A través de un comunicado oficial, la ONPE indicó que, tras la salida del titular, se aplica el mecanismo de reemplazo contemplado en su normativa interna. En ese marco, precisó que la encargatura de la jefatura recae en Bernardo Juan Pachas Serrano, quien se desempeña como gerente general.

#ONPEinforma | A la opinión pública sobre la jefatura de la ONPE. pic.twitter.com/JJxhZ3DDkS

— ONPE (@ONPE_oficial) April 22, 2026

Encargatura conforme a la ley

La entidad explicó que este procedimiento está regulado por el artículo 15 de su Ley Orgánica. Dicho dispositivo establece que, en caso de vacancia durante un proceso electoral, el funcionario de mayor jerarquía inmediata asume el cargo.

La ONPE señaló que este mecanismo permite mantener la continuidad en la dirección institucional. De esta manera, se evita la interrupción de funciones en un contexto electoral.

A través de su pronunciamiento, el organismo electoral sostuvo que las actividades en curso no se han detenido. Indicó que se mantiene el procesamiento y la contabilización de actas correspondientes a la primera vuelta.

Asimismo, la institución informó que continúan los preparativos para la segunda elección presidencial prevista para junio. Estas acciones forman parte del cronograma electoral vigente.

La ONPE también señaló que sigue adelante con la organización de las elecciones primarias vinculadas a los comicios regionales y municipales de 2026. Estas jornadas están programadas para los días 17 y 24 de mayo.

Finalmente, la entidad reiteró que todas sus actividades se desarrollan conforme a lo establecido en el calendario electoral. Con ello, busca garantizar la continuidad de los procesos en ejecución.

Según la Resolución N.° 119-2026-PLENO-JNJ, emitida el 21 de abril, el organismo decidió por unanimidad aceptar la renuncia del funcionario, quien presentó su carta ese mismo día. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la dimisión es una causal de vacancia del cargo.

En la resolución, la JNJ aclaró que la salida de Corvetto no interrumpe la investigación preliminar en su contra por la presunta comisión de falta grave, iniciada el 13 de abril.

Asimismo, el documento dispone comunicar la vacancia al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), a fin de que adopten las acciones correspondientes.

Cabe indicar que Piero Corvetto asumió la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en 2020 por un periodo de cuatro años y fue ratificado en 2024 para un nuevo periodo.

Piero Corvetto renuncia al cargo de jefe de la ONPE en plena crisis electoral

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su renuncia al cargo, según una carta dirigida a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera Vega, con fecha 21 de abril de 2026.

En el documento, Corvetto comunica su decisión de dejar la responsabilidad que ejercía desde el 31 de agosto del 2020. Además, menciona los problemas técnicos y operativos ocurridos durante el despliegue del material electoral en sectores de Lima Metropolitana durante la jornada del 12 de abril.

También indicó que su salida busca permitir que se organice y ejecute la segunda vuelta presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana hacia la ONPE.

Finalmente, señaló que existen interrogantes que deberán esclarecerse mediante una investigación imparcial y exhaustiva sobre la cadena logística de la institución.

La medida define algunos lineamientos técnicos y administrativos que deberán seguirse durante la próxima jornada. Además asegura la disponibilidad de recursos y la continuidad de las actividades previstas tras el cambio en la dirección de la entidad.

Organización de la jornada electoral

La resolución fechada el 17 de abril, señala que más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para participar en la votación. Asimismo, se mantendrán las 92,766 mesas de sufragio junto con los mismos miembros de mesa que actuaron en la primera vuelta.

La realización de esta nueva elección responde a que ninguna fórmula alcanzó la mayoría requerida de votos válidos. Por ello, el proceso se desarrollará conforme a lo establecido en la normativa electoral vigente.

La ejecución estará a cargo de 126 oficinas descentralizadas distribuidas en el país y en ciudades del extranjero. Cada una de estas dependencias deberá organizar el despliegue del personal necesario para la jornada.

Estas coordinaciones buscan garantizar el funcionamiento del proceso en cada punto de votación. La planificación establece acciones anticipadas para el cumplimiento de las tareas asignadas.

Presupuesto y soporte operativo

El documento contempla una inversión superior a los 387 millones de soles para la ejecución de los comicios. Este monto cubrirá la elaboración de material electoral y el funcionamiento de los sistemas tecnológicos.

Asimismo, se prevé la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en labores de resguardo. Su intervención está orientada a la protección del material electoral durante su traslado y uso.

El plan además incluye la capacitación de los miembros de mesa mediante herramientas virtuales y sesiones presenciales. Estas acciones buscan reforzar el desarrollo del proceso y reducir errores en el registro de resultados.

Asimismo, se han considerado disposiciones para facilitar la participación de personas con discapacidad. El documento también incorpora protocolos de bioseguridad que deberán aplicarse durante la jornada.

La aprobación de este plan se da en el marco de la transición en la dirección de la institución. Con ello, se establece la estructura necesaria para la ejecución de la segunda vuelta.

El objetivo es asegurar que el proceso se desarrolle conforme a los procedimientos establecidos. De esta manera, se busca que los resultados reflejen la decisión de los ciudadanos.

El pedido, fechado el 20 de abril, estableció un plazo de cinco días para la entrega de los datos requeridos. A través de un documento, la JNJ invocó al artículo 154 de la Constitución para sustentar su requerimiento de información.

¿Qué solicita la JNJ?

La solicitud incluyó la identificación completa de cada trabajador extranjero vinculado a la entidad. Asimismo, la JNJ pidió detallar el tipo de documento, la modalidad de contratación y el área en la que desempeñaban los trabajadores en funciones.

El objetivo fue contar con información precisa sobre la situación laboral de estos profesionales. Esto permitiría verificar si las contrataciones se ajustaron a la normativa vigente.

El requerimiento se emitió en un escenario de cuestionamientos tras las elecciones generales. Durante la jornada se reportaron problemas en la instalación de mesas y en el uso de herramientas tecnológicas.

En ese contexto, la medida buscó esclarecer aspectos relacionados con la gestión administrativa. La revisión se dio en medio de un mayor control sobre el funcionamiento de la entidad.

La disposición fue de carácter obligatorio para las áreas técnicas de la institución. Se exigió precisar el cargo que ocupaba cada trabajador incluido en el informe.La intervención se produjo ante denuncias sobre posibles irregularidades en contrataciones.

El envío del documento se produjo horas antes de la renuncia de Piero Corvetto. Aunque no se detallaron las razones en el oficio, ambos hechos ocurrieron en el mismo contexto.

El análisis de la información solicitada permitirá determinar si se cumplieron los procedimientos establecidos. Esto forma parte de las acciones de control sobre la gestión institucional.

“Creo que es una buena noticia para el Perú, una buena noticia para los peruanos que este señor haya dado un paso al costado”, manifestó.

La aspirante a la presidencia también señaló que la responsabilidad de las irregularidades detectadas en la jornada electoral del 12 de abril recae principalmente sobre el exfuncionario. Fujimori insistió en que la renuncia de Corvetto será favorable para garantizar un mejor desarrollo en la segunda contienda.

“Yo creo que hay un primer responsable de todas estas grandes irregularidades y creo que esta medida que él ha tomado va a ser saludable para el proceso electoral, sobre todo para lo que viene”, agregó.

@exitosanoticias 🔴🔵La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró positiva la salida de Piero Corvetto de la ONPE ante la segunda vuelta. #Exitosanoticias #Elecciones #ONPE #PieroCorvetto #keikofujimori ♬ sonido original - Exitosa Noticias

Solicita investigación exhaustiva sobre el caso

En relación con lo ocurrido durante los comicios, planteó que distintas instituciones del Estado deben intervenir para esclarecer los hechos. La dirigente política hizo un llamado a la Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público y otras entidades para asumir esta tarea. La candidata indicó que es necesario determinar lo sucedido durante la primera vuelta.

En sus declaraciones, remarcó la importancia de garantizar procesos electorales claros y confiables. En ese marco, expresó una demanda relacionada con el acceso a la información sobre los hechos reportados.

“Los peruanos tenemos el derecho a acudir a votar, a elegir las autoridades y que estos procesos se realicen con transparencia y que la voluntad popular se respete”, afirmó.

Finalmente, la lideresa política instó al Jurado Nacional de Elecciones a emitir un pronunciamiento en el corto plazo. Consideró que esta decisión permitirá definir el escenario de competencia de cara a la segunda vuelta.

En esa línea, reiteró la necesidad de contar con claridad en el proceso electoral. Fujimori indicó que ello contribuirá a fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de organizar los comicios.

La controversia se intensificó luego de que se conociera que el procedimiento de compra, valorizado en aproximadamente 3 mil 500 millones de dólares, se desarrolló bajo estricta reserva.

Esta situación generó críticas desde distintos sectores que consideran necesario un mayor nivel de acceso a la información en decisiones de esta magnitud.

Si Balcázar firma el contrato y otorga el adelanto inicial para comprar los F-16, a pesar de la denuncia de Suecia, será encausado por negociación incompatible y colusión agravada. El proceso está manoseado por 3 presidentes transitorios, lo correcto es la nulidad.

— Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) April 20, 2026

Cuestionamientos sobre prioridades del gasto

El dirigente político también cuestionó la prioridad otorgada al gasto en defensa frente a otras necesidades del país. En esa línea, señaló que existen áreas como la educación y la salud que requieren mayor atención presupuestal en el actual contexto nacional.

A través de sus redes sociales, el exgobernador regional expuso los posibles escenarios legales que podrían derivarse de la firma del contrato. Cerrón advirtió sobre eventuales responsabilidades penales vinculadas a la autorización de un adelanto económico en el marco de la operación.

“Si Balcázar firma el contrato y otorga el adelanto para comprar los aviones F-16, será encausado por negociación incompatible”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la existencia de una denuncia presentada por Suecia afecta la legitimidad del proceso de selección en curso. Cerrón indicó que este elemento debería ser considerado por las autoridades antes de adoptar una decisión definitiva.

El prófugo de la justicia, insistió en que lo más adecuado para un gobierno de carácter transitorio sería detener el procedimiento. Ante dicho escenario consideró que la nulidad del proceso permitiría evitar eventuales responsabilidades ante el sistema de justicia.

La evolución del proceso dependerá de las decisiones que adopte el Ejecutivo en los próximos días. En paralelo, el debate público continúa centrado en la transparencia, el uso de los recursos y las posibles implicancias legales de la operación.

Espinoza Valenzuela recurrió al Poder Judicial para solicitar el archivo de la investigación preparatoria que afronta en el Ministerio Público. Para ello presentó una excepción de improcedencia de acción, mecanismo procesal mediante el cual argumenta que los hechos que se le imputan no constituyen delito ni son justiciables penalmente, bajo el criterio de atipicidad relativa a su favor.

