Jorge Nieto, excandidato presidencial, informó que en su encuentro con la presidenta electa Keiko Fujimori propuso analizar alternativas legales para la eventual liberación del expresidente Pedro Castillo, al considerar que esta medida podría contribuir a disminuir la polarización política.

Ante los medios de comunicación, Nieto indicó que su planteamiento se enmarca en una estrategia de reconciliación nacional.

“Le he sugerido que considere las rutas para la libertad del presidente Castillo, buscando que el país encuentre un espacio de descompresión y de despolarización”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que cualquier decisión deberá adoptarse en estricto respeto del Estado de derecho y la Constitución. “Le he sugerido que considere las rutas para que eso sea dentro del marco del Estado de derecho y de la Constitución”, agregó.

#EnVivo

Jorge Nieto tras reunión con Keiko Fujimori: Si la posibilidad planteada de revisar la situación legal de Pedro Castillo está colocada en el marco de una política simbólica de reconciliación y acercamiento del país, entonces no es una tarea que le competa a este… pic.twitter.com/ODQMvCIyMA

— Canal N (@canalN_) July 14, 2026

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), junto con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Defensa Pública, viene implementando el Decreto Legislativo 1735, que establece la creación de un subsistema especializado para combatir la extorsión. Esta iniciativa busca brindar atención prioritaria y agilizar los procesos de los ciudadanos afectados por este delito.

Alberto Vega, director general de Asuntos Criminológicos del Minjusdh, señaló que el aumento de los casos de extorsión, el avance de la criminalidad y la carga procesal evidenciaron la necesidad de establecer este marco normativo especializado.

“A la fecha, hemos pasado desde el 2021 de 4 670 denuncias a casi 29 000 denuncias por extorsión, pero, en contrapartida, las sentencias condenatorias por dicho delito no han pasado en promedio anual de 400”, declaró para RPP.

Vega advirtió que las cifras oficiales no reflejan la verdadera magnitud del problema, pues solo dos de cada 10 víctimas de extorsión llegan a denunciar. Explicó que esta falta de reportes está relacionada con el miedo a represalias y la desconfianza en un sistema de justicia cuya carga procesal ha llevado a programar audiencias recién para los años 2028 y 2029.

Con el objetivo de mejorar la respuesta estatal, el subsistema permitirá priorizar la atención de los procesos y agilizar su trámite. Además, contará con abogados de oficio gratuitos que orientarán a las víctimas y las acompañarán durante la presentación de sus denuncias ante las dependencias de la Policía Nacional y la Fiscalía.

En el marco del inicio de estas acciones, el Minjusdh contempla la designación de 37 defensores públicos especializados que atenderán casos en la región La Libertad.

Además de la defensa legal, se anunció la próxima implementación de una línea telefónica exclusiva que operará de manera ininterrumpida para brindar asistencia directa a las víctimas de extorsión y ofrecer orientación legal del Estado sin que tengan que salir de sus domicilios.

Cabe precisar que, a diferencia de las unidades de flagrancia, las instituciones que forman parte de este subsistema continuarán desarrollando sus funciones desde sus respectivas sedes institucionales.

El Congreso Bicameral para el periodo legislativo 2026-2031, integrado por 130 diputados y 60 senadores, instalará este 15 de julio su Junta Preparatoria, órgano temporal encargado de conducir la transición hacia el nuevo Parlamento que reemplazará al Congreso unicameral luego de 33 años.

Durante su funcionamiento, la Junta Preparatoria organizará los actos previos a la instalación oficial del Congreso Bicameral y convocará a la elección de los presidentes y de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados.

¿Quiénes integran la Junta Preparatoria?

La Junta Preparatoria estará conformada por cinco parlamentarios elegidos conforme a los criterios establecidos para la instalación del nuevo Congreso:

• Presidente: Miguel Ángel Torres, senador electo por Fuerza Popular, bancada con mayor representación parlamentaria.
• Vicepresidenta: Cecilia Isabel Chacón de Vettori, diputada electa por Fuerza Popular.
• Segundo secretario: Luis Eliseo Quispe Candia, diputado del Partido del Buen Gobierno, por ser el parlamentario de mayor edad.
• Tercer secretario: Alejandro Muñante, senador de Renovación Popular, por ser el senador de menor edad.
• Cuarta secretaria: Romina Alejandra Uribe Sáenz, diputada del Partido del Buen Gobierno, por ser la diputada de menor edad.

Cronograma para elegir a las autoridades del Parlamento

Como parte de sus funciones, la Junta Preparatoria convocará a la elección de las mesas directivas de ambas cámaras.

Las bancadas parlamentarias podrán presentar sus listas de candidatos ante la Oficialía Mayor hasta el 25 de julio, mientras que la elección de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados deberá realizarse, como plazo máximo, el 26 de julio.

Los titulares elegidos asumirán formalmente sus cargos durante la sesión de instalación del nuevo Congreso Bicameral, prevista para el 27 de julio, fecha en la que también se iniciará la primera legislatura ordinaria del periodo parlamentario 2026-2027, que se extenderá hasta el 15 de diciembre.

Congreso recibirá el juramento presidencial el 28 de julio

Durante la sesión del 27 de julio también se convocará a la sesión solemne del 28 de julio, cuando Keiko Fujimori Higuchi jurará como presidenta constitucional de la República para el periodo 2026-2031.

La ceremonia se realizará ante el presidente del Congreso Bicameral, cargo que deberá ser ocupado por un senador. Posteriormente, la mandataria ofrecerá su mensaje a la Nación y al Parlamento, en el que expondrá la situación del país y las principales medidas, reformas e iniciativas que propondrá al Poder Legislativo.

¿Cuál es la función de la Junta Preparatoria?

La Junta Preparatoria es el órgano encargado de garantizar una transición ordenada entre el Congreso saliente y el Parlamento entrante.

Entre sus principales funciones se encuentran organizar la elección de las nuevas autoridades parlamentarias, conducir los actos previos a la instalación oficial del Congreso Bicameral y asegurar la continuidad institucional, evitando vacíos de poder durante el cambio de legislatura.

La Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro realizó este martes una diligencia de inspección en la sede central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ubicada en el distrito de San Isidro, tras la difusión de un informe que alerta sobre presuntas deficiencias estructurales y un eventual riesgo de colapso del inmueble.

La intervención fue informada por el Ministerio Público a través de sus redes sociales.

🚨 #LoÚltimo | Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro realiza diligencia de inspección en la sede central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ubicada en San Isidro, ante la difusión de un informe que alerta presuntas… pic.twitter.com/SRdhwNOapD

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 14, 2026

Buscan prevenir posibles delitos

La diligencia es liderada por el fiscal provincial Óscar Díaz Alegre y tiene como finalidad prevenir la comisión de delitos como homicidio culposo, lesiones culposas, omisión de funciones y estragos especiales.

Como parte de las acciones, el equipo fiscal verifica el estado actual del edificio, las condiciones de seguridad de la infraestructura y la documentación técnica relacionada con el inmueble.

Participan entidades especializadas

El Ministerio Público informó que la inspección se desarrolla con el apoyo de instituciones competentes en gestión del riesgo de desastres, fiscalización, desarrollo urbano y defensa civil.

El objetivo es identificar posibles factores de riesgo y promover la adopción de las medidas preventivas que correspondan para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios del edificio.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre los resultados de la diligencia ni sobre la adopción de medidas adicionales.

La demanda está dirigida al presidente José María Balcázar Zelada y al titular de Justicia, Luis Jiménez Borra, así como al juez Juan Checkley Soria, quien dictó los 18 meses de prisión preventiva a Castillo por la presunta comisión del delito de rebelión y conspiración.

Según el documento, también figuran el presidente del Congreso, jueces de la Sala Penal Permanente y el fiscal de la nación, pero sin especificar nombres.

El juzgado ordenó correr traslado a las procuradurías involucradas, que deberán presentar sus descargos.

Su abogado, Carlos Torres Caro, presentó el expediente a la Comisión de Gracias Presidenciales y lo dirigió al jefe de Estado, José María Balcázar, para que evalúe el beneficio con carácter prioritario por razones humanitarias.

“Ha dicho usted (Balcázar) que invoca a los abogados que presenten. Pues bien, aquí estamos presentando oficialmente (...) porque usted es el presidente de la República, para que se sirva admitir la solicitud tomando en consideración, en este caso específico ,la de manera prioritaria por la edad y la relevante dimensión humanitaria que tiene Alejandro Toledo con sus patologías médicas acreditadas”, declaró a RPP Noticias.

Torres Caro respaldó su solicitud con documentos relacionados con la edad de su patrocinado, estado de salud y situación procesal.

“Tengo 81 años. Mi salud se ha deteriorado gravemente en prisión. Los médicos me han advertido que un infarto o un derrame pueden ocurrir en cualquier momento”, reza su pronunciamiento.

Poder

Torres indicó que Toledo suscribió una nueva autorización para formalizar el pedido mediante una declaración escrita, en la que le encarga gestionar el derecho de gracia presidencial.

“Doy mi conformidad y pido su urgente ayuda, Dr. Torres Caro. Dado la crítica situación de mi salud, por humanidad, se lo pido por favor”, escribió el exmandatario.

El letrado subrayó que el proceso excede el doble del plazo legal establecido, que su patrocinado carece de antecedentes penales y que no existe riesgo procesal ni social. “No vivamos de odios, no vivamos de confrontaciones”, respondió a las críticas por la solicitud.

“Está todavía en trámite. Está en (el Ministerio de) Justicia todavía”, declaró a la prensa durante una actividad oficial en Arequipa.

Balcázar añadió que cualquier eventual indulto requiere un pedido expreso y debidamente fundamentado del exmandatario para que pueda ser evaluado. Aunque, días antes, indicó que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas lo favorecería.

DETALLES

En una audiencia pública que se realizó ayer por la mañana, los magistrados del JNE escucharon a Virgilio Hurtado, abogado del excandidato presidencial de Renovación Popular (RP).

Durante su intervención, el letrado señaló que los argumentos del Jurado Electoral Especial (JEE) para desestimar la candidatura de López Aliaga no se ajustan a la Constitución ni a los impedimentos que establece la ley.

“En el presente caso no se ha distinguido la condición de autoridad electa de Rafael López Aliaga con el impedimento para autoridades en ejercicio”, afirmó.

En la misma línea, consideró que el JEE cometió un grave error al considerar que los senadores elegidos se encuentan en condición de autoridad.

“El impedimento es para autoridades en ejercicio, no para autoridades elegidas o proclamadas”, sostuvo.

