El Gobierno autorizó el uso de hasta S/ 2.000 millones del Fondo Crecer para respaldar estas operaciones, mediante el Decreto de Urgencia N.° 015-2026, publicado hoy en el diario oficial El Peruano.

La norma establece que la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) utilizará los recursos disponibles para garantizar créditos en moneda nacional otorgados por entidades financieras y cooperativas elegibles.

La cobertura será del 90% para préstamos de hasta S/ 30.000, del 80% para montos entre S/ 30.001 y S/ 90.000, y del 70% para créditos de hasta S/ 300.000. En los sectores agropecuario, pesquero y acuícola, las garantías serán mayores: 95%, 90% y 80%, respectivamente.

Otra medida contempla la reprogramación de los préstamos respaldados por el programa Impulso Myperú.

Las entidades financieras evaluarán las solicitudes y podrán ampliar los pagos hasta por nueve meses, o hasta 12 meses para actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas. Además, se permitirá un periodo de gracia parcial de hasta tres meses, durante el cual los beneficiarios pagarán únicamente intereses y comisiones. La tasa de interés no podrá superar la que tenían antes de la reprogramación.

Tanto las garantías como las reprogramaciones podrán solicitarse hasta el 30 de abril de 2027.

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Según el oficio al que accedió Correo, Beingolea figura como “cómplice primario”. La audiencia se realizará en la Corte Superior de Justicia del Callao.

Proceso

La investigación se remonta al 2019, cuando el Gobierno Regional (GORE) del Callao contrató a Beingolea para brindar asesoría legal a su Gerencia General Regional.

Según el Ministerio Público, el entonces abogado habría concertado con funcionarios de la entidad para obtener una orden de servicio valorizada en S/30 mil, pese a que no habría cumplido los requisitos profesionales exigidos ni realizado efectivamente el trabajo.

El órgano persecutor arguye que los tres informes legales presentados por Beingolea eran genéricos o correspondían a competencias de otras áreas jurídicas del gobierno regional.

Debido a las imputaciones, en marzo de 2023, la Fiscalía solicitó 10 años de prisión para Beingolea, 13 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 550 días multa. Incluso, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción pidió una reparación civil de S/50 mil.

Oscar Romero y Carlos Palacios, exgerentes del GORE Callao, responderán como presuntos autores. Por su parte, José Izquierdo afronta el cargo como cómplice primario, al igual que Beingolea.

Izquierdo será trasladado a la sala de audiencia del penal de Lurigancho, donde participará de modo virtual debido a que, en 2023, recibió una condena de 10 años de prisión por peculado doloso en el desvío de fondos públicos para un sauna del Pentagonito.

“La posición del Ejecutivo siempre es estar en contra de la ampliación del Reinfo. (Si se aprueba la ley) se tendría que observar”, señaló ayer a la prensa.

Asimismo, advirtió que el proyecto MAPE ha sido presentado con carácter de urgencia y tiene que ser aprobado antes del 31 de diciembre de este año.

Shinno sostiene que la iniciativa plantea un régimen de “consolidación” de 18 meses y negó que represente una ampliación del Reinfo.

“Este régimen de consolidación, no es el Reinfo”, aseguró.

Como se recuerda, la legisladora registra más de 60 visitas al golpista Castillo en el penal de Barbadillo entre octubre de 2024 y febrero de 2026. Aunque, según Palomino, acudía como abogada del exmandatario.

Propuesta

La iniciativa presentada ayer fue suscrita por más de 40 diputados y comprende episodios desde el 28 de julio de 2021.

El texto busca extinguir la acción penal, las condenas y sus consecuencias, así como disponer el archivo de las investigaciones, el levantamiento de órdenes de captura y la anulación de antecedentes policiales, judiciales y penales.

La medida también alcanza a quienes participaron en la elaboración, lectura, difusión y ejecución del mensaje con el que Castillo anunció la disolución del Congreso a fines del 2022.

Entre los posibles beneficiarios, figuran la ex primera ministra Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y el expremier Aníbal Torres.

Como se sabe, el Poder Judicial los condenó en primera instancia por conspiración para la rebelión. Chávez y Huerta recibieron 11 años, cinco meses y 15 días de prisión, mientras que Torres recibió seis años y ocho meses.

El proyecto incluye a campesinos, indígenas, estudiantes, transportistas y dirigentes sociales procesados por disturbios, daños y bloqueos durante las protestas. La exposición de motivos considera esos casos como “persecución política”.

El equipo cuenta con un arco detector de metales, un escáner corporal vía ondas milimétricas y rayos X para inspeccionar paquetes y pertenencias; permitiendo así detectar objetos prohibidos, como celulares y chips, que podrían ingresar al penal.

La vigilancia será de 24 horas al día.

“No descarto el bono y sobre todo no descarto el hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas tenga las respuestas necesarias para cualquier situación crítica”, dijo a RPP.

Además, Sheput anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley para devolver al Ministerio de Trabajo las competencias de supervisión de las condiciones laborales, que está a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

De acuerdo a los atestados policiales de la época, tres senderistas confesos ubicaron al también ex ministro de Trabajo en la pasada gestión del hoy encarcelado Pedro Castillo en otros seis ataques subversivos en Ayacucho.

Señalamientos

Ya en el 2021, cuando Maraví asumió la cartera de Trabajo, diversos medios de comunicación expusieron parte de los documentos policiales antes citados.

