La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 000111-2026-JN/ONPE, publicada en el diario El Peruano. El documento establece que la campaña de difusión se desarrollará entre el 14 de setiembre y el 4 de octubre, aunque este plazo podrá modificarse si las necesidades del proceso electoral así lo requieren.

La campaña buscará promover la participación de los electores y miembros de mesa, fomentar un voto informado y responsable, así como fortalecer el respeto por los resultados oficiales y difundir las principales etapas del proceso electoral.

La ONPE encargó a la Gerencia de Información y Educación Electoral la coordinación y supervisión del plan de medios, con el fin de garantizar que los contenidos informativos cumplan con los principios de neutralidad, transparencia y educación ciudadana.

En paralelo, continúa el desarrollo del cronograma electoral. Los Jurados Electorales Especiales (JEE) revisan actualmente las solicitudes de inscripción de candidaturas presentadas hasta el 19 de junio para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.

Según el calendario electoral, las candidaturas admitidas podrán ser objeto de tachas hasta el 5 de agosto. Las impugnaciones y eventuales exclusiones deberán resolverse en primera instancia hasta el 20 de agosto, mientras que las apelaciones tendrán como fecha límite de resolución el 4 de septiembre, antes de las elecciones del 4 de octubre.

La continuidad de Julio Velarde al frente de la institución ha vuelto a poner el foco en ese esquema y en la posibilidad de que algunas de sus prácticas sirvan de referencia para fortalecer la gestión de otras entidades del Estado. ¿Es posible imitarlo? ¿Puede ser un ejemplo para otros estamentos públicos?

El debate cobra relevancia en un contexto en el que diversas instituciones públicas han sido cuestionadas por presuntas contrataciones irregulares y designaciones alejadas de criterios meritocráticos.

Malas praxis

¿Por qué el Estado es tan proclive al tarjetazo en las entidades públicas y por qué algo así no sucede en el BCR? Por ejemplo, sería difícil que en el ente emisor se produzca un caso como el que envolvió al expremier Alberto Otárola, quien afronta una denuncia constitucional.

Otárola es sindicado de contratar a Yaziré Pinedo en el Ministerio de Defensa. En este caso se cuestionó que las órdenes de servicio habrían respondido a un presunto favorecimiento personal y no a un proceso de selección basado en criterios técnicos.

Ejemplos abundan. No mucho tiempo tiene la investigación contra Nicanor Boluarte por el caso “Los Waykis en la Sombra”, presunta organización criminal que buscó copar cargos de prefectos, subprefectos y puestos en entidades del Ejecutivo.

Más recientemente, reportajes periodísticos revelaron que varias mujeres que visitaron el despacho del entonces presidente interino, José Jerí, obtuvieron posteriormente puestos en distintas entidades públicas

Meritocracia

Como organismo constitucionalmente autónomo, el BCR ha construido durante décadas un modelo de gestión sustentado en una estructura técnica y en políticas de desarrollo profesional. Uno de sus principales pilares es la formación de nuevos profesionales.

Desde 1961, la institución organiza el Curso de Verano de Economía, un programa dirigido a estudiantes universitarios que busca difundir conocimientos especializados en teoría económica y análisis macroeconómico.

Sin embargo, el proceso para incorporarse al banco comienza incluso antes. Según explicó a Correo el gerente general del BCR, Paul Castillo, los futuros profesionales son identificados a través de los cursos de Economía Avanzada y Finanzas Avanzadas, dirigidos a estudiantes de Economía, Finanzas, Ingenierías y carreras afines que cursan desde el octavo ciclo o tienen hasta tres años de egresados.

Cada año, ambas convocatorias reciben más de 800 postulaciones provenientes de universidades públicas y privadas de distintas regiones del país. Tras un proceso de selección que comprende un examen, una entrevista y la elaboración de un ensayo, solo 35 participantes son admitidos en cada Curso de Verano.

Los alumnos con mejor desempeño acceden posteriormente al tradicional curso, considerado por la institución como una etapa de especialización intensiva.

“Al final se elabora un ranking e invitamos a los seis o siete primeros a formar parte del Banco”, explicó Castillo.

La incorporación de esos jóvenes representa apenas el primer paso de un proceso más amplio.

