Durante su presentación en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, Astudillo explicó que se modificará el cronograma para ubicar al personal policial según las necesidades detectadas.

“Hay cosas que vamos a cambiar, no vamos a esperar la delegación de facultades. Vamos a empezar ya mismo, ya hemos empezado y pronto, por ejemplo, vamos a adelantar el plan de cambios y a poner a la gente donde debe estar”, declaró.

Presupuesto y reforma policial

El titular del Mininter también anunció que se reunirá con el nuevo alto mando de la PNP para evaluar la descentralización del presupuesto. La propuesta contempla que cada región policial pueda convertirse en una unidad ejecutora y administrar recursos de acuerdo con sus necesidades operativas.

Las medidas forman parte del denominado plan Mariano Santos, que plantea cambios en la formación y el perfil de oficiales y suboficiales.

“El plan Mariano Santos es la reforma de la Policía Nacional, vamos a seguirlo con o sin presupuesto, con o sin facultades”, indicó.

Astudillo sostuvo que la reforma también busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado mediante la anticipación de delitos, la recuperación del control territorial y el retiro de herramientas utilizadas por las organizaciones criminales. A ello se suman el control de las fronteras y el fortalecimiento de una estrategia integral de seguridad.

El ministro señaló que las acciones buscan articular el funcionamiento de las distintas instituciones involucradas en seguridad. La reforma policial, los cambios de personal y la descentralización presupuestal forman parte de las medidas expuestas ante la comisión.

El Gobierno viene implementando medidas preventivas ante un eventual Fenómeno El Niño, informó el ministro de Transportes, Rafael Rey. En ese sentido, señaló que los puentes modulares trasladados a distintas regiones permitirán atender con mayor rapidez posibles emergencias que se registren en las carreteras del país.

Durante una visita al lugar donde se encuentran almacenadas las estructuras, Rey explicó que su traslado implica un importante despliegue logístico debido al peso de los componentes. Según detalló, para movilizar cada puente pueden ser necesarios hasta ocho camiones.

“Estamos realmente preocupados y haciendo la prevención posible en el tema de puentes y las carreteras en todo el país, pero especialmente en la costa, que es la que más sufre en los fenómenos de El Niño”, sostuvo el ministro.

Rey aseguró que el sector está preparado para actuar de manera inmediata ante una eventual afectación de la infraestructura vial. Al ser consultado sobre la cantidad de carreteras que podrían resultar dañadas, señaló que existen estimaciones, aunque precisó que no contaba con la cifra exacta en ese momento. Entre las vías consideradas de mayor importancia mencionó la Panamericana Norte.

El ministro de Transportes explicó que los llamados puentes Bailey pertenecen a una categoría de estructuras modulares y aclaró que Bailey es una marca comercial, por lo que también existen modelos similares fabricados por otras empresas.

Según detalló, una parte importante de las adquisiciones más recientes proviene de fabricantes chinos debido a sus menores costos. Estas estructuras permanecen desmontadas y almacenadas para ser instaladas de acuerdo con las necesidades que puedan surgir durante una emergencia.

El titular de Transportes precisó que los puentes están conformados por distintos módulos, como plataformas y componentes estructurales, lo que permite ajustar su extensión según las características del lugar donde serán colocados. En ese sentido, indicó que pueden configurarse para cubrir luces de aproximadamente 12 y 15 metros, entre otras dimensiones, y alcanzar una longitud de hasta 70 metros.

Ante las consultas de la prensa sobre las declaraciones del ministro del Interior, César Astudillo, acerca de la percepción de inseguridad y los homicidios, Rafael Rey evitó pronunciarse y señaló que estos asuntos corresponden directamente a la cartera del Interior.

“Permítame no ocuparme de los temas que no me corresponden directamente”, respondió Rey.

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Rafael Rey, ministro de Transportes y Comunicaciones, señaló que se viene reforzando la prevención ante el fenómeno El Niño, especialmente en las carreteras de la costa.

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El ministro de Salud, Luis Dyer, fue consultado sobre su participación previa en la Fundación Dyer e Hijos, organización vinculada a proyectos para la construcción de hospitales en zonas de extrema pobreza. La pregunta también estuvo relacionada con la información consignada por el funcionario en su declaración jurada.

El titular del Minsa aseguró que dejó de participar en las actividades de las empresas y organizaciones que anteriormente representaba. Asimismo, señaló que dicha información figura en los documentos que presentó ante las autoridades correspondientes.

Las declaraciones del ministro se dieron luego de que fuera consultado por Canal N sobre un posible conflicto de interés entre las actividades de la fundación y las funciones que actualmente desempeña como titular del Ministerio de Salud.

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Luis Dyer, ministro de Salud, señaló que se retiró de la Fundación Dyer e Hijos dejando los documentos correspondientes.

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Como parte de las medidas para modernizar el sistema sanitario, el Minsa implementará un plan de transformación digital que permitirá interconectar 25 hospitales y 500 centros de salud de Lima entre finales de 2026 y los primeros meses de 2027, informó Dyer.

Durante su presentación ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el titular de Salud expuso los principales lineamientos que marcarán su gestión al frente del sector. El ministro señaló que sus prioridades estarán enfocadas en la transformación digital, el fortalecimiento de la infraestructura preventiva y las acciones para combatir la anemia.

Minsa reorganiza el PRONIS para acelerar hospitales y cerrar brecha de internet

El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, anunció este martes 8 de septiembre una reorganización del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) con el objetivo de acelerar la ejecución de infraestructura sanitaria y priorizar la culminación de establecimientos que permanecen paralizados.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) presentó los principales lineamientos de su gestión durante una sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde también abordó los plazos de construcción de hospitales, la conectividad y el uso de nuevas modalidades para ejecutar proyectos.

PRONIS priorizará la culminación de obras paralizadas

Dyer sostuvo que uno de los principales objetivos de la reorganización será concluir los proyectos de infraestructura sanitaria que ya cuentan con avances físicos y requieren recursos para continuar.

“Lo que está avanzado hay que terminarlo”, afirmó el ministro al explicar que la prioridad será evitar que establecimientos con obras iniciadas permanezcan detenidos.

El titular del Minsa también cuestionó el tiempo que actualmente requiere desarrollar nueva infraestructura hospitalaria en el país. Según indicó ante la comisión parlamentaria, algunos procesos pueden tardar entre seis y 15 años.

“No estamos avanzando al ritmo que exige la demanda de nuestros pacientes en el país. Nos estamos demorando entre 6 y 15 años en construir un hospital y, en el camino, incluso tenemos hospitales paralizados”, declaró.

Minsa plantea establecimientos modulares para reducir plazos

Como parte del nuevo enfoque, el sector Salud proyecta impulsar el rediseño de establecimientos mediante estructuras modulares, con la finalidad de reducir los tiempos de construcción.

Según Dyer, estos establecimientos también deberán adaptarse a las condiciones y necesidades específicas de las comunidades ubicadas en la costa, sierra y selva.

El ministro indicó que la denominada infraestructura preventiva será uno de los ejes de trabajo del sector durante los próximos cinco años.

Obras por Impuestos para proyectos de infraestructura sanitaria

Otro mecanismo que el Minsa prevé fortalecer es la participación del sector privado mediante Obras por Impuestos (OxI).

Dyer consideró que este mecanismo puede contribuir a agilizar proyectos de infraestructura sanitaria y reducir los tiempos requeridos para poner nuevos servicios a disposición de la población.

Minsa advierte brecha de internet en centros de salud

La transformación de la infraestructura también incluye la conectividad. El ministro señaló que disponer de acceso adecuado a internet permitirá mejorar el intercambio de información y fortalecer servicios como la telemedicina, especialmente en localidades alejadas.

De acuerdo con las cifras expuestas por Dyer, entre el 42 % y 43 % de los establecimientos de salud no dispone actualmente de un servicio adecuado de internet.

El titular del Minsa informó además sobre coordinaciones con Estados Unidos relacionadas con la interoperabilidad mediante Starlink. Según explicó, la propuesta contempla que el servicio de conectividad pueda brindarse gratuitamente durante el primer año.

¿Qué busca la reorganización del PRONIS?

La reorganización anunciada por el Ministerio de Salud busca concentrar esfuerzos en proyectos que ya presentan avances, reducir los tiempos de ejecución de nuevas instalaciones y desarrollar modelos de infraestructura sanitaria que puedan implementarse con mayor rapidez.

Los cambios también incorporan como ejes la participación privada mediante Obras por Impuestos, la infraestructura modular y una mayor conectividad de los establecimientos de salud.

El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, anunció este martes 8 de septiembre una reorganización del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) con el objetivo de acelerar la ejecución de infraestructura sanitaria y priorizar la culminación de establecimientos que permanecen paralizados.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) presentó los principales lineamientos de su gestión durante una sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde también abordó los plazos de construcción de hospitales, la conectividad y el uso de nuevas modalidades para ejecutar proyectos.

