El aspirante a la presidencia, desde la ciudad de Pucallpa (Ucayali), destacó la importancia de preservar la autonomía del BCR, liderado por Velarde desde el 2006.

“Nosotros hemos dicho y hemos dialogado con el equipo económico, con el propio del presidente Castillo, y hemos reafirmado y afianzado su continuidad”, manifestó a RPP.

Sánchez, quien en un primer momento criticó la permanencia de Velarde, indicó que podría reunirse con el presidente del BCRP en la fase final de la contienda electoral.

“Evidentemente, nos falta dialogar, ¿no? Y respetuosamente lo haremos. Creo que no hay que esperar al 28. Muy bien podemos hablar mucho antes con la mayor vocación democrática”, refirió.

Además, Roberto Sánchez solicitó que se investigue al sujeto armado que fue detenido durante su mitin en la ciudad de Huaral.

“No me parece un acto normal que una persona esté aparentemente con alcohol o en estado etílico, y con arma y con balas”, manifestó.

El candidato al sillón presidencial indicó que la Policía y demás fuerzas del orden deben tomar previsiones para que hechos similares no vuelvan a ocurrir.

“Tampoco voy a ser alarmista, pero hay que tomar previsión. Felizmente, las personas se dieron cuenta, reaccionaron, lo redujeron…”, señaló.

Además, la abogada calificó las acusaciones como “absurdas” y “ridículas”.

Ello por los dichos de Miki Torres en relación a que diversas instancias del país contribuyeron a la vacancia de Pedro Castillo en 2022.

Sin embargo, Loza señaló que evaluarán demandarlos por denuncia calumniosa.

Karl Marx mencionaba que existen dos grandes clases: la burguesía y el proletariado.

Es decir, que en la sociedad hay grupos con gran poder económico y otros que trabajan para ellos.

Hoy, en su intento por llegar a la Presidencia, el candidato Roberto Sánchez y representantes del partido Juntos por el Perú (JP) apelan a ese discurso mediante el uso de factores raciales, sociales y culturales para justificar un enfrentamiento entre peruanos y alentar la división.

De acuerdo con sus presentaciones revisadas por Correo, apelan constantemente a la exclusión, a las zonas rurales o a no formar parte de la élite (ver infografía).

EL PRIMERO

A principios de febrero, el candidato presidencial Roberto Sánchez dijo durante una actividad que JP es liderado por el expresidente Pedro Castillo.

“La figura de Pedro Castillo no solo sufrió el arrebatamiento popular, sino también el desprecio y discriminación de las élites limeñas y económicas que vienen gobernando con esa Constitución mafiosa”, aseguró.

Un mes después usó un discurso similar para decir que “la élite mafiosa de Lima” despreció a un campesino, rondero y agricultor.

“Odian este sombrero, porque es identidad de ese pueblo milenario”, sostuvo.

En una reciente entrevista con una radio local, Sánchez Palomino respondió a quienes lo cuestionan por el uso del sombrero, símbolo que caracterizó a Pedro Castillo durante la campaña, proveniente de Chota (Cajamarca).

“En realidad es un debate de discriminación, de eliminación del símbolo y la figura. Nosotros somos ese pueblo de los pobres y excluidos que nos ha traído acá y la academia y la opinología no lo entiende aún”, respondió.

Analí Marquez, candidata a la primera vicepresidencia de JP, sigue la misma línea.

En un actividad partidaria a principios de mes, aseguró que se pretende desconocer los votos de millones de peruanos.

“Hemos elegido un candidato del pueblo. Hemos sido víctimas de maquinación, de discriminación, porque no cree que el pueblo tiene derecho a llegar a Palacio”, sostuvo.

La exministra e integrante del equipo de JP, Anahí Durand, comparó la elección actual con la gestión de Castillo.

“El momento político que se abrió el 2021 con la elección de Pedro Castillo conmocionó tanto a las clases dominantes que se sacaron la careta. Si en algún momento disimulaban su racismo y clasismo hoy lo exhiben sin pudor”, indicó.

Mientras que Ernesto Zunini, virtual diputado, consideró que se quiere desconocer el “derecho a elegir de los provincianos”.

“Hay un discurso de exclusión y de discriminación en un sector de nuestra clase política”, sostuvo.

CONSTANTE

Sin duda, el personaje que más veces apeló al discurso de la división de clases es Brígida Curo, candidata a la segunda vicepresidencia de JP.

Durante una entrevista en el programa Pachamama Radio, Curo consideró que “el voto popular” se encuentra simbólicamente encerrado en la cárcel, en referencia a la condena que cumple el expresidente Castillo.

Culpó de eso a “la política corrupta y racista”.

En una reciente actividad en el Barrio Chino (Ica), consideró que ellos son “hijos de nuestra patria”.

“Tenemos que recuperar la soberanía del país. Esta política racista y clasista se han enquistado en Ejecutivo y Legislativo. El pueblo llora porque está olvidado. Nos han llamado terroristas pero somos hijos del pueblo”, aseguró.

Mientras que el 26 de mayo en Manchay, se refirió, nuevamente, “a la clase racista y clasista”.

“Ellos nos desprecian, nos denominan indios, cholos, dicen que no podemos ser gobiernos, pero desde las provincias, desde las comunidades en el Perú profundo, tenemos que representarnos”, enfatizó.

ANÁLISIS

Para el analista político César Campos, a lo largo de los últimos años, la izquierda se ha encargado de fabricar una narrativa para generar enfrentamientos.

“Con la costa quieren establecer un muro de distanciamiento en base a criterios no sociales, sino raciales”, indicó.

En diálogo con Correo, el experto dijo que le sorprende el justificante de JP sobre la división entre Lima y regiones, pues la mayoría que reside en la capital del Perú, proviene del interior del país o tiene ascendencia andina.

“Ellos han establecido ese paradigma para consolidar ese enfrentamiento y para fomentar una propuesta autonomista que es el caso de Puno, que está muy contagiado de Evo Morales”, indicó.

Asimismo, Campos señaló que JP habla de “élites limeñas” sin considerar que esas élites cambiaron de acciones, pues ahora los que se encuentran en esos segmentos son los mineros ilegales que mueven mucho dinero.

“Se aprueban constantemente ampliaciones del Reinfo para los ilegales, ellos son una élite, los que forman parte del narcotráfico también son una élite y la tata de personas. A lo largo delos años se ha invertido el enfoque y los valores, de tal manera que esa predica ha tenido éxito y ha calado al interior del país”, apuntó Campos.

El funcionario dirigió un llamado directo al Ejecutivo durante una conferencia de prensa.

