Hizo énfasis en la mejora de la infraestructura con mantenimiento preventivo para 54 mil locales; remodelación de dos mil colegios; y la construcción de tres mil nuevos. Y que se fortalecerá la Carrera Pública Magisterial con evaluaciones, capacitaciones y la creación de una escuela de directores. Recordemos que la meritocracia se inició en la primera gestión del actual ministro, así como el Programa de Formación y Capacitación Docente. También se retomará la evaluación censal nacional, dando resultados y recomendaciones a alumnos, padres y maestros.

También se mejorará la cobertura en inicial de 0 a 2 años, que es solo 8 %. En primaria y secundaria se trabajará la mejora de logros de aprendizaje. Y se mejorará la educación técnico-productiva y la educación superior tecnológica. El plan expuesto se enmarca en una propuesta para 5 años de “continuidad y cambio”.

Los gobiernos regionales son actores políticos muy relevantes. Reducirlos a brazos ejecutores del Gobierno nacional sería desconocer nuestro modelo de descentralización. Al mismo tiempo, esa misma descentralización ha sido limitada e insuficiente en el desarrollo de capacidades para resolver los problemas que el territorio exige, donde sobrevive el que más presiona al gobierno central y al centralismo de Lima.

El Ejecutivo parece dedicar demasiada atención a su vecino de la avenida Abancay, a pesar de que una parte decisiva de su interlocución política estará en las regiones: allí se construyen adhesiones, se acumulan agravios y se mide la presencia efectiva del Estado.

En este escenario, las nuevas autoridades territoriales tienen una oportunidad para renovar la relación entre ciudadanía y gobierno. Necesitan pasar del discurso a la ejecución, fortalecer equipos, ordenar prioridades y asegurar que cada proyecto responda a necesidades reales. Su cercanía con la población les permite identificar urgencias, aunque no garantiza buena gestión. Allí se jugará su legitimidad: en servicios que funcionen, inversiones pertinentes y resultados verificables. Por ejemplo, aprovechar bien las obras por impuestos, priorizar las continuidades y priorizar estrategias que no se queden en estudios y/o papeles.

Conviene mirar ese mapa con respeto y anticipación. El Perú que reclama, produce y espera siempre ha estado ahí.

El 12 de abril último, en los comicios generales, Acuña y su partido fueron repudiados en las urnas hasta en su antiguo bastión de la costa norte del país, donde antes manejaban gobiernos regionales, alcaldías y escaños en el Congreso. De nada valieron los millones de soles invertidos en la campaña, los bailecitos y los mítines con grupos de cumbia para atraer gente. No pasaron la valla y perdieron la inscripción, por lo que a partir de ahora APP no existe. Si quieren volver a participar en elecciones, deberán recolectar firmas y seguir el largo proceso de renacimiento.

Tanto en abril como ahora en los comicios regionales y municipales, los ciudadanos de la costa norte no le han perdonado a Acuña y compañía el haberse aliado con sucesivos gobiernos a cambio de poner su bancada de borregos al servicio del Poder Ejecutivo de turno. Eso les permitió manejar algunos ministerios como el de Salud, con los resultados que todos estamos viendo. Lo mismo hicieron en Essalud, donde ojalá se esté realizando una buena fumigación para acabar con todo rezago de la presencia apepista. En el Poder Legislativo, también hicieron lo que les dio la gana.

En las elecciones del domingo han ganado en algunas jurisdicciones, sí, pero más por el atractivo de ciertos candidatos en particular, que porque la gente los identifique como representantes de Acuña, como Reynaldo Hilbck, en Piura. Allí están también los casos de los distritos trujillanos de La Esperanza y Florencia de Mora. Cómo habrá sido esta crisis en APP que en estos comicios ni siquiera lanzaron candidato al Gobierno Regional de La Libertad, que estuvo en manos de Acuña hasta que decidió renunciar –pese a que dijo que no lo haría– para postular por tercera vez a la Presidencia de la República.

El “sólido norte” de Acuña ha pasado a la historia, como en su momento sucedió con el “sólido norte” del Apra. Que sirva esto de enseñanza a los políticos y a quienes aspiran serlo. La demagogia, la mecida, el clientelismo, la burla, la falta de empatía, la frivolidad, la sonrisa falsa en los paneles de campaña, y el uso de la función pública para beneficio personal y familiar, tarde o temprano genera la indignación de la gente. Podrá aguantar un tiempo, pero cuando se harta, no hay marcha atrás. Lo estamos viendo.

Esto no tendría mayor relevancia más allá de ser motivo de análisis político sobre el fraccionamiento del voto fuera de Lima y el peso de los movimientos regionales por encima de los partidos nacionales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estamos ante los previsibles devastadores efectos del fenómeno El Niño.

¿Y eso que tiene que ver con las elecciones? Pues que como ha señalado ayer la presidenta Keiko Fujimori, los procesos de transferencia y de formación de equipos gerenciales que entrarán a las administraciones regionales, se van a tener que realizar tras la segunda vuelta, solo en diciembre, en un mes festivo y con varios feriados.

