En la misiva, se planteaba que la cartera de Justicia gestione el museo en lugar del Ministerio de Cultura, hoy liderada por el ministro Alberto Beingolea.

Álvarez Miranda dialogó con Correo al respecto. Aquí, reitera sus observaciones sobre el LUM –cuestionada constantemente por su “parcialización” al relatar la época terrorista que vivió el país–, y destacó que hacer falta “reorganizarlo todo” debido a que transmite una “postura que no coincide con la realidad”.

¿Hay alguna gestión en curso sobre el posible traslado del LUM a la cartera de Justicia como lo plantea una carta abierta?

No, ninguna. Yo no participé ni en la iniciativa, ni en la redacción, ni en el recuento de firmas de esa carta, ni como alguien dijo: que yo había “presionado” a la presidenta. Esa carta la hicieron personas –que conozco por mi profesión, por cierto– sin haber coordinado previamente conmigo, porque tampoco tenían por qué hacerlo.

¿No compartió la carta en redes sociales?

Sí, cuando enviaron la carta la retuiteé (en la red social X) porque era una muestra de apoyo a una iniciativa, pero a una respuesta que yo había dado antes, que en realidad tampoco se refería a eso. Un tema como ese (la administración del LUM), tan sensible, debería estar, a mi juicio, en (el sector de) derechos humanos. Pero, obviamente, no es una prioridad del gobierno ni nada por el estilo.

¿Qué observaciones tiene sobre el LUM para respaldar dicha iniciativa?

En principio, hay mucha gente que se siente afectada por la perspectiva con la que el LUM enfoca el fenómeno terrorista de los 80 y 90. Hay mucha gente que considera que no refleja la realidad.

Y ante eso, el sector de izquierda que hizo el LUM responde de una manera dogmática: “Tienes que creer en lo que hemos hecho o, si no, no eres demócrata”. Y esa es una postura cuasi religiosa. Es una postura en la que hay que tener fe, es decir, en lo que ellos han concebido; y no atreverse ni siquiera a ponerlo en discusión.

Esa es una postura antidemocrática, por cierto. En este momento podemos objetar incluso las sentencias del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial. Los jueces pueden evaluar la constitucionalidad de las leyes del Congreso, pero los ciudadanos no podemos objetar el LUM. Esa es una postura que no corresponde propiamente a un Estado de Derecho.

¿Por qué cree que ese sector que menciona no se siente representado?

El tema principal es el siguiente. El LUM lo que transmite es que hubo una guerra entre grupos subversivos y militares y que quien sufrió las consecuencias de esa guerra ajena, fue el pueblo peruano.

Y esa postura no coincide con la realidad, con la historia que conocemos todos los peruanos. Los que hemos vivido esa época sabemos perfectamente que todo comienza con una decisión de un grupúsculo marxista de levantarse en armas, por ideología, no por necesidad política. Y comenzaron a matar policías, a bodegueros del interior del país, diciéndoles “capitalistas”.

Y así fue extendiéndose y, en esa refriega de dos décadas, las Fuerzas Armadas van aprendiendo sobre la marcha cómo combatir eficazmente este fenómeno, cuya estrategia exigía ocultarse entre la población. Es así como la responsabilidad del terrorismo recae propiamente en los terroristas, en los medios de comunicación que los toleraron y los justificaron; en parte de una izquierda que, cada vez que se atrapaba a uno de los líderes, corría firmas para que los liberaran. Y de eso hay varios ejemplos.

Obviamente, también hay cierta responsabilidad en algunos militares y policías. Otros, por ignorancia de cómo combatir realmente el terrorismo, cometieron excesos y barbaridades. Esos han sido juzgados en el Poder Judicial y están, muchos de ellos, pagando condenas a pesar de una edad avanzada. También a pesar de alguna polémica jurídica porque si bien es cierto algunos hechos constituyen actos de lesa humanidad, otros no.

¿Qué cambios hacen falta, en este caso? ¿Cuáles serían los primeros pasos hacia un cambio?

Básicamente, hay que reorganizarlo todo, desde el inicio hasta el final; desde un aspecto técnico, por cierto. Hay que evaluar cómo es que se va a mostrar la historia reciente del terrorismo a los escolares, a las nuevas generaciones que no lo han vivido y que, por cierto, lo han estudiado muy poco en el colegio.

La mayoría desconoce lo que ha pasado porque en los planes de estudio se les ha ocultado de manera maliciosa e interesada. Por tanto, hay que evaluar desde el inicio, desde la concepción misma, cómo es que se debe presentar el terrorismo y evitar que se fraccione la historia en pisos o en espacios determinados.

¿Siente que se invisibiliza al sector militar y policial que luchó contra el terrorismo?

Hay miles de policías y miembros de las Fuerzas Armadas que murieron o quedaron con serios problemas de movilidad como resultado del combate en defensa de la sociedad. Y ellos no fueron escuchados; tampoco fueron escuchados los familiares de estas víctimas, tanto las provocadas por el MRTA como por Sendero Luminoso.

Ellos no fueron escuchados y prácticamente se les ocultó. De lo que se trataba era, esencialmente, de resaltar los pocos episodios donde uniformados cometieron actos de barbarie, que sí existieron, por supuesto. Pero como también existieron actos de barbarie en Vietnam o prácticamente en el combate contra cualquier terrorismo.

