De acuerdo con información revisada por Correo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside Lady Camones (APP) le herederá por lo menos 134 expedientes, esto debido a que los tiempos no alcanzarían para que estos casos sean vistos en la actual gestión.

EN DETALLE

Del total de 133 casos, 66 de ellos ya se encuentran en la etapa de investigación (ver infografía).

Hay una denuncia con informe de calificación y hay seis denuncias que ya tienen un informe final.

Estos últimos corresponden a casos vinculados a Lucinda Vásquez (congresista fallecida), Alberto Otárola (expremier), Pedro Castillo (expresidente), Víctor Ticona (exjuez supremo), Walter Ayala (exministro de Defensa) y exintegrantes del Tribunal Constitucional.

Además, hay 61 denuncias que se encuentran pendientes de ser calificadas.

En total, los expedientes suman 134.

De acuerdo con la tercera disposición complementaria transitoria del Reglamento del Congreso Bicameral, las denuncias constitucionales que no hayan culminado su trámite en el Congreso unicameral hasta el 26 de julio del 2026, independientemente del estado en que se encuentren, son derivadas a la Cámara de Diputados para que esta actúe según sus competencias.

CASOS

Entre los casos que deja la Subcomisión en investigación están aquellos que involucran a la expresidenta Dina Boluarte.

Específicamente, la exmandataria tiene cinco denuncias que recibió entre los años 2024 y 2026.

Por ejemplo, la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la denunció en mayo del 2025 por la presunta comisión del delito de abandono del cargo.

Esto debido a que la entonces presidenta omitió informar al Consejo de Ministros y al Congreso su impedimento físico temporal para ejercicio del cargo entre el 29 de junio y el 9 de julio del 2023 debido a un procedimiento quirúrgico al que se sometió y que implicó múltiples cirugías estéticas.

El expresidente Pedro Castillo suma cuatro denuncias constitucionales.

Una de ellas corresponde a una denuncia que presentó en su contra la ahora exfiscal de la Nación Delia Espinoza por la presunta comisión del delito de negociación incompatible.

El caso está relacionado a la contratación de Segundo Llanos Guevara en el Programa de Desarrollo Productivo (Agro Rural), donde fue contratado hasta en cinco ocasiones bajo el argumento de necesidad urgente y temporal.

Otro caso es el que tiene la todavía congresista Magaly Ruíz de Alianza para el Progreso (APP).

En abril de 2024, el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, la denunció por la presunta comisión del delito de colusión.

El caso tiene que ver con una reunión que habría sostenido Ruíz con su asesor Johnny Romero en la casa del fiscal Richard Rojas, a fin de pedirle asesoría en una investigación que afrontaba por un caso de “mochasueldos”.

A cambio de su ayuda, Ruíz habría ofrecido la contratación en su despacho de Alex Rojas, hermano del fiscal.

PRESENTES

La senadora electa Mirtha Vásquez de Ahora Nación tendrá que afrontar el proceso de una denuncia constitucional durante su gestión.

En diciembre del 2022 fue denunciada en su calidad de presidenta del Consejo de Ministros de la gestión de Castillo por la presunta comisión de aceptación indebida del cargo.

La denuncia alcanza a Pedro Francke, exministro de Economía.

Según el documento, ambos habrían firmado el Decreto de Urgencia 102-2021 que sirvió para que el Ministerio de Vivienda direccione obras a empresas vinculadas al empresario Hugo Espino, quien es investigado por ser parte de una red criminal que lideró Castillo.

Cabe precisar que Vásquez tiene otro caso por presuntos actos arbitrarios que realizó cuando fue presidenta interina del Congreso.

Sobre el tema ya existe un informe final desde junio del 2025 que recomienda inhabilitarla 10 años de la función pública. Sin embargo, el caso no avanzó más y todo indica que también se vería en el nuevo Congreso Bicameral.

En una situación similar estará el senador Daniel Barragán del partido Obras.

En total acumula seis denuncias constitucionales en etapa de investigación, las mismas que fueron presentadas cuando era ministro de Defensa del gobierno de Pedro Castillo.

Una de ellas fue presentada a principios de diciembre por 2022 e incluye a todo el Gabinete Ministerial, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad.

El caso se refiere al pedido que presentó la gestión de Castillo para que el Congreso debata un proyecto del Ejecutivo que buscaba derogar la norma que regula la cuestión de confianza.

Ante la negativa del Parlamento, los ministros interpretaron la respuesta como una “denegatoria de la cuestión de confianza”.

PROCEDIMIENTO

Con el Congreso Bicameral, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pasará a llamarse Comisión de Acusaciones Constitucionales.

Esta comisión pertenece a la Cámara de Diputados y será la encargada de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias presentadas, así como de realizar la investigación en los procesos y emitir el informe final.

Esa comisión votará el documento y este será enviado a la Presidencia de la Cámara de Diputados para su debate y votación en el pleno.

Su aprobación requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de miembros.

Si el informe es aprobado, la Cámara de Diputados nombra una comisión acusadora integrada por tres diputados para que sustente el informe ante el Senado.

En la Cámara Alta, por la presunta comisión de delitos, se requiere la votación favorable de más de la mitad del número legal de miembros del Senado.

El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional, requiere de los dos tercios del número legal de miembros del Senado.

Uniones

Al término del encuentro institucional, realizado ayer por la tarde, el excandidato presidencial de RP y sus virtuales congresistas brindaron declaraciones a la prensa.

“Estamos conversando por lo menos con dos bancadas más. Creemos que es la oportunidad de oro para el Perú para crecer al 5%, 6% o 7%. Las condiciones externas están a favor del Perú y es momento de cubrir las brechas del Estado ausente y corrupto”, detalló López-Aliaga.

En esa línea, agregó que “es momento de ampliar la cobertura para sacar, casi por unanimidad, iniciativas para cubrir la brecha social” del país. Por ello, ofreció sus planes de gobierno y sus equipos técnicos al nuevo régimen.

“He hablado con Ricardo Belmont, lo conozco hace muchos años, pensamos igual. Con el señor López-Chau también hemos hablado de estos temas. No hay que cerrarnos”, indicó tras ser consultado por la coalición anunciada por Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación, estas dos últimas encabezadas por Belmont y López-Chau, respectivamente.

En otro momento, Yarrow tomó la palabra para asegurar que buscan “un gobierno que tenga cinco años de estabilidad”.

“Hemos puesto toda nuestra disposición en apoyar con los equipos técnicos y trabajar de la mano de la señora presidenta. Vamos a convertirnos en un bloque, porque es la defensa de los peruanos”, puntualizó.

En el Ministerio de Educación, el Equipo de Transferencia del Titular Entrante quedó conformado por Luis Antonio Alemán Nakamine, quien ejercerá como responsable, junto a Lorena Gavilano Iglesias y Carlos Miguel Paredes Díaz.

La cartera informó que las labores comenzaron conforme a la normativa vigente para garantizar un proceso ordenado, transparente y de acuerdo con la ley.

Por su parte, el Ministerio de la Producción instaló su comisión de transferencia encabezada por el ministro César Quispe Luján. El equipo del gobierno entrante está integrado por Augusto Enrique Eguiguren Praeli, Sergio González Guerrero y Hugo Alfredo Castañeda Torres.

Asimismo, el equipo de transferencia del gobierno saliente en Produce estará liderado por el secretario general, Jorge David Bohorques Li, junto a otros funcionarios del sector. La comisión tendrá como misión revisar la información institucional, asegurar una entrega transparente de la gestión y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

La instalación de estas comisiones se produce luego de que la presidenta electa, Keiko Fujimori, anunciara la formalización de los equipos de transferencia que representarán al próximo Gobierno en los distintos ministerios, como parte del proceso de transición de mando.