“Hago la invocación a través de ustedes para que estos camiones y todo el material llegue al país como queremos y que el día 7 de junio todos los ciudadanos hábiles para que voten tranquilamente”, señaló Pachas.

También indicó que el material saldrá dos días antes del 7 de junio para abrir a las 6 a.m. las mesas de sufragio.

Burneo sostuvo que la carga procesal será menor a la registrada en la primera vuelta al competir solo dos organizaciones políticas.

“Dependiendo de la carga procesal que tengamos, porque también consideremos que va a haber recuento de votos, va a haber mucha competencia”, precisó el titular del JNE.

Además, convocó a universidades y colegios privados a ceder sus locales desde el viernes anterior a los comicios.

“Muchos de ustedes no tienen una pensión, pensión 65. Nosotros lo que vamos a hacer es aumentar 500 mil pensionistas por año durante los próximos cinco años para convertirlo en pensión universal”, sostuvo.

Según su plan de gobierno, elevarían la subvención de S/350 a S/700 bimestrales para adultos mayores en pobreza extrema.

Retorno

En su presentación, Fujimori Higuchi recordó programas sociales de la década de los noventa que fueron “desactivados” por administraciones posteriores.Por ejemplo, la aspirante al sillón presidencial mencionó el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), que distribuía alimentos a comedores populares y fue extinguido en 2014.

Este programa fue creado durante el mandato de su padre Alberto Fujimori.

La candidata sostuvo que distintos gobiernos mantuvieron “congelados” los recursos destinados a los lustradores. “Vamos a aumentar esos presupuestos”, aseguró.

Elecciones

La lideresa opositora también se refirió al escenario electoral frente a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

”Si bien es cierto las encuestas muestran un poquito de diferencia, para mí eso es un empate, no hay que confiar. Entonces yo les pido que me ayuden inscribiéndose como personeros, esa parte es fundamental", pidió.

La candidata vinculó este llamado a su experiencia en la segunda vuelta de 2021, donde denunció irregularidades en el proceso de escrutinio, y advirtió que estas situaciones podrían repetirse.

De acuerdo al informe periodístico, la reunión se realizó el pasado 13 de mayo y contó con la participación de integrantes de la dirigencia del partido y coordinadores del sector minero.

En la información se precisa que representantes de estas agrupaciones visitaron en varias ocasiones el local político durante los últimos días para dialogar con el equipo de campaña de Sánchez.

En la actividad también participaron la candidata a la vicepresidencia Analí Márquez y el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini. Por parte del sector minero asistió Magno Palomino, coordinador de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú.

De acuerdo con la publicación, el gremio presente en la reunión es el mismo que promovió las ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Las conversaciones quedaron registradas en imágenes difundidas por medios de comunicación, en el marco de las actividades de campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial.

Según los registros de la Fiscalía Superior de la Séptima Fiscalía Corporativa de Lima, la denuncia está relacionada con las actuaciones del magistrado dentro del Expediente N.° 249-2015, vinculado a la Carpeta Fiscal N.° 69-2015, a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche.

Humala, actualmente recluido en el penal de Barbadillo, solicitó el inicio de una investigación preliminar conforme al Código Procesal Penal.

En paralelo, se informó que el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia rechazó de manera definitiva el pedido del Estado peruano para ampliar los cargos de extradición contra Martín Belaunde Lossio por el presunto delito de lavado de activos agravado.

La justicia boliviana argumentó que su competencia concluyó tras la entrega de Belaunde Lossio a las autoridades peruanas en 2015, por lo que consideró inviable aplicar una ampliación de extradición. Esta decisión afecta el desarrollo de investigaciones vinculadas a los casos Ollanta-Heredia, Catache, Colegio Fitzcarrald y Corporación Asia SAC.

Asimismo, la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público remitió informes al despacho del juez Concepción Carhuancho sobre el estado del trámite internacional. La fiscal adjunta suprema Cecilia Hinojosa Cuba estuvo a cargo de las comunicaciones con las autoridades bolivianas.

He interpuesto denuncia penal contra el Juez Richard Concepción Carhuancho, por los delitos de abuso autoridad y prevaricato. Al descubrirse que aprobó la colaboración eficaz de Martín Belaunde, en nuestro caso; pese a haber sido notificado, en dos oportunidades, sobre la… pic.twitter.com/lrrNANVMhA

— Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) May 27, 2026

Según fuentes de RPP, el extitular del MEF venía afrontando una enfermedad.

Carlos Oliva se desempeñó como titular del Ministerio de Economía y Finanzas durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra. Además, desde noviembre de 2021 integraba el directorio del Banco Central de Reserva del Perú, cargo que ya había ocupado entre 2015 y 2016.

A lo largo de su trayectoria profesional, también fue viceministro de Hacienda entre 2011 y 2015, durante la gestión de Ollanta Humala, y director del Banco de la Nación. Asimismo, trabajó como consultor y economista del Banco Interamericano de Desarrollo para Chile, Venezuela y Colombia.

Entre 2020 y 2023 presidió el Consejo Fiscal y, en el ámbito académico, fue director de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico entre 2015 y 2018. Oliva era economista por dicha casa de estudios.

Durante una reunión con agrupaciones de lustrabotas y canillitas, Fujimori afirmó que no quiere que se repitan situaciones como las denunciadas en las elecciones de 2021, cuando aseguró haber existido un presunto fraude electoral tras su derrota frente a Pedro Castillo.

“No nos la vuelven a hacer”, señaló la lideresa fujimorista al referirse también a las demoras registradas en la apertura de algunos locales de votación durante la primera vuelta.

Además, pidió a sus seguidores no confiarse pese a que algunas encuestas la colocan con ligera ventaja frente al aspirante de izquierda Roberto Sánchez.

Fujimori también reiteró sus propuestas de campaña enfocadas en recuperar el orden frente al avance del crimen organizado y ampliar el programa Pensión 65 para beneficiar progresivamente a más adultos mayores durante los próximos cinco años.

Como se sabe, la segunda vuelta se realizará el domingo 7 de junio, donde los contendores Keiko Fujimori y Roberto Sánchez aspiran el sillón presidencial, ocupado por ocho presidentes en la última década.

Canillitas

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con gremios de canillitas y lustradores en el Centro de Lima, como parte de sus actividades de campaña con miras a la segunda vuelta electoral.

Según indicó, el Ministerio Público ya concluyó las etapas de investigación preliminar y preparatoria, quedando el caso listo para avanzar hacia el juicio oral.

La investigación se inició antes de que Sánchez asumiera funciones como parlamentario y estuvo a cargo del segundo despacho de la Segunda Fiscalía Penal de Lima-Breña-Rímac y Jesús María. Chávez señaló que condujo directamente el caso durante cerca de tres años, hasta enero de este año.

