El vocero de la bancada de diputados de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, solicitó formalmente que se inicie un procedimiento disciplinario y se disponga la suspensión cautelar del diputado Julián Pérez Mallqui, denunciado el último jueves por presunta agresión física y psicológica contra su expareja.

La medida se produjo después de que Pérez Mallqui fuera liberado el sábado, una vez cumplidas las 48 horas de detención en flagrancia que permaneció en la Comisaría de San Miguel.

De acuerdo con el documento al que accedió RPP, la bancada remitió el caso a su Comisión de Disciplina al estimar que los presuntos hechos imputados al legislador contravienen las normas éticas de la agrupación política.

El vocero señala que la situación amerita una actuación inmediata en el marco de las normas internas, con el fin de asegurar una investigación transparente por la presunta agresión denunciada.

“Me dirijo a ustedes para que, en el marco de sus atribuciones y de la normativa legal vigente, se dispongan las acciones correspondientes respecto al diputado Juan [sic] Pérez Mallqui , en relación con los hechos que se vienen investigando sobre agresión contra su pareja, situación que reviste especial gravedad por constituir una conducta incompatible con los principios de ética y de respeto a la mujer”, indica Zunini en dicho documento.

“En ese sentido, solicito que, en el marco de las atribuciones conferidas a vuestra Comisión, se disponga el inicio inmediato de las acciones disciplinarias así como la imposición de medida cautelar de suspensión, a fin de que los hechos sean procesados en el marco de nuestro Reglamento”, añade el vocero en su solicitud.

En el pronunciamiento, el partido ratifica su compromiso con la protección de los derechos humanos y con la garantía del derecho de toda persona a vivir libre de violencia.

“Como Grupo Parlamentario, se debe mantener una posición firme e inquebrantable de rechazo a toda forma de violencia, venga de donde venga, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y una vida libre de violencia”, se visualiza en la solicitud. 

David León Flores, abogado de Nadine Heredia, presentó ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional un pedido para que se extiendan los efectos de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el proceso por lavado de activos seguido contra Ollanta Humala.

La solicitud, ingresada el 31 de julio, plantea dejar sin efecto todo el proceso penal seguido contra la ex primera dama, desde las investigaciones preliminares hasta la condena de 15 años impuesta en su contra. Según la defensa, los hechos atribuidos tienen el mismo origen jurídico y fáctico que los imputados a Ollanta Humala.

Según la defensa, el fallo del TC estableció que los hechos relacionados con el financiamiento de las campañas de 2006 y 2011 no configuraban el delito de lavado de activos en esos periodos, por lo que dicha conclusión también debe aplicarse a Nadine Heredia.

La defensa de Nadine Heredia sostiene que la imputación en su contra forma parte del mismo núcleo de hechos atribuido a Ollanta Humala, al estar relacionada con la recepción y uso de fondos para las campañas presidenciales.

El documento legal señala que no existieron hechos independientes atribuidos a la ex primera dama, sino una actuación conjunta relacionada con los mismos activos presuntamente provenientes de Venezuela y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

La defensa de Nadine Heredia sostiene que mantener el proceso únicamente contra ella implicaría una aplicación diferenciada de la ley, debido a que los hechos atribuidos coinciden con aquellos que el TC declaró como no constitutivos de delito.

“Se solicita que esta Sala reconozca, dentro del proceso penal de su competencia, que la razón objetiva por la cual el Tribunal Constitucional declaró inválida la persecución seguida contra Ollanta Moisés Humala Tasso resulta igualmente aplicable a quienes fueron procesados por los mismos hechos y bajo la misma calificación jurídica”, señaló el escrito presentado por León Flores.

La defensa basa su pedido en que el TC determinó que la modalidad de “receptación patrimonial” del lavado de activos no existía en la legislación peruana cuando ocurrieron los hechos investigados en 2006 y 2011, pues fue incorporada recién en noviembre de 2016.

El recurso presentado por la defensa no solo alcanza a Nadine Heredia, sino que también solicita el archivo definitivo del proceso para el extesorero Mario Julio Torres Aliaga y el Partido Nacionalista Peruano, en su condición de persona jurídica.

El abogado León Flores sostiene que la participación de Mario Julio Torres Aliaga estuvo relacionada únicamente con la supuesta simulación de aportes para la campaña de 2011, una conducta que, según el TC, no tenía relevancia penal en ese periodo.

Respecto al Partido Nacionalista Peruano, la defensa sostiene que su inclusión en el proceso no cuenta con una base fáctica independiente y que no puede mantenerse si desapareció el supuesto delito que sustentaba su incorporación.

De acuerdo al organismo electoral, ambos partidos destinaron dinero proveniente del Estado a publicaciones que no cumplen con los fines de capacitación, formación política o investigación establecidos en el reglamento vigente.

PERÚ LIBRE

En el caso del partido del lápiz de Vladimir Cerrón, se destinó S/31 383 para la edición del poemario “El amor y la investigación”, una obra colectiva en la que participa el excongresista Waldemar Cerrón, junto a otros militantes como Bertha Rojas López (madre del prófugo Vladimir Cerrón). El texto no supera las 100 páginas.

El proyecto comprendió un taller literario valorizado en S/14 383, la impresión de los ejemplares en S/17 000 y el pago a un docente encargado de dictar la capacitación por S/9 200. La ONPE concluyó que tanto el taller como el poemario tienen un contenido predominantemente artístico y literario, no constituyendo un plan de gobierno, propuesta de desarrollo nacional o programa ideológico en los términos que exige la RFSFP. Ambos gastos constituyen un uso indebido de financiamiento.

RENOVACIÓN POPULAR

Respecto a Renovación Popular, se financió con US$ 6.400 para la elaboración del libro digital “Mi gallo es el chancho”, escrito por Francisco de Pierola y presentado en marzo de este año, en plena campaña presidencial.

Si bien el contrato señalaba la elaboración de una historia del partido, la ONPE advirtió que el contenido, de 42 páginas, se concentra principalmente en la trayectoria de Rafael López Aliaga, relatando e ilustrando pasajes de la vida del líder y la experiencia del autor en conocerlo y cómo se ganó su amistad. No se habría constituido un trabajo de investigación sobre problemas nacionales o regionales.

Sumado a ello, la organización política no acreditó que el autor contara con la experiencia en investigación requerida ni se presentó al menos dos cotizaciones de proveedores para argumentar la contratación. Al respecto, Fernando Sandoval, representante legal de Renovación Popular, indicó que estas observaciones están en evaluación y se pronunciarán una vez que la ONPE emita una decisión.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y MARCO LEGAL

Según explicó el experto en derecho electoral, José Manuel Villalobos, el financiamiento público directo tiene como finalidad que los partidos destinen estos recursos a fines positivos: una parte para su financiamiento ordinario y la otra mitad para capacitación, formación de sus cuadros políticos e investigación académica del partido, requisitos que, según la ONPE, no se estarían cumpliendo en ninguno de los dos casos.

Cabe señalar que Perú Libre recibió más de S/10,7 millones de financiamiento público directo durante los últimos cinco años, mientras que Renovación Popular tuvo un aproximado de S/9.5 millones.

La denuncia señala que los hechos comenzaron en la vivienda de la mujer, donde se habría producido una discusión y una presunta agresión verbal. Horas después, según el testimonio de la denunciante, el parlamentario la habría agredido físicamente cuando ambos se encontraban en la comisaría de San Miguel realizando las diligencias correspondientes.

¿Qué mensajes envió el diputado de JP a su expareja?

Antes de acudir al domicilio de su expareja, el legislador intentó comunicarse insistentemente con ella mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. De acuerdo con el registro presentado, entre las 6:06 a. m. y las 8:00 a. m. realizó 45 llamadas sin obtener respuesta.

Entre los mensajes difundidos figura uno en el que el parlamentario indicaba que solo buscaba retirar sus pertenencias del inmueble. En esa conversación escribió “Hola solo quiero recoger mi ropa y me voy”.

Minutos después volvió a insistir con otro mensaje en el que explicaba el motivo de su pedido. En dicho chat se lee “Tengo una reunión de partido hoy a las 09:30 y no tengo ropa para cambiarme. Bájalo todo lo que es mío y déjalo en la puerta de allí recojo”.

