La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció la convocatoria al concurso público para la selección y nombramiento del próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien de acuerdo con el respectivo cronograma asumirá el cargo el 3 de julio de este año; es decir, luego de la segunda vuelta.

Hasta entonces, al frente de la ONPE continuará Bernardo Pachas, jefe interino tras la salida de Piero Corvetto, quien renunció al cargo tras las serias irregularidades que afectaron los sufragios el domingo 12 de abril.

El concurso tiene cuatro etapas: evaluación de conocimientos (25 % del total de la calificación), evaluación curricular (20 %), presentación del plan de trabajo (20 %) y la entrevista personal (35 %). Las fases son de carácter eliminatorio y los postulantes deben alcanzar un puntaje mínimo de 70 sobre 100 en cada una.

CRONOGRAMA

​La inscripción de los interesados, –previo pago de 430 soles– comenzará el 2 de mayo y se extenderá hasta el 8 del mismo mes. La evaluación de conocimientos será el 21 de mayo y los resultados se conocerán ese día.

La revisión curricular se realizará del 22 al 26 de mayo, mientras que la evaluación del plan de trabajo se efectuará entre 9 y 11 de junio. La entrevista personal de quienes queden aptos, asimismo, se desarrollará el 2 de julio.

El inicio de la sesión está programada para las 10 de la mañana, bajo la conducción del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Cabe precisar que el dictamen del Proyecto de Ley 10176 establece la penalidad para los delitos de terrorismo, que busca perfeccionar la tipificación de actos terroristas, incorporar el delito de organizaciones terroristas y crear la lista de organizaciones criminales con enfoque terrorista.

Otro de los temas a tratarse en esta sesión plenaria es el referido al proyecto de ley 14093, que propone la Ley que declara de interés nacional la construcción, equipamiento y puesta en operación de un dique seco pospanamax en el puerto del Callao.

Asimismo, está el dictamen de la iniciativa que plantea la Ley que modifica la Ley 32424, que establece la homologación del incentivo único-CAFAE para los servidores administrativos del régimen laboral del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, en los gobiernos regionales; entre otros proyectos de ley.

El portal de transparencia de la institución registra un sueldo base mensual de S/25,000, cifra que se incrementó con gratificaciones y bonificaciones que sumaron S/ 237,900 adicionales entre 2021 y 2026.

El año de mayores ingresos fue 2021, cuando Corvetto percibió S/350,400.

Los ejercicios 2023 y 2024 arrojaron montos idénticos de S/350,000, mientras que 2022 fue el período “más bajo” para Piero Corvetto con S/312,500.

En lo que va de 2026, solo tres meses, el exfuncionario ya había cobrado S/75,000.

Tiempo en el poder

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) lo nombró mediante Resolución N.° 027-2020 en agosto de 2020 y lo ratificó en mayo de 2024 por un segundo período de cuatro años que debía extenderse hasta 2028.

Sin embargo, el 13 de abril de 2026 la misma institución le abrió una investigación preliminar por presunta falta grave.

“Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”, reza la carta que el propio Corvetto presentó el 21 de abril.

Altos sueldos en la ONPE

Al menos doce funcionarios de alta dirección que rodeaban a Corvetto percibieron remuneraciones de más de S/14,000, según el portal de transparencia de la ONPE a marzo de 2026.

El gerente general Bernardo Pachas Serrano, ahora jefe de la ONPE, encabezó esa escala con S/15,713, seguido del secretario general Elar Bolaños Llanos con S/15,600.

Les siguieron siete gerentes: Edward Alarcón González (GAD), Lidia Flores Jesfen (GSFP), Jorge Morales Tello, Procurador Público, Héctor Rojas Aliaga (GRH), Ricardo Saavedra Mavila (GOECOR), José Samamé Blas (GGE) y Susana Vital Reyes (GIEE), quienes percibieron cada uno S/ 14,417.

En otro tramo, con S/14,304, figuraron Roberto Montenegro Vega (GITE), Juan Pestana Uribe (GAJ) y María Rocío Salas Palacios (GPP).

Ninguno de esos cargos bajó del equivalente a 28 sueldos mínimos vitales, en un organismo cuyo jefe salió con una investigación preliminar abierta en su contra.

La investigación inició “tras identificarse un presunto direccionamiento en el contrato de la empresa (Gálaga), encargada del despliegue de los materiales de sufragio” en las Elecciones Generales 2026.

En detalle

La solicitud será sustentada por el primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial anticorrupción.

La solicitud no solo alcanza a Corvetto, sino también al representante legal de Gálaga, Juan Alvarado; y a cinco exfuncionarios de la ONPE.

Estos son José Samamé, exgerente de Gestión Electoral; Juan Phang, subgerente de Producción Electoral; Hilda Otoya, asistente de la Subgerencia de Producción Electoral; William García, relacionado al área usuaria del servicio; y Lilia Flores, miembro del comité evaluador del proceso de contratación.

Según la tesis fiscal, al interior de la ONPE “se aplicó un criterio interpretativo” de ciertos requisitos, establecidos en el proceso de licitación, para favorecer a Gálaga.

Ayer, Canal N informó que en el allanamiento que se realizó al domicilio de Corvetto el último viernes, la Fiscalía le incautó un pasaporte con fecha de caducidad de 10 de agosto de 2026. Este documento desmentiría la postura que quiso mostrar el ex jefe de la ONPE al entregar dos pasaportes, uno peruano y otro italiano, al Ministerio Público.

Más pesquisas

Entre tanto, un equipo del Ministerio Público se apersonó ayer a la sede de la ONPE, en horas de la mañana, para ejecutar una “exhibición de documentos”.

El objetivo fue “recabar información sobre nuevos contratos efectuados entre la ONPE y otros proveedores de servicios vinculados a las elecciones del 12 de abril”.

En ambas sesiones, el funcionario prometió sistemas tecnológicos inéditos, solicitó cientos de millones de soles para desarrollarlos y auditarlos, y aseguró que garantizarían la transparencia y eficiencia de las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

Sin embargo, esos sistemas no llegaron a desplegarse por graves errores logísticos en los locales de votación.

Tal ha sido el fracaso de la ONPE de Corvetto que hoy, 30 de abril, tras 18 días, aún no hay resultados al 100%.

Argumentos

En la presentación más reciente, Corvetto Salinas llegó al hemiciclo Raúl Porras Barrenechea el 17 de septiembre de 2025 para sustentar el presupuesto del año fiscal 2026 ante el congresista Eduardo Castillo Rivas, quien presidió en ese entonces la sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto.

El titular de la ONPE presentó los cuatro sistemas tecnológicos que la institución había desarrollado y que describiría como la columna vertebral de las elecciones más complejas de la historia del Perú.

El primero de los sistemas era el nuevo sistema de cómputo de resultados, que incorporaba inteligencia artificial y permitía una digitación ciega y aleatoria de cada acta, de modo que ningún digitador pudiera conocer el resultado que procesaba.

El segundo era la nueva plataforma de presentación de resultados, que entregaría cortes cada cinco minutos desde las cinco de la tarde del día electoral y permitiría a los partidos políticos hacer descargas masivas de actas y resultados en paralelo al conteo oficial.

Esto era parte de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE).

El tercero consistía en una laptop y una impresora instaladas en cada mesa de sufragio, que alertaría errores al miembro de mesa, tomaría fotografías de los integrantes, generaría firmas digitales y emitiría actas digitales.

