Por los suelos

La última encuesta de Datum Internacional, elaborada para El Comercio, oficializó que el rechazo a la presidenta Dina Boluarte se encamina, firme, a un récord sin precedentes. El mencionado sondeo arrojó que la aceptación de la cuestionada jefa de Estado es de solo 7%... Uno menos y hasta se le podrá acuñar el alias que Magaly Medina le puso a Gisela Valcárcel: “La seis puntos”.

No la pasan

La encuesta, además, evidenció que la versión de Boluarte respecto a que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le prestó los Rolex que ella lució es tan verosímil como los dichos del expresidente Alejandro Toledo sobre el dinero de Ecoteva. Nada menos que el 92% no le cree a la mandataria. La verdad, hasta suena a poco.

¿Sí o no?

Días después de que el titular de Educación, Morgan Quero, asegurase que la Carrera Pública Magisterial puede asimilar -debido a que faltan profesores- a los docentes que se negaron a pasar evaluaciones, pero que fueron beneficiados con una ley aprobada en el Congreso para tal fin, el ministro prometió que se fortalecerá la meritocracia en su sector. Con tales complacencias, lo dudamos.

Sin vergüenza

El “niño” Darwin Espinoza da otra vez que hablar. Y es que el aún acciopopulista ha presentado -léalo bien- un proyecto de ley para eliminar el impedimento de contratar con el Estado que pesa sobre los familiares de los parlamentarios y otros funcionarios públicos. Evidente la farra que algunos quieren hacer en el aparato público... se podría decir.

Ley del embudo

Aunque el pésimo chiste se cuenta solo, hay un antecedente que no se puede dejar de lado. Y es que el propio Espinoza suscribió el proyecto que busca aplicar tal restricción a los periodistas y a sus parientes. Perfecto ejemplo del adagio: “Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”.

Congelado

Ya que nos referimos a un presunto aliado del vacado Pedro Castillo, la investigación que el exmandatario enfrenta por su fallido golpe de Estado parece haber entrado a un punto muerto en el Poder Judicial. Aunque la Fiscalía presentó la denuncia el 12 de enero, hasta ahora no se programan audiencias del caso. ¿Aló, Arévalo?

Avanza

En contraste, el PJ acaba de aprobar el inicio de una investigación preparatoria al excongresista Orestes Sánchez Luis (Podemos Perú), a quien se le acusó de “mocharle” el sueldo a Miguel Ángel Calderón Paz, extrabajador de su despacho parlamentario, una condición que le habría impuesto a cambio de su contrato y de no despedirlo. Ojalá y este sea del destino de todos los “mochasueldos”.