El atentado ocurrió durante la madrugada en la urbanización Las Praderas, donde la unidad se encontraba estacionada frente a una vivienda.

Conductor sufrió quemaduras tras atentado

Según los reportes, cerca de las 3:00 a.m. un grupo de delincuentes llegó hasta el lugar y prendió fuego al vehículo mientras el chofer descansaba en el interior.

La víctima, un hombre de 45 años, logró salir de la combi, aunque sufrió quemaduras de consideración.

Vecinos y testigos auxiliaron al conductor y lograron controlar el incendio antes de que el fuego se expandiera. Sin embargo, la unidad quedó prácticamente inservible.

Agentes de serenazgo de Santa Anita y efectivos de la Policía Nacional acudieron a la zona para iniciar las investigaciones.

El conductor fue trasladado de emergencia al Hospital Hipólito Unanue debido a las lesiones ocasionadas por el incendio.

Transportistas denuncian amenazas de “El Clan del Norte”

Familiares del chofer señalaron que la unidad incendiada era alquilada y cubría la ruta entre el óvalo Santa Anita y Ceres.

Además, denunciaron que los transportistas de Lima Este vienen siendo víctimas de extorsión desde hace aproximadamente tres años.

De acuerdo con las denuncias, la organización criminal “El Clan del Norte” exige pagos iniciales de S/200 como inscripción y cobros diarios de S/20 para permitirles operar.

Las amenazas serían enviadas a través de mensajes y videos de WhatsApp.

Delincuentes enviaron video del incendio

Tras el ataque, los criminales habrían enviado un video mostrando el momento en que la combi ardía en llamas.

En las imágenes, los delincuentes advertían que ese sería el destino de quienes se negaran a pagar los cupos exigidos por la organización criminal.

Peritos de criminalística iniciaron las diligencias para determinar responsabilidades y recoger evidencias del atentado.

Por su parte, la Municipalidad de Santa Anita informó que reforzará el patrullaje en la zona para prevenir nuevos hechos delictivos.

MIRA AQUÍ EL ANUNCIO:

Durante una conferencia de prensa, la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, Yessica Clavijo, informó que este sábado se comunicará a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que el organismo electoral ya está expedito para anunciar a las dos fórmulas que disputarán la segunda vuelta.

“Quiero reconocer el esfuerzo de la labor de los Jurados Electorales Especiales desplegados a nivel nacional que trabajaron jornadas largas, con independencia, transparencia y apego a la ley”, expresó.

La funcionaria precisó que, desde el 11 de mayo, los jurados electorales especiales vienen proclamando los resultados de la elección presidencial en sus respectivas jurisdicciones, por lo que se prevé que este sábado concluyan las proclamaciones descentralizadas.

“Para garantizar la doble instancia, el Jurado revisará las actas de proclamación”, afirmó.

Además, destacó que por primera vez en la historia se aplicó el recuento de votos, el cual se realizó “de manera pública y permanente, siendo también transmitido por las redes del JNE para que los peruanos lo sigan de cerca”.

Clavijo afirma que comprende la expectativa y preocupación de la ciudadanía respecto a los resultados electorales, pero aseguró que el organismo viene actuando “con total responsabilidad y absoluta transparencia”.

Por su lado, Burneo indicó que el resultado será anunciado en horas de la mañana, a través de una conferencia pública.

“En función a los procedimientos que se cumplen, se procederá a proclamar las fórmulas que pasarán a la segunda vuelta el próximo domingo 17 de mayo en horas de la mañana, la misma que será comunicada en conferencia pública”, sostuvo.

En ese sentido, Burneo manifestó que el domingo 17 de mayo se dará a conocer la conformación del Comité de Expertos encargado de revisar y proponer mejoras al proceso electoral.

La votación se llevó a cabo sin debate previo, inmediatamente después del registro de asistencia parlamentaria. De acuerdo con el reporte oficial, participaron 82 congresistas de un total de 123 habilitados.

En la sesión, esión se registró una reducida presencia de legisladores en el hemiciclo, a pesar de que meses antes se había acordado priorizar los plenos presenciales. El mayor número de congresistas, siguió la sesión de forma virtual.

Entre las bancadas que se opusieron mayoritariamente a la interpelación destacan Fuerza Popular, Avanza País y Honor y Democracia. Asimismo, votaron en contra legisladores como Patricia Chirinos, Diana Gonzales, José Williams, Gladys Echaíz y Jorge Montoya.

La moción buscaba que el ministro de Defensa explique lo ocurrido en Colcabamba, donde una patrulla del Ejército disparó contra un vehículo con siete ocupantes, dejando como saldo cinco fallecidos.

#EnVivo

Pleno del Congreso rechazó moción para interpelar al ministro de Defensa, Amadeo Flores, por el operativo en Huancavelica

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— Canal N (@canalN_) May 14, 2026

Entre los principales temas de la agenda figura la Moción 21913, que propone interpelar al ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, por el operativo militar realizado en el distrito de Colcabamba, en la región Huancavelica.

SIGUE EN VIVO AQUÍ:

Moción incluye 15 preguntas al ministro

La propuesta parlamentaria plantea que el titular del Ministerio de Defensa responda un pliego de 15 preguntas vinculadas a las acciones ejecutadas durante la intervención militar en Colcabamba.

La moción fue presentada ante el Parlamento y se dio cuenta oficialmente durante la sesión plenaria del pasado 7 de mayo.

Hasta el momento, el Congreso no ha precisado la fecha en que el ministro acudiría al hemiciclo en caso de aprobarse la interpelación.

Congreso también debatirá proyectos sobre Puno

Además de la moción de interpelación, el Pleno analizará el Proyecto de Ley 1253, que busca declarar de interés nacional la restauración y puesta en valor del Templo Tintiri, en Azángaro, Puno.

Asimismo, se evaluará el Proyecto de Ley 3172 para declarar de interés nacional la protección del bosque de Queñuales, ubicado entre los distritos de Lampa, Palca y Vilavila, también en la región Puno.

El reporte oficial muestra a Keiko Sofía Fujimori Higuchi en el primer lugar con 2’876,788 votos válidos, equivalentes al 17.179%.

Sánchez mantiene ventaja mínima sobre López Aliaga

En la disputa por el segundo lugar, Roberto Helbert Sánchez Palomino registra 2’014,068 votos válidos (12.027%), mientras que Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla alcanza 1’993,765 votos (11.906%).

La diferencia entre ambos candidatos es de 20,303 votos, equivalente a apenas 0.121 puntos porcentuales.

Con menos del 0.03% de actas pendientes, el segundo lugar continúa ajustado y depende de las actas restantes y observadas.

ONPE contabilizó más de 92 mil actas

La ONPE precisó que hasta el último corte se contabilizaron 92,766 actas electorales.

El organismo indicó además que las actas pendientes corresponden principalmente a documentos observados o enviados al Jurado Electoral Especial (JEE) para revisión.

La investigación, vinculada a presuntas irregularidades en procesos penales, podría obtener un nuevo plazo para futuras pesquisas.

Oposición

El caso fue archivado en diciembre del año pasado por el fiscal Octavio Casaverde, de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos.

Sin embargo, tanto la Procuraduría como el denunciante, el exconsejero regional de Moquegua Luis Miguel Caya, se opusieron a la medida. Por ello, la disposición de Casaverde fue elevada a una instancia superior.

En ese contexto, la fiscal Karla Zecenarro Monge ordenó que la Segunda Fiscalía efectúe una nueva evaluación y, asimismo, rechazó los pedidos posteriores de Vela, Pérez y Gorriti en contra de su decisión.

En suspenso

Son cuatro hechos los que se le imputan a los investigados, cada uno de ellos con una subtrama de presunta corrupción. El más resaltante, sin embargo, está relacionado al tema electoral (Hecho 03).

De acuerdo con Jaime Villanueva, quien fue asesor de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides y cuyas declaraciones abrieron estas pesquisas, Vela “era allegado” de Janett Talavera, “asesora del entonces presidente del JNE” en 2021.