La denunciante afirmó que decidió no contestar las llamadas ni responder los mensajes recibidos durante la mañana. Posteriormente, el diputado se dirigió hasta la vivienda ubicada en el distrito de San Miguel.

Las cámaras de seguridad registraron al legislador permaneciendo frente al inmueble alrededor de las 8:03 a. m. Según la defensa de la denunciante, el diputado ingresó a la propiedad luego de que el padre de la mujer dejara la puerta principal entreabierta.

La versión presentada ante la Policía sostiene que el parlamentario subió hasta el tercer piso e ingresó a la habitación donde se encontraba su expareja. La denuncia indica que durante ese momento la increpó por no responder las llamadas y la insultó con expresiones relacionadas con su profesión.

Ante lo ocurrido, la mujer solicitó apoyo a la Policía Nacional mediante la central de emergencias. Minutos después, un efectivo policial llegó al inmueble y, tras la intervención, el legislador retiró sus pertenencias del lugar.

¿Qué ocurrió en la comisaría?

Tras la intervención, ambas partes fueron trasladadas a la comisaría de San Miguel para formalizar la denuncia. Durante su permanencia en la dependencia policial, el reportaje reveló que el diputado continuó enviando mensajes de texto a la denunciante con la intención de conversar sobre lo sucedido y mostrando preocupación por la repercusión pública del caso.

De acuerdo con la denuncia, la agresión física ocurrió cuando la mujer salió de los servicios higiénicos de la comisaría. Su testimonio señala que el legislador la sujetó del brazo derecho y le propinó tres patadas en la pierna derecha mientras ella intentaba defenderse.

El relato añade que el hecho fue observado por personal policial que se encontraba en la dependencia. Tras la intervención de los agentes, el comisario dispuso la detención del parlamentario por la presunta comisión del delito de agresión física en flagrancia.

Certificado médico confirma lesiones de la denunciante

El Certificado de Medicina Legal practicado a la denunciante confirmó la presencia de equimosis en el brazo derecho y en la pierna derecha. Ese documento fue incorporado a la investigación como parte de las diligencias realizadas por las autoridades.

Luego de permanecer detenido durante las 48 horas permitidas por ley, Julián Pérez Mallqui recuperó su libertad para continuar afrontando las investigaciones en calidad de citado. Durante su declaración ante la Policía y el Ministerio Público decidió acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio.

Como se recuerda el legislador rechazó las acusaciones formuladas en su contra tras abandonar la sede policial. En sus declaraciones públicas aseguró que continuará desempeñando sus funciones parlamentarias y sostuvo que seguirá legislando en favor de las mujeres.

SITUACIÓN

Según explicó Guzmán Vera Coronel, vocero de la Contraloría, al dominical de Punto Final, se detectaron irregularidades en la contratación de diversos profesionales para diversas áreas del MEF, donde se habría simulado información a fin de aparentar determinados perfiles y así favorecer a esas personas con cargos importantes.

Esta situación generó un perjuicio de S/21 millones, tras la contratación de 71 locadores FAG, solo durante el año 2025. De acuerdo con la auditoría, los honorarios de estos locadores superaban los S/15 000 mensuales por cada entregable, pese a que en varios casos las contrataciones se realizaban y, apenas una semana después, cuando la naturaleza del servicio exigía plazos más amplios.

Sumado a ello, Vera Coronel alertó que en muchos casos no se pudo corroborar el aporte real de estos profesionales, ya que las prestaciones presentadas eran prácticamente una copia de los requerimientos formulados por las áreas usuarias, sin detalle de las actividades concretas desarrolladas.

Por si fuera poco, también se reveló que en diversos casos, los términos de referencia fueron adecuados no en función de las necesidades reales de las áreas del ministerio, sino al perfil específico de los especialistas que se buscaba contratar, lo que, según el vocero, constituye un direccionamiento hacia personas que no cumplían con los requisitos establecidos por la propia entidad normativa del MEF.

ACTUAL GESTIÓN

El caso involucra al propio exministro de Economía, Rodolfo Acuña. Según trascendió previamente en medios de comunicación, cuando Acuña se desempeñaba como viceministro de Hacienda, en agosto del año pasado, durante la gestión de Dina Boluarte, contrató como asesor de su despacho al general de brigada EP Carlos Díaz Dañino, acondicionando los términos de referencia a su perfil profesional.

Según el vocero Vera Coronel, ambos habían trabajado juntos anteriormente y se habrían adecuado los términos de referencia no del área usuaria, sino de la persona.

Posteriormente, Carlos Díaz Dañino se convirtió en ministro de Defensa en marzo de este año, durante la gestión de José María Balcázar, y actualmente fue nombrado secretario general del Ministerio del Interior, por el actual titular, César Astudillo.

RESPONDE MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO

Frente a esta situación, Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, afirmó que habrá mano dura respecto a estos indicios de irregularidad. “Habría que revisar muy bien lo que acabas de decir para definir la situación, recordemos que la propuesta de Fujimori es una lucha contra los posibles actos de corrupción en el Estado”, explicó.

En paralelo, advirtió que existen más de 2 500 obras paralizadas a nivel nacional, además de demoras significativas en la construcción y operatividad de hospitales, problemas que la nueva gestión deberá enfrentar.

A lo largo de más de cinco décadas ocupó cargos en el ámbito militar, académico y gubernamental. También desarrolló una carrera como autor de publicaciones especializadas en estrategia y liderazgo utilizadas en universidades de distintos países de la región.

Lideró la creación de Centrum PUCP

En 1999 impulsó la creación de Centrum PUCP junto con el entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Salomón Lerner Febres. Desde ese momento asumió la dirección general de la escuela de negocios, responsabilidad que ejerció hasta el 2017.

Durante ese periodo, la institución obtuvo tres acreditaciones internacionales y logró incorporarse a diversos rankings de escuelas de negocios a nivel mundial. Asimismo, amplió su oferta académica y formó a ejecutivos y directivos provenientes de distintos países de América Latina.

Antes de dedicarse plenamente a la gestión universitaria, D’Alessio desarrolló su carrera en la Marina de Guerra del Perú. Entre las funciones que desempeñó figura la Comandancia General de Operaciones Navales.

Su experiencia también lo llevó a integrar el Poder Ejecutivo en dos oportunidades. Fue ministro de Salud entre 2017 y 2018 y, posteriormente, estuvo al frente del Ministerio de Educación durante el 2020.

Aporte a la formación académica

Además de su labor en la gestión educativa, publicó diversas obras enfocadas en administración, estrategia y liderazgo. Entre sus libros destacan El proceso estratégico: un enfoque de gerencia y Liderazgo y atributos gerenciales: una visión global y estratégica, textos empleados como material de consulta en universidades latinoamericanas.

Su trabajo también mantuvo un vínculo constante con el sector empresarial, donde participó en la formación de directivos y ejecutivos. Esa actividad lo convirtió en una figura conocida dentro del ámbito de la educación en gestión en el país.

Centrum PUCP destaca su legado

Tras conocerse su fallecimiento, Centrum PUCP expresó su reconocimiento por el legado que dejó su fundador dentro de la institución. El actual director general de la escuela de negocios, Rubén Guevara, destacó la influencia que tuvo D’Alessio en la construcción de la institución.

“Todo lo que es hoy Centrum PUCP tiene su firma, lleva su marca. Nuestra comunidad recoge su legado con gratitud y el compromiso de honrarlo y perpetuarlo”, expresó.

SIN EQUIPAMIENTO

Punto Final reveló que, entre los principales hallazgos, se detectó que EsSalud cuenta con 86 ambulancias inoperativas, cifra que representa el 22% del total de su flota a nivel nacional, además de 480 equipos de alta tecnología fuera de servicio en distintas regiones del país.

A ello se suma otro hallazgo revelado el 4 de junio por la Contraloría y la Comisión Investigadora del Congreso, que encontró más de 40 equipos de hemodiálisis almacenados sin uso desde el año 2022. El excongresista Carlos Zeballos, presente en dichas diligencias, señaló que EsSalud terceriza actualmente este servicio a un costo aproximado de S/5 mil mensuales por cada asegurado, pese a contar con equipamiento propio sin utilizar.

