Durante su intervención, Fujimori sostuvo que el país enfrenta problemas estructurales que requieren decisiones políticas.

“Hace 50 días recibimos un país en crisis. Con muy poca capacidad de respuesta frente a los problemas de los peruanos. Recibimos un Estado en abandono y un Estado contradictorio”, afirmó.

Los grupos de trabajo estarán enfocados en reducir la informalidad laboral, ampliar el acceso al financiamiento, mejorar la gestión de la inversión pública y fortalecer el cumplimiento tributario.

Entre los integrantes figuran Gustavo Yamada, Miguel Jaramillo, Martín Naranjo, Milton von Hesse y Manuel Estela, provenientes del sector privado y la academia.

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Cabe mencionar que, durante la ausencia de Keiko Fujimori, su despacho quedará a cargo del primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta.

¡APROBADO! El #PlenoDelSenado aprobó el proyecto de resolución legislativa que autoriza la salida del país de la presidenta de la república, Keiko Fujimori. pic.twitter.com/HU0jMUPLCw

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 16, 2026

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También explicó que el Reglamento del Senado permite introducir modificaciones, aunque estas dependerán de los acuerdos que alcancen ambas cámaras.

Muñante descartó que una eventual modificación de lo aprobado por los diputados implique un enfrentamiento entre ambas instancias.

“No se trata de mostrar los dientes”, señaló, y planteó que las mesas directivas de ambas cámaras puedan reunirse para establecer consensos y evitar que las decisiones sean interpretadas como un desaire.

El legislador también pidió acelerar el análisis del pedido de delegación de facultades presentado por el Ejecutivo.

Según Muñante, el plazo de 15 días hábiles para que la Cámara de Diputados evalúe la solicitud culmina el 21 de septiembre.

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De acuerdo con la agenda oficial, Astudillo deberá responder un pliego interpelatorio de 27 preguntas, conforme a la moción admitida durante la sesión plenaria anterior. La intervención estará relacionada con las funciones y acciones de su sector.

Asimismo, está prevista la invitación al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y de los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde, para que informen ante la Cámara de Diputados sobre asuntos de sus respectivas carteras.

Durante la sesión también se debatirán mociones orientadas a crear comisiones investigadoras sobre distintos hechos. Una de las propuestas plantea investigar presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas desarrolladas entre diciembre de 2022 y febrero de 2026.

Otra moción propone conformar una comisión investigadora para esclarecer los acontecimientos registrados el 25 de abril de este año en Colcabamba, región Huancavelica. Ambas iniciativas forman parte de los asuntos incluidos en la agenda del Pleno.

La citación para la sesión fue suscrita por Hugo Rovira Zagal, oficial mayor de la Cámara de Diputados. Los legisladores abordarán estos puntos conforme al orden establecido en la agenda parlamentaria.

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El teniente general Fredy López Mendoza asumió la conducción de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante una ceremonia realizada en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de Puente Piedra. Con este acto, también quedó formalizado el término de la gestión de su antecesor, el general Óscar Arriola.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta Keiko Fujimori y contó con la participación del jefe del Gabinete, Luis Galarreta; el ministro del Interior, César Astudillo; el titular de Defensa, Rafael Belaunde, y los integrantes del alto mando de la Policía Nacional.

En su primer discurso como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), López Mendoza presentó los lineamientos que marcarán su gestión frente al incremento de delitos como la extorsión, el sicariato, los secuestros y el robo agravado.

“La Policía Nacional del Perú no puede responder a los desafíos del presente con las herramientas del pasado”. En esa línea, remarcó que se necesita una institución moderna, fortalecida y preparada para anticiparse al delito. Necesitamos una institución moderna, fortalecida y preparada para anticiparse al delito. Una Policía que utilice la información, la inteligencia, la tecnología y el conocimiento como instrumentos fundamentales para poder proteger a nuestra sociedad", expresó.

Para llevar adelante esta propuesta, el nuevo comandante general anunció que su gestión se basará en seis lineamientos operativos. El primero estará orientado a combatir la criminalidad mediante labores de inteligencia e investigación que permitan desarticular organizaciones delictivas transnacionales. El segundo será el control territorial, a través del reforzamiento de la presencia preventiva en las calles y una relación más cercana con la ciudadanía. El tercer eje estará dirigido a enfrentar la corrupción dentro de la institución, con acciones contra los agentes que incumplan la ley.

El cuarto lineamiento estará orientado a garantizar una atención digna a la ciudadanía. Como quinta medida, planteó revalorizar la función policial mediante la priorización de los servicios de salud, bienestar y defensa legal oportuna para los agentes que actúen conforme a la ley. Finalmente, el sexto pilar será el fortalecimiento de la capacitación permanente y la excelencia operativa del personal.

En entrevista con Canal N, señaló que una comisión de expertas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) visitó la provincia y reconoció los avances del Poder Judicial, pero identificó mayores carencias en otras instituciones del sistema de justicia.

“Por eso por lo que en esta oportunidad el Poder Judicial dijo, necesitamos que la Comisión de la OEA, haga una verificación sobre el estado situacional de las instituciones. No para que nos haga una auditoría, sino para que nos den asistencia técnica”, dijo.

Barrios informó que entre enero y agosto de 2026 se emitieron 623 medidas de protección y se registraron 397 casos de violencia en Condorcanqui, además de 142 decisiones finales en materia penal.

Indicó que el Poder Judicial cuenta con juzgados especializados, equipos multidisciplinarios, cámaras Gesell, traductores de awajún y tres deslizadores para facilitar el traslado del personal. Sin embargo, persisten problemas de conectividad, servicios básicos, alojamiento y falta de psicólogos y hogares de refugio para las víctimas.

La magistrada señaló que algunas menores deben ser trasladadas hasta Moyobamba para alejarlas de sus agresores debido a la falta de espacios de protección. Asimismo, consideró necesario fortalecer instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer, además de implementar unidades de flagrancia. Barrios también cuestionó que la violencia sexual contra menores sea atribuida a determinadas prácticas culturales y sostuvo que no se debe responsabilizar a las comunidades awajún o wampis por los delitos cometidos contra niñas y adolescentes.

Minería ilegal

Durante su visita a la zona, la jueza también alertó sobre la expansión de la minería ilegal en los ríos de Condorcanqui. Relató que observó numerosas dragas entre Santa María de Nieva, Utupis y Cenepa y recibió información sobre la presunta utilización de menores en labores de buceo para extraer oro.

Consideró que estos hechos podrían involucrar delitos de explotación laboral y trata de personas, además de minería ilegal, y advirtió sobre la contaminación de los ríos por el uso de sustancias como el mercurio.

Finalmente, Barrios sostuvo que la limitada presencia del Estado dificulta el control de las comunidades más alejadas y alertó que la expansión de la minería ilegal podría generar una situación similar a la de La Pampa, en Madre de Dios, si no se adoptan medidas.

Por ello, planteó mapear las comunidades, identificar riesgos y condiciones de seguridad y desarrollar una estrategia coordinada entre las instituciones públicas, con enfoque intercultural y presencia efectiva en las zonas más alejadas.

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Durante la ceremonia de relevo y reconocimiento del nuevo jefe policial, realizada en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, en Puente Piedra, Fujimori destacó que el país enfrenta delitos como la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y las acciones de organizaciones criminales.