Agregó que debido a que él “apoyaba al partido Nuevo Perú” en aquella época, el fiscal “le proporcionaba noticias sobre lo que ocurría al interior del JNE, incluyendo, según su versión, la estrategia orientada a evitar que (Keiko) Fujimori accediera a la Presidencia”.

“Refiere, además, que tras un allanamiento efectuado en el marco de otra investigación se incautó el teléfono celular de Talavera, por lo que Vela se habría mostrado preocupado ante la eventual difusión de conversaciones sostenidas con ella en relación con el JNE, especialmente aquellas vinculadas al contexto de la segunda vuelta electoral”.

Lima Metropolitana con sus 43 distritos no es la excepción. Sin embargo, hay un dato que llama la atención.

Y es que de acuerdo con información revisada por Correo con las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100%, las cifras de ausentismo subieron en más de 4 puntos porcentuales en comparación con la data del año 2016.

Esto ocurrió en todos los distritos de la capital. Sin embargo, para efectos de la reciente elección, nos enfocaremos en los 19 distritos en los cuales los locales de votación recibieron con retraso el material electoral, según indicó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

NÚMEROS

Si nos remontamos a las Elecciones Generales del 2006, los porcentajes de ausentismo variaban desde el 6% hasta casi el 16%.

Por ejemplo, en el distrito de Lurín no fueron a votar 191 personas, lo que equivale al 6.34% de ausentismo, mientras que en San Isidro, al menos 10,687 peruanos no acudieron a votar, lo que representa un 15.91%.

Al revisar los mismos distritos pero en el año 2011, los niveles de ausentismo incrementaron.

En Lurín no fueron a votar 3427 personas, es decir, el 8.32%.

En tanto, en el distrito de San Isidro la cifra pasó a 12,653 ausentes (17.78%).

Los números fueron incrementando en las Elecciones Generales 2016.

En Lurín 6346 personas no fueron a votar (11.78%), mientras que en San Isidro no asistieron 15,481 personas (20.51%).

Al revisar los demás distritos de Lima Metropolitana, se evidencia que hay un crecimiento de ausentismo de entre 1% a 3% si comparamos los años 2006 y 2011.

CAMBIOS

Un escenario muy diferentes se reportó en el 2021, año en el que muchas personas no fueron a votar por el temor al contagio en las colas, en las unidades de transporte público y en los centros de votación.

Así las cosas, los niveles de ausentismo en Lima Metropolitana se elevaron a casi el doble.

Sin embargo, se esperaba que para las Elecciones Generales 2026, los niveles de ausentismo no sean elevados debido a que ya no existen restricciones ni pandemia.

Pero todo cambió el domingo 12 de abril.

Cientos de usuarios y medios de comunicación de alcance nacional, reportaron que el materia electoral no llegaba a colegios y universidades, específicamente, en distritos de Lima Metropolitana.

El hecho generó que algunos opten por retirarse del lugar debido al tiempo en espera.

Ante el pedido del candidato presidencial Rafael López Aliaga de realizar elecciones complementarias en Lima Metropolitana, el JNE resolvió que esto era inviable debido a que, entre varias razones, el ausentismo electoral ocurre por diferentes factores y no exclusivamente en el retraso del material electoral a ciertos locales de votación.

En el mismo documento, informan de los distritos en los cuales el material electoral llegó con demora.

Al revisarlos, se puede evidenciar que el porcentaje de ausentismo creció entre 5 a 10 puntos porcentuales en promedio, en comparación con las cifras del 2016, es decir, antes de la era pandémica.

Para muestra hay varios botones.

En el año 2016, en el distrito de San Martín, 61,742 personas no fueron a votar, eso representa un 12.80% de ausentismo.

En las elecciones recientes, en el mismo distrito no fueron a votar 106,447 personas, lo que equivale al 20.03%.

Es decir, hubo un incremento de 7.23% de ausentismo.

En las inmediaciones de la institución educativa Sasakawa, en Villa El Salvador, varios ciudadanos formaron colas de hasta cinco cuadras porque la mesa se instaló con demora.

En ese distrito, en el 2016, un total de 31,710 personas no fueron a votar (10.58%), mientras que este año, el ausentismo subió a 68,688 personas (18.72%).

Es decir, el incremento fue de 7.32 puntos porcentuales.

Cabe precisar que debido a la demora en la instalación de mesas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) permitió que electores de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac puedan votar el 13 de abril.

Al revisar el último distrito, vemos que en el 2016 un total de 7216 personas (12.13%) no fueron a votar. Sin embargo, este año la cifra pasó a 20,957 (22.59%) ausentes.

Es decir, el ausentismo creció en 10.46 puntos porcentuales.

XXX

ANÁLISIS

Para el experto en temas electorales José Tello, los índices de ausentismo sí estarían relacionados con la demora en la instalación de mesas.

“El JNE no ve el impacto indirecto, porque hay personas que al llegar a sus locales de votación y vieron que hubo problemas, se retiraban. Se minimizó el impacto de las incidencias reportadas”, indicó.

En diálogo con Correo, el presidente del Instituto Aklla Perú consideró que el ausentismo de Lima Metropolitana debió ser en promedio del 15%, tomando en cuenta que por cada elección presidencial, hay un crecimiento de entre 1 a 2 puntos porcentuales.

A excepción de las Elecciones Generales 2021, donde el porcentaje de ausentismo se duplicó por la pandemia del COVID – 19.

“El JNE le ha bajado el tono al asunto, que no es lo correcto, aunque lo hacen porque no quieren que la elección del 12 de abril se desborde”, sostuvo.

Desde el punto de vista del también exministro de Justicia, sí existe una grave afectación en el ausentismo no solo en los 19 distritos mencionados en el informe del JNE, sino también en otros distritos de Lima Metropolitana.

“Mucha gente se retiró de sus locales de votación por falta de información, muchos estuvieron desconcertados y desorientados con la demora en la instalación de las mesas de sufragio. Cuando un grupo entra en confusión por un tema en particular, en ocasiones, eso se viraliza”, manifestó.

Finalmente, Tello señaló que el JNE no dimensionó el impacto de todos los problemas que se registraron en los colegios el día de las elecciones.

“Yo diría que lo que hubo fue una huella del ausentismo que en 10 años no ha podido llegar a este porcentaje”, concluyó.

En una primera versión, el mandatario respondió así al ser consultado sobre si indultará a Castillo: “Eso está dependiendo de que presente su solicitud correspondiente”.

Más tarde, se limitó a aclarar que la solicitud presentada anteriormente ya fue declarada inadmisible por no cumplir los requisitos legales y constitucionales exigidos.

Asimismo, Balcázar aseguró desconocer los detalles de alguna nueva solicitud.

“No puedo adelantar nada mientras no tengamos a la mesa (una petición) y vaya al sector correspondiente para ser analizado”, expresó.

El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para resaltar la autonomía de su gestión frente a cualquier influencia partidaria.

“Este Gabinete que me acompaña es un Gabinete autónomo, que no tiene ningún compromiso con ningún partido político”, resaltó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, dio otros alcances con relación a la posibilidad de un indulto a Castillo.

El titular del sector confirmó que su despacho no ha recibido ninguna solicitud nueva que requiera análisis.

“No hay nada concreto, es solamente una especulación y, si hubiese el caso, pueden tener ustedes por seguro que cualquier decisión será basada en las normas de nuestro país y en el respeto irrestricto del Estado de Derecho”, enfatizó Jiménez.

Salida

Por su parte, Lesli Roxana Gonzales Cabanillas presentó su renuncia irrevocable como miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia.

La abogada chotana denunció un supuesto acoso mediático y rechazó que su procedencia o las opiniones de sus familiares pudieran influir en su idoneidad profesional.

Pese haber sido identificada por la Fiscalía como una de las piezas clave de “Los Pulpos de La Victoria’, organización criminal investigada por cobro de cupos en el emporio de Gamarra, desde febrero de 2025.