Días después, el 8 de julio, Zeballos visitó el Hospital Ramiro Prialé de Huancayo, uno de los más importantes del centro del país, donde se constató la existencia de un resonador antiguo fuera de funcionamiento, ambientes hacinados y un mamógrafo con 14 años de antigüedad.

La crisis de desabastecimiento de medicamentos, ya documentada anteriormente, también fue confirmada en los reportes entregados a la comisión de transferencia. Según documentos, al 12 de junio —fecha en que asumió el actual presidente de EsSalud, Jaime Moreno— la entidad registraba 2 516 medicamentos agotados, cifra que se redujo a 2 100 al 9 de julio.

DRAMA DE UNA FAMILIA

Por si fuera poco, en Lima, el caso de Hugo Huayanay refleja de forma dramática esta crisis, pues su hija de 11 años fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo y recibió tratamiento en el Hospital Almenara, donde los médicos determinaron que necesitaba un trasplante de médula ósea, procedimiento que debía realizarse en el Hospital Rebagliati.

Según relató el padre, de las 10 camas con las que cuenta EsSalud para trasplantes de médula ósea en niños, solo 4 se encontraban operativas al momento de su cita, programada para el 30 de julio, mientras que las 6 restantes estaban malogradas. “El médico me dijo que las 4 operativas ya estaban ocupadas, que recién en 40 días se iban a desocupar. Es decir, mi hija tendría que esperar 40 días para ser internada, pero puede recaer, aumentar la leucemia”, lamentó Hugo.

Huayanay, quien trabaja en el Ministerio Público, se encuentra de licencia, pero en agosto se termina, por lo que la situación se complicaría para su pequeña y esposa. “Cómo voy a hacer? Desde el año pasado que estoy acá he visto fallecer niños por esta causa, entre 3 a 4 niños han fallecido por esta causa, y en opinión mía, por no ser atendidos oportunamente”, indicó.

RESPUESTA DEL MINISTRO DE TRABAJO

Frente a este panorama, el nuevo ministro de Trabajo, Juan Sheput, reconoció que la situación de EsSalud “no es lo que uno quisiera”. Sheput, quien ya ocupó el mismo puesto durante el gobierno de Alejandro Toledo en 2005, señaló que actualmente existe una atomización de las compras públicas, ya que en lugar de licitaciones centralizadas para obtener mejores precios, se vienen realizando compras menores a 8 UIT.

Durante una transmisión en vivo realizada a través de su cuenta oficial de TikTok, la mandataria señaló que los militares no solo apoyarán en la seguridad de los establecimientos penitenciarios, sino también en otros ámbitos vinculados a la prevención del delito. Fujimori recordó que esta propuesta fue parte de sus planteamientos durante la campaña presidencial.

“No solamente hemos aprobado ya en el Consejo de Ministros que las Fuerzas Armadas colaboren con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la seguridad de los penales, sino también en los próximos días las Fuerzas Armadas estarán en las calles y en el sistema de transporte”, expresó.

La jefa de Estado indicó que las próximas acciones forman parte de los compromisos anunciados durante la campaña electoral. También sostuvo que su administración continuará presentando medidas orientadas a fortalecer la seguridad en el país.

Fujimori señaló que los detalles de estas disposiciones serán comunicados progresivamente.

“Ya ustedes van a ir conociendo cada una de estas medidas”, manifestó durante la transmisión realizada en sus redes sociales.

En otro momento de la transmisión, la presidenta informó que el Ministerio de Salud implementará un proceso para digitalizar las historias clínicas de los pacientes del sistema público. La medida, según indicó, incluirá el uso de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la gestión de información médica.

Tras los cuestionamientos, Tomás Gálvez afirmó que el sistema “prácticamente ha fracasado”, pues se llevaron a cabo investigaciones por hechos que no serían delictivos e incluso se habrían ejecutado persecuciones políticas; mientras que, donde sí habría razones suficientes para llevar a cabo indagaciones por lavado de activos, el sistema no lo hizo.

“Vamos a cambiar a la gran mayoría de fiscales, casi a todos. Inclusive a los que tengan el título de fiscal de lavado de activos, porque, si ya han mostrado ineficacia e ineficiencia, no pueden continuar en esa situación; por eso se va a redefinir. Casos como Ollanta Humala y Keiko Fujimori no se van a repetir”, sentenció Gálvez en Canal N.

Gálvez explicó que, desde la llegada a la Fiscalía de la Nación, se apartó a los fiscales que integraban los equipos especiales del caso Lava Jato, y que en su momento designó al fiscal Juárez Atoche como coordinador del sistema de lavado de activos, en reemplazo de Rafael Vela, al considerar que realizaba un trabajo razonable. Sin embargo, precisó que Juárez se encuentra actualmente suspendido tras habérsele imputado una actuación indebida en el marco de una investigación.

Sobre las deficiencias, Gálvez sostuvo que, para iniciar válidamente una investigación por lavado de activos, es necesario identificar un bien o activo sospechoso y vinculado con una actividad criminal previa que explique su origen. Según indicó, en el pasado bastaba con detectar una transferencia bancaria para abrir investigaciones, sin observar de manera escrita el principio de legalidad, lo que habría generado perjuicios a diversas personas.

Asimismo, agregó que la Ley Orgánica del Ministerio Público se encuentra obsoleta y adelantó que enviarán propuestas de reforma a la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, quien ha manifestado dentro de su plan de gobierno la intención de reformar el Ministerio Público y el sistema de administración de justicia. El objetivo es que dichas propuestas puedan ser incorporadas en los decretos legislativos que el Ejecutivo emita en el futuro.

#MesaDePrensa
El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, anunció la reorganización del sistema de lavado de activos tras cuestionar los resultados del equipo Lava Jato y respaldar el informe de la Defensoría del Pueblo. Encuentra más información en la web ►… pic.twitter.com/T27sBXtncP

— Canal N (@canalN_) August 3, 2026

Fujimori indicó que no se realizarán modificaciones a la Compensación por Tiempo de Servicios ni a otros derechos laborales adquiridos. En esa línea, señaló que las versiones sobre una afectación a los trabajadores forman parte de una interpretación impulsada por sectores opositores.

“No se van a tocar CTS, es parte de una narrativa que grupos de izquierda han creado como un fantasma”, expresó.

Gobierno plantea modernizar normas laborales

Durante la misma intervención, Fujimori sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es impulsar cambios en la legislación laboral sin afectar los derechos establecidos para los trabajadores. Además, reiteró que no se eliminarán ni incrementarán los feriados durante su gestión.

El pronunciamiento se da mientras el Gobierno prepara una solicitud de facultades legislativas que incluye materias relacionadas con distintos sectores, entre ellos el ámbito laboral. El Ejecutivo ha señalado que busca realizar ajustes normativos dentro del marco de sus competencias.

El pedido de facultades generó cuestionamientos desde algunos sectores políticos y organizaciones que expresaron preocupación por posibles modificaciones a las condiciones laborales. Ante ello, la presidenta sostuvo que las críticas responden a una versión que no coincide con las medidas planteadas por su administración.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, también había señalado previamente que no se contemplaba afectar beneficios como la CTS ni los feriados. La posición del Ejecutivo es que las reformas laborales no implicarán una reducción de derechos para los empleados.

Durante una entrevista en RPP, el titular del Ministerio de Cultura informó que la sesión del Consejo de Ministros, prevista para este domingo con el fin de abordar este tema, finalmente no se llevará a cabo. Asimismo, indicó que el proyecto todavía no reúne las condiciones necesarias para ser aprobado debido a que los sectores del Ejecutivo continúan remitiendo aportes.

“Se ha postergado [la sesión]. Lo que pasa es que no están las condiciones dadas para la aprobación, entonces, okay, se posterga [...] Se ha postergado porque estamos todavía en una dinámica de terminar de armar cuadros”, manifestó.

El titular del Mincul agregó que cada cartera ha remitido observaciones relacionadas con sus respectivas competencias. Asimismo, señaló que esas recomendaciones todavía están siendo evaluadas para incorporarlas al documento final.

