La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, informó sobre estos avances durante la inauguración del EJE y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) para dichos procesos en la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. La implementación comprende ocho órganos jurisdiccionales distribuidos en cinco sedes: Angaraes, Castrovirreyna, Tantará, Acobamba y la sede central.

Con la incorporación de Huancavelica, ya son 385 los órganos jurisdiccionales de los 34 distritos judiciales del país que cuentan con estas herramientas digitales para tramitar procesos de familia. En esta corte, hasta el 14 de octubre, se habían registrado 47 demandas, de las cuales 31 correspondían a tenencia, 14 a régimen de visitas y dos a variación de tenencia.

Tello Gilardi destacó que esta iniciativa busca brindar una justicia más rápida, eficiente y cercana a la ciudadanía, especialmente en casos que involucran el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, señaló que el EJE, implementado desde 2017, permite presentar demandas y escritos de manera virtual, acceder digitalmente a los expedientes y reducir los tiempos procesales, además de facilitar el trabajo remoto de jueces y servidores judiciales.

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El titular del Ministerio Público contó que el presupuesto disponible no alcanzaría para cubrir los gastos de los próximos meses, por lo que pidió al Congreso aprobar una asignación extraordinaria que permita atender las obligaciones de la institución.

El fiscal de la Nación alertó sobre el riesgo de incumplir el pago de las remuneraciones del personal fiscal.

“Hemos solicitado también un crédito suplementario, una demanda adicional urgente porque si no, ya no tendríamos dinero para pagar los sueldos de los fiscales en parte del mes de noviembre y para diciembre, y entraríamos en una crisis muy lamentable”, declaró a RPP.

Respecto al presupuesto institucional para 2027, Gálvez indicó que el incremento del 16% planteado por el Poder Ejecutivo no compensa los recortes acumulados ni cubre las necesidades de la entidad.

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Los reglamentos y las decisiones de cada cámara no ofrecen una respuesta uniforme sobre cuándo corresponde sesionar de manera presencial o a distancia.

Correo revisó los tres reglamentos del Congreso bicameral y conversó con dos expertos en derecho parlamentario sobre la presencialidad en el pleno y las comisiones.

Uno de los expertos, César Delgado-Guembes, exoficial mayor del Congreso, sostiene que las reglas vigentes dejan margen para que los órganos parlamentarios adopten distintas modalidades de participación.

Por su parte, Alejandro Rospigliosi, exjefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso, considera que la presencialidad debe ser obligatoria, salvo excepciones justificadas.

Desglose

Los reglamentos del Congreso, del Senado y de Diputados regulan la asistencia como un deber, aunque no precisan su modalidad.

Según el artículo 27, literal a, del reglamento del Congreso, los senadores y diputados deben participar en las sesiones del pleno y de las comisiones. Incluso, prevé la publicación de las faltas y el descuento para las inasistencias injustificadas.

De igual modo, el artículo 63 del Reglamento de Diputados y el artículo 67 del Reglamento del Senado regulan la deliberación del pleno en el hemiciclo.

Pero ningún artículo fija la modalidad de las sesiones.

La única excepción es la Cámara de Diputados.

El 11 de agosto de 2026, su Junta de Portavoces aprobó un acuerdo que establece el carácter estrictamente presencial de las labores parlamentarias, tanto para el pleno como para las comisiones.

El pleno de la Cámara Baja ratificó ese acuerdo el 13 de agosto con 118 votos.

El presidente de la Cámara, Oscar Reto Otero, precisó que la medida alcanza a todos los tipos de sesión.

El acuerdo contempla excepciones específicas: labor de representación fuera de Lima, salud con descanso médico acreditado, maternidad o paternidad y fuerza mayor.

En esos casos, el presidente del órgano autoriza la votación remota conforme al artículo 87, literal a, del reglamento de Diputados.

Sin embargo, el Senado no tiene un acuerdo equivalente.

El presidente de la Cámara Alta, Miguel Torres, afirmó en agosto de este año que la presencialidad “es la regla general. Ya está establecido en el reglamento”, pese a que ninguno de los reglamentos fija esa modalidad de manera taxativa.

Estoy de acuerdo con la presencialidad. Es la regla general y la fórmula adecuada de ejercer la función parlamentaria. No hay discrepancia sobre ello. https://t.co/AR3taLWc4J

— Miki Torres (@mikitorresfp) August 9, 2026

Consultada para este informe, la senadora Nora Bonifaz (Partido del Buen Gobierno) confirmó que la Cámara Alta no ha aprobado un acuerdo general sobre la presencialidad y que el tema “se ha dejado abierto”.

Según Bonifaz, cada comisión indica la modalidad en su convocatoria, pero algunos presidentes permiten la participación remota pese a que la sesión fue citada como presencial.

“No se ha definido. Nosotros hemos pedido que sea presencial (pleno y comisiones) y esa fue nuestra decisión como bancada desde el inicio, y pedimos que así se hiciera. Pero, en realidad, los presidentes de las comisiones hacen como les viene en gana, y la práctica ahorita es que están aceptando la no presencialidad”, advirtió.