“Eso va a posibilitarnos, por primera vez, tener actas digitales con valor legal”, refirió.

Como se sabe, el tardío traslado de estos equipos, que iban a permitir implementar el STAE, generó los posteriores retrasos en las instalación de decenas de mesas de votación.

El sistema se desplegaría en las 29,006 mesas de Lima y Callao, representando un incremento de más del 300% respecto a las 8,000 mesas donde operó en 2022, y reduciría el margen de error de actas observadas.

El cuarto sistema era el plan piloto de voto digital, con un costo de 12 millones de soles, dirigido a 11 grupos prioritarios: miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, personal de salud, bomberos, trabajadores de Migraciones, Cancillería y la Defensoría del Pueblo, ciudadanos con discapacidad y electores del Cercado de Lima.

Cabe señalar que, el 18 de septiembre de 2024, Corvetto ya había presentado algunos sistemas tecnológicos que la ONPE venía desarrollando como el nuevo sistema de cómputo de resultados, la nueva plataforma de presentación de resultados y el propio STAE.

Las fallas

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) explicó, el pasado 23 de abril, que el sistema informático STAE utilizado para el escrutinio de votos, presentó problemas operativos durante la jornada, por lo que el JNE exigió su suspensión y el paso a modo manual.

Cabe indicar que, el Estado peruano invirtió 41 millones de soles por este sistema.

Por otro lado, las 30,000 laptops e impresoras adquiridas desde septiembre de 2025 fueron usadas para capacitar a los miembros de mesa, pero nadie planificó el tiempo necesario para recogerlas, reconfigurarlas y distribuirlas antes del día de la votación.

Esto provocó que el despacho del material terminara a las 4:30 a.m. del propio domingo electoral.

El golpe de gracia llegó a las 10:00 a. m., cuando el exgerente José Samamé ordenó suspender la entrega de laptops al admitir que el STAE ya no funcionaría, con lo que toda esa inversión quedó inutilizada en un solo día, así lo informó el programa televisivo Cuarto Poder.

Solicitud

El proyecto de presupuesto para el año fiscal 2026 de la ONPE buscó obtener casi 1200 millones de soles, distribuido entre su funcionamiento institucional (10.78%) y el proceso electoral (89.22%), sin contemplar las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) de este año.

Para las actuales elecciones generales, Corvetto pedía aproximadamente 1,060 millones de soles, distribuidos en cerca de 724 millones de soles para primera vuelta y 336 millones de soles para segunda vuelta.

El rubro más costoso fue el Servicio de habilitación, acondicionamiento y logística informática (SHALI), con 100 millones de soles en primera vuelta y 42 millones de soles en segunda, sumando 142 millones de soles.

El SHALI es el servicio mediante el cual la ONPE instala, equipa y opera toda la infraestructura tecnológica de las elecciones, desde las oficinas descentralizadas (ODPE) hasta los centros de cómputo y de datos a nivel nacional.

Incluye, la implementación de redes, energía, servidores y estaciones de trabajo, así como la provisión de impresoras multifuncionales integradas a la red, que deben entregarse prácticamente sin uso (con contador mínimo), contar con tóner suficiente (al menos para 1,000 hojas) y cuyo volumen de impresión es monitoreado mediante reportes durante el proceso.

Además, la ONPE tenía previsto 3.3 millones de soles para auditoría informática y 2.4 millones de soles para la trazabilidad del material electoral como el rastreo satelital.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 070-2026-EF, que establece que los fondos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Este presupuesto permitirá cubrir la implementación y soporte de los Jurados Electorales Especiales en todo el país.

El dinero también será utilizado para la contratación y continuidad de personal bajo el régimen CAS, quienes tendrán a su cargo labores de supervisión y seguimiento durante el desarrollo de los comicios. Además, el titular del JNE deberá aprobar la distribución interna de estos recursos en un plazo de cinco días calendario.

De forma paralela, el Gobierno autorizó otra transferencia de hasta S/ 516 000 000 a favor de los gobiernos locales mediante el Decreto Supremo N.° 071-2026-EF.

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El documento busca aclarar el sentido de sus palabras y su relación con un libro citado en esa intervención.

Según el pronunciamiento, lo dicho por el mandatario se basó en el contenido del libro “Los enemigos del Comercio”, del autor Antonio Escohotado, y reflejaba la visión del escritor sobre el desarrollo económico europeo. No obstante, se reconoció que sus declaraciones generaron una interpretación equivocada sobre el pueblo judío.

“El señor presidente de la República lamenta que dichas declaraciones hayan generado una percepción equívoca sobre el pueblo judío en el marco del inicio de la II Guerra Mundial”, se indica en el comunicado oficial. Además, se reitera que el Perú ha sostenido de manera constante que el nazismo fue responsable del conflicto y del genocidio.

El texto también subraya que el jefe de Estado rechaza de forma categórica el antisemitismo y cualquier tipo de discriminación, y expresa su solidaridad con las víctimas del Holocausto. El pronunciamiento fue emitido en Lima el 29 de abril de 2026.

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La decisión permitirá que sea investigado en el país por hechos vinculados al Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema determinó que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el acuerdo bilateral entre ambos países, incluyendo la correspondencia de delitos y la gravedad de las penas. El fallo fue emitido el 21 de abril bajo la presidencia del juez supremo Víctor Prado Saldarriaga.

El caso se centra en el proyecto vial que conecta Inambari con Azángaro, donde el Ministerio Público sostiene que se habrían cometido actos ilícitos durante el proceso de adjudicación. Según la investigación, los delitos atribuidos no tienen carácter político, por lo que no existe impedimento para continuar con el pedido.

La Fiscalía señala que Toledo habría favorecido a la empresa Camargo Correa a cambio de pagos ilegales que superarían los 6 millones de dólares. Parte de ese dinero, presuntamente canalizado a través de cuentas offshore junto a Josef Maiman, sustenta un pedido de condena de 24 años y 8 meses de prisión, que se sumaría a otras sentencias que ya enfrenta.

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El documento, con fecha de caducidad al 10 de agosto de 2026, fue incautado por la Fiscalía Anticorrupción.

El hallazgo resulta clave debido a que el exjefe de la ONPE ya había entregado dos pasaportes anteriormente, alegando colaboración con las autoridades. Sin embargo, este tercer documento mantenía plena validez, lo que encendió alertas en el Ministerio Público.

Según el fiscal Raúl Ernesto Martínez Huamán, la entrega previa de pasaportes no elimina el riesgo de fuga, ya que existen otras formas de desplazamiento dentro de la región.

Este elemento se suma a la evaluación del comportamiento del investigado tras los hechos materia de investigación.

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La convocatoria fue oficializada el 29 de abril de 2026 mediante una resolución que aprueba las bases del concurso público de méritos.

El procedimiento busca elegir a la autoridad que dirigirá el organismo electoral por un periodo de cuatro años, con posibilidad de renovación.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de mayo de 2026, como parte de un cronograma que culminará con la designación a inicios de julio.

El concurso contempla cuatro fases eliminatorias: evaluación de conocimientos, revisión curricular, presentación de un plan de trabajo y entrevista personal. Cada etapa exige un puntaje mínimo aprobatorio y busca medir tanto la experiencia como la capacidad de gestión de los postulantes.

