Belaúnde señaló que participarán equipos del Ejército y de los ministerios de Agricultura, Vivienda y Transportes.

El titular de Defensa reconoció que existe preocupación por el retraso de varias obras preventivas y afirmó: “Ha habido una indolencia e inacción negligente”, por lo que consideró necesario actuar con rapidez.

El Ejército movilizará batallones de ingeniería hacia los sectores considerados críticos para realizar labores como la descolmatación de ríos y quebradas y culminar infraestructura de prevención.

En Piura, una de las zonas señaladas como sensibles, se contempla retirar vegetación del cauce del río para facilitar el ingreso de maquinaria y retirar cerca de dos millones de metros cúbicos de sedimentos.

Respecto a las geomallas colocadas durante el fenómeno de El Niño de 2017, el ministro explicó que varias están cargadas con rocas y ya cumplieron su función. Por ello, sostuvo que deberán ser reemplazadas por nuevas estructuras.

“De nuestra parte hay un buen ánimo y también estoy viendo un buen ánimo por parte del Congreso de la República. Dejemos que los responsables políticos de ambos poderes puedan ponerse de acuerdo”, afirmó a la prensa.

La mandataria señaló que espera un debate amplio en el Parlamento y afirmó que los ministros acudirán a las comisiones ordinarias para explicar los alcances de la propuesta.

El pleno aprobó como miembros a Mery Infantes (Fuerza Popular), Jessica Pérez (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani (Renovación Popular), Heber López (Partido Cívico Obras) y Harvey Colchado (Ahora Nación).

El último miércoles, Juntos por el Perú retiró antes de la votación la propuesta de César Tito Rojas y designó a Jessica Pérez.

Además, será el diputado Cipriani quien estará a cargo de la coordinación de la sesión, en la que se elegirá al presidente.

Sánchez difundió en su cuenta de X un mensaje sobre el encuentro.

“En el Grupo Parlamentario de Juntos por el Perú: Diputados y Senadores y los equipos técnicos hemos iniciado la discusión y análisis del proyecto preliminar de la solicitud de Facultades”, escribió, y planteó una interrogante sobre si la bancada debe conceder las facultades al Gobierno de Keiko Fujimori.

En el Grupo Parlamentario de Juntos por el Perú: Diputados y Senadores y los equipos técnicos hemos iniciado la discusión y análisis del proyecto preliminar de la solicitud de Facultades.
¿Debe la bancada del Pueblo otorgarle las facultades al gobierno fujimorista? pic.twitter.com/8fm8U69VQA

— Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) August 7, 2026

Sin embargo, las fotografías difundidas por el senador José Castillo Terrones exponen un dato omitido en la publicación que subió Sánchez en la red social.

Un gafete colocado junto a él en la mesa lo identifica como “Jefe de Gabinete de la Bancada JP”.

Como se sabe, Sánchez integró el Congreso durante el periodo 2021-2026 y ejerció como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo.

La aparición de Sánchez con ese título aún genera dudas sobre la función que cumplirá dentro del Parlamento.

Contexto

El proceso penal seguido a Vizcarra investiga los presuntos pagos ilícitos recibidos durante la licitación del proyecto Lomas de Ilo y la construcción del Hospital de Moquegua, cuando era gobernador regional de Moquegua entre los años 2011 y 2014.

La Fiscalía lo acusa de concertar cobros indebidos a cambio de otorgar la buena pro de las obras públicas a empresas privadas.

Es así como, el tribunal de primera instancia emitió una condena tras valorar las declaraciones de colaboradores eficaces e informes técnicos sobre el desarrollo del proyecto hídrico. Las coimas alcanzaron la suma de 2.3 millones de soles.

El fallo determinó la existencia de pactos ilícitos durante la gestión regional del exmandatario.

Fondo

Vizcarra apelará la sentencia condenatoria del 26 de noviembre de 2025 para lograr la absolución total de los cargos formulados en su contra.

Su defensa busca desestimar la validez de los testimonios clave e incorporar nuevos elementos probatorios sobre el rol de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en la licitación.

Por ello, según la resolución judicial, la Sala admitió el testimonio de Fernando Cotrim Barbieri, exoficial de la UNOPS, dado que consideran que su declaración podía incorporarse. El testigo había sido admitido durante la etapa intermedia, pero no pudo declarar en el juicio oral porque se encontraba fuera del país.

El testimonio estará relacionado con el convenio mediante el cual UNOPS tuvo a su cargo el proceso de selección del proyecto “Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo – Moquegua”.

La iniciativa lleva las firmas de José Marcelo Salazar, César Holguín Loaiza, Harvey Colchado Huamaní y Marleny Arminta Valencia, todos de la bancada de Ahora Nación.

Sustento

El proyecto modifica el artículo 27 del Reglamento del Congreso y el artículo 26 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que solo obliga a los parlamentarios a “participar” en sesiones sin precisar la modalidad.

En ese sentido, la propuesta restringe la modalidad virtual a solo dos supuestos: licencia por viaje fuera de Lima y licencia por enfermedad.

“Si bien es cierto se adecuó (la virtualidad) durante la pandemia, hemos seguido teniendo sesiones virtuales hasta el último día”, explicó Huilca a RPP Noticias.

La iniciativa documenta episodios de ausentismo verificados por la prensa. Por ejemplo, en junio de este año, nueve comisiones sesionaron con una tasa de presencialidad muy baja.

Reacción

Al respecto, el presidente del Congreso, Miguel Torres, ha señalado que la propuesta deberá ser debatida e hizo una “reflexión” ante la prensa.

“Los avances tecnológicos nos permiten ser más eficientes para poder desarrollar nuestra labor. Más allá de tener a una persona presente físicamente o no, lo que yo quiero ver es cuál es el resultado de su gestión”, opinó en contra de la iniciativa.

Torres señaló que el proyecto tiene que ser revisado por el Senado y la Cámara Baja.

“Alrededor del mundo, lo que ustedes van a ver es que los distintos parlamentos ejecutan sus funciones no necesariamente de manera presencial”, indicó Torres tratando de justificarse.

