Exconcesionaria del aeropuerto de Chinchero lleva al Perú a un arbitraje
Exconcesionaria del aeropuerto de Chinchero lleva al Perú a un arbitraje

Finalmente, la exconcesionaria del Aeropuerto Internacional de , Kuntur Wasi, anunció que llevará al Estado peruano a un arbitraje internacional.

Ello porque este último decidió acabar unilateralmente con las negociaciones directas que ambas partes sostenían para llegar a un acuerdo amigable en la terminación del contrato de concesión.

En un hecho de importancia que envió a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Kuntur Wasi recordó que para “lograr una solución a la controversia generada por el Estado, inició una etapa de trato directo, presentando una propuesta de acuerdo de transacción que consideraba concesiones recíprocas”.

TERRENO

Sin embargo -prosiguió-, el Estado, sin considerar esa propuesta, puso fin al trato directo exigiendo la entrega de los terrenos de la concesión sin sustento válido.

Al respecto, en el mencionado hecho de importancia, Kuntur Wasi informó además que hará entrega al Estado de los terrenos para la construcción del aeropuerto, así como los estudios detallados de ingeniería que se realizaron a costo de la concesionaria, dentro del marco legal que el contrato permite, “aun cuando, a la fecha, la empresa no ha recibido pago alguno en contraprestación por parte del Estado”.

GOBIERNO

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que continúan las acciones para construir Chinchero, según “el compromiso asumido por el gobierno peruano con la ciudadanía cusqueña”.

En una nota de prensa, señaló que, tras el pedido por parte del MTC a Kuntur Wasi para la entrega del terreno, ahora procederá a coordinar el inicio del movimiento de tierras para construir el aeropuerto. El 13 de julio del 2017, el Estado resolvió el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, de manera unilateral e irrevocable, por razones de interés público, tras haber agotado todos los recursos posibles para sacar adelante el proceso.

ADENDA

La firma de una adenda al contrato de concesión, a inicios del 2017, puso en jaque al Gobierno del presidente Kuczynski.