Entra las 7 a. m. hasta las 5 p. m. de hoy se prolongará la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) de 2026.

Están habilitados a votar 26′314,648 ciudadanos residentes en el Perú para elegir a sus próximos gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales del periodo 2027-2030.

En total, los electores elegirán a 13,123 autoridades. Esto comprende 25 gobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales y 1,696 alcaldes distritales.

A ellos se suman 10,842 regidores provinciales y distritales que integrarán los concejos municipales.

🗳️ ¡Hoy se realizan las #ERM2026! 🇵🇪

Más de 26 millones de peruanos elegirán a:

✅ Gobernadores y vicegobernadores.
✅ Consejeros regionales.
✅ Alcaldes y regidores, tanto provinciales como distritales.

Conoce más en 👉 https://t.co/6C6VbE5Lg4 pic.twitter.com/M4pTDi9rFI

— ONPE (@ONPE_oficial) October 4, 2026

Despliegue

El pasado viernes por la noche, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la distribución del material electoral en Lima Metropolitana y el Callao.

Fue así como, el organismo completó a las 5:43 de la mañana del sábado la entrega de los insumos destinados a 2,111 locales de votación.

La ONPE trasladó 273.7 toneladas de material mediante 250 vehículos que partieron desde la plataforma “Lurín Live”, en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur.

El primer local en recibir los insumos fue la Institución Educativa Privada (IEP) Saco Oliveros en Ate, a las 10:59 p. m. del viernes 2 de octubre.

El último fue la IE 41 Fe y Alegría Calasanz, en Lurigancho-Chosica, donde la entrega terminó a las 5:43 horas del sábado 3.

Finalmente, a las 8:20 p. m. de ayer, el 100% de los locales de votación al interior del país ya cuentan con el material electoral.

🗳️ El material electoral ya se encuentra en todos los locales de votación a nivel nacional para las #ERM2026. 🚛📦 A las 20:20 horas de este 3 de octubre, se completó al 100 % la entrega del material que será utilizado durante la jornada electoral de mañana, 4 de octubre. https://t.co/uErjfdofuS

— ONPE (@ONPE_oficial) October 4, 2026

Supervisión

Las ERM2026 estarán bajo la mirada de diferentes entidades.

El Jurado Nacional de Elecciones desplegará 26,485 fiscalizadores de local de votación a nivel nacional.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú puso a disposición 57,738 efectivos en todo el país para garantizar el orden público antes, durante y después de la jornada electoral.

El operativo contempla resguardar los locales de votación, las vías de acceso y los puntos considerados estratégicos.

Desde las Fuerzas Armadas, 41,000 militares resguardarán más de 10,000 locales de votación habilitados. Ellos provienen del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú.

También se dispuso 8,300 patrullas, 3,400 vehículos terrestres, 170 unidades fluviales y 19 aeronaves, entre helicópteros y aviones Twin Otter.

A ello se suma que el Ministerio Público distribuirá más de 6,500 fiscales para atender denuncias como compra de votos, suplantación de identidad, perturbación del proceso electoral y propaganda indebida.

Por su parte, la Contraloría movilizará 1,311 auditores para velar por el uso de recursos públicos. De ellos, 465 estarán en Lima Metropolitana y 846 en las regiones.

🗳️ El material electoral ya se encuentra en todos los locales de votación a nivel nacional para las #ERM2026. 🚛📦 A las 20:20 horas de este 3 de octubre, se completó al 100 % la entrega del material que será utilizado durante la jornada electoral de mañana, 4 de octubre. https://t.co/uErjfdofuS

— ONPE (@ONPE_oficial) October 4, 2026

Contienda

Las organizaciones políticas en contienda buscarán hoy posicionar cuadros en los distintos niveles de gobierno.

Para gobernadores regionales, 60 partidos inscribieron a 255 candidatos. Somos Perú (SP) y Acción Popular (AP) encabezan la lista, con 19 candidatos cada uno, seguidos por Alianza para el Progreso (APP), que presenta 15 postulantes.

Para alcaldes provinciales, 67 agrupaciones registraron 1,437 postulantes. APP concentra la mayor cantidad, con 127 postulantes, seguida por SP, con 125, y Perú Primero, con 113.

En alcaldías distritales, 68 organizaciones políticas presentaron a 8,553 candidatos. APP registra 981 postulantes, SP suma 916 y Perú Primero, 749.

Solo en Lima hay 1,220 candidatos para los tres niveles de gobierno: 14 postulan al gobierno regional, 108 buscan las alcaldías provinciales y 1,098 aspiran a asumir un distrito.

Descenso

El resultado representa una caída de 45,6% frente a agosto, cuando se contabilizaron 57 casos, y marca el menor registro del año en la capital.

La reducción también se observa al revisar el comportamiento de los meses anteriores.

