El Gobierno de España aprobó un paquete de medidas para afrontar la crisis de vivienda que incluye ampliar hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios, regular los alquileres temporales y establecer nuevas restricciones a las compras realizadas por fondos de inversión.

El Consejo de Ministros dio luz verde a dos reales decretos. Uno concentra la mayor parte de las medidas sobre vivienda, mientras que el segundo aborda la renovación automática de los contratos de alquiler. El Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá conseguir ahora respaldo parlamentario para mantenerlos en vigor.

¿Qué cambia con las nuevas medidas de vivienda en España?

El primer decreto extiende hasta el 31 de diciembre de 2030 las medidas de protección frente al desahucio para hogares vulnerables contemplados por la norma. También establece una prórroga extraordinaria para determinados contratos de alquiler que vencen antes de finales de 2028.

El paquete incorpora además una regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, junto con restricciones temporales a determinadas adquisiciones de viviendas por fondos de inversión.

Por separado, el Gobierno impulsa un segundo decreto que establece la renovación automática de los contratos de alquiler por periodos de cinco o siete años, dependiendo del tipo de propietario. Este texto afronta mayores dificultades para conseguir respaldo parlamentario.

El desahucio de Maricarmen impulsó las protestas

Las medidas han sido denominadas informalmente “decreto Maricarmen”, en referencia al caso de una mujer de 87 años que fue desahuciada de la vivienda madrileña en la que había residido durante aproximadamente siete décadas.

El caso provocó una fuerte reacción social y colocó nuevamente el acceso a la vivienda en el centro del debate político español. Desde el fin de semana, manifestantes y colectivos de inquilinos han mantenido una acampada en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar mayores garantías para quienes viven de alquiler.

Entre las organizaciones movilizadas se encuentran colectivos que reclaman contratos de alquiler estables y medidas para contener los precios.

Las medidas todavía dependen del Congreso

La aprobación por el Consejo de Ministros no cierra el proceso. Al tratarse de reales decretos leyes, las medidas deberán ser convalidadas por el Congreso de los Diputados.

El Gobierno de Pedro Sánchez no dispone por sí solo de mayoría parlamentaria, por lo que necesita conseguir apoyos adicionales. Hasta este miércoles, algunas formaciones todavía estudiaban el contenido de los textos y el Ejecutivo no tenía garantizados todos los votos necesarios.