Recuerden que todavía se discute cómo Alemania combatió a la Rote Armee Fraktion o cómo Italia combatió a las Brigadas Rojas. La lucha contra el terrorismo es una lucha muy dura porque el terrorista se oculta de manera cobarde entre la población civil y desde allí ataca.

Entonces, es muy difícil tener una precisión hacia quién combatir y a quién no. Pero, claro, hubo actos de barbarie, definitivamente; y esos la justicia peruana los ha condenado.

Pero el LUM destaca la “inclusión social” en su propio nombre, ¿qué opina al respecto?

Bueno, la inclusión social es un tema que políticamente responde a una tendencia ideológica. La inclusión no se lleva a cabo mezclada con la explicación del terrorismo.

La inclusión es transversal en todas las políticas públicas y no estoy seguro si tiene lugar en un museo que es específicamente para contar un episodio de la historia, un episodio, por cierto, cruel y sanguinario, que estuvo motivado por el marxismo-leninismo.

Tampoco se pueden contar problemas de infraestructura, marginación social y racial en un museo que tiene un propósito definido, que tiene que ser desarrollado de una manera técnica y estrictamente apegada a los hechos.

¿Ha dialogado con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, sobre este tema?

Sí, (pero) no hubo ningún debate. Hemos conversado con ocasión, precisamente, de la presentación del Gabinete y los dos hemos coincidido en que, primero, no es que hayamos peleado ni discutido; ni siquiera habíamos tocado el tema. Lo mío fue una respuesta a una pregunta en una entrevista.

Y lo suyo también fue una respuesta a una entrevista en la que le preguntaron y dijo: “Bueno, la verdad es que no hay nada”. Hasta el momento no hay ningún pedido, no hay nada, no hay ninguna solicitud de evaluar el tema. ¿Por qué? Porque estamos en otro tema, estamos en lo que es prioritario: seguridad, legislación delegada y preparación para el fenómeno El Niño (…).

No hubo conexión absoluta entre el ministro (de Cultura), el ministerio (de Justicia) y el grupo de ciudadanos que produjo este comunicado, que he leído ya con detenimiento, bastante moderado, por cierto.

¿Hay predisposición del ministro Beingolea para aceptar contribuciones sobre el LUM?

Tenemos que sentarnos a conversar sobre eso posiblemente a fin de año, cuando ya estemos enfrentando, ojalá con éxito, el Fenómeno El Niño (…). Cuando tengamos espacio para eso (lo haremos), ahora estamos en otros asuntos.

​

El Ministerio de Relaciones Exteriores designó al exvicepresidente de la República Raúl Diez Canseco Terry como asesor de alto nivel del despacho ministerial para coordinar la organización de la visita del papa León XIV al Perú.

La designación, de carácter ad honorem, fue oficializada mediante una resolución ministerial suscrita por el canciller Carlos Espá y publicada en el diario oficial El Peruano.

Diez Canseco tendrá entre sus principales funciones apoyar la organización, gestión y articulación de las actividades oficiales relacionadas con la visita del Pontífice.

¿Qué funciones tendrá Raúl Diez Canseco?

De acuerdo con la resolución, el exvicepresidente deberá contribuir a la coordinación entre el Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, sector privado y autoridades de la Iglesia Católica involucradas en los preparativos.

La Cancillería fundamentó la designación en la necesidad de contar con asesoría de alto nivel debido a la trascendencia institucional, social y cultural que representa la visita papal.

El documento destaca como parte del perfil de Diez Canseco su experiencia en el sector empresarial y la administración pública, así como su desempeño como primer vicepresidente de la República y ministro de Estado.

Visita de León XIV requerirá coordinación entre varias instituciones

El trabajo de coordinación comprenderá aspectos vinculados con la organización y gestión de las actividades oficiales previstas durante la presencia del papa León XIV en territorio peruano.

Las acciones deberán desarrollarse respetando las competencias constitucionales y legales de las instituciones y niveles de gobierno involucrados.

La preparación de la visita requerirá, además, coordinaciones con las autoridades de la Iglesia Católica para los aspectos protocolares correspondientes.

Seguridad y logística serán parte de las coordinaciones

Entre los componentes de la organización se encuentran los aspectos logísticos, protocolares y de seguridad asociados a las actividades que desarrollará el Pontífice.

Las instituciones responsables del orden público y otras entidades competentes deberán participar dentro del ámbito de sus atribuciones conforme avance la planificación.

La Cancillería tendrá a su cargo el seguimiento de las coordinaciones relacionadas con la visita y la articulación entre las instituciones participantes.

Cargo de Diez Canseco será ad honorem

La designación de Raúl Diez Canseco tiene carácter ad honorem, por lo que el ejercicio de esta función no supone una remuneración por el cargo.

Con el nombramiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores busca reforzar la estructura de coordinación encargada de preparar la visita de León XIV al país.

Los detalles de la agenda, fechas, ciudades y actividades que desarrollará el Papa deberán sujetarse a la información que comuniquen oficialmente la Cancillería, el Vaticano y las demás autoridades competentes.

Según imágenes difundidas en redes, universitarios ingresaron al Paraninfo de dicha casa de estudios con cartulinas y lanzaron gritos en su contra.

