Según la Contraloría General de la República, en el país hay unas 2,300 obras públicas paralizadas que involucran un saldo de inversión por ejecutar cerca a los S/13,772 millones, señaló el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).

El CIP, conjuntamente con su Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas (CARD), realizará el Primer Congreso de Gestión Contractual y Mejoras en las Contrataciones del Estado.

En un comunicado, precisó que dicho congreso se realizará los días 22 y 23 de marzo (en el local institucional de San Isidro), donde se analizarán diversos aspectos relacionados al sistema de compras públicas y la ejecución y entrega de proyectos de infraestructura.

Se analizarán, también, las posibilidades que ofrece la Junta de Resolución de Disputas (JRD), mecanismo de solución de controversias a cargo de un panel técnico imparcial e independiente.

“A diferencia del arbitraje, la JRD tiene un objetivo preventivo, pues busca resolver controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta su recepción total”, precisó.

Un aspecto relevante, prosiguió, es que la JRD fomenta que la obra no se paralice y pueda culminarse y en esta línea, el CIP busca promover que todas las instituciones públicas incluyan a la JRD como una instancia previa y eficiente de resolución de controversias.

De ese modo, indica el CIP, se podrá ejecutar las obras públicas que beneficien a miles de peruanos a lo largo y ancho del Perú.