Durante su presentación, Belaúnde informó que su sector requiere S/575 millones para cumplir con las labores de prevención y respuesta frente al Fenómeno El Niño.

Del total solicitado, S/68,5 millones serán destinados a la descolmatación de los 22 puntos críticos asignados a las FF. AA. El más sensible, precisó, es el río Piura, donde deben retirarse más de un millón de metros cúbicos de sedimentos.

Asimismo, cerca de S/400 millones permitirán recuperar la capacidad aérea y garantizar las horas de vuelo y el combustible necesarios para el despliegue de los buques de la Marina de Guerra.

Tras la exposición, la senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) puso en duda la capacidad de respuesta del Estado ante una eventual emergencia. Según indicó, luego de reunirse con representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), concluyó que “no estamos preparados para nada, absolutamente para nada”.

En respuesta, Belaúnde reveló que, al asumir el cargo, encontró más de 2 mil puntos críticos identificados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) desde hacía más de un año, pero ninguno había recibido atención. “No se habían atendido ni uno solo. Cero, cero”, remarcó.

A ello se sumó una traba que impedía utilizar 400 mil galones de diésel almacenados por las FF.AA. debido a que estaban reservados para una emergencia que aún no había comenzado.

Ante esta situación, el sector modificó la disposición mediante una resolución ministerial, lo que permitió movilizar maquinaria en Tumbes y Piura.

En cuanto a la capacidad aérea, el ministro alertó que más del 90% de la flota peruana de helicópteros es de origen soviético o ruso.

Según explicó, la guerra entre Rusia y Ucrania y las sanciones internacionales contra Moscú han dificultado la adquisición de repuestos y el envío de pagos.

“Por más que nosotros tenemos un centro de mantenimiento de helicópteros en (Base aérea) La Joya, no hay repuestos en el mercado para atender”, sostuvo.

Frente a este panorama, Defensa evalúa adquirir aeronaves de países vinculados a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Actualmente, cuenta con 23 helicópteros operativos y espera elevar la cifra a 30 unidades en diciembre.

“Esta situación la hemos encontrado nosotros en estos 40 días. Ahora, por qué no se previó esto, esa respuesta escapa a mi conocimiento”, manifestó Belaúnde.

Finalmente, informó que los operativos contra la minería ilegal en Madre de Dios ocasionaron pérdidas por S/948 millones a estas organizaciones.

Las intervenciones permitieron destruir 1,820 balsas y dragas y 1,789 motores, además de incautar 205,500 galones de combustible.

Un sector del bloque de la oposición votó en contra del documento, incluida Giannina Avendaño, diputada de Juntos por el Perú (JP) y presidenta de la Comisión de Constitución.

EL TEXTO

De acuerdo con el documento al que accedió Correo, la comisión opinó favorablemente sobre la solicitud de facultades en la materia específica de fortalecer la gestión ambiental, la simplificación administrativa, la certificación ambiental global y la remediación ambiental; así como la solicitud de facultades para transición energética, diversificación de la matriz y promoción de energías renovables e hidrógeno verde.

Durante el debate, el presidente de la comisión, Arturo Alegría, cuestionó que algunos diputados hayan cuestionado no haber recibido el tiempo con mayor anticipación.

“Si un informe de nueve hojas llega el viernes en la noche, porque tengo al equipo técnico trabajando todo el día, lo mínimo que deberíamos hacer nosotros como representante es leerlo”, afirmó.

A la salida de la sesión, Alegría cuestionó al bloque que votó en contra.

“¿Así querían gobernar los Juntos por el Perú? Eso no solamente me resulta irresponsable, sino que la verdad es que marca lamentablemente una línea de acción de una bancada", dijo.

LOS VOTOS

El documento recibió nueve votos a favor de las bancadas de FP (6), Renovación Popular (2) y Obras (1); en contra votaron nueve integrantes de las bancadas de Juntos por el Perú (5), Buen Gobierno (3) y Ahora Nación (1); mientras que en abstención votó Andrea Medina de Obras.

Debido al empate, el voto dirimente quedó en manos de Alegría, por lo tanto, el documento fue aprobado y será remitido a la Comisión de Constitución.

Correo revisó las contrataciones, que abarcan la Presidencia del Senado, distintas bancadas y comisiones internas.

Los sueldos de este grupo van desde 3,418.10 hasta 22,306.11 soles, mientras los períodos parlamentarios de origen se remontan hasta 2001, aunque algunos corresponden apenas al 2021-2026 (ver infografía).

Relevantes

Trascendió que Roberto Sánchez y Alejandro Cavero ya trabajaban en el Parlamento, pero el registro de personal confirma ahora sus respectivos perfiles y remuneraciones.

Sánchez, además de dirigir Juntos por el Perú (JP), ocupa un cargo de confianza dentro de la bancada que lleva el nombre de su organización política con una remuneración de 20,075.50.

Cavero, por ejemplo, ahora percibe 15,334 soles como asesor coordinador de la Presidencia del Senado. Como se recuerda, él fue congresista de Avanza País durante el periodo 2021-2026.

A la lista se suma Pasión Dávila, quien recibe 13,230 soles como asesor de la bancada de JP del Senado. Él integró el Parlamento entre 2021 y 2026.

Dávila perteneció al Bloque Magisterial durante su etapa congresal y protagonizó, en diciembre de 2022, una agresión contra su entonces colega Juan Burgos, durante una sesión del pleno.

El Parlamento aprobó posteriormente su suspensión por 120 días y el descuento de sus haberes.

Asimismo, en 2024, un exasesor de Dávila lo acusó de solicitarle parte de sus bonos, denuncia que el parlamentario negó y que motivó una investigación en la Comisión de Ética.

Durante el gobierno del golpista Pedro Castillo, Pasión Dávila fue uno de sus principales defensores y formuló declaraciones polémicas ante la prensa por la agresión contra Burgos. “Usted a mi altura no es nada”, dijo en ese entonces a un reportero.

Análisis

La politóloga Gabriela Navarro cuestionó el retorno de antiguos parlamentarios y planteó dos posibles explicaciones para estas contrataciones.

“Lo más positivo sería pensar que estos excongresistas retornan como asesores por su experiencia política. Sin embargo, es probable que en algunos casos responda a favores o negociaciones políticas”, ensayó.

La especialista advirtió sobre los efectos que estos convocados pueden generar en la renovación de las organizaciones políticas.

“La incorporación de personajes como Pasión Dávila, con conductas moralmente reprochables, contribuye a normalizar la violencia dentro de la política y las instituciones”, afirmó.

Navarro agregó que en el caso de Sánchez se refleja una “cara del oportunismo político”.

“Hoy proyecta la imagen de que su prioridad habría sido mantener un ingreso del Estado antes que consolidar y construir una organización política”, sostuvo.

En la sesión, explicó la delegación de facultades solicitada al Congreso, basada en cinco ejes: migración, geolocalización, control de armas, lucha contra la criminalidad y reforma estructural.

En ese punto, incidió en la venta de chips utilizados para extorsionar. “Con oficios y resoluciones no hacemos nada”, sostuvo al pedir una norma que incorpore a las operadoras en la lucha contra el crimen.

“No puede ser que los operadores de telefonía generen más dinero vendiendo chips sin nombre”, cuestionó.

Agregó que un extorsionador puede acudir a Las Malvinas y comprar diez chips a tres soles cada uno para realizar llamadas durante todo el mes.

Informó que el 86.9% del presupuesto policial se destina a planillas, mientras apenas el 1.1% corresponde a activos no financieros. “No podemos comprar ni chalecos”, enfatizó.

Asimismo, el ministro afirmó que hay un “puente roto” entre la Policía y el Ministerio Público.

Controversia

Pero el titular del Interior no se salvó de la polémica, al atribuir a una “percepción mediática” la alarma por los homicidios.

“No es que los homicidios hayan ensombrecido el país, por favor. Lo que pasa es que hay una percepción. Tenemos esa percepción mediática que nos ponen todos los días”, sostuvo.

Según las cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) mostradas en la sesión, hasta agosto se registraron 1,412 fallecidos.

Su afirmación fue cuestionada por el senador Víctor Cutipa (Juntos por el Perú), quien advirtió que el Gobierno no puede transmitir que “todo está bien” ni pedir a la población que se acostumbre a vivir así.

Reclamos

En el debate, el senador Walter Gago (Obras) cuestionó que el Ejecutivo pidiera más facultades si el sector no ejecuta el presupuesto de inteligencia ni garantiza la logística. “Legislar por decreto no patrulla las calles”, reprochó.

Elard Melgar (Fuerza Popular) denunció que los patrulleros y motocicletas de una comisaría de Huacho están paralizados por falta de combustible. Añadió que el comisario tuvo que organizar una “chuletada” para cubrir los gastos. “Me pareció vergonzoso”, remarcó.

Por su parte, Hugo Cahuana (Juntos por el Perú) informó que los patrulleros de Madre de Dios deben recorrer 187 kilómetros hacia la frontera con Puno para abastecerse, pues la región no cuenta con una unidad ejecutora.

Astudillo no respondió las preguntas en público, solicitó que la sesión continuara con carácter secreto y reservado.

No obstante, el monto supera por 3,556.80 soles la remuneración mensual vigente (S/35,568), que corresponde a sus días laborados en julio, tras asumir el cargo el 28 de ese mes.

