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La mandataria arribó a la región a bordo de un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), como parte de su agenda oficial. Su visita contempla diversas ceremonias protocolares y actividades conmemorativas junto a autoridades y ciudadanos.

Keiko Fujimori llegó acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el titular de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez. La delegación presidencial se trasladó al centro de la ciudad para participar en los actos programados por esta fecha histórica.

La reincorporación de Tacna al territorio peruano se concretó en 1929, luego de casi 50 años bajo administración chilena tras la Guerra del Pacífico. La fecha constituye una de las principales expresiones de identidad y memoria histórica de la población tacneña.

Homenaje a mujeres tacneñas

Durante la ceremonia, las mujeres tacneñas participaron en el tradicional izamiento de la bandera en el asta principal, en una jornada marcada por actos protocolares y homenajes a la población de la Ciudad Heroica.

Este acto que se desarrolla en el Paseo Cívico de Tacna, forma parte de las celebraciones oficiales organizadas por el aniversario de la reincorporación.

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La misma idea la emitió en Canal N: “No tendría 60% de aprobación, sino mínimo más de 80% como tuvo su padre”, aseveró.

En conversación con esos medios, Gutiérrez Cóndor aclaró que tal comentario no es un aliento a una medida inconstitucional como el cierre del Legislativo, pues aseguró que mantiene su defensa a los principios democráticos.

“Voy a hablar en crudo y quisiera pedir perdón anticipadamente al Perú. El Estado peruano está hecho una desgracia, está en crisis institucional por donde se le mire”, enfatizó ayer.

En esa línea, el defensor del Pueblo planteó la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para impulsar una reforma estructural que permita aplicar los cambios que requiere el país.

Críticas a defensor del Pueblo

Diputados de distintas bancadas cuestionaron las declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, al considerar que sus expresiones atentan contra el orden constitucional y la separación de poderes.

Así diputados de Renovación Popular lamentaron las palabras de Josué Gutiérrez. Paola Martínez, por ejemplo, le pidió “evaluar mejor su pronunciamiento” y exhortó a evitar fricciones. “Queremos, más bien, un consenso. Estamos esperando que el Ejecutivo mande las facultades para evaluarlas y, finalmente, otorgar las necesarias”, expresó.

“No es momento de estar en desuniones ni en declaraciones populistas. Así que el señor Josué Gutiérrez lo que tiene que hacer es controlarse y dejar ese tipo de declaraciones”, dijo a su turno Aldo Bravo.

En tanto, Rossana Alayza (Buen Gobierno) sostuvo que el defensor debe ser garante del orden constitucional y actuar con cautela, mientras Roxana Rocha (Renovación Popular) calificó sus declaraciones de “inaceptables” y “antidemocráticas”.

Por su parte, Jair Manrique (Ahora Nación) rechazó las expresiones de Gutiérrez y afirmó que no está a la altura del cargo, cuestionando que sugiera la disolución del Congreso por razones de popularidad.

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Así lo anunció el premier Luis Galarreta, quien en declaraciones a la prensa precisó que la propuesta incluye un total de 66 pedidos en ocho materias: seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres y respuesta ante emergencias (como el fenómeno El Niño), fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, temas tributarios, simplificación administrativa y reforma estructural y modernización del Estado.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) precisó que se plantea otorgar un plazo de 120 días calendario para que el Gobierno formule los correspondientes decretos legislativos.

“Los 66 pedidos de diferentes sectores tienen un sustento razonable y lógico y, sobre todo, están enfocados en poner orden, no solo en las calles, sino orden en el Estado”, enfatizó el primer ministro, quien agregó que los ministros están dispuestos a exponer las solicitudes ante la Cámara de Diputados para la pronta aprobación del paquete de medidas.

ADELANTOS

El proyecto para las facultades propone una reforma integral para recuperar el orden en las calles y enfrentar de manera eficaz al crimen organizado. En esa línea, se plantea establecer un marco legal para declarar a los grupos criminales como organizaciones terroristas.

Como ya se anticipó, también se plantea que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) den apoyo operativo a la Policía Nacional e intervengan de manera temporal en la seguridad externa de los penales.

Asimismo, se contempla facultar al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) a entregar bienes de ayuda humanitaria de manera directa y excepcional durante los primeros 15 días de ocurrida una emergencia.

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El también presidente del Senado sostuvo que el “gran cambio” anunciado por la mandataria ya “arrancó” y que no hay razones para cuestionarla por haber manifestado que se tenga que esperar el próximo año para ver mejoras en los sectores económicos y seguridad ciudadana.

MOTORES ENCENDIDOS

“Yo debo reconocer a una presidente del Perú que nos hace recordar cómo es cuando una autoridad se hace presente ante distintas situaciones y toma el liderazgo para encender los motores de nuestro país”, mencionó.

Alegó que todo es un proceso que al final se terminará “decantando” en los beneficios que tanto se esperan y que serán tangibles para la población el próximo año. “Pero, insisto, el trabajo ya se está haciendo y el liderazgo de Keiko Fujimori ya se está notando”, enfatizó.

DINAMIZAR ECONOMÍA

La visita del titular del Senado se desarrolla en el marco de una agenda oficial en la región, donde sostendrá actividades y reuniones vinculadas a la representación parlamentaria y a la atención de temas de interés para La Libertad.

Una de las primeras actividades en las que participó fue en la inauguración del Primer Encuentro Macrorregional de Mypes-Macrorregión Norte, realizado en la Cámara de Comercio de La Libertad.