De acuerdo con la tesis fiscal, el proceso surgió tras detectarse presuntas irregularidades en los reportes financieros del partido político Juntos por el Perú. Inicialmente, la agrupación declaró cero aportes ante los organismos electorales; sin embargo, las pesquisas identificaron movimientos por alrededor de 280 mil soles en las cuentas de William Sánchez.

El levantamiento del secreto bancario permitió identificar depósitos provenientes de diversas regiones del país, realizados -según la fiscalía- por candidatos que participaron en procesos electorales de 2018 y 2020. El Ministerio Público sostiene que existirían indicios de falseamiento de información relacionada con aportes partidarios.

Aunque el Poder Judicial archivó de manera definitiva el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas políticas, Roberto Sánchez aún afronta investigaciones por falsa declaración y presunto falseamiento de información sobre aportes. Según el cronograma judicial, el inicio del juicio oral está previsto para 2025.

Asimismo, la fiscalía informó que solicitó la entrega de libros contables del partido correspondientes a 2018 y 2020, aunque parte de la documentación habría sido reportada como perdida o sustraída por los responsables de finanzas. El Poder Judicial programó para el 27 de mayo una audiencia que definirá si el caso pasa formalmente a juicio oral.

A través de un pronunciamiento difundido este 27 de mayo, la magistrada explicó que decidió dejar la presidencia luego de que una mayoría de integrantes del TC optara por mantener en el cargo al mencionado funcionario. Según indicó, desde el año pasado había solicitado su relevo debido a cuestionamientos sobre su desempeño.

Pacheco señaló que, ante la decisión de mantener al funcionario, optó por permanecer en el cargo únicamente hasta el próximo 31 de mayo. Asimismo, remarcó que su renuncia se limita exclusivamente a la presidencia del Tribunal Constitucional y no implica su salida como magistrada.

En el comunicado, reafirmó su compromiso con la defensa del orden constitucional y aseguró que continuará ejerciendo sus funciones jurisdiccionales dentro del máximo intérprete de la Constitución.

El documento fue difundido luego de que surgieran versiones sobre presuntos motivos de salud detrás de su decisión.

📌 Comunicado de la presidenta del Tribunal Constitucional, magistrada Luz Pacheco Zerga, referido a las razones de su renuncia al cargo 👉 https://t.co/sND7IHKwzl pic.twitter.com/Ce2yKghpoU

— Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) May 27, 2026

Durante la actividad, el mandatario destacó que la salud y la educación son dos de los ejes fundamentales de su gestión, por lo que el Gobierno impulsa una importante inversión para modernizar el histórico hospital y dotarlo de tecnología de punta. “Si no hay salud no hay libertad”, expresó al resaltar la necesidad de fortalecer el sistema sanitario nacional.

Balcázar también recordó que, en su etapa como congresista, promovió la creación de universidades con facultades de medicina para reducir la brecha de profesionales de la salud. En ese sentido, sostuvo que una mejor formación universitaria permitirá contar con mejores médicos y una atención de mayor calidad para los ciudadanos.

Asimismo, anunció que tiene previsto invitar formalmente al papa León XIV para que visite el Perú y considere al Hospital Dos de Mayo dentro de su recorrido por el país.

La ceremonia contó con la participación del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo; el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco; y el director general del hospital, Víctor Gonzales Pérez.

El proyecto de modernización contempla una inversión superior a los 2 mil 700 millones de soles y beneficiará a más de 2.6 millones de peruanos.

La decisión fue adoptada el pasado 22 de mayo por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de Lima. Con este recurso, la defensa de Bermejo intentaba frenar la ejecución de la condena dictada el 24 de octubre de 2025, hasta que la Corte Suprema emita un fallo definitivo respecto al pedido de nulidad de la sentencia.

Los abogados del parlamentario sostuvieron que el delito por el que fue condenado corresponde a uno de “mera actividad o peligro abstracto”. En esa línea, afirmaron que la sentencia sanciona únicamente la presunta pertenencia ideológica a la organización, sin que su defendido haya ejercido un rol orgánico ni participado en estructuras armadas o en actos que atenten contra la vida o integridad de las personas.

Además, la defensa de Bermejo destacó que el legislador habría mostrado un comportamiento procesal adecuado, asistiendo a todas las citaciones fiscales y judiciales. Asimismo, señaló que cuenta con arraigo familiar, domiciliario, laboral y político, considerando su condición de congresista y militante del movimiento Voces del Pueblo, lo que —según su postura— descartaría un eventual riesgo de fuga.

No obstante, al analizar el pedido, la sala superior concluyó que no se cumplen de forma conjunta los presupuestos legales necesarios para otorgar la suspensión de la ejecución de la pena. De acuerdo con la resolución a la que tuvo acceso RPP, los magistrados determinaron que la naturaleza y gravedad del delito justifican la condena impuesta.

En esa línea, el colegiado precisó que no resulta jurídicamente válido emplear esta vía incidental para pretender un nuevo análisis de argumentos que ya fueron debatidos de manera contradictoria durante las audiencias del juicio oral.

Luego de esta esolución desfavorable, Guillermo Bermejo deberá seguir cumpliendo su condena en el Establecimiento Penitenciario Ancón I, donde permanecería privado de su libertad hasta el año 2040.

El Poder Judicial evaluará este jueves 28 de mayo si confirma el archivo del proceso penal seguido a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos con agravante de organización criminal en el denominado caso “Cócteles”.

La audiencia virtual fue programada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional y se desarrollará desde las 10:00 a.m.

El tribunal revisará los recursos de apelación presentados por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Fiscalía y Procuraduría buscan anular resolución

Ambas instituciones solicitan anular la resolución emitida por el juez Wilson Verástegui el pasado 13 de enero.

En dicha resolución, el magistrado ejecutó una sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 2 de octubre de 2025 y declaró el sobreseimiento definitivo del proceso contra Keiko Fujimori por lavado de activos y organización criminal.

La decisión también alcanzó a otros procesados vinculados al caso.

La Fiscalía sostiene que existe una motivación incongruente en la resolución judicial y cuestiona que se limite la facultad constitucional del Ministerio Público para ejercer acción penal.

Además, argumenta que el juzgado emitió un pronunciamiento de fondo dentro de un proceso cuya eficacia jurídica había quedado suspendida tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

Cuestionan efectos de sentencia del Tribunal Constitucional

Por su parte, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos también pidió que se anule la resolución y se emita un nuevo pronunciamiento.

Entre sus argumentos, sostiene que el Tribunal Constitucional dispuso dejar sin efecto actos procesales desde la investigación preliminar, por lo que el proceso debía retornar a esa etapa y no mantenerse en fase intermedia.

