En declaraciones a Andina, el especialista alertó que el uso de estos dispositivos alcanza actualmente el 16 %, mientras que el tabaquismo tradicional se redujo de 48 % a 9 % en los últimos años.

Izquierdo explicó que el vapeo se ha convertido en una moda creciente entre adolescentes y jóvenes debido a la falsa creencia de que es una alternativa inofensiva al cigarro. Sin embargo, señaló que los dispositivos contienen sustancias tóxicas y potencialmente cancerígenas que afectan especialmente a organismos en desarrollo.

Añadió que la industria ha logrado hacer más atractivo el consumo mediante sabores frutados y aromas agradables.

El especialista indicó que los adolescentes de entre 13 y 17 años son la población más vulnerable, ya que muchas veces recurren al vapeo por presión social y necesidad de aceptación en sus grupos. Asimismo, advirtió que la venta libre de estos productos, incluso a menores de edad, facilita el acceso y aumenta el riesgo de consumo temprano.

Detalló además que los vapes contienen nicotina, glicerina, formaldehído y metales pesados, componentes que pueden generar daños neurológicos, pulmonares, cardiovasculares y gástricos. Entre las consecuencias inmediatas mencionó gastritis, bronquitis, insomnio y alteraciones en la presión arterial, además del riesgo de desarrollar cáncer a mediano plazo.

Finalmente, Izquierdo destacó la importancia de la Ley 32159, promulgada en 2024, que prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos en espacios públicos.

También exhortó a los padres de familia y a las instituciones educativas a reforzar la prevención y promover estilos de vida saludables para evitar el avance del vapeo entre menores de edad.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a nivel nacional, el padrón suma 824 351 beneficiarios, de los cuales más de 749 000 cuentan con una tarjeta de débito del Banco de la Nación, lo que les permite cobrar de forma rápida en agencias, agentes corresponsales o cajeros Multired.

Arequipa se ubica en el puesto 17 del ranking nacional de regiones con mayor número de usuarios, por detrás de departamentos con mayor población como Cajamarca (90 204), Lima (74 298), Puno (72 529), Piura (64 402), Cusco (58 344), Áncash (47 934), entre otros.

Al respecto, Lily Vásquez Dávila, titular del Midis, indicó que las campañas de modernización del cobro continuarán con el objetivo de reducir aglomeraciones y ahorrar tiempo a los beneficiarios.

Como parte de estas acciones, el personal del programa brinda charlas de inclusión financiera para enseñar a los adultos mayores a usar su tarjeta de débito.

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De acuerdo con las diligencias preliminares, el sujeto habría intentado intimidar a la joven amenazándola con difundir contenido privado si no accedía a sus exigencias, situación que fue denunciada ante las autoridades.

Tras conocerse el caso, personal policial procedió con la intervención del investigado, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes conforme a ley.

Tras la revelación, los familiares acudieron de inmediato a la comisaría de Sapallanga para denunciar el caso. Posteriormente, efectivos policiales intervinieron y detuvieron a Percy Ccolqque Pauccara (30), quien venía siendo investigado por el delito contra la indemnidad sexual en agravio de la menor.

Durante el juicio oral, la Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo presentó diversas pruebas, entre ellas la declaración de la niña en Cámara Gesell, además de pericias psicológicas y médicas que permitieron sustentar la acusación fiscal.

Finalmente, el Poder Judicial dictó 35 años de prisión efectiva contra el acusado, quien permanecía con prisión preventiva desde febrero en el penal de Huamancaca Chico.

SOBRE EL RECICLAJE DEL HIJO DE LA DENUNCIANTE

Quisocala cuestionó directamente los montos que menciona Zavala. Según el joven, el hijo de la denunciante fue inscrito en el proyecto el 28 de diciembre de 2022 mediante ficha.

Afirma que existen 42 registros y comprobantes de entrega de residuos entre 2022 y 2025, que acumulan S/373.66, muy lejos de los cerca de mil soles que señaló la madre. Cada comprobante, según Quisocala, fue enviado oportunamente al tutor registrado (hermano mayor).

Además, rechazó la afirmación de que la relación lleva siete años.

DEUDA LABORAL

En cuanto al reclamo salarial, Quisocala reconoció que Zavala prestó servicios durante dos meses: setiembre y octubre de 2025. No obstante, el “niño banquero” indicó que en setiembre se realizó el pago acordado de S/1000 en dos partes.

Mientras que para octubre, se habría acordado abonarle S/400 por los días efectivamente trabajados. Este último pago habría estado condicionado a que la trabajadora presentara un número de cuenta o un recibo que permitiera acreditar la transacción, pero —según Quisocala— se negó en varias ocasiones a entregar esa información.

Respecto a la pausa en los pagos, Quisocala explicó que desde enero de 2025 el proyecto ECOBANCO del Estudiante inició un proceso de digitalización, y que en abril de 2026 se actualizaron todos los datos del sistema. Eso habría generado una pausa temporal en algunos depósitos mientras se validaban las cuentas, razón por la que se solicitó a los beneficiarios actualizar su información y crear billeteras digitales.

COMUNICADO

A través de un pronunciamiento público, ECOBANCO rechazó los términos “estafa” y “mal manejo”, calificando las afirmaciones como carentes de sustento documental. El proyecto, que lleva más de 14 años de actividad y se define como una iniciativa educativa y social -no un banco-, anunció que pondrá a disposición la documentación que respalda su accionar y que atiende cada caso a través de sus canales oficiales.

VIDEO: COMUNICADO DEL “NIÑO BANQUERO”

“No podemos permitir que se siga mercantilizando nuestra maravilla a costa del sufrimiento de los turistas que hacen largas colas bajo el sol y la lluvia. Lo que ‘New7Wonders’ cuestiona es una realidad que los cusqueños vivimos y denunciamos desde hace décadas: un ecosistema caótico coadyuvado por la inacción de autoridades locales. Esto daña gravemente nuestra imagen internacional”, enfatizó.

Además, acometió contra la desidia social del Gobierno en temas de salud pública. En ese marco, exigió formalmente al Ministerio de Salud la inmediata culminación del centro de salud de la zona, una obra paralizada y postergada. “Machu Picchu no es solo turismo, arqueología o paisaje; es también el cuidado de quienes habitan el territorio y de los hombres y mujeres que nos visitan”, sentenció.

Con la mirada puesta en las próximas elecciones nacionales, Salcedo Álvarez, calificó la situación como una oportunidad crucial para que el próximo gobierno demuestre una verdadera voluntad de descentralización. Criticó duramente la opresión de los 19 ministerios del gobierno central y reafirmó la capacidad de las regiones.

De igual manera, para solucionar de forma definitiva el desorden, propuso formalmente una mesa técnica de alto nivel articulada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y cinco carteras estratégicas: Ambiente, Cultura, Turismo, Transportes y Vivienda, junto al Gobierno Regional Cusco, alcaldes locales, organizaciones sociales y la Cámara de Comercio.

Finalmente, exigió que la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco sea transferida por ley al Gobierno Regional Cusco. “Nosotros les estamos demostrando que tenemos mejor capacidad de gestión y administración de nuestros territorios. Es inaceptable que de 250 millones de soles que ingresan por entradas, el centralismo limeño solo devuelva siete millones para preservar nuestro santuario”, concluyó.

DATO:

• En un reciente comunicado, ‘New7Wonders’ alerta que persisten problemas en Machu Picchu y pidió a los candidatos a presidente de la Nación priorizar su recuperación. La organización internacional exhortó a que la protección y recuperación de Machu Picchu sea incluida como una prioridad en la agenda del próximo gobierno.

El joven es investigado por los presuntos delitos de ultraje a los símbolos patrios y alteración del orden público, luego de portar una bandera peruana con agujeros y manchas rojas durante la movilización realizada en rechazo a la presencia de la lideresa de Fuerza Popular en la ciudad.