La solicitud se sustenta en el artículo 6, numeral 1, literal b) del Código Procesal Penal. A través de ese fundamento legal, la actual decana del Colegio de Abogados de Lima pide que se declare fundada la excepción deducida.

La investigación gira en torno a la elaboración y revisión del Reglamento de Actuación Fiscal en la Investigación del Delito, documento que habría habilitado a los fiscales para realizar directamente la investigación preliminar del delito. La exfuncionaria sostiene que ese reglamento nunca contó con su firma ni con su aprobación.

Respecto a su participación en dicho documento, Espinoza Valenzuela señaló que nunca firmó ni aprobó el reglamento materia de investigación.

¿Qué delitos se le atribuyen?

La Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria contra Delia Espinoza el 15 de diciembre del 2025. Los cargos incluyen abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y presunta instigación al delito de usurpación de funciones en agravio del Estado.

Según la tesis fiscal, durante octubre de 2024, en su condición de fiscal suprema e integrante de la Junta de Fiscales Supremos, habría participado en la elaboración de un reglamento que contraviene la Ley N.° 32130, norma que reserva la investigación preliminar del delito a la Policía Nacional del Perú.

El proceso penal contra Espinoza Valenzuela tomó impulso institucional el 3 de diciembre del 2025, cuando el Pleno del Congreso aprobó por mayoría calificada el proyecto de Resolución Legislativa N.° 13440/2025-CR. Mediante esa resolución, el Parlamento declaró haber lugar a la formación de causa penal en su contra en su condición de fiscal suprema.

Además del respaldo a la investigación penal, la representación nacional dispuso la inhabilitación de Espinoza por diez años en el ejercicio de la función pública. Esa medida se sustenta en una supuesta infracción constitucional vinculada al mismo caso.

Corvetto acudió a las 3:23 p.m., en medio de la presencia de algunos medios locales, lo que generó momentos de desorden durante su ingreso al recinto. A su llegada, el exfuncionario fue consultado por los motivos de su reciente renuncia al cargo. Sin embargo, evitó brindar mayores detalles y se limitó a responder: “está en mi carta de renuncia”.

Motivos de la citación

Como se recuerda, el exjefe del organismo electoral fue citado para este martes 21 de abril a las 4:00 p.m. a fin de cumplir con una diligencia de entrega voluntaria de información ante el Ministerio Público. Según documentos fiscales, Corvetto también deberá entregar su pasaporte como parte de las investigaciones en curso.

La citación se produce luego de que el titular de la ONPE enviara un escrito al Ministerio Público proponiendo el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en medio de las pesquisas por presuntas irregularidades en el proceso electoral.

Asimismo, se encuentra pendiente la reprogramación de su declaración como testigo en esta misma investigación, la cual había sido inicialmente fijada para días previos.

El caso también incluye un pedido de la Procuraduría Anticorrupción para que Corvetto sea incorporado como investigado en relación con la contratación de la empresa Gálaga para la distribución de material electoral.

Durante una conferencia de prensa, el aspirante presidencial fue consultado sobre recientes comentarios de Velarde respecto a su eventual continuidad en el cargo. En ese marco, dejó abierta la opción de un acercamiento en los próximos días como parte de un eventual diálogo institucional.

“Hay una invitación en off que ha hecho el señor Velarde y nosotros también somos capaces de tomar, prontamente, un café de Quillabamba…”, manifestó.

El líder de Juntos por el Perú también precisó que su agrupación política no contempla afectar la autonomía del Banco Central de Reserva. Indicó que este principio forma parte de una política de Estado que consideran necesaria para el manejo económico del país.

A pesar de ello, evitó confirmar si mantendría a Velarde al frente de la entidad en caso de llegar al Gobierno. Señaló que su propuesta busca equilibrar la estabilidad macroeconómica con las necesidades de la economía interna.

“Estamos dispuestos a conversar y ver, porque la política de Estado, la estabilidad macroeconómica, la independencia del Banco Central de Reserva es más importante que el individuo”, expresó.

Evita adelantar decisión sobre continuidad

Frente a los cuestionamientos sobre una eventual destitución del actual presidente del BCR, el candidato prefirió no adelantar decisiones. Indicó que primero esperará el desarrollo del proceso electoral antes de definir una postura final.

“Vamos a resolver la primera vuelta, pasar la segunda vuelta, ganar y ahí nosotros referir cuál es una nuestra sentir”, sostuvo.

Como se recuerda, tras la primera vuelta electoral, Sánchez expresó sus intenciones de retirar de su cargo al presidente del BCR de ganar las elecciones. El postulante, cuestionó la gestión del funcionario y a su relación con el sector empresarial.

“Usted, señor Julio Velarde, no nos representa. Nosotros, en nuestro primer día de gobierno, lo vamos a echar porque es usted una vergüenza, solamente ha trabajado para mantener contentos y felices a empresas transnacionales”, afirmó.

De acuerdo con el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con el 93.8 por ciento de actas contabilizadas, Sánchez se ubica en el segundo puesto. El candidato acumula 1 millón 900 mil 198 votos y mantiene una diferencia de 15 471 votos sobre Rafael López Aliaga, representante de Renovación Popular.

El reclamo responde a expresiones en las que se le vinculó con presunto apoyo logístico y económico a favor de una candidatura presidencial.

Según el documento, López Aliaga afirmó que el empresario habría destinado “millones de dólares” para organizar un “ejército de personeros” y que incluso colocó a un familiar al frente de esa estructura.

Dyer negó cada uno de esos señalamientos y sostuvo que no existe respaldo fáctico, documental ni legal que sustente tales acusaciones. Asimismo, aseguró no haber financiado personeros, organizado redes vinculadas a ese fin ni designado familiares para dichas actividades.

En la misiva, solicitó que la rectificación se realice en un plazo máximo de 48 horas y con similar difusión al pronunciamiento original.

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que aceptó por unanimidad la renuncia de Piero Alessandro Corvetto Salinas al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras los problemas técnicos y logísticos registrados durante la jornada electoral del 12 de abril de 2026.

La institución comunicó que la dimisión fue presentada el 21 de abril, y que inmediatamente se convocó a un pleno extraordinario para evaluar la situación y adoptar las decisiones correspondientes dentro de sus competencias constitucionales.

🚨 #AHORA | La Junta Nacional de Justicia informa a la opinión pública lo siguiente. pic.twitter.com/Sva5nSMYXS

— Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) April 21, 2026

Renuncia se da tras fallas en despliegue electoral

Según la carta dirigida a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, Corvetto explicó que su salida del cargo, que ocupaba desde el 31 de agosto de 2020, responde a los inconvenientes ocurridos durante el despliegue del material electoral en sectores de Lima Metropolitana.

El exjefe de la ONPE indicó que su renuncia busca facilitar la organización de la segunda vuelta presidencial en un escenario que permita recuperar la confianza ciudadana en el sistema electoral.

Asimismo, señaló que existen interrogantes que deberán ser esclarecidas mediante una investigación imparcial sobre la cadena logística utilizada durante el proceso electoral.

JNJ continuará investigación preliminar

En el comunicado oficial, la JNJ confirmó que continuará con la investigación preliminar contra el exfuncionario por los hechos ocurridos durante la jornada electoral.

El organismo también precisó que el acuerdo adoptado fue comunicado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y a la ONPE, conforme a los procedimientos establecidos por ley.

La salida de Corvetto se produce en medio del proceso electoral en curso, luego de reportarse fallas operativas en la distribución del material electoral durante la jornada del 12 de abril, lo que generó cuestionamientos por parte de diversos actores políticos.

El documento de renuncia ya cuenta con sello de recepción de la JNJ y se da en un contexto en el que las autoridades electorales deberán garantizar la adecuada organización de la segunda vuelta presidencial.

Las autoridades no han informado aún quién asumirá la conducción de la ONPE de manera temporal tras la salida del funcionario.

En el documento, Corvetto comunica su decisión de dejar la responsabilidad que ejercía desde el 31 de agosto del 2020. Además, menciona los problemas técnicos y operativos ocurridos durante el despliegue del material electoral en sectores de Lima Metropolitana durante la jornada del 12 de abril.

También indicó que su salida busca permitir que se organice y ejecute la segunda vuelta presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana hacia la ONPE.

Finalmente, señaló que existen interrogantes que deberán esclarecerse mediante una investigación imparcial y exhaustiva sobre la cadena logística de la institución.

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Al buscar una mesa de sufragio específica dentro del portal, apareció un acta de escrutinio con agrupaciones políticas que no forman parte del proceso electoral.

El hecho fue expuesto durante una transmisión de Canal N, donde la conductora explicó que ingresó a la mesa 086793, señalada como correspondiente a New Jersey. Luego de descargar el archivo adjunto, mostró que el documento contenía nombres ajenos a la contienda.

#EnVivo

Usuarios detectaron un acta con partidos inexistentes en la web de la ONPE durante el conteo de votos de las Elecciones 2026

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/oLZmZulUIW

— Canal N (@canalN_) April 21, 2026

Entre las organizaciones que figuraban en el acta aparecían “El Porvenir de los Terbanos”, “No olvides nunca respirar” y “Jóvenes del mañana”, además de símbolos no vinculados a partidos inscritos oficialmente.

Según se observó en pantalla, el archivo también mostraba firmas de miembros de mesa y una estructura similar a la de un acta regular.

La ONPE cambió el acta minutos después

Minutos después de que el caso se hiciera público, el documento visualizado en el portal fue reemplazado. En lugar del archivo cuestionado, la plataforma mostró un acta que sí correspondería al proceso electoral y con organizaciones políticas oficiales.

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El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, no descartó que funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puedan ser imputados penalmente si se determina responsabilidad por presuntas negligencias en la organización de las elecciones generales 2026.

En declaraciones a Exitosa, el titular del Ministerio Público sostuvo que los funcionarios habrían tenido conocimiento previo de posibles inconvenientes advertidos por la Contraloría General de la República, lo que obligaba a adoptar medidas preventivas.

“Su jefe, sus gerentes sabían de eso y estaban obligados a evitarlo y, como no lo han hecho, a pesar de conocer lo que iba a suceder, eso ya se puede imputar penalmente a título de dolo”, afirmó.

Investigación incluye al jefe de la ONPE

Gálvez indicó que entre las personas comprendidas en las denuncias se encuentran diversos servidores de la entidad electoral, incluido el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

El fiscal explicó que las investigaciones no solo se enfocan en presuntos delitos electorales, sino también en determinar si se habría configurado el delito de colusión ilegal, vinculado a supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de transporte a la empresa Gálaga.

Según detalló, todas las denuncias relacionadas han sido centralizadas en una sola investigación, actualmente a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

“Como el delito más grave es el de colusión ilegal, justamente es la Fiscalía Anticorrupción la que se está abocando al conocimiento de todos los delitos”, señaló.

