De acuerdo con un documento fiscal al que accedió RPP, Corvetto hará entrega de su pasaporte y proporcionará información. Esta medida se produce luego de que, el último fin de semana, el titular del organismo electoral remitiera un escrito al Ministerio Público en el que planteaba el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.

Aún se encuentra pendiente la reprogramación de la diligencia en la que Piero Corvetto debe declarar como testigo en esta misma carpeta fiscal, inicialmente prevista para el pasado viernes, pero que fue postergada a pedido del funcionario.

La Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Fiscalía que incorpore al titular de la ONPE como investigado en el caso de la contratación de la empresa Gálaga para la distribución de material electoral.

El pasado 17 de abril, el mandatario anunció su decisión de suspender temporalmente esta adquisición, iniciada durante la gestión de José Jerí, al señalar que su gobierno es transitorio y que concretarla supondría un elevado costo para el país.

Nieto respaldó la decisión y, a través de una publicación en su cuenta de X, envió un mensaje dirigido a la Presidencia de la República, exhortando a la institución a pensar en el país y a no sucumbir ante el “miedo o chantaje”.

“Presidente, resista. Ninguna decisión por miedo o por chantaje es buena. Queremos buenas relaciones con todos, pero no a costa de decisiones estratégicas para el Estado peruano, que debe tomar el próximo gobierno. Usted ha hecho bien en postergarla. Piense en el Perú”, escribió el exministro de Defensa.

@presidenciaperu, resista. Ninguna decisión por miedo o por chantaje es buena. Queremos buenas relaciones con todos, pero no a costa de decisiones estratégicas para el estado peruano, que debe tomar el próximo gobierno. Usted ha hecho bien en postergarla. Piense en el Perú.

— Jorge Nieto Montesinos (@JorgeNietoMon) April 20, 2026

Comisión de Defensa citó el 27 de abril al premier, titular del Mindef y al canciller para responder por compra de aviones F-16

El último viernes, José María Balcázar, presidente de la República, anunció su decisión de suspender la firma del contrato para la adquisición de 24 aviones de combate F-16 Block 70 a la empresa estadounidense Lockheed Martin, valorizado en aproximadamente 3 500 millones de dólares.

Balcázar señaló para RPP que prefiere que la adquisición sea concretada por el próximo Gobierno, al considerar que contará con la legitimidad necesaria para tomar esa decisión. Asimismo, señaló que la compra “no es una cosa que para nosotros es prioritaria”.

La decisión ha generado diversas reacciones en el escenario político. Desde el Congreso, Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Defensa, sostuvo a dicho medio que su grupo de trabajo citará para el 27 de abril al ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, a fin de que responda por la suspensión de la compra; además, indicó que se evalúa convocar también al canciller Hugo de Zela.

“Nosotros vamos a citar al ministro de Defensa, para el lunes 27, y también estamos evaluando [citar] al ministro de Relaciones Exteriores”, refirió.

“De todas maneras, nosotros vamos a estar atentos al informe que ellos nos puedan brindar el lunes 27 en la sesión de la Comisión de Defensa. Este es un tema que a todos nos interesa conocer y además también sobre ello poder tomar algunas decisiones en términos legislativos, porque el tema de la seguridad para nosotros es fundamental, pero tiene que haber la transparencia del caso en todo el proceso”, agregó.

Paredes envió oficios al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; al canciller Hugo de Zela; y al ministro de Defensa, Carlos Díaz, convocándolos a su grupo de trabajo para el lunes 27 de abril, a fin de que respondan por la “situación actual” de dichas negociaciones.

#ATENCION Comisión de Defensa del congreso cita al Premier y a los ministros de Defensa y RREE para el 27 de abril a fin de explicar la postergación de la compra de aviones F 16 a USA pic.twitter.com/8Dm6KWVHnQ

— Carlos Villarreal (@KikesitoVH) April 20, 2026

“Yo entiendo que se ha empezado un proceso disciplinario por parte de la Junta Nacional de Justicia y, de cara a la segunda vuelta, yo creo que sería saludable que esta persona sea retirada y sean otras personas las que lleven a cabo la segunda vuelta”, declaró ante la prensa.

Fujimori recordó además que, hace dos años, Fuerza Popular fue la única agrupación que presentó un escrito ante la JNJ cuestionando la ratificación de Corvetto.

“Hace dos años, cuando el señor Corvetto pasó el proceso de ratificación en la Junta Nacional de Justicia, fuimos el único partido que envió un informe por escrito, dando argumentos además de por qué él no debía ser ratificado”, agregó.

La lideresa de Fuerza Popular consideró que el jefe de la ONPE debería dar un paso al costado, aunque destacó la decisión de la JNJ de iniciar un proceso disciplinario en su contra.

“Me imagino que dentro de todo el marco de la ley le van a dar los plazos, los tiempos correspondientes. Pero más allá de esta decisión que ellos tomen, yo creo que corresponde que él ya presente su carta de renuncia”, sostuvo.

Además, Fujimori expresó su respaldo a la propuesta de Rafael López Aliaga para que solo las personas que no votaron en las mesas instaladas con retraso en Lima Metropolitana puedan ejercer su derecho al sufragio. En ese sentido, indicó que espera un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones sobre esta iniciativa.

Balcázar señaló para RPP que prefiere que la adquisición sea concretada por el próximo Gobierno, al considerar que contará con la legitimidad necesaria para tomar esa decisión. Asimismo, señaló que la compra “no es una cosa que para nosotros es prioritaria”.

La decisión ha generado diversas reacciones en el escenario político. Desde el Congreso, Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Defensa, sostuvo a dicho medio que su grupo de trabajo citará para el 27 de abril al ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, a fin de que responda por la suspensión de la compra; además, indicó que se evalúa convocar también al canciller Hugo de Zela.

“Nosotros vamos a citar al ministro de Defensa, para el lunes 27, y también estamos evaluando [citar] al ministro de Relaciones Exteriores”, refirió.

“De todas maneras, nosotros vamos a estar atentos al informe que ellos nos puedan brindar el lunes 27 en la sesión de la Comisión de Defensa. Este es un tema que a todos nos interesa conocer y además también sobre ello poder tomar algunas decisiones en términos legislativos, porque el tema de la seguridad para nosotros es fundamental, pero tiene que haber la transparencia del caso en todo el proceso”, agregó.

Paredes envió oficios al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; al canciller Hugo de Zela; y al ministro de Defensa, Carlos Díaz, convocándolos a su grupo de trabajo para el lunes 27 de abril, a fin de que respondan por la “situación actual” de dichas negociaciones.

#ATENCION Comisión de Defensa del congreso cita al Premier y a los ministros de Defensa y RREE para el 27 de abril a fin de explicar la postergación de la compra de aviones F 16 a USA pic.twitter.com/8Dm6KWVHnQ

— Carlos Villarreal (@KikesitoVH) April 20, 2026

Rospigliosi advierte consecuencias por pausar compra de aviones F-16: “Puede desatar una crisis de gobierno”

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó como “hecho muy grave” la decisión del presidente José María Balcázar de suspender la compra de aviones F-16 Block 70 al gobierno de Estados Unidos. En declaraciones a la prensa, el parlamentario alertó que este incumplimiento de un compromiso formal podría generar consecuencias graves para la nación y desatar una crisis de gobierno.

Rospigliosi se refirió al impacto que la postergación tiene en las relaciones bilaterales con Washington, principal aliado militar y comercial del Perú. El legislador de Fuerza Popular enfatizó que la decisión compromete la credibilidad internacional del Estado peruano ante uno de sus socios estratégicos más importantes.

“Es un hecho muy grave porque el Estado peruano había adquirido un compromiso, a algunos puede gustarles a otros no, pero era un compromiso formal. El incumplimiento de este compromiso puede traer consecuencias muy graves para el país y quizás pueda desatar una crisis de gobierno”, expresó.

El congresista recordó sus ad recordó haber advertido sobre posibles consecuencias negativas tras la destitución de José Jerí y la asunción de Balcázar en el cargo.

“Esto es consecuencia de lo que ya habíamos advertido cuando de manera absurda se destituyó al señor José Jerí para traernos lo que tenemos ahora y ahora estamos viviendo algunas de las consecuencias de estos hechos negativos”, indicó.

El expresidente José Jerí también cuestionó la medida tomada por su sucesor. El exmandatario lamentó que la suspensión se anunciara precisamente el día programado para la firma simbólica del contrato de adquisición de las aeronaves.

Rospigliosi describió la decisión del Ejecutivo como una postura contraria a los intereses nacionales de Perú. El presidente del Congreso argumentó que compromete tanto las capacidades de defensa como las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

La postergación del contrato con Lockheed Martin genera interrogantes sobre la modernización de la Fuerza Aérea Peruana. La decisión tomada durante la etapa final del proceso contractual continua generando críticas desde diferentes bandos políticos.

De acuerdo con fuentes de RPP, indicaron que el Ministerio Público dispuso que el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial de Lima Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios asuma la investigación de todas las denuncias presentadas en el distrito fiscal de Lima Centro por hechos vinculados a este caso.

Este mismo despacho fiscal, encabezado por Raúl Martínez, ya viene llevando a cabo una investigación por el presunto delito de colusión en torno a la contratación de la empresa Gálaga por parte de la ONPE.