Análisis

César Delgado-Guembes ubica el único acuerdo sobre el tema en la Cámara de Diputados pero que la virtualidad no ha sido regulada ni eliminada en ninguna de las dos instancias.

“Si el presidente de la Comisión convocó a una sesión para tal día y dijo que la sesión iba a ser semipresencial o remota, ese es el criterio central”, indicó.

El especialista distingue que el pleno prefiere la presencia física, aunque la convocatoria puede disponer sesiones semipresenciales, y que más bien en las comisiones se opera con mayor flexibilidad.

Por su parte, Alejandro Rospigliosi sostuvo que la asistencia física debe constituir la regla y la participación remota requiere una justificación concreta.

Asimismo, vinculó su posición con las responsabilidades de las presidencias parlamentarias y de cada representante.

“En el Derecho público, lo que no está permitido legalmente no se puede hacer”, opinó.

Para Rospigliosi, las presidencias de las comisiones y del Congreso deben impedir que los legisladores utilicen la virtualidad sin una razón válida.

“Por ejemplo, el estado de salud del parlamentario. Otro es que no puedan ingresar al Centro de Lima porque está cerrado por protestas u orden público. Además no hay pandemia. No hay otra justificación”, precisó.

El encuentro tenía como “fin recoger opiniones técnicas y aportes de los despachos parlamentarios”. Fuentes de la oposición, sin embargo, señalaron a este diario que no acudirían a la cita.

Jornada

La convocatoria a la referida cita, que llegó en horas de la tarde, se suscitó horas después de unas severas declaraciones públicas del parlamentario.

“Todavía no (se puede realizar una sesión de la Comisión de Constitución), porque no hay consenso. ¿Para qué voy a citar a una comisión donde no se va a votar”, sostuvo a RPP. Esto último, en relación al predictamen que reúne 27 materias en facultades legislativas por inseguridad ciudadana y El Niño.

La respuesta de Mesía se produjo tras el comunicado de las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Obras. Estos grupos parlamentarios destacaron que se mantenían a la “espera de una nueva citación que garantice un debate democrático”.

“Entiendo, están pidiendo una citación, pero yo no voy a citar a la comisión para volver a caer, digamos, en este caos. Yo voy a citar a la comisión en tanto que haya un consenso sobre qué vamos a debatir”, replicó Mesía.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, pidió que la comisión evalúe con celeridad la solicitud. En esa línea, aseveró que las veinte facultades aprobadas inicialmente en la Cámara de Diputados son insuficientes.

“Nosotros hemos ido todas las veces que fuimos requeridos a exponer las facultades, así que esperemos que la Comisión de Constitución del Senado pueda evaluar rápidamente porque ya es mucho tiempo que esperamos”, señaló.

La medida busca proteger la reproducción de la especie y preservar su disponibilidad para las próximas temporadas.

Según Imarpe, la biomasa acústica de anchoveta alcanzó aproximadamente 5,12 millones de toneladas al 7 de octubre de 2026, cifra que representa una caída del 28 % respecto al verano de este año y se sitúa 23 % por debajo del promedio histórico de los periodos de invierno y primavera entre 1996 y 2025.

Además, el 79 % de los ejemplares en número y el 65 % en peso son juveniles.

El organismo también detectó una actividad reproductiva inferior a los patrones históricos y condiciones oceanográficas cálidas que modificaron la distribución del recurso.

Esta decisión se sustenta en la evidencia científica y en nuestra responsabilidad de proteger la anchoveta. La elevada presencia de juveniles y las condiciones actuales del mar exigen actuar con prudencia para preservar la capacidad de renovación del recurso. 📲 Más información: https://t.co/GTD4pdC5u1

— Ministerio de la Producción (@MINPRODUCCION) October 16, 2026

SNI

Tras el anuncio, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) expresó su preocupación por las consecuencias económicas de la suspensión y advirtió que la pesca industrial podría permanecer paralizada por más de un año, hasta la siguiente temporada prevista para 2027.

El gremio alertó que esta situación afectaría a las familias vinculadas a la extracción, el procesamiento y el transporte de productos pesqueros.

Ante este escenario, la SNP hizo un llamado urgente al Gobierno para que evalúe sus propuestas destinadas a preservar el empleo, garantizar la continuidad de la cobertura de salud de los tripulantes, implementar medidas tributarias que otorguen liquidez a las empresas y facilitar financiamiento a los armadores comprendidos en la Ley N.° 26920.

El gremio sostuvo que la variabilidad oceanográfica y los efectos del fenómeno El Niño requieren medidas oportunas para mitigar el impacto sobre el sector afectado.

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En declaraciones a Canal N, sostuvo que las atribuciones solicitadas permitirían agilizar procedimientos y fortalecer la atención a damnificados.

Marco Vinelli señaló que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) necesita mayores facultades para atender directamente a los afectados por emergencias. Asimismo, indicó que las 20 facultades aprobadas por la Cámara de Diputados no cubrirían todas las necesidades identificadas por el Gobierno. Por ello, pidió a la Comisión de Constitución y al pleno del Senado retomar el debate y evaluar la propuesta.