Posible detención y avance de las diligencias

Respecto al pedido de detención contra el jefe de la ONPE, el fiscal indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) ya habría preparado el documento correspondiente, aunque este aún no había sido recibido por el fiscal encargado.

Sin embargo, precisó que la eventual detención no alteraría el desarrollo de las investigaciones.

“Los hechos ya ocurrieron, por lo que, se dé o no la detención, eso no va a cambiar las cosas”, manifestó.

Ministerio Público no intervendrá en recuento de votos

De otro lado, Gálvez aclaró que el Ministerio Público no puede intervenir en el recuento de votos, pese a que algunos candidatos lo han solicitado.

Explicó que dicha acción no forma parte de sus competencias y que una intervención directa podría afectar la legalidad del proceso electoral.

“No lo podemos hacer, porque con eso estaríamos viciando el propio proceso a través de la interrupción del conteo”, sostuvo.

No obstante, indicó que una vez concluido el proceso electoral, la institución podría intervenir mediante pericias técnicas que incluyan la verificación o revisión de los resultados.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el conteo de votos para la elección presidencial alcanzó el 93.866% de actas contabilizadas, según el reporte actualizado al 21 de abril de 2026 a las 11:00:18 a. m.

De acuerdo con los resultados preliminares, la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi se mantiene en el primer lugar con 2,695,850 votos, equivalente al 17.047% de votos válidos.

Sánchez supera a López Aliaga por estrecho margen

En el segundo lugar se ubica el candidato Roberto Helbert Sánchez Palomino, quien registra 1,899,474 votos (12.011%).

Muy cerca se encuentra el candidato Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, con 1,884,444 votos (11.916%).

La diferencia entre ambos candidatos es de 15,030 votos, lo que evidencia una contienda ajustada por el segundo lugar, que podría variar conforme se incorporen las actas restantes.

Este estrecho margen mantiene la expectativa sobre posibles cambios en la ubicación final de los candidatos en los próximos reportes.

Conteo continúa con actas pendientes

El organismo electoral informó que el proceso continúa con 6.053% de actas en proceso de envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y 0.081% aún pendientes.

En total, el sistema electoral ha procesado 92,766 actas, y los resultados seguirán actualizándose hasta alcanzar el 100%.

La ONPE reiteró que los resultados difundidos son preliminares y pueden modificarse conforme avance el conteo oficial.

El mandatario afirmó que corresponde respetar la independencia de los organismos electorales.

Durante declaraciones a RPP, indicó que no tomará partido en este tema. “No, porque eso sería inmiscuirme. Yo soy un hombre que no prejuzga. Imagínese que yo interviniera, sería una parcialización”, dijo.

En ese sentido, señaló que el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia cuentan con la facultad legal para evaluar presuntas irregularidades y adoptar medidas si corresponde.

Balcázar también negó que exista intención de indultar a Pedro Castillo y descartó cambios en el Gabinete Ministerial.

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Esta iniciativa beneficia a Bellido porque su partido, Pueblo Consciente, podría ser cancelado si no logra presentar candidatos en el número mínimo de regiones y provincias exigido por ley.

El politólogo Jean Carlos Rodríguez explicó a Correo que si bien la medida tiene “nombre propio”, sumaría a otros beneficiarios.

“Él (Bellido) tiene un partido propio, que es Pueblo Consciente; probablemente, no ha logrado inscribir la cantidad mínima de candidaturas y tiene miedo de perder la inscripción de su partido, al igual que con otros partidos nuevos”, refirió.

EN VILO

Pueblo Consciente (PC) obtuvo su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el 24 septiembre de 2025.

La resolución presenta a Bellido Ugarte como su presidente y secretario de ideología nacional.

En diciembre del año pasado, Pueblo Consciente buscaba candidatos para las ERM2026 vía Facebook.

“Tú podrías ser gobernador y/o alcalde”, reza un post del pasado 25 de diciembre.

Además, en su página oficial, defienden al golpista Pedro Castillo y llama “secuestro político” a las sentencias de Aníbal Torres y Betssy Chávez.

RIESGO

El especialista en derecho electoral, Víctor Velásquez, advirtió que la participación de Pueblo Consciente en las elecciones del 4 octubre no es opcional.​

“La ley obliga a las organizaciones políticas a presentar candidatos en al menos el 50% de las regiones y en el 20% de las provincias. Si no cumplen con ese requisito, pueden ser canceladas”, explicó.

Agregó que “con esta suspensión, podría mantener su inscripción”.

Velásquez alertó que su alcance podría ampliarse al debatirse en el Congreso.

“El texto actual suspende causales vinculadas a la participación, pero podría extenderse a otras, como la valla electoral”, sostuvo.

Durante declaraciones a RPP, el jefe de Estado indicó que la posición del Ejecutivo no ha cambiado desde que se acordó aplazar el tema.

“El tema es que hemos acordado desde el inicio de que se postergaba para el nuevo Gobierno y todavía esa circunstancia no ha cambiado. No hay compra todavía”, sostuvo.

Balcázar añadió que una eventual adquisición debe realizarse con calma y tras una evaluación completa del próximo Gobierno. También señaló que el proceso tendría que buscar condiciones favorables y mantener buenas relaciones con los países que cuentan con ese tipo de aeronaves.

“Esta compra se tiene que hacer con toda tranquilidad y bien analizado para que todo el país se quede contento cuando uno hace una compra normal (…) No descarto el asunto de la compra, la compra debe mantenerse en el sentido de las mejores relaciones con todos los países que tienen aviones”, manifestó.

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En un intento por mantenerse vigentes, las organizaciones recurren en muchas ocasiones en la entrega de gaseosas, galletas, lapiceros y mucho más, a cambio de que los ciudadanos faciliten sus datos y firmen una ficha de afiliación.

Precisamente, esas prácticas no éticas se evidencian con los resultados de las últimas Elecciones Generales 2026.

Y es que de acuerdo con información revisada por Correo, al menos 12 candidatos presidenciales no captaron el voto total de los afiliados a sus partidos.

CIFRAS

Con los datos precisados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 93.597%, son varios los partidos que no llegaron a conseguir ni siquiera el número de votos de quienes son afiliados en su partido.

Para muestra hay varios botones. Por ejemplo, el partido Perú Moderno de Carlos Jaico tiene 56,087 afiliados.

El 7 de enero de este año presentaron el padrón de sus afiliados en un total de 952 páginas. Sin embargo, Jaico es el candidato que obtuvo menos votos.

Al cierre de esta edición solo consiguió 9141 votos.

Lo mismo sucede con el partido PRIN que registra 53,103 afiliados.

A pesar de eso, su candidato presidencial Walter Chirinos solo obtuvo 13,640 votos.

En una situación similar se encuentra Antonio Ortiz de Salvemos al Perú que consiguió 16,409 votos, aunque tiene 31,370 afiliados.

El partido Fe en el Perú tiene 56,088 afiliados, pero su candidato presidencial Alvaro Paz de la Barra solo alcanzó 21,847 votos.

Cabe precisar que en esta contabilidad no está incluido el fallecido candidato Napoleón Becerra del Partido de los Trabajadores y Emprendedores.

Su agrupación tiene 39,481 afiliados. Sin embargo, tras el deceso de su candidato, toda la plancha quedó fuera de carrera.

A pesar de ello, su candidato obtuvo 10,733 votos.

NO LLEGARON

En la información revisada se encontró que cuatro partidos con representación actual en el Congreso, no obtuvieron los votos necesarios de parte de sus afiliados.

Avanza País es sin duda uno de los partidos que perdió respaldo en los recientes comicios.

El candidato presidencial y congresista José Williams Zapata solo consiguió 30,680 votos, a pesar de que su agrupación tiene más de 50 mil afiliados.

Somos Perú tiene 178,483 afiliados, pero su candidato George Forsyth tiene acumulado hasta el momento 141,431 votos.

Otro caso es el de Perú Libre, partido que en las elecciones de 2021 logró una importante representación en el Congreso y cuyo candidato presidencial (Pedro Castillo) fue elegido.

La agrupación del prófugo Vladimir Cerrón tiene registrado 219,140 afiliados. Sin embargo, su candidatura no alcanzó ni la mitad de esos votos, porque solo llegó a 94,052.

Finalmente está el caso de César Acuña, exgobernador regional de La Libertad.

Su partido Alianza para el Progreso (APP) tiene 389,200 afiliados, pero el candidato solo alcanzó 178,207votos.

ALIANZAS

En el reciente proceso electoral participaron tres alianzas integradas por diversos partidos políticos, es decir, tenían la oportunidad de recibir más votos debido a la cantidad de afiliados. Sin embargo, eso no sucedió con dos de ellas.

La alianza Fuerza y Libertad está integrada por los partidos Fuerza Moderna y Batalla Perú, agrupaciones que tienen 34,170 y 49,614 votos, respectivamente.

Juntos suman 83,784 afiliados, a pesar de ello, su candidata presidencial Fiorella Molinelli solo alcanzó 25,533 votos.

Mientras que la alianza Unidad Nacional conformada por el Partido Popular Cristiano (PPC), Peruanos Unidos ¡Somos Libres! y Unidad y Paz, suma un total de 107,520.

A pesar de eso, su candidato presidencial Roberto Chiabra solo alcanzó 63,849 votos.

RECLAMOS

De acuerdo con el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un afiliado es un ciudadano que de manera libre y voluntaria, manifiesta su voluntad de pertenecer a una organización política, y con ello participar democráticamente en la vida política del país.

Un dato no menor es que el año pasado se registraron denuncias de ciudadanos que fueron inscritos a algunos partidos políticos sin su consentimiento.

El caso generó pronunciamientos de diferentes instituciones del Estado, el inicio de investigaciones en la Fiscalía y el malestar de todos aquellos que debían iniciar el procedimiento para una desafiliación.

El caso más grave sucedió con el partido Nueva Gente del abogado Carlos Vega.

La agrupación acumulaba 750 solicitudes de desafiliación durante el proceso de inscripción.

Los ciudadanos denunciaron haber sido registrados en el padrón sin su consentimiento.

Para el JNE, el número de desafiliaciones era inusual y le pidió explicaciones al partido, pero al no dar una respuesta satisfactoria, el proceso de inscripción se dio por concluido.

En la actualidad, figura como uno de los 53 partidos que cumplió el proceso sin alcanzar inscripción.

Durante una manifestación realizada el pasado domingo en el Campo de Marte, en Jesús María, reclamó por los electores que no emitieron su voto debido a demoras en la instalación de mesas de sufragio en Lima Metropolitana.

“Convoque usted a elecciones complementarias para todos los que no han votado, incluyendo a policías y militares”, expresó.