“El primer peldaño es tratar de convocar a los mejores. Hemos tenido la suerte de contar con los mejores alumnos de las facultades de Economía y Finanzas de distintas universidades. Con ese punto de partida, lo que sigue es mantenerlos motivados”, afirmó.

La institución señala que el objetivo de estos programas no es únicamente cubrir sus propias necesidades de personal, sino también contribuir a la formación de economistas especializados que posteriormente se desempeñan en otras entidades públicas, el sector privado y la academia.

En el libro “50 años del Curso de Verano”, el BCR destaca que numerosos exalumnos han ocupado cargos de responsabilidad dentro del propio banco, ministerios, organismos públicos y universidades, mientras que otros han continuado estudios de posgrado y desarrollado carreras académicas tanto en el Perú como en el extranjero.

“Uno de los objetivos que tienen los cursos de verano es difundir conocimiento especializado en economía, en particular en macroeconomía y, más recientemente, en los temas de finanzas en los que el banco va concentrando su trabajo”, señaló.

Formación

La estrategia, sin embargo, no termina con la incorporación de nuevos profesionales. El desarrollo de los cuadros técnicos constituye uno de los ejes del modelo de gestión del BCR y busca que el conocimiento especializado permanezca dentro de la institución.

El banco explica que, dos años después de su ingreso, los profesionales pueden acceder al apoyo institucional para realizar estudios de maestría e incluso doctorados en universidades del extranjero. Una vez concluidos, muchos regresan para enseñar en el propio Curso de Verano, “contribuyendo a difundir los nuevos conocimientos adquiridos” a nuevas generaciones.

Este mecanismo “propicia un círculo virtuoso”, ya que buena parte de esos profesionales también transmite los conocimientos adquiridos desde la docencia universitaria y otras instituciones.

Castillo precisó que, en la práctica, los trabajadores permanecen entre dos y tres años desempeñándose en distintas áreas antes de postular a concursos internos para financiar estudios de posgrado.

“A partir del tercer año tienen la posibilidad de participar en los concursos internos para el financiamiento de posgrados, maestrías y doctorados en el exterior. Dependiendo del programa, pueden permanecer entre dos y cinco años fuera y luego retornan al banco con la expectativa de ir asumiendo gradualmente mayores responsabilidades”, explicó.

Ese proceso está respaldado por la estructura organizativa del banco. El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) asigna al Departamento de Desarrollo de Personal la responsabilidad de diseñar un sistema que comprende la evaluación del desempeño, la identificación del potencial de los trabajadores, la planificación de la línea de carrera y los planes de sucesión para puestos estratégicos.

La importancia de contar con equipos técnicos estables también se refleja en la capacidad del BCR para responder ante escenarios de alta incertidumbre. Castillo señaló que, frente a eventos extraordinarios como el Fenómeno El Niño, resulta clave que la institución cuente con profesionales preparados.

“También es importante ante escenarios complejos, como el Fenómeno El Niño, por ejemplo, que es algo que no ocurre todos los años, pero contar con un equipo estable es bastante importante (...). Siempre tienes que estar preparado para el peor escenario, pero esperando que ocurra el mejor escenario”, afirmó.

El gerente recordó, además, que otras entidades públicas han comenzado a desarrollar programas similares para captar talento, entre ellas la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y algunos organismos reguladores.

No obstante, sostuvo que el principal activo del modelo del BCR ha sido construir, durante décadas, una cultura institucional basada en el mérito, la competencia y el aprendizaje continuo.

La continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central se produce precisamente en un contexto en el que ese modelo vuelve a cobrar protagonismo.

“Todos estamos muy contentos con la continuidad de Julio. Ha sido muy positivo que se le haya invitado a continuar y haya aceptado. El accionar del banco, ciertamente, sigue, y la continuidad nos ayuda en ese sentido”, concluyó.

Historial

Fue en el 2023 cuando Robles, “respaldado por la organización Red Nacional de Derechos Humanos”, quien pidió al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (GTDA) una opinión sobre el caso de Castillo. Así lo confirmó el expresidente vía X.

La opinión tardó en llegar, pero resultó favorable al exmandatario. La solicitud, sin embargo, tuvo un origen escandaloso por los antecedentes de su gestor. Robles Rivera pasó más de 10 años en prisión tras ser imputado por terrorismo (1992 – 2004).