La mandataria sostuvo que el Estado debe responder con firmeza ante esta situación y afirmó que la Policía Nacional tendrá un papel central en esa tarea. En ese sentido, anunció medidas orientadas a proporcionar a los agentes mejores herramientas, capacitación y condiciones de seguridad para el cumplimiento de sus funciones.

Al dirigirse a Fredy López, Fujimori destacó su trayectoria y experiencia profesional y señaló que el Gobierno confía en su conducción de la institución. “Cuente usted con todo el respaldo político y económico de parte de nuestro Gobierno”, afirmó la presidenta durante la ceremonia.

Fujimori también advirtió que el respaldo a la PNP debe estar acompañado de una conducta íntegra por parte de sus integrantes. Señaló que el Gobierno no permitirá que actos individuales de corrupción afecten la imagen de la institución y destacó la necesidad de reconocer la excelencia dentro de sus filas.

“Ese respaldo exige también una conducta ejemplar, como lo ha dicho nuestro comandante general. No podemos permitir que actos individuales de corrupción manchen el uniforme ni debiliten la confianza de la población”, sostuvo.

Durante el acto, la presidenta también reconoció la labor del teniente general Óscar Arriola, quien dejó el cargo de comandante general y pasó a situación de retiro.

Finalmente, agradeció a los policías que exponen sus vidas durante el cumplimiento de sus funciones y destacó su labor frente a los desafíos de seguridad que enfrenta el país.

¿Cambios en la PNP?

Sobre eventuales cambios Fredy López indicó que en todo caso las evaluaciones serán en base a la productividad. “No por pocos policías, vamos a quedar manchados todos los policías, pero sí vamos a combatir la corrupción”, declaró a la prensa tras la ceremonia.

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La presidenta Keiko Fujimori encabezó este miércoles la ceremonia de relevo de mando, en la que se reconoció al teniente general PNP Fredy López Mendoza como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La ceremonia se desarrolló en las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP) de la PNP, ubicada en el distrito de Puente Piedra.

Durante su discurso, la mandataria afirmó que su gestión respaldará “firmemente” a la institución policial y destacó que sus integrantes “arriesgan la vida” para proteger a los ciudadanos. Por ello, sostuvo que “merecen todo el apoyo del Estado y el reconocimiento del país”.

Asimismo, remarcó que su gobierno trabajará para dotar a la Policía de mejores herramientas para el cumplimiento de su misión, entre ellas capacitación, tecnología e inteligencia, además de garantizar condiciones dignas para sus integrantes.

“Ese respaldo exige también una conducta ejemplar, como lo ha dicho nuestro comandante general. No podemos permitir que actos individuales de corrupción manchen el uniforme ni debiliten la confianza de la población”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que su gestión actuará con firmeza “frente a cualquier desviación” dentro de la institución policial.

La jefa de Estado también afirmó que el crimen “ha declarado la guerra al Perú”, por lo que consideró que el Estado debe responder “con mayor firmeza”. En esta estrategia, señaló, la PNP “ocupará la primera línea”.

La ceremonia contó también con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; los titulares del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde; así como miembros del alto mando policial.

Durante el acto protocolar, se oficializó el término de la gestión del teniente general PNP Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional del Perú.

La presidenta Keiko Fujimori encabezó la ceremonia de relevo de cargo y reconocimiento del nuevo comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza.

El teniente general Fredy López Mendoza asume el máximo cargo de la institución policial tras la salida de Óscar Arriola Delgado.

El nombramiento fue establecido mediante la Resolución Suprema N.° 233-2026-IN, publicada en el diario El Peruano. La norma lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori, y del ministro del Interior, César Astudillo.

De acuerdo con la resolución, el comandante general de la PNP es designado por el presidente de la República entre los tres oficiales generales de armas en situación de actividad, con el grado de teniente general y respetando el orden de antigüedad en el escalafón.

“Asumo con humildad este cargo”, dijo Fredy López al tiempo de de agradecer a la presidenta Keiko Fujimori y al ministro del Interior, César Astudillo, por su confianza.

En tanto, la mandataria indicó que su gobierno respaldará a la Policía Nacional del Perú. “Ese respaldo también exige rectitud y responsabilidad”, subrayó Keiko Fujimori en su discurso.

¿Cambios en la PNP?

Sobre eventuales cambios Fredy López indicó que en todo caso las evaluaciones serán en base a la productividad. “No por pocos policías, vamos a quedar manchados todos los policías, pero sí vamos a combatir la corrupción”, declaró a la prensa tras la ceremonia.

Perfil de Fredy López Mendoza

Fredy López Mendoza se desempeña desde el 1 de enero de 2026 como jefe del Estado Mayor General de la PNP, considerado el segundo cargo de mayor jerarquía dentro de la institución.

Durante su trayectoria también ocupó puestos vinculados con la investigación criminal y la lucha contra la corrupción. En 2022 estuvo al frente de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y fue presentado como titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

El oficial también participó en actividades internacionales de cooperación policial. En marzo de 2026 encabezó una delegación peruana en Guayaquil, Ecuador, para fortalecer la coordinación contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal.

En el ámbito académico, Fredy López Mendoza es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su investigación de posgrado estuvo orientada al empleo de agentes encubiertos como técnica especial para investigar y combatir el crimen organizado.

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El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, reveló que viene recibiendo constantes amenazas de muerte por parte de organizaciones criminales que operan en el distrito. Según indicó, esta situación se ha agravado debido a las agresiones y actos de seguimiento dirigidos contra él y trabajadores de la municipalidad.

“La delincuencia se ha puesto muy agresiva. La mafia es tan agresiva que no tiene límite, y yo estoy amenazado, mis funcionarios están amenazados, tengo seguimiento. Yo estoy también amenazado por teléfono todo el tiempo y también los funcionarios están amenazados.También los empleados, los testigos, los fiscalizadores, ellos están amenazados, pasamos todos los filtros pero lo captan, los obliga con un arma”, declaró a RPP.

Frente a esta situación, Cano solicitó la intervención de la Policía Nacional y del Gobierno para reforzar las acciones contra el crimen organizado, especialmente ante la proximidad de la campaña navideña en el emporio comercial de Gamarra.

“Yo invito a la presidenta a tomar de una forma las soluciones. Estamos amenazados, estamos en peligro que esta campaña de Navidad no se pueda realizar porque voy a tener un millón de personas en las calles. Necesitamos más policías porque durante la campaña de Navidad va a ser una bomba de tiempo, es evitar una desgracia”, agregó.

El alcalde de La Victoria afirmó que el distrito cuenta con apenas 25 policías para brindar seguridad a una población de 200 000 habitantes y a más de 500 000 visitantes diarios.

Asimismo, señaló que La Victoria genera aproximadamente 6 338 millones de soles al año en impuestos, pero recibe apenas 14 millones de soles del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). Según explicó, este monto “no alcanza para cubrir ni la limpieza pública ni los servicios de seguridad”.

Como muestra de la situación de inseguridad en La Victoria, el burgomaestre mencionó dos casos ocurridos recientemente: un fiscalizador municipal sufrió una grave lesión en el ojo con un cuchillo durante un operativo, mientras que un trabajador del Mercado de Frutas fue asesinado tras negarse, según indicó, a pagar un cupo.

En ese sentido, señaló que las disputas entre bandas familiares que se dedican a lotizar y alquilar informalmente espacios de la vía pública han derivado en enfrentamientos, incendios de vehículos y un saldo de 10 personas fallecidas.