Durante su alocución sostuvo que el Estado debe convertirse en un aliado de las micro y pequeñas empresas (Mypes) y no en una fuente de obstáculos para quienes generan empleo y actividad económica. En ese sentido, planteó una agenda centrada en reducir las barreras que enfrentan los pequeños empresarios del norte del país.

“Se hará un diagnóstico mediante mesas de trabajo para determinar cuáles son los cuellos de botella de las Mypes. Vamos a construir formalidad. Si hay alguna ley que obstruya su crecimiento, será derogada y si necesitan otra ley para promover su avance, trabajaremos en ella”, indicó.

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Desde que llegó al poder, su administración ha enfrentado una serie de crisis que van desde los paros y bloqueo de carreteras hasta las lluvias intensas, huaicos, un terremoto de magnitud 7,2 en Ayacucho y el anuncio de un paro de transportistas (ver infografía).

Las crisis llevaron a que su gobierno tome decisiones inmediatas y que negocie con sectores movilizados. Sin embargo, en algunos casos, la reacción fue rápida pero no siempre acompañada de soluciones definitivas.

Expertos consultados por Correo analizan las respuestas del Poder Ejecutivo ante las crisis.

DUDAS

La primera crisis que el Gobierno de Fujimori enfrentó fue el paro de transportistas a mediados de agosto en regiones como Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna, esto por el incremento del precio del combustible.

Para solucionarlo, la actual gestión anunció un subsidio focalizado de entre 15% y 20% sobre el precio del diésel.

Dicha medida tendrá una vigencia inicial de tres meses.

Recientemente, el Gobierno logró paralizar el anuncio de un paro de transportistas tras reunirse con representantes del sector.

En esa línea, se anunció la reducción excepcional del 90% de papeletas para transporte público y privado.

Para Carlos Helfer, consultor en comunicación política, gubernamental y electoral, la respuesta del Gobierno en ambos casos, es una reacción mediata pero se utiliza la caja fiscal.

“Se resuelve un problema pero se crea otro. Se debe evitar que ocurra un desborde de demandas populares. En el área de comunicaciones, resuelves porque evitas que el caso se convierta en un protesta, pero le haría la pregunta a sus economistas para conocer el impacto en la caja fiscal”, indicó.

Además, consideró que dichas respuestas pueden dar la sensación a otros grupos de interés que también pueden hacer pedidos similares.

“Pueden pensar que para sofocar cualquier crisis, el Gobierno cederá a cualquier planteamiento. Si bien el Gobierno no necesita que estos temas estallen, es importante ver cuántas soluciones que dan ahora, tendrán consecuencias posteriores”, sostuvo.

Agregó que las decisiones de la presidenta Keiko Fujimori han permitdo que el Gobierno gane tiempo para que los problemas no se conviertan en problemas sociales. Sin embargo, “los problemas de fondo no se han resuelto”.

Por su parte, Fernando Tincopa, politólogo del Centro Wiñaq, calificó el subsidio sobre el precio del diésel como una medida de corto plazo.

“El conceder rápidamente subsidios ante las protestas sienta un precedente que me parece será poco beneficioso a largo plazo. Se hace la idea de que el Gobierno no está dispuesto a asumir costos sociales, que hará lo posible por mitigar o aminorar la expresión de protestas. Da la impresión de un Gobierno que cede frente a la presión social”, señaló.

Sobre la reducción del cobro de papeletas, Tincopa dijo que se trata de una medida que tiene la intención de congraciarse con el sector transporte, que al día de hoy tiene la capacidad de sentar algún tipo de inestabilidad social con un paro que condiciona el transporte.

“Entiendo que es una medida más populista para obtener réditos, pero también busca aplacar ánimos de brotes de protestas del sector informal”, sostuvo.

MÁS CRISIS

La presidenta Keiko Fujimori respondió ante las lluvias en Lima y regiones con su presencia en zonas afectadas.

Cuando se bloqueó la carretera Panamericana Sur en Arequipa por los huaicos, la mandataria llegó al lugar cinco días después.

Mientras que en el reciente terremoto en Ayacucho de magnitud 7.2, Fujimori Higuchi envió al ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, para evaluar los daños y supervisar la atención a los afectados.

Al respecto, Carlos Helfer consideró que el hecho de que Keiko Fujimori sea una persona joven, le permite tener presencia en varios sitios del Perú.

“En términos de agilidad, tiene reacción y resuelve. Parece que hay acción política”, dijo.

Tincopa consideró que la presidenta Fujimori desplegó presencia territorial rápida cuando ocurrió el terremoto en Ayacucho.

“En los otros casos (inundaciones y emergencia por huaicos) la respuesta ha sido un poco más tardía porque el tema era más complejo”, señaló.

Sin embargo, el politólogo explicó que la presencia de ministros y la predisposición mediática que transmite la presidenta Fujimori no serán suficientes, porque en algún momento, la ciudadanía empezará a exigir resultados de gestión.

Desde su punto de vista, lo que se observa de parte del actual Gobierno es una respuesta más mediática de gestión.

“No es que no tengan respuesta de gestión, sino que esta es más mediática que de resultados de gestión”, afirmó.

Finalmente, señaló que la presidenta Keiko Fujimori estaría más enfocado en resolver problemas coyunturales antes que establecer línea de gobierno.

“Están en un rol de apaga fuegos y de resolver problemas coyunturales. Pero me parece que eso puede evidenciar muchas más vulnerabilidades de gestión o mostrar que no tienen capacidades”, concluyó.

La decisión alcanza a los archivos obtenidos de los servidores encriptados Drousys y My Web Day B.