Además, la defensa del también excandidato de Lima recordó que de acuerdo con el Reglamento del Congreso, los senadores y diputados electos deben presentar la declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas, así como las credenciales que les fueron entregadas por el JNE ante Oficialía Mayor.

Como se recuerda, López Aliaga no asistió a la entrega de credenciales.

“Mi patrocinado ha presentado una carta donde ratifica su declinación y no participación (en el Senado)”, aseveró.

Razones

La decisión fue adoptada tras un nuevo pedido de cuarto intermedio formulado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto.

“El volumen y la complejidad de las incorporaciones solicitadas, que involucran múltiples sectores, pliegos y fuentes de financiamiento, han demandado un proceso operativo adicional de revisión e ingreso de información en los sistemas del Ministerio de Economía y Finanzas”, argumentó.

El legislador añadió que el mencionado portafolio aún revisa los pedidos de financiamiento para proyectos de inversión presentados por los congresistas y afirmó que su grupo de trabajo ya consensuó los artículos del dictamen.

Tras la exposición, el presidente de la Comisión Permanente, Fernando Rospigliosi, suspendió la sesión hasta hoy a las 12:00 m., para debatir el proyecto.

Relevo

El exministro de Economía Luis Miguel Castilla cuestionó que el Parlamento continúe con esta iniciativa. “Nunca he visto, en la historia de nuestro país, que a dos semanas del cambio de gobierno se esté discutiendo un crédito suplementario de casi 10 mil millones de soles”, declaró.

En RPP, Castilla dijo que “no es coherente” el debate y consideró que la decisión debería recaer en el Congreso bicameral y el nuevo gobierno.

Observaciones

El Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029 advierte que solo 48 de esas leyes –todas aprobadas desde septiembre de 2025– implicarían un costo fiscal permanente de más de 23 mil millones de soles anuales, lo que equivale al 1.9% del Producto Bruto Interno (PBI).

Agrega que esta cifra podría dispararse con otras tres normas, entre las que se incluye el incremento de las pensiones a policías y militares (Ley 32561), que por sí sola irroga un costo estimado de 46 mil millones.

Por otro lado, existen otras leyes con alto impacto fiscal, como la 32581, que establece para los maestros jubilados una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, actualmente fijada en 3,300 soles.

Según el Consejo Fiscal, esta disposición generaría un costo anual estimado de 8,018 millones de soles.

“El Perú no puede poner en riesgo su estabilidad fiscal por propuestas populistas. Exigimos el archivo definitivo del proyecto”, demandó la Sociedad de Comercio Exterior en marzo de este año, mediante un comunicado.

A este grupo de normas se suma la Ley 32563, que reconoce el pago de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

El Consejo Fiscal calcula que esta medida implicará un costo permanente de 3,006 millones de soles anuales.

Cabe mencionar que también destaca que el periodo legislativo 2021-2026 registra la mayor cantidad de leyes con impacto fiscal de los últimos Congresos.

Mientras que entre 2016 y 2019 se aprobaron 62 normas de este tipo y durante el Congreso 2020-2021 apenas ocho, el Parlamento elegido para el periodo 2021-2026 acumuló 258 normas que incrementan el gasto público.

Advertencias

El organismo alerta que la sostenibilidad de las finanzas públicas se encuentra en riesgo debido a la acumulación de gastos permanentes y al incumplimiento recurrente de las reglas fiscales.

En su informe, sostiene que la situación actual responde a un contexto marcado por “incumplimientos recurrentes de las reglas fiscales” y por “la proliferación de normas y otras medidas que generan presiones sobre el gasto público y debilitan la capacidad de recaudación”.

También cuestiona que el aumento de la recaudación no debería interpretarse como una fuente permanente de ingresos. Explica que este crecimiento responde, en gran medida, a factores temporales, como los altos precios internacionales del cobre y el oro, por lo que no debería utilizarse para financiar gastos permanentes.

“Cuando los factores que favorecen la dinámica de los ingresos se reviertan, los gastos difícilmente podrán ajustarse con la misma velocidad”, advierte el mencionado informe.

A esto se suma la reducción de los ahorros del Estado. De acuerdo con el organismo, al cierre de 2025 los activos financieros del Sector Público No Financiero representaban apenas el 7.4% del PBI, uno de los niveles más bajos registrados.

Esta situación reduce la capacidad de respuesta del país frente a una eventual crisis económica o un fenómeno El Niño de gran intensidad.

El Consejo Fiscal también alerta que, si continúa en aumento el gasto rígido, el ajuste para cumplir las reglas fiscales terminaría por afectar a los rubros con mayor flexibilidad del presupuesto, como la inversión pública y el financiamiento de programas prioritarios.

Como ejemplo, menciona que durante este año ya se registraron dificultades para asegurar el presupuesto del Programa Nacional de Becas (Pronabec), debido al incremento de las obligaciones destinadas al pago de planillas.

Análisis

El presidente del Consejo Fiscal (CF), Alonso Segura, saludó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) por la modificación de los artículos que le permitían al Congreso iniciativa de gasto.

“Habían generado contingencias y obligaciones enormes al Estado que nos ponían en una senda fiscal insostenible. Básicamente, eventualmente, era la quiebra del Estado peruano”, enfatizó en RPP.

No obstante, Segura identificó que la disposición del TC no es del todo restrictiva.

“Este fallo deja abierta una puerta de excepcionalidad en ciertos casos (...) para cuando hay derechos económicos, culturales y sociales; en esos casos el Congreso puede legislar, pero le pone ciertos candados, tiene que haber coordinación con el Ejecutivo”, explicó.

El titular del Consejo Fiscal advierte que esto podría “favorecer” las propuestas legislativas de Fuerza Popular.

“Una iniciativa que provenga de una bancada oficialista y que, entre comillas, tenga los criterios justamente de que se trata de situaciones de necesidad social, podría tener la ventaja de contar con un aval del Ministerio de Economía y Finanzas que no tendrían otras bancadas”, remarcó.

No obstante, Segura señala que el Estado debe mirar hacia atrás y “limpiar” estas leyes adversas, y que el próximo gobierno ya debe tener un equipo formado por abogados y economistas para presentar acciones de inconstitucionalidad.

En conversación con Correo, el exministro de Economía y Finanzas Ismael Benavides aseguró que el Legislativo dejó un “enorme forado fiscal” en su último periodo.

“El Congreso no ha tenido ningún miramiento con la estabilidad fiscal; al contrario, ha sido puramente populista. Ha lanzado estas iniciativas pensando, por supuesto, que eso le iba a servir para perennizarse, pero gracias a Dios eso no ocurrió”, resaltó.

Consultado por los votos a favor de Fuerza Popular en estas iniciativas legislativas, Benavides sostiene que hubo un “efecto rebaño” en el Parlamento.

“Cuando se empieza a ver que una iniciativa va tomando fuerza, ya se van sumando todos, porque creen que así van a ganar votos”, explicó.

Además, Benavides aludió a una discusión legal sobre si la sentencia del TC es retroactiva para que el Ejecutivo pueda evaluar la extinción de estas leyes.

“Dependiendo de eso se va a poder derogar alguna de estas leyes, o ajustarlas a las posibilidades reales de la caja fiscal. Pero, de todas maneras, esto pone un reto al próximo gobierno de la señora Fujimori: revisar esas leyes, ajustarlas o derogarlas si fuese necesario, y ver cómo se financia lo que queda”, concluyó.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio la razón a Renovación Popular al declarar fundado el recurso de apelación presentado por la agrupación, con lo que Rafael López Aliaga quedó habilitado para postular como primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima en las elecciones del próximo 4 de octubre.

Con dicha decisión, el máximo órgano electoral revocó la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que había declarado improcedente la inscripción de Rafael López Aliaga por su condición de senador electo y proclamado para el periodo parlamentario 2026-2031.

López Aliaga figura como candidato a primer regidor en la lista encabezada por Luis Rubio, quien postula a la Alcaldía Metropolitana de Lima.

Mediante una nota de prensa, el JNE indicó: “La causa resuelta es la apelación presentada por la organización política Renovación Popular en contra de la Resolución N° 04301-2026-JEE-LICN/JNE que declaró improcedente la inscripción de la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima, precisando que se mantiene vigente su condición de senador electo para el período parlamentario 2026-2031. (...) Los magistrados del Pleno del JNE evaluaron las pruebas presentadas por la defensa legal de Renovación Popular, y publicaron esta noche el sentido de su fallo declarando fundada la apelación”.

No obstante, la resolución difundida por el Jurado Nacional de Elecciones aún no incluye la fundamentación de los magistrados que sustentaron la decisión. Se espera que dichos argumentos sean publicados en los próximos días a través del portal institucional del organismo electoral.

En la audiencia pública, el abogado de Renovación Popular, Virgilio Hurtado, afirmó que la condición de senador electo no equivale al ejercicio del cargo parlamentario. En ese sentido, sostuvo que Rafael López Aliaga no ha juramentado ni asumido funciones en el Senado, por lo que, a su juicio, no existe impedimento legal para que continúe como candidato en las elecciones municipales.

La defensa también hizo referencia a los documentos enviados por López Aliaga al JNE y al Congreso de la República, en los que comunicó su decisión de no recibir la credencial, no juramentar y no asumir el cargo de senador.

Uno de los principales temas debatidos durante la audiencia fue determinar cuál es la situación jurídica de un parlamentario elegido y proclamado que manifiesta su decisión de no juramentar ni asumir el cargo.

El 10 de julio, Rafael López Aliaga volvió a descartar que vaya a asumir el cargo de senador para el que fue elegido en las elecciones generales. Durante una actividad partidaria en Huaycán, en el distrito de Ate, sostuvo que no jurará al cargo al considerar que el proceso electoral estuvo marcado por presuntas irregularidades en la primera vuelta. “No voy a ser senador nunca de este Congreso”, expresó.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó al voto la apelación interpuesta por Renovación Popular para revertir la resolución que declaró improcedente la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cargo equivalente a teniente alcalde, para las Elecciones Municipales 2026.

La decisión se tomó luego de que el Pleno del máximo organismo electoral escuchara, durante una audiencia pública, los argumentos de las partes. El tribunal electoral deberá emitir ahora un pronunciamiento definitivo sobre la continuidad de la postulación.

El JNE deberá determinar si ratifica la Resolución N.° 04301-2026-JEE-LICN/JNE, emitida el pasado 30 de junio por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que declaró improcedente la candidatura de López Aliaga, o si, por el contrario, declara fundada la apelación y permite que continúe en carrera electoral.