“La respuesta que tiene que dar el Legislativo no es al Gobierno, sino que es una respuesta que le tiene que dar a la población”, manifestó.

Durante su visita a La Libertad, el ministro informó que el Ejecutivo destinó aproximadamente S/ 320 millones a trabajos de prevención en el río Moche para reducir el riesgo de desbordes ante posibles lluvias intensas. Explicó que las obras comprenden la limpieza de un tramo de 12 kilómetros, la instalación de cinco barreras dinámicas, la construcción de canales y un túnel para derivar el agua hacia el mar.

Según indicó, al asumir el Gobierno, el proyecto registraba un avance aproximado del 60 % y tenía trabajos pendientes en parte de su recorrido.

El titular del Midagri también informó que coordinan con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) el retiro temporal de un puente que estrecha el cauce del río y su reemplazo provisional por un puente Bailey, a fin de facilitar el paso de un mayor caudal.

Maraco Vinelli señaló que la culminación de las obras está prevista para las próximas semanas y que estas buscan proteger a Trujillo frente a futuras inundaciones.

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Para Alegría, el análisis de la iniciativa requiere considerar los aportes recogidos durante las reuniones con distintos gremios.

En ese contexto, cuestionó que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no organizara mesas técnicas para revisar el proyecto y señaló que esa labor fue asumida por la comisión correspondiente del Senado.

El parlamentario también sostuvo que hay puntos de la delegación de facultades que pueden perfeccionarse.

La discusión permanece suspendida luego de que el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, dispusiera el último jueves detener el debate y la votación “hasta nuevo aviso”.

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Durante una declaración a la prensa, también solicitó que el Congreso atienda los asuntos pendientes vinculados con la respuesta ante esta situación.

“El mega Niño puede ser mucho más grande de lo que nosotros tenemos planificado”, expresó.

Como parte de las señales de alerta, la mandataria indicó que el mar registra temperaturas hasta cinco grados centígrados por encima de lo normal, incluso superiores a las observadas durante los eventos de 1982-1983 y 1997-1998.

Según explicó, el Gobierno revisó las estadísticas en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y también recogió mediciones durante una visita a la embarcación científica Humboldt.

Entre las acciones preventivas mencionadas figuran el traslado de 20 puentes al norte y cuatro al sur del país, así como el adelanto del calendario escolar en zonas donde se esperan lluvias.

Fujimori agregó que se trabaja en la habilitación de albergues para recibir a cerca de 30 mil personas y que las etapas uno y dos de las obras preventivas registran un avance del 99 %. También señaló que la maquinaria será trasladada al Bajo Piura este fin de semana y que queda pendiente la intervención del aliviadero de Chutuque.

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La salida de cuatro bancadas opositoras se produjo en medio de discrepancias sobre los límites del Senado para modificar la propuesta que llegó desde la Cámara de Diputados.

El desacuerdo gira en torno al contenido del predictamen: mientras la iniciativa aprobada por los diputados contempla 20 puntos, el documento elaborado en el Senado incorpora 27 puntos y una disposición reglamentaria.

Las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación pidieron que el debate respete la Constitución y el reglamento parlamentario.

Mesía sostuvo que convocará nuevamente a la comisión cuando exista consenso sobre el texto que debe discutirse. Entre las alternativas que planteó figura que la oposición presente un dictamen en minoría limitado a los 20 puntos aprobados por los diputados o que se realice una votación diferenciada para decidir primero sobre esos puntos y luego sobre los adicionales.

El jurista y exdiputado Enrique Ghersi identificó dos posibles desenlaces: que se retome el diálogo y se apruebe un dictamen, incluso mediante una conferencia entre ambas cámaras para resolver las discrepancias, o que el desacuerdo persista hasta vencer el plazo de siete días útiles.

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En Piura, las autoridades revisarán los trabajos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). El sector Los Ejidos–Puente Bolognesi completó los 4,85 kilómetros previstos y registra un avance del 85,30 % en la descolmatación, equivalente a 464.382 metros cúbicos. En cambio, las intervenciones en El Milagro–La Encantada y Piedra Negra presentan avances de 27,59 % y 20,73 %, respectivamente.

En La Libertad, Fujimori realizará un sobrevuelo para revisar las obras de las quebradas San Ildefonso y San Carlos, a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Según el reporte técnico proporcionado, los proyectos registran avances de 78,82 % y 69,52 %, respectivamente, y representan una inversión total de S/ 1.664 millones.

La infraestructura contempla diques, un túnel de 1,5 kilómetros para derivar agua de San Ildefonso hacia San Carlos, canales de conducción de 12,85 kilómetros y defensas ribereñas en 17,2 kilómetros del río Moche. Se estima que el proyecto beneficiará a más de 750.000 habitantes de siete distritos y a unas 9.000 unidades productivas públicas y privadas.

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Tras este encuentro, la entidad recordó que la gestión del riesgo de desastres requiere coordinación entre los distintos niveles de gobierno y decisiones tomadas a tiempo. “Anticiparse a la emergencia es la forma más eficaz de proteger la vida, la salud y los bienes de las personas”, remarcó.

