Ambas jornadas se realizarán en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. El formato establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contempla cuatro bloques destinados a la exposición de propuestas, el intercambio entre participantes, las consultas ciudadanas y los mensajes finales.

¿Cómo se dividirá la jornada?

¿Quiénes participan hoy?

La primera jornada contará con 13 postulantes a la Municipalidad Metropolitana de Lima. El orden establecido para sus intervenciones será el siguiente:

• Batalla Perú: Samir Frank Quispe Caballero
• Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont Cassinelli
• Partido Democrático Somos Perú: Carlos Bruce Montes de Oca
• Partido Morado: Victoria Betzabé La Cruz Garcés
• Frepap: Segundo Valdez Zavala
• Alianza para el Progreso (APP): Elio Fernando Riera Garro
• Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller Gutiérrez
• Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez
• Juntos por el Perú: Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar
• Partido Político Pueblo Consciente: Luis Alberto Huette Tolentino
• Ahora Nación: Susel Ana María Paredes Piqué
• Podemos Perú: Daniel Belizario Urresti Elera
• Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simon Munaro

El intercambio de propuestas se realizará mediante grupos definidos a través de un sorteo previo. Las duplas y ternas establecidas para esta parte son:

El segmento 3A estará compuesto por duplas y ternas que responderán las consultas seleccionadas de la campaña impulsada por el organismo electoral. La distribución prevista para este espacio es la siguiente:

El bloque 3B tendrá una dinámica distinta y llevará la denominación “Sin rodeos”. Los grupos definidos para esta etapa son los siguientes:

El cierre de la jornada del lunes también seguirá un orden previamente establecido. Cada organización tendrá un minuto y medio para dirigirse al electorado al finalizar las intervenciones.

1. Partido Patriótico del Perú
2. Podemos Perú
3. Frepap
4. Obras
5. Alianza para el Progreso
6. Batalla Perú
7. Partido Morado
8. Partido Demócrata Verde
9. Juntos por el Perú
10. Tierra Verde
11. Ahora Nación
12. Somos Perú
13. Partido Político Pueblo Consciente

Las organizaciones políticas acordaron que la conducción de las dos jornadas estará a cargo de los periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz Laguna. Ambos estarán al frente de las intervenciones previstas durante los encuentros del 21 y 22 de septiembre.

Para analizar las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, el evento convocará a tres candidatos a la Alcaldía de Lima para que expongan sus propuestas electorales a la ciudadanía.

También contará con la participación del presidente del Congreso, el senador Miguel Ángel Torres; y el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli.

La jornada se estructura en tres bloques temáticos y se transmitirá en vivo por Canal N y el canal oficial de YouTube de El Comercio.

Distribución

El primer bloque reunirá a tres principales candidatos a la alcaldía de Lima, quienes contrastarán sus propuestas de gestión ante la ciudadanía. Como el evento se realizará después de los debates oficiales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se realizarán el 21 y 22 de setiembre, el foro de El Comercio y América Multimedia servirá para que los aspirantes ahonden en sus planes de acción en caso de resultar electos.

En el segundo bloque, el presidente del Congreso y segundo vicepresidente de la República expondrá las prioridades legislativas del Senado para el próximo quinquenio. En el tercero, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, detallará las estrategias del Ejecutivo para hacer frente al Fenómeno El Niño que ya viene azotando al país, pero que aún no llega a su pico de destrucción.

El foro se enmarca en una serie de encuentros de análisis sobre la realidad nacional que El Comercio y América Multimedia han impulsado durante el año 2026, y busca ampliar el debate político más allá de los espacios oficiales del JNE, con miras a las elecciones del 4 de octubre.

De acuerdo con información revisada por Correo, se registra un caso por violencia escolar cada 30 minutos.

Cabe precisar que la data solo incluye los casos que son reportados ante el portal SíseVe, la plataforma oficial del Ministerio de Educación (Minedu) que permite denunciar violencia de manera confidencial.

DETALLES

Los datos oficiales entre el día 1 de enero y 31 de agosto de este año, dan cuenta de un total de 11,791 casos por violencia escolar.

Es decir, se presentaron en promedio 48 casos por día, una cada 30 minutos.

La violencia reportada ocurrió entre escolares, así como de parte del personal de la institución educativa hacia los escolares.

En total se reportaron 5187 casos por violencia física que incluye lesiones, no lesiones y hasta el uso de armas.

El segundo tipo de violencia más reportado es el de tipo psicológico que suma 4545 denuncias.

Estas incluyen acoso escolar, aislamiento, ciberacoso, discriminación, intimidación, trato humillante y violencia verbal.

También se registraron 2059 casos por violencia sexual.

En este último bloque se registran casos por acoso sexual, acoso sexual mediante medios tecnológicos, hostigamiento sexual, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, violación sexual y violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos.

Por otro lado, las regiones que acumulan el mayor número de casos por violencia son Lima Metropolitana (4058), Arequipa (730), Piura (692), Junín (552), Áncash (540), La Libertad (530), Lambayeque (490), Ica (414), Cusco (411), Tacna (354), Lima Provincias (379), Huánuco (353), San Martín (322) y Cajamarca (246).

PROCESO

Los reportes que se realizan en el portal SíseVe se hacen con la finalidad de que la institución educativa se entere de los hechos de violencia en agravio de estudiantes y así puedan tomar acciones.

Para reportar un caso es necesario crear una cuenta con un número de Documento Nacional de Identidad (DNI), carnet de extranjería o un permiso temporal de permanencia.

El oficial reemplazó a Ricardo Sabino Espinoza Cuestas, quien dejó la región después de casi cinco meses y asumirá la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en Lima tras la reasignación de Víctor Revoredo.

La Resolución Suprema N.° 234-2026-IN incluyó ambos movimientos dentro de una reorganización de 23 oficiales generales bajo la causal de “necesidad del servicio”.

Desglose. El nuevo relevo prolonga una secuencia iniciada durante el gobierno de Pedro Castillo.

Cuando el golpista llegó al poder, el 28 de julio de 2021, el general PNP Carlos Alejandro Céspedes Muñoz ya conducía la Policía en La Libertad desde el 30 de diciembre de 2020 y permaneció en el cargo hasta febrero de 2022.

Desde entonces, la región tuvo otros nueve cambios de mando, con periodos de permanencia muy distintos.

En ese lapso, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), ocurrieron 199 homicidios.

Luego llegó el general Max García Esquivel asumió el cargo el 8 de febrero de 2022.

Su paso por la jefatura duró apenas 33 días, el más breve de todos. La región contabilizó 28 homicidios durante ese periodo. Sin embargo, el Gobierno lo trasladó de vuelta a Lima el 13 de marzo de 2022.

Posteriormente, el general Jorge Angulo Tejada reemplazó a García Esquivel el 13 de marzo de 2022.

Su gestión se extendió 119 días, hasta el 10 de julio de ese año. La región sumó 66 homicidios en ese periodo.

Aunque empresarios y funcionarios locales pidieron su permanencia, el Ministerio del Interior (Mininter) lo reasignó a Apurímac.

Fue así como, el general Augusto Ríos Tiravanti tomó el mando el 10 de julio de 2022. Permaneció 451 días en el cargo, el periodo más extenso de estos últimos 5 años. No obstante, la región acumuló 241 homicidios ese tiempo.