PRONIS priorizará la culminación de obras paralizadas

Dyer sostuvo que uno de los principales objetivos de la reorganización será concluir los proyectos de infraestructura sanitaria que ya cuentan con avances físicos y requieren recursos para continuar.

“Lo que está avanzado hay que terminarlo”, afirmó el ministro al explicar que la prioridad será evitar que establecimientos con obras iniciadas permanezcan detenidos.

El titular del Minsa también cuestionó el tiempo que actualmente requiere desarrollar nueva infraestructura hospitalaria en el país. Según indicó ante la comisión parlamentaria, algunos procesos pueden tardar entre seis y 15 años.

“No estamos avanzando al ritmo que exige la demanda de nuestros pacientes en el país. Nos estamos demorando entre 6 y 15 años en construir un hospital y, en el camino, incluso tenemos hospitales paralizados”, declaró.

Minsa plantea establecimientos modulares para reducir plazos

Como parte del nuevo enfoque, el sector Salud proyecta impulsar el rediseño de establecimientos mediante estructuras modulares, con la finalidad de reducir los tiempos de construcción.

Según Dyer, estos establecimientos también deberán adaptarse a las condiciones y necesidades específicas de las comunidades ubicadas en la costa, sierra y selva.

El ministro indicó que la denominada infraestructura preventiva será uno de los ejes de trabajo del sector durante los próximos cinco años.

Obras por Impuestos para proyectos de infraestructura sanitaria

Otro mecanismo que el Minsa prevé fortalecer es la participación del sector privado mediante Obras por Impuestos (OxI).

Dyer consideró que este mecanismo puede contribuir a agilizar proyectos de infraestructura sanitaria y reducir los tiempos requeridos para poner nuevos servicios a disposición de la población.

Minsa advierte brecha de internet en centros de salud

La transformación de la infraestructura también incluye la conectividad. El ministro señaló que disponer de acceso adecuado a internet permitirá mejorar el intercambio de información y fortalecer servicios como la telemedicina, especialmente en localidades alejadas.

De acuerdo con las cifras expuestas por Dyer, entre el 42 % y 43 % de los establecimientos de salud no dispone actualmente de un servicio adecuado de internet.

El titular del Minsa informó además sobre coordinaciones con Estados Unidos relacionadas con la interoperabilidad mediante Starlink. Según explicó, la propuesta contempla que el servicio de conectividad pueda brindarse gratuitamente durante el primer año.

¿Qué busca la reorganización del PRONIS?

La reorganización anunciada por el Ministerio de Salud busca concentrar esfuerzos en proyectos que ya presentan avances, reducir los tiempos de ejecución de nuevas instalaciones y desarrollar modelos de infraestructura sanitaria que puedan implementarse con mayor rapidez.

Los cambios también incorporan como ejes la participación privada mediante Obras por Impuestos, la infraestructura modular y una mayor conectividad de los establecimientos de salud.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, expuso este martes ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, los principales lineamientos del plan de trabajo de la Cancillería, enfocados en fortalecer la presencia internacional del Perú, modernizar los servicios para los ciudadanos y reforzar la protección del patrimonio cultural.

Durante su intervención, el canciller sostuvo que la política exterior debe ser una herramienta para convertir la presencia del país en el ámbito internacional en mayores condiciones de seguridad, desarrollo y oportunidades para los peruanos.

En ese sentido, destacó la importancia de recuperar la capacidad de iniciativa y liderazgo internacional del Perú, basándose —según indicó— en los valores y principios democráticos del país.

Uno de los mecanismos que permitirá avanzar en esta agenda será el Foro Cuzco, una iniciativa promovida por el Perú junto con el Ministerio de Cultura y con el apoyo de la UNESCO.

El canciller recordó que este espacio, desarrollado desde 2020, ha permitido reunir a países de América Latina y el Caribe para abordar temas relacionados con la protección del patrimonio cultural. Su cuarta edición está prevista para julio de 2027 y contará con la participación de altos representantes de 15 países de la región, además de la UNESCO.

Según explicó Espá, el objetivo es avanzar del intercambio de experiencias hacia la construcción de criterios y posiciones comunes que permitan fortalecer la protección, recuperación y restitución del patrimonio cultural de los países latinoamericanos.

“Proteger nuestro patrimonio y proyectar nuestra cultura son, en ese sentido, dos dimensiones de una misma tarea”, señaló durante su presentación ante la comisión del Senado.

Modernización de los servicios consulares

El titular de la Cancillería también anunció que su gestión continuará impulsando la modernización y digitalización de los servicios, especialmente aquellos destinados a los peruanos que viven en el extranjero.

En esa línea, mencionó los avances relacionados con la implementación de la visa electrónica y el pasaporte de emergencia, documento que reemplazará a los salvoconductos.

“Avanzaremos en la modernización y digitalización de nuestros servicios, particularmente los servicios consulares. Ya lo hemos hecho, ya estamos avanzando. Hemos anunciado la visa electrónica, hemos anunciado el pasaporte de emergencia que reemplaza los salvoconductos”, señaló.

Para el canciller, la política exterior también se refleja en la atención que reciben los millones de peruanos que residen fuera del país.

“Para millones de compatriotas en el exterior, la política exterior del Perú no es una declaración ni una simple reunión internacional. Es la calidad y oportunidad de la atención que reciben de su Estado”, sostuvo.

Espá afirmó que el objetivo es contar con una Cancillería profesional, moderna y cercana a los ciudadanos, con especial atención a los sectores más vulnerables.

Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores resaltó la necesidad de mantener un trabajo coordinado con el Congreso de la República y sus dos cámaras, mediante un diálogo permanente y constructivo.

“La política exterior es una política de Estado y debe estar siempre al servicio del Perú y de los peruanos”, concluyó.

#EnVivo

El canciller Carlos Espá expone ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado sobre el plan de trabajo de la Cancillería.

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El general Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, informó que el próximo 15 de septiembre se darán a conocer los avances de las investigaciones relacionadas con el atentado ocurrido en Trujillo.

El general Revoredo señaló que un equipo especializado de detectives de las unidades de homicidios y secuestros, junto con agentes de inteligencia y personal de criminalística, viene trabajando de manera coordinada con el Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado.

Según RPP, el jefe policial precisó que será el general Espinoza, director de la Región Policial Trujillo, quien dé a conocer los resultados de las diligencias. Asimismo, indicó que el fiscal Jorge Chávez Cotrina ya estuvo en el lugar para participar de las investigaciones.

“Como lo dijo nuestro comandante general en funciones, estamos en el día 8 y el día 15 será el director de jefe de región Trujillo, un general muy experimentado, nuestro general Espinoza, a quien se le ha puesto a disposición un selecto equipo de detectives de homicidios, secuestros, el mismo jefe de inteligencia, criminalística, para que trabajen articuladamente con el prestigioso Ministerio Público, con la Fiscalía de Crimen Organizado. Ahí estuvo in situ el doctor Chávez Cotrina y serán ellos los que rendirán cuentas a ustedes”, sostuvo.

Sobre las personas intervenidas durante el operativo, el general Revoredo evitó señalar que tengan responsabilidad en el atentado. Precisó que todos continúan bajo investigación del Ministerio Público y cuentan con la asistencia de sus respectivos abogados.

Asimismo, el general Revoredo defendió la captura de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, y explicó que la participación de la Dirincri estuvo enfocada principalmente en dicha intervención.

Ante el pedido del senador Percy Osorio para que se someta a una evaluación psicológica, el general Revoredo respondió que los agentes de la Policía Nacional pasan anualmente por este tipo de evaluaciones como parte de los controles institucionales.

Consultado por la salida de Óscar Arriola de la Comandancia General de la Policía Nacional, el general Revoredo sostuvo que su decisión debe ser respetada y evitó relacionarla directamente con los acontecimientos registrados en Trujillo. Pese a ello, resaltó el trabajo realizado por Arriola durante su gestión y calificó como aprobatorio su desempeño al frente de la institución.

Catorce partidos políticos acordaron solicitar de manera formal al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que establezca si un candidato a primer regidor, quien actualmente ocupa el cargo de alcalde, está habilitado para recibir la credencial de burgomaestre si su lista gana las elecciones en Lima Metropolitana. El pedido fue acordado durante las coordinaciones para el debate electoral de la capital.

El pedido, presentado en la sede del organismo electoral tras una reunión de coordinación, tiene como objetivo aclarar las reglas de sucesión contempladas en el artículo 194 de la Constitución. Esta precisión deberá conocerse antes de establecer los detalles y la participación de los candidatos en los debates previstos para el 21 y 22 de septiembre en la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja.