Como se recuerda, el sueldo presidencial fue elevado durante el gobierno de Dina Boluarte, el 4 de julio de 2025, firmado por el entonces ministro de Economía Raúl Reyes.

César Astudillo Salcedo, ministro del Interior, señaló ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado que las deficiencias del sistema de justicia dificultan la lucha contra la inseguridad ciudadana. Durante su exposición, remarcó la necesidad de una respuesta conjunta entre las instituciones del Estado y defendió los estados de emergencia como una medida para fortalecer el control territorial y hacer frente al crimen organizado.

Astudillo señaló que la criminalidad ha evolucionado y que la extorsión y el sicariato representan actualmente las principales amenazas para la Policía Nacional. Explicó que las organizaciones delictivas han reducido prácticas como los asaltos a entidades bancarias y los secuestros para enfocarse en actividades que les generan mayores ganancias.

Asimismo, advirtió que estos grupos recurren cada vez más a herramientas tecnológicas y sistemas satelitales para desarrollar sus operaciones, mientras que la Policía enfrenta una considerable brecha tecnológica que, según reconoció, debe ser atendida.

Para reforzar la seguridad en las ciudades, el ministro propuso ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en la vigilancia de las fronteras, de modo que un mayor número de efectivos policiales pueda ser destinado a labores de seguridad ciudadana. En ese contexto, informó que, con apoyo de la cooperación internacional, se trabaja en la implementación de un sistema de vigilancia mediante drones en la zona fronteriza, principalmente en el río Putumayo.

El ministro consideró que la extensa geografía amazónica constituye uno de los principales desafíos para el Estado, por lo que planteó la necesidad de una reforma integral de la infraestructura y el fortalecimiento de las capacidades operativas en esta región.

Durante su exposición, el ministro del Interior también se refirió a la incidencia de homicidios y señaló que los registros se mantienen en niveles similares a los del año pasado. No obstante, reconoció que persiste el reto de reducir estas cifras. Ante la percepción de un aumento de la violencia, Astudillo sostuvo que existe una “percepción mediática” que no necesariamente coincide con los datos oficiales.

Asimismo, informó que actualmente el país cuenta con 1.346 comisarías.

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández, informó en entrevista con Canal N que el Poder Ejecutivo todavía no ha presentado las demandas de inconstitucionalidad que anunció contra diversas leyes aprobadas por el Congreso. Según explicó, estas normas podrían afectar negativamente las finanzas públicas y contribuir al incremento del déficit fiscal.

Pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas había anunciado la presentación de al menos cuatro demandas de inconstitucionalidad para frenar iniciativas del Congreso que implican un mayor gasto público, Pedro Hernández precisó que, hasta el momento, el Tribunal Constitucional no ha recibido ningún recurso formal relacionado con estos casos.

“Entiendo por declaraciones públicas de los señores involucrados que estaban presentando cuatro proyectos, cuatro demandas de inconstitucionalidad. Pero que yo tenga conocimiento hasta el día de hoy estas no han sido presentadas”, sostuvo.

El presidente del Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, aclaró que el organismo no puede actuar de oficio ni aplicar sus sentencias de manera retroactiva. Asimismo, señaló que la jurisprudencia vigente establece que el Ejecutivo es el único responsable de la administración de la hacienda pública. En ese sentido, atribuyó a la anterior conformación del TC la existencia de vacíos legales que habrían permitido la promulgación de este tipo de normas.

En esa línea, Hernández señaló que corresponde al Ejecutivo presentar los recursos legales respectivos dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. Una vez recibidos, el pleno del Tribunal Constitucional podrá analizar de manera independiente la constitucionalidad de cada una de las leyes cuestionadas.

“El tribunal no puede actuar de oficio ni las sentencias pueden simplemente tener una retroactividad. Lo que habrá que esperar en todo caso es que, si está todavía en el plazo legal para poder cuestionarlas, se interpongan las acciones correspondientes y el tribunal analizará cada una de estas medidas”, manifestó.

Durante su presentación ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso, el ministro del Interior, César Astudillo, planteó la necesidad de aprobar normas más estrictas para combatir la extorsión.

El titular del Mininter cuestionó la falta de control de las empresas operadoras de telefonía sobre la venta de chips, lo que, según explicó, facilita que delincuentes los adquieran de manera anónima en el mercado informal y los utilicen para amenazar a sus víctimas sin que sus identidades puedan ser determinadas ni sus comunicaciones rastreadas por la Policía.

Asimismo, César Astudillo cuestionó que la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) pueda demorar hasta cinco días en proporcionar a la Policía Nacional del Perú (PNP) las imágenes de las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos luego de registrarse un cobro extorsivo.

En cuanto al sistema de justicia, advirtió que la falta de coordinación y fiscalización entre la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE facilita que delincuentes detenidos recuperen su libertad y regresen a las calles pocos días después.

En materia migratoria, el ministro informó que cerca de dos millones de ciudadanos venezolanos residen actualmente en el país y señaló que, hasta la fecha, 1 635 extranjeros han sido expulsados. En ese sentido, indicó que el Ejecutivo coordina con Venezuela la suscripción de acuerdos que permitan realizar deportaciones masivas por vía marítima.

Por otro lado, Astudillo defendió la aplicación del Estado de Emergencia contemplado en el artículo 137 de la Constitución, al considerarlo una herramienta legal que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas y la intervención de zonas utilizadas como guaridas por organizaciones delictivas.

Además, el ministro alertó sobre el deterioro de la Aviación Policial y planteó la adquisición de dos aviones Antonov y cuatro helicópteros para fortalecer su capacidad operativa. Además, propuso reducir de 18 a 10 las escuelas de suboficiales debido a las restricciones presupuestarias.

Durante su exposición, también informó sobre presuntos casos de corrupción en Saludpol y Fovipol, así como irregularidades relacionadas con la adquisición de pistolas y chalecos antibalas.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, presentó ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado el plan de acción de las Fuerzas Armadas para enfrentar los impactos del Fenómeno El Niño. Durante su intervención, informó que se emplearán buques multipropósito para trasladar batallones desde el sur del país hacia las zonas que registren una mayor afectación.

Asimismo, precisó que su sector estará a cargo de la intervención en 22 puntos críticos, considerados de alta complejidad, para ejecutar trabajos de descolmatación en ríos y cauces.

Para ejecutar estas labores de mitigación, el Ministerio de Defensa desplegó 22 compañías de ingeniería para emergencias en distintos puntos del país: siete en Piura, siete en Lima, tres en Tumbes, dos en Lambayeque, dos en Ica y una en La Libertad.

El titular del sector destacó que la situación más crítica se encuentra en el río Piura, debido a su extensión. En esta zona se proyecta remover más de 1 millón de metros cúbicos de sedimentos. Para agilizar los trabajos, indicó que ya cuentan con financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que se aplicará el mecanismo de Obras por Impuestos, con participación del sector privado.

Sobre el requerimiento presupuestal, Rafael Belaúnde informó que el sector Defensa solicitó 575 millones de soles para atender la emergencia. Del total, 68.5 millones de soles serán destinados a los trabajos de descolmatación en los puntos críticos asignados.

Asimismo, cerca de 400 millones de soles se utilizarán para recuperar la capacidad operativa de la aviación del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), además de garantizar el abastecimiento de combustible y las horas de vuelo de los buques de la Marina de Guerra del Perú (MGP).

En materia de política exterior, el ministro destacó que las Fuerzas Armadas mantienen relaciones bilaterales con 22 países y cuentan con 28 convenios suscritos con entidades multilaterales. Asimismo, confirmó que se garantizó el financiamiento para asegurar la continuidad de la campaña científica anual a la Antártida a bordo del B.A.P. Carrasco.

Finalmente, informó que 180 efectivos peruanos se encuentran desplegados en misiones de paz de las Naciones Unidas en el Congo, África Central, Abyei, Sudán y el Líbano.

Ante la amplitud de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, el Congreso evalúa concentrar inicialmente su aprobación en los temas de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, informó Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

En diálogo con Canal N, Avendaño precisó que el pedido del Ejecutivo contempla ocho materias y 66 medidas. Debido a su amplitud, la Comisión de Constitución acordó solicitar opiniones consultivas a 13 comisiones de la Cámara de Diputados, según las competencias de cada una.

Al respecto, Avendaño consideró necesario que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Galarreta, precise cuáles son las materias que el Ejecutivo considera prioritarias.

“Los puntos más relevantes, porque repito, son ocho materias con 66 pedidos, que es bastante extensa la solicitud. Por eso es por lo que nosotros hemos cursado el pedido de informe, de opinión a diferentes comisiones en sus materias de competencia”, sostuvo.

En cuanto a la lucha contra la inseguridad ciudadana, la diputada de Juntos por el Perú cuestionó que el pedido del Ejecutivo no especifique con claridad cuáles son las normas que requieren ser modificadas.

“Si efectivamente es la inseguridad ciudadana, que nos explique, que nos diga al Parlamento cuáles son esas leyes que se requieren modificar”, indicó.

La presidenta de la Comisión de Constitución señaló que el Congreso debe conocer con precisión las medidas que el Gobierno busca implementar para combatir la criminalidad, en un contexto en el que la ciudadanía demanda resultados concretos.

Avendaño señaló que el Congreso evalúa la posibilidad de otorgar inicialmente al Ejecutivo facultades legislativas únicamente en materia de seguridad ciudadana y atención del Fenómeno El Niño. “Es probable. Estamos en este momento en debate”, aseguró.