De acuerdo con la versión de su defensa, la bandera utilizada por el estudiante representaba de manera simbólica a las víctimas fallecidas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. El abogado Torres Rodríguez sostuvo que dicho símbolo fue tomado como pretexto para justificar la intervención policial.

El caso generó reacciones entre estudiantes y ciudadanos que participaron en la protesta, mientras continúan las diligencias policiales para determinar la situación legal del universitario intervenido.

La supervisión del embarque estuvo a cargo del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, quienes constataron el desarrollo del proceso en presencia de observadores internacionales.

Entre los observadores internacionales destacó la presencia de Alexander Gray, integrante de la misión de observadores de la Unión Europea desplegada en el país. Los contenedores, distribuidos por el consorcio AFE, incluyen ánforas, cédulas de sufragio, actas electorales y demás documentación necesaria para el desarrollo de la jornada electoral.

Por vía aérea, el material electoral es trasladado desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con destino a las provincias amazónicas de Atalaya, Coronel Portillo, Puerto Inca, Requena, Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Tambopata.

En cuanto a la vía terrestre, las unidades trasladan el material electoral hacia las oficinas descentralizadas instaladas en Chachapoyas, Moyobamba, Bagua, Bongará, Jaén, Mariscal Cáceres, San Martín, Alto Amazonas, Quispicanchi, Canchis y Espinar.

El despliegue se realiza tras los inconvenientes reportados durante la primera vuelta del 12 de abril, cuando varias mesas de sufragio no lograron instalarse en el horario previsto debido a demoras en la distribución del material electoral.

Ante este antecedente, las autoridades electorales afirmaron que se han implementado acciones preventivas para asegurar que el material electoral sea distribuido a tiempo en todos los locales de votación del país desde las 6:00 a.m.

“El plan es abrir los locales de votación a las 6:00 de la mañana. A esa hora ingresarán los miembros de mesa, los electores, los personeros, la prensa y todo el personal acreditado del JNE”, expresó a la prensa.

Asimismo, se solicitó a los colegios ceder sus instalaciones desde el viernes 5 de junio, con el objetivo de “acantonar a las Fuerzas Armadas y, segundo, a la Policía Nacional, para poder iniciar” el proceso electoral.

En esa misma línea, y ante el paro agrario registrado en diversas regiones del país, Bernardo Pachas exhortó al Gobierno central a atender el conflicto, al considerar que esta situación “representa un riesgo para el traslado” del material electoral.

Por su parte, Roberto Burneo señaló que equipos de fiscalización acompañarán no solo el proceso de despliegue del material electoral, sino que permanecerán de manera continua junto a los otros 25 mil fiscalizadores que serán destinados a nivel nacional.

“Ellos no solo estarán el día de la votación, sino desde días antes para el cierre de los hitos electorales, tales como el cierre de campaña, la verificación de los más de 10,000 locales de votación a nivel nacional y la confirmación del arribo del material”, indicó.

El Club Deportivo Sucre, presidido por Diego Rony Angulo Rojas, presentó una denuncia formal contra Juventud Dos de Mayo por una presunta infracción al reglamento durante el partido jugado el domingo 24 de mayo en el Estadio Municipal de Huancán.

Según el reclamo, el cuadro de Dos de Mayo habría mantenido en cancha a cinco jugadores mayores de manera simultánea, situación prohibida por las bases de la Copa Perú. El documento sostiene que se vulneró el artículo 43 del reglamento vigente, el cual permite únicamente la participación de cuatro futbolistas mayores a la categoría 2001 dentro del terreno de juego.

Sucre apuntó directamente a los jugadores Marck Antony Rodríguez Aquino, Horlandini Palacios Lizárraga, Hugo Moisés Salcedo Espejo, Nilton Daza Narciso y Jhon Franklin Berrocal Inocente, quienes habrían coincidido en cancha al mismo tiempo. El club reclamante también se ampara en el artículo 44, donde se establece que el equipo infractor debe perder el encuentro por walk over, con un marcador de 3-0.

Decisivo

La bronca ya llegó a mesa y ahora la última palabra la tendrá la Comisión Disciplinaria. Mientras tanto, el inicio del cuadrangular final programado para el domingo 31 de este mes quedó suspendido.

Hasta antes del reclamo, los clasificados eran Sumar Motors, CESA, JTR y Social Mantaro.

Sin embargo, si el fallo favorece a Deportivo Sucre, el tablero cambiará por completo: Social Mantaro quedaría fuera de carrera y Sucre agarraría el último boleto al cuadrangular. En Huancayo, el campeonato se juega ahora en los escritorios y la hinchada espera el pitazo final de la Comisión.

Solano precisó que los tramos más críticos se ubican entre Chosica y Ticlio, donde constantemente se registran accidentes y paralizaciones del tránsito.

“Ticlio, cuando nieva, suspende el tráfico; de igual manera cuando hay accidentes”, sostuvo. Además, remarcó que los puentes de la carretera fueron construidos para soportar bajo tonelaje y actualmente trabajan al límite de su capacidad.

El dirigente aseguró que la Carretera Central es la vía más importante y también la más peligrosa del país debido al constante tránsito de alimentos, combustibles y minerales provenientes de la macrorregión centro.

“Superan los 500 fallecidos al año, sin considerar los que quedan lisiados”, alertó.

Frente a esta situación, Solano planteó como medida inmediata la ampliación de curvas peligrosas y, a mediano plazo, la construcción de la Nueva Carretera Central de cuatro carriles.

“La actual carretera ya colapsó y necesita una alternativa moderna”, enfatizó.

Transportistas y empresas consideran que la mejora de la infraestructura vial es una necesidad urgente para reducir accidentes, garantizar la conectividad y evitar que el crecimiento del transporte se tope con una carretera que ya no responde a la demanda actual.

El interés

La controversia se remonta a noviembre de 2025, cuando dirigentes como Martín García Mayta y Faustino Rivera Huamán promovieron un memorial en oposición al proyecto de la Central Hidroeléctrica Ginebra. En el documento se argumentó que la iniciativa generaría contaminación minera y afectación ambiental en el río Yuracyacu.

Sin embargo, especialistas sostienen que una central hidroeléctrica, al tratarse de un proyecto de energía renovable, tiene precisamente como finalidad mitigar impactos ambientales, por lo que las acusaciones carecerían de sustento técnico.

Según la Resolución Administrativa N° 0177-2025-ANA, la productora Geraldine Ariet Rivera Castillo familiar de uno de los impulsores de la oposición, concentra una asignación anual de 18,921,600 metros cúbicos de agua para actividades acuícolas.

Este volumen ha despertado cuestionamientos sobre un posible monopolio hídrico familiar en la zona alta de Pariahuanca.

Fuentes técnicas advierten que la campaña contra la minera Oro Negro habría servido para desviar la atención del verdadero conflicto: la disputa por el control del agua.

No obstante, los análisis oficiales de la ANA determinaron que las muestras recogidas cerca de la operación minera cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), descartando contaminación atribuible a la empresa.

Asimismo, peritajes policiales confirmaron que los restos de cianuro hallados durante las investigaciones fueron ubicados en zonas ajenas y distantes de la unidad minera.

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Francisco Cevallos, alcalde de Piura: “Con las fotopapeletas queremos calles más seguras y ciudadanos responsables”

El alcalde provincial de Piura, Francisco Cevallos López, informó que intervención contempla la renovación de la infraestructura tecnológica que opera desde el año 2012, incorporando equipos de última generación y mejorando significativamente la capacidad operativa del sistema de seguridad ciudadana.

La autoridad edil explicó que actualmente la comuna cuenta con dos centrales de videovigilancia. La central “Paraíso” corresponde al sistema implementado hace más de una década, mientras que la central “Fortaleza”, considerada la central operativa más moderna de monitoreo urbano.