En enero se registraron 69 homicidios; en febrero, 51; marzo cerró con 65; abril, con 45; mayo, con 54; junio, con 56; julio, con 45; y agosto, con 57.

En setiembre, en cambio, el número descendió hasta 31. El día con más casos fue el 27 de setiembre, con seis homicidios registrados.

Esta caída en Lima se da en medio de una reducción a nivel nacional. En todo el país se registraron 138 homicidios en septiembre, 22,5% menos que en agosto (178) y 24,2% menos que en septiembre de 2025 (182).

De enero a septiembre se contabilizaron 1 566 homicidios, frente a los 1 713 registrados en el mismo periodo del año pasado, lo que representa una reducción del 8,6%.

Sin tregua

Pese a la reducción de los registros, la violencia continúa mostrando su rostro más feroz en las calles de la capital.

Durante las últimas semanas de septiembre, los ataques contra transportistas volvieron a ocupar la agenda policial.

Entre los casos reportados estuvieron el asesinato de un conductor de combi en Lurigancho-Chosica y el crimen de un colectivero en Los Olivos, además de otros ataques armados contra unidades de transporte en Lima y Callao.

Así, aunque Lima cerró septiembre con menos homicidios, los ataques contra transportistas muestran que la violencia persiste y que la respuesta del Gobierno aún está en marcha.

La mayoría de homicidios tiene como antecedente un caso de extorsión.

El sistema permite realizar búsquedas según el distrito, provincia o región correspondiente al lugar donde el elector debe emitir su voto. Además, ofrece información disponible sobre los candidatos y sus principales propuestas.

Consulta información oficial sobre las candidaturas de tu distrito, provincia o región en Voto Informado. Infórmate. Compara. Decide. https://t.co/syb47HaBhh https://t.co/3zWG9BVx4R

— JNE Perú (@JNE_Peru) August 8, 2026

¿Qué se puede consultar en Voto Informado?

La plataforma permite identificar a los candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 de acuerdo con la jurisdicción seleccionada. También se puede revisar la información registrada sobre sus propuestas para los cargos a los que postulan.

El sistema reúne información oficial de las candidaturas para facilitar la consulta de los electores durante la jornada electoral. De esta manera, los ciudadanos pueden revisar los datos disponibles sobre las diferentes opciones que figuran en su circunscripción.

¿Cómo revisar la lista de candidatos?

Para consultar la información disponible en Voto Informado, los electores deben seguir estos pasos:

1. Ingresa a la plataforma Voto Informado del JNE.
2. Selecciona el distrito, provincia o región correspondiente a tu jurisdicción electoral.
3. Revisa la lista de candidatos registrados para esa circunscripción.
4. Consulta las propuestas disponibles de los postulantes.
5. Revisa la información oficial de las candidaturas antes de emitir tu voto.

La herramienta permite acceder a la información electoral correspondiente a cada jurisdicción desde la plataforma habilitada por el JNE. Los electores pueden utilizarla hoy, domingo 4 de octubre, durante la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

¿Para qué sirve Voto Informado?

El portal del JNE concentra información oficial sobre las candidaturas que participan en los comicios. Su objetivo es facilitar el acceso de los ciudadanos a los datos disponibles sobre los postulantes y sus propuestas.

Los electores pueden utilizar esta información para conocer las opciones que aparecen en la cédula correspondiente a su jurisdicción. La consulta se realiza de acuerdo con el distrito, provincia o región seleccionada en la plataforma.

Fujimori señaló que la participación del Perú en esta iniciativa forma parte de una agenda de cooperación internacional frente al crimen organizado. Asimismo, sostuvo que el país busca fortalecer alianzas en seguridad y mostrar ante otros gobiernos las oportunidades de inversión que ofrece

“El Escudo de las Américas ya está en acción. Agradecida con el presidente Trump por su recepción ofrecida a los jefes de Estado en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Este encuentro nos permitió fortalecer alianzas en seguridad, promover inversiones y mostrar al mundo todo lo que el Perú le ofrece. Nuestra seguridad es un objetivo común que no tiene fronteras”, escribió.

El Escudo de las Américas ya está en acción.
Agradecida con el presidente Trump por su recepción ofrecida a los jefes de Estado en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este encuentro nos permitió fortalecer alianzas en seguridad, promover inversiones y mostrar al… pic.twitter.com/T7IUgB8LRo

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 3, 2026

Perú plantea cooperación contra el crimen

Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Fujimori sostuvo que el crimen organizado representa una amenaza para las democracias de América. En ese contexto, planteó combatir tanto a quienes ejecutan actividades delictivas como a las estructuras que les proporcionan financiamiento y respaldo logístico.

La mandataria también anunció que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en operaciones contra organizaciones vinculadas con el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. Asimismo, señaló la necesidad de reforzar el intercambio de información y las capacidades operativas con otros países.