Dichas denuncias abarcan tanto la presentada por presunta omisión de funciones —que hasta ahora estaba en manos de una Fiscalía Penal de Lima Centro—, como la investigación por colusión que ya llevaba adelante esta Fiscalía Anticorrupción, además de hechos como la pérdida de material electoral reportada la semana pasada.

Esta misma Fiscalía Anticorrupción es la que ya había citado como testigo al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, el pasado viernes; sin embargo, la diligencia no se concretó por un pedido de reprogramación presentado por el funcionario.

Corvetto presentó este domingo ante la Fiscalía un documento en el que comunica su decisión de entregar su pasaporte y autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades detectadas durante las Elecciones Generales 2026.

El Comité Ejecutivo Nacional del partido Voces del Pueblo presentó la denuncia penal contra Boluarte y su gabinete por presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Los denunciantes alegaron infracción a la Ley N° 28212 que limita la remuneración presidencial a diez Unidades Remunerativas del Sector Público, equivalente a 26 mil soles.

¿Cúando se efectuo el aumento de sueldo?

El pasado 4 de julio de 2025, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 136-2025-EF suscrito por Boluarte y el entonces ministro de Economía Raúl Pérez Reyes. Este documento elevó el sueldo del cargo presidencial de 15 mil 600 soles a 35 mil 568 soles mensuales.

La fiscalía determinó que el trámite administrativo inició en marzo de 2024 con un oficio del Despacho Presidencial dirigido a SERVIR. Gálvez concluyó que esta fecha desvirtúa la presunta celeridad indebida alegada por los denunciantes y resta credibilidad a la denuncia.

La resolución destacó que la documentación acredita el cumplimiento de los procedimientos normativos por parte de las instituciones involucradas. El Congreso estableció excepciones específicas a la Ley N° 28212 mediante la Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2025.

Marco legal aplicado

El procedimiento se rigió por la Ley N° 30057 del Servicio Civil, bajo la cual se expidió el decreto supremo. Gálvez precisó que la limitación invocada por los denunciantes no resultaba aplicable al caso específico del cargo presidencial.

Las declaraciones del presidente de SERVIR, el director de Programación de Gestión Fiscal del Ministerio de Economía y otros funcionarios coincidieron en la corrección del proceso. El fiscal señaló que se trató de un acto colegiado sustentado en informes técnicos y legales independientes.

Gálvez determinó que no se acreditó un interés ilícito en la valorización del puesto presidencial. Aunque podría inferirse un beneficio económico para Boluarte, esta inferencia resulta insuficiente para atribuir responsabilidad penal.

¿Qué pasará con los exministros de la gestión de Boluarte?

Respecto a los exministros, la fiscalía descartó evidencia de voluntad deliberada para favorecer a la expresidenta. Los funcionarios ejercieron sus competencias basados en informes técnicos previos sin indicios de irregularidad.

Por su parte, Juan Carlos Portugal, abogado defensor de Boluarte, celebró la resolución de la fiscalía en su cuenta de X. El letrado argumentó que una indagación previa bastaba para descartar materialidad penal en la denuncia presentada.

“¡Caso sueldo presidencial archivado! Para denuncias como estas, es suficiente una indagación previa para determinar la ausencia de materialidad penal. Los caprichos personales no son fuente de investigación penal”, escribió en sus redes.

¡Caso sueldo presidencial ARCHIVADO!

De la misma forma en como la ONPE se deslegitima con horrores como las que ya todos conocemos, el Ministerio Público -en igual sentido- lo hace con investigaciones que jamás debieron iniciarse. Para denuncias como estas, es suficiente una… pic.twitter.com/3ZaCYDqJw8

— JCPortugalS (@JCPortugalS) April 20, 2026

Rospigliosi se refirió al impacto que la postergación tiene en las relaciones bilaterales con Washington, principal aliado militar y comercial del Perú. El legislador de Fuerza Popular enfatizó que la decisión compromete la credibilidad internacional del Estado peruano ante uno de sus socios estratégicos más importantes.

“Es un hecho muy grave porque el Estado peruano había adquirido un compromiso, a algunos puede gustarles a otros no, pero era un compromiso formal. El incumplimiento de este compromiso puede traer consecuencias muy graves para el país y quizás pueda desatar una crisis de gobierno”, expresó.

El congresista recordó sus ad recordó haber advertido sobre posibles consecuencias negativas tras la destitución de José Jerí y la asunción de Balcázar en el cargo.

“Esto es consecuencia de lo que ya habíamos advertido cuando de manera absurda se destituyó al señor José Jerí para traernos lo que tenemos ahora y ahora estamos viviendo algunas de las consecuencias de estos hechos negativos”, indicó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, advirtió sobre las posibles consecuencias de poner en pausa la compra de aviones F-16 a Estados Unidos. Señaló que el incumplimiento de este compromiso podría generar efectos negativos para el Perú.

📻… pic.twitter.com/X1vjXMYuwF

— Exitosa Noticias (@exitosape) April 20, 2026

El expresidente José Jerí también cuestionó la medida tomada por su sucesor. El exmandatario lamentó que la suspensión se anunciara precisamente el día programado para la firma simbólica del contrato de adquisición de las aeronaves.

Rospigliosi describió la decisión del Ejecutivo como una postura contraria a los intereses nacionales de Perú. El presidente del Congreso argumentó que compromete tanto las capacidades de defensa como las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

La postergación del contrato con Lockheed Martin genera interrogantes sobre la modernización de la Fuerza Aérea Peruana. La decisión tomada durante la etapa final del proceso contractual continua generando críticas desde diferentes bandos políticos.

Hasta el momento, el JNE ha recibido 27.227 actas observadas de un total estimado de 65 mil que se espera lleguen desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Según explicó Valdivia, de ese total recibido, se han generado 26.049 expedientes y se han emitido 3.513 pronunciamientos por parte de los Jurados Electorales Especiales.

“Nosotros nos quedamos pendientes solamente de las 65.000 actas que se supone que nos van a llegar poco más. Nos ha llegado 27.227. De estos 27.000 hemos generado los expedientes de 26.049”, indicó a la prensa.

Del total de pronunciamientos emitidos, 381 han derivado en audiencias de recuento de votos. Cabe precisar que al momento de la conferencia, se encontraba en desarrollo la sexta audiencia, correspondiente al Jurado Electoral Especial de Chanchamayo, mientras que audiencias previas en Piura y Huancayo también se realizaron durante la mañana.

Transparencia en tiempo real

El JNE precisó que todas las audiencias de recuento de votos son transmitidas en tiempo real a través del Portal Electoral Constitucional y del canal de YouTube del organismo. El vocero señaló que la ciudadanía puede monitorear en todo momento el avance del proceso y las cifras actualizadas de expedientes generados.

El funcionario también resaltó la importancia de mantenerse informados sobre el estado del proceso y pidió mantener la calma a la ciudadanía ante la incertidumbre generada por el estrecho margen entre los candidatos.

“Guardar calma, esperar que pronto vayamos a dar los resultados, como estamos viendo, la información se está transparentando justamente para que tengan esa calma la ciudadanía”, exhortó.

Cinco tipos de observaciones

El representante del JNE explicó que las actas observadas responden a cinco tipos de errores identificados durante el proceso. El primero es el error aritmético, que se produce cuando la suma de los votos no coincide con el total de ciudadanos que sufragaron en esa mesa.

El segundo tipo corresponde a la falta de firmas de los miembros de mesa, quienes deben suscribir las tres secciones del acta: instalación, sufragio y escrutinio. La norma exige un mínimo de tres firmas en alguna de las secciones y dos en las demás; si no se cumple ese requisito, el acta es observada.

El tercer tipo de observación se genera cuando el acta no consigna los votos obtenidos por las organizaciones políticas, en blanco o nulos. El cuarto corresponde a la ilegibilidad, cuando no es posible determinar con claridad las cifras registradas en los casilleros. El quinto ocurre cuando el acta llega incompleta por omisión del total de ciudadanos que votaron.

“Los errores son de cinco tipos... Puede haber presentado actas electorales que hayan sido observadas porque hay un error aritmético, es decir, cuando no hay consistencia entre la suma de los votos y el total de ciudadanos que votan. El total de que votaron son los ciudadanos que fueron a votar a esa mesa. Vamos a suponer que sean 200 personas que fueron a votar a esa mesa sufragio, pero la suma de los votos o meda 190, es decir, menor que 200, o meda mayor”, explicó.

¿Cuándo se activa el recuento de votos?

El vocero también remarcó que cuando el personal del JNE recibe un acta observada y no puede subsanar la observación mediante el cotejo con su propio ejemplar, la ley ordena el recuento de votos. Este procedimiento está establecido en el artículo 264 de la Ley Orgánica de Elecciones y reemplaza la anterior figura de nulidad del acta.

Una vez dispuesto el recuento, se solicita a la ONPE correspondiente que remita el sobre lacrado con las cédulas de votación no impugnadas en un plazo de 24 horas. Posteriormente, el Jurado Electoral Especial tiene hasta dos días para convocar la audiencia, con un mínimo de tres días de anticipación entre la convocatoria y su realización.

Según el reporte de Exitosa, las calles aledañas al edificio principal de la ONPE se encuentran con el tránsito vehicular y peatonal restringido. Solo pueden acceder al área las personas que acrediten laborar en locales cercanos mediante sus documentos de identidad.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, permanece en la sede principal del organismo. El recinto cuenta con resguardo policial y las calles continúan enrejadas.