El entonces gobernador regional, César Acuña, exigió públicamente su salida tras una intervención fiscal que reveló protección policial a una organización criminal. Explicó ante la prensa el motivo de su pedido: “El general que está en Pataz va a bajar a manejar la región”, declaró.

El Mininter removió a Ríos el 4 de octubre de 2023. La investigación contra el general Ríos Tiravanti fue archivada.

Tras ello, el coronel Francisco Vargas Andonaire asumió la jefatura el 5 de octubre de 2023. Su gestión duró 86 días.

La región registró 65 homicidios en ese lapso, dentro de un año que cerró con 347 crímenes en total.

El general José Zavala Chumbiauca llegó a La Libertad el 30 de diciembre de 2023. Su gestión se prolongó 357 días.

La Libertad reportó 273 homicidios durante ese periodo, la mayoría bajo la modalidad de sicariato y concentrada en las provincias de Trujillo, Virú y Pataz.

La prensa local documentó que Zavala no logró reducir la incidencia delictiva pese a sus objetivos declarados. El Mininter lo reasignó a la unidad de Ciberdelincuencia el 21 de diciembre de 2024.

Fue así como, el general Guillermo Llerena Portal, hasta entonces jefe de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, asumió el cargo el 21 de diciembre de 2024.

Llerena permaneció 364 días al mando de la región. La región contabilizó 271 homicidios durante su gestión. Sin embargo, el Gobierno de José Jerí dispuso su pase al retiro.

Graves. Entonces, el general Franco Moreno Panta recibió la jefatura el 27 de diciembre de 2025.

Desde su designación, pasaron 121 días, hasta el 27 de abril de 2026.

La región registró 70 homicidios en ese periodo, además de más de 70 ataques con explosivos contra viviendas y negocios.

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, anunció su cambio durante una ceremonia pública en Trujillo.

El jefe policial saliente pasó a integrar el Estado Mayor General en Lima.

Arriola descartó que la salida respondiera a los cuestionamientos que enfrentaba Moreno Panta tras la captura de cuatro suboficiales de su entorno cercano.

Consultado sobre el motivo real del relevo, el comandante general fue escueto. “Es una necesidad de servicio”, respondió.

Entonces, el general Ricardo Espinoza Cuestas asumió el mando el día 27 de abril de 2026. Su gestión duró 145 días hasta el 20 de setiembre de 2026.

La región registró 89 homicidios en ese periodo completo.

El caso más mediático de su gestión fue el secuestro del empresario minero Jenss Lara, atribuido a la organización criminal “Los Pulpos”, que además asesinó a los cuatro acompañantes de la víctima esa misma madrugada de agosto.

El Consejo Regional de La Libertad solicitó su destitución a inicios de setiembre, después de una masacre en Trujillo. Espinoza no acudió personalmente a la sesión del Consejo en la que debía sustentar su plan de trabajo.

La PNP explicó entonces que el general dirigía operaciones vinculadas al caso Lara.

El Ministerio del Interior lo trasladó finalmente a la Dirincri, en el marco de la reasignación de 23 generales oficializada este 20 de setiembre.

El general Eric Waldir Ángeles Puente dirigía hasta ayer la Dirección de Investigación de Cibercrimen, unidad de delitos informáticos.

Mediante la Resolución Suprema N.° 234-2026-IN, publicada ayer en el diario oficial El Peruano y firmada por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro del Interior, César Astudillo, se reasignaron por “necesidad del servicio” a 23 tenientes generales y generales en activo.

El cambio de mayor impacto operativo es la salida del general Víctor Alfredo Revoredo Farfán de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) a la Dirección de Asuntos Internacionales. En su reemplazo asumirá el general Ricardo Sabino Espinoza Cuestas, quien era jefe policial de La Libertad.

En cadena

Revoredo era cuestionado por su accionar ante los últimos atentados ocurridos en el país y su relación con la prensa, como cuando respondió a gritos “¡Qué viva el Perú!”, cuando era interpelado por el secuestro de Jenss Lara.

Su rotación genera una cadena de cambios. La jefatura La Libertad será asumida por Eric Ángeles Puente, quien deja la Dirección de Investigación de Crimen Internacional (Dirincib).

En Áncash, el general Miguel Mesta Rebaza asumirá la región en reemplazo de Eduan Díaz Díaz, quien pasa a la Dirección de Administración de la Secretaría Ejecutiva.

Víctor Meza Farfán deja Operaciones Especiales para asumir la Región Policial Lima Centro, en reemplazo de José Castillo Vargas.

En el Callao, Olger Benavides Ponce de León asumirá la jefatura que deja Marco Conde Cuellar, quien pasa a la Dirección de Inspecciones de la Inspectoría General.

El cambio también alcanza áreas como Antidrogas, Lavado de Activos, Seguridad del Estado, Operaciones Especiales, Turismo, Bienestar, Salud e Inspectoría.

Dos tenientes generales también fueron reasignados: Luis Flores Solís pasa a la Inspectoría General y Manuel Lozada Morales al Comando de Operaciones Policiales.

La jornada que tendrá una duración en promedio de dos horas, se realizará en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja.

PARTICIPANTES

En la primera jornada participarán los candidatos Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Yehude Simon (Coalición Transformadora Tierra Verde), Victoria La Cruz (Partido Morado), Segundo Valdez (Frepap), Carlos Bruce (Somos Perú) y Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú).

También estarán Luis Alberto Huette (Pueblo Consciente), Samir Quispe (Batalla Perú), Elio Riera (Alianza para el Progreso), Sandro Caller (Partido Patriótico del Perú), Susel Paredes (Ahora Nación), Flor de María Hurtad (Partido Demócrata Verde) y Daniel Urresti (Podemos).

MODALIDAD

En el primer bloque, los candidatos tendrán un minuto y medio para presentarse y exponer la visión de Lima.

En el segundo bloque habrá un debate entre cinco duplas y una terna por un tiempo de tres minutos.

En ese tiempo, los integrantes de la dupla o terna, podrán hacer preguntas, dar respuestas y replicar a sus contrincantes.

En el tercer bloque, los candidatos responderán dos preguntas ciudadanas.

La primera pregunta es en duplas o ternas, mientras que la segunda forma parte del segmento “sin rondeos”, es decir, deben responder sí o no y explicar por qué.

El tiempo asignado para cada pregunta es de un minuto.

Finalmente, en el bloque cuatro, los 13 candidatos tendrá un minuto y medio para dar un mensaje final.

Cabe precisar que mañana el debate continuará con los otros 13 candidatos bajo el mismo formato.

El exministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, volvió a señalar que su salida del MTC estuvo motivada por razones de salud. Según explicó, el ritmo y la “intensidad física” de sus funciones en la cartera le “estaba haciendo daño”, por lo que decidió renunciar al cargo.

“Ya les había dicho al Presidente del Consejo de Ministros [Luis Galarreta] y al presidente Keiko Fujimori que la intensidad física que tenía que poner en este ministerio [MTC] me estaba haciendo daño. No estoy mal, me voy para evitar estar mal porque [no podía continuar] esta tensión”, afirmó en una entrevista en Punto Final.

