La lista empieza con el candidato Pedro Spadaro (Renovación Popular), exalcalde de Ventanilla (2019-2022) y el Callao (2023-2026). A este último cargo renunció en abril para aspirar al GORE Callao. En su historial sobresale una intervención de la Fiscalía, en septiembre de 2022, en el marco de una investigación por un presunto uso indebido de recursos públicos de Ventanilla para beneficiar la campaña de Spadaro a la alcaldía provincial.

En el 2024, Spadaro fue denunciado por presunto acoso sexual, chantaje y tocamientos indebidos. Los hechos habrían ocurrido en el 2014 cuando el denunciante tenía 19 años y laboraba como periodista.

“Me tocó y me quiso besar. Me decía que estaba caliente (…) Sentí mucho temor, él era un congresista (Fuerza Popular) y ya me había dicho que tenía mucho poder”, relató la víctima, según recogió Contracorriente.

De otro lado, desde agosto del 2025 se le investiga por presuntas órdenes de servicio de las comunas del Callao y Ventanilla a la empresa Glamour & Style Salon Spa, de la que fue señalado como socio. En este caso por presunta colusión, se allanó su vivienda, junto a otras 14, en abril último.

Otro es el candidato Dante Mandriotti (Acción Popular), quien suma el mayor número de cuestionamientos. En el 2018, fue acusado de pedir favores a Walter Ríos, entonces presidente de la Corte del Callao, para resolver un problema judicial que enfrentaba la empresa de su hermano. El audio fue difundido por América TV.

Mandriotti fue gobernador regional del Callao en el periodo 2019-2022. En junio y agosto de su último año de labores, la Fiscalía presentó dos solicitudes de prisión en su contra.

En la primera fue señalado por presunta organización criminal, extorsión, sicariato y otros (Caso “Los Malditos de Angamos”) con una solicitud de 15 años de prisión. Según la tesis fiscal, se “coaccionaba” a “constructoras para incorporar en sus planillas a trabajadores fantasmas (…) a cambio de no poner en riesgo la integridad de otros trabajadores”.

En el otro proceso, se pidió en su contra más cinco años y once meses de prisión por presunta colusión, por la aparente “contratación de proveedores allegados, y la sobrevaloración en la contratación de servicios no justificados, con motivo del XI GORE Ejecutivo”, en 2019.

De otro lado, afrontó un proceso por presunto tráfico de influencias vinculado al exfiscal supremo Sandro Paredes. Ambos fueron absueltos, pero en abril del 2025 se les impuso S/100,000 de reparación civil por “daño extrapatrimonial al Estado”.

Por su parte, José Sosa (PPC) fue gerente del GORE Callao durante la gestión de Mandriotti (2019-2022) y luego consejero regional (2023). Ese año se conoció que la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios lo sindicaba de una presunta negociación incompatible.

Además de reunir tres sentencias firmes por alimentos, en junio del 2011 el gobierno regional aceptó su solicitud de que se le pague una asesoría y defensa legal frente a una investigación como exfuncionario. El caso se da por presunto abuso de autoridad “vinculados a la situación jurídica del gobernador regional Ciro Castillo”.

Tanto Spadaro, Sosa y Mandriotti fueron implicados en un mismo caso. La Fiscalía investigó si parte de los S/8.5 millones que el GORE Callao destinó a la comuna de Ventanilla, transferidos para losas deportivas, fueron usados para la campaña de Spadaro a alcalde del Callao. Esto cuando Mandriotti y Sosa eran gobernador y gerente general, respectivamente, y Spadaro alcalde de Ventanilla.

Finalmente, Ismael Paredes (Somos Perú) fue denunciado por presunta tentativa de feminicidio y acoso en el 2023.

“He tenido que mudarme, inclusive, de casa. (…) Este es un reglaje marcado”, sostuvo Mariel Macedo, directora adjunta de la Dirección Regional de Salud Callao, quien tuvo como jefe a Paredes en la Diresa Callao. En su momento, el ahora aspirante a gobernador negó las imputaciones en su contra y el caso se archivó en mayo del mismo año.

“No han consultado conmigo, se han disparado”, señaló Belmont en declaraciones a RPP, al preguntársele sobre el apoyo de los parlamentarios de Obras a la iniciativa promovida por Juntos por el Perú (JP).

El líder de Obras sostuvo que la adhesión expresada en la moción corresponde a una decisión individual y no a un acuerdo partidario. Por ello, indicó que su agrupación deberá discutir el tema con sus aliados antes de fijar una postura institucional.

“Nosotros tenemos que tomar una decisión corporativa con nuestros aliados, con Ahora Nación, con Juntos por el Perú, con Buen Gobierno”, manifestó Belmont. Además, consideró necesario mantener una buena relación con el titular del Interior.

Su pronunciamiento se distancia de lo expresado el miércoles por el vocero de Obras, Víctor Piñán, quien anunció que la bancada respaldaría la censura por los cuestionamientos a la gestión de Astudillo.

Pendientes

La moción contra Astudillo fue presentada con 35 firmas: 27 de JP, cuatro de Obras y cuatro del Partido del Buen Gobierno (PBG). Sin embargo, estas adhesiones no necesariamente representan un respaldo unánime durante la votación.