Según la resolución difundida por El Comercio, Carbonel, bajo el alias de “Jhuly”, recibía el dinero recaudado por terceros para entregarlo a los “niveles superiores” de dicha red, mientras seguía su carrera política.

Carbonel gastó un total de 2,247.60 soles en su campaña, financiado con recursos propios, dinero que destinó a la impresión de volantes y confección de banners.

Además, registró un ingreso anual de 36,000 soles en 2024.

Los comicios del 12 de abril generaron más de 60,000 actas observadas, cifra que duplica las 30,000 registradas en 2021 y que constituye un récord histórico, según informó Clavijo.

“En las elecciones del 2021, en la segunda quincena de mayo, fue que se dio la proclamación. Y tengan en cuenta que en el 2021 no teníamos la cantidad de organizaciones políticas que tenemos ahora, no tuvimos cinco elecciones en una. La votación fue compleja y evidentemente las actas observadas han tenido un incremento histórico”, precisó.

El proceso exige que los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) distribuidos en todo el país completen sus proclamaciones descentralizadas antes de que el JNE emita el resultado consolidado.

“Los plazos no son antojadizos, son plazos que ya se encuentran establecidos previamente”, señaló Clavijo.

Reclamo

Entre tanto, de otro lado, el partido Renovación Popular liderado por el candidato presidencial Rafael López-Aliaga denunció la existencia de 96 actas “extraviadas o siniestradas” por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que comprometerían más de 28,000 votos en Lima, Callao y el extranjero.

Según la organización, la ONPE habría iniciado un recuento de “actas escondidas” sin personeros ni personal de la Fiscalía. Además, exigen contar los votos que están “resguardados” en ánforas antes de cualquier proclamación oficial.

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“Quiero decirles que me ayuden, porque con su apoyo, con su respaldo, inscribiéndose como personero, estoy segura de que vamos a poder lograr este triunfo”, dijo en un mitin.

Fujimori criticó a las autoridades que dirigieron el país durante años recientes.

“Yo no he sido presidenta todavía. Durante los últimos años ha gobernado el ‘antifujimorismo’. ¿Y qué han hecho en estos años?”, cuestionó.

Fujimori sostuvo reuniones con artesanos locales para ofrecer préstamos y promociones en un eventual gobierno; incluso les prometió “hornos de gas”.

Además, propuso medidas para cubrir servicios básicos como agua, alcantarillado y electricidad formal.

Durante una visita oficial a la ciudad de Iquitos, Balcázar señaló que cualquier decisión dependerá de la presentación formal de un nuevo pedido. “Eso depende que lo presente en su solicitud correspondiente”, declaró brevemente ante la prensa antes de retirarse del lugar acompañado por personal de seguridad.

#EnVivo

Presidente José Balcázar sobre indulto a Pedro Castillo: "Eso está dependiendo de que lo presente su solicitud correspondiente"

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Video: Canal N

El mandatario recordó que un primer pedido de indulto fue rechazado por no cumplir con los requisitos legales y constitucionales establecidos. Indicó además que el Ejecutivo no puede pronunciarse mientras no exista una nueva solicitud acompañada de la documentación correspondiente para su evaluación en el sector competente.

Días antes, el ministro de Justicia, Luis Jiménez, había señalado que el tema estaba cerrado y recordó que uno de los principales requisitos para otorgar un indulto es que exista una sentencia consentida. En el caso de Castillo, el exjefe de Estado fue condenado a 11 años y cinco meses de prisión por el fallido golpe de Estado de 2022.

Desde que asumió el gobierno de transición en febrero pasado, Balcázar ha mostrado disposición a considerar la situación judicial de Castillo.

El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, tras la sesión encabezada por el mandatario José María Balcázar. Según precisó el Ejecutivo, la declaratoria permitirá fortalecer la atención médica, la vigilancia epidemiológica y las acciones de prevención en la región.

Durante la reunión también se aprobó la implementación de los llamados Polos de Desarrollo Amazónico, una estrategia multisectorial orientada a mejorar la conectividad, energía, salud, educación e infraestructura en zonas priorizadas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

Como parte de este plan piloto, el Gobierno anunció la instalación de un hidrogenerador en Curaray, con el objetivo de llevar energía eléctrica a familias de zonas alejadas y promover el desarrollo productivo en comunidades amazónicas.

Asimismo, el Consejo de Ministros autorizó un financiamiento de 40.1 millones de soles para ejecutar siete proyectos de inversión en el distrito de Pastaza. Las obras estarán enfocadas en mejorar servicios de educación, agua potable, saneamiento y espacios públicos.

De igual manera, se aprobó una partida superior a 11.1 millones de soles para financiar dos proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades del distrito de Napo, también en la región Loreto.

Finalmente, el Ejecutivo destinó más de 27.5 millones de soles para desarrollar cuatro proyectos de infraestructura y servicios básicos en el distrito de Soplín Vargas, provincia de Requena, como parte de las medidas orientadas a fortalecer el desarrollo y la atención en la Amazonía peruana.

#PCMInforma | 🇵🇪 En el primer Consejo de Ministros Descentralizado realizado en Iquitos, el Ejecutivo aprobó medidas orientadas a fortalecer la salud pública, impulsar infraestructura y acelerar el desarrollo sostenible en las zonas más alejadas de la Amazonía peruana. pic.twitter.com/Bd8IY1rUCr

— Consejo de Ministros (@pcmperu) May 14, 2026

La decisión fue difundida por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a través de sus canales oficiales. El juzgado determinó que los hechos investigados habrían ocurrido en un contexto de lesa humanidad, por lo que no corresponde aplicar la prescripción de la acción penal.

La resolución dispone además inaplicar la Ley N.º 32107 mediante control de convencionalidad difuso, al considerar que dicha norma no puede impedir la investigación de violaciones a los derechos humanos, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El exjefe militar es investigado por el presunto delito de desaparición forzada en agravio de los civiles Teófilo Zamora Berrocal, Juan Buitrón Talaverano, Atilio Constantino Contreras Gómez, Julio Torres Gómez, Esteban Torres Gómez y Felicitas Hinostroza Marcelo.

Asimismo, enfrenta cargos por el presunto delito de abuso de autoridad agravado por actos de tortura contra Faustino Nemesio Najarro Guillén, hechos que habrían ocurrido durante el conflicto interno en la base militar de Ocros.

El juzgado concluyó que los delitos imputados no pueden considerarse prescritos debido a su gravedad y naturaleza, vinculada a posibles crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, rechazó el pedido presentado por la defensa del exmilitar.

Finalmente, la instancia judicial dispuso que, una vez que la resolución quede firme, el caso sea elevado en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

#Importante El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundada la excepción de prescripción presentada por Luis Descalzo Corbacho, exjefe militar de la base contrasubversiva de Ocros, procesado por presuntos delitos de desaparición forzada y tortura. pic.twitter.com/NgZg7UQ4kA

— Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) May 13, 2026

La parlamentaria era investigada por el presunto delito de concusión y por una supuesta infracción a diversos artículos de la Constitución Política del Perú relacionados con la función pública y la administración del Estado. Sin embargo, el informe concluyó que no existían pruebas concretas, directas y verificables que sustenten las acusaciones.

El documento aprobado señala que las conductas atribuidas a Ugarte Mamani no configuran una vulneración constitucional ni permiten acreditar responsabilidad penal en el marco de las denuncias presentadas en su contra, motivo por el cual el caso fue enviado al archivo.

Durante la misma sesión, la Comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y emitir un informe final sobre las denuncias acumuladas contra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez.

A la legisladora se le atribuyen presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. El extremo referido al presunto delito de concusión fue declarado improcedente y pasó al archivo.

Asimismo, la Comisión Permanente aprobó por unanimidad otorgar el mismo plazo de investigación para la denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La denuncia presentada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, está relacionada con el supuesto nombramiento irregular de María Elena Aguilar del Águila en la presidencia ejecutiva de EsSalud.

La sesión fue conducida por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y también incluyó el archivo de otras 17 denuncias constitucionales declaradas improcedentes.