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori decidió otorgarle el salvoconducto requerido para dicho traslado, que la también excongresista esperó por nueve meses, desde el 3 de noviembre de 2025 cuando escapó para pedir el asilo.

Con esa decisión gubernamental, se reestablecieron las relaciones diplomáticas con México. La homóloga de Fujimori en el país vecino, Claudia Sheinbaum, saludó la medida, pero insistió en su crítica a la sentencia del expresidente Pedro Castillo.

Salida

Chávez Chino “salió del Grupo 8 (unidad de transporte de la Fuerza Aérea del Perú) alrededor de la medianoche”. El avión que la trasladó fue enviado exclusivamente para ella por la Fuerza Aérea mexicana. De acuerdo al canciller Carlos Espá, su partida se desarrolló con “normalidad”.

“Hicimos las coordinaciones con la mayor confidencialidad posible para garantizar su tranquilidad y todas las garantías del caso”, sostuvo a Canal N. Previamente, poco antes de las 7:00 a.m., la Cancillería ya había dado cuenta de dicha situación.

Sobre el otorgamiento del salvoconducto, precisó que este respondió a “las obligaciones derivadas de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que el Perú y México son partes”.

“El Gobierno del Perú reitera, de manera enfática, que no existe persecución política y que en el país impera el Estado de Derecho”, aseveró Torre Tagle.

En el pronunciamiento, anunciaron el restablecimiento de las conexiones diplomáticas con entre ambos país, “considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que los unen”.

Perú y México tomaron distancia diplomática en noviembre de 2025 luego que el Gobierno de José Jerí rechazara el citado asilo político. La secuencia fue la siguiente: el Tribunal Constitucional –por mayoría– ordenó excarcelar a Chávez tras señalar que, meses atrás, permaneció ocho días recluida sin una definición sobre la solicitud para ampliar su prisión preventiva (ver infografía).

Ya en libertad, la exlegisladora de Perú Libre dejó de presentarse a las audiencias del juicio oral por el golpe. Luego, el Estado informó que ya residía en la Residencia de la Embajada de México como asilada. En noviembre de 2025, fue sentenciada por conspiración para la rebelión a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión.

En el comunicado, la Cancillería aseguró que se reservarán el derecho de solicitar una extradición “de conformidad con los tratados aplicables a ambos Estados, ello en caso de que las autoridades judiciales peruanas lo requieran”. Este, no obstante, es un escenario poco favorable, de acuerdo a excancilleres consultados por Correo.

Al frente

Conocida la noticia, las presidentas de Perú y México, Keiko Fujimori y Claudia Sheinbaum, respectivamente, se pronunciaron.

La primera en hacerlo fue la dignataria mexicana, quien acostumbra a brindar una conferencia de prensa matutina. En aquel momento, Chávez aún no arribaba a dicho país.

“Fue un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno del Perú, desde hace ya varias semanas, fue una solicitud que hicimos. Es un elemento o una acción que, de buena voluntad, digámoslo así, de la presidenta Fujimori hacia México. Con esto se van a reestablecer las relaciones (diplomáticas) con Perú”, indicó. Inmediatamente, reiteró que su gestión “seguirá en la defensa del presidente Castillo por las razones expuestas”.

“Ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe; es un paso (el salvoconducto a la expremier). Bienvenida, Betssy Chávez a México”, acotó Sheinbaum.

Entre tanto, desde Junín, a donde se trasladó para supervisar el control de daños gestionado tras el sismo que vivió la región, Fujimori dio su versión del tema.

“Como lo señalé antes de asumir el mando, para nosotros era uno de nuestros objetivos y así se lo indicamos al canciller Espá: recuperar estas relaciones (con México). Nosotros vamos a tener un gobierno muy institucional y de absoluto respeto al Estado de Derecho. Con este principio, de acuerdo al derecho internacional, correspondía que el gobierno otorgue el salvoconducto”, afirmó.

La dignataria agregó que, “cuando uno actúa de manera institucional, no ve los colores políticos; uno actúa de acuerdo a ley”. Luego, detalló que nombrarán a un embajador de Perú en México y que esperan una gestión similar por parte del país vecino.

En otro momento, aseguró que respeta la posición de Sheinbaum sobre Castillo. “Sabemos cuál va a ser la postura de la presidenta Sheinbaum y está en su derecho de tenerla”, puntualizó.

Más reacciones

La salida de Chávez agitó el ambiente político. Figuras del partido político Juntos por el Perú (JP), que abogan por la libertad de Castillo y seguían de cerca el caso de la expremier, saludaron la decisión.

El candidato presidencial de JP y actual asesor parlamentario, Roberto Sánchez, sostuvo que “conceder el salvoconducto a Betsy Chávez ocurre porque era ya insostenible seguir negándolo”.

Los diputados Yenifer Paredes y Ernesto Zunini, también secretario general de JP, refirieron comentarios similares.

“Saludamos que se haya elaborado el salvoconducto, pudo darse hace mucho tiempo. Saludamos que se esté respetando, el asilo político es un derecho (…). Saludo las buenas iniciativas. (Fujimori) inició bien, está buscando el bien del Perú, creo”, indicó Paredes a la prensa. Luego, negó haberse acercado a la dignataria para solicitar el indulto de su cuñado, Pedro Castillo.

Zunini, en tanto, insistió con la excarcelación del exmandatario. “Saludamos el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con México (…). Sin embargo, en el país sigue pendiente una solución humanitaria y jurídica justa para el presidente Castillo. El respeto a los convenios entre Estados debe primar siempre”, señaló vía X.

La reunión se desarrolló como parte de las actividades oficiales cumplidas por el titular de Relaciones Exteriores durante su visita a Colombia. Espá llegó a Cali para participar también en la ceremonia de investidura del nuevo mandatario colombiano.

La Cancillería informó que el encuentro permitió expresar el consenso entre los cuatro Estados miembros para avanzar con acciones específicas durante las próximas semanas. El objetivo planteado es fortalecer la integración regional y generar beneficios para los ciudadanos de los países participantes.