La legisladora precisó que su bancada aún no ha adoptado una decisión definitiva y que los diputados deberán revisar y evaluar las 66 medidas planteadas por el Ejecutivo antes de fijar una posición.

El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, llegó este lunes al Palacio Legislativo para participar en la sesión de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. La mesa de trabajo es presidida por el congresista Francisco Giampetri y la reunión está enfocada en la situación de seguridad ciudadana y las acciones del sector frente a la criminalidad.

Durante la sesión, Astudillo expone un diagnóstico del Ministerio del Interior y explica las proyecciones de su gestión. Su presencia ocurre días después del secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de sus acompañantes en La Libertad, Trujillo.

¿Por qué no viajó a Trujillo?

El caso generó cuestionamientos por la ausencia del titular del Interior en Trujillo durante las primeras acciones desplegadas tras el ataque ocurrido el 30 de agosto. Astudillo explicó posteriormente que no viajó debido a una situación familiar delicada y aseguró que coordinó las operaciones desde Lima, mientras el comandante general de la PNP, Óscar Arriola se trasladaba a La Libertad.

El titular del Interior continúa explicando las medidas que viene adoptando su sector para enfrentar la inseguridad. Además tiene previsto responder un pliego de preguntas de los parlamentarios presentes sobre temas de seguridad ciudadana.

El diputado de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Arturo Alegría, cuestionó a las bancadas que rechazaron el informe de opinión sobre el pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo y calificó de “irresponsable” el argumento de algunos parlamentarios, quienes señalaron que no tuvieron tiempo para revisar el documento durante el fin de semana.

Cabe señalar que la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad aprobó el informe, que será remitido a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, instancia encargada de evaluar las 66 medidas propuestas por el Gobierno. La sesión culminó con nueve votos a favor, nueve en contra y una abstención. Ante el empate, el voto dirimente de Arturo Alegría permitió que el documento fuera aprobado.

Tras la sesión, el legislador centró sus cuestionamientos en la postura de los parlamentarios de bancadas como Ahora Nación y Juntos por el Perú, cuyos representantes votaron en contra del informe.

“Me resulta realmente increíble que quienes están en las diferentes comisiones no puedan leer un informe el fin de semana”, indicó Alegría. El legislador consideró que la situación que atraviesa el país requiere que el Parlamento actúe con mayor sentido de urgencia.

“¿Así querían gobernar los Juntos por el Perú? Así de esa manera querían buscar la solución a los problemas planteando en una comisión de que como era sábado y domingo no han podido leer un informe de nueve páginas. Eso no solamente me resulta irresponsable, sino que la verdad es que marca lamentablemente una línea de acción de una bancada", sostuvo.

Al ser consultado sobre las críticas de algunos sectores, que sostienen que el Ejecutivo estaría condicionando sus acciones a la aprobación de las facultades legislativas, Alegría rechazó dicha interpretación.

El parlamentario sostuvo que el Gobierno viene adoptando medidas dentro del marco de sus competencias actuales. Entre ellas, mencionó las acciones frente a la sobreproducción de arroz en la selva, el destrabe de procesos vinculados con la prevención ante el Fenómeno El Niño y los operativos policiales desplegados tras los hechos criminales registrados en Trujillo.

Sin embargo, Alegría señaló que el Ejecutivo necesita contar con facultades delegadas para avanzar en determinadas medidas. Detalló que estas permitirían fortalecer la protección legal de los agentes que intervienen en operativos y agilizar los mecanismos de identificación y actuación frente a personas detenidas en flagrancia.

En esa línea, cuestionó que algunas bancadas no hayan actuado con el mismo nivel de urgencia frente a la crisis de inseguridad que atraviesa el país. “Si ese sentido de urgencia no entienden las bancadas que hoy están en el Parlamento, no entiendo qué es lo que quieren”, aseguró.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente también cuestionó que las bancadas que mantienen una postura crítica frente al Ejecutivo no impulsen iniciativas legislativas orientadas, según señaló, a atender los principales problemas que enfrenta el país.

El informe aprobado por la Comisión de Medio Ambiente se suma a las opiniones solicitadas por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados como parte del análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

Alegría consideró que el documento debe ser analizado con seriedad y exhortó a los parlamentarios a revisar las propuestas antes de fijar una posición definitiva al respecto.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que el teniente general Fredy López Mendoza será el nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reemplazo de Óscar Arriola, quien comunicó que solicitará su pase al retiro.

El relevo se concretará en los próximos días y, según el Ejecutivo, responde a una transferencia institucional y al respeto de la prelación dentro de la institución policial.

“Se designará al general de la Policía Nacional Fredy López Mendoza para que reemplace en el cargo al general Arriola”, señaló el premier Luis Galarreta durante un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno. El anuncio se produjo luego de una sesión del Consejo de Ministros encabezada por la presidenta Keiko Fujimori y contó con la presencia de Óscar Arriola, Fredy López y del ministro del Interior, César Astudillo.

Más temprano, el diputado Harvey Colchado había señalado que López Mendoza podría ser una alternativa para asumir la comandancia general de la PNP en caso de la salida de Arriola. En declaraciones a RPP, destacó que, a título personal, lo consideraba un oficial “honesto, metódico y responsable”, además de resaltar su experiencia en la lucha contra la corrupción y su paso por la Policía Aérea.

Perfil de Fredy López Mendoza:

Fredy López Mendoza se desempeña desde el 1 de enero de 2026 como jefe del Estado Mayor General de la PNP, considerado el segundo cargo de mayor jerarquía dentro de la institución.

Durante su trayectoria también ocupó puestos vinculados con la investigación criminal y la lucha contra la corrupción. En 2022 estuvo al frente de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y fue presentado como titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

El oficial también participó en actividades internacionales de cooperación policial. En marzo de 2026 encabezó una delegación peruana en Guayaquil, Ecuador, para fortalecer la coordinación contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal.

En el ámbito académico, Fredy López Mendoza es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su investigación de posgrado estuvo orientada al empleo de agentes encubiertos como técnica especial para investigar y combatir el crimen organizado.

Cabe precisar que su llegada a la comandancia general se producirá en un contexto marcado por el avance de la extorsión, el sicariato y otras modalidades delictivas.

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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, llegó este lunes 7 de setiembre al Palacio Legislativo para participar en la sesión de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. A su llegada, el titular del sector evitó responder a las preguntas de la prensa y señaló que atenderá a los medios al finalizar la reunión.

La sesión corresponde a la segunda convocatoria no ordinaria de la comisión y está presidida por el congresista Francisco Giampietro, presidente de este grupo de trabajo. La reunión se desarrolla en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.

¿Qué temas se abordarán?

Belaúnde fue convocado para informar sobre el diagnóstico de su sector y las proyecciones de trabajo que contempla durante su gestión. Además, deberá abordar otros asuntos vinculados con las funciones del Ministerio de Defensa.

El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, también fue citado para esta jornada y tiene previsto presentarse ante la comisión a las 4:00 p. m. Durante su visita responderá sobre las acciones del sector frente a la inseguridad ciudadana.

En entrevista con Canal N, Baella sostuvo que el Gobierno debe adoptar medidas contra las organizaciones criminales sin depender necesariamente de la aprobación de facultades legislativas. También planteó revisar normas y reforzar el control de los establecimientos penitenciarios.

#EnVivo

José Baella, diputado de Renovación Popular, consideró que la experiencia de Fredy López ayudará a fortalecer la institución.

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— Canal N (@canalN_) September 7, 2026

¿Qué dijo sobre la renuncia de Óscar Arriola?

El parlamentario señaló que Arriola habría dejado el cargo en medio de presiones políticas, aunque destacó su trayectoria como investigador policial y lo calificó como un “excelente detective”. Además, consideró positivo que el Gobierno reconociera su trabajo tras el relevo.

“Yo creo que la salida de Óscar Arriola, en mi concepto, no va a solucionar nada. El problema que tenemos acá en el Perú es la pandemia criminal, el fenómeno que se viene desarrollando”, expresó.

Respecto a López, el legislador resaltó su experiencia como director contra la corrupción y jefe del Estado Mayor. Asimismo, consideró que su conocimiento de las distintas áreas policiales puede favorecer su gestión, aunque recomendó contar con asesoramiento especializado.

Baella también planteó como prioridad identificar y retirar a policías involucrados en actos irregulares. Según explicó, conversó con el inspector general de la PNP, general Tiravante, sobre un proyecto que permitiría separar de la institución a agentes intervenidos en flagrancia por este tipo de hechos.

Defiende permanencia de dos años

El diputado sostuvo que López debe cumplir el periodo de dos años previsto para quien asume la Comandancia General y rechazó que su designación sea entendida únicamente como un interinato. Afirmó que la continuidad resulta necesaria para dirigir y evaluar el funcionamiento de la institución.

“Un comando general tiene que asumir el cargo, tiene que ver a su alrededor, tiene que gerenciar la institución, y para eso se necesita tiempo”, señaló.

Sin embargo, el Congreso Bicameral que inició su período el 28 de julio de este año, se ha enfocado en proponer proyectos de ley enfocados vinculados a lucha contra la criminalidad, educación, economía, en el sistema electoral, entre otros.

De acuerdo con información revisada por Correo, desde que se instaló la Cámara de Diputados, el bloque de oposición suma el 58% de las iniciativas planteadas.

El bloque de oposición está integrado por Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras.