El pedido oficial establece un plazo máximo de tres días hábiles para que el organismo electoral emita una respuesta y despeje la incertidumbre jurídica existente de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La controversia surgió luego de que Luis Rubio renunciara a su candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular. Ante esta situación, la agrupación política solicitó que su candidato a primer regidor, Rafael López Aliaga, participe en el debate municipal en representación de su partido.

Esta situación abrió el debate sobre la legalidad de que una autoridad elegida en 2022 pueda retornar al cargo de alcalde mediante un mecanismo de sucesión. Los partidos que suscribieron el pedido consideran que esta posibilidad constituiría una forma de reelección inmediata encubierta.

El acta, a la que RPP tuvo acceso, señala que el objetivo es evitar que los vacíos normativos afecten el derecho de la ciudadanía a emitir un voto transparente y plenamente informado.

Durante la sesión de debate, las agrupaciones políticas expresaron diferentes posiciones respecto a la continuidad de las coordinaciones para el evento electoral.

Para los representantes del Partido Aprista Peruano (APRA), la transparencia del proceso electoral requiere que la ciudadanía tenga claridad sobre quién asumirá finalmente la conducción de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“En general no hay ninguna negativa a que el propio partido político designe quién lo va a representar en el debate, pero lo que sí se está exigiendo es que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones sea transparente e informe a la ciudadanía quién sería finalmente el alcalde, el primer regidor o el segundo regidor en cumplimiento de lo establecido en el artículo 194 de la Constitución”, señaló Mónica Yaya, candidata a la alcaldía de Lima por el APRA.

El partido Demócrata Verde consideró que no correspondía continuar con las decisiones relacionadas con el debate mientras el JNE no emita un pronunciamiento. En tanto, Alianza para el Progreso (APP) respaldó la necesidad de precisar la norma, aunque planteó que la votación sobre la participación de los candidatos en el debate siguiera su curso de manera independiente.

Por su parte, el Partido Popular Cristiano (PPC) destacó la importancia de establecer reglas claras para los electores. Batalla Perú propuso inicialmente ampliar a cinco días el plazo para que el organismo electoral responda a la consulta; sin embargo, el acuerdo final suscrito por las catorce agrupaciones estableció un periodo de tres días hábiles.

En contraste, Renovación Popular fue la única organización que votó en contra de la moción y presentó una objeción formal. De acuerdo con la documentación de la sesión, el partido expresó su desacuerdo al considerar que la iniciativa multipartidaria representa una presión indebida sobre la autoridad electoral, debido a que condicionaría la continuidad de las coordinaciones del debate a la emisión de un pronunciamiento jurídico.

No obstante, el monto supera por 3,556.80 soles la remuneración mensual vigente (S/35,568), que corresponde a sus días laborados en julio, tras asumir el cargo el 28 de ese mes.

Como se recuerda, el sueldo presidencial fue elevado durante el gobierno de Dina Boluarte, el 4 de julio de 2025, firmado por el entonces ministro de Economía Raúl Reyes.

Durante su presentación, Belaúnde informó que su sector requiere S/575 millones para cumplir con las labores de prevención y respuesta frente al Fenómeno El Niño.

Del total solicitado, S/68,5 millones serán destinados a la descolmatación de los 22 puntos críticos asignados a las FF. AA. El más sensible, precisó, es el río Piura, donde deben retirarse más de un millón de metros cúbicos de sedimentos.

Asimismo, cerca de S/400 millones permitirán recuperar la capacidad aérea y garantizar las horas de vuelo y el combustible necesarios para el despliegue de los buques de la Marina de Guerra.

Tras la exposición, la senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) puso en duda la capacidad de respuesta del Estado ante una eventual emergencia. Según indicó, luego de reunirse con representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), concluyó que “no estamos preparados para nada, absolutamente para nada”.

En respuesta, Belaúnde reveló que, al asumir el cargo, encontró más de 2 mil puntos críticos identificados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) desde hacía más de un año, pero ninguno había recibido atención. “No se habían atendido ni uno solo. Cero, cero”, remarcó.

A ello se sumó una traba que impedía utilizar 400 mil galones de diésel almacenados por las FF.AA. debido a que estaban reservados para una emergencia que aún no había comenzado.

Ante esta situación, el sector modificó la disposición mediante una resolución ministerial, lo que permitió movilizar maquinaria en Tumbes y Piura.

En cuanto a la capacidad aérea, el ministro alertó que más del 90% de la flota peruana de helicópteros es de origen soviético o ruso.

Según explicó, la guerra entre Rusia y Ucrania y las sanciones internacionales contra Moscú han dificultado la adquisición de repuestos y el envío de pagos.

“Por más que nosotros tenemos un centro de mantenimiento de helicópteros en (Base aérea) La Joya, no hay repuestos en el mercado para atender”, sostuvo.

Frente a este panorama, Defensa evalúa adquirir aeronaves de países vinculados a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Actualmente, cuenta con 23 helicópteros operativos y espera elevar la cifra a 30 unidades en diciembre.

“Esta situación la hemos encontrado nosotros en estos 40 días. Ahora, por qué no se previó esto, esa respuesta escapa a mi conocimiento”, manifestó Belaúnde.

Finalmente, informó que los operativos contra la minería ilegal en Madre de Dios ocasionaron pérdidas por S/948 millones a estas organizaciones.

Las intervenciones permitieron destruir 1,820 balsas y dragas y 1,789 motores, además de incautar 205,500 galones de combustible.

En la sesión, explicó la delegación de facultades solicitada al Congreso, basada en cinco ejes: migración, geolocalización, control de armas, lucha contra la criminalidad y reforma estructural.

En ese punto, incidió en la venta de chips utilizados para extorsionar. “Con oficios y resoluciones no hacemos nada”, sostuvo al pedir una norma que incorpore a las operadoras en la lucha contra el crimen.

“No puede ser que los operadores de telefonía generen más dinero vendiendo chips sin nombre”, cuestionó.

Agregó que un extorsionador puede acudir a Las Malvinas y comprar diez chips a tres soles cada uno para realizar llamadas durante todo el mes.

Informó que el 86.9% del presupuesto policial se destina a planillas, mientras apenas el 1.1% corresponde a activos no financieros. “No podemos comprar ni chalecos”, enfatizó.

Asimismo, el ministro afirmó que hay un “puente roto” entre la Policía y el Ministerio Público.

Controversia

Pero el titular del Interior no se salvó de la polémica, al atribuir a una “percepción mediática” la alarma por los homicidios.

“No es que los homicidios hayan ensombrecido el país, por favor. Lo que pasa es que hay una percepción. Tenemos esa percepción mediática que nos ponen todos los días”, sostuvo.

Según las cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) mostradas en la sesión, hasta agosto se registraron 1,412 fallecidos.

Su afirmación fue cuestionada por el senador Víctor Cutipa (Juntos por el Perú), quien advirtió que el Gobierno no puede transmitir que “todo está bien” ni pedir a la población que se acostumbre a vivir así.

Reclamos

En el debate, el senador Walter Gago (Obras) cuestionó que el Ejecutivo pidiera más facultades si el sector no ejecuta el presupuesto de inteligencia ni garantiza la logística. “Legislar por decreto no patrulla las calles”, reprochó.

Elard Melgar (Fuerza Popular) denunció que los patrulleros y motocicletas de una comisaría de Huacho están paralizados por falta de combustible. Añadió que el comisario tuvo que organizar una “chuletada” para cubrir los gastos. “Me pareció vergonzoso”, remarcó.

Por su parte, Hugo Cahuana (Juntos por el Perú) informó que los patrulleros de Madre de Dios deben recorrer 187 kilómetros hacia la frontera con Puno para abastecerse, pues la región no cuenta con una unidad ejecutora.

Astudillo no respondió las preguntas en público, solicitó que la sesión continuara con carácter secreto y reservado.

Correo revisó las contrataciones, que abarcan la Presidencia del Senado, distintas bancadas y comisiones internas.

Los sueldos de este grupo van desde 3,418.10 hasta 22,306.11 soles, mientras los períodos parlamentarios de origen se remontan hasta 2001, aunque algunos corresponden apenas al 2021-2026 (ver infografía).

Relevantes

Trascendió que Roberto Sánchez y Alejandro Cavero ya trabajaban en el Parlamento, pero el registro de personal confirma ahora sus respectivos perfiles y remuneraciones.

Sánchez, además de dirigir Juntos por el Perú (JP), ocupa un cargo de confianza dentro de la bancada que lleva el nombre de su organización política con una remuneración de 20,075.50.

Cavero, por ejemplo, ahora percibe 15,334 soles como asesor coordinador de la Presidencia del Senado. Como se recuerda, él fue congresista de Avanza País durante el periodo 2021-2026.

A la lista se suma Pasión Dávila, quien recibe 13,230 soles como asesor de la bancada de JP del Senado. Él integró el Parlamento entre 2021 y 2026.