Asimismo, López Aliaga advirtió que fijaba como plazo que estas se desarrollen antes del domingo 3 de mayo, caso contrario –refirió– “no garantizaba nada”.

Al finalizar su discurso, el exalcalde de Lima aseguró que cuenta con información respaldada por un peritaje judicial.

“Yo mismo, con un perito judicial, tengo la información, la cual está entrando esta noche a la Policía Nacional y a la Fiscalía del Perú”, afirmó.

Apoyo

La candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) respaldó el pedido de López Aliaga.

“Estoy de acuerdo con la solicitud que ha hecho el señor López-Aliaga para que las personas que no votaron en ciertas mesas, que se aperturaron de manera tardía, (lo puedan hacer). El JNE puede implementar una elección complementaria”, manifestó a la prensa.

Opinión

Al respecto, especialistas en derecho electoral coincidieron en que la propuesta es inviable.“No hay posibilidad alguna porque no está bajo la normatividad vigente en materia electoral”, dijo José Tello a Correo.

Por su parte, José Naupari explicó que “la Constitución establece un único supuesto de nulidad total: cuando los votos nulos o en blanco, sumados, superan los dos tercios de los votos emitidos”.

Los firmantes denunciaron los retrasos en la instalación de mesas, fallas en el Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) y hallazgos de cédulas de sufragio en la vía pública.

“Estos hechos comprometen de manera directa la transparencia, trazabilidad y seguridad que el sistema electoral está obligado a garantizar”, reza el texto.

Los militares retirados exigieron que las autoridades de la ONPE pongan sus cargos a disposición de la Junta Nacional de Justicia.

De acuerdo con la resolución difundida por RPP, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, determinó que “no había mérito” para sostener los cargos contra la exmandataria ni su Gabinete, y dispuso “el archivo de todo lo actuado” y la “anulación de la anotación o registro informático generado” con el expediente.

Agregó que el proceso comenzó en marzo de 2024, lo que desvirtúa los argumentos del partido denunciante Voces del Pueblo.

En su discurso, el titular del Parlamento pidió no olvidar las lecciones del operativo y recordó a quienes murieron en el rescate: el coronel Juan Valer, el capitán Raúl Jiménez y el vocal de la Corte Suprema, Carlos Giusti.

De acuerdo con un documento fiscal al que accedió RPP, Corvetto hará entrega de su pasaporte y proporcionará información. Esta medida se produce luego de que, el último fin de semana, el titular del organismo electoral remitiera un escrito al Ministerio Público en el que planteaba el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.

Aún se encuentra pendiente la reprogramación de la diligencia en la que Piero Corvetto debe declarar como testigo en esta misma carpeta fiscal, inicialmente prevista para el pasado viernes, pero que fue postergada a pedido del funcionario.

La Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Fiscalía que incorpore al titular de la ONPE como investigado en el caso de la contratación de la empresa Gálaga para la distribución de material electoral.

El pasado 17 de abril, el mandatario anunció su decisión de suspender temporalmente esta adquisición, iniciada durante la gestión de José Jerí, al señalar que su gobierno es transitorio y que concretarla supondría un elevado costo para el país.

Nieto respaldó la decisión y, a través de una publicación en su cuenta de X, envió un mensaje dirigido a la Presidencia de la República, exhortando a la institución a pensar en el país y a no sucumbir ante el “miedo o chantaje”.

“Presidente, resista. Ninguna decisión por miedo o por chantaje es buena. Queremos buenas relaciones con todos, pero no a costa de decisiones estratégicas para el Estado peruano, que debe tomar el próximo gobierno. Usted ha hecho bien en postergarla. Piense en el Perú”, escribió el exministro de Defensa.

@presidenciaperu, resista. Ninguna decisión por miedo o por chantaje es buena. Queremos buenas relaciones con todos, pero no a costa de decisiones estratégicas para el estado peruano, que debe tomar el próximo gobierno. Usted ha hecho bien en postergarla. Piense en el Perú.

— Jorge Nieto Montesinos (@JorgeNietoMon) April 20, 2026

Comisión de Defensa citó el 27 de abril al premier, titular del Mindef y al canciller para responder por compra de aviones F-16

El último viernes, José María Balcázar, presidente de la República, anunció su decisión de suspender la firma del contrato para la adquisición de 24 aviones de combate F-16 Block 70 a la empresa estadounidense Lockheed Martin, valorizado en aproximadamente 3 500 millones de dólares.

Balcázar señaló para RPP que prefiere que la adquisición sea concretada por el próximo Gobierno, al considerar que contará con la legitimidad necesaria para tomar esa decisión. Asimismo, señaló que la compra “no es una cosa que para nosotros es prioritaria”.

La decisión ha generado diversas reacciones en el escenario político. Desde el Congreso, Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Defensa, sostuvo a dicho medio que su grupo de trabajo citará para el 27 de abril al ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, a fin de que responda por la suspensión de la compra; además, indicó que se evalúa convocar también al canciller Hugo de Zela.

“Nosotros vamos a citar al ministro de Defensa, para el lunes 27, y también estamos evaluando [citar] al ministro de Relaciones Exteriores”, refirió.

“De todas maneras, nosotros vamos a estar atentos al informe que ellos nos puedan brindar el lunes 27 en la sesión de la Comisión de Defensa. Este es un tema que a todos nos interesa conocer y además también sobre ello poder tomar algunas decisiones en términos legislativos, porque el tema de la seguridad para nosotros es fundamental, pero tiene que haber la transparencia del caso en todo el proceso”, agregó.

Paredes envió oficios al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; al canciller Hugo de Zela; y al ministro de Defensa, Carlos Díaz, convocándolos a su grupo de trabajo para el lunes 27 de abril, a fin de que respondan por la “situación actual” de dichas negociaciones.

#ATENCION Comisión de Defensa del congreso cita al Premier y a los ministros de Defensa y RREE para el 27 de abril a fin de explicar la postergación de la compra de aviones F 16 a USA pic.twitter.com/8Dm6KWVHnQ

— Carlos Villarreal (@KikesitoVH) April 20, 2026

“Yo entiendo que se ha empezado un proceso disciplinario por parte de la Junta Nacional de Justicia y, de cara a la segunda vuelta, yo creo que sería saludable que esta persona sea retirada y sean otras personas las que lleven a cabo la segunda vuelta”, declaró ante la prensa.

Fujimori recordó además que, hace dos años, Fuerza Popular fue la única agrupación que presentó un escrito ante la JNJ cuestionando la ratificación de Corvetto.

“Hace dos años, cuando el señor Corvetto pasó el proceso de ratificación en la Junta Nacional de Justicia, fuimos el único partido que envió un informe por escrito, dando argumentos además de por qué él no debía ser ratificado”, agregó.

La lideresa de Fuerza Popular consideró que el jefe de la ONPE debería dar un paso al costado, aunque destacó la decisión de la JNJ de iniciar un proceso disciplinario en su contra.

“Me imagino que dentro de todo el marco de la ley le van a dar los plazos, los tiempos correspondientes. Pero más allá de esta decisión que ellos tomen, yo creo que corresponde que él ya presente su carta de renuncia”, sostuvo.

Además, Fujimori expresó su respaldo a la propuesta de Rafael López Aliaga para que solo las personas que no votaron en las mesas instaladas con retraso en Lima Metropolitana puedan ejercer su derecho al sufragio. En ese sentido, indicó que espera un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones sobre esta iniciativa.

Balcázar señaló para RPP que prefiere que la adquisición sea concretada por el próximo Gobierno, al considerar que contará con la legitimidad necesaria para tomar esa decisión. Asimismo, señaló que la compra “no es una cosa que para nosotros es prioritaria”.

La decisión ha generado diversas reacciones en el escenario político. Desde el Congreso, Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Defensa, sostuvo a dicho medio que su grupo de trabajo citará para el 27 de abril al ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, a fin de que responda por la suspensión de la compra; además, indicó que se evalúa convocar también al canciller Hugo de Zela.

“Nosotros vamos a citar al ministro de Defensa, para el lunes 27, y también estamos evaluando [citar] al ministro de Relaciones Exteriores”, refirió.

“De todas maneras, nosotros vamos a estar atentos al informe que ellos nos puedan brindar el lunes 27 en la sesión de la Comisión de Defensa. Este es un tema que a todos nos interesa conocer y además también sobre ello poder tomar algunas decisiones en términos legislativos, porque el tema de la seguridad para nosotros es fundamental, pero tiene que haber la transparencia del caso en todo el proceso”, agregó.

Paredes envió oficios al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; al canciller Hugo de Zela; y al ministro de Defensa, Carlos Díaz, convocándolos a su grupo de trabajo para el lunes 27 de abril, a fin de que respondan por la “situación actual” de dichas negociaciones.

#ATENCION Comisión de Defensa del congreso cita al Premier y a los ministros de Defensa y RREE para el 27 de abril a fin de explicar la postergación de la compra de aviones F 16 a USA pic.twitter.com/8Dm6KWVHnQ

— Carlos Villarreal (@KikesitoVH) April 20, 2026

Rospigliosi advierte consecuencias por pausar compra de aviones F-16: “Puede desatar una crisis de gobierno”

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó como “hecho muy grave” la decisión del presidente José María Balcázar de suspender la compra de aviones F-16 Block 70 al gobierno de Estados Unidos. En declaraciones a la prensa, el parlamentario alertó que este incumplimiento de un compromiso formal podría generar consecuencias graves para la nación y desatar una crisis de gobierno.

Rospigliosi se refirió al impacto que la postergación tiene en las relaciones bilaterales con Washington, principal aliado militar y comercial del Perú. El legislador de Fuerza Popular enfatizó que la decisión compromete la credibilidad internacional del Estado peruano ante uno de sus socios estratégicos más importantes.

“Es un hecho muy grave porque el Estado peruano había adquirido un compromiso, a algunos puede gustarles a otros no, pero era un compromiso formal. El incumplimiento de este compromiso puede traer consecuencias muy graves para el país y quizás pueda desatar una crisis de gobierno”, expresó.

El congresista recordó sus ad recordó haber advertido sobre posibles consecuencias negativas tras la destitución de José Jerí y la asunción de Balcázar en el cargo.

“Esto es consecuencia de lo que ya habíamos advertido cuando de manera absurda se destituyó al señor José Jerí para traernos lo que tenemos ahora y ahora estamos viviendo algunas de las consecuencias de estos hechos negativos”, indicó.

El expresidente José Jerí también cuestionó la medida tomada por su sucesor. El exmandatario lamentó que la suspensión se anunciara precisamente el día programado para la firma simbólica del contrato de adquisición de las aeronaves.