Los atestados en mención recogen las declaraciones de Juan Alarcón Gutiérrez, Víctor Olegario Reyes Cconislla y Alfredo Silvera Flores. Todos admitieron formar parte de las filas de SL. Los testimonios se entrelazan entre sí y ubican a Edith Lagos en al menos cinco de los episodios que involucran a Maraví (ver infografía).

Tanto Alarcón como Silvera ubicaron a Maraví y a otros en el “asalto e incendio a la oficina N.° 02 de Agua Potable”, el 25 de julio de 1980. “Dirige las acciones Iber Maraví. Además, nos entregó a cada uno de los participantes bombas molotov”, narró el primero de ellos.

“Yo lancé focos conteniendo gasolina y mecha. (…) ‘Tula’ (Víctor Cconislla Reyes) portaba bombas molotov en foco, Víctor Olarte Espinoza (tío de Maraví), (fue) segundo director de acciones. Luego de proceder al incendio nos retiramos en fuga en diferentes direcciones; sin embargo, tuvimos un accidente debido a que Ricardo Huañac o ‘Bonifacio’ sufrió quemadura en los pies debido a que Iber prendió en forma precipitada la gasolina que regó de la galonera, en el interior de la oficina, y que se había mojado el pie”, añadió.

Alarcón también brindó detalles sobre el “apedreamiento” al Hotel de Turistas de Ayacucho en horas de la noche del 14 de mayo de 1980: “Asistí por invitación de Cláver Cuba y participamos: Juan Barboza Navarro, Alejandro Huamán, Orestes Urriola, Iber Maraví, y otros, además de Edith Lagos. Los mismos que apedreamos y nos fugamos en diferentes direcciones”.

Cuatro días después, se atacó la antena de radar ubicada en el cerro Toccto. En el hecho, que ocurrió al promediar las 2:00 a.m., “el detenido Alfredo Silvera Flores, el reo en cárcel Namerto Gómez, y los no habidos Iber Maraví ‘Iber’, Juan Huayhua y otros ingresaron violentamente al interior de las instalaciones de la antena de radar de CORPAC, ubicadas en el Cerro Tocto, destruyendo maquinarias, motores y teléfonos existentes”.

“En el lugar de los hechos, redujeron y amenazaron con un cuchillo al guardián, amarrándolo con unos cordones. Luego, destruyeron un tablero en donde había un teléfono, pasando después al cuarto donde estaba la maquinaria, echando al tanque de un motor lima líquida. Cuando se retiraban arrojaron varias cápsulas de fulminantes al cuarto, pero no explotaron”, recoge el atestado.

Un mes después, cerca de la medianoche, atacaron a pedradas el local de Electro Perú, ubicado en la primera cuadra de la Av. Mariscal Castilla, de acuerdo a Alarcón.

“Participamos los integrantes de las cuatro zonas (de SL), dirigido mi grupo por Iber Maraví, luego que nos reuniéramos en el distrito de San Juan Bautista. Habiendo tomado parte: Iber Maraví, Víctor Olarte, Edith Lagos, Orestes Urriola, Cláver Cuba (…) y otras personas que no recuerdo su nombre. Además de unas diez a quince mujeres cuyos nombres no recuerdo. Luego nos dimos a la fuga”, agregó.

El 21 de junio, un local del partido político Acción Popular sufrió ataques así como un intento de incendio. Una acción que también fue confirmada por Reyes Cconislla en su momento. Al igual que en ocasiones anteriores, se usaron focos con gasolina en su interior y mechas encendidas, así como el material inflamable contenido en bolsas, para perpetrar el hecho.

Días después, el 6 de julio del mismo año, se reportó que “el detenido Orestes Urriola; los detenidos en cárcel Edith Lagos y Herlinda Mendoza, así como los no habidos Víctor Olarte y su sobrino Iber Maraví, u otros, atentaron con dinamita a la puerta principal de la Dirección Regional de Educación (ORDE Ayacucho), aduciendo conmemorarse el Día del maestro”.

En relación a este ataque, se consigna que hubo una “previa reunión a horas 00.00 en el domicilio de Iber Maraví, ubicado en (…), donde este y Urriola Gonzáles dictaron una clase a los demás participantes sobre preparación y manipulación de explosivos”.

Incertidumbre

Hasta la fecha, se desconoce si alguno los atentados antes descritos fueron materia de investigación, por parte del Ministerio Público, o sujetos de un pronunciamiento del Poder Judicial (PJ).

Si se judicializaron estos casos o no, así como su eventual desenlace, “es una respuesta que la tiene que dar el Poder Judicial”, consideró el coronel en retiro, ex jefe de la Dircote, Max Anhuamán. “Ellos no dicen nada. ¿Cuál fue el resultado? Creo que es momento de que se exija que ellos se pronuncien y digan qué pasó, si fue absuelto o no. ¿Qué pasó con esas denuncias?”, señaló a Correo.

Este Diario intentó comunicarse con el senador Maraví, pero no tuvo éxito.

Testigo

A diferencia de los atentados anteriores, el séptimo ataque que se le atribuye, suscitado en Vilcashuamán, tiene ahora un testigo ocular. El exguardia civil Carlos Díaz lo acusa como uno de los perpetradores de la incursión con dinamita y bombas molotov al puesto de la Guardia Civil en dicha localidad en agosto de 1982.

El penalista Andy Carrión consideró que si bien puede cuestionarse el caso a la luz de una posible prescripción del delito, “lo que tiene que hacer la Fiscalía, de todas maneras, es investigar”.