Se inició el proceso de transferencia de gestión 🤝🇵🇪

Esta tarde se instaló en el Minedu el Equipo de Transferencia de Gestión del Titular Entrante (ETTE), integrado por Luis Antonio Alemán Nakamine (responsable), Lorena Gavilano Iglesias y Carlos Miguel Paredes Díaz. Junto con… pic.twitter.com/ki79fsT4go

— Ministerio de Educación (@MineduPeru) July 9, 2026

Salhuana señaló que no percibe una intención previa de aprobar la distinción y consideró que durante la reunión se revisarán distintos aspectos relacionados con el caso.

“No creo que haya ninguna voluntad por parte de los miembros ni del presidente de la comisión de la Medalla. Él (José Jerí) ha sido presidente, imagino que por eso ha solicitado que haya esta reunión, pero estoy seguro de que elementos y aspectos se van a tomar en cuenta mañana. Yo no tendría ninguna objeción, pero evidentemente, escuchando opiniones, habría que reflexionar al respecto”, manifestó para RPP.

El legislador recordó que la condecoración ha sido entregada a otros expresidentes del Congreso, aunque precisó que Jerí permaneció dos meses en ese cargo antes de asumir la Presidencia de la República tras la destitución de Dina Boluarte. Asimismo, remarcó: “Es una práctica ordinaria, pero mañana va a haber la sesión y ahí los integrantes del Consejo de la Medalla tomarán una decisión al respecto. Eso no está decidido”.

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Rospigliosi también indicó que el reconocimiento responde a una práctica aplicada a quienes ejercieron la presidencia del Parlamento y que la decisión será tomada por el Consejo de la Medalla de Honor.

También afirmó que las investigaciones fiscales en curso contra Jerí no representan un impedimento legal para continuar con el procedimiento. Asimismo, señaló que el consejo encargado de revisar la postulación está integrado por seis miembros, quienes serán los responsables de emitir una decisión.

“Mañana no se va a condecorar a José Jeri, mañana hay la reunión del Consejo de la Medalla de ayer, donde se ha propuesto la condecoración al expresidente del Congreso”, declaró.

Respecto a los cuestionamientos contra el legislador, Rospigliosi sostuvo que “Una investigación no descalifica a nadie, como tú sabes”.

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En declaraciones a Canal N, el funcionario informó que el presupuesto asignado este año al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) asciende a S/2,271 millones.

De ese monto, indicó que ya se ejecutaron S/1,187 millones, por lo que aún existen S/1,085 millones disponibles.

Calderón explicó que estos recursos fueron destinados específicamente para la organización de los comicios e instó a las autoridades electorales a priorizar su utilización en las actividades logísticas y operativas.

Asimismo, sostuvo que el presunto déficit de S/589 millones advertido por los organismos electorales puede ser cubierto con el saldo presupuestal aún no ejecutado.

El viceministro también anunció que el proyecto de ley de crédito suplementario contempla la incorporación de S/325 millones adicionales para reforzar el financiamiento del proceso electoral. Esta iniciativa será evaluada por la Comisión Permanente del Congreso.

Finalmente, el representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró que el Ejecutivo garantiza el financiamiento de las elecciones regionales y municipales de 2026, descartando que exista algún riesgo para su realización por motivos presupuestales.

Se trata del primer encuentro entre ambos líderes tras las elecciones generales y forma parte de la ronda de reuniones que sostiene la mandataria electa antes de asumir funciones.

Al término de la cita, López Aliaga informó que planteó destinar S/ 5.000 millones, equivalentes a la mitad del crédito suplementario de S/ 10.000 millones, al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Precisó que los recursos servirían para adquirir equipos de inteligencia, sistemas de geolocalización, tecnología de interceptación legal de comunicaciones y fortalecer una central de recompensas para combatir la extorsión y el sicariato.

El también exalcalde de Lima aseguró que Renovación Popular pondrá a disposición del próximo Gobierno a su equipo técnico en seguridad, encabezado por el general en retiro José Baella, con el objetivo de apoyar la ejecución de estrategias que permitan reducir la criminalidad en el país antes de fin de año.

“Plan Sur”

Durante la reunión, López Aliaga también presentó el denominado “Plan Sur”, que propone destinar el 50% del impuesto proveniente de la actividad minera directamente a obras de infraestructura en las regiones del sur.

La iniciativa contempla financiar colegios, hospitales, programas contra la anemia, albergues frente a las heladas y proyectos de agua y saneamiento mediante mecanismos como Obras por Impuestos.

Asimismo, el líder de Renovación Popular pidió priorizar recursos para obras de prevención ante el fenómeno de El Niño y reiteró que existe una deuda histórica con el sur del país.

La reunión también abordó la coordinación política entre Fuerza Popular y Renovación Popular en el nuevo Congreso bicameral, así como la disposición de ambas agrupaciones para trabajar conjuntamente en la agenda del próximo gobierno.

Francisco Calisto Giampietri, senador electo por Renovación Popular, participó en la reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori: Hemos desarrollado el tema del mecanismo de obras por impuestos y obras por servicios

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— Canal N (@canalN_) July 8, 2026

Norma Yarrow, diputada electa de Renovación Popular, participó en reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori: Hemos puesto toda nuestra disposición en apoyar con los equipos técnicos. Vamos a convertirnos en un bloque

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— Canal N (@canalN_) July 8, 2026

Videos: Canal N

La medida busca proteger la salud, la dignidad y las condiciones de trabajo de quienes desempeñan labores en esas circunstancias.

La norma dispone que los empleadores proporcionen sillas o asientos con respaldo y condiciones ergonómicas, además de garantizar la alternancia entre permanecer de pie y sentado o permitir periodos de descanso sin que estos sean descontados de la jornada laboral.

La aplicación de la ley alcanza a actividades donde es habitual permanecer de pie por tiempos prolongados, como comercio, restaurantes, turismo, salud, servicios financieros, transporte, educación y vigilancia privada. La fiscalización estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y los gobiernos regionales con competencias en materia laboral.

La legislación contempla excepciones para puestos en los que permanecer de pie sea indispensable por la naturaleza de la labor o por razones de seguridad, aunque en esos casos el empleador deberá garantizar pausas activas, rotación de funciones o descansos equivalentes.

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A través de un comunicado, el organismo de control precisó que este servicio se contrata de manera continua desde el año 2021, mediante procesos realizados conforme a la Ley General de Contrataciones Públicas, por lo que descartó que se trate de una adquisición extraordinaria relacionada con un evento deportivo.

La entidad explicó que el proceso vigente se inició con el Concurso Público Abreviado de Servicios N.° 001-2026-CGR. Tras la falta de perfeccionamiento del contrato por parte del postor inicialmente adjudicado, se convocó un nuevo procedimiento en mayo de este año para garantizar la continuidad del servicio institucional.

El contrato con DirecTV Perú S.R.L. fue suscrito el 15 de junio de 2026 por un periodo de 1.095 días (tres años).

Asimismo, la Contraloría indicó que el monto contratado corresponde a la prestación del servicio durante los tres años de vigencia y para las 117 sedes de la institución, incluidas las 22 Gerencias Regionales de Control, por lo que consideró incorrecto atribuir el costo únicamente a la cobertura del Mundial 2026.

Finalmente, el organismo sostuvo que el servicio de televisión por cable constituye una herramienta para el acceso a información nacional e internacional de interés público que contribuye al desarrollo de sus funciones institucionales.

La medida fue emitida dentro de la investigación que afronta junto al expresidente Pedro Castillo por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

La defensa de Silva solicitó que el exministro afronte el proceso bajo comparecencia. Como sustento, señaló que denunció ante la Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República las presuntas irregularidades relacionadas con la contratación del Puente Tarata III, además de sostener que las investigaciones no habrían encontrado elementos que lo vinculen con los hechos.

Sin embargo, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley concluyó que “no resulta jurídicamente viable solicitar la cesación de una prisión preventiva” debido a que Silva permanece prófugo. La resolución también precisa: “Al no haberse ejecutado el mandato de prisión preventiva dictada en contra del imputado Silva Villegas, no resulta posible amparar un pedido de cesación…”.

El magistrado indicó además que los documentos presentados por la defensa ya habían sido evaluados en actuaciones anteriores y no constituyen nuevos elementos que justifiquen modificar la medida.