En Ahora Nación, su líder, Alfonso López-Chau, ha señalado que la agrupación todavía no toma una decisión.

El viernes sostuvo que se debe “pensar en el país” y consideró que una censura procede solo ante errores estructurales y flagrantes.

En cuanto al PBG, cuatro diputados suscribieron la moción pero su líder, Jorge Nieto, aún no ha precisado si respalda la censura o si los legisladores actuaron por cuenta propia.

Cuando asume el cargo, ¿Keiko Fujimori le presenta algún plan contra la inseguridad?

Claro. Hemos desarrollado un plan con ella que incluía muchas variables. Recuerda cómo se han encontrado los ministerios, los presupuestos, los almacenes. Entonces, esas variables hay que asumirlas. Hay mucha distracción con los temas políticos, ideológicos, pero el tema es defender a la población.

¿Cuáles eran los objetivos de ese plan, al menos en el corto plazo?

En el corto plazo teníamos inicialmente el tema de la criminalidad. Primero, hay que diferenciar dos conceptos: las bandas delincuenciales y las organizaciones criminales. Una banda la constituyen 3 o más pero su alcance es menor. En cambio, las organizaciones criminales practican el sicariato y la extorsión en otro nivel. Aquí está la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas. Es algo terrible. La minería ilegal es uno de los fundamentos del crimen en el Perú. Esos enjuagues económicos y el sicariato, en su mayoría, son ajustes de cuentas. Por eso es que Áncash, La Libertad, Tumbes y ahora Lima tienen mucha incidencia en el crimen, por los espacios económicos y el control de estas mafias.

¿Con qué iniciaron la lucha contra el crimen?

Lo primero, antes que nada, era una reingeniería de la inteligencia, que estaba totalmente, inadecuadamente, distribuida. Lo que hemos hecho es juntarla nuevamente. Lo segundo con lo que hemos empezado ha sido retirar a los malos elementos. Tenemos un buen número de gente retirada de esos espacios que controlaban y, prácticamente, habían convertido a esas zonas policiales en sus feudos, aliados con criminales.

En ese sentido, ¿qué porcentaje de la Policía estaría vinculada a organizaciones criminales?

Sinceramente, no he evaluado porcentajes de ese tipo. Tampoco es que sea cantidades industriales. Jamás voy a poner la mano al fuego por un sinvergüenza que aproveche el uniforme y delinque. Pero que hemos encontrado, por supuesto. Y van a seguir su canal normal, se irían a la cárcel, ya verá la justicia lo que hace con ellos.

¿En cuánto lo estimaría, menos del 30%?

No tengo los porcentajes. Quizás un poco menos, pero sí hay, ha habido, y estamos detrás de ellos para limpiar nuestra Policía, que merece una mejor imagen.

Por ejemplo, muchos peruanos evitan denunciar extorsiones por el temor a que se filtre su denuncia a los criminales.

Eso está en la reforma policial. Estamos separando a todos los malos elementos. Hemos planteado que hay que hacer servicio militar. Ahí ya estás perfilándote. Porque sabemos que hay organizaciones criminales que meten jóvenes (en las escuelas de Policía) que después van a trabajar para ellos. Eso ya lo hemos detectado y estamos cortando varios canales de ingreso. También hemos creado una plataforma donde no sale el nombre del denunciante, tiene un código que solamente lo sabe él y un teléfono que obviamente va a estar conectado con la máxima autoridad. Va a estar codificada y eso lo vamos a masificar de tal manera que la gente tenga mucho más confianza. Ahí tenemos el canal de denuncias de la línea 1818.

¿Qué organizaciones criminales han identificado?

Las principales organizaciones con las que estamos combatiendo es el Tren de Aragua, de Venezuela; Los Choneros, de Ecuador; el Comando Vermelho, de Brasil; y Jalisco Nueva Generación, de México. Estas sí están con bandas metidas acá, todos los días estamos detrás de ellas. Desde que llegaron los colombianos con su gota a gota, y después llegaron los venezolanos y los desplazaron, ahí comenzaron a haber temas de dominio de territorios. Así empiezan los ajustes de cuentas.

¿Y en el Perú?

Están Los Pulpos, que si bien ya cayó “Jhonsson Pulpo” salen otros (cabecillas) por ahí. “Jolín”, de La Jauría, que también es una organización muy violenta que puede hacer muchísimo daño. Pero acá hay un problema. Nosotros nos estamos cuidando de Pataz desde aquella vez que fusilaron a 13 jóvenes en un socavón. Eso fue terrible. Las Fuerzas Armadas tienen ahora el control, pero ahí se disputan La Jauría con otras más pequeñas. Hay tanto oro que se reparten las áreas. Pero eso mismo va a suceder en Cajamarca. Hualgayoc, por ejemplo, estuvimos viendo con el fiscal de la Nación este tema. Él dice, “eso va a ser otro Pataz”.

Usted señaló que Jolín Bazán tiene dos caminos: la cárcel o bajo tierra, ¿se ha fijado un plazo para su captura?