Rospigliosi describió la decisión del Ejecutivo como una postura contraria a los intereses nacionales de Perú. El presidente del Congreso argumentó que compromete tanto las capacidades de defensa como las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

La postergación del contrato con Lockheed Martin genera interrogantes sobre la modernización de la Fuerza Aérea Peruana. La decisión tomada durante la etapa final del proceso contractual continua generando críticas desde diferentes bandos políticos.

De acuerdo con fuentes de RPP, indicaron que el Ministerio Público dispuso que el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial de Lima Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios asuma la investigación de todas las denuncias presentadas en el distrito fiscal de Lima Centro por hechos vinculados a este caso.

Este mismo despacho fiscal, encabezado por Raúl Martínez, ya viene llevando a cabo una investigación por el presunto delito de colusión en torno a la contratación de la empresa Gálaga por parte de la ONPE.

Dichas denuncias abarcan tanto la presentada por presunta omisión de funciones —que hasta ahora estaba en manos de una Fiscalía Penal de Lima Centro—, como la investigación por colusión que ya llevaba adelante esta Fiscalía Anticorrupción, además de hechos como la pérdida de material electoral reportada la semana pasada.

Esta misma Fiscalía Anticorrupción es la que ya había citado como testigo al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, el pasado viernes; sin embargo, la diligencia no se concretó por un pedido de reprogramación presentado por el funcionario.

Corvetto presentó este domingo ante la Fiscalía un documento en el que comunica su decisión de entregar su pasaporte y autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades detectadas durante las Elecciones Generales 2026.

El Comité Ejecutivo Nacional del partido Voces del Pueblo presentó la denuncia penal contra Boluarte y su gabinete por presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Los denunciantes alegaron infracción a la Ley N° 28212 que limita la remuneración presidencial a diez Unidades Remunerativas del Sector Público, equivalente a 26 mil soles.

¿Cúando se efectuo el aumento de sueldo?

El pasado 4 de julio de 2025, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 136-2025-EF suscrito por Boluarte y el entonces ministro de Economía Raúl Pérez Reyes. Este documento elevó el sueldo del cargo presidencial de 15 mil 600 soles a 35 mil 568 soles mensuales.

La fiscalía determinó que el trámite administrativo inició en marzo de 2024 con un oficio del Despacho Presidencial dirigido a SERVIR. Gálvez concluyó que esta fecha desvirtúa la presunta celeridad indebida alegada por los denunciantes y resta credibilidad a la denuncia.

La resolución destacó que la documentación acredita el cumplimiento de los procedimientos normativos por parte de las instituciones involucradas. El Congreso estableció excepciones específicas a la Ley N° 28212 mediante la Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2025.

Marco legal aplicado

El procedimiento se rigió por la Ley N° 30057 del Servicio Civil, bajo la cual se expidió el decreto supremo. Gálvez precisó que la limitación invocada por los denunciantes no resultaba aplicable al caso específico del cargo presidencial.

Las declaraciones del presidente de SERVIR, el director de Programación de Gestión Fiscal del Ministerio de Economía y otros funcionarios coincidieron en la corrección del proceso. El fiscal señaló que se trató de un acto colegiado sustentado en informes técnicos y legales independientes.

Gálvez determinó que no se acreditó un interés ilícito en la valorización del puesto presidencial. Aunque podría inferirse un beneficio económico para Boluarte, esta inferencia resulta insuficiente para atribuir responsabilidad penal.

¿Qué pasará con los exministros de la gestión de Boluarte?

Respecto a los exministros, la fiscalía descartó evidencia de voluntad deliberada para favorecer a la expresidenta. Los funcionarios ejercieron sus competencias basados en informes técnicos previos sin indicios de irregularidad.

Por su parte, Juan Carlos Portugal, abogado defensor de Boluarte, celebró la resolución de la fiscalía en su cuenta de X. El letrado argumentó que una indagación previa bastaba para descartar materialidad penal en la denuncia presentada.

“¡Caso sueldo presidencial archivado! Para denuncias como estas, es suficiente una indagación previa para determinar la ausencia de materialidad penal. Los caprichos personales no son fuente de investigación penal”, escribió en sus redes.

¡Caso sueldo presidencial ARCHIVADO!

De la misma forma en como la ONPE se deslegitima con horrores como las que ya todos conocemos, el Ministerio Público -en igual sentido- lo hace con investigaciones que jamás debieron iniciarse. Para denuncias como estas, es suficiente una… pic.twitter.com/3ZaCYDqJw8

— JCPortugalS (@JCPortugalS) April 20, 2026

Rospigliosi se refirió al impacto que la postergación tiene en las relaciones bilaterales con Washington, principal aliado militar y comercial del Perú. El legislador de Fuerza Popular enfatizó que la decisión compromete la credibilidad internacional del Estado peruano ante uno de sus socios estratégicos más importantes.

“Es un hecho muy grave porque el Estado peruano había adquirido un compromiso, a algunos puede gustarles a otros no, pero era un compromiso formal. El incumplimiento de este compromiso puede traer consecuencias muy graves para el país y quizás pueda desatar una crisis de gobierno”, expresó.

El congresista recordó sus ad recordó haber advertido sobre posibles consecuencias negativas tras la destitución de José Jerí y la asunción de Balcázar en el cargo.

“Esto es consecuencia de lo que ya habíamos advertido cuando de manera absurda se destituyó al señor José Jerí para traernos lo que tenemos ahora y ahora estamos viviendo algunas de las consecuencias de estos hechos negativos”, indicó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, advirtió sobre las posibles consecuencias de poner en pausa la compra de aviones F-16 a Estados Unidos. Señaló que el incumplimiento de este compromiso podría generar efectos negativos para el Perú.

📻… pic.twitter.com/X1vjXMYuwF

— Exitosa Noticias (@exitosape) April 20, 2026

El expresidente José Jerí también cuestionó la medida tomada por su sucesor. El exmandatario lamentó que la suspensión se anunciara precisamente el día programado para la firma simbólica del contrato de adquisición de las aeronaves.

Rospigliosi describió la decisión del Ejecutivo como una postura contraria a los intereses nacionales de Perú. El presidente del Congreso argumentó que compromete tanto las capacidades de defensa como las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

La postergación del contrato con Lockheed Martin genera interrogantes sobre la modernización de la Fuerza Aérea Peruana. La decisión tomada durante la etapa final del proceso contractual continua generando críticas desde diferentes bandos políticos.

Hasta el momento, el JNE ha recibido 27.227 actas observadas de un total estimado de 65 mil que se espera lleguen desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Según explicó Valdivia, de ese total recibido, se han generado 26.049 expedientes y se han emitido 3.513 pronunciamientos por parte de los Jurados Electorales Especiales.

“Nosotros nos quedamos pendientes solamente de las 65.000 actas que se supone que nos van a llegar poco más. Nos ha llegado 27.227. De estos 27.000 hemos generado los expedientes de 26.049”, indicó a la prensa.

Del total de pronunciamientos emitidos, 381 han derivado en audiencias de recuento de votos. Cabe precisar que al momento de la conferencia, se encontraba en desarrollo la sexta audiencia, correspondiente al Jurado Electoral Especial de Chanchamayo, mientras que audiencias previas en Piura y Huancayo también se realizaron durante la mañana.

Transparencia en tiempo real

El JNE precisó que todas las audiencias de recuento de votos son transmitidas en tiempo real a través del Portal Electoral Constitucional y del canal de YouTube del organismo. El vocero señaló que la ciudadanía puede monitorear en todo momento el avance del proceso y las cifras actualizadas de expedientes generados.

El funcionario también resaltó la importancia de mantenerse informados sobre el estado del proceso y pidió mantener la calma a la ciudadanía ante la incertidumbre generada por el estrecho margen entre los candidatos.

“Guardar calma, esperar que pronto vayamos a dar los resultados, como estamos viendo, la información se está transparentando justamente para que tengan esa calma la ciudadanía”, exhortó.

Cinco tipos de observaciones

El representante del JNE explicó que las actas observadas responden a cinco tipos de errores identificados durante el proceso. El primero es el error aritmético, que se produce cuando la suma de los votos no coincide con el total de ciudadanos que sufragaron en esa mesa.

El segundo tipo corresponde a la falta de firmas de los miembros de mesa, quienes deben suscribir las tres secciones del acta: instalación, sufragio y escrutinio. La norma exige un mínimo de tres firmas en alguna de las secciones y dos en las demás; si no se cumple ese requisito, el acta es observada.

El tercer tipo de observación se genera cuando el acta no consigna los votos obtenidos por las organizaciones políticas, en blanco o nulos. El cuarto corresponde a la ilegibilidad, cuando no es posible determinar con claridad las cifras registradas en los casilleros. El quinto ocurre cuando el acta llega incompleta por omisión del total de ciudadanos que votaron.

“Los errores son de cinco tipos... Puede haber presentado actas electorales que hayan sido observadas porque hay un error aritmético, es decir, cuando no hay consistencia entre la suma de los votos y el total de ciudadanos que votan. El total de que votaron son los ciudadanos que fueron a votar a esa mesa. Vamos a suponer que sean 200 personas que fueron a votar a esa mesa sufragio, pero la suma de los votos o meda 190, es decir, menor que 200, o meda mayor”, explicó.

¿Cuándo se activa el recuento de votos?

El vocero también remarcó que cuando el personal del JNE recibe un acta observada y no puede subsanar la observación mediante el cotejo con su propio ejemplar, la ley ordena el recuento de votos. Este procedimiento está establecido en el artículo 264 de la Ley Orgánica de Elecciones y reemplaza la anterior figura de nulidad del acta.

Una vez dispuesto el recuento, se solicita a la ONPE correspondiente que remita el sobre lacrado con las cédulas de votación no impugnadas en un plazo de 24 horas. Posteriormente, el Jurado Electoral Especial tiene hasta dos días para convocar la audiencia, con un mínimo de tres días de anticipación entre la convocatoria y su realización.

Según el reporte de Exitosa, las calles aledañas al edificio principal de la ONPE se encuentran con el tránsito vehicular y peatonal restringido. Solo pueden acceder al área las personas que acrediten laborar en locales cercanos mediante sus documentos de identidad.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, permanece en la sede principal del organismo. El recinto cuenta con resguardo policial y las calles continúan enrejadas.

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— Exitosa Noticias (@exitosape) April 20, 2026

¿Por qué es investigado el jefe de la ONPE?

Corvetto viene siendo investigado por presunto favorecimiento a la empresa Galaga SAC, responsable del despliegue y repliegue del material electoral durante el proceso electoral reciente. La investigación contempla una presunta colusión agravada vinculada a un contrato que supera los seis millones de soles.

A través de su defensa legal, Corvetto presentó un oficio en el que solicita la reprogramación de su citación ante la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, con sede en Barranco. La nueva fecha para que rinda su declaración aún no ha sido confirmada por las autoridades.