Tengamos en cuenta que según los primeros resultados electorales, se prevé que haya segunda vuelta en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima Provincias y Arequipa, donde hay zonas altamente vulnerables que deben ser atendidas antes, durante y después de las emergencias.

La situación amerita autoridades fuertes, capaces, honestas y con equipos de trabajo ideales desde el día uno.

Es cierto que Fuerza Popular nunca ha sido una locomotora electoral en las regiones. Sin embargo, se esperaba que el haber ganado las elecciones presidenciales pudiera haber tenido un mejor arrastre a nivel nacional. Nada de eso ocurrió, sino que estos pocos meses de gobierno parecen muy lejanos de lo que esperaban sus electores en regiones, por ejemplo, sobre la seguridad ciudadana.

Juntos por el Perú es Pedro Castillo, y el exmandatario no parece haberse metido en la política subnacional. Ni en Cajamarca ha ganado, su bastión electoral en las elecciones presidenciales. Su sucesor, Roberto Sánchez, tampoco ha pesado en los resultados. Las regiones que le dieron el voto en la primera y segunda vuelta presidencial no volvieron a confiar en el partido de izquierda.

Renovación Popular, por su parte, se ha convertido en una fuerza política municipal, como lo fue en su momento Somos Perú de Alberto Andrade. No solo ha ganado su lista en Lima, sino que tiene una presencia considerable en las provincias y regiones, a diferencia de las agrupaciones políticas antes mencionadas.

El gran perdedor es, sin duda, Alianza para el Progreso, que dejará la alcaldía de Trujillo y no tuvo candidato al Gobierno Regional de La Libertad. El partido con fuerza municipal se ha desinflado por completo.

Esta controversia deberá ser resuelta en su momento por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que de momento lo correcto es asumir que tenemos como ganador de la jornada de ayer en Lima a la lista de Renovación Popular, que encabeza López Aliaga, y que más adelante la autoridad electoral tendrá que definir, con la ley en la mano, qué persona ocupará durante los próximos cuatro años el sillón de Nicolás de Ribera y Laredo, conocido como “El Viejo”, con la responsabilidad de conducir los destinos de más de 11 millones de peruanos.

En Lima hay varios candidatos a primer regidor con intención de ser alcaldes a través de la llamada “reelección encubierta”, que también deberán esperar lo que decida el JNE en los próximos días. Según los resultados de las encuestas a boca de urna difundidos ayer por Datum, Richard Soria, de El Agustino; Alfredo Reynaga, de Independencia, y Jesús Maldonado, de San Juan de Lurigancho, se encontrarían en una situación similar a la de López Aliaga. Eduardo Bless, en San Miguel, parece que se quedó con los crespos hechos. En el interior del país, los casos se cuentan por decenas.

Ideal hubiera sido que el JNE defina con total claridad y la debida anticipación, esta controversia antes de los comicios de ayer. Con eso, el ciudadano pudo ir a las urnas con las cosas claras. Hoy cabe la posibilidad de que haya votado por una persona que a la larga pueda no ser alcalde, por la prohibición constitucional que no es poca cosa, pues está por encima de la ley electoral o cualquier otra norma, que es en las que se amparan aquellos que validan la figura de la “reelección encubierta”.

Queda a los ciudadanos estar muy expectantes frente a las decisiones que pueda adoptar el JNE, una autoridad de la que se esperaba mucho más ante situaciones que exigían posturas firmes y oportunas, en lugar de ampararse en legalismos y en una desesperante parsimonia que no venían al caso. Sin duda el encargo ha quedado grande al colegiado. Esto es muy delicado cuando de por medio está el futuro de millones de peruanos que han merecido ir a votar con todas las opciones claras sobre la mesa.

Ha sido un solo hecho, sí, pero no puede ser minimizado ni mucho menos normalizado. No se puede permitir que gente provista de explosivos ataque un local en plenas elecciones e impida que los ciudadanos ejerzan su voto. ¿Qué estaban buscando? Esta acción delictiva hace recordar al inicio de los años más oscuro que vivió nuestro país desde mayo de 1980.

Estos sucesos que han tenido lugar en el colegio David Sánchez Infante tienen que ser investigados por las autoridades competentes. Las primeras versiones dan cuenta que esta acción criminal habría sido cometida por vecinos de la zona. Si es así, pues habrá que ir tras ellos para que rindan cuentas ante la justicia, como tiene que suceder con cualquier ciudadano.

La “fiesta democrática” no puede ser tal si hay gente suelta capaz de atacar con explosivos y desatar un incendio donde hay gente sufragando. Ha sido una mancha en la jornada electoral que transcurrió sin mayores incidencias a diferencia de lo visto en los comicios generales, pero esto no es poca cosa. El país merece las explicaciones del caso.