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Cabe mencionar que ambas representaciones diplomáticas consideraron que lo dicho carece de sustento histórico.

En el comunicado, se rechaza la afirmación de que los judíos habrían controlado el comercio y el sistema bancario alemán, lo que habría influido en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Las embajadas calificaron esta versión como absurda y contraria a la evidencia histórica.

Asimismo, recordaron que el conflicto bélico fue iniciado por Adolf Hitler y el régimen nazi tras la invasión a Polonia en 1939.

También subrayaron que la ideología nazi fue responsable del asesinato de seis millones de judíos, por lo que advirtieron que el Holocausto no debe ser minimizado bajo ninguna circunstancia.

Finalmente, ambas misiones diplomáticas hicieron un llamado a rechazar el antisemitismo y cualquier forma de odio, y expresaron su expectativa de que el mandatario se retracte de sus declaraciones.

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El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde confirmó que aceptó la invitación para participar en las próximas elecciones regionales.

“Acabo de aceptar la invitación del partido Perú Primero para postular al Gobierno Regional”, señaló Salaverry en su pronunciamiento.

El exparlamentario indicó que uno de los principales objetivos de su eventual gestión será enfrentar la inseguridad ciudadana en la región.

“La Libertad se ha convertido en tierra de nadie y durante años esta situación nos mantiene en zozobra”, afirmó.

Su cuarta afiliación política en carrera electoral

La candidatura de Salaverry representa su cuarta participación política con diferentes agrupaciones, tras una trayectoria que incluye cargos municipales, legislativos y postulaciones nacionales.

Recientemente, el excongresista participó en el proceso electoral con el partido Somos Perú, con el que intentó alcanzar un escaño en el Senado.

Según resultados preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 80.284% del conteo, obtuvo 10,763 votos, mientras que la agrupación no logró superar la valla electoral.

Trayectoria política desde el ámbito municipal

El recorrido político de Salaverry inició como regidor en la ciudad de Trujillo con el Partido Aprista Peruano (PAP) entre 2007 y 2010.

En su último año como concejal intentó postular a la alcaldía de Trujillo con la misma agrupación, sin éxito.

Posteriormente, en febrero de 2014, buscó inscribir ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el movimiento regional Democracia, Seguridad y Valores (DSV). Meses después, se incorporó a Fuerza Popular, con el que postuló al municipio provincial y obtuvo el tercer lugar.

Presidencia del Congreso y candidatura presidencial

Con Fuerza Popular, Salaverry fue elegido congresista para el periodo 2016-2020, llegando a ocupar la presidencia del Congreso entre 2018 y 2019.

Su mandato parlamentario terminó antes de tiempo tras la disolución del Congreso ordenada por el entonces presidente Martín Vizcarra en 2019.

En 2021, volvió a postular, esta vez a la Presidencia de la República con el partido Somos Perú, sin lograr los resultados necesarios para avanzar en el proceso electoral.

Ahora, con su nueva afiliación a Perú Primero, busca participar en las elecciones regionales previstas para octubre.

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En declaraciones a la prensa, el burgomaestre señaló que cerca de un millón de limeños se habrían visto impedidos de votar, cifra que -según afirmó- superaría ampliamente los reportes oficiales. En ese contexto, cuestionó el informe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y sostuvo que las irregularidades registradas deben ser corregidas.

Renzo Reggiardo precisó que su postura no responde a intereses políticos y negó respaldo a algún candidato. Indicó que su pedido busca garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos, al considerar que las medidas adoptadas durante la jornada electoral no fueron suficientes para atender a todos los afectados.

Asimismo, hizo referencia a fallas logísticas y cuestionamientos a la organización del proceso electoral, incluyendo la labor de la ONPE, por lo que insistió en evaluar una solución que asegure una participación plena en las urnas.

En otro momento, anunció la declaratoria de emergencia del sistema vial de Lima por 180 días, con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir accidentes.

La medida contempla operativos conjuntos con la Policía y la ATU, uso de tecnología para fiscalización y acciones para ordenar el tránsito, además de intervenciones frente a problemas como almacenes clandestinos en el Centro Histórico.

La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, con apoyo de agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, con el objetivo de recabar información sobre contratos suscritos entre la ONPE y empresas proveedoras vinculadas al proceso electoral.

Las pesquisas se centran en la contratación de la empresa Galaga S.A.C., responsable del despliegue del material electoral, cuyo servicio fue cuestionado tras registrarse fallas logísticas que obligaron a extender la jornada de votación en algunas zonas.

En este contexto, la Fiscalía solicitó 18 meses de impedimento de salida del país para el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, así como para otros implicados, entre ellos José Samamé, mientras se determina la existencia de posibles irregularidades en los procesos de contratación.

El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia informó que se ha designado un funcionario de enlace dentro de la ONPE para facilitar el acceso a la información y realizar un barrido de datos en todas las áreas de la institución, a fin de esclarecer los hechos investigados.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial anticorrupción (Primer Despacho) dirige una
diligencia de exhibición de documentos para recabar información sobre nuevos contratos efectuados entre la @ONPE_oficial y otros proveedores de servicios vinculados a las elecciones generales del… pic.twitter.com/aW6KoEACmZ

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 29, 2026

Ayer, al cierre de esta edición, Sánchez seguía segundo y se distanciaba del tercer lugar de Rafael López Aliaga por 24,707 votos. No obstante, la provechosa postulación de JP bien pudo no darse, pues el también exministro de Comercio Exterior y Turismo fue salvado a último momento, apenas un mes antes, del juicio oral por el caso del golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

Ese proceso penal, culminó en diversas sentencias condenatorias e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

Golpe de suerte

Fue en julio del 2024 cuando el juez Juan Carlos Checkley rechazó una solicitud de Sánchez para archivar el caso en su contra por el golpe de Estado. El magistrado indicó que no era posible evaluar los elementos presentados por la Fiscalía en dicha instancia. Por ello, negó el pedido.

Meses después, en noviembre del mismo año, Checkley aceptó la acusación fiscal que comprendía a Sánchez y otros siete procesados, y emitió el auto de enjuiciamiento. La instalación del juicio oral iniciaría cuatro meses después.

Sin embargo, en enero del 2025, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, liderada por el ahora retirado juez César San Martín, le concedió a Sánchez una apelación contra la negativa previa de Checkley y lo excluyó del proceso.

La Fiscalía pedía 25 años de prisión y una inhabilitación de dos años y seis meses para ejercer cargos públicos contra el legislador y tenía importantes elementos que ahora caben recordar.

¿Casualidades?

La acusación reunía una serie de elementos de convicción contra el hoy congresista de JP. La Fiscalía le imputó presunta rebelión tras asegurar que el entonces ministro no solo conocía las intenciones de Castillo, sino que formó parte del plan que orquestó el golpe de Estado.

Un día antes de que el gobierno castillista intentara tomar el poder, “Sánchez ingresó a las instalaciones del Palacio de Gobierno a las 11:54 horas hasta las 19:03 horas, lugar en el que se desarrollaron una serie de reuniones previas”.

Entre los encuentros, “se registró una reunión entre Luis Mendieta, jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Presidencial; y Manuel Coronado, secretario de la Confederación General de Trabajadores del Perú”.