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La bancada de Fuerza Popular respaldó con sus votos las principales leyes de mayor impacto fiscal identificadas por el Consejo Fiscal durante el periodo parlamentario 2021-2026.

Correo revisó las votaciones del Congreso que revelan que el grupo parlamentario de la presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi apoyó diez normas con un gran costo para el Estado.

Las más graves

La Ley N.° 32561 encabeza la lista de las normas con mayor impacto fiscal, al aumentar las pensiones del personal militar y policial.

El Consejo Fiscal (CF) estimó que la medida representa un costo de 14,851 millones de soles, el más alto entre todas las leyes analizadas.

El Ejecutivo promulgó la norma el 22 de marzo de 2026.

Durante su trámite parlamentario, Fuerza Popular aportó 21 votos en la primera votación y otros 21 para exonerarla de la segunda votación.

Posteriormente, 12 legisladores de la bancada respaldaron la insistencia que permitió convertir la iniciativa en ley.

En segundo lugar, aparece la Ley N.° 32387, que fortaleció el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), mecanismo mediante el cual el Gobierno distribuye recursos a las municipalidades para ejecutar obras y financiar servicios públicos.

El organismo calculó que la medida tendrá un costo permanente de 8,500 millones de soles.

La ley fue promulgada el 16 de junio de 2025 y, durante la primera votación, 15 congresistas de Fuerza Popular respaldaron la propuesta y la misma cantidad apoyó la exoneración de la segunda votación.

Otra de las iniciativas con mayor impacto económico es la Ley N.° 32335, que estableció medidas para brindar capacitación y acompañamiento a las micro y pequeñas empresas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

La norma sustituye una multa por una capacitación a las microempresas con ventas menores a las 150 UIT.

La entidad estimó que su implementación representa un costo permanente de 5,280 millones de soles.

El Ejecutivo promulgó la ley el 16 de mayo de 2025.

Fuerza Popular registró 21 votos durante la primera votación, otros 21 para exonerar la segunda votación y 16 durante la insistencia.

Le sigue la Ley N.° 32563, que extendió el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad a los trabajadores contratados bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios).

El ente técnico proyectó un costo anual de 3,006 millones de soles.

La norma fue promulgada el 23 de marzo de 2026.

En la primera votación, ocho congresistas de Fuerza Popular respaldaron la propuesta.

Posteriormente, 10 legisladores votaron a favor durante la segunda votación y otros ocho apoyaron la aclaración aprobada por el pleno.

La quinta norma con mayor costo fiscal es la Ley N.° 32424, que homologó el incentivo único CAFAE para los trabajadores administrativos de los gobiernos regionales.

El Consejo Fiscal estimó que la medida demandará 2,621 millones de soles de manera permanente.

La ley fue promulgada el 20 de agosto de 2025 y, durante la primera votación, 14 congresistas de Fuerza Popular apoyaron la iniciativa. Posteriormente, cuatro legisladores votaron por la exoneración de la segunda votación y 11 respaldaron la insistencia que permitió su aprobación definitiva.

Otro bloque

Otra de las normas con impacto fiscal es la Ley N.° 32392, que aprobó una nueva Ley General de Turismo.

El Consejo Fiscal calculó que la medida representa un costo transitorio de 2,011 millones de soles.

La norma fue promulgada el 27 de junio de 2025. Fuerza Popular aportó 17 votos durante la primera votación y 12 congresistas respaldaron la segunda votación.

También está Ley N.° 32216, que derogó un artículo relacionado con la autorización de créditos suplementarios en el presupuesto público.

El Consejo Fiscal calculó que la medida representa un costo permanente de 1,179 millones de soles.

La norma fue promulgada el 28 de diciembre de 2024.

Fuerza Popular aportó 13 votos durante la primera votación, mientras que 12 congresistas respaldaron la exoneración de la segunda votación y otros 12 apoyaron posteriormente la insistencia.

Otra de las normas incluidas en el informe es la Ley N.° 32434, que incorporó medidas para modernizar el sector agrario y fortalecer la actividad agrícola.

La entidad fiscal proyectó un impacto económico transitorio de 1,170 millones de soles.

El Ejecutivo promulgó la ley el 18 de septiembre de 2025.

La bancada de Fuerza Popular registró 13 votos durante la primera votación y elevó ese respaldo a 19 votos durante la segunda votación.

Además está la Ley N.° 32568, que autorizó el nombramiento progresivo de personal del sector Salud y el cambio de régimen laboral para trabajadores beneficiarios de normas anteriores.

El ente técnico estimó un costo anual de 944 millones de soles.

La ley fue promulgada el 25 de marzo de 2026. Fuerza Popular emitió 13 votos durante la primera votación, 11 votos para exonerar la segunda votación y ocho votos durante la aprobación de una aclaración.

Finalmente, la Ley N.° 32328 restituyó el derecho a la compensación por tiempo de servicios (CTS) para un grupo de trabajadores del sector público.

Según el informe del CF, la medida tendrá un costo transitorio de 911 millones de soles.

La norma fue promulgada el 10 de mayo de 2025 y, durante la primera votación, 17 congresistas de Fuerza Popular respaldaron la iniciativa.

Posteriormente, 16 legisladores apoyaron la exoneración de la segunda votación y 12 votaron a favor durante la insistencia.

Análisis

El exministro de Economía Ismael Benavides explicó a Correo que este fenómeno de aprobar leyes que afectarán al fisco responde a las elecciones generales.

“Que ahora Fuerza Popular haya aprobado estas leyes refleja uno de los problemas que se presentan cuando se legisla en medio de un proceso electoral: se genera una especie de efecto rebaño porque, si no las aprueban, creen que van a perder votos”, señaló.

Benavides considera que esto refleja una “contradicción” entre la responsabilidad fiscal que tendrá Fujimori frente a su bancada, aunque sostiene que la mandataria aún tiene un margen de acción.

“Creo que esas leyes deben ser todas sujetas a una revisión exhaustiva y, en todo caso, diferirla si es que no se pudiesen cambiar porque lo que hoy necesita el Perú son recursos para justamente relanzar la economía, pero más que eso, enfrentar a El Niño”, afirmó.

Para el extitular de Economía, el origen del problema no está en una ley específica sino en una atribución que el Congreso no debería tener.

“La Constitución dice taxativamente que el Congreso no tiene iniciativa de gasto”, afirmó, y calificó de “totalmente errado” el criterio con el que el Tribunal Constitucional habilitó esa práctica.

“Deben presentar una aclaración de esta sentencia malhadada para revertirla”, indicó.

Por su parte, el economista del Instituto Peruano de Economía (IPE) Víctor Fuentes fue enfático en atribuir responsabilidad política a la propia bancada de la presidenta electa por el respaldo que dio a estas normas en el Pleno.

“Muchas de estas normas fueron aprobadas con apoyo amplio de distintas bancadas, incluyendo Fuerza Popular. En ese sentido, sí hay una responsabilidad política que no puede minimizarse. No sería correcto presentar esta carga fiscal como un problema heredado únicamente de otros actores”, reiteró.

Para Fuentes, ese antecedente exige que el nuevo gobierno defina desde el inicio una postura fiscal firme frente a las normas que su agrupación política ayudó a aprobar.

“La próxima presidenta tendrá que asumir que parte de su propia coalición contribuyó a deteriorar el espacio fiscal que ahora necesitará para gobernar. Eso hace aún más importante que el mensaje fiscal del nuevo gobierno sea claro desde el inicio”, sostuvo.

El especialista también advirtió que el nuevo gobierno hereda un frente fiscal debilitado.

“El nuevo gobierno recibe una economía con perspectivas para crecer más, pero con un frente fiscal bastante más frágil que hace unos años. El problema no es solo el déficit del año, sino la acumulación de leyes que crean gasto permanente sin financiamiento permanente”, remarcó Fuentes.

La autoridad edil señaló que ya pudo transmitir estas preocupaciones a la mandataria electa durante un reciente encuentro.