Decir plazos en esto es crear una angustia en la gente, hasta en nuestros agentes de Inteligencia. Decir: “una semana lo traigo aquí”. Porque tú mismo te estás poniendo la soga al cuello al decirlo. ¿Qué pasa si no viene o si se escapa? Cuando dije ello es porque un criminal de esa calaña no se va a entregar, porque él tiene cadena perpetua. Él sabe que le espera la Base Naval o Challapalca. Él va a enfrentarse a la Policía. Los agentes saben perfectamente que no pueden forzar nada. Pero ese tigre pues tiene todas las marcas. No te puedo decir sinceramente un mes, dos meses, una semana. Ojalá que caiga mañana pero no quiero poner fechas.

¿Al menos en dos años de su gestión podría ser capturado?

Sí, por supuesto que vamos a tener que presentarlo, y no solo a él, a muchos más, con toda seguridad, antes de que sigan haciendo daño al país.

🚨 ¡S/ 300 000 de recompensa por alias “Jolín”!

El Mininter incluyó a Jolín Bazán Valderrama, cabecilla de “La Nueva Jauría”, en el Programa de Recompensas. Está sentenciado a cadena perpetua por secuestro agravado.

📞 Si conoces su paradero, llama de forma anónima y gratuita… pic.twitter.com/YTfj26Hsb2

— Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 17, 2026

Respecto al Escudo de las Américas, ¿han evaluado incluir en su lista de organizaciones terroristas a alguna organización criminal peruana?

Los Pulpos y La Jauría cumplen todos los requisitos.

¿Cómo es la articulación del Mininter con el Escudo de las Américas?

Si nos ofrecen ayuda para luchar contra las organizaciones criminales transnacionales, ¿cómo no vamos aceptar esa ayuda? Todo los que se han asociado tienen conexión. En México, Colombia, Brasil, están. Así como el Escudo de las Américas, hay otros memorándums de entendimiento con otros países, en el cual el principio fundamental es la soberanía. ¿En qué nos ayudan? En tecnología, logística, instrucción, entrenamiento, capacitación. O sea, tú no vas a ver, por ejemplo, en un rescate al FBI (Buró Federal de Investigaciones de EE. UU.). Ellos vienen después para ver que su trabajo salió bien.

¿Cuáles serán sus delimitaciones, le han mostrado un documento sobre sus funciones y alcances?

Hasta ahora no me lo presentan. El Escudo de las Américas recién ha sido firmado, eso todavía debe estar formulándose, el reglamento o algo así. Pero sea como sea, finalmente el reglamento va a ser accesorio a la autorización que está prevista en la Constitución. El Senado, por ejemplo, es el que autoriza el ingreso de personal militar a territorio peruano. Y con el Escudo va a tener que pasar algo similar. Si va a haber alguna operación aquí en busca de alguna organización transnacional, se dará cuenta el Senado y darán las licencias respectivas.

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, y Trinidad y Tobago declaran intención de fortalecer la resiliencia del Hemisferio Occidental a…

— USA en Español (@USAenEspanol) September 23, 2026

¿Cómo califica la moción de censura presentada en su contra?

La Cámara de Diputados está en todas sus facultades. Primero interpelar, después censurar. Y si lo manda la Constitución, hay que allanarse al tema y cumplir lo que digan. Estoy completamente llano y tranquilo de que esta moción no es por un tema de función. Todos sabemos perfectamente por qué es.

¿Cree que sea por un tema ideológico?

En este momento, sinceramente prefiero abstenerme de algún comentario respecto a la censura que han interpuesto contra mí. Hay bastantes personas ahí (en el Congreso) que tienen un criterio propio y lo darán a conocer.

¿Son 27 firmas de Juntos por el Perú en la moción?

Bueno, ellos tienen sus principios. Y seguramente los están haciendo cumplir. No me extraña tampoco. Son las consignas que ellos tienen, pero esperemos lo que dicen los otros.

¿Cree que sea una venganza política de JP por perder las elecciones?

Podría ser, por supuesto.

¿Detrás estaría Roberto Sánchez?

Puede ser. Parece más que sí porque él es el factótum ahí. Creo que ninguno de ellos tiene esa capacidad de querer enredar este asunto en este punto (censura), pero son puntos de su partido. Si les preguntan a todos ellos al respecto, responderán que es el control político que tienen. ¿Control político? Y les preguntaría, ¿ustedes qué harían? No tienen idea. No tienen idea de lo que es este despacho.

¿Qué actitud espera de las demás bancadas?

Sensatez. Estamos trabajando tanto con los transportistas, los colegios, hemos avanzado muchísimo. Nadie ha tenido estos resultados y sin embargo lo niegan todo. Y ahora empezar de nuevo porque viene un nuevo ministro, pone a sus viceministros, todo empieza de cero.

¿Qué postura deberán tomar los líderes de la oposición?

Jorge Nieto (Buen Gobierno) me parece una excelente persona, un excelente político. Pero no sé qué decisión pueda tomar con su bancada realmente. La vez pasada, en la interpelación, se opusieron. No sé si lo harán ahora. Por otro lado, no sé qué decisión pueda tomar López-Chau (Ahora Nación). Ellos tienen un compromiso, de oposición, pero lo que le pido es coherencia, no por mí sino por el país. Si más reclamamos por la inseguridad, ¿creen que esta censura va a darle seguridad al país? Desde mi punto de vista, (la censura) lo va a ahondar, porque ahorita (con la moción) todos los criminales deben estar festejando en un pie.