“No puede la Fiscalía dar por sentado que ya prescribió (el delito). ¿Bajo qué cálculo haría esa proyección? ¿Que habría ocurrido en 1980? Eso es solo la ‘noticia criminis’, no significa que la eventual pertenencia a la organización terrorista, o que los hechos imputados, se circunscriban solo a ese año. Para tomar una decisión de prescripción razonable, y adecuada a los cálculos, la Fiscalía tiene que abrir una investigación”, detalló a este Diario.

En esa línea, agregó que durante el transcurso de las pesquisas el caso se “podría reconducir” a una imputación de delito de lesa humanidad, hoy imprescriptible”.

“El Cecot fue construido en siete meses, pues estas megacárceles que serán construidas, pueden ser construidas a esta misma velocidad”, dijo en una conferencia de prensa la mandataria peruana.

Añadió que “va a depender mucho de la decisión política y de los presupuestos, que están ya programados para el próximo año”.

“Así es que yo estoy muy optimista de que nosotros vamos a poder implementar estas cárceles y además con el respaldo que estamos sosteniendo por parte de la Policía, de las Fuerzas Armadas y del sistema de justicia, creemos que poco a poco vamos a ir viendo que las estadísticas en cuanto a la lucha contra la delincuencia van a ir dando resultados muy positivos”, acotó.

Fujimori apuntó que en Perú tienen “seis cárceles que están paralizadas” y que “estas van a ser destrabadas como muchas de las obras que estamos destrabando desde que hemos iniciado el Gobierno”.

“Pero además de estas seis cárceles que vamos a destrabar, tenemos dentro de nuestro plan hacer dos grandes cárceles. Una para delincuentes de alta peligrosidad y la otra gran cárcel es para delincuentes comunes donde se implementarán talleres de trabajo”, agregó.

El jueves, Fujimori recorrió parte de las instalaciones del Cecot, símbolo de la lucha contra las pandillas del presidente Nayib Bukele, con quien se reunió posteriormente.

A diferencia de otros funcionarios que han visitado esta prisión de máxima seguridad, Fujimori se limitó a visualizar el área de control e inspección de internos y la sala de armería, sin recorrer uno de los pasillos donde se encuentran encarcelados los pandilleros.

Este viernes, Fujimori también conoció la aplicación de inteligencia artificial (IA) en un proyecto de telemedicina y otro de tutorías para estudiantes, según informó la Presidencia salvadoreña.

“Estamos culminando esta visita de dos días, visita muy fructífera, y en los temas de salud, sin duda, rescatamos, resaltamos y nos llevamos a nuestro país esta plataforma DoctorSV”, dijo Fujimori.

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De acuerdo con los resultados oficiales, Renovación Popular obtiene el 27.685 % de los votos válidos, equivalente a 1 millón 554.690 votos. En segundo lugar se ubica Avanza País, con el 26.810 % y un total de 1 millón 505.558 votos. La diferencia entre ambas listas, lideradas por Rafael López Aliaga y Francis Allison, respectivamente, es de 49.132 votos.

Más atrás figura el Partido Democrático Somos Perú, con Carlos Bruce, que alcanza el 15.089 % de respaldo electoral. Le siguen Podemos Perú, con el 8.022 %, y Alianza para el Progreso, con el 4.347 % de los votos válidos.

En tanto, las actas observadas fueron remitidas a los Jurados Electorales Especiales para su revisión y resolución, como parte del proceso electoral.

La ONPE también mantiene habilitada su plataforma digital para que los ciudadanos consulten las actas digitalizadas de cada mesa de sufragio y verifiquen los resultados oficiales.

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Los postulantes son Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y José Alfredo Pérez Duharte, según el nuevo cuadro de aspirantes aptos publicado en el marco de la Convocatoria n.º 006-2026-SN/JNJ.

La decisión del Pleno no fue unánime, pues contó con los votos en discordia de la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, y del integrante Gino Augusto Tomás Ríos Patio. Asimismo, se dispuso que Pérez Duharte presente la documentación requerida para continuar con la evaluación curricular.

De acuerdo con el cronograma actualizado, los resultados de la evaluación curricular se publicarán el 12 de noviembre. Los candidatos podrán presentar recursos de reconsideración del 13 al 17 de ese mes, mientras que el 24 de noviembre se conocerá la relación de postulantes que pasarán a la siguiente etapa.

La sustentación del plan de trabajo está prevista para el 2 de diciembre, luego de la entrega del estudio de caso los días 27 y 30 de noviembre.

El proceso continuará con las entrevistas personales programadas para el 28 de diciembre, mientras que la juramentación del nuevo titular de la ONPE se realizará el 29 de diciembre de 2026. Además, la ciudadanía podrá presentar tachas contra los postulantes entre el 13 y el 24 de noviembre, y formular denuncias hasta el 21 de diciembre.

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Desde El Salvador, rechazó los rumores sobre una posible salida del jefe del Gabinete y negó que José Chlimper tenga aspiraciones ministeriales. Precisó que su participación se limita al comité consultivo de la Presidencia de la República.

La mandataria también explicó que el Ejecutivo trabaja en la creación de cuatro áreas estratégicas para fortalecer la gestión pública: una unidad de cumplimiento para supervisar obras, una oficina de transformación digital, una división de comunicaciones y una secretaría encargada de simplificar los trámites estatales.