“La ‘Villa’ es del pueblo y no de los corruptos”, “Esta es la ‘Villa’, valiente y combativa” y “Fuera corrupto” fueron algunas de las consignas de los estudiantes.

🐷¡BOTARON A LÓPEZ ALIAGA! El candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, fue rechazado por alumnos de la Universidad Villarreal durante su visita para una ponencia. "Fuera corrupto", fue una de las frases que lanzaron los universitarios. #N60Noticias #Lima… pic.twitter.com/bIIPD0k5Mc

— N60 Noticias (@N60Noticias) August 22, 2026

¿En qué etapa del proceso de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) del 2026 nos encontramos?

Seguimos en la etapa de inscripción de candidaturas. La admisibilidad venció el 5 de agosto. El plazo para que los 91 JEE resuelvan tachas y exclusiones en primera instancia se amplió hasta el 23 de agosto (hoy). El pleno del JNE tiene hasta el 4 de septiembre para resolver las apelaciones. Toda esta etapa cierra el 5 de septiembre. Después de esa fecha, solo cabrá una exclusión si el candidato recibe una sentencia por delito doloso hasta un día antes de la elección.

¿Cuántos pedidos de exclusión se han presentado?

Se han creado 2,443 expedientes de exclusión y 404 de tacha.

Pero, ¿hay tiempo para que el Jurado se pronuncie?

No da el tiempo. El plazo en primera instancia vence este domingo (hoy). Después de esa fecha, cualquier exclusión sería extemporánea. Para resolver un pedido, el Jurado necesita un informe de fiscalización, notificar al candidato, esperar sus descargos y recién entonces decidir. Eso demora un mínimo de tres a cuatro días, y ya no alcanza el tiempo.

Entonces, ¿ya no van a prosperar estos pedidos?

No tendrían consecuencia jurídica si el Jurado respeta el plazo. Ampliarlo de nuevo generaría sospechas de que buscan dar viabilidad a este tipo de pedidos.

¿Y la figura de “reelección encubierta” puede sustentar una exclusión?

Existe una interpretación del Pleno del 2018 que permite que un alcalde postule como regidor, porque entiende que la prohibición de reelección aplica solo si el candidato vuelve a postular al mismo cargo que ejerció. Cambiar ese criterio en plena elección generaría inseguridad jurídica. El Pleno tendrá que aplicar un test de proporcionalidad entre el derecho de participación política y la intención de eludir la prohibición constitucional. Pero, en el marco estrictamente electoral, hoy no existe una causal expresa para excluir por este argumento.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, respondió que esta es una estrategia para “fraguar la ley”...

Adelantó opinión. Si estos casos llegan en apelación al pleno, tanto el de López-Aliaga como el de Morropón, Burneo tendrá que inhibirse.

Estos pedidos fueron remitidos al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro tras ampliarse el plazo de recepción hasta el día de hoy.

El primer expediente fue presentado el 21 de agosto por Víctor Hugo Quijada Tacuri. Al día siguiente ingresaron las solicitudes de Anthony Jesús Lastra Velarde y José Manuel Vivanco Jaime.

Argumentos

Los tres escritos sostienen que la renuncia de Luis Rubio como candidato a alcalde de Lima modificó la configuración original de la lista.

Se argumenta que, López Aliaga, quien figura como primer regidor, quedaría en posición de asumir la alcaldía si Renovación Popular obtiene la mayor votación.

Los pedidos invocan los artículos 103 y 194 de la Constitución, que abordan el abuso del Derecho y la no reelección inmediata de alcaldes respectivamente.

Asimismo, los documentos incluyen como precedente la decisión del JEE de Morropón en Piura, que excluyó en primera instancia a Richard Hernán Baca Palacios, actual alcalde provincial de Morropón, como candidato a primer regidor por Alianza para el Progreso (APP).

Procesos

Cabe recordar que el tiempo para que los JEE resuelvan en primera instancia los pedidos de exclusión y tachas fue ampliado hasta hoy, domingo. Es decir, en la fecha deben pronunciarse para que puedan ser tramitadas dentro del cronograma electoral.

Los casos que sean apelados podrán ser revisados por el pleno del JNE hasta el 4 de septiembre, fecha límite para resolver en segunda instancia. Al cierre de la edición, los tres expedientes siguen en trámite.

Orden

La medida fue dispuesta mediante la Resolución N.° 1, emitida el 14 de agosto por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria.

La resolución ordena continuar con la ejecución provisional de la sentencia condenatoria contra Chávez y otros procesados. Para ello, se dispuso remitir los oficios a la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima y a la Oficina Central Nacional de Interpol Lima.

La orden ya había sido emitida el 19 de mayo por la Policía Judicial. Ahora, el juzgado estableció que esta medida sea renovada periódicamente mientras continúe vigente la ejecución provisional de la condena.

Como se recuerda, Chávez fue condenada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva como coautora del delito de conspiración para la rebelión por los hechos vinculados al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La sentencia también contempla dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación civil de 12 millones de soles, que deberá pagar de manera solidaria junto con Pedro Castillo, Aníbal Torres y Willy Huerta.

Al respecto, Raúl Noblecilla, abogado de Chávez, cuestionó la decisión de Checkley y sostuvo que la orden no tendrá eficacia en México debido al asilo concedido.