“Wilfredo Robles, el ‘camarada Aldo’, fue detenido el 23 de julio de 1992 junto a Jacinto Illanes Bautista y Amador Oré Durán. Ellos formaban una célula terrorista que hizo explosiones, el 22 y 23 de julio (…) son capturados en flagrante delito y se les encuentra dos cargas de dinamita y documentación relacionada a Sendero Luminoso (SL)”, detalló el entonces jefe de la Dircote, Óscar Arriola a Exitosa.

El propio abogado confirmó a la misma emisora que estuvo recluido, antes de perder los papeles y abandonar intempestivamente la entrevista, pero aseguró que fue absuelto tanto en primera como en segunda instancia.

Al respecto, Arriola indicó que “ese es un tema que la historia se encargará de reflejarla a quienes tienen la obligación de impartir justicia”.

Tras su salida, ya en el 2011, apoyó la inscripción del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de SL, ante la ONPE. Robles confirmó su firma en los planillones, pero negó recordar haberlo hecho. Años más tarde, patrocinaría a procesados por terrorismo en el Caso “Perseo”, “proceso contra miembros de Sendero Luminoso-Movadef”, según la PNP.

A través de un comunicado, la Cancillería explicó que este Grupo de Trabajo es un mecanismo especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, integrado por expertos independientes que analizan casos individuales y formulan opiniones y recomendaciones dirigidas a los Estados.

El sector indicó que, conforme al derecho internacional público, las opiniones emitidas por este organismo corresponden a un mecanismo de supervisión no jurisdiccional, cuyo objetivo es promover el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos.

En ese sentido, remarcó que estos pronunciamientos no constituyen sentencias internacionales ni decisiones jurisdiccionales de cumplimiento obligatorio, por lo que no generan efectos jurídicos directos dentro del ordenamiento peruano.

Finalmente, la Cancillería sostuvo que la opinión del Grupo de Trabajo no modifica las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales competentes, las cuales mantienen plena vigencia conforme al marco legal peruano.

📄Comunicado de Prensa 030-26: Respecto a la opinión emitida por el Grupo de Trabajo de la ONU.

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— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 11, 2026

El legislador explicó que la prioridad de su partido es construir consensos antes de la instalación del nuevo Congreso. Según indicó, el objetivo es conformar una conducción parlamentaria respaldada por distintas bancadas y no centrarse en quién ocupará la presidencia.

Confirma diálogo con otras bancadas

Delgado informó que Ahora Nación mantiene conversaciones con Obras, Juntos por el Perú y Renovación Popular para conformar listas de consenso. Asimismo, señaló que también esperan dialogar con Buen Gobierno con el fin de ampliar los acuerdos y que la definición de las mesas directivas será el primer paso que deberá dar el nuevo Parlamento.

“El primer reto que tenemos en el Parlamento, tanto en diputados como en senadores, es definir la composición de la Mesa Directiva, y es importante la Mesa Directiva porque, finalmente, es la que conduce los debates y muchas veces define las prioridades, qué entra, qué se discute y qué no se discute”, indicó.

No condicionan la presidencia de las cámaras

El senador electo sostuvo que Ahora Nación no exige presidir ninguna de las dos mesas directivas para formar parte de un acuerdo político. Incluso, indicó que su bancada puede integrar esos espacios aunque otra agrupación asuma la conducción.

“Yo creo que el primer acuerdo es establecer un consenso en llevar las mesas directivas. En segundo lugar, quién la preside ya es una cosa secundaria. Por nuestra parte, no tenemos ningún condicionamiento a presidirla. Yo creo que eso ya será en función también del número de parlamentarios que corresponde a cada bancada. Pero, por nuestra parte, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que Renovación Popular u otro grupo puedan presidir las mesas y nosotros formar parte de la mesa o no, también”, precisó.

Delgado consideró que las mesas directivas deberían estar integradas por agrupaciones diferentes a la que ejercerá el Poder Ejecutivo. A su juicio, esa distribución permitiría mantener un equilibrio entre ambos poderes del Estado.

“Estamos conversando con Obras, con Juntos por el Perú y también con gente de Renovación Popular y procuramos hacer lo mismo con la bancada de Buen Gobierno porque creo que lo estratégico, lo inteligente y lo saludable para la división de poderes y el equilibrio de poderes es que la Mesa Directiva, tanto de diputados como de senadores, esté a cargo de todas las agrupaciones distintas a la de gobierno”, explicó.