Asimismo, Rey contó que el último viernes tuvo la oportunidad de conocer al actual ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini. Sobre su gestión, señaló que el nuevo titular de la cartera “tiene derecho a tomar el rumbo que corresponda” al frente del ministerio.

“No puedes comparar la tensión concretamente del MTC con otra. Yo he sido dos veces antes ministro y nunca he tenido [esta] tensión física. [¿Se queda en la política?] Sí. [¿Va a fiscalizar a su sucesor?] No me corresponde”, indicó el exministro.

Por otro lado, Rey negó haber recibido algún llamado de atención por parte del premier Luis Galarreta o de la presidenta Keiko Fujimori a raíz de la presunta “pelea” que habría protagonizado con Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima, en torno al caso de los trenes Lima-Chosica.

“Algún medio de comunicación dijo que ‘Keiko Fujimori jala las orejas al Ministro de Economía y Rafael Rey’, y a mí supuestamente por haberme peleado con López Aliaga. Búscame una sola palabra, una sola frase o expresión mía contra Rafael López Aliaga. Keiko Fujimori no me ha jalado ninguna oreja”, sostuvo Rafael Rey.

“Yo no he tenido ninguna desavenencia, pueden preguntarle a la propia presidente, y al propio premier, si no es verdad que hace tres semanas les dije que me tenía que ir. [¿Es el factor Renovación Popular en el Senado?] Evidentemente que se necesitan los votos y esa es la razón por la que no he querido contestar a los insultos ni a las difamaciones”, agregó.

Consultado por las versiones que lo vinculan con un eventual cargo diplomático durante el gobierno de Keiko Fujimori, Rafael Rey evitó confirmar esa posibilidad y señaló que no se pronuncia sobre rumores. “¿Hay una resolución suprema? No he visto. ¿Hay un rumor? Yo no comento rumores”, respondió.

Entre los antecedentes identificados aparecen condenas por homicidio calificado, violación sexual de menores, tráfico ilícito de drogas y delitos contra la administración pública. El informe también menciona casos de peculado, colusión y malversación de fondos.

Candidato condenado por homicidio

Uno de los casos corresponde a Enrique Torres Montilla, quien postula a la alcaldía de Rumisapa, en San Martín. El Poder Judicial lo condenó a 18 años de prisión por homicidio calificado debido al asesinato del entonces alcalde del distrito, Hernán Alegía Tuesta, ocurrido en 2005.

Según el domincal, Torres Montilla fue detenido en 2007 y además recibió una condena al pago de S/15 mil por reparación civil. Ahora busca asumir nuevamente la conducción municipal del distrito donde ocurrió el crimen.

🔎 Otros sentenciados

En Caspizapa, San Martín, figura Carlos Vigo como candidato a regidor, a quien se le atribuye una condena por violación sexual de una menor de edad. De acuerdo con el informe, el postulante inicialmente negó haber recibido una sentencia y señaló que consultaría el caso con sus asesores, pero posteriormente no respondió, según el informe.

Otro caso corresponde a Saturdino Yanayacu, conocido como Shatuco, quien postula en la misma región. De acuerdo con el reporte, registra una condena de seis años de prisión efectiva por tráfico ilícito de drogas y otra sentencia por peculado.

En Pueblo Nuevo, Ica, Edwin Aburto Santiago postula a la alcaldía distrital y registra una condena de siete años de prisión por tráfico ilícito de drogas. Según la sentencia citada en el reportaje, intentó ingresar pasta básica de cocaína al penal de Tambo de Mora dentro de una bolsa de víveres.

La resolución judicial señala que llevaba 12 pescados, nueve de los cuales contenían envoltorios con pasta básica de cocaína. Aburto Santiago cumplió la condena bajo un régimen de semilibertad y negó haber participado en actividades de tráfico de drogas, aunque reconoció el intento de ingreso de los estupefacientes al establecimiento penitenciario.

El excongresista Willy Serrato Puse también figura entre los postulantes mencionados y busca llegar a la alcaldía de Olmos, en Lambayeque. Su hoja de vida registra una condena por tráfico de influencias simuladas y sentencias relacionadas con malversación de fondos y colusión simple.

Serrato fue detenido en 2018 durante una investigación relacionada con la organización denominada Los Temerarios del Crimen. En ese proceso negó haber entregado dinero a un exjuez para interferir en investigaciones y también rechazó haber utilizado de manera irregular recursos de la Municipalidad de Olmos.

El JNE cuenta con una Ventanilla Única que permite a las organizaciones políticas consultar antecedentes de sus candidatos, incluidos reportes sobre sentencias condenatorias vigentes. Para las ERM 2026, el organismo electoral ha establecido procedimientos de fiscalización y exclusión en los casos que correspondan conforme a la normativa electoral.

Entre los casos identificados figura Ilso Gladio Ramos Cosme, quien se desempeña como asesor principal del diputado César Hugo Tito Rojas y percibe un sueldo superior a S/14 mil, según el reporte. Su nombre también aparece en el planillón del Movadef y, además, fue candidato a diputado por Juntos por el Perú en las últimas elecciones, pero no obtuvo un escaño.

Richard Leandro Tipo Quispe es otro de los trabajadores señalados y ocupa desde agosto el cargo de asesor 2 en el despacho de Tito Rojas, con una remuneración superior a S/11 mil. Al igual que Ramos Cosme, su nombre figura en el documento utilizado por el Movadef para intentar su inscripción electoral.

Tito Rojas ha rechazado anteriormente ser fundador de la organización y sostiene que ese asunto está cerrado. En el reporte, el diputado fue consultado por la presencia de trabajadores cuyos nombres aparecen en el mismo registro, mientras los involucrados evitaron pronunciarse o negaron cualquier vínculo.

Casos en el Senado

En el despacho del senador José Moisés Chipana Chipana también fue identificada Zaida Yessel Juanca Mamani, quien trabaja como asesora. Su nombre aparece en el planillón revisado por el programa periodístico.

Otro caso corresponde al senador Hugo Isaac Cahuana, cuyo despacho tiene como auxiliar a Dick Jefferson Luya Asto. El trabajador negó conocer que su nombre figurara en el documento y manifestó que desconoce cualquier inscripción suya en el Movadef.

En la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, presidida por Cahuana también se reportó la misma situación. Allí figura como asesor 2 Genebrardo Mariano Arana Bazán, quien también negó tener relación con la organización.

Otros trabajadores identificados

Otro de los casos corresponde al despacho de la diputada Sadith Pérez Quispe, donde Ángela del Águila Torres se desempeñó como técnica durante agosto y parte de septiembre.

Del Águila negó haber firmado el planillón y afirmó que nunca tuvo relación con el Movadef. También sostuvo que recién tomó conocimiento de que su nombre y número de documento aparecían en esa lista.

El reporte identificó además a dos trabajadores del despacho del diputado Alejandro Manay Pillaca, Edith Mota Palomino y Renán Quispe Najarro. Ambos aparecen en el planillón y actualmente cumplen funciones como técnicos en la oficina parlamentaria.

El planillón corresponde al documento que el Movadef presentó como parte de su intento de convertirse en partido político, proceso que finalmente no prosperó. La coincidencia de nombres en ese registro no acredita por sí misma una afiliación o participación actual en la organización, por lo que algunos de los trabajadores señalados han rechazado públicamente cualquier vínculo.