La posición fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial en X. En la publicación, la institución destacó la coordinación entre los integrantes del bloque comercial.

#NoticiasTorreTagle | En Cali, el canciller Carlos Espá participó en una cena de camaradería de la Alianza del Pacífico muestra del consenso de los cuatro países miembros de impulsar en las próximas semanas, a través de acciones específicas, la integración regional en beneficio… pic.twitter.com/gMxe7lqBfG

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 8, 2026

Perú asumirá la presidencia en diciembre

Durante el encuentro también se recordó que Perú asumirá la presidencia de la Alianza del Pacífico en diciembre próximo. El país ejercerá la conducción del mecanismo integrado por Perú, Chile, Colombia y México.

La participación de Espá en Cali se produjo en el marco de la agenda diplomática peruana vinculada con el nuevo gobierno colombiano. El canciller permanece en esa ciudad tras asistir a la ceremonia en la que Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030.

La diligencia estará a cargo del Segundo Juzgado Constitucional de Lima y comenzará a las 11:00 a. m. Durante la sesión se revisarán los argumentos planteados por la defensa respecto al proceso penal que terminó con la sentencia contra el exmandatario.

¿Qué argumentos presentó la defensa?

El recurso constitucional fue presentado por Walter Ayala, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno de Castillo y actualmente ejerce su defensa legal. El abogado sostiene que durante el proceso se habría vulnerado el derecho a la defensa del exmandatario.

La demanda pretende que se declare la nulidad de las actuaciones cuestionadas y, como consecuencia, se deje sin efecto la condena impuesta a Castillo. La defensa también solicita que esta decisión permita su excarcelación.

El planteamiento toma como uno de sus principales argumentos un informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas. Dicho documento cuestionó la legalidad de la detención del exmandatario y señaló presuntas vulneraciones relacionadas con el debido proceso.

La defensa pretende que el recurso constitucional alcance las decisiones adoptadas luego de los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022. Ese día, Castillo anunció la disolución del Congreso y posteriormente fue detenido.

El proceso penal concluyó con una sentencia de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. La solicitud presentada ante el juzgado constitucional busca cuestionar esa condena y revertir sus efectos.

La audiencia del 12 de agosto será una nueva instancia de revisión del caso en el ámbito constitucional. Hasta que exista una resolución judicial sobre el hábeas corpus, Pedro Castillo continuará cumpliendo la sentencia impuesta.

La mandataria señaló que la llegada de De la Espriella al Gobierno colombiano abre una nueva etapa para la relación bilateral. Asimismo, manifestó su deseo de que el nuevo mandatario tenga éxito durante su gestión.

“Extiendo mis felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por asumir la presidencia de Colombia. En nombre del pueblo peruano, le deseo éxitos en esta nueva etapa y confío en que podremos fortalecer las relaciones de amistad y cooperación que siempre han unido a nuestras naciones”, escribió.

Extiendo mis felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por asumir la presidencia de Colombia. En nombre del pueblo peruano, le deseo éxitos en esta nueva etapa y confío en que podremos fortalecer las relaciones de amistad y cooperación que siempre han unido a nuestras naciones. 🇵🇪 🇨🇴

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 7, 2026

El abogado colombiano asumió este viernes la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030. La ceremonia se desarrolló en el Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo de la Universidad Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

La toma de mando tuvo como particularidad que se realizó fuera de Bogotá. El nuevo mandatario, de 48 años, inició así su gestión al frente del Gobierno colombiano.

De la Espriella cuenta con nacionalidad colombiana y estadounidense y ha expresado afinidad política con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Su administración plantea una política de seguridad enfocada en combatir a las organizaciones guerrilleras y las redes vinculadas al narcotráfico.

En el ámbito internacional, el nuevo Gobierno colombiano contempla reforzar la cooperación con Washington en asuntos de seguridad y comercio. La ceremonia de investidura se realizó en Cali, una ciudad ubicada en el departamento del Valle del Cauca.

“Era uno de nuestros objetivos y así se lo explicamos al canciller Carlos spá de recuperar estas relaciones. Además, como lo hemos señalado, vamos a tener un gobierno muy institucional y respetuoso del Estado de derecho. Con este principio y de acuerdo al derecho internacional, correspondía otorgar el salvoconducto a la señora Betsy Chávez. Como gobierno institucional no vemos los colores políticos; actuamos conforme a la ley, y eso ha sido bien recibido por el Gobierno mexicano”, señaló la mandataria.

Fujimori indicó que en los próximos días se designará un embajador peruano en México y que el Gobierno mexicano hará lo propio con su representante en el Perú.

Asimismo, afirmó que respeta la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a su pedido de libertad para el expresidente Pedro Castillo; sin embargo, ratificó que la postura del gobiernoo de respeto a la decisión del Poder Judicial peruano, que lo sentenció en primera instancia.

También menLa posibilidad de un pedido de extradición esta´en la potestad del gobienro pero no se ha contemplado aún.

La solicitud busca que se apliquen a Heredia los efectos de un fallo del Tribunal Constitucional que favoreció a su esposo, el expresidente Ollanta Humala. La defensa sostiene que ambos fueron procesados por hechos vinculados con los aportes recibidos durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

El abogado David León presentó ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional un escrito para solicitar la extensión del criterio establecido por el Tribunal Constitucional. El planteamiento se fundamenta en los principios de legalidad y tipicidad, utilizados por el máximo intérprete de la Constitución en el caso de Humala.

Según la defensa, los aportes ilícitos atribuidos a las campañas de 2006 y 2011 no estaban contemplados como delito bajo la legislación vigente en el momento en que ocurrieron. Por ello, sostiene que mantener la condena vulneraría los derechos reconocidos en la resolución constitucional.

