LIM03. LIMA (PERÚ), 27/07/2018.- Fotografía del 26 de julio de 2018, de una trabajadora del grupo Eulen mientras realiza labores de limpieza en los baños de la Universidad de Lima, en Lima (Perú). El Grupo Eulen, un conglomerado empresarial multinacional con matriz en España, ha consolidado su prestación de servicios en Perú, donde llegó hace más de quince años y actualmente da trabajo a 7.000 personas con una apuesta por la formalización del empleo con visión social, informaron a Efe sus directivos. EFE/Ernesto Arias
LIM03. LIMA (PERÚ), 27/07/2018.- Fotografía del 26 de julio de 2018, de una trabajadora del grupo Eulen mientras realiza labores de limpieza en los baños de la Universidad de Lima, en Lima (Perú). El Grupo Eulen, un conglomerado empresarial multinacional con matriz en España, ha consolidado su prestación de servicios en Perú, donde llegó hace más de quince años y actualmente da trabajo a 7.000 personas con una apuesta por la formalización del empleo con visión social, informaron a Efe sus directivos. EFE/Ernesto Arias

La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) afirmó que el Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo (MTPE) no ha considerado los efectos del Decreto Supremo 001-2022-TR, que restringe la tercerización laboral, ya que solo incentivaría la informalidad laboral y frenaría el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (mypes) formales.

“Las tercerizadoras formales son, en su mayoría, pequeñas o microempresas, que emplean a uno de cada 14 trabajadores en planilla. Con esta norma se les cierra la vía hacia el desarrollo de sus negocios, polarizando la actividad económica y el empleo hacia la gran empresa y hacia la informalidad”, remarcó.

En ese sentido, la Comisión de Asuntos Laborales del gremio empresarial exhortó al gobierno a derogar el referido decreto supremo por considerarlo “abiertamente ilegal”, pues modifica categorías establecidas por ley. Además, reiteró que es inconstitucional, dado que el decreto afecta el derecho a la libre iniciativa empresarial que garantiza la Constitución.

“Nuestro país requiere de un manejo ordenado y prudente de su sistema laboral, pues es una base mínima para la reactivación económica y la creación de empleo. Esta norma hace todo lo contrario y debe, por lo tanto, ser derogada”, subrayó. A ello se suma que la norma veta una serie de modalidades de contratos entre empresas, definiendo lo que pueden hacer y lo qué no, según la CCL.

“De esta manera, el Estado y no quienes llevan a cabo las actividades productivas, será el que determine su organización, prohibiendo a la vez a aquellas que no encajen en este esquema”, advirtió.

También mencionó que los abusos que han venido sufriendo muchos trabajadores se han producido por el incumplimiento de las normas preexistentes, no por la utilización de la tercerización. Por ello, aseguró que esta nueva norma afectará a los que venían cumpliendo de manera correcta la ley laboral, la misma que debe fomentar “la creación y crecimiento de empresas, mas no destruirlas”.

Remarcó que dicha ley no ha sido evaluada en el Consejo de Ministros ni por los múltiples sectores que afecta, sino que se publicó de manera sorpresiva, contradiciendo las declaraciones previas de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, y al propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que la describió como inviable.

“El Ministerio de Trabajo no ha escuchado a los involucrados, a pesar de que se ofreció tratar este tema ante el Consejo Nacional de Trabajo”, anotó la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL.

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