Según indicó el burgomaestre, Fujimori recibió las demandas planteadas por las autoridades puneñas, entre ellas el esclarecimiento de los fallecimientos ocurridos en las manifestaciones y la necesidad de impulsar acciones que permitan recuperar la confianza de la población. “Nos ha recepcionado la preocupación, esperemos que tome acciones”, manifestó.

Asimismo, el alcalde sostuvo que la región requiere una mayor atención del Ejecutivo en materia de inversión pública, infraestructura y proyectos de desarrollo, con el objetivo de reducir las brechas históricas que afectan a la población. En ese sentido, consideró fundamental que el nuevo Gobierno establezca un diálogo permanente con las autoridades locales y la ciudadanía.

La autoridad provincial también remarcó que el esclarecimiento de las muertes registradas durante las protestas constituye una demanda pendiente de las familias de las víctimas y de diversos sectores sociales de Puno.

Añadió que una investigación transparente contribuiría al proceso de reconciliación y fortalecimiento institucional.

Finalmente, el alcalde confió en que las reuniones sostenidas con la presidenta electa se traduzcan en medidas concretas una vez iniciado el nuevo gobierno. Señaló que Puno espera respuestas tanto en materia de justicia como de desarrollo, y reiteró que la región seguirá insistiendo en la atención de sus principales demandas por parte del Ejecutivo.

#EnVivo

Alcalde provincial de Puno espera que Keiko Fujimori atienda pedido para investigar muertes en protestas y priorice la región: "Nos ha recepcionado la preocupación, esperemos que tome acciones"

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— Canal N (@canalN_) July 8, 2026

Video: Canal N

En declaraciones a RPP, Roberto Burneo reafirma que el sistema electoral requiere con urgencia recursos para garantizar la organización de las Elecciones Regionales y Municipales, previstas para el 4 de octubre.

El titular del JNE indicó que el déficit presupuestal asciende a 589.52 millones de soles, monto que afecta al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“Cada distrito, provincia y región significa un proceso diferente. Todo el sistema electoral tiene un déficit presupuestal, el déficit lo hemos cifrado en 589.52 millones de soles. Esto es muy grave porque este presupuesto lo gestionamos desde hace meses”, afirmó.

Burneo explicó que el JNE requiere S/ 103.5 millones para financiar el funcionamiento de los Jurados Electorales Especiales (JEE), el despliegue de fiscalizadores y la operatividad institucional durante el proceso electoral.

Cuestiona al Ejecutivo por la demora

El magistrado señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) conocía las necesidades presupuestales del sistema electoral desde noviembre de 2025.

Según indicó, el Ejecutivo optó por atender parcialmente los requerimientos mediante recursos provenientes de la reserva de contingencia, mecanismo que calificó como “antitécnico”, en lugar de incorporarlos oportunamente en la Ley de Presupuesto.

Asimismo, cuestionó que el financiamiento pendiente dependa ahora de la aprobación de un proyecto de ley que crea un crédito suplementario, lo que implicaría la intervención del Congreso y podría retrasar aún más la entrega de los recursos.

Reniec y ONPE, entre las entidades afectadas

Burneo advirtió que la falta de presupuesto también compromete las labores de la ONPE para instalar las 25 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), atender más de 10 mil locales de votación y organizar alrededor de 93 mil mesas de sufragio para más de 26 millones de electores.

Añadió que la situación del Reniec es especialmente preocupante, ya que, según afirmó, la institución no ha sido considerada en el proyecto de crédito suplementario promovido por el Ejecutivo.

De acuerdo con el titular del JNE, esta situación podría afectar la actualización del padrón electoral, la atención al público y la disponibilidad de tarjetas del DNI electrónico.

“Es una negligencia absoluta”

Burneo calificó la situación como una “negligencia absoluta” y sostuvo que las autoridades del sector Economía conocen los plazos que exige un proceso electoral.

“Ellos saben muy bien que los recursos los necesitamos y que el 4 de octubre es inaplazable. Si no nos dan los recursos, esto está en riesgo”, manifestó.

Consultado sobre la posibilidad de postergar las elecciones, respondió que esa alternativa viene siendo evaluada, aunque recordó que existe un cronograma y un marco legal vigente para los comicios.

Finalmente, señaló que, si los recursos son transferidos en un plazo máximo de 15 días, todavía será posible garantizar el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El Poder Judicial declaró “improcedente” la solicitud de medida cautelar presentada en favor del excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, que pretendía suspender los efectos de la acusación fiscal que solicita cinco años y cuatro meses de prisión por presuntas irregularidades en la presentación de la información financiera de su partido ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La jueza constitucional de Lima, Malbina Saldaña, desestimó el pedido presentado por Tomás Soldevilla para suspender de forma inmediata los efectos de la acusación fiscal formulada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima-Rímac-Breña-Jesús María, Segundo Despacho del Distrito Fiscal de Lima Centro, contra Roberto Sánchez.

La solicitud buscaba que la medida se mantuviera vigente mientras se resuelve el hábeas corpus interpuesto por Soldevilla, mediante el cual solicita la nulidad de la acusación fiscal y de la citación a la audiencia de control de acusación realizada el pasado 27 de mayo. El recurso sostiene que se habrían vulnerado los derechos políticos y electorales del excongresista, así como el principio de legalidad penal, su integridad personal y su derecho al honor.

En la solicitud de medida cautelar se sostiene que la acusación fiscal contra el candidato presidencial electo constituye una vulneración indirecta de las garantías constitucionales del presidente de la República. Asimismo, se argumenta que el pedido de cinco años y cuatro meses de prisión por la presunta presentación irregular de informes financieros partidarios resulta desproporcionado, al considerar que implicaría una inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos, una sanción que —según el recurso— no guarda relación con la supuesta conducta delictiva atribuida. Además, se alega que la acusación presenta insuficiencia probatoria y adolece de graves deficiencias en los elementos de prueba, entre otros argumentos.

Mediante una resolución emitida el último 15 de mayo, a la que tuvo acceso RPP, la magistrada señaló que estos argumentos deberán ser analizados al momento de resolver el fondo del proceso. En ese sentido, precisó que las alegaciones podrán ser desarrolladas durante la evaluación de la sentencia, conforme a lo establecido por la Constitución y a lo que determine el juzgado.

“No resulta adecuado establecer la suspensión de los actos referidos en la presente demanda, hasta que se resuelva en definitiva la presente demanda, toda vez que, en dicho momento procesal se determinará si tales actos han sido efectuados con arreglo a ley o sustento legal respectivo, o en vulneración de los mismos y al debido proceso”, señaló la magistrada quien dispuso que una vez que la resolución quede consentida o ejecutoriada, se proceda con el archivo del expediente.

Frente a esta decisión, el ciudadano Tomás Soldevilla interpuso un recurso de apelación contra la resolución. Dicho recurso fue “concedido” por la jueza Malbina Saldaña el pasado 28 de mayo, con “efecto suspensivo”, y posteriormente remitido a la Tercera Sala Constitucional de Lima, instancia que deberá evaluarlo y emitir un pronunciamiento en los próximos días.

El 5 de junio, el juez penal Adolfo Farfán dictó el auto de enjuiciamiento que da paso al inicio de la etapa de juicio oral contra Roberto Sánchez por la investigación relacionada con este caso.

La distinción ha sido propuesta en reconocimiento a la labor desempeñada por José Jerí como presidente del Congreso durante el periodo legislativo 2025-2026.

La decisión estará a cargo del Consejo de la Medalla de Honor, órgano responsable de evaluar las condecoraciones parlamentarias y presidido por el actual titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi.

La Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz constituye la máxima condecoración que concede el Congreso de la República. Tradicionalmente, ha sido otorgada a jefes de Estado, presidentes del Parlamento, ministros de Estado, diplomáticos y otras personalidades que han realizado aportes destacados al país.

Distinción será sometida a votación

Durante la sesión, los integrantes del Consejo deberán decidir si aprueban o rechazan el otorgamiento de la condecoración a José Jerí.

