El voto joven, que bordeaba el 30 % del electorado, no era tan fácil. Algunos pensaron que contratar a algunos analfabetos bailarines iba a seducir a los menores de 30 años. Es decir, creyeron que los consumidores de redes sociales eran brutos e ingenuos. Se equivocaron o subestimaron a los nuevos ciudadanos. Lo que no recordaron es que los influencers llenan el espacio de ocio de algunos, tienen imagen de vagos con fortuna, de malabaristas de la vida, y de ninguna manera son ejemplo a seguir. Solo saben hacer dinero, y de eso no se trataba la elección.

Las campañas en redes sociales no funcionan bien si te la pasas todo el tiempo ridiculizando al candidato para hacerlo viral y conocido. Por el contrario, esto le resta seriedad y transforma al político es un meme, en un candidato sin sentido, sin propuestas. Aquellos que hoy están en la puerta de la segunda vuelta no necesitaron convertirse en el hazmerreír para captar más votos, sino ser empáticos con la necesidad de los ciudadanos. Estas elecciones dejan una lección que jamás olvidarán, un aprendizaje sobre las campañas banales, y remarca la idea de que los jóvenes también son serios al votar.

Si el mismo JNE ha puesto en duda la honestidad de su jefe, al que ha empapelado por los presuntos delitos contra el derecho al sufragio, omisión o demora de actos funcionales, y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral, cómo podría ser que más adelante Burneo y compañía “bendigan” los resultados que les traen un personaje en el que no confían y al que quisieran ver preso, pues por eso lo ha demandado por la vía penal a través del procurador público, más allá de si más tarde es declarado culpable o inocente.

De otro lado, cómo el JNE podría considerar confiables los números que muestre finalmente la ONPE, si para el máximo órgano electoral la institución a cargo de Corvetto ha mentido al país en un comunicado relacionado a cédulas de sufragio encontradas en la vía pública en Surquillo, y ha cometido múltiples irregulares, algunas de ellas indignantes como la de movilizar material electoral en taxis particulares y sin el resguardo de fiscalizadores ni policías.

Todo ha sido manchado, y más allá del proceso en sí, lo que está en peligro es la democracia misma, pues con autoridades emanadas de un proceso cuestionado por culpa de Corvetto y la ONPE, es más que seguro que en algún momento de los próximos cinco años alguien busque sacarlas de sus cargos bajo el argumento que su elección en el 2026 estuvo viciada. Si ya teníamos inestabilidad política desde hace diez años, lo sucedido el domingo pasado podría servir de combustible para que se venga una mayor turbulencia.

Y a propósito, qué será de la vida de los “observadores internacionales” que dijeron que acá no pasó nada, que apenas hubo “algunas irregularidades” y que tras el paseo con todos los gastos pagados, volvieron a sus países habiéndose prestado a avalar semejante desmadre que no es invento de algún candidato perdedor o picón, sino una realidad explicada ya por el propio JNE que ha demandado penalmente al jefe de la ONPE, algo jamás visto en nuestra historia. Peor, imposible.

Las tratativas para cerrar el acuerdo con la empresa Lockheed Martin y Washington por 3 mil 500 millones de dólares, venían de mucho tiempo atrás. Estaba casi cerrado y como lo adelantó Correo el jueves pasado, el viernes 17 debía quedar todo suscrito. Ya la Contraloría y otras entidades del Estado había dado su aprobación. Sin embargo, a última hora, Balcázar tiró todo por la borda.

Quizá este señor que jamás debió ser presidente por sus penosos antecedentes, crea que el país se maneja como si fuera el partido Perú Libre o el Colegio de Abogados de Lambayeque, cuando era su decano y fue acusado de robarse la plata. Nadie le ha dicho que había un compromiso como país que debía ser honrado, aparte de una inmensa necesidad de comprar aeronaves para garantizar la soberanía nacional.

Por culpa de Balcázar y sus ministros que lo avalan, hemos quedado, una vez más, como un país informal y hasta chicha, donde la palabra empeñada es cualquier cosa. Se entiende el malestar del gobierno de los Estados Unidos, que ojalá no se traduzca en sanciones económicas.

Ante este escenario, saludamos la visión de estadista del congresista Juan Carlos Morí, quien ha priorizado este proyecto. No obstante, exigimos a la bancada de Junín que abandone su marasmo electoral. La región requiere consensos y determinación, no espectadores ante trámites finales que definirán nuestra conectividad.

¿Por qué el PL 14141 es vital?