Además, advirtió que el crimen organizado lleva más de 40 años operando en el distrito y que, según su versión, buscaría ampliar su influencia en las instituciones mediante el financiamiento de candidaturas para las próximas elecciones municipales.

En ese sentido, Rubén Cano sostuvo que algunos candidatos a la alcaldía de La Victoria estarían vinculados a organizaciones criminales.

“Hay dos grupos [de candidatos] que están financiados actualmente por estos grupos de crimen organizado (...) Estamos en una guerra contra el crimen organizado. “[¿Estamos ante el riesgo de que en el futuro, si alguna de estas personas es elegida, la criminalidad halle una complicidad desde la autoridad municipal?] Así es, porque son financiados, actualmente son financiados. Necesitamos que la presidenta vaya, el ministro del Interior vaya y juntos hagamos hagamos un proyecto de de defensa”, enfatizó.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció este miércoles sobre la postura de siete comisiones de la Cámara de Diputados, que rechazaron el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

El titular de Trabajo cuestionó que la Comisión de Constitución haya solicitado la opinión de más grupos de trabajo antes de emitir un pronunciamiento. Según señaló, esta decisión ha generado una “bulla innecesaria” en torno a las posturas adoptadas por las comisiones de Producción, Ciencia, Infraestructura, Trabajo, Justicia, Defensa del Consumidor, y Energía y Minas.

Sheput sostuvo que los pronunciamientos emitidos por estas comisiones tienen carácter “no vinculante” y señaló que la decisión final corresponderá al Pleno de la Cámara de Diputados. La sesión se realizará luego de que la Comisión de Constitución, presidida por la diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), apruebe su predictamen, previsto para el próximo 28 de septiembre.

“Acá el objetivo de la Comisión [de Constitución] es generar las condiciones para que se plantee una negación de facultades cuando ni siquiera se ha discutido en el Pleno. Lo que digan los señores de la comisión, el dictamen positivo o negativo llega al Pleno y ahí se discutirá y se verá de qué manera queda acortado el proyecto”, señaló a RPP.

Ante la posibilidad de que el pedido de facultades sea rechazado, Sheput consideró poco probable que se desestimen por completo todas las propuestas planteadas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, señaló que, de darse ese escenario, se podrá identificar a “quiénes son los responsables de que el Perú demore en salir adelante”.

“Si el Congreso niega las facultades, pues siempre quedan otros caminos de índole política, decretos de urgencias. Pero el Gobierno no va a claudicar en sus deseos de mejorar las cosas. Pero los responsables de que no haya un cambio inmediato, una volteada de página, serán aquellas bancadas que quieren que todo siga igual”, indicó.

En esa línea, Sheput manifestó que la bancada de Juntos por el Perú ha “demostrado una posición extrema” frente al pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

“Yo creo que por ahí hay un asesor [referencia a Roberto Sánchez] que todavía está picón porque ha perdido las elecciones. Entonces, él está llevando su incomodidad a su bancada”, sostuvo.

Posteriormente, Sheput afirmó que el Ejecutivo respetará las decisiones del Congreso bicameral y señaló que, en caso de no obtener facultades para legislar sobre determinadas materias, se evaluará recurrir a decretos de urgencia.

La medida fue oficializada mediante una resolución suprema publicada en el boletín del diario El Peruano, en la que se establece la conformación de este órgano consultivo.

Los nuevos integrantes son Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Arsenio Oré Guardia, José Chlimper Ackerman, Josefina Takahashi Sato y Milagros Álvarez Calderón Larco.

Según la resolución, la comisión consultiva estará a disposición del Despacho Presidencial y emitirá opiniones sobre los temas que le sean consultados, de acuerdo con las funciones establecidas para este órgano.

La norma precisa que el cargo de miembro de la comisión es de carácter ad honorem y de confianza, por lo que no genera vínculo laboral con el Estado.

La resolución suprema señala que la medida se sustenta en la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y las disposiciones que modifican el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial.

El documento lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

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El nombramiento fue establecido mediante la Resolución Suprema N.° 233-2026-IN, publicada en el diario El Peruano. La norma lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori, y del ministro del Interior, César Astudillo.

De acuerdo con la resolución, el comandante general de la PNP es designado por el presidente de la República entre los tres oficiales generales de armas en situación de actividad, con el grado de teniente general y respetando el orden de antigüedad en el escalafón.

López Mendoza asumirá el máximo cargo de la institución policial tras la salida de Óscar Arriola Delgado, quien pasó a situación de retiro a su solicitud. Su designación como comandante general también fue dada por concluida mediante la Resolución Suprema N.° 232-2026-IN.

La norma que oficializó la salida de Arriola fue publicada en el mismo boletín de El Peruano y expresa el agradecimiento por los servicios prestados por el oficial a la Policía Nacional y al país durante su gestión.

La presidenta Keiko Fujimori participará en la ceremonia de reconocimiento de Fredy López Mendoza como nuevo comandante general de la PNP, con lo que se formalizará su incorporación al máximo cargo de la institución policial.

Perfil de Fredy López Mendoza

Fredy López Mendoza se desempeña desde el 1 de enero de 2026 como jefe del Estado Mayor General de la PNP, considerado el segundo cargo de mayor jerarquía dentro de la institución.

Durante su trayectoria también ocupó puestos vinculados con la investigación criminal y la lucha contra la corrupción. En 2022 estuvo al frente de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y fue presentado como titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

El oficial también participó en actividades internacionales de cooperación policial. En marzo de 2026 encabezó una delegación peruana en Guayaquil, Ecuador, para fortalecer la coordinación contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal.

En el ámbito académico, Fredy López Mendoza es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su investigación de posgrado estuvo orientada al empleo de agentes encubiertos como técnica especial para investigar y combatir el crimen organizado.

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En el Hall de los Pasos Perdidos, el congresista de izquierda aseguró que Velarde no cumpliría –de acuerdo con su interpretación– los requisitos profesionales necesarios para ejercer altos cargos en el sector público y cuestionó sus supuestas vinculaciones con empresas privadas.

“Velarde no es el idóneo para estar al frente del BCR y lo he demostrado en la Comisión (de Procedimientos Especiales del Senado). No tiene los grados y títulos que todos los peruanos deben tener para ejercer la función profesional en el sector público. Tiene vinculaciones con empresas privadas”, exclamó.

Para reforzar su argumento, Morales, quien aparece en los planillones que el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso, presentó para inscribirse como partido, enfatizó que nuestro banquero central no registra títulos en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

REALIDAD

Por el contrario, el informe de la Comisión de Procedimientos Especiales sostiene que Velarde cumple los requisitos aplicables a su cargo establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica del BCR, el Reglamento del Senado y otras normas.

El grupo de trabajo añadió que no se identificaron impedimentos para la ratificación de nuestro banquero central.

En dicha comisión, en su sesión del 2 de setiembre, Morales protagonizó un altercado con Velarde, a quien le dijo: “Yo creo que usted, señor Velarde, ha hecho el trabajo que se le encomendó y punto. No entiendo por qué se esfuerzan para (elogiarlo)”.

Este lamentable reporte mereció incluso el pronunciamiento de la presidenta Keiko Fujimori, quien afirmó que “el resultado ha sido muy triste y estremecedor”.