Dávila perteneció al Bloque Magisterial durante su etapa congresal y protagonizó, en diciembre de 2022, una agresión contra su entonces colega Juan Burgos, durante una sesión del pleno.

El Parlamento aprobó posteriormente su suspensión por 120 días y el descuento de sus haberes.

Asimismo, en 2024, un exasesor de Dávila lo acusó de solicitarle parte de sus bonos, denuncia que el parlamentario negó y que motivó una investigación en la Comisión de Ética.

Durante el gobierno del golpista Pedro Castillo, Pasión Dávila fue uno de sus principales defensores y formuló declaraciones polémicas ante la prensa por la agresión contra Burgos. “Usted a mi altura no es nada”, dijo en ese entonces a un reportero.

Análisis

La politóloga Gabriela Navarro cuestionó el retorno de antiguos parlamentarios y planteó dos posibles explicaciones para estas contrataciones.

“Lo más positivo sería pensar que estos excongresistas retornan como asesores por su experiencia política. Sin embargo, es probable que en algunos casos responda a favores o negociaciones políticas”, ensayó.

La especialista advirtió sobre los efectos que estos convocados pueden generar en la renovación de las organizaciones políticas.

“La incorporación de personajes como Pasión Dávila, con conductas moralmente reprochables, contribuye a normalizar la violencia dentro de la política y las instituciones”, afirmó.

Navarro agregó que en el caso de Sánchez se refleja una “cara del oportunismo político”.

“Hoy proyecta la imagen de que su prioridad habría sido mantener un ingreso del Estado antes que consolidar y construir una organización política”, sostuvo.

Un sector del bloque de la oposición votó en contra del documento, incluida Giannina Avendaño, diputada de Juntos por el Perú (JP) y presidenta de la Comisión de Constitución.

EL TEXTO

De acuerdo con el documento al que accedió Correo, la comisión opinó favorablemente sobre la solicitud de facultades en la materia específica de fortalecer la gestión ambiental, la simplificación administrativa, la certificación ambiental global y la remediación ambiental; así como la solicitud de facultades para transición energética, diversificación de la matriz y promoción de energías renovables e hidrógeno verde.

Durante el debate, el presidente de la comisión, Arturo Alegría, cuestionó que algunos diputados hayan cuestionado no haber recibido el tiempo con mayor anticipación.

“Si un informe de nueve hojas llega el viernes en la noche, porque tengo al equipo técnico trabajando todo el día, lo mínimo que deberíamos hacer nosotros como representante es leerlo”, afirmó.

A la salida de la sesión, Alegría cuestionó al bloque que votó en contra.

“¿Así querían gobernar los Juntos por el Perú? Eso no solamente me resulta irresponsable, sino que la verdad es que marca lamentablemente una línea de acción de una bancada", dijo.

LOS VOTOS

El documento recibió nueve votos a favor de las bancadas de FP (6), Renovación Popular (2) y Obras (1); en contra votaron nueve integrantes de las bancadas de Juntos por el Perú (5), Buen Gobierno (3) y Ahora Nación (1); mientras que en abstención votó Andrea Medina de Obras.

Debido al empate, el voto dirimente quedó en manos de Alegría, por lo tanto, el documento fue aprobado y será remitido a la Comisión de Constitución.

César Astudillo Salcedo, ministro del Interior, señaló ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado que las deficiencias del sistema de justicia dificultan la lucha contra la inseguridad ciudadana. Durante su exposición, remarcó la necesidad de una respuesta conjunta entre las instituciones del Estado y defendió los estados de emergencia como una medida para fortalecer el control territorial y hacer frente al crimen organizado.

Astudillo señaló que la criminalidad ha evolucionado y que la extorsión y el sicariato representan actualmente las principales amenazas para la Policía Nacional. Explicó que las organizaciones delictivas han reducido prácticas como los asaltos a entidades bancarias y los secuestros para enfocarse en actividades que les generan mayores ganancias.

Asimismo, advirtió que estos grupos recurren cada vez más a herramientas tecnológicas y sistemas satelitales para desarrollar sus operaciones, mientras que la Policía enfrenta una considerable brecha tecnológica que, según reconoció, debe ser atendida.

Para reforzar la seguridad en las ciudades, el ministro propuso ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en la vigilancia de las fronteras, de modo que un mayor número de efectivos policiales pueda ser destinado a labores de seguridad ciudadana. En ese contexto, informó que, con apoyo de la cooperación internacional, se trabaja en la implementación de un sistema de vigilancia mediante drones en la zona fronteriza, principalmente en el río Putumayo.

El ministro consideró que la extensa geografía amazónica constituye uno de los principales desafíos para el Estado, por lo que planteó la necesidad de una reforma integral de la infraestructura y el fortalecimiento de las capacidades operativas en esta región.

Durante su exposición, el ministro del Interior también se refirió a la incidencia de homicidios y señaló que los registros se mantienen en niveles similares a los del año pasado. No obstante, reconoció que persiste el reto de reducir estas cifras. Ante la percepción de un aumento de la violencia, Astudillo sostuvo que existe una “percepción mediática” que no necesariamente coincide con los datos oficiales.

Asimismo, informó que actualmente el país cuenta con 1.346 comisarías.

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández, informó en entrevista con Canal N que el Poder Ejecutivo todavía no ha presentado las demandas de inconstitucionalidad que anunció contra diversas leyes aprobadas por el Congreso. Según explicó, estas normas podrían afectar negativamente las finanzas públicas y contribuir al incremento del déficit fiscal.

Pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas había anunciado la presentación de al menos cuatro demandas de inconstitucionalidad para frenar iniciativas del Congreso que implican un mayor gasto público, Pedro Hernández precisó que, hasta el momento, el Tribunal Constitucional no ha recibido ningún recurso formal relacionado con estos casos.

“Entiendo por declaraciones públicas de los señores involucrados que estaban presentando cuatro proyectos, cuatro demandas de inconstitucionalidad. Pero que yo tenga conocimiento hasta el día de hoy estas no han sido presentadas”, sostuvo.

El presidente del Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, aclaró que el organismo no puede actuar de oficio ni aplicar sus sentencias de manera retroactiva. Asimismo, señaló que la jurisprudencia vigente establece que el Ejecutivo es el único responsable de la administración de la hacienda pública. En ese sentido, atribuyó a la anterior conformación del TC la existencia de vacíos legales que habrían permitido la promulgación de este tipo de normas.

En esa línea, Hernández señaló que corresponde al Ejecutivo presentar los recursos legales respectivos dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. Una vez recibidos, el pleno del Tribunal Constitucional podrá analizar de manera independiente la constitucionalidad de cada una de las leyes cuestionadas.

“El tribunal no puede actuar de oficio ni las sentencias pueden simplemente tener una retroactividad. Lo que habrá que esperar en todo caso es que, si está todavía en el plazo legal para poder cuestionarlas, se interpongan las acciones correspondientes y el tribunal analizará cada una de estas medidas”, manifestó.

Durante su presentación ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso, el ministro del Interior, César Astudillo, planteó la necesidad de aprobar normas más estrictas para combatir la extorsión.

El titular del Mininter cuestionó la falta de control de las empresas operadoras de telefonía sobre la venta de chips, lo que, según explicó, facilita que delincuentes los adquieran de manera anónima en el mercado informal y los utilicen para amenazar a sus víctimas sin que sus identidades puedan ser determinadas ni sus comunicaciones rastreadas por la Policía.

Asimismo, César Astudillo cuestionó que la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) pueda demorar hasta cinco días en proporcionar a la Policía Nacional del Perú (PNP) las imágenes de las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos luego de registrarse un cobro extorsivo.

En cuanto al sistema de justicia, advirtió que la falta de coordinación y fiscalización entre la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE facilita que delincuentes detenidos recuperen su libertad y regresen a las calles pocos días después.

En materia migratoria, el ministro informó que cerca de dos millones de ciudadanos venezolanos residen actualmente en el país y señaló que, hasta la fecha, 1 635 extranjeros han sido expulsados. En ese sentido, indicó que el Ejecutivo coordina con Venezuela la suscripción de acuerdos que permitan realizar deportaciones masivas por vía marítima.

Por otro lado, Astudillo defendió la aplicación del Estado de Emergencia contemplado en el artículo 137 de la Constitución, al considerarlo una herramienta legal que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas y la intervención de zonas utilizadas como guaridas por organizaciones delictivas.

Además, el ministro alertó sobre el deterioro de la Aviación Policial y planteó la adquisición de dos aviones Antonov y cuatro helicópteros para fortalecer su capacidad operativa. Además, propuso reducir de 18 a 10 las escuelas de suboficiales debido a las restricciones presupuestarias.