Finalmente, Jaime Delgado explicó que las diferencias ideológicas entre las bancadas no deberían impedir la construcción de acuerdos en el Parlamento. En ese sentido, sostuvo que la prioridad debe ser impulsar una agenda legislativa común para atender los principales problemas del país y que una Mesa Directiva integrada por fuerzas distintas al gobierno contribuiría a mantener el equilibrio de poderes sin obstaculizar las iniciativas del Ejecutivo.

Cabe mencionar que este caso está relacionado con su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque entre 2019 y 2020.

Según un documento judicial difundido por RPP, la resolución declara “INFUNDADA el pedido de prescripción de acción civil” presentado por la defensa del mandatario. Asimismo, la Fiscalía sostuvo que el plazo para continuar con el proceso permanece vigente y que corresponde al Ministerio Público ejercer la acción civil en representación del Estado.

Pese a rechazar el recurso de la defensa, el juzgado sí aceptó suspender el inicio del juicio oral mientras Balcázar continúe ejerciendo la Presidencia de la República, al considerar su condición de jefe de Estado.

La resolución también dispone que la instalación del juicio oral continúe el 21 de agosto y que la audiencia programada para el 28 de agosto se mantenga. En este proceso, la Segunda Fiscalía Penal de Chiclayo solicita que el presidente pague una reparación civil de 348 mil soles por el presunto delito que se le atribuye.

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La presencia de Milei en Lima ocurrirá luego de que el Jurado Nacional de Elecciones proclamara a Keiko Fujimori como presidenta electa tras culminar el conteo oficial de la segunda vuelta electoral. El mandatario argentino fue uno de los primeros jefes de Estado en saludar su elección y expresar su disposición para fortalecer los vínculos entre ambos países.

Durante una entrevista con el medio argentino Now 97.9, Milei informó que viajará a la capital peruana para asistir al inicio del nuevo gobierno. El jefe de Estado argentino también detalló parte de su agenda internacional, que contempla otras actividades en la región.

El mandatario explicó que, después de su visita a Perú, tiene previsto acudir a Colombia para la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto. Además, indicó que durante ese recorrido visitará al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para tratar un acuerdo pendiente.

“El 28 de julio voy a estar en Perú, en la asunción de Keiko Fujimori”, indicó.

LO QUE SIGUE EN LA AGENDA PRESIDENCIAL- @JMilei

25 de Julio viajará a Brasil por la candidatura a presidente de Flavio Bolsonaro - "Voy a hacer un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro"

26 de Julio en La Rural para la inauguración de la Exposición Rural 2026.

28 de… pic.twitter.com/ifqXhDQTEP

— NOW 97.9 FM (@979Now) July 10, 2026

Argentina y Perú buscan fortalecer relación bilateral

Tras conocerse los resultados electorales en Perú, Milei felicitó a Fujimori a través de sus redes sociales y destacó la relación entre ambos países. En su mensaje señaló que Argentina y Perú podrían iniciar una nueva etapa de cooperación basada en objetivos comunes.

El presidente argentino también manifestó su intención de impulsar una agenda conjunta con el próximo gobierno peruano. Entre los temas mencionados estuvieron la libertad económica, el crecimiento y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

“El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad”, expresó.

Cabe mencionar que esta sesión pública fue programada para las 3:00 p. m. y el personero legal del partido ya fue notificado.

El recurso llegó al JNE luego de que el 4 de julio el Jurado Electoral Especial de Lima Centro admitiera la apelación presentada por Renovación Popular contra la resolución del 30 de junio que declaró improcedente la inscripción de las candidaturas de Rafael López Aliaga, Guillermo Valdivieso y Mario Luna para las elecciones municipales de Lima Metropolitana. Con ello, el expediente fue elevado para una decisión definitiva.

En la apelación, el personero legal Fernando Sandoval sostiene que la resolución del JEE vulneró el “derecho fundamental y constitucional de ser elegido” de los candidatos, “tomando como base argumentos que contravienen la Constitución y la Ley”.

También se argumenta que el impedimento para postular en elecciones municipales alcanza a los congresistas en funciones y no a quienes aún no han juramentado el cargo. En ese sentido, afirmó: “De modo que al no asumir el mandato o no haber juramentado el cargo, el elegido no se encuentra inmerso en el impedimento de ley”.

