Hace 30 años una mamá preguntó al director de un colegio por qué su hijo había desaprobado en conducta con 10. El maestro le contestó que el promedio de las notas de sus docentes era 10.4 y que, si hubiera sido 10.5, estaría aprobado con 11. ¿Es este tipo de evaluación adecuado para los fines de mejorar sustantivamente la disciplina escolar que propone el Minedu? ¿Queremos volver a una evaluación sumativa, acumulativa y basada en promedios numéricos que pueden diferenciarse por una décima?

Confío en que el Minedu revise esta propuesta y, en un marco educativo y de razonabilidad, opte por una evaluación cualitativa de la conducta concebida como un proceso de recuperación de la disciplina escolar (con un currículo reformado). Se trata de no aplicar la inconveniente evaluación sumativa de cero a veinte.

La evaluación formativa permitiría observar y registrar las actitudes positivas y negativas para que tutores, docentes y auxiliares, de manera articulada, emitan una valoración de la conducta de cada alumno. Proponemos se evalúe la conducta por niveles de logro, que serían: destacada o muy buena (AD), satisfactoria (A), en proceso de mejora (B), y con problemas o dificultades (C); niveles que ya están internalizados en la comunidad educativa. Esta evaluación como proceso, reitero de carácter educativo, contribuirá a mejorar la disciplina escolar, la convivencia y el bienestar socioemocional, con una buena tutoría y orientación educativa.

Para lograrlo, no basta con movilizar recursos públicos. También debemos crear condiciones para que la inversión privada se concrete. El interés de los inversionistas existe; también el apetito y la necesidad de proyectos. Lo que falta es un entorno predecible y confiable: reglas claras, regulación inteligente, procesos ágiles y una administración pública capaz de responder con oportunidad.

En situaciones de emergencia y necesidad de reactivación, se requieren vías expeditivas, con transparencia y controles, que permitan acelerar decisiones sin sacrificar la calidad. También hace falta innovación en la gestión pública.

El OEDI es un ejemplo que merece evaluación. Reportes recientes cuestionaron el balance entre los más de S/34 millones administrados y el único expediente técnico concluido. Esa brecha obliga a exigir explicaciones, medir resultados y esclarecer cualquier indicio de irregularidad.

Las medidas económicas del MEF son acertadas y necesarias. Pero deben ir acompañadas de cambios reales en esa “caja negra” que transforma decisiones, políticas y recursos en servicios públicos: la administración del Estado. Sin esa reforma, la política contracíclica podrá contener la desaceleración, pero difícilmente nos devolverá al crecimiento que el país necesita. Ese es el desafío colectivo.

En líneas generales, la continuidad de Lula en el poder no traería mayores cambios en la política exterior de Brasilia respecto a Lima, pese a las diferencias ideológicas que puedan existir con la administración de Keiko Fujimori. Como bien dijo ayer en RPP el internacionalista Ramiro Escobar, nos necesitamos mutuamente, pues a través de su territorio nosotros ganamos una salida al Atlántico, y ellos por medio de nuestro país alcanzan el Pacífico y los mercados asiáticos, y más ahora que el puerto de Chancay está operativo.

No tengo la menor duda de que en la remontada del último tramo ha tenido que ver la monumental “patinada” de Bolsonaro al llamar a su rival “nueve dedos”, en alusión a la amputación que sufrió Lula da Silva mientras operaba un torno cuando era apenas un adolescente. El golpe bajo fue aprovechado por el reelecto gobernante para apelar al sentimiento y mostrar esas palabras desafortunadas como un insulto y una burla a “la clase trabajadora”. Un viejo zorro de la política frente a un “pulpín” mal asesorado.

Pero más allá de lo sucedido en las elecciones de Brasil y de si gusta o no el triunfo de Lula, quien se libró de caso Lava Jato por esas cosas que sólo ocurren en países como los nuestros donde la justicia es infiltrada por la política, a los peruanos debería darnos envidia de cómo a dos o tres horas de terminado el sufragio en un país inmenso con 158 millones de electores, ya se conocían los resultados oficiales, sin mayor espacio a la duda y la especulación, mientras acá no podemos ni saber quién será el próximo alcalde de Lima Metropolitana.