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— Exitosa Noticias (@exitosape) April 20, 2026

¿Por qué es investigado el jefe de la ONPE?

Corvetto viene siendo investigado por presunto favorecimiento a la empresa Galaga SAC, responsable del despliegue y repliegue del material electoral durante el proceso electoral reciente. La investigación contempla una presunta colusión agravada vinculada a un contrato que supera los seis millones de soles.

A través de su defensa legal, Corvetto presentó un oficio en el que solicita la reprogramación de su citación ante la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, con sede en Barranco. La nueva fecha para que rinda su declaración aún no ha sido confirmada por las autoridades.

El pasado 18 de abril, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, el general Manuel Lozada, descartó que exista alguna solicitud de detención preliminar contra Corvetto. Para que esa medida se concrete, la fiscalía tendría que elevar el pedido al Poder Judicial, que sería el encargado de aceptarlo o desestimarlo.

Por su parte, Corvetto ha manifestado su disposición para colaborar con las investigaciones que llevan adelante tanto la fiscalía como la Policía Nacional. Además, puso su pasaporte a disposición de las autoridades y autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.

La Junta Nacional de Justicia descartó el 19 de abril que José Pérez Duarte asuma el cargo en reemplazo de Corvetto, quien continúa al frente de la ONPE. Su situación institucional permanece sin cambios mientras avanzan las investigaciones en su contra.

El contexto de esta investigación se enmarca en las irregularidades registradas durante el proceso electoral, donde la falta de material electoral generó retrasos y obligó a extender la jornada de manera extraordinaria el 13 de abril. Esos hechos derivaron en las investigaciones que hoy mantienen al jefe del organismo electoral en el centro de la atención pública.

Este procedimiento se implementa por primera vez dentro de un proceso electoral en el país. Su aplicación permitirá verificar de manera física los votos correspondientes a actas que presentan observaciones.

El objetivo central de esta fase es corregir inconsistencias detectadas en los resultados de la elección presidencial. Con ello se busca precisar qué organizaciones políticas avanzarán a la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

La fiscalización electoral también está en tus manos.

🗓️Sigue en vivo las audiencias públicas de recuento de votos para las actas observadas. Consulta aquí la programación de este lunes 20 de abril y mantente informado sobre el proceso. https://t.co/E7foS7LLBY#EG2026🗳️ pic.twitter.com/DXA686JuD5

— JNE Perú (@JNE_Peru) April 20, 2026

Audiencias virtuales y acceso ciudadano

El organismo electoral indicó que las sesiones se realizarán en formato virtual. Estas audiencias serán de acceso público para garantizar que la ciudadanía pueda seguir el desarrollo del proceso.

Las transmisiones estarán disponibles a través del portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, podrán visualizarse mediante la señal de JNE Media en televisión y en sus plataformas digitales oficiales.

En las audiencias intervendrán representantes de las organizaciones políticas involucradas. Asimismo, estarán presentes observadores electorales y delegados del Ministerio Público.

La participación de estos actores busca asegurar la legalidad y el control del procedimiento. De esta manera se pretende fortalecer la transparencia en una etapa sensible del proceso electoral.

¿Cuál es la finalidad del recuento de votos?

El recuento de votos se aplicará únicamente a las actas que presentan observaciones. Estas inconsistencias están relacionadas principalmente con errores en la suma de votos o en los datos registrados.

Se trata de casos que no pudieron resolverse en las instancias previas del sistema electoral. Por ello, esta etapa permite una revisión directa del contenido de las cédulas de votación.

Este proceso se desarrolla en un contexto en el que existen cuestionamientos sobre diversos resultados a nivel nacional. La revisión de votos busca aportar mayor claridad en la definición de los resultados finales.

El sistema electoral apunta así a reforzar la confianza en una fase decisiva del proceso. La precisión de los resultados será determinante para establecer qué candidaturas participarán en la eventual segunda vuelta.

📡 MIRA LA TRANSMISIÓN AQUÍ

La concentración se realizó en medio de cuestionamientos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por presuntas irregularidades en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

Protesta

El encuentro, que se desarrolló de manera pacífica, tuvo lugar a las 5:00 p. m. en el Campo de Marte, Jesús María.

La jornada se desarrolló con un visible despliegue de seguridad y restricciones vehiculares en puntos clave del distrito.

El acceso vehicular en el óvalo Jorge Chávez fue restringido en ambos sentidos, mientras el tránsito peatonal continuó sin interrupciones.

Durante la jornada, Norma Yarrow, candidata a la vicepresidencia de Renovación Popular, expresó críticas a la entidad organizadora del proceso electoral.

En ese contexto, señaló que su agrupación plantea repetir las elecciones por lo menos en Lima Metropolitana.

“Eso es un tema que lo hemos conversado y, viendo cómo hasta ahora se vienen manejando las elecciones, por lo menos pedimos que en Lima se vuelva a votar, porque hemos visto que el sabotaje ha sido en Lima”, declaró a RPP.

Los asistentes permanecieron en la avenida de la Peruanidad, donde se instaló un estrado en el que varios invitados tomaron la palabra.

Entre ellos, estuvo el propio López-Aliaga, quien se dirigió al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

“Se ha metido con la persona equivocada; señor Burneo, ahora sí puedo decirle que en el 2021 nos robaron las elecciones. Ya sé la manera en que trabajan estos delincuentes, han dejado la base de datos sin llave, abierta”, expresó.

El nuevo Congreso bicameral se instalará luego de la proclamación de los resultados oficiales y marcará el retorno, luego de más de tres décadas, a un sistema legislativo compuesto por dos cámaras.

Este será integrado por 130 diputados y 60 senadores, quienes asumirán funciones en representación nacional y regional en un escenario político fragmentado.

Sin embargo, Correo identificó a por lo menos 10 virtuales legisladores que enfrentan serios cuestionamientos por presuntos vínculos con el terrorismo, cercanía al entorno del golpista expresidente Pedro Castillo o por respaldar medidas inconstitucionales.

ESTOS SON

Iber Antenor Maraví Olarte figura como virtual senador de Juntos por el Perú (JP) con 26,037 votos preferenciales, pese a que registra antecedentes sindicales y políticos en Ayacucho.

Un atestado policial de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) recoge declaraciones que lo vinculan con presuntas acciones subversivas en la década de 1980.

Uno de los testimonios fue de un integrante de Sendero Luminoso identificado como Juan Alarcón Gutiérrez, quien señala a Maraví como participante en el apedreamiento de un hotel de turistas junto a la terrorista Edith Lagos.

No obstante, dichas imputaciones no han derivado en sentencia judicial. Maraví ha rechazado estas versiones y sostiene que no tienen sustento.

Otro es el caso de César Hugo Tito Rojas, virtual diputado de JP por Puno con 17,442 votos preferenciales.

El docente fue identificado por investigaciones policiales como dirigente del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso.

Según la Dircote, Tito Rojas visitó a senderistas presos en el penal de Yanamayo entre los años 2000 y 2004.

En las actas para la fallida inscripción del Movadef de 2011, presentadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Tito Rojas aparece como presidente del comité electoral de esa organización.

También podemos mencionar a Serafín Andrés Luján, eventual senador de JP por Huánuco, con 10,388 votos, y quien integra la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp).

Este dirigente cocalero aparece en el proceso judicial contra el excongresista Guillermo Bermejo, en el que participó como testigo.

Sin embargo, durante una audiencia se conoció que el Ministerio Público lo investiga por presunto delito de terrorismo desde el año 2020.

CASTILLISTAS

En esta lista también destaca Yenifer Paredes Navarro, cuñada del golpista Castillo y quien sería parte de la Cámara de Diputados y de la bancada de JP, ya que en Cajamarca cosechó 57,084 votos preferenciales.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) la investiga como presunta integrante de una red criminal que operó en el Ministerio de Vivienda y cuyo cabecilla, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, era el propio Castillo.

En agosto de 2022, el juez Johnny Gómez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó 30 meses de prisión preventiva contra Paredes, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.

No obstante, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la medida por mayoría, dispuso su excarcelación y la cambió por una comparecencia con restricciones.

Su tío José Mercedes Castillo Terrones llegaría al Parlamento como virtual senador de JP.

Su vínculo con el golpista expresidente es explícito, pues se trata de su hermano.

Su perfil consigna educación básica completa sin estudios superiores.

En un mitin político, realizado el 4 de abril en Secocha (Arequipa), José Mercedes Castillo formuló un encendido llamado a dirigentes mineros.

“Tenemos que llegar con un ejército de senadores y diputados (...) Si no, no nos van a dejar gobernar”, arengó a los asistentes.

También se puede destacar el caso de la legisladora Silvana Robles Araujo, extitular de Cultura de Castillo y virtual senadora de JP.

Su designación como ministra generó cuestionamientos, pues es cirujano dentista. Renunció a dicho portafolio el 7 de diciembre de 2022, tras el intento de autogolpe de Castillo.

En un mitin en Cajamarca, el 12 de febrero último, la exministra declaró ante sus seguidores que “todo el Perú tiene que reivindicar a nuestro presidente (Castillo)”.

“Un presidente que puso el pueblo peruano, que los grupos económicos lo sacaron”, agregó Robles.