Cambios en INPE

En materia de seguridad penitenciaria, Keiko Fujimori confirmó cambios en las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y del penal El Milagro, en Trujillo. Indicó que la reorganización se extenderá progresivamente a otros establecimientos del país.

Asimismo, señaló que las Fuerzas Armadas asumieron la vigilancia de los perímetros de cinco penales declarados en emergencia y que se instalaron equipos tecnológicos para controlar el ingreso de visitantes y trabajadores.

La mandataria agregó que las medidas de control en los establecimientos penitenciarios ya muestran resultados. Como ejemplo, mencionó que en el penal El Milagro, en Trujillo, el número de visitas diarias se redujo de 1.200 a aproximadamente 600 tras la implementación de controles tecnológicos en los accesos.

Según indicó, estas acciones buscan reforzar la seguridad, impedir el ingreso de objetos prohibidos y evitar que los internos mantengan comunicaciones ilegales desde las cárceles.

Finalmente, Keiko Fujimori informó que, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y el Ministerio Público, se ejecutó el derribo de 48 antenas de telefonía ubicadas cerca de los centros penitenciarios, debido a que proporcionaban señal ilegal a los internos. Agregó que los operativos continuarán a nivel nacional.

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La mandataria hizo el anuncio tras conocer en El Salvador el funcionamiento de la plataforma pública “Doctor”, que brinda atención médica mediante herramientas tecnológicas e inteligencia artificial.

Keiko Fujimori señaló que uno de los principales problemas del sistema de salud peruano son las demoras para conseguir citas médicas, acceder a especialistas y obtener medicamentos. Por ello, sostuvo que se buscará replicar algunas de las experiencias salvadoreñas, de manera progresiva.

Asimismo, informó que el país está en proceso de adquirir internet satelital para fortalecer la conectividad y facilitar la implementación de estos servicios.

Por su parte, el ministro de Salud, Luis Dyer, indicó que su sector trabaja en la interoperabilidad de hospitales y centros médicos, así como en el uso de tecnología para fortalecer la prevención.

Precisó que ya se conectaron cuatro hospitales emblemáticos del país y que, en nueve días, se logró conectar a 4,1 millones de peruanos. Agregó que la inteligencia artificial será uno de los componentes de la plataforma digital que se encuentra en desarrollo.

Durante la visita, especialistas salvadoreños explicaron que el sistema “Doctor SV” utiliza consultas virtuales, seguimiento médico e inteligencia artificial para agilizar la atención, descongestionar hospitales y facilitar el acceso a medicamentos mediante una red de farmacias. Fujimori calificó de productiva la reunión y anunció que equipos peruanos continuarán viajando a El Salvador para conocer y evaluar esta experiencia antes de ampliar su aplicación en el Perú.

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Guillermo Shinno explicó que se reunió con representantes de distintas bancadas del Congreso para sustentar técnicamente el proyecto de ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape) impulsado por el Ejecutivo.

Precisó que la iniciativa no constituye un «Reinfo 2.0», sino un mecanismo diferente que busca retirar la protección legal a quienes realizan actividades de minería ilegal.

Respecto a las propuestas parlamentarias para ampliar el registro por dos o cuatro años, señaló que el Congreso tendrá la decisión final, aunque advirtió que el Gobierno evaluaría observar una eventual norma de prórroga.

El titular del sector reconoció que el tiempo para aprobar la nueva legislación es limitado, pero sostuvo que el Ejecutivo ya cumplió con presentar el proyecto con carácter de urgencia.

En otro momento, rechazó los cuestionamientos por un presunto conflicto de interés relacionado con su anterior vínculo laboral con la minera Aruntani y la firma de una resolución para financiar trabajos de cierre y remediación de sus unidades mineras. Aseguró que estas fueron cerradas por el Estado en 2019 y que la transferencia de recursos responde a lo establecido en la Ley 32732.

Asimismo, Shinno negó que empresas mineras hayan financiado viajes de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas a Australia, entre ellos el de la viceministra de Minas, Mayra Figueroa Valderrama, para participar en un encuentro del sector en Sídney.

Indicó que la Cámara de Comercio Peruano-Australiana agrupa a empresas y personas naturales, y que el propio ministerio destina recursos para cubrir la participación de sus funcionarios en eventos internacionales, con el objetivo de evitar posibles conflictos de interés.

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Así lo señaló la presidenta Keiko Fujimori tras visitar centros educativos de ese país, donde destacó la incorporación de herramientas tecnológicas en las aulas.

La mandataria explicó que esta tecnología permitiría hacer un seguimiento personalizado del rendimiento de cada alumno y evaluar diariamente sus avances, como complemento al trabajo de los docentes.

“Además de tener los maestros presenciales, tener el acompañamiento de un maestro y una guía a través de la inteligencia artificial para monitorear el avance de los niños”, manifestó.

En cuanto a la infraestructura educativa, Fujimori reiteró que el Gobierno proyecta construir 500 colegios el próximo año e incorporar internet satelital. Además, indicó que la delegación peruana, en la que participa el jefe del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), recoge información sobre las construcciones modulares que se utilizan en El Salvador para acelerar la ejecución de obras escolares.

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“Nunca he renunciado”, aseguró al finalizar la sesión descentralizada de la Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo en el Cercado de Arequipa.