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Sin embargo, el evento desarrollado en 2023 y 2024 fue uno de los de mayor impacto de la historia del país por la intensidad de las lluvias, la magnitud de los daños y sus efectos sobre la economía.

Precipitaciones

En abril de 2024, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el Niño Costero 2023-2024 fue el más intenso registrado en la costa occidental de Sudamérica en los últimos 20 años.

“En Perú, el fenómeno de El Niño se caracterizó por ser muy cálido (...) con intensas lluvias en la vertiente occidental de la cordillera, principalmente en la costa norte y central”, reza su reporte.

Asimismo, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Carlos Yáñez Lazo, informó que las lluvias extraordinarias de 2023 dejaron 839,760 personas con necesidades humanitarias de acuerdo con las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Incluso, según el compendio estadístico del Indeci de 2024, en los primeros 6 meses de ese año se reportaron 2,550 emergencias por lluvias intensas; las que afectaron a más de 248,763 peruanos con un saldo de 27,133 damnificados; 1,979 lesionados, 18 fallecidos y 3 desaparecidos a nivel nacional. Las regiones más golpeadas fueron Huancavelica, Cusco y Ayacucho.

Infraestructura

En el mismo reporte, el Indeci también da cuenta de que el ciclón Yaku, que potenció el FEN, reportó un total de 43,037 viviendas destruidas; 223,945 viviendas afectadas; 48,732 hectáreas de cultivo perdidos; 57,968 hectáreas de cultivo afectado; 397 puentes destruidos y 656 puentes afectados en 2023.

Incluso, en una advertencia de mayo de dicho año, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) reportó que el FEN puso en riesgo muy alto por movimientos en masa y/o inundaciones a 17,573 centros poblados a nivel nacional.

Las regiones con mayor cantidad de población expuesta a este grado de riesgo fueron Piura (207,766), Áncash (225,780), Huánuco (164,972), Cajamarca (117,929) y La Libertad (104,564).

A esto se suma el aumento de infección por dengue. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), para el 2023, el Perú presentó un histórico de casos.

“Favorecidos por diversos fenómenos naturales como el fenómeno de El Niño, convirtiendo al territorio nacional en un escenario epidémico”, advirtió en su boletín epidemiológico de la segunda semana de noviembre de 2024.

El CDC registró en 2023 a nivel nacional 256,641 casos de dengue, cobrando la vida de 444 peruanos. Los más propensos fueron los adultos mayores (241 fallecidos).

Las regiones con mayor incidencia fueron Piura (79,304); Lambayeque (31,460); Lima (30,735), La Libertad (26,502) e Ica (16,889).

Economía

El FEN fue el principal factor que frenó el crecimiento económico del Perú en 2023.

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el evento climático restó 1,1 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), por encima del impacto de los conflictos sociales (-0,8 puntos), la pérdida de confianza empresarial (-0,3), la menor demanda de exportaciones no tradicionales (-0,2), las sequías (-0,1), la gripe aviar (-0,1) y la menor inversión de los gobiernos subnacionales (-0,1).

La entidad también reportó que el sector agropecuario se contrajo 2,0%, la mayor caída en más de tres décadas, tras los daños ocasionados por las anomalías térmicas sobre cultivos como arroz, limón, papa, algodón y palta

Asimismo, se registró la contracción de 21,2% en la pesca debido a la suspensión de la captura de anchoveta en la zona centro-norte.

Análisis

Al respecto, el exministro de Agricultura Juan Manuel Benites explicó a Correo que el impacto del FEN no solo pasa por ser un evento climático, sino por el nivel de preparación del Estado.

“Hay toda una premura, emergencias y todos empiezan a trabajar. Pero, con tanta inestabilidad, ha hecho que no tengamos continuidad de autoridades y no tengamos un plan de acción que sea constante. Entonces lo que estamos viviendo es un país que no está preparado, que está haciendo los esfuerzos para tratar de ganarle el reloj”, refirió.

Benites advirtió que existe una “ejecución paupérrima” de los recursos públicos por los gobiernos regionales y municipios.

“No alcanza ni el 50% cuando estamos en una emergencia. Si bien la naturaleza no se puede controlar, sí se puede mitigar, se puede reducir los impactos. Pero toda la debacle política que hemos tenido no ha permitido tampoco poder organizar una institución que se pueda ser responsable de esto”, explicó.