La dimisión fue formalizada mediante una carta dirigida al ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra. En el documento, González Cabanillas sostuvo que su decisión no responde a incapacidad moral. sino a una situación de “hostilidad sistemática, acoso mediático y discriminación por origen”.

La polémica se intensificó luego de un reportaje de “Cuarto Poder”, donde se reveló que los padres de la abogada fueron docentes de la UGEL en la que también trabajó Pedro Castillo antes de llegar a la Presidencia. Actualmente, el exmandatario cumple una condena de once años y cinco meses de prisión por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

González Cabanillas había sido designada la semana pasada para integrar la Comisión de Gracias Presidenciales, en reemplazo de un miembro que dejó el cargo tras aceptar una nueva oferta laboral. Su nombramiento generó cuestionamientos y debate público debido al contexto del pedido de indulto presentado a favor del exjefe de Estado.

En su carta de renuncia, señaló que su salida busca proteger su integridad frente a la exposición pública de los últimos días.

La letrada defendió su trayectoria profesional y remarcó que su carrera en el sector público fue construida con esfuerzo y experiencia. Indicó que inició su etapa laboral como secigrista en la Corte Superior de Justicia de La Libertad y posteriormente desempeñó funciones en distintas instituciones estatales.

Finalmente, González Cabanillas rechazó cualquier cuestionamiento relacionado con su lugar de origen y reivindicó sus raíces chotanas. “Soy una mujer orgullosamente chotana, hija de profesores, abogada y servidora pública de carrera. Nací lejos de Lima y eso no me hace menor; ese origen es fuente de orgullo, no de vergüenza”, expresó en su carta.

“Las últimas elecciones que hemos tenido son un claro ejemplo de lo que quieren los jóvenes del Perú; ya no quieren políticos improvisados”, señaló el mandatario.

El mandatario también mencionó las movilizaciones juveniles registradas en Lima y otras regiones como una señal de que existe una demanda de cambios en el país.

Balcázar rechazó los enfrentamientos políticos y remarcó la importancia de alcanzar acuerdos.

“Yo no quiero eso, yo lo que quiero es el diálogo permanente entre las gentes. Con diálogo se consiguen muchas cosas”, expresó. Asimismo, indicó que conversó con el presidente del Consejo de Ministros para priorizar proyectos de electrificación.

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En diálogo con la prensa, Orué señaló que, hasta el momento, no ha sostenido conversaciones con Paredes ni ha recibido algún descargo formal de la congresista ante el partido.

“No, todavía no hemos conversado”, afirmó.

Asimismo, consideró que corresponde a las autoridades competentes llevar a cabo las investigaciones “con transparencia” y que todos los implicados deben someterse a las diligencias fiscales.

“Es importante que los entes competentes hagan su trabajo de investigar con transparencia y que se sometan a todo tipo de investigación, como creo algunos congresistas lo hemos hecho”, expresó.

Consultada sobre una posible separación de Francis Paredes de Podemos Perú, Ariana Orué indicó que dicha decisión estará sujeta a la evaluación interna de la bancada y al avance de la investigación.

“Eso ya va a depender de la decisión del presidente de bancada de determinar si hay algo negativo. Todavía eso está en investigación”, enfatizó.

El caso “Los Operadores del Oriente” es materia de investigación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y colusión agravada. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la presunta red habría buscado controlar puestos estratégicos en entidades públicas de Ucayali a cambio de beneficios económicos.

En el comunicado difundido por Canal N, la entidad descartó “cualquier acto de corrupción” y sostuvo que la actual gestión promueve la transparencia institucional. Además, señaló que está dispuesta a colaborar con las diligencias fiscales y a otorgar las facilidades correspondientes, respetando el debido proceso.

La Red Asistencial Ucayali precisó, además, que la hermana de la parlamentaria “no labora en la entidad”, tras los allanamientos realizados en diversos inmuebles vinculados a la investigación por una presunta organización criminal.

Asimismo, EsSalud anunció que iniciará una auditoría interna para verificar si se cumplió la normativa vigente en los procesos de contratación observados por las autoridades.

El caso “Los Operadores del Oriente” es materia de investigación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y colusión agravada. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la presunta red habría buscado controlar puestos estratégicos en entidades públicas de Ucayali a cambio de beneficios económicos.

Durante el megaoperativo ejecutado en Lima y Ucayali, la Fiscalía y la Policía intervinieron diez inmuebles, entre ellos viviendas vinculadas al entorno familiar de la parlamentaria. Hasta el momento, no se han registrado detenciones.

A través de un comunicado, indicaron que el pasado 9 de mayo se dio cuenta de la existencia de estas actas y que, “de manera sospechosa”, únicamente se habrían identificado actas siniestradas en Lima, Callao y el extranjero, donde afirman que el partido “cuenta con mayoría”.

Por ello, según señalaron, alertados por el comunicado, la ONPE habría realizado un recuento de actas “a escondidas” y sin la participación de personeros ni personal del Ministerio Público, tal como lo establece la ley.

El partido señaló que, hasta la fecha, han detectado que varias de las actas calificadas como “siniestradas” fueron contabilizadas; sin embargo, aparecen registradas con cero votos para todos los candidatos, tanto para la presidencia como para diputados, Senado y Parlamento Andino.

“Esta ‘nulidad’ de la votación, según refiere la resolución (que acompañamos al comunicado), se basa en que, para poder cotejar el acta siniestrada, dos o más personeros de agrupaciones políticas debían brindar copia del acta para poder hacer la comparación”, manifestaron.

En otro momento, señalaron a la ONPE y al JNE de “engañar a la población”, al afirmar que ambas entidades sabían que ese pedido no podía cumplirse.

“El día de las elecciones, la ONPE negó a los personeros la entrega de las actas en original, limitándose en algunos casos a permitir que se fotografíen”, afirmaron.

Además, atribuyeron la responsabilidad del resguardo del proceso electoral a los entes del Estado “que cobran millones por su supuesta función a los personeros que fueron vilmente maltratados el día de las elecciones”.

La organización indicó que ya ha presentado las apelaciones correspondientes a dichas resoluciones y ha solicitado el recuento de los votos que, según señala, deberían encontrarse resguardados en las ánforas.

Finalmente, insistieron en su solicitud de que no se proclamen los resultados hasta que se contabilicen todos los votos y se atiendan los procesos aún en trámite.

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En esa disputa aparece Roberto Sánchez con 12.020%, seguido muy de cerca por Rafael López Aliaga, quien registra 11.909%. Más atrás figura Jorge Nieto con 10.974%, dentro de un bloque de postulantes con resultados bastante cercanos.

La ONPE explicó que las actas electorales son los documentos oficiales que respaldan el proceso de votación.

Estos registros son elaborados por los miembros de mesa y contienen información sobre la instalación de mesas, el desarrollo de la jornada y el escrutinio final.

El organismo electoral también precisó que las actas procesadas ya pasaron por digitación y verificación, aunque aún no se suman al conteo oficial, mientras que las contabilizadas sí forman parte de los resultados difundidos.

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En el comunicado difundido este martes, la parlamentaria negó “de manera categórica cualquier imputación, acusación o señalamiento” en su contra y de su hermana, tras ser mencionadas en las diligencias realizadas en Lima y Ucayali.

Paredes afirmó que las acusaciones “carecen de sustento y verdad” y remarcó que su hermana “no es funcionaria pública ni ha laborado para el Estado”, por lo que calificó como “irresponsable” cualquier intento de vincularla con presuntos hechos irregulares.

Asimismo, la legisladora señaló que no puede asumir responsabilidad por el hecho de que “terceras personas hayan utilizado nombres o referencias sin autorización para aparentar vínculos o influencias inexistentes”.

La congresista también aseguró que se encuentra “plenamente a disposición de las autoridades competentes” y afirmó que brindará “toda la colaboración necesaria” para el esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación.