Asimismo, cuestiona que los efectos de la sentencia hayan sido extendidos a coprocesados que no fueron individualizados expresamente en la resolución constitucional.

Apelaciones de Mark Vito y MVV Bienes Raíces

La Segunda Sala Penal de Apelaciones también revisará los recursos presentados por Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, y la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C.

Ambos buscan revocar la decisión judicial que mantuvo vigente la imputación fiscal por presunto lavado de activos.

La defensa cuestiona que el juez Verástegui no haya extendido a su favor los alcances de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.

Otros delitos continúan vigentes

Aunque el juez Wilson Verástegui archivó el proceso por lavado de activos y organización criminal, dispuso que continúen vigentes las imputaciones por falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica contra Keiko Fujimori y otros integrantes de Fuerza Popular.

Por ello, ordenó devolver el requerimiento fiscal al Ministerio Público para que emita un nuevo pronunciamiento respecto a esos cargos específicos.

El Poder Judicial reprogramó para el próximo 4 de junio la audiencia de control de acusación contra el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

El proceso está relacionado con el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo vinculado a aportes, ingresos y gastos de campaña reportados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La decisión fue adoptada por el juez Adolfo Farfán durante una audiencia virtual realizada este miércoles.

Juez evaluará pedido de nulidad

Durante la sesión, el magistrado informó que antes de decidir si el caso avanza a juicio oral deberá resolver un pedido de nulidad presentado por la defensa del candidato presidencial.

“Ojo, que todavía no hemos instalado la audiencia, vamos a resolver previamente la nulidad”, señaló el juez Farfán.

La audiencia quedó reprogramada para el jueves 4 de junio a las 3:30 p.m.

En esa fecha, el juez evaluará el recurso planteado por la defensa y posteriormente definirá el futuro procesal del caso.

Defensa cuestionó situación jurídica de investigados

Durante la audiencia, la defensa legal de Roberto Sánchez sostuvo que existiría una confusión respecto a la situación jurídica de algunos investigados dentro del proceso.

Entre ellos mencionó a William Sánchez Palomino, hermano del candidato presidencial.

Según explicó el abogado, una resolución previa de la sala superior declaró fundada una excepción de improcedencia de acción por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas.

En esa línea, sostuvo que Roberto Sánchez “ya no tiene ninguna causa pendiente” en ese extremo del proceso, debido a que la sala habría dispuesto el sobreseimiento definitivo.

Fiscalía aclara alcance del sobreseimiento

Sin embargo, la representante del Ministerio Público aclaró que el actual requerimiento de sobreseimiento no alcanza ni a Roberto Sánchez ni a su hermano.

Precisó que dicho pedido solo corresponde a otros investigados vinculados al caso como presuntos cómplices.

Posteriormente, el juez Farfán explicó que dentro del proceso existen seis encausados: cuatro con acusación vigente y dos con sobreseimiento.

Investigación continúa por presunta falsa declaración

La investigación fiscal continúa por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y por el presunto falseamiento de información vinculada a aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas ante la ONPE.

El Poder Judicial deberá determinar en la próxima audiencia si el proceso avanza a la etapa de juicio oral.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que estaría dispuesto a renunciar a la Presidencia y convocar a nuevas elecciones generales si un eventual Congreso opositor no respeta, según dijo, la voluntad popular.

Las declaraciones fueron realizadas durante un mitin político en Pachacútec, uno de los sectores más poblados del distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

“Las fuerzas golpistas tienen que saber que acá nadie ‘arruga’”, manifestó el postulante ante sus simpatizantes.

“Estoy en condiciones de renunciar”

Durante su discurso, Sánchez cuestionó la posibilidad de enfrentar un Parlamento bicameral adverso a su eventual gestión.

“A ver, pues, atrévanse, porque estamos listos. Nos vamos a ir si no van a respetar la democracia ni la voluntad de nuestro pueblo”, afirmó.

“Perfecto, estoy en condiciones de renunciar y llamar a nuevas elecciones generales”, agregó.

El candidato no precisó en qué escenarios concretos plantearía una eventual renuncia ni cómo se desarrollaría el proceso de convocatoria electoral.

Promesa sobre Pachacútec

En otro momento de su intervención, Roberto Sánchez reiteró su propuesta de convertir Pachacútec en distrito en caso de llegar al Gobierno.

El candidato señaló que esta medida buscaría fortalecer la atención estatal y la autonomía administrativa de la zona ubicada en Ventanilla.

No respondió sobre incidente en Huaral

Sánchez evitó pronunciarse sobre la detención de un hombre que portaba un arma de fuego durante una actividad política realizada horas antes en la provincia de Huaral.

El postulante continuará este miércoles sus actividades proselitistas en la ciudad de Pucallpa, en la región Ucayali, como parte de su denominada “ruta castillista”.

Pacheco Zerga dejó el cargo antes de concluir su periodo al frente del Tribunal Constitucional. La magistrada asumió la presidencia de la institución el 5 de septiembre de 2024, cuando reemplazó a Francisco Morales.

Cabe señalar que la presidencia del Tribunal Constitucional tiene una duración de dos años y, de acuerdo con su Ley Orgánica, solo permite una reelección adicional por un año.

Pese a que dejó la presidencia del TC, Luz Pacheco continuará integrando el organismo, conformado por siete magistrados.

Hasta el momento, no se han precisado las razones por las cuales Pacheco Zerga decidió no continuar al frente del Tribunal Constitucional.

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Luz Pacheco renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional

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— Canal N (@canalN_) May 27, 2026

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, aseguró que la institución brindará todas las facilidades al Ministerio Público tras el informe de la Contraloría que advierte presuntas irregularidades cometidas por funcionarios durante la primera vuelta electoral.

Pachas señaló que la ONPE ya viene coordinando directamente con el fiscal encargado del caso y confirmó que se habilitó un espacio dentro de la institución para facilitar las diligencias.

“ONPE va a brindar todas las facilidades del caso”, afirmó.

Asimismo, indicó que el desarrollo y plazos de la investigación corresponden exclusivamente al Ministerio Público.

Preocupación por el paro agrario

Durante sus declaraciones, el funcionario también expresó preocupación por el paro agrario que se desarrolla en distintas regiones del país.

Pachas pidió al Poder Ejecutivo solucionar el conflicto para evitar afectaciones en el proceso electoral de la segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio.

“He hecho la invocación al Poder Ejecutivo para que solucionen el problema del paro agrario”, manifestó.

Según explicó, las protestas podrían perjudicar el traslado del material electoral, las capacitaciones y los simulacros previstos antes de la jornada electoral.