El pedido también alcanza a Ilán Heredia Alarcón, hermano de la ex primera dama e involucrado en el mismo expediente relacionado con el financiamiento del Partido Nacionalista Peruano. La estrategia legal toma como referencia además decisiones adoptadas en otros procesos, entre ellos el caso Cócteles, donde se aplicó el principio de igualdad entre personas procesadas por hechos vinculados.

Defensa sostiene que corresponde aplicar el mismo criterio

Durante una audiencia de apelación, la defensa señaló que las imputaciones atribuidas a Nadine Heredia y Ollanta Humala por las campañas presidenciales corresponden a los mismos hechos. El abogado David León sostuvo que esa coincidencia permite solicitar que el criterio constitucional aplicado al expresidente también alcance a los demás procesados en una situación similar.

“Si los demás procesados están en la misma situación y el hecho es el mismo, pues corresponde extenderse”, sostuvo.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional recibió el escrito durante la sesión pública desarrollada en la sede de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. El colegiado, encabezado por el juez Josué Córdova, debe emitir su pronunciamiento dentro del plazo correspondiente.

¿Qué ocurriría si se acepta el pedido?

Si la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional acoge la solicitud, la defensa sostiene que la condena de 15 años quedaría sin efecto como consecuencia de la aplicación del criterio constitucional. De acuerdo con la defensa, una decisión favorable permitiría que la ex primera dama evalúe su retorno al Perú sin afrontar las medidas derivadas de la condena cuestionada.

La defensa ha señalado que existe intención de que Heredia regrese al país si el Poder Judicial declara la nulidad de la sentencia. La decisión que adopte el colegiado este viernes determinará si el pedido basado en el fallo del Tribunal Constitucional puede aplicarse a su caso.

Como se recuerda, la exprimera dama permanece en Brasil desde 2025, donde recibió la condición de asilada diplomática por parte de las autoridades de ese país. Su defensa sostiene que esta situación responde a mecanismos de protección contemplados en la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático.

La defensa del expresidente busca que el tribunal superior revise los argumentos planteados contra la sentencia emitida en primera instancia. El proceso corresponde al delito de cohecho pasivo propio y está relacionado con hechos ocurridos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Durante la sesión, los magistrados evaluarán los cuestionamientos formulados por la defensa contra el fallo condenatorio. Con ello, la instancia superior deberá determinar si corresponde mantener la decisión, modificarla o adoptar otra medida dentro del marco del proceso de apelación.

#Importante Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional programa para el jueves 20 de agosto, a las 11:00 a. m., la audiencia de apelación de sentencia en el proceso seguido contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo y otros, por el delito de cohecho pasivo.👉https://t.co/shmYtwU1Ig pic.twitter.com/gffaW24GyK

— Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) August 7, 2026

La condena fue dictada el 26 de noviembre de 2025 por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional. El fallo impuso 14 años de prisión efectiva a Vizcarra por hechos vinculados con los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

El primer caso está relacionado con el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, ejecutado durante su administración regional en Moquegua. La investigación examinó presuntos pagos indebidos vinculados con la adjudicación y ejecución de esta obra.

El segundo expediente corresponde al Hospital Regional de Moquegua, también desarrollado durante su gestión como gobernador. En este caso se analizaron pagos atribuidos a empresas constructoras y decisiones relacionadas con la contratación de obras públicas en la región.

Según la sentencia apelada, Vizcarra recibió más de S/2.3 millones en sobornos vinculados con ambos proyectos. El fallo también estableció una inhabilitación para ejercer cargos públicos y otras obligaciones económicas derivadas del proceso.

La audiencia del 20 de agosto permitirá que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional revise los argumentos de la defensa y los demás elementos relacionados con la condena. La decisión que adopte esta instancia determinará el siguiente paso en el proceso judicial contra el exmandatario.

El anuncio fue realizado desde Cali, donde Espá destacó que Lima y Bogotá trabajarán en una agenda enfocada en seguridad fronteriza, comercio e integración regional. El ministro de Relaciones Exteriores indicó que existen temas pendientes que serán abordados durante la nueva etapa de cooperación.

¿Qué agenda comparten ambos países?

Espá sostuvo que ambos gobiernos tienen puntos en común relacionados con la lucha contra la inseguridad y el fortalecimiento del intercambio económico. En ese contexto, mencionó que se buscará impulsar iniciativas mediante la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina.

El canciller explicó que la coordinación entre ambos países incluirá aspectos de integración comercial y financiera. En ese sentido, resaltó la importancia de mantener espacios regionales que permitan ampliar la cooperación entre las naciones.

Sobre la nueva administración colombiana, el titular de Relaciones Exteriores expresó expectativas positivas respecto al trabajo conjunto que se desarrollará durante los próximos años.

“Vamos a poner el nivel de las relaciones con Colombia en el máximo nivel. Estamos muy ilusionados con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella”, afirmó.

Retorno de representantes diplomáticos

El acuerdo para volver a nombrar embajadores permitirá restablecer la representación diplomática plena entre Perú y Colombia. Espá señaló que este punto era uno de los asuntos pendientes dentro de la relación bilateral.

El canciller destacó que la designación de representantes facilitará la comunicación directa entre ambos gobiernos. Además, permitirá avanzar en los compromisos vinculados con seguridad, comercio y cooperación regional.

En relación con las perspectivas de la relación bilateral, Espá señaló que existen condiciones para una nueva etapa de trabajo entre ambos países.

“Auguramos las mejores perspectivas para las relaciones entre nuestros países. En la relación bilateral que hemos tenido hemos acordado también volver a nombrar a los embajadores que era un asunto que estaba pendiente entre Perú y Colombia. Así que realmente estamos muy contentos”, concluyó.

Delgado consideró que corresponde al Gobierno explicar los alcances de la decisión y señaló que esta se enmarca en la búsqueda de normalizar los vínculos con el país norteamericano. Su posición se dio tras las versiones que relacionaban la autorización con las negociaciones parlamentarias impulsadas por la actual gestión.

Rechaza vínculo con facultades legislativas

El senador negó que la salida de Chávez esté condicionada a un eventual respaldo del Parlamento al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. Para Delgado, ambos asuntos deben ser analizados de manera independiente y seguir sus propios procedimientos.