El pasado 18 de abril, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, el general Manuel Lozada, descartó que exista alguna solicitud de detención preliminar contra Corvetto. Para que esa medida se concrete, la fiscalía tendría que elevar el pedido al Poder Judicial, que sería el encargado de aceptarlo o desestimarlo.

Por su parte, Corvetto ha manifestado su disposición para colaborar con las investigaciones que llevan adelante tanto la fiscalía como la Policía Nacional. Además, puso su pasaporte a disposición de las autoridades y autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.

La Junta Nacional de Justicia descartó el 19 de abril que José Pérez Duarte asuma el cargo en reemplazo de Corvetto, quien continúa al frente de la ONPE. Su situación institucional permanece sin cambios mientras avanzan las investigaciones en su contra.

El contexto de esta investigación se enmarca en las irregularidades registradas durante el proceso electoral, donde la falta de material electoral generó retrasos y obligó a extender la jornada de manera extraordinaria el 13 de abril. Esos hechos derivaron en las investigaciones que hoy mantienen al jefe del organismo electoral en el centro de la atención pública.

Este procedimiento se implementa por primera vez dentro de un proceso electoral en el país. Su aplicación permitirá verificar de manera física los votos correspondientes a actas que presentan observaciones.

El objetivo central de esta fase es corregir inconsistencias detectadas en los resultados de la elección presidencial. Con ello se busca precisar qué organizaciones políticas avanzarán a la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

La fiscalización electoral también está en tus manos.

🗓️Sigue en vivo las audiencias públicas de recuento de votos para las actas observadas. Consulta aquí la programación de este lunes 20 de abril y mantente informado sobre el proceso. https://t.co/E7foS7LLBY#EG2026🗳️ pic.twitter.com/DXA686JuD5

— JNE Perú (@JNE_Peru) April 20, 2026

Audiencias virtuales y acceso ciudadano

El organismo electoral indicó que las sesiones se realizarán en formato virtual. Estas audiencias serán de acceso público para garantizar que la ciudadanía pueda seguir el desarrollo del proceso.

Las transmisiones estarán disponibles a través del portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, podrán visualizarse mediante la señal de JNE Media en televisión y en sus plataformas digitales oficiales.

En las audiencias intervendrán representantes de las organizaciones políticas involucradas. Asimismo, estarán presentes observadores electorales y delegados del Ministerio Público.

La participación de estos actores busca asegurar la legalidad y el control del procedimiento. De esta manera se pretende fortalecer la transparencia en una etapa sensible del proceso electoral.

¿Cuál es la finalidad del recuento de votos?

El recuento de votos se aplicará únicamente a las actas que presentan observaciones. Estas inconsistencias están relacionadas principalmente con errores en la suma de votos o en los datos registrados.

Se trata de casos que no pudieron resolverse en las instancias previas del sistema electoral. Por ello, esta etapa permite una revisión directa del contenido de las cédulas de votación.

Este proceso se desarrolla en un contexto en el que existen cuestionamientos sobre diversos resultados a nivel nacional. La revisión de votos busca aportar mayor claridad en la definición de los resultados finales.

El sistema electoral apunta así a reforzar la confianza en una fase decisiva del proceso. La precisión de los resultados será determinante para establecer qué candidaturas participarán en la eventual segunda vuelta.

📡 MIRA LA TRANSMISIÓN AQUÍ

La concentración se realizó en medio de cuestionamientos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por presuntas irregularidades en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

Protesta

El encuentro, que se desarrolló de manera pacífica, tuvo lugar a las 5:00 p. m. en el Campo de Marte, Jesús María.

La jornada se desarrolló con un visible despliegue de seguridad y restricciones vehiculares en puntos clave del distrito.

El acceso vehicular en el óvalo Jorge Chávez fue restringido en ambos sentidos, mientras el tránsito peatonal continuó sin interrupciones.

Durante la jornada, Norma Yarrow, candidata a la vicepresidencia de Renovación Popular, expresó críticas a la entidad organizadora del proceso electoral.

En ese contexto, señaló que su agrupación plantea repetir las elecciones por lo menos en Lima Metropolitana.

“Eso es un tema que lo hemos conversado y, viendo cómo hasta ahora se vienen manejando las elecciones, por lo menos pedimos que en Lima se vuelva a votar, porque hemos visto que el sabotaje ha sido en Lima”, declaró a RPP.

Los asistentes permanecieron en la avenida de la Peruanidad, donde se instaló un estrado en el que varios invitados tomaron la palabra.

Entre ellos, estuvo el propio López-Aliaga, quien se dirigió al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

“Se ha metido con la persona equivocada; señor Burneo, ahora sí puedo decirle que en el 2021 nos robaron las elecciones. Ya sé la manera en que trabajan estos delincuentes, han dejado la base de datos sin llave, abierta”, expresó.

El nuevo Congreso bicameral se instalará luego de la proclamación de los resultados oficiales y marcará el retorno, luego de más de tres décadas, a un sistema legislativo compuesto por dos cámaras.

Este será integrado por 130 diputados y 60 senadores, quienes asumirán funciones en representación nacional y regional en un escenario político fragmentado.

Sin embargo, Correo identificó a por lo menos 10 virtuales legisladores que enfrentan serios cuestionamientos por presuntos vínculos con el terrorismo, cercanía al entorno del golpista expresidente Pedro Castillo o por respaldar medidas inconstitucionales.

ESTOS SON

Iber Antenor Maraví Olarte figura como virtual senador de Juntos por el Perú (JP) con 26,037 votos preferenciales, pese a que registra antecedentes sindicales y políticos en Ayacucho.

Un atestado policial de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) recoge declaraciones que lo vinculan con presuntas acciones subversivas en la década de 1980.

Uno de los testimonios fue de un integrante de Sendero Luminoso identificado como Juan Alarcón Gutiérrez, quien señala a Maraví como participante en el apedreamiento de un hotel de turistas junto a la terrorista Edith Lagos.

No obstante, dichas imputaciones no han derivado en sentencia judicial. Maraví ha rechazado estas versiones y sostiene que no tienen sustento.

Otro es el caso de César Hugo Tito Rojas, virtual diputado de JP por Puno con 17,442 votos preferenciales.

El docente fue identificado por investigaciones policiales como dirigente del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso.

Según la Dircote, Tito Rojas visitó a senderistas presos en el penal de Yanamayo entre los años 2000 y 2004.

En las actas para la fallida inscripción del Movadef de 2011, presentadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Tito Rojas aparece como presidente del comité electoral de esa organización.

También podemos mencionar a Serafín Andrés Luján, eventual senador de JP por Huánuco, con 10,388 votos, y quien integra la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp).

Este dirigente cocalero aparece en el proceso judicial contra el excongresista Guillermo Bermejo, en el que participó como testigo.

Sin embargo, durante una audiencia se conoció que el Ministerio Público lo investiga por presunto delito de terrorismo desde el año 2020.

CASTILLISTAS

En esta lista también destaca Yenifer Paredes Navarro, cuñada del golpista Castillo y quien sería parte de la Cámara de Diputados y de la bancada de JP, ya que en Cajamarca cosechó 57,084 votos preferenciales.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) la investiga como presunta integrante de una red criminal que operó en el Ministerio de Vivienda y cuyo cabecilla, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, era el propio Castillo.

En agosto de 2022, el juez Johnny Gómez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó 30 meses de prisión preventiva contra Paredes, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.

No obstante, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la medida por mayoría, dispuso su excarcelación y la cambió por una comparecencia con restricciones.

Su tío José Mercedes Castillo Terrones llegaría al Parlamento como virtual senador de JP.

Su vínculo con el golpista expresidente es explícito, pues se trata de su hermano.

Su perfil consigna educación básica completa sin estudios superiores.

En un mitin político, realizado el 4 de abril en Secocha (Arequipa), José Mercedes Castillo formuló un encendido llamado a dirigentes mineros.

“Tenemos que llegar con un ejército de senadores y diputados (...) Si no, no nos van a dejar gobernar”, arengó a los asistentes.

También se puede destacar el caso de la legisladora Silvana Robles Araujo, extitular de Cultura de Castillo y virtual senadora de JP.

Su designación como ministra generó cuestionamientos, pues es cirujano dentista. Renunció a dicho portafolio el 7 de diciembre de 2022, tras el intento de autogolpe de Castillo.

En un mitin en Cajamarca, el 12 de febrero último, la exministra declaró ante sus seguidores que “todo el Perú tiene que reivindicar a nuestro presidente (Castillo)”.

“Un presidente que puso el pueblo peruano, que los grupos económicos lo sacaron”, agregó Robles.

Constitucional

La asamblea constituyente es el eje del discurso de la izquierda radical –desde el gobierno de Castillo– para cambiar la Carta Magna del Perú.

Víctor Raúl Cutipa Ccama, congresista de la bancada JP, sostuvo la necesidad de insistir en una asamblea constituyente. Su participación política se ha centrado en promover reformas estructurales del orden constitucional vigente.

Él entraría al Congreso bicameral como senador de Juntos por el Perú, con casi 2,000 votos.

Tampoco se puede pasar por alto a Jaime Quito Sarmiento, virtual senador con 83,982 votos y autor de iniciativas legislativas orientadas a convocar un referéndum para una nueva Constitución.

Asimismo, fue autor principal de una ley de reforma constitucional que disponía el adelanto de elecciones generales y un referéndum para convocar una asamblea constituyente en 2023, tras el fallido golpe de Estado.

Al Parlamento también llegaría Mirtha Vásquez, expresidenta del Congreso y expremier del golpista Castillo.

Ella llegaría al Senado en las filas de Ahora Nación gracias a los 91,518 votos que consiguió.

Durante su gestión, reconoció la posibilidad de una asamblea constituyente como un proceso de largo plazo sujeto a condiciones políticas y sociales.

Cerramos la lista con Ruth Luque, virtual senadora de Ahora Nación con 101,875 votos.

En más de una ocasión, ella ha manifestado su respaldo al debate sobre una nueva Carta Magna.

Aunque apuesta por una asamblea constituyente, ha reconocido que actualmente no existe el consenso político ni los votos necesarios para tal fin.

Riesgos

El consultor Pedro Yaranga advirtió que la llegada de legisladores investigados por terrorismo es un riesgo para el nuevo Parlamento.

“La función que tienen actualmente es aprovechar los espacios que deja la democracia, probablemente para intentar introducir algo que favorezca a su organización”, advirtió el especialista.

El caso está relacionado a la contratación de Galaga, empresa que fue contratada por la entidad electoral para la distribución del material electoral en algunos distritos de Lima para las Elecciones Generales 2026.

SOLICITUD

El procurador Mario Luna Ramos presentó un escrito ante la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a fin de incorporar a Corvetto en calidad de investigado.