CIFRAS

La Cámara de Diputados suma 132 proyectos de ley distribuidos de la siguiente manera: Renovación Popular (43), Juntos por el Perú (38), Ahora Nación (33), Fuerza Popular (12), Obras (3) y el Buen Gobierno (3).

Es decir, la derecha acumula 55 proyectos que representa el 42% de las iniciativas, mientras que el bloque de oposición suma 77 proyectos, es decir, el 58%.

El bloque de oposición ha centrado la mayor parte de sus proyectos en temas vinculados al sector justicia, electoral y a la derogatoria de las denominadas leyes procrimen (ver infografía).

Sobre este último aspecto, JP impulsó 11 iniciativas y Ahora Nación un total de cuatro.

En la materia de justicia, Harvey Colchado de Ahora Nación propuso modificar el numeral 6 del artículo 230 del Código Procesal Penal para ampliar el plazo de intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas y de otras formas de comunicación hasta por 60 días y permitir prórrogas sucesivas cuando se trate de investigaciones por crimen organizado.

El diputado Héctor Guillén Valencia (JP) presentó un proyecto legislativo para derogar la Ley 32419 que concedió la amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

Heber López de Obras presentó un proyecto para modificar las reglas y los plazos para la detención preliminar.

Así, el juez dictará mandato de detención preliminar aunque no se encuentre a la persona en un delito de flagrancia, pero existan elementos de convicción o el inicio de la comisión de un delito sancionado con una pena superior a cuatro años; si el sorprendido en flagrante delito evita su detención o si se fuga del centro de detencion.

Además, plantea que la detención preliminar dure 72 horas, pero si existen circunstancias complejas, puede durar hasta siete días. Sin embargo, si hay delitos como secuestro, sicariato, extorsión, robo agravado, espionaje, terrorismo, entre otros, la detención dura un plazo máximo de 15 días.

Mientras que Gloria Hirache del Buen Gobierno presentó un proyecto modificar el artículo 34 del Decreto Legislativo 635, Código Penal, con la finalidad de ampliar los lugares donde un condenado pueda ejecutar la pena de prestación de servicios a la comunidad.

RANKING

Del total de diputados que han presentado proyectos de ley, hay dos que lideran en número.

Se trata de Ernesto Zunini de JP y Leo De Paz de Renovación Popular (RP).

El primero suma nueve proyectos y el segundo ocho.

Zunini presentó ocho proyectos de ley para derogar las denominadas leyes procrimen y un proyecto para derogar la Ley 31399, ley que regula el derecho de referéndum cuando se trata de reformas constitucionales.

Mientras que De Paz presentó proyectos vinculados al sector justicia (4), constitución (1), educación (1), modernización del Estado (1) y la creación de un día.

En la lista también están Norma Yarrow de RP con siete proyectos; de Ahora Nación están César Holguin (7), Marleny Arminto (7) y Ángel Meneses (5).

Le siguen Carlos Yalta de RP con cinco proyectos y Catherine Palomino de JP con cinco.

OBSERVACIÓN

Para el politólogo Fernando Tincopa, la izquierda tendrá más problemas para generar puntos de consenso que le permitan tener proyectos viables.

Por ejemplo, JP y Ahora Nación coinciden en la derogatoria de las denominadas leyes procrimen. Sin embargo, eso no alcanzaría para cuando dichas iniciativas lleguen al Senado.

“Veo el trabajo de la oposición mucho más exigente cuando se habla de consensos que le permitan incluir fuerzas que no están alineadas. La oposición está pensando en revertir iniciativas del periodo anterior, el oficialismo hace mayor énfasis en justicia y modernización del Estado, mientras que Obras y Buen Gobierno tienen un rol más de expectante”, indicó.

En diálogo con Correo, el investigador del Centro Wiñaq señaló que el gran cambio del actual Congreso con el anterior es la reducción de proyectos de orden declarativo.

“La correlación de fuerzas de hoy permite que los congresistas plantean proyectos pensando en que deben ser lo suficientemente abiertos para tener el respaldo de otras bancadas, esto es si quieren viabilizar sus iniciativas”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que un diputado puede “jugar” a contentar a sus bases con proyectos ideológicos como sucedió en el pasado con, por ejemplo, los proyectos de “nacionalización”. Sin embargo, por ahora se han presentado iniciativas con premisas que permitan que otras fuerzas políticas puedan participar.

Desde su punto de vista, los proyectos que tendrán dificultad en pasar son aquellos que tienen un componente más ideológico que técnico.

CANTIDAD

El analista político César Campos consideró que, sin duda alguna, el sistema bicameral ayuda a visualizar y a procesar mejor las iniciativas. Sin embargo, señaló que “no se trata de que el Congreso sea una fábrica de leyes”.

En ese sentido, indicó que los congresistas tienen tres funciones: legislar, fiscalizar y representar. Aunque en la mayoría de los casos se enfocan en legislar.

“El Perú tiene un exceso de leyes. No se puede impedir que presenten iniciativas legislativas, pero muchas veces descuidan la fiscalización y la representación”, dijo.

Campos recordó que durante el segundo gobierno de Alan García se creó una Comisión Especial Multipartidaria Encargada del Ordenamiento Legislativo del Congreso, para identificar normas obsoletas, duplicadas y que habían perdido vigencia.

“Deberíamos retomar esa comisión. En el Perú no todo se resuelve en base a leyes”, dijo.

La decisión revive el requisito original: los partidos deben participar con listas en el 50% de regiones y en el 20% de provincias para conservar su inscripción.

El Congreso aprobó en junio una reducción de esa valla al 30%, pero el pleno del JNE consideró que la norma llegó después de convocado el proceso electoral.

La pérdida de inscripción también implica la suspensión del financiamiento público directo que hoy reciben estos partidos.

Desglose

La medida golpea de manera distinta a las seis bancadas del Congreso bicameral, según datos de la firma Análisis Público.

El Partido Cívico Obras se iría del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), pues solo inscribió listas en 12 regiones y 39 provincias, por debajo de ambos mínimos.

El Partido del Buen Gobierno (PBG) y Fuerza Popular (FP) quedan pendientes de la interpretación del JNE, pues cada uno completa el requisito de la valla regional, pero no la provincial.

Ahora Nación (AN), Juntos por el Perú (JP) y Renovación Popular (RP) mantendrían su inscripción.

Análisis

El especialista en derecho electoral Jarek Tello explicó a Correo que la norma exige el incumplimiento conjunto de los dos componentes.

“La interpretación primero tiene que ser literal y lógica. Si la norma dice: ‘Y’, condiciona a que se cumplan las dos causales para que recién opere la sanción”, afirmó.

Tello recordó un precedente ocurrido en las elecciones generales de 2021, cuando ejerció como abogado del Partido Morado frente a un caso similar de cancelación de inscripción.

“A la luz de las normas vigentes, no veo ahora nada que me permita hacer una interpretación distinta a la ya establecida. La duda no es para cancelar, la duda es para mantener derechos fundamentales”, arguyó.

Por su parte, el abogado José Villalobos agregó que la definición sobre la inscripción de las agrupaciones políticas no será inmediata. “La inscripción recién la pierden en enero del 2027”, recordó.

Además, negó que la decisión del JNE genere un vacío legal. “No hay ningún riesgo, porque es la máxima instancia en materia electoral”, concluyó.

Belaúnde acudirá a las 2:00 p.m. y deberá explicar la situación de su cartera. Su presentación está enmarcada en cuestionamientos por la omisión de declarar a su padre como uno de los directores de la empresa Paltarumi y por sus vínculos con la directora de la minera Poderosa.

A las 4:00 p.m. será el turno de Astudillo de exponer ante el grupo parlamentario. Su intervención está circunscrita a la masacre de Trujillo, donde cuatro personas fueron asesinadas durante el secuestro de un empresario minero.

El documento oficial cita a Galarreta para las 3:00 p.m., en la Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo.

La convocatoria busca que Galarreta informe y sustente el proyecto de ley que solicita delegar al Gobierno facultades legislativas durante 120 días calendario.

La iniciativa comprende 66 puntos, la mayoría de ellos centrado en seguridad.

En su reemplazo asumirá el teniente general Fredy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor de la PNP.

“En los próximos días me relevaré en el cargo con el teniente general López Mendoza”, adelantó en una conferencia de prensa junto el jefe del Gabinete, Luis Galarreta, y el ministro del Interior, César Astudillo.

Arriola explicó que su decisión responde a su compromiso con la institucionalidad y la gobernabilidad del país.

Asimismo, defendió las medidas adoptadas durante su gestión y aseguró que no lamenta ninguna de ellas.

“Me voy con la conciencia absolutamente limpia, la frente muy en alto”, manifestó, tras agradecer el respaldo recibido en los últimos gobiernos.

Además, dirigió un mensaje a los miembros de la institución y les pidió no desfallecer en la lucha contra el crimen.

“Nunca nos venció ni el terrorismo ni ninguna de las modalidades de criminalidad organizada. Esta vez no va a ser la excepción”, enfatizó.

Saludo

Por su parte, Galarreta calificó la salida como el gesto de “un peruano comprometido con su país” y destacó que se respetará la línea de sucesión institucional.

El relevo se produce luego de que legisladores de distintas bancadas exigieran la remoción de Arriola ante la falta de resultados contra la delincuencia.