Simulacro de cómputo será el 31 de mayo

El titular interino de la ONPE recordó que el próximo 31 de mayo se realizará el simulacro nacional de cómputo de la segunda vuelta electoral.

La actividad se desarrollará tanto en Lima como en los 126 centros de cómputo implementados a nivel nacional.

Además, exhortó a miembros de mesa y ciudadanos interesados a participar en las capacitaciones correspondientes para garantizar el correcto desarrollo de los comicios.

Llamado a garantizar elecciones normales

Finalmente, Bernardo Pachas reiteró que el conflicto agrario afecta no solo a la ONPE, sino también a la ciudadanía que deberá acudir a votar.

En ese sentido, pidió asegurar las condiciones necesarias para que la segunda vuelta electoral se realice con normalidad.

La supervisión del embarque estuvo a cargo del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, quienes constataron el desarrollo del proceso en presencia de observadores internacionales.

Entre los observadores internacionales destacó la presencia de Alexander Gray, integrante de la misión de observadores de la Unión Europea desplegada en el país. Los contenedores, distribuidos por el consorcio AFE, incluyen ánforas, cédulas de sufragio, actas electorales y demás documentación necesaria para el desarrollo de la jornada electoral.

Por vía aérea, el material electoral es trasladado desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con destino a las provincias amazónicas de Atalaya, Coronel Portillo, Puerto Inca, Requena, Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Tambopata.

En cuanto a la vía terrestre, las unidades trasladan el material electoral hacia las oficinas descentralizadas instaladas en Chachapoyas, Moyobamba, Bagua, Bongará, Jaén, Mariscal Cáceres, San Martín, Alto Amazonas, Quispicanchi, Canchis y Espinar.

El despliegue se realiza tras los inconvenientes reportados durante la primera vuelta del 12 de abril, cuando varias mesas de sufragio no lograron instalarse en el horario previsto debido a demoras en la distribución del material electoral.

Ante este antecedente, las autoridades electorales afirmaron que se han implementado acciones preventivas para asegurar que el material electoral sea distribuido a tiempo en todos los locales de votación del país desde las 6:00 a.m.

“El plan es abrir los locales de votación a las 6:00 de la mañana. A esa hora ingresarán los miembros de mesa, los electores, los personeros, la prensa y todo el personal acreditado del JNE”, expresó a la prensa.

Asimismo, se solicitó a los colegios ceder sus instalaciones desde el viernes 5 de junio, con el objetivo de “acantonar a las Fuerzas Armadas y, segundo, a la Policía Nacional, para poder iniciar” el proceso electoral.

En esa misma línea, y ante el paro agrario registrado en diversas regiones del país, Bernardo Pachas exhortó al Gobierno central a atender el conflicto, al considerar que esta situación “representa un riesgo para el traslado” del material electoral.

Por su parte, Roberto Burneo señaló que equipos de fiscalización acompañarán no solo el proceso de despliegue del material electoral, sino que permanecerán de manera continua junto a los otros 25 mil fiscalizadores que serán destinados a nivel nacional.

“Ellos no solo estarán el día de la votación, sino desde días antes para el cierre de los hitos electorales, tales como el cierre de campaña, la verificación de los más de 10,000 locales de votación a nivel nacional y la confirmación del arribo del material”, indicó.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aseguró que el sistema electoral trabaja de manera articulada con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para garantizar el correcto despliegue del material electoral de cara a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

Las declaraciones fueron brindadas durante la supervisión del inicio del traslado del material electoral hacia distintas regiones del país.

“Es importante resaltar la presencia y la articulación que venimos demostrando las dos entidades del sistema electoral a efecto de transparentar todo el proceso de despliegue”, manifestó Burneo.

Objetivo: evitar problemas logísticos

El titular del JNE indicó que el principal objetivo es asegurar que el material electoral llegue oportunamente a todos los locales de votación y que la jornada se desarrolle con normalidad.

En esa línea, señaló que las coordinaciones entre el JNE y la ONPE buscan evitar problemas logísticos registrados durante la primera vuelta electoral.

Asimismo, exhortó a universidades privadas y colegios particulares a entregar sus instalaciones un día antes de los comicios para facilitar el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“Invocamos a las autoridades universitarias y colegios privados que nos den esa facilidad”, sostuvo.

Resultados oficiales podrían conocerse en menos de un mes

Respecto al plazo de proclamación de resultados oficiales, Burneo estimó que podría concretarse en menos de un mes, dependiendo de posibles impugnaciones o pedidos de nulidad.

“Estimamos que en menos de un mes o quizás en un mes estaríamos ya proclamando resultados”, afirmó.

El magistrado también solicitó al Gobierno central garantizar la seguridad durante el traslado del material electoral y brindar apoyo logístico a las fuerzas del orden.

Fiscalización reforzada para la segunda vuelta

Burneo confirmó que el Jurado Nacional de Elecciones reforzó el número de fiscalizadores electorales para esta segunda vuelta presidencial.

Precisó que habrá supervisión permanente antes, durante y después de la jornada electoral.

Los fiscalizadores participarán en actividades relacionadas con el cierre de campaña, supervisión de locales de votación, llegada del material electoral y conteo de votos.

Informe de Contraloría sobre la ONPE

Consultado sobre el informe de la Contraloría que advierte presuntas irregularidades en la contratación de la empresa encargada de distribuir material electoral durante la primera vuelta, Burneo evitó pronunciarse.

“No tenemos información de primera mano en torno a esas conclusiones”, declaró.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para participar masivamente en las elecciones del próximo 7 de junio y aseguró que el sistema electoral actuará con independencia y transparencia.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP) es acusado de desviar S/280 000 del partido a sus cuentas personales y a las de su hermano, William Sánchez, en el 2018 y 2020.

A la espera

Los hermanos Sánchez Palomino, junto a otros cuatro dirigentes de JP -los tesoreros Raúl del Castillo y Rubén Herrada, el contador José Guardia y el excandidato al Senado Manuel Torbisco-, son acusados del presunto delito de administración fraudulenta. El grupo enfrenta 5 años y 4 meses de prisión.

La denuncia fue presentada por militantes del partido de izquierda en el año 2020. Según la tesis fiscal, Roberto Sánchez, en su condición de presidente del partido, ordenó que los fondos partidarios de dos procesos electorales sean depositados en cuentas no oficiales.

El primer hecho ocurrió en el 2018 con el dinero de los aportantes que aspiraban a participar en las elecciones municipales de aquel año. Un total de S/204 000 terminaron en las cuentas del hermano del hoy candidato, con comprobantes de pago de por medio, sostiene la Fiscalía. Aún así, no se reportó nada ante la ONPE.