“Betssy es una asilada, está bajo la protección de un Estado”, afirmó a Correo.

También negó que reciba asistencia económica del Gobierno mexicano y afirmó que buscará trabajo en ese país.

“Ella va a hacer la vida como una ciudadana más en México, una ciudadana que vive de su esfuerzo”, sostuvo.

La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que condenó a Chávez como coautora del delito de conspiración para una rebelión en agravio del Estado.

De acuerdo a RRP, la resolución fue emitida el 14 de agosto.

El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, cuestionó la medida y sostuvo que la captura de su patrocinada no sería posible debido a que permanece bajo asilo diplomático en México. La defensa considera que esta situación impide ejecutar la orden de captura mientras se mantenga dicha protección.

Además de la pena de prisión, la sentencia impuso a Betssy Chávez dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de S/12 millones por concepto de reparación civil a favor del Estado. Este monto deberá ser pagado de manera solidaria con el exmandatario Pedro Castillo, el exministro del Interior Willy Huerta y el exasesor Aníbal Torres.

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El encuentro es organizado por la World Compliance Association (WCA) y la Cámara de Comercio de Lima, y abordará los nuevos desafíos para prevenir la corrupción y fortalecer los sistemas de integridad en el sector público y privado.

La actividad buscará promover un enfoque basado en la prevención y gestión de riesgos, más allá de la sanción. Entre los temas que se discutirán figuran las ciencias conductuales aplicadas a la integridad, la prevención del lavado de activos, la contratación pública en América Latina y el uso de información para anticipar riesgos.

La realización del congreso cobra especial relevancia ante la percepción de corrupción en el país. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International, Perú obtuvo 30 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 130 de 182 países.

Asimismo, una encuesta de Proética señala que el 67% de los peruanos considera la corrupción uno de los principales problemas nacionales.

El evento contará con especialistas de organismos internacionales y empresas como la OCDE, GAFILAT, OEA, Naciones Unidas, Amazon y Microsoft, quienes analizarán estrategias para fortalecer la transparencia, la gobernanza y el cumplimiento.

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Una revisión de Correo a las hojas de vida del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las declaraciones juradas de la Contraloría permitió identificar que 15 alcaldes distritales de Lima Metropolitana han colocado a familiares como candidatos para sucederlos.

Los casos involucran a 5 esposas, 4 hijos, 3 hermanos, 2 padres y hasta un sobrino.

Consorte

El caso más notorio es el del alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison Oyague, quien aspira al sillón de la Municipalidad Metropolitana de Lima por Avanza País, mientras que su cónyuge Carla Robbiano Montes de Allison busca convertirse en la próxima autoridad de dicho distrito.

Para Allison, la postulación de su pareja responde a la solicitud de sus simpatizantes dentro de su jurisdicción.

“Entender que estamos en una democracia. ¿Quién va a decidir si Carla Robbiano, mi esposa, es la alcaldesa de Magdalena? (..) son los vecinos y vecinas de Magdalena”, arguyó a Canal N el pasado 10 de julio.

Este vínculo conyugal se repite en otros cuatro distritos de Lima.

En Carabayllo, el alcalde Pablo Mendoza Cueva postula como teniente alcalde por Somos Perú, mientras su esposa, Rosario Peláez Ramírez, busca quedarse con la conducción del distrito.

En Cieneguilla, el alcalde Emilio Alberto Chávez Huaringa también postula como teniente alcalde por Podemos Perú, pero su esposa, Ortensia La Torre Cervantes, figura como candidata a la alcaldía distrital.

Una situación similar ocurre en La Molina.

El alcalde Esteban Diego Uceda Guerra-García postula como teniente alcalde por Renovación Popular y su esposa, Lizzi del Rocío Sueldo Matos, busca convertirse en la nueva autoridad distrital.

De igual modo, en San Luis, el alcalde, Ricardo Robert Pérez Castro, también postula como teniente alcalde por Renovación Popular. Su esposa, María Rosario López Solano, figura como candidata a la alcaldía del distrito.

Linaje

Otros alcaldes no han elegido a las esposas, sino a los hijos. Se trata de 4 casos. En Breña, el alcalde Luis Felipe de la Mata Martínez postula como teniente alcalde por Podemos Perú y su hijo, Luis Rolando Alejandro de la Mata Alva, busca sucederlo.

De igual manera, en Puente Piedra, el alcalde Rennán Samuel Espinoza Rosales postula como teniente alcalde por Somos Perú y su hijo, Rennán Santiago Espinoza Venegas, busca la alcaldía.

Asimismo, en Punta Negra, Eulogio Huyhua Ccaccya postula como teniente alcalde por Acción Popular y su hija, Mónica Alicia Huyhua Limachi, busca reemplazarlo.

Además, en el Rímac, Néstor Evadio de la Rosa Villegas postula como teniente alcalde por Podemos Perú y su hija, Katherine Angélica de la Rosa Menéndez, compite por la alcaldía.

Fraternos

También hay tres hermanos buscan suceder a sus familiares.

En Pucusana, el alcalde Juan José Cuya Espinoza postula como regidor provincial por Somos Perú y su hermano, Edwin Freddy Cuya Espinoza, busca la alcaldía.

