez

— ONPE (@ONPE_oficial) April 25, 2026

Asimismo, las modificaciones normativas han permitido incluir a los medios digitales, como redes sociales, dentro de la franja electoral, ampliando las plataformas disponibles para la difusión de contenidos durante la campaña.

Eisen Isaac Iparraguirre, director de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes, señaló en Canal N que la base nacional de conductores continúa bajo control del MTC y negó fallas generales en la plataforma.

“Si hubiera una caída del sistema, sería a nivel nacional, lo cual no ha ocurrido. Solo hubo una interrupción de aproximadamente 15 minutos que fue superada el mismo día”, indicó.

El funcionario reconoció que los usuarios han reportado largas colas, demoras y falta de información, aunque precisó que estos inconvenientes responden al arranque del nuevo esquema de atención.

“Entendemos que están iniciando y pueden tener dificultades, pero estamos brindando soporte técnico permanente”, sostuvo.

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La lista estará disponible hasta el 26 de abril y puede ser consultada de manera virtual a través del portal institucional o de forma presencial en espacios públicos de 404 distritos en 22 departamentos del país, facilitando el acceso incluso en zonas con limitada conectividad.

Durante este periodo, los ciudadanos podrán presentar tachas o reclamos. Las tachas proceden, por ejemplo, cuando una persona fallecida aún figura en el padrón o si internos en centros penitenciarios aparecen como habilitados para votar. Asimismo, los electores pueden solicitar la corrección de errores en su información personal.

Para realizar estos trámites, los usuarios deben completar un formulario disponible en la web del Reniec y presentarlo mediante la Mesa de Partes Virtual o en oficinas físicas. La institución evaluará las solicitudes dentro del plazo establecido para depurar el padrón.

Según el Reniec, el padrón inicial registra 26 353 329 electores hábiles. Tras el cierre de esta etapa, la entidad remitirá el padrón preliminar al Jurado Nacional de Elecciones el 7 de mayo, que tendrá hasta el 6 de junio para aprobar la versión definitiva que se utilizará en las elecciones.

El candidato sostuvo que la validez de los resultados oficiales dependerá de la rapidez con la que actúen las autoridades electorales y del respeto al debido proceso.

“El proceso tiene actas y eso se va a resolver en horas”, indicó. Además, agregó: hay actas y eso se va a saber en horas; de tal manera que yo invoco más bien a los problemas de fondo que tiene el Perú”.

Sánchez también reiteró que la discusión política debe orientarse a propuestas concretas. Entre los temas que mencionó figuran la lucha contra la criminalidad, la reforma del sistema de justicia y el impulso de una nueva Constitución.

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La sesión será encabezada por la presidenta del grupo de trabajo, la congresista Karol Paredes, y contará con la participación de ministros invitados.

A esta reunión fueron convocados el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, además de los ministros de Defensa, Amadeo Javier Flores, y de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos.

Según la agenda oficial, las autoridades deberán exponer sobre “La situación actual de las negociaciones para la adquisición de aeronaves de combate, para la recuperación de las capacidades operativas de la Fuerza Aérea del Perú“.

También se precisa que el informe se dará ”en el contexto de las declaraciones efectuadas por el señor Presidente de la República, realizadas el viernes 17 de abril de 2026”.

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Según la denuncia, Castro atribuye a Corvetto, en calidad de autor, y a los integrantes de la JNJ, como cómplices primarios, los presuntos delitos de abandono de cargo, omisión de actos funcionales y abuso de autoridad en agravio del Estado.

El documento, fechado el 24 de abril y difundido por RPP, sostiene que la renuncia de Corvetto habría sido improcedente, al tratarse de un cargo constitucional que, según la denunciante, es de carácter irrenunciable y solo puede ser removido por la JNJ ante una falta grave debidamente comprobada.

Asimismo, la exfiscal cuestiona que los miembros de la JNJ hayan aceptado dicha renuncia, argumentando que con ello habrían eludido su deber de investigar, esclarecer y determinar responsabilidades dentro del marco disciplinario que establece la Constitución.

En ese contexto, Castro solicita que la Fiscalía de la Nación inicie una investigación preliminar para determinar eventuales responsabilidades.

Cabe señalar que la JNJ ya había aceptado la renuncia de Corvetto y declarado la vacancia del cargo, aunque dispuso continuar con la investigación preliminar en su contra por presunta falta grave relacionada con retrasos en la entrega de material electoral durante las elecciones generales del 12 de abril.

Cuestiona allanamiento porque no tuvo “factor sorpresa”

“Desde mi punto de vista, es poco serio”, dijo la exfiscal Sandra Castro sobre el desarrollo de los allanamientos en 12 viviendas por el caso ONPE, realizado el último viernes 24 de abril. “Me hace suponer, que es puro show”, refirió en RPP.

“El daño (en las elecciones) ya se ha efectuado por parte de Piero Corvetto y la JNJ (...) No sé qué se pudo haber recabado en los allanamientos después de una semana”, incidió.

Asimismo, subrayó que un allanamiento debe tener un factor “sorpresa” pero este operativo fue anunciado por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. “Él acude acude a un medio de presente y comete una infidencia, porque dice a todo el mundo que se va realizar el allanamiento”, agregó.