Sin embargo, en el último quinquenio parece no haberse hecho mucho en el sector. Distintas leyes promulgadas, ya sea con la venia del Ejecutivo o por la insistencia del Congreso, exponen que los responsables de estas falencias van más allá del Poder Ejecutivo.

Primeros pasos

Una de las normas más cuestionadas se publicó en abril del 2024. La Ley 31996 le abrió la puerta a más de catorce mil docentes que habían sido separados de la Carrera Pública Magisterial (CPM).

Los profesores que integraban dicho grupo habían sido nombrados de forma interina, bajo la antigua Ley del Profesorado (Ley 24029). Sin embargo, con la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944) se exigía una regularización.

Este proceso, oficializado mediante una resolución del Ministerio de Educación (Minedu), tenía que desembocar en la salida de dichos docentes. Parte de ellos no acudieron a la prueba de evaluación correspondiente y algunos la desaprobaron, entre otros factores.

No obstante, tiempo después, bancadas como Perú Libre y el Bloque Magisterial de Concertación Nacional impulsarían una iniciativa para que dicho grupo de docentes pudiese reincorporarse en sus labores.

En el Congreso, el trayecto fue el siguiente: se aprobó en primera votación, y fue exonerada de la segunda, en agosto del 2023. El gobierno de Dina Boluarte observó la ley en diciembre del mismo año tras asegurar que se afectaba la meritocracia.

Sin embargo, el Parlamento aprobó la medida por insistencia en abril del 2024. Lo hizo con 6 votos en contra y 92 votos a favor de Fuerza Popular (16), Perú Libre (9), Renovación Popular (8), Alianza para el Progreso (89), Juntos por el Perú (9), Bloque Magisterial (8), Podemos Perú (6), Somos Perú (4), No agrupados (9), Acción Popular (5), Avanza País (3) y Perú Bicentenario (5).

La ley fijó una reincorporación directa y convalidar el ejercicio efectivo de la docencia, entre otros; y una evaluación excepcional, por única vez, para algunos maestros. La ley también estableció un programa de fortalecimiento con el objetivo de preparar a los interesados en esta prueba, cuya participación era voluntaria.

También en el 2024 se emitió otra norma vinculada al sector (Ley 32121), pero lejos de abordarse la situación de los estudiantes, se aprobó un bono extraordinario de S/380 para docentes y auxiliares de educación.

El beneficio alcanzó a “nombrados y contratados de las instituciones educativas de educación básica y técnico-productiva”. Un desembolso de S/130 millones fue necesario para cubrir la demanda. La medida fue promulgada por el gobierno de Boluarte.

En cuanto a retribuciones económicas a docentes, hay más. Todo indica que el Tribunal Constitucional (TC) definirá la situación de la Ley 32581. Publicada en abril del 2026, la norma –que aún no cuenta con un reglamento para su implementación– estableció que la pensión de docentes jubilados y cesantes se equipare al personal de la primera escala magisterial, es decir, S/3300.

Los beneficiarios pertenecen a los sectores de la Educación Básica Regular, Alternativa, Especial y Técnico-Productiva. Fue aprobada por insistencia por el anterior Congreso. Hoy, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuestiona su aprobación.

“La otra es cambiar una norma populista que se ha dado. La madre de las batallas es la pensión vitalicia para los maestros. Esa es demasiado cara y rompe todo el equilibrio pensional del sector público. Lo vuelve injusto”, indicó al respecto el actual titular de la cartera, Elmer Cuba, un mes antes de asumir el cargo.

Hoy, Cuba ha detallado que el Gobierno buscará dialogar con los colectivos para negociar una nueva escala. Si bien el Colegio de Economistas del Perú ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, la gestión de Keiko Fujimori hizo lo propio.

Más casos

Otra ley flexibilizó las reglas para que un grupo de docentes del sector privado, sin título pedagógico o profesional, pudiesen regularizar su situación.

La Ley 32272 aprobada en marzo del 2025, durante el gobierno del entonces presidente José Jerí, otorgó un plazo excepcional de siete años para que dichos docentes continúen con sus labores, incluso sin contar con este reconocimiento académico.

​La ley en mención modificó el Decreto de Urgencia N.º 002-2020, que fue publicada en enero del 2020 para, precisamente, “luchar contra la informalidad en la prestación de servicios educativos de educación básica de gestión privada”. El objetivo era el “fortalecimiento de la educación básica” brindada por estas instituciones.

De otro lado, también se registran leyes cuestionables en torno al nivel de Educación Superior. En mayo del 2021, en el entonces gobierno de Pedro Castillo, se emitió la primera (Ley 31359) de cuatro prórrogas del bachillerato automático. Esta medida había sido ampliamente abordada y criticada por especialistas en la materia, quienes aseguraron que la exigencia y el rendimiento académico se verían perjudicados.

La medida se había implementado en abril de ese año mediante la Ley 31183, promulgada por el Congreso, con la actual senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) a la cabeza, tras no ser observada por el gobierno de Francisco Sagasti.

Otra norma también fue sujeto de múltiples observaciones. La Ley 31520, aprobada por insistencia en el Congreso en el 2022, modificó el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Con ello, se dispuso que representantes de determinadas universidades, que debían ser sujeto de fiscalización, ocupen un lugar en el equipo de trabajo. Con los cambios, se elegirían dos representantes de universidades públicas y un representante de las universidades privadas.

El acto contará también con la presencia del ministro del Interior, Cesar Astudillo, los viceministros del sector y los integrantes del Alto Mando Policial.

La ceremonia se desarrollará en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía, ubicada en Puente Piedra.

López Mendoza asumirá la conducción de la PNP en reemplazo del general Óscar Arriola, quien anunció su relevo del cargo el domingo 7 de septiembre. Antes de su designación, el nuevo comandante general se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General de la institución policial.

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• Marco Vinelli mantiene optimismo sobre facultades pese a rechazo en comisiones: “Vamos a continuar”

Tras su exposición ante la Comisión de Desarrollo Agrario, pidió a los legisladores realizar una evaluación de los 66 puntos incluidos en la solicitud.

Vinelli explicó que uno de los cambios planteados busca modificar el sistema de atención durante las emergencias para permitir que el Instituto Nacional de Defensa Civil intervenga desde el primer día en la distribución de ayuda humanitaria. Según indicó, estas modificaciones requieren cambios legales que no pueden realizarse mediante decretos de urgencia.

“Las facultades se requieren... porque hay cosas que se tienen que cambiar a nivel de ley que no se pueden hacer con un decreto de urgencia”, afirmó el ministro.

También sostuvo que actualmente los gobiernos locales tienen a su cargo la primera atención, pero una emergencia puede paralizar sus operaciones y retrasar la llegada de ayuda a los damnificados.

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Durante la reunión abordaron asuntos relacionados con los vínculos entre ambos países y la promoción de inversiones.

En el encuentro también se resaltaron los lazos de amistad y cooperación entre Perú y España, además de la importancia de continuar fortaleciendo la relación económica y comercial.

Fujimori explicó a Aznar los principales ejes de su gestión, entre ellos las acciones en seguridad ciudadana, la atención ante los efectos del fenómeno El Niño, el impulso de proyectos de inversión y la ejecución de obras de agua y saneamiento.

Asimismo, ambos conversaron sobre una posible participación de la mandataria peruana en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, prevista para realizarse en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

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Y nada parece haber cambiado, pues un allegado de Tomas ubicó a su esposo en un cargo de confianza.