“Se está afinando, se están recibiendo una serie [de observaciones], yo mismo he mandado observaciones al proyecto que se nos presentó, que me parece que son indispensables desde el sector Cultura, todos están mandándolas. Se llegó al momento en que se dijo ‘esto todavía requiere algunos ajustes’”, indicó.

¿Qué observaciones presentó el Mincul?

En otro momento, Beingolea fue consultado sobre las propuestas que presentó desde el Ministerio de Cultura para modificar el proyecto. Sin embargo, prefirió no detallar el contenido de esas observaciones mientras el documento siga en elaboración.

El titular del sector explicó que considera necesario esperar a que el Consejo de Ministros adopte una posición definitiva antes de hacer públicos los planteamientos formulados por cada ministerio. Además, remarcó que el trabajo dentro del Gabinete exige respetar las decisiones colectivas una vez concluido el proceso de evaluación.

“No, es que todavía no la voy a decir, hablemos del producto final. O sea, qué poco elegante, imagínate que llega el Consejo de Ministros y mis observaciones no fueron tomadas. En eso también quiero ser claro uno tiene que ser disciplinado en un colectivo […] Luis Bedoya decía ‘antes de la decisión, libertad después de la decisión, unidad’. Es la única manera de gobernar, y yo, en esto, soy un seguidor de Bedoya. Así que no voy a decirte ahora las cosas que he propuesto. Yo preferiría no hablar de algo que todavía no está listo”, señaló.

Al ser consultado en RPP sobre posibles cambios en el alto mando policial, incluido su cargo, Arriola explicó que durante la ceremonia de reconocimiento al nuevo titular del Ministerio del Interior se reiteró que la evaluación del desempeño forma parte de la gestión institucional y alcanza a todos los oficiales generales de la Policía Nacional.

En cuanto a la seguridad ciudadana, el jefe de la PNP destacó las acciones ejecutadas para enfrentar la ola de ataques armados contra unidades de transporte interprovincial e informal registrada desde julio. Señaló que la respuesta policial ha sido sostenida y que los resultados se vienen observando de manera gradual.

Como resultado de estos operativos, indicó que los homicidios se redujeron en un 24%, mientras que las denuncias por extorsión disminuyeron en un 22%, cifras que atribuyó al fortalecimiento de las intervenciones policiales y al trabajo coordinado contra las organizaciones criminales.

Asimismo, aseguró que la institución continuará intensificando los operativos y las labores de inteligencia para combatir la delincuencia y devolver la seguridad a la ciudadanía, especialmente frente a los delitos de extorsión y sicariato.

Respecto al incendio que acabó con la vida de diez integrantes de la familia Vílchez, Arriola informó que las investigaciones siguen en marcha y que la Policía mantiene la búsqueda de la presunta responsable del ataque.

Agregó que, de acuerdo con las primeras diligencias, el hecho estaría vinculado a un caso de extorsión.

En declaraciones a RPP desde Tel Aviv, Israel, señaló que no pudo despedirse de ella debido a la orden de prisión preventiva y la alerta roja de Interpol que pesan en su contra por el caso Ecoteva, en el que es investigada por presunto lavado de activos.

Eliane Karp sostuvo que las medidas judiciales le impidieron viajar a Bélgica y cuestionó la prolongación del proceso penal. El caso Ecoteva está relacionado con la compra de inmuebles en el Perú a nombre de su madre mediante la empresa Ecoteva Consulting Group, con sede en Costa Rica.

Tras confirmar el fallecimiento de su madre, la ex primera dama solicitó nuevamente a la presidenta Keiko Fujimori conceder un indulto humanitario al expresidente Alejandro Toledo, quien cumple una condena de 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión agravada y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur.

Afirmó que el exmandatario enfrenta problemas de salud, estrés y ansiedad, y aseguró que recientemente sufrió una caída en el penal de Barbadillo.

Asimismo, pidió que Toledo pueda acogerse a la Ley 32181, que permite a los mayores de 80 años cumplir su condena bajo arresto domiciliario por razones humanitarias.

Karp sostuvo que un eventual indulto representaría un gesto de reconciliación nacional y señaló que estaría dispuesta a regresar al Perú si se levantan las órdenes de captura y prisión preventiva dictadas en su contra.

El documento lleva las firmas de la dignataria y del premier Luis Galarreta. Cornejo ya había asumido la dirección del organismo de Inteligencia. En enero del 2021, durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti, asumió la conducción de la DINI.

En el año 2000, además, se desempeñó como edecán del hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori. Asimismo, forma parte del Arma de Infantería del Ejército.

El cargo era ocupado desde marzo último por Yonny Narciso Ramírez Aguilar, quien fue seleccionado por la gestión del entonces encargado de la presidencia, José María Balcázar.

La designación se dio a través de la Resolución Suprema 247-2026-PCM, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, y fue refrendada por la presidenta Keiko Fujimori y por el premier Luis Galarreta.

En la resolución previa (246-2026-PCM) se aceptó la renuncia de Alonso Tenorio a dicho cargo y se le agradeció por los servicios prestados.

La norma cuenta con la firma del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

En otra disposición, la Secretaría General del Despacho Presidencial nombró a Edwin Lévano Gamarra como secretario de la Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial, bajo el régimen de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil.

La designación fue oficializada mediante la Resolución N.° 000058-2026-DP/SGDP, publicada en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales.

La Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial tiene entre sus principales funciones brindar asistencia técnica en la gestión y tramitación de las normas legales que serán promulgadas por el presidente de la República, además de apoyar el desarrollo de las sesiones del Consejo de Ministros.

¿Un uso eficiente de recursos puede generar un ahorro importante?

Para hacer frente los gastos que generarán las propuestas del Gobierno se va a tener que ahorrar en gasto corriente, fundamentalmente. Pero creo que no será suficiente y seguro que será necesario que las otras políticas que se han puesto en marcha, orientadas a incentivar la inversión privada y el crecimiento económico, podrán ampliar la base tributaria, que ayudaría a generar más ingresos, los que se requieren para equilibrar el presupuesto. Será muy importante que los programas sociales sean en gran medida financiados con crecimiento sostenible.

¿Pero cuánto se podría ahorrar?

Habrá que ver el detalle del tipo de ahorro que se quiere dar, pero de alguna manera el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) calculó que los gastos ineficientes en el sector público estaban alrededor de 2 puntos del producto bruto interno (PBI), es decir, cerca a 20 mil, 25 mil millones de soles. Ahora solo tenemos anuncios y hay que ver el detalle de las medidas y ahorros donde se quiere conseguir.

Sobre el aumento del sueldo mínimo, siempre se dice que hace crecer la informalidad...

Aumentar el sueldo mínimo es una mala medida, así sea 1%. Se trata de un salario mínimo que, según un estudio que el Banco Central de Reserva presentó el año pasado, ya está cerca del 40% por encima del valor en que debería estar. Entonces, no se puede justificar el anuncio de un aumento de 15%. Lo peor es que no ayuda al 70% o más de la población económicamente activa que trabaja fuera de planilla, que no tiene ningún tipo de salario mínimo. Además, ha quedado demostrado que alienta la informalidad.

Se prevé que la flexibilidad de leyes laborales será un tema del pedido de facultades...

Me parece muy bien abordar la flexibilidad laboral. Es uno de los principales problemas que están detrás de nuestra baja productividad y alta informalidad. Queda todavía ver los detalles. Creo que será muy importante revisar cada uno de ellas. Hay medidas interesantes, sobre todo las que tienen que ver con racionalizar el nivel de los costos laborales en función a los ingresos que tienen los trabajadores. El costo que tiene una gran empresa para pagar sueldos y salarios es alto, por eso que la informalidad está presente. Me parecen muy bien, también, las medidas para generar mayor incentivo al empleo juvenil. Ojalá que se pueda avanzar en ello. Se trata de hacer más asequible la formalidad a la mediana y pequeña empresa, no tanto quitar derechos laborales que hoy día están concentrados justamente en los trabajadores en planilla y en la gran empresa.