Además de Corvetto, la Procuraduría pide incluir en la investigación a otros altos funcionarios de la ONPE como Juan Antonio Phang Sánchez, (exsubgerente de Producción Electoral), Edward Eloy Alarcón González (gerente de Administración de la ONPE), José Edilberto Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral), Yuvitza Milagros Aguila Ticona (subgerente de Logística), así como a Juan Charles Alvarado Pfuyo (gerente de Galaga S.A.C.).

El pedido de la Procuraduría también incluye levantar el secreto de las comunicaciones de todos los investigados, el acceso a sus correos electrónicos, el registro de llamadas y mensajes de texto, entre otros, durante el periodo de contratación de Galaga.

Por otro lado, la Procuraduría requiere que se realice una pericia contable a fin de determinar si el servicio fue ejecutado según las normativas vigentes y así cuantificar el posible perjuicio económico causado al Estado.

MÁS

Hace una semana, la Fiscalía informó sobre el inicio de diligencias luego de que tomaran conocimiento sobre la demora de la entrega del material electoral, cuya distribución estaban a cargo de la empresa Galaga S.A.C.

La mencionada compañía ya había sido sancionada con anterioridad por el organismo electoral, incluso, Contraloría advirtió que cinco conductores y tres vehículos no eran los propuestos inicialmente.

#AHORA El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, envía un documento a la Fiscalía en el que expresa su disposición para autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones y entregar su pasaporte. pic.twitter.com/nqEhZSoXQq

— Sofía López (@SofiaLopezLl) April 19, 2026

Según el dominical de Punto Final, rostros como Francisco Calisto, Patricia Iturregui, Harvey Colchado y otros serán los nuevos en esta etapa. Sin embargo, los congresistas como Sigrid Bazán, Guido Bellido, entre otros, que querían continuar en el cargo, no llegaron a ser elegidos, debido a que su partido no habría pasado la valla electoral.

SENADORES

En la Cámara de Senadores, Fuerza Popular lideraría con 22 curules, seguida de Juntos por el Perú con 14, Renovación Popular con 8, Partido Político del Buen Gobierno con 7, Obras con 5 y Ahora Nación con 4.

Entre los nuevos senadores destaca Francisco Calisto Giampietri, de Renovación Popular, militar de alto rango que da el salto a la política y se convierte en uno de los 60 senadores electos. “No será que yo deba cambiar, sino que el otro tiene que entender que se debe ir en la dirección adecuada. Yo vengo trabajando en el tema de la opción de cambiar el Perú y ha llegado el momento de poder hacerlo”, dijo.

También resalta Patricia Iturregui, del partido del Buen Gobierno, quien obtuvo la mayor votación de su agrupación y llega a la política por primera vez con un discurso centrado en el medioambiente y la comunicación directa con la ciudadanía.

DIPUTADOS

En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular también encabeza con 40 escaños, seguida de Juntos por el Perú con 31, Buen Gobierno con 18, Renovación Popular con 16, Obras con 15 y Ahora Nación con 10.

El nombre que llama la atención es el de Harvey Colchado, de Ahora Nación. Fue exjefe de la DIVIAC y recordado por el allanamiento a la entonces presidenta Dina Boluarte. Colchado tendrá que compartir el Parlamento con varios de los políticos que alguna vez investigó.

También ingresaría José Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo.

Al respecto, el politólogo Jeffry Radzinsky calificó los resultados como una votación compleja. En el caso de Carlos Álvarez, a pesar de los votos en varias regiones, no lograría ningún senador electo.

Según el testimonio de Phang ante la Contraloría, la ONPE adquirió 30 mil laptops, impresoras y 4 538 módems para 2 269 locales de votación en Lima y Callao. Sin embargo, la distribución de varios de esos equipos se realizó recién el 7 de abril, cuando el Plan Operativo Electoral (POE) establecía que debía completarse entre el 20 de marzo y el 4 de abril.

El retraso se originó porque la institución tuvo que replegar 5 441 kits compuestos por una laptop y una impresora que habían sido utilizados en jornadas de capacitación. Ese repliegue no estaba contemplado en el POE, lo que generó una carga adicional de configuración, embalaje y rotulado que se extendió hasta el propio día de los comicios.

Phang precisó ante la Contraloría que la estiba de los equipos informáticos culminó el domingo 12 de abril a las 4:30 de la madrugada, horas antes de la apertura de las mesas. Sobre ese momento, el funcionario reconoció que “todos éramos conscientes de que esto podía generar un atraso.”

Plazos que no correspondían a la realidad

El sábado 11 de abril, a las 4:28 de la tarde, el exgerente de Gestión Electoral José Samamé envió a Phang un nuevo cronograma de distribución vía WhatsApp. Ese documento, adjunto al acta de Contraloría, establecía un intervalo de entre tres y cuatro horas por ruta de distribución.

El problema es que ese plazo no correspondía a la operación real. El acta consigna que “el promedio de horas para la entrega de una ruta es de 8 horas aproximadamente”, es decir, más del doble de lo que el cronograma modificado contemplaba.

Phang comunicó a Samamé de manera verbal las inconsistencias del nuevo cronograma y propuso una alternativa: entregar únicamente el material electoral tradicional, sin los equipos informáticos, para reducir los tiempos de despacho. La respuesta fue negativa.

Según el testimonio de Phang, la razón que recibió fue que distribuir solo el material convencional “afectaría la meta institucional”, por lo que se mantuvo el esquema original de dos furgones por ruta.

Orden de suspender el STAE llegó un día antes de las elecciones

Entre las 10 y las 11 de la mañana del domingo 12 de abril, cuando ya eran evidentes los problemas en la instalación de mesas, Phang recibió una orden verbal telefónica de Samamé para suspender la entrega de los equipos informáticos y desactivar el uso del Sistema STAE en todas las mesas. La decisión llegó horas después de que los retrasos ya afectaban a miles de votantes en Lima y Callao.

El acta recoge además otro error logístico: en el colegio Chinchaysuyo del distrito de Sapallanga, en la provincia de Huancayo, llegaron los carteles de candidatos a diputados de Lima Provincias en lugar de los correspondientes a la región Junín.

El probable diputado Arturo Eusebio Padilla fue sentenciado por peculado doloso durante su gestión como presidente del directorio del centro vacacional Huampaní, cargo al que llegó en el gobierno de Pedro Castillo. Según la Contraloría, Padilla se instaló en un bungalow de las instalaciones desde el 17 de mayo de 2022 hasta el 2 de febrero de 2023, sin abonar ningún monto al Estado.

Al ser consultado sobre ese periodo, el candidato sostuvo que su permanencia respondía a razones laborales vinculadas a un proyecto de infraestructura.

“Me quedaba para efecto de trabajar para el tema del puente de doble vía”, aseguró.

El exfuncionario también registra una denuncia policial por haber abandonado la escena de un accidente de tránsito contra un mototaxi en aparente estado de ebriedad.

Dina Hancco y Daniel Barragán

La candidata a la vicepresidencia y probable diputada por Puno, Dina Hancco Hancco, registra una sentencia firme por contrabando que le impuso tres años y seis meses de pena suspendida. Antes de sumarse a la agrupación política de Belmont, postuló por Alianza para el Progreso liderada por César Acuña y Unión por el Perú, partido vinculado a Antauro Humala.

Mientras que el primer vicepresidente y virtual senador Daniel Barragán Coloma también tiene vínculos con el entorno de Antauro Humala y fue ministro de Defensa en los últimos días del gobierno de Pedro Castillo. Algunos representantes de bases regionales del partido OBRAS lo denunciaron ante el JNE por presuntamente exigir pagos para acceder a las listas de candidatos. Uno de los denunciantes relató que Barragán le solicitó 70 000 soles, y que quienes no tuvieran dicho dinero simplemente no podían postular.

Otros candidatos con antecedentes

El probable diputado por Junín, Máximo Peralta Jorpa, fue intervenido hace dos años por la Policía por presunto intento de feminicidio. Según el parte policial, el postulante agredió físicamente a su pareja con puñetes y patadas, y sus propios hijos solicitaron auxilio para proteger a su madre.

Walter Gago Rodríguez, candidato al Senado, acumula dos sentencias: una por delitos contra la confianza en los negocios y otra por libramiento y cobro indebido. Su historial incluye además infracciones reiteradas por conducir en estado de ebriedad y una deuda de casi 13 000 soles con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Otro de los representantes del grupo político que presenta cuestionamiento es el diputado Edgar Alvarado de la Cruz , quien registra una sanción municipal por conducir con alcohol en la sangre, lo que derivó en la suspensión de su licencia por tres años, mientras que Demetrio Flavio Valqui enfrenta una sentencia por tenencia ilegal de armas en agravio del Estado.

Estas elecciones presidenciales dejaron una paradoja: el ausentismo bajó respecto al 2021, pero las fallas operativas de la ONPE alcanzaron niveles inéditos.

Punto Final revisó los registros oficiales de la ONPE en las últimas cuatro elecciones (primera vuelta) y reveló la magnitud del retroceso. Sucede que en el 2011 no se instalaron 47; en el 2016, fue de 26; en el 2021 fue de 499 (en plena pandemia); pero en este 2026 fue de 211, considerando que se debían habilitar 92 720 para más de 27 millones 325 mil electores.

En cuanto al ausentismo, el panorama fue más alentador. El voto en Perú es obligatorio y acarrea sanciones, lo que históricamente ha contenido la abstención. En el 2011 no votó un 16.29%; en el 2016, el 18.20%; en el 2021 fue del 29.95%; y este 2026 el ausentismo se redujo al 23.8%, poco más de 6 millones y medio de ausentes.

Al respecto, el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, señaló que uno de los factores que explica la abstención es la migración, ya que muchos ciudadanos residen en el exterior sin actualizar su domicilio en el DNI. Añadió además que los electores mayores de 70 años tienen voto voluntario, aunque siguen figurando en el padrón electoral.

Respecto a las mesas no instaladas, Tuesta indicó que este año se mantuvo por debajo del 1% del total, similar o superior a las elecciones del 2021 y 2016.

POCO AUSENTISMO EN DISTRITOS

A nivel distrital, en Villa El Salvador se registró más del 75% de participación con apenas 15% de ausentismo; en Lurín superó el 67% de concurrencia con un 18% de ausentes; y en San Juan de Miraflores alcanzó más del 70% de electores que acudieron a las urnas.

Otro frente pendiente son las actas observadas, pues concluido el conteo de votos, quedan alrededor de 5 mil actas por revisar, un proceso que se lleva a cabo por primera vez.