“(Dicha) central sindical tuvo participación activa en los eventos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, fecha en la que, en horas de la mañana, Pedro Castillo dispuso el ingreso de manifestantes a la plaza mayor, pedido que fue gestionado a través de Betssy Chávez; en dichas circunstancias Roberto Sánchez se encontraba con Luis Mendieta en su oficina”, detalló la Fiscalía.

El Ministerio Público precisa que el mismo 7 de diciembre, “en horas de la mañana, se reunieron al interior del despacho presidencial de Palacio” el expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez, el exministro Willy Huerta (Interior), el jefe de Gabinete de Asesores, Aníbal Torres, y Roberto Sánchez.

El objetivo fue “acordar ilícitamente disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú”. Horas después, “luego de la emisión del mensaje de la nación, Sánchez Palomino ingresó al despacho presidencial (y) saludó al expresidente Castillo”.

“En señal de conformidad, le dio la mano e indicó ‘por el país’”, destacó el despacho fiscal en alusión a las declaraciones del exministro Huerta, quien ratificó tanto en la Fiscalía como en el Congreso escucharle dicha frase al entonces procesado.

La acusación que Sánchez no llegó a enfrentar en juicio también sostenía que este realizó dos llamadas, una a las 12:11 p.m. y otra seis minutos después. La primera estuvo dirigida a “Gissela Magariño (productora radial) a fin de difundir el mensaje del expresidente”, mientras que la segunda estuvo orientada al periodista Sergio Sanabria.

“Esto se condice con lo manifestado por el propio coacusado, quien señaló ‘me retiro, recojo mi celular y me apersoné a la oficina del Señor Mendieta, quien también se encontraba molesto y (en) desacuerdo, ya que no teníamos conocimiento y estábamos en desacuerdo total sobre el cierre del congreso. Permanecí un espacio de dos minutos aproximadamente y me retire al Congreso, y de inmediato publiqué mi renuncia irrevocable ante el Twitter’”, añade.

Sin embargo, esta versión llamaría la atención del Ministerio Público, pues “del reporte del registro de visitas del Palacio de Gobierno se verifica que Sánchez abandonó el despacho presidencial a las 12:34 horas, y renunció al cargo de ministro de estado a las 12:44 horas”.

Fueron más de cuarenta minutos, en promedio, los que el entonces ministro de Comercio y Exterior tardó en renunciar, pues Castillo inició la lectura de su mensaje al promediar las 11:41 a.m.

Lo hizo después de nueve de sus pares: Alejandro Salas, de Trabajo, (11:59), Cesar Landa, el canciller (12:06), Kurt Burneo, de Economía y Finanzas (12:07); Félix Chero, de Justicia (12:11), Richard Tineo, de Transportes y Comunicaciones (12:24); Wilbert Rozas, de Ambiente (12:29); Heidy Juárez, de Mujer y Poblaciones Vulnerables (12:32); Rosendo Serna, de Educación (12:36); y Silvana Robles, de Cultura (12:43).

Según relataría Sánchez al pleno del Congreso cuando enfrentó una suspensión en sus funciones como parlamentario, no tuvo acceso a un teléfono móvil hasta ese momento.

Es decir, una renuncia que pudo ser inmediata, vía, por ejemplo, un tuit, tardó casi una hora, porque ¿Sánchez no tenía el celular en la mano? ¿O fue porque no esperaba la total reacción en contra que el hecho produjo?

En esa misma sesión del Parlamento, del 22 de marzo del 2023, Sánchez calificó como “extrema” la decisión del entonces mandatario, al que después se uniría en beneficio de su candidatura presidencial, y llamó a que “afronte” la responsabilidad.

Mediante un oficio dirigido a la presidenta de dicho grupo de trabajo, la congresista Karol Paredes, el titular del sector pidió participar en la próxima sesión ordinaria acompañado de su equipo técnico. El objetivo es exponer las acciones realizadas por las Fuerzas Armadas y los avances preliminares de las investigaciones.

La solicitud se produce en medio de cuestionamientos sobre las circunstancias en que ocurrió la intervención en esta zona vinculada al ámbito del Vraem, donde se busca esclarecer el accionar de la patrulla militar.

En paralelo, el Ministerio Público inició una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio calificado contra ocho militares del Ejército y tres civiles, quienes habrían participado en el operativo por un supuesto caso de tráfico ilícito de drogas en la vía Colcabamba–Ayacucho.

Según las primeras diligencias, los agentes habrían ordenado detener el vehículo en el que se trasladaban las víctimas y, ante una presunta negativa, abrieron fuego. La fiscalía dispuso pericias balísticas, pruebas de absorción atómica e incautación de celulares y del vehículo, mientras se contrastan las versiones de legítima defensa con denuncias de uso excesivo de la fuerza.

Congresista Wilson Soto

Previo a ello, el congresista Wilson Soto, de Acción Popular, había solicitado que el ministro de Defensa, Javier Flores, acuda al Congreso para explicar la muerte de cinco personas durante el operativo militar en Colcabamba. Indicó que presentó una moción para su citación ante el Pleno, ante la falta de claridad en los hechos.

Según versiones de pobladores, las víctimas no estaban armadas ni transportaban droga, y los militares habrían intervenido vestidos de civil. Además, se mencionaron testimonios contradictorios, incluido el de un sobreviviente que se retractó tras denunciar presuntas amenazas.

A través de RPP, Wilson Soto pidió al Ministerio Público una investigación exhaustiva para esclarecer responsabilidades.

El presidente del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, negó que exista un apoyo o algún tipo de alianza de la organización política con Juntos Por el Perú de cara a la segunda vuelta para las Elecciones Generales 2026.

Nieto Montesinos participó de una conferencia de prensa en la ciudad de Arequipa como parte de las actividades políticas que realiza. En esta conferencia señaló que esperará la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que el partido defina una postura para la segunda vuelta.

“En relación a los apoyos que se anuncian a una elección u otra, yo debo decir que todos son falsos. No hemos tenido ningún contacto, ni ninguna conversación sobre ese punto hasta que se resuelva”, señaló Nieto en el Colegio de Abogados de Arequipa.

De otro lado, el candidato presidencial expresó que están a la espera del pedido de una auditoria al sistema de conteo de votos empleado en estos comicios, el mismo que se encuentra secundado por la misión de observadores de la Unión Europea.

En otro punto, lamentó la ruptura del mandato presidencial en torno a la compra de aviones al gobierno norteamericano, debido a que 3 ministros desacataron la orden del mandatario José María Balcázar.

“A nadie parece importarle que se rompa el mandato constitucional, que se desacate la orden del presidente, porque sigue siendo el presidente, y que finalmente sea el Congreso el que diga que ya pagará Economía”, argumentó.

Cabe señalar que Nieto Montesinos no descartó participar de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Según informó el secretario regional del Partido del Buen Gobierno, Edgar Gonzales, Nieto recibió la invitación para participar como candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana, así como para el Gobierno Regional de Arequipa.

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Al 80.2 % de actas contabilizadas para el Senado Nacional, la parlamentaria de Perú Libre obtuvo 476 votos en el Perú y 3 en el extranjero, siendo Lima la región donde más apoyo recibió con 105 votos, mientras que en Arequipa solo consiguió 78.

Por su parte, Alex Paredes suma 7,093 consiguiendo mayor respaldo en Lima (2,368) y Arequipa (1,458), siendo esta última donde lidera los votos de Somos Perú para el Senado Nacional.