La “Ley Pulpín” está nuevamente sobre la mesa

Creo que lo importante es ver las mejores prácticas en el mundo para el empleo juvenil como en los países desarrollados, ¿no? Tienen esquemas de empleo juvenil, con acceso reducido porque recién están aprendiendo. Nadie habla en los países europeos, por ejemplo, de que se esté esclavizando al joven trabajador. Por el contrario, se le da está dando la opción para que empiece a trabajar. Hay que darle esa mirada. Esa mirada de: hoy no tengo empleo, nadie me da empleo porque esa mediana y pequeña empresa no me puede pagar esos altos derechos laborales. En cambio, ahora voy a flexibilizar de alguna manera para que pueda empezar a trabajar y progresivamente irme incorporando al mercado laboral. Esa es la forma de mirar el tema. No la llamaría “Ley Pulpín”, sino ley de empleo juvenil, mirando las mejores prácticas en el mundo.

David Tuesta

Exministro de Economía y Finanzas.

Economista, doctor en Economía por la PUCP.

Magíster en Asuntos Públicos por la Universidad de Minnesota (EE.UU.).

Exdirector corporativo de Asuntos Estratégicos en la CAF.

Subir el sueldo mínimo no ayuda al 70% de trabajadores informales”.

¿Cuál es la situación actual de la salud pública en el Perú?

Vivimos una crisis permanente. El principal problema es que no se asigna el presupuesto que realmente necesita el sector. Actualmente se invierte alrededor del 2,5% del PBI en el Ministerio de Salud y 1,2% en EsSalud, cuando deberíamos estar cerca del 6%. Eso significa que necesitamos prácticamente duplicar el presupuesto actual. Como consecuencia, faltan camas hospitalarias, especialistas, equipos médicos y capacidad de atención.

¿Cuáles son las carencias más visibles?

Existe una enorme brecha en equipamiento. Solo en Lima contamos con cinco resonadores magnéticos, cuando la OMS recomienda 25 y los estándares de la OCDE hablan de 85. A ello se suma el déficit de más de 16 mil médicos especialistas y alrededor de 10 mil médicos generales para fortalecer el primer nivel de atención.

¿Cómo se reflejan estas carencias en las regiones?

Las diferencias son muy marcadas. Regiones como Amazonas, Madre de Dios o Cajamarca tienen entre tres y seis médicos por cada 10 mil habitantes, cuando lo recomendable es contar con al menos 23. Eso genera largas listas de espera para consultas y cirugías. Además, el primer nivel de atención debería resolver la mayor parte de enfermedades comunes y crónicas, realizar análisis clínicos, ecografías y radiografías. Sin embargo, solo uno de cada cinco establecimientos tiene capacidad para hacerlo.

¿La crisis responde únicamente a la falta de recursos?

No. El presupuesto es fundamental, pero también hay problemas de corrupción y gestión. Según estimaciones oficiales, la corrupción representa una pérdida enorme para el país y en Salud sería el 15% de los recursos del sector. Eso explica casos de hospitales que multiplican varias veces su costo original sin concluirse. Deben identificarse responsabilidades y sancionarse a quienes corresponda.

¿Qué debe hacer el Gobierno frente al riesgo de un nuevo fenómeno El Niño?

Lo primero es implementar cuanto antes un plan de acción integral. Las regiones del norte enfrentarán riesgos asociados a lluvias intensas, inundaciones y aumento de enfermedades transmisibles. Allí debemos prepararnos para posibles incrementos de dengue, malaria, infecciones gastrointestinales y enfermedades de la piel. Eso implica contar con vacunas, medicamentos, equipos de fumigación, hospitales de campaña y brigadas médicas listas para desplazarse.

¿Qué lecciones dejó el COVID-19?

La pandemia mostró crudamente nuestras debilidades. Tuvimos una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. Faltaron camas UCI, oxígeno, personal y organización. Lo preocupante es que, después de esa experiencia, muchas de las brechas siguen igual.

¿Qué espera la Federación Médica Peruana de la nueva gestión?

Nosotros vamos a dar nuestro apoyo al nuevo ministro de Salud, pero también esperamos resultados concretos. Creemos que un plazo razonable para evaluar la gestión son los primeros 180 días. Hay varios aspectos que observaremos de manera prioritaria. El primero es la respuesta frente al fenómeno de El Niño. El segundo es la reducción de las colas y listas de espera. También evaluaremos el abastecimiento de medicamentos, la lucha contra la anemia y la desnutrición, así como la capacidad del Gobierno para destrabar proyectos hospitalarios pendientes.

¿Qué mensaje final le daría al nuevo Gobierno?

Esperamos que las autoridades conozcan realmente la realidad del país, visiten las regiones y tomen decisiones basadas en las necesidades de la población. No vamos a tolerar ningún acto de corrupción y exigiremos que se aceleren las soluciones para los hospitales paralizados. La salud necesita resultados concretos. No los exigimos para mañana, pero sí queremos ver avances medibles en los próximos seis meses.

CIFRAS

• 6%

del PBI debería destinarse a Salud. Hoy es el 2.5%.

• 16

mil médicos especialistas y 10 mil generales faltan en el país.

Godofredo Talavera

Presidente de la FMP

Médico Cirujano. Especialista en Pediatría y Gastroenterología Pediátrica. Es un referente del gremio médico y del Instituo Nacional de Salud del Niño. Ejerció la presidencia de la FMP en varios periodos.

El diputado Luis Quispe Candia, de su partido, informó que el PBG “apoyará” la solicitud de facultades legislativas, ¿es una decisión oficial?

No es una decisión oficial, es una postura. Es que el PGB no es un partido obstruccionista. ¿Cómo me voy a oponer a algo que no conozco? El documento no ha llegado formalmente a ninguna instancia, parece un globo de ensayo.

¿Y cuál es su posición?

Se ha mandado un documento a ver qué opina la gente. Los empresarios se contradicen en un tema, los partidos cuestionan otras. Entonces, en realidad, parece que estaban más bien tomando la temperatura de cómo recibiremos ciertos temas. La firme va a ser el día domingo (hoy) que tienen su sesión de Consejo y se han comprometido que estarán sacando un documento formal. Entonces claro, Quispe Candia dice que no nos vamos a oponer. ¿Cómo pues nos vamos a oponer?, todavía no nos ha llegado el documento. En principio nosotros queremos. El gobierno tiene que gobernar, ya han ganado las elecciones, cuestionadas o no, han ganado y tienen que gobernar.

¿Pero se han reunido al respecto?

Nosotros hemos estado presentes en una reunión que tenía que ver varios temas: nuestra participación en las comisiones, la mesa directiva, nuestras oficinas, que no hay nada, no podemos trabajar, están totalmente deshabilitadas. Oficialía Mayor ha sido una desgracia porque todo está mal organizado. Desorganizado, ha sido costoso y miren qué fecha estamos y no tenemos una oficina para trabajar.

Entonces, ¿cuándo estarían empezando sus funciones?

Ya nos han dicho, nos han pasado un documento, que por lo menos hasta la mitad de agosto no van a funcionar las oficinas. Entonces, el mismo gobierno se ha puesto un tropiezo porque está perdiendo como 15 días de tiempo porque hasta que se instalen las oficinas y, por lo tanto, las comisiones. Cuando vayan ellos a querer pedir la delegación de facultades, ¿sobre qué lo van a hacer si ni siquiera están constituidas las comisiones? El retraso viene de ellos mismos. Quieren apurarse, pero mandan un globo de ensayo.

¿Cuál es su lectura sobre esa situación?

Lo que dice el discurso de la señora (Keiko Fujimori) no se condice ni con los ministros que está poniendo y tampoco se condice con lo que está en el pedido de facultades. Entonces, tienen ellos mismos que ordenarse, me parece que no están ordenados. El Ejecutivo quiere poner la agenda al Legislativo, pero primero que se ordenen, tienen que ordenarse. Ya nos llegará el documento, ya podremos opinar formalmente sobre eso. Que nos manden una propuesta que esté mejor articulada.

¿Jorge Nieto ha dado alguna indicación en particular sobre ello?

La indicación es que esperemos el documento formal porque si no estamos opinando sobre algo que no nos ha llegado. Solo lo estamos leyendo por las redes.

Con respecto a las comisiones, ¿están apuntando a alguna en particular?