El debate jurídico se centra en definir desde cuándo deben aplicarse las incompatibilidades para ejercer un cargo parlamentario: si desde la proclamación como senador electo o desde la juramentación y el inicio efectivo de funciones. Cabe recordar que, el 4 de julio, el JEE Lima Centro concedió el recurso presentado por la defensa legal de Renovación Popular y dispuso elevar el expediente.

En el recurso de apelación, Renovación Popular sostiene que la resolución de primera instancia vulnera el derecho constitucional de sus candidatos a participar en elecciones. La agrupación argumenta que, al haber sido proclamado senador electo para el periodo parlamentario 2026-2031, Rafael López Aliaga no estaría comprendido dentro de la prohibición legal, pues esta aplicaría únicamente a parlamentarios que ya ejercen funciones.

Según la defensa del partido, existe una diferencia jurídica entre un congresista en funciones y un parlamentario electo que solo cuenta con una credencial habilitante. Asimismo, señaló que López Aliaga comunicó públicamente y por escrito su renuncia irrevocable al escaño senatorial ante el JNE y el Congreso de la República. Por ello, solicitaron dejar sin efecto dicha credencial y convocar al candidato accesitario.

Asimismo, Renovación Popular alegó una presunta vulneración al derecho a la igualdad ante la ley por parte del Jurado Electoral Especial (JEE). En el recurso, la agrupación señala que dicho órgano permitió la inscripción de las candidaturas a regidores de Leo de Paz Lancho y Aldo Bravo Quispe, pese a que ambos fueron proclamados diputados electos, mientras que declaró improcedentes las postulaciones de Rafael López Aliaga, como senador electo, y de Guillermo Valdivieso, proclamado representante suplente ante el Parlamento Andino.

Al considerar que los casos presentan condiciones jurídicas similares, el partido pidió que se apliquen criterios uniformes. La decisión final del Pleno del JNE definirá el futuro de la inscripción de candidaturas para Lima Metropolitana.

El JNE dejó al voto apelación que definirá si Rafael López Aliaga puede postular como primer regidor de Lima

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— Canal N (@canalN_) July 13, 2026

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo constitucional autónomo encargado de designar a los titulares de las autoridades electorales del país, iniciará este martes 14 de julio de 2026 la etapa final de evaluación para seleccionar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La entrevista personal pública está programada para este martes a las 11:00 horas en la sede institucional de la JNJ, ubicada en San Isidro. El único candidato habilitado para esta etapa es Carlos Loyola Escajadillo, quien logró superar las fases previas de calificación.

El proceso administrativo de selección se lleva a cabo bajo la conducción de la presidenta de la entidad, María Teresa Cabrera Vega. Durante la jornada, los integrantes del pleno evalúan de manera presencial la trayectoria profesional, la idoneidad del postulante y los resultados obtenidos en las pruebas de confianza antes de emitir su calificación final.

Las decisiones adoptadas durante el proceso serán formalizadas mediante la publicación inmediata de los puntajes obtenidos en los registros digitales del Boletín Oficial de la Magistratura.

La reincorporación de Carlos Loyola Escajadillo al proceso de selección del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue aprobada luego de que se declarara fundado un recurso de reconsideración presentado por el postulante.

Inicialmente, las oficinas técnicas de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) determinaron excluir al candidato por una presunta omisión de información en su declaración jurada de antecedentes. Sin embargo, el postulante sustentó que la falta de registro de dos procesos judiciales en trámite había sido subsanada durante la etapa de tachas.

El pleno de la JNJ resolvió el caso por mayoría luego de analizar los argumentos presentados por la defensa legal del único postulante habilitado en el concurso.

La otra candidata finalista del proceso de méritos, Amparo Ortega Campana, presentó su renuncia irrevocable a seguir en la convocatoria pública, argumentando motivos de salud personal. Ante ello, la Junta Nacional de Justicia reestructuró el cronograma oficial con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa y la continuidad de las evaluaciones.

La Comisión Permanente del Congreso suspendió nuevamente este lunes el debate del proyecto de crédito suplementario por más de S/9.000 millones y acordó ampliar, por segunda vez, el cuarto intermedio con el fin de elaborar un texto sustitutorio consensuado junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, señaló que la ampliación del cuarto intermedio responde a la necesidad de concluir la evaluación técnica de las propuestas presentadas por los congresistas y descartó que la medida tenga como finalidad retrasar el debate.

“La evaluación de estas propuestas le corresponde al MEF. La Comisión de Presupuesto ya ha cumplido con su trabajo, pero el volumen y la complejidad de las ampliaciones presupuestarias han demandado un proceso operativo adicional que aún no ha podido concluirse”, indicó esta tarde.

Soto precisó que el objetivo es presentar un texto sustitutorio debidamente sustentado, con sus respectivos anexos e incorporando las propuestas planteadas por los parlamentarios durante el debate.

Asimismo, advirtió que una aprobación apresurada del proyecto podría generar inconvenientes durante la ejecución del presupuesto.

“Sería un error apresurar este proceso y tener consecuencias técnicas y legales que entrampen la ejecución de recursos para inversión pública. Preferimos tomarnos el tiempo necesario para hacer bien las cosas”, aseguró.

En la sesión, Soto también reconoció que persisten discrepancias con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre algunos proyectos de inversión, por lo que solicitó ampliar el plazo a fin de sustentar de manera adecuada los cambios.

Con esta decisión, la Comisión de Presupuesto reanudará el debate del proyecto al mediodía del martes 14 de julio.

Carlos Torres Caro, abogado de Alejandro Toledo, informó este lunes que presentó ante la oficina del mandatario José María Balcázar una solicitud para que se otorgue, con carácter de urgencia, el derecho de gracia a su patrocinado. Según explicó, el pedido se sustenta en la avanzada edad del exmandatario y en los problemas de salud que afronta. Asimismo, precisó que la solicitud ya fue remitida a la comisión correspondiente para su evaluación.

“Estamos presentado oficialmente a la comisión de gracias presidenciales y a la decisión de usted, porque usted es el presidente de la República, para que se sirva a admitir la solicitud tomando en consideración, en este caso específico, de manera prioritaria, por la edad y la relevante dimensión humanitaria que tiene Alejandro Toledo con sus patologías medicamente acreditadas”, indicó a RPP.

Torres Caro exhortó al jefe de Estado a conceder a la brevedad el derecho de gracia solicitado para Alejandro Toledo. Asimismo, indicó que fue el propio expresidente quien lo autorizó a remitir el documento al mandatario Balcázar.

“Ahora vamos a ver si el presidente tiene el carácter necesario para dar viabilidad al pedido de Alejandro Toledo Manrique”, agregó el letrado.

Por otro lado, Torres Caro cuestionó las declaraciones de la senadora electa Martha Chávez, quien sostuvo que Toledo no debería recibir un indulto. En ese contexto, el abogado afirmó que ya no se puede vivir con odios en el país.

El abogado sostuvo que, si el presidente José María Balcázar rechaza el pedido de derecho de gracia presidencial, confía en que una eventual gestión de Keiko Fujimori sí concederá dicho beneficio a Alejandro Toledo.

Un informe técnico advirtió que el edificio donde funciona la sede del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ubicado en la avenida República de Panamá, en San Isidro, presenta fallas estructurales que podrían comprometer su estabilidad ante un sismo de gran magnitud, según reveló Cuarto Poder. De acuerdo con el reportaje, el inmueble fue adquirido por el Estado en 2018 por US$33.5 millones, cuando era propiedad del Banco de la Nación.

La compra se realizó durante la gestión del exministro Javier Piqué, quien señaló posteriormente que la operación se concretó sin que se solicitaran estudios estructurales previos para conocer las condiciones del edificio. La sede cuenta con 16 pisos, cuatro sótanos y una azotea, y actualmente es utilizada por más de 700 trabajadores del sector público.

¿Qué fallas se detectaron en la estructura?

En 2020, el MVCS contrató un estudio de sismorresistencia elaborado por el especialista Carlos Cortijo Narváez para evaluar el comportamiento del inmueble frente a movimientos sísmicos. El documento, compuesto por 252 páginas, concluyó que la edificación presenta problemas de diseño que incumplen el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Según el análisis, la principal vulnerabilidad se encuentra en el sexto piso, donde la ubicación de la caja de ascensores genera una distribución irregular de la estructura. Esta condición podría provocar un efecto de torsión durante un terremoto, haciendo que la parte superior del edificio tenga un movimiento distinto al de los niveles inferiores.

El informe advierte que, ante un evento sísmico severo, los elementos estructurales de ese nivel podrían no soportar las fuerzas generadas por el movimiento. El documento señala que esta situación podría ocasionar daños que comprometan la estabilidad general de la torre.

El reforzamiento del edificio contempla la instalación de sistemas estructurales y disipadores sísmicos para reducir los riesgos identificados en el estudio técnico. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado luego de que el contrato para elaborar el expediente técnico terminara por diferencias entre el MVCS y la empresa encargada.

En febrero de 2024, el ministerio otorgó la buena pro al Consorcio REYCH por más de S/700 mil, pero la falta de acuerdos sobre el diseño de la intervención y los plazos de entrega llevó el caso a un proceso arbitral. Ante la demora, el MVCS convocó en 2026 una nueva contratación para continuar con la elaboración del expediente necesario y ejecutar las obras pendientes.

Las visitas al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo habrían incumplido las restricciones de género y los controles establecidos por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Así lo reveló un reportaje de Cuarto Poder, al registrar el ingreso de personas en días que no correspondían al régimen asignado para los visitantes.

El reglamento del centro penitenciario establece que las mujeres pueden visitar a Castillo los miércoles y sábados, mientras que los domingos están reservados para los hombres. Sin embargo, las imágenes del dominical muestran que algunos varones ingresaron durante jornadas destinadas exclusivamente a visitantes femeninas sin que se registraran impedimentos.

¿Qué visitas registraron irregularidades?

Entre los casos observados figura Víctor Vallejos Tinoco, dirigente de rondas urbanas, quien habría ingresado durante un día asignado para mujeres. Además, aparece Richard Hidalgo Moreno, expostulante al Parlamento Andino, quien habría accedido al penal bajo una situación similar.

Otro visitante identificado es Dunker Wilfredo Hilario Ayala, vinculado al entorno cercano del expresidente y quien formó parte de actividades relacionadas con la comitiva de la exprimera dama Lilia Paredes. Según los registros, su permanencia en el establecimiento penitenciario habría concluido fuera de los horarios establecidos.