A su vez, en Santa Rosa, George Robles Soto postula como teniente alcalde por Podemos Perú y su hermano, John Porfirio Robles Soto, intenta sucederlo.

De igual manera, en Villa El Salvador, Guido Íñigo Peralta postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por Somos Perú y su hermano, Clodoaldo Kevin Yñigo Peralta, busca mantener el control del distrito.

A esta lista también se le suman dos padres.

En Ate, Franco Vidal Morales postula como teniente alcalde por Avanza País y su padre, Manuel Gaudencio Vidal Camargo, busca la alcaldía.

Entre tanto, en El Agustino, Richard Robert Soria Fuerte postula como teniente alcalde por Podemos Perú y su padre, Liborio Soria Álvarez, figura como candidato.

Por último, en San Juan de Lurigancho, el alcalde Jesús Maldonado Amao postula como teniente alcalde por Somos Perú y su sobrino, César André Usquiano Maldonado, busca asumir su cargo.

Allegados

De otro lado, al menos otros 11 alcaldes distritales buscan mantener su influencia en el poder mediante funcionarios, trabajadores y regidores de sus respectivas gestiones, quienes ahora aparecen como candidatos para sucederlos en las mismas jurisdicciones. Los casos se registran en Ancón, Barranco, Independencia, Lince, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Lurín, Pueblo Libre, San Martín de Porres, San Miguel y Surco.

Análisis

La abogada especializada en derecho electoral Silvia Guevara explicó a Correo que la postulación de familiares de autoridades en funciones no está prohibida por la legislación electoral. Sin embargo, consideró que esta práctica puede generar un copamiento del poder municipal y reducir los espacios de fiscalización.

“Si estamos hablando de Lima Metropolitana, estamos hablando que acá el electorado es bastante grande y no significa que es por falta de opciones, sino por el contrario, lo que es esto es una voluntad de ingresar para copar el poder”, sostuvo.

Guevara también cuestionó el rol de las organizaciones políticas por permitir estas candidaturas. “Es responsabilidad plena de las organizaciones políticas, porque el hecho de que no existan previsiones no significa de que les den carta blanca”, detalló.

Además, la experta advirtió que la situación adquiere mayor relevancia cuando los familiares llegan a integrar el concejo municipal porque podría verse limitada la labor de fiscalización cuando los regidores mantienen vínculos familiares con el alcalde.

“Si tienes a tu papá o tienes a tu hermana, tienes a tu sobrina, a tu cuñada, por supuesto que no va a poder darse realmente esta fiscalización”, señaló.

La cita estaba programada para las 10:00 a. m. y se desarrolla de manera privada, en medio de la preocupación por el paro convocado para el 25 de agosto.

Los representantes de los transportistas acudieron durante la semana al Congreso, donde sostuvieron reuniones con integrantes de la bancada de Ahora Nación. Posteriormente, expresaron sus cuestionamientos al Gobierno y plantearon sus principales demandas.

En ese contexto, también fueron cuestionadas las acciones del comandante general de la Policía Nacional, Oscar Arriola, frente a la inseguridad ciudadana.

Durante la conferencia de los dirigentes, el coronel en retiro de la Policía Harvey Colchado planteó la salida de Arriola de la Comandancia General de la Policía. La reunión con la mandataria ocurre después de que el ministro del Interior, César Astudillo, expusiera ante el Congreso las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente a la criminalidad y la seguridad ciudadana.

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“No voy a firmar ningún documento que vaya contra una ley”, aseguró ante los parlamentarios, quienes esperan la salida de Arriola por su gestión paupérrima en el cargo, que a la fecha arrastra más de 1,800 homicidios.

Volátil

La Comandancia General de la Policía registra ocho relevos desde la llegada del golpista Pedro Castillo, quien inició su gobierno con César Cervantes Cárdenas ya en el cargo desde noviembre de 2020.

No fue hasta el 2 de septiembre de 2021 que Castillo decidió dar por concluida su designación con el aval del entonces titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan Carrasco Millones.

Según versiones de la prensa, la salida de Cervantes ocurrió porque él no comunicó la ejecución del allanamiento en las sedes de Perú Libre ni en las propiedades de su líder Vladimir Cerrón por el caso “Los Dinámicos del Centro”, a fines de agosto de ese año.

Cervantes permaneció 282 días en el puesto y durante su gestión ocurrió 1,011 homicidios, un promedio de 3.59 asesinatos por día.

En su reemplazo se designó a Javier Gallardo Mendoza. Sin embargo, ejerció el cargo solo 150 días y, en ese lapso, se registraron 663 homicidios, con una tasa diaria de 4.42 muertes.

Gallardo dejó el cargo en medio de un conflicto con la cabeza del Mininter, Avelino Guillén, quien cuestionó decisiones relacionadas con los ascensos de generales y la distribución de puestos dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La tensión terminó con la salida de Gallardo y su pase al retiro el 30 de enero de 2022.

Fue así como Castillo designó a Vicente Tiburcio Orbezo el 2 de febrero de 2022, pero permaneció 110 días en el puesto, tras la llegada de Dimitri Senmache al Mininter.

No obstante, la salida de Tiburcio habría ocurrido por insistir en la captura de los sobrinos de Castillo (Fray y Yoni Vásquez Castillo, y Gian Marco Castillo Gómez) y el exsecretario del despacho presidencial Bruno Pacheco, quienes estaban prófugos por el caso de corrupción Puente Tarata III.