La institución exhortó a los gobiernos regionales y locales a poner en marcha sin demoras las medidas preventivas dispuestas por el Ejecutivo. Además, pidió concentrar los esfuerzos en las zonas con mayor exposición y asegurar los recursos necesarios para actuar de inmediato ante una eventual emergencia.

En cuanto a la población, recomendó mantenerse informada mediante las alertas del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), así como cumplir las indicaciones de las autoridades.

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El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, estará a cargo de coordinar la respuesta en Piura y Tumbes, según informó Marco Vinelli, titular de Desarrollo Agrario y Riego y presidente de la comisión gubernamental encargada de estas acciones.

Como parte del despliegue, batallones del Ejército acompañan los trabajos con maquinaria pesada para limpiar y descolmatar ríos. Belaunde precisó que la Marina de Guerra también dispone de los buques multipropósito Talara, Pisco, Chimbote, Paita y Tacna, que cuentan con camas hospitalarias, quirófanos y plantas desalinizadoras.

El Ministerio de Defensa, a través del Ejército, interviene actualmente en 20 puntos críticos de ríos en Lima, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad e Ica. Estas labores buscan facilitar el flujo del agua y disminuir el riesgo de desbordes que puedan perjudicar a pobladores, viviendas, terrenos agrícolas e infraestructura.

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La sesión no abordó el tema ante la ausencia de los representantes del bloque de oposición (JP, Ahora Nación, el Partido del Buen Gobierno y Obras), que de esta forma sabotearon la reunión. Sin quórum, fue imposible seguir.

“Por ahora, la sesión se suspendió hasta nuevo aviso”, aseguró el presidente del grupo, Carlos Mesía, de Fuerza Popular (FP).

PROBLEMAS

Todo inició ayer por la mañana cuando la senadora Patricia Iturregui (Buen Gobierno) planteó una cuestión de orden para que el grupo defina cuáles son los límites que tiene el Senado para añadir puntos al dictamen que aprobó la Cámara de Diputados.

El pedido obtuvo seis votos a favor y cinco en contra. Sin embargo, Mesía se equivocó al anunciar que la cuestión se rechazó.

En ese momento, Alejandro Aguinaga (FP) anunció de manera virtual su voto en contra de la cuestión de orden.

Para más de un senador, la postura del fujimorista no era válida porque ya se había cerrado la votación.

El grupo suspendió la sesión, pero la retomó a los 15 minutos.

Mesía anunció que se acordó abrir un debate sobre el término “desnaturalizar”. Sin embargo, este no sería sometido a votación.

La sesión se suspendió una vez más y se intentó retomar un poco después, pero ante la ausencia de algunos legisladores se pospuso hasta la tarde.

INTENTO

A las 5 de la tarde se retomó la sesión.

No había ningún senador del bloque de oposición presente. Sin embargo, asesores ingresaron para dejar un documento, aunque este no fue aceptado por Mesía.

En el escrito se solicitó someter a debate lo aprobado en la Cámara de Diputados.

El oficio tenía las firmas de Iturregui, Ruth Luque (Ahora Nación), Roger Astucuri (Obras), así como el de Hugo Ccahuana, Iber Maraví y Humberto Morales, de JP.

Luego de no recibir el documento, Mesía mostró su disconformidad ante la ausencia de sus colegas.

“Los grupos de izquierda pedían debate y ahora se corren”, reclamó.

Más tarde, la senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) manifestó su molestia.

“¿Por qué no dan la cara? Por qué no vienen y votan en contra, pero que voten. No pueden quedar en una cosa y a la hora de votación ni siquiera vienen”, aseveró.

Se ha previsto que la sesión se retome hoy a partir de las 3 de la tarde.

El caso también tiene como procesados al empresario Javier Miu Lei y a las exfiscales Elizabeth Peralta, en prisión preventiva al igual que Hurtado, y Sonia Baylón Zavaleta. Miu Lei y Peralta enfrentan las mismas imputaciones que el exconductor. Baylón, en tanto, solo es sindicada por cohecho.

La acusación reúne tres hechos distintos. El Hecho 1 está relacionado a la presunta intermediación de Hurtado ante Peralta para lograr la devolución a Miu Lei de 100 kilos de oro que le fueron incautados.

El Hecho 2 responde a las presuntas negociaciones para la apertura y archivamiento de investigaciones a la empresa Paltarumi, competidores de Miu Lei, en la que se vincula a Baylón. El Hecho 3 se refiere a presuntos pagos de la empresa Quántico Servicios Integrados a AH Entertainment Company S.A.C., relacionada a Hurtado, para evitar pesquisas contra los hermanos Siucho.

La Fiscalía ha pedido que se sobresea (archive) la imputación a Miu Lei por el primer y tercer hecho. Y que a este, junto con Peralta, Hurtado y Baylón también se les archive el segundo hecho. Con ello, disminuyen las penas de prisión solicitadas.