En otro punto de su comunicado, Francis Paredes indicó que durante su labor parlamentaria ha sostenido relaciones con diversas personas e instituciones “en el marco de su labor como congresista”, aunque precisó que ello “no implica vínculos indebidos ni beneficio económico alguno”.

Además, solicitó a las autoridades que actúen “con celeridad y objetividad”, al señalar que su honor y el de su familia vienen siendo afectados por las acusaciones. Según señaló, dicha situación también impacta directamente en sus padres y en su menor hija.

#EnVivo

Congresista Francis Paredes: Rechazo categóricamente cualquier imputación, acusación o señalamiento en mi contra y en contra de mi hermana, por carecer de sustento y verdad

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— Canal N (@canalN_) May 13, 2026

Mediante la Resolución N.º 01184-2026-JEE-AQP2/JNE, el JEE dispuso elevar el expediente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dentro de las 24 horas para que resuelva conforme a ley.

El organismo verificó que el recurso fue presentado dentro del plazo legal, contaba con la firma del personero legal alterno, el comprobante de pago de la tasa electoral y la autorización de abogado hábil.

La apelación cuestiona la Resolución N.º 01082-2026-JEE-AQP2/JNE, publicada el día 7 de mayo de 2026, que resolvió la solicitud de nulidad planteada referida a la serie 900 000, en el marco del proceso de Elecciones Generales 2026.

Ahora corresponde al JNE determinar si las actas de la serie 900 000 son válidas o deben ser anuladas, en aplicación de la Ley Orgánica de Elecciones y de la Constitución Política.

De acuerdo con el oficio de Renovación Popular, se pide la “exclusión de dichas actas del cómputo nacional por configurar un fraude electoral estructural y un sistema paralelo de votación ilegal que vulnera el núcleo esencial del derecho fundamental al sufragio”.

A pesar de haberse concedido este recurso de apelación, se conoce que más de 40 solicitudes de nulidad contra estas mesas han sido declaradas improcedentes en otras regiones del país.

En diálogo con la prensa, Quito consideró que el caso es “lamentable” y señaló que todas las investigaciones deben desarrollarse con rapidez para esclarecer los hechos y evitar mayores especulaciones.

“Un congresista, un funcionario elegido por el pueblo, no puede estar en esta situación”, manifestó el legislador.

El parlamentario añadió que, de ser necesario, se debería disponer el levantamiento del fuero parlamentario para facilitar el avance de las investigaciones. Asimismo, sostuvo que los procesos que involucran a congresistas deben tener prioridad, esto debido al impacto que generan en la imagen del Congreso.

“Es importante que se actúe rápidamente y se conozca qué es lo que ha ocurrido”, añadió.

Fiscalía y PNP intervienen domicilio de hermana de la congresista Francis Paredes

En el marco de un megaoperativo ejecutado de manera simultánea, representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional intervinieron la vivienda de Rosa Paredes Castro, hermana de la congresista Jasmina Francis Paredes Castro, de Podemos Perú. El inmueble allanado corresponde a una quinta de fachada verde y portón metálico gris, situada en la cuadra 13 del jirón Junín, en la zona de Barrios Altos, Cercado de Lima.

En el exterior del inmueble se desplegó un amplio resguardo policial a cargo de efectivos del Escuadrón Verde. En el interior, representantes del Décimo Despacho de la Fiscalía Subprovincial Anticorrupción realizaron las diligencias correspondientes en compañía de la familiar de la legisladora.

En Lima, el operativo también comprendió el allanamiento de otros dos inmuebles relacionados con el caso, ubicados en los distritos de Jesús María y Santiago de Surco.

La intervención conjunta de la Policía y el Ministerio Público, que contó con la participación de unidades de la DIRCOCOR y la DIGIMIN, forma parte de un operativo de mayor alcance denominado “Operadores del Oriente”.

El allanamiento fue dispuesto por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que autorizó la intervención de un total de diez inmuebles, tres de ellos en Lima y siete en la región Ucayali.

Las autoridades vienen investigando a esta presunta organización por la posible comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y colusión agravada.

Según la hipótesis del Ministerio Público, la presunta organización criminal habría sido encabezada por la propia Francis Paredes, a quien se le atribuye el alias de la “Profesora”.

La investigación indica que, en coordinación con otros funcionarios y operadores, la parlamentaria habría incorporado a personas de su entorno de confianza para ubicarlas en puestos estratégicos dentro de diversas entidades públicas de la región Ucayali.

Las principales instituciones presuntamente infiltradas serían la Red Asistencial Ucayali de EsSalud, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Dirección Desconcentrada de Cultura, donde se habrían asignado cargos a cambio de presuntos beneficios económicos indebidos.

Además de la presunta venta de cargos públicos, la Fiscalía sostiene que la organización criminal habría operado para obtener ganancias a partir de las necesidades del sector salud. Se le atribuye a la red el direccionamiento de contrataciones relacionadas con el servicio de ambulancias aéreas y vuelos chárter para el traslado de pacientes críticos de la Red Asistencial Ucayali de EsSalud.

En declaraciones a la prensa, Montoya indicó que, de confirmarse los señalamientos realizados por la Fiscalía y la Policía, corresponde que se tomen medidas inmediatas contra la congresista.

“Si es cierta la denuncia, debería estar detenida y puesta a disposición del juez para que decida si corresponde prisión preventiva”, afirmó.

El parlamentario también consideró que la Comisión de Ética del Congreso debe actuar de inmediato para revisar la situación de Paredes, quien actualmente preside la Comisión de Salud del Parlamento.

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El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, rechazó que esta medida represente un rescate económico y advirtió que una paralización de la petrolera tendría impacto en la economía nacional.

“La empresa no puede dejar de operar. Es un riesgo para todo el país que se paralice, porque hay un montón de deudas y bonistas que están detrás de los créditos que se han dado a través de ellos, y eso deteriora la imagen del país”, señaló para RPP.

El ministro también indicó que los fondos no serán utilizados para el pago de salarios ni utilidades, sino para cubrir gastos operativos.

“Este fideicomiso está marcando una pauta de operatividad para que la empresa no se detenga. Es un tema de gasto operativo necesario, hay que comprar combustible, hay que dar mantenimiento a ciertas partes de la planta, comprar algunos insumos. No estoy hablando de sueldos, no estoy hablando de utilidades”, precisó.

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Durante su visita a Iquitos, el jefe de Estado encabezará el primer Consejo de Ministros Descentralizado, una actividad con la que el Gobierno busca impulsar decisiones desde el territorio para acelerar proyectos y mejorar las condiciones de vida en la Amazonía.

En la comitiva oficial también participan el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, además del ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores; el titular de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.

Asimismo, forman parte del viaje el ministro de Vivienda, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate; el ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján; y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Betzabeth Pariona Valer.

¡Rumbo a Iquitos! El presidente José María Balcázar se traslada a la región Loreto junto a ministros de Estado para cumplir una agenda de trabajo en Iquitos enfocada en destrabar proyectos prioritarios para la población.

Como parte de este despliegue, el mandatario liderará el… pic.twitter.com/qqYXqmNtRW

— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) May 13, 2026

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En el exterior del inmueble se desplegó un amplio resguardo policial a cargo de efectivos del Escuadrón Verde. En el interior, representantes del Décimo Despacho de la Fiscalía Subprovincial Anticorrupción realizaron las diligencias correspondientes en compañía de la familiar de la legisladora.

En Lima, el operativo también comprendió el allanamiento de otros dos inmuebles relacionados con el caso, ubicados en los distritos de Jesús María y Santiago de Surco.

La intervención conjunta de la Policía y el Ministerio Público, que contó con la participación de unidades de la DIRCOCOR y la DIGIMIN, forma parte de un operativo de mayor alcance denominado “Operadores del Oriente”.

El allanamiento fue dispuesto por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que autorizó la intervención de un total de diez inmuebles, tres de ellos en Lima y siete en la región Ucayali.

Las autoridades vienen investigando a esta presunta organización por la posible comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y colusión agravada.