Para esta misma cámara, Jaime Quito de Juntos Por el Perú es el único que se mantendría como parlamentario, hasta la tarde del martes obtiene 84,446 votos, liderando incluso el voto preferencial en las regiones de Arequipa con 19,603 y Puno con 27,101.

POSTULANTES A DIPUTADOS

Respecto a Diana Gonzales, que postuló por Avanza País, solo recibió el voto de 4,881 personas para elegirse como diputada en Lima (al 89 % de actas contabilizadas). En el caso de Esdras Medina, de renovación Popular, suma de momento 11,894, para representar a Arequipa en la cámara baja (al 90.1 % de actas).

De otro lado, 4 regidores de diversas municipalidades de Arequipa intentaron llegar al Parlamento, pero sus votos en conjunto no pasaron de los 3 mil, siendo Estela Peña, regidora de Mariano Melgar, la que consiguió mayor aceptación con 1,280 votos.

En tanto, Rolando Bedregal y Susana Condori, regidores de la Municipalidad de Arequipa, recibieron 896 y 297 votos, respectivamente, en su intento de ser diputados. En el caso de Magaly Agramonte, regidora de Socabaya, obtuvo 400 votos.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú convocó al encargado de negocios de la Embajada de Rusia en Lima para abordar la situación de ciudadanos peruanos que decidieron prestar servicios en las fuerzas armadas rusas.

Durante la reunión, el director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares y el director general de Europa entregaron al funcionario ruso una lista con los connacionales registrados por la Cancillería.

La finalidad es que las autoridades rusas proporcionen información urgente sobre la situación, ubicación y estado de salud de estos ciudadanos. Además, se recordó que, conforme a la Constitución peruana, todo ciudadano debe solicitar autorización previa al Ministerio de Relaciones Exteriores antes de servir en fuerzas armadas extranjeras.

📄Comunicado de Prensa 014-26: Sobre la situación de los peruanos en Rusia.

👉https://t.co/tVLi4NHBK3 pic.twitter.com/V7hlU5W6R5

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 29, 2026

Embajador en Moscú intensificará coordinaciones

La Cancillería también dispuso que el embajador del Perú en Moscú refuerce las coordinaciones con las autoridades rusas para atender esta problemática.

El objetivo es mantener comunicación directa con las instituciones del país europeo y obtener información actualizada sobre los peruanos involucrados.

Crean grupo multisectorial para investigar posibles delitos

Como parte de las medidas adoptadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a representantes de diversas instituciones del Estado para evaluar acciones conjuntas.

Entre las entidades convocadas se encuentran:

• Ministerio Público
• Ministerio del Interior
• Policía Nacional del Perú (PNP)
• Ministerio de Defensa
• Ministerio de Trabajo

Estas instituciones acordaron conformar un Grupo de Trabajo ad hoc, que tendrá como función realizar seguimiento a las acciones de cada sector y evaluar posibles delitos como:

• Trata de personas
• Tráfico de migrantes

Asimismo, se anunció que se impulsará una campaña comunicacional multisectorial para alertar sobre los riesgos de prestar servicios en fuerzas armadas en zonas de conflicto.

Cancillería desmiente retiro de peruanos de embajada en Moscú

El Ministerio de Relaciones Exteriores también desmintió información que circulaba sobre el supuesto retiro de ciudadanos peruanos de las instalaciones de la Embajada del Perú en Moscú.

La entidad aclaró que dichos reportes no son ciertos, y reiteró que las autoridades diplomáticas permanecen atentas ante cualquier solicitud de apoyo consular.

Se habilitan canales de contacto para connacionales

La Cancillería informó que la Sección Consular del Perú en la Federación Rusa permanece disponible para atender comunicaciones de los ciudadanos peruanos.

Los canales habilitados son:

• Celular de emergencia: +7 8 985 389 06 60
• Correo electrónico: sconsularperu@mail.ru

Entre los nombres destacó el de José Domingo Pérez, exintegrante del Equipo Especial Lava Jato.

DETALLES

En declaraciones al programa Brutalidad Política, señaló que el exfiscal conocido por su fracaso frente al caso de la lideresa naranja podría asumir eventualmente el cargo de ministro de Justicia.

“Hay conversaciones preliminares, pero no hay todavía el punto de partida que diga este señor o esta señora tendrá esta vocería, ministerio, aquello. Él es una de las personas que ha sido invitada en esta previa a ir configurando equipos”, afirmó.

Precisamente, hace un mes, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió por unanimidad, no ratificar a Pérez Gómez en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción, tras un proceso de evaluación de su desempeño.

Consultado por otros sectores, Sánchez indicó que podía adelantar a Hernando Cevallos como eventual ministro de Salud.

Cabe recordar que Cevallos se desempeñó en el mismo cargo durante la gestión del golpista Pedro Castillo por el periodo de siete meses.

Los 24 miembros se conectaron de manera remota, incluida su presidenta, Lady Camones, quien siguió la sesión a distancia por motivos de agenda y salud.

Durante la reunión, ninguno de los congresistas activó su cámara y se registraron demoras en el pase de lista, lo que generó cuestionamientos sobre el nivel de atención de los parlamentarios en una sesión clave, según reportó Canal N.

En este contexto, la subcomisión decidió archivar dos denuncias constitucionales contra la expresidenta Dina Boluarte. Una de ellas estaba vinculada a la firma de una adenda en la concesión del terminal portuario de Matarani, mientras que la otra cuestionaba una presunta restricción a la negociación colectiva en el sector público.

Ambos casos fueron declarados improcedentes sin que se produjera debate entre los legisladores ni la participación de testigos o representantes de las partes involucradas, lo que generó críticas sobre la forma en que se adoptaron las decisiones.

La sesión concluyó rápidamente y sin mayor análisis de los expedientes, evidenciando una falta de deliberación parlamentaria en un proceso de control político relevante.

La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (Primer Despacho) informó que el requerimiento será sustentado en una audiencia programada para este jueves las 11:00 a. m., en la que también se evaluará el pedido de impedimento de salida del país por el mismo periodo. El caso está vinculado a los comicios generales del 12 de abril.

De acuerdo con la investigación, existirían indicios de un presunto direccionamiento en el contrato para el despliegue del material de sufragio, lo que habría beneficiado a la mencionada empresa. Por estos hechos, la fiscalía investiga el presunto delito de colusión agravada.

El requerimiento fiscal también alcanza a otros implicados: José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores, quienes forman parte de la investigación por su presunta participación en las irregularidades detectadas.

El Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en torno a este caso que involucra la organización de los recientes procesos electorales.

“Fiscalía Supraprovincial anticorrupción (Primer Despacho) sustentará mañana, a las 11 a. m., su solicitud de impedimento de salida del país por 18 meses para Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, relacionado a los comicios generales del 12 de abril”, señaló el MP en sus redes sociales.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial anticorrupción (Primer Despacho) sustentará mañana, a las 11 a. m., su solicitud de impedimento de salida del país por 18 meses para Piero Corvetto, exjefe de la @ONPE_oficial, relacionado a los comicios generales del 12 de abril. pic.twitter.com/5P0GUAPZhk

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 29, 2026

El postulante presentó una “investigación forense digital” encargada por su partido a una consultora internacional, la cual -según afirmó- detecta “inconsistencias transversales” en 805 actas electorales que, a su juicio, deben ser investigadas.