En otro momento, el parlamentario señaló que hasta el momento no se le impuso una sanción disciplinaria por parte del Buen Gobierno, pero se someterá a las decisiones del partido. “Por lo menos a mí no se me ha notificado; en todo caso, si esto fuese así, yo soy responsable de mis actos, obviamente me abocaré al tema y si toca este que me sancione, se me sancionará, yo lo acepto”, manifestó.

Frente al descontento en redes sociales tras su votación a favor del pedido de facultades, Flores minimizó el hecho; por el contrario, aseguró que recibió felicitaciones por asumir esta postura.

“La población, todos me agradecen, entonces no sé por qué me verán como traidor, pero soy una persona que va de acuerdo a mis ideales”, aseguró.

Asimismo, el senador señaló que, como en toda familia, existen pequeños desacuerdos que son superados en cuanto a la relación que mantiene con el Buen Gobierno.

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Durante un encuentro con representantes empresariales de ese país, la presidenta los invitó a utilizar el territorio peruano como plataforma para ampliar sus operaciones hacia otros mercados de la región.

“La ubicación geográfica del Perú está en el centro de Sudamérica y eso permite que seamos un hub logístico”, afirmó.

Para respaldar su propuesta, la mandataria destacó la seguridad jurídica que, según indicó, ofrece el marco constitucional peruano a los inversionistas nacionales y extranjeros.

También resaltó la autonomía del Banco Central de Reserva y la ratificación de Julio Velarde por cinco años más. A ello sumó los indicadores fiscales del país: un déficit de 1,4 % del PBI y una deuda pública equivalente al 29 % del PBI, cifras que consideró fortalezas para afrontar los efectos del fenómeno El Niño.

Fujimori también expuso las oportunidades en sectores como minería, pesca y agroexportación. Mencionó que Perú ocupa el primer lugar como productor y exportador de arándanos, uvas y espárragos, y el segundo puesto en paltas. Asimismo, invitó al empresariado salvadoreño a participar en proyectos mediante asociaciones público-privadas, contratos de Gobierno a Gobierno y obras por impuestos, mecanismo que permite financiar intervenciones en las zonas donde operan las empresas.

Sobre el intercambio comercial entre ambos países, la presidenta informó que las negociaciones para un tratado de libre comercio avanzan y que 14 de sus 19 capítulos ya fueron resueltos. Sin embargo, pidió a los empresarios no esperar la firma del acuerdo para explorar oportunidades en el mercado peruano.

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“Lo hemos citado en dos oportunidades al ministro, todavía no reacciona, estamos haciendo una tercera invitación al ministro para que nos diga y nos dé una exposición sobre la ley MAPE y también hablar sobre los temas del Reinfo, que son temas pendientes que en este momento son de importancia para la sociedad”, señaló el legislador en la ciudad de Arequipa, donde se realiza la sesión descentralizada de la comisión.

Al ser consultado sobre una posible ampliación Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), Barragán señaló que eso está en evaluación del equipo técnico de la comisión.

“Nosotros creemos que la formalización es muy importante, pero también creemos que los que ya iniciaron el proceso de formalización lo continúen y no se paralicen. Para eso hay que hacer una evaluación de todas las fuerzas políticas, para llegar a un consenso de cuáles son las acciones que podemos tomar sobre el tema del Reinfo”, agregó.

Otro de los puntos que se abordará es la excesiva burocracia que enfrentan los mineros para su formalización. Según indicó el parlamentario, el proceso actual contempla cerca de 493 pasos, una cifra calificada como sumamente compleja que dificulta el avance efectivo de los emprendedores del sector.

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La mandataria manifestó su interés en conocer las medidas impulsadas por su homólogo y evaluar qué aspectos podrían replicarse en el Perú.

“Por eso me encuentro acá, para poder observar y estudiar todas las cosas positivas que ha hecho el gran presidente Nayib Bukele (...). Somos países distintos, con normas y leyes diferentes, pero creo que su esencia, el devolverle la seguridad y el orden, es algo que nosotros también queremos replicar en el Perú”, dijo la jefa de Estado.

En el mismo encuentro, Fujimori presentó al Perú como un destino con garantías para los inversionistas extranjeros.

Destacó que la Constitución establece igualdad de trato para empresarios nacionales y foráneos, además de resaltar la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y la ratificación de Julio Velarde por cinco años más, como elementos que brindan previsibilidad a la política monetaria.

La presidenta también se refirió a la situación económica y a las medidas previstas frente al fenómeno El Niño. Informó que el déficit fiscal alcanza el 1.4 % y la deuda pública representa el 29 % del PBI.

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Cabe mencionar que esta medida actualiza el esquema que regía desde 2013 y establece nuevos montos para profesionales, técnicos, auxiliares y directivos.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, destacó las gestiones realizadas para concretar la medida y señaló que su implementación permitirá fortalecer la institución.

“Mejorar sus condiciones también permitirá fortalecer la institución y el servicio de inspección laboral”, afirmó.

Los nuevos sueldos oscilarán entre S/ 8,150 y S/ 10,150 para profesionales; de S/ 3,850 a S/ 4,850 para técnicos; de S/ 2,940 a S/ 3,440 para auxiliares y de S/ 11,000 a S/ 15,600 para directivos.

La actualización fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 230-2026-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano.

Según la norma, los incrementos mensuales frente a los ingresos actuales serán de S/ 1,345.89 para profesionales, S/ 545.89 para técnicos, S/ 635.89 para auxiliares y S/ 695.89 para determinados niveles directivos.