Está por verse. Por ejemplo, Flavio Figallo es el vocero pero él ha sido viceministro de Educación, tiene mucho que dar. Yo estoy con él en el Senado, a mí me encantaría que él dirija esa comisión. Claro que hay una preferencia. Pero hay preferencias en base a las capacidades que tenemos. Meternos en temas que no conocemos solamente por querer dirigir algo, no está bien. Y eso se promueve también en diputados. Se trata de que haya competencias. Pero esto va a depender también de las otras fuerzas políticas, no estamos solos.

¿Y a usted qué comisión le gustaría presidir?

Ahorita ninguna. Pero hay una que me interesa mucho que es la de Gestión del Estado.

¿Por qué?

Por mi trayectoria, me interesa mucho fortalecer lo que son gobiernos locales y regionales. Entonces yo ahí tengo mi debilidad, esa es la que a mí me encanta. Y pienso que si el Perú no logramos descentralizarnos mejor, fortalecer las instancias locales, que el gobierno empiece por las células más pequeñas que son los gobiernos locales, cerca a la gente, que pueda resolver los problemas diarios con cierta solvencia, tanto profesional como económica. Si logramos eso a nivel local, este país cambia totalmente.

Entonces, ¿por qué no presidirla?

Podría ser. Por supuesto, sería un honor pero no nos da tampoco las votaciones para presidir más que una comisión dentro del Senado.

Ello se vio en la elección de la Mesa Directiva del Senado, ¿qué opina al respecto?

No me hagas acordar de una situación tan penosa porque con tanto esfuerzo y ponernos de acuerdo para terminar por ‘las patas de los caballos’. Qué vergüenza.

¿Cómo vio esas votaciones?

Primero, lo que no me gustó fue la actitud de Rospigliosi, que no nos dio la palabra para nada o no se la dio a Ruth Luque, que solo quería hacer una pregunta para definir qué pasaba si seguían los empates. (Actuó) de manera muy prepotente, antidemocrática. Cada vez que se pedía la palabra, ponía el timbre a sonar, sonó casi por diez minutos, una y otra vez. Muy desagradable. Realmente ese señor tiene una actitud muy antidemocrática que no permite un cambio de relacionamiento que es lo que la gente quiere.

¿En general, que le parecieron las tratativas de Fuerza Popular u otras bancadas para hacerse del Senado?

La gente no lo sabe, pero lo más bonito que sucedió en el Senado fue que en la votación la bancada del fujimorismo, Renovación Popular y la bancada de oposición, por llamarlo así, empezaron a conversar. Empezaba a plantearse en ese momento una lista única. ¿Te imaginas que haya salido de este Congreso una lista única? ¿Qué mensaje le da a este país? Potente. Esa es la maravilla que se estaba creando y surgiendo en ese instante, en ese ambiente prácticamente de igualdad de fuerzas.

Entonces, ¿lo detuvo el voto viciado?

Eso que tú compres a una persona o que esa persona haya tenido sus acuerdos particulares con la otra fuerza, no le da legitimidad a la Mesa Directiva. No le da legitimidad, es como una trampa. No es legítimo como debe ser. Eso a nivel de los principios, y luego se evitó la posibilidad maravillosa de haber podido sacar una lista única, haber dado una lección al país, un símbolo distinto y por lo tanto para la Cámara baja hubiera sido un mensaje poderoso. Pero, no. Una señora (Cecilia Chacón) que repetía que la ley, que no sé qué, que no sé cuánto.

¿Pero quién hubiese liderado esa lista única?

Hubiera podido ser Miguel Torres o Flavio Figallo, que es de centro. Pero hemos perdido la oportunidad como país, porque al final hay que pensar en el Perú.

Pero esto trajo consecuencias, suspendieron a Silvana Robles por no mostrar su voto.

Son temas ya internos de ellos. Me di cuenta que estaban un poquito desordenados porque cuando yo le pregunté a mi colega de Huancavelica: ¿Por qué no has mostrado tu voto? (Me respondió) Nadie me dijo. Entonces ahí alguien tenía que poner orden, pero no era yo la llamada a hacerlo, sino dentro de su propio partido.

¿No se suma al discurso de que Robles es una traidora?

Ellos tienen que ver internamente qué ha pasado porque en verdad perdimos una oportunidad maravillosa para el país. Por, quizás, intenciones particulares, por cerrar situaciones personales. Sabe Dios qué ha pasado ahí.

¿Y en el caso de Julián Pérez Mallqui?

Lo mismo, ha sido tal escándalo público. Juramentó con una fuerza, con una radicalidad, pero son tan machistas. El problema de la izquierda es (ser) tan machista. Entonces, si son así en la política, imagínate en sus casas. El machismo hay que erradicarlo. Me parece muy bien que lo agarre la policía y que se le juzgue como cualquier persona que ha cometido un delito, una falta. Y cuando se investigue, que le caiga el peso de la ley como a cualquiera. No es un delito de función, es un tema absolutamente personalísimo.

¿Cómo debe actuar el Congreso al respecto?

Debe pasar a Ética. También tiene derecho a tener la palabra, el Congreso ya lo escuchará, como corresponde. Tenemos que respetar las instancias.

Cambiando de tema, ¿cómo así PBG se suma al bloque “Consenso por la Democracia”?

Este es un consenso de punto fijo. Ya terminó (de elegirse) la Mesa Directiva.

¿Esto se estaría rompiendo?

No. Eso es punto por punto. O sea, en principio, hay cosas en las cuales podemos estar de acuerdo y cosas que no. Creo que en ese tema de la dación de facultades, ahí puede ser discordante. No veo que vayamos con todos, al bloque, a decir que no. Porque nuestra actitud no es decirle no al Ejecutivo. Entonces, estoy sopesando eso, por ahora. Todavía no tengo ese documento, que punto por punto discutiremos en qué nos parece interesante, importante, (para) dar las facultades. De repente ellos no le quieren dar. De 20 pedidos, solamente le quieran dar en 2. Y, de repente, nosotros queremos dar en 5, en 8 o en 10. Entonces, va a haber dificultades. Ahí no podemos estar en bloque, no vamos a poder.

El letrado cuestionó que Pérez, que ayer fue liberado, no haya permanecido con marrocas en la dependencia policial, lo que ocasionó la indefensión de su patrocinada. Además, cuestionó que la Fiscalía no haya solicitado la ampliación de su detención en flagrancia.

Denuncia

Los hechos denunciados por Barrantes ocurrieron la mañana del viernes 30 de julio. De acuerdo a su versión, la denunciante “llamó por celular a la comisaría de San Miguel para que le brinden apoyo”, pues el diputado “ingresó intempestivamente, sin autorización de ella o sus familiares, a su domicilio”.

La mujer “estaba descansando en su habitación, en el tercer piso”, cuando Pérez Mallqui habría aparecido para insultarla y proferirle otros “maltratos verbales”.

“La agresión (física) fue posterior, cuando vienen los policías al domicilio y llevan al diputado, como intervenido, y a mi patrocinada. En la comisaría, mientras ella estaba declarando, estando en indefensión y con náuseas y dolor de cabeza, por los insultos proferidos y maltratos verbales por parte del diputado (…) fue a los servicios higiénicos. El diputado, que no ha estado con marrocas, la amenazó diciéndole: ‘Ya vas a ver, me estás fregando con la prensa. Ya no vas a tener trabajo en el sector público’. Trató de cogerla del brazo derecho, de manera fuerte, y le propinó una patada para que caiga”, sostuvo el abogado en diálogo con Canal N.

Luego, Barrantes rechazó que el parlamentario, sentenciado por lesiones culposas y violencia familiar, en casos distintos, haya sido puesto en libertad. El congresista abandonó la instalación policial la tarde de ayer, tras vencerse el plazo de detención en flagrancia de 48 horas.

La Fiscalía Suprema de Familia, que dirige el fiscal supremo Luis Arce Córdova, y que estuvo a cargo del caso debido a la alta investidura de Pérez, no habría solicitado la ampliación de la detención.

Más medidas

Ahora, la defensa de la denunciante solicitará que la investigación preliminar por presunta agresión se amplíe. El objetivo es que se incluya la imputación de violación de domicilio.

“Estamos pidiendo una ampliación de la denuncia penal, ya la presentamos a la comisaría del sector y hemos presentado un video para que se pueda visualizar, en su debida oportunidad, para que esto sea considerado dentro de la investigación”, detalló el abogado Barrantes.