El Partido del Buen Gobierno cuestionó el pronunciamiento del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori tras el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte. La agrupación sostuvo que el silencio de las autoridades frente al caso “acrecienta el miedo” y la desconfianza de la ciudadanía.

En un breve pronunciamiento, la agrupación política expresó su preocupación por el asesinato ocurrido el último sábado en un mercado del distrito de Caraz, en la provincia de Huaylas, Áncash.

“El país exige verdad, y verdad pronta. El ministro del Interior ya debería tener explicaciones públicas sobre este gravísimo hecho. El silencio es una ofensa al país y genera más desconfianza y temor en la población”, señaló la organización que lidera Jorge Nieto Montesinos.

“¿Es cierto que estamos ante un narcoestado? ¿Es cierto que la orden fue dada por un alto mando policial? ¿Es verdad que esta muerte busca acallar denuncias sobre la corrupción policial? El Perú quiere respuestas. Basta de impunidad”, agregó.

La Fiscalía abrió una investigación por el asesinato a balazos de Aponte bajo la hipótesis de un presunto sicariato. En tanto, dos personas fueron detenidas en flagrancia por su presunta participación en el ataque.

“El fiscal provincial Raúl Godos Sedán, junto con la fiscal adjunta Sheyla Romero Zárate, dirige las diligencias urgentes e inaplazables del caso, como la toma de declaraciones de las víctimas que resultaron heridas por impactos de bala durante el suceso, el pedido del registro de las cámaras de vigilancia del hotel donde se habría hospedado uno de los presuntos atacantes el 15 de setiembre, la realización de la pericia de absorción atómica y la práctica de la necropsia de ley al cuerpo de la agraviada, entre otras diligencias”, señaló la Fiscalía a través de su cuenta en X.

“China Polo”: Matan a periodista y candidata al GORE de Áncash, Susy Aponte

La campaña por las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 se tiñó ayer de sangre con el asesinato de la periodista y aspirante al Gobierno Regional (GORE) de Áncash, Susy Ysabel Aponte Polo, más conocida como “La china Polo”.

El crimen. Aponte Polo, aspirante al GORE Áncash por el partido Socios por Áncash, fue acribillada por un sicario -de presunta nacionalidad venezolana- durante una actividad proselitista en Caraz, provincia de Huaylas.

El ataque ocurrió alrededor de las 12:40 p. m., en las inmediaciones del mercado La Explanada, donde la postulante realizaba un recorrido de campaña.

De acuerdo a los reportes de la zona, en el mercado, la candidata caminaba entregando propaganda electoral. Iba acompañada de sus simpatizantes y partidarios del movimiento regional Socios de Áncash. Fue allí que fue interceptada por una persona que sacó su arma de fuego y disparó repetidas veces contra ella.

Aponte, de 43 años, fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Caraz, pero falleció en el camino por la gravedad de sus heridas. La balacera dejó además cinco personas heridas por proyectiles de arma de fuego. Todas fueron trasladados al centro de salud.

La Policía Nacional detuvo a Luis Iván Obispo Díaz, un ciudadano venezolano señalado como autor material de los disparos. Durante la intervención se le incautó una pistola Glock y una licencia para portar armas a nombre de otra persona. Fue trasladado bajo custodia al Hospital Víctor Ramos Guardia, de Huaraz, por las lesiones que sufrió luego de ser retenido por pobladores.

El asesinato ocurrió a nueve días de que la candidata denunciara amenazas contra su vida.

En ese contexto, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas abrió investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el delito de feminicidio.

ATROZ Aponte yace en el piso, herido es trasladado y sicario fue detenido.

Rechazo

El Gobierno Regional de Áncash y distintas personalidades condenaron el ataque contra la comunicadora.

En tanto, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) exigió una investigación profunda por el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo, de 43 años.

Las autoridades deberán determinar el móvil del ataque, establecer si participaron otras personas y precisar las responsabilidades correspondientes.

Los participantes fueron seleccionados mediante sorteo público el 24 de julio y recibieron orientación sobre las funciones que deberán cumplir durante la instalación de las mesas, la votación y el escrutinio. Además, realizaron ejercicios con materiales similares a los que utilizarán durante los comicios y recibieron manuales de consulta.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, supervisó la jornada en Lima Metropolitana y resaltó la importancia de conocer los procedimientos antes del día de la elección. Entre los aspectos abordados se encuentra la elaboración del acta de escrutinio, debido a que los errores materiales pueden generar observaciones.

“Es importante que los miembros de mesa se capaciten y así conozcan los procedimientos y los materiales; en particular, la elaboración del acta de escrutinio, para evitar errores materiales que llevarían a que un acta sea observada”, afirmó Pachas Serrano.

Próxima jornada y cursos virtuales

La segunda fecha presencial de capacitación se realizará el domingo 27 de setiembre en los mismos locales. Los miembros de mesa podrán acudir a cualquiera de ellos, sin importar el lugar donde les corresponda votar o ejercer su función.

La ONPE también mantiene cursos y materiales disponibles mediante la plataforma ONPEduca para miembros de mesa, electores y personeros. Las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales desarrollan además sesiones dirigidas a otros actores electorales, incluidos integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Mientras continúa la preparación de los ciudadanos convocados, la ONPE inició el envío de material electoral desde sus almacenes de Lurín hacia las oficinas descentralizadas del interior del país. Los vehículos trasladarán implementos destinados a Cusco, Ayacucho, Apurímac, La Libertad, Junín, Cajamarca, Tumbes y Piura.

“Y el mensaje es solo uno: en el Perú no habrá territorio con miedo. Tomaremos fuertes decisiones, todas las que sean necesarias, para restablecer el orden y la paz en nuestro país. Y sé que cuento con ustedes”, señaló la jefa de Estado.

La mandataria señaló que las nuevas formas de criminalidad representan un desafío para el Estado y remarcó que, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, tiene la responsabilidad de conducir, establecer prioridades y tomar decisiones.

“Como presidenta de la república ejerzo la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. Y para mí es una responsabilidad, no un privilegio. Lo entiendo como un deber: el deber de conducir, el deber de establecer prioridades, el deber de tomar decisiones”, indicó.

En ese sentido, destacó el papel de las instituciones castrenses en la defensa de la soberanía y el apoyo a la población durante situaciones de emergencia.

Durante su discurso, Keiko Fujimori resaltó el vínculo histórico del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea con el país, y evocó las figuras de Miguel Grau, Francisco Bolognesi y José Abelardo Quiñones como símbolos de las tres instituciones.

También rindió homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida en cumplimiento del deber y destacó la necesidad de reconocer a sus familias.

Asimismo, rindió homenaje a Nuestra Señora de la Merced, Gran Mariscala y Patrona de las Armas del Perú, y pidió protección para los integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias.

En la actividad participaron el presidente del Congreso, Miguel Torres; el titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa; y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño, además de los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

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La mandataria pasó revista a las tropas acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño.

La actividad se realiza en Plaza de la Bandera, ubicada en el distrito limeño de Pueblo Libre.

El acto reúne a autoridades civiles y militares, así como a representantes de las instituciones que integran las Fuerzas Armadas, en una jornada destinada a reconocer su labor y participación en la defensa y seguridad del país.