EN DETALLE

El 11 de setiembre, mientras redacciones recibían información de que Zulema Tomás sería nombrada en Essalud, Javier Carmelo Ramos, director ejecutivo del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS), nombró a Miguel Palomino Paz como coordinador técnico en ese programa.

El dato no llamaría la atención sino fuera porque Palomino Paz es esposo de Zulema Tomás y conoce muy bien al nuevo jefe de este.

Esto debido a que cuando Tomás era ministra de Salud, nombró el 14 de octubre de jefe de la Unidad en Administración y Finanzas del Programa Nacional de Inversiones en Salud en la cartera que dirigía.

PASADO

Esta no es la primera vez que el esposo de Tomas aparece en medios.

Correo reveló que el 11 de octubre de 2019, cuando Tomas era ministra de Salud, designó a Rossana Medina Pacheco, esposa de Manuel Montes Boza, entonces titular de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), como intendenta de Promoción de Derechos de Salud en Susalud, organismo adscrito al Minsa.

Dos semanas después, su esposo Miguel Palomino fue nombrado coordinador de Gestión de la Sunarp.

DESCARGOS

“No, no conozco al señor Javier Erasmo Carmelo Ramos. No existe ningún nivel de cercanía o relación personal con el señor Javier Carmelo Ramos.”, fue la respuesta que envió la titular de Essalud, Zulema Tomás, a Correo.

Además, dijo tener conocimiento del nombramiento de su esposo.

“Respecto de dicha designación, corresponde al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y a la entidad competente explicar los criterios, el procedimiento y la documentación que sustentaron esa decisión. Yo no he solicitado, recomendado ni realizado gestiones para su nombramiento”, indicó.

En esa línea, Tomás aseguró que cuando firmó la designación de Carmelo Ramos en el Minsa en el 2019, no lo hizo por una decisión personal, sino porque era una propuesta de los directores correspondientes.

“En este caso específico, si se revisa la resolución y su proveído, se podrá verificar que la propuesta fue realizada por el Pronis y no por mí. Por tanto, no solicité, recomendé ni gestioné dicha designación”, sostuvo.

También defendió la trayectoria de su esposo.

“Asimismo, mi esposo con más de 40 años como servidor público, venía prestando servicios desde marzo de 2026, posteriormente presentó su renuncia debido al gesto de todo funcionario público de poner a disposición su cargo, cuando hay un cambio de gestión, siendo ratificado en el mismo cargo en setiembre de este año”, explicó.

Correo se ofreció para hablar con Tomás sobre el tema el mismo día de la elaboración de la nota. Sin embargo, su equipo indicó que no tenía disponibilidad por reuniones.

Según explicó, esta deficiencia puede contribuir a que internos condenados por delitos graves recuperen su libertad y posteriormente vuelvan a delinquir.

Álvarez también señaló que el programa Cárceles Productivas, implementado durante gestiones anteriores, constituye un avance, pero consideró necesario fortalecerlo para mejorar las condiciones de reinserción de la población penitenciaria.

Durante su exposición, además, alertó sobre problemas de corrupción dentro de los establecimientos penitenciarios, que permitirían que internos primarios sean ubicados junto a integrantes de organizaciones criminales. Indicó que esta situación facilita la captación de reclusos para trasladar mensajes de extorsión hacia sectores como el transporte.

Finalmente, el titular de Justicia cuestionó que los antecedentes penales puedan eliminarse una vez cumplida una condena sin que exista un proceso efectivo de reinserción social.

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La propuesta busca incorporar estas conductas a la Ley de Delitos Informáticos y establece penas que podrían llegar hasta los ocho años de prisión.

El proyecto señala que quienes utilicen estas redes para difundir sistemáticamente imputaciones falsas contra una persona o atribuirle hechos falsos con relevancia electoral podrían recibir entre cuatro y seis años de prisión, además de días-multa.

La pena aumentaría entre cinco y ocho años cuando existan circunstancias agravantes, como el uso de recursos provenientes de fuentes prohibidas por la legislación electoral o la participación de autoridades, funcionarios o servidores públicos. También se contempla el uso de fondos, infraestructura, información o personal de entidades públicas para operar estas redes.

La propuesta fue presentada el viernes y está pendiente de ser derivada a una comisión parlamentaria para su debate.

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En diálogo con Canal N, López Aliaga indicó que solicitó formalmente participar en el encuentro y expresó su disposición a asistir.

“Me encanta el debate”, afirmó al ser consultado sobre su presencia en la actividad electoral.

El candidato defendió la legalidad de su postulación y sostuvo que la legislación contempla la posibilidad de que un primer regidor asuma la alcaldía en determinadas circunstancias.

También cuestionó que se busque interpretar o modificar las normas específicamente por su candidatura. “Entonces, no van a legislar con nombres propios”, señaló.

López Aliaga evitó adelantar qué ocurriría después de las elecciones y remarcó que primero deberá conseguir el respaldo de los electores.

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La solicitud corresponde al Proyecto de Resolución Legislativa 8, presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado previamente por el Consejo de Ministros. La Junta de Portavoces acordó que los senadores que participen en el debate tendrán un minuto para fijar posición y no podrán ser interrumpidos.

¿Qué actividades realizaría la mandataria?

Durante su permanencia en Estados Unidos, la presidenta tiene previsto participar en el Debate General de la Asamblea General de la ONU y sostener reuniones con jefes de Estado y autoridades internacionales. Su agenda también incluye encuentros con inversionistas y actividades organizadas por el Banco de Desarrollo de América Latina y Americas Society/Council of the Americas.

Fujimori señaló que busca aprovechar la visita para promover inversiones y fortalecer contactos internacionales. Además, adelantó que su participación en el debate general estaría programada para el primer día de sesiones, mientras que las jornadas siguientes estarán destinadas a otras reuniones.

La mandataria también confirmó que recibió una invitación de Donald Trump para participar en una cena protocolar junto a otros jefes de Estado durante la semana de actividades de la ONU. Su asistencia dependerá de que el Senado apruebe previamente la autorización para salir del territorio nacional.

“Espero tener la posibilidad de saludarlo”, señaló al referirse a la invitación recibida.

¿Quién asumirá su cargo durante el viaje?

Durante la ausencia de la presidenta, el despacho presidencial quedaría a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. Esta disposición forma parte del pedido de autorización presentado ante el Senado para permitir la salida de Fujimori del territorio nacional.

Como parte de la agenda de la sesión, el pleno del Senado también analizará el informe que recomienda ratificar a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Este punto será tratado junto con la solicitud de viaje de la mandataria.

Song Yang informó que más de 20 funcionarios peruanos viajaron a China para participar en seminarios sobre tecnologías destinadas a prevenir desastres naturales. La capacitación forma parte del intercambio de conocimientos entre ambos países frente a fenómenos que pueden afectar al territorio peruano.

“Naturalmente, queremos compartir oportunidad de desarrollo con Perú, pueblo hermano. (...) Entonces, en este caso, queremos compartir la experiencia de lucha contra pobreza. Entre tanto, queremos compartir nuestras tecnologías”, indicó.

El embajador indicó que China también busca contribuir con el Perú en asuntos relacionados con la seguridad social y la lucha contra la inseguridad. Esta cooperación contempla el intercambio de experiencias y herramientas entre ambos países.

“Queremos contribuir para el desarrollo de derechos humanos, a través de contribución a la seguridad social y también lucha contra los efectos de El Niño”, explicó.