Las imágenes también muestran cuestionamientos por el cumplimiento de las reglas de vestimenta exigidas para los visitantes. Algunos familiares del exmandatario, como sus hermanas Castillo Terrones, también habrían ingresado al penal sin ajustarse a algunas disposiciones del reglamento.

La investigación también puso atención sobre los ingresos de personas vinculadas al ámbito político, entre ellas la diputada electa Catherine Palomino. De acuerdo con los registros de seguridad, habría accedido al penal en varias oportunidades sin presentar su documento de identidad durante el control inicial.

Las cámaras muestran que Palomino ingresó al recinto penitenciario junto a un menor de edad durante visitas realizadas el 6, 20 y 24 de junio. Estas situaciones habrían ocurrido pese a las restricciones para el ingreso de menores en determinadas zonas de seguridad del establecimiento.

La parlamentaria electa reconoció haber visitado a Pedro Castillo en más de 60 ocasiones y señaló que mantiene una relación de amistad con el expresidente. Su cercanía con el entorno del exmandatario ha sido mencionada debido a su participación como abogada defensora de Castillo durante su reclusión en el penal de Barbadillo.

Las imágenes del programa también verificaron el ingreso de vehículos fuera de los horarios habituales y el acceso de bolsas con alimentos y postres después de las 16:00 horas.

Expertos advierten posibles faltas administrativas

El exdirector del INPE César Cárdenas explicó que las normas penitenciarias deben aplicarse de la misma manera para todos los internos, independientemente de su cargo público o nivel de influencia. El especialista señaló que permitir ingresos fuera de los procedimientos establecidos podría representar una infracción administrativa.

Cárdenas precisó que existen excepciones para autoridades como congresistas en ejercicio cuando realizan labores de fiscalización, pero fuera de esos casos los accesos deben cumplir con las reglas vigentes. Añadió que el personal encargado del control puede asumir responsabilidades si se comprueba que permitió ingresos irregulares.

La revisión de los registros permitirá determinar si existieron incumplimientos en los protocolos de seguridad del penal de Barbadillo. El INPE deberá evaluar la actuación de los trabajadores responsables de los controles y establecer las medidas que correspondan.

Una serie de mensajes difundidos entre integrantes de Juntos por el Perú (JP) revelaron coordinaciones para una presunta colecta de fondos realizada a través de canales distintos a los oficiales del partido. De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, estos aportes tenían como finalidad financiar las impugnaciones de actas electorales presentadas por el partido tras los últimos comicios.

Según los integrantes del grupo de coordinación regional de Piura “Amigos de Lucha 2026”, los depósitos solicitados no habrían seguido los canales establecidos para el registro de aportes partidarios.

En las conversaciones aparece la difusión de un afiche alternativo que incluía un número telefónico diferente al de la tesorera oficial de la organización, Luzmila Ayay. Por ello, un grupo de militantes y simpatizantes cuestionaron que los aportes fueran dirigidos a cuentas personales y no a los mecanismos de recaudación reconocidos por la dirigencia nacional.

Los simpatizantes compararon el material difundido con la información validada por la organización política. De acuerdo con este procedimiento interno, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) solo reconocía los ingresos gestionados directamente por la tesorera oficial.

El contacto que figuraba en el afiche correspondía a Dacia Romero, personera legal de Huancavelica. Según su versión, la diputada electa por esa región, Catherin Palomino, coordinó la colocación de ese número bajo el argumento de atender una situación de emergencia para cubrir los gastos del proceso electoral.

Romero señaló que Palomino evitó utilizar sus propias cuentas bancarias en el material de difusión por posibles consecuencias legales. En ese contexto, la personera habría asumido la recepción de los aportes mientras avanzaba la recolección de fondos.

ONPE podría revisar movimientos financieros

El caso podría ser evaluado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), debido a las diferencias entre las versiones de los involucrados sobre el ingreso y manejo de los recursos. Juntos por el Perú indicó que todavía no presenta el balance consolidado de aportes porque la entidad electoral aún no establece el cronograma de rendición de cuentas.

Al respecto, el presidente del instituto Aklla, José Tello, señaló que la existencia de versiones contradictorias entre la tesorera del partido y la personera regional amerita una revisión de los movimientos económicos. La evaluación técnica incluiría la identificación de aportantes, cuentas utilizadas y destino de los fondos.

Si se determina que los recursos fueron recibidos fuera de los canales declarados o que existieron mecanismos paralelos de recaudación, las autoridades competentes deberán establecer si hubo responsabilidades administrativas o legales. El análisis dependerá de la documentación financiera que presente la organización política y de las verificaciones que realice la autoridad electoral.

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite una demanda de hábeas corpus presentada a favor del expresidente José Pedro Castillo Terrones, según la Resolución N.° 01 emitida el 10 de julio de 2026.

La demanda fue interpuesta por Walter Edison Ayala Gonzales y está dirigida contra el presidente de la República, José María Balcázar Zelada; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra; el presidente del Congreso; jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema; el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley Soria; y la fiscal de la Nación.

La resolución fue emitida por la jueza Ana del Rosario Osorio Sosa, titular del Segundo Juzgado Constitucional de Lima.

El @Poder_Judicial_ ha ADMITIDO a trámite el hábeas corpus a favor del Presidente @PedroCastilloTe Castillo. El abuso debe terminar:@ONU_es declaró ARBITRARIA su detencion y exige su INMEDIATA LIBERTAD.
#LibertadParaCastillo@OEA_oficial @congresoperu@CIDH @Defensoria_Peru pic.twitter.com/EYh4MaPr5a

— Walter Ayala Gonzales (@walterayala3000) July 13, 2026

¿Qué dispone la resolución?

En el auto admisorio, el juzgado resuelve admitir a trámite la demanda de hábeas corpus por un presunto atentado contra la libertad individual del exmandatario.

Asimismo, dispone correr traslado de la demanda a:

• Procuraduría General del Estado.
• Procuraduría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
• Procuraduría del Congreso de la República.
• Procuraduría del Poder Judicial.
• Procuraduría del Ministerio Público.

Las entidades deberán presentar sus descargos en un plazo de tres días desde la notificación de la resolución.

La admisión no resuelve el fondo del proceso

La admisión de un hábeas corpus constituye un acto procesal mediante el cual el juez verifica que la demanda cumple los requisitos formales para iniciar su evaluación.

Esta decisión no implica que el Poder Judicial haya declarado fundada la demanda ni que haya determinado la existencia de una vulneración de derechos. El proceso continuará con la presentación de los descargos y el análisis de los argumentos de las partes antes de emitirse una resolución sobre el fondo del caso.

En ese contexto, consideró que la conducción de la política exterior corresponde al jefe de Estado y no al canciller.

“El comunicado de Cancillería contradiciendo esta certeza institucional de expertos internacionales, nosotros nos preguntamos, tampoco es una casualidad y más por la actual Cancillería que conduce el señor Pareja y desde nuestro punto de vista actúa de manera sesgada. Nosotros preguntamos, quién dirige la política exterior, el ministro o el presidente, pues quien dirige la política exterior es el presidente de la República, le guste o no al canciller”, expresó.

Exhortan al Ejecutivo a otorgar gracias presidenciales

Durante la conferencia también intervino Ernesto Zunini, quien solicitó al presidente encargado, José María Balcázar, evaluar la concesión de gracias presidenciales a Pedro Castillo. Según indicó, el informe elaborado por especialistas internacionales ofrece elementos suficientes para adoptar esa decisión.

“Exhortar al presidente José María Balcázar, presidente encargado quien en la víspera había señalado en un medio de comunicación que estaba esperando un informe de un jurista experto en la materia para poder tomar una decisión sobre el otorgamiento de gracias presidenciales al presidente Pedro Castillo. Tiene en este informe de expertos internacionales sus dudas absueltas, por lo tanto, le exhortamos a que otorgue gracias presidenciales y libertad al presidente constitucional Pedro Castillo”, señaló.

Niega eventual ingreso al Ejecutivo

Sánchez también respondió a las versiones que lo vinculan con un posible cargo dentro del actual Gobierno. El excongresista rechazó esos rumores y aseguró que nunca ha existido una propuesta para incorporarse al Poder Ejecutivo.

“Descarto eso absolutamente, no sé de dónde ha surgido esa idea, en primer lugar, ni tengo la intención, ni la voluntad ni nada y tampoco nadie me lo ha planteado, creo que viene un poco más de la especulación”, afirmó.

"Está en estudio, aún no hay nada“, respondió el jefe de Estado al ser consultado sobre la solicitud que la defensa de Castillo presentó el 10 de julio ante la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La defensa del exmandatario busca que el beneficio sea otorgado antes del 28 de julio, con motivo de las Fiestas Patrias. A diferencia de otros indultos concedidos en el país por razones humanitarias y de salud, la solicitud de Castillo se sustenta en un pedido de gracia común.

Los abogados del expresidente argumentan que aún no existe una sentencia firme en su contra, ya que la condena de 11 años y cinco meses de prisión por el caso relacionado con el intento de golpe de Estado continúa en etapa de apelación. Sostienen, además, que se habría superado el plazo máximo de reclusión sin una resolución definitiva.

Sin embargo, el panorama para la solicitud no sería favorable. Días atrás, el ministro de Justicia, Luis Jiménez, adelantó que no firmará una eventual resolución de indulto al considerar que no se cumplen las condiciones jurídicas exigidas para conceder este beneficio presidencial.

Con la declaración del presidente Balcázar, el Ejecutivo confirma que el nuevo expediente permanece en trámite y que, hasta el momento, no existe una decisión sobre la solicitud presentada por la defensa del exmandatario, luego que el anterior pedido fue denegado.

VIDEO

El excanciller Hugo de Zela sostuvo que el informe emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas sobre el expresidente Pedro Castillo no tiene carácter vinculante para el Estado peruano y, por tanto, no puede ser utilizado como fundamento jurídico para otorgarle una gracia presidencial.

En declaraciones a Canal N, De Zela explicó que el documento corresponde a la opinión de un grupo de expertos y no constituye una resolución oficial de las Naciones Unidas.

“No es una decisión de las Naciones Unidas. Es una opinión de un grupo de trabajo y ni siquiera existe unanimidad entre sus integrantes, porque dos miembros emitieron votos discrepantes”, manifestó.

Critica el contenido del documento

El exministro de Relaciones Exteriores cuestionó el contenido del informe y sostuvo que omite elementos relevantes del proceso judicial seguido contra Pedro Castillo.