Según la resolución, los elementos recopilados por el 13.º Juzgado Federal de Curitiba, cuando estaba a cargo del entonces juez Sergio Moro, presentan vicios jurídicos desde su origen.

Toffoli también declaró procesalmente inadecuados los documentos provenientes del acuerdo de lenidad firmado entre Odebrecht y la fiscalía brasileña.

El magistrado consideró que los archivos digitales presentaron irregularidades en su cadena de custodia durante el proceso de obtención en los tribunales de Curitiba.

La resolución establece que los registros relacionados con los presuntos pagos ilícitos no podrán ser utilizados en procesos tramitados fuera de Brasil.

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La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios concluyó la investigación preparatoria del denominado caso Anguía, en el que se encuentran comprendidos la diputada de Juntos por el Perú, Yenifer Paredes; su hermana, Lilia Paredes; y más de 40 personas investigadas.

El diario El Comercio informó que la Fiscalía tomó esta decisión en cumplimiento de una resolución judicial que declaró improcedente la solicitud para ampliar el plazo de la investigación.

Con el cierre de la instrucción formal, el Ministerio Público deberá presentar su requerimiento conclusivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 343 del Código Procesal Penal.

Ahora, el despacho fiscal tendrá que analizar los elementos de convicción reunidos durante las pesquisas y, con base en ello, decidir si presenta una acusación penal, solicita el sobreseimiento del caso o plantea un requerimiento mixto ante el juzgado de investigación preparatoria.

El cierre de las pesquisas se produjo después de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dejara sin efecto la resolución que había otorgado al Ministerio Público una prórroga extraordinaria para continuar con la investigación.

El tribunal superior determinó que la Fiscalía presentó fuera de plazo su solicitud de ampliación, por lo que dispuso dar por concluidos los plazos procesales correspondientes.

La resolución judicial también comprende a los hermanos Walter y David Paredes, además del exalcalde distrital de Anguía, José Medina.

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para obras de saneamiento financiadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En los próximos días, el Ministerio Público tendrá que determinar la situación procesal de las personas naturales y jurídicas comprendidas en la investigación por presuntos delitos contra la administración pública.

La investigación contempla presuntas responsabilidades por los delitos de organización criminal, lavado de activos, tráfico de influencias, colusión agravada, peculado y falsificación de documentos.

La resolución judicial de la sala superior también dispuso que se envíen copias de lo actuado a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a fin de que se evalúen los disciplinarios que correspondan.

Los fiscales anticorrupción evalúan los informes periciales recopilados para determinar si existen elementos suficientes que permitan llevar el caso a la etapa intermedia, previa al juicio oral.

El documento contempla 66 pedidos normativos específicos y será enviado oficialmente este viernes 28 de agosto a la Cámara de Diputados.

La propuesta fue elaborada antes de cumplirse los primeros 30 días de la administración de la presidenta Keiko Fujimori.

El Ejecutivo prevé que los ministros de cada sector sustenten las materias solicitadas ante las comisiones ordinarias del Parlamento antes de que estas sean evaluadas por el Senado.

Entre las medidas planteadas figuran acciones para reforzar el orden interno, con propuestas elaboradas por los sectores Interior y Justicia para endurecer las sanciones contra organizaciones dedicadas a la extorsión y el sicariato.

El proyecto incluye además una modificación para que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pueda declarar directamente estados de emergencia frente a desastres naturales.

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Durante la cita se abordó la convocatoria de la sesión 136 del Foro del Acuerdo Nacional, que sería la primera presidida por Fujimori y en la que se incorporarían nuevos representantes de los partidos políticos con presencia en el Congreso de la República.

Los participantes también evaluaron la posibilidad de establecer una agenda mínima para el presente quinquenio, tomando como referencia las propuestas coincidentes de los planes de gobierno de las diferentes agrupaciones políticas.

La delegación estuvo conformada por representantes de organizaciones como el Concilio Nacional Evangélico del Perú, Confiep, el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Conveagro y la Sociedad Nacional de Industrias.

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Cabe mencionar que la propuesta busca que estas circunstancias no se conviertan en obstáculos para acceder o permanecer en el sistema.

De acuerdo con la iniciativa, los colegios públicos y privados no podrán negar, restringir ni condicionar la matrícula o continuidad de un estudiante únicamente por su edad o retraso escolar. La ubicación deberá considerar su trayectoria educativa, una evaluación pedagógica y las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación, tomando en cuenta el interés superior del niño.

El proyecto también apunta a prevenir el abandono y la exclusión educativa de escolares afectados por circunstancias como pobreza, ruralidad, migración, violencia, problemas de salud, discapacidad, dificultades de aprendizaje, desplazamientos o responsabilidades familiares. La propuesta sostiene que estas situaciones pueden alterar el desarrollo regular de la escolaridad.

La exposición de motivos plantea que los estudiantes que retoman sus estudios no deberían verse obligados a permanecer fuera del sistema ni regresar necesariamente a un grado que no corresponda con sus conocimientos adquiridos.

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“Yo soy prudente, hay que esperar, hay que darle tiempo. Estamos viendo que las cosas no van en la dirección adecuada, pero hay que darles tiempo para que se asienten y puedan demostrar lo que tienen”, manifestó durante la presentación de candidatos en Arequipa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En entrevista con medios de comunicación, volvió a deslindar cualquier vinculación con el fujimorismo, asegurando que, de ser así, no se habrían presentado en coalición con las bancadas de izquierda para la mesa directiva de ambas cámaras del Parlamento.