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¿Cuánto se ha avanzado en los 70 puntos críticos que le corresponden a la ANA?

Estamos interviniendo de forma progresiva en 17 de los 70 puntos críticos asignados. No se ha dejado de lado ningún sector. La totalidad de los trabajos debe culminar este diciembre.

¿En qué regiones se han iniciado los trabajos?

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima. No fue simultáneo porque requeríamos acondicionar la maquinaria, operarios y asegurar el abastecimiento local de combustible con todos los permisos técnicos y municipales.

De todas las regiones, ¿cuál considera que representa la situación más crítica?

La región más complicada es Piura. El río Piura atraviesa la zona urbana y periurbana de una ciudad que es, por naturaleza, inundable. Nuestra mayor atención está en el tramo de 30 a 45 kilómetros que va desde la presa Ejidos hasta el sector de Simbilá.

¿Qué tipo de acciones se están realizando en Lima y qué diferencia hay con el norte?

Desde Tumbes hasta Lima, la base del trabajo es la descolmatación y limpieza de cauces. La diferencia en Lima (ríos Rímac y Chillón) es que los cauces son pedregosos a diferencia del suelo arenoso del norte. El trabajo con piedra es más lento y genera un desgaste mayor en la maquinaria, exigiendo mantenimientos más frecuentes.

¿Qué otras zonas concentran la mayor preocupación del sector?

La Libertad nos preocupa por el río Chicama, que podría generar problemas en Ascope y Chiclín debido a obras inconclusas de otras entidades, amenazando la Panamericana Norte y zonas pobladas. En Lima, la atención principal está en las quebradas de Chosica y Santa Eulalia, donde instalaremos las barreras dinámicas para contener lodo y rocas.

¿En qué etapa se encuentra la instalación de barreras dinámicas?

Son las barreras dinámicas –que llaman geomallas–, que permanecieron almacenadas desde gestiones anteriores. Ya hemos destrabado los procesos para instalar 12 de estas en 10 quebradas. La verificación técnica de los primeros seis puntos ya dio conformidad y el resto concluye informe el 20 de septiembre. La empresa adjudicada inició esta semana la primera instalación en la quebrada Cupiche, en la provincia limeña de Huarochirí, la cual involucra especialistas en perforación de alta montaña y maquinaria pesada. Los trabajos serán de manera simultánea y culminarán en un plazo máximo de 95 días calendario.

Si las lluvias se adelantaran por el fenómeno El Niño, ¿cuál es el plan de contingencia?

Monitoreamos constantemente los informes científicos del ENFEN. Ante un posible adelanto de precipitaciones en noviembre, hemos implementado dobles turnos de trabajo en tramos críticos como Piura y jornadas desde las 5:00 a.m. en Tumbes. Asimismo, coordinamos con el sector privado bajo el D.U. 010 para intervenir tramos clave como Puente Franco en Tumbes.

¿A cuántas familias se busca proteger con este despliegue de infraestructura?

A nivel de todo el Ejecutivo y las intervenciones articuladas, estimamos proteger a un promedio de 800 mil familias a nivel nacional.

En caso de un evento climático extraordinario, ¿qué garantías hay sobre el trabajo realizado?

Si se presenta un evento de magnitud extraordinaria, los caudales pueden sobrepasar la capacidad técnica de cualquier obra de descolmatación. Por ello, la preparación del Ejecutivo incluye también la contingencia: instalación de albergues con carpas, motobombas, hidrolavadoras para drenar ciudades y hospitales móviles. La meta es mitigar y reducir el impacto al mínimo posible.

Si tuviera que sintetizar los puntos más sensibles donde la ciudadanía debe estar más atenta, ¿cuáles serían?

Sin duda Piura y el sistema de quebradas de Lima (Chosica, Chaclacayo, Santa Eulalia) donde se ubicarán las mallas dinámicas. En 2015 estas mallas retuvieron toneladas de rocas y salvaron vidas; su correcta operatividad es la prioridad para proteger a la población.

Cifras

12 geomallas se instalarán en 10 quebradas de Chosica y Santa Eulalia.

70 puntos críticos de atención maneja la ANA en el país.

Juan Castro Vargas

Jefe de la ANA

Biólogo de la Universidad Nacional de Trujillo. Máster en Ciencias e Ingeniería con mención en Gestión Ambiental y doctor en Ciencias Ambientales. Cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional.

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Usted es uno de los siete altos comisionados del Gobierno para plantear una reforma de segunda generación, ¿tienen un plazo para entregar resultados?

El plazo más largo es de nueve meses, pero la idea es que no hay que esperar los nueve meses para entregar resultados. Hay algunos aspectos de cada problema que estarán listos más rápido, estarán en tres meses, y luego la idea es que se vayan haciendo o promoviendo reformas sucesivas hasta que en nueve meses se entregue todo el paquete.

¿Se necesitará el visto bueno del Congreso?

En algunos casos sí y en otros casos no. Por ejemplo, si se quiere ampliar la base tributaria, se requiere el visto bueno del Congreso. Habrá algunas medidas administrativas y habrá otras medidas de fondo que tienen que ver con impulsar una mayor formalización, por ejemplo, el del empleo. En el caso de la inversión pública, que es el tema que a mí me toca, hay temas que son muy sencillos, que incluso es hasta de metodologías, y hay otros que sí podrían requerir modificación de algún artículo legal. Pero la idea es ir avanzando en la medida en que los problemas se vayan identificando. Primero se harán los más fáciles y, luego, iremos poco a poco hasta poder dar también la batalla de las ideas en el Congreso y, si fuera necesario, convencer a los congresistas de qué es lo mejor para el país.

En su caso, ¿qué será lo más sencillo y qué será lo más difícil?

Lo más sencillo es poner orden en las competencias dentro del sistema de inversión pública. Ha habido mucho desorden en los últimos años y los sectores, ministerios, las regiones y los municipios, cada uno, desarrollan sus propias metodologías, sus propias normas y esto es porque el Ministerio de Economía dejó de lado su rol de ente rector, y para recuperar la rectoría del sistema de inversión pública no se necesita ninguna ley ni nada por el estilo. Entonces esto es relativamente sencillo. Cambiar una metodología de evaluación de proyectos es también relativamente sencillo, es cambiar un manual. Se ha generado mucha confusión en los últimos años. Los estudios de preinversión se hacen pensando que son expedientes técnicos y no es así. Esto se soluciona con un manual simple que ponga los conceptos en orden, es sencillo.

¿Y lo más difícil?

Probablemente sea la parte de convencer que existen formas más adecuadas de hacer lo que se está haciendo. La gente se aferra al pasado y se aferra mucho a lo que se ha hecho siempre. Por ejemplo, pensamos que la salud se soluciona haciendo hospitales, pero el Perú ya no necesita más hospitales. Cuando solo se proponen hospitales es porque se espera que la gente se enferme para que la curen. En cambio, cuando se propone salud preventiva, se necesitas centros de salud pequeños en todo el país e identificar problemas de salud en su etapa inicial. Así el tratamiento es más rápido y menos costoso. Es una discusión que hay que ponerla en la mesa para ver cómo es que tenemos que adaptarnos respecto a la inversión pública y tener un mejor sistema de salud, que demuestre resultados.