Según indicó, el grupo de trabajo no analizó los argumentos expuestos por la Corte Suprema ni el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente anunció la disolución del Congreso y otras medidas excepcionales.

“El informe no aborda los argumentos de la Corte Suprema ni del Tribunal Constitucional. Se limita a presentar lo ocurrido como un ejercicio de libertad de expresión, cuando millones de peruanos vimos un intento de quebrar el orden constitucional”, afirmó.

Asimismo, calificó de “insultante para los peruanos” que el documento no reconozca los hechos registrados durante el mensaje presidencial de Castillo.

Descarta que pueda justificar una gracia presidencial

Consultado sobre la posibilidad de que el presidente José María Balcázar otorgue una gracia presidencial al exmandatario tomando como referencia el informe de la ONU, De Zela señaló que la Constitución establece supuestos específicos para este tipo de medidas.

A su juicio, el documento no modifica el marco constitucional ni tiene fuerza jurídica para alterar las condiciones previstas por la legislación peruana.

“La gracia presidencial tiene condiciones claramente establecidas en la Constitución. Este informe no modifica esas reglas ni tiene fuerza jurídica para hacerlo”, sostuvo.

El excanciller agregó que una eventual decisión adoptada al margen de la Constitución podría generar responsabilidades constitucionales y penales para las autoridades que la aprueben y refrenden.

Además, expresó su confianza en que el Ministerio de Justicia actuará conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Considera posible recomponer la relación con México

Durante la entrevista, De Zela también se refirió al proceso de acercamiento entre Perú y México.

El excanciller afirmó que observa un cambio en el tono de las declaraciones de la presidenta mexicana y consideró positivo que ambos gobiernos busquen retomar el diálogo diplomático.

“Con México nos unen vínculos históricos, comerciales y políticos muy importantes. Lo fundamental es que exista el compromiso de no intervenir en los asuntos internos de otros países”, señaló.

Finalmente, manifestó su expectativa de que el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas se concrete sobre la base del respeto mutuo y los principios del derecho internacional.

Durante una entrevista en Exitosa, la legisladora sostuvo que la relación entre el Estado y la población será un elemento importante de la nueva administración. En ese contexto, consideró que la atención de las demandas ciudadanas contribuirá a recuperar la confianza en las instituciones.

Gobierno deberá avanzar hacia la reconciliación nacional

Chacón sostuvo que uno de los principales desafíos del próximo gobierno será promover la unidad entre los distintos sectores del país. A su juicio, la reconciliación nacional responde a una fractura social que se ha mantenido durante varios años y no únicamente a los acontecimientos políticos recientes.

“Yo creo, sin duda alguna, que el tema de la gobernabilidad y que la reconciliación en el país, tiene que darse. No solo por el tema del señor (Pedro) Castillo. El tema de la unidad es por esos dos Perús que han estado fracturados durante varios años. Tiene que solucionarse, y eso se da en un Gobierno que está cercano a la población”, manifestó.

La vocera de Fuerza Popular también señaló que un gobierno debe garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas y mejorar el acceso a servicios esenciales. Asimismo, indicó que la población espera respuestas concretas en materia de salud, infraestructura y seguridad.

“Un Gobierno que funciona es en el que se den obras, en que las instituciones funcionen. En que una madre no tenga que perder a un hijo, que no cuenta con atención médica. Que nosotras podamos tener esa tranquilidad y seguridad de que nuestros hijos cuando salgan de la casa, van a regresar”, expresó.

Finalmente, Chacón informó que Keiko Fujimori tiene previsto reunirse con Ricardo Belmont y representantes del partido Obras como parte de la ronda de encuentros que viene sosteniendo con distintos actores políticos. En esa línea, explicó que el objetivo será intercambiar puntos de vista y buscar consensos para el próximo periodo de gobierno.

“Tenemos que estar muy contentos no solamente por el resultado de las elecciones, sino porque se desarrollaron de manera pacífica y sin los escenarios de violencia que algunos pronosticaban”, manifestó.

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Carlos Spa, excandidato presidencial de Sí Creo, sobre posibilidad de ser canciller en el gobierno de Keiko Fujimori: No me voy a pronunciar sobre ese tema. Todos los peruanos tenemos que estar dispuestos a poner nuestro granito de arena

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Evita pronunciarse sobre un posible cargo

Consultado por la prensa sobre las versiones que lo vinculan con una eventual designación como ministro de Relaciones Exteriores, Espá evitó confirmar o descartar esa posibilidad. Según indicó, por el momento, solo existen especulaciones y prefirió no emitir comentarios sobre la conformación del próximo gabinete.

Asimismo, sostuvo que cualquier ciudadano debe estar dispuesto a contribuir con el país desde el rol que le corresponda, aunque remarcó que no hablará sobre versiones relacionadas con futuros nombramientos.

“En el Perú existe libertad de opinión, de información y también de especulación. Frente a esas versiones prefiero no hacer ningún comentario”, afirmó.

Respalda medidas contra la inseguridad

Durante sus declaraciones, Espá expresó su respaldo a las propuestas anunciadas por Keiko Fujimori para enfrentar la inseguridad ciudadana. Entre ellas destacó la construcción de penales de máxima seguridad y el endurecimiento de las medidas contra las organizaciones criminales.

El excandidato consideró que los cabecillas de estas redes deben enfrentar un régimen penitenciario más estricto para impedir que continúen operando desde prisión.

Espá también valoró la intención del próximo gobierno de integrar al Perú en el denominado Escudo de las Américas, iniciativa promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para coordinar acciones regionales contra el crimen organizado transnacional. Señaló que delitos como el narcotráfico y el lavado de activos requieren una respuesta conjunta entre los países del continente.

“Las organizaciones criminales operan internacionalmente y ningún país puede enfrentarlas de manera aislada. Se necesita una respuesta coordinada entre América Latina y Estados Unidos”, expresó.

Finalmente, el líder de SíCreo precisó que durante la reunión no presentó propuestas específicas de su plan de gobierno a la presidenta electa. No obstante, indicó que ambos coinciden en diversos planteamientos relacionados con la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.

Acuña explicó que acudió a la vivienda de la mandataria electa para felicitarla por el resultado de las elecciones y expresarle sus deseos de éxito en la gestión que asumirá en los próximos días. También señaló que el escenario posterior a los comicios representa una oportunidad para fortalecer la coordinación entre los actores políticos.

“He venido a saludarla. Ya terminó la competencia electoral y he venido a desearle lo mejor. Esta es una gran oportunidad para que todos los políticos estemos cerca de la presidenta”, manifestó.

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César Acuña, excandidato de APP, tras reunirse con Keiko Fujimori: Yo tengo fe y confianza que hará un buen gobierno

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En declaraciones a la prensa, Acuña consideró que el país necesita dejar atrás la inestabilidad política registrada en los últimos años. En ese sentido, exhortó a las bancadas del Congreso a construir consensos y priorizar el interés nacional.

“Con la presidencia de la señora Keiko debería haber un punto de quiebre. Ya no más muchos presidentes en cinco años. Invoco a todas las fuerzas políticas que hoy están en el Congreso a dialogar y pensar en el país, dejando de lado los intereses personales”, exhortó.

Asimismo, señaló que espera que el nuevo periodo presidencial permita consolidar un escenario de estabilidad política.

“Me encantaría que este sea un gobierno de cinco años de gobernabilidad y estabilidad, y que al final el gran ganador sea el Perú”, agregó.

Durante la reunión, César Acuña señaló que compartió con Keiko Fujimori su experiencia como exgobernador regional de La Libertad y recomendó mantener una coordinación permanente con alcaldes y gobiernos regionales, al considerar que conocen las principales necesidades de la población.

En otro momento también sostuvo que la inseguridad ciudadana y el eventual impacto del fenómeno de El Niño, especialmente en el norte del país, deben figurar entre las prioridades de la próxima gestión.

“Debe estar lo más cerca posible de los alcaldes y de los gobiernos regionales, porque ellos conocen las necesidades de la población. El problema del Perú es la inseguridad. En el caso del norte también está el fenómeno de El Niño, por eso es importante trabajar de la mano con los gobiernos regionales”, precisó.

Descarta solicitar cargos en el Ejecutivo

Consultado sobre una eventual participación de Alianza para el Progreso en el próximo gabinete ministerial, Acuña aseguró que su partido no ha solicitado espacios dentro del Ejecutivo. También precisó que no ha propuesto nombres para ocupar ministerios ni la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Ninguna. Este es el momento para que cada gobierno ponga a las mejores personas. La gestión depende de los ministros y quien los designa es la presidenta”, afirmó.

En la actividad participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; el viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Gerber Pérez, y otras autoridades. El mandatario señaló que estos dispositivos permitirán que los estudiantes accedan a información y herramientas digitales para complementar su aprendizaje.

💻 El presidente de la república, José María Balcázar, participó en la entrega de tabletas electrónicas a la I.E. de Señoritas Arequipa, en la región Arequipa, reafirmando el compromiso del Gobierno con una educación de calidad y con mayores oportunidades para los estudiantes.… pic.twitter.com/jTyEvCdHQi

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Plantea mayor acceso a educación pública

Durante su intervención, el jefe de Estado sostuvo que su administración busca ampliar las oportunidades educativas mediante nuevas herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de instituciones de enseñanza. También mencionó que durante su mandato se han creado universidades públicas en diferentes regiones del país.

El presidente destacó la necesidad de contar con más centros de educación superior que ofrezcan formación gratuita y de calidad. En ese sentido, señaló que el impulso a la educación será uno de los principales aspectos que distinguirán a su gestión.

“Yo pienso que nuestro Gobierno se está caracterizando por eso, y se va a distinguir de los demás porque estamos dando un impulso extraordinario a la educación”, afirmó.

El mandatario también aseguró que continuará promoviendo medidas a favor de la educación pública con respaldo del Consejo de Ministros.

“No me cansaré de seguir apoyando a la educación, y para eso cuento también con un Consejo de Ministros que nos apoya en todo ese tipo de empresa. Ahí no perdemos, es una magnífica inversión la que se hace y la que se tiene que hacer en el futuro, tener más acceso más apoyo del Gobierno para que la educación pública sea de calidad”, sostuvo.

Salud también forma parte de las prioridades

Durante su visita a Arequipa, Balcázar señaló que la salud es otro de los sectores priorizados por su administración. El presidente acudió a supervisar los avances de la construcción del Hospital Maritza Campos Díaz, infraestructura que atenderá a población de Arequipa, Cusco y Puno.

