La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) señaló que tanto el Congreso de la República como el Poder Ejecutivo tienen la obligación de darle al país una nueva Ley de Promoción Agraria, tras la derogación de la anterior, la Ley 27360.

En un comunicado, dicho gremio, que agrupa a 384 empresas, pequeñas, medianas y grandes, se mostró en contra de la decisión adoptada por el Parlamento porque “no resuelve los problemas ni de los trabajadores ni del sector y no plantea ninguna propuesta de solución alternativa”.

Detalló que la norma derogada creó el marco para el desarrollo formal del sector agrícola y la creación de una cadena de valor que hoy aporta más del 11% al Producto Bruto Interno (PBI) nacional.

“El Congreso y el Poder Ejecutivo tienen la obligación de darle al país un nuevo marco regulatorio sostenible que permita al Perú seguir avanzando en el camino recorrido para continuar siendo uno de los principales jugadores mundiales en el sector agrario”, expresó.

“Colombia, Ecuador y Chile vienen fomentando agresivamente un marco legal que promueve sus agroexportaciones, reconociendo la competencia por el mercado mundial y el Perú es, hasta ahora, un actor importante en el mismo”, añadió.

También subrayó que la ley archivada generó 800 mil puestos de empleo formal e inversiones por más de US$ 13,000 millones en los últimos 20 años. Refirió que durante su vigencia, la pobreza en el agro se redujo de 81.3% en 2014 a 30.3% en 2019.

Finalmente, la AGAP puso a disposición de las autoridades la información que se requiera para trabajar de manera inmediata en el diseño de una nueva ley que mantenga la competitividad y el desarrollo agrario, en estricto cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores.

Como se recuerda, el Congreso aprobó el último viernes derogar la Ley de Promoción Agraria, tras las protestas de agricultores en Ica y el norte del Perú -que han dejado al menos un muerto- y en medio de un paro que ya lleva cinco días.

Por 114 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al Proyecto de Ley 5759 que proponía derogar la Ley N° 27360, la cual había sido duramente cuestionada por los agricultores de la región Ica.