Un claro ejemplo es el uso frecuente de la figura de prisión preventiva en casos de alto perfil mediático, donde lo extraordinario ha pasado a ser casi una regla. A ello se suma la flexibilización del principio de legalidad, colocando al Tribunal Constitucional en obligación de corregir decisiones de la justicia ordinaria que terminan vulnerando derechos; tal como ocurrió en casos emblemáticos que marcaron la agenda política reciente.

Esta politización es también inidentificable cuando el litigio deja Palacio de Justicia para trasladarse a los medios de comunicación. Las filtraciones de investigaciones que, en principio, deberían ser reservadas y las declaraciones públicas de fiscales y jueces terminan siendo una especie de “proceso paralelo” que condiciona la percepción ciudadana y el desarrollo de los juicios.

La independencia de la justicia no sólo se cumple cuando esta es autónoma del poder político, se cumple cuando los operadores de justicia actúan con prudencia, objetividad y respeto al debido proceso. De lo contrario, no sólo los agraviados son los investigados y procesados, sino los ciudadanos, quienes somos -a largo plazo- los verdaderos agraviados, quienes buscamos vivir en democracia.

La inseguridad será combatida por las Fuerzas Armadas, que asumirán temporalmente el liderazgo durante los estados de emergencia y conducirán las operaciones contra la criminalidad en coordinación con la Policía Nacional, lo cual considero una decisión acertada. Al respecto, hay opiniones discrepantes por parte de los eternos conservadores que defienden hipócritamente —con el devaluado argumento de los DD.HH.— a los que se encuentran en la vereda contraria a la licitud.

El primer Gabinete, como era de esperarse, no es del agrado de todos. En Economía, Elmer Cuba la tiene muy difícil para reordenar el gasto público, que fue la farra del Congreso precedente. Será el responsable de viabilizar financieramente los anuncios hechos por la presidenta. Sheput y Beingolea desentonan notoriamente en este equipo ministerial. Lo extraño es que ambos son furibundos antifujimoristas de antaño. Si con estas designaciones la primera mandataria quiso enviar un mensaje de reconciliación, simplemente cometió un craso error.

Los tiempos del verbo en el mensaje. Empezó con un diagnóstico que puso en evidencia la condición de país y la situación de un Estado debilitado en algunos sectores y, muy a la inercia en otros. Saltó al futuro con metas medibles, rendición de cuentas y una gestión con disciplina y resultados. Sin embargo, el presente agobia con inseguridades y corrupción, más la presencia de El Niño, que viene de malas formas.

Como país, mejorar la calidad de vida, dotar de infraestructura, apostar al crecimiento económico con una sostenibilidad fiscal, van de obligado junto a una reforma y reformulación del papel del Estado y sus instituciones. Si todos los niveles del Estado, cumplen sus metas de acuerdo a sus competencias, va bien.

Pero la prioridad es el crimen organizado. El ejecutivo necesita de una alianza estratégica con los gobiernos regionales y municipales con planes y propuestas concretas de lectura provincia-región-país, ahí está la diferencia, los diputados necesitan del Senado para consumar el tan mentado equilibrio de poderes. Finalmente, deberá conseguirse un presupuesto alineado a propuestas, donde, levantar lo rural y mejorar lo urbano es clave.

Allí, aparece una idea que merece nuestra reflexión: el arte de encajar. No se trata de encajar para parecernos a todos, ni de renunciar a nuestra esencia para ser aceptados. Se trata de encontrar el lugar exacto donde nuestros talentos sean apreciados, donde nuestras fortalezas encuentran un propósito y donde nuestra presencia aporta algo que nadie más pueda ofrecer. Cada persona ocupa un espacio irrepetible. Cuando descubrimos ese lugar y actuamos con autenticidad, dejamos de competir y empezamos a contribuir. Dejamos de preguntarnos qué nos falta y comenzamos a preguntarnos qué podemos ofrecer.

La simultaneidad de la vida y la muerte debería enseñarnos una lección de humildad y de urgencia. Humildad, porque comprendemos que todos compartimos el mismo destino. Urgencia, porque ignoramos cuánto tiempo nos queda para hacer aquello que realmente importa. Como dijo Séneca siglos atrás, “No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho.” Y quizá por eso la mejor manera de honrar la vida no sea contar los días, sino llenar los días. Esa simple realidad nos recuerda que todavía tenemos la posibilidad de elegir. Elegir amar antes que odiar. Construir antes que criticar. Aprender antes que juzgar. Servir antes que acumular. Y, sobre todo, descubrir el lugar único desde el cual podemos hacer del mundo un lugar… un poco mejor.