De prosperar la propuesta, el ex titular del Parlamento se incorporará al grupo de autoridades que han recibido la máxima distinción honorífica del Congreso. Hasta el momento, el Legislativo no ha informado una fecha para una eventual ceremonia de entrega, debido a que primero debe culminar el proceso de evaluación interna.

Trayectoria de José Jerí

José Jerí fue elegido presidente del Congreso en julio de 2025. Meses después asumió de manera interina la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, permaneciendo en el cargo hasta febrero de este año.

Posteriormente, fue censurado por el Pleno del Congreso y reemplazado en la Presidencia de la República por José María Balcázar. Sin embargo, mantuvo su condición de presidente del Parlamento, cargo por el cual ahora se plantea conferirle la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz.

La decisión definitiva será adoptada por el Consejo de la Medalla de Honor durante la sesión de este jueves.

La Comisión Permanente del Congreso tiene en su agenda de mañana la segunda votación del proyecto de ley que incorpora el delito de lesa humanidad en el Código Penal.

El 23 de junio, el pleno del Parlamento aprobó el texto -en primera votación- con 54 votos a favor, 29 en contra y 15 abstenciones.

De acuerdo con la propuesta, serán considerados delitos de lesa humanidad aquellos delitos como homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada y tortura.

Esto sucederá siempre y cuando estos delitos hayan sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una determinada población civil, así como con intención y conocimiento de dicho ataque.

Si el texto es aprobado, todavía puede ser observado por el presidente.

Las autoridades electorales informaron que el sistema electoral requiere de S/ 589.52 millones para la organización del proceso de ERM; sin embargo, mediante el Proyecto de Ley N° 14799, Ley de Crédito Suplementario, el Congreso estaría evaluando otorgar el monto de S/325.02 millones.

La alarma la emitieron los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Durante una conferencia de prensa, explicaron que el JNE tiene un déficit presupuestal de S/103 51 millones, la ONPE un total de S/433 21 y el Reniec de otros S/52 80 millones.

“Si no tenemos recursos dentro de la oportunidad debida se afectará el calendario electoral. No queremos llegar a esos extremos. Ya no está en nuestras manos garantizarlo. (…) No se podrá pagar a los miembros de mesa, ni siquiera las cédulas van a llegar a los centros de votación. La solución tiene que darse ahorita”, explicó el presidente del JNE, Roberto Burneo.

Agregó que de tramitarse hoy la norma correspondiente, los recursos llegarán hasta en quince días.

“No podemos esperar el ingreso del siguiente gobierno. Tenemos solo 88 días. Los recursos los necesitamos no hoy, sino ayer”, señaló.

Por su parte, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, aseveró que “lo que ha pasado aquí es que el MEF nos ha prometido dar una plata y al final no ha cumplido”.

Detalló que se le quitó S/82 millones a la entidad para las elecciones generales, bajo la promesa de que se le devolverían S/50 millones en el crédito suplementario que hoy tramita el Gobierno ante el Congreso.

Además, dijo que la invitará a Palacio de Gobierno en los próximos días.

DETALLES

En diálogo con el programa “Siempre a las ocho” de Milagros Leiva, el mandatario Balcázar precisó que se comunicó vía telefónica con Keiko Fujimori para felicitarla por su elección.

“Sí, claro que he hablado con ella, la he felicitado el mismo día de la proclamación”, afirmó.

Cabe precisar que la lideresa de Fuerza Popular (FP) fue proclamada presidenta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 3 de julio.

“Estaba en Cusco y hablé con ella, pero por supuesto que tengo que saludarla, si es la presidenta proclamada por el JNE” , indicó.

La pregunta hacia Balcázar surge debido a que las redes sociales del Despacho Presidencial no hicieron ningún anuncio de felicitación tras la proclamación de resultados.

PENDIENTE

Por otro lado, el presidente de turno dijo que invitará a la presidenta electa Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno antes de 28 de julio, fecha en que la fujimorista jurará al cargo.

“La voy a invitar a Palacio para que no se vea una situación de ausencia protocolar. Es necesario invitar porque el título creo que lo van a entregar todavía el 15 (de julio) y ahí estaremos”, aclaró.

Si bien Balcázar no dio una fecha exacta, mencionó que la invitación se hará incluso antes del 15 de julio.

Y es que en esa fecha se tiene previsto que el JNE haga entrega de las credenciales a la fórmula presidencial ganadora en el Teatro Nacional.

Balcázar aclaró que la invitación se trata de un tema de exigencia de la Constitución y de una muestra de que actúa de manera imparcial. “Seguiré cumpliendo ese rol hasta el último día en que entregue el poder. Tanto para ella como para mí resulta necesario mantener esa distancia de equilibrio”, dijo.

Según informó la Oficina de la Presidenta Electa, estos grupos tendrán como función recopilar información de cada sector para elaborar un diagnóstico que permita facilitar el inicio de la nueva administración. El proceso forma parte de las acciones previas a la asunción del nuevo Gobierno el próximo 28 de julio.

Por encargo de la presidenta electa, Keiko Fujimori, el jefe del Equipo de Transferencia, Marco Vinelli, formalizó la designación de los equipos sectoriales que participarán en el proceso de transferencia de gestión de los distintos ministerios. Su labor permitirá recopilar…

— Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 8, 2026

Como parte de esta etapa, Marco Vinelli se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez. Durante el encuentro se acordaron las pautas para que los equipos de transferencia accedan a la información de los diferentes sectores del Poder Ejecutivo.

La transferencia comenzará con la instalación de comisiones en cada ministerio. Estos grupos estarán integrados por funcionarios de la gestión saliente y representantes del próximo gobierno.

Cada comisión deberá suscribir un acta de instalación y aprobar un cronograma de trabajo. Con ese procedimiento se desarrollará el proceso de transferencia en cada cartera ministerial.

Tras la cita, el presidente de la ANGR y gobernador regional de Piura, Luis Neyra, destacó el compromiso de la futura mandataria de trabajar junto a los gobiernos regionales.

“Creo que este mensaje que ha tenido con los integrantes del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha sido bastante esperanzador, puesto que se ha comprometido a trabajar codo a codo para sacar adelante a nuestro país”, afirmó.

Durante la reunión también se planteó la necesidad de destinar recursos para obras de reconstrucción y defensas ribereñas. En ese contexto, el vicepresidente de la ANGR y gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, sostuvo: “Pedimos que el Congreso pueda reflexionar y que este dinero sirva fundamentalmente para obras prioritarias de defensa ribereñas, de las dificultades que vamos a tener las regiones costeras, pero también aquellas regiones que sufrirán con heladas y friajes”.

Por su parte, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, pidió atender las necesidades del país por macrorregiones y expuso los principales problemas del sur, como las brechas en salud y educación, la escasez de agua, los conflictos sociales y los problemas limítrofes.

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Durante la conversación, ambas intercambiaron mensajes sobre la situación política de la región y el resultado de las elecciones peruanas. La dirigente venezolana expresó su respaldo a la presidenta electa y destacó el resultado obtenido en las urnas.

“Tu lucha y la lucha del Perú es nuestra lucha y nuestra causa. Son décadas que hemos estado recorriendo este camino juntos y al final, como tantas veces yo te lo he dicho y le he dicho a los venezolanos, esta es una lucha espiritual, al final el bien se impone sobre el mal”, afirmó.

Machado también recordó que respaldó públicamente la candidatura de Fujimori durante la campaña electoral. Días antes de la segunda vuelta del 7 de junio, ambas ya habían sostenido una videollamada para intercambiar opiniones sobre la coyuntura política de ambos países.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la llamada de la lideresa venezolana María Corina Machado, ocasión en la que expresó su solidaridad con el pueblo venezolano por los recientes terremotos. María Corina Machado la felicitó por su elección y le reiteró su respaldo en… pic.twitter.com/B7gVOJBHMl

— Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 7, 2026

Fujimori expresó solidaridad con Venezuela

En otro momento del diálogo, la presidenta electa envió un mensaje de apoyo a la población venezolana afectada por los terremotos registrados el 24 de junio. Además de expresar sus condolencias por las víctimas, indicó que desde el Perú se viene acompañando a los damnificados mediante ayuda y muestras de solidaridad.