Como parte del proyecto, se instalarán 83 nuevas cámaras de alta tecnología que estarán interconectadas y supervisadas desde la central “Fortaleza”. Paralelamente, se viene ejecutando la recuperación operativa de las cámaras existentes mediante trabajos de rehabilitación de la infraestructura de conectividad, permitiendo aprovechar y fortalecer la red de vigilancia ya instalada en la ciudad.

Las nuevas cámaras contarán con funciones avanzadas que mejorarán la capacidad de prevención y respuesta. Entre ellas destaca la incorporación de altavoces, así como su integración con 20 botones de pánico ubicados en puntos estratégicos de la ciudad. Este sistema permitirá activar alertas inmediatas ante situaciones de riesgo y que las cámaras cercanas realicen un seguimiento automático de los hechos reportados.

Gracias a esta intervención, Piura contará con un total de 133 cámaras operativas distribuidas estratégicamente en sectores de alta concurrencia y zonas identificadas como prioritarias para la seguridad ciudadana. La ampliación de la cobertura permitirá mejorar el monitoreo permanente de espacios públicos, apoyar las labores de patrullaje integrado y generar evidencia audiovisual para la investigación de hechos delictivos.

“Estamos dando un paso importante hacia la modernización del sistema de seguridad ciudadana de Piura, con tecnología que permitirá una vigilancia más eficiente y una mejor articulación en favor de la tranquilidad de nuestros vecinos”, destacó el burgomaestre.

Además, esta iniciativa se complementará con los sistemas de videovigilancia que vienen siendo implementados en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre, lo que permitirá avanzar hacia un esquema de monitoreo metropolitano más articulado, eficiente e interconectado.

La Municipalidad Provincial de Piura informó que continúa realizando las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para garantizar la culminación de esta importante obra, reafirmando su compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana mediante el uso de tecnología moderna al servicio de la población.

La diligencia se concentró en la oficina de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, donde las autoridades solicitaron diversa documentación e información relacionada con trámites administrativos y uso de recursos públicos.

Durante varias horas, fiscales, policías y personal de control revisaron archivos físicos y equipos informáticos dentro de las oficinas municipales.

Tras culminar la diligencia, los documentos recopilados y discos duros fueron lacrados para dar inicio al peritaje técnico correspondiente, el cual permitirá determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

Se trata de la segunda intervención realizada a la Municipalidad Provincial de Chanchamayo en las últimas semanas, situación que ha generado preocupación e incertidumbre entre la población chanchamaína, que exige transparencia y una pronta aclaración de los hechos investigados.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad municipal emitió un pronunciamiento oficial sobre las graves sospechas que hoy rodean a la gestión edil.

Desproporcionado.

Todo habría ocurrido la noche del pasado 20 de abril, en el interior de la pollería Huancayo I, ubicada en la avenida 28 de Abril, del barrio San Cristóbal, en la ciudad de Huancavelica. La víctima de iniciales L.A.R.A.(17), habría consumido ¼ de pollo a la brasa en compañía de otro menor; sin embargo, al momento de pagar, se percató que no tuvo el dinero suficiente, por lo que habría optado por dejar su celular como empeño o que le acompañen a su vivienda para completar el pago.

Esto habría enfadado a los trabajadores del establecimiento, que habrían terminado golpeando con un fierro de construcción civil y quemando la boca de uno de los menores, además de retenerlos contra su voluntad.

Horas después la Policía llegó al lugar y detuvo por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, a Yuri M.S. (19) y Jorge Iván V.A. (36), trabajadores de lugar.

Luego de una semana de audiencia el Poder Judicial ordenó la prisión preventiva de siete meses para ambos sujetos. La policía investiga si hubo la participación de otras personas.

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Crimen de alcalde en Piura: Amplían la detención a los seis investigados por el asesinato de Víctor Febre

Desde las 11:00 a.m. de ayer, el personal de la sección de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) y la Dra. Gabby Cubas Díaz, fiscal provincial de Piura, así como funcionarios de la comuna distrital, participaron en la apertura y verificación de la oficina de alcaldía de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre, en el marco de las investigaciones por el homicidio calificado en la modalidad de sicariato del alcalde Víctor Hugo Febre Calle.

Las autoridades encontraron copias simples de documentos nacionales de identidad de personas que habrían visitado dicha oficina días antes del atentado, tres agendas con anotaciones manuscritas, una cédula de notificación de apertura de investigación dirigida a Febre Calle y una carta mediante la cual se solicita información relacionada a viajes realizados durante los años 2024, 2025 y parte del presente año.

Los documentos encontrados fueron lacrados para luego ser analizados, como parte de las diligencias para esclarecer el crimen.

Como parte de las diligencias, el juez del Tercer Juzgado de Flagrancia Delictiva de Piura, Junior Ríos Olivos, dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los seis investigados.

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Señalaron que estos se registran a la altura del centro poblado La Quinta, el sector La Segunda, los centros poblados de Mallares, La Golondrina y Ventarrones, y otros tramos de esta transitada vía donde circulan a diario hacia sus centros de labores, viviendas y parcelas.

“Estos huecos en la Panamericana están desde hace tiempo y se siguen haciendo más grandes con el paso de las lluvias. A veces vemos que refaccionan o parchan estas zonas, pero otra vez se vuelven a abrir”, señaló el transportista Javier Siancas Checa, quien lleva circulando en su taxi colectivo por esta ruta desde hace más de 23 años.

Indicó que, en vez de parcharlas con asfalto, pidió que deberían construirlas con losas de concreto para que no se deterioren constantemente, como viene ocurriendo tras las lluvias.

Asimismo, los conductores lamentaron que el mal estado de la vía acelera el deterioro de sus unidades. “Al caer en estos baches, la dirección, la amortiguación, los palieres y los terminales son los que más sufren. También el chasís. En mi caso, si antes le hacía mantenimiento cada seis meses, ahora por culpa de los huecos tengo que llevar mi carro al mecánico cada tres meses”, añadió Siancas.

En tanto, actualmente Provías viene reparando un sector de la carretera Panamericana Norte, en el centro poblado de Mallaritos, distrito de Marcavelica. Ante esto, los vehículos deben circular por un solo carril señalado por personal obrero, mientras duren los trabajos.

Los militantes izquierdistas llegaron hasta los alrededores del mitin que se llevaba a cabo en el distrito de El Tambo, situación que obligó al despliegue de un contingente policial.

Pese a ello, no se pudieron evitar los enfrentamientos entre ambas agrupaciones políticas.

Los protestantes que portaban pancartas quemaron banderas fujimoristas, arrojaron huevos y gritaban arengas fueron dispersados con bombas lacrimógenas.

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Los agricultores tomaron la carretera Piura-La Legua, en el sector El Trébol, donde arrojaron arroz en cáscara, como protesta para expresar su malestar y exigir un precio justo.

“¡Que viva el agro!”, señalaron los agricultores, mientras uno de ellos arrojaba el arroz y lo esparcía con una palana. “Lo que pedimos es un precio justo para el arroz”, “No queremos más abusos”, manifestaron ofuscados en el segundo día del paro agrario en esta zona norte del país.

Mientras en el caserío San Antonio, ubicado en la carretera Panamericana, entre Piura y Lambayeque, la Policía se enfrentó a los agricultores e intentaron reprimirlos con bombas lacrimógenas.Tras ello, según reportaron, algunas personas resultaron afectadas y tuvieron que ser cargadas en hombros hacia viviendas cercanas para recibir atención.

Personal de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito de Piura llegaron a la zona y evaluaron la situación tras dialogar con los agricultores y pobladores. También lo hizo ambulancias y personal SAMU, que llegaron al lugar de los hechos para brindar el apoyo respectivo.