Durante su exposición, también informó sobre presuntos casos de corrupción en Saludpol y Fovipol, así como irregularidades relacionadas con la adquisición de pistolas y chalecos antibalas.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, presentó ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado el plan de acción de las Fuerzas Armadas para enfrentar los impactos del Fenómeno El Niño. Durante su intervención, informó que se emplearán buques multipropósito para trasladar batallones desde el sur del país hacia las zonas que registren una mayor afectación.

Asimismo, precisó que su sector estará a cargo de la intervención en 22 puntos críticos, considerados de alta complejidad, para ejecutar trabajos de descolmatación en ríos y cauces.

Para ejecutar estas labores de mitigación, el Ministerio de Defensa desplegó 22 compañías de ingeniería para emergencias en distintos puntos del país: siete en Piura, siete en Lima, tres en Tumbes, dos en Lambayeque, dos en Ica y una en La Libertad.

El titular del sector destacó que la situación más crítica se encuentra en el río Piura, debido a su extensión. En esta zona se proyecta remover más de 1 millón de metros cúbicos de sedimentos. Para agilizar los trabajos, indicó que ya cuentan con financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que se aplicará el mecanismo de Obras por Impuestos, con participación del sector privado.

Sobre el requerimiento presupuestal, Rafael Belaúnde informó que el sector Defensa solicitó 575 millones de soles para atender la emergencia. Del total, 68.5 millones de soles serán destinados a los trabajos de descolmatación en los puntos críticos asignados.

Asimismo, cerca de 400 millones de soles se utilizarán para recuperar la capacidad operativa de la aviación del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), además de garantizar el abastecimiento de combustible y las horas de vuelo de los buques de la Marina de Guerra del Perú (MGP).

En materia de política exterior, el ministro destacó que las Fuerzas Armadas mantienen relaciones bilaterales con 22 países y cuentan con 28 convenios suscritos con entidades multilaterales. Asimismo, confirmó que se garantizó el financiamiento para asegurar la continuidad de la campaña científica anual a la Antártida a bordo del B.A.P. Carrasco.

Finalmente, informó que 180 efectivos peruanos se encuentran desplegados en misiones de paz de las Naciones Unidas en el Congo, África Central, Abyei, Sudán y el Líbano.

Ante la amplitud de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, el Congreso evalúa concentrar inicialmente su aprobación en los temas de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, informó Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

En diálogo con Canal N, Avendaño precisó que el pedido del Ejecutivo contempla ocho materias y 66 medidas. Debido a su amplitud, la Comisión de Constitución acordó solicitar opiniones consultivas a 13 comisiones de la Cámara de Diputados, según las competencias de cada una.

Al respecto, Avendaño consideró necesario que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Galarreta, precise cuáles son las materias que el Ejecutivo considera prioritarias.

“Los puntos más relevantes, porque repito, son ocho materias con 66 pedidos, que es bastante extensa la solicitud. Por eso es por lo que nosotros hemos cursado el pedido de informe, de opinión a diferentes comisiones en sus materias de competencia”, sostuvo.

En cuanto a la lucha contra la inseguridad ciudadana, la diputada de Juntos por el Perú cuestionó que el pedido del Ejecutivo no especifique con claridad cuáles son las normas que requieren ser modificadas.

“Si efectivamente es la inseguridad ciudadana, que nos explique, que nos diga al Parlamento cuáles son esas leyes que se requieren modificar”, indicó.

La presidenta de la Comisión de Constitución señaló que el Congreso debe conocer con precisión las medidas que el Gobierno busca implementar para combatir la criminalidad, en un contexto en el que la ciudadanía demanda resultados concretos.

Avendaño señaló que el Congreso evalúa la posibilidad de otorgar inicialmente al Ejecutivo facultades legislativas únicamente en materia de seguridad ciudadana y atención del Fenómeno El Niño. “Es probable. Estamos en este momento en debate”, aseguró.

La legisladora precisó que su bancada aún no ha adoptado una decisión definitiva y que los diputados deberán revisar y evaluar las 66 medidas planteadas por el Ejecutivo antes de fijar una posición.

El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, llegó este lunes al Palacio Legislativo para participar en la sesión de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. La mesa de trabajo es presidida por el congresista Francisco Giampetri y la reunión está enfocada en la situación de seguridad ciudadana y las acciones del sector frente a la criminalidad.

Durante la sesión, Astudillo expone un diagnóstico del Ministerio del Interior y explica las proyecciones de su gestión. Su presencia ocurre días después del secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de sus acompañantes en La Libertad, Trujillo.

¿Por qué no viajó a Trujillo?

El caso generó cuestionamientos por la ausencia del titular del Interior en Trujillo durante las primeras acciones desplegadas tras el ataque ocurrido el 30 de agosto. Astudillo explicó posteriormente que no viajó debido a una situación familiar delicada y aseguró que coordinó las operaciones desde Lima, mientras el comandante general de la PNP, Óscar Arriola se trasladaba a La Libertad.

El titular del Interior continúa explicando las medidas que viene adoptando su sector para enfrentar la inseguridad. Además tiene previsto responder un pliego de preguntas de los parlamentarios presentes sobre temas de seguridad ciudadana.

El diputado de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Arturo Alegría, cuestionó a las bancadas que rechazaron el informe de opinión sobre el pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo y calificó de “irresponsable” el argumento de algunos parlamentarios, quienes señalaron que no tuvieron tiempo para revisar el documento durante el fin de semana.

Cabe señalar que la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad aprobó el informe, que será remitido a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, instancia encargada de evaluar las 66 medidas propuestas por el Gobierno. La sesión culminó con nueve votos a favor, nueve en contra y una abstención. Ante el empate, el voto dirimente de Arturo Alegría permitió que el documento fuera aprobado.

Tras la sesión, el legislador centró sus cuestionamientos en la postura de los parlamentarios de bancadas como Ahora Nación y Juntos por el Perú, cuyos representantes votaron en contra del informe.

“Me resulta realmente increíble que quienes están en las diferentes comisiones no puedan leer un informe el fin de semana”, indicó Alegría. El legislador consideró que la situación que atraviesa el país requiere que el Parlamento actúe con mayor sentido de urgencia.

“¿Así querían gobernar los Juntos por el Perú? Así de esa manera querían buscar la solución a los problemas planteando en una comisión de que como era sábado y domingo no han podido leer un informe de nueve páginas. Eso no solamente me resulta irresponsable, sino que la verdad es que marca lamentablemente una línea de acción de una bancada", sostuvo.

Al ser consultado sobre las críticas de algunos sectores, que sostienen que el Ejecutivo estaría condicionando sus acciones a la aprobación de las facultades legislativas, Alegría rechazó dicha interpretación.

El parlamentario sostuvo que el Gobierno viene adoptando medidas dentro del marco de sus competencias actuales. Entre ellas, mencionó las acciones frente a la sobreproducción de arroz en la selva, el destrabe de procesos vinculados con la prevención ante el Fenómeno El Niño y los operativos policiales desplegados tras los hechos criminales registrados en Trujillo.

Sin embargo, Alegría señaló que el Ejecutivo necesita contar con facultades delegadas para avanzar en determinadas medidas. Detalló que estas permitirían fortalecer la protección legal de los agentes que intervienen en operativos y agilizar los mecanismos de identificación y actuación frente a personas detenidas en flagrancia.

En esa línea, cuestionó que algunas bancadas no hayan actuado con el mismo nivel de urgencia frente a la crisis de inseguridad que atraviesa el país. “Si ese sentido de urgencia no entienden las bancadas que hoy están en el Parlamento, no entiendo qué es lo que quieren”, aseguró.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente también cuestionó que las bancadas que mantienen una postura crítica frente al Ejecutivo no impulsen iniciativas legislativas orientadas, según señaló, a atender los principales problemas que enfrenta el país.

El informe aprobado por la Comisión de Medio Ambiente se suma a las opiniones solicitadas por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados como parte del análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

Alegría consideró que el documento debe ser analizado con seriedad y exhortó a los parlamentarios a revisar las propuestas antes de fijar una posición definitiva al respecto.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que el teniente general Fredy López Mendoza será el nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reemplazo de Óscar Arriola, quien comunicó que solicitará su pase al retiro.

El relevo se concretará en los próximos días y, según el Ejecutivo, responde a una transferencia institucional y al respeto de la prelación dentro de la institución policial.

“Se designará al general de la Policía Nacional Fredy López Mendoza para que reemplace en el cargo al general Arriola”, señaló el premier Luis Galarreta durante un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno. El anuncio se produjo luego de una sesión del Consejo de Ministros encabezada por la presidenta Keiko Fujimori y contó con la presencia de Óscar Arriola, Fredy López y del ministro del Interior, César Astudillo.