Constitucional

La asamblea constituyente es el eje del discurso de la izquierda radical –desde el gobierno de Castillo– para cambiar la Carta Magna del Perú.

Víctor Raúl Cutipa Ccama, congresista de la bancada JP, sostuvo la necesidad de insistir en una asamblea constituyente. Su participación política se ha centrado en promover reformas estructurales del orden constitucional vigente.

Él entraría al Congreso bicameral como senador de Juntos por el Perú, con casi 2,000 votos.

Tampoco se puede pasar por alto a Jaime Quito Sarmiento, virtual senador con 83,982 votos y autor de iniciativas legislativas orientadas a convocar un referéndum para una nueva Constitución.

Asimismo, fue autor principal de una ley de reforma constitucional que disponía el adelanto de elecciones generales y un referéndum para convocar una asamblea constituyente en 2023, tras el fallido golpe de Estado.

Al Parlamento también llegaría Mirtha Vásquez, expresidenta del Congreso y expremier del golpista Castillo.

Ella llegaría al Senado en las filas de Ahora Nación gracias a los 91,518 votos que consiguió.

Durante su gestión, reconoció la posibilidad de una asamblea constituyente como un proceso de largo plazo sujeto a condiciones políticas y sociales.

Cerramos la lista con Ruth Luque, virtual senadora de Ahora Nación con 101,875 votos.

En más de una ocasión, ella ha manifestado su respaldo al debate sobre una nueva Carta Magna.

Aunque apuesta por una asamblea constituyente, ha reconocido que actualmente no existe el consenso político ni los votos necesarios para tal fin.

Riesgos

El consultor Pedro Yaranga advirtió que la llegada de legisladores investigados por terrorismo es un riesgo para el nuevo Parlamento.

“La función que tienen actualmente es aprovechar los espacios que deja la democracia, probablemente para intentar introducir algo que favorezca a su organización”, advirtió el especialista.

El caso está relacionado a la contratación de Galaga, empresa que fue contratada por la entidad electoral para la distribución del material electoral en algunos distritos de Lima para las Elecciones Generales 2026.

SOLICITUD

El procurador Mario Luna Ramos presentó un escrito ante la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a fin de incorporar a Corvetto en calidad de investigado.

Además de Corvetto, la Procuraduría pide incluir en la investigación a otros altos funcionarios de la ONPE como Juan Antonio Phang Sánchez, (exsubgerente de Producción Electoral), Edward Eloy Alarcón González (gerente de Administración de la ONPE), José Edilberto Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral), Yuvitza Milagros Aguila Ticona (subgerente de Logística), así como a Juan Charles Alvarado Pfuyo (gerente de Galaga S.A.C.).

El pedido de la Procuraduría también incluye levantar el secreto de las comunicaciones de todos los investigados, el acceso a sus correos electrónicos, el registro de llamadas y mensajes de texto, entre otros, durante el periodo de contratación de Galaga.

Por otro lado, la Procuraduría requiere que se realice una pericia contable a fin de determinar si el servicio fue ejecutado según las normativas vigentes y así cuantificar el posible perjuicio económico causado al Estado.

MÁS

Hace una semana, la Fiscalía informó sobre el inicio de diligencias luego de que tomaran conocimiento sobre la demora de la entrega del material electoral, cuya distribución estaban a cargo de la empresa Galaga S.A.C.

La mencionada compañía ya había sido sancionada con anterioridad por el organismo electoral, incluso, Contraloría advirtió que cinco conductores y tres vehículos no eran los propuestos inicialmente.

#AHORA El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, envía un documento a la Fiscalía en el que expresa su disposición para autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones y entregar su pasaporte. pic.twitter.com/nqEhZSoXQq

— Sofía López (@SofiaLopezLl) April 19, 2026

Según el dominical de Punto Final, rostros como Francisco Calisto, Patricia Iturregui, Harvey Colchado y otros serán los nuevos en esta etapa. Sin embargo, los congresistas como Sigrid Bazán, Guido Bellido, entre otros, que querían continuar en el cargo, no llegaron a ser elegidos, debido a que su partido no habría pasado la valla electoral.

SENADORES

En la Cámara de Senadores, Fuerza Popular lideraría con 22 curules, seguida de Juntos por el Perú con 14, Renovación Popular con 8, Partido Político del Buen Gobierno con 7, Obras con 5 y Ahora Nación con 4.

Entre los nuevos senadores destaca Francisco Calisto Giampietri, de Renovación Popular, militar de alto rango que da el salto a la política y se convierte en uno de los 60 senadores electos. “No será que yo deba cambiar, sino que el otro tiene que entender que se debe ir en la dirección adecuada. Yo vengo trabajando en el tema de la opción de cambiar el Perú y ha llegado el momento de poder hacerlo”, dijo.

También resalta Patricia Iturregui, del partido del Buen Gobierno, quien obtuvo la mayor votación de su agrupación y llega a la política por primera vez con un discurso centrado en el medioambiente y la comunicación directa con la ciudadanía.

DIPUTADOS

En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular también encabeza con 40 escaños, seguida de Juntos por el Perú con 31, Buen Gobierno con 18, Renovación Popular con 16, Obras con 15 y Ahora Nación con 10.

El nombre que llama la atención es el de Harvey Colchado, de Ahora Nación. Fue exjefe de la DIVIAC y recordado por el allanamiento a la entonces presidenta Dina Boluarte. Colchado tendrá que compartir el Parlamento con varios de los políticos que alguna vez investigó.

También ingresaría José Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo.

Al respecto, el politólogo Jeffry Radzinsky calificó los resultados como una votación compleja. En el caso de Carlos Álvarez, a pesar de los votos en varias regiones, no lograría ningún senador electo.

Según el testimonio de Phang ante la Contraloría, la ONPE adquirió 30 mil laptops, impresoras y 4 538 módems para 2 269 locales de votación en Lima y Callao. Sin embargo, la distribución de varios de esos equipos se realizó recién el 7 de abril, cuando el Plan Operativo Electoral (POE) establecía que debía completarse entre el 20 de marzo y el 4 de abril.

El retraso se originó porque la institución tuvo que replegar 5 441 kits compuestos por una laptop y una impresora que habían sido utilizados en jornadas de capacitación. Ese repliegue no estaba contemplado en el POE, lo que generó una carga adicional de configuración, embalaje y rotulado que se extendió hasta el propio día de los comicios.

Phang precisó ante la Contraloría que la estiba de los equipos informáticos culminó el domingo 12 de abril a las 4:30 de la madrugada, horas antes de la apertura de las mesas. Sobre ese momento, el funcionario reconoció que “todos éramos conscientes de que esto podía generar un atraso.”

Plazos que no correspondían a la realidad

El sábado 11 de abril, a las 4:28 de la tarde, el exgerente de Gestión Electoral José Samamé envió a Phang un nuevo cronograma de distribución vía WhatsApp. Ese documento, adjunto al acta de Contraloría, establecía un intervalo de entre tres y cuatro horas por ruta de distribución.

El problema es que ese plazo no correspondía a la operación real. El acta consigna que “el promedio de horas para la entrega de una ruta es de 8 horas aproximadamente”, es decir, más del doble de lo que el cronograma modificado contemplaba.

Phang comunicó a Samamé de manera verbal las inconsistencias del nuevo cronograma y propuso una alternativa: entregar únicamente el material electoral tradicional, sin los equipos informáticos, para reducir los tiempos de despacho. La respuesta fue negativa.

Según el testimonio de Phang, la razón que recibió fue que distribuir solo el material convencional “afectaría la meta institucional”, por lo que se mantuvo el esquema original de dos furgones por ruta.

Orden de suspender el STAE llegó un día antes de las elecciones

Entre las 10 y las 11 de la mañana del domingo 12 de abril, cuando ya eran evidentes los problemas en la instalación de mesas, Phang recibió una orden verbal telefónica de Samamé para suspender la entrega de los equipos informáticos y desactivar el uso del Sistema STAE en todas las mesas. La decisión llegó horas después de que los retrasos ya afectaban a miles de votantes en Lima y Callao.

El acta recoge además otro error logístico: en el colegio Chinchaysuyo del distrito de Sapallanga, en la provincia de Huancayo, llegaron los carteles de candidatos a diputados de Lima Provincias en lugar de los correspondientes a la región Junín.

El probable diputado Arturo Eusebio Padilla fue sentenciado por peculado doloso durante su gestión como presidente del directorio del centro vacacional Huampaní, cargo al que llegó en el gobierno de Pedro Castillo. Según la Contraloría, Padilla se instaló en un bungalow de las instalaciones desde el 17 de mayo de 2022 hasta el 2 de febrero de 2023, sin abonar ningún monto al Estado.

Al ser consultado sobre ese periodo, el candidato sostuvo que su permanencia respondía a razones laborales vinculadas a un proyecto de infraestructura.

“Me quedaba para efecto de trabajar para el tema del puente de doble vía”, aseguró.

El exfuncionario también registra una denuncia policial por haber abandonado la escena de un accidente de tránsito contra un mototaxi en aparente estado de ebriedad.

Dina Hancco y Daniel Barragán

La candidata a la vicepresidencia y probable diputada por Puno, Dina Hancco Hancco, registra una sentencia firme por contrabando que le impuso tres años y seis meses de pena suspendida. Antes de sumarse a la agrupación política de Belmont, postuló por Alianza para el Progreso liderada por César Acuña y Unión por el Perú, partido vinculado a Antauro Humala.

