En carta dirigida al Tribunal Constitucional (TC), el asesor legal de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA), Mario Seoane, pide a la máxima instancia legal del país hacer cumplir su sentencia del 1 de diciembre de 2025.

La sentencia “resolvió definitivamente las controversias generadas alrededor de la metodología de actualización de los Bonos de la Deuda Agraria”, y aclaró los términos de la metodología de actualización que fueron establecidos en el Auto del TC del 16 de julio de 2023.

Seoane explicó a Correo que el 14 de julio último, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó un decreto supremo (DS), simulando el cumplimiento del mandato de la sentencia del TC, que considera una nueva maniobra dilatoria, insistiendo “en su equivocada política de incumplimiento de sentencias en relación a los bonos de la deuda agraria”.

Afirmó que en el DS, el MEF ha reiterado la fórmula de actualización que había sido declarada inaplicable por inconstitucional por el TC.

Incumplimiento

Además, según Seoane, el MEF ha omitido disponer la reapertura del procedimiento administrativo de registro, actualización y pago, que implica una voluntad de seguir persistiendo en la desnaturalización e incumplimiento de las sentencias del TC.

Esa posición, dijo, perjudica gravemente las expectativas de los bonistas de obtener una justa indemnización actualizada en un plazo razonable. “El MEF, como parte del Poder Ejecutivo, ha incurrido en una nueva infracción constitucional al desacatar una sentencia del TC”.

El TC advirtió varios problemas en la fórmula utilizada por el MEF (2017) para actualizar el valor de los bonos de la deuda agraria porque tomó enero 1969 como “año base” para obtener el tipo de cambio paridad.

La sentencia del TC de diciembre 2025 declara fundada la demanda de amparo, por violar los derechos fundamentales al debido proceso.