APEC 2026

Song Yang también resaltó la importancia de la cumbre APEC 2026, que se realizará en China en noviembre. Señaló que el encuentro permitirá a las 21 economías participantes intercambiar conocimientos, oportunidades y propuestas de innovación.

El diplomático expresó además su satisfacción por la participación de la presidenta Keiko Fujimori en el foro. Sus declaraciones se produjeron tras su participación en la conferencia Multilateralismo y Derechos Humanos, realizada durante la Tercera Mesa Redonda China-América Latina y el Caribe sobre Derechos Humanos.

“APEC es una gran plataforma para 21 economías, para dialogar y profundizar no solamente conocimiento, sino también compartir oportunidades y promover fondos e innovación, y atraer mayor beneficio para toda Asia y Pacífico”, señaló.

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, exhortó al Congreso a aprobar las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, con el objetivo de agilizar las medidas para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño y atender otros problemas urgentes, entre ellos la inseguridad y la falta de acceso al agua potable.

Durante la supervisión de los trabajos preventivos que se realizan en el río Chillón, a la altura del kilómetro 40 de la carretera Lima-Canta, Arnillas señaló que el país necesita respuestas inmediatas y pidió a los parlamentarios priorizar las principales necesidades de la población.

“Pongámonos la camiseta del Perú”, manifestó el titular de Vivienda al destacar la importancia de tomar medidas oportunas frente a las emergencias y otros problemas que afectan al país.

Arnillas informó que el Ministerio de Vivienda ejecuta labores preventivas en 70 puntos críticos de la región Lima, identificados como zonas vulnerables ante el incremento del caudal de los ríos durante la temporada de lluvias.

Según precisó, hasta la fecha se han retirado aproximadamente 480 mil metros cúbicos de material de los cauces de los ríos. Asimismo, señaló que estos trabajos benefician a cerca de 2 millones de personas en la región Lima.

El ministro explicó que estas intervenciones tienen como objetivo recuperar la capacidad hidráulica de los ríos y disminuir el riesgo de desbordes que puedan poner en peligro a las poblaciones asentadas en las zonas aledañas a los cauces.

En cuanto a las labores en el río Chillón, Arnillas precisó que el Ministerio de Vivienda interviene un tramo de 12 kilómetros desde el río Trapiche hacia la parte alta y otros 6 kilómetros desde el puente Huatocay hacia la parte baja, en dirección a la bocatoma de La Atarjea.

Asimismo, el Ministerio de Vivienda lleva a cabo una intervención conjunta con la Municipalidad Metropolitana de Lima en un tramo de aproximadamente 4,2 kilómetros, ubicado entre los puentes Trapiche y Huatocay. Estas labores forman parte de las acciones preventivas frente al pronóstico de lluvias y el incremento del caudal de los ríos durante la próxima temporada.

El ministro señaló que las labores de prevención requieren una coordinación permanente entre el Gobierno nacional, las autoridades regionales y los municipios, debido a que los puntos críticos se encuentran distribuidos en distintas jurisdicciones. En ese sentido, Arnillas resaltó la importancia de contar con herramientas que permitan acelerar la ejecución de obras y medidas preventivas frente al Fenómeno El Niño.

El titular de Vivienda también indicó que la respuesta del Estado debe abordar otros problemas que afectan a la población, como la inseguridad ciudadana y las dificultades para acceder al servicio de agua potable.

“Al menos Renovación Popular ha adelantado que va a apoyar sí o sí las delegaciones en cuanto a inseguridad ciudadana y lucha contra el fenómeno del niño. Sin embargo, las otras medidas que son de simplificación administrativa, temas laborales o tributarios, eso vamos a revisar una a una cada una de estas delegaciones de facultades”, sostuvo.

Muñante también cuestionó la posibilidad de que el Gobierno presente un nuevo pedido limitado únicamente a esos dos asuntos, propuesta planteada por las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras. En esa línea, consideró que volver a tramitar la solicitud representaría una demora en el proceso y sostuvo que, si existen materias que deben ser aprobadas y otras rechazadas, corresponde al Pleno de la Cámara de Diputados adoptar una decisión.

“Creo que es una dilación innecesaria. Si ellos consideran que algunos puntos son los que se tienen que aprobar y otros no, que sea el Pleno de la Cámara de Diputados quien decida eso y luego va a pasar a la Cámara del Senado”, indicó a la prensa.

#EnVivo

Alejandro Muñante, senador de Renovación Popular, señaló que su bancada apoyará las facultades legislativas en materia de inseguridad ciudadana y lucha contra el fenómeno de El Niño.

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— Canal N (@canalN_) September 15, 2026

Senado podrá modificar el pedido

Respecto al trámite de la solicitud, Muñante recordó que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados deberá ser revisado posteriormente por el Senado. Señaló que esta segunda cámara puede introducir cambios al contenido recibido sin que ello implique desconocer la autonomía de cada instancia parlamentaria.

“Es reglamentario que el Senado pueda hacer modificaciones al dictamen, así que nosotros estaríamos actuando siempre dentro del margen de la ley y de la Constitución”

El legislador garantizó que su cámara realizará un “debate serio, objetivo, no ideológico” sobre la propuesta aprobada previamente por los diputados. Con ello, remarcó que cada materia incluida en el pedido deberá ser evaluada durante el proceso parlamentario.

Durante una entrevista en el programa Siempre a las ocho, de la plataforma El Comercio, Vinelli indicó que el premier Luis Galarreta encabeza las conversaciones con las agrupaciones políticas y que ya se han realizado reuniones con Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras. El ministro señaló que el Ejecutivo continuará acudiendo al Legislativo para sustentar los 66 puntos incluidos en el pedido.

“Vamos a continuar yendo al legislativo para poder explicar lo del pedido de facultades y yo soy optimista, yo creo que los diputados van a poder escuchar nuestros argumentos y finalmente van a poder debatir y decidir sobre la totalidad o un grupo de las medidas que estamos pidiendo”, afirmó.

Defiende medidas incluidas en el pedido

El titular del Midagri también rechazó que las propuestas relacionadas con minería ilegal o regulación financiera estén fuera de los objetivos del Gobierno. Explicó que la delegación permitiría modificar normas que el Ejecutivo considera necesarias para desarrollar su plan de gobierno y atender problemas como la inseguridad y el fenómeno El Niño.

Vinelli puso como ejemplo la minería ilegal, cuya atención requiere cambios normativos que, según explicó, forman parte del pedido presentado al Congreso. El Ejecutivo espera contar con esas facultades para implementar medidas contra esta actividad.

“Estamos a la espera de que ellos puedan aprobar para nosotros implementar las medidas que correspondan para poder atacar la minería ilegal”, indicó.

Medidas frente a El Niño y seguridad

El ministro afirmó que el Gobierno ya viene adoptando acciones que no requieren delegación legislativa, entre ellas disposiciones para enfrentar el fenómeno El Niño. Señaló que mediante decretos de urgencia y decretos supremos se han distribuido más de S/2.000 millones entre ministerios y gobiernos subnacionales para atender las acciones de prevención y emergencia.

En seguridad, mencionó la declaratoria de emergencia de cinco penales para permitir la presencia de las Fuerzas Armadas en sus alrededores. Sin embargo, explicó que ampliar la participación militar en determinadas funciones requiere modificar un decreto legislativo con rango de ley, por lo que esa medida sí depende de las facultades solicitadas.