La obra forma parte de las acciones que el Ejecutivo viene impulsando en materia de servicios públicos. El mandatario destacó que la atención sanitaria complementa los objetivos de su gestión junto al fortalecimiento del sistema educativo.

Fortaleciendo la atención en salud 🏥 El presidente de la república, José María Balcázar, inspeccionó el avance de la construcción del Hospital Maritza Campos Díaz, una importante obra que permitirá ampliar la capacidad de atención y brindar servicios de salud de mayor calidad.… pic.twitter.com/NcVnLnJnmx

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El encuentro de carácter protocolar y tiene como objetivo que expresar las felicitaciones hacia Fujimori por su elección. Tras la reunión, ambos tienen previsto brindar declaraciones para informar sobre los temas abordados durante la conversación.

La visita de Acuña se suma a los encuentros que Keiko Fujimori ha sostenido con otros excandidatos durante los últimos días. Entre quienes acudieron previamente a saludarla figuran Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, Wolfgang Grozo y Enrique Valderrama.

Estas reuniones forman parte de las actividades que desarrolla la presidenta electa como parte del proceso previo al cambio de Gobierno. En esta etapa también viene recibiendo a autoridades y representantes de distintas regiones del país.

Keiko Fujimori recibirá credenciales del JNE esta semana

La reunión con César Acuña ocurre a pocos días de que Keiko Fujimori reciba sus credenciales oficiales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La ceremonia está programada para este miércoles 15 de julio al mediodía y representa uno de los pasos dentro del proceso de transición presidencial.

Además de este encuentro, la presidenta electa tiene previsto reunirse con representantes y autoridades de regiones del oriente del país. Entre ellos se encuentran alcaldes de Pucallpa, Madre de Dios y Loreto, según se informó.

A pocos días del cambio de mando presidencial, una encuesta elaborada por Datum para El Comercio revela que el principal desafío que la ciudadanía espera que atienda el próximo gobierno de Keiko Fujimori es la inseguridad ciudadana.

Según el estudio, el 73 % de los encuestados considera que combatir la delincuencia debe ser la prioridad de la nueva gestión. Esta preocupación está vinculada al incremento de las extorsiones y los ataques contra transportistas, comerciantes y otros sectores registrados en los últimos años.

Empleo, salud y educación también figuran entre las prioridades

Además de la seguridad, los participantes del sondeo identificaron otros temas que consideran fundamentales para la agenda del nuevo Poder Ejecutivo.

Las principales prioridades mencionadas fueron:

• Combatir la inseguridad ciudadana: 73 %.
• Generar empleo y reactivar la economía: 26 %.
• Mejorar los servicios de salud: 24 %.
• Fortalecer la educación: 20 %.
• Reducir la corrupción: 17 %.
• Disminuir la pobreza y las desigualdades: 9 %.

En una consulta adicional sobre el principal foco de la gestión gubernamental, el 48 % reiteró que la seguridad ciudadana debe concentrar el mayor esfuerzo del Ejecutivo, seguida por la lucha contra la corrupción (11 %), educación (10 %), salud (10 %) y empleo (8 %).

Expectativas sobre el nuevo gobierno

El estudio también evaluó la percepción ciudadana sobre el desempeño que podría tener la próxima administración.

El 42 % de los consultados considera que el gobierno de Keiko Fujimori será mejor que el del mandatario saliente, José María Balcázar.

En tanto:

• El 25 % cree que la situación será similar.
• El 20 % considera que será peor.
• El 13 % no expresó una opinión.

Respecto al panorama del país en los próximos cinco años, el 52 % de los encuestados afirmó que espera una mejora en la situación general del Perú, mientras que el 17 % estima que el país empeorará durante ese periodo.

Ficha técnica del estudio

La encuesta fue realizada por Datum para el diario El Comercio entre el 3 y el 6 de julio, con cobertura nacional.

El proceso definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1,724 regidores provinciales, 1,696 alcaldes distritales y 9,118 regidores distritales.

El ente electoral instalará más de 89 mil mesas de votación en más de 10 mil locales destinados a cerca de 1,900 centros poblados.

La institución también implementará 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) para organizar los comicios.

Además, la ONPE realizará el sorteo de miembros de mesa el próximo 24 de julio, y desarrollará la capacitación nacional entre el 20 y el 27 de setiembre.

El dictamen incorpora 4,160 millones de soles mediante crédito suplementario, autoriza una emisión de bonos por 1,260 millones de soles e incorpora mayores ingresos para gobiernos regionales y locales.

La Comisión de Presupuesto aprobó la iniciativa el 30 de junio, con 28 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.

Sin embargo, la sesión del pasado jueves quedó suspendida tras un pedido del presidente de dicho grupo de trabajo, Alejandro Soto. “No se logró un avance significativo en la evaluación de la propuesta, pese a los esfuerzos que viene promoviendo la comisión”, reza su oficio.

López Aliaga fue proclamado senador para el periodo 2026-2031 tras las Elecciones Generales.

No obstante, el líder “celeste” anunció públicamente su “desistimiento” de ocupar ese escaño para participar en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) como candidato a primer regidor, posición que le permitiría regresar a la MML de resultar electa su lista, encabezada por el médico Luis Rubio.

Fue el 19 de junio que su agrupación política presentó la solicitud de inscripción de sus 41 candidatos.

Sin embargo, días después, el JEE declaró inadmisible el expediente al advertir observaciones relacionadas con la acreditación de domicilio de varios postulantes, licencias laborales de servidores públicos y la necesidad de sustentar la situación jurídica de López-Aliaga y del candidato Guillermo Valdivieso, proclamado parlamentario andino.

Reclamo. El partido presentó una subsanación el 24 de junio y el ente electoral la evaluó. Sin embargo, concluyó que esta no bastó para modificar el estado jurídico de López-Aliaga.

El personero Fernando Sandoval Ruiz apeló ese fallo el 3 de julio y alegó que “un congresista electo no tiene la misma condición de un congresista en funciones, habida cuenta que este último está sujeto al estatuto parlamentario y a instituciones como la irrenunciabilidad en el ejercicio del cargo”.

Añadió que López-Aliaga ya devolvió su credencial de senador a la Secretaría General del JNE y que el Congreso les remitió su caso para dejar sin efecto su acreditación y convocar a su accesitario.

La presidenta electa Keiko Fujimori aseguró que en los primeros meses de su gestión el Perú podrá ver cambios en los indicadores de inseguridad ciudadana.

“Lo que ustedes van a ver, sobre todo, es decisión política de nuestro gobierno. Desde los primeros meses ustedes empezarán a notar un orden y recuperación de la paz en el Perú”, prometió.

EL PLAN

En entrevista con la revista Semana, de Colombia, la mandataria mencionó que una de las propuestas de su partido es cuidar las fronteras con apoyo militar.

“Las Fuerzas Armadas y la Policía participarán en rastrillajes, en buscar proactivamente a los delincuentes”, afirmó.

En esa línea, recordó que la delincuencia internacional no tiene nacionalidad; por lo tanto, será clave compartir información de Inteligencia entre los países.

Como tercer punto mencionó que hay políticas públicas que funcionan y otras no.

“La impunidad reina en el Perú. De cada 10 mil denuncias solo cinco llegan a ser sentencias, pero hay juzgados de flagrancia donde el ratio de sentencias llega al 85% o 90%, entonces tenemos que implementar juzgados de flagrancia en todo el país. Habrá que hacer modificaciones al Código Penal”, adelantó.

MÁS

La lideresa de Fuerza Popular también se refirió a la construcción de cárceles.

“Hemos planteado, desde el plan de gobierno, por lo menos la construcción de cuatro cárceles grandes y una cárcel para los criminales más avezados y peligrosos”, destacó.

Agregó que para tal fin se convocarán a licitaciones internacionales.

Mientras que el sábado por la noche, un bus de la empresa de transporte interprovincial Civa que tenía como destino Chiclayo, fue atacado a balazos en Los Olivos.

Estos graves hechos confirman que el reto más grande que deberá afrontar Keiko Fujimori al asumir la presidencia del Perú este 28 de julio será tener un plan para combatir los altos índices de inseguridad ciudadana.

Ese flagelo que no deja a los peruanos desarrollar sus actividades con tranquilidad requerirá de una estrategia firme que permita reducir las cifras de espanto que se mantienen vigentes.

De acuerdo con la información revisada por Correo, en lo que va del año se han registrado 126 atentados a vehículos de transporte públicos, 1102 homicidios y 10,458 denuncias por extorsión.

LAS CIFRAS

El número de homicidios en el Perú es una cifra que se mantiene constante en los últimos años.

Entre los meses enero y julio de este año, se tienen reportados 1102 casos de homicidio en el País.

El número de asesinatos reportados en estos meses fueron los siguientes: Enero (175), febrero (166), marzo (197), abril (163), mayo (168), junio (187) y julio (46).

La región que reportó el mayor número de homicidios es Lima con 435 (ver infografía).

A esto se le suman las constantes denuncias por extorsión en el Perú que entre enero y mayo de este año, suman 10,458.

Al día se reciben en promedio 69 denuncias por extorsión, es decir, una cada 21 minutos por lo menos.

En lo que va del año, las denuncias por extorsión según los meses, se ha distribuido de la siguiente manera: Enero (2047), febrero (1999), marzo (2068), abril (2151) y mayo (2193).

ATAQUES

Otro indicador de la grave de crisis de inseguridad que atraviesa el país tiene que ver con los atentados al transporte público.

La mañana de ayer fue atacado el bus de una agrupación musical que dejó heridos a Alexander Burga (conductor del bus), Jaime Eduardo Neciosup (trompetista) y Miguel Leyva (auxiliar del conductor).

“Las estrellas de la Cumbia” es una agrupación que recibe amenazas extorsivas hace nueve meses de parte de una organización criminal.

De acuerdo con las cámaras de seguridad el bus se encontraba estacionado en la avenida Los Platinos (Los Olivos) cuando apareció una motocicleta lineal con dos personas.

Se registraron por lo menos 12 impactos de bala.

Mientras que el sábado, un bus de la empresa Civa fue atacado cerca al paradero Villa Sol en la Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos.

La unidad que iba del sur al norte recibió al menos cuatro impactos de bala mientras llevaba pasajeros a bordo.

Los responsables fueron dos personas que viajaban al bordo de una motocicleta.

El ataque no dejó heridos, pero si una sensación de temor de los usuarios que fueron trasladados a otra unidad vehicular para continuar con su recorrido.