En otro momento, expresó su expectativa de que el Ejecutivo tome las acciones necesarias frente al fenómeno de El Niño. “Estamos viendo un gobierno que tiene dificultades para empezar a caminar. Yo espero que lo haga, porque tenemos un fenómeno muy importante, El Niño Costero, que debemos enfrentar con eficacia. Además, existe una urgencia en todas las ciudades del Perú: el asedio de la delincuencia”, precisó.

Respecto a la propuesta de retornar a la unicameralidad, Nieto señaló que esta se abordará cuando se abra un debate sobre posibles reformas políticas.

“La unicameralidad fue un invento de (Alberto) Fujimori; lo hizo para controlar más fácilmente al Congreso. En algún momento habrá una discusión sobre el régimen político y la reforma política, y ahí se verá ese tema también”, puntualizó.

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Al finalizar la actividad, César Astudillo fue consultado sobre el rechazo de los transportistas al Plan Escudo de la Policía Nacional, pero no respondió y se retiró del lugar.

De la misma forma, el general Jorge Luis Castillo, jefe de la Región Policial Lima Centro, tampoco brindó declaraciones sobre la situación del sector y las medidas contra la inseguridad ciudadana.

La negativa de ambos funcionarios se produce en medio de los cuestionamientos de los gremios de transporte a las acciones anunciadas por el Gobierno para enfrentar la extorsión y los ataques contra empresas y trabajadores del sector.

Los transportistas expresaron su preocupación por el incremento de los actos delictivos y demandan medidas más efectivas para garantizar su seguridad.

Cabe precisar que el Plan Escudo es una estrategia del Ministerio del Interior que despliega a policías y miembros de las Fuerzas Armadas para combatir la extorsión y el sicariato en el transporte público de Lima Metropolitana.

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En declaraciones en Canal N, recordó que en el periodo anterior del Congreso la iniciativa fue archivada en la Comisión de Energía y Minas, por lo que espera que ahora debe acelerarse su discusión y aprobación.

Patricia Juárez señaló que existe preocupación ante la posibilidad de ampliar el Reinfo para los mineros que tienen avanzado su proceso de formalización. “Tiene que discutirse cuanto antes, porque lo que no se quiere es que de manera indiscriminada se puede ampliar el Reinfo sin ningún tipo de condicionamiento”, dijo.

De otro lado, sobre la moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, Juárez sostuvo que dicho mecanismo no debe ser usado como una especie de presión política.

La senadora consideró prematuro atribuir al titular de Energía y Minas responsabilidades por el incremento del precio de los combustibles.

Críticas a Alberto Beingolea

Respecto a los críticas al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, por las contrataciones de personas vinculadas al Partido Popular Cristiano (PPC), una de ellas cuestionada por su experiencia profesional para desempeñarse en la Biblioteca Nacional, Juárez subrayó que los ministros son responsables por las personas que designan o contratan dentro de sus respectivos sectores.

Ante ello, aseveró que si la Fiscalía determina que existen irregularidades con sustento legal, corresponderá a los funcionarios involucrados responder por sus actuaciones.

Incidió que la confianza otorgada a un ministro también implica responsabilidad sobre las decisiones adoptadas durante su gestión y respecto al personal que incorpora.

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Como se sabe, el Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo contra dicha norma.

En entrevista en Canal N, el defensor indicó que lo se cuestiona es la naturaleza extraordinaria y transitoria del decreto, debido a que la crisis financiera de Petroperú se arrastra desde años anteriores y que ya comenzó a mostrar una recuperación tras las medidas adoptadas en periodos previos. Ante ello, consideró que no existía una circunstancia extraordinaria que justificara recurrir a este mecanismo.

No obstante, Josué Gutiérrez subrayó que no se opone a una reorganización de Petroperú, pues la empresa necesita ajustes administrativos, revisión de unidades de negocio y evaluación de activos que no generan valor, pero que ello se podría ejecutar mediante los mecanismos ordinarios sin la necesidad de un decreto de urgencia.

Además, se mostró preocupado ante una eventual concesión o privatización de unidades estratégicas, especialmente la Refinería de Talara, ya que podría afectar su rol estratégico y subsidiario en zonas donde el abastecimiento de combustibles depende de la presencia estatal.

“Cualquier empresa petrolera del mundo de los más grandes quisiera tener una refinería como la de Talara”, indicó al incidir que cualquier reorganización debe priorizar el interés nacional y evitar que determinadas unidades de negocio sean entregadas en condiciones desfavorables para el Estado.

#EnVivo

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo: Cualquier empresa petrolera del mundo de los más grandes quisiera tener una refinería como la de Talara

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/BxDG7DcSRP

— Canal N (@canalN_) August 27, 2026

Facultades legislativas

De otro lado, sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, Gutiérrez consideró que el Congreso debe otorgar herramientas al Gobierno para enfrentar la crisis institucional y adoptar medidas extraordinarias, aunque refirió que la delegación debe ser específica y estar acompañada de mecanismos de seguimiento.

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El Gobierno declaró de interés nacional el Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador, así como sus eventos conexos, que se realizarán en territorio peruano durante 2026.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 136-2026-RE, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma dispone la aplicación del procedimiento especial de contratación contemplado en la Ley N.º 30154 para la organización del encuentro bilateral.

Aplicarán procedimiento especial de contratación

La Ley N.º 30154 regula un procedimiento especial de contratación para la realización en Perú de transmisiones del mando supremo y cumbres internacionales declaradas de interés nacional, además de sus eventos conexos.

Este mecanismo contempla actividades que cuentan con la participación de jefes de Estado, jefes de Gobierno, altos dignatarios y comisionados.