El juez Juan Carlos Checkley debe resolver esta solicitud a la que la Procuraduría, en el Hecho 2, se ha opuesto. En la audiencia se tiene prevista la lectura de su decisión y el inicio del control de acusación. En ella, se escuchará al fiscal sustentar su acusación, a la procuradora hacer lo propio respecto a la reparación civil y se resolverán las observaciones de la defensa.

De acuerdo con información revisada por Correo, los aspectos eliminados corresponden a una modificación del régimen tributario en el sector minero, un incremento en las tasas del impuesto a la renta, entre otras medidas.

En tanto, la presidenta Keiko Fujimori presentó un pedido para legislar en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana, prevención de Fenómeno El Niño (FEN), promoción del empleo, régimen tributario, entre otros aspectos.

En total, la mandataria planteó 66 puntos, pero hasta el momento el predictamen que existe en la Comisión de Constitución del Senado solo recoge 27 de ellos.

TRIBUTACIÓN

Pedro Castillo, hoy preso en el penal de Barbadillo por el golpe de Estado, presentó un documento de 72 páginas con 51 puntos para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica.

Tras un estudio en las comisiones de Constitución y Economía, el texto final llegó al Pleno del Congreso para su debate y votación.

El primer aspecto que se eliminó de la propuesta del Gobierno de Castillo fue el aumento a la recaudación por medio de la ampliación de la base tributaria.

Para ello, planteó modificar las tasas impositivas y la racionalizar los beneficios tributarios.

“Modificar las reglas sobre la deducción de gastos y costos para efectos de la determinación del impuesto a la renta”, se lee en la iniciativa eliminada.

También se eliminó su pedido para modificar las tasas de impuesto a la renta de las rentas de primera y segunda categoría, así como la modificación a las tasas de impuesto a las rentas aplicables a personas naturales y personas jurídicas no domiciliadas en el país por sus rentas de fuente peruana.

En el texto, Castillo intentó incluir, sin éxito, el siguiente aspecto: “Gravar a las personas jurídicas domiciliadas con el impuesto a la renta a los dividendos y regular el tratamiento aplicable a las retenciones que dichos contribuyentes efectúen por las citadas rentas, así como la aplicación de un crédito”.

En la misma línea, trató de modificar el Impuesto a la Renta de los contribuyentes domiciliados en lo relacionado a las rentas de trabajo y rentas de fuente extranjera.

Esto comprendía una tasa más alta.

Otro aspecto muy polémico fue el intento del Gobierno de Castillo por cambiar el régimen fiscal minero.

Y es que intentó crear un impuesto especial a la minería.

Según indicó, esto era para “reflejar de manera más adecuada los beneficios derivados de la actividad minera”.

RECAUDACIÓN

Pedro Castillo Terrones buscó crear un régimen simplificado de impuesto a la renta para empresas de menor tamaño para así incentivar la declaración de costos y gastos mediante sus deducciones.

También trató de establecer una recaudación de Impuesto General a las Ventas (IGV) para las operaciones que realicen personas no domiciliadas en el marco de la economía digital; así como incorporar dentro del IGV a las pólizas de seguros de vida.

También trató de incrementar el tope máximo de multas que puede imponer la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) con el objetivo de que la aplicación de sanciones sea suficiente para evitar conductas infractoras de parte de las entidades supervisadas.

DIFERENCIA

Por otro lado está el caso de la presidenta Keiko Fujimori, quien ha planteado 66 puntos en su propuesta original.

En el caso de la mandataria, se recortó una facultad en lucha contra la inseguridad ciudadana.

Específicamente se eliminó la parte que plantea “establecer el marco legal que declare a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas”.

Cabe precisar que la Cámara de Diputados había eliminado varios puntos sobre ese tema, por ejemplo, que las organizaciones criminales puedan ser calificadas como “grupos hostiles” y que las Fuerzas Armadas apoyen en el cuidado de los exteriores de los centros penitenciarios. Sin embargo, el predictamen que ahora tiene la Comisión de Constitución del Senado sí los incluye.

Además, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados eliminó todas las facultades vinculadas a micro y pequeñas empresas; en materia laboral y promoción del empleo; en materia de simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital; así como en materia de desarrollo productivo, innovación agraria y riego, recursos hídricos, infraestructura hidráulica, pesquera acuícola, minería, turismo, hidrocarburos, electricidad, ambiental, recursos naturales e infraestructura productiva industrial.

También fueron eliminados los puntos que presentó en materia tributaria, aduanera, de facilitación del comercio e implemcccccccccentación de acuerdos comerciales; en materia de reforma estructural, organización y modernización del Estado y del servicio civil; así como en materia de vivienda y saneamiento.

El titular de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, explicó que los funcionarios deberán coordinar la atención de posibles desastres con los recursos que se vienen preparando.

La asignación comprende a Piura y Tumbes, bajo responsabilidad del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; Ica y Arequipa, a cargo del titular de Vivienda, Mauricio Arnillas; Lambayeque, bajo la responsabilidad del ministro de Transportes, Angello Tangherlini; y Áncash, a cargo del titular de Salud, Luis Dyer.