Vinelli también planteó una modificación para agilizar la atención de damnificados durante una emergencia. Según explicó, el objetivo es que el Indeci pueda intervenir desde el primer día cuando una municipalidad afectada por un desastre no esté en condiciones de brindar ayuda a la población.

“Nosotros tenemos en China un socio comercial importante, es el principal destino de nuestras exportaciones, y en el Escudo de las Américas tenemos un tema de seguridad, básicamente”, explicó.

Para Espá, las críticas a esta alianza buscan generar una disputa entre EE.UU. y China.

“Creo que hay una falsa dicotomía propia de una narrativa interesada de poner el tema del Escudo de las Américas como un tema entre Estados Unidos y China”, expresó a la prensa.

El Canciller precisó que este “mecanismo multilateral” busca combatir organizaciones criminales transnacionales vinculados al narcotráfico, la minería ilegal y el lavado de activos.

“Es un instrumento destinado a proteger y a defender la soberanía nacional contra las narcoavionetas que violan el espacio aéreo peruano”, refirió.

Como se sabe, la llegada de Rubio a Lima coincidió con mensajes de la Embajada de China que aluden a la exención de visa a los peruanos hasta diciembre de 2026.

La propuesta contempla recuperar una evaluación para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM) y desarrollar nuevos procesos para quienes ya ejercen la docencia.

Balance

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que volverá a exigir una prueba nacional para quienes busquen ingresar a la CPM.

“Se dio una llamada reforma de la carrera pública magisterial que de alguna manera deformó el espíritu meritocrático de esta norma”, dijo el ministro de Educación, José Antonio Chang.

Chang cuestionó que actualmente existan ocho niveles de desarrollo profesional sin que se hayan realizado, a su juicio, las evaluaciones necesarias para ubicar a los profesores según sus niveles de desempeño.

El titular del Minedu presentó también un diagnóstico sobre la formación de los maestros.

Según las cifras expuestas, de los 397,950 docentes de escuelas públicas, el 22.5% declaró conocer todos los aspectos del currículo, mientras que el 77.5% señaló conocer solo algunos.

Medida

Chang anunció que el Gobierno elevará las exigencias para ingresar a la CPM.

“Nuevamente iremos a la prueba nacional exigiendo una nota mínima de 14 y en la etapa descentralizada también se exigirá la misma nota”, sostuvo.

El ministro también anunció el Programa Nacional de Excelencia Docente, que combinará capacitación y evaluación para los maestros.

“Que le dé garantía a los profesores de que no será una evaluación punitiva, esta es una evaluación formativa”, explicó Chang.

Las bancadas parlamentarias han empezado a marcar sus posiciones.

Mientras algunas muestran disposición a respaldar determinados puntos del pedido, otras plantean modificaciones, cuestionan aspectos de la propuesta o advierten que no otorgarán un respaldo automático a las facultades solicitadas sino se abordan únicamente temas como la lucha contra la inseguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño (ver infografía).

ii

EN DETALLE

Una de las primeras barreras que encontró el pedido de facultades legislativas fue el estudio en comisiones.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados envió el documento del Ejecutivo a 12 comisiones para que cada una emita una opinión sobre si era factible o no dar la facultades.

Hasta el momento, son seis las comisiones que han rechazado otorgarle las facultades.

Se trata de Energía y Minas; Producción; Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital; Infraestructura, Vivienda y Transportes; Trabajo Seguridad Social, así como Justicia y Derechos Humanos.

En los mencionados grupos de trabajo, se sometieron a votaron opiniones consultivas sobre otorgar o no facultades.

En todos los casos se respaldaron los informes que declararon inviables dar las facultades.

Sobre este tema, unas recientes declaraciones de la senadora Martha Chávez de Fuerza Popular (FP) generó malestar en diferentes bancadas, pues afirmó que si los diputados solo aprueban algunas facultades, su bancda buscará -en el Senado- que se restablezca el texto original.

Precisamente, el vocero de la bancada de diputados del Buen Gobierno, Nery Fernández, cuestionó lo dicho por Chávez.

“Si no se rectifican, sino dan esas muestras de que van a respetar la ley, entonces nosotros vamos a evaluar seriamente si damos las facultades o no. Esa ha sido nuestra posición”, sostuvo.

PRIORIDAD

Otro aspecto en el que han coincidido las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular, es que respaldarán las facultades siempre y cuando se prioricen temas como la lucha contra la inseguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño.

Aunque en el caso de Renovación Popular, su líder Rafael López Aliaga, plantea un punto adicional: Reducción del Estado.

“Hay algunas normas que no nos gustan. Yo hablo ya como partido. De nuestra parte tiene todo el apoyo para pasar por diputados y Senado lo que es de exrema urgencia”, advirtió.

Por ese motivo, el diputado del Buen Gobierno, Edwin Espinoza, planteó que el Ejecutivo reformule su pedido y se enfoque en medidas urgentes.

“Creemos, creo que todos los peruanos, que el problema más urgente en este momento es el tema de inseguridad ciudadana, la extorsión, el sicariato”, afirmó.

Por otro lado, las bancadas de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación hicieron público un oficio remitido al premier Luis Galarreta, en el que solicitan que se envíen un nuevo pedido de facultades que se circunscriba solamente a lucha contra la inseguridad y medidas frente al Fenómeno El Niño.

RECIENTE

Ayer por la mañana, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados evaluó un informe que declara no otorgar facultades el Ejecutivo.

Durante la sesión, la diputada Rosangella Barbarán de Fuerza Popular dijo estar muy incómoda con el informe que recibió.

“Quiero saber la verdad, ¿este informe va a tener un debate político o técnico? Porque si es lo primero, podemos abrir el espacio, cada uno puede dar sus opiniones. Sin embargo, no nos están pidiendo un debate político sino técnico”, sostuvo.

Sin embargo, el texto será puesto en votación mañana.

“Este pronunciamiento se sustenta en las insuficiencias específicas identificadas y en la falta de pertinencia de la delegación en los casos que requieren una discusión legislativa suficiente”, se lee en el documento.

Al respecto, José Marcelo, presidente del mencionado grupo de trabajo, recordó que las facultades deben ser acotadas.

“Lo que hemos recibido es un documento bastante general. Yo dudo que la única forma en que el Ejecutivo pueda gobernar, sean las facultades”, dijo.

INVOCACIÓN

La presidenta Keiko Fujimori hizo un llamado a la reflexión y a la objetividad al Congreso por el pedido de facultades.

“Estas facultades tienen como primer objetivo recuperar el orden”, indicó.

En diálogo con la prensa, recordó que la recuperación de lorden no es un tema de campaña o de su partido, sino de la voluntad de los peruanos que votaron para que ese orden regrese al país.

“También tiene que ver con ponerse de pie. El Perú se tiene que volver a poner de pie en temas de educación y salud. Por eso son tan importantes estas facultades”, dijo.

La mandatario dijo estar segura que habrá un mayor debate del tema en estos días.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el Ejecutivo busca construir acuerdos con la Cámara de Diputados para avanzar en medidas que permitan atender las principales necesidades de los ciudadanos.

“Lo que prometió la presidenta Keiko Fujimori lo vamos a cumplir, las promesas de campaña las vamos a cumplir (…) nuestra vocación es el diálogo y llegar a consensos”, indicó en Panorama.