Sin embargo, el Gobierno había admitido que no podía removerlo debido a una norma que fijó en dos años el periodo del comandante general de la PNP y estableció causales específicas para su cese anticipado. Ante esta situación, se presentaron al menos tres proyectos para modificar tal disposición.

Uno de los casos corresponde a Lucía Yalán Cano, quien se reunió con Gutiérrez el 12 de junio de 2024 durante más de dos horas. Semanas después obtuvo su Registro Nacional de Proveedores y recibió cinco órdenes de servicio consecutivas, para posteriormente ingresar al régimen CAS como asistente administrativa.

Yalán no había prestado servicios anteriormente para el Estado, según la información consignada en la investigación. Al ser consultada sobre su incorporación a la institución, intentó desvincular su contratación de la reunión que sostuvo en el despacho del defensor.

Un caso similar corresponde a Nicole Mingos Medrano, quien acudió al despacho de Gutiérrez en dos oportunidades durante el 30 de julio de 2024. Tres días después gestionó su RNP y posteriormente recibió cuatro órdenes de servicio antes de pasar también al régimen CAS

Los informes de la Contraloría también alcanzaron la designación de Betbiary Díaz Coral como jefa del Programa del Derecho a la Salud en julio de 2024. Para este puesto se exigían cuatro años de experiencia específica, requisito que, según el órgano de control, no habría sido acreditado de acuerdo con las condiciones establecidas.

La revisión detectó que documentos que acreditaban únicamente siete días de trabajo fueron considerados para consignar tres años y dos meses de experiencia. Díaz dejó la jefatura en enero de 2025 luego de las observaciones, pero posteriormente fue designada como asesora I y más adelante pasó a ocupar el cargo de adjunta.

Otro de los casos examinados involucra a Margarita Yahuana Correa, quien había trabajado como colaboradora parlamentaria vinculada al entorno de Gutiérrez. Mientras ocupaba una plaza bajo el régimen CAS, participó en un concurso interno para acceder a un puesto bajo el régimen laboral 728.

La Contraloría señaló que Yahuana intervino en la recopilación y consolidación de información administrativa correspondiente al proceso en el que ella misma era postulante. Según los documentos revisados, esta situación afectó las condiciones de transparencia que debían regir el concurso.

Tras resultar ganadora, Yahuana pasó de percibir aproximadamente 7 mil soles a recibir el doble de esa remuneración. Posteriormente fue promovida a la Dirección General de Administración de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Los casos forman parte de una revisión que comprende diferentes modalidades de incorporación y permanencia dentro de la Defensoría del Pueblo. Las observaciones incluyen órdenes de servicio, contrataciones bajo el régimen CAS, designaciones en puestos de confianza y concursos para acceder a plazas permanentes.

El general Óscar Arriola señaló que su renuncia al cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) responde a una “decisión personal que pasa por la mirada de la institucionalidad y la gobernabilidad”.

Tras su salida, afirmó en Punto Final que se encuentra “con mi consciencia tranquila, de haberme esforzado y rogando para que esto mejore (…) y sin guardar absolutamente nada negativo”.

Ante la ola de criminalidad que afecta actualmente al país, sostuvo que en la PNP han “salido airosos” y recordó que la institución ha logrado afrontar “crisis como estas” en anteriores ocasiones. “He vivido el terrorismo en primera línea”, agregó.

Además, Arriola dijo que las cinco personas capturadas en Trujillo participaron de “manera directa” en el secuestro de un empresario minero y en el cuádruple asesinato de sus acompañantes, reafirmó Arriola. Según precisó, los detenidos “han estado en el espacio donde se produjeron los hechos”.

Tras la detención de estas personas, también se encontraron comunicaciones entre Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Pulpo’, y quienes ejecutaron el delito, comentó Arriola. “Hay muchos elementos de convicción que el Ministerio Público viene manejando”, manifestó.

El actual jefe del Estado Mayor de la PNP, Freddy López Mendoza, quien asumirá como próximo comandante general de la Policía, aseguró que la institución logrará brindar tranquilidad a la población “en algún momento”.

Por otro lado, López Mendoza consideró que no se puede “hablar de apresuramientos” en las detenciones relacionadas con el secuestro en Trujillo. Afirmó que, bajo su perspectiva, los procedimientos ejecutados por la Policía durante este caso han sido “los más acertados”.

“Cuando un hecho de esta magnitud ocurre las cosas que hace la policía deben ser celeres, rápidas”, aseguró.

Galarreta señaló que el Ejecutivo trabaja en distintas medidas frente a la situación de inseguridad y adelantó que estas serán presentadas progresivamente. El premier pidió a la ciudadanía mantener la confianza en las acciones que desarrolla el Gobierno para enfrentar la criminalidad.

El jefe del Gabinete sostuvo que la estrategia no debe limitarse a combatir los delitos, sino también a fortalecer a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. En ese sentido, señaló que la criminalidad también busca debilitar la confianza de la población en el Estado de derecho.

“Y le decimos a la ciudadanía que tengan la confianza porque estamos trabajando acciones, vamos a trabajar diferentes estrategias para poder acabar con esta lacra y sobre todo en los meses que quedan vamos a presentar varias acciones en las próximas semanas para que la ciudadanía pueda ver cómo continuamos con esta lucha contra la criminalidad”, indicó.

Agradece labor de Óscar Arriola

Galarreta expresó su agradecimiento hacia Arrola por el tiempo dedicado a la institución y calificó su decisión como un gesto de compromiso con el país. El premier también destacó su trayectoria dentro de la Policía y extendió su reconocimiento a la familia del oficial por el tiempo que, según señaló, le permitió dedicar a sus funciones dentro de la institución.

“Es una persona que ama al país y ama su institución. A través suyo, señor Arriola, a su madre, a su esposa y a sus dos hijos. Agradezcales por habernos prestado un tiempo a su familiar, como a todas las familias de la Policía del Perú”, agregó.

¿Quién asumirá el máximo cargo en la PNP?

Tras la renuncia de Arriola, Galarreta informó que el general PNP Fredy López Mendoza será designado para ocupar el cargo que dejará el actual director general. López se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional.

“Se designará al General de la Policía Nacional Fredy López Mendoza para que reemplace el cargo correspondiente al General Arriola. Esta designación también ha tenido una transferencia, repito, institucional. La criminalidad nos quiere desafiar como sociedad y como Estado y no lo podemos permitir”, informó desde Palacio de Gobierno.

El premier explicó que la decisión forma parte de una evaluación institucional y que el Ejecutivo considera necesario respetar la prelación dentro de la institución policial.

Galarreta sostuvo que la Policía necesita respaldo para cumplir su función constitucional y mencionó la incorporación de herramientas tecnológicas y mayores recursos como parte de ese objetivo. Además, afirmó que la finalidad es reforzar la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones dedicadas a actividades delictivas.

Si bien el Mininter archivó el reclamo, esta continuó de manera independiente ante la Contraloría, entidad que terminó admitiéndola. Pese a ello, Bazán López permanece en su cargo mientras las diligencias avanzan bajo reserva.

De acuerdo a una carta oficial firmada por la subgerente de Control del Sector Seguridad Interna y Externa, Juana Llacsahuanga, la denuncia presentada por el ciudadano Guillermo Haro Echegaray cumplió los requisitos formales, por lo que fue trasladado al Órgano de Control Institucional del Mininter, según Infobae.

Paralelamente, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del ministerio inició una investigación preliminar contra Bazán, por su presunta participación en el ingreso de Santiváñez por un acceso reservado para el ministro y los viceministros, sin reportarse en el registro oficial de visitas.

A esta acusación, se pide revisar las cámaras de seguridad, registros de visitas, correos institucionales y otros documentos.

SANTIVÁÑEZ ADMITIÓ INGRESO

Por su parte, el propio Santiváñez reconoció que continúa yendo al ministerio que dirigió entre mayo de 2024 y marzo de 2025. En diálogo con Exitosa, sostuvo que es un visitante frecuente de la sede incluso desde antes de asumir el cargo, y explicó que su cercanía responde a que es hijo de un policía.

“Yo siempre soy un visitante asiduo al Ministerio, incluso antes de que fuera ministro. A veces voy a los clubes de la Policía; soy hijo de un policía, no soy ajeno a la vida policial. Voy a los cuarteles, al sauna, por ejemplo, aunque no pertenece a la Policía, pero fue levantado por aporte de los policías, en los cuales estuvo el aporte de mi padre”, explicó.

Sobre este presunto ingreso irregular, Santiváñez relató que acudió al Banco de la Nación ubicado en el sótano del edificio y que, estando ahí, decidió subir a saludar a Óscar Arriola, pero no lo encontró y se retiró.

“Ese día, lo que sucedió, estando en ropa deportiva, fue que fui al Banco de la Nación que está en el sótano del Ministerio. Estando ahí, decidí que voy a saludar a Óscar Arriola; no lo encontré y me retiré”, apuntó.

“En los próximos días me relevaré en el cargo de comandante general de la PNP. “Solamente tengo palabras de agradecimiento, primero y siempre con Dios, con la santa madre y el Espíritu Santo, que siempre me han inspirado para tomar todas las decisiones en mi vida, de las cuales no me arrepiento de ninguna”, sostuvo.

El alto mando policial reconoció que su gestión podría generar comentarios diversos, pero remarcó que su actuación estuvo siempre guiada por el compromiso institucional.