En este segundo día, los agricultores bloquearon el trébol en el cruce de la carretera Piura-Catacaos. También lo hicieron en Sechura, La Unión y otros sectores del Bajo Piura. Además, la vía fue interrumpida en el kilómetro 13 de la carretera Sullana-Tambogrande.

Mientras en la provincia de Sullana, la carretera Panamericana fue bloqueada en el centro poblado La Golondrina (distrito de Marcavelica) y en el puente La Manuela del distrito de Ignacio Escudero, en el tramo Sullana-Talara.

En estas zonas, algunos conductores de miniván y automóviles se arriesgaron a transitar por vías carrozables y cerca de un canal de regadío para trasladar a los pasajeros.

Ante esta situación, efectivos policiales tuvieron que resguardar las vías alternas en La Golondrina y otros sectores de la zona para despejar a sujetos que se aprovechaban, colocando piedras en los desvíos para cobrar sumas de dinero a los choferes a cambio de permitirles el paso, así como prevenir otros hechos delincuenciales.

El fiscal Kevin Antón Siancas, de la Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana, recorrió junto a la Policía estos tramos interrumpidos para verificar la situación con los lugareños, agricultores y autoridades.

Asimismo, esta medida afectó a los pasajeros que tuvieron que hacer transbordos o caminar varios kilómetros, y provocó largas filas de vehículos varados.

En tanto, Rogelio Silva, presidente de la Federación de Agricultores Piura-Tumbes, exigió la presencia de ministros. “Primero, tiene que ser el ministro de Agricultura y ministro de Economía (quienes lleguen) para ver cómo se soluciona este problema, y al mismo tiempo el presidente. Queremos tener una mesa de diálogo para poder darle solución al problema”, señaló.

Acompañada por dirigentes regionales y simpatizantes provenientes de Satipo, Mazamari, Tarma, Pasco, Huancavelica y Ayacucho, Fujimori centró gran parte de su discurso en el colapso de la Carretera Central y en la necesidad de ejecutar nuevas rutas que permitan dinamizar la economía de la macrorregión centro.

“Hoy sacar los productos desde Satipo o Pichanaqui cruzando la Carretera Central es una maldición”, señaló la lideresa fujimorista, cuestionando la falta de obras de infraestructura en los últimos gobiernos.

En ese sentido, anunció que impulsará la construcción de una nueva Carretera Central de alta velocidad, con túneles y accesos rápidos, proyecto que según afirmó permanece pendiente desde hace más de cinco décadas. Asimismo, planteó habilitar cuatro corredores viales para conectar el centro del país y descongestionar el tránsito hacia Lima.

Vías y agro

Entre las propuestas mencionó una carretera de penetración hacia Pasco y Huánuco, otra vía directa a Pasco y una ruta que uniría Lunahuaná con Huancayo.

“Tendremos cuatro carreteras de acceso directamente al centro del país”, aseguró.

En materia agraria, Keiko Fujimori prometió reactivar programas de irrigación, reservorios y riego tecnificado mediante entidades como SENASA y PRONAMACH, además de entregar tractores a comunidades campesinas y fortalecer el acceso de los productores a mercados nacionales e internacionales.

También ofreció respaldo a los productores de trucha de Ingenio y a los ganaderos de Junín y Tarma mediante beneficios tributarios, industrialización y asistencia tecnológica. Asimismo, anunció el retorno del programa Sierra Verde para impulsar la reforestación y la denominada “siembra de agua” en las zonas altoandinas.

En seguridad ciudadana. La candidata sostuvo que el país enfrenta un escenario de “terrorismo urbano” y aseguró que, de llegar al Gobierno, recuperará el control de las calles, las fronteras y las cárceles mediante operativos contra extorsionadores, secuestradores y bandas.

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La intervención la realizó la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (FETID), en una acción conjunta con personal policial de la DEPDPAP PNP Paita, Aduanas y la Marina de Guerra del Perú.

La diligencia se ejecutó el último lunes, durante la inspección de un contenedor refrigerado de cuarenta pies signado con el N° SEKU9205319, el cual se encontraba en tránsito por el puerto de Paita. De acuerdo con la documentación revisada, el contenedor tenía como procedencia Puerto Caldera, en Costa Rica, y como destino final el Puerto Quetzal, en Guatemala, transportando presuntamente cajas de manzanas de la marca “Joy Fully Grown”.

Durante la verificación física de la carga, las autoridades detectaron sacos colocados sobre los pallets de madera, en la que se encontró 762 paquetes rectangulares tipo “ladrillo” y con logotipos impresos “0609”, “6666” y una corona con la inscripción “King”.

Las pruebas arrojaron positivo para alcaloide de cocaína. Tras el pesaje oficial de los paquetes, se obtuvo un peso bruto total de 906.95 kilogramos de dicha sustancia ilícita.

La ODPE Huánuco informó que las acciones de capacitación ya se ejecutan en los 25 distritos y 69 centros poblados de su jurisdicción como son Ambo, Huánuco y Pachitea, alcanzando no solo a miembros de mesa, sino también a electores, personas con discapacidad, efectivos de PNP, representantes del Ministerio Público y personeros.

El jefe de la ODPE Huánuco, Juan Vidal Montes Mata, señaló que la preparación de los miembros de mesa es una de las prioridades de la institución, debido a la responsabilidad que asumirán durante la instalación de las mesas, el sufragio y el conteo de votos.

Asimismo, anunció que este domingo 31 de mayo se desarrollará una capacitación masiva dirigida a todos los miembros de mesa titulares y suplentes sorteados para las Elecciones Generales 2026, quienes volverán a desempeñar funciones durante la segunda vuelta presidencial.

Para facilitar el aprendizaje, el personal de la ONPE viene utilizando material didáctico como cartillas, trípticos y afiches informativos, con el objetivo de orientar adecuadamente a cada actor electoral.

La entidad también recordó que los ciudadanos pueden consultar su local y mesa de votación a través de la plataforma digital de consulta electoral habilitada por la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio.

Con este despliegue en diversas localidades, la ODPE Huánuco busca fortalecer la participación ciudadana y asegurar una jornada electoral transparente e informada en toda la región.

La medida fue obtenida por la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, a través del fiscal adjunto provincial Oscar Salazar Rivera, durante la audiencia realizada el 22 de mayo.

La investigación se inició por hechos ocurridos el 23 de mayo de 2025, relacionados con una presunta compra fraudulenta de vehículos de segunda mano mediante la plataforma Marketplace y la aplicación WhatsApp. El contacto habría sido iniciado por una persona identificada como “Rosita Jiménez”.

Según la tesis fiscal, los agraviados realizaron el depósito de 19 mil soles en una cuenta bancaria proporcionada por los investigados como parte de la supuesta transacción.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó que Advíncula habría participado activamente en la obtención de la cuenta bancaria donde se depositó el dinero y, posteriormente, en el retiro y distribución del monto entre los presuntos integrantes de la organización, entre ellos Kevin Figueroa, Wagner Veramendi y Pol Contreras.

Asimismo, la Fiscalía acreditó la existencia de peligro de fuga y obstaculización de la investigación, debido a que el investigado no cuenta con arraigo en el país y habría desaparecido el equipo celular que presuntamente utilizó para cometer los hechos.

Respecto a la investigada Rosa Gonzales, el órgano jurisdiccional dispuso comparecencia con restricciones, al considerar que sí cuenta con arraigo domiciliario y familiar. Además, se le impuso reglas de conducta y el pago de una caución económica de 3 mil soles en un plazo de diez días.

En medio de escenas de llanto y conmoción, los restos de cinco integrantes de la familia Santos Gallardo fueron sepultados la mañana del 26 de mayo en el cementerio general de San Miguel de Cauri, acompañados por familiares, amigos y pobladores del distrito.