Precisamente, entre enero y mayo de este año, se registraron 126 atentados contra el transporte público, 87 de esos ataques con víctimas fallecidas o lesionadas y 39 sin víctimas fallecidas.

El número de atentados que ocurrieron por mes fueron los siguientes: Enero (33), febrero (25), marzo (26), abril (17) y mayo (25).

Del total de ataques, 31 ataques se registraron desde la medianoche hasta las 6 a.m., 7 ocurrieron entre las 6:01 a.m. y el medio día, mientras que entre las 12:01 a.m. y las 6 de la tarde se registraron 22 ataques.

El mayor número de ataques ocurre entre las 18:01 p.m. y la medianoche, pues hasta la fecha acumula 66 atentados.

TESTIMONIO

Al respecto, Julio Bretoneche, dirigente de transportistas de Lima Sur, dijo que su gremio ve con mucha preocupación la escalada de eventos de sicariato y extorsión contra trabajadores y usuarios del transporte público.

“Los atentados siempre se han producido en motos o sino en el llamado falso pasajero, que sube y atenta directamente dentro del bus. Las cifras son aterradoras”, afirmó.

En diálogo con RPP, el dirigente dijo que todavía luchan para la recuperación de conductores que se encuentran gravemente heridos.

“Hay un conductor que está entre la vida y la muerte, que recibió cinco balazos en su cuerpo. Hasta el día de hoy, después de casi seis meses, sigue con unas terapias y no está fuera de peligro”, relató.

Bretoneche dijo que si bien la Policía hizo capturas de integrantes de organizaciones dedicadas a la extorsión, no se tienen los resultados esperados.

“Todas las empresas siguen pagando extorsión, no solamente a una banda, muchas pagan a tres, cuatro, y hay empresas que pagan a más todavía”, indicó.

Virtual empate

En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular y Renovación Popular sumarían 56 escaños, la misma cifra que alcanzarían Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación (AN) y el Partido Cívico Obras, si estas bancadas actúan en conjunto, como se perfila.

En el Senado, el bloque integrado por el fujimorismo y Renovación Popular alcanzaría 30 votos, frente a los 23 que tendrían JP, AN y Obras.

Este escenario anticipa que las principales votaciones dependerán de acuerdos entre bancadas y de la solidez de las alianzas que logren consolidarse.

Cabe mencionar que estas aproximaciones responden a proyecciones de los bloques políticos que comenzaron a delinearse tras las elecciones.

El 6 de julio, Roberto Sánchez, Alfonso López-Chau y Ricardo Belmont anunciaron –mediante un comunicado– la formación de una “coalición parlamentaria”.

“Ejerceremos, desde ambas Cámaras, un control político firme, vigilante y responsable”, refirieron en el pronunciamiento.

Sin embargo, al mismo tiempo, la diputada electa de Obras, Andrea Medina, reveló en Canal N que el vocero de su agrupación, Daniel Barragán, había sostenido un acercamiento con el fujimorismo para conversar sobre la conformación de la próxima Mesa Directiva del Senado.

Tres días después, el 9 de julio, tras reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori, Rafael López-Aliaga, anunció la formación de un bloque de respaldo político al próximo gobierno. Además, reveló que conversa con otras dos bancadas para ampliar la eventual alianza.

Por su lado, el Partido del Buen Gobierno, que contará con 18 diputados y siete senadores, ha optado por mantenerse al margen de cualquier coalición, por lo que su posición podría resultar determinante en votaciones clave.

Opinión

Al respecto, el analista político César Campos advirtió que la correlación de fuerzas no necesariamente se traducirá en bloques sólidos dentro del Parlamento.

“Los verdaderos bloques inamovibles, con una jerarquía bien determinada, son solamente Fuerza Popular y Renovación Popular”, adelantó a Correo.

En contraste, estimó que la coalición que integrarían Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras aún deberá demostrar su solidez, debido a la debilidad de sus liderazgos y a la posibilidad de que algunos legisladores se desmarquen de la línea de sus agrupaciones.

“Respondiendo a una tradición política peruana, justamente ese tipo de movimientos son los que sufren las primeras fracturas”, pronosticó.

A su parecer, el anuncio de la “coalición parlamentaria” favorece principalmente a Sánchez.

“Quiere dar la imagen de todavía ser el eje de la unidad de un bloque de izquierda en el Perú (...) Él busca como sea tener un sitio en la política, pero ha perdido incluso la elección para diputado”, recalcó.

Finalmente, señaló que la verdadera suma de fuerzas se conocerá cuando el Congreso empiece a tomar decisiones y se definan las primeras alianzas, especialmente con la elección de las mesas directivas.

Según el dominical de Punto Final, esto comprende un cronograma ajustado aún más por la tardanza en oficializar los resultados de las Elecciones Generales 2026.

Quien lidera esta tarea es Marco Antonio Vinelli Ruiz, designado por Fujimori como jefe del equipo de transferencia, pese a que actualmente enfrenta un proceso de indemnización iniciado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por presuntas irregularidades cometidas cuando dirigió Agro Rural, entre 2015 y 2016.

Ante los cuestionamientos, la propia presidenta electa salió a respaldarlo públicamente, asegurando que se trata de un profesional idóneo y honesto.

El intercambio de información se hace en reuniones cara a cara entre ambos equipos, aunque todo queda registrado en un sistema virtual que administra la Contraloría, donde se sube la data sobre presupuesto, gasto, recursos humanos y rendición de cuentas de cada sector.

Un detalle particular: cada ministro solo está obligado a entregar información de su propia gestión, lo que deja casos curiosos como el de Flavio Cruz (ministro de Trabajo), quien entregará información de los 18 días que permanecerá en el cargo antes del cambio de gobierno.

POCO TIEMPO, MUCHAS TAREAS PENDIENTES

El principal problema es la falta de tiempo. Recién la semana pasada arrancó la capacitación a las comisiones, y varias de ellas ni siquiera llevan más de unos días de instaladas. Si bien Fujimori mencionó que busca tener un diagnóstico completo del aparato estatal, lo cierto es que la información recibida hasta ahora es apenas el punto de partida.

Como se conoce, cada comisión tendrá que revisar en qué situación están los proyectos, detectar los principales problemas y trazar las prioridades con las que arrancará el nuevo gobierno.

Sumado a ello, todo esto ocurre cuando el próximo gobierno ya se alista para lidiar con situaciones urgentes como la inseguridad ciudadana, un eventual fenómeno de El Niño de gran magnitud y la crisis que atraviesa el sistema de salud. Al respecto, Keiko Fujimori no descarta usar decretos de urgencia para adelantarse a los riesgos climáticos, mientras que distintas autoridades y dirigentes políticos ya se han acercado a plantearle sobre estos temas durante las reuniones sostenidas hasta el momento.

En simultáneo, sigue en marcha la negociación para armar el primer gabinete ministerial. Entre los nombres que circulan destacan Marco Vinelli para Agricultura, Elmer Cuba para Economía, Carlos Espá para Relaciones Exteriores, Marco Miyashiro para Interior y José Antonio Chang para Educación.

Cabe mencionar que el proceso de transferencia seguirá hasta el 28 de julio y terminará formalmente el 13 de agosto con la entrega del informe final, que servirá como punto de partida para el nuevo gobierno.

En el dominical de Punto Final, la joven contó que le cuesta mucho renunciar a esa oportunidad, porque ahora tendría que volver a empezar en un territorio que le resulta nuevo.

Su caso no es aislado. El Estado decidió excluir el presupuesto de la Beca Bicentenario del crédito suplementario, dejando en la incertidumbre el futuro de miles de estudiantes, y sumado a ello, existe el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley del PRONABEC dentro del Ministerio de Educación (MINEDU), el cual incluye cambios clave en las causales de pérdida de beca (artículo 34) debido a deficiencias en el rendimiento académico y otros.

En detalle, el Congreso decidió no financiar 150 becas Bicentenario, lo que dejó sin sus vacantes a jóvenes que habían ingresado a algunas de las mejores universidades del mundo.

Alexandra Ames, exdirectora de Pronabec, sostuvo que el financiamiento de este programa nunca debió estar en cuestión, pues el ítem presupuestal ya figuraba en el presupuesto inicial de apertura del programa. Según su lectura, todo indica que ese presupuesto fue retirado para reforzar otras becas, como Beca 18.

UN REGLAMENTO QUE ENDURECE LAS REGLAS

El malestar no solo proviene de los postulantes que perdieron su vacante, sino también de los actuales beneficiarios de Pronabec, que rechazan la propuesta de modificar el reglamento del programa. Una becaria consultada exigió que no se apruebe el cambio, pues considera que atenta contra su derecho a la educación.

Según el documento en revisión, el MINEDU busca modificar los requisitos, obligaciones y sanciones para los beneficiarios, lo que abriría la puerta a que algunos estudiantes pierdan la beca por primera desaprobación de un curso. Renato Vilca, beneficiario de la Beca Permanencia, señaló que no está en contra de la exigencia académica, pero considera desproporcionado que jalar un curso —una dificultad que se puede recuperar— derive en la pérdida total del beneficio.

Para Alexandra Ames, la medida no solo implica un filtro excesivamente duro, sino también una decisión ineficiente en el uso de los recursos, ya que, cuando el Estado invierte en un joven y este desaprueba un curso, la consecuencia sería que esa persona pierda cualquier posibilidad de continuar sus estudios y la inversión hecha previamente se “tire al agua”.

La propuesta también restringiría la manera en que los becarios organizan sus estudios, al exigirles matricularse exactamente en la cantidad de créditos prevista en la malla curricular de cada periodo, con lo que tendrían menos margen para adelantar o postergar cursos por cuestiones personales. Asimismo, si un estudiante descubre que su verdadera vocación está en otra carrera, no podría cambiar o está en riesgo de perder el beneficio.

A ello se suma una disposición contenida en el artículo 28 de la propuesta, que establece que los becarios deberán “mantener un trato respetuoso y adecuado con los funcionarios, servidores y demás colaboradores del PRONABEC, absteniéndose de incurrir en conductas intimidatorias, agresivas o violentas”. Incumplir un reglamento también pondría en jaque el beneficio. “Una protesta o reclamo podría poner en riesgo de perder la beca”, dijo un becario.

LOS PROGRAMAS EN RIESGO

Como se conoce, la Beca 18 cubre estudios, alimentación, movilidad y, en algunos casos, alojamiento mediante alquileres. La Beca Permanencia ayuda a los jóvenes de universidades públicas a seguir estudiando, principalmente pagando gastos diarios como la comida, movilidad y materiales.