Con la declaratoria, las contrataciones necesarias para la realización del Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador podrán acogerse al procedimiento establecido en dicha legislación.

Cancillería financiará organización del encuentro

La resolución establece que la aplicación de la medida será financiada con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, precisa que la organización no demandará recursos adicionales al Tesoro Público y deberá realizarse conforme a las disposiciones legales vigentes.

La Resolución Suprema N.º 136-2026-RE también deberá ser publicada en la sede digital del Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano.

Encuentro Presidencial Perú-Ecuador se realizará en 2026

El Gabinete Binacional Perú-Ecuador constituye un mecanismo de coordinación bilateral que reúne a autoridades de ambos países para abordar asuntos de interés común.

La resolución difundida este jueves establece que la XVII edición y el correspondiente Encuentro Presidencial se desarrollarán en Perú durante el presente año.

La norma lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

En conversación con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Humala Tasso defendió la permanencia de su cónyuge en el vecino país. El exmandatario, quien hace casi un mes recuperó su libertad, sostuvo que en el Perú aún se desarrollan investigaciones que involucran a Nadine Heredia pese a que ella nunca ha sido funcionaria pública

A modo de ejemplo, mencionó el Caso Gasoducto Sur Peruano, que –aseguró– carece de sustento técnico y apuntan específicamente a la ex primera dama.

REVANCHA

El exgobernante también enfatizó que estuvo injustamente recluido en el penal de Barbadillo durante 15 meses, y destacó que la investigación por la que recibió una condena de 15 años de prisión –por lavado de activos– fue anulada por el Tribunal Constitucional (TC)

En esa línea, adelantó que buscará una reparación histórica frente a lo que calificó como una detención ilegal impulsada por sus adversarios políticos.

“He decidido plantear una demanda al Estado peruano para que se nos pida disculpas, no solamente a mí, sino también a mi esposa Nadine, a los dirigentes del partido y al Partido Nacionalista, que le devuelvan al Partido Nacionalista la inscripción que se perdió gracias a la criminalización del partido y de sus dirigentes”, resaltó.

Humala detalló que ya ha instruido a su equipo legal para que elaboren dicha denuncia en un plazo breve. Arguyó que no basta con el fallo del Tribunal Constitucional (TC) para restablecer su reputación ante la ciudadanía y la comunidad internacional.

Agregó que salió de prisión “más fuerte” y que la verdad pone las cosas en su lugar.

En un balance propio, Correo usa el semáforo como una referencia para identificar a los tres grupos existentes en el Consejo de Ministros: Los verdes, con mayor énfasis en gestión; los ámbar, que combinan anuncios con cuestionamientos; y los rojos, cuya actuación pública tiene más connotaciones negativas.

Polémicos

En luz roja, es decir, entre los que dan una sensación de estancamiento y parálisis se ubican Alberto Beingolea, Rafael Rey, María Seminario, Vladimiro Huaroc y Ernesto Álvarez.

La gestión de estos ministros ha estado marcada, en mayor o menor medida, por cuestionamientos o controversias, mientras que sus anuncios no han tenido trascendencia.

En Transportes, Rafael Rey aparece entre los ministros con mayor exposición a cuestionamientos.

Su posición sobre los trenes Caltrain adquiridos por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) generó una discrepancia pública con Rafael López-Aliaga.

Rey sostuvo que no se trató exactamente de una donación, mientras que desde la comuna se mantuvo la versión contraria.

A ello se sumó el reciente acuerdo con transportistas para anular las multas de tránsito pagando solo el 10%. El nuevo decreto ha conllevado a que Rey sea citado por el Congreso.

En el caso de María Seminario, ministra de la Mujer, su presencia pública no ha destacado por reaccionar ante casos del sector como la agresión del congresista Julián Pérez Mallqui a su expareja.

Asimismo, tuvo una discrepancia pública con Elmer Cuba (MEF) sobre la eventual reducción del número de ministerios. Cuba, informó que el tema estaba preliminarmente en agenda, pero Seminario sostuvo lo contrario y que no lo había conversado con Fujimori.

Luego tenemos a Vladimiro Huaroc, ministro de Ambiente. Su cartera registra la menor actividad pública y hay pocos anuncios de impacto durante el primer mes.

En Justicia, entre tanto, Ernesto Álvarez ha quedado expuesto por los desencuentros generados dentro del propio Gabinete.

Uno de los principales episodios ocurrió alrededor del Lugar de la Memoria (LUM), tras su posición de que pase a su cartera. Ello ha generado desencuentros con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, que ha aclarado que este espacio pertenece a su sector.

Beingolea, por su parte, considera que el LUM es “un punto de desencuentro, de desunión y de permanente enfrentamiento entre peruanos”.

Moderados

El grupo ámbar reúne a Luis Galarreta, Elmer Cuba, Mauricio Arnillas, Juan Sheput, Rafael Belaunde, Carlos Espá, José Antonio Chang, Maritza Canales, Juan Carlos Requejo, Rogers Valencia y César Astudillo. Es decir, la gran mayoría de ministros.

El grupo alberga a quienes han presentado medidas o mantenido una actividad pública sostenida, pero a los que también les ha llovido críticas.

Por ejemplo, Galarreta. Como jefe del gabinete realizó una serie de anuncios centrales durante la presentación de la política general del Gobierno ante el Congreso.

Entre las medidas planteadas destacó la construcción de nuevos penales de alta seguridad, una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la inseguridad y medidas frente al Fenómeno El Niño (FEN).