Al referirse a esa situación, Fujimori señaló que mantiene presentes a las familias afectadas por la emergencia. “Mi profunda solidaridad al pueblo venezolano por tantas vidas que se han perdido y las tantas familias afectadas. Desde el Perú hemos enviado un poco de apoyo, pero sobre todo oración y pidiendo al Señor fuerza y esperanza para lograr esta reconstrucción”, expresó.

La presidenta electa también agradeció el respaldo que recibió de Machado durante su cuarta candidatura presidencial. Asimismo, sostuvo que quienes ejercen funciones públicas asumen sacrificios personales, pero señaló que el respaldo ciudadano le permitirá servir al país desde la Presidencia.

Horas después de la videollamada, Fujimori compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la trayectoria de la dirigente venezolana.

“Hoy tuve una emotiva llamada con María Corina Machado, premio Nobel de la Paz por su admirable lucha en la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela. La historia nos da poderosas lecciones de los caminos que hay que seguir y aquellos que hay que evitar”, publicó.

En conferencia de prensa, precisaron que el sistema electoral necesita S/ 589.52 millones para garantizar el desarrollo del proceso.

Las autoridades detallaron que el JNE solicitó S/ 103.51 millones y recibió S/ 75.02 millones, por lo que mantiene un saldo pendiente de S/ 28.49 millones. La ONPE requirió S/ 433.21 millones y obtuvo S/ 250 millones, quedando un déficit de S/ 183.21 millones. En el caso del Reniec, la institución pidió S/ 52.80 millones y hasta el momento no ha recibido financiamiento.

Los representantes de los organismos electorales señalaron que la falta de presupuesto pone en riesgo el cumplimiento del cronograma de las elecciones.

El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, advirtió que la situación afectaría el recuento de votos, la fiscalización electoral, el funcionamiento de los Jurados Electorales Especiales y otras actividades del proceso.

La ONPE indicó que la insuficiencia de recursos podría dificultar la contratación de personal, la producción y distribución del material electoral y la compensación para los miembros de mesa. Por su parte, Reniec alertó que también se verían comprometidos la impresión del DNI, la actualización del padrón electoral y otros servicios registrales.

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El sector también indicó que la asignación de recursos continuará realizándose con criterios técnicos. Para ello, se tomarán en cuenta los requerimientos sustentados por los organismos electorales, el nivel de ejecución del presupuesto ya otorgado y la disponibilidad de recursos, en cumplimiento de las normas de responsabilidad fiscal.

#ComunicadoMEF | Ante el pronunciamiento de las entidades que conforman el Sistema Electoral sobre los recursos asignados para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas informa lo siguiente: pic.twitter.com/cXD3r6F1Nj

— Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) July 7, 2026

Proyecto de ley incorpora recursos adicionales

El MEF informó que el proyecto de ley de crédito suplementario enviado al Congreso contempla fondos adicionales para completar el financiamiento del proceso electoral. Según señaló, esta medida busca atender de manera oportuna las necesidades que demande la organización de los comicios.

“El proyecto de Ley de Crédito Suplementario remitido al Congreso de la República propone incorporar recursos adicionales para complementar el financiamiento del proceso electoral, reafirmando el compromiso del Gobierno de atender oportunamente las necesidades que demande su adecuado desarrollo”, indicó.

La cartera señaló que mantiene una coordinación permanente con los organismos que integran el sistema electoral y con sus equipos técnicos. Asimismo, añadió que continuará evaluando los requerimientos que sean debidamente sustentados y priorizados mediante los mecanismos establecidos en la normativa presupuestaria.

“El MEF reafirma su compromiso con el adecuado desarrollo del proceso electoral, garantizando el uso responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos y brindando el soporte presupuestario necesario para que las elecciones se desarrollen con normalidad”, sostuvo.

¿Cuánto solicita cada organismo?

Durante la tarde de este martes, los titulares del JNE, la ONPE y el Reniec informaron el presupuesto que requiere cada institución para cumplir con el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En conjunto, señalaron que el sistema electoral necesita S/ 589,52 millones y que actualmente existe un déficit de S/ 264,5 millones.

Fujimori señaló que sus primeros 100 días de gobierno estarán enfocados en la prevención ante el Fenómeno El Niño y en impulsar la recuperación económica.

En ese sentido, proyectó que el país podría alcanzar un crecimiento financiero de entre 5% y 6% para el año 2027.

Como parte de su propuesta en seguridad, la futura mandataria indicó que se contempla la participación de las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en emergencia, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

Tambiém planteó que el personal militar pueda colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario dentro de los establecimientos de reclusión para enfrentar al crimen organizado relacionado con el narcotráfico y la minería ilegal.

En el ámbito económico, la próxima gestión busca apoyar a las micro y pequeñas empresas, destrabar proyectos de inversión y promover la generación de empleo.

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En su visita, Rospigliosi sostuvo una reunión con los agentes que cumplían funciones en dicha dependencia cuando ocurrió el hecho. El comandante PNP Gilberto Virgilio Uriarte Caña recibió al titular del Parlamento y le brindó detalles sobre las circunstancias del caso.

Estuve en el DOE 2 Este en Vitarte, donde están varios de los policías de la comisaría de Manchay, donde se suicidó un delincuente juvenil drogado, que fue capturado y golpeado por los vecinos que lo atraparon robando pic.twitter.com/Bz5aV0jRia

— Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) July 7, 2026

¿Qué dijo Rospigliosi?

El presidente del Congreso señaló que conversó con los policías involucrados para conocer su versión de los hechos. Según indicó, el informe del Instituto de Medicina Legal señala que el adolescente presentaba lesiones antes de ingresar a la comisaría.

Al referirse a la información recogida durante su visita, explicó que considera necesario esperar el desarrollo de las diligencias antes de establecer responsabilidades.

“He tenido la oportunidad de conversar con ellos, de escuchar su versión, porque está el informe del Instituto de Medicina Legal que muestra claramente que este individuo había sido golpeado antes de ser entregado a la comisaría”, indicó.

Rospigliosi indicó que, de acuerdo con los testimonios que recibió, el adolescente habría sido retenido previamente por ciudadanos que lo señalaban como presunto responsable de un robo. También mencionó que, tras los exámenes realizados, la persona intervenida dio positivo para cocaína.

“Entonces esa es la verdadera historia y hay que esperar que esta vez las autoridades judiciales actúen con imparcialidad porque lamentablemente hay un sesgo contra la policía y a favor de la delincuencia. Eso es intolerable”, expresó.

Pide respetar el debido proceso

El legislador afirmó que las investigaciones deben desarrollarse con objetividad y sin adelantar conclusiones sobre los involucrados. En esa línea, señaló que los efectivos policiales no deben ser responsabilizados mientras no concluyan las diligencias correspondientes.

“De ninguna manera debe culparse sin investigación alguna a los policías cuando todos los hechos muestran que ellos no son responsables de esta muerte”, subrayó.

La visita a la unidad policial formó parte de las actividades de representación del Congreso. Finalmente, Rospigliosi destacó la labor que realizan los efectivos en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia.

“Nuestra organización ratifica su disposición de trabajar coordinadamente con el Gobierno Nacional en acciones dirigidas a combatir la delincuencia, enfrentar la minería ilegal, fortalecer la seguridad ciudadana y por el desarrollo de las comunidades rurales, siempre dentro del marco de la Constitución y de la Ley 27908-Ley de Rondas Campesinas”, se lee en el documento.

La confederación también manifestó su confianza en que la futura administración mantendrá un diálogo permanente con las organizaciones sociales para fortalecer la democracia y contribuir a la tranquilidad de la población

La carta, firmada por Valentín Sánchez Mestanza, presidente de Conarcanp, sostiene que el trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad permitirá fortalecer la institucionalidad, mejorar la seguridad y generar mayores oportunidades para el país.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con representantes de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas y Nativas del Perú (CONARCANP), quienes expresaron su disposición de coordinar con el próximo Gobierno acciones para fortalecer la seguridad ciudadana,… pic.twitter.com/fzDIBLCDhY

— Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 7, 2026

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El funcionamiento de la Comisión Permanente durante este periodo fue establecido mediante la Resolución Legislativa del Congreso N.° 011-2025-2026-CR. En ese plazo, el grupo parlamentario podrá continuar con el trámite de determinadas iniciativas mientras el Pleno no se encuentra en funciones.