Este proyecto de ley no es solo ingeniería, es la garantía de un futuro digno para las próximas generaciones bajo los siguientes pilares:

• Culminación Garantizada (2033): Asegura la entrega de la obra en 2033, evitando postergaciones inaceptables hasta el 2042 propuestas por otros modelos.
• Economía Familiar: Garantiza peajes sociales 21 veces más baratos que una concesión privada, protegiendo el bolsillo de los hogares y fomentando la competitividad regional.
• Blindaje Presupuestario: Asegura un aporte de S/ 5,000 millones entre 2027 y 2028 por parte del MEF, evitando la parálisis de las obras advertida por la Contraloría, fondos que al igual que otros serán manejados por un Fideicomiso Macroregional.
• Justicia Territorial: Crea el Fondo de Inclusión Vial (FIV). Los usuarios de Lima asumirán el 90.7% del costo mediante sus recibos de luz, retribuyendo justamente a la sierra central por los recursos que provee.
• Gestión y Veeduría: Implementa el modelo MIGE, permitiendo que las seis regiones gestionen infraestructura complementaria y que la sociedad civil ejerza control directo sobre la inversión. Non seremos simples espectadores.

La NCC representa una inversión de S/ 30,000 millones que transformará el país. El PL 14141 es la llave para que este sueño se materialice. El futuro de nuestros hijos depende de nuestra capacidad de unión actual. ¡El momento es ahora!

En términos duros, despectivos, profundamente racistas, el influencer se despachó a su regalado gusto en insultos y mofas, para cuestionar a los votantes de esa región por haber elegido a un determinado candidato. Tras su penosa emisión, el Ministerio de Cultura, mediante un comunicado, tras condenar la conducta de Puente, informó que la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura trasladará el caso a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos.

Hay que recordar que el racismo y la discriminación están tipificados como delito en el Perú, según el Artículo 323 del Código Penal, que sanciona los actos de discriminación e incitación a la misma. Las penas privativas de libertad varían entre dos a tres años, y pueden aumentar a cuatro si hay violencia o el autor es funcionario público. Este delito incluyen los contenidos racistas que se emiten en redes sociales. Aunque “Cristorata”, tras su delito, trató de suavizar el tema y ofreció disculpas por lo ocurrido, habría que recordarle que eso no basta. “Asumir es de hombres y yo soy un hombre hecho y derecho, me consumió el show. Lancé un comentario nefasto, hice sentir mal a muchas personas”, escribió el muchacho, que parece no darse cuenta que lo que hizo no solo fueron penosos y ofensivos comentarios; cometió un delito.

Muchos de los que han creado una identidad, o un personaje en las plataformas de contenido, deberían entender que no están en un lugar en el que no existen reglas ni límites. Generar contenido con evidente tinte racista debe ser castigado ejemplarmente, al margen de cuan popular sea el personaje, de lo contrario se seguirá pensando, que burlarse de nuestra raza, cultura y valores andinos, es solo “una broma”, para divertir a la audiencia. Eso, definitivamente, no es así.

La gestión electoral deja mucho que desear. La falta de material en mesas ubicadas en Lima —no en zonas remotas— obligó a extender la votación un día más, afectando a unos 53 000 electores. Puede parecer marginal frente al padrón total, pero en el Perú reciente los márgenes son todo menos holgados: las dos últimas segundas vueltas se definieron por menos de 40 000 votos. En ese contexto, los errores logísticos no son anecdóticos; son potencialmente decisivos.

El escenario político tampoco ofrece consuelo. Keiko Fujimori vuelve a una segunda vuelta, la cuarta en su trayectoria, confirmando tanto su resiliencia como la incapacidad del sistema para generar alternativas claras. Los posibles rivales evocan elecciones pasadas: ecos de 2021 o incluso de 2016. Mientras tanto, los resultados ajustados y las actas impugnadas trasladan el foco al Jurado Nacional de Elecciones, que tendrá la última palabra en medio de una creciente tensión.

La fotografía que deja esta elección es familiar: un país fragmentado, desconfiado y polarizado. Aunque la reducción de bancadas en el Congreso podría sugerir una gobernabilidad menos caótica, ello dependerá menos de la aritmética parlamentaria y más de la calidad del liderazgo político.

El problema de fondo no es solo quién gana, sino cómo se llega a ese resultado. Cuando la administración electoral falla y la política ofrece más repetición que renovación, la democracia no colapsa, pero se desgasta. Y, en el Perú, ese desgaste empieza a parecer peligrosamente crónico.

Hay un daño irreparable que la historia recordará como el legado de un funcionario aferrado a su cargo, amparado en una supuesta irrenunciabilidad, muy distante del verdadero significado del término dignidad.