La diligencia comprende el proceso acumulado por los casos relacionados con Petroperú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda. El magistrado revisará de oficio si permanecen las condiciones que sustentaron la medida y escuchará a las partes antes de emitir una decisión en los próximos días.

Revisión de la medida

El procedimiento responde a la obligación de revisar periódicamente las condiciones de una prisión preventiva. Para esta audiencia, Checkley solicitó al penal de Barbadillo, en Ate, adoptar las medidas necesarias para que Castillo participe mediante videoconferencia.

La revisión se realiza pese a que la Sala Penal Permanente confirmó en junio la ampliación de la medida por 12 meses, luego de que la defensa apelara la resolución emitida en febrero. Con esa decisión, la prisión preventiva quedó vigente hasta el 8 de marzo de 2027.

El proceso en el que se desarrolla esta revisión investiga al exmandatario por su presunta participación en una organización criminal vinculada con hechos relacionados con el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda y Petroperú. Además, se le atribuyen presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión.

La ampliación de la medida dispuesta en febrero fue sustentada judicialmente, entre otros aspectos, en la complejidad de las diligencias pendientes y en la evaluación del peligro de fuga. La Sala Penal Permanente posteriormente confirmó esa decisión al rechazar el recurso presentado por la defensa.

Castillo permanece recluido en Barbadillo y, además de esta medida cautelar, cumple una condena dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por el caso relacionado con su intento de quebrar el orden constitucional el 7 de diciembre de 2022. La sentencia fue emitida el 4 de diciembre de 2025 y estableció una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.

La jornada reunió a líderes de distintos países para abordar conflictos internacionales, seguridad, orden y desafíos nacionales. El medio especializado en información económica señaló que las intervenciones reflejaron distintas posiciones sobre estos asuntos y el papel de los gobiernos.

La presencia de Fujimori formó parte de una agenda oficial desarrollada durante su visita a Estados Unidos. Además de las actividades diplomáticas, la mandataria cumplió reuniones relacionadas con la promoción de inversiones y el fortalecimiento de los vínculos económicos con ese país.

Reuniones con inversionistas

Como parte de esta agenda, Fujimori visitó la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), donde sostuvo un encuentro con representantes de la institución. La actividad incluyó su participación en el tradicional campanazo de cierre y la firma del Libro del Campanazo en el Trading Floor.

La visita también estuvo orientada a presentar al Perú como un destino para capitales extranjeros. La NYSE constituye una plataforma mediante la cual empresas peruanas pueden acceder a mercados internacionales para financiar sus operaciones y generar empleo.

Durante su actividad con empresarios e inversionistas, la mandataria destacó las oportunidades que ofrece el país y la importancia de fortalecer la confianza para atraer capital privado. El Gobierno vinculó esta agenda con la búsqueda de nuevos proyectos y mayores relaciones comerciales entre Perú y Estados Unidos.

“Desde la Bolsa de Valores de Nueva York reafirmamos un mensaje para el mundo: el Perú es un país de oportunidades y está abierto a la inversión”, indicó.

La presidenta también afirmó que la inversión privada generaría mayor empleo y crecimiento económico.

“La inversión privada significa empleo, crecimiento y desarrollo para millones de peruanos. Por eso, seguiremos trabajando para generar confianza, atraer nuevas inversiones y convertir el enorme potencial de nuestro país en más oportunidades para más familias”, expresó.

Los incidentes corresponden a 21 regiones del país, según informó Eugenia Fernán Zegarra Miranda, directora Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del organismo electoral.

Lima concentra la mayor cantidad de reportes, con 21 casos, seguida de La Libertad con 16, mientras que Áncash y Junín registran siete cada una y Cajamarca cinco.

La funcionaria advirtió que los hechos se han incrementado durante la contienda electoral.

“Lamentablemente, estos ataques se están incrementando día a día, de tal suerte que ha habido en nueve días alrededor de 23 acciones que tienen que ver con amenazas, extorsiones y ataques directos en esta contienda electoral”, expresó para Andina.

Frente a este escenario, el JNE difundió pautas para reforzar la seguridad durante las actividades de campaña, especialmente ante los cierres previstos para el 1 de octubre.

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• Galarreta: “Estar cambiando ministros no es la solución”
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• Keiko Fujimori vuelve al Perú y destaca estabilidad económica para atraer inversión extranjera

Demanda

El gremio empresarial exhortó al Parlamento a evaluar con “celeridad” el pedido y aprobar las medidas que considere necesarias.

“El Perú no puede seguir esperando. La inseguridad ciudadana, los riesgos asociados al fenómeno de El Niño y la necesidad de recuperar la inversión y el empleo requieren decisiones urgentes y acciones concretas”, reza su comunicado.

La Confiep planteó que las facultades a otorgar al Ejecutivo deben ser claras, delimitadas y sujetas a control.