Al menos desde la bancada y el partido Juntos por el Perú ya vimos que optarán por el doble rasero. Piden para Pérez Mallqui debido proceso y que tomarán una decisión al final de las investigaciones, mientras que suspendieron de inmediato a Silvana Robles por no mostrar su voto en la elección de la presidencia de la Cámara de Senadores.

No podemos pedirle mucho a Juntos por el Perú. Permitió la candidatura de Pérez Mallqui pese a tener sentencias por lesiones culposas, violencia familiar y falsa declaración. En 2024 atropelló ebrio a una madre y a su hija de siete años en Pichari, se dio a la fuga y se negó a identificarse.

La pregunta para el nuevo Congreso es ¿romperá con la tradición de protegerse entre pares? El Parlamento pasado desaforó a Freddy Díaz cuando la denuncia por violación era imposible de ignorar y sacó a María Cordero Jon Tay cuando las pruebas de “mochasueldo” eran incuestionables, pero nunca mostraron iniciativa y siempre actuaron tarde. Esta vez el caso está sobre la mesa desde el día uno y esperamos que actúen con consecuencia. No empiecen mal su gestión.

No ha pasado ni una semana de haber asumido funciones como diputado con un juramento propio de revolucionario de medio pelo, y ya tenemos a este impresentanle detenido en una comisaría, a donde llegó tras ser detenido en flagrancia por agredir a una mujer en el distrito limeño de San Miguel. Lo positivo es que desde hace unos años se logró que la inmunidad parlamentaria no tenga efecto cuando se trate de presuntos delitos comunes cometidos fuera de la función para la que fueron elegidos los implicados.

En realidad, no debería llamar la atención que el partido de Roberto Sánchez haya reclutado como candidato al Legislativo a un sujeto que es un verdadero peligro público, a juzgar por antecedentes. Lo señalo porque Juntos por el Perú hizo campaña al lado de un criminal como Antauro Humala y postuló a varios elementos cercanos a bandas terroristas. Y la cereza en el pastel avinagrado: su razón de ser es lograr la libertad de un golpista y ladrón como Pedro Castillo.

Por ahora Juntos por el Perú ha tratado de pasar por agua tibia este indignante y vergonzante suceso. El senador Hugo Ccahuana ha intentado minimizar lo sucedido, mientras que la agrupación política ha dicho que tomarán medidas conforme a los resultados de las investigaciones. Claro, a la senadora Silvana Robles la pasaron por la moledora de carne a la primera por no mostrar su voto para la elección de la Mesa Directiva, sin proceso ni pesquisa de por medio.

Para los que inocentemente creyeron que este Congreso sería mejor que el anterior plagado de delincuentes y sinvergüenzas, ahí tienen a Pérez Mallqui; a su colega Bladimir Sonco, de Ahora Nación, que hace poco amenazó en Juliaca a un trabajador que fue a cortarle el servicio de agua por falta de pago; y a Iber Maraví (Juntos por el Perú), que usó su investidura de senador para fungir de agitador en la Plaza San Martín. Y eso que recién empiezan.

No se puede calificar esto de error. Las fechas eran públicas, la norma era clara y los abogados defensores lo señalaron desde el inicio. Lo que hizo el Equipo Especial Lava Jato fue forzar una tipificación y procesó a personas por conductas que, en su momento, no constituían delito. Eso es una vulneración del principio de legalidad.

Seamos claros: los aportes no bancarizados, el pitufeo, los falsos aportantes son conductas repudiables. Humala y Fujimori recibieron dinero que no querían que apareciera. Eso no los hace inocentes en el sentido ético. Pero la justicia no opera con ética: opera con tipos penales.

¿Quiénes ganan aquí? Si bien el equipo especial tuvo aciertos, el daño a la lucha contra la corrupción causado por la terquedad de estos fiscales es irreparable y tiene un costo de más de tres millones de soles en gastos operativos, como afirmó el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. ¿Y todo para qué? Para construir casos que el TC derrumba con el mismo argumento dos veces seguidas.