Las leyes que implican gasto y que aprueba el Congreso preocupan de forma permanente al Consejo Fiscal (CF) pues constituyen un golpe demoledor a las finanzas públicas y las hará insostenibles en el tiempo.

En un comunicado, el CF reitera su preocupación “por la continua aprobación de leyes que comprometen la sostenibilidad fiscal, incrementando significativamente las presiones fiscales en el corto, mediano y largo plazo”.

Y si bien sus observaciones no son vinculantes porque el Ejecutivo no está obligado a seguirlas, cuestiona al Gobierno por no observar las iniciativas del Congreso con costos fiscales significativos y por no llevar al Tribunal Constitucional (TC) normas con potenciales visos de inconstitucionalidad.

El presidente del CF, Alonso Segura, dijo que el Congreso aprobó, en dos plenos, normas que comprometen gastos por S/ 11,400 millones anuales equivalentes a un punto del Producto Bruto Interno (PBI), que es la producción nacional.

Esa cifra, según explicó en RPP, involucra planillas y pensiones que no están previstas, mayoritariamente, en el Presupuesto Público de 2026.

Desequilibrio

Segura indicó que solo en marzo, el Congreso aprobó 11 normas que tienen grandes costos fiscales, pero tres normas explican los S/11,400 millones: las pensiones para maestros y militares que equivalen al sueldo del personal activo, las CTS y gratificaciones a los trabajadores del régimen CAS y la nivelación de las pensiones de maestros jubilados y cesantes con los profesores activos.

“Ambas normas de pensiones (para maestros y militares) reabrirían mecanismos de ‘cédula viva’ que generan un efecto espejo entre personal en actividad y retirado, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución”, precisó el CF en su comunicado.

Al respecto, Segura aseveró que ningún país puede vivir por encima de sus posibilidades, por encima de su capacidad de generar ingresos.

Explicó que en los últimos tres años, los ingresos del Gobierno general (nacional, regional y municipal), en promedio, han crecido S/ 8,000 millones cada año, “pero están metiendo más del doble en gastos en 2026”.

Con el incremento de planilla aprobado para el PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) más la fracción de los S/ 11,400 millones que se pagaría este año, “se están metiendo como S/ 18,000 millones o más al Presupuesto Público del 2026”, aseguró.

Los ingresos en promedio han crecido S/ 8,000 millones cada año, pero están metiendo más del doble en el 2026 (S/ 18,000 millones).

En ese sentido, se preguntó, ¿Cómo se cubren las otras necesidades del Presupuesto Público?

Prioridad

En esa línea, Segura explicó que los S/ 18,000 millones por concepto solo de planillas y pensiones, implican casi 9 veces el presupuesto del Programa Pensión 65. “Es casi 8 veces el presupuesto del Programa Nacional de Becas. Es tres veces el presupuesto del Programa Articulado Nutricional. Es casi dos veces el presupuesto de toda la infraestructura educativa de los tres niveles de gobierno”, precisó

“La pregunta es: ¿Qué se quiere sacrificar para otorgar beneficios a un reducido grupo de funcionarios públicos a costa de millones de peruanos?”, cuestionó.

Refirió que de los S/ 11,400 millones, “que podrían ser S/ 15,000 millones, tiene partidas que no están cuantificadas”, como las medidas aprobadas por el Congreso, entre agosto y diciembre del 2025 que demandarían recursos por otros S/ 1,500 millones, que no están incorporadas en el Presupuesto Público 2026.

El CF advierte que el Parlamento, al aprobar esas leyes, y el Poder Ejecutivo, al no observarlas, incumplen de manera directa y explícita la normativa vigente que prohíbe aprobar medidas que aumentan el gasto público en personal y pensiones durante los primeros meses de los años de elecciones generales.

Como se recuerda, el Ejecutivo fue muy presto para promulgar la ley que paga CTS y gratificaciones a los trabajadores que están bajo el régimen CAS.

Emergencias

Consultado por Correo, el gerente de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), Martín Valencia, afirmó que es categórico el comunicado del CF sobre las leyes aprobadas en las últimas semanas y que deterioran la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas.

Precisó que el costo anual permanente de por lo menos S/ 11,400 millones representa aproximadamente el 0.9% del PBI, y se tiene como regla que el déficit fiscal debe ir consolidándose a 1% del PBI hacia 2028.

“¿Qué significa eso? Que te comes solo con este incremento de remuneraciones y pensiones gran parte del espacio de déficit de largo plazo que el Estado se permite. En 2026 quizá pase desapercibido por los altos precios de materias (primas), pero poco a poco el Estado quema sus activos para financiar este déficit, incurre en mayor deuda y deja de ahorrar para emergencias (cambio climático, terremoto, desastres por el Niño, otra pandemia, entre otros)”, precisó.

Además, prosiguió Valencia, el MEF tiene que gestionar recursos y ver qué partidas cortar para financiar parte de las referidas leyes.

“¿Sacrificamos inversiones necesarias para cerrar la brecha de infraestructura? ¿Presupuesto para seguridad ciudadana? ¿Para alimentación escolar? Todo en un contexto donde la informalidad no cede y, por lo tanto, no se amplía la base tributaria, lo que podría permitir mayores ingresos permanentes”, preguntó.

En ese sentido, coincide con el presidente del CF al indicar que la ley de mayor magnitud por su costo anual (S/ 8 mil millones) es la que establece pensiones para docentes jubilados equivalentes a la primera escala de la remuneración íntegra mensual (RIM).

“Bajo algunas aristas se podría argumentar que los docentes jubilados tienen pensiones muy bajas, pero lo que haría esa ley es abrir la ‘cédula viva’: los pensionistas ganarían igual a los docentes activos de menor escala y, como esta RIM se actualiza todos los años, las pensiones se ajustarían acorde a ello”, precisó.

Valencia opinó que ello es inconstitucional, “tal como se observa explícitamente de la lectura de la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución, debido a su impacto sobre la sostenibilidad fiscal: No se podrá prever en (las nuevas reglas pensionarias) la nivelación de pensiones con las remuneraciones (...) Las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales, así como los nuevo regímenes pensionarios que se establezcan en el futuro, deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación”.