Donald Trump encabezó en Nueva York una reunión del Escudo de las Américas al margen de la Asamblea General de la ONU. En ese encuentro, Fujimori informó que el Perú se incorporaba a la iniciativa con “determinación y entusiasmo” y solicitó respaldo en materia de inteligencia para identificar, ubicar y desarticular redes delictivas con presencia en distintos países.

Trump expresó el respaldo de Estados Unidos a los países que enfrentan la expansión de organizaciones criminales. Durante su intervención, sostuvo que “la única forma de combatir el crimen es con firmeza”.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 139-2026-PCM, publicado en el diario El Peruano.

En Huancavelica, la prórroga comprende los distritos de Acobambilla, Manta y Vilca, en la provincia de Huancavelica, así como Pazos, en la provincia de Tayacaja.

En tanto, en Junín, incluye los distritos de Chupaca, San Juan de Jarpa y Yanacancha, en la provincia de Chupaca; Chambará, en Concepción; y Carhuacallanga, Colca, Chacapampa, Chicche, Chongos Alto, Cullhuas, Huancán, Huasicancha y Pilcomayo, en la provincia de Huancayo.

La medida permitirá, a partir del 13 de octubre, ejecutar acciones inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación para atender los daños ocasionados por los sismos.

Estas intervenciones deberán guardar relación directa con los efectos del evento y podrán ajustarse según las necesidades y condiciones de seguridad que se presenten.

Los gobiernos regionales de Huancavelica y Junín, así como las municipalidades comprendidas, estarán a cargo de ejecutar las acciones, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de los ministerios y demás entidades públicas y privadas involucradas.

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La disposición tiene alcance nacional y también comprende a instituciones de Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial. La restricción se aplica tanto dentro de los colegios como durante actividades que formen parte del servicio educativo fuera de sus instalaciones o del horario habitual de clases.

Excepciones

El reglamento establece excepciones. Los estudiantes podrán utilizar sus dispositivos con fines pedagógicos, siempre que exista autorización del director o docente y su uso esté previsto en la programación curricular.

También se permitirá cuando existan barreras educativas, necesidades vinculadas con la salud o discapacidad, debidamente sustentadas, así como ante situaciones de emergencia que comprometan la vida, integridad, salud o seguridad de las personas.

Los colegios podrán habilitar espacios para custodiar los celulares y deberán establecer en su reglamento interno las condiciones y el tiempo máximo de permanencia. Como regla general, los dispositivos deberán ser devueltos al finalizar la jornada escolar, aunque ante faltas graves o reiteradas podrán ser entregados al padre, madre o tutor, bajo criterios de gradualidad y proporcionalidad.

Las instituciones educativas deberán informar mediante avisos visibles sobre la restricción y orientar a estudiantes y familias sobre el uso seguro y responsable de la tecnología, la prevención del ciberacoso y los riesgos de la sobreexposición a internet. En colegios donde se hable una lengua indígena u originaria, el aviso también deberá colocarse en dicha lengua.

El monitoreo del cumplimiento de la medida deberá respetar la dignidad e intimidad de los estudiantes. Por ello, los docentes y autoridades no podrán revisar el contenido de los celulares ni aplicar tratos discriminatorios, humillantes u ofensivos. Ante casos de ciberacoso o hechos que puedan constituir delitos, los colegios deberán activar los procedimientos correspondientes y comunicar los casos a las autoridades competentes.

Como se sabe, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó un texto sustitutorio que abarca exclusivamente seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño, con un plazo de 90 días calendario.

Consenso

Ayer, la Junta de Portavoces acordó por unanimidad que el debate del dictamen tenga una duración de tres horas.

Los seis grupos parlamentarios se distribuirán ese tiempo de manera proporcional durante la sesión plenaria.

El acuerdo fue adoptado durante la sesión conducida por el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero, en la sala Basadre del Palacio Legislativo. En la citada jornada participaron los voceros de Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JP), Obras, Partido del Buen Gobierno (PBG), Ahora Nación (AN) y Renovación Popular (RP).

El pleno deberá evaluar el texto aprobado por la Comisión de Constitución y determinar si mantiene su contenido o introduce modificaciones durante la sesión.

Cabe recordar que las materias fueron reducidos de ocho a dos y los puntos de 66 a solo 19. Incluso, se excluyó la posibilidad de denominar terrorismo al crimen organizado.

Revés

Al respecto, el vocero de FP, Arturo Alegría, consideró que lo aprobado no le estaría dando herramientas al Ejecutivo.

“Creo que no va a quedar dudas de que desde Fuerza Popular, en el pleno vamos a tratar de que los puntos que han sido retirados los puedan incorporar. Eso es evidente”, dijo a Epicentro TV.

Por su parte, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, consideró que el dictamen es todavía insuficiente y calificó de “barbaridad” que la logística que tienen las Fuerzas Armadas hayan sido excluidas.