El Congreso demora en otorgar facultades al Ejecutivo, ¿cómo ve el proceso?

Es un proceso difícil, ¿no? En la medida que el Gobierno no tiene mayoría en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, es muy difícil que logre la mayor cantidad de facultades. Sin embargo, habrá que hacer la defensa política. El proceso es medio incierto a nivel de Cámara de Senadores. Hay interpretaciones en uno y en otro sentido. Ahí habrá que ver finalmente cómo se da el equilibrio de poderes.

¿Ordenar planes de inversión implica tocar la descentralización?

Hay autonomías constitucionales que van mucho más allá del ámbito de nuestro trabajo. No se puede cuestionar la autoridad que da la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades en el caso de un alcalde. Pero lo que sí podemos hacer es que la plata que transfiere el Tesoro a los municipios o a las regiones tengan un mandato claro de hacer las cosas bien. Ahora se les entrega la plata y se deja que, luego, la Contraloría verifique si se ejecutó bien o mal. También hay cosas que se pueden hacer, regulando los sistemas administrativos del Estado. Hay normas generales que son de obligatorio cumplimiento, como por ejemplo que el planeamiento estratégico sea vinculado a las inversiones. Allí no se necesita ninguna ley ni cambiar la Constitución. Además, se puede ver que unos de los grandes problemas en las regiones y en el gobierno nacional, sobre todo en los últimos cinco años, es que hay mucha gente que no tiene las competencias mínimas necesarias para administrar el dinero que recibe. También se puede ir hacia un proceso de meritocracia, al menos en lo que respecta a la gestión de inversión pública, que solucionaría gran parte del problema: gente que sin competencias se atreve a gastar la plata del Estado.

Como alto comisionado para plantear mejorar la inversión pública, ¿qué cree se debe hacer, en el corto plazo, para reducir los efectos de El Niño?

Lamentablemente en el corto plazo con El Niño ya no hay mucho que se pueda hacer porque ya es inminente la temporada de lluvias. Las alertas se dieron desde el gobierno anterior y nadie les hizo caso. Recién con el cambio de gobierno las autoridades se han metido a intervenir en los ríos y ya no hay tiempo para hacer defensas ribereñas significativas, ni estructuras de reforzamiento significativas. Esta es la tragedia cuando en el Perú ponemos presidentes incapacitados para gobernar, como ha pasado en los últimos cinco. Fue un desastre gigante. Ahora queda ser muy eficiente en este periodo de prevención.

Pero se hacen trabajos...

Hay una comisión que la maneja el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, que están haciendo todo el esfuerzo para descolmatar ríos. Luego vendrá el periodo de la emergencia, que es cuando los ríos se pueden desbordar y las quebradas se activan. Se tendrá que estar en los puntos críticos para tener ayuda rápida: Luego viene la etapa de rehabilitación, que no es reconstrucción, es tratar de restablecer los servicios que se vieron afectados para luego, en el largo plazo, hacer la reconstrucción. Una lección que nunca aprendemos, no la ha aprendido la Autoridad Nacional de Infraestrcutura (ANIN), es que primero se hace prevención y después se hace reconstrucción. Se ha visto, lamentablemente en los últimos años que se ha reconstruido en zonas en las que no se atacaron los riesgos y hay colegios y centros de salud que otra vez se volverán a ver afectados por las inundaciones o los deslizamientos. Es una tragedia que el Perú no aprenda de su historia.

Tiene menos de dos meses, ¿el gabinete ministerial debe tener ajustes?

Todavía es temprano. Debemos dejar la tradición que se ha tenido en los últimos años de tener cinco o seis ministros por año. Mi opinión personal es que todos los gobiernos, cuando llegue al primer año, tendrá el momento de hacer las evaluaciones necesarias y ver si es que se requiere algún ajuste. Los países más desarrollados no tienen esa volatilidad de ministros que tenemos en el Perú. Cada vez que se cambia un ministro, se cambian los viceministros, directores generales, directores de línea, jefes de área y especialistas de todos los niveles y un largo etcétera. Esto no es bueno para el país. Se para la marcha de un ministerio, es mejor esperar un tiempo prudente.

Jaime Yoshima y José Chlimper integran la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial. ¿Reforzará el trabajo del Ejecutivo?

Los gobiernos tienen el derecho de armar sus comisiones consultivas y sus asesores, sobre todo cuando es gente muy experimentada como Yoshiyama y Chlimper. Ambos fueron bastante exitosos en sus respectivos cargos cuando hicieron gestión pública y también cuando lo hicieron en el sector privado. Siempre es bueno que un presidente tenga instancias transparentes de consulta porque una sola persona no puede saber todo. Es bueno que se consulte con gente de confianza, lo veo como una cosa positiva, que además se institucionalice y se haga transparente para toda la ciudadanía.

¿No es un Gabinete en la sombra?

Es un comité consultivo. Me imagino que cuando la presidenta tenga alguna reflexión que hacer, los convocará. Ningún consejo consultivo en el mundo funciona siendo Gabinete en la sombra. Es una instancia de reflexión dentro del mismo Ejecutivo en la que seguramente en algún momento interactuarán también con los ministros y cada uno pondrá su punto de vista. Esto pasa en muchos países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos había el Consejo de Presidentes, pero ya no está vigente. Entonces, la crítica es más bien política. Evidentemente hay algunas personas que no pueden soportar que sean quienes hayan trabajado en el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, ahí les viene la crítica. Pero por el lado técnico, no veo nada negativo. En el sector privado tenemos consejos consultivos. Yo pertenezco, por ejemplo, a consejos consultivos de dos empresas grandes, y eso no quiere decir que se le quita la autoridad a los gerentes.

Milton von Hesse

• Ex ministro de Agricultura y Riego
• Comisionado de Ato Nivel para la Mejora de la Gestión de la Inversión Pública.
• Ex ministro de Vivienda.
• Economista de la Universidad del Pacífico.
• Maestría en Economía de la Universidad de Georgetown (Programa ILADES).
• Postgrado en la Japan International Cooperation Agency y en London School of Economics and Political Science.

La medida fue suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el ministro del Interior, César Astudillo.

Entre los cambios dispuestos figura el del general PNP Víctor Alfredo Revoredo Farfán, quien deja la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y es reasignado a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (Dirasint PNP).

La norma también dispone otros movimientos en puestos de la institución. Entre ellos, el general Miguel Ángel Mesta Rebaza pasa de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (DIRASINT PNP) a la Región Policial Áncash; Ricardo Sabino Espinoza Cuestas deja la Región Policial La Libertad y asume la Dirección de Investigación Criminal; mientras que Eric Waldir Ángeles Puente pasa a la Región Policial La Libertad.

Según la resolución, el general Franco Raúl Moreno Panta pasa de la Dirección de Asesoramiento Operativo del Estado Mayor General de la PNP a la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General (DIRINV).

Asimismo, el teniente general Luis Flores Solís deja la jefatura del Comando de Operaciones Policiales (COMOPPOL) y asume la Dirección de la Inspectoría General de la PNP. En tanto, el general Manuel Elías Lozada Morales deja la Dirección Nacional de Investigación Criminal y pasa a la dirección del COMOPPOL.