En tanto, el cuerpo de José Miguel Gallardo Amasifuen (38), yerno de la familia y natural de Tarapoto, fue trasladado hasta esa ciudad para recibir sepultura.

Accidente

El accidente de tránsito habría ocurrido la tarde del 23 de mayo; sin embargo, recién el domingo fue ubicado el vehículo siniestrado, una miniván marca Chevrolet, modelo N300, de placa APN-635, que permanecía dentro del río. Ninguno de los seis ocupantes sobrevivió al despiste y posterior volcadura.

La familia Santos Espinoza viajaba en tres vehículos desde Lima con destino a San Miguel de Cauri, donde tenían previsto participar en una reunión familiar. Antes de partir, acordaron reunirse para almorzar en un punto del trayecto; no obstante, durante el viaje perdieron comunicación con la miniván conducida por Ezequias Santos Espinoza (36).

Al notar que el vehículo no llegaba a su destino y tras esperar varias horas, los familiares iniciaron la búsqueda de sus seres queridos. Fue en el caserío de Antacallanca donde encontraron la unidad accidentada al fondo de una pendiente. Todos los ocupantes habían fallecido.

Hasta el lugar llegaron representantes del Ministerio Público y efectivos policiales de la comisaría de Cauri para realizar las diligencias de levantamiento de los cuerpos.

Las víctimas fueron identificadas como:Las víctimas fueron identificadas como: Ezequias Santos Espinoza (36); Dacio Santos Espinoza (22); Estefa Santos Espinoza (30); José Miguel Gallardo Amasifuen (38); Kaylaa Danessy Gallardo Santos (10) y Brayan Lionel Santos Olortegui (9).

Los cuerpos fueron rescatados del vehículo y posteriormente trasladados hasta San Miguel de Cauri, donde fueron entregados a sus familiares en medio de conmovedoras escenas d e dolor y lágrimas.

Mientras que el vehículo accidentado será sometido a peritajes por parte de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de Huánuco, a fin de determinar si el despiste se produjo por una falla mecánica o error humano.

Los manifestantes sostienen que varios problemas que afectan a la comunidad estudiantil permanecen sin solución desde hace aproximadamente dos años. Por ese motivo, decidieron iniciar la protesta con el objetivo de obtener respuestas concretas sobre sus principales reclamos.

¿Qué exigen los alumnos?

Entre las demandas presentadas figura la modernización de la biblioteca universitaria y el fortalecimiento de las actividades de investigación científica. Los estudiantes consideran que estos servicios requieren una mayor atención para contribuir a la formación académica dentro de la institución.

Otro de los pedidos está relacionado con la adopción de medidas para prevenir y atender casos de acoso sexual y hostigamiento dentro del campus. Asimismo, solicitan una mayor asignación de recursos para residencias universitarias y programas de apoyo económico dirigidos a estudiantes procedentes de zonas rurales.

Según los manifestantes, estas ayudas son necesarias para que muchos jóvenes puedan continuar sus estudios superiores. Asimismo, sostienen que las actuales condiciones representan una dificultad para quienes deben trasladarse desde localidades alejadas para acceder a la educación universitaria.

Los estudiantes también exigen cambios en los procedimientos para la obtención de títulos profesionales. De acuerdo con sus denuncias, los trámites pueden extenderse durante varios meses, retrasando el ingreso de los egresados al mercado laboral.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con el destino de los recursos económicos de la universidad. Los alumnos señalan que los fondos no estarían llegando de manera adecuada a laboratorios, aulas y otros espacios vinculados a la formación académica.

Frente a esta situación, solicitan la intervención de la Contraloría para realizar una revisión de las cuentas institucionales. El objetivo es verificar la utilización de los recursos y garantizar que sean destinados a las necesidades de la comunidad universitaria.

Autoridades supervisan la protesta

La medida de fuerza motivó la presencia de diversas entidades encargadas de supervisar el desarrollo de la protesta. Representantes de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional se trasladaron al lugar para monitorear la situación.

Las autoridades buscan prevenir incidentes y garantizar que las actividades se desarrollen dentro de un marco de seguridad. Hasta el momento, el seguimiento se mantiene con el propósito de evitar enfrentamientos o situaciones que afecten el orden público.

Los universitarios aseguraron que la protesta se desarrolla de manera pacífica y rechazaron cualquier acto contrario a la ley. Asimismo, señalaron que mantendrán la medida mientras no exista una respuesta a las demandas planteadas.

Los manifestantes también expresaron su disposición a participar en una mesa de diálogo con las autoridades correspondientes. A través de este mecanismo esperan abordar cada uno de los puntos incluidos en su pliego de reclamos y alcanzar acuerdos que permitan atender sus solicitudes.

La jornada estuvo enfocada principalmente en políticas públicas relacionadas con la prevención y control del cáncer.

El encuentro reunió a congresistas peruanos, senadores chilenos, representantes del Ministerio de Salud, organismos internacionales y organizaciones civiles como La Liga contra el Cáncer.

Experiencias chilenas y avances peruanos

Durante la inauguración, la presidenta de la Comisión de Salud destacó la necesidad de fortalecer acciones de prevención, diagnóstico oportuno y acceso a tratamientos oncológicos.

La delegación chilena estuvo integrada por el senador Juan Luis Castro González, presidente de la Comisión de Salud del Senado de Chile, y el senador Sergio Gahona Salazar.

Ambos representantes expusieron las experiencias implementadas en Chile relacionadas con la Ley Nacional del Cáncer, la reducción de listas de espera y el fortalecimiento de servicios especializados.

Por parte del Perú, el doctor Víctor Palacios Cabrejos, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud, presentó los avances alcanzados tras la implementación de la Ley Nacional del Cáncer.

Entre ellos destacó la expansión de servicios oncológicos y estrategias de prevención frente al cáncer de cuello uterino y cáncer de mama.

La preocupación por el cáncer de cuello uterino

Representantes de La Liga contra el Cáncer hicieron un llamado a reforzar las políticas públicas vinculadas a la prevención del cáncer de cuello uterino.

La institución recordó que siete mujeres fallecen diariamente en el Perú a causa de esta enfermedad, pese a tratarse de un tipo de cáncer prevenible y altamente curable si se detecta a tiempo.

También destacaron la importancia de la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) como una de las herramientas más eficaces para reducir la incidencia de esta enfermedad.

Vacunación y prevención

La Liga contra el Cáncer señaló que el país ha registrado avances al ampliar el acceso gratuito a la vacuna contra el VPH para niños, niñas y adolescentes.

No obstante, la organización consideró necesario seguir fortaleciendo la cobertura, ampliar el rango de protección y reforzar campañas de prevención y despistaje oportuno.

Al cierre del encuentro, la Comisión de Salud y Población reafirmó su compromiso de continuar impulsando acciones legislativas y de fiscalización orientadas a fortalecer la atención oncológica en el país.

Desde tempranas horas, trabajadores realizaban el armado del escenario para la actividad proselitista, mientras grupos de ciudadanos se acercaron al lugar para expresar su descontento por la presencia de la excandidata en la ciudad. Algunos cuestionaron la realización del evento en una zona altamente transitada del distrito de El Tambo, en medio de la campaña por la segunda vuelta electoral.

Cumpleaños de Keiko

La lideresa fujimorista permanece en Huancayo desde el último martes, fecha en la que decidió celebrar su cumpleaños en la región Junín. Durante su visita participó en actividades en el distrito de Ingenio, donde apareció bailando huaylarsh moderno con traje típico, imágenes que luego fueron difundidas en redes sociales.

En las actividades acompañaron a Fujimori actuales congresistas y allegados de Fuerza Popular, entre ellos Rosangella Barbarán, Martha Moyano, David Jiménez, Giulliana Loza y Sachi Fujimori. También se reportó la presencia de algunos funcionarios del Gobierno Regional de Junín.