“Con plazos de ejecución, metas verificables y rendición pública de cuentas. No se trata de entregar un cheque en blanco, sino de proporcionar al Gobierno los instrumentos necesarios para actuar y exigirle resultados”, se lee.

[Comunicado] Exhortamos al Congreso a actuar con urgencia frente a la inseguridad, El Niño y la necesidad de reactivar la economía

Es urgente que el Congreso de la República evalúe con celeridad y responsabilidad el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder… pic.twitter.com/QS80QBXhyP

— CONFIEP (@CONFIEP) September 25, 2026

Al respecto, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata, afirmó que hay un “letargo” para tomar una decisión.

“Si dicen que van a dar facultades solamente para el tema del fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana, pero que las den de una vez”, señaló a Exitosa.

Zapata criticó la actuación del Congreso y la comparó con la figura del “perro del hortelano”.

“No quiero dar facultades, pero tampoco legislo para resolver los problemas”, aseveró.

Asimismo, Zapata instó a Alfonso López-Chau (Ahora Nación) y Jorge Nieto (Buen Gobierno) a solucionar la demora en el Parlamento.

“Creo que son gente que tiene buenas intenciones y quiere servir al país. Entonces, que lideren esta situación y resuelvan el tema de una vez. No se puede seguir dilatando”, añadió.

El premier consideró prematuro el pedido por el poco tiempo que lleva el actual Gobierno y defendió la continuidad de Astudillo para ejecutar su estrategia contra la criminalidad.

“Estar cambiando de ministros no es la solución”, afirmó Galarreta al ser consultado por la iniciativa.

Señaló que la lucha contra la inseguridad requiere continuidad en las políticas y acciones del Ministerio del Interior, por lo que pidió al Congreso que actúe con responsabilidad en el ejercicio del control político.

Respaldo

La posición del premier fue respaldada por el ministro de Educación, José Antonio Chang, quien calificó de “bastante apresurada” la moción contra Astudillo.

Según dijo, todavía no han transcurrido 90 días del actual Gobierno y ya se plantean medidas para retirar a un ministro. “No están dejando trabajar”, cuestionó.

Chang reconoció la facultad del Congreso para ejercer control político, pero señaló que este debe considerar el tiempo que lleva una autoridad en el cargo y los resultados que puede alcanzar durante su gestión.

Asimismo, desde Fuerza Popular, el diputado Pier Figari también calificó la iniciativa de “demasiado prematura”.

El legislador consideró que Astudillo debe tener un plazo razonable para implementar las medidas anunciadas antes de evaluar su salida.

Además, destacó las acciones policiales desarrolladas en las últimas semanas y señaló que estas deben ser consideradas al momento de evaluar la gestión del sector.

“Tenemos capturas diarias, tenemos muchas acciones de la Policía dirigidas por el señor ministro del Interior”, afirmó.

Aliados

En Renovación Popular (RP), Aldo Bravo fue más crítico con la iniciativa y acusó a Juntos por el Perú de intentar “boicotear” al Gobierno mediante el pedido de censura.

El diputado planteó esperar los primeros 100 días de gestión antes de evaluar cambios en el Ejecutivo.

“Hay que dejar trabajar al Gobierno y dejar que pasen los 100 días para poder hacer los cambios correspondientes”, señaló Bravo, quien también destacó los operativos policiales realizados contra organizaciones criminales.

En la misma línea, Rafael López-Aliaga cuestionó la moción y adelantó que RP no la respaldaría. “Me parece una locura estar petardeando a un Gobierno que no tiene ni 90 días”, aseveró.

El líder de Renovación sostuvo que la actual administración recién inicia su gestión y cuestionó que se promuevan censuras cuando aún no ha transcurrido el periodo que, según planteó, permitiría evaluar sus primeras medidas.

El documento reúne 35 firmas, de ellas ocho pertenecen a integrantes de Partido del Buen Gobierno (PBG) y del Partido Cívico Obras. Cuatro en cada caso.

Sin embargo, ambas bancadas deben definir todavía una posición unánime antes de votar en el pleno.

Consenso. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez (JP), confirmó la existencia de un acuerdo entre las tres bancadas.

“Claramente están las firmas. Ya tenemos (el apoyo) de la coalición democrática, de las tres fuerzas, que sería un gran bloque también”, afirmó a Canal N.

No obstante, el vocero de Obras, y uno de los firmantes de la censura, Víctor Piñán, confirmó a Correo que a la fecha solo diez de los 14 integrantes de su grupo respaldan la medida mientras cuatro permanecen pendientes porque estarían en provincias por la Semana de Representación.

“El día lunes nosotros vamos a decidir finalmente este tema y ver si hay unanimidad, pero la mayoría de miembros de la bancada de Obras en la Cámara de Diputados estamos de acuerdo con la censura del señor Astudillo”, sostuvo.

Piñán explicó también que el líder de Obras, Ricardo Belmont, está informado de las tratativas.

“Belmont está enterado de todas las decisiones que toma el partido. Como vocero realizo siempre las coordinaciones con el señor Ricardo, todo lo que sea resaltante. Nuestro líder siempre está al tanto de las decisiones más importantes”, declaró.