Bermejo fue condenado en octubre de 2025 por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria.

El tribunal concluyó que entre 2008 y 2009 el exparlamentario se desplazó voluntariamente a campamentos de Sendero en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde mantuvo contacto con sus dirigentes, recibió adoctrinamiento ideológico y político y participó en labores de captación.

La sentencia también le impuso dos años de inhabilitación para ejercer cargo público, 100 mil soles de reparación civil y 7800 días-multa.

RECHAZO

El Ministerio Público ya fijó una posición sobre el tema. En su Dictamen N° 155-2026, emitido en junio pasado, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal afirmó que no existen motivos para anular la condena y demandó que esta sea confirmada.

“Este Despacho Supremo concluye que la sentencia se encuentra debidamente motivada al exponer de manera coherente las razones fácticas y jurídicas que sustentan la responsabilidad penal del recurrente (Bermejo); no existiendo razones objetivas para estimar los agravios formulados en el recurso impugnatorio”, reza el documento fiscal.

El trámite del recurso de Bermejo generó una polémica debido a que la Defensoría del Pueblo, encabezada por Josué Gutiérrez, intervino y pidió un informe sobre una presunta demora en el proceso. Al respecto, el colegiado supremo indicó que los expedientes se atienden conforme al orden de ingreso establecido por ley.

La Procuraduría Antiterrorismo ha pedido que el fiscal a cargo esté en la audiencia.

En el caso del Perú, el estudio muestra un escenario marcado por la desconfianza frente a la capacidad del Estado para enfrentar la corrupción y por el pesimismo respecto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Corrupción

Así, solo el 18% de los peruanos considera que se ha avanzado “mucho” o “algo” en la reducción de la corrupción en las instituciones del Estado durante los últimos dos años.

Se trata del porcentaje más bajo entre los países incluidos en la medición, frente a un promedio regional de 34%.

El resultado coloca al Perú por debajo de Brasil (22%), Venezuela (26%) y Argentina (26%). En el otro extremo, El Salvador, que preside Nayib Bukele, un 73% de ciudadanos percibe que sí hay avances en la reducción de la corrupción.

En general, el informe señala que la percepción de avances en esta materia se mantiene baja en la región y advierte que las acciones de los gobiernos no necesariamente se han traducido en resultados concretos.

“Son muchos los presidentes de la región que han declarado la guerra a la corrupción, pero, como vemos, el impacto de ello es escaso”, sostiene Latinobarómetro.

El estudio también advierte sobre la relación entre corrupción y política. Señala que las acusaciones y condenas por corrupción no necesariamente constituyen un obstáculo para llegar a la presidencia y menciona al Perú, Panamá y Honduras como ejemplos.

Crimen

La percepción es todavía más negativa cuando se pregunta por la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El 67% de los peruanos considera que el país está perdiendo frente a estos fenómenos, porcentaje que ubica al Perú en el segundo lugar de la región, detrás de Chile, con 68%. El promedio latinoamericano es de 47%.

En el Perú, solo 6% considera que se está ganando la lucha, mientras que otro 23% sostiene que no es posible derrotar al narcotráfico y al crimen organizado.

En conjunto, el 90% se ubica entre quienes expresan una visión pesimista sobre la capacidad del Estado peruano para enfrentar esta problemática.

En contraste, en El Salvador, 75% considera que se está ganando la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El Latinobarómetro señala que la migración y el crimen han pasado a constituir problemas que trascienden las fronteras nacionales y que existe en la región la percepción de que “no es posible ganar la batalla”.

Víctimas

El problema tampoco queda solo en la percepción. El 32% de los peruanos afirma que él o algún familiar fue asaltado, agredido o víctima de un delito durante los últimos 12 meses.

Perú aparece junto con Uruguay en el segundo lugar de la región en este indicador, solo detrás de Ecuador, que registra 37%. El promedio latinoamericano es de 24%.

En otras palabras, uno de cada tres peruanos encuestados reporta que él o un familiar fue víctima de un delito durante el último año. La cifra supera en ocho puntos porcentuales el promedio regional.

El informe pone especial énfasis en este indicador y advierte sobre los países en los que alrededor de un tercio de la población declara haber sido víctima de un asalto, agresión o delito.

El documento plantea que estos resultados obligan a revisar cómo se enfrenta este problema y cómo se puede combatir la delincuencia sin afectar las instituciones democráticas.

En conclusión, tres indicadores muestran un escenario negativo para el Perú. Apenas 18% percibe avances en la reducción de la corrupción, 67% cree que se está perdiendo la batalla contra el crimen organizado y 32% reporta que él o un familiar fue víctima de un delito.

¿Le parece suficiente que el dictamen sea solo en dos rubros?