Otro de los cambios corresponde al general Víctor Hugo Meza Farfán, quien deja la Dirección Nacional de Operaciones Especiales y es reasignado a la jefatura de la Región Policial Lima Centro.

Asimismo, la resolución precisa que la reasignación del personal policial se efectúa de acuerdo con las necesidades del servicio y tiene como finalidad contribuir al cumplimiento eficaz de la misión institucional.

En el documento se precisa que la Comandancia General de la PNP propuso los cambios mediante un oficio, en el marco de las disposiciones de la Ley de la carrera y situación del personal policial.

La norma señala que la reasignación de los oficiales generales puede efectuarse en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades institucionales, y que su aprobación corresponde a una resolución suprema. La Secretaría Ejecutiva de la PNP deberá adoptar las acciones necesarias para ejecutar los cambios establecidos.

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Se trata de un funcionario con veinte años al frente de la entidad, entre crisis nacionales e internacionales –como la pandemia del Covid-19 o el shock inflacionario del 2021–, cuya gestión mantuvo la estabilidad monetaria y la credibilidad institucional.

Bajo la lupa

Los logros de Velarde contrastan, precisamente, contra el historial de labores que reúne cada uno de los parlamentarios (ver infografía).

De la lista, tres estuvieron implicados en el caso de presunta corrupción denominado “Los Niños”, otros dos están bajo sospecha por su cercanía con Sendero Luminoso o el brazo legal de la organización terrorista Movadef.

Los senadores Silvana Robles, Jaime Quito y Víctor Cutipa, reelectos para este periodo legislativo (antes de Perú Libre), fueron investigados por formar parte de un aparente “brazo congresal” al interior del Congreso 2021-2026. Según la tesis fiscal, en beneficio del entonces presidente Pedro Castillo.

Moisés Chipana e Iber Maraví suman otros cuestionamientos. En el 2017, el entonces ministro Carlos Basombrío (Interior) presentó una investigación, ante el Congreso, que vinculaba a Chipana con el Movadef. Allí se consignó el término “José Moisés CHIPANA CHIPANA – MOVADEF BASE UNMSM”, en el apartado Excarcelados de la OT - SL en la movilización del 1° de mayo del 2009″. El actual diputado, sin embargo, ha negado todo.

Sobre Maraví, atestados policiales de 1980-1981 lo relacionaron a una investigación sobre atentados atribuidos a SL en Ayacucho. Un senderista lo identificó como el cómplice de la terrorista Edith Lagos, según El Comercio. El exministro castillista niega procesos pendientes o sentencias.

Durante las dos primeras jornadas se trasladaron 123 toneladas por vía aérea hacia ocho regiones, de un total de 575 toneladas que serán distribuidas a nivel nacional.

En el primer día fueron movilizadas 41 toneladas con destino a Huánuco, Ucayali, Loreto y Madre de Dios. En la segunda jornada se trasladaron otras 82 toneladas hacia Amazonas, San Martín, Cajamarca y Puno. El proceso comenzó en los almacenes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicados en Lurín.

El material comprende ánforas, padrones electorales, cédulas de votación, lapiceros, pancartas y otros implementos necesarios para la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio. La comisión de control de la Contraloría supervisa el servicio de transporte de despliegue y repliegue como parte del seguimiento a las actividades logísticas del proceso electoral.

El despliegue se realiza de lunes a domingo, desde las 8:00 a.m., de acuerdo con un cronograma establecido. La primera etapa comenzó el viernes 18 de setiembre y continuará hasta el jueves 24, cuando está previsto el traslado del material hacia Huaral y Huacho, en Lima Provincias.

El operativo contempla 53 rutas a nivel nacional: ocho por vía aérea y 45 por vía terrestre.

La Contraloría inició esta intervención mediante el Oficio N.° 342-2026-CG/OC3599, del 17 de setiembre, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE.

El seguimiento se reanudará el 29 de setiembre, antes de la distribución del material correspondiente a Lima Metropolitana, programada para el 2 de octubre.

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La decisión corresponde al Procedimiento Disciplinario N.° 022-2026-JNJ y contempla hechos vinculados con una investigación al excongresista Alejandro Soto Reyes.

Uno de los cargos está relacionado con la demora de aproximadamente siete meses en la tramitación de la Carpeta Fiscal N.° 247-2023, seguida contra Soto Reyes. La JNJ consideró que dicha inactividad no podía justificarse por la carga procesal y la calificó como una falta muy grave.

El segundo cargo corresponde a una reunión extraprocesal que Espinoza Valenzuela sostuvo con Soto Reyes el 2 de septiembre de 2025, cuando la investigación permanecía en trámite.

Según la JNJ, testimonios de tres ciudadanas corroboraron el encuentro y señalaron que durante la reunión se hizo referencia a la carpeta fiscal del exparlamentario.

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Durante una entrevista en RPP, Galarreta explicó que conversó con Rey después de la reunión que este sostuvo con la presidenta Keiko Fujimori. Según relató, durante ese encuentro se planteó que el exministro pueda seguir colaborando con el Gobierno desde otra instancia.

“Sí, pero prefiero evitar especulaciones”, respondió ante la consulta sobre si Rey continuará dentro de la administración pública.

Posible cargo diplomático

Entre las alternativas mencionadas por Galarreta se presentó la posibilidad de que Rey sea designado como embajador. El premier indicó que una eventual representación diplomática dependería de la presidenta, del canciller y del propio exministro.

Galarreta también destacó la participación de Rey en el equipo de Gobierno y sostuvo que su experiencia podría ser útil en otra instancia. Sin embargo, remarcó que todavía no existe una decisión sobre el cargo que podría asumir.

Rafael Rey presentó su renuncia al MTC el 18 de septiembre mediante una carta dirigida a la presidenta Keiko Fujimori, en la que señaló motivos de salud. Tras su salida, José Angello Tangherlini Casal asumió como nuevo titular del sector.

Torres se pronunció durante una actividad del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en Cerro Colorado, Arequipa, donde participaron representantes de comedores populares y ollas comunes. En ese contexto, planteó que el Parlamento avance con la solicitud del Gobierno mientras mantiene sus funciones de debate y fiscalización.

«El Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta Keiko Fujimori y sus ministros, ha acudido al Congreso para pedirnos ayuda. Nos han solicitado facultades para legislar de manera rápida y eficiente. Es un pedido lógico que todo gobierno entrante realiza para implementar sus soluciones. Me preocupa que pasen las semanas y nos enfrasquemos en discusiones que no nos permiten enfrentar los problemas reales», señaló.

El Congreso debe decidir. 🇵🇪 Mientras la política se detiene entre las diferencias, la ciudadanía continua lidiando con problemas que requieren soluciones urgentes. pic.twitter.com/umXNiRy6to

— Miki Torres (@mikitorresfp) September 19, 2026

Demandas sociales

Durante la jornada también se informó que Arequipa cuenta con 381 comedores populares y 93 ollas comunes, que atienden a más de 21 mil usuarios. El presupuesto destinado al Programa de Complementación Alimentaria y subsidios para 2025-2026 asciende a S/ 10,9 millones, mientras se prevé ampliar incentivos económicos en 2027.

