La atmósfera fue distinta. La desaparición del voto de confianza al gabinete relajó el ambiente y, aunque hubo crispación entre las bancadas, permitió observar un evento más protocolar que político, dejando atrás el clima de enfrentamiento e inestabilidad al que esta figura nos había acostumbrado en los últimos años.

La seguridad ciudadana es, definitivamente, el primer punto de la agenda, pero no el único. El transporte, el empleo y la atención ante desastres naturales también ocuparon buena parte de la jornada. Esta estuvo precedida por dos nombramientos que aguaron los ánimos del Gobierno: la elección de dos férreas opositoras para presidir comisiones clave de la Cámara de Diputados: Yenifer Paredes, en Energía y Minas, y Catherin Palomino, en Justicia.

Todo indica que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no será color de rosa. Mientras en el Senado existe un empate técnico entre la derecha y la izquierda, con voto dirimente de su presidente, en la Cámara Baja los números oficialistas son demasiado bajos. Sin el respaldo del Partido del Buen Gobierno, impulsar la agenda legislativa será cuesta arriba.

Por eso, se esperaba que las facultades legislativas permitieran aprovechar la tradicional “luna de miel” al inicio de todo gobierno. Sin embargo, el gabinete Galarreta no ha hecho la tarea y está dejando escapar un tiempo político valioso que difícilmente volverá. Además, deja un vacío en la agenda gubernamental que la oposición buscará llenar.

La denominada reelección encubierta puede resultar contraria a la ratio legis del artículo 194 de la Constitución, que impide la reelección inmediata de alcaldes; sin embargo, no constituye una causal de tacha ni de exclusión expresamente prevista en nuestro ordenamiento electoral. Así como hubo pedidos de nulidad sin fundamento jurídico expreso, hoy existen pedidos de exclusión en términos similares contra candidatos que recurren a este mecanismo.

Que debemos modificar la normativa electoral para permitir una sola reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, debemos hacerlo; que debemos evitar que los alcaldes postulen como regidores cuando se encuentren impedidos de reelegirse, debemos hacerlo; que debemos impedir la postulación de familiares, también debemos hacerlo. Respecto de extender el mandato subnacional de cuatro a cinco años, conforme se ha planteado, debemos evaluarlo, pues podría sobrecargar a los organismos electorales al hacer coincidir elecciones nacionales y subnacionales, aunque, a su vez, permitiría ahorrar aproximadamente mil 500 millones de soles cada cinco años.

En fin, la ley debe cambiarse, pero mientras esté vigente, corresponde aplicarla.

El problema no son las redes sociales en sí mismas. El problema aparece cuando comenzamos a confundir visibilidad con reconocimiento, popularidad con valor y exposición con identidad.

Tampoco deberíamos idealizar el pasado. Los jóvenes de otras generaciones también fueron rebeldes, temerarios y necesitados de aprobación. Pero existían más espacios donde construir identidad lejos de una pantalla: el deporte, la música, los clubes, el barrio, el trabajo, la vida comunitaria. Allí había una experiencia que hoy necesitamos recuperar: descubrir que nuestras acciones pueden transformar concretamente la vida de otra persona. Por eso, la respuesta no puede limitarse a decirles a los jóvenes que usen menos el teléfono. Debemos ofrecerles algo más poderoso: propósito, pertenencia y responsabilidad. Necesitamos ayudarles a pasar del “mírame” al “¿qué puedo hacer por ti?”. A recuperar el valor de servir, de cuidar, de enseñar, de construir y de hacerse responsables de algo que trascienda sus propios intereses.

Un adolescente que acompaña a un adulto mayor, enseña a un niño, participa en una iniciativa colectiva, ayuda a alguien vulnerable o desarrolla una solución para un problema real, descubre una forma distinta de reconocimiento: la satisfacción de saber que alguien está mejor gracias a él. Esa experiencia puede ser mucho más transformadora que un centenar de “likes”.

Quizá hemos cometido un error al enseñar que la felicidad consiste, ante todo, en sentirse bien. La felicidad más profunda suele aparecer cuando nuestra vida adquiere significado, cuando sentimos que nuestra existencia importa a otros.

El desafío de nuestra generación no es desconectar a los jóvenes del mundo digital. Es conseguir que vuelvan a conectarse profundamente con el mundo real. Porque una sociedad no se fortalece cuando cada individuo pregunta cuánto puede recibir, sino cuando cada uno comienza a preguntarse cuánto puede aportar.

Por su parte, Rey y Astudillo dieron alcances de las acciones que el Ejecutivo realizará para tratar de aplacar la escalada criminal que afecta al sector. Se anunció la adquisición de equipos para combatir la extorsión y el sicariato, la integración de las cámaras de las 43 municipalidades de Lima y el refuerzo policial en las calles. También un decreto que permitirá archivar multas de tránsito con el pago del 10% del monto.