Es urgente que en el Perú, que en un buen número de años no habrá elecciones porque ya las tuvimos en el 2026 por partida doble, haya una reforma seria y confiable que nos permita contar con el voto electrónico, a fin de terminar con esos plazos para dar resultados oficiales que son una vergüenza en estos tiempos. No podemos seguir votando con papel y lapicero, y luego esperar uno o dos meses para saber quién gano. El Congreso debería tener esa iniciativa, que si es seria, tendría que ser respaldada por todos.

Por eso llamó la atención cuando más tarde Nieto se unió sin mucho ruido a la izquierda más radical manejada tras bambalinas por Roberto Sánchez –responsable de que gente como Íber Maraví y César Tito, tengan un escaño y que en el Congreso haya asesores senderoides–, para apoyar la elección de mesas directivas opositoras a la alianza Fuerza Popular-Renovación Popular.

Y también sorprendió cuando en el choque por las facultades, se conociera la postura extrema de no dar facultades expresada de la diputada Rossana Alayza, y que en la Comisión de Constitución del Senado, los representantes del PBG optaran por retirarse sin participar en el debate final y la votación, pese a que de por medio había asuntos relacionados con el fenómeno El Niño, que Nieto conoce muy bien.

No sorprende, por eso, que hoy uno de sus senadores, Jorge Gavidia, se haya alejado del PBG por no estar de acuerdo con la actual postura de la agrupación que Nieto definió en su entrevista de abril. Parece que el legislador creyó que se mantendrían en el amplio espectro de “centro”, y no al lado de los radicales de Sánchez, Maraví y compañía. No le quedaba otro camino. Lo entendemos.

Hay un apetito voraz por el canon y las regalías mineras, a tal punto que en las regiones donde más reciben recursos por este rubro hubo más candidatos ediles (50 %). En este año, los gobiernos subnacionales recibieron más de S/ 13.000 millones y el próximo año tendrán unos S/ 20.000 millones. Entonces, por qué la brecha del sistema de agua y saneamiento no ha disminuido en localidades como San Marcos en Áncash o Huamachuco en La Libertad.

Entre el 2017 y el 2025, de cada 100 soles invertidos en las regiones, 21 soles fueron para servicios básicos como agua, saneamiento, educación, salud y electricidad, mientras que unos 26 van para losas deportivas, estadios y coliseos. Y lo peor de todo es que no siempre la inversión pública es culminada, sino que queda abandonada en obras inconclusas que no son continuadas por nuevas gestiones municipales.

La propuesta es condicionar a los gobiernos municipales a priorizar las obras de servicios básicos que sirvan para mejorar la vida a los ciudadanos. Según cifras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 9 millones de peruanos no tienen agua potable y 15 millones no cuentan con alcantarillado. Y no es por falta de dinero, sino por no saber distribuirlo de la manera adecuada. ¿No es el momento de cambiar?

El viaje tendrá sentido si en poco tiempo los peruanos vamos a ser testigos de los importantes cambios que se necesitan en nuestro sistema penitenciario, ese que hace poco ha dado muestras de su estado de descomposición al hacerse público que los detectores de metales que deberian funcionar en el penal de Trujillo, uno de los que más atención debería merecer por estar en la que quizá sea la región más violentas del país, no funcionaban desde hace tres años para impedir el ingreso de armas y celulares.

Esto no puede ser “un error” o una situación generada de la “burocracia” que impide reparar o renovar equipos fuera de servicio. Lo que ha existido acá por décadas es falta de voluntad política para poner orden y también complicidad con el delito. Si todos los días vemos que en los aeropuertos hay máquinas que detectan hasta monedas, llaveros y zapatos con punta de metal, ¿por qué no es posible que en las cárceles se instale un sistema de detección de metales dotado de tecnología de estos tiempos? Eso no es falta de plata.