El financiamiento provendrá del presupuesto institucional de Sunafil, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

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Y es que el diputado César Holguín presentó su renuncia irrevocable al cargo de vocero de titular de la bancada.

EN DETALLE

En un documento dirigido a Alfonso López Chau, presidente del partido e integrante del Congreso de Ahora Nación, Holguín comunicó su decisión de renunciar.

“Esta decisión responde a razones estrictamente políticas. Como diputado electo por la región Cusco, conforme al sentir de mi región, mantuve una posición contrataría al otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y expresé mi respaldo a la censura del ministro del Interior (César Astudillo)”, se lee en la carta.

Holguín agrega que ambas posiciones que tomó difieren de las decisiones adoptadas por la mayoría de la bancada.D

Además, indicó que tales diferencias son incompatibles con la función de coordinación y representación que exige la vocería.

“Por ello, decido, de manera responsable, dar un paso al costado”, manifestó.

Dice estar confiado en que la bancada pueda profundizar su diálogo con las regiones e incorporar sus perspectivas a la hora de decidir.

“Agradezco profundamente la confianza depositada durante el tiempo que asumí esta responsabilidad”, concluye la misiva.

DIFERENCIAS

El 6 de octubre, cuando la Cámara de Diputados votó el dictamen que otorgaba facultades al Ejecutivo, Holguín e Indira Huilca, fueron los únicos integrantes de Ahora Nación que votaron en contra.

Los otros siete que asistieron, votaron a favor del texto, a pesar de los cambios.

Por ahora, Huilca se mantiene como vocera, pues si bien puso su cargo a disposición, el pedido no habría sido aceptado por Alfonso López Chau.

Gestiones

El encuentro entre ambos dignatarios ocurrió al promediar las 7:00 p.m. Fujimori fue recibida con honores en la sede del Ejecutivo salvadoreño. Los ministros peruanos César Astudillo (Interior), Ernesto Álvarez Miranda (Justicia) y Carlos Espá (Cancillería) ya la esperaban allí.

El protocolo incluyó un fuerte resguardo policial y la entonación del himno nacional de cada país. Posterior a ello, los jefes de Estado ingresaron al recinto. Casi una hora después, se inició la conferencia de prensa.

El primero en tomar la palabra fue Bukele, quien destacó que su país pasó “de ser el país más peligroso del mundo a convertirse en el país más seguro del continente”.

“Somos países distintos, con problemas, Constituciones y leyes distintas; también por sus historias y por cómo se conformó la delincuencia. Salvadas esas diferencias, que son muchas, hay cosas que son universalmente aplicables. Ahí, nosotros les abrimos no solo las puertas de nuestro sistema penitenciario, sino todas nuestras estrategias”, indicó. “Estamos dispuestos a ayudar al Perú”, señaló.

Por su parte, Fujimori afirmó que “lo primero que hay que cambiar es esta visión errada de que hay garantizar la defensa legal de los delincuentes; a las víctimas las dejan abandonadas”. En esa línea, indicó que “el abogado tiene que ser priorizado para la víctima”.

“Dentro de las facultades que nos han otorgado, nos dieron solo 27 de 66, en el Congreso solo tenemos el 30% de representantes –tenemos una sana envidia de lo que ocurre aquí–, se va a permitir declarar a las organizaciones criminales como terroristas. Esto va a significar un cambio”, acotó.

“Las experiencias exitosas hay que analizarlas y hay que adaptarlas (...) El Cecot es impresionante, es el emblema de la paz y el orden”, aseguró.

Y añadió: El Perú y El Salvador son países distintos, pero en cuanto a lucha contra la inseguridad, sí hay cosas que podemos replicar.

En el CECOT

Más temprano, Fujimori visitó el CECOT junto a los ministros antes citados en medio de un amplio despliegue policial. El Gobierno salvadoreño documentó su visita al centro penitentario ubicado en Tecoluca, San Vicente del Sur, y su recibimiento por altos funcionarios salvadoreños.

La comitiva local estuvo integrada por el ministro de Defensa, René Merino, y su par en la cartera de Seguridad, Gustavo Villatoro, así como por el director de la institución, Belarmino García. Antes del recorrido, hubo una breve reunión y una eventual conferencia.

“En el país necesitamos la construcción de cárceles, terminar seis que están en proceso. Creo que este recorrido (en el CECOT) nos va a inspirar mucho para poder replicar estas cárceles; con estas iniciativas, como el Plan Cero Ocio que nosotros en la campaña presidencial veníamos hablando. Queremos verlo en el sitio y, por supuesto, el ministro de Justicia podrá implementar esto ya en el Perú”, puntualizó Keiko.

Minutos después, inició el recorrido liderado por Villatoro. La dignataria visitó el área de control y conoció los filtros de seguridad de la prisión, así como la sala de armería. Al finalizar, se le entregó un documento técnico sobre el “Plan Bukele”.

El anuncio se produjo durante la conferencia de prensa que ambos ofrecieron en la Casa Presidencial de El Salvador, luego de sostener una reunión.

Fujimori también manifestó su interés en concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el país centroamericano. La iniciativa fue mencionada como parte de los objetivos de su gestión para fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

Durante la conferencia, la mandataria se refirió además a su recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y destacó la importancia de estudiar experiencias penitenciarias que hayan dado resultados positivos, aunque precisó que deben adaptarse a la realidad y las leyes de cada país.

“Es una construcción emblemática, con el ministro Álvarez y Astudillo estamos recogiendo varias ideas”, indicó.