Primero, saludar la decisión que ha tomado la Comisión de Constitución a través de las diferentes bancadas, de lo que han acordado. En segundo lugar, saludar que Juntos por el Perú no se ha salido con la suya, porque ellos querían archivar y prácticamente negar todo lo solicitado.

Pero, ¿qué sucederá con los puntos que no se han aprobado?

Hay que esperar qué pasa en Diputados. Recuerden que ese es un predictamen, nada más, que ha salido de la Comisión de Constitución. Ese predictamen tiene que someterse al pleno de la Cámara de Diputados. Entonces, es muy probable que puedan solicitar agregar algo, un cuarto intermedio, etc., porque aún considero que hay unos temas pendientes que pueden ser valorados ahí. Entonces, hay que esperar lo que decidan porque también se puede modificar (el documento) para bien.

¿Cuánto puede complicar al Gobierno, en políticas públicas, no aprobarse lo eliminado de la solicitud original?

El tema de seguridad ciudadana estaría pendiente todavía. Por ejemplo, ver el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para garantizar el tema de los penales. Eso se puede incorporar ahí en la Cámara de Diputados. Adicionalmente, vamos a ver qué hay también por debatir. De repente creen conveniente agregar el tema de modernización del Estado y de reactivación económica. Pero eso está en su potestad.

La senadora Martha Chávez dijo que podría ampliarse en el Senado, ¿buscarán retomar los 66 pedidos?

No se va a desnaturalizar lo que acuerde la Cámara de Diputados. Hay que respetar los acuerdos. Lo que sí, en amparo del reglamento del Senado y de la Constitución, está en su facultad de la Cámara de Senadores rechazar, modificar o también aprobar.

¿Pero eso estaría enmarcado en los rubros que envíe Diputados?

Así es. Sé que Diputados ya están convocando a un pleno, que me parece muy bien. Pero sí es bueno exhortar para que se definan en los tiempos establecidos que ya vencieron. Entonces, invocar a que tomen un acuerdo de una vez, porque no es bueno que se dilate demasiado.

¿Esto ya es un acuerdo en conjunto de FP?

Ahorita todavía no podemos adelantarnos. Cuando llegue a la Cámara de Senadores, ya como bancada, debemos tomar una decisión. Pero en la línea que te estoy diciendo. Vamos a tener que debatir y tomar una decisión como bancada. Es normal eso.

¿Cómo evalúa el actuar de JP en el trámite de este pedido?

Su actitud demuestra que están en contra del Perú. Han optado por la opción radical y que lo defino también como un obstruccionismo en contra del Perú. Hay que decidir si estás del lado del Perú o no.

¿JP es una bancada con la que ya no se puede dialogar?

El diálogo siempre estará, esa es la línea del gobierno de Fujimori. No se va a renunciar al diálogo. También el pueblo está vigilante de este tipo de congresistas, de este tipo de bancadas que prácticamente están priorizando el tema ideológico: ‘No a todo’. El tiempo nos ha dado la razón y prácticamente es una bancada obstruccionista, radical, tanto que al final las otras bancadas de oposición se han dado cuenta de que no les hace bien caminar al lado de ellos porque están en contra del Perú. Qué bueno que hayan tomado distancia.

¿Cree que esta consigna de oponerse venga de Roberto Sánchez?

Roberto Sánchez fue congresista y candidato presidencial. Sé que está de asesor de su bancada y no me cabe la menor duda de que viene acompañado de su opinión. Estas situaciones de oponerse por oponerse lo coordinan con él.

¿Y viene también de Pedro Castillo?

La bancada está dividida. Hay un grupo que apoya a Pedro Castillo, otros a Sánchez, e incluso hay otra facción de Antauro (Humala). Entonces, hay tres facciones ahí y tengo la plena seguridad de que esa bancada va a terminar fragmentada, dividida, porque ni entre ellos mismos se entienden.

El organismo electoral expresó sus condolencias a la familia, al pueblo indígena Kandozi y a la organización política por la que postulaba.

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato murió luego de que una embarcación chocara con el bote en el que viajaba.

Tras conocerse el deceso, pobladores de las comunidades nativas de Nueva Yarina y Puerto Belén se manifestaron contra la realización de las elecciones del domingo 4 de octubre, en medio de una situación de enfrentamiento que, de acuerdo con el organismo electoral, involucró a personas armadas.

Cabe precisar que en entrevista a Cosmovisión Televisión Yurimaguas, la esposa de Sundi Simón Kamarampi denunció “un posible atentado detrás del accidente fluvial” y exigió a las autoridades investigar a fondo las circunstancias del hecho.

Trabajadores son retirados

Asimismo, ante el riesgo para su integridad, seis trabajadores de la ONPE, acompañados por efectivos de las fuerzas del orden y portando el material electoral, fueron retirados de ambas comunidades y trasladados hacia Ullpayacu, capital de Pastaza.