Según la hipótesis del Ministerio Público, la presunta organización criminal habría sido encabezada por la propia Francis Paredes, a quien se le atribuye el alias de la “Profesora”.

La investigación indica que, en coordinación con otros funcionarios y operadores, la parlamentaria habría incorporado a personas de su entorno de confianza para ubicarlas en puestos estratégicos dentro de diversas entidades públicas de la región Ucayali.

Las principales instituciones presuntamente infiltradas serían la Red Asistencial Ucayali de EsSalud, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Dirección Desconcentrada de Cultura, donde se habrían asignado cargos a cambio de presuntos beneficios económicos indebidos.

Además de la presunta venta de cargos públicos, la Fiscalía sostiene que la organización criminal habría operado para obtener ganancias a partir de las necesidades del sector salud. Se le atribuye a la red el direccionamiento de contrataciones relacionadas con el servicio de ambulancias aéreas y vuelos chárter para el traslado de pacientes críticos de la Red Asistencial Ucayali de EsSalud.

Además, le otorgó un plazo de tres días para subsanar las observaciones formuladas por el despacho judicial a cargo del juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán.

Fundamentos

De acuerdo con la resolución del expediente 07299-2026-0-1801-JR-DC-11, se advirtió una “dualidad incompatible” en la condición bajo la cual Reggiardo interpuso la demanda.

“El accionante se presenta con sus generales de ley como ciudadano individual, lo cual remitiría a una defensa de su derecho al sufragio. Sin embargo, invoca el artículo 20, inciso 1, de la Ley Orgánica de Municipalidades, para justificar su intervención en defensa de los vecinos de Lima”, se indicó.

Al respecto, el juzgado consideró que “si actúa como alcalde, la parte demandante es la Municipalidad Metropolitana de Lima; si actúa como ciudadano, es un particular”.

Además, cuestionó que se invoque la defensa de “intereses difusos” sin precisar cómo se configura dicha afectación ni cuál sería el grupo perjudicado.

El juzgado también se pronunció sobre el pedido de Reggiardo para que el Poder Judicial (PJ) ordene al JNE convocar a elecciones complementarias, al considerar que se trata de una “pretensión que no se sostiene en dispositivo legal expreso”.

Finalmente, se le advirtió que, de no subsanar las observaciones dentro del plazo establecido, el expediente será archivado.

Respuesta

La Municipalidad de Lima informó que acatará el pedido del juez Ramírez. Asimismo, sostuvo que la acción judicial ejecutada por Reggiardo se hizo en ejercicio de la “atribución legal establecida en el numeral 1 del artículo 20 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades”.

La decisión se adoptó con 16 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones.

Para que la iniciativa sea efectiva, el texto tendrá que ser aprobado en el Pleno.

DETALLES

La iniciativa fue presentada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, como parte de una exhortación del Tribunal Constitucional (TC) hacia el Poder Legislativo para que se determine qué es el delito de lesa humanidad.

De acuerdo con el predictamen, el delito de lesa humanidad se describe de la siguiente manera: “Toda persona que realiza, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una determinada población civil, con intención y conocimiento de dicho ataque, los delitos de homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada y tortura del Código Penal es reprimido con pena privativa de libertad no menor de treinta años a cadena perpetua”.

CONDICIONES

Para que el delito sea calificado como lesa humanidad, se deben cumplir ciertos elementos.

El primero es que el ataque sea generalizado, es decir, cuando se hace de manera masiva, múltiple, frecuente y a mayor escala contra un gran número de personas identificadas por temas de origen, raza, religión, cultura o de otro tipo.

“Ataque sistemático es la conducta planificada, mediante una logística previa, para promover ese ataque con aplicación metódica en la perpetración del delito, de conformidad con una política de gobierno, o de conformidad con los planes de una organización de grupos armados para cometer ese ataque”, se lee en la propuesta.

El segundo punto es que el ataque sea hacia un grupo humano que no es parte de un combate interno o externo, mientras que el tercero es que quien realiza el ataque, lo hace con conocimiento.

“La Evaluación Parcial de Desempeño es un procedimiento aplicado a los magistrados titulares cada tres años y seis meses, desde su nombramiento o última ratificación, y busca fortalecer el sistema de justicia, al promover una justicia confiable, eficaz, eficiente e idónea”, sostiene la JNJ. Burneo es juez supremo.

Precisiones

Dicha evaluación no definirá la permanencia de un magistrado en el cargo; sin embargo, sí podría ser tomada en cuenta por los consejeros de la Junta al momento de decidir si ratifica a un juez o fiscal.

Según lo establecido, el proceso tiene una finalidad formativa, pues está orientado al “conocimiento objetivo de los logros, aportes, competencias, potencialidades, limitaciones, oportunidades de mejora y debilidades de los magistrados de todos los niveles”.

“Ello con el objeto de realizar las acciones necesarias para favorecer el desarrollo personal y profesional del evaluado(a)”, indica.

Asimismo, la publicación precisa que el apersonamiento de jueces y fiscales para dicho procedimiento se realizará del 12 de mayo al 10 de junio.

El cronograma también contempla reuniones de coordinación con la Academia de la Magistratura entre el 5 y el 18 de junio.

Además, del 13 de octubre al 16 de noviembre se elaborarán los informes individuales de evaluación parcial de desempeño.

Finalmente, desde el 17 de noviembre, los expedientes de cada magistrado serán elevados al pleno de la JNJ para su conocimiento y aprobación.

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente. La diferencia de este último con Rafael López Aliaga es de más de 14 mil votos.

La segunda vuelta parece definida entre dos bandos ideológicos opuestos. No obstante, a nivel nacional, el electorado de derecha parece concentrar más de seis millones de votos mientras que el de izquierda está cerca de los cinco millones.

Proyecciones

Son siete los aspirantes a la presidencia, de distintas vertientes ideológicas, los que superaron el umbral del 7% de votos.

De dicho grupo, tres pertenecen o están asociados al sector de derecha. Se trata de Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Carlos Álvarez (País Para Todos).

La primera obtuvo 2′872,238 de votos mientras que los dos últimos 1′992,101 y 1′325,267, respectivamente. Todo el grupo congrega a un total de 6′189,606 electores, un 37.012% de votos a nivel nacional.

El voto de izquierda, por otro lado, representaría un total 4′924,492 de votos (29.448%). Esta suma se desprende del respaldo que obtuvieron en las urnas Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Alfonso López-Chau (Ahora Nación) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).

Sánchez Palomino, quien enfrentaría a Fujimori en una segunda vuelta, reúne 2′008,050 (12.008%) de votos, a los que se suman 1′219,889 (7.295%) y 1′696,553 (10.145%) de López-Chau y Belmont, respectivamente.

Finalmente, el sector de centro tuvo a Jorge Nieto, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, con 1′835,883 (10.978%). Sus votos serán decisivos pero hay dudas sobre a quién se dirigirán.

Panorama

De cara a la segunda vuelta, tanto Sánchez Palomino como Fujimori Higuchi buscan ahora fortalecer o aumentar su popularidad en un determinado grupo de regiones. La campaña está en marcha.

Sánchez, actual congresista de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, obtuvo su mayor número de votos (266,860) en Cajamarca. El electorado que simpatiza con el expresidente Pedro Castillo, oriundo de dicha provincia, fue clave en este resultado.

Castillo y su entorno, tanto familiar como político, apoyan desde el inicio de la campaña la candidatura del exministro del golpista, que fue titular de Comercio Exterior y Turismo.

En la lista de regiones que más respaldaron a Sánchez se encuentran también Cusco (158,426), Puno (162,460), Huánuco (102,366) y San Martín (92,606).

En contraste, acumuló pocas adhesiones en Tumbes (7,748), Moquegua (14,655), Callao (17,377), Madre de Dios (18,602) y Pasco (21,562).

Por otro lado, Fujimori se erige en la capital como la candidata más votada con 1′088,979 votos (17.905%). Además de Lima, concentra su mayor electorado en Piura (244,002), La Libertad (188,993), Lambayeque (176,103) y la Provincia Constitucional del Callao (119,476).