Esperamos que estas medidas traigan los resultados esperados, porque los ataques contra empresas de transporte son solo un peldaño más en la escalada criminal que el país padece desde hace años y, si no se hace algo, muy pronto todos los peruanos vamos a terminar pagando cupos a los extorsionadores para seguir ejerciendo el derecho al libre tránsito que nos otorga la Constitución. No es exagerado, es una consecuencia. Ojalá que estos anuncios marquen el inicio del fin de esta lacra que nos afecta.

¿Masacró? Pero si eso fue lo que hizo Pérez Mallqui con una madre y una niña, a las que atropelló mientras manejaba en estado de ebriedad en Cusco para luego intentar escapar, motivo por el que fue encerrado en un penal. Claro, este fue el segundo ingreso a la cárcel del hoy diputado del partido de Roberto Sánchez, pues antes ya había sido privado de su libertad en Ayacucho bajo el cargo de robo, tal como ha señalado el domingo último el programa Cuarto Poder.

¿Esperan justicia? Pero si este flamante padre de la patria que representa a la izquierda aún no paga la reparación civil que se le impuso en favor de sus víctimas del atropello, lo que les habría permitido al menos afrontar los gastos de recuperación de las lesiones sufridas. Es más, incluso hace poco el diputado Pérez Mallqui dijo en RPP que está tratando de reducir el monto que fijó el Poder Judicial por estos hechos que no fueron tomados en cuenta por su partido al momento de armas sus listas de candidatos.

Es verdad que durante el gobierno de Boluarte hubo muertes y ojalá que los responsables individuales de estos hechos respondan ante la justicia. Pero Pérez Mallqui no tiene ninguna autoridad para dárselas de “defensor” de “masacrados” ni de gente que espera justicia. Además, recordemos que hace poco fue detenido en la comisaría de San Miguel por agredir a su expareja. Este señor, por sus antecedentes, es un peligro público y más bien debería quedarse callado para no generar vergüenza e indignación.

Es de esperarse que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados procese como se debe a este legislador y que dicho grupo de trabajo no sea como en el pasado: una verdadera “lavandería” donde todos los que entraban con cuestionamientos y acusados hasta de delitos penales como robo, salían con apenas un llamado de atención. Cuidado con los blindajes, los arreglos bajo la mesa y de infames frases como “otorongo no come otorongo” y “hoy por ti, mañana por mí”.

Cada sol destinado a sostener estructuras innecesarias tiene un costo de oportunidad, pero el problema va más allá del gasto: la duplicidad de funciones y la fragmentación institucional elevan los costos de coordinación, dificultan la toma de decisiones y diluyen responsabilidades.

Durante años hemos respondido a nuevos problemas creando organismos, programas y estructuras, como si un organigrama más grande garantizara mejores resultados. Incluso se planteó crear un Ministerio de Infraestructura cuando la recientemente creada ANIN ya enfrentaba las limitaciones del propio aparato estatal.

Reducir ministerios puede generar economías de escala, concentrar capacidades y dejar más claro quién responde por qué. Pero cuidado: fusionar carteras para simplemente trasladar funcionarios, oficinas y problemas de un ministerio a otro sería apenas maquillaje. La evidencia internacional muestra que reducir estructuras puede generar ganancias de eficiencia, pero también que hacerlo indiscriminadamente puede afectar la calidad de los servicios.

Por eso, menos ministerios debe significar también eliminar duplicidades y burocracia redundante, fortalecer la meritocracia y la evaluación de desempeño, y acelerar la digitalización. No se trata solo de achicar el Estado, sino de hacerlo funcionar. Menos estructuras, sí; mejores resultados, sobre todo.

Estos números convierten al BCR de Velarde en la única institución que el Perú no ha destruido y ha mantenido intacta con excelentes resultados. La inflación promedio en su gestión es una de las más bajas de América Latina. El Perú resistió la crisis del 2008, la pandemia, la fuga de capitales tras la victoria de Castillo y la incertidumbre de ocho cambios de gobierno en una década. El sol no se derrumbó. Las reservas internacionales resistieron.

Pero el BCR no es una isla y ese es su principal problema. Por ejemplo, el mismo gobierno que ayer lo ratificó ya aprobó subsidios. El Congreso pasado, donde el fujimorista Fernando Rospigliosi aumentó la planilla legislativa, dejó leyes de gasto por S/ 11,400 millones anuales con la anuencia de un Tribunal Constitucional que torció la Constitución para habilitarles iniciativa de gasto frente un MEF que no frenó el populismo a tiempo. Velarde sostuvo la casa mientras los demás le movían el piso.

La ratificación es correcta, pero se necesita que la institucionalidad acompañe al BCR para no depender solo de su presidente. Velarde en algún momento dejará el cargo y el país debe prepararse para ello.