Mientras que el primer vicepresidente y virtual senador Daniel Barragán Coloma también tiene vínculos con el entorno de Antauro Humala y fue ministro de Defensa en los últimos días del gobierno de Pedro Castillo. Algunos representantes de bases regionales del partido OBRAS lo denunciaron ante el JNE por presuntamente exigir pagos para acceder a las listas de candidatos. Uno de los denunciantes relató que Barragán le solicitó 70 000 soles, y que quienes no tuvieran dicho dinero simplemente no podían postular.

Otros candidatos con antecedentes

El probable diputado por Junín, Máximo Peralta Jorpa, fue intervenido hace dos años por la Policía por presunto intento de feminicidio. Según el parte policial, el postulante agredió físicamente a su pareja con puñetes y patadas, y sus propios hijos solicitaron auxilio para proteger a su madre.

Walter Gago Rodríguez, candidato al Senado, acumula dos sentencias: una por delitos contra la confianza en los negocios y otra por libramiento y cobro indebido. Su historial incluye además infracciones reiteradas por conducir en estado de ebriedad y una deuda de casi 13 000 soles con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Otro de los representantes del grupo político que presenta cuestionamiento es el diputado Edgar Alvarado de la Cruz , quien registra una sanción municipal por conducir con alcohol en la sangre, lo que derivó en la suspensión de su licencia por tres años, mientras que Demetrio Flavio Valqui enfrenta una sentencia por tenencia ilegal de armas en agravio del Estado.

Estas elecciones presidenciales dejaron una paradoja: el ausentismo bajó respecto al 2021, pero las fallas operativas de la ONPE alcanzaron niveles inéditos.

Punto Final revisó los registros oficiales de la ONPE en las últimas cuatro elecciones (primera vuelta) y reveló la magnitud del retroceso. Sucede que en el 2011 no se instalaron 47; en el 2016, fue de 26; en el 2021 fue de 499 (en plena pandemia); pero en este 2026 fue de 211, considerando que se debían habilitar 92 720 para más de 27 millones 325 mil electores.

En cuanto al ausentismo, el panorama fue más alentador. El voto en Perú es obligatorio y acarrea sanciones, lo que históricamente ha contenido la abstención. En el 2011 no votó un 16.29%; en el 2016, el 18.20%; en el 2021 fue del 29.95%; y este 2026 el ausentismo se redujo al 23.8%, poco más de 6 millones y medio de ausentes.

Al respecto, el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, señaló que uno de los factores que explica la abstención es la migración, ya que muchos ciudadanos residen en el exterior sin actualizar su domicilio en el DNI. Añadió además que los electores mayores de 70 años tienen voto voluntario, aunque siguen figurando en el padrón electoral.

Respecto a las mesas no instaladas, Tuesta indicó que este año se mantuvo por debajo del 1% del total, similar o superior a las elecciones del 2021 y 2016.

POCO AUSENTISMO EN DISTRITOS

A nivel distrital, en Villa El Salvador se registró más del 75% de participación con apenas 15% de ausentismo; en Lurín superó el 67% de concurrencia con un 18% de ausentes; y en San Juan de Miraflores alcanzó más del 70% de electores que acudieron a las urnas.

Otro frente pendiente son las actas observadas, pues concluido el conteo de votos, quedan alrededor de 5 mil actas por revisar, un proceso que se lleva a cabo por primera vez.

El primer implicado en este caso es el jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, quien asumió el máximo cargo en 2020 tras un concurso de la Junta Nacional de Justicia y ratificado en 2024. El alto funcionario dispone de un equipo de asesores, analistas y personal de apoyo cuyo costo mensual, sumado a su remuneración, representa un gasto al Estado de 88 329 soles.

En su comparecencia ante el Congreso, Corvetto reconoció fallas pero las atribuyó a niveles inferiores de su estructura, sosteniendo que “el problema se ha suscitado en la gerencia de gestión electoral y precisamente en la subgerencia de producción electoral.” El Ministerio Público lo incluyó como testigo en la carpeta fiscal 205/2026.

En medio del proceso de investigación en su contra, el titular de la ONPE invocó el artículo 35 de la Ley N°30057, Ley de Servicio Civil. Este mecanismo estipula que cualquier funcionario público tiene el derecho de contar con asistencia legal cubierta por la entidad para la que trabaja, sea en procesos penales o administrativos.

José Samamé Blas: el único detenido

Samamé Blas ejercía hasta hace unos días como gerente de Gestión Electoral, el área responsable de planificar y ejecutar el despliegue del material electoral. Durante su gestión se aprobaron además los términos de referencia que abrieron paso a la contratación de la empresa Galaga.

El pasado 12 de abril, mientras las demoras se acumulaban en los locales de votación, presentó su renuncia. Fue detenido por flagrante delito de omisión de actos funcionales, convirtiéndose en el único privado de libertad en el marco de estas investigaciones. En su declaración ante la Policía, sostuvo que se considera “inocente” y trasladó la responsabilidad a la subgerencia bajo su línea de mando.

Juan Phang Sánchez

Juan Phang Sánchez fue señalado tanto por Corvetto como por Samamé como el responsable directo de supervisar el cronograma de distribución. El destituido funcionario tiene más de dos décadas en la institución y fue suspendido del cargo tras la jornada del 12 de abril.

Su nombre no aparece por primera vez en un contexto judicial. La Fiscalía lo investiga por presuntamente integrar la organización criminal “Los Gánsters de la Política”, vinculada al proceso de inscripción del partido Podemos por el Progreso del Perú. Según audios de 2018 revelados por Cuarto Poder registraron su voz presionando para agilizar esa inscripción, argumentando que las instrucciones venían “de la presidencia actual.”

El JNE incluyó también en su denuncia a Ricardo Saavedra Mavila, gerente de Organización Electoral, y a Edward Alarcón González, gerente de Administración. Ambos integran la estructura directiva que debía garantizar el correcto desarrollo del proceso y hoy forman parte de las investigaciones en curso ante el Ministerio Público.

Sin embargo, las imágenes y conversaciones difundidas por el periodista Edgard Aguilar muestran que decenas de vehículos de la empresa se encontraban en los almacenes de la ONPE listos para operar, pero sin recibir carga.

El informe señala que los camiones permanecieron detenidos porque el material electoral aún no estaba listo para su distribución.

En esa línea, Cristian Castillo, abogado de la empresa contratista Galaga, señaló que su representada contaba con la flota requerida para el traslado del material electoral y que el retraso se debió a la falta de documentación lista para su despacho.

Esta versión difiere de lo indicado previamente por la ONPE, que había responsabilizado a la empresa logística.

En el dominical de Punto Final, Alvarado afirmó que su empresa contó con todos los vehículos necesarios, pero que el área de despacho de la ONPE no tenía la mercancía lista a tiempo, considerando que el último camión salió recién el mismo domingo a las 5:51 de la mañana.

Como se conoce, en el marco de las Elecciones Generales 2026, más de 50 mil electores no lograron votar el 12 de abril, debido al cierre de varios locales, los cuales no contaban con el material electoral; solo lo hicieron al día siguiente. La ONPE responsabilizó a la empresa Galaga, pero esta respondió varios días después.

Según explicó Alvarado, su empresa decidió no pronunciarse antes para no interferir en el proceso. “Yo guardé silencio, me mordí la lengua. Mi silencio ha obedecido a que yo estaba en proceso de ejecución del servicio (...) La ONPE nos culpa a nosotros de no llegar a tiempo, pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese salido a hablar?”, sostuvo.

GALAGA ASEGURÓ QUE CONTABAN CON TODOS LOS VEHÍCULOS

El empresario afirmó que Galaga cumplió con proporcionar los recursos necesarios, incluyendo unidades vehiculares y conductores. Sin embargo, indicó que el principal problema fue que el material electoral no estaba listo para ser despachado a tiempo. “La entidad nos brindó 3 almacenes, en Eucaliptos, Lúcumo y San Pedro Life. Las 400 unidades no pueden estar amontonadas dentro de un almacén”, expresó.

Según relató, el proceso de despacho en el área de equipos de cómputo se extendía hasta las 4:30 de la madrugada, y desde allí las unidades debían trasladarse entre almacenes, completar los protocolos de apertura y cierre, y recién salir a ruta. Cada unidad demandaba entre 25 y 35 minutos en ese proceso, lo que sumaba cerca de 10 horas para el reparto total.

Sumado a ello, aseguró que se comunicó —vía WhatsApp— con Juan Phang, entonces subgerente de Producción Electoral de la ONPE, para comunicarle que tenía 35 unidades que no habrían cargado el material electoral y no podían salir a hacer su ruta prevista. Este le devuelve la llamada y le dice que esperen porque “ya va a salir el material”.

“La empresa cumplió con brindar los recursos, tanto en cantidad de unidades como en conductores para el reparto, oportunamente. Sin embargo, el área de despacho no tuvo la mercancía designada a tiempo”, dijo, asegurando que en la primera vuelta se usaron más de 434 unidades y casi 450 unidades utilizadas.