La ODPE Alto Amazonas anunció que presentará las denuncias correspondientes ante la Policía Nacional y el Ministerio Público por presuntos delitos contra la voluntad popular.

En Nueva Yarina estaban previstas tres mesas de sufragio para 627 electores, mientras que en Puerto Belén se contemplaban dos mesas para 309 ciudadanos, un total de 936 electores.

El JNE, por su parte, rechazó cualquier acto que atente contra la vida, integridad y seguridad de las personas y solicitó al Poder Ejecutivo adoptar medidas para proteger a candidatos, miembros de mesa y ciudadanos de la zona.

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El pedido fue planteado durante una reunión con integrantes de la misión de expertos electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Daniel Urresti entregó una carta al jefe de la misión, Víctor Rico Frontaura, en la que expresó su preocupación por la falta de un pronunciamiento sobre la situación de Rafael López Aliaga, quien figura como primer regidor de Renovación Popular luego de la renuncia de Luis Rubio Idrogo a su candidatura a la alcaldía. El JNE confirmó en septiembre la permanencia de López Aliaga como candidato a primer regidor.

En declaraciones a Canal N, Urresti sostuvo que existe incertidumbre respecto a si, ante una eventual victoria de Renovación Popular, la credencial de alcalde correspondería a López Aliaga o a la segunda regidora de la lista, Jeanette Evangelina Alonzo Contreras. El candidato de Podemos Perú argumentó que el artículo 194 de la Constitución establece que no existe reelección inmediata de alcaldes y cuestionó que esta situación no haya sido aclarada antes de los comicios.

La controversia se originó luego de que Luis Rubio renunciara a su candidatura el 4 de agosto, con lo que López Aliaga quedó como primer regidor de la lista de Renovación Popular. El JNE, posteriormente, confirmó que López Aliaga podía continuar como candidato a primer regidor, tras desestimar un pedido de exclusión contra su postulación.

Urresti señaló además que otros partidos políticos solicitaron al organismo electoral un pronunciamiento sobre el tema y no descartó recurrir a instancias internacionales si, después de las elecciones, el JNE determina que López Aliaga debe recibir la credencial de alcalde. Asimismo, cuestionó que Renovación Popular no haya presentado, según afirmó, una rendición de cuentas de sus gastos de campaña tras la salida de su candidato a la alcaldía.

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Señaló que el despliegue policial buscará proteger a los ciudadanos y asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral.

César Astudillo precisó que el operativo no estará concentrado únicamente en los locales de votación y el traslado del material electoral, sino que la PNP mantendrá sus acciones contra la delincuencia. “El crimen no para”, afirmó, al señalar que los agentes continuarán enfrentando amenazas como el narcotráfico, la tala y minería ilegal, la trata de personas y el cibercrimen.

El titular del Interior destacó que más de 26 millones de electores están habilitados para votar en los 1 892 distritos del país. Para ello, se instalarán cerca de 90 mil mesas de sufragio en más de 10 mil locales de votación habilitados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Asimismo, indicó que, por disposición de la presidenta Keiko Fujimori, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegarán sus efectivos disponibles para garantizar la seguridad durante el proceso.

Astudillo sostuvo que el objetivo es que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto “con absoluta libertad, paz y seguridad”, mientras continúan las operaciones contra organizaciones criminales y bandas delictivas.

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En entrevista con RPP, el premier destacó el respaldo de las bancadas Obras, Ahora Nación, Buen Gobierno y Renovación Popular para aprobar la propuesta en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, cuestionó que JPP haya planteado inicialmente un dictamen que contemplaba no otorgar ninguna facultad al Ejecutivo. “Las facultades de negar el 100 %; es decir, presentar un dictamen con cero facultades, eso es algo histórico”, sostuvo.

Luis Galarreta también consideró “insuficiente” el texto aprobado, debido a que el pedido original del Ejecutivo contemplaba 66 facultades agrupadas en ocho materias y finalmente quedó limitado a seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. “Al recortar un montón de las facultades… es como, para el tema de seguridad, nos den una pistola con agua”, afirmó, al sostener que se necesitan medidas de mayor alcance para enfrentar la criminalidad.

En tanto, en declaraciones a Canal N, el jefe del gabinete ya había cuestionado el alcance del dictamen y lo calificó como “muy recortado”. Señaló que las materias aprobadas no incluyen todos los mecanismos que, a su juicio, requiere el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad y atender las emergencias climáticas. No obstante, remarcó: “Con o sin facultades, sí estamos avanzando en varias cosas”, aunque consideró necesarias medidas “mucho más concretas y de mayor magnitud”.

Entre las medidas que el premier planteó incorporar al debate mencionó un marco legal que permita la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional durante operativos y en la vigilancia de los penales. También propuso fortalecer las capacidades de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y establecer medidas frente a las bandas dedicadas a la extorsión y el sicariato.