Cabe señalar que, en el corto periodo de Tiburcio, ocurrieron 475 homicidios, lo que representa una tasa de 4.32 muertes violentas por día.

El 23 de mayo de 2022, Luis Alberto Vera Llerena asumió la Comandancia General y permaneció apenas 95 días. Durante ese lapso se registró 424 homicidios, equivalentes a 4.46 casos diarios.

“Es una ofensa y un atropello (su salida) porque se retrasa la institución que tiene planes. En estos tres meses he avanzado planes para fortalecer mi institución y se frustra, entonces, la institución no crece y está cada día más debilitada”, dijo a RPP Noticias tras dejar el cargo el 26 de agosto de ese año.

Más adelante, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso unicameral, Vera denunció que fue “víctima” de presión política, amenazas hasta chantajes en el gobierno de Castillo.

De este modo, se colocó en su reemplazo a Raúl Alfaro Alvarado, quien permaneció 206 días, hasta marzo de 2023, temporada en que se registraron 802 homicidios, con una tasa de 3.89 casos diarios.

Su gestión combinó el tramo final del gobierno de Castillo con el inicio de la administración de Dina Boluarte, que asumió tras el autogolpe del 7 de diciembre de 2022.

Aunque Alfaro no quiso irse pese a los cuestionamientos que pesaban sobre él, ya que era investigado por su presunta vinculación con una red de espionaje atribuida a Jorge Hernández, alias “El Español”, además de enfrentar acusaciones de corrupción y supuesto cobro de sobornos.

Incluso, la Fiscalía allanó su vivienda el 20 de marzo de 2023 como parte de las pesquisas.

Debido a ello, el Estado sustentó su salida a un “conflicto de intereses e incompatibilidad” para ejercer el cargo, ese mismo día; colocando así a Jorge Angulo Tejada, quien ejerció la Comandancia hasta enero de 2024.

Su gestión duró 308 días bajo Boluarte, donde se contabilizó 1,324 homicidios, con una tasa de 4.3 por día.

Empero, su salida estuvo marcada por un hecho inusual.

Durante una actividad oficial en Ayacucho, el 21 de enero de 2024, Boluarte fue insultada y agredida por familiares de personas fallecidas durante las protestas de diciembre de 2022.

Ruth Bárcena, viuda de una de las víctimas y dirigente de una asociación de familiares, alcanzó a jalarle el cabello a la exmandataria, mientras otros asistentes le gritaban “Dina asesina” y “Ayacucho te repudia”.

De allí que, al día siguiente, el Gobierno decidió retirarlo del cargo alegando que “se han evidenciado negligencias muy graves en el control y comando de la institución policial” por parte de Angulo, quien presentó una demanda de amparo contra el Mininter y la Presidencia del Consejo de Ministros tras su destitución.

De modo que, Víctor Zanabria Angulo asumió la Comandancia General el mismo 22 de enero de 2024.

El oficial permaneció 617 días y en ese intervalo se concentró el mayor número de homicidios (3,688) con un promedio de 5.98 casos diarios, la cifra más elevada entre los ocho comandantes en los últimos 5 años.

Aunque la salida de Zanabria tuvo un contexto distinto al de Angulo, dado que el anunció su pase a retiro. Según la resolución suprema del Mininter, Zanabria cumpliría 40 años de tiempo de servicios reales y efectivos el 1 de enero de 2026.

Por ello, la Policía le otorgó un periodo de adaptación a la vida civil de tres meses, entre octubre y diciembre de 2025.

De esta forma, el Ejecutivo designó a Óscar Manuel Arriola Delgado el 30 de septiembre de 2025, quien trabajó para 3 presidentes distintos (Boluarte, José Jerí y José María Balcázar) y, hasta ahora, en el actual mandato de Keiko Fujimori.

Su periodo acumula 324 días y 1,888 homicidios hasta el 20 de agosto de 2026, con una tasa de 5.83 muertes violentas por día. A diferencia de sus antecesores, Arriola permanece en el cargo pese a los cuestionamientos de diversos sectores.

Candado

Antes de la Ley N.° 31570, el Gobierno tenía mayor margen para cambiar al comandante general de la Policía, lo que permitió una alta rotación en el cargo.

Sin embargo, la norma ahora restringe el cese anticipado y establece que el comandante general puede ser cesado antes de concluir sus dos años únicamente por muerte, solicitud propia de pase al retiro, incapacidad física permanente declarada por una junta médica, falta muy grave conforme al régimen disciplinario, delito doloso declarado mediante sentencia firme o delito flagrante.

Asimismo, también exige que el Presidente comunique personalmente el motivo del cese y entregue un documento escrito que sustente la causal.

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La también primera vicepresidenta de la Cámara Baja indicó que la moción será presentada una vez concluya la Semana de Representación.

La parlamentaria señaló que, a su regreso, iniciará las coordinaciones para reunir los respaldos necesarios y llevar a Astudillo al Pleno.

“Eso va a gestarse desde mi despacho, retornando la semana de representación, porque salimos a la siguiente”, declaró Márquez a la prensa.

Según explicó, buscará el respaldo de otras bancadas de oposición con las que espera coincidir en la necesidad de que Astudillo explique las medidas adoptadas por su sector.