López Aliaga sostuvo que también remitirá esta información al Congreso de la República para que adopte acciones, y cuestionó la falta de respuesta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a sus reclamos, entre ellos la convocatoria a nuevos comicios. En esa línea, señaló que acudirá a instancias nacionales e internacionales, al considerar que se estaría vulnerando el derecho constitucional al voto.

El candidato de Renovación Popular insistió en que la falta de tiempo no puede ser un argumento para descartar sus pedidos y anunció que continuarán convocando protestas pacíficas para exigir la revisión del proceso electoral.

Asimismo, planteó la posibilidad de realizar nuevas elecciones, recordando el antecedente del año 2000, cuando se convocaron nuevos comicios tras cuestionamientos al proceso electoral.

Finalmente, reiteró que presentará más documentación ante el JNE para sustentar sus denuncias y demandó que el organismo actúe frente a lo que considera irregularidades.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.º 283-2026-JNJ, en la que el pleno de la institución, presidido por María Teresa Cabrera Vega, aprobó las bases del proceso y la Convocatoria N.º 001-2026-SN-JNJ. El acuerdo fue adoptado en la sesión del 24 de abril.

El documento establece que el proceso permitirá designar al titular de la ONPE por un periodo de cuatro años, con posibilidad de renovación, conforme a lo dispuesto por la Constitución y la Ley Orgánica de la JNJ.

La convocatoria responde a la renuncia de Piero Corvetto Salinas, aceptada el pasado 21 de abril mediante la Resolución N.º 119-2026-PLENO-JNJ, que declaró la vacancia definitiva del cargo.

Ante este escenario, la JNJ inició un proceso de selección célere con el objetivo de asegurar la continuidad administrativa y operativa del organismo electoral de cara a los próximos comicios en el país.

El concurso público contempla etapas de evaluación curricular, entrevistas personales y revisión de trayectoria profesional, con el fin de garantizar la idoneidad, independencia y solvencia técnica del próximo titular de la ONPE.

En dicho documento se dejó en claro que el variar o ampliar el horario de votación en algunas mesas de sufragio en la capital, no incide en los niveles de participación de los electores.

DETALLES

El organismo presidido por Roberto Burneo, informó que se realizó un análisis estadístico con una muestra de 24,812 mesas de sufragio, lo que corresponde al 92.7%.

Según el informe técnico, 541,364 es la cifra de los electores que no habrían asistido a votar en las mesas que se instalaron entre las 8:01 a.m. y 12 a.m.

En ese sentido, se señala que las variables de ausentismo y hora de instalaciones de las mesas, permite concluir que es una variable estadísticamente significativa, “pero con bajo poder explicativo como único factor de la tasa de ausentismo”.

“El nivel de ausentismo electoral responde a una pluralidad de factores, entre ellos, las condiciones socioeconómicas de los electores, el grado de motivación o desafección política, las dificultades de transporte, la distancia hacia los locales de votación, así como otros elementos contextuales propios de cada circunscripción”, indicó en el JNE.

DESCARTADO

Sobre el motivo para no aplicar elecciones complementarias, el JNE explicó que es una medida prevista únicamente para los procesos electorales municipales.

El organismo electoral precisó que convocar a elecciones complementarias desborda los límites de una interpretación jurídica constitucionalmente justificable.

“Admitir lo contrario, supone vulnerar el principio de legalidad y el principio de reserva de ley, así como afectar la seguridad jurídica y la predictibilidad del proceso electoral”, concluyó el JNE.

La decisión, formalizada el 24 de abril a través de la Resolución PAS-000014-2026-JN/ONPE, se originó tras la detección de irregularidades en la rendición de cuentas de la campaña del partido durante las Elecciones Generales 2021.

En detalle

Según el documento, firmado por el actual jefe de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, “se encuentra evidenciada la existencia de culpa en la comisión de la conducta infractora, acreditada con la mera inobservancia o desatención de la norma, que contiene una obligación atribuible a la organización política”.

Previamente, en febrero de este año durante la gestión de Piero Corvetto, el ente electoral emitió la sanción al identificar que JP no presentó correctamente los documentos de los aportes recibidos en efectivo y en especie, tal como exige la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

Durante la verificación, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) detectó que varios recibos no tenían la firma del aportante, sino que fueron firmados dos veces por el tesorero.

Inicialmente se observaron 191, pero se determinó que 86 cumplían con los elementos para configurar infracción.

Ante la sanción, la organización política solicitó la nulidad y el archivo alegando la prescripción de la potestad sancionadora, la inexistencia de infracción y que los hechos eran “sin confirmar”.

Sin embargo, Pachas Serrano rechazó la apelación y concluyó que se trató de una infracción de naturaleza “continuada”. La candidata presidencial fue Verónika Mendoza.

Cabe señalar que tras la decisión de la ONPE, de acuerdo con el artículo 36-A de la LOP, JP puede presentar un recurso de apelación ante el JNE en un plazo de 15 días hábiles.

También indicó que la medida responde a la falta de aprobación inicial de recursos para estos beneficios.

Durante una actividad por el 138.° aniversario de la Cámara de Comercio de Lima, el mandatario afirmó que la educación de calidad es clave para el desarrollo nacional. Añadió que el país necesita fortalecer la formación técnica y respaldar a estudiantes con alto rendimiento académico.

Balcázar también propuso modificar algunas condiciones de las becas otorgadas para estudios en el extranjero.

“No es lo mismo dar una beca a un estudiante que vaya a estudiar a Argentina o Bolivia que mandarle a estudiar a Harvard o Cambridge”, afirmó. En paralelo, la Comisión de Educación del Congreso advirtió que el actual desfinanciamiento pone en riesgo la continuidad de estudios de cerca de 20,000 alumnos becarios durante 2026.

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La decisión fue formalizada mediante un escrito remitido al Poder Judicial, según un documento difundido por RPP.

El abogado señaló que su salida responde a motivos estrictamente personales. La renuncia ocurre en medio de las investigaciones que sigue el Ministerio Público por presuntas irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril.

Corvetto también afronta pedidos restrictivos impulsados por la Fiscalía, entre ellos una solicitud de impedimento de salida del país.

El escrito fue enviado al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

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También precisó que la decisión dependerá de la estrategia que establezcan los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas.

Reyes indicó que la actual gestión no contempla privatizar la petrolera estatal. Explicó que la prioridad es impulsar una reorganización interna que permita mejorar la eficiencia y eficacia de sus procesos administrativos y operativos.

Por su parte, el presidente de Petroperú, Roger Arévalo, advirtió que existe riesgo de desabastecimiento de combustible si no se adoptan medidas urgentes. Señaló que la situación de las refinerías de Talara y Conchán podría ocasionar una paralización desde inicios de mayo.

Arévalo sostuvo que se requiere financiamiento superior a los US$ 2,000 millones para cubrir capital de trabajo y garantizar el abastecimiento nacional.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, indicó que el Ejecutivo está evaluando el desembolso US$ 2000 millones a Petroperú: "No vamos a privatizar, pero sí vamos a buscar que se efectúe una organización que permite generar eficiencia" ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/FHZjHoLT1V

— Canal N (@canalN_) April 28, 2026

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También indicó que, si no se modifica esa postura, presentará acciones constitucionales ante el Tribunal Constitucional para defender el derecho al voto ciudadano.