Los integrantes de la #ComisiónPermanente se reunirán en sesión el jueves 9 de julio, desde las 9:00 a. m., para abordar la agenda prevista en cumplimiento de sus funciones parlamentarias. pic.twitter.com/6a2yCbECI7

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 7, 2026

¿Qué facultades tendrá?

De acuerdo con el artículo 101 de la Constitución Política del Perú, la Comisión Permanente es presidida por el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi. Además, está integrada por no menos de 20 parlamentarios elegidos por el Pleno, respetando la representación proporcional de las bancadas.

Entre las materias que podrá analizar figuran los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa incluidos en el Orden del Día y en la agenda del Pleno. También podrá debatir las iniciativas incorporadas por la Junta de Portavoces y las propuestas remitidas por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, conforme al artículo 105 de la Constitución.

La Constitución también establece límites para las atribuciones de este órgano durante el receso legislativo. Por ello, la Comisión Permanente no puede aprobar reformas constitucionales, tratados internacionales, leyes orgánicas ni la Ley de Presupuesto.

¿Quiénes integran la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria?

Tras la publicación de los resultados oficiales por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la Mesa Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Como parte del cronograma para el inicio del Congreso bicameral, la elección de las mesas directivas de las cámaras de Senadores y Diputados se realizará el 26 y 27 de julio. Ambas instancias asumirán oficialmente sus funciones el 28 de julio.

Según informó la Oficina de la Presidenta Electa, ambos conversaron sobre los principales desafíos nacionales y coincidieron en la importancia de impulsar el diálogo y la unidad con una mirada hacia el futuro.

Al término del encuentro, Grozo explicó que acudió a saludar a la mandataria electa y a intercambiar opiniones sobre la situación del país.

“Yo me he acercado con la presidente electa Fujimori y hemos tenido un diálogo bastante cordial donde hemos abordado varios temas sobre todo de campaña, lo que hemos llevado a cabo, y sobre lo que viene a futuro, donde todos tenemos que apuntar, como repito, por la unidad del país”, indicó.

Consultado sobre los pedidos de algunas bancadas para liberar al expresidente Pedro Castillo o derogar las denominadas leyes procrimen como condición para dialogar, el excandidato expresó su desacuerdo.

“Yo pienso en ese sentido que no puede haber ningún condicionamiento de nadie, bajo ninguna situación“, señaló.

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En declaraciones a la prensa, Álvarez afirmó que el incremento de la criminalidad está generando temor entre la población y golpeando a miles de pequeños emprendedores. En ese contexto, consideró que el próximo gobierno debe adoptar medidas más severas para enfrentar a las organizaciones delictivas.

“Bueno, el tema que preocupa, crea pánico, temor y sobre todo se siente indefensión del ciudadano, la inseguridad ciudadana, la ola criminal que está haciendo muchísimo daño incluso a la economía. Cinco mil panaderías han cerrado, bodegas cierran, pequeños negocios”, expresó.

En esa línea, explicó que el combate contra la delincuencia requiere una respuesta más contundente que las estrategias aplicadas hasta el momento. Por ello, insistió en que el Estado debe endurecer su actuación frente a quienes cometen estos delitos.

“Bueno, que no se necesita solo mano dura, sino mano de hierro contra los delincuentes”, planteó.

En otro momento, el exaspirante presidencial señaló que encontraron puntos en común entre sus respectivas propuestas. Sin embargo, aclaró que las decisiones sobre las medidas que implementará la nueva administración corresponden exclusivamente a la mandataria electa.

“Bueno, simplemente hemos llegado a conversar, hemos coincidido en muchos puntos en nuestros planes de gobierno, pero en todo caso es potestad de la presidenta electa”, comentó.

Respalda continuidad de Julio Velarde

Como se recuerda, la lideresa de Fuerza Popular sostuvo una reunión con Julio Velarde durante la tarde del lunes. Tras culminar el encuentro político, se confirmó la permanencia de Velarde al frente del Banco Central de Reserva. Al respecto, Álvarez saludó dicha decisión y consideró que contribuirá a mantener la estabilidad económica del país.

“Totalmente de acuerdo y felicito a don Julio Velarde que haya aceptado continuar. Es una situación muy positiva para el país. Mantenemos la estabilidad de la moneda durante casi más de 20 años y la moneda más estable de la región y eso es importante”, indicó.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que el déficit presupuestal que enfrenta el sistema electoral pone en riesgo la organización de las elecciones regionales y municipales programadas para el 4 de octubre.

En conferencia de prensa, Burneo precisó que el JNE, la ONPE y el Reniec requieren un presupuesto conjunto de S/589,52 millones para asegurar el desarrollo del proceso electoral.

“Nuestro déficit como sistema es de 589,52 millones de soles. En pocas palabras, están en riesgo las elecciones regionales y municipales”, aseguró.

“Probablemente, si no nos asignan los recursos en forma inmediata, tengamos que tomar medidas, inclusive prolongar el mandato de las actuales autoridades regionales y municipales, porque no vamos a poder organizar este proceso electoral”, agregó.

Según Burneo, los organismos del sistema electoral iniciaron las gestiones para obtener el presupuesto desde noviembre de 2025, a través de la Ley de Presupuesto y de coordinaciones constantes con el Poder Ejecutivo.

Asimismo, indicó que, una vez concluidas las elecciones generales, el sistema electoral deberá afrontar la organización de los comicios regionales y municipales, un proceso que demanda una mayor complejidad operativa.

“Queremos garantizar el adecuado funcionamiento del sistema y transparentar esta situación ante la ciudadanía. No queremos improvisar; queremos planificar y fortalecer nuestra capacidad operativa”, expresó.

El titular del JNE informó que la entidad demanda S/103,51 millones para afrontar el proceso electoral. De ese total, S/75,02 millones están contemplados en un proyecto de ley que deberá ser evaluado por el Congreso.

En el caso de la ONPE, Burneo explicó que requiere S/433,21 millones. Sin embargo, aun considerando los recursos previstos en el proyecto de ley, la institución mantiene un déficit de S/189,21 millones.

En cuanto al Reniec, Burneo indicó que la entidad requiere S/52,80 millones y que, hasta el momento, no tiene recursos asignados para cubrir esa necesidad. Asimismo, enfatizó que los organismos del sistema electoral deben contar con el presupuesto dentro de los próximos 60 días para cumplir con el cronograma establecido.

“Estamos a solo 88 días de las elecciones. Si en los próximos 60 días no contamos con los recursos, no podremos planificar absolutamente nada”, sostuvo.

Posteriormente, Burneo reiteró que la advertencia busca informar con transparencia a la ciudadanía sobre la situación financiera que atraviesa el sistema electoral y evitar que una eventual imposibilidad de organizar los comicios sea atribuida únicamente a las entidades responsables del proceso.

El ministro de Defensa, Amadeo Flores, afirmó que el Gobierno entregará toda la información solicitada sobre los viajes del presidente José Balcázar, tras el inicio de las indagaciones de la Contraloría respecto a los desplazamientos del jefe de Estado por el país.

En declaraciones a Canal N desde Cusco, donde asiste a la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, Flores dijo que los desplazamientos del presidente obedecieron al desarrollo de actividades oficiales en beneficio de la ciudadanía.

“Nosotros estaremos dispuestos a presentar toda la información que corresponda y estoy seguro de que también el Despacho Presidencial desarrollará toda la documentación con el acervo documentario con el que cuente para presentarla a las instancias correspondientes”, indicó.

Respecto al informe periodístico de Cuarto Poder sobre el costo de los desplazamientos del presidente, el ministro señaló que, en las actividades en las que estuvo presente, las visitas tuvieron como finalidad ejecutar acciones de gobierno.