La legisladora sostuvo que el país requiere una respuesta frente al incremento de la criminalidad y cuestionó el accionar del Ejecutivo.

En esa línea, consideró necesario que el Congreso tome acciones ante la situación de inseguridad que atraviesa el país.

“El Perú necesita seguridad. Ya basta de tantas muertes. Como coalición, nosotros hacemos un equipo y estoy segura de que van a estar de acuerdo con él (la moción). Pero no nos podemos quedar de brazos cruzados. Hay que accionar, hay que hacer algo”, manifestó.

La propuesta de JP se plantea cuando aún no ha transcurrido un mes desde que el nuevo Gobierno asumió funciones y sería la segunda moción de interpelación promovida por la bancada.

La primera fue contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, para que responda por sus presuntos vínculos con Minera Poderosa y la estrategia aplicada en Pataz.

Desarrollo

El premier aseguró que el retraso en la presentación es saludable, pues la presidenta Keiko Fujimori sostuvo recientes reuniones con su par del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, y otros funcionarios claves en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Felizmente no lo presentamos antes porque después de hablar con la doctora Tello y el fiscal de la Nación (Tomás Gálvez), dijimos ‘menos mal’”, afirmó a RPP.

En esa línea, detalló que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Ernesto Álvarez Miranda, está culminando la revisión de las propuestas en el citado proyecto. Sobre ello, agregó que el ministro en mención participará en una comisión para evaluar normas en la lucha contra el crimen.

“El ministro, además del esfuerzo que está haciendo para terminar y cerrar la delegación de facultades, espero máximo este lunes 24, se pondrá a ver lo de la comisión”, indicó.

Finalmente, Galarreta remarcó que, “para cambiar un artículo (en la norma), se pasa por un procedimiento burocrático” que incluye la fiscalización “del Ministerio de Justicia, sus viceministros, los juristas de cada ministerio y después los viceministerios”.

“Estamos tratando de destrabar (la gestión en la lucha contra el crimen). En el proyecto de facultades legislativas se va a pedir (lo necesario) para hacer las capturas correspondientes, usar el sistema procesal penal y, después, ver donde va a ir esta gente. Todo está articulado”, puntualizó.

La parlamentaria señaló que la iniciativa será presentada tras la semana de representación y aseguró que buscará el respaldo de la coalición de oposición. Márquez sostuvo que el país necesita respuestas concretas ante el aumento de las muertes y cuestionó que el Congreso permanezca sin tomar acciones.

“El Perú necesita seguridad. Ya basta de tantas muertes”, afirmó la legisladora, quien remarcó que la interpelación busca exigir explicaciones y medidas efectivas para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Por otro lado, el vocero de JPP, Ernesto Zunini, anunció que su bancada presentará un proyecto de ley para derogar la Ley 31570, que establece en dos años el periodo de permanencia del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Zunini cuestionó que esta norma haya sido aprobada durante una gestión anterior y señaló que su modificación busca facilitar cambios en la conducción de la PNP. Añadió que la propuesta será presentada como una muestra de que su bancada no pretende obstaculizar la gestión del Ejecutivo.

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La mandataria detalló que la Fuerza Aérea y la Aviación del Ejército realizaron 14 vuelos desde Atico y otros 15 con helicópteros desde Ocoña para evacuar a las personas afectadas. Fujimori también destacó el trabajo de más de 150 efectivos del Ejército en la limpieza de las vías y la atención de los vehículos que quedaron varados.

Keiko Fujimori precisó que nuevos deslizamientos y grandes rocas dificultaban la habilitación de la Panamericana Sur en la zona crítica de Arequipa. Sin embargo, estimó que la transitabilidad se recuperaría en breve, y posteriormente la vía fue habilitada parcialmente, permitiendo el restablecimiento progresivo del tránsito.

Indicó que se priorizará el paso de vehículos de transporte de pasajeros y, posteriormente, de camiones de carga pesada.

La presidenta explicó que las labores de limpieza se retrasaron por las lluvias registradas en la zona y los nuevos deslizamientos provocados por el sismo ocurrido en Ayacucho. También agradeció el apoyo de los vecinos de las zonas afectadas, quienes participaron voluntariamente en la atención de los damnificados.

Fujimori señaló además que varios ministros se encuentran desplegados en las regiones afectadas por las emergencias.

Indicó que el titular de Vivienda, Mauricio Arnillas, permanece en Coracora, Ayacucho, mientras que los ministros Marco Vinelli, de Desarrollo Agrario y Riego, y Luis Dyer, de Salud, supervisan en Piura los trabajos de descolmatación de ríos y otras acciones de prevención ante el fenómeno El Niño.

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Galarreta cuestionó la denominada “puerta giratoria”, que, según explicó, permite que algunos delincuentes recuperen rápidamente su libertad. Señaló que las modificaciones buscarán garantizar que las capturas realizadas por la Policía tengan un adecuado tratamiento dentro del proceso penal.

El premier indicó que estas reformas forman parte de un paquete integral de medidas contra la delincuencia, que también permitirá fortalecer los operativos policiales en zonas focalizadas y enfrentar a organizaciones dedicadas a la extorsión, especialmente aquellas que utilizan motocicletas para cometer delitos.