En esa línea, cuestionó que una delegación de atribuciones pueda plantearse sin establecer con precisión las materias sobre las que el Gobierno tendría capacidad para legislar. El legislador sostuvo que el Congreso debe conocer de manera concreta qué competencias serían transferidas antes de tomar una decisión.

El parlamentario advirtió que la solicitud no debería otorgar al Gobierno un margen amplio para legislar sin límites definidos. En esa línea, remarcó que no debe existir una relación entre la decisión diplomática y la evaluación que realice el Congreso sobre la solicitud del Ejecutivo.

“Cada tema debe evaluarse por separado. Un pedido de facultades tiene que ser sumamente específico y no convertirse en un cheque en blanco”, afirmó.

La investigación se relaciona con un documento elaborado durante un trámite vinculado a un inmueble de su familia.

Colchado explicó que, tras el fallecimiento de su padre en 2020, inició junto con sus hermanos los procedimientos de sucesión intestada y de otorgamiento de un poder especial para que su madre pudiera administrar y renovar el alquiler del inmueble.

“Cuando se hace la sucesión, recién ingreso como copropietario a finales de 2020. Lo que sucede es que al fallecer mi padre se hace la sucesión intestada a finales de 2020, me toca algo del 10 % y solicitan que se firme el contrato a mi mama para renovar el alquiler. Nosotros (los hermanos) dijimos: ‘Si es casa de mi mamá y mi padre, que ella continúe’. Se hace la sucesión intestada y luego se hace el poder especial, en ese trámite que se hace yo jamás oculto que soy policía”, expresó para RPP..

El legislador señaló que el documento de poder especial, otorgado el 30 de abril de 2021, registró a los cuatro hermanos como “independientes”, aunque él era coronel de la Policía Nacional y ejercía como jefe de la Región Policial Lambayeque.

“Los cuatro hermanos salimos independientes, incluso mi hermana que es discapacitada figura como independiente. Se firma y se hace el trámite respectivo. Como yo, si quiero engañar a la Policía, yo voy a firmar un contrato ocultándome, es algo totalmente contradictorio que lamentablemente la fiscalía lo ha tomado así”, replicó.

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La propuesta busca favorecer el turismo interno y reducir el impacto de los días festivos sobre la productividad.

“Ya se anunció que no se aumentará ni disminuirá el número de feriados, pero sí optimizarlos en el margen. Es decir, mover todos los feriados que no sean 28 y 29 de julio, Navidad ni Año Nuevo para los viernes”, sostuvo Cuba durante la presentación de su equipo de trabajo y de las primeras medidas económicas de su gestión.

El titular del MEF señaló que la modificación permitiría anticipar la organización de viajes y actividades durante los fines de semana largos.

Cuba también vinculó la propuesta con la productividad y el bienestar familiar, al considerar que los feriados ubicados en viernes tendrían un menor impacto en las jornadas laborales.

“Hay estudios que muestran que cuando los feriados caen martes y jueves la productividad cae. Al moverlos a los viernes hay un menor efecto en la productividad y un mayor efecto en el turismo”, afirmó.

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Sheinbaum explicó que Chávez permaneció bajo resguardo de Brasil mientras se coordinaba su salida y que las conversaciones con el nuevo Gobierno peruano se desarrollaron durante las últimas semanas.

“Es un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Perú desde hace ya varias semanas, esta fue una solicitud que nosotros hicimos y es un elemento, una acción que de buena voluntad, digámoslo así, del gobierno de la presidenta Fujimori hacia México”, remarcó.

La mandataria mexicana también afirmó que su Gobierno mantendrá su posición respecto a Pedro Castillo.

“Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú y nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto”, afirmó.

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El caso

Se remonta al 2021, cuando se desempeñaba como coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP). De acuerdo con la tesis fiscal, Colchado declaró “tener ocupación ‘independiente’, lo que no era acorde a la realidad”, para cederle el poder de una propiedad a su progenitora. A través de esta sucesión intestada, legalizada por un notario público, buscaba que esta pudiese administrar un inmueble en el distrito de Carabayllo.

“Insertó en dicho documento público información falsa, pues se advierte que, al momento de realizar el testimonio del poder especial del 30 de abril del 2021, tenía el grado de coronel PNP en actividad y asignado a la Macro Región Policial Lambayeque”, reza la acusación de la fiscal Diana Paico difundida por Latina.

Respuesta. Colchado afirmó que no existe “debido sustento y fundamento legal” en la acusación. “Soy inocente de los cargos que se me imputan (…) No permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política”, indicó vía X.

Ahora Nación y su presidente, Alfonso López Chau, también se pronunciaron. El partido denunció “una campaña de desprestigio” y el senador indicó que la acusación “no tiene ninguna relevancia penal y menos constituye delito”. Incluso atribuyó el hecho a que su “diputada Indira Huilca viene observando que el trabajo de los legisladores se realice de manera presencial”.

“Los gobiernos de la República de Perú y de los Estados Unidos Mexicanos, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen al Perú y México, acordaron, en la fecha, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados”, señala el comunicado.

El documento también indica que ambos gobiernos reafirman su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

La decisión se conoce luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, señalara que su gestión buscaría recuperar el nivel de diálogo y cooperación que históricamente han mantenido ambos países.

📄Comunicado Conjunto: Restablecimiento de Relaciones Diplomáticas con México.

👉 https://t.co/yFcJUDRV5c pic.twitter.com/eAnVC0RIU5

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 7, 2026

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La Cancillería señaló que el Perú reafirma su compromiso con las obligaciones establecidas en la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que ambos países son parte.

Cabe menionar que también se reiteró que en el país “no existe persecución política” y que imperan el Estado de derecho, la separación de poderes y las garantías de la administración de justicia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que Chávez Chino ha sido sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión en agravio del Estado, prevista en el artículo 349 del Código Penal.