Cabe mencionar que Vinelli asumirá la atención en Lima, mientras que Belaúnde también tendrá a su cargo La Libertad. El ministro señaló que el periodo más intenso del fenómeno se espera entre enero y marzo del 2027.

Como parte de las acciones ejecutadas, Vinelli informó sobre trabajos en los ríos Tumbes y Piura, así como en las quebradas San Ildefonso y San Carlos, en La Libertad. También mencionó labores de descolmatación en Lurín y otros valles de Áncash, Ica y Arequipa, además de la instalación de una barrera dinámica en Cupiche, Huarochirí, que busca proteger a unas 120,000 familias.

El ministro pidió a la ciudadanía preparar sus viviendas antes de las primeras lluvias, limpiar techos y canaletas, proteger documentos y poner a salvo a sus mascotas. También recomendó no arrojar residuos a ríos y canales, identificar rutas de evacuación y evitar acercarse a corrientes crecidas para tomar fotografías o videos.

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La senadora de Fuerza Popular, Martha Moyano, afirmó que “ser autoritario no es tan malo” en respuesta a las críticas por el comportamiento de su bancada durante la discusión del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. La declaración tuvo lugar después de que la sesión de la Comisión de Constitución del Senado fuera suspendida por primera vez este jueves.

En una entrevista, Moyano respondió a las críticas de la senadora Patricia Iturregui, quien había cuestionado el procedimiento parlamentario y tildado de autoritarios a quienes, a su juicio, estaban actuando de esa manera.

“Bueno, ser autoritario no es tan malo, o sea, si dice que somos autoritarios, entonces podemos decir que están obstruyendo, poniendo trabas y obstaculizando el procedimiento o no”, indicó Moyano.

La parlamentaria añadió que, en ciertas situaciones, es necesario adoptar decisiones que permitan seguir adelante.

“A veces hay que tomar decisiones y si no tomamos decisiones, no avanzamos, señores, no avanzamos”, expresó.

Al ser consultado por las declaraciones de su compañera de partido, el titular de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, explicó que Moyano se refería a la importancia de hacer cumplir las normas parlamentarias.

“No, lo que ella ha utilizado efectivamente, ¿no es cierto?, la palabra autoritario, pero lo que ha querido decir y después lo ha aclarado, es que en determinados momentos se necesita tener firmeza, ser firme y se debe de aplicar la ley y el reglamento, nada más ha querido decir”, sostuvo.

Mesía agregó que, en ciertas circunstancias, es necesario hacer cumplir el reglamento. Para respaldar su postura, citó al filósofo Jean-Jacques Rousseau y afirmó que el respeto a la ley constituye una garantía de la libertad.

Durante la entrevista, Mesía también fue consultado sobre las consecuencias de no convocar una nueva sesión dentro del plazo establecido para debatir el pedido de facultades legislativas. Al respecto, indicó que los plazos en la Cámara de Diputados ya habían vencido y, pese a ello, la propuesta fue enviada.

El senador describió este escenario como uno en el que el reglamento quedaba parcialmente relegado frente a lo que denominó “la fuerza normativa de lo fáctico”, en alusión a la adaptación de las normas a las circunstancias políticas.

La Comisión de Constitución del Senado suspendió el debate sobre la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo debido a la falta de acuerdo en torno a la solicitud.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, criticó que el Senado no haya alcanzado un acuerdo sobre la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo. Según sostuvo, contar con estas atribuciones resulta fundamental para ejecutar el plan de gobierno y hacer frente a los principales desafíos del país.

“Yo lo veo innecesario e inaudito”, declaró a RPP tras referirse a la discusión en la Comisión de Constitución del Senado.

Belaúnde sostuvo que, desde el retorno a la democracia, los gobiernos elegidos por voto popular han solicitado facultades legislativas y obtenido la aprobación de estos pedidos. Como antecedentes, citó las gestiones de Pedro Castillo, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Alejandro Toledo.

Belaúnde afirmó que la discusión sobre las facultades legislativas no tiene precedentes y criticó que se busque acotar su alcance a la lucha contra la inseguridad ciudadana y la atención del fenómeno de El Niño, pese a que admitió que ambos constituyen los desafíos más críticos del país.

Asimismo, indicó que la solicitud del Ejecutivo abarca temas económicos, agrícolas y mineros, además de medidas orientadas a impulsar la reactivación económica. Precisó que los decretos legislativos que se emitan en virtud de estas facultades serán sometidos posteriormente a la revisión del Congreso.

En cuanto a la lucha contra la delincuencia, Belaúnde señaló que el Ejecutivo requiere dos atribuciones que considera esenciales para reforzar la seguridad ciudadana.

La primera consiste en facultar al Ejecutivo para declarar como grupos hostiles a organizaciones criminales nacionales y transnacionales, a fin de permitir que las fuerzas especiales conjuntas de las Fuerzas Armadas intervengan contra ellas.

La segunda busca que el Ejecutivo pueda asumir el control del perímetro y de los accesos a los establecimientos penitenciarios.