La entidad señaló que los trabajadores cuentan con mecanismos presenciales y virtuales para reportar el incumplimiento por parte de las empresas.

Cómo presentar una denuncia ante Sunafil

Los trabajadores pueden acudir presencialmente a la intendencia regional de Sunafil correspondiente o realizar el trámite mediante la plataforma virtual oficial.

En Lima Metropolitana, la atención presencial se realiza en la avenida Salaverry 655, Jesús María, en el cuarto piso del Ministerio de Trabajo.

Para la modalidad virtual, los usuarios deben ingresar al portal de Sunafil y seleccionar la opción “Denunciar incumplimientos laborales de una empresa privada”.

Qué documentos se necesitan

Entre los requisitos para presentar la denuncia figuran:

• Número de RUC de la empresa denunciada.
• Dirección del centro de trabajo.
• Documentos que sustenten el reclamo, como boletas de pago o contrato laboral.
• Correo electrónico y número de celular de contacto.

El MTPE también recordó que el trabajador puede solicitar reserva de identidad durante el proceso de denuncia.

Para ello, debe marcar la opción “Sí” en el apartado de confidencialidad al momento de registrar el reclamo.

Plazos de evaluación e investigación

El ministro de Trabajo, Óscar Fernández Cáceres, explicó que Sunafil evalúa la denuncia en un plazo máximo de 10 días hábiles antes de asignarla a un inspector.

Posteriormente, el inspector dispone de hasta 30 días hábiles para emitir un acta de infracción o archivar el caso si corresponde.

“Una vez iniciada la investigación, el inspector dispone de hasta 30 días hábiles para emitir un acta de infracción”, precisó el titular del MTPE.

Canales de orientación laboral

El MTPE recordó que trabajadores y empleadores pueden acceder gratuitamente al servicio de consultas laborales mediante la línea telefónica 0800-16872.

La atención se brinda de lunes a viernes entre las 6:30 a. m. y las 7:00 p. m. a través de abogados especializados en derechos laborales.

Al llegar al inmueble, las autoridades encontraron a la propietaria, Abigail Ancieta (61), en medio de la desesperación, mientras el fuego amenazaba con propagarse por la cocina y otros ambientes de la casa. Los agentes ingresaron de inmediato y realizaron maniobras de emergencia para sofocar las llamas.

Durante el operativo, el balón de gas fue retirado hacia la calle para ser enfriado y evitar una posible explosión que pudo afectar a varias viviendas cercanas. Gracias a la rápida reacción del personal de emergencia, no se reportaron heridos ni pérdidas humanas, aunque sí daños materiales menores.

Vecinos del sector resaltaron la rápida acción de serenos y policías, quienes lograron controlar la situación en cuestión de minutos y evitar que el incendio termine en tragedia.

La protesta de productores arroceros se intensificó este martes en la región Piura, donde decenas de agricultores bloquearon el denominado “trébol Catacaos”, uno de los principales puntos de conexión vial entre Piura, Catacaos y Chiclayo.

La medida forma parte del paro agrario indefinido que se desarrolla en diversas regiones del país para exigir al Gobierno atención urgente a la crisis que enfrenta el sector agrícola.

Manifestantes bloquearon vías con piedras y llantas

Los agricultores colocaron piedras, ramas y quemaron llantas sobre la carretera para impedir el tránsito vehicular.

Como consecuencia, decenas de camiones y buses interprovinciales permanecen varados en la zona, mientras pasajeros y trabajadores deben caminar largos tramos y realizar transbordos para continuar sus viajes.

Durante la protesta, únicamente se permite el paso de ambulancias y vehículos de emergencia.

Agricultores denuncian pérdidas económicas

Los dirigentes agrarios señalaron que la paralización continuará hasta que el Ejecutivo declare en emergencia el sector agrícola.

Según indicaron, los productores vienen trabajando a pérdida debido a la caída del precio del arroz y al incremento de costos de producción.

“Nos quieren pagar un sol por kilo de arroz en cáscara, mientras el costo de los fertilizantes y combustibles sigue subiendo. Estamos trabajando a pérdida”, declaró uno de los representantes para Canal N.

Precio del arroz cayó hasta 50%, aseguran productores

Los manifestantes afirmaron que el precio del arroz disminuyó cerca de un 50 % en comparación con campañas anteriores.

Explicaron que anteriormente el saco de arroz se comercializaba entre S/70 y S/80, mientras que actualmente se vende entre S/45 y S/49, monto que no permite cubrir gastos operativos ni deudas financieras.

Además, cuestionaron el ingreso de arroz importado desde Colombia, Brasil y Uruguay, situación que —según sostienen— afecta directamente al productor nacional.

“Pedimos que se levanten los aranceles y que el Estado priorice la producción nacional”, manifestó otro dirigente.

Más de 50 mil hectáreas afectadas en Piura

Los agricultores indicaron que solo en Piura existen más de 50 mil hectáreas dedicadas al cultivo de arroz.

Asimismo, denunciaron la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno pese a reuniones y mesas de diálogo previas.

Paro también se extiende a otras regiones

El paro agrario no solo se desarrolla en Piura.

De acuerdo con los dirigentes, la protesta también se acata en regiones como:

• Lambayeque
• Tumbes
• San Martín

En estas zonas también se registran bloqueos de carreteras y movilizaciones de agricultores.

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De acuerdo con las primeras indagaciones, Sergio Joel Ojeda Córdova, jefe del staff técnico y primo hermano de “Los Hermanos Chapoñay”, se encontraba comprando en una bodega cercana a su casa cuando fue interceptado por dos sicarios que se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon cuatro veces a quemarropa antes de huir de la escena, sin decir palabra alguna.

A pesar de que sus familiares quisieron brindarle los primeros auxilios y trasladarlo de emergencia al hospital, su cuerpo yacía inerte en la calle. 

Hasta el lugar llegó el personal de la sección de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) y peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) para acordonar la zona e iniciar las investigaciones de ley y recoger algunas huellas dejadas por los criminales.

La policía maneja diversas hipótesis, entre las que se encuentra un presunto caso de extorsión contra el entorno de la agrupación o un homicidio bajo la modalidad de sicariato.

A través de un comunicado, los integrantes de la orquesta Los Chapoñay manifestaron su dolor y arremetieron contra la inacción de las autoridades frente al avance de las bandas organizadas.

“Hermano querido, hoy nos duele despedirte. Fuiste un hombre trabajador, luchador y dedicado por completo a tu familia. Tu vida fue arrebatada injustamente por culpa de la delincuencia y la poca eficacia de las autoridades”, se lee en el comunicado.

El cuerpo del joven fue llevado e internado hasta la morgue de la ciudad para realizarle la necropsia de ley respectiva. 

En diversos puntos del distrito de El Tambo, ayer nuevamente se observó grandes cantidades cantidades de basura. En prolongación Trujillo, las bolsas con residuos estaba a cada cuadra.

Jansell Espinoza explicó que de los 16 puntos puntos identificados por OEFA en la última supervisión realizada se evidenció un 90% con acumulación de residuos y un 5% con residuos esparcidos en menor cantidad, al cual se le dio 3 días para la subsanación. También se evidenció que no tienen servicio de barrido en varios sectores la MDT se comprometió a realizar jornadas de limpieza en barrido.

Asimismo tienen 62 puntos donde se reportan residuos acumulados, donde también se les dio 10 días para la subsanación ambas acciones se cumplirán esta semana.

Ante la queja permanente de los vecinos, esta semana la Municipalidad de Huancayo realizará una nueva supervisión de puntos críticos para el inicio del tercer proceso administrativo sancionador a la comuna tambina, y como el incumplimiento es reiterativo, el tema será derivado al procurador municipal, que procederá con las denuncias penales.