La autoridad municipal sostuvo que la medida adoptada por el organismo electoral afecta principios como transparencia, legalidad y seguridad jurídica. Añadió que impedir que la población elija libremente a sus autoridades representa una seria afectación al sistema democrático.

Reggiardo también cuestionó el desarrollo de los recientes comicios en Lima Metropolitana y en el extranjero. Entre las incidencias mencionó retrasos en la instalación de mesas de sufragio, ausencia de material electoral en distintos puntos y locales de votación que no llegaron a abrir.

Además, denunció la presunta desaparición de actas electorales y señaló que estos hechos justifican una nueva convocatoria electoral.

#Voto2026 Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, pide que el JNE reconsidere decisión y disponga elecciones complementarias en el breve plazo. Agregó que, ante una negativa, presentaría acciones constitucionales ante el TC ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/XMLrkCXt3P

— Canal N (@canalN_) April 28, 2026

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El postulante presidencial de Juntos por el Perú señaló que el exmilitar no integra su agrupación y que no existe una coincidencia total entre ambos sectores.

La precisión fue realizada luego de diversas apariciones públicas compartidas en mítines y conferencias de prensa en los últimos meses.

Sánchez sostuvo que la presencia de Humala responde solo a coincidencias en algunos temas de la agenda nacional y no a un vínculo orgánico con el partido.

El candidato indicó que su organización recibe a personas no afiliadas en esta etapa electoral, pero remarcó que ello no implica una comunión absoluta de ideas ni de propuestas.

Sobre los puntos de encuentro, reconoció coincidencias en torno a una Asamblea Constituyente, aunque marcó distancia de otras propuestas. En ese sentido, descartó la pena de muerte.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural-PAS N.° 000007-2026-JN/ONPE, emitida el 20 de febrero de 2026.

El procedimiento se inició tras la revisión de la segunda entrega de información financiera presentada por la organización política el 1 de septiembre de 2021. Durante una visita de control realizada el 10 de noviembre de ese año, auditores detectaron recibos de aportes en efectivo y en especie sin firma del aportante ni dirección consignada.

Luego de la evaluación técnica, la ONPE concluyó que la falta comprendía 86 aportes individuales de S/ 1,000 cada uno, sumando S/ 86,000.

Según la entidad, esos recursos no fueron validados conforme al artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas, que exige la firma del donante para transparentar el origen del dinero.

El organismo también rechazó el pedido de prescripción presentado por el personero legal Carlos Adeval Zafra Flores, al señalar que el plazo legal de cuatro años seguía vigente cuando se notificó el inicio del proceso en marzo de 2025.

#Voto2026 | ONPE sanciona a Juntos por el Perú, partido del candidato presidencial Roberto Sánchez, con 88 mil soles por no justificar aportes

Mantente informado en la web ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/FTB1IwT2ql

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El monto corresponde al 3 % de una UIT y será entregado según la modalidad elegida previamente por cada beneficiario.

Quienes fueron sorteados y ejercieron la función, seleccionando depósito en cuenta o billetera digital, ya pueden disponer del dinero desde hoy.

En caso de presentarse rechazos por parte de las entidades financieras, el cobro podrá realizarse de manera presencial en el Banco de la Nación.

La ONPE también informó que quienes eligieron pago presencial, así como los ciudadanos de la cola que asumieron el cargo ese día, podrán retirar la compensación en el Banco de la Nación desde el 29 de abril hasta el 31 de diciembre del presente año.

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La ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza, fue citada a la Comisión de Educación del Congreso de la República para responder por la suspensión de la Beca Generación del Bicentenario y detallar las alternativas frente al desfinanciamiento del programa para el período 2026.

Sin embargo, la titular del Ministerio de Educación (Minedu) no acudió a la sesión programada la mañana de este martes, lo que generó cuestionamientos por parte de los parlamentarios.

El grupo de trabajo es presidido por el congresista Segundo Montalvo, quien convocó a la ministra para que explique la situación que afecta a jóvenes beneficiarios del programa.

Minedu alegó falta de tiempo para reprogramar agenda

A través de un oficio emitido por la Secretaría General del Minedu, se informó que la ausencia se debió a la poca anticipación con la que se realizó la invitación.

Según el documento, la citación fue recibida el viernes 24 a las 11:17 p. m., lo que impidió reorganizar las actividades previamente programadas por la titular del sector.

En el comunicado, el ministerio ofreció disculpas y señaló que se remitirá un informe técnico a la comisión para responder los temas relacionados con la convocatoria.

Congresistas cuestionan ausencia y exigen rendición de cuentas

La congresista Kelly Portalatino, integrante de la bancada de Perú Libre, expresó su extrañeza por la inasistencia y solicitó al presidente del Congreso, José María Balcázar, que disponga el cumplimiento de las citaciones por parte de los ministros.

“Nosotros estamos cumpliendo nuestras funciones (...) ellos tienen que rendir cuentas al Estado porque la Beca Generación Bicentenario no tiene financiamiento”, sostuvo la legisladora.

Portalatino también pidió que exista mayor liderazgo en el Ejecutivo para garantizar la rendición de cuentas ante el Parlamento.

“Tiene que haber ese liderazgo para poder ejercer hasta el último día sus funciones de forma cabal y rendir cuentas al Estado porque la población así lo exige”, agregó.

#EnVivo

Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre, tras ausencia de ministros en comisiones: Ellos tienen que rendir cuentas al Estado. Exhortamos al presidente José María Balcázar para que ponga orden. Lamentablemente parece que cada uno es una isla

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— Canal N (@canalN_) April 28, 2026

Suspensión del programa genera preocupación en estudiantes

La suspensión de la Beca Generación del Bicentenario ha generado preocupación entre los jóvenes beneficiarios debido al desfinanciamiento del Programa Integral de Becas previsto para el año 2026.

El Congreso busca conocer las medidas que adoptará el sector Educación para evitar que los estudiantes afectados pierdan oportunidades de formación académica.

Se espera que el informe técnico anunciado por el ministerio detalle las posibles alternativas de solución.

El dirigente señaló que los pedidos se sustentan en reportes técnicos y observaciones sobre el comportamiento de varias mesas. Según indicó, estos elementos deben ser evaluados por las autoridades electorales para esclarecer el proceso.

#EnVivo

Rafael López Aliaga: Hemos pedido hace varios días al Jurado Nacional de Elecciones que declare la nulidad del hallazgo investigativo número 1

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— Canal N (@canalN_) April 28, 2026

Observaciones sobre el proceso electoral

López Aliaga mencionó la existencia de diferencias en el comportamiento de votos entre mesas de sufragio. Al respecto, indicó que estos casos forman parte de un análisis que su agrupación viene realizando.

El político explicó que han recopilado información para sustentar sus observaciones ante los entes electorales. Añadió que los hallazgos requieren una revisión detallada.

En su intervención, sostuvo que el tema debe ser atendido por las autoridades correspondientes. Afirmó que se trata de información que debe ser verificada.

“Este patrón ya existe y se ha identificado en el análisis de las mesas”, indicó ante la prensa.

Pedido de nulidad y críticas al JNE

El candidato presidencial afirmó que solicitaron la nulidad del hallazgo investigativo número 1. López Aliaga señaló que el pedido se basa en un informe técnico de una empresa especializada.