Sin embargo, guardó silencio ante la prensa durante sus primeros 12 días y demora en solicitar las facultades legislativas al nuevo Congreso.

En este grupo, el caso más representativo es el de Elmer Cuba por sus declaraciones sobre las lluvias en Lima Sur, que generaron el desconcierto de miles de peruanos. “Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas”, dijo.

Debió salir Keiko para cuestionar públicamente su lectura, lo que lo llevó a tener que ofrecer disculpas posteriormente.

También está Sheput, quien protagonizó otro de los desencuentros del Gabinete.

El ministro de Trabajo tomó distancia de Cuba respecto a la inclusión de una reforma laboral en el pedido de facultades legislativas.

El titular del MEF señaló que la formalización laboral estaba contemplada, pero Sheput respondió que el tema todavía no se había sido discutido con profundidad y no estaba definido.

Otro caso es Rafael Belaunde en Defensa, quien quedó expuesto por la falta de claridad en el rol que las Fuerzas Armadas tendrán en la inseguridad ciudadana.

Entre tanto, César Astudillo, en Interior, ha tenido una alta presencia pública por la respuesta del Gobierno frente a la criminalidad, aunque la presión política se concentra en sus resultados y la permanencia del comandante general Óscar Arriola.

El resto del grupo en ámbar presenta un perfil más moderado. Arnillas (Vivienda), Chang (Educación), Canales (Midis), Requejo (Produce), Valencia (Mincetur) y Espá (Cancillería) han mantenido una discreta actividad pública y anuncios desde sus respectivos sectores, pero sin protagonizar hasta ahora enfrentamientos de la misma magnitud.

Gestores

El grupo verde está integrado por Marco Vinelli (Midagri), Luis Dyer (Salud) y Guillermo Shinno (Minem). Son los ministros que combinan mayor actividad y anuncios con una menor exposición a cuestionamientos.

Vinelli ha mantenido una presencia constante por la preparación ante el FEN y el pedido de facultades legislativas. Por su parte, Dyer tiene una alta exposición por sus visitas in situ a establecimientos de salud.

Shinno, por su parte, mantiene una su situación similar por su postura frente a Petroperú y anuncios ante el déficit de combustibles en el país.

Análisis

La politóloga Gabriela Navarro advirtió sobre el efecto que pueden tener las controversias protagonizadas por integrantes del Ejecutivo.

“El principal riesgo es que la agenda pública termine concentrándose en las controversias y no en la gestión”, señaló a Correo.

La especialista puso el foco en el funcionamiento del equipo ministerial y en la necesidad de que las diferencias sean procesadas antes de llegar a la opinión pública. “Diría que el gran problema está en la comunicación y coordinación”, explicó.

Navarro reitera que la PCM debe cumplir un papel articulador para evitar que las posiciones de los ministros terminen generando contradicciones.

“Resulta preocupante cuando estas diferencias se expresan públicamente y llegan incluso a contradecir anuncios o posiciones de la propia presidenta”, opina.

Para la analista, si estos episodios dejan de ser aislados y se convierten en una constante, pueden afectar la confianza y la percepción de liderazgo de Galarreta, incluso de la propia Fujimori.

No obstante, pese a este escenario, la especialista consideró que todavía no corresponde plantear una renovación del equipo ministerial.

“Todavía es muy pronto para plantear un cambio de gabinete. Pero eso no significa que los ministros tengan una permanencia garantizada: si con el tiempo se evidencia incapacidad de gestión, falta de resultados o problemas reiterados de coordinación, la presidenta deberá evaluar los cambios que correspondan”, sentenció.

Esto sucedió luego de que el diputado Luis Ángel Jibaja Ramos, integrante del grupo parlamentario, retirara su firma de la moción, dejando así con 19 rúbricas de las 20 que se necesitan para que el documento siga vigente.

La moción incluía, entre varios temas, preguntas sobre el incremento del precio de los combustibles.

DETALLES

Ayer antes de las 9:00 a.m., Ernesto Zunini, diputado y vocero de JP, anunció que su grupo retiraría la moción de interpelación contra el ministro Shinno con el objetivo de revisar el cuestionario junto a las bancadas de Obras y Ahora Nación.

“La única interpelación formal que ingresó la bancada es la del ministro de Defensa. Ayer (el martes) se ingresó un pliego interpelatorio para el ministro de Energía y Minas, pero el único que va a permanecer realmente es el de Defensa porque retiramos ese pliego para revisar el cuestionario”, indicó en Exitosa.

Curiosamente, el martes a las 18:32 p.m, su compañero de bancada Luis Ángel Jibaja, firmó un documento para retirar su firma de la moción.

El documento fue enviado a Hugo Rovira, oficial mayor de la Cámara de Diputados, ayer a las 9:33 a.m.

CIFRAS

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, el pedido de interpelación contra un ministro se formula con no menos del 15% del número legal de diputados, es decir, 20.

La admisión de la moción de interpelación requiere el voto de por lo menos un tercio de los diputados hábiles.

Cabe precisar que JP todavía mantiene una moción de interpelación contra Rafael Belaunde, ministro de Defensa.

Dicho documento tiene 25 firmas de 32 integrantes que conforman la bancada de izquierda.

La medida fue anunciada luego de la reunión que sostuvieron dirigentes del transporte con la presidenta Keiko Fujimori, el ministro del Interior, César Astudillo, y el titular del MTC. El acuerdo generó cuestionamientos entre diversos parlamentarios, quienes consideran que la reducción de sanciones no responde al principal reclamo de los transportistas: mayor seguridad frente a las extorsiones y ataques criminales.