“Esas son dos facultades que son centrales para recuperar la seguridad ciudadana”, aseguró el titular de Defensa.

Ambas criticaron la ausencia de representantes de la oposición, luego de que el grupo de trabajo volviera a suspender su sesión sin debatir ni votar la propuesta de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Alcorta responsabilizó políticamente a los legisladores ausentes por frenar el avance de las medidas planteadas contra la inseguridad ciudadana y advirtió sobre las consecuencias de no adoptar decisiones frente a la criminalidad.

“¿Qué se va a solucionar en el pueblo, pues, cuando vengan todas las desgracias y los extorsionadores sigan por todas partes?”, manifestó. También pidió a la ciudadanía y a los transportistas prestar atención a quienes acudieron a la sesión.

Por su parte, Juárez expresó la preocupación de Fuerza Popular por la falta de acuerdos y defendió que la comisión mantuvo los temas aprobados por la Cámara de Diputados, vinculados con la lucha contra el crimen y la respuesta ante el fenómeno El Niño.

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La Comisión de Constitución del Senado suspendió nuevamente la discusión del predictamen que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo, debido a la inasistencia de representantes de cuatro bancadas: Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno.

La comisión tenía previsto proseguir con el análisis de las propuestas vinculadas a la seguridad ciudadana y al fenómeno de El Niño; sin embargo, la sesión volvió a quedar suspendida. Ante esta situación, senadores de Fuerza Popular y Renovación Popular cuestionaron a las bancadas que no asistieron y las acusaron de dificultar el desarrollo del trabajo legislativo.

En una conferencia de prensa, representantes de Fuerza Popular sostuvieron que la inasistencia de las bancadas estaría frenando el avance del debate del dictamen, que incluye propuestas para combatir la criminalidad y hacer frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

Desde Fuerza Popular, los legisladores calificaron la inasistencia como un acto de sabotaje y boicot. Asimismo, señalaron que las diferencias entre las bancadas deben resolverse mediante el debate y la votación en el interior de la comisión.

Por su parte, la senadora de Renovación Popular, Lourdes Alcorta, expresó su rechazo a la decisión de los representantes de las cuatro bancadas de ausentarse de la sesión.

Alcorta señaló que los parlamentarios tienen la libertad de respaldar o rechazar las propuestas, pero remarcó que deben asistir a las sesiones para sustentar sus posturas.

La senadora Lourdes Alcorta confirmó que la Comisión de Constitución del Senado volverá a sesionar este viernes 16 de octubre, a las 3:00 p.m., para continuar con el debate del predictamen.

“Esperamos que mañana vengan. Tienen la obligación de venir a decir sí o no. Tienen la obligación de votar a favor o votar en contra. Pero que vengan y voten”, señaló.

La parlamentaria señaló que se prevé debatir los 20 puntos remitidos por la Cámara de Diputados. Sin embargo, expresó su disconformidad con las restricciones a la facultad del Senado para introducir modificaciones a las propuestas.

La presidenta Keiko Fujimori informó este jueves que sostuvo una conversación telefónica con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el propósito de coordinar la repatriación y expulsión de ciudadanos venezolanos que permanecen en el Perú.

“Tuve una llamada con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la cooperación entre nuestros países, iniciar el apoyo a su plan Vuelta a la Patria, así como coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados”, indicó la jefa de Estado en sus redes sociales. 

Asimismo, la mandataria indicó que los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países trabajan en la coordinación de “los protocolos necesarios para concretar estos procesos por vía aérea, de manera ordenada y segura”.

Al cierre de su mensaje, Fujimori expresó su agradecimiento al Gobierno venezolano por su voluntad de “colaborar con el Perú”.

Tuve una llamada con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la cooperación entre nuestros países, iniciar el apoyo a su plan Vuelta a la Patria, así como coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados. Nuestros cancilleres ya vienen coordinando los protocolos necesarios para concretar estos procesos por vía aérea, de manera ordenada y segura. Agradecí la disposición del Gobierno venezolano para colaborar con el Perú.

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 15, 2026

Keiko Fujimori anuncia nuevas medidas ante El Niño y llama a la unidad para afrontar sus efectos

La presidenta Keiko Fujimori anunció que acudirá al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para dar a conocer medidas adicionales frente al fenómeno El Niño.

Durante una actividad en el Callao, advirtió que el país afrontará dificultades por este evento climático y sostuvo que la coordinación entre los peruanos será clave para responder a sus efectos.

“Yo sé que si trabajamos así, unidos, si enfrentamos esta adversidad con un solo puño, vamos a saber levantarnos y vamos a salir más fuertes como país”, afirmó durante el lanzamiento del recetario “Mar de Oportunidades”, realizado a bordo del Buque de Investigación Científica (BIC) Humboldt.

La mandataria también puso énfasis en la lucha contra la anemia y destacó el papel de las madres de los comedores populares, los comités del Vaso de Leche y las ollas comunes en la preparación de alimentos para sus comunidades.

“Hoy, como gobierno, además tenemos el reto de reducir la anemia, que está en un 40 %. La meta es que esta anemia baje por lo menos al 20 %”, señaló. La iniciativa cuenta con la participación de cocineros peruanos que comparten alternativas para preparar y conservar pescado.