Más temprano, el diputado Harvey Colchado había señalado que López Mendoza podría ser una alternativa para asumir la comandancia general de la PNP en caso de la salida de Arriola. En declaraciones a RPP, destacó que, a título personal, lo consideraba un oficial “honesto, metódico y responsable”, además de resaltar su experiencia en la lucha contra la corrupción y su paso por la Policía Aérea.

Perfil de Fredy López Mendoza:

Fredy López Mendoza se desempeña desde el 1 de enero de 2026 como jefe del Estado Mayor General de la PNP, considerado el segundo cargo de mayor jerarquía dentro de la institución.

Durante su trayectoria también ocupó puestos vinculados con la investigación criminal y la lucha contra la corrupción. En 2022 estuvo al frente de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y fue presentado como titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

El oficial también participó en actividades internacionales de cooperación policial. En marzo de 2026 encabezó una delegación peruana en Guayaquil, Ecuador, para fortalecer la coordinación contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal.

En el ámbito académico, Fredy López Mendoza es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su investigación de posgrado estuvo orientada al empleo de agentes encubiertos como técnica especial para investigar y combatir el crimen organizado.

Cabe precisar que su llegada a la comandancia general se producirá en un contexto marcado por el avance de la extorsión, el sicariato y otras modalidades delictivas.

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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, llegó este lunes 7 de setiembre al Palacio Legislativo para participar en la sesión de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. A su llegada, el titular del sector evitó responder a las preguntas de la prensa y señaló que atenderá a los medios al finalizar la reunión.

La sesión corresponde a la segunda convocatoria no ordinaria de la comisión y está presidida por el congresista Francisco Giampietro, presidente de este grupo de trabajo. La reunión se desarrolla en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.

¿Qué temas se abordarán?

Belaúnde fue convocado para informar sobre el diagnóstico de su sector y las proyecciones de trabajo que contempla durante su gestión. Además, deberá abordar otros asuntos vinculados con las funciones del Ministerio de Defensa.

El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, también fue citado para esta jornada y tiene previsto presentarse ante la comisión a las 4:00 p. m. Durante su visita responderá sobre las acciones del sector frente a la inseguridad ciudadana.

En entrevista con Canal N, Baella sostuvo que el Gobierno debe adoptar medidas contra las organizaciones criminales sin depender necesariamente de la aprobación de facultades legislativas. También planteó revisar normas y reforzar el control de los establecimientos penitenciarios.

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José Baella, diputado de Renovación Popular, consideró que la experiencia de Fredy López ayudará a fortalecer la institución.

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— Canal N (@canalN_) September 7, 2026

¿Qué dijo sobre la renuncia de Óscar Arriola?

El parlamentario señaló que Arriola habría dejado el cargo en medio de presiones políticas, aunque destacó su trayectoria como investigador policial y lo calificó como un “excelente detective”. Además, consideró positivo que el Gobierno reconociera su trabajo tras el relevo.

“Yo creo que la salida de Óscar Arriola, en mi concepto, no va a solucionar nada. El problema que tenemos acá en el Perú es la pandemia criminal, el fenómeno que se viene desarrollando”, expresó.

Respecto a López, el legislador resaltó su experiencia como director contra la corrupción y jefe del Estado Mayor. Asimismo, consideró que su conocimiento de las distintas áreas policiales puede favorecer su gestión, aunque recomendó contar con asesoramiento especializado.

Baella también planteó como prioridad identificar y retirar a policías involucrados en actos irregulares. Según explicó, conversó con el inspector general de la PNP, general Tiravante, sobre un proyecto que permitiría separar de la institución a agentes intervenidos en flagrancia por este tipo de hechos.

Defiende permanencia de dos años

El diputado sostuvo que López debe cumplir el periodo de dos años previsto para quien asume la Comandancia General y rechazó que su designación sea entendida únicamente como un interinato. Afirmó que la continuidad resulta necesaria para dirigir y evaluar el funcionamiento de la institución.

“Un comando general tiene que asumir el cargo, tiene que ver a su alrededor, tiene que gerenciar la institución, y para eso se necesita tiempo”, señaló.

Sin embargo, el Congreso Bicameral que inició su período el 28 de julio de este año, se ha enfocado en proponer proyectos de ley enfocados vinculados a lucha contra la criminalidad, educación, economía, en el sistema electoral, entre otros.

De acuerdo con información revisada por Correo, desde que se instaló la Cámara de Diputados, el bloque de oposición suma el 58% de las iniciativas planteadas.

El bloque de oposición está integrado por Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras.

CIFRAS

La Cámara de Diputados suma 132 proyectos de ley distribuidos de la siguiente manera: Renovación Popular (43), Juntos por el Perú (38), Ahora Nación (33), Fuerza Popular (12), Obras (3) y el Buen Gobierno (3).

Es decir, la derecha acumula 55 proyectos que representa el 42% de las iniciativas, mientras que el bloque de oposición suma 77 proyectos, es decir, el 58%.

El bloque de oposición ha centrado la mayor parte de sus proyectos en temas vinculados al sector justicia, electoral y a la derogatoria de las denominadas leyes procrimen (ver infografía).

Sobre este último aspecto, JP impulsó 11 iniciativas y Ahora Nación un total de cuatro.

En la materia de justicia, Harvey Colchado de Ahora Nación propuso modificar el numeral 6 del artículo 230 del Código Procesal Penal para ampliar el plazo de intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas y de otras formas de comunicación hasta por 60 días y permitir prórrogas sucesivas cuando se trate de investigaciones por crimen organizado.

El diputado Héctor Guillén Valencia (JP) presentó un proyecto legislativo para derogar la Ley 32419 que concedió la amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

Heber López de Obras presentó un proyecto para modificar las reglas y los plazos para la detención preliminar.

Así, el juez dictará mandato de detención preliminar aunque no se encuentre a la persona en un delito de flagrancia, pero existan elementos de convicción o el inicio de la comisión de un delito sancionado con una pena superior a cuatro años; si el sorprendido en flagrante delito evita su detención o si se fuga del centro de detencion.

Además, plantea que la detención preliminar dure 72 horas, pero si existen circunstancias complejas, puede durar hasta siete días. Sin embargo, si hay delitos como secuestro, sicariato, extorsión, robo agravado, espionaje, terrorismo, entre otros, la detención dura un plazo máximo de 15 días.

Mientras que Gloria Hirache del Buen Gobierno presentó un proyecto modificar el artículo 34 del Decreto Legislativo 635, Código Penal, con la finalidad de ampliar los lugares donde un condenado pueda ejecutar la pena de prestación de servicios a la comunidad.

RANKING

Del total de diputados que han presentado proyectos de ley, hay dos que lideran en número.

Se trata de Ernesto Zunini de JP y Leo De Paz de Renovación Popular (RP).

El primero suma nueve proyectos y el segundo ocho.

Zunini presentó ocho proyectos de ley para derogar las denominadas leyes procrimen y un proyecto para derogar la Ley 31399, ley que regula el derecho de referéndum cuando se trata de reformas constitucionales.

Mientras que De Paz presentó proyectos vinculados al sector justicia (4), constitución (1), educación (1), modernización del Estado (1) y la creación de un día.

En la lista también están Norma Yarrow de RP con siete proyectos; de Ahora Nación están César Holguin (7), Marleny Arminto (7) y Ángel Meneses (5).

Le siguen Carlos Yalta de RP con cinco proyectos y Catherine Palomino de JP con cinco.

OBSERVACIÓN

Para el politólogo Fernando Tincopa, la izquierda tendrá más problemas para generar puntos de consenso que le permitan tener proyectos viables.

Por ejemplo, JP y Ahora Nación coinciden en la derogatoria de las denominadas leyes procrimen. Sin embargo, eso no alcanzaría para cuando dichas iniciativas lleguen al Senado.

“Veo el trabajo de la oposición mucho más exigente cuando se habla de consensos que le permitan incluir fuerzas que no están alineadas. La oposición está pensando en revertir iniciativas del periodo anterior, el oficialismo hace mayor énfasis en justicia y modernización del Estado, mientras que Obras y Buen Gobierno tienen un rol más de expectante”, indicó.

En diálogo con Correo, el investigador del Centro Wiñaq señaló que el gran cambio del actual Congreso con el anterior es la reducción de proyectos de orden declarativo.

“La correlación de fuerzas de hoy permite que los congresistas plantean proyectos pensando en que deben ser lo suficientemente abiertos para tener el respaldo de otras bancadas, esto es si quieren viabilizar sus iniciativas”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que un diputado puede “jugar” a contentar a sus bases con proyectos ideológicos como sucedió en el pasado con, por ejemplo, los proyectos de “nacionalización”. Sin embargo, por ahora se han presentado iniciativas con premisas que permitan que otras fuerzas políticas puedan participar.

Desde su punto de vista, los proyectos que tendrán dificultad en pasar son aquellos que tienen un componente más ideológico que técnico.