Los funcionarios de la comuna tambina, solo han respondido que tienen 3 camiones compactadores para recoger la basura como lo cual, no se puede cumplir. No obstante, pese al anuncio de la llegada de las compactadoras, hasta el momento, nada de los vehículos. Mencionó, que la solución de este problema, ya corresponderá al nuevo alcalde que podría declarar una declaratoria en emergencia.

El responsable de Servicios Públicos de la MDT, David Ramos, no responde a las llamadas sobre el problema de la basura.

Los gremios de transporte urbano, interprovincial y de carga pesada anunciaron un paro nacional para el próximo martes 2 de junio, medida que podría afectar el desplazamiento de pasajeros y mercancías en Lima, Callao y diversas regiones del país.

La paralización surge tras el presunto incumplimiento de acuerdos firmados con el Ejecutivo hace más de dos meses, según denunciaron dirigentes del sector transporte.

Los representantes gremiales sostienen que el Gobierno aún no concreta medidas económicas prometidas para mitigar el impacto del incremento del combustible y la crisis financiera que atraviesan las empresas formales.

¿Qué reclaman los transportistas?

De acuerdo con los dirigentes, uno de los principales puntos pendientes es la aprobación de un decreto de urgencia que oficialice un subsidio focalizado para el combustible y facilidades crediticias.

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, explicó que el problema no solo está relacionado con el alza del diésel, sino también con la inseguridad y la falta de conductores.

“Como consecuencia del temor y de estas cosas que estaban sucediendo (las extorsiones), una gran cantidad de conductores de las empresas estaban migrando o dedicándose a otras actividades”, afirmó para El Comercio.

Según Vargas, muchas empresas enfrentan graves dificultades financieras debido a créditos adquiridos para renovar unidades y a la reducción de personal operativo.

Subsidios y créditos prometidos no se concretaron

Los gremios sostienen que el Ejecutivo aceptó implementar tres mecanismos de apoyo:

• Subsidio temporal al combustible.
• Créditos blandos similares al programa Reactiva.
• Facilidades tributarias.

En el caso del transporte interprovincial y de carga pesada, el acuerdo contemplaba la devolución de S/4 por galón de combustible mediante el reintegro del impuesto selectivo al consumo.

Para el transporte urbano formal, el subsidio sería calculado por kilómetros recorridos utilizando información GPS conectada a la plataforma de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Sin embargo, los dirigentes aseguran que el decreto de urgencia nunca fue publicado.

“Llegó fines de abril, no salió el decreto de emergencia; llegó inicios de mayo, mediados de mayo y no sale”, cuestionó Vargas.

Transportistas denuncian impacto de las extorsiones

Los representantes del sector también alertaron sobre el impacto de la inseguridad ciudadana y las extorsiones contra empresas de transporte.

Según Vargas, varias compañías han reducido drásticamente su operación debido al temor de los conductores.

“En una empresa de 50 unidades vehiculares solo el 30% está trabajando; el 70% no trabaja”, sostuvo.

Precio del diésel se duplicó, según gremios

Martín Ojeda, gerente general de COTRAP-APOIP y representante del transporte interprovincial, aseguró que el precio del diésel se ha incrementado considerablemente en los últimos años.

“El precio del diésel ha subido un 100%”, afirmó.

Según explicó, antes de la crisis el combustible costaba alrededor de S/12 por galón y actualmente supera los S/25 en Lima, llegando hasta S/29 en algunas regiones.

Ojeda indicó que los acuerdos firmados el pasado 14 de abril tampoco fueron cumplidos por el Ejecutivo.

Carga pesada también se sumará al paro

Bruno Aberasturi, presidente de la Asociación Nacional del Transporte Terrestre de Carga (Anatec), confirmó que el gremio de carga pesada participará en la paralización.

No obstante, aclaró que no se realizarán bloqueos de carreteras.

“No vamos a salir a trabajar. Los carros se quedan guardados en cochera. Eso es apagado de motores. No hay intención de ningún bloqueo de vías”, precisó.

Los transportistas realizarán hoy una conferencia de prensa para exponer públicamente la situación del sector y anunciar las medidas que adoptarán ante la falta de respuesta del Gobierno.

Mientras tanto, los gremios aún esperan que el Ejecutivo oficialice los acuerdos pendientes para evitar la paralización nacional.

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Con esta decisión judicial, continuarán detenidos en la División de Investigación Criminal la ciudadana A.P.A. (40), quien custodiaba el inmueble donde se hallaba la motocicleta presuntamente utilizada por los “marcas” que vigilaron a la autoridad edil. Ella habría confesado que le prestó la motocicleta de placa 9713-NP a su conviviente Deyvis O.G.L. (37 años), la mañana del jueves 21 de mayo. Según su testimonio, el sujeto viajó a Piura y retornó cerca de las 15:00 horas para abandonar el vehículo y cambiarse de ropa. Tanto la unidad como las prendas fueron incautadas por las autoridades.

También seguirán detenidos Deyvis O.G.L. (37), alias “Gallo”, Derian O.G.L. (30), alias “Derian” y Estefany S.C.A. (23), alias “Tefy”. A ellos se les decomisó un revólver abastecido con cinco municiones, cinco cartuchos adicionales y tres teléfonos celulares. 

Los acompañan Jhon D.P.T. (33), alias “La Pájara”, y Mirian E.R.T. (28), alias “La Gorda”, quienes estarían vinculados a las labores de marcaje en el atentado.

De otro lado, ayer un grupo de familiares, encabezados por la madre del extinto alcalde, Paz Calle Rivera, realizó una marcha por las calles para exigir justicia y la identificación plena de los autores materiales e intelectuales del crimen de Febre Calle.

Nelson Calle, hermano del fallecido alcalde, solicitó entregarse a la regidora Patricia Niño, quien habría sido sindicada por uno de los detenidos, como la persona de haberle entregado dinero para vigilar a la autoridad edil.

“Hay una señora involucrada según las redes, pero yo la invito y le pido que se entregue a la justicia y esclarezca su caso, como dice ella mismo quien no la debe, no la teme, por lo mismo que se esclarezca y que ella de la cara...nosotros como familia no la estamos culpando, lo único que nosotros queremos es que se esclarezca la verdad. Yo quiero saber quién mató a Víctor Hugo y por qué lo mataron y que los culpables paguen con todo el peso de la ley”, manifestó Nelson Calle, durante la movilización realizada la mañana de ayer.

Solicitó a las autoridades acelerar las investigaciones para evitar más muertes como la del alcalde Víctor Hugo Febre Calle, pues con su muerte deja desamparados a su madre y hermana que se encuentran enfermas.

“Hay que hacer fuerza, hay que hacer lucha...Hoy día ha sido Víctor Hugo, mañana quién será, cualquiera de nosotros. Ya no hay seguridad, aquí es tierra de nadie. Esa ley es pro crimen, más bien están ayudando y favoreciendo a los criminales y eso desde el Congreso también pongamos conciencia y deroguemos esas leyes, protejamos al ciudadano, al hombre que trabaja, al hombre que lucha, que suda por sobresalir, por llevar a su familia adelante. Imagínese el caso de mi hermano los deja desamparados, deja a una madre, deja a una hermana enfermos, sin ningún apoyo, sin nada. Yo pido justicia, justicia”, recriminó Nelson Calle.

Por su parte, su madre Paz Calle Rivera, con voz entrecortada exigió también justicia y aseguró que su hijo le cubría los gastos por el cáncer que padece.

“Solo pido justicia, era una persona inocente, mi hijo no ha tenido culpa para que lo maten así por quedarse con el poder, yo estoy enferma con cáncer, ”, dijo Calle Rivera.