RESPECTO A INFORMES DE CONTRALORÍA

En cuanto al informe de Contraloría sobre advertencia en el manejo de camiones tipo furgón, Alvarado respondió que es falso porque los choferes contratados para el servicio sí cumplían con la experiencia para el manejo de estas unidades. "Tenemos una flota de casi 200 unidades propias y, en cada servicio, se ha mandado la documentación de nuestras unidades", indicó.

Respecto a la publicidad para contratar choferes adicionales, explicó que toda empresa de transporte debe contar con un plan de contingencia, ya que su flota habitual de cerca de 200 trabaja con clientes frecuentes durante el año y no permanece exclusivamente para procesos electorales, aclarando además que los términos de referencia no prohibían la subcontratación.

Por otro lado, un analista de la ONPE declaró ante la Contraloría que el retraso de los vehículos se generó por demoras en la organización de paquetes y embalajes, lo que coincide con la versión de Galaga. Además, la Contraloría detectó que algunos conductores registraban infracciones vehiculares que podrían haber afectado la distribución.

Galaga SAC ya remitió documentación ante la ONPE solicitando una rectificación pública, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contrató a la empresa Galaga S.A.C. por más de 6 millones de soles para la distribución del material electoral en Lima Metropolitana y el Callao, pese a que la empresa presentó la oferta económica más elevada entre los postores. Galaga ofertó S/ 6 368 332, mientras que AFE planteó S/ 5 898 928 y Hermes S/ 6 200 184.

Según el informe periodístico, en las bases originales de la licitación, la ONPE exigía que los camiones tuvieran una capacidad mínima de 10 metros cúbicos, pero durante la evaluación los criterios se modificaron: los representantes de la institución determinaron descontar dos metros correspondientes a la cabina del conductor. Las empresas Hermes y AFE (con camiones blindados, personal capacitado y flotas modernas) vieron reducida la capacidad acreditada de sus vehículos con ese nuevo criterio y quedaron fuera; Galaga, en cambio, cumplía con las condiciones modificadas y así fue como se le adjudicó la buena pro.

Adicionalmente, se incorporó una cláusula que otorgaba mayor puntaje a la empresa que acreditara titularidad sobre 68 vehículos, por encima del mínimo exigido de 40. Galaga cumplió ese requisito y ganó la licitación, pese a que en el Registro Único de Contribuyentes de la SUNAT figura con apenas 13 trabajadores.

Galaga presenta penalidades previas

Los antecedentes de Galaga con la propia ONPE no eran desconocidos al momento de la contratación, en procesos electorales anteriores, la institución ya le había impuesto tres penalidades por un monto total de 64 000 soles. Una vez iniciada la jornada, la Contraloría General de la República identificó nuevas irregularidades en la ejecución del contrato.

El vocero de la Contraloría, Guzmán Vera Coronel, señaló que el proveedor incorporó conductores no acreditados al servicio sin la validación correspondiente. Vera Coronel precisó que “algunos de ellos contaban con infracciones muy graves durante los 12 meses” previos a la elección, y que la empresa cambió conductores a discreción sin notificarlo a la ONPE, en contravención directa al contrato suscrito.

Chats internos de la ONPE expusieron la desorganización interna

Los hechos ocurridos el pasado 11 de abril (un día antes de los comicios) quedó registrado en conversaciones de WhatsApp entre conductores de Galaga, coordinadores de la empresa y funcionarios de la ONPE. Desde las 7 de la mañana, un conductor reportaba su ubicación con fotografías; casi doce horas después, informó que se encontraba cerca a su destino.

A la medianoche, cuando el cronograma indicaba que todo el material debía estar en los centros de votación, decenas de unidades continuaban sin despachar. El gerente de Galaga, Juan Alvarado, envió un mensaje de emergencia al entonces subgerente de Producción Electoral de la ONPE, Juan Phang , quien fue suspendido de su cargo, para solicitar la salida de los vehículos vacios.

Otro chat grupal de coordinación dejó constancia de la ausencia de comisionados de la ONPE y de efectivos policiales para acompañar los furgones.

Fallas en el Sistema STAE de la ONPE

Cabe señalar que la ONPE presentó el Sistema STAE como una plataforma digital para el conteo de votos y la elaboración de actas, con cobertura en Lima Metropolitana y el Callao. Para su implementación, se adquirieron laptops e impresoras por 41 millones de soles, con entrega completada por la empresa SIVCORP el 10 de septiembre de 2025.

El representante de SIVCORP, Marcos Sayán, confirmó al programa que los equipos fueron entregados según lo pactado, precisando que “la orden de compra tiene fecha 14 de julio del 2025 y culminó el día 10 de septiembre del 2025” y que “cuando ellos reciben los equipos, tienen que dar una conformidad de los bienes.” Pese a disponer de los 31 234 equipos desde hace seis meses, la ONPE no los puso a prueba ni los embaló oportunamente.

El vocero de la Contraloría, Guzmán Vera Coronel, explicó que el problema fue más allá del retraso logístico, al señalar que “ese material de cómputo no coincide a los enchufes o no llegaron los enchufes”, lo que impidió la instalación en los tiempos previstos. Las fallas también incluyeron laptops sin conexión a internet, equipos que no reconocían los códigos de acceso e impresoras con cartuchos de tinta de corta duración.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazó de manera categórica versiones difundidas en medios y redes sociales que señalaban supuestas reuniones o contactos entre su presidenta y un ciudadano vinculado a la eventual jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Mediante un comunicado oficial firmado por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, la institución negó cualquier relación con el ciudadano José Alfredo Pérez Duharte, quien fue mencionado en algunas versiones como supuesto accesitario para la jefatura de la ONPE.

JNJ descarta reuniones o contactos con ciudadano mencionado

En el documento, la presidenta de la JNJ afirmó que no ha sostenido reuniones ni contacto alguno —directo o indirecto— con la persona mencionada.

Asimismo, precisó que no conoce al ciudadano y desmintió cualquier insinuación en ese sentido.

La institución indicó que las afirmaciones difundidas carecen de sustento y solicitó a la ciudadanía y a los medios informarse a través de fuentes oficiales.

Investigación contra jefe de la ONPE continúa

El comunicado también confirmó que la investigación preliminar seguida contra Piero Corvetto Salinas, jefe de la ONPE, se inició de oficio por decisión del pleno de la Junta Nacional de Justicia.

Según la entidad, el procedimiento se encuentra actualmente a cargo de un miembro instructor designado y se desarrolla conforme al marco legal vigente y con respeto al debido proceso.

Este proceso está relacionado con los hechos denunciados públicamente sobre el desarrollo del reciente proceso electoral.

Llamado a evitar información no oficial

Finalmente, la JNJ exhortó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no difundir información proveniente de fuentes no oficiales, al considerar que este tipo de versiones puede generar confusión en la opinión pública.

Además, advirtió que la difusión de contenidos sin sustento podría afectar la institucionalidad democrática y el desarrollo de las investigaciones en curso.

El comunicado fue emitido en la ciudad de Lima, el 19 de abril de 2026, como parte de las acciones institucionales frente a la difusión de versiones sobre el proceso electoral.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó este domingo un documento ante el Ministerio Público en el que anunció que entregará su pasaporte y autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en el marco de la investigación fiscal por presuntas irregularidades durante las Elecciones Generales 2026.

El documento, presentado por su defensa legal y a la que accedió El Comercio, señala que el titular de la ONPE se pone a disposición de las autoridades en calidad de testigo en la investigación por el presunto delito de colusión en agravio del Estado.

Entrega de pasaporte y cancelación de vacaciones

Como parte de las medidas adoptadas, Corvetto informó que decidió cancelar un periodo vacacional previamente programado entre el 7 y el 12 de mayo, debido a la situación generada tras el proceso electoral.

Según el documento, la decisión fue tomada el 15 de abril de 2026, en coordinación con su defensa, considerando su responsabilidad constitucional frente al desarrollo de las elecciones.

El titular de la ONPE también cuestionó el pedido policial que buscaba establecer medidas restrictivas en su contra, calificándolo como un “despropósito y exceso”, debido a que cuenta con seguridad permanente del Estado.

“Mi persona cuenta con Seguridad del Estado las 24 horas del día (...), por lo que resulta un despropósito y exceso la solicitud del Comando de Operaciones de la PNP”, señaló en el documento presentado ante Fiscalía.

Policía reforzó control en fronteras

Previamente, la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso que sus unidades especializadas refuercen los controles en puertos, aeropuertos, terrapuertos y puestos fronterizos, ante la posibilidad de eventuales intentos de evasión por parte de funcionarios investigados.

La medida fue comunicada mediante un documento suscrito por el teniente general PNP Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal (DIRNIC).

Estas acciones respondieron a la información de que la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR) evaluaba solicitar al Ministerio Público la detención preliminar por siete días contra el titular de la ONPE y otros implicados, así como allanamientos e incautación de bienes.

Policía descarta detención del jefe de la ONPE

Sin embargo, el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, descartó públicamente la posibilidad de una detención contra Corvetto.

“No tenemos información. Nosotros, la policía no sabemos eso, así que la policía no lo ha detenido”, declaró en entrevista con TV Perú.

Durante la mañana del domingo, el jefe de la ONPE fue visto salir con normalidad de su vivienda hacia la sede institucional, mientras un patrullero policial permanece en vigilancia en los exteriores desde hace cuatro días.

La investigación fiscal se originó tras las demoras registradas durante el proceso electoral, debido a la falta de material electoral que impidió la instalación oportuna de algunas mesas de votación, situación que llevó a extender los comicios hasta el lunes 13 de abril.