Finalmente, la Cancillería aclaró que la entrega del salvoconducto se realiza con reserva del derecho del Estado peruano de solicitar una eventual extracción de Chávez Chino, de conformidad con los tratados aplicables entre ambos países, en caso de que las autoridades judiciales peruanas así lo requieran.

📄Comunicado de Prensa.

👉 https://t.co/fDRtXXW0df pic.twitter.com/CpDp4s1Bja

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 7, 2026

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En declaraciones a Canal N, el ministro de Relaciones Exteriores explicó que el traslado se realizó bajo medidas de seguridad y con la participación de la Cancillería, los ministerios de Defensa e Interior, las autoridades mexicanas y el Gobierno de Brasil, que representaba los intereses de México en el Perú.

Espá señaló que el salvoconducto fue concedido en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Perú mediante la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954.

El canciller sostuvo además que “no existe persecución política” y que en el país se respetan el Estado de derecho, la separación de poderes y las garantías del debido proceso.

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Carlos Espá, canciller: La señora Betssy Chávez salió del Grupo 8 alrededor de la medianoche, hicimos las coordinaciones con la mayor confidencialidad posible

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— Canal N (@canalN_) August 7, 2026

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El organismo declaró fundada una tacha presentada contra su postulación, por no informar una sentencia condenatoria en su hoja de vida de 2026.

Razones

El JEE señaló que Ramírez registró, en 2011, una sentencia firme por un delito doloso.

No obstante, en su hoja de vida para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 (ERM2026) marcó “No tengo” en el apartado destinado a registrar este tipo de condenas.

Ramírez también mencionó, en otro apartado de su hoja de vida, que había tenido un caso judicial en Lima hace más de 20 años, pero que no cuenta con “sustento físico”.

Sin embargo, el JEE consideró insuficiente esa explicación porque no precisó el número del expediente, el delito ni la sentencia.

El organismo electoral también descartó que la antigüedad de la sentencia, o una eventual rehabilitación, permitieran dejar de declararla.

Además, el JEE sostuvo que dicha obligación busca que los electores sepan los antecedentes de los candidatos.

Antecedentes

Como se sabe, Ramírez fue congresista de Fuerza Popular entre 2011 y 2016, y luego alcalde provincial de Cajamarca.

Aunque fue investigado por tráfico ilícito de drogas, el caso derivó en una acusación por lavado de activos por el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Keiko Fujimori en 2016.

En un escenario marcado por la alta volatilidad del voto y el desgaste de las recientes elecciones presidenciales, diversas agrupaciones han optado por recurrir a figuras ampliamente conocidas por la ciudadanía, lo que podría derivar en una ventaja en los próximos comicios.

De acuerdo con información revisada por Correo, de las 27 listas que se presentaron los partidos para tentar la alcaldía de Lima, 11 tienen rostros ubicables en el mapa electoral (ver infografía).

ROSTROS

Sin duda uno de los rostros más reconocidos es Carlos Bruce, quien se presentará como candidato a la alcaldía de Lima con el partido Somos Perú.

No solo fue elegido congresistas en tres ocasiones, sino también presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) y fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En esta última cartera destacó con la creación de programas como MiVivienda y Techo Propio.

Recientemente se desempeñó como alcalde de Surco.

Otro rostro muy reconocido es el de Daniel Urresti Elera, exministro del Interior.

El representante de Podemos fue congresista y gerente de seguridad ciudadana en la Municipalidad de Los Olivos.

En marzo de este año recuperó su libertad tras permanecer casi tres años en prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

El Tribunal Constitucional ordenó anular la sentencia en su contra.

Tras su salida, acompañó en su campaña a José Luna, candidato presidencial.

Ricardo Belmont, excandidato presidencial del Partido Cívico Obras, no necesita presentación.

El personaje ganó notoriedad en las últimas elecciones generales en redes sociales, incluso, se llegó a pensar que disputaría la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

Los jóvenes reconocen su rostro hoy. Sin embargo, los mayores lo ubican por el tiempo en que ejerció la alcaldía de Lima entre 1990 y 1995.

A lista se suma Francis Allison de Avanza País.

Fue elegido alcalde de Magdalena por primera vez en el año 2003 y fue reelegido en los años 2006, 2010 y 2015.

No logró postular nuevamente porque el Congreso prohibió la reelección.

Así que postuló nuevamente en 2022 con éxito.

El partido Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña optó por un perfil mediático.

Se trata del abogado Elio Riera, que hace poco intentó-sin éxito- ser diputado.

En 2024 su nombró cobró notoriedad cuando el congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular reveló que Riera, entonces abogado de Alberto Fujimori, anunció el fallecimiento del expresidente en sus redes sociales sin autorización de la familia.

Además, ganó notoriedad al asumir la defensa legal de Xinhua Yang, empresario chino que se reunió en secreto con el expresidente José Jerí.

Durante un tiempo también ejerció como abogado de Andrés Hurtado “Chibolín”.

También están los nombres de los candidatos Luis Miguel Llanos (Progresemos), Mónica Yaya (Partido Aprista Peruano), Susel Paredes (Ahora Nación), Carlos Tejada (Acción Popular) y Yehude Simon (Coalición Transformadora Tierra Verde).

Y si bien Rafael López Aliaga no se presentó inicialmente como candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, tras la renuncia de Luis Rubio, “Porky” podría ocupar ese lugar si su lista gana.

El martes, a través de un video compartido en sus redes sociales, López Aliaga dijo que se enteró de la noticia de la dimisión de Rubio. “No pudo seguir, Lucho muchas gracias, yo voy a seguir la posta, yo voy a ir a caminar”, afirmó.

COMPETENCIA

Entre los nombres que entraron a la carrera está Carlos Gallardo (Buen Gobierno).

En marzo presentó un recurso contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad del inciso 7.7 del artículo 7° del Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, que prohíbe el uso o invocación de temas religiosos de cualquier credo.