También criticó la falta de respuesta del Jurado Nacional de Elecciones ante sus solicitudes. Indicó que no han recibido atención a los pedidos presentados.

“Si hubiera voluntad del Jurado Nacional de Elecciones, del Señor Burneo de velar por la transparencia del proceso. Pero vemos que aquí no hay ninguna voluntad de responder a nada, es como hablar con una pared”, expresó.

Anuncia nuevas medidas

López Aliaga informó que seguirán presentando documentación sobre los hallazgos detectados y continuarán ingresando desde hoy algunos documentos con supuestos hallazgos adicionales.

Por otro lado, no descartó acudir a instancias nacionales e internacionales para sustentar sus denuncias. Indicó que consideran necesario ampliar la revisión del caso.

El dirigente además anunció que evalúan realizar una protesta pacífica en los próximos días. La fecha será difundida por redes sociales como parte de las medidas adoptadas por el partido ante la incertidumbre por el proceso electoral.

El pedido se enmarca en la necesidad de contar con recursos que permitan sostener la operatividad de la compañía en el corto plazo. Según lo señalado por la entidad, la medida busca evitar posibles interrupciones en la cadena de suministro energético.

#EnVivo

Roger Arévalo, presidente de Petroperú: El pedido puntual es que se apoye con créditos de capital privado. Ya lo sabe el Ejecutivo, que es más de 2.000 millones de dólares. El público sabe que el gobierno es responsable y lo va a hacer

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— Canal N (@canalN_) April 28, 2026

Motivos de la solicitud

El titular de Petroperú explicó que el financiamiento requerido provendría de créditos de capital privado. Según precisó, no se trata de un desembolso directo del Tesoro Público, sino de mecanismos financieros externos.

“No lo paga el Estado, lo paga la misma operación de Petroperú que es rentable por sí misma”, aseguró.

En ese sentido, indicó que la operación sería cubierta por la propia dinámica de la empresa. Señaló que la sostenibilidad del pago estaría vinculada al funcionamiento de Petroperú en el tiempo.

Arévalo comentó que el Ejecutivo ya tiene conocimiento del requerimiento financiero planteado por la empresa estatal. Añadió que se espera una evaluación para la posible emisión de un decreto de urgencia que permita acceder a los recursos.

El presidente de Petroperú expresó confianza en que la solicitud sea atendida por las autoridades correspondientes. Indicó que el objetivo es asegurar la disponibilidad de fondos necesarios para mantener las operaciones.

“El pedido puntual es que se apoye con créditos de capital privado. Ya lo sabe el Ejecutivo, que es más de 2.000 millones de dólares. El público sabe que el gobierno es responsable y lo va a hacer”, indicó.

¿Cuál es la situación de Petroperú?

La solicitud de financiamiento se presenta en un escenario de tensiones en el mercado internacional de hidrocarburos. Este contexto ha generado preocupación por posibles impactos en el suministro de crudo a nivel global.

La empresa estatal enfrenta además una situación financiera compleja asociada a altos niveles de endeudamiento. Este panorama está vinculado a inversiones realizadas en proyectos de infraestructura energética.

Uno de los factores mencionados en el análisis de la situación es la construcción de la Nueva Refinería de Talara. El proyecto implicó un incremento significativo en los costos de inversión financiados principalmente mediante préstamos.

En los últimos años, Petroperú ha registrado una reducción en su participación dentro del mercado de combustibles. Este descenso ha sido atribuido a cambios en la dinámica del sector energético nacional.

La empresa sostiene que estos factores forman parte del contexto que explica la necesidad de financiamiento actual. El pedido busca asegurar la estabilidad operativa mientras se evalúan medidas de sostenibilidad a largo plazo.

En declaraciones a Canal N, Aráoz explicó que, frente a situaciones de riesgo percibido, los agentes económicos tienden a buscar mecanismos de protección. En ese sentido, señaló que la demanda de divisas y activos considerados seguros suele incrementarse cuando existe incertidumbre sobre el rumbo político.

”Ante la incertidumbre la respuesta es la gente va a buscar espacio de refugio, o sea, el dólar, el oro o cualquier cosa que le dé seguridad. Inclusive la sacada de recursos del país, algunos están hablando de eso”, indicó.

La exvicepresidenta señaló que todavía falta tiempo para las elecciones y que el escenario político podría variar en las próximas semanas. Por ello, recomendó prudencia en la toma de decisiones económicas ante la volatilidad del contexto.

Relación entre política y economía

La economista explicó que la economía y la política no funcionan de manera separada, ya que las decisiones políticas impactan directamente en el desempeño económico. Según indicó, la inestabilidad institucional ha tenido efectos en el crecimiento del país.

En esa línea, detalló que los cambios constantes en la administración pública han generado dificultades en la prestación de servicios básicos. La expresidenta interina detalló que sectores como salud y saneamiento han mostrado limitaciones en su funcionamiento debido a la rotación de autoridades.

“Todo ese deterioro que hemos tenido político, lo que ha generado es menor crecimiento económico, lo hemos conversado ahora, ha generado que, por ejemplo, eh no se den los servicios adecuados a la población, porque la gente quisiera tener agua y saneamiento, pero cambia ministros de vivienda y saneamiento mensualmente o quisieran tener el servicio de salud adecuado”, indicó.

Asimismo, añadió que este tipo de escenarios también afecta la confianza en la gestión estatal. A su critero, la percepción de debilidad institucional influye en la toma de decisiones de inversión y consumo.

Finalmente, la exministra de Economía advirtió que en periodos electorales suelen surgir propuestas que pueden generar incertidumbre en el mercado. Señaló que algunas declaraciones políticas podrían tener impacto en la confianza económica si no se manejan con claridad.

Objetivos principales

Este nuevo dictamen busca que los policías usen cámaras corporales de manera obligatoria durante sus labores en la calle o en casos que puedan generar dudas, grabando todo desde el inicio hasta el final para tener pruebas confiables. La implementación será gradual, empezando por zonas con más delincuencia, y el Ministerio del Interior se encargará de capacitar a los agentes y mantener los equipos. Así se protege a la gente de posibles abusos y a los policías de quejas falsas, con las grabaciones guardadas de forma segura solo para autoridades cuando sea necesario.

Justificación

El argumento principal para la implementación de esta medida es la desconfianza en la institución policial. Según indica el documento, solo el 22% de los peruanos confía en la PNP tomando de referencia un estudio del INEI en 2023. En esa línea, apenas el 40% aprueba la labor de la institución contra la delincuencia según otra encuesta de CPI en 2024. Esto se agrava por denuncias constantes de abuso de autoridad, corrupción y falta de pruebas en casos judiciales.

Asimismo, se tomaron en cuenta experiencias en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, donde las cámaras han reducido hasta un 60% las quejas contra policías y el uso excesivo de fuerza. En EE.UU., tras incidentes como Ferguson en 2014, bajaron confrontaciones y mejoraron pruebas judiciales; el Reino Unido las usa desde 2007 para evidencia imparcial; y Alemania las regula por estados, priorizando privacidad. Estos casos respaldan su rol en fortalecer derechos humanos y rendición de cuentas, alineando a la PNP con estándares globales.

El dictamen, aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional pasará al Pleno del Congreso para su debate y eventual aprobación final. Si se aprueba, el Ministerio del Interior reglamentará protocolos en 90 días, priorizando zonas con alto índice de delincuencia.