La Beca Hijos de Docente financia los estudios de los hijos de profesores de carrera pública magisterial. Cubre gastos de la carrera, alojamiento, alimentos y pasajes.

A poco de terminar esta gestión, los parlamentarios son cuestionados por realizar estos viajes, sin priorizar los temas importantes en el Perú, como la inseguridad ciudadana.

VIAJES ENTRE JUNIO Y JULIO

De acuerdo al reportaje, entre los desplazamientos recientes figuran los de Milagros Jauregui, quien viajó a Paraguay para participar en una visita oficial del 6 al 7 de julio para, según señalan, fortalecer los vínculos interparlamentarios; mientras que Judith Laura Rojas estuvo en Estados Unidos, entre el 9 y 11 de julio, para participar en un encuentro cultural.

En junio, Maricarmen Alva asistió a una conferencia de mujeres parlamentarias en Serbia. Luego, la parlamentaria junto al congresista Ernesto Bustamante viajaron a Chile para reunirse con la comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno, realizada en Santiago, del 22 al 23 de junio. Días después, Alva también estuvo en Suiza para participar en la reunión del comité de la Unión Interparlamentaria, evento del 28 al 30 de junio.

A la lista se suman Magally Santisteban (Estados Unidos) del 1 al 5 de junio, Germán Tacuri y Edgar Tello (Panamá) del 4 al 5 de junio, Nelcy Heidinger (Francia) del 11 al 12 de junio, Eduardo Salhuana (Estados Unidos) del 22 al 26 de junio.

MÁS VIAJES EN EL AÑO

Uno de los casos que más llamó la atención ocurrió en mayo, cuando el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, aprobó su propio viaje a Ginebra, Suiza, para participar en el Foro Parlamentario Global del 18 al 23 de mayo de este año. El acuerdo contempló además el viaje de su asesora Natalia Jiménez, donde el Congreso otorgó pasajes y viáticos.

Ese mismo mes, el Parlamento aprobó los viajes de 13 congresistas más, entre ellos Jorge Flores Ancachi, Ana Zegarra, Elizabeth Taipe, quienes viajaron a México pese a que la embajada de ese país permanece inoperativa en territorio peruano.

En abril, viajaron Maricarmen Alva, Ernesto Bustamante, Wilson Soto y Alex Paredes a Turquía para participar en una reunión de la Asamblea de la Unión Parlamentaria. Mientras que en marzo se aprobaron viajes de 10 congresistas con destino a Uruguay, Panamá y hasta India.

SALIDAS POR CADA AÑO

En el 2025, se aprobó el viaje de 69 congresistas; en el 2024 fue de 36, en el 2023 fue de 43, en el 2022 de 62 y en el 2021 de 22 parlamentarios. Esto sin contar los viajes de los legisladores que fueron invitados por terceros que, según, asumieron los gastos y viáticos.

GASTOS EN MEMBRESÍAS

A este gasto en viajes se suma el pago anual de membresías internacionales que asume el Congreso: 60 mil dólares al Parlatino, 13 mil dólares al ParlAmericas, más de 44 mil dólares a la Unión Interparlamentaria - UIP (paga 35 700 francos suizos) y 544 dólares aproximadamente a la Asociación de Secretarios Generales Parlamentarios - ASGP (paga 440 francos suizos).

En total, el Congreso gasta anualmente casi 118 mil dólares en membresías a estas instituciones.

De acuerdo al dominical de Punto Final, la agrupación inscrita en el registro de organizaciones políticas en agosto de 2025 con la bandera de la liberación del expresidente se encuentra hoy dividida en dos bloques. Así lo reconoció su secretario general, Nicolás Bustamante, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno castillista.

Bustamante afirmó que en el partido conviven la facción que responde directamente al expresidente y la que se dirige por el estatuto orgánico de la agrupación, esta última bajo su liderazgo.

DIVISIONISMO

El quiebre se remonta a la alianza que Todo con el Pueblo selló con Juntos por el Perú (JP), el partido de Roberto Sánchez, de cara a las últimas elecciones generales 2026. Según Bustamante, el acuerdo fue suscrito de manera unipersonal por Pedro Castillo el 4 de junio de 2025, a cambio de una cuota del 20% para designar candidatos invitados, sin que mediara un debate interno.

La alianza quedó formalmente sellada el 17 de agosto de ese año, a través de un audio del expresidente difundido en un mitin político. Como se conoce, Todo con el Pueblo no pudo participar directamente en los comicios generales porque su inscripción se dio fuera del plazo legal.

Bustamante acusó a Castillo de actuar de espaldas a las bases del partido junto con un grupo de dirigentes, entre ellos, hoy la diputada electa Catherine Palomino, lo que —dijo— generó divisionismo actual. Sostuvo además que la organización no cuenta con un presidente formal y que Castillo pretendía asumir ese cargo de manera intempestiva.

En la otra orilla, Jaime Vásquez Castillo (sobrino de Pedro Castillo), quien encabeza una coordinadora por la libertad del exmandatario, responsabilizó a Bustamante de traicionar al partido y buscar apropiarse de él. Vásquez (no es militante) también cuestionó a Catherine Palomino y al exministro Iber Maraví, a quienes acusó de aprovecharse de la confianza de Castillo. En las elecciones generales, él mismo integró el comando de campaña de JP a pedido de su tío, pero por discrepancias en dicha organización fue retirado.

SOLO PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES.

La disputa ya tiene consecuencias electorales concretas: el partido no logró reunir el número mínimo de 36 listas provinciales exigidas y solo presentó 9 listas para las elecciones regionales, en las que competirá de forma independiente frente a JP. Compite solo en Cajamarca, Lambayeque y Cusco.

Ante el riesgo de perder la inscripción, Bustamante propuso una alianza con el partido Venceremos, iniciativa a la que se opone la facción cercana a Castillo, lo que ha impedido concretar el acuerdo.

Bustamante adelantó que la decisión final sobre el futuro del partido y la pugna interna recién se tomará una vez concluida la participación en las elecciones regionales y municipales.

Durante la conversación, ambos coincidieron en reforzar las relaciones entre Perú y Chile y trabajar de manera coordinada en el marco de la Alianza del Pacífico, bloque que también integran Colombia y México. Asimismo, identificaron como prioridades el combate contra el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular, con el objetivo de fortalecer la seguridad en ambos países.

S.E. el Presidente de la República, José Antonio Kast, sostiene conversación telefónica con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. pic.twitter.com/50YctjNxFL

— Oficina del Presidente (@Oficina_Pdte) July 10, 2026

Kast acepta invitación al cambio de mando

La invitación para asistir a la ceremonia fue formulada por Keiko Fujimori durante el diálogo entre ambos mandatarios. Posteriormente, la Presidencia de Chile confirmó que José Antonio Kast participará en el acto oficial de transferencia de mando.

“La presidenta electa extendió una invitación al presidente Kast para participar en la ceremonia de cambio de mando presidencial en Perú, y el mandatario chileno confirmó su participación en el evento”, informó la Presidencia de Chile, en un comunicado publicado en su sitio web.

La visita del presidente chileno marcará su segundo viaje al Perú durante 2026. El primero ocurrió en enero, cuando aún no asumía la Presidencia de Chile, durante el gobierno del entonces mandatario José Jerí Oré.

Durante una entrevista con el medio colombiano Semana, Fujimori sostuvo que el fortalecimiento del sistema penitenciario estará acompañado por una serie de medidas orientadas a mejorar la respuesta del Estado frente a la delincuencia. Entre ellas mencionó el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas estratégicas, la cooperación regional y modificaciones a la legislación penal.

Fuerzas Armadas reforzarán el control de fronteras

La presidenta electa explicó que uno de los primeros objetivos será reforzar la vigilancia en las fronteras para impedir el accionar de organizaciones criminales. En esa línea, planteó fortalecer el intercambio de información de inteligencia entre los países de Sudamérica para enfrentar a las redes delictivas que operan en la región.

“Lo primero es que tenemos que cuidar nuestras fronteras y ahí vamos a convocar a las FF.AA. a participar en la realización de rastrillajes y en buscar proactivamente a los delincuentes. Lo segundo es que la delincuencia internacional no tiene nacionalidad y, por tanto, es ahí donde compartir información de inteligencia será clave entre los países de Sudamérica”, indicó.

Plantea ampliar los juzgados de flagrancia

Fujimori también cuestionó los niveles de impunidad registrados en el país y afirmó que buscará acelerar la resolución de los procesos penales. Para ello, propuso extender el modelo de juzgados de flagrancia a nivel nacional y promover cambios en el Código Penal y el Código Procesal Penal.

“La impunidad reina en Perú: de cada 10 000 denuncias, solo cinco llegan a ser sentencias. Pero hay juzgados de flagrancia donde el ratio de sentencia llega al 85 o 90 por ciento, entonces tenemos que implementar juzgados de flagrancia en todo el país. Habrá que hacer modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal. Lo que ustedes van a ver, sobre todo, es una decisión política de nuestro Gobierno de orden y recuperación de la paz en Perú”, explicó.

Penales se construirán con licitaciones internacionales

La futura mandataria indicó que su gestión buscará acelerar la ejecución de la infraestructura penitenciaria mediante convocatorias abiertas a empresas extranjeras. Asimismo, adelantó que uno de los establecimientos estará destinado exclusivamente a los delincuentes considerados más peligrosos.

“Nosotros hemos planteado desde el plan de gobierno la construcción de, por lo menos, cuatro cárceles grandes y una para los criminales más avezados y los más peligrosos. Convocaremos a licitaciones internacionales y acá lo importante es hacerlo rápidamente. Sabemos que en El Salvador el presidente Bukele construyó estas cárceles en ocho meses; acá lo tenemos que hacer un poquito más rápido”, planteó.

En ese mismo contexto, Fujimori señaló que solicitará apoyo de países que ya han implementado estrategias para enfrentar la criminalidad organizada. Al respecto, indicó que buscará cooperación de naciones con mayor experiencia en la materia, entre ellas Ecuador, para fortalecer la aplicación de esas medidas en el Perú.

Las medidas anunciadas se suman a las propuestas que Keiko Fujimori presentó días atrás en una entrevista con el diario ecuatoriano El Universo. En aquella oportunidad, ratificó que solicitará facultades legislativas para implementar su estrategia de seguridad, la cual contempla la participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo de las fronteras y el apoyo a la Policía Nacional y al sistema penitenciario en las zonas priorizadas.