También están los candidatos Samuel Daza (Fuerza Popular), Sandro Caller (Partido Patriótico del Perú), Edgardo Renán de Pomar Vizcarra (Partido Popular Cristiano), Oswaldo Vargas Cuéllar (Juntos por el Perú), Luis Huette (Partido Político Pueblo Consciente), Victoria La Cruz Garcés (Partido Morado), Rubén Bonilla(Fuerza Ciudadana), Segundo Valdez(Frente Popular Agrícola FIA del Perú - Frepap), Juan Alvarado (Venceremos), Elizabeth León (Frente de la Esperanza 2021) y Flor de María Hurtado (Partido Demócrata Verde).

Esta última es esposa de Alex Gonzales, presidente del partido Demócrata Verde.

El partido Visión Perú presentó como candidato a Santiago Abarca, aunque su inscripción fue declarada improcedente y por ahora está en apelación.

En el caso de Perú Libre, renunció su candidato Rubén Ramírez.

Por ahora, en la lista figura el regidor 1, Renato Vela Silva.

Mientras que la lista que lidera Jessica Linares Romero del partido Integridad Democrática, fue declarada improcedente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

ANÁLISIS

Para el analista político César Campos, los partidos apuestan por presentar un rostro que ya es conocido por la recordación.

“Es mejor optar por personas que ya han estado en el aparato público, resultado positivo”, indicó.

En diálogo con Correo, consideró que la trayectoria de los políticos es valorada por la ciudadanía.

“Hay que ver cómo se desenvuelven en campaña candidatos como López Aliaga o como Allison, así como Bruce que tiene un buen nivel de recordación. Creo que los partidos hacen una valoración a un rostro reconocido para que el colectivo capitalino pueda ayudarlo”, apuntó.

Campos sostiene que existe cierta ventaja al utilizar un rostro reconocido.

“Hay que recordar que en Lima históricamente se ha elegido a personajes con trayectoria como Luis Castañeda Lossio o Jorge Muñoz. Para el voto en la alcaldía de Lima, elciudadano pide cirta trayectoria”, agregó.

Tras el cierre del trámite, hay 63 listas en las que el postulante a alcalde renunció y el aspirante a primer regidor es el burgomaestre que fue elegido en 2022, según el Instituto Aklla.

De aceptarse esas renuncias en los Jurados Electorales Especiales (JEE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dichos postulantes podrían volver al sillón municipal, una reelección encubierta.

Radiografía

Somos Perú concentra el mayor número de casos con 13, seguido por Alianza para el Progreso (APP), con 12, y Renovación Popular (RP), con siete.

En conjunto, estas tres organizaciones reúnen 32 de los 63 casos identificados, lo que representa poco más de la mitad del total analizado.

Entre los más representativos figuran el alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga, quien asumiría la candidatura de Somos Perú.

Otro es el alcalde de Lurín, Juan Marticorena, que encabezaría la lista de APP; y el exalcalde de Lima, Rafael López-Aliaga, quien podría volver a la Municipalidad Metropolitana por RP tras la renuncia de Luis Rubio.

Análisis

La especialista en derecho electoral Silvia Guevara explicó a Correo la participación de los partidos en estos casos.

“Uno puede sospechar que la intención es apañar a un alcalde a reelegirse y, en esa medida, hay una responsabilidad compartida por parte de su organización política”, afirmó.

Para Guevara, esta ola de renuncias en las listas municipales es un modus operandi.

“Lo que denotan las renuncias de las cabezas de lista es una clara intención de evadir y de incumplir con la prohibición constitucional”, opinó.

La obligación alcanza a 37 partidos políticos y a 7,378 candidatos o sus responsables de campaña.

La información deberá comprender las actividades económico-financieras realizadas entre el 14 de marzo y el 1 de agosto de este año, y pueden presentarlo en el portal Claridad.

La iniciativa legislativa busca garantizar la prohibición constitucional de la reelección inmediata de alcaldes, y precisar los alcances de esta restricción.

“La legislación electoral vigente no contiene una regla expresa que impida al alcalde saliente, impedido de reelegirse, integrar la lista de candidatos a regidores de la misma circunscripción”, reza el documento que tiene como autor principal al diputado Víctor Piñán Mamani y cuenta con diez coautores.

La actividad se realizó la noche del 6 de agosto y contó con la participación de la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el ministro de Educación, José Antonio Chang; y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

A las 8:24 p. m. se encendió el reloj oficial que marcó los 365 días restantes para la inauguración del evento deportivo continental. La ceremonia también contó con la presencia de Simone Biles, multicampeona olímpica de gimnasia, quien participó como invitada especial en la mesa de honor.

Durante su discurso, Fujimori destacó el papel del país como sede de la competencia y resaltó la importancia del evento para el deporte nacional.

“Lima 2027 no es únicamente un encuentro deportivo. Es la oportunidad de mostrar al continente la capacidad del Perú para organizar con excelencia, integrar a las Américas a través del deporte y proyectar un país que mira al futuro con confianza, responsabilidad y vocación de liderazgo”, señaló.

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El pedido fue presentado el 15 de julio y sostiene que no existen pruebas suficientes y que los hechos atribuidos por la Fiscalía no constituyen delito.

Ese mismo día, la defensa presentó una excepción de improcedencia de acción para buscar el archivo del proceso y una cuestión previa en la que cuestiona un defecto formal de la acusación fiscal.

Los pedidos fueron presentados ante el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien deberá evaluarlos durante la etapa intermedia o de control del requerimiento mixto de sobreseimiento y acusación fiscal.

La audiencia está prevista para el miércoles 18 de agosto a las 9:30 a. m., y en ella se revisará el contenido de la acusación y los pedidos de las partes para determinar si el proceso puede avanzar a juicio oral.

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La actividad se desarrolló en el marco del 202.° aniversario de la Batalla de Junín y del Día del Arma de Caballería.

Durante el acto, Fujimori ocupó el estrado de honor y saludó a las autoridades de los poderes del Estado y a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. La ceremonia contó también con la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa; el ministro del Interior, César Astudillo; y el comandante general del Ejército, general de Ejército Oswaldo Calle Talledo.