El presidente de la comisión, Luis Quispe Candia, señaló que pedirá autorización a la Cámara de Diputados para invitar a Rey a una sesión extraordinaria. Precisó que la convocatoria busca conocer las razones de la disposición y transparentar los criterios aplicados por el Ejecutivo.

Varios congresistas cuestionaron el beneficio y advirtieron que podría debilitar la autoridad y fomentar la impunidad frente a las infracciones de tránsito. También señalaron que los transportistas solicitaron principalmente protección policial y acciones contra el sicariato, no la reducción de sus sanciones.

La fecha de la sesión será definida una vez que se tramite la autorización correspondiente. Los parlamentarios no descartaron evaluar una moción de interpelación contra el ministro si consideran insuficientes las explicaciones que brinde ante la comisión.

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Reggiardo sostuvo que la medida permitiría reforzar la seguridad en las zonas donde se ejecutan obras públicas, ante los casos de extorsión que han afectado a trabajadores y proyectos de infraestructura. Aseguró que la Municipalidad de Lima ya cumplió con los requisitos y trámites ante la Sucamec.

“Espero que Keiko Fujimori no se deje presionar por nadie para negar una autorización que a todas luces es absolutamente legal y legítima”, afirmó el burgomaestre, quien pidió a la mandataria intervenir para agilizar el procedimiento.

El alcalde también exhortó al Gobierno a adoptar medidas urgentes contra la inseguridad ciudadana y señaló que ha presentado propuestas para fortalecer la respuesta frente a la criminalidad en Lima.

Reggiardo brindó estas declaraciones durante la entrega de hornos industriales en el Club Metropolitano Wiracocha, en San Juan de Lurigancho.

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Al cabo del encuentro, los cancilleres difundieron un comunicado conjunto en el cual reafirmaron su voluntad de continuar fortaleciendo la relación bilateral, sustentada en los principios y valores comunes, la confianza, el diálogo permanente, la cooperación y la integración fronteriza.

Igualmente, saludaron la plena vigencia del Acuerdo entre Perú y Bolivia para el funcionamiento del paso fronterizo San Lorenzo–Extrema, implementado a partir del 15 de junio de 2026.

“Este progreso es una expresión de la voluntad de ambos gobiernos de fortalecer la integración fronteriza y facilitar el tránsito de personas, bienes y servicios entre ambos países”, afirmaron.

De la misma forma, los cancilleres destacaron la importancia estratégica del Centro Binacional Integrado de Atención de Frontera (Cebaf) Desaguadero para el tránsito comercial y de personas entre el Perú y Bolivia, con la firme voluntad de avanzar hacia un esquema de atención permanente de 24 horas al día, los siete días de la semana.

Espá y Huanca expresaron su satisfacción por la implementación del intercambio electrónico de certificados fitosanitarios (e-Phyto) entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Perú y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) de Bolivia.

Esta herramienta es un avance significativo para la modernización de los procedimientos sanitarios y fitosanitarios, contribuyendo a la facilitación del comercio bilateral y a la reducción de tiempos y costos asociados al intercambio de productos agropecuarios en favor de los consumidores de ambos países, subrayó el comunicado.

📄 Declaración conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores de la República el Perú y del Estado Plurinacional de Bolivia.

👉 https://t.co/QjvpnhWbe8 pic.twitter.com/kTSRqSiIml

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 26, 2026

Los cancilleres reconocieron los esfuerzos desarrollados durante más de tres décadas para consolidar, a través del organismo binacional de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa” (ALT), la gestión bilateral de los recursos hídricos compartidos de dicha cuenca.

En tal sentido, acordaron continuar trabajando de manera más expedita en su fortalecimiento y modernización para responder de manera más eficaz a los actuales desafíos de la gestión bilateral integrada de los recursos hídricos de esa cuenca compartida.

Igualmente, los ministros reafirmaron la importancia del Encuentro Presidencial y séptimo Gabinete Ministerial Binacional Perú-Bolivia como el principal mecanismo de coordinación y cooperación de la agenda bilateral para impulsar su dinamismo y proyección en favor de los ciudadanos de ambos países, y acordaron programar su realización para este año.

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A través de un comunicado difundido en X, la Cancillería expresó su solidaridad con los pueblos y gobiernos de China y Nepal, además de transmitir sus condolencias a los familiares de las víctimas.

La entidad también señaló que continúa realizando un monitoreo mediante sus misiones diplomáticas para conocer la situación de la comunidad peruana.

El Gobierno peruano indicó que mantendrá la coordinación con las autoridades de ambos países para actualizar la información consular.

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Con esta decisión, el pedido quedó con 19 adhesiones, cuando el Reglamento de la Cámara de Diputados establece que se necesitan al menos 20 firmas para admitir una interpelación. Por ello, el Área de Trámite Documentario archivó el procedimiento antes de que llegara al debate del Pleno.

La iniciativa buscaba que Shinno respondiera por el desabastecimiento de combustibles y el aumento del precio del diésel en el mercado nacional. Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, confirmó el retiro y explicó que el pliego será revisado.

“Anteriormente se ingresó un pliego interpelatorio para el ministro de Energía y Minas, pero el único que va a permanecer hoy por hoy probablemente es el de Defensa, porque estamos retirando ese pliego para revisar el cuestionario”.

Congreso: Diputado Luis Ángel Jibaja decidió retirar su firma de la moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. La iniciativa ya no cuenta con las firmas necesarias para su procedimiento

Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/dYiVJ2gSmi

— Canal N (@canalN_) August 26, 2026

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La diputada de Renovación Popular sostuvo que la presidenta debe actuar con mayor rapidez y recordó el compromiso que asumió durante su campaña.