Asimismo, sostuvo que uno de los aspectos que considera importantes del establecimiento salvadoreño es impedir las comunicaciones telefónicas de los internos para evitar que las cárceles funcionen como centros de operaciones criminales.

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El encuentro se realizó en la residencia presidencial salvadoreña, donde ambos mandatarios participaron en una ceremonia con honores y posteriormente firmaron acuerdos.

Durante la ceremonia, los jefes de Estado también saludaron a escolares del colegio República del Perú en El Salvador, quienes acudieron con banderas de ambas naciones.

Tras poco más de media hora, Fujimori y Bukele reaparecieron ante la prensa para informar sobre los resultados de su encuentro. La presidenta peruana señaló que, luego de visitar este jueves el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), recogió ideas para impulsar la construcción de dos establecimientos penitenciarios en el Perú: uno para internos de alta peligrosidad y otro para reos menos peligrosos.

La reunión se desarrolló durante la primera jornada de actividades oficiales de Fujimori, quien había llegado la noche previa a San Salvador.

#NPortada | El Salvador: La presidenta Keiko Fujimori y su homólogo Nayib Bukele sostuvieron una reunión por 20 minutos este jueves. El Perú y El Salvador firmaron un acuerdo bilateral Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/LT1FotfklR

— Canal N (@canalN_) October 30, 2026

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Durante su encuentro con Keiko Fujimori en la Casa Presidencial de San Salvador, ofreció a la delegación nacional acceso a información sobre las operaciones de seguridad y el sistema penitenciario.

Bukele sostuvo que, aunque Perú y El Salvador tienen diferencias constitucionales, legales e históricas, existen mecanismos para enfrentar el crimen organizado que pueden aplicarse en distintos países.

En ese sentido, señaló que las autoridades peruanas podrán evaluar qué medidas se ajustan a su realidad y cuáles no.

Durante la reunión, el mandatario salvadoreño destacó los cambios registrados en los indicadores de seguridad de su país. Afirmó que El Salvador pasó de tener elevadas tasas de homicidios a ubicarse entre las naciones con menores niveles de criminalidad en el hemisferio.

Asimismo, indicó que la reducción de los delitos también comprende los robos, las extorsiones y los asaltos, que, según señaló, alcanzaron mínimos históricos en la región.

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La mandataria hizo este planteamiento durante su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.

“Acabamos de recibir facultades del Congreso de la República. Y una de estas facultades es fundamental: declarar a estos grupos como hostiles, como terroristas. Hay que nombrarlos así, como lo que son, para luego tener todos los mecanismos legales para enfrentarlos, arrinconarlos y ponerlos en prisión”, sostuvo.

Fujimori también señaló que el Perú necesita recuperar el orden frente a las bandas criminales que operan sin respetar fronteras.

La jefa de Estado también destacó el trabajo articulado de las instituciones peruanas a través del Comando Unificado, que reúne las capacidades de inteligencia y acción de las fuerzas del orden. Además, mencionó que el narcotráfico y la minería ilegal representan amenazas que requieren una estrategia integral. Durante su intervención, recordó la violencia terrorista que enfrentó el país en las décadas de 1980 y 1990.

Por otro lado, Fujimori consideró necesario ampliar la capacidad penitenciaria nacional y culminar la construcción de seis establecimientos que se encuentran en proceso. Tras recorrer el CECOT, expresó su interés en conocer iniciativas como el Plan Cero Ocio para evaluar su posible aplicación en el Perú.

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Sus declaraciones se dieron durante una visita de trabajo a la región Tumbes, donde supervisó las labores de descolmatación del río Tumbes.

El titular de la PCM señaló que los integrantes del Ejecutivo están enfocados en combatir la criminalidad, enfrentar el fenómeno El Niño y atender las necesidades de sus respectivos sectores.

“Todos los ministros siempre están en evaluación, pero ahorita todos estamos abocados a luchar contra la criminalidad, a enfrentar el fenómeno de El Niño y varios ministros más a sus sectores, caso pesca, vivienda, así que yo no comento sobre chismes, pero sí sobre el tema de fondo”, manifestó.

Durante su recorrido, Galarreta también advirtió sobre la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante las lluvias y otros efectos del fenómeno climático. En ese sentido, consideró fundamental que las ciudades cuenten con sistemas de drenaje para evitar dificultades como las registradas en anteriores emergencias.

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La delegación peruana fue recibida por el ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien estuvo a cargo del recorrido y explicó los modelos de gestión e infraestructura penitenciaria aplicados en ese país.

La visita permitió conocer de manera directa las estrategias de seguridad salvadoreñas frente a las organizaciones criminales y abrió una oportunidad para el intercambio de experiencias con miras a combatir la delincuencia organizada transnacional.

Como parte de su agenda oficial, Fujimori se reunirá con su homólogo Nayib Bukele en la Casa Presidencial. Posteriormente, ambos mandatarios encabezarán una reunión ampliada con sus respectivas delegaciones ministeriales para tratar asuntos de interés bilateral, entre ellos la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, la salud, la educación y el turismo.

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El documento establece las prioridades parlamentarias propuestas por los grupos parlamentarios y el Consejo de Ministros, cuyos proyectos tendrán prioridad de debate en las comisiones y el Pleno.

La agenda comprende cuatro objetivos: democracia y Estado de derecho; equidad y justicia social; competitividad en el país; y un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Asimismo, incluye 29 políticas de Estado, entre ellas el fortalecimiento del sistema democrático, la seguridad ciudadana, la identidad nacional y la política exterior.