El Congreso de la República del Perú iniciará desde este lunes 20 de abril su cuarta semana de representación correspondiente al año 2026, conforme a la programación establecida por la Junta de Portavoces desde diciembre de 2025.

Esta actividad se desarrollará hasta el viernes 24 de abril, periodo en el que los 130 congresistas deberán trasladarse a sus respectivas circunscripciones o a distintas zonas del país para atender demandas ciudadanas y recoger información sobre problemáticas locales.

La programación fue oficializada mediante el Oficio Circular N.º 036-2025-2026-ADP-OM/CR, emitido por la Oficialía Mayor del Parlamento, que establece las fechas correspondientes a las semanas de representación para los meses de 2026.

¿En qué consiste la semana de representación?

La semana de representación está contemplada en el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, el cual establece cinco días laborables continuos por mes destinados a que los parlamentarios mantengan contacto directo con la población.

Durante este periodo, los legisladores deben:

• Reunirse con ciudadanos y organizaciones sociales.
• Recoger denuncias documentadas de la población.
• Fiscalizar a autoridades locales y regionales.
• Mediar entre ciudadanos y entidades del Poder Ejecutivo.

Asimismo, durante estos días no se realizan sesiones ordinarias del Pleno ni de las comisiones parlamentarias, mientras que las actividades desarrolladas por cada congresista deben ser reportadas oficialmente.

Regulación sobre proselitismo político

La semana de representación coincide con el desarrollo de la campaña electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026, lo que ha generado atención sobre las actividades políticas que pueden realizar los parlamentarios.

Mediante la Resolución Legislativa N.º 11306, publicada en septiembre de 2025, se incorporó el artículo 25-A al Reglamento del Congreso, el cual establece que los parlamentarios pueden expresar y promover posiciones ideológicas o partidarias en el ejercicio de sus funciones.

No obstante, la norma precisa que no está permitido realizar actividades de proselitismo político durante las sesiones del Pleno o de comisiones, salvo que se solicite licencia sin goce de haber.

Contexto político previo al nuevo Congreso bicameral

El inicio de esta semana de representación se produce en medio del proceso electoral nacional y a tres meses de la entrada en funciones del nuevo Congreso bicameral, que regirá tras las elecciones generales.

Según resultados preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con más del 93% de actas contabilizadas, la candidata Keiko Fujimori Higuchi, del partido Fuerza Popular, lidera el conteo con 17.05%, seguida por Roberto Sánchez Palomino con 12.00%, y Rafael López Aliaga con 11.92%.

Durante esta semana, los parlamentarios recorrerán diversas regiones del país para reunirse con autoridades locales, organizaciones sociales y ciudadanos, con el objetivo de atender necesidades y demandas de la población.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el conteo de votos de la Elección de Fórmula Presidencial 2026 alcanzó el 93.484% de actas contabilizadas, según el reporte actualizado al 19 de abril de 2026 a las 09:00 a. m.

De acuerdo con los resultados oficiales preliminares, la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi se mantiene en el primer lugar del conteo con 2,687,661 votos, equivalentes al 17.056% de los votos válidos.

Resultados preliminares con más del 93% de actas procesadas

Según el reporte de la ONPE, el segundo lugar lo ocupa Roberto Helbert Sánchez Palomino, quien registra 1,891,908 votos, lo que representa el 12.006% de los votos válidos.

En tercer lugar figura Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, con 1,878,522 votos, equivalente al 11.921%.

El total de actas registradas hasta el momento asciende a 92,766, mientras que un porcentaje aún se encuentra en proceso de envío al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y una fracción permanece pendiente.

Conteo continúa con actas en proceso de envío

El reporte oficial indica que 6.216% de actas aún se encuentra en proceso de envío al Jurado Nacional de Elecciones, mientras que 0.300% permanece pendiente, lo que significa que los resultados finales podrían variar conforme avance el procesamiento.

El sistema de la ONPE permite visualizar los resultados en tiempo real a medida que se integran nuevas actas al conteo nacional.

Las autoridades electorales reiteraron que los resultados difundidos corresponden a datos preliminares, sujetos a actualización continua hasta la culminación del escrutinio oficial.

Datos clave

• Entidad: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
• Elección: Fórmula Presidencial 2026
• Actas contabilizadas: 93.484%
• Total de actas: 92,766
• Actualización: 19 de abril de 2026 — 09:00 a. m.

Resultados preliminares:

• Keiko Sofía Fujimori Higuchi: 2,687,661 votos (17.056%)
• Roberto Helbert Sánchez Palomino: 1,891,908 votos (12.006%)
• Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla: 1,878,522 votos (11.921%)

Estado de actas:

• En envío al JNE: 6.216%
• Pendientes: 0.300%

La Policía Nacional del Perú emitió una disposición interna para reforzar acciones de control en distintos puntos del país, en el marco de una investigación que involucra al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto. La orden a la que tuvo acceso El Comercio establece medidas preventivas ante un posible intento de salida del territorio nacional.

El documento, emitido por la Dirección Nacional de Investigación Criminal, instruye a diversas unidades a intensificar la vigilancia en espacios estratégicos. Entre estos se encuentran aeropuertos, puertos, terminales terrestres y zonas de frontera.

Detalles de la disposición policial

La comunicación interna señala que se tomó conocimiento de una solicitud vinculada a diligencias fiscales en curso. En ese contexto, se menciona la posibilidad de requerimientos como detención preliminar, allanamientos e incautaciones.

“La Dirección Contra la Corrupción (…) solicitaría siete días de detención preliminar, así como el allanamiento e incautación de bienes (…) con el fin de evitar la manipulación de pruebas y asegurar dispositivos digitales, oficinas y vehículos”, precisa el documento.

Refuerzo de vigilancia e inteligencia

La disposición también ordena a las unidades especializadas coordinar con áreas de inteligencia para ampliar las labores de seguimiento. Estas acciones buscan anticipar cualquier intento de evasión o desplazamiento fuera del país.

“Se orientará a intensificar las acciones propias de la función policial orientadas a la prevención ante eventuales intentos de evasión o salida del país”, se lee.

La orden precisa que todas las intervenciones deberán ejecutarse conforme a las normas vigentes. Asimismo, se establece que el uso de la fuerza debe regirse por los principios establecidos en la legislación.

Finalmente, se indica que cualquier hecho relevante deberá ser comunicado de forma inmediata al comando institucional. Este mecanismo busca mantener el seguimiento constante de las acciones desplegadas en todo el país.

La organización que no ha tenido reparos en sumar al etnocaerista Antauro Humala, quien purgó prisión por el “Andahuaylazo” (homicidio, secuestro y otros), propone una nueva Constitución y una mayor, o casi total, intervención estatal.

PANFLETARIO

No son pocas las iniciativas de JP que suponen un retroceso. Las principales están relacionadas al capítulo económico. El plan de gobierno, presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), propone “revisar y cambiar” hasta cinco artículos constitucionales. Entre ellos, el que limita al Estado a incursionar en la “actividad empresarial, directa o indirecta” (art. 60).

“Se eliminará en la Nueva Constitución el aval a los contratos Ley y los regímenes tributarios y laborales”, agrega. A ello, se suma la renegociación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los “contratos sobre recursos naturales estratégicos: gas, minería, hidrocarburos, entre otros”.

Por otro lado, plantea un “sistema tributario progresivo que elimine privilegios y reduzca la evasión (de impuestos)”, así como “la aplicación del pago de impuestos a las sobreganancias”.

Por si fuera poco, sugiere un “control de precios” y la “prohibición gradual de exportación de minerales sin procesamiento y desarrollo de cadenas de valor nacionales”.

En este último sector, también se establecerá que el “100% de las concesiones extinguidas pasen al control del Estado” y que la “reducción del tiempo de las concesiones (mineras pase) de 30 a 5 años”. En síntesis, se ofreció al electorado un “mayor poder del Estado regulador”.

Sin embargo, una de las propuestas más polémicas es la creación del “Poder Popular” como un nuevo poder del Estado, “organizado desde formas básicas de participación ciudadana para la toma de decisiones”.

Es decir, un calco y copia de la dictadura chavista. El Estado, así, toma decisiones inconstitucionales bajo el concepto de que emanan del “poder popular”.

RETROCEDE

Una mención aparte merece la posición que ha tenido JP sobre el Banco Central de la Reserva (BCR) y su actual titular, Julio Velarde.

Sánchez apuntó contra el funcionario semanas atrás: “Usted, señor Julio Velarde, no nos representa. Nosotros, en nuestro primer día de gobierno, lo vamos a echar (…). Debemos cambiar el capítulo económico de la Constitución”.

Ayer, sin embargo, cambió de opinión en un intento por moderar su discurso ante una eventual segunda vuelta. Durante una conferencia de prensa, señaló que “hemos oído que está dispuesto a la conversación. (…) Nosotros estamos en la capacidad también de visitarlo y conversar con él, tomar un buen café y dialogar nuestros puntos de desencuentro”, aseveró.

Según la resolución emitida el 17 de abril, se anula la disposición previa y elimina la encargatura temporal que iba a asumir el gerente general de la ONPE, Bernardo Pachas.

La decisión ocurre en medio de graves denuncias de irregularidades en las Elecciones Generales 2026 tras reportes de retrasos en la instalación de mesas y observaciones sobre la distribución de material electoral.