Respecto al fenómeno El Niño, Galarreta señaló que fueron excluidas del texto aprobado algunas medidas de flexibilización burocrática destinadas a agilizar la titulación de tierras agrícolas, la ejecución de obras de saneamiento y el apoyo a las micro y pequeñas empresas. Según explicó, el Ejecutivo requiere mecanismos que permitan una respuesta más rápida ante eventuales impactos climáticos.

Finalmente, el presidente del Consejo de Ministros afirmó que el Gobierno de Keiko Fujimori respetará las decisiones que adopten la Cámara de Diputados y posteriormente el Senado.

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La decisión fue adoptada durante una sesión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, en la sala Basadre del Palacio Legislativo.

El dictamen, aprobado previamente por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, propone otorgar al Ejecutivo facultades para legislar por un periodo de 90 días calendario.

La Junta de Portavoces acordó por unanimidad destinar tres horas al debate, tiempo que será distribuido proporcionalmente entre los seis grupos parlamentarios. La discusión se centrará en los alcances de la delegación y en las materias específicas sobre las que el Gobierno podría emitir normas.

Asimismo, los portavoces declararon de urgencia las Proposiciones Legislativas 9 y 17, referidas a los plazos de prescripción de la acción penal y a la extinción de dominio, respectivamente. Ambas iniciativas se encuentran en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Además, se coordinará la fecha y hora para que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario Maron, informe ante el Pleno sobre la implementación de la Ley 31155 contra el acoso hacia las mujeres en la vida política, correspondiente al periodo agosto de 2025 a julio de 2026.

#DiputadosInforma | El dictamen que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño ingresó a la agenda del Pleno de la Cámara de Diputados, que se reunirá el próximo martes 6 de octubre.

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— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 2, 2026

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El anuncio se realizó durante una visita inopinada a la Gran Unidad Escolar José Granda, en San Martín de Porres, donde Fujimori estuvo acompañada por los ministros José Antonio Chang y Juan Sheput. La mandataria recorrió talleres de industria alimentaria, computación y mecánica automotriz destinados a la capacitación práctica de los escolares.

El Gobierno prevé implementar 124 secundarias técnicas completamente equipadas durante este año. La iniciativa forma parte de una estrategia para ampliar la formación técnica y brindar herramientas orientadas al empleo y el emprendimiento.

Acuerdo entre ministerios

La medida contempla conectar a los jóvenes capacitados en los últimos años de secundaria con las bolsas laborales del Ministerio de Trabajo. Fujimori encargó a ambos sectores coordinar el mecanismo para facilitar esa transición hacia el mercado laboral.

La presidenta explicó que el objetivo es que los estudiantes puedan aprovechar la preparación adquirida en el colegio al momento de buscar empleo.

“Lo que estoy disponiendo es que se pueda firmar entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación justamente para que los alumnos que vienen formándose en los últimos años de secundaria puedan luego conseguir una chamba”, expresó.

Sheput señaló que un joven demora, en promedio, tres años en conseguir un empleo y sostuvo que la propuesta busca reducir ese periodo. El ministro indicó que las bolsas laborales permitirían acercar a los egresados a las ofertas disponibles.

Fujimori también informó que suspendió su viaje previsto a Amazonas debido a las condiciones climáticas que impidieron la salida del avión. La presidenta señaló que espera realizar la visita durante la próxima semana.

“Quiero pedir las disculpas a la región de Amazonas, estaba planificado nuestro viaje, lamentablemente los cielos nublados no permitieron la partida del avión”, manifestó.

A través de un pronunciamiento difundido este viernes 2 de octubre, el grupo parlamentario reconoció el trabajo de las bancadas que permitieron aprobar el dictamen tras las diferencias registradas en la comisión. El documento contempla otorgar facultades al Ejecutivo por 90 días y concentra la delegación en seguridad ciudadana y acciones frente al fenómeno El Niño.

Fuerza Popular adelantó que buscará incorporar nuevas disposiciones durante el debate en el Pleno. Entre sus propuestas figuran regular el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, actualizar las reglas sobre el uso de la fuerza y establecer una clasificación para determinadas organizaciones criminales como terroristas.

La bancada también plantea reformar el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia. En cuanto al fenómeno El Niño, informó que coordinará con otros grupos parlamentarios para plantear medidas adicionales.

El dictamen deberá pasar al Pleno de la Cámara de Diputados para continuar con su trámite. De acuerdo con la agrupación política, la ciudadanía tiene derecho a vivir sin miedo y la criminalidad debe combatirse con todas las herramientas democráticas disponibles.

Beingolea explicó que las facultades buscan ampliar las medidas contra la delincuencia mediante una estrategia que no se limite al Código Penal. Entre las propuestas mencionó una mayor severidad frente a las organizaciones criminales y una ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas.