Además, se dirigió a los efectivos policiales y recalcó que lo importante es seguir adelante, a pesar de las diferentes modalidades criminales presentes. “No pueden vencernos; nunca nos venció ni el terrorismo ni ninguna de las modalidades de criminalidad organizada. Esta vez no va a ser la excepción”.

“Me voy con la conciencia absolutamente limpia y con la frente muy en alto”, apuntó Arriola, quien bajo su gestión tuvo un periodo marcado por la falta de eficacia en la lucha contra la criminalidad organizada y la inseguridad en el país.

Por otro lado, Arriola dedicó buena parte de su mensaje a agradecer a las autoridades que respaldaron su gestión. Mencionó a la expresidenta Dina Boluarte, quien lo puso al mando de la entidad policial; a José Jerí por mantenerlo en el cargo; a José María Balcázar por la oportunidad continua; y a la actual jefa de Estado, Keiko Fujimori, por la confianza.

En su reemplazo, el general PNP Fredy López Mendoza estará al mando. La designación fue anunciada por el premier Luis Galarreta.

La propuesta busca incorporar los artículos 129-R y 129-S al capítulo de delitos contra la dignidad humana. El primero aborda la entrega o transferencia de menores a cambio de dinero u otros beneficios, mientras que el segundo sanciona mecanismos ilegales utilizados para concretar adopciones.

Venta de niños

Para la venta de niños, el proyecto plantea penas de 12 a 20 años de prisión. Si existen agravantes, como la participación de funcionarios, falsificación de documentos, organizaciones criminales o víctimas menores de 14 años, la sanción subiría de 15 a 25 años.

La propuesta establece una excepción para las madres que sean víctimas de trata de personas, siempre que no participen voluntariamente en la venta. Si intervienen en el hecho, enfrentarían una pena no menor de 25 años.

El texto contempla cadena perpetua cuando la conducta provoque la muerte o lesiones graves de la víctima y el responsable haya podido prever ese resultado. La iniciativa señala al respecto lo siguiente.

Adopción irregular

La iniciativa propone sancionar con 5 a 10 años a quienes induzcan, faciliten u obtengan indebidamente el consentimiento de padres o responsables para una adopción irregular. También incluye conductas como amenazas, aprovechamiento de vulnerabilidad, fraude, falsificación documental y ofrecimiento de dinero.

Con agravantes, la pena aumentaría de 6 a 12 años, mientras que si el hecho causa la muerte o lesiones graves y el resultado podía ser previsto, la sanción sería de 12 a 15 años. El proyecto establece esta última disposición en los siguientes términos.

Para las víctimas extranjeras, se plantea una residencia temporal de al menos seis meses y restricciones a la repatriación cuando exista un riesgo grave para su integridad física o psíquica. La propuesta también señala que no deberá disponerse su retorno si las circunstancias del delito en su país de origen representan dicho peligro.

El proyecto plantea además un protocolo entre el Ministerio Público, la Policía, el MIMP, Reniec y Migraciones, con participación de la Dirección General de Adopciones. El mecanismo contempla verificar documentos relacionados con el registro de nacimientos, los procesos adoptivos y la salida de menores del país.

La propuesta aún debe seguir el procedimiento legislativo antes de convertirse en una modificación vigente del Código Penal. Su aprobación dependerá de la evaluación y votación correspondiente en el Congreso.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados citó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, para que explique ante el Congreso los alcances del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

La sesión está prevista para este miércoles 9 de septiembre, a las 3:00 p.m., en la Sala de Sesiones Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo.

Galarreta deberá explicar alcance de 66 materias

La presidenta de la comisión, Giannina Avendaño Vilca, informó que el jefe del Gabinete Ministerial deberá desarrollar con mayor detalle las materias comprendidas en la solicitud del Gobierno.

El grupo parlamentario espera conocer, especialmente, las razones que sustentan la urgencia planteada por el Ejecutivo para recibir autorización temporal del Congreso para legislar.

El pedido está contenido en la Proposición Legislativa N.° 00098-2026-2031-CD y comprende 66 materias, según la información difundida sobre la convocatoria.

Comisión permanece en sesión permanente

La Comisión de Constitución se declaró previamente en sesión permanente para acelerar la evaluación de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo.

La decisión fue aprobada el 31 de agosto con 18 votos a favor y dos en contra. La medida permite convocar las sesiones que sean necesarias y recibir a representantes del Ejecutivo relacionados con los asuntos comprendidos en la solicitud.

El planteamiento para mantener al grupo parlamentario en sesión permanente fue presentado por el diputado Frank Krklec Torres, de Renovación Popular, y respaldado por Cecilia Chacón de Vettori, de Fuerza Popular.

Avendaño pide evaluación con participación ciudadana

Avendaño señaló que la delegación de facultades constituye un mecanismo excepcional mediante el cual el Congreso autoriza temporalmente al Ejecutivo a legislar sobre materias expresamente delimitadas.

“La atribución constitucional del Congreso es legislar, representar a la ciudadanía y ejercer el control político sobre la actuación del Ejecutivo, para garantizar el equilibrio de poderes”, señaló la comisión en un comunicado.

El grupo parlamentario indicó que busca revisar el pedido con participación de especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

Según la comisión, se vienen desarrollando diálogos con expertos en asuntos ambientales, energéticos y laborales, así como con sindicatos, instituciones y organizaciones indígenas.

Comisión es presidida por Giannina Avendaño

Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú, preside la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores para el periodo anual de sesiones 2026-2027.

La mesa directiva está integrada también por Fernando García Huby, del Partido del Buen Gobierno, como vicepresidente, y Heber López Letona, de Partido Obras, como secretario.

La comisión está conformada por 20 diputados y tiene entre sus responsabilidades el análisis de reformas constitucionales, normas reglamentarias y asuntos vinculados con las relaciones exteriores.

El excongresista de Fuerza Popular Carlos Tubino Arias-Schreiber negó haber recibido algún favorecimiento político tras ser nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Argentina.

En declaraciones a RPP, Tubino sostuvo que cuenta con experiencia suficiente para asumir la representación diplomática y aseguró que no participó en la decisión adoptada por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Tubino: “No hay ningún tipo de favorecimiento”

“No hay ningún tipo de favorecimiento, sino buscar lo mejor para el país”, afirmó el exlegislador.

Tubino recordó que fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, integró ese grupo parlamentario durante ocho años y se desempeñó como agregado naval en Argentina durante dos años.

También ejerció funciones como agregado naval en Israel, según información difundida por la Agencia Andina.

El nuevo embajador sostuvo que esa trayectoria le permite asumir el cargo con conocimiento de los asuntos diplomáticos.

Niega haber influido en su nombramiento

Tubino aseguró que no intervino en la decisión del Ejecutivo y agradeció a la presidenta Keiko Fujimori por la confianza otorgada.

“No he tenido ninguna participación en esta decisión que ha tomado el Gobierno”, señaló.

Añadió que asumirá el encargo con el objetivo de fortalecer las relaciones entre Perú y Argentina y colaborar con las prioridades de política exterior establecidas por el Ejecutivo.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 144-2026-RE, con fecha del 4 de septiembre y publicada al día siguiente en el diario oficial El Peruano. La norma lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del canciller Carlos Espá.

No tiene instrucciones sobre el tema de las Malvinas

Consultado sobre la disputa entre Argentina y Reino Unido por las islas Malvinas, Tubino indicó que todavía no ha recibido instrucciones específicas de la Cancillería peruana.

Calificó el tema como “delicado” y señaló que deberá ser abordado de manera coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tubino afirmó que su prioridad será fortalecer el vínculo bilateral entre Perú y Argentina, dos países que, según destacó, mantienen una relación histórica estrecha.

Gonzáles Posada cuestiona criterio de los nombramientos

El excanciller Luis Gonzáles Posada sostuvo que las recientes designaciones de embajadores políticos no son irregulares porque la legislación permite al Ejecutivo nombrar representantes que no pertenecen al Servicio Diplomático.

Sin embargo, consideró que algunos nombramientos podrían responder a “simpatías” o vinculaciones políticas del Gobierno.

Gonzáles Posada señaló que corresponde a la Cancillería evaluar si las personas designadas cuentan con la preparación, experiencia profesional y condiciones necesarias para ejercer funciones diplomáticas.

Gobierno realizó nuevas designaciones diplomáticas

El nombramiento de Tubino forma parte de una serie de cambios en las representaciones diplomáticas del Perú dispuestos por el Ejecutivo en los últimos días.

La Resolución Suprema N.º 144-2026-RE establece que Tubino asumirá como embajador extraordinario y plenipotenciario en Argentina, aunque la fecha efectiva de inicio de funciones todavía deberá ser determinada por una resolución ministerial posterior.

Tubino fue congresista de Fuerza Popular entre 2011 y 2019 y es vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú.

De los designados, Carlos Amézaga Rodríguez, hoy embajador en Tailandia, y Carlos Pareja, actual representante permanente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pertenecen al Servicio Diplomático de la República.

Pareja se desempeñó entre abril y julio último como canciller del gobierno de José María Balcázar.

En la lista de embajadores políticos figura Jennifer Contreras, ministra de Desarrollo Agrario en la gestión de Dina Boluarte. Ella será la representante permanente en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en Roma (Italia).

Carlos Tubino, excongresista de Fuerza Popular (2011-2019), fue nombrado embajador en Argentina, en reemplazo del diplomático de carrera Carlos Chocano Burga.