Recordó que el día miércoles fue la última comunicación que sostuvo con Víctor Hugo Febre Calle. “El miércoles me llamó en la mañana y me dijo: Mamita cómo estás, hazte la biopsia de una vez para operarte, esta semana voy a Lima para la operación”.

Agregó que el día del crimen se encontraba en la ciudad de Lima y aún guardaba la esperanza de encontrarlo con vida porque le aseguraron que estaba herido.

“Yo estaba en Lima, él mando a preparar el almuerzo para comer con sus hermanos y no lo dejan llegar, lo atacan. Llamaron a mi hija y la vi que estaba llorando, le pregunté qué le pasaba y me dijo que habían baleado a Huguito, me dijo que estaba vivito, solo herido, pero ya estaba muerto...cuando vengo encuentro muerto a mi hijo, tenía la esperanza de encontrar vivo a mi hijo, pero estaba muerto”, dijo llorando desconsoladamente Paz Calle.

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Este órgano legislativo y fiscalizador, que es parte del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, ha experimentado desde el 2018, de manera constante, el incremento de sus miembros. Para tener una idea más clara, ese año, el legislativo liberteño, lo constituían 12 consejeros. Actualmente, suman 17, pero desde el 2027 ese número se elevará a 21.

SIN MEJORAS

Sin embargo, ese aumento de consejeros no ha significado una abundante producción legislativa ni tampoco un fortalecimiento en su labor de fiscalización, a pesar de que ahora cuentan con un presupuesto exclusivo para ese fin.

De acuerdo con el Portal de Transparencia del GORE La Libertad, el año pasado el Consejo Regional aprobó 24 ordenanzas regionales, ninguna vinculada al tema de seguridad ciudadana, a pesar de que es la problemática que más aqueja a la región.

Además, nueve de las normas aprobadas eran netamente declarativas, las mismas que para varios analistas políticos son un “saludo a la bandera”, porque no crean obligaciones ni establecen prohibiciones.

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EN LA ACTUALIDAD

No obstante, este año la tendencia es la misma, pues de las 10 ordenanzas regionales publicadas en el Portal de Transparencia del GORE La Libertad, cinco son declarativas y otras dos sirvieron para modificar artículos de otras normas.

Por ejemplo, la última Ordenanza Regional N° 000008-2026, publicada el 13 de mayo, fue para declarar de necesidad pública y de interés regional la lucha contra el cáncer y la implementación de la Red Regional Oncológico en La Libertad.

También está la Ordenanza Regional N° 000007-2026, que declara de necesidad pública e interés regional la fortificación de la producción de arroz para el consumo humano como estrategia para luchar contra la anemia y desnutrición crónica infantil.

De la misma forma han aprobado la Ordenanza Regional N° 000006-2026, que declara de necesidad pública e interés regional la gestión ante el Ejecutivo para el financiamiento de las plazas de residentado en enfermería en La Libertad.

FESTIVIDADES

Los consejeros regionales también han aprobado la Ordenanza Regional N° 000005-2026, mediante la cual se declara de interés turístico regional la festividad patronal en honor al Señor de la Misericordia “Amito de Marcabalito”.

Cuando se conoció que el nuevo Consejo Regional de La Libertad se conformaría por 21 consejeros, Dante Chávez Abanto, quien fue consejero por Trujillo en el periodo (2015-2018), calificó el incrementó como un “exceso” y aseguró que en su gestión hubo mayor producción legislativa, y un trabajo de fiscalización más notorio.

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Durante la reunión, abordaron estrategias para prevenir delitos contra el derecho al sufragio, así como infracciones establecidas en la Ley Orgánica de Elecciones. Asimismo, medidas frente a delitos contra el orden público, como disturbios, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, así como así como actos ilícitos que atenten contra la vida y la integridad física de los votantes.

En la cita participaron los fiscales adjuntos, Kevin Antón y Sara Vidal de la Fiscalía de Prevención del Delito, asimismo la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), JEE (Jurado Electoral Especial), División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) de la PNP, Ejército, Municipalidad Provincial de Sullana y representantes de otras instituciones.

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La actividad tiene como finalidad reevaluar las condiciones de infraestructura, accesibilidad, seguridad y servicios básicos de los 175 locales de votación previstos para esta jornada electoral. En dichos espacios se instalarán aproximadamente 1,674 mesas de sufragio para atender a una proyección de 484,333 electores hábiles de las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca.

El jefe de la ODPE Sullana, Ing. David Espinoza Acosta, informó que la mayoría de los locales de votación corresponden a instituciones educativas, por lo que agradece a los directores y representantes de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) por brindar las facilidades necesarias al personal encargado de las verificaciones.

“Esta actividad forma parte del cronograma establecido para la Segunda Elección Presidencial 2026. Por ello, venimos realizando coordinaciones permanentes y oportunas con nuestro personal, ya que es prioritario garantizar que este proceso electoral se desarrolle de manera ordenada, eficiente y transparente, en beneficio de la ciudadanía”, señaló la autoridad electoral.

Asimismo, indicó que la ODPE Sullana continúa atendiendo las consultas de la población relacionadas con el proceso electoral e invocó a la ciudadanía a participar activamente en esta segunda jornada electoral.

Los ciudadanos pueden acudir a la sede de la ODPE Sullana, ubicada en la calle Santa Úrsula N.º 751, urbanización Santa Rosa, para recibir orientación e información sobre el proceso electoral. La atención se brinda de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. y los sábados de 8:30 a. m. a 1:30 p. m.

Aseguró que la situación se ha visto agravada con el traslado de más reos de alta peligrosidad hacia el Penal de Challapalca, lo que ha conllevado a que sus familiares y allegados al mundo del hampa se trasladen hasta la Ciudad Heroica. Así lo señaló en entrevista con Correo.

Incremento de actos delictivos

En ese sentido remarcó debe erradicarse dicho establecimiento penitenciario debido a que el incremento de su población carcelaria ha generado el aumento de actos delincuenciales.

Asimismo aseguró que el penal no reúne las condiciones para ser considerado de máxima seguridad porque se han suscitado asesinatos dentro de sus celdas y filtraciones de equipos de comunicación.

Extorsiones desde el penal

Apuntó que jefe de la Policía en Tacna general Helbert Luna Velarde en su informe dio cuenta de la desarticulación de bandas criminales de extranjeros y peruanos. Pacori está convencido de que estos grupos que extorsionan a través del sistema “gota a gota” son familiares o están ligados a internos del penal donde en diferentes operativos se han encontrado artefactos de comunicación.

“Tenemos un déficit de efectivos policiales, contamos con 1 935 policías hasta abril del 2026, creo que no es suficiente para 450 mil habitantes acá en Tacna, que vengan más delincuentes agrava la situación y la Policía no se abastece”, refirió el coordinador de juntas vecinales.

Comunidad debe organizarse

Finalmente invocó a la comunidad a tomarse un tiempo para organizarse y ponerse en pie de lucha para frenar los actos delictivos a través de actividades conjuntas con las juntas vecinales, la Policía, la Fiscalía, Seguridad Ciudadana y la Defensoría del Pueblo.

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Según imágenes de las cámaras de seguridad del inmueble, el sospechoso, quien vestía un polo blanco y llevaba puesta una chompa, llegó caminando desde la avenida Túpac Amaru. Luego, se acercó al vehículo menor y aprovechó que tenía la llave de contacto puesta y estaba sin seguro. En el video se ve cuando el delincuente subió a la moto y la llevó con rumbo desconocido.

El propietario del vehículo indicó a Cosmos Noticias que su herramienta de trabajo está valorizada en 3,500 soles.

“Fue a las 5 de la mañana. Estaba por irme al mercado, dejé la llave en el contacto, ingresé (a casa) y cuando salí ya no estaba la moto”, relató.

Las cámaras de seguridad captaron el rostro del hampón, por lo que se espera que las autoridades puedan identificarlo.

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