“Es un paso adelante que nos permite ver que hay representantes en la Cámara de Diputados que tienen también un pensamiento distinto en el sentido de entender que el país requiere con urgencia esas medidas, así que hasta ahí eso está bien, pero creo que es insuficiente todavía”, expresó ante la prensa.

El ministro afirmó que el Ejecutivo ya ha adoptado medidas contra la criminalidad durante los últimos 60 días y que continuará con estas acciones independientemente de la decisión sobre las facultades. Además, sostuvo que el documento aprobado no contempla algunos aspectos vinculados con el fenómeno El Niño.

“Es más, ya lo estamos haciendo, ya se han tomado en 60 días muchas medidas prácticas y muy duras contra la criminalidad, pero necesitamos facultades para poder mejorar esa dinámica; por ejemplo, calificar con mayor dureza a las organizaciones criminales, que es lo que estamos proponiendo, permitir que las Fuerzas Armadas intervengan, ampliar un poco su participación, o sea, hay muchas medidas que debemos tomar y que se requieren”, indicó.

Posición del Gobierno

Beingolea sostuvo que la aprobación constituye un primer entendimiento entre el Ejecutivo y los representantes de la Cámara de Diputados. Añadió que la lucha contra la criminalidad y la atención del fenómeno El Niño requieren la participación de distintos sectores.

“Entonces todavía aspiramos a más, creo que hay un primer paso, un entendimiento. Está muy claro que algunos congresistas sí entienden lo que el país necesita, este no es un pleito político entre la oposición y la mayoría o el Gobierno y el Congreso, esto es una necesidad de todos los peruanos”

El ministro reiteró que el Gobierno mantendrá las acciones contra la delincuencia incluso si no obtiene las facultades solicitadas.

“Si esto no ocurre, igual vamos a luchar”, precisó.

Durante el encuentro se abordaron condiciones orientadas a favorecer la inversión, el crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo formales. La Presidencia del Consejo de Ministros señaló que estos espacios buscan mantener una comunicación entre las autoridades y los representantes empresariales.

A través de X, la PCM también destacó la importancia que tiene la participación del sector privado para ampliar las oportunidades de desarrollo en el país.

“Para la PCM, el diálogo con el sector privado es clave para promover oportunidades de desarrollo para los peruanos”, resaltó el Ejecutivo.

#PCMInforma | El premier Luis Galarreta sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la @camaradelima, Raúl Barrios, y representantes del gremio empresarial para fortalecer la articulación entre el Gobierno y el sector privado e impulsar condiciones que favorezcan la… pic.twitter.com/hUk7DNqMyc

— Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) October 2, 2026

Piñán sostuvo que el documento fue revisado técnicamente y discutido con representantes del Gobierno antes de alcanzar un acuerdo entre las bancadas. Por ello, cuestionó que durante el debate parlamentario se incorporen nuevas materias o se modifique lo aprobado por la comisión.

“Luego de este consenso que hemos tenido con las demás bancadas, yo creo que se debe respetar esta decisión”, afirmó.

“Estamos en contra de que hayan algunas modificaciones o agregar algo. Esto ha sido evaluado ya técnicamente”, agregó.

#EnVivo

Víctor Piñán, diputado, sobre facultades legislativas: Debería haber un gesto de parte del Ejecutivo. Un comunicado, una declaración. Es importante, de que va a haber ese respeto, a lo que finalmente se ha decidido colectivamente

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— Canal N (@canalN_) October 2, 2026

Pide pronunciamiento del Ejecutivo

Ante la posibilidad de que algunas bancadas soliciten una posición pública del Gobierno antes del debate, Piñán señaló que el Ejecutivo debería manifestar su disposición a respetar lo aprobado por la comisión. Consideró que ese pronunciamiento podría concretarse mediante un comunicado o una declaración pública.

El parlamentario vinculó este pedido con el respeto a las decisiones adoptadas dentro del Congreso y al funcionamiento institucional.

“Por el respeto a la democracia y a la institucionalidad, nosotros creemos que debería ese gesto de parte del Ejecutivo”, manifestó.

Piñán advirtió que la ausencia de ese pronunciamiento podría generar cuestionamientos de algunos parlamentarios durante la discusión. Señaló que distintas bancadas podrían oponerse a los puntos que ya fueron aprobados por la Comisión de Constitución.

El diputado planteó este escenario como una posibilidad dentro del debate parlamentario si el contenido llega a ser modificado.

“Ahí sí podrían salir colegas de las diferentes bancadas y rechazar este pedido, estos puntos que ya han sido aprobados dentro de la Comisión”, sostuvo.

Pese a ello, Piñán expresó su expectativa de que el Ejecutivo respete el acuerdo alcanzado y que la solicitud continúe su trámite en el Pleno. La propuesta deberá ser discutida por las cámaras antes de definir su aprobación.