“Cuando uno asume, ella dijo que en los 100 primeros días íbamos a tener resultados. Creo que le falta un poco de celeridad”, sostuvo la parlamentaria de Renovación Popular.

La legisladora también se refirió a la situación del sistema de salud y cuestionó que se mantenga el proceso de diagnóstico pese a la crisis existente. Además, expresó su desacuerdo con la permanencia de trabajadores vinculados a Alianza para el Progreso (APP).

“Todos saben que en salud estamos desahuciados, estamos en UCI, como bien se dice. Lo que no me gusta es que se están tomando empleados de la gestión anterior de APP”, dijo.

Las críticas surgieron luego de que Fujimori señalara, durante una actividad en Palacio de Gobierno, que los primeros resultados de su gestión se observarían recién el próximo año.

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció medidas dirigidas a los adultos mayores, entre ellas un incremento progresivo de las pensiones, la ampliación de la cobertura de Pensión 65 y la duplicación de los locales de Yuyaq Casa del Pensionista.

Los anuncios fueron realizados durante la ceremonia por el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, desarrollada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, con la participación de autoridades y representantes vinculados al sector previsional.

Durante su discurso, Fujimori también se refirió a la situación que, según afirmó, encontró al asumir el Ejecutivo. “Hoy hemos recibido el país con cifras, estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías”, declaró.

Keiko Fujimori anuncia aumento progresivo de pensiones

La mandataria informó que el presupuesto público contemplará un incremento progresivo de las pensiones, cuya implementación comenzará durante 2027.

Fujimori indicó que esta medida ha sido coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En la información proporcionada sobre el anuncio no se precisaron los montos del incremento ni el cronograma específico de aplicación.

La presidenta sostuvo además que el pago mensual a los jubilados constituye una obligación legal del Estado y no una dádiva de un gobierno.

Durante su intervención, señaló que el Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de procurar tranquilidad económica para las personas que contribuyeron durante su vida laboral.

Pensión 65 ampliará su cobertura

Otra de las medidas anunciadas por la jefa de Estado es la ampliación de la cobertura de Pensión 65, programa dirigido a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

La ampliación también comenzará durante 2027, según lo anunciado en Palacio de Gobierno.

Fujimori no detalló durante la información proporcionada cuántos nuevos beneficiarios se incorporarán al programa ni el presupuesto adicional que requerirá la expansión.

Al acto asistió el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, junto con representantes del sector previsional.

Yuyaq Casa del Pensionista pasará de 12 a 24 locales

La presidenta anunció además que el número de locales de Yuyaq Casa del Pensionista se duplicará a partir del próximo año.

Actualmente existen 12 centros distribuidos en ocho regiones del país y la meta anunciada es llegar a 24 sedes.

Estos espacios desarrollan actividades y talleres destinados a promover el envejecimiento activo y la participación de los pensionistas.

La expansión de la infraestructura permitirá, según lo anunciado por el Ejecutivo, ampliar el alcance de estas actividades a partir de 2027.

Fujimori afirma que recibió el país con “cifras terribles”

Durante la ceremonia, Fujimori volvió a referirse al escenario económico y social que encontró su administración al asumir el Ejecutivo.

“Hoy hemos recibido el país con cifras, estadísticas terribles”, afirmó la mandataria, quien proyectó que desde el próximo año comenzarán a observarse mejoras.

La declaración corresponde a la evaluación realizada por la propia presidenta. En la información proporcionada durante el acto no se especificaron los indicadores económicos o sociales concretos a los que hacía referencia.

Reconocen a tres ciudadanos centenarios

La ceremonia por el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor incluyó un reconocimiento a tres ciudadanos centenarios por su trayectoria y contribución a la sociedad.

La jefa de Estado también participó de las actividades y presentaciones artísticas realizadas durante la jornada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno.

El Día Nacional de las Personas Adultas Mayores se conmemora cada 26 de agosto en el Perú y busca reconocer la experiencia, participación y contribución de esta población al país.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participa este miércoles 26 de agosto en la ceremonia por el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, fecha dedicada a reconocer el aporte de este sector de la población al desarrollo del país.

La actividad, denominada “Día Nacional de la Persona Adulta Mayor: Experiencia que Inspira”, contempla el reconocimiento de la experiencia y participación activa de las personas adultas mayores.

El acto se desarrolla en el marco de la Tercera Política de Estado “Cuidando la Experiencia”, según la información proporcionada sobre la actividad.

Perú conmemora el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor

Cada 26 de agosto, el Perú conmemora el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, una fecha orientada a sensibilizar a la ciudadanía y al Estado sobre la importancia de reconocer y valorar a las personas mayores.

La conmemoración busca destacar su experiencia, conocimientos y participación dentro de la sociedad, así como promover acciones destinadas a garantizar su bienestar y el ejercicio de sus derechos.

La ceremonia de este miércoles tiene como eje el reconocimiento de la experiencia acumulada por esta población y su contribución al país.

¿Cómo se estableció el Día del Adulto Mayor en Perú?

La conmemoración fue establecida mediante la Ley N.° 30088, norma impulsada por el entonces congresista José Urquizo Maggia y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 1 de octubre de 2013.

La legislación declaró el 26 de agosto de cada año como Día Nacional de las Personas Adultas Mayores.

La fecha tiene como propósito generar conciencia sobre la importancia de este grupo de la población y promover su valoración y participación en la sociedad.