La auditoría de cumplimiento al proceso de construcción del puerto de Chancay que realizó la Contraloría concluyó que hubo irregularidades que llevaron a la devolución de S/ 527 millones a la empresa Cosco Shipping porque accedió al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV (RERA).

El informe de auditoría concluye que ProInversión validó, tramitó y suscribió un contrato de inversión para que la empresa pueda acogerse al RERA pese a que los representantes de Terminales Portuarios Chancay S.A. (hoy Cosco Shipping Ports Chancay Perú) no tenían el poder que acreditaba su capacidad legal para suscribir el documento, requisito exigido por la norma vigente, según El Comercio.

Posterior al aval de Proinversión se suscribieron cinco adendas al contrato, precisó el citado diario.

Tomando en consideración lo anterior, la Contraloría recomendó iniciar acciones civiles, trasladar hallazgos a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y determinar eventuales responsabilidades administrativas (en este caso Proinversión).

APN y MTC

El órgano de control también recomendó promover acciones penales por presuntas irregularidades relacionadas con autorizaciones y controles durante la construcción y puesta en marcha del terminal.

En ese sentido, la Contraloría realizó auditorías de cumplimiento a la participación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y a la del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encontrando observaciones en la aprobación de permisos del puerto, cambios en el trazado del túnel.

Así, concluye también que la APN aprobó el expediente técnico y otorgó habilitaciones portuarias para el proyecto pese a que existían discrepancias entre el expediente y la certificación ambiental vigente respecto al trazo del túnel.

Además, concluye que el MTC no realizó una evaluación técnica integral de la información obtenida durante las acciones de supervisión ambiental relacionadas con la variación del trazo del túnel, la suspensión del trasvase de arena y el mantenimiento correctivo de los geotubos (retienen elementos sólidos y filtran líquidos).

Según el informe, ello restringió el ejercicio oportuno de la potestad sancionadora frente a presuntos incumplimientos de obligaciones ambientales.