Sin embargo, la lideresa de Fuerza Popular registra escasos votos en Moquegua (7,557), Madre de Dios (10,778), Huancavelica (12,238), Apurímac (13,805) y Tacna (15,125).

Perspectivas

Al respecto, el analista político Luis Nunes señaló a este Diario que la campaña electoral, de camino a la segunda vuelta, será “confrontacional”.

De acuerdo a sus estimaciones, Fujimori tendrá una estrategia más enfocada en propuestas electorales, mientras que su contrincante, Roberto Sánchez, “endurecerá” la agenda ya esbozada.

“Me parece que la candidata Fujimori hará una campaña más propositiva con énfasis en el recuerdo de las buenas obras que hizo su padre. La he visto en regiones como Ayacucho hablando de ello. Creo que se enfocará en la mejora económica, más colegios, mejor salud y más empleo”, indicó.

Sobre Sánchez, señaló: “Creo que se irá por una agenda más dura, más nacionalista, nombrando como apoyo al expresidente Pedro Castillo y fijando posición sobre los grandes desajustes que hay en la población. Esto es, insistir en que ‘el sur del país está olvidado’, que ‘todo se centraliza en Lima’ y que hay un descuido de la población más vulnerable”.Nune

Nunes consideró que Fujimori “tendrá que ganarse” el bolsón de votos que deje Rafael López Aliaga, contrincante afín a su tendencia ideológica.

“No creo que haya un endose automático de votos. Hay que tomar en cuenta que, si este viernes se proclaman los resultados de la segunda vuelta, habrá que ver cuál será la posición final de López Aliaga. Él dijo que desconocería los resultados, eso pone en aprietos y genera dudas en sus votantes”, apuntó.

Finalmente, remarcó que los votos ‘antifujimorista’ y ‘antiestablishment’ (antiLima) “convergen” en cierto punto.

“Vamos a ver esa confrontación por parte de Sánchez, de provincias contra Lima; y a Fujimori haciendo esfuerzo en regiones que no le fueron favorables. Ella va a tratar de llegar a lugares donde el antifujimorismo está presente y mostrar otra cara”, puntualizó.

Sus representantes precisaron a RPP que su labor fue exclusivamente preventiva y previa a la jornada electoral, enfocada en la seguridad de los sistemas, sin incluir soporte técnico operativo de los equipos durante el día de la votación.

Eric Morán Añasco, representante de la empresa, señaló que las fallas reportadas en impresoras y el desabastecimiento de insumos no constituyen incidentes de seguridad de la información.

Según explicó, dichos inconvenientes corresponden a un servicio de soporte técnico o mesa de ayuda que no está incluido en su contrato, ya que su labor se enfocó en la detección de vulnerabilidades en el código fuente y en la ejecución de pruebas de seguridad antes de que los sistemas entraran en producción.

“Si por ejemplo no imprime la la impresora, si el software por ahí no me puede loguear, eso lo atiende mesa de ayuda, el Help Desk. Pero cuando hay un incidente de seguridad quiere decir que se ha roto un principio de la información con confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. Recién cuando alguno de esos tres componentes se ve comprometido, eso constituye un incidente de seguridad de la información y eso no ocurrió“, sostuvo Morán Añasco.

El representante de la firma afirmó que la auditoría ejecutada entre noviembre y abril permitió identificar más de 6,000 observaciones en los sistemas de cómputo y de asistencia electoral de la ONPE.

“Los representantes confirmaron que, mediante una adenda recientemente firmada, realizarán una auditoría de integridad al 100% de las actas una vez que la ONPE finalice el conteo oficial de los votos”, manifestó.

Asimismo, señaló que las observaciones consideradas críticas —aquellas que, tras un análisis de riesgos, podrían haber afectado la voluntad popular— fueron informadas de manera oportuna y corregidas por la institución electoral hasta dos días antes de la jornada de votación.

“Los hallazgos críticos, los que sí comprometían o podían comprometer, porque hay que decirlo en base a una probabilidad, siempre se hace un análisis de riesgos, fueron corregidos [...] nosotros hemos acompañado hasta antes de la elección”, enfatizó Morán Añasco.

La empresa también se refirió a un reportaje del programa Cuarto Poder sobre una sanción de inhabilitación por 11 meses impuesta en 2016 por el tribunal del OSCE, tras la presentación de información inexacta.

Al respecto, Eric Morán Añasco reconoció la existencia de la resolución, aunque la consideró injusta, y defendió la trayectoria de 19 años de la empresa. Asimismo, explicó que la reducción a dos trabajadores en planilla responde a una reestructuración de su modelo operativo.

“El modelo de negocio ya cambió. A raíz de la pandemia ha cambiado. Nosotros antes de pandemia hemos tenido oficinas físicas un montón. Incluso hemos llegado a tener hasta 25 empleados en planilla”, refirió.

“Pero si hoy hay una investigación y acciones que el sistema de justicia tiene que tomar, nosotros creemos que, respetando el debido proceso, tomando las diligencias necesarias, tiene que investigarse. Nosotros no podemos ni condenar de manera anticipada, tampoco ni justificar que se realicen investigaciones necesarias respetando el debido proceso, la diligencia como corresponde”, manifestó a la prensa tras participar de unas actividades en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Sánchez indicó que la situación de la candidata ha causado sorpresa en su partido, aunque precisó que su postulación fue posible al no existir impedimentos previos. Asimismo, exhortó a Jhuliana Angélica Carbonel a someterse a las investigaciones correspondientes.

“Yo creo que la compañera precandidata tiene que dar cuenta, someterse a la investigación. Nosotros hemos mandado (personal) para saber exactamente de qué se trata porque nosotros no vamos a de ninguna manera avalar ni atropellos ni tampoco acciones ilegales”, manifestó.

Además, Roberto Sánchez confirmó ante la prensa que participará en la audiencia virtual del próximo 27 de mayo, en la que se le investiga por presuntamente haber desviado fondos del partido Juntos por el Perú a cuentas personales y de su hermano. No obstante, precisó que dicho caso ya se encuentra archivado.

“El que era presidente del comité electoral, mi hermano, militante del partido y tiene más de 20 años de militancia, fue elegido como presidente del comité electoral en un congreso nacional de partido, no a dedo, en un congreso nacional. En ese tiempo, para recuperar la vigencia del partido, no teníamos ni tesorero ni aportes públicos ni cuenta partidaria. El comité electoral hace su autogestión. Por lo tanto, a él también se le acusaba y ha sido archivado”, enfatizó.

De acuerdo con la ONPE, las presuntas irregularidades están relacionadas con viajes realizados por la lideresa de Fuerza Popular al extranjero para supuestas capacitaciones cuya validez fue cuestionada por la entidad electoral. En ese contexto, la candidata presidencial confirmó que apelarán la sanción y aseguró que dichos viajes cuentan con sustento.

“Los viajes que se han hecho, en nuestro caso el señor Pacheco del Águila y quien habla a la ciudad de San Francisco, han sido un viaje académico. Todo esto ha sido sustentado. El viaje del señor ‘Miki’ Torres ha sido un viaje político”, manifestó la candidata presidencial.

“Nosotros vamos a apelar y estamos absolutamente convencidos de que ganaremos”, agregó.

Además, Keiko Fujimori señaló que espera un “proceso transparente y de debido proceso” en la investigación que afronta Roberto Sánchez por el presunto desvío de fondos en perjuicio de Juntos por el Perú.

“Lo que a nosotros siempre nos ha preocupado es que el Ministerio Público se convierta en un actor político. Entonces, yo creo que frente a esta situación, lo que todos los ciudadanos exigimos es que un proceso judicial tiene que ser transparente, de respeto absoluto al debido proceso. Porque aquí quienes ponen en riesgo su prestigio es el propio Ministerio Público. Así es que yo hago esta invocación para que sea un proceso transparente y de debido proceso”, sostuvo desde Puerto Pizarro en Tumbes, donde realiza actividades de campaña.