Dos años después, habría sucedido lo mismo con el dinero de los simpatizantes que buscaban participar de las elecciones congresales extraordinarias del 2020. Cada uno debía depositar S/1000. Para ello, se dispuso usar la cuenta bancaria personal del actual aspirante al sillón de Pizarro. En este segundo hecho, se estableció un faltante de S/75 750, según la investigación fiscal difundida por Cuarto Poder.

De acuerdo a la resolución judicial compartida por dicho programa, el juzgado antes mencionado agendó la audiencia para “emitir un nuevo auto de enjuiciamiento”. Sin embargo, se espera que la defensa presenté algún recurso que dilate esta decisión.

Actividad

Durante un mitin en Huancayo, la lideresa fujimorista recordó que Junín fue una de las regiones más golpeadas por el terrorismo y destacó el legado del expresidente Alberto Fujimori, a quien atribuyó haber llevado “la paz, la estabilidad económica y el desarrollo”.

“Hoy vemos que nuevamente el miedo toma el control de las calles y de nuestras familias, pero es un miedo distinto: es el terrorismo urbano”, señaló en alusión a la delincuencia.

En ese contexto, anunció medidas para enfrentar el crimen y reforzar el control del Estado.

“Vamos a recuperar el orden con un equipo que ya dio resultados con Marco Miyashiro, que se encargó de capturar a Abimael Guzmán, con el general Astudillo que sacó a los rehenes de la embajada”, expresó.

Asimismo, aseguró que retomará el control de las fronteras y cárceles, y realizará operativos contra secuestradores, extorsionadores y delincuentes.

“Vamos a buscar a los secuestradores, a esos que piden cupos, a ellos que matan a los bodegueros. Conmigo el orden va a regresar”, sostuvo.

En otro momento, la candidata anunció que relanzará el programa Sierra Verde, impulsado durante el gobierno de su padre para promover la reforestación y almacenamiento de agua en zonas altoandinas.

“Voy a rescatar y fortalecer los programas buenos de otros presidentes. El programa Juntos que creó el señor Toledo tiene que ser ampliado. El programa Beca 18 que hizo Humala. El programa Pensión 65 también de Humala va a convertirse ahora en pensión universal. Las cosas buenas, se trate de quien se trate, tienen que continuar”, indicó.

La decisión fue oficializada mediante la resolución suprema Resolución Suprema N° 162-2026-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano. En el documento se precisa que la participación forma parte de una agenda de trabajo vinculada a cooperación internacional en materia de justicia.

¿Qué actividades realizará el ministro?

El encuentro reunirá a autoridades del sector justicia de los países integrantes del bloque regional. La agenda contempla el intercambio de experiencias sobre sistemas penitenciarios y políticas de administración de justicia.

Durante la reunión se abordarán temas comunes entre los Estados participantes. El objetivo es fortalecer mecanismos de coordinación en el ámbito judicial y penitenciario.

El ministro también sostendrá una reunión de trabajo con la Embajada del Perú en Paraguay. La coordinación está orientada a la organización de la participación peruana en el evento internacional.

Además, se tiene prevista una reunión con el ministro de Justicia de Paraguay, Rodrigo Nicora. En ese espacio se tratarán temas vinculados a la cooperación entre ambos países en materia penitenciaria.

Como parte de la agenda, se realizarán visitas a establecimientos penitenciarios en Paraguay. Estas actividades permitirán conocer el funcionamiento del sistema carcelario del país anfitrión.

La información recopilada será parte de los temas de análisis durante el encuentro regional. El enfoque está orientado al intercambio de experiencias entre las delegaciones participantes.

¿Quién estará a cargo del sector mientras tanto?

Mientras dure la ausencia del titular de Justicia, el despacho será encargado a la ministra de Cultura, Fátima Soraya Altabas Kajatt. Esta disposición fue establecida en la misma resolución suprema que autoriza el viaje.

La norma lleva la firma del presidente de la República, del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Justicia. La medida se enmarca en las disposiciones administrativas del Poder Ejecutivo para viajes oficiales.

El exgobernador regional, quien permanece prófugo de la justicia, mantiene una orden de ubicación y captura por investigaciones relacionadas con presunto financiamiento ilegal de campañas electorales. Fujimori indicó que su eventual gestión adoptaría medidas para hacer efectivas las disposiciones judiciales contra personas con requisitorias vigentes.

“Yo no conozco al señor Cerrón, ustedes saben. Es más, estaba recordando el último mitin que tuve hace cinco años donde yo le decía: ‘¿Dónde está, señor Cerrón?’. En un futuro gobierno de Fuerza Popular se van a tomar todas las medidas para que el señor, que tiene una medida en estos momentos de orden de captura, esta se ejecute”, indicó.

¿Qué dijo sobre Mark Vito?

En la misma actividad, Fujimori también fue consultada sobre la situación judicial de su exesposo, Mark Vito Villanella. El empresario afronta un proceso vinculado al caso Cócteles, el cual será evaluado en instancia de apelación.

Al respecto, la candidata expresó confianza en el desarrollo del proceso judicial que enfrenta Villanella. Asimismo, señaló que espera una resolución favorable en la revisión del caso por parte del sistema de justicia.

“He visto a través de sus redes que, por ejemplo, ha mostrado varias pruebas sobre todo el trabajo que él realizaba como agente inmobiliario. Yo estoy segura de que Mark Vito, el padre de mis hijas, va a salir muy bien de este proceso que se viene”, señaló.

El caso de Mark Vito se encuentra actualmente en evaluación por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. En esta instancia se revisará la continuidad del proceso por presunto lavado de activos.

De acuerdo con lo expuesto en la actividad, la candidata también mencionó que el empresario ha presentado documentación relacionada con su labor en el sector inmobiliario. El caso sigue en trámite dentro del sistema judicial.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Presidencia del Consejo de Ministros. El objetivo es reunir a autoridades regionales y representantes del sector para revisar acciones frente al escenario actual.

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— MIDAGRI PERÚ (@midagriperu) May 25, 2026

¿Cuándo será la reunión?

El encuentro fue programado para este miércoles 27 de mayo en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. La sesión está prevista para las 4:00 p.m y contará con participación de distintos actores vinculados al sector agrario.

De acuerdo con la información oficial, fueron convocados gobernadores regionales y representantes de gremios arroceros. La reunión busca generar un espacio de coordinación entre el Gobierno central y las zonas productoras.

La situación del sector arrocero ha generado preocupación en regiones como Arequipa, Piura y Lambayeque, desde donde los productores han denunciado el alza de costos de insumos agrícolas y fertilizantes. Además, se ha reportado impacto por la presencia de arroz importado en el mercado nacional, una situación que termina afectando los precios y la rentabilidad de la producción local.

