CEPAL: Reducción de la desigualdad se desacelera en América Latina

Actualizado el 30/05/2017, 07:24 p.m.

En un periodo de siete años (2008-2015), se calcula que 12 de un total de 14 países experimentaron caídas del coeficiente de Gini, el índice que mide el nivel de desigualdad de un país. De acuerdo al documento "Panorama Social de América Latina 2016", las bajas superiores a 10 puntos porcentuales se encuentran en Argentina y Bolivia. Entre los países que disminuyeron entre 7 y 10 puntos porcentuales se encuentran Brasil, Perú, Uruguay y Venezuela.

Durante la presentación del informe a cargo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se detalló, no obstante, que de 13 países con datos actualizados, solo 5 (Brasil, Honduras, Perú, Uruguay y Venezuela) tuvieron aumentos en lo que se refiere a la participación de los salarios como porcentaje de su Producto Bruto Interno (PBI).

Lento avance

En 17 países analizados este coeficiente de Gini para los ingresos personales (2015) mostró un valor promedio de 0,469 (0 representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima), lo que el organismo considera como un nivel alto. Si bien el índice disminuyó 1,2% anual en promedio entre 2008 y 2012, el ritmo de descenso bajó a la mitad entre 2012 y 2015 (0,6% anual).

La reducción fue posible, de acuerdo al organismo, por una mejora relativa de los ingresos laborales de los sectores de menores ingresos, por políticas de formalización y aumento real de los salarios mínimos en varios países. CEPAL también observó un incremento de las transferencias monetarias hacia los estratos de menores ingresos.

Sin embargo, los retrasos se evidencian en la estructura de la propiedad (de activos físicos y financieros). Según el informe, este factor es fundamental de la reproducción de la desigualdad en la región. Por medio de un estudio de caso, se constata que la distribución de la riqueza es aún más desigual que aquella medida solo por los ingresos corrientes de las personas. Por lo cual, CEPAL recomienda que las políticas públicas garanticen la titularidad de derechos, y se potencie el trabajo productivo y de calidad.