En el Perú, esta labor recae principalmente en los Jurados Electorales Especiales (JEE), órganos descentralizados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Son ellos quienes analizan las actas que presentan inconsistencias —errores materiales, ilegibilidad, omisiones o incluso impugnaciones formales— y toman decisiones que pueden modificar el cómputo final del proceso electoral mismo. Por ello, su actuación no solo debe ser técnicamente correcta, sino también comprensible, verificable y abierta al escrutinio ciudadano.

La transparencia cumple aquí varias funciones esenciales. En primer lugar, permite que los actores políticos y la ciudadanía entiendan los criterios aplicados en cada decisión. No basta con resolver; es necesario explicar cómo y por qué se resuelve.

La publicación oportuna de las resoluciones, el acceso a las actas observadas y la trazabilidad del proceso de revisión son elementos clave para evitar suspicacias. En segundo lugar, la transparencia actúa como un mecanismo de prevención frente a posibles cuestionamientos. En un entorno donde la desinformación puede amplificarse rápida y peligrosamente, la falta de transparencia solo alimenta la duda. En cambio, procesos claros y documentados reducen el margen para interpretaciones malintencionadas o narrativas de fraude sin sustento. La credibilidad no se construye únicamente con resultados, sino principalmente con procedimientos visibles y consistentes. Cuando la ciudadanía percibe que cada acta observada es tratada con rigor, imparcialidad y apertura, el sistema en su conjunto se legitima. En democracia, los momentos de mayor tensión son también los de mayor exigencia institucional. La evaluación de actas observadas o impugnadas no puede ser solo un acto meramente administrativo: debe ser un ejercicio ejemplar de claridad y transparencia. Porque, al final, no se trata únicamente de contar votos, sino de sostener la supervivencia de la esencia democrática.

Como se recuerda, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, sostuvo que la demora en la entrega de material electoral se debió a que la empresa Galaga no cumplió con los términos del contrato con el ente electoral, pero esto no es del todo cierto. Willax reveló que las demoras partieron del caos que se vivió, antes del proceso, en los almacenes de la ONPE.

Este caos también fue reportado por el abogado de Galaga y, si bien esto no la exime de responsabilidades, sí denota las faltas a la verdad que cometió el ente electoral.

También están las versiones de la ONPE sobre el material electoral hallado en la basura, en Surquillo. Dijeron que fue un olvido, que el material contaba con resguardo policial y del JNE. La propia ONPE luego reconoció que su funcionaria ‘proporcionó información inexacta’, y el presidente del JNE, Roberto Burneo, fue más tajante: el comunicado de la ONPE era falso.

Así las cosas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales haría bien en sincerar todo lo que ocurre tras bambalinas porque una institución que miente sobre lo que ocurre en sus propios almacenes y en sus propios vehículos, no tiene autoridad moral para custodiar el voto de los peruanos ni dar al país un presidente y congresistas cubiertos de legitimidad.

Hay un país que trabaja, produce y entiende cómo funcionan las cosas. Pero cuando entra al terreno electoral, algo se apaga. La lógica cede ante la fe, el miedo o la imitación. Así conviven el votante que razona con el fanático que defiende lo indefendible, el ingenuo que compra promesas y el imitador que repite consignas sin saber muy bien por qué. El resultado es predecible: candidatos que no resistirían una revisión básica —de gestión, de equipo, de trayectoria— logran adhesiones, algunas masivas. No por mérito, sino por narrativa o por estridencia. En un país que se presume informado, eso debería incomodar. Pero no incomoda. Incomoda señalarlo.

Existe una excepción relativa: un sector que vota sin aspavientos ni épica impostada, con criterio y continuidad. No es suficiente, pero es lo más consistente. Veremos si en segunda vuelta logra consolidarse o si también cede al ruido.

Al otro lado, la izquierda muestra algo que la derecha ha perdido con notable negligencia: organización, relato y base. No necesariamente por acierto propio, sino por los errores ajenos. Cuando la alternativa es el desorden, cualquier estructura parece virtud.

Y ahí está la paradoja: en el sector que debería sostener una propuesta racional, abunda la defensa emocional y desinformada. Gente preparada, con recursos y experiencia, que decide creer antes que verificar. Las evidencias están disponibles, accesibles, sin costo. Pero la disposición para usarlas es, al parecer, el recurso más escaso del ciclo electoral.

Hay candidatos cuya historia habla sola. El equipo que no existe, la gestión que no aparece, el rastro público que, leído con atención, no construye: destruye. Y sin embargo, algo en cierto electorado prefiere al salvador que cruzará el desierto a quien pueda demostrar que sabe administrar. Sin cultura política, no hay candidato que alcance. Y con electores que tienen los datos y eligen no usarlos, cualquier cosa puede pasar. En el Perú, eso no es una expresión retórica. Es un pronóstico.