Tras una visita a bases militares ubicadas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la jefa de Estado sostuvo que el Perú busca fortalecer la cooperación internacional frente a delitos que operan más allá de las fronteras nacionales.

“Le transmití al secretario de Estado el interés de parte de nuestro país de formar parte del Escudo de las Américas. El Escudo de las Américas busca unir esfuerzos de países que enfrentan a la criminalidad organizada, al narcotráfico, y busca compartir información, porque entendemos que este tipo de flagelos no se fijan en las fronteras”, indicó.

La mandataria también manifestó que la participación peruana podría representar un aporte para el resto de integrantes de la alianza.

“Al Perú nos gustaría participar, nos conviene participar y creo que los países que ya forman parte también van a estar interesados en que el Perú pueda contribuir con información”, precisó.

#EnVivo

Keiko Fujimori, presidenta: En una llamada, le transmití al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, el interés de nuestro país de formar parte del Escudo de las Américas

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¿Qué es el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas es una coalición política y militar presentada en marzo de 2026 durante una cumbre realizada en Miami y encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La iniciativa reúne actualmente a 11 países del continente.

De acuerdo con los objetivos planteados por sus integrantes, el bloque busca coordinar acciones para enfrentar a los cárteles y organizaciones criminales mediante el fortalecimiento de la cooperación policial, judicial y de inteligencia. Además, promueve el intercambio de información y el desarrollo de capacidades tecnológicas entre los países miembros para combatir el crimen transnacional.

“Bueno, en el caso del expresidente Ollanta Humala y en mi caso fueron digamos temas bastante similares, ¿no? Por un tema de campaña política. Entonces, si mi caso se archivó, era lógico que en el caso de él también ocurriera lo mismo”, declaró ante la prensa.

La presidenta agregó que espera que el sistema de administración de justicia concentre sus esfuerzos en la lucha contra la criminalidad. En esa línea, consideró que las autoridades deben priorizar combatir la criminalidad.

“Así es que yo saludo que hoy finalmente él esté en libertad y esperamos que el sistema de administración de justicia pues le ponga todo su esfuerzo a donde la ciudadanía está reclamando, que es a enfrentar y capturar a los delincuentes”, manifestó.

#EnVivo

Keiko Fujimori: El caso del expresidente Ollanta Humala y el mío fueron bastante similares por un tema de campaña política. Si mi caso se archivó, era lógico que en el suyo también ocurra lo mismo. Saludo que esté en libertad

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Como se recuerda, el pasado 16 de junio, el Poder Judicial dispuso el archivo definitivo del caso Cócteles, proceso que involucraba a Keiko Fujimori, dirigentes de Fuerza Popular y otras personas investigadas por presunto lavado de activos. La decisión fue adoptada por una sala de apelaciones en cumplimiento de lo resuelto previamente por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, Ollanta Humala salió del penal de Barbadillo la noche del último viernes luego de que el Poder Judicial ordenara ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional que anuló la condena de 15 años de prisión que pesaba en su contra por lavado de activos. El exmandatario había sido sentenciado junto a la exprimera dama Nadine Heredia por los aportes vinculados a sus campañas electorales de 2006 y 2011.

Tras recuperar su libertad, Humala sostuvo que fue víctima de una persecución política y judicial, además de negar que él, su esposa o el Partido Nacionalista hayan recibido aportes ilegales provenientes de Brasil o Venezuela.

En declaraciones a la prensa, Fujimori expresó sus condolencias por las víctimas del siniestro y señaló que el Gobierno viene coordinando la comunicación con los representantes diplomáticos de los ciudadanos extranjeros fallecidos. La aeronave transportaba turistas de Italia, Alemania y España, además de dos tripulantes peruanos.

“Primero lamentar profundamente este accidente. Han perdido la vida 12 personas. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida”, manifestó.

La presidenta también precisó que se evaluará la suspensión temporal del aeropuerto de Pisco, aunque evitó adelantar una decisión hasta que culminen las investigaciones técnicas.

“Se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto, pero no quiero adelantar nada hasta que no se concluyan las investigaciones y los ministros correspondientes me den su informe”, agregó.

#EnVivo

Keiko Fujimori, presidenta, tras la caída de una avioneta con 13 pasajeros: Se está evaluando la suspensión del aeropuerto de Pisco

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MTC activa protocolos para esclarecer causas del accidente aéreo

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que la aeronave accidentada fue una Cessna Caravan C-208 de matrícula OB-2001, operada por la empresa Aerodiana. Según detalló la entidad, la avioneta contaba con autorización para realizar operaciones de transporte aéreo especial con fines turísticos.

Desde el sector se informó que la DGAC y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación activaron los protocolos técnicos correspondientes para determinar las causas del accidente. Las diligencias permitirán establecer las circunstancias que provocaron la emergencia reportada por la tripulación.

La cartera indicó que brindará las facilidades necesarias para el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos. Además, señaló que se evaluarán las medidas que correspondan para fortalecer la seguridad de las operaciones aéreas.

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores viene coordinando con los consulados de los países de origen de los pasajeros fallecidos para comunicar oficialmente la tragedia a sus familiares. El MTC señaló que esta gestión busca que los deudos reciban la información mediante canales oficiales.

En declaraciones a Canal N, el letrado recordó que la denuncia se originó el pasado 30 de julio, cuando su patrocinada solicitó la intervención de la Policía tras denunciar que el parlamentario habría ingresado sin autorización a su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Miguel. A partir de ese momento, ambas partes fueron trasladadas a una dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

Barrantes señaló que, de acuerdo con la versión de la denunciante, los presuntos hechos de violencia física se habrían producido cuando ambos permanecían en la comisaría. Según indicó, el diputado primero la habría amenazado verbalmente y luego la sujetó del brazo para finalmente propinarle una patada.

El abogado precisó que estos hechos fueron incorporados en la declaración brindada por su patrocinada. Asimismo, sostuvo que esa información deberá ser evaluada por las autoridades durante el desarrollo de la investigación.

Nueva evidencia del caso

Como parte de las diligencias, la defensa informó que entregó un video para que sea incorporado al expediente fiscal. Barrantes indicó que ese material formará parte de los elementos que serán analizados por el Ministerio Público.

Asimismo, anunció que solicitará la ampliación de la denuncia penal para incluir los hechos que, según sostiene, ocurrieron dentro de la dependencia policial. La defensa considera que esa información también debe formar parte de la investigación.

El representante legal también expresó su desacuerdo con la decisión de la Fiscalía de dejar en libertad al parlamentario una vez concluido el plazo de detención. No obstante, reconoció que el proceso continúa y que corresponderá al Ministerio Público determinar si existen responsabilidades penales conforme avancen las diligencias.

Tras salir, rechazó las acusaciones y señaló que brindará las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

“Rechazo rotundamente todo lo que se me ha imputado por una agresión psicológica y, peor aún, por violencia familiar”, declaró el legislador ante la prensa.

También indicó que quedó en libertad tras cumplirse los plazos legales previstos para este tipo de casos y precisó que su relación con la denunciante terminó hace aproximadamente seis meses.

Pérez Mallqui también manifestó que rechaza toda forma de violencia contra la mujer y sostuvo que esta experiencia lo impulsará a promover iniciativas orientadas a fortalecer la protección de los derechos de las partes involucradas en este tipo de procesos.

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Así lo informó Wilfredo Pedraza, abogado del exmandatario, quien señaló que el recurso fue presentado tras la resolución emitida por el máximo intérprete de la Constitución.

“El habeas corpus es solo para el señor Humala; sin embargo, ya los abogados (de Heredia), entiendo que ayer al final de la tarde, han ingresado recursos pidiendo que el juez extienda los efectos de esa decisión del TC. Eso me parece que va a ser inevitable”, declaró para RPP.

El abogado precisó que los efectos de la sentencia no se aplican automáticamente a la ex primera dama, por lo que era necesario presentar las acciones judiciales correspondientes.

Respecto a un eventual retorno de Nadine Heredia al país, Pedraza indicó que esa será una decisión que deberá adoptar la ex primera dama junto con Ollanta Humala.

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Durante la actividad, inspeccionó las labores que desarrollan las fuerzas del orden en esa zona del país.