Además, criticó el reciente crédito suplementario aprobado por el Ejecutivo.

“Esperábamos que se justificara por la emergencia, pero apenas hay 300 o 400 millones de soles destinados al FEN. Me preocupa que no estemos mirando esto con seriedad, que tanto el Congreso que ya se va, como el gobierno que se retira, no estén tomando las previsiones suficientes para que el nuevo gobierno tenga los recursos y tenga un plan de acción que pueda continuar”, enfatizó.

Alcance

En la sentencia, el colegiado precisó que los congresistas “no tienen iniciativa para incrementar gastos que incidan en el presupuesto anual o que impacten hacia el futuro”.

Asimismo, dispuso que los proyectos de ley que impliquen un aumento del gasto público deberán ser coordinados con el Poder Ejecutivo, en armonía con el criterio de sostenibilidad fiscal.

El fallo se conoce en medio de alertas por el impacto fiscal de leyes aprobadas por el Congreso, que según el Consejo Fiscal superarían los S/11.400 millones anuales.

De manera excepcional, el TC indicó que las iniciativas parlamentarias que generen gasto podrán tramitarse siempre que exista coordinación con el Ejecutivo, en aplicación del “deber constitucional de cooperación entre poderes” y del respeto a las competencias en materia presupuestaria.

Equilibrio

Además, el tribunal estableció que estos proyectos deberán identificar la fuente de financiamiento que garantice el equilibrio presupuestario y contar con un informe previo de sostenibilidad fiscal elaborado por el órgano competente del Poder Ejecutivo antes de ser dictaminados en las comisiones del Congreso.

También señaló que las iniciativas deberán priorizar la atención de necesidades sociales básicas y coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una ejecución progresiva del gasto que generen.

El TC añadió que estas pautas “constituyen una nueva regla respecto de los criterios jurisprudenciales previos”.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) consideró “arbitraria” la actual reclusión de Castillo, preso en Barbadillo (Ate) por conspiración para la rebelión, y sugirió su liberación.

Incluso, la integrante Miriam Estrada Castillo (Ecuador) sostuvo que la proclama de Castillo estuvo amparada en la “libertad de expresión”.

Detalles

El informe fue difundido tras siete pedidos de indulto o gracia presidencial, a favor del exmandatario, y a poco menos de un mes de culminar el gobierno de José Balcázar, encargado de la Presidencia que llegó al Congreso con el mismo partido que Castillo al poder: Perú Libre.

En el documento, se considera que “el remedio adecuado sería poner al Sr. Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”.

“(Se) pide al Gobierno del Perú que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Castillo sin dilación”, puntualiza pese a que el Perú no tiene la obligación de adoptar dichas medidas, pues la Opinión de los Grupos de Trabajo no son vinculantes para ningún Estado.

Además, se indica que los jueces que dictaron la sentencia contra Castillo, por conspiración para la rebelión, pudieron ser influidos por un “ambiente de gran presión política”.

Las consideraciones emitidas por los grupos de trabajo de la ONU y su aparente injerencia fue abordado por el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución peruana, en marzo del 2021. En una sentencia (Exp. N.° 04038-2019-PHC/TC) señaló que estas instancias “tienen origen extraconvencional”, por ello, remarcó que “el Estado peruano no se ha sometido expresamente a dicho organismo”.

Según la Unidad de Investigación de Canal N, las investigaciones corresponden a hechos que habrían ocurrido en 2025, cuando Solano se desempeñaba como director ejecutivo del Programa Contigo, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Asimismo, se cuestiona que estas indagaciones no fueron consignadas de manera detallada en su declaración jurada al asumir el cargo.

De acuerdo al informe periodístico, una de las denuncias recoge el testimonio de una trabajadora, quien afirma que el entonces funcionario le habría realizado insinuaciones de carácter sexual y comentarios vinculados a la obtención de beneficios laborales, como contratos de servicios y plazas CAS, aprovechando su posición de autoridad. Estos hechos forman parte de la investigación fiscal en curso.

El Ministerio Público inició diligencias preliminares por un plazo de 120 días y notificó a Solano el pasado 13 de mayo. Posteriormente, la Fiscalía rechazó un pedido de la defensa para anular las investigaciones. Además, una diligencia programada en Medicina Legal, que incluía la realización de una cámara Gesell, fue reprogramada para setiembre.