En esa línea, aclaró que ni la presidenta o el Gabinete Ministerial, actúan por presiones.

Mientras que el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, cuestionó en RPP la actuación de la Cámara de Diputados hasta la fecha.

“Creo que tiene un error de visión, pero que espero que se pueda todavía corregir. Están dentro de la función que les corresponde. Esta opinión que está comenzando a generar algún grupo de políticos en una visión equivocada”, afirmó.

“Vamos a retirar de la currícula nacional todo tipo de ideología. No debe haber una interpretación ideológica de la historia”, declaró ante la prensa.

Chang también abordó cómo se enseña sobre los años 90.

“Algunos consideran (...) una guerra civil, en realidad ahí hubo terrorismo, sencillamente. Y creo que eso hay que señalarlo como un hecho histórico”, aseveró.

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó este lunes, por mayoría, el informe de calificación N.° 002-2026-2027/CEP-CD, mediante el cual se recomienda abrir una investigación contra el diputado Christian Aranda Vásquez, de Renovación Popular.

El informe recibió cuatro votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. En ese marco, Aranda Vásquez será investigado por presuntamente difundir en sus redes sociales documentos que habrían permitido identificar a una paciente que solicitó un aborto terapéutico en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, ubicado en Abancay.

La denuncia fue interpuesta por la diputada de Juntos por el Perú, Luz Merida Soto Ferrari, quien atribuye a Aranda una presunta vulneración de los derechos a la intimidad y vida privada, además de la confidencialidad de los datos médicos.

El mes pasado, Christian Aranda publicó en su cuenta de X un oficio dirigido al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, mediante el cual solicitaba verificar el cumplimiento de los requisitos legales para una interrupción terapéutica del embarazo de una gestante de aproximadamente 20 semanas. No obstante, en la publicación habría expuesto el nombre y apellido de la ciudadana.

Tras recibir críticas, el diputado eliminó la publicación original y compartió un nuevo mensaje en el que afirmó no haber incurrido en ninguna falta.

“El propósito de mi actuación no es acceder a información clínica confidencial ni intervenir en la decisión médica de una paciente. Ante una denuncia que llegó a mi despacho, consideré necesario ejercer mi función de fiscalización y poner énfasis en que cualquier procedimiento debe realizarse cumpliendo estrictamente las condiciones establecidas por la legislación y los protocolos sanitarios vigentes”, indicó su mensaje.

Bernardo Pachas Serrano, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), confirmó que este viernes 18 de septiembre comenzará oficialmente la distribución del material electoral que será utilizado durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el 4 de octubre. Entre los materiales se encuentran las cédulas de votación, actas, padrón y listas de electores, entre otros documentos.

“El material electoral sale de nuestros almacenes de Lurín porque el proveedor que ganó el concurso para la impresión de cédulas ya tiene todo listo y, a partir de allí, desde este viernes, saldrán los camiones con el material electoral hacia las 125 oficinas descentralizadas que tiene ONPE en todo el país”, indicó a RPP.

Pachas Serrano informó que el ensamblaje del material electoral comenzó este lunes 14 de septiembre y está a cargo de 600 especialistas. El personal tiene la tarea de organizar los implementos que serán utilizados en cada una de las 89 935 mesas de sufragio habilitadas para las elecciones.

El material electoral comprende paquetes de útiles, que incluyen lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huellas dactilares; de instalación, conformados por listas de electores, actas electorales, cédulas de sufragio y manuales para los miembros de mesa; y de escrutinio, que contienen sobres plásticos para el envío de actas, láminas de protección de resultados y sobres destinados a la impugnación de votos, entre otros elementos.

Asimismo, el proceso de ensamblaje incluye las cabinas de votación y las ánforas electorales. Como parte del material de reserva, también se preparan cédulas de sufragio, además de paquetes adicionales de escrutinio y útiles.

ONPE extiende hasta el 18 de septiembre plazo para rendir gastos de campaña

Mientras la ONPE avanza con la preparación logística de las elecciones de octubre, las organizaciones políticas y sus candidatos deberán presentar su primer informe de ingresos y gastos de campaña correspondientes al periodo comprendido entre el 7 de enero, fecha de convocatoria de los comicios, y el 5 de septiembre, es decir, 30 días antes de la jornada electoral.

Debido a inconvenientes registrados en sus sistemas, la ONPE amplió hasta este viernes 18 de septiembre el plazo para que las organizaciones políticas y los candidatos presenten este requisito. El plazo original venció el pasado viernes 11 de septiembre, según informó el jefe interino de la entidad.

“Tuvimos algunos problemas en el sistema, en la carga de la información y creímos conveniente para ser justos, abrir un poco más el plazo y extenderlo, a fin de que todos los candidatos puedan presentar su rendición de cuentas. Por eso hago un llamado a los candidatos a que rindan sus cuentas porque es importante cumplir las normas y para ser transparentes con la ciudadanía”, sostuvo el jefe interino de ONPE.

La ampliación del plazo comprende tanto el envío digital de la información, mediante el portal de financiamiento CLARIDAD, como la entrega presencial de los documentos en la sede central de la ONPE o en las mesas de partes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Pachas ofreció estas declaraciones desde el patio taller de la Línea 1 del Metro de Lima, donde presenció la salida de dos trenes rotulados con información sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Con esta iniciativa, la ONPE busca informar a los más de 600 mil usuarios que diariamente utilizan este sistema de transporte, mediante mensajes clave y códigos QR dirigidos tanto a los electores como a los miembros de mesa.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció, mediante un sorteo realizado este lunes, el orden de intervención de las agrupaciones políticas que participarán en los debates programados para el 21 y 22 de septiembre, como parte de las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre.

La primera jornada del debate, programada para el 21 de septiembre, contará con la participación de 13 organizaciones políticas: Partido Cívico Obras, Coalición Transformadora Tierra Verde, Partido Morado, Frepap, Somos Perú, Juntos por el Perú y Pueblo Consciente, Batalla Perú, Alianza para el Progreso (APP), Partido Patriótico del Perú, Ahora Nación, Demócrata Verde y Podemos Perú.

En la segunda fecha, prevista para el 22 de septiembre, participará un segundo bloque integrado por otras 13 agrupaciones políticas: Partido del Buen Gobierno, Partido Popular Cristiano (PPC), Avanza País, Renovación Popular, Alianza Venceremos, Fuerza Ciudadana y Acción Popular, Perú Libre, Visión Perú, Apra, Progresemos, Frente de la Esperanza y Fuerza Popular.

El debate, que se desarrollará en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional, ubicado en el distrito limeño de San Borja, estará dividido en cuatro bloques.

En el primer bloque, los candidatos tendrán un minuto y medio para presentarse y exponer su visión para la capital peruana.

El segundo segmento estará destinado a la exposición de sus planes de gobierno municipal, en una dinámica de interacción entre los postulantes que tendrá una duración de tres minutos.

Durante el tercer bloque, los candidatos responderán dos preguntas formuladas por la ciudadanía, seleccionadas de un total de cerca de 5 000 interrogantes recogidas por el JNE a nivel nacional.

Finalmente, el cuarto bloque estará reservado para el mensaje final de cada candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima, para el cual dispondrán de un minuto y medio.

#LoÚltimo El JNE inició el sorteo para los debates de candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana del 21 y 22 de setiembre

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— Canal N (@canalN_) September 14, 2026