Sin embargo, el parlamentario aclaró que Belmont no estaría en la reunión de bancada del próximo lunes.

“No se le ha convocado, pero sí realizamos, yo como vocero realizo siempre las coordinaciones con el señor Ricardo”, señaló.

Piñán detalló que gestionó la adhesión de Obras a la moción de JP a través de su vocero Ernesto Zunini.

“Nos han escrito, lo hemos evaluado y a partir de eso ya hemos tomado la decisión”, afirmó.

Por su parte, la diputada Romina Uribe (PBG) explicó que la firma de la moción todavía no equivale a una decisión definitiva sobre el voto de toda la bancada.

“Tenemos que reunirnos como grupo parlamentario del Buen Gobierno y en el pleno expresaremos nuestra votación a partir del acuerdo que tengamos como grupo parlamentario”, declaró a Canal N.

Uribe precisó que la adhesión de los integrantes de su bancada a la moción no supone, por ahora, un compromiso sobre el sentido de su voto en el pleno.

“Estamos alineados con el clamor ciudadano de que tiene que atenderse la inseguridad ciudadana”, aseveró.

El concesionario le exigía a la comuna un pago de $430 millones a modo de indemnización. Con la reciente decisión de la Cámara de Arbitraje Internacional de París, se calculará el pago que la MML deberá realizar.

Rutas de Lima llevó el caso al exterior al reclamar a la comuna limeña que no entregó a tiempo los terrenos correspondientes a la autopista Ramiro Prialé, lo que les impidió avanzar con las obras y cobrar los peajes correspondientes.

“A mí no me da ningún temor (este tercer laudo). Porque los dos laudos (anteriores) que han conseguido corruptamente (…) eso me lo voy a tirar abajo. Regresando como alcalde de Lima, va a ser lo primero que voy a seguir”, indicó ayer López Aliaga a Canal N.

El candidato a primer regidor de Lima por RP, que ostentaría nuevamente el sillón municipal debido a la renuncia de su candidato a alcalde, aseguró que viajará a Estados Unidos para ello. “Voy a estar con el Departamento de Estado donde tengo bastantes relaciones para tirarme abajo esta porquería”, puntualizó.

La MML, mientras tanto, emitió un comunicado. Según detalló, este tercer arbitraje contra la comuna se inició en diciembre de 2022. En este último laudo, según indicó, “ha obtenido victoria en tres de las cinco pretensiones indemnizatorias planteadas” por la concesionaria.

Luego, afirmó “que no hay una pretensión económica reconocida en perjuicio de la MML ya que está pendiente una segunda fase del proceso”.

Esto es, la solicitud que impuso, ante la “corte americana”, para anular este laudo parcial, denominado así porque el ente resolutivo solo se pronunció sobre la caducidad del contrato entre ambas partes, relacionada a la entrega de terrenos del Tramo Ramiro Prialé, mas no a un monto específico a pagar.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informó sobre la iniciativa tras participar en la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Conagerd), realizada en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). El proyecto aún deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros antes de ser remitido formalmente al Parlamento.

Incremento para Pensión 65

Uno de los componentes planteados contempla elevar de S/ 350 a S/ 700 la subvención bimestral que reciben los beneficiarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. La medida alcanzaría a más de 700 mil adultos mayores que se encuentran en condición de extrema pobreza.

El incremento forma parte del paquete de medidas que el Ejecutivo busca financiar mediante el crédito adicional. Su eventual aprobación permitiría destinar mayores recursos al programa durante el periodo contemplado por la propuesta.

Recursos para la Policía

La iniciativa también considera fondos destinados a mejorar la logística de la Policía Nacional del Perú para las acciones contra el crimen organizado. El planteamiento incorpora este componente dentro de las necesidades que el Ejecutivo busca atender mediante la ampliación presupuestal.

La propuesta se suma a otras medidas que el Gobierno viene planteando en materia de seguridad ciudadana. Galarreta ha señalado que el Ejecutivo busca desarrollar acciones coordinadas entre las instituciones responsables de enfrentar la criminalidad.

Empleo temporal y kits escolares

Otro de los puntos incluidos corresponde a la generación de nuevos puestos de trabajo temporal mediante el programa Llamkasun Perú, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La iniciativa también prevé adquirir kits escolares con indumentaria, calzado, mochilas y útiles educativos para familias de escasos recursos.

Estos recursos serían incorporados dentro del mismo proyecto de crédito suplementario que será evaluado por el gabinete. De esta manera, la propuesta contempla intervenciones adicionales a las relacionadas con la prevención ante el fenómeno climático.

Prevención ante lluvias y desbordes

Durante la sesión del Conagerd, Galarreta informó que las precipitaciones registradas en distintas zonas del país presentan valores superiores a los promedios históricos. Ante este escenario, el Gobierno contempla instalar de manera preventiva albergues para personas que viven cerca de cauces de ríos con riesgo de desborde.

El primer ministro señaló que el norte del país será una de las zonas más afectadas por las lluvias. La reunión permitió actualizar la información disponible y revisar las acciones que cada sector debe continuar ejecutando frente al Fenómeno El Niño.