El primer implicado en este caso es el jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, quien asumió el máximo cargo en 2020 tras un concurso de la Junta Nacional de Justicia y ratificado en 2024. El alto funcionario dispone de un equipo de asesores, analistas y personal de apoyo cuyo costo mensual, sumado a su remuneración, representa un gasto al Estado de 88 329 soles.

En su comparecencia ante el Congreso, Corvetto reconoció fallas pero las atribuyó a niveles inferiores de su estructura, sosteniendo que “el problema se ha suscitado en la gerencia de gestión electoral y precisamente en la subgerencia de producción electoral.” El Ministerio Público lo incluyó como testigo en la carpeta fiscal 205/2026.

En medio del proceso de investigación en su contra, el titular de la ONPE invocó el artículo 35 de la Ley N°30057, Ley de Servicio Civil. Este mecanismo estipula que cualquier funcionario público tiene el derecho de contar con asistencia legal cubierta por la entidad para la que trabaja, sea en procesos penales o administrativos.

José Samamé Blas: el único detenido

Samamé Blas ejercía hasta hace unos días como gerente de Gestión Electoral, el área responsable de planificar y ejecutar el despliegue del material electoral. Durante su gestión se aprobaron además los términos de referencia que abrieron paso a la contratación de la empresa Galaga.

El pasado 12 de abril, mientras las demoras se acumulaban en los locales de votación, presentó su renuncia. Fue detenido por flagrante delito de omisión de actos funcionales, convirtiéndose en el único privado de libertad en el marco de estas investigaciones. En su declaración ante la Policía, sostuvo que se considera “inocente” y trasladó la responsabilidad a la subgerencia bajo su línea de mando.

Juan Phang Sánchez

Juan Phang Sánchez fue señalado tanto por Corvetto como por Samamé como el responsable directo de supervisar el cronograma de distribución. El destituido funcionario tiene más de dos décadas en la institución y fue suspendido del cargo tras la jornada del 12 de abril.

Su nombre no aparece por primera vez en un contexto judicial. La Fiscalía lo investiga por presuntamente integrar la organización criminal “Los Gánsters de la Política”, vinculada al proceso de inscripción del partido Podemos por el Progreso del Perú. Según audios de 2018 revelados por Cuarto Poder registraron su voz presionando para agilizar esa inscripción, argumentando que las instrucciones venían “de la presidencia actual.”

El JNE incluyó también en su denuncia a Ricardo Saavedra Mavila, gerente de Organización Electoral, y a Edward Alarcón González, gerente de Administración. Ambos integran la estructura directiva que debía garantizar el correcto desarrollo del proceso y hoy forman parte de las investigaciones en curso ante el Ministerio Público.

Sin embargo, las imágenes y conversaciones difundidas por el periodista Edgard Aguilar muestran que decenas de vehículos de la empresa se encontraban en los almacenes de la ONPE listos para operar, pero sin recibir carga.

El informe señala que los camiones permanecieron detenidos porque el material electoral aún no estaba listo para su distribución.

En esa línea, Cristian Castillo, abogado de la empresa contratista Galaga, señaló que su representada contaba con la flota requerida para el traslado del material electoral y que el retraso se debió a la falta de documentación lista para su despacho.

Esta versión difiere de lo indicado previamente por la ONPE, que había responsabilizado a la empresa logística.

En el dominical de Punto Final, Alvarado afirmó que su empresa contó con todos los vehículos necesarios, pero que el área de despacho de la ONPE no tenía la mercancía lista a tiempo, considerando que el último camión salió recién el mismo domingo a las 5:51 de la mañana.

Como se conoce, en el marco de las Elecciones Generales 2026, más de 50 mil electores no lograron votar el 12 de abril, debido al cierre de varios locales, los cuales no contaban con el material electoral; solo lo hicieron al día siguiente. La ONPE responsabilizó a la empresa Galaga, pero esta respondió varios días después.

Según explicó Alvarado, su empresa decidió no pronunciarse antes para no interferir en el proceso. “Yo guardé silencio, me mordí la lengua. Mi silencio ha obedecido a que yo estaba en proceso de ejecución del servicio (...) La ONPE nos culpa a nosotros de no llegar a tiempo, pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese salido a hablar?”, sostuvo.

GALAGA ASEGURÓ QUE CONTABAN CON TODOS LOS VEHÍCULOS

El empresario afirmó que Galaga cumplió con proporcionar los recursos necesarios, incluyendo unidades vehiculares y conductores. Sin embargo, indicó que el principal problema fue que el material electoral no estaba listo para ser despachado a tiempo. “La entidad nos brindó 3 almacenes, en Eucaliptos, Lúcumo y San Pedro Life. Las 400 unidades no pueden estar amontonadas dentro de un almacén”, expresó.

Según relató, el proceso de despacho en el área de equipos de cómputo se extendía hasta las 4:30 de la madrugada, y desde allí las unidades debían trasladarse entre almacenes, completar los protocolos de apertura y cierre, y recién salir a ruta. Cada unidad demandaba entre 25 y 35 minutos en ese proceso, lo que sumaba cerca de 10 horas para el reparto total.

Sumado a ello, aseguró que se comunicó —vía WhatsApp— con Juan Phang, entonces subgerente de Producción Electoral de la ONPE, para comunicarle que tenía 35 unidades que no habrían cargado el material electoral y no podían salir a hacer su ruta prevista. Este le devuelve la llamada y le dice que esperen porque “ya va a salir el material”.

“La empresa cumplió con brindar los recursos, tanto en cantidad de unidades como en conductores para el reparto, oportunamente. Sin embargo, el área de despacho no tuvo la mercancía designada a tiempo”, dijo, asegurando que en la primera vuelta se usaron más de 434 unidades y casi 450 unidades utilizadas.

RESPECTO A INFORMES DE CONTRALORÍA

En cuanto al informe de Contraloría sobre advertencia en el manejo de camiones tipo furgón, Alvarado respondió que es falso porque los choferes contratados para el servicio sí cumplían con la experiencia para el manejo de estas unidades. "Tenemos una flota de casi 200 unidades propias y, en cada servicio, se ha mandado la documentación de nuestras unidades", indicó.

Respecto a la publicidad para contratar choferes adicionales, explicó que toda empresa de transporte debe contar con un plan de contingencia, ya que su flota habitual de cerca de 200 trabaja con clientes frecuentes durante el año y no permanece exclusivamente para procesos electorales, aclarando además que los términos de referencia no prohibían la subcontratación.

Por otro lado, un analista de la ONPE declaró ante la Contraloría que el retraso de los vehículos se generó por demoras en la organización de paquetes y embalajes, lo que coincide con la versión de Galaga. Además, la Contraloría detectó que algunos conductores registraban infracciones vehiculares que podrían haber afectado la distribución.

Galaga SAC ya remitió documentación ante la ONPE solicitando una rectificación pública, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contrató a la empresa Galaga S.A.C. por más de 6 millones de soles para la distribución del material electoral en Lima Metropolitana y el Callao, pese a que la empresa presentó la oferta económica más elevada entre los postores. Galaga ofertó S/ 6 368 332, mientras que AFE planteó S/ 5 898 928 y Hermes S/ 6 200 184.

Según el informe periodístico, en las bases originales de la licitación, la ONPE exigía que los camiones tuvieran una capacidad mínima de 10 metros cúbicos, pero durante la evaluación los criterios se modificaron: los representantes de la institución determinaron descontar dos metros correspondientes a la cabina del conductor. Las empresas Hermes y AFE (con camiones blindados, personal capacitado y flotas modernas) vieron reducida la capacidad acreditada de sus vehículos con ese nuevo criterio y quedaron fuera; Galaga, en cambio, cumplía con las condiciones modificadas y así fue como se le adjudicó la buena pro.

Adicionalmente, se incorporó una cláusula que otorgaba mayor puntaje a la empresa que acreditara titularidad sobre 68 vehículos, por encima del mínimo exigido de 40. Galaga cumplió ese requisito y ganó la licitación, pese a que en el Registro Único de Contribuyentes de la SUNAT figura con apenas 13 trabajadores.

Galaga presenta penalidades previas

Los antecedentes de Galaga con la propia ONPE no eran desconocidos al momento de la contratación, en procesos electorales anteriores, la institución ya le había impuesto tres penalidades por un monto total de 64 000 soles. Una vez iniciada la jornada, la Contraloría General de la República identificó nuevas irregularidades en la ejecución del contrato.

El vocero de la Contraloría, Guzmán Vera Coronel, señaló que el proveedor incorporó conductores no acreditados al servicio sin la validación correspondiente. Vera Coronel precisó que “algunos de ellos contaban con infracciones muy graves durante los 12 meses” previos a la elección, y que la empresa cambió conductores a discreción sin notificarlo a la ONPE, en contravención directa al contrato suscrito.

Chats internos de la ONPE expusieron la desorganización interna

Los hechos ocurridos el pasado 11 de abril (un día antes de los comicios) quedó registrado en conversaciones de WhatsApp entre conductores de Galaga, coordinadores de la empresa y funcionarios de la ONPE. Desde las 7 de la mañana, un conductor reportaba su ubicación con fotografías; casi doce horas después, informó que se encontraba cerca a su destino.

A la medianoche, cuando el cronograma indicaba que todo el material debía estar en los centros de votación, decenas de unidades continuaban sin despachar. El gerente de Galaga, Juan Alvarado, envió un mensaje de emergencia al entonces subgerente de Producción Electoral de la ONPE, Juan Phang , quien fue suspendido de su cargo, para solicitar la salida de los vehículos vacios.

Otro chat grupal de coordinación dejó constancia de la ausencia de comisionados de la ONPE y de efectivos policiales para acompañar los furgones.

Fallas en el Sistema STAE de la ONPE

Cabe señalar que la ONPE presentó el Sistema STAE como una plataforma digital para el conteo de votos y la elaboración de actas, con cobertura en Lima Metropolitana y el Callao. Para su implementación, se adquirieron laptops e impresoras por 41 millones de soles, con entrega completada por la empresa SIVCORP el 10 de septiembre de 2025.

El representante de SIVCORP, Marcos Sayán, confirmó al programa que los equipos fueron entregados según lo pactado, precisando que “la orden de compra tiene fecha 14 de julio del 2025 y culminó el día 10 de septiembre del 2025” y que “cuando ellos reciben los equipos, tienen que dar una conformidad de los bienes.” Pese a disponer de los 31 234 equipos desde hace seis meses, la ONPE no los puso a prueba ni los embaló oportunamente.

El vocero de la Contraloría, Guzmán Vera Coronel, explicó que el problema fue más allá del retraso logístico, al señalar que “ese material de cómputo no coincide a los enchufes o no llegaron los enchufes”, lo que impidió la instalación en los tiempos previstos. Las fallas también incluyeron laptops sin conexión a internet, equipos que no reconocían los códigos de acceso e impresoras con cartuchos de tinta de corta duración.