“Los viajes en los que me ha tocado participar siempre han sido para hacer intervenciones directas de gobierno, llevando ayuda humanitaria y desarrollando acciones con distintos sectores del Estado”, sostuvo.

Asimismo, señaló que en dichas jornadas intervinieron los ministerios de Educación, Salud y Transportes para impulsar políticas públicas y agilizar diversos trámites en beneficio de la población.

Contraloría inicia diligencias por viajes de Balcázar

La Contraloría General de la República inició diligencias en el Despacho Presidencial para recopilar información sobre los viajes realizados por el presidente José María Balcázar al interior del país, luego de que un reportaje revelara que estos demandaron un gasto superior a S/1 millón 124 mil para el Ejecutivo.

Indagación

Mediante un oficio dirigido al secretario general de la Presidencia, Alonso Tenorio, la Contraloría informó el inicio de un servicio de recopilación de información.

Además, acreditó a dos profesionales para acceder a la documentación relacionada con los desplazamientos del mandatario.

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“Este órgano de Control Institucional ha dispuesto el inicio de un servicio (...) de recopilación de información a los ‘viajes realizados al interior del país por el Presidente de la República’”, señala el oficio.

También solicitó que se le brinden las facilidades necesarias para el desarrollo de las diligencias.

La decisión se produce luego de que Cuarto Poder revelara que Balcázar realizó 19 viajes nacionales durante sus primeros meses de gestión, de los cuales once tuvieron como destino Lambayeque.

Diligencia

En paralelo, la Contraloría inició una recopilación de información en el Ministerio de Trabajo por el procedimiento administrativo disciplinario seguido contra el ministro Freddy Solano.

El funcionario es investigado por la presunta presentación de un certificado laboral falso para acreditar experiencia profesional y acceder a cargos públicos.

La diligencia se realiza tras una denuncia periodística, de Cuarto Poder, que señala que Solano habría utilizado dicho documento para ocupar seis puestos en el Estado, entre ellos cargo de superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Aunque el proceso administrativo fue archivado por prescripción, la Contraloría busca determinar cómo se tramitó el caso y la actuación de los funcionarios involucrados.

La lideresa de Fuerza Popular explicó que esos objetivos responden a las necesidades más urgentes que enfrenta el país. En ese sentido, consideró que la atención de la seguridad, la infraestructura y los servicios públicos debe anteceder a cualquier debate sobre modificaciones constitucionales.

“Lo más importante en una agenda de los próximos 100 días es recuperar el orden, enfrentar al Fenómeno El Niño y hacer que el Estado vuelva a funcionar”, señaló.

No descarta cambios en la Constitución

Fujimori también fue consultada sobre la posibilidad de impulsar cambios a la Constitución durante su mandato. Al respecto, indicó que si bien ese debate puede desarrollarse en el futuro, considera que no representa una urgencia para el inicio de su administración.

La presidenta electa sostuvo que cualquier propuesta de reforma requerirá acuerdos entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria. Por ello, afirmó que primero buscará consolidar la capacidad de respuesta del Estado frente a los principales problemas del país.

Como parte de esa estrategia, Keiko Fujimori indicó que su gobierno dará prioridad a mejorar el funcionamiento de los servicios que brinda el Estado. Entre las acciones previstas mencionó el impulso de obras públicas y el fortalecimiento de los sectores de educación y salud.

La mandataria electa explicó que su administración buscará garantizar el funcionamiento de los centros educativos, mejorar la atención en los establecimientos de salud y asegurar el abastecimiento de medicamentos para la población.

¿Cómo enfrentará la inseguridad?

En materia de seguridad ciudadana, Fujimori reiteró que este será uno de los principales compromisos de su gestión. Para ello, anunció que solicitará facultades al Congreso con el propósito de implementar medidas que permitan reforzar la lucha contra la criminalidad.

Asimismo, adelantó que promoverá una estrategia coordinada entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario. Según explicó, ese trabajo conjunto estará dirigido a intervenir zonas declaradas en emergencia, fortalecer el control de las fronteras y mejorar la seguridad en los establecimientos penitenciarios.

Durante la entrevista, la presidenta electa también se refirió a la conformación del próximo Consejo de Ministros. En ese contexto, indicó que buscará convocar a profesionales con experiencia y capacidad técnica para asumir las distintas carteras del Ejecutivo.

Fujimori señaló que la pertenencia a un partido político no será un requisito para integrar su gabinete. Añadió que el objetivo será conformar un equipo que contribuya al diálogo político y garantice la gobernabilidad durante el inicio de su mandato.

El presidente José María Balcázar informó que invitará formalmente a la presidente electa, Keiko Fujimori, a una reunión en Palacio de Gobierno como parte del proceso de transferencia de mando.

En declaraciones a Exitosa, el jefe de Estado indicó que espera que el encuentro pueda realizarse durante la próxima semana y reiteró que la transición entre ambas administraciones ya se inició oficialmente.

“La vamos a invitar (a Keiko Fujimori) a ver si acepta esta semana que viene para tener una reunión en Palacio (de Gobierno), que nos gustaría tenerla”, manifestó.

Asimismo, detalló que en su momento felicitó a la presidente electa y se comunicó con ella vía telefónica cuando estaba en Cusco. “Hemos felicitado como corresponde a la presidenta”, apuntó.

Asegura una transición ordenada

Balcázar sostuvo que su administración viene otorgando todas las facilidades para que el equipo del próximo gobierno conozca la situación en la que se encuentra el Estado.

Asimismo, aseguró que su gestión deja unas finanzas públicas ordenadas.

“Estamos dando todas las facilidades para que ellos tengan conocimiento del estado austero de esta administración y estamos dejando las cifras en azul”, afirmó.

El mandatario también recordó que felicitó personalmente a Keiko Fujimori tras conocerse los resultados electorales y precisó que la comunicación se realizó por vía telefónica cuando la presidenta electa se encontraba en Cusco.

También buscará dialogar con Roberto Sánchez

El jefe de Estado indicó que buscará conversar con el excandidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con el objetivo de promover una transición ordenada.

Además, aclaró que la reunión que sostuvo anteriormente con Sánchez en Palacio de Gobierno no estuvo relacionada con el reconocimiento del resultado electoral, sino con temas vinculados al crédito suplementario impulsado por el Ejecutivo y la denominada deuda social con maestros cesantes y trabajadores bajo el régimen CAS.

Gas para el sur e indulto a Pedro Castillo

Durante la entrevista, Balcázar consideró que la presidenta electa deberá construir consensos con los distintos sectores políticos para garantizar la gobernabilidad.

En ese contexto, señaló que uno de los temas prioritarios será impulsar el desarrollo del gas para las regiones del sur del país.

Consultado sobre un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo, el mandatario respondió que esa facultad corresponde constitucionalmente al presidente de la República, aunque precisó que cualquier decisión de esa naturaleza debe contar con el debido sustento constitucional.

En una sesión extraordinaria realizada el último lunes, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó modificar el cronograma del concurso público para la elección del próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La decisión dispone que la entrevista personal, última etapa del proceso de selección, se realice el martes 14 de julio en la sede institucional de la JNJ, ubicada en San Isidro.

La modificación responde a la reincorporación de Carlos Martín Loyola Escajadillo como único postulante en carrera, lo que permitió reactivar el proceso cuando estaba cerca de ser cancelado.

La jornada de evaluación presencial se desarrollará desde las 11:00 a. m. en la sede institucional de la avenida Paseo de la República. Ese mismo día también se realizarán las publicaciones oficiales correspondientes al proceso.

De acuerdo con lo dispuesto por la JNJ, una vez concluida la entrevista se publicarán las calificaciones, el cuadro de méritos y el resultado de la votación que definirá al ganador del concurso.

Si no se registran nuevos retrasos en la etapa final del proceso, el nuevo jefe de la ONPE jurará al cargo en una ceremonia programada para el jueves 16 de julio de 2026.