La resolución precisa que la agenda no restringe la iniciativa legislativa ni impide debatir otros proyectos.

También mantiene la prioridad de las propuestas del Poder Ejecutivo presentadas con carácter de urgencia. Los temas pendientes podrán incorporarse a la agenda del siguiente periodo anual de sesiones.

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El documento, que consta de 29 páginas, cuestiona sus declaraciones y actuaciones relacionadas con jueces que se habrían negado a aplicar la ley sobre prescripción de delitos de lesa humanidad, aprobada por el Congreso en la legislatura anterior.

Según la denuncia, Rospigliosi habría presionado a magistrados que cuestionaron la aplicación de dicha norma. Vásquez también señala presuntas amenazas públicas contra el sistema judicial y sostiene que los hechos podrían vulnerar el artículo 43 de la Constitución.

El documento cuenta con las adhesiones de Indira Huilca y Jaime Quito y deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Las imputaciones deberán ser evaluadas por las instancias competentes y no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad.

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La primera fase estará a cargo de la Comisión de Procedimientos Especiales e incluirá una convocatoria pública, la verificación de los requisitos constitucionales y legales, la revisión de impedimentos y criterios de idoneidad, así como la posibilidad de presentar tachas ciudadanas. La evaluación tendrá un máximo de 100 puntos: 70 correspondientes a la revisión curricular y 30 a la entrevista personal.

En la evaluación curricular, los postulantes podrán obtener hasta 30 puntos por formación académica, 30 por experiencia profesional y 10 por investigación jurídica. Para continuar en el proceso deberán alcanzar al menos 50 puntos en esta etapa.

La entrevista personal será pública y presencial, y otorgará un máximo de 30 puntos, con un mínimo de 10 para seguir en carrera.

Para integrar la lista de candidatos aptos, los postulantes deberán acumular al menos 60 puntos sobre 100, además de cumplir con los puntajes mínimos establecidos para cada etapa.

La segunda fase corresponderá exclusivamente al pleno del Senado, que elegirá a los magistrados del TC con una mayoría de dos tercios del número legal de senadores.

Según Carlos Mesía, el procedimiento busca combinar el rigor técnico en la evaluación de los candidatos con la legitimidad democrática de la decisión final, que estará en manos de los integrantes de la Cámara Alta.

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La exposición tenía como objetivo informar sobre los avances en el cumplimiento de las metas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como sobre las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2025.

La presentación estaba contemplada en el marco de la Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley N.° 30754, y su reglamento.

La solicitud de reprogramación modificó la previsión inicial de su participación en la sesión.

Vladimiro Huaroc envió una carta informando sobre su ausencia en el Pleno y solicitando una reprogramación, documento que fue leído en la sesión.

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Como parte de la agenda, el Pleno iba a recibir al ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, a fin de que informe sobre los avances en el cumplimiento de las metas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como sobre las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), compromisos asumidos por el Perú para enfrentar este problema ambiental. No obstante, el ministro del Ambiente solicitó reprogramar su presentación ante el Pleno.

De igual manera, la Cámara de Diputados reprogramó debate de denuncia constitucional en contra del expresidente Pedro Castillo.

Los diputados también abordaron hoy el dictamen sobre la Ley del Trabajo de la Enfermera (o). Se propuso modificar la Ley 27669 para fortalecer el ejercicio de la profesión de enfermería.

Tras un arduo debate, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de las propuestas legislativas 91 y 159, que modifica la Ley 27669, Ley del Trabajo de la Enfermera (o), a fin de fortalecer el marco de acción de la profesión de enfermería.

#PlenoDeDiputados I Se sustenta la Proposiciones Legislativas 91 y 159, que propone modificar la Ley 27669, Ley del Trabajo de la Enfermera(o), a fin de fortalecer el marco de acción de la profesión de enfermería. 📑https://t.co/sSU4nUAq1W https://t.co/BPap0FEuPp

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 29, 2026

Asimismo, los diputados abordaron la Moción de Orden del Día 424, que propone interpelar al ministro de Educación, José Antonio Chang. La iniciativa fue presentada por las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras.

El pliego interpelatorio comprende 44 preguntas relacionadas con la situación de la educación superior universitaria, las designaciones y los nombramientos en el sector, así como los derechos pensionarios de los maestros. La votación determinará si la moción es admitida y continúa el procedimiento parlamentario para que el titular de Educación responda ante la Cámara de Diputados.

AGENDA DEL 29 DE OCTUBRE:

• Moción de interpelación al ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo. Se propone evaluar la admisión de la Moción 424, que contiene 44 preguntas sobre educación superior universitaria, nombramientos y designaciones en el sector, y derechos pensionarios de los maestros.
• Dictamen sobre la Ley del Trabajo de la Enfermera(o). Se propone modificar la Ley 27669 para fortalecer el ejercicio de la profesión de enfermería.
• Agenda Legislativa 2026-2027 de la Cámara de Diputados.
• Mociones para crear comisiones investigadoras y especiales, relacionadas con derechos humanos, protestas sociales, presunta manipulación electoral, contaminación del río Tambo, seguridad ciudadana, cambio climático, Petroperú y los Juegos Panamericanos Lima 2027, entre otros temas.
• Debate y votación del informe final de la Denuncia Constitucional 12 (antes 403).

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