Lo que hemos visto no puede despacharse como simples casualidades: Hubo deficiencias logísticas propias de novatos y no de una entidad pública que se ha preparado cinco años para aplicarlas, decisiones administrativas sospechosamente cuestionables y situaciones que afectaron el derecho al voto de miles de ciudadanos. ¿Fueron producto de negligencia, desorganización o de premeditación deliberada? Esa es precisamente la pregunta que no puede quedar sin respuesta. La neutralidad, en este contexto, no consiste en callar ni en relativizar. Consiste en no adelantar conclusiones sin evidencia comprobada, por un lado, pero también en no renunciar a exigir explicaciones contundentes. Una democracia madura no teme investigar sus propios procesos; por el contrario, los somete a revisión para fortalecerlos. “Pasar la página” solo resultaría legítimo cuando el capítulo anterior hubiera sido correctamente cerrado. Y cerrar no es ignorar, sino esclarecer. Implica que las instituciones competentes investiguen con rigor, que se determinen responsabilidades y que se implementen correcciones inmediatas de cara a la confianza de la siguiente etapa electoral. Mirar hacia adelante es necesario. Pero hacerlo sin entender lo que ocurrió es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, irresponsable. La democracia no se defiende pasando la página apresuradamente, sino asegurándose de que lo escrito en ella sea claro, verificable y legítimo.

Es sospechoso el cambio de la conformación de la Comisión de Indultos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que haya sido incluida una persona nacida en la misma ciudad que Castillo, quien en su gestión demostró que más que la capacidad de los funcionarios públicos, exigía que en la partida de nacimiento de los aspirantes a un cargo público diga “Chota” o “Cajamarca”.

Apenas asumió la Presidencia de la República para desgracia del país, la gestión de Balcázar indicó que no estaba previsto indultar a Castillo, pues además la ley lo impide por no tener una condena firme, lo cual es cierto. En las últimas horas el Minjus se ha pronunciado en el mismo sentido, pero de un personaje que ha intentado traerse abajo la compra de aviones F-16 y que hace lo que hace con Petroperú, se puede esperar cualquier cosa.

Advertidos estamos todos los peruanos. No se puede bajar la guardia con este presidente que con el mayor desparpajo admite que se comunica con el prófugo Vladimir Cerrón, a quien le debe el cargo de congresista y jefe de Estado.

Actualmente existen cerca de 4700 mesas distribuidas en 1913 localidades del país. Su creación puede darse a pedido de los pobladores o por decisión de la ONPE, siempre bajo criterios técnicos y dentro de plazos públicos y previamente establecidos. El año pasado las solicitudes para la creación de estas mesas con miras a las Elecciones Generales 2026 podían presentarse hasta el 29 de agosto, y este año el plazo venció el 30 de abril para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.Por eso resulta válido preguntarse por qué algunos personeros no hacen seguimiento a este proceso cuando las solicitudes están abiertas y recién cuestionan la existencia de estas actas cuando enfrentan problemas en el cómputo de votos.

El voto urbano y rural tienen el mismo valor y refleja la voluntad del pueblo peruano. Ya se silenció la voluntad popular de miles de limeños el pasado 12 de abril por responsabilidad de la autoridad electoral. No caigamos ahora en el grave error de querer silenciar también la voz de miles de peruanos del Perú profundo, ese Perú del que muchos hablan, pero que muy pocos conocen y recorren realmente.

La confianza en el voto antifujimorista le concede una libertad poco habitual en la política peruana. Mientras otros candidatos buscan acercarse al centro en la recta final, Sánchez parece convencido de que el rechazo a Keiko Fujimori basta para sostener su candidatura. El único gesto de aparente prudencia fue desmarcarse de Antauro Humala, después de que este declarara a un medio de comunicación de la capital, que no vacilaría en ir a la guerra con Chile si llegaba al poder.

Por lo demás, la estrategia ha consistido en insistir en símbolos antes que en propuestas. El anuncio de que José Domingo Pérez sería ministro de Justicia apunta más a consolidar el voto antifujimorista que a explicar cómo resolverá la inseguridad, la informalidad o el estancamiento económico.

El cambio constitucional se ha convertido, así, en la principal bandera de campaña. Pero una nueva Constitución, por sí sola, no resuelve los problemas de un país. Chile ofrece una advertencia útil: tras dos procesos constituyentes fallidos, los ciudadanos terminaron prefiriendo conservar la carta magna vigente antes que embarcarse en un experimento incierto.

El Perú haría bien en tomar nota. Cambiar las reglas puede ser necesario en algunos casos. Hacerlo sin claridad sobre el rumbo económico e institucional suele resultar mucho más costoso de lo que prometen sus defensores.

Me refiero al coronel PNP (r) Harvey Colchado, virtual diputado por Ahora Nación, quien ya en la campaña había protagonizado un papelón indigno para todo policía que se respete, al no marcar distancia una vez que se supo que Alfonso López Chau, su candidato presidencial, había sido entusiasta defensor de un terrorista asesino como Víctor Polay, sanguinario cabecilla del MRTA, a la vez que tenía un pasado carcelario por haber estado vinculado al asalto a un banco.

En los últimos días, Colchado ha emitido un pronunciamiento en el que palabras más, palabras menos, pone condiciones para unirse al comunista Sánchez con miras a la segunda vuelta, pues de plano descarta alguna proximidad con la otra opción, que es Keiko Fujimori. Entre las exigencias está el alejamiento del criminal Antauro Humala, algo que el candidato de Juntos por el Perú no hará jamás porque son socios desde hace mucho; y garantizar la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR), lo cual está muy bien.

Sin embargo, respecto a Sánchez, este coronel retirado que en su momento fue idolatrado por algunos y puesto casi a un nivel de “héroe”, debería saber que Sánchez está rodeado de gente cercana Sendero y el MRTA, algo que debería causar espontánea repulsión en cualquier buen policía que recuerde lo que ha hecho esta gente con el país y hasta con sus colegas. Muchos han muerto despedazados por los antecesores e “ídolos” de quienes hoy son parte de Juntos por el Perú, e incluso han sido electos para el próximo Congreso.

Triste final para Colchado por más que haya sido elegido diputado. No sé cómo lo mirarán de ahora en adelante sus colegas y los deudos de los agentes vilmente asesinados por las hordas de Abimael Guzmán y Polay, que en muchos casos incluso dinamitaron sus cuerpos o los cortaron con machete. ¿El coronel hará “mancha” en el próximo Congreso con Iber Maraví y el fundador del Movadef que también ha sido elegido para el próximo legislativo por Juntos por el Perú?

Hoy el 40% de los habitantes de Cajamarca están por debajo de la línea de pobreza, pese a sus multimillonarios yacimientos de oro y cobre, en gran parte por culpa de falsos ambientalistas como Marco Arana, Mirtha Vásquez y el ladrón exgobernador Gregorio Santos, quienes movilizaron a la población contra el mencionado proyecto que contaba con todos los permisos del Estado para comenzar a trabajar.

Pero los culpables no solo son estos tres personajes, sino gran parte de la izquierda que en medio de su demagogia afirmaba, con gran “sapiencia”, que si se dejaba de lado la minería, que fue lo que finalmente se hizo, se podría generar ingresos similares con el agro, la ganadería y el turismo, una gran farsa que después de década y media salta a la luz.

Los cajamarquinos fueron engañados en 2011 por la izquierda, pero también en 2021 cuando votaron por Pedro Castillo, y ahora en el 2026 al respaldar en primera vuelta a un “Castillo bamba” como Roberto Sánchez, quien de llegar al poder no hará otra cosa que agudizar la miseria.