En el encuentro programado se evaluarán propuestas de los representantes regionales y de los gremios agrarios. El proceso se enmarca en la coordinación entre el Ejecutivo y los actores del sector agrícola.

En el marco del paro agrario y la crisis que atraviesa el sector en distintas regiones del país, el Poder Ejecutivo ha venido incorporando el tema en sus espacios de coordinación interna. Sin embargo, hasta el momento no se han aprobado disposiciones concretas de alcance general que modifiquen la situación denunciada por los productores.

El debate ha estado presente en reuniones de gabinete y en pronunciamientos sectoriales de los ministerios vinculados a la actividad agraria. Estas intervenciones han estado orientadas principalmente a diagnósticos y evaluación del escenario actual.

¿Qué otras medidas adoptó previamente el Ejecutivo?

Antes de la convocatoria, el Ejecutivo ya había incorporado la situación del sector agrario en sus espacios de coordinación, aunque principalmente como un punto de evaluación y no como un conjunto de decisiones concretas. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha expuesto informes sobre la coyuntura de los agricultores de arroz en sesiones del gabinete, mientras que desde la Presidencia del Consejo de Ministros se ha señalado que la atención del problema forma parte del seguimiento intersectorial del conflicto.

El Ministerio de la Producción ha indicado que se vienen evaluando respuestas de corto plazo orientadas a mitigar los efectos de la caída de precios y la sobreoferta en el mercado. Sin embargo, estas acciones no han derivado en la aprobación de normas específicas como decretos de urgencia o medidas estructurales que respondan directamente a las demandas de los productores movilizados. En paralelo, el propio Ejecutivo ha reconocido que las alternativas en discusión solo permitirían aliviar parcialmente la situación, sin resolver los factores de fondo que afectan al sector.

La extensión del proceso fue aprobado por el primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El objetivo es mantener activa la recolección de elementos que permitan sustentar la investigación en curso.

La carpeta fiscal fue remitida en formato digital a la división especializada de la Policía Nacional encargada de delitos contra la administración pública. Esta unidad tendrá a su cargo la ejecución de diligencias operativas durante un plazo de 90 días naturales.

Las acciones incluyen la obtención de información relevante para el análisis del caso. El trabajo policial complementará las disposiciones emitidas por el Ministerio Público.

¿Qué otras medidas dispuso la Fiscalía?

La Fiscalía ordenó el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de un grupo de investigados. La medida alcanza a exfuncionarios y servidores vinculados a la gestión de la entidad electoral.

Con esta disposición se busca acceder a información financiera y registros de contacto. El material será incorporado al expediente para contrastar posibles vínculos entre los involucrados.

Asimismo, se programó la verificación de cámaras de videovigilancia en instalaciones de la ONPE ubicadas en Lurín. Estas diligencias están relacionadas con el traslado de material electoral en fechas previas a los comicios.

De forma paralela, se ordenó una inspección en la sede central de la ONPE en Lima. Allí se recopilarán documentos, grabaciones y expedientes vinculados a procesos de contratación.

Como parte del proceso, se dispuso la revisión de expedientes del servicio de transporte de carga utilizado en el despliegue electoral. Esta línea de investigación busca esclarecer cómo se ejecutaron las contrataciones cuestionadas.

La investigación se mantiene en etapa preliminar mientras continúan las diligencias programadas. La ampliación del plazo permitirá completar la verificación de información y el análisis de los elementos ya recopilados.

La resolución permite que el proceso judicial relacionado con el caso conocido como “Las Gardenias” continúe su curso. El Ministerio Público sostiene que los hechos investigados están vinculados a graves vulneraciones de derechos humanos ocurridas entre finales de la década de 1980 e inicios de los años noventa.

La decisión fue formalizada por la fiscal superior Rosario Quico Palomino. La medida ratifica la validez de las acusaciones presentadas contra la dirigencia emerretista dentro de este proceso.

Los fundamentos que respaldan la continuidad de la causa fueron sustentados por el fiscal adjunto superior Telmo Michel Morales Cruzado. Según la tesis fiscal, los crímenes investigados se produjeron en un contexto de violaciones graves a derechos fundamentales, razón por la cual las acciones penales mantienen vigencia.

La posición del Ministerio Público establece que los hechos no pueden ser considerados extinguidos por el transcurso del tiempo. Bajo ese criterio, el proceso continuará en las instancias correspondientes del Poder Judicial.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos logró evitar la prescripción de los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado contra Víctor Polay, cabecilla del MRTA, en el caso ‘Las Gardenias’. El pedido fiscal de cadena perpetua para el… pic.twitter.com/U3UjZrtTHa

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 26, 2026

¿Qué pasó en la discoteca Las Gardenias?

De acuerdo con la acusación fiscal, entre 1989 y 1992 el Frente Nororiental del MRTA habría desarrollado una política de violencia denominada “limpieza social” en el departamento de San Martín. Las pesquisas sostienen que diversas personas fueron perseguidas y asesinadas debido a su orientación sexual.

Uno de los episodios incluidos en el expediente ocurrió el 31 de mayo de 1989 en la ciudad de Tarapoto. Según la investigación, integrantes armados de la organización ingresaron a la discoteca Las Gardenias y asesinaron a ocho hombres pertenecientes a la comunidad LGBTI.

El caso también comprende otros homicidios registrados en años posteriores. Entre ellos figuran los asesinatos de Luis Pinchi en 1990, Silvano Vela en 1991 y Salomón Pérez en 1992.

Como parte de la acusación, el Ministerio Público ha solicitado cadena perpetua para Víctor Polay Campos. El requerimiento también alcanza a María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García.

La Fiscalía atribuye a los procesados la condición de presuntos autores mediatos de los hechos investigados. La acusación sostiene que habrían tenido responsabilidad dentro de la estructura de mando de la organización subversiva durante el periodo en que ocurrieron los crímenes.

La permanencia de los cargos por terrorismo agravado y homicidio calificado permite que el caso avance hacia la siguiente etapa procesal. Con ello, se mantiene abierta la posibilidad de que las responsabilidades sean evaluadas en juicio oral.

El Poder Judicial dispuso que las audiencias comiencen el próximo 17 de junio. Durante esta fase, los representantes del Ministerio Público presentarán los elementos probatorios reunidos a lo largo de la investigación para sustentar las acusaciones formuladas contra los exdirigentes del MRTA.

La medida ha sido comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de que adopten las acciones preventivas necesarias y se asegure el normal desarrollo del proceso de sufragio a nivel nacional.