La propuesta económica será revisada por el Consejo de Ministros antes de iniciar su trámite ante el Congreso. Galarreta había adelantado que el proyecto formaría parte de la agenda del gabinete y que su monto se encontraba en el rango de las cifras que se habían difundido públicamente.

La sesión permitió revisar distintos asuntos de la agenda del Ejecutivo, entre ellos propuestas relacionadas con educación, salud, infraestructura y seguridad ciudadana. Además, se evaluó una iniciativa para asignar recursos destinados a las acciones previstas ante el Fenómeno El Niño 2026-2027.

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Culminó sesión de Consejo de Ministros

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— Canal N (@canalN_) September 26, 2026

Regulación del uso de celulares en colegios

Durante la reunión, el ministro de Educación presentó un informe sobre el proyecto de decreto supremo que desarrolla el reglamento de la ley referida al uso de teléfonos celulares en las instituciones y programas de Educación Básica. El documento establece las disposiciones que regularán el empleo de estos dispositivos dentro de los centros educativos.

La propuesta fue incorporada a la agenda del gabinete como parte de los temas vinculados al sector Educación, José Antonio Chang.

Acciones contra la anemia

Otro de los puntos revisados correspondió al trabajo que realizan distintas entidades del Estado para enfrentar la anemia. El ministro de Salud expuso ante el gabinete los avances de la estrategia intersectorial y las acciones coordinadas con otros sectores.

Entre las instituciones involucradas figura el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. La intervención conjunta busca articular las acciones que se desarrollan desde las diferentes áreas del Gobierno frente a este problema.

Recursos para enfrentar Fenómeno El Niño

La agenda también incluyó una propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas para aprobar créditos suplementarios destinados a financiar intervenciones frente al Fenómeno El Niño 2026-2027. Los recursos planteados también contemplan medidas relacionadas con infraestructura, seguridad ciudadana, salud y educación.

El proyecto considera además el financiamiento de otros servicios y obligaciones esenciales del Estado. Su incorporación a la sesión formó parte de los asuntos económicos y sectoriales revisados por el Consejo de Ministros.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que el país mantiene una posición favorable para recibir inversiones y recordó su participación en el tradicional campanazo de cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York.

“La inversión privada significa empleo, crecimiento y desarrollo para millones de peruanos. Por eso, seguiremos trabajando para generar confianza, atraer nuevas inversiones y convertir el enorme potencial de nuestro país en más oportunidades para más familias”, afirmó.

Desde la Bolsa de Valores de Nueva York reafirmamos un mensaje para el mundo: el Perú es un país de oportunidades y está abierto a la inversión.

La inversión privada significa empleo, crecimiento y desarrollo para millones de peruanos. Por eso, seguiremos trabajando para generar… pic.twitter.com/utLwXmOzj9

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) September 25, 2026

¿Qué dijo durante su participación?

Durante su intervención en Nueva York, Fujimori presentó los principales indicadores económicos que utilizó para sustentar su llamado a las empresas y empresarios interesados en desarrollar proyectos en el Perú. Entre las cifras mencionadas estuvieron un crecimiento de 3,4 %, reservas internacionales por US$100 mil millones, un déficit fiscal equivalente al 1,8 % del PBI y una deuda pública cercana al 30 % del producto.

La presidenta también resaltó la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú como uno de los elementos que, según su exposición, contribuyen a la estabilidad económica. A ello sumó el marco constitucional que establece un trato igualitario para los inversionistas extranjeros y peruanos.

“Quiero que vengan al Perú y vean todas estas oportunidades que estamos ofreciendo”, manifestó durante el evento realizado en la Bolsa de Valores de Nueva York.

La jefa de Estado también relacionó la llegada de capital privado con la generación de puestos de trabajo y el crecimiento de la economía nacional. En su mensaje posterior a la visita, sostuvo que el Ejecutivo continuará orientando sus acciones a generar confianza entre los inversionistas y ampliar las posibilidades de desarrollo para las familias.

“Que miren el Perú, que vayan, que vean las bondades que tiene nuestro país y que apuesten por el Perú”, señaló la mandataria al referirse al mensaje que trasladó durante sus reuniones en Nueva York.

Retorno a Palacio de Gobierno

Tras finalizar su agenda internacional, Fujimori regresó a Lima y encabezó una sesión del Consejo de Ministros junto al premier Luis Galarreta y los integrantes del gabinete. La reunión incluyó medidas para atender el Fenómeno El Niño 2026-2027 y asuntos vinculados con infraestructura, seguridad, salud y educación.

El ministro de Educación presentó además el proyecto de reglamento sobre el uso de celulares en instituciones y programas de educación básica. Con ello, la mandataria retomó sus actividades oficiales tras su participación en las sesiones de la ONU y sus reuniones en Nueva York.

En materia de seguridad, el Ejecutivo planteó como prioridad la lucha contra el crimen organizado y expuso la necesidad de ampliar y mejorar la infraestructura penitenciaria. Además, se abordó el fortalecimiento de las capacidades de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú y la seguridad en las fronteras.

¿Qué otros temas se abordaron?