Asimismo, expresó su respaldo a la Policía Nacional y anunció el fortalecimiento de sus capacidades de inteligencia y contrainteligencia. También planteó reformas para separar de la institución a efectivos involucrados en delitos o vinculados con organizaciones criminales.

Por otro lado, Galarreta afirmó que todos los funcionarios del Gobierno, incluidos aquellos que trabajaron en administraciones anteriores, serán evaluados permanentemente en función de sus resultados.

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La medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 360-2026-MINEM/DM y tendrá una vigencia de hasta 30 días calendario. Según el Minem, el cierre de rutas dificulta el transporte terrestre de GLP desde Pisco y Callao hacia las regiones del sur.

La situación genera especial preocupación debido a que estas regiones no cuentan con plantas de abastecimiento con inventarios suficientes para enfrentar una interrupción prolongada. En caso de nuevos cierres de carreteras, el suministro dependería de las existencias disponibles en gasocentros, plantas envasadoras y otros establecimientos de la cadena de comercialización.

El sector advirtió que estos inventarios tienen una autonomía limitada y podrían resultar insuficientes para garantizar el abastecimiento de los usuarios, especialmente de los hogares.

Ante este escenario, la resolución dispone que Osinergmin evalúe y establezca medidas transitorias dentro de sus competencias para asegurar la continuidad del suministro. Estas podrían contemplar excepciones temporales a determinadas disposiciones de los reglamentos de comercialización y seguridad de hidrocarburos, así como medidas alternativas mientras persista la emergencia.

Asimismo, el Minem señaló que la declaratoria busca prevenir una eventual crisis de abastecimiento y garantizar la continuidad de las actividades vinculadas a la comercialización de GLP mientras se normalizan las condiciones de las vías.

La medida permitirá adoptar acciones temporales frente a las restricciones de transporte y reducir el impacto que una interrupción del suministro podría generar en las familias y otros usuarios de las cinco regiones afectadas.

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El funcionario explicó que el Gobierno solicitará facultades legislativas para ampliar de 24 horas a una semana el plazo disponible para ejecutar las expulsiones. Según indicó, el periodo actual resulta insuficiente para completar los procedimientos correspondientes.

Belaunde señaló que la medida se coordina con la Cancillería, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Asimismo, precisó que las Fuerzas Armadas trabajan en el reacondicionamiento de los espacios destinados a la retención temporal, cuya implementación requiere modificaciones legales.

En materia penitenciaria, el ministro anunció que ya se implementa un sistema de control de accesos en cuatro establecimientos: Sarita Colonia, Ancón 1, Lurigancho y Challapalca. Para estas medidas no sería necesario solicitar facultades legislativas, pues pueden ejecutarse mediante decretos supremos.

El pedido de facultades también contempla medidas relacionadas con la seguridad interna y la atención ante el fenómeno El Niño.

Estas acciones se suman a los anuncios realizados por el premier Luis Galarreta ante la Cámara de Diputados, quien planteó reforzar los operativos de identificación de extranjeros en situación irregular y colocar arcos detectores en los penales para impedir el ingreso de objetos y dispositivos prohibidos.

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La mesa directiva del grupo de trabajo estará integrada también por Nary Pinasco Montenegro (Fuerza Popular), como vicepresidenta, y Azucena Isla Rojas (Juntos por el Perú), como secretaria.

Al asumir el cargo, Meza señaló que impulsará un enfoque centrado en las personas, especialmente en las madres, mujeres víctimas de violencia, familias y comunidades andinas y amazónicas. Asimismo, afirmó que priorizará resultados concretos y fortalecerá la fiscalización de las políticas de prevención y atención.

La parlamentaria también anunció que la comisión realizará seguimiento a los programas sociales orientados a reducir la anemia infantil y ejercerá un control político sobre ministros y funcionarios, con el objetivo de corregir deficiencias y mejorar la atención del Estado.

Por su parte, Pinasco destacó la necesidad de abordar la seguridad y defensa territorial de los pueblos originarios, así como combatir la criminalidad organizada, la minería ilegal y los delitos ambientales.

En tanto, Isla planteó una agenda enfocada en la defensa territorial, remediación ambiental y seguridad alimentaria, y se comprometió a promover una gestión técnica, transparente y de puertas abiertas.

Finalmente, la comisión aprobó por mayoría sesionar los lunes a las 4:00 p. m.

La Mesa Directiva de la Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos de la Cámara de Diputados quedó conformada para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027. pic.twitter.com/BT6FRbrdDY

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 21, 2026

También señaló que la Policía debe encargarse de las acciones operativas y de investigación inmediata, mientras que el Ministerio Público asume la conducción jurídica de los casos.

“El problema es que no identificamos, que no descubrimos a los delincuentes”, afirmó Gálvez al referirse a los cuestionamientos sobre la respuesta de las instituciones frente al crimen organizado. También indicó que la Fiscalía está dispuesta a proporcionar fiscales para acompañar las intervenciones policiales.

Sobre las personas detenidas que posteriormente recuperan su libertad, explicó que no todas las intervenciones corresponden a delitos graves ni implican necesariamente una prisión preventiva. Añadió que, incluso en investigaciones por hechos considerados graves, la falta de elementos suficientes puede llevar a que un juez rechace dicha medida.

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