Un informe de la Contraloría General de la República reveló que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) solo gastó el 10% del presupuesto de S/10 millones asignado por el Poder Ejecutivo para combatir la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Con ese dinero se buscaba contratar más personal y adquirir útiles de seguridad y de limpieza. Unos S/250 mil fueron invertidos para la remodelación del expenal San Jorge, destinado como centro de aislamiento para los reclusos con COVID-19.

“En tal sentido, después de haber transcurrido 37 días calendario desde que el Titular autorizó la desagregación en el presupuesto […] se tiene que el INPE dispone al 26 de abril de 2020 de un total de S/. 1 080 915,00 en bienes y servicios ya entregados por los proveedores, para ser destinados a la actividad de: Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus; quedando aún por devengar S/. 8 919 085,00”, detalla el documento.

La contraloría precisa que las unidades ejecutoras con menores porcentajes de ejecución presupuestal son las Oficina de Infraestructura Penitenciaria, Sede Central Administración Lima, Oficina Regional Centro Huancayo, Oficina Regional Nor Oriente San Martín y Oficina Regional Lima.

En marzo pasado el Gobierno asignó dicho monto para la prevención, control y diagnóstico de la enfermedad en los centros penitenciarios de nuestro país, pero un mes después el resultado muestra que solo se gastó poco más de S/1 millón.

Los descargos del INPE

Al respecto, el jefe del INPE, Gerson Villar, precisó en Canal N que su institución tiene aproximadamente comprometidos S/4 millones en materiales de bioseguridad y servicios prestados, y que el desembolso se oficializará en los próximos días.

Asimismo, indicó que el INPE destinó S/3 millones 700 al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos (Cenares) del Ministerio de Salud (Minsa) para efectuar una compra corporativa, pero la iniciativa se frustró.

No obstante, Villar remarcó que el INPE se ha visto obligado a iniciar sus propios procesos para realizar compras exoneradas o directas, con lo cual, según afirmó, el monto de ejecución llegaría a casi S/8 millones.

“Nosotros tenemos aproximadamente S/4 millones comprometidos que están a la espera del ingreso de bienes de bioseguridad o en algunos casos servicios prestados por cerrarse y que en los siguientes días se van a ejecutar. En los próximos días se va a hacer el pago y vamos a tener una ejecución del 50%”, expresó.

“De esos S/10 millones, S/3 millones 700 fueron asignado a Cenares Minsa para que se efectuara una compra corporativa a nivel de Estado. Después de haber hecho esa gestión, nos informaron que Cenares no va a poder ejecutar ese presupuesto y nos hemos visto obligados a iniciar nuestros propios procesos para hacer las compras. En el estado de emergencia, nosotros podemos ejecutar compras exoneradas o directas. Si sumamos los dos montos, estamos hablando de casi S/8 millones”, añadió.

Recordó que el INPE ha sufrido muchas bajas y renuncias en su personal de seguridad y salud, pues de 11 mil 300 trabajadores a la fecha solo están trabajando 7 mil. En el caso de salud, de 300 trabajadores solo tiene 200.

“Hemos contratado a 100 médicos, 100 enfermeras y 150 agentes de seguridad. Está siendo complicado cubrir las plazas”, manifestó al señalar que su cargo está siempre a disposición, en medio de voces que piden su renuncia.

“Mi cargo siempre está a disposición, soy un funcionario público con 20 años de experiencia. Estar en el INPE no es un tema nuevo para mí, regreso después de 10 años y encuentro los mismos problemas, sumando el tema de la pandemia”, sentenció.