Torres vinculó estas necesidades con la importancia de mantener la coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso. También destacó la labor de representación territorial para trasladar las demandas de la población al Parlamento.

«Le pido a Dios que ilumine a los diputados y a los senadores, y les permita entender que este no es momento de discutir o de enfrentarnos, sino de cerrar filas para sacar las cosas adelante. La población está esperando medidas concretas para recuperar la seguridad y volver a sentir al Estado a su costado», insistió.

Finalmente, Torres reconoció que el Congreso debe ejercer sus funciones constitucionales de fiscalización y debate. Sin embargo, insistió en que esas atribuciones deben desarrollarse sin obstaculizar la gestión pública.

La decisión fue adoptada luego de que la Sala analizara los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en pronunciamientos relacionados con presuntos aportes irregulares a campañas políticas. En esos casos, el TC consideró que determinadas conductas vinculadas con la recepción de fondos no podían ser consideradas delito cuando no estaban tipificadas como tales al momento en que ocurrieron.

Los hechos atribuidos a Kuczynski correspondían a las elecciones de 2016 y la resolución tomó en cuenta el marco penal vigente durante ese periodo. La Sala concluyó que las conductas materia de imputación eran atípicas, por lo que no correspondía mantener el proceso penal por lavado de activos agravado ni la imputación vinculada con una organización criminal.

¿Qué hechos investigaba la Fiscalía?

El Ministerio Público atribuía a Kuczynski y a su entorno cuatro mecanismos relacionados con el manejo de fondos durante la campaña de Peruanos por el Kambio. La imputación comprendía el uso de falsos aportantes, la recaudación mediante cenas y cócteles, préstamos realizados por el entonces candidato al partido y el traslado de dinero hacia los administradores financieros de la agrupación.

La Fiscalía sostenía además que estas acciones estaban vinculadas con una organización criminal y por ello incorporó dicha circunstancia como agravante de la imputación por lavado de activos. Con el archivo definitivo, la Sala dejó sin efecto el extremo penal de la causa referido a esos delitos.

Los magistrados coincidieron en declarar atípicos los dos primeros hechos, relacionados con los presuntos falsos aportantes y la recaudación de fondos mediante actividades partidarias. En cuanto a los préstamos efectuados por Kuczynski y el ingreso o transferencia de dinero entre los administradores de campaña, la decisión fue adoptada por mayoría.

El juez superior Enríquez Sumerinde presentó un voto en discordia parcial respecto de estos últimos hechos. Según su posición, correspondía que continuara la investigación sobre los préstamos realizados por Kuczynski para determinar el origen y destino de esos recursos y establecer si podían estar vinculados con un eventual autolavado.

La Sala también dispuso anular los antecedentes policiales, penales y judiciales derivados del proceso, pero dejó a salvo una eventual reparación civil a favor del Estado.

Por su parte, el titular de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, se trasladará a Nueva York y Washington D.C., Estados Unidos, del 21 al 25 de setiembre.

Cabe mencionar que Su agenda contempla actividades de la Asamblea General de la ONU, reuniones sobre minerales críticos, la Alianza del Pacífico, ASEAN y un encuentro con representantes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

En tanto, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, viajará a Washington D.C. del 29 de setiembre al 3 de octubre para participar en el Cuarto Foro Regional de Vivienda 2026 y el Diálogo Regional de Política del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.

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La disposición fue establecida mediante la Resolución Suprema N.° 277-2026-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales de El Peruano. El encargo tendrá vigencia únicamente durante los días de ausencia de la mandataria.

¿Quién asumirá como titular de la PCM?

Debido a que Galarreta ejercerá temporalmente las funciones presidenciales, también se dispuso una suplencia en la Presidencia del Consejo de Ministros. El ministro de Defensa, Rafael Jorge Belaúnde Llosa, asumirá el despacho de la PCM mientras Galarreta se encuentre a cargo del Despacho Presidencial.

Esta disposición tendrá el mismo periodo de vigencia establecido para la encargatura presidencial. De esta manera, ambas funciones quedarán cubiertas durante la ausencia de la jefa de Estado.

La mandataria permanecerá en Estados Unidos del 21 al 25 de septiembre para participar en actividades de la Asamblea General de la ONU y sostener reuniones bilaterales.

Sustento

La presidenta del JNJ, María Cabrera Vega, detalló ante el pleno la secuencia de plazos incumplidos por Concepción.

Según su ponencia, el magistrado dictó la prisión preventiva el 22 de noviembre de 2024, pero el acta transcrita recién se entregó 12 días después.

Asimismo, los recursos de apelación se concedieron y elevaron al superior recién el 16 de diciembre de 2024, fuera del plazo de 24 horas que fija el artículo 278 del Código Procesal Penal.

Incluso, el Tribunal Constitucional consigno esa demora en una sentencia, en la que había advertido sobre estos retrasos de Concepción al resolver un hábeas corpus presentado a favor de Castañeda.

Durante el informe oral, el abogado defensor de Carhuancho atribuyó la demora a la carga procesal del despacho. “Cada quien hace lo que puede”, sostuvo, en referencia a los seis recursos que el juez debía calificar.

La ponencia descartó ese argumento y estableció que Concepción vulneró los deberes de diligencia y celeridad. El pleno lo declaró responsable de la falta muy grave prevista en la Ley de la Carrera Judicial.

Votación

La propuesta de destitución fue respaldada por Cayo Galindo, Rafael Ruiz, Germán Serkovic y María Teresa Cabrera, quienes coincidieron que está acreditada la falta muy grave.

Sin embargo, Jaime de la Puente votó en discordia. Si bien coincidió en rechazar la caducidad, consideró que el principio de non bis in idem (no dos veces por lo mismo) debía aplicarse al extremo referido a la concesión y elevación de la apelación.

Por ello, De la Puente planteó absolverlo por la demora en la notificación de la resolución de prisión preventiva.

El ahora exministro es la primera baja del Gabinete encabezado por Luis Galarreta.

Sustento

Rey dirigió su carta a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y al primer ministro Galarreta el pasado miércoles.

Según el documento difundido por la PCM, la decisión responde a motivos personales de salud que limitarían su rol como titular del MTC.

“Por razones de salud que me impiden continuar ejerciendo las responsabilidades propias del cargo con la dedicación que este exige”, reza el texto.

Rey agradeció a Fujimori y a Galarreta, así como a su equipo de trabajo dentro de la cartera y a las autoridades de otros ministerios.

“Expreso a ambos mi profundo agradecimiento por la confianza depositada en mi persona y por la oportunidad de servir al país”, se lee.

Agregó que apoyará en el proceso de transición en el sector. “Quedo a la orden para facilitar una transferencia ordenada y transparente de la gestión, poniendo a disposición la información necesaria para asegurar la continuidad de las políticas, proyectos y servicios a cargo del Ministerio”, añade.

Análisis

Al respecto, el politólogo Alejandro Mejía explicó a Correo que la salida de Rey es un “duro golpe” para el Poder Ejecutivo, y levanta dudas sobre la designación de otros ministros.

“La ciudadanía tiene una alta expectativa con este gobierno que prometió orden y estabilidad, pero esta renuncia y loa cuestionamientos constantes a los ministros, envían un mensaje claro de que no tienen la capacidad suficiente para resolver los problemas del país”, refirió.