Aurelio Pastor, quien hasta hace dos días fue abogado del diputado fujimorista Pier Figari, representará a Perú en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pastor fue congresista del APRA (2001-2006 y 2006-2011) y exministro de Justicia de Alan García. También estuvo preso por tráfico de influencias y luego fue absuelto.

El médico José Recoba Martínez, quien integró el equipo técnico de Fuerza Popular en las últimas elecciones generales, representará al país ante los organismos internacionales en Ginebra, mientras Carlos Díaz Villanueva lo hará en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El Ministerio de Defensa (Mindef) envió este domingo 6 de septiembre tres equipos tecnológicos al establecimiento penitenciario Trujillo Varones, conocido como penal El Milagro, en La Libertad, con el objetivo de reforzar los controles de seguridad en sus accesos y perímetro.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, supervisó el traslado desde el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, como parte de las acciones adoptadas tras la declaratoria de estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad del país.

Tres equipos reforzarán seguridad en El Milagro

Belaúnde informó que el equipamiento destinado al penal de Trujillo está compuesto por un equipo de ondas perimétricas, un detector de metales y un sistema de inspección de rayos X.

Según explicó, el objetivo es reforzar los controles para impedir el ingreso de celulares, chips y otros objetos prohibidos que puedan ser utilizados por internos para mantener comunicaciones con el exterior.

“Que no entren celulares, que no entren chips, que no entre nada que no debe estar dentro de un penal”, declaró el titular de Defensa a la prensa.

Belaúnde añadió que también se busca controlar las antenas y repetidoras instaladas en las inmediaciones de los establecimientos penitenciarios que puedan facilitar comunicaciones móviles desde el interior de las cárceles.

Anuncian contingente militar en exteriores del penal

El ministro anunció además el despliegue de un “importante contingente militar” en los exteriores de El Milagro para reforzar la seguridad durante la vigencia del estado de emergencia.

El dispositivo se enmarca en el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, que establece una intervención en los cinco penales declarados en emergencia y en sus perímetros exteriores hasta un radio de 200 metros.

En esas zonas, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Revisarán equipos que actualmente no funcionan

Belaúnde indicó que los nuevos dispositivos serán incorporados a los sistemas que ya existen en el penal El Milagro, pero advirtió que parte del equipamiento disponible actualmente no se encuentra operativo.

Señaló que el sector Defensa viene coordinando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con la nueva jefatura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para garantizar que los equipos existentes en los establecimientos penitenciarios funcionen adecuadamente.

La estrategia busca reforzar tanto el control físico de los accesos como la vigilancia del perímetro y de las comunicaciones que puedan producirse desde las cárceles.

General de la XXXII Brigada supervisará operación

El ministro Rafael Belaúnde también anunció su traslado a La Libertad junto al general EP Lizandro Mao Córdova Román, comandante general de la XXXII Brigada de Infantería, con sede en Trujillo.

Córdova estará encargado de supervisar la operación militar que se desarrollará en el perímetro exterior del penal El Milagro.

La participación de las Fuerzas Armadas forma parte de las disposiciones adoptadas por el Ejecutivo para reforzar la seguridad penitenciaria y reducir las posibilidades de que organizaciones criminales mantengan comunicaciones desde los centros de reclusión.

Cinco penales están en estado de emergencia

El Ejecutivo declaró por 60 días calendario el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad.

La medida comprende los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.

El Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM también dispone acciones de seguridad sobre el perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de estos establecimientos penitenciarios.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, negó este domingo 6 de septiembre haber participado en algún interrogatorio o diligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) a detenidos investigados por el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo, región La Libertad.

Desde el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, el titular del Ministerio de Defensa sostuvo que su intervención se limitó a conocer la condición física y el estado de salud de cuatro detenidos vinculados a la investigación.

Belaúnde: “No he tenido ninguna participación en un interrogatorio”

“No he tenido ninguna participación en un interrogatorio o mucho menos”, declaró Belaúnde ante la prensa.

El ministro explicó que se interesó por la situación de los detenidos debido a su condición de titular del sector Defensa y a las labores de coordinación que mantiene con la Policía Nacional en el marco del estado de emergencia vigente en Trujillo.

Según Belaúnde, su presencia no tuvo como finalidad intervenir en las diligencias policiales ni realizar preguntas relacionadas con la investigación criminal.

“Mi motivación era ver la condición de salud, el estado físico de los detenidos, nada más que eso”, afirmó.

Ministro cita pronunciamientos del Ministerio Público

Belaúnde sostuvo que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, habían señalado que acercarse para verificar la situación física de los detenidos no constituye, por sí mismo, una actuación ilegal.

El titular del Mindef reconoció, sin embargo, que su actuación podría ser considerada “poco atinada” o “poco conveniente”, pero rechazó que haya significado una intromisión en las investigaciones.

La Fiscalía y la Policía mantienen abiertas las pesquisas para establecer responsabilidades en el secuestro de Lara Tantaquilla y en el asesinato de las cuatro personas que lo acompañaban cuando fue interceptado.

PNP continúa investigación por secuestro y cuádruple asesinato

El empresario Jenss Marty Lara Tantaquilla fue secuestrado la madrugada del 30 de agosto en la intersección de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel Bobadilla, en Trujillo.

Durante el ataque fueron asesinados cuatro de sus acompañantes. Los agresores, según las primeras investigaciones, habrían utilizado vestimenta similar a uniformes policiales para interceptar el vehículo en el que se movilizaban las víctimas.

Lara Tantaquilla fue posteriormente liberado durante un operativo de la Policía Nacional. Inicialmente, la PNP informó de la captura de cinco presuntos implicados en el secuestro y los homicidios.

Las investigaciones continuaron durante los días siguientes y permitieron nuevas detenciones, intervenciones de inmuebles e incautaciones de armas y vehículos presuntamente relacionados con el caso.

Belaúnde destaca operativo de la Policía

El ministro de Defensa calificó como “acertado” el trabajo desarrollado por la Policía Nacional para ubicar el inmueble donde habría permanecido retenido Lara Tantaquilla.

Belaúnde afirmó que espera que el avance de las diligencias permita corroborar progresivamente la hipótesis policial sobre el secuestro y los asesinatos.

La investigación está siendo desarrollada conjuntamente por unidades especializadas de la PNP y fiscales especializados contra la criminalidad organizada.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, anunció nuevas medidas para restablecer el orden en los cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad declarados en estado de emergencia por el Ejecutivo.

Entre las acciones planteadas figuran el fortalecimiento de las labores de inteligencia dentro de las cárceles, una nueva distribución de los internos de acuerdo con los delitos cometidos y su nivel de peligrosidad, así como la aplicación de regímenes y beneficios diferenciados según su comportamiento.

Inteligencia será prioridad dentro de los penales

Álvarez sostuvo que la estrategia no estará centrada únicamente en requisas y operativos dentro de los establecimientos penitenciarios, sino principalmente en conocer cómo operan las organizaciones y qué ocurre al interior de cada prisión.

“Lo fundamental no va a ser exclusivamente las intervenciones, como requisas, que tradicionalmente se han efectuado para dar imagen de eficiencia. Lo fundamental en este momento es la labor de inteligencia en el interior de los penales”, declaró a TVPerú.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) afirmó que será necesario identificar tanto las actividades ilícitas dentro de las cárceles como la actuación de los funcionarios penitenciarios.

Según explicó, la política contempla integrar la inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con información de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.

Gobierno busca evitar que cárceles sean “universidades del delito”

Álvarez señaló que uno de los objetivos es impedir que los establecimientos penitenciarios se conviertan en espacios donde internos de distinta peligrosidad convivan sin una adecuada clasificación.

Como ejemplo mencionó el penal de Trujillo, conocido como El Milagro, donde cuestionó que personas procesadas o sentenciadas por delitos graves y vinculadas a bandas criminales compartan espacios con internos que no han cometido delitos de sangre.

“Vamos a tratar de establecer, primero, la distribución correcta de los internos”, indicó.

El ministro sostuvo que los reos considerados de mayor peligrosidad deberán ser trasladados progresivamente a establecimientos que cuenten con las condiciones de seguridad necesarias.

Beneficios penitenciarios dependerán también de la conducta

Otra de las medidas anunciadas será establecer tratamientos diferenciados para los internos considerando el delito cometido, su peligrosidad y su conducta dentro del penal.

Álvarez afirmó que también se evaluará la vinculación de los reclusos con organizaciones criminales que continúen operando fuera de las cárceles.

Según explicó, un interno perteneciente a una banda podría perder temporalmente determinados beneficios si la organización criminal continúa cometiendo delitos, de acuerdo con las reglas y evaluaciones que implemente el sistema penitenciario.

El ministro recordó que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada por su despacho, los beneficios penitenciarios tienen naturaleza de beneficios sujetos al cumplimiento de requisitos y no constituyen automáticamente un derecho concedido a todos los internos.

Álvarez: “Sin orden no hay rehabilitación posible”

El titular del Minjusdh aseguró que la reorganización penitenciaria busca recuperar la capacidad del Estado para mantener el orden dentro de los centros de reclusión.

“Sin orden no hay rehabilitación posible”, sostuvo Álvarez al explicar que la seguridad interna de los establecimientos penitenciarios es también un componente de la estrategia contra la criminalidad.

Añadió que el objetivo del Ejecutivo es convertir los penales en centros efectivos de rehabilitación y reducir la posibilidad de que organizaciones criminales continúen dirigiendo actividades ilícitas desde prisión.