A ellos se suma Acción Popular, que fue separado antes de tener un candidato presidencial.

En estos comicios, en los que los peruanos eligieron entre 37 organizaciones políticas, solo seis lograron asegurar la representación de sus bancadas.

Con el 79% de actas contabilizadas para senadores a nivel nacional, 88% en senadores regionales, 86% en diputados y 83% en el Parlamento Andino, estas son, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico Obras y Ahora Nación.

No pasan

De ese gran grupo de partidos perdedores en estas elecciones, hay varios que son considerados históricos para la vida política nacional. Entre ellos figura el Partido Aprista Peruano (APRA), fundado por el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre el 7 de mayo de 1924 en Ciudad de México.

En estas EG 2026, el APRA presentó a Enrique Valderrama como candidato presidencial.

En la elección al Senado, la agrupación alcanzó el 1.7% de los votos, mientras que en diputados solo llegó al 2%.

Otro caso es el del Partido Popular Cristiano (PPC), fundado por el exalcalde de Lima Luis Bedoya Reyes hace 60 años.

En estas elecciones, la agrupación integró la alianza Unidad Nacional, que llevó como candidato presidencial a Roberto Chiabra. En el Congreso, obtuvo 0.4% para el Senado y para diputados 0.6%.

Otro partido con trayectoria es Somos Perú, que fue fundado en 1995 por el ex burgomaestre de Lima Alberto Andrade Carmona. En estos comicios, llevó como candidato presidencial a George Forsyth.

En cuanto a votos para la Cámara Alta, el partido del “corazón” consiguió 1,2%, mientras que en la Cámara Baja tuvo apenas 1.7%.

Otro es Alianza para el Progreso (APP), creado por César Acuña Peralta en 2001 en la ciudad de Trujillo, que alcanzó 1.7% para senadores, mientras que para diputados obtuvo 1.2%.

Con APP, Acuña ha sido congresista, alcalde provincial de Trujillo, gobernador regional de La Libertad y hasta presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. “Solo me falta ser presidente”, expresó en alguna campaña.

Otros partidos con menos historia también tendrán que tratar de reinscribirse si quieren seguir existiendo. El Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), fundado en 1989, no presentó plancha presidencial, pero tampoco alcanzó los votos necesarios en ninguna de las dos cámaras del Congreso.

De igual forma, Avanza País, fundado por Pedro Cenas Casamayor el 10 de abril de 2000, tampoco mantendrá su inscripción tras obtener para el Senado 0.5% y en diputados 1%.

Entre los otros 29 partidos que deberán iniciar nuevamente su proceso de inscripción figuran Perú Libre, Podemos Perú, el Partido Morado, Perú Moderno, País para Todos, Primero la Gente, Venceremos y Sí Creo.

En las actuales elecciones, la valla electoral exigía el cumplimiento de dos condiciones simultáneas: alcanzar al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección de la cámara correspondiente y obtener un mínimo de representación, equivalente a 3 senadores o 7 diputados.

Requisitos

Tras este fracaso, las organizaciones políticas que deseen inscribirse en el ROP nuevamente deberán cumplir con dos exigencias.

La primera está establecida en la Resolución N.° 345-2019-JNE, vigente según el JNE, que fija en 24,800 el número mínimo de afiliados para lograr la inscripción.

El partido deberá volver a acreditar el padrón requerido por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y el Reglamento del ROP.

No obstante, desde 2024 se incorporó un nuevo requisito mediante la Resolución N.º 0051-2024-JNE.

Ahora se exige “la relación de adherentes en número no menor del tres por ciento (3%) de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional”, lo que equivale a 531.412 ciudadanos.

Asimismo, se indica que las organizaciones políticas cuentan con un plazo de dos años, contados a partir de la adquisición de formularios, para recolectar las firmas de adherentes y presentar la solicitud de inscripción ante el JNE.

En este proceso, la responsabilidad penal por eventuales irregularidades en la recolección de firmas recae en la persona designada por la organización y en quien suscribe la hoja de adherentes.

Además, no podrán inscribirse aquellas agrupaciones cuyo ideario o programa promueva la destrucción del Estado constitucional de derecho.

Opinión

Al respecto, el especialista electoral José Manuel Villalobos señaló a Correo que, aunque en estas elecciones hubo numerosos partidos inscritos, “el sistema está diseñado para que solo unos cuantos accedan al Congreso, evitando una alta fragmentación”.

Asimismo, explicó que la solicitud de inscripción de un partido político debe estar acompañada de documentos como las actas de constitución de comités, el acta de fundación, el estatuto y el reglamento electoral.

También incluye la designación de representantes y personeros legales y técnicos (titulares y alternos), además de un tesorero titular y un suplente.

Hay, en este contexto, un aspecto preocupante. Villalobos advirtió que los partidos con representación en el actual Congreso que no han superado la valla electoral podrían intentar aprobar una ley para evitar la cancelación de su inscripción.

No obstante, el experto en derecho electoral José Tello señaló que ello no sería posible.

“No puedes aplicar una ley desde un año antes de la elección, por el principio de intangibilidad normativa. Para esta elección ya no se puede aplicar ninguna ley y ellos están muertos en vida”, afirmó a este Diario.

Tello advirtió que la institucionalidad atraviesa una situación crítica debido a que la reforma de 2019 fue “errática”.

Añadió que el sistema hace competir a los partidos para que “se queden, compitan y mueran”, una lógica donde “el más fuerte sobrevive y el débil desaparece”.

“No puedes hacer institucionalidad a punta de una pistola en la cabeza”, aseveró.

También cuestionó que la competitividad electoral como mecanismo para fortalecer la institucionalidad partidaria haya resultado “un fracaso”.

Señaló que hoy los partidos son percibidos como “máquinas electorales”, que funcionan como “buses” cargados de candidatos durante la campaña y luego pierden utilidad.

En ese sentido, propuso que las organizaciones se inscriban cumpliendo los requisitos legales, pero no estén obligadas a participar de inmediato en elecciones, a fin de consolidarse, formar cuadros y evitar la venta de candidaturas “como si fuese un mercado persa”.

Como ejemplo, mencionó el caso del APRA que pese a no superar la valla, existe y mantiene “todas las bases activas”, lo que demuestra que conserva presencia e identidad política.

“Incluso en una movilización de 25.000 personas, los apristas lograron movilizar gente”, resaltó.

Burneo reveló que el voto en el extranjero no registró las mismas dificultades logísticas que Lima Metropolitana.

Sin embargo, precisó que sí se presentaron incidencias en dos circunscripciones en Estados Unidos: Orlando y Nueva Jersey.

Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el voto exterior muestra que el 26.3% de las 2,543 actas de la elección presidencial fue observada y derivada al Jurado Electoral Especial (JEE).

América concentra el mayor volumen con 423 actas observadas sobre 1,570. Le siguen Europa con 224 actas de 839, mientras que Asia registra 21 observadas de 107.

En Oceanía, solo dos de 21 actas totales irán al JEE.

África cierra sin observaciones, con sus seis actas contabilizadas.

En específico

Orlando y Nueva Jersey concentran tasas de observación superiores al promedio exterior.

Orlando no cuenta con actas pendientes pero registra que nueve de sus 21 actas fueron derivadas al JEE, lo que representa el 42.9% del total. Por otro lado, al cierre de esta nota, Nueva Jersey acumulaba 31 actas para el JEE y 25 pendientes de contabilizar sobre un universo de 128.

El politólogo Jean Carlos Rodríguez sostuvo que el porcentaje de actas observadas en el voto extranjero de estas elecciones es mayor al registrado en 2021, que fue de un 5%, y apuntó a fallas tecnológicas.

“Probablemente sea por los problemas que presentó el STAE y los errores que cometieron los miembros de mesa: sumas erradas, falta de firmas, datos ilegibles”, señaló.

El especialista cuestionó directamente la gestión de la ONPE. “Desgraciadamente se han evidenciado ineficiencias en la contratación de personal, traslado de material electoral, y finalmente está generando la pérdida de la confianza”, concluyó.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, informó que 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional recibieron 15,470 actas observadas, de las cuales 4,822 corresponden a la elección presidencial.

“De las actas que ya hemos atendido, tenemos 106 que irán a recuento de votos”, precisó a RPP.

Clavijo advirtió que el proceso depende de la rapidez con que la ONPE remita los expedientes.

“Nosotros necesitamos que inmediatamente la ONPE nos envíe las actas tanto a los jurados electorales especiales como el ejemplar que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones para el cotejo respectivo”, indicó.

Contraste

El analista electoral Mathieu Rojas advirtió a Correo que los plazos podrían extenderse considerablemente y trazó una comparación internacional.

“En Chile entre la primera y la segunda vuelta hay un mes, en Argentina también, en Francia hay solo dos semanas. Yo no me quisiera imaginar cómo sería Perú si tuviéramos un sistema así“, señaló.

El especialista estimó que “probablemente nos va a demorar cinco o seis semanas que se proclamen los resultados de los Jurados Electorales Especiales”.

Rojas también alertó sobre una posible dilatación en caso de que se ordenen reconteos.

“Si cuando teníamos todos los miembros de mesa igual demoró 10 horas contar un acta, imagínate si vamos a un proceso de reconteo”, subrayó.