La normativa establece que los electores podrán acudir a sus mesas de votación con cualquier formato del Documento Nacional de Identidad, sin importar su fecha de vencimiento. La disposición incluye el DNI azul tradicional, el DNI amarillo para quienes recién alcanzaron la mayoría de edad, así como todas las versiones del DNI electrónico.

El principal objetivo de esta medida es garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos que no lograron completar a tiempo el trámite de renovación de su documento de identidad, permitiéndoles así participar en la elección del próximo presidente de la República.

Cabe precisar que, de acuerdo con los datos oficiales de las Elecciones Generales 2026, el padrón electoral convoca a más de 27 millones de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto.

En paralelo a esta medida excepcional, el Reniec informó que, hasta la penúltima semana de mayo, se registraban más de 500 mil DNI de mayores de edad pendientes de recojo en todo el país. Estos documentos permanecen almacenados y listos para su entrega en distintas agencias, oficinas registrales y centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).

Frente a este panorama, la entidad exhortó a la población a recoger sus documentos de identidad lo antes posible. Del mismo modo, precisó que la extensión de vigencia del DNI se aplicará únicamente para el ejercicio del voto en la segunda vuelta. Para el resto de trámites, como gestiones bancarias, notariales o administrativas, será indispensable contar con el documento vigente.

La defensa legal del Estado peruano interpuso un recurso de apelación contra la resolución emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho el pasado 14 de mayo, en la que declaró “fundada” una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del exmandatario. Dicha medida dispuso el “sobreseimiento” o “archivo” de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir atribuidos por la Fiscalía en este caso.

La apelación presentada por la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato se sustenta en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la debida motivación de las resoluciones judiciales, la correcta interpretación de la ley y la pluralidad de instancias. Como pretensión principal, solicita que se revoque la resolución impugnada y, reformándola, se declare infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa legal del exjefe de Estado dentro de este proceso penal.

En ese contexto, el juez Richard Concepción Carhuancho decidió el pasado 22 de mayo “conceder” el recurso de apelación presentado por la defensa del Estado peruano y ordenó su envío a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. Si el colegiado lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual con la participación de las partes procesales, tras lo cual emitirá una decisión en los próximos días.

El juez Concepción Carhuancho también resolvió “tener por no presentada” la apelación interpuesta por el Ministerio Público durante la audiencia del pasado 14 de mayo, en la que se emitió la resolución impugnada, debido a que la Fiscalía a cargo del caso no cumplió con sustentar dicho recurso dentro del plazo establecido, el cual ya había vencido.

La investigación fiscal se inició luego de que el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, declarara ante la Fiscalía peruana que la empresa brasileña entregó 300 mil dólares provenientes del denominado “Sector de Operaciones Estructuradas” para la campaña de Alianza para el Gran Cambio.

El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso el archivo de la investigación preparatoria seguida contra el exmandatario, tomando como referencia una resolución de la Corte Suprema vinculada al caso de Susana de la Puente, en la que se declaró “fundado” un recurso similar por los mismos delitos. En dicho pronunciamiento se ordenó el archivo del caso respecto a la empresaria bancaria al determinar que no se cumplió uno de los elementos objetivos del delito de lavado de activos, previsto en los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 986, debido a que no se habría dificultado la identificación del origen del dinero, al haber sido canalizado a través del sistema bancario, lo que lo hacía rastreable.

A través de una resolución emitida el pasado 14 de mayo, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado precisó que la situación jurídica de Susana de la Puente presentaría similitudes relevantes con la de Kuczynski, n tanto ambos habrían participado en los mismos hechos, aunque con roles distintos. Por ello, consideró que deberían recibir un tratamiento jurídico equivalente, en concordancia con lo establecido por la Corte Suprema respecto al caso de la empresaria bancaria.

Ante ello, el magistrado remarcó que deben aplicarse las líneas jurisprudenciales ya establecidas por la Corte Suprema en este caso concreto, con el objetivo de garantizar seguridad jurídica y predictibilidad en las decisiones judiciales que se emitan.

El juez Concepción Carhuancho también precisó que su decisión se sustenta en el principio de igualdad de trato en la aplicación de la ley, particularmente respecto a los tipos penales que regulan los delitos de lavado de activos agravado (Decreto Legislativo 986) y asociación ilícita para delinquir, tipificado en el artículo 317 del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo 982.

Sánchez consideró que se trata de “palabras excesivas”, aunque evitó profundizar en una polémica y remarcó que respeta las opiniones de todos los sectores aliados.

“Bueno, yo creo que son palabras excesivas, ¿no? Pero son opiniones y se respetan las opiniones”, sostuvo.

El postulante señaló que no hay forma de establecer con exactitud qué porcentaje de votos corresponde a determinados liderazgos o movimientos políticos.

“Esta cosa no hay forma de saber eso, ¿no? Así sea un votito de aquí o de allá, se agradece”, manifestó.

Asimismo, Sánchez afirmó que todos los respaldos son bienvenidos dentro del proyecto político que encabeza y remarcó que la prioridad debe ser preservar la unidad.

“Son votos incondicionales para recuperar la patria y sean bienvenidos”, indicó.

El candidato también llamó a evitar divisiones entre las agrupaciones y aliados políticos, y resaltó que Juntos por el Perú busca representar una propuesta basada en la unidad y el respeto.

“Eso no debe ser motivo para pelearnos entre nosotros. Nosotros somos el proyecto de la unidad, del respeto y de las formas adecuadas para tratarnos entre aliados”, aseguró.

El titular de Relaciones Exteriores precisó que la Cancillería envió funcionarios a distintas localidades alejadas para garantizar la distribución oportuna del material electoral y evitar inconvenientes durante el día de la votación.

“Ya tenemos la seguridad de que todo el material está repartido en los consulados y embajadas. Ahora estamos a la espera de la fecha para poder instalar las mesas”, indicó.

Asimismo, señaló que se han adoptado medidas excepcionales para facilitar el voto de los peruanos en el exterior, entre ellas la autorización para fusionar mesas de sufragio y permitir que funcionarios consulares asuman como miembros de mesa ante la ausencia de personal electoral.

“Esperamos que eso facilite que todas las mesas se puedan instalar y aquellas que no puedan instalarse se puedan fusionar. Esa es una facilidad que no hubo en la primera vuelta”, señaló.

En cuanto al conteo y traslado de los votos emitidos en el extranjero, Pareja explicó que el proceso será más ágil, ya que la segunda vuelta solo contempla dos alternativas. Agregó que los resultados de los países con mayor número de electores peruanos serán enviados al país en menor tiempo.

“De los países donde hay más votantes peruanos, como Chile, Argentina, Estados Unidos, Italia o España, la información llegará muy pronto. Lo que puede demorar un poco más son los resultados de localidades lejanas en Asia o África”, sostuvo.