CANTIDAD

El analista político César Campos consideró que, sin duda alguna, el sistema bicameral ayuda a visualizar y a procesar mejor las iniciativas. Sin embargo, señaló que “no se trata de que el Congreso sea una fábrica de leyes”.

En ese sentido, indicó que los congresistas tienen tres funciones: legislar, fiscalizar y representar. Aunque en la mayoría de los casos se enfocan en legislar.

“El Perú tiene un exceso de leyes. No se puede impedir que presenten iniciativas legislativas, pero muchas veces descuidan la fiscalización y la representación”, dijo.

Campos recordó que durante el segundo gobierno de Alan García se creó una Comisión Especial Multipartidaria Encargada del Ordenamiento Legislativo del Congreso, para identificar normas obsoletas, duplicadas y que habían perdido vigencia.

“Deberíamos retomar esa comisión. En el Perú no todo se resuelve en base a leyes”, dijo.

El documento oficial cita a Galarreta para las 3:00 p.m., en la Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo.

La convocatoria busca que Galarreta informe y sustente el proyecto de ley que solicita delegar al Gobierno facultades legislativas durante 120 días calendario.

La iniciativa comprende 66 puntos, la mayoría de ellos centrado en seguridad.

Belaúnde acudirá a las 2:00 p.m. y deberá explicar la situación de su cartera. Su presentación está enmarcada en cuestionamientos por la omisión de declarar a su padre como uno de los directores de la empresa Paltarumi y por sus vínculos con la directora de la minera Poderosa.

A las 4:00 p.m. será el turno de Astudillo de exponer ante el grupo parlamentario. Su intervención está circunscrita a la masacre de Trujillo, donde cuatro personas fueron asesinadas durante el secuestro de un empresario minero.

La decisión revive el requisito original: los partidos deben participar con listas en el 50% de regiones y en el 20% de provincias para conservar su inscripción.

El Congreso aprobó en junio una reducción de esa valla al 30%, pero el pleno del JNE consideró que la norma llegó después de convocado el proceso electoral.

La pérdida de inscripción también implica la suspensión del financiamiento público directo que hoy reciben estos partidos.

Desglose

La medida golpea de manera distinta a las seis bancadas del Congreso bicameral, según datos de la firma Análisis Público.

El Partido Cívico Obras se iría del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), pues solo inscribió listas en 12 regiones y 39 provincias, por debajo de ambos mínimos.

El Partido del Buen Gobierno (PBG) y Fuerza Popular (FP) quedan pendientes de la interpretación del JNE, pues cada uno completa el requisito de la valla regional, pero no la provincial.

Ahora Nación (AN), Juntos por el Perú (JP) y Renovación Popular (RP) mantendrían su inscripción.

Análisis

El especialista en derecho electoral Jarek Tello explicó a Correo que la norma exige el incumplimiento conjunto de los dos componentes.

“La interpretación primero tiene que ser literal y lógica. Si la norma dice: ‘Y’, condiciona a que se cumplan las dos causales para que recién opere la sanción”, afirmó.

Tello recordó un precedente ocurrido en las elecciones generales de 2021, cuando ejerció como abogado del Partido Morado frente a un caso similar de cancelación de inscripción.

“A la luz de las normas vigentes, no veo ahora nada que me permita hacer una interpretación distinta a la ya establecida. La duda no es para cancelar, la duda es para mantener derechos fundamentales”, arguyó.

Por su parte, el abogado José Villalobos agregó que la definición sobre la inscripción de las agrupaciones políticas no será inmediata. “La inscripción recién la pierden en enero del 2027”, recordó.

Además, negó que la decisión del JNE genere un vacío legal. “No hay ningún riesgo, porque es la máxima instancia en materia electoral”, concluyó.

En su reemplazo asumirá el teniente general Fredy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor de la PNP.

“En los próximos días me relevaré en el cargo con el teniente general López Mendoza”, adelantó en una conferencia de prensa junto el jefe del Gabinete, Luis Galarreta, y el ministro del Interior, César Astudillo.

Arriola explicó que su decisión responde a su compromiso con la institucionalidad y la gobernabilidad del país.

Asimismo, defendió las medidas adoptadas durante su gestión y aseguró que no lamenta ninguna de ellas.

“Me voy con la conciencia absolutamente limpia, la frente muy en alto”, manifestó, tras agradecer el respaldo recibido en los últimos gobiernos.

Además, dirigió un mensaje a los miembros de la institución y les pidió no desfallecer en la lucha contra el crimen.

“Nunca nos venció ni el terrorismo ni ninguna de las modalidades de criminalidad organizada. Esta vez no va a ser la excepción”, enfatizó.

Saludo

Por su parte, Galarreta calificó la salida como el gesto de “un peruano comprometido con su país” y destacó que se respetará la línea de sucesión institucional.

El relevo se produce luego de que legisladores de distintas bancadas exigieran la remoción de Arriola ante la falta de resultados contra la delincuencia.

Sin embargo, el Gobierno había admitido que no podía removerlo debido a una norma que fijó en dos años el periodo del comandante general de la PNP y estableció causales específicas para su cese anticipado. Ante esta situación, se presentaron al menos tres proyectos para modificar tal disposición.

Uno de los casos corresponde a Lucía Yalán Cano, quien se reunió con Gutiérrez el 12 de junio de 2024 durante más de dos horas. Semanas después obtuvo su Registro Nacional de Proveedores y recibió cinco órdenes de servicio consecutivas, para posteriormente ingresar al régimen CAS como asistente administrativa.

Yalán no había prestado servicios anteriormente para el Estado, según la información consignada en la investigación. Al ser consultada sobre su incorporación a la institución, intentó desvincular su contratación de la reunión que sostuvo en el despacho del defensor.

Un caso similar corresponde a Nicole Mingos Medrano, quien acudió al despacho de Gutiérrez en dos oportunidades durante el 30 de julio de 2024. Tres días después gestionó su RNP y posteriormente recibió cuatro órdenes de servicio antes de pasar también al régimen CAS

Los informes de la Contraloría también alcanzaron la designación de Betbiary Díaz Coral como jefa del Programa del Derecho a la Salud en julio de 2024. Para este puesto se exigían cuatro años de experiencia específica, requisito que, según el órgano de control, no habría sido acreditado de acuerdo con las condiciones establecidas.

La revisión detectó que documentos que acreditaban únicamente siete días de trabajo fueron considerados para consignar tres años y dos meses de experiencia. Díaz dejó la jefatura en enero de 2025 luego de las observaciones, pero posteriormente fue designada como asesora I y más adelante pasó a ocupar el cargo de adjunta.

Otro de los casos examinados involucra a Margarita Yahuana Correa, quien había trabajado como colaboradora parlamentaria vinculada al entorno de Gutiérrez. Mientras ocupaba una plaza bajo el régimen CAS, participó en un concurso interno para acceder a un puesto bajo el régimen laboral 728.

La Contraloría señaló que Yahuana intervino en la recopilación y consolidación de información administrativa correspondiente al proceso en el que ella misma era postulante. Según los documentos revisados, esta situación afectó las condiciones de transparencia que debían regir el concurso.

Tras resultar ganadora, Yahuana pasó de percibir aproximadamente 7 mil soles a recibir el doble de esa remuneración. Posteriormente fue promovida a la Dirección General de Administración de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Los casos forman parte de una revisión que comprende diferentes modalidades de incorporación y permanencia dentro de la Defensoría del Pueblo. Las observaciones incluyen órdenes de servicio, contrataciones bajo el régimen CAS, designaciones en puestos de confianza y concursos para acceder a plazas permanentes.

El general Óscar Arriola señaló que su renuncia al cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) responde a una “decisión personal que pasa por la mirada de la institucionalidad y la gobernabilidad”.

Tras su salida, afirmó en Punto Final que se encuentra “con mi consciencia tranquila, de haberme esforzado y rogando para que esto mejore (…) y sin guardar absolutamente nada negativo”.

Ante la ola de criminalidad que afecta actualmente al país, sostuvo que en la PNP han “salido airosos” y recordó que la institución ha logrado afrontar “crisis como estas” en anteriores ocasiones. “He vivido el terrorismo en primera línea”, agregó.

Además, Arriola dijo que las cinco personas capturadas en Trujillo participaron de “manera directa” en el secuestro de un empresario minero y en el cuádruple asesinato de sus acompañantes, reafirmó Arriola. Según precisó, los detenidos “han estado en el espacio donde se produjeron los hechos”.

Tras la detención de estas personas, también se encontraron comunicaciones entre Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Pulpo’, y quienes ejecutaron el delito, comentó Arriola. “Hay muchos elementos de convicción que el Ministerio Público viene manejando”, manifestó.