¿Qué penales fueron declarados en emergencia?

El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad:

• Challapalca, en Tacna.
• Cochamarca, en Pasco.
• Miguel Castro Castro, en Lima.
• Ancón I, en Lima.
• Trujillo Varones, en La Libertad.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM y tendrá una duración de 60 días calendario.

Durante este periodo, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno en estos establecimientos con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

La declaratoria también comprende el perímetro exterior de cada penal hasta un radio de 200 metros. En ese ámbito se aplican restricciones o suspensiones al ejercicio de determinados derechos constitucionales vinculados con la libertad de tránsito, reunión y libertad y seguridad personales, conforme a lo establecido en el decreto.

A un mes de las elecciones, ¿cómo lo trata esta contienda electoral?

Sería una mentira decir que no he tenido más de un disgusto por difamaciones groseras que han habido, que nos hacen recordar a las épocas del montesinismo. Y es lamentable descubrir cómo hay gente que usa el poder político que tiene para regresar a esas malas prácticas, difamar a las personas de una manera realmente vil.

¿Qué acciones ha tomado?

Presenté 12 cartas notariales, más o menos. En toda mi vida política nunca envié una carta exigiéndole a alguien que se rectifique. No era mi estilo. Y vamos, habiendo sido cuatro veces ministro y tres veces congresista, pueden haber dicho barbaridades, pero no sentía la necesidad de tener que llegar a amenazar con estos juicios o cosas parecidas. Ahora sí, se han dicho cosas realmente inaceptables, de fondo y de forma. O sea, groseras que no podía dejarlas pasar.

¿Y cómo evalúa al JNE en estas elecciones?

Realmente deja mucho que desear. Ellos son los encargados de que este proceso electoral se enmarque dentro de las normas vigentes, y una de ellas establece que una persona que ha sido alcalde en el periodo anterior no lo puede volver a ser en este periodo. ¿Qué norma es esa? Nada menos que la Constitución. Entonces, que el Jurado no haga nada para hacer cumplir ese principio constitucional hace que esta elección pierda validez.

¿Cree que el JNE está favoreciendo a López-Aliaga?

Hasta el momento, sí. El JNE está favoreciendo un candidato que puede ejercer el mismo cargo de manera consecutiva.

¿Cree que el JNE deba permitirle participar del debate electoral?

Si ya le permitieron participar (como candidato a alcalde), ya lo que hagan realmente no tiene importancia. Si el señor López-Aliaga está en la campaña y el Jurado le permite asumir el cargo de alcalde de Lima, a pesar de que la Constitución no se lo permite, por lo menos que participe en el debate.

Entonces, ¿la candidatura de López-Aliaga es inconstitucional?

Totalmente, eso es clarísimo, no hay espacio de duda. El texto de la Constitución es simple y taxativo, así que no hay espacio para interpretación.

Esta práctica también se ha visto en Somos Perú, con Alfredo Reinaga en Independencia y Jesús Maldonado en San Juan de Lurigancho, ¿también son inconstitucionales?

Si son exactas, si están incurriendo exactamente en lo mismo que el señor López-Aliaga, lamentablemente sí.

¿Conversó con su partido al respecto?

No, porque no he sido yo quien hizo este proceso interno, no he sido yo quien los ha seleccionado. Yo he llegado al partido el año pasado recién, antes del proceso de inscripción. Y estuve al margen de todo el proceso de selección.

¿No le piden en Somos Perú alguna opinión?

Sí, sobre posiciones políticas del partido. El proceso de selección interna que hicieron es algo en lo cual yo estuve totalmente ajeno. Me centré solamente en el proceso de selección de Surco; me dieron la potestad de promover un candidato, porque yo era alcalde de Surco y ha sido el único distrito donde he intervenido.

Pero usted ingresó a la alcaldía de Surco con Avanza País, ¿por qué ese cambio?

Porque vi que ingresaban a Avanza País personas con las que yo tengo fuertes discrepancias, algunas ideológicas y otras personales. Entonces, por eso preferí no candidatear. No voy a decir los nombres, pero al ser yo quien iba a estar constantemente criticando, internamente en el partido, la actuación de estas personas, preferí alejarme.

También estuvo en Acción Popular y Perú Posible, ¿a qué responde estos virajes?

En el Perú, lamentablemente no hay un partido de derecha liberal con el cual yo me sentiría 100% identificado. Entonces, solo me queda buscar un partido de centroderecha, que es lo que más se acerca a lo que yo pienso. Nunca he estado en un partido de izquierda, tampoco he estado en un partido de derecha conservadora.

¿Cómo evalúa el gobierno de Keiko Fujimori?

Es muy pronto para hacer una evaluación. Póngase una mano en el pecho, 30 días es muy poco, considerando que a ella recién se le proclamó presidenta 15 días antes de que juramente. Si hubiera sido clara la victoria, en primera vuelta, ya habría tenido varios meses para armar gobierno. Lo mismo en segunda vuelta, no se sabía aún quién había ganado, solo esperar el conteo de votos. Entonces, realmente ha tenido muy poco tiempo para armar gobierno.

Pero Fujimori postuló en cuatro oportunidades.

¿Y eso qué significa? ¿Que cada vez que postula arma gobierno? Uno recién arma gobierno cuando gana.

¿No cree que se está quedando rezagada con la inseguridad ciudadana?

El tema de la inseguridad está en su pico y, por supuesto, las cosas que vemos hace que la gente quiera soluciones rápidas, y no va a haber. Esto es como el terrorismo, no se solucionó de un día para otro, tomó años. Esperemos que este asunto de la lucha contra la delincuencia no tome años, pero no se puede solucionar en un mes.

¿Y su Gabinete?

He visto ministros opinar sobre temas que competen a otros ministerios, y en las primeras semanas de gobierno eso no es prudente. El premier debe haberles dicho a los demás ministros: ‘Nadie hable ni opine sobre temas que no competen a su sector hasta que haya un acuerdo’. Entonces, con esa premisa, estos desencuentros van a disminuir. Una vez que el gobierno toma una decisión, todos los ministros pueden opinar al respecto, y el que no esté dispuesto a opinar en ese sentido puede renunciar.

¿Cree que deba cambiarse a algún ministro ahora?

En el corto plazo, en estos momentos, creo que no. Hay ministros que los son por primera vez. El cargo de ministro es un cargo bien especial, atípico.

¿Cómo ve la respuesta del Ejecutivo en la masacre de Trujillo?

Ha hecho lo que puede hacer dentro de los escasos avances en términos de investigación criminal, todavía no han tenido tiempo de hacer los cambios que ellos desean hacer. Con o sin la intervención de la Policía, el desenlace ha sido relativamente feliz: se liberó a la persona secuestrada, a pesar que tenemos que lamentar la muerte de cuatro personas.

¿Esto respondería a la delegación de facultades?

Si el Congreso realmente fuera responsable, ya debería delegar facultades en esa materia para que el Ejecutivo no tenga excusa. El Congreso le está dando la excusa perfecta para decir que no pudo hacer nada. Si yo fuera Congreso, no sería tan tonto y no le daría esa excusa. Le digo: ‘¿Quieres facultades? Toma, ahora quiero resultados’.

¿Y un alcalde puede deslindarse de responsabilidad ante este tipo de atentados en su jurisdicción?

Sí. O sea, no se le puede culpar al alcalde de lo que ocurrió, salvo que no haya hecho nada en su distrito para luchar contra estos casos; es decir, si no ha puesto cámaras ni patrulleros ni montado una central de videovigilancia. En ese caso, él no ha hecho su parte. Pero cuando se trata de disparos, nosotros no podemos parar una bala con la mano. Aquí los únicos que tienen pistolas son los policías.

¿Debería dotarse de armas de fuego a los serenos?

No le daría arma de fuego a los serenos porque no están preparados. Yo haría una policía municipal con licenciados de las Fuerzas Armadas, que ya saben usar armas de fuego. Se les capacita, una capacitación teórica de 6 u 8 meses, algunos meses de patrullaje en las calles y se gradúan de policías municipales.

¿Pero no es lo mismo que la Guardia Municipal?

Les han dado pistolas a los serenos. No sé en base a qué ley, no sé la base legal de eso. Hasta donde yo entiendo, eso no es posible.

¿Cuál es su diagnóstico del municipio de Lima?

Una situación muy complicada. Los municipios no podemos endeudarnos más allá del periodo que le toca al alcalde, si no el siguiente lo encuentra en total insolvencia.

¿Esto es por la compra o “donación” de trenes?

Al final ha sido una donación parcial. Los trenes han costado algo, porque se ha pagado una plata para que los reparen, una plata por una deuda que la empresa Caltrain tenía y que había que cancelar para liberarlos. Pero, ¿es competente? Es como que a mí, alcalde de Surco, de repente se me ocurre comprar barcos. Además, tampoco era el momento, no los puedes usar porque no tenemos la infraestructura de rieles con la seguridad suficiente para que no mate gente. A este municipio de Lima le encanta hacer obras donde la gente muera. Ellos tienen que entender que no necesariamente tiene que morir la gente en cada obra.

Y, ¿cómo ve el tren Lima-Chosica?

Necesario. No creo que deba ser un tren Lima-Chosica, sino un Tren Chosica-Callao, y que esté rodando todo el día, con vagones de ida y vuelta. Entonces, tiene que haber dos rieles para tener un servicio de transporte fluido.