De nada valdrá este viaje de la presidenta Fujimori si solo es para tomarse fotos con Bukele, el personaje de moda que los candidatos a lo que sea y los políticos con floja popularidad quieren mostrar a su lado como “evidencia” de que son capaces de aplicar también mano dura contra lacras como las que tenemos acá en el Perú, dedicadas al sicariato, la extorsión, el robo y el secuestro, y a hacer lo que les dé la gana desde las cárceles a pesar de estar bajo arresto.

Todo seguirá igual con o sin viaje a El Salvador, si desde Palacio de Gobierno no hay voluntad de recuperar la autoridad en los penales, con los rigores que la ley permite. Llevamos varias décadas y varios gobiernos que han visto pasar este grave problema sin ser capaces ni siquiera de colocar detectores de metales que funcionen y bloqueadores de celulares eficientes, muy aparte de implementar la reforma que necesita en sistema penitenciario ¿Cuánto cuesta esto? Muy poco si se compara con el beneficio que traería al país.

Y lo señalamos porque en el país hemos tenido malas experiencias en procesos de reconstrucción tras emergencias, pues los procesos no estuvieron a la altura de lo que la población afectada necesitaba. Si vamos a tiempos lejanos, recordemos al Forsur tras el mortífero terremoto de Pisco y Chincha de agosto de 2007, en el segundo gobierno aprista, y los fenómenos climáticos que castigaron a la costa norte.

Nos referimos al lamentable trabajo de la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios creada en 2017 tras el Niño Costero, y al que siguió con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), en la parte que debía trabajar para para recuperar los efectos del Ciclón Yaku de 2023, a inicios de la gestión de Dina Boluarte.

Sea bajo la denominación que sea, lo que tiene que haber desde abril y mayo del 2027 es un eficiente trabajo de reconstrucción que mejore las condiciones de vida de los peruanos afectados, y que haga que no sucedan nuevamente tragedias que puedan ser evitables con una gestión eficiente. Sería la primera vez que se haga.

Eso lo deben ir pensando desde ahora en el Poder Ejecutivo.

En Junín, Fernando Orihuela, de Podemos Perú, pasó primero a la segunda vuelta con una ventaja de 13,160 votos sobre Arnoldo Mallma, de Alianza para el Progreso (APP). Pero pasar primero o quedar segundo por una diferencia relativamente estrecha no garantiza el triunfo.Huancayo es la clave de esta elección.

Arnoldo Mallma ganó en las provincias, pero Fernando Orihuela lidera en el resultado regional. Orihuela obtuvo 31,844 votos de ventaja en Huancayo, provincia que representa el 46% de los electores de toda la región.

Ninguno puede darse por ganador. Hay 299 mil votos que pueden cambiar el desenlace.Renovación Popular obtuvo 113,498 votos; Batalla Perú, 79,392; Juntos por el Perú, 40,634; Acción Popular, 29,514; el Frente Popular Agrícola, 19,249; y Fuerza Popular, 17,003. En conjunto, estas organizaciones suman 299,290 votos, aproximadamente el 43% de los votos considerados en este grupo de candidaturas que quedaron fuera de la segunda vuelta.

No son votos que tengan dueño. Tampoco constituyen una bolsa electoral que pueda trasladarse íntegramente de un partido a otro por una fotografía, una declaración pública o un acuerdo entre dirigentes. Son electores con distintas motivaciones, expectativas y razones para decidir su voto.

Algunos podrían respaldar a Mallma; otros, a Orihuela; y otros podrían votar en blanco/viciado o no asistir a las urnas.El apoyo de Dimas Aliaga y de los alcaldes electos provinciales (Tarma, Chupaca y Concepción) de Renovación Popular podría contribuir a la campaña de Mallma, siempre que se traduzca en activismo político efectivo con un potente mensaje y no se limite a una fotografía para las redes sociales.

Porque, finalmente, los 299 mil votos no están esperando una fotografía ni un pasacalle. Están esperando razones para decidir. Y en esa disputa, Huancayo puede terminar inclinando la balanza de toda la región Junín.