Como se recuerda, Sánchez es investigado por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones, a raíz de informes financieros presentados por su partido ante la ONPE en 2020 y 2021.

Sobre ello, Gálvez indicó que el proceso “sigue su curso, sin ningún inconveniente”, ya que “mientras esté en trámite”, Sánchez “está siempre beneficiado por la presunción de inocencia”. Sin embargo, advirtió que una eventual inhabilitación podría generar complicaciones en su candidatura o incluso en una posible juramentación como presidente de la República.

“Él hace su vida normal, sigue como candidato, sigue su actividad política sin ningún problema. Ahora, si concluyera el juicio y lo condenan, ahí sí ya es otra cosa, porque si lo condenan a inhabilitación podría tener problemas para participar en la segunda vuelta o, en todo caso, para juramentar. Si lo condenaran, cosa que no sabemos, porque los detalles desconocemos; pero si no, lo absuelven y no hay problema, él sigue trabajando igual”, señaló.

Además, señaló que, en caso de que Roberto Sánchez resulte elegido presidente de la República, el proceso en su contra quedaría suspendido.

“Si él ganara, habría todavía un espacio [de tiempo] ahí una vez que juramenta, pero podríamos decir que si ya saliera elegido se paralizaría la investigación, ciertamente”, resaltó.

En otro momento, Tomás Gálvez precisó que las investigaciones contra autoridades electorales no son competencia del fiscal de la Nación, sino de las fiscalías provinciales.

“Nosotros participamos ante la posibilidad, la presunción o la existencia de un indicio que nos lleve a presumir la comisión de un delito, y estamos investigando al respecto, tenemos varias carpetas, inclusive tenemos un fiscal que está dedicado a exclusividad sobre los casos producidos en Lima, pero para los casos de provincias [los] están conociendo diversos fiscales determinados ya por la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de cada distrito fiscal. Eso está siguiendo conforme a la independencia y la autonomía del propio fiscal”, refirió.

“Recuerden que esto no es competencia del Fiscal de la Nación, porque la prensa ha informado, en muchos casos, equivocadamente, diciendo ‘qué hace el Fiscal de la Nación que no resuelve, que no dispone la detención de Corvetto, etc.’ Esto no es competencia de la Fiscalía de la Nación, sino de la fiscalía provincial. Ahí hay que hacer las precisiones para evitar confundir a la ciudadanía”, enfatizó.

En ese sentido, Gálvez remarcó que “cualquier decisión respecto a los resultados electorales es competencia exclusiva y excluyente del JNE”.

“El problema en la justicia electoral que tenemos en este momento, en los resultados del proceso electoral, eso es de competencia exclusiva y excluyente del JNE y demás entidades vinculadas a la justicia electoral”, sostuvo.

En el documento, al que tuvo acceso RPP, también se precisa el pedido de inhabilitación para ejercer la presidencia de dicha agrupación política.

Sobre ello, Carlos García Asenjo, abogado defensor de Sánchez, señaló que ambos delitos imputados están relacionados con un mismo hecho: la presentación de informes financieros.

El jurista explicó que los hechos correspondientes al 2020 fueron calificados como falsa declaración, mientras que los del 2021 fueron tipificados como falseamiento de información sobre aportaciones, ya que este último delito recién fue incorporado ese año.

“En realidad es la misma conducta. Para el señor Sánchez, están pidiendo la pena de cinco años y cuatro meses. Nosotros creemos que hay algunas cosas que ver antes de que se emita un nuevo auto de enjuiciamiento”, expresó.

El abogado rechazó la acusación y sostuvo que Roberto Sánchez no tiene responsabilidad sobre los informes financieros del partido, ya que estos son elaborados por el tesorero y él solo los presentó ante la ONPE en su condición de presidente de la agrupación.

Además, se conoció que la defensa evaluará solicitar que se declare la prescripción de los hechos imputados.

“El Ministerio Público está confundiendo quién es el verdadero transmisor de la información económica del partido. Quien envía la información económica del partido o quien es el responsable de elaborar e informar sobre las cuentas es el tesorero. Lo que hace el señor Roberto Sánchez es agarrar el informe, hacer una carta indicando que está adjuntando la información económica elaborada por el tesorero y presentarla ante la ONPE”, manifestó.

Según reveló el último fin de semana el dominical Cuarto Poder, la Fiscalía atribuye a Roberto Sánchez el presunto desvío de hasta 280 mil soles de su partido hacia cuentas personales, tanto suyas como de su hermano.

De acuerdo con la defensa del candidato, por este caso también se le investigó por el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas; sin embargo, dicha imputación fue archivada.

El próximo 27 de mayo se realizará una audiencia en la que un juez evaluará si Roberto Sánchez afrontará un juicio oral por esta acusación, proceso en el que se determinará su responsabilidad o inocencia.

“Hicimos importantes esfuerzos para que nuestro país mantenga una posición equidistante con las dos grandes potencias”, indicó.

En ese sentido, recordó que Estados Unidos oficializó la designación del Perú como “Aliado Principal No Miembro de la OTAN” y resaltó avances en proyectos relacionados con defensa, infraestructura y minerales críticos.

“Avanzamos sustantivamente en la posibilidad de construcción de un puerto espacial, obtuvimos su colaboración para relocalizar la Base Naval de El Callao y para ampliar la capacidad de Matarani, así como generar una alianza para aprovechar nuestra riqueza en minerales críticos mediante la firma de un Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos, que establece un marco de cooperación bilateral para asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras en todas las etapas de la cadena”, sostuvo.

Además, destacó la firma del contrato para la adquisición de aviones F-16 y la cooperación con especialistas del FBI en la lucha contra el crimen transnacional.

“Se firmó asimismo el contrato de compra de los aviones F-16 para que nuestra Fuerza Aérea pueda recuperar, después de varias décadas, su capacidad operativa y disuasiva para proteger nuestra soberanía”, manifestó.

“Nos apoyaron también, con expertos del FBI, en la elaboración del plan para la lucha contra el crimen transnacional. En el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas, concertamos una próxima visita al Perú del Secretario de Estado y también varias actividades conmemorativas en Washington y en Lima de este importante aniversario”, agregó.

Respecto a la relación con China, De Zela señaló que se trabajó “de manera sustantiva” en torno al puerto de Chancay y en fortalecer al Perú como un hub regional de comercio hacia Asia-Pacífico: “La relación política se encuentra en un nivel óptimo, caracterizado por la confianza política, el dinamismo económico y una amplia agenda de cooperación”.

El excanciller también se pronunció sobre el deterioro de las relaciones con México tras el asilo concedido a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez. Según afirmó, esta decisión formó parte de “una serie de actos inamistosos” por parte del gobierno mexicano desde diciembre de 2022 y justificó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, aunque se mantuvieron los vínculos consulares.

En otro momento, De Zela respaldó la postura peruana sobre el asilo diplomático e indicó que este mecanismo “no debe ser utilizado como una vía de impunidad para personas procesadas por delitos comunes”. Asimismo, expresó que varios cancilleres de la región apoyaron esta posición planteada ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su mensaje final, el diplomático también reflexionó sobre el papel del Servicio Diplomático en el actual contexto político. “Servimos a los intereses permanentes del país y no a las urgencias políticas del momento”, manifestó. Posteriormente, deseó éxitos al nuevo canciller, Carlos Pareja, y afirmó sentir “un profundo alivio” porque Torre Tagle queda “en manos de un profesional experimentado”.

Durante sus declaraciones, sostuvo que el problema no se limita al reciente desembolso y afirmó que el Estado ha destinado importantes recursos a la petrolera en los últimos años.

“El problema ya no solamente son los últimos 2 mil millones de soles, son los más de 30 mil millones de soles que el Estado, que todos los peruanos hemos tenido que asumir”, manifestó ante la prensa.

Fujimori también planteó que el Estado debería retirarse de actividades que, según indicó, no generan ingresos, como la exploración petrolera. En esa línea, propuso que la empresa opere bajo un esquema de asociación público-privada.

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