Las dos denuncias por presunto acoso sexual fueron presentadas por diferentes mujeres durante 2025 y también son materia de procedimientos administrativos disciplinarios en el Midis.

Ambos casos continúan en investigación, mientras el exministro enfrenta también cuestionamientos por la presunta falsificación de documentos para acceder a cargos públicos.

La decisión fue adoptada mediante la sentencia del expediente N° 00018-2023-PI/TC, que declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.° 31232, norma que modificaba las condiciones de reubicación de los habitantes de la zona baja del distrito de Belén, en la región Loreto.

El TC sostuvo que la ley vulneraba los principios de equilibrio presupuestario y las atribuciones del Poder Ejecutivo en la conducción de las finanzas públicas. En ese sentido, precisó que los congresistas no tienen iniciativa para promover normas que impliquen un impacto en el presupuesto del Estado.

Asimismo, el fallo dispone que todo proyecto de ley que excepcionalmente genere gasto público deberá contar previamente con un informe de sostenibilidad fiscal emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), además de identificar la fuente de financiamiento correspondiente.

El Tribunal Constitucional dispuso que los criterios establecidos en esta sentencia serán de aplicación obligatoria para todos los casos que se tramiten a partir de su publicación. Asimismo, exhortó al Congreso a adecuar el proceso legislativo conforme a estos lineamientos.

Belén (Loreto)

De igual forma, instó al Poder Ejecutivo a garantizar plenamente los derechos fundamentales de las personas que viven o vivían en la Zona Baja de Belén, en la región Loreto.

▶️ El Pleno del Tribunal Constitucional estableció como criterio interpretativo vinculante la preeminencia del Poder Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto y su competencia para la administración de la hacienda pública.

Más información 👉 https://t.co/6ps2jClTE7 pic.twitter.com/IHASaSVZFV

— Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) July 10, 2026

El pedido fue presentado el 9 de julio de 2026 ante el Despacho Presidencial.

El abogado Raúl Noblecilla sustentó la solicitud señalando que el estado de salud de su patrocinada se ha deteriorado mientras permanece en la sede diplomática mexicana en Lima, por lo que requiere atención médica especializada.

Asimismo, afirmó que la falta del salvoconducto limita su acceso a tratamientos y pone en riesgo su integridad.

Betssy Chávez fue condenada el 4 de diciembre de 2025 a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, en relación con los hechos ocurridos durante el intento de quiebre del orden constitucional del 7 de diciembre de 2022. Además, pesa sobre ella una orden de captura nacional e internacional.

La defensa sostiene que el salvoconducto es un mecanismo previsto en el derecho internacional para garantizar el traslado seguro de personas que han recibido asilo diplomático y considera que su otorgamiento contribuiría a restablecer las relaciones bilaterales entre Perú y México.

El procedimiento para la expedición de un salvoconducto corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros.

La decisión fue emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo mediante la Resolución N° 8, del 7 de julio de 2026.

El juzgado concluyó que la solicitud para archivar el cobro de la reparación civil carece de sustento legal y precisó que las reducciones de los plazos de prescripción por edad avanzada solo son aplicables a las sanciones penales, mas no a las obligaciones de carácter civil. En ese sentido, estableció que la acción para reclamar la reparación vencerá el 13 de junio de 2027.

El proceso está relacionado con una denuncia por presuntas irregularidades económicas durante la gestión de Balcázar como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. Según la acusación, habría permitido que fondos institucionales fueran depositados en cuentas personales. Aunque la acción penal prescribió en junio de 2025, el debate sobre la reparación civil continúa vigente.

Asimismo, el juez dispuso suspender temporalmente las audiencias del juicio oral para no afectar el ejercicio de las funciones del mandatario. La suspensión se mantendrá hasta que concluya su mandato constitucional, al considerar que las diligencias presenciales podrían interferir con las labores propias de la Presidencia de la República.

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo programó la reanudación de la instalación del juicio oral para el 21 de agosto de 2026, con una segunda audiencia prevista para el 28 del mismo mes.

La resolución también señala que la inmunidad presidencial no exime del cumplimiento de las responsabilidades civiles que se determinen en el proceso.