Si bien es correcto reconocer el rol de los miembros de mesa en la conducción del acto electoral, corresponde al JNE definir con claridad si, en este caso, debe prevalecer el principio de transparencia electoral o el derecho a la intimidad, que aun siendo fundamental no es absoluto.

A una semana de la elección, el JNE debe asumir su condición de garante de la legalidad del proceso y adoptar una decisión clara sobre la procedencia de grabar el escrutinio en mesa. Esa decisión debe ser coordinada con la ONPE y los personeros de ambos partidos, a fin de orientar adecuadamente a los miembros de mesa y evitar confusiones durante una jornada que debe desarrollarse con orden y tranquilidad.

La falta de lineamientos claros puede generar tensiones innecesarias el domingo 7 de junio. Desde la sociedad civil venimos difundiendo el aplicativo VotoLibre, una herramienta segura para registrar ocurrencias, fotografiar actas electorales y reportar resultados de manera georreferenciada, contribuyendo así a la transparencia y legitimidad del proceso.

En una democracia, la suma de esfuerzos entre autoridades, partidos, ciudadanía y sociedad civil no solo es necesaria, sino urgente.

Hoy, el tono parece distinto. Sánchez asegura que respetará la independencia del BCR y evita referencias directas a medidas polémicas como cambios en su dirección. Lo que antes decía de manera agresiva, ahora lo presenta bajo fórmulas más suaves como “evaluación de acuerdos”, “revisión de procesos” o renegociación “consensuada”. En otras palabras, le ha puesto edulcorante a un discurso que antes estaba bien amargo.Pero el problema no es solamente Sánchez. Dentro de Juntos por el Perú varios dirigentes, candidatos al Congreso y voceros de su entorno, han defendido durante meses propuestas claramente estatistas. Eso alimenta la percepción de que este “viraje” súbito,con nuevos voceros prestados a último minuto, responde más a una estrategia electoral que a un verdadero cambio de convicciones.Y allí aparece inevitablemente el recuerdo de Pedro Castillo: En 2021 también moderó justamente su discurso de segunda vuelta. También habló de respeto institucional, estabilidad económica y tranquilidad para los mercados. Muchos quisieron creer que se trataba de pragmatismo político, pero una vez en el poder, el país terminó atrapado en el caos, la improvisación y el deterioro institucional más grave de las últimas décadas.

Hoy, Sánchez parece recorrer el mismo camino: cambia el tono, pero no el fondo. Se quita el sombrero radical para ponerse el del moderado, aunque el proyecto político sigue siendo esencialmente el mismo. Y ese es el verdadero peligro. En pleno siglo XXI, cuando el mundo compite por atraer inversión privada, tecnología y empleo, insistir en recetas populistas y estatistas resulta no solo anacrónico, sino profundamente irresponsable. ¡Cambiar las palabras no cambia las intenciones!

Al final, entre Castillo y Sánchez no parece haber dos proyectos distintos, sino dos versiones del mismo libreto, dos sombreros distintos cubriendo una misma visión lúgubre para el futuro del Perú.

Esto es un llamado de alerta porque de sobra es conocido que en el país son muy pocos los adultos mayores que reciben pensión y la gran mayoría de aquellos que sí lo hacen deben realizar otras labores para poder subsistir porque esta no les alcanza para cubrir todas sus necesidades básicas.

Pero eso no es todo. En 2025, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) reveló que uno de cada cuatro peruanos se encuentra en pobreza monetaria y en 2024, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) informó 43.7% de los menores de tres años tiene anemia y la desnutrición crónica infantil creció de 11.5% a 12.1%.

Esto significa que el Perú no solo está envejeciendo sino que las generaciones que deberían reemplazar a las viejas parten con una grave desventaja.

La política primordial del próximo gobierno, sin importar quién resulte elegido, debería fijarse en estos sectores que son vitales para el desarrollo del país.

Lo vimos el jueves último en la zona conocida como El Trigal, en el cruce de las transitadas avenidas Benavides y Velasco Astete, tal como hace unas semanas también fuimos testigos de un atraco en plena Costa Verde, en San Miguel, donde una banda de hampones, fusiles en mano, se llevó lingotes de oro de origen dudoso que iban de Miraflores al Callao. Todo quedó grabado en video como la mayoría de hechos que suceden en Lima, pues la ciudad está llena de cámaras y de ciudadanos con un celular a la mano.

En 20 años de ola criminal en ascenso, está claro que todas las “estrategias” desde el Estado a cargo de diferentes gobiernos, no han tenido los resultados esperados. Los asesinatos, los robos, las extorsiones, los asaltos y hasta los secuestros, no han logrado ser controlados ni por asomo. El sistema de justicia sigue igual, siendo parte del problema; y ni qué decir de las cárceles hacinadas en que campea la corrupción, que es de donde se ordenan muchos delitos que ocurren en las calles.

Quien asuma el mando del país el 28 de julio próximo caerá en el mismo error de siempre si todo se centra en ordenar estados de emergencia, sacar militares, poner más policías en las calles o comprar patrulleros sin una estrategia de por medio, cambiar de ministros del Interior cada tres semanas, y si no lleva a cabo una limpieza profunda para erradicar a malos policías sin posibilidad de ser reincorporados gracias al Poder Judicial que se presta al juego de corruptos y sinvergüenzas.

De otro lado, el nuevo Congreso con sus dos cámaras tiene que dedicarse a reformar el sistema de justicia para que funcione al ritmo que requiere la ola de criminalidad. Jueces y fiscales no van a cambiar las cosas por sí solos, para ellos todo está bien. Si esto no ocurre, que no los llame la atención que en cinco o seis años seamos testigos de asesinatos, robos y balaceras en plenas calles, con las balas corriendo por encima de las cabezas de la gente. Tal como vamos, no lo vean como algo tan remoto.

Vayamos por partes, las exigencias de los agricultores son legítimas. Llevan años abandonados mientras el precio del arroz no deja de bajar debido a las importaciones y la competencia desleal permitidas por un Estado que decidió mirar de lado mientras esto ocurría.

Lo que no es legítimo es el uso político de una medida que de protesta con reclamos justos. Que JP apoye la protesta hace que nos cuestionemos si le interesa el agricultor y su lucha o busca cosechar réditos de un sector que se siente abandonado por un gobierno que comparte ideario con el partido que postula a Roberto Sánchez a la Presidencia.

Juntos por el Perú instrumentaliza la crisis, finge escuchar al agricultor cuando en realidad lo usa y esto a la larga es malo porque instrumentalizar una crisis para obtener réditos electorales no la resuelve, la exacerba.

El campo merece más que eso. Merece propuestas, presupuesto y presencia permanente. No un candidato prestado cada cinco años.