La competencia reunió a cinco equipos conformados por cuatro jinetes oficiales del Arma de Caballería. El capitán de Caballería Simón Bolívar recibió la Copa Junín, mientras que la Escuela de Equitación del Ejército obtuvo el primer lugar en la modalidad por equipos.

El Concurso Ecuestre Copa Junín fue creado en 1940 y mantiene una tradición vinculada a los valores de cohesión, fraternidad, disciplina y patriotismo del Arma de Caballería.

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, reafirmó el compromiso del Gobierno con la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 y aseguró que el objetivo es superar el éxito alcanzado en la edición de Lima 2019.

“El reto es que los Juegos Panamericanos 2027 del próximo año sean mejores que los del 2019. Soy mujer de retos y saber que hay un equipo competente y profesional, estamos seguros que vamos a dejar el nombre del Perú bien en alto”, afirmó la jefa de Estado.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una reunión con el presidente del Comité Organizador de Lima 2027, el presidente de Panam Sports y el presidente del Comité Paralímpico de las Américas, en la que se revisó el plan de trabajo y la proyección estratégica para la organización del certamen continental.

Gobierno acelerará la preparación de Lima 2027

Durante el encuentro, Fujimori expresó que siente un profundo orgullo de que el Perú vuelva a ser sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Asimismo, reconoció que la preparación del evento no avanzó con la rapidez esperada en distintas entidades del Estado, pero aseguró que su gestión impulsará las acciones necesarias para acelerar el proceso.

“Las cosas no han avanzado a la velocidad requerida y esto se ha visto en diferentes partes del Estado, pero yo, como presidenta, estoy para corregir las cosas y ponerle velocidad”, sostuvo.

La mandataria también anunció que acompañará permanentemente el proceso de organización y coordinará reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación (Minedu) para garantizar el desarrollo de las obras y de la planificación del evento.

Destaca el legado de Lima 2019 y el impulso al deporte

Keiko Fujimori señaló que los Juegos Lima 2027 representan una oportunidad para fortalecer el deporte nacional y promover el talento de los atletas peruanos.

En ese sentido, saludó a los deportistas del país y destacó que constituyen un ejemplo de disciplina, perseverancia y resiliencia para las nuevas generaciones.

“Estoy segura que estos juegos van a permitir a los deportistas mostrar su talento y motivar a todos los jóvenes a seguir haciendo deporte y que todo en la vida se puede conseguir cuando uno se prepara, cuando con método y disciplina uno siempre persevera en estos sueños”, manifestó.

Presidenta dio la bienvenida a Simone Biles

Durante la actividad, la mandataria dio la bienvenida a la múltiple campeona olímpica estadounidense Simone Biles, a quien calificó como una inspiración para millones de jóvenes.

Fujimori expresó su confianza en que la gimnasta disfrutará de su visita al Perú y destacó que su presencia fortalece la proyección internacional de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, advirtió sobre las deficiencias tecnológicas que encontró en el sector tras asumir el cargo el pasado 28 de julio.

Dyer Fernández indicó que el Minsa aún funciona con procesos principalmente manuales y reveló que el 54% de los 7.400 establecimientos administrados por dicho ministerio no cuenta con conexión a internet.

“Estamos encontrando un ministerio que tecnológicamente está en el año 95. Disculpa que diga la marca, pero estamos con Windows 95 cuando hoy estamos con inteligencia artificial. Todos los procesos administrativos, desde un hospital hasta una dirección, como Digemid o de repente un Cenares, es o manual, o [con] papelitos, firmas o sellitos”, declaró a RPP.

El titular del Minsa explicó que la falta de conectividad en los establecimientos de salud afecta el seguimiento de enfermedades, el control de medicamentos disponibles y la gestión del personal sanitario.

“No hay interconexión. No podemos saber cómo están las enfermedades en un punto geográfico, no podemos saber por si acaso si hay medicamentos o qué le está faltando, no podemos saber si es que está faltando o se ha reportado la enfermera o el médico o si hay que mandar a un especialista. Estamos manejando a cortes, a papelitos”, resaltó.

El ministro también reveló los hallazgos de una visita al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), donde encontró que el 36% del espacio del almacén está ocupado por jeringas próximas a vencer, adquiridas en 2022 durante la campaña de vacunación contra la COVID-19.

“Las jeringas fueron para para un tema de vacunación del COVID, pero se compraron 56 millones. Estoy pidiendo, por si acaso, cómo fue la proyección, quién hizo el expediente. Se gastó 49 millones de soles para que tengamos jeringas guardadas”, indicó.

En esa línea, Dyer Fernández anunció que solicitará información detallada sobre la adquisición y se reunirá con la Contraloría para evaluar posibles irregularidades. Aunque evitó afirmar que existió corrupción, señaló que la situación “huele mal” y cuestionó la falta de planificación en las compras.

“Estoy pidiendo a Contraloría una reunión porque hay temas específicos que hay que revisarlos, qué está pasando. Yo no quiero adelantar opinión, pero definitivamente huele mal. Este es un tema de que realmente no me cuadra, que estemos haciendo compras que no tengan una proyección”, aseguró.

El titular del Minsa señaló que uno de sus principales objetivos en los primeros 100 días será transformar la gestión administrativa mediante la modernización y digitalización de los procesos.

“En 100 días nos hemos propuesto empezar a mover los engranajes administrativos del ministerio. Digitalización, por si acaso, aquí hago una convocatoria al sector privado que nos pueda ayudar, que va a ser obviamente mucho más eficiente, y trabajar con ellos”, señaló.

Además, Luis Dyer informó que solicitó a los directores del ministerio reforzar las labores de supervisión y fiscalización en los hospitales con el objetivo de mejorar su funcionamiento.

“En 100 días estamos proponiendo mover el engranaje. Otra cosa ahí es el tema de supervisión, fiscalización de parte de los ministerios. Estoy pidiendo a los directores: ahora pónganse el chaleco y pónganse ya a caminar en los hospitales y empezar a mejorar todo”, enfatizó.