Como se sabe, dicho dictamen plantea la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en temas como seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño

La convocatoria del presidente de dicha comisión, senador Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular), estaba programada para las 11:00 horas en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.

No obstante, la sesión quedó suspendida por varios minutos. Finalmente fue retomada y se volvió a votar una cuestión de orden solicitada por la senadora Patricia Iturregui (Partido del Buen Gobierno) sobre las facultades legislativas.

El dictamen busca delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, por el plazo de 90 días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

De ser aprobado el documento, las facultades legislativas se realizarían exclusivamente en materias de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño. No obstante, el senador Carlos Mesía Mesía no descartó que la Comisión de Constitución acuerde incorporar más temas en el dictamen final.

En tanto, varios senadores, entre ellos Daniel Barragán, optaron por retirarse de la Comisión de Constitución.

A su salida, Barragán denunció ante la prensa sobre una supuesta pretensión de un “pequeño grupo o alguna persona” para hacer un texto sustitutorio, sin que los demás miembros tengan conocimiento.

#EnVivo Daniel Barragán, senador, se retiró de la Comisión de Constitución: No es sabotaje. El Congreso es para debatir qué es lo mejor para el país, no para que un pequeño grupo o alguna persona desee hacer un texto sustitutorio y nosotros no sabemos Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21

— Canal N (@canalN_) October 15, 2026

#EnVivo Senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, acusa al fujimorismo de desconocer votación en la Comisión de Constitución del Senado sobre pedido para debatir primero los límites de las atribuciones de la Cámara de Senadores: “Nosotros queremos que se respete la votación de la cuestión de orden, que fue aprobada” Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21

— Canal N (@canalN_) October 15, 2026

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Siete puntos

Cabe precisar que el predictamen que elaboró el equipo técnico del grupo que encabeza el senador Carlos Mesía de Fuerza Popular concluye otorgar facultades al gobierno de Keiko Fujimori por 90 días en las materias de lucha contra la inseguridad ciudadana y prevención de Fenómeno El Niño (FEN).

Si bien el texto preliminar no añade nuevos temas, sí incluye siete puntos adicionales.

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que la decisión del Quinto Juzgado Constitucional de Lima refuerza sus críticas por los retrasos en la entrega del material electoral registrados durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Durante una entrevista con Canal N, el burgomaestre expresó su satisfacción por la decisión judicial e instó a las autoridades electorales a considerar las observaciones planteadas por el órgano judicial.

Reggiardo sostuvo que el fallo judicial pone en evidencia, según su evaluación, las falencias en la organización de los comicios. Asimismo, resaltó que el juzgado aludió a la necesidad de reestructurar el sistema electoral.

“Lo cierto es que aquí ha habido una autoridad que ha ratificado lo que el alcalde de Lima en su momento presentó y eso para nosotros es sumamente satisfactorio”, expresó.

El burgomaestre consideró que la resolución judicial supone una advertencia para los organismos encargados de los comicios, a raíz de los inconvenientes reportados en la instalación de algunas mesas de votación.

“Yo creo que eso es lo más importante del pronunciamiento del Quinto Juzgado Constitucional”, aseguró Reggiardo, en alusión al llamado para implementar medidas que permitan reorganizar el sistema electoral.

Asimismo, Reggiardo recordó, además, que el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda competencial que interpuso por este caso. Según explicó, busca impedir que hechos similares vuelvan a perjudicar el ejercicio del derecho al voto.

En ese sentido, el alcalde cuestionó que los organismos electorales queden al margen del control judicial ante situaciones que, desde su perspectiva, podrían vulnerar derechos fundamentales.

Ante las críticas que señalan que la resolución no constituye un triunfo para la Municipalidad de Lima, debido a que el juzgado declaró fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar y no dispuso la convocatoria de elecciones complementarias, Reggiardo sostuvo que lo fundamental es que se reconozcan las irregularidades registradas durante la jornada electoral.

Aunque reconoció que la resolución no se emitió antes de la segunda vuelta, como esperaba, el alcalde insistió en que el fallo respalda sus cuestionamientos por los retrasos registrados. “Se nos ha dado la razón, eso es lo importante”, enfatizó.

Las declaraciones del alcalde se dieron después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aclarara que el fallo judicial no dispuso la realización de elecciones complementarias ni anuló los resultados de los comicios.

La infraestructura busca contener rocas y otros materiales que podrían descender durante los huaicos y poner en peligro a la población.

La instalación forma parte de las acciones preventivas impulsadas por el Gobierno ante los posibles efectos del fenómeno El Niño. Estas estructuras están diseñadas para reducir el impacto de los materiales arrastrados por las quebradas y contribuir a la protección de las viviendas cercanas.

El proyecto comprende la implementación de 12 sistemas de barreras dinámicas distribuidos en 10 quebradas críticas de Lima Metropolitana y Huarochirí. La intervención en Cupiche corresponde a la primera entrega de este conjunto de infraestructuras de protección.

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