Otro de los puntos estuvo relacionado con la preparación y respuesta frente al fenómeno El Niño. El Gobierno expresó su interés en contar con respaldo del BID para desarrollar obras preventivas tanto en el corto como en el largo plazo.

La agenda educativa contempla la elaboración de una hoja de ruta entre el BID y el Ministerio de Educación en el marco del Plan Nacional de Educación. Entre las propuestas figuran una escuela de formación docente, modelos de gestión autónoma para colegios y mecanismos para ejecutar y mantener proyectos mediante asociaciones público-privadas, obras por impuestos, obras por servicios e inversión pública directa.

El organismo también brindará acompañamiento técnico para las iniciativas de modernización de la administración pública. La cooperación comprende el trabajo de la Unidad de Cumplimiento y la Unidad de Destrabe Administrativo de la Secretaría Estratégica Presidencial del Despacho Presidencial.

Cartera de inversiones

Durante el encuentro se revisó la cartera del BID en Perú, que comprende 28 préstamos de inversión destinados a sectores como transporte, saneamiento, salud, justicia y agricultura. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, destacó la cooperación para impulsar inversiones y mejorar los servicios públicos, mientras que también se planteó acelerar la ejecución y los desembolsos de los proyectos vigentes.

En la reunión también participaron el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; el canciller Carlos Espá; el ministro de Educación, José Antonio Chang; y el integrante de la comisión consultiva José Chlimper. El encuentro dio seguimiento a los temas tratados previamente entre la mandataria y el presidente del BID, Ilan Goldfajn, durante su visita a Nueva York.

Galarreta sostuvo que la prioridad debe estar en desarrollar y ejecutar un plan integral contra la criminalidad, con coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad.

“La solución es pensar en el plan, ir articulando el plan, ir armando lo que se está pensando en el trabajo contra la criminalidad”, señaló.

El premier también recordó que la interpelación y la censura son mecanismos contemplados por la Constitución y forman parte de las herramientas de control político del Congreso.

“Todo lo que está adentro de la Constitución es democrático”, afirmó, aunque indicó que el Ejecutivo busca priorizar el diálogo con las cámaras para evitar nuevas crisis y enfrentamientos entre poderes.

Sobre la situación de Astudillo, Galarreta consideró que debe evaluarse con responsabilidad una eventual salida cuando el ministro lleva alrededor de 60 días en el cargo.

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“(El) cambio de ministro no soluciona el problema. El problema se soluciona derogando leyes que permiten esto, que permiten que las bandas criminales actúen como Pedro en su casa dentro del Perú”, sostuvo Arnillas para RPP.

El integrante del gabinete también responsabilizó al Parlamento por retrasar el pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo para adoptar medidas contra el crimen organizado.

Como referencia, mencionó que durante las gestiones de Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo el Legislativo otorgó este tipo de herramientas.

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El burgomaestre señaló que la comuna ya emitió un pronunciamiento sobre la resolución y mantiene sus pretensiones dentro del proceso.

De acuerdo con Reggiardo, el arbitraje contempla cinco puntos. Tres de ellos habrían resultado favorables para la Municipalidad de Lima, mientras que los otros dos son cuestionados por la comuna, que ha solicitado su nulidad como parte de las acciones que viene realizando.

“No nos preocupa lo que se ha fallado, tal vez está dentro del ámbito electoral, entendemos, pero nosotros seguimos firmes en nuestras pretensiones y este es un proceso que tiene para largo”, sostuvo el alcalde durante sus declaraciones a la prensa.

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Durante sus declaraciones, sostuvo que las interpelaciones y censuras son atribuciones de la Cámara de Diputados, pero pidió permitir que el Ejecutivo continúe desarrollando su trabajo.

Chang señaló que han transcurrido alrededor de 90 días desde el inicio de la gestión y consideró insuficiente ese periodo para evaluar sus resultados.

“Espero que las bancadas sean reflexivas. Como señalo, han pasado recién 90 días de gestión y comenzar con una interpelación o censura me parece bastante apresurado para poder evaluar una gestión”, expresó.

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El documento fue firmado en Ayacucho tras los cuestionamientos surgidos por las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El documento pone énfasis en la separación de poderes y en el respeto de las competencias constitucionales de cada institución del Estado.

En ese sentido, los titulares de las cortes señalaron que los jueces y juezas deben conocer y resolver los casos que llegan a su jurisdicción dentro del marco de sus atribuciones.

“Reafirmamos que la independencia judicial es un principio esencial del estado constitucional de derecho y una garantía de los ciudadanos. Ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional”, señala el pronunciamiento.

El respaldo ocurre después de que Tello cuestionara las declaraciones de Fujimori sobre los procesos judiciales contra integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional vinculados con la lucha contra el terrorismo.

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A través de un comunicado, el gremio pidió evaluar con celeridad y responsabilidad el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. CONFIEP sostuvo que deberían aprobarse las medidas que permitan atender estas prioridades nacionales.

El sector empresarial señaló que las facultades deben ser claras, delimitadas y sujetas a control, además de contar con plazos de ejecución, metas verificables y rendición pública de cuentas.

CONFIEP también afirmó que está disponible para colaborar técnicamente en medidas orientadas a generar empleo formal y proteger la actividad productiva.

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