El actual jefe del Estado Mayor de la PNP, Freddy López Mendoza, quien asumirá como próximo comandante general de la Policía, aseguró que la institución logrará brindar tranquilidad a la población “en algún momento”.

Por otro lado, López Mendoza consideró que no se puede “hablar de apresuramientos” en las detenciones relacionadas con el secuestro en Trujillo. Afirmó que, bajo su perspectiva, los procedimientos ejecutados por la Policía durante este caso han sido “los más acertados”.

“Cuando un hecho de esta magnitud ocurre las cosas que hace la policía deben ser celeres, rápidas”, aseguró.

Galarreta señaló que el Ejecutivo trabaja en distintas medidas frente a la situación de inseguridad y adelantó que estas serán presentadas progresivamente. El premier pidió a la ciudadanía mantener la confianza en las acciones que desarrolla el Gobierno para enfrentar la criminalidad.

El jefe del Gabinete sostuvo que la estrategia no debe limitarse a combatir los delitos, sino también a fortalecer a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. En ese sentido, señaló que la criminalidad también busca debilitar la confianza de la población en el Estado de derecho.

“Y le decimos a la ciudadanía que tengan la confianza porque estamos trabajando acciones, vamos a trabajar diferentes estrategias para poder acabar con esta lacra y sobre todo en los meses que quedan vamos a presentar varias acciones en las próximas semanas para que la ciudadanía pueda ver cómo continuamos con esta lucha contra la criminalidad”, indicó.

Agradece labor de Óscar Arriola

Galarreta expresó su agradecimiento hacia Arrola por el tiempo dedicado a la institución y calificó su decisión como un gesto de compromiso con el país. El premier también destacó su trayectoria dentro de la Policía y extendió su reconocimiento a la familia del oficial por el tiempo que, según señaló, le permitió dedicar a sus funciones dentro de la institución.

“Es una persona que ama al país y ama su institución. A través suyo, señor Arriola, a su madre, a su esposa y a sus dos hijos. Agradezcales por habernos prestado un tiempo a su familiar, como a todas las familias de la Policía del Perú”, agregó.

¿Quién asumirá el máximo cargo en la PNP?

Tras la renuncia de Arriola, Galarreta informó que el general PNP Fredy López Mendoza será designado para ocupar el cargo que dejará el actual director general. López se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional.

“Se designará al General de la Policía Nacional Fredy López Mendoza para que reemplace el cargo correspondiente al General Arriola. Esta designación también ha tenido una transferencia, repito, institucional. La criminalidad nos quiere desafiar como sociedad y como Estado y no lo podemos permitir”, informó desde Palacio de Gobierno.

El premier explicó que la decisión forma parte de una evaluación institucional y que el Ejecutivo considera necesario respetar la prelación dentro de la institución policial.

Galarreta sostuvo que la Policía necesita respaldo para cumplir su función constitucional y mencionó la incorporación de herramientas tecnológicas y mayores recursos como parte de ese objetivo. Además, afirmó que la finalidad es reforzar la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones dedicadas a actividades delictivas.

Si bien el Mininter archivó el reclamo, esta continuó de manera independiente ante la Contraloría, entidad que terminó admitiéndola. Pese a ello, Bazán López permanece en su cargo mientras las diligencias avanzan bajo reserva.

De acuerdo a una carta oficial firmada por la subgerente de Control del Sector Seguridad Interna y Externa, Juana Llacsahuanga, la denuncia presentada por el ciudadano Guillermo Haro Echegaray cumplió los requisitos formales, por lo que fue trasladado al Órgano de Control Institucional del Mininter, según Infobae.

Paralelamente, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del ministerio inició una investigación preliminar contra Bazán, por su presunta participación en el ingreso de Santiváñez por un acceso reservado para el ministro y los viceministros, sin reportarse en el registro oficial de visitas.

A esta acusación, se pide revisar las cámaras de seguridad, registros de visitas, correos institucionales y otros documentos.

SANTIVÁÑEZ ADMITIÓ INGRESO

Por su parte, el propio Santiváñez reconoció que continúa yendo al ministerio que dirigió entre mayo de 2024 y marzo de 2025. En diálogo con Exitosa, sostuvo que es un visitante frecuente de la sede incluso desde antes de asumir el cargo, y explicó que su cercanía responde a que es hijo de un policía.

“Yo siempre soy un visitante asiduo al Ministerio, incluso antes de que fuera ministro. A veces voy a los clubes de la Policía; soy hijo de un policía, no soy ajeno a la vida policial. Voy a los cuarteles, al sauna, por ejemplo, aunque no pertenece a la Policía, pero fue levantado por aporte de los policías, en los cuales estuvo el aporte de mi padre”, explicó.

Sobre este presunto ingreso irregular, Santiváñez relató que acudió al Banco de la Nación ubicado en el sótano del edificio y que, estando ahí, decidió subir a saludar a Óscar Arriola, pero no lo encontró y se retiró.

“Ese día, lo que sucedió, estando en ropa deportiva, fue que fui al Banco de la Nación que está en el sótano del Ministerio. Estando ahí, decidí que voy a saludar a Óscar Arriola; no lo encontré y me retiré”, apuntó.

“En los próximos días me relevaré en el cargo de comandante general de la PNP. “Solamente tengo palabras de agradecimiento, primero y siempre con Dios, con la santa madre y el Espíritu Santo, que siempre me han inspirado para tomar todas las decisiones en mi vida, de las cuales no me arrepiento de ninguna”, sostuvo.

El alto mando policial reconoció que su gestión podría generar comentarios diversos, pero remarcó que su actuación estuvo siempre guiada por el compromiso institucional.

Además, se dirigió a los efectivos policiales y recalcó que lo importante es seguir adelante, a pesar de las diferentes modalidades criminales presentes. “No pueden vencernos; nunca nos venció ni el terrorismo ni ninguna de las modalidades de criminalidad organizada. Esta vez no va a ser la excepción”.

“Me voy con la conciencia absolutamente limpia y con la frente muy en alto”, apuntó Arriola, quien bajo su gestión tuvo un periodo marcado por la falta de eficacia en la lucha contra la criminalidad organizada y la inseguridad en el país.

Por otro lado, Arriola dedicó buena parte de su mensaje a agradecer a las autoridades que respaldaron su gestión. Mencionó a la expresidenta Dina Boluarte, quien lo puso al mando de la entidad policial; a José Jerí por mantenerlo en el cargo; a José María Balcázar por la oportunidad continua; y a la actual jefa de Estado, Keiko Fujimori, por la confianza.

En su reemplazo, el general PNP Fredy López Mendoza estará al mando. La designación fue anunciada por el premier Luis Galarreta.

La propuesta busca incorporar los artículos 129-R y 129-S al capítulo de delitos contra la dignidad humana. El primero aborda la entrega o transferencia de menores a cambio de dinero u otros beneficios, mientras que el segundo sanciona mecanismos ilegales utilizados para concretar adopciones.

Venta de niños

Para la venta de niños, el proyecto plantea penas de 12 a 20 años de prisión. Si existen agravantes, como la participación de funcionarios, falsificación de documentos, organizaciones criminales o víctimas menores de 14 años, la sanción subiría de 15 a 25 años.

La propuesta establece una excepción para las madres que sean víctimas de trata de personas, siempre que no participen voluntariamente en la venta. Si intervienen en el hecho, enfrentarían una pena no menor de 25 años.

El texto contempla cadena perpetua cuando la conducta provoque la muerte o lesiones graves de la víctima y el responsable haya podido prever ese resultado. La iniciativa señala al respecto lo siguiente.

Adopción irregular

La iniciativa propone sancionar con 5 a 10 años a quienes induzcan, faciliten u obtengan indebidamente el consentimiento de padres o responsables para una adopción irregular. También incluye conductas como amenazas, aprovechamiento de vulnerabilidad, fraude, falsificación documental y ofrecimiento de dinero.

Con agravantes, la pena aumentaría de 6 a 12 años, mientras que si el hecho causa la muerte o lesiones graves y el resultado podía ser previsto, la sanción sería de 12 a 15 años. El proyecto establece esta última disposición en los siguientes términos.

Para las víctimas extranjeras, se plantea una residencia temporal de al menos seis meses y restricciones a la repatriación cuando exista un riesgo grave para su integridad física o psíquica. La propuesta también señala que no deberá disponerse su retorno si las circunstancias del delito en su país de origen representan dicho peligro.

El proyecto plantea además un protocolo entre el Ministerio Público, la Policía, el MIMP, Reniec y Migraciones, con participación de la Dirección General de Adopciones. El mecanismo contempla verificar documentos relacionados con el registro de nacimientos, los procesos adoptivos y la salida de menores del país.

La propuesta aún debe seguir el procedimiento legislativo antes de convertirse en una modificación vigente del Código Penal. Su aprobación dependerá de la evaluación y votación correspondiente en el Congreso.