En su mensaje dirigido a efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la mandataria expresó su respaldo a ambas instituciones y resaltó su participación en la pacificación del país frente a las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el MRTA.

“Hoy los retos que el Perú necesita son distintos; seguimos teniendo el problema del narcotráfico, que vamos a seguir enfrentando y combatiendo; tenemos al crimen organizado, que está haciendo que la población viva con miedo; la minería ilegal, a la que tenemos que hacer retroceder; y por eso los convoco, como lo he hecho en el mensaje a la nación, a trabajar juntos”, sostuvo.

Durante la visita, Keiko Fujimori también reconoció la labor humanitaria que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al recordar la evacuación de emergencia de una mujer que había dado a luz.

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La mandataria arribó a la base militar de Mazamari, en la provincia de Satipo, región Junín, donde fue recibida por el alto mando militar.

Durante la visita, las autoridades de las Fuerzas Armadas presentarán un informe sobre las intervenciones realizadas por el Batallón Contraterrorista Alto Comaina N.° 79, unidad que desarrolla acciones contra remanentes terroristas y organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas en el Vraem.

#LoÚltimo

La presidenta Keiko Fujimori llegó a la zona del VRAEM

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— Canal N (@canalN_) August 1, 2026

Como parte de la agenda, la jefa de Estado también se trasladará a la base de Valle Esmeralda para conocer las labores operativas que realizan las fuerzas del orden. Además, recibirá información sobre la operación en la que fue abatido el terrorista conocido con el alias de “Richard” y los daños sufridos por un helicóptero durante esa intervención.

La jornada continuará con una visita a la base militar de Pichari, donde los mandos expondrán las condiciones operativas, los retos logísticos y las necesidades de equipamiento para reforzar las acciones de seguridad en la zona.

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La medida fue establecida mediante la Resolución Suprema N.º 245-2026-PCM, difundida en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La resolución lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, con lo que queda oficializado el nombramiento de la nueva autoridad.

La misma disposición también pone fin a la designación de Yonny Narciso Ramírez Aguilar como Director de Inteligencia Nacional de la DINI. Además, el documento expresa el agradecimiento por los servicios prestados durante el desempeño de sus funciones.

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“Todavía no hemos tomado la decisión final, pero vamos a tener una conversación larga con el canciller”, dijo ayer Fujimori a la prensa tras su visita a Junín por las secuelas del sismo.

Keiko Fujimori, presidenta de la República, sobre salvoconducto a Betssy Chávez: Todavía no hemos tomado la decisión final. Vamos a tener una conversación larga con el canciller

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— Canal N (@canalN_) July 31, 2026

Enclave

Como se sabe, la exjefa del gabinete del golpista Pedro Castillo permanece en la Embajada de México en Lima desde el 3 de noviembre de 2025, cuando recibió asilo diplomático mientras afrontaba un proceso judicial por su participación en el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Ahora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha colocado el caso como una condición para recomponer las relaciones bilaterales.

La mandataria mexicana afirmó que el respeto al derecho de asilo y el salvoconducto para Chávez son una “condición principal” para restablecer los vínculos diplomáticos y designar nuevamente un embajador en Lima.

Incluso, Sheinbaum reveló que el secretario de Relaciones Exteriores de su país conversó con Fujimori para avanzar y “normalizar” sus relaciones.

En ese escenario, el canciller Carlos Espá señaló que México y Perú no deben estar “separados” y que trabaja para una “ruta de integración” de ambas naciones.

Espá, incluso, se mostró proclive a entregar este documento y sostuvo que el Ejecutivo resolverá el caso bajo las normas internacionales.

“Nosotros vamos a actuar de acuerdo a los principios del derecho internacional, de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954, que es la Convención del Asilo”, respondió ayer a la prensa en su ceremonia de transferencia del cargo.

“Nosotros tenemos muy claro, porque la Convención es clarísima, cuáles son las obligaciones de los Estados”, agregó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, expresó también una posición favorable a una eventual entrega del salvoconducto a Chávez en una entrevista del pasado jueves.

“Yo creo que sí (se debe entregar el salvoconducto), porque además creo que está amparado en la legislación internacional”, declaró a Exitosa.

Contraste

El nuevo gobierno se distanciaría así de una postura asumida por el régimen de José Jerí y el canciller Hugo de Zela. El gabinete y el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazaron el 7 de noviembre de 2025 otorgar el salvoconducto solicitado por México para Chávez.

📄Comunicado de Prensa 022-25:

Sobre solicitud de salvoconducto para Betssy Chávez y partida de embajador cubano.

👉 https://t.co/HXqYGc22xf pic.twitter.com/lgdWEbSJ1x

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 7, 2025

La entidad sostuvo que la Convención de Caracas de 1954 había tenido una “evolución negativa” en su práctica internacional y cuestionó que sus disposiciones fueran utilizadas para calificar delitos comunes como casos de persecución política.

La Cancillería consideró que ello desnaturalizaba el objetivo del tratado y advirtió que “en ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales”.

Además, el entonces Gobierno peruano anunció que propondría ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) modificar la Convención de Caracas de 1954 para impedir que su aplicación se desvirtúe.

“Para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo. Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA”, reza el comunicado.

El fiscal supremo Luis Arce Córdova asumió el caso y ordenó diligencias para establecer las circunstancias de la presunta agresión.

Medidas

El magistrado encargó a la Policía ejecutar las acciones necesarias para esclarecer los hechos dentro de un plazo de 15 horas y remitir los resultados al Ministerio Público.

Según la disposición fiscal, la PNP debe recoger las declaraciones de los agentes que participaron en la intervención y de los testigos. También deben revisar el lugar donde habría ocurrido la agresión y recabar información de las cámaras de seguridad.

Asimismo, la Fiscalía solicitó la declaración de la presunta víctima y del investigado; y precisó que Pérez Mallqui deberá brindar su versión con la presencia de un abogado defensor.

Además, dispuso recabar los antecedentes judiciales, penales y policiales del legislador y verificar si existen investigaciones previas o medidas de protección relacionadas con el caso. Todo ello para evaluar acciones de resguardo para la denunciante.

Estado

La situación jurídica de Pérez todavía no está definida porque será la Fiscalía la que determine los siguientes pasos después de que la Policía entregue su informe.

Mientras tanto, el diputado permaneció ayer detenido en la comisaría de San Miguel por segundo día consecutivo.

Por su parte, la bancada de JP emitió un pronunciamiento rechazando cualquier forma de violencia y señalando que seguirá de cerca las investigaciones para evaluar las posibles sanciones.

El TC anuló todo el proceso penal a Humala, que culminó en una sentencia en primera instancia por lavado de activos, por presuntos aportes en campaña al Partido Nacionalista. Lo condenó a 15 años de prisión.

Escenario

Luego de la decisión del TC, el jueves, fue el juez César Riveros Ramos, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria (Corte Superior de Justicia Penal Especializada), el que ordenó “la excarcelación en el día” del exmandatario. La resolución se emitió al promediar las 4:00 p.m. de ayer.

Casi cuatro horas después, Humala abandonó el penal de Barbadillo (Ate) al interior de un vehículo, del que descendió para declarar la prensa.

“Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial. El 15 de abril del año pasado fui secuestrado por el Estado y después los sicarios del sistema regularizaron una situación ilegal. Jamás hemos cometido delito alguno. Nunca he recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni Brasil”, indicó

Luego, afirmó que “necesitaban perseguirnos por nuestra gestión de gobierno e ideología política”.

“Han hecho que tenga que asilar a mi esposa y sacar a mis hijos del país. Hoy estoy denunciando que hemos sido perseguidos hasta el punto de verme detenido en una prisión. Tiene que haber justicia para esta situación”, sostuvo.

Al llegar a su casa, añadió: “El brazo armado del Grupo Colina del Ministerio Público, que es el Equipo Especial Lava Jato, nos persiguieron, usurparon funciones del Poder Judicial y de la ONPE y criminalizaron aportes de campaña”.

Más temprano, la presidenta Keiko Fujimori calificó la decisión del TC como “natural” y llamó a respetarla. “Cuando se vive un Estado de derecho, se tienen que respetar las resoluciones, nos guste o no”, indicó.