La pandemia retrasó la ejecución de obras públicas porque se frenó la firma de contratos, según el especialista en esta materia, Rafael Montoya.

Explicó que las entidades del sistema financiero endurecieron sus condiciones para entregar créditos, que dificultó la presentación de la garantía de fiel cumplimiento, indispensable para la firma de los contratos de ejecución de obras o de  suministro de bienes, servicios y consultorías.

Frente a esa disyuntiva, el Gobierno de Francisco Sagasti emitió el 13 de julio el Decreto de Urgencia 063, cuyo artículo 8 dispone que las empresas opten por entregar la garantía (equivalente al 10% del valor total de la obra), o que se les retenga el total de la garantía, de los recursos que le asignará la entidad pública correspondiente.

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“De ese modo, la firma de contratos se agilizó. En los últimos 12 meses, del 100% de buena pro que se entregaba, el 50% no se firmó porque los contratistas no podían obtener fianzas de fiel cumplimiento para cumplir con las exigencias”, precisó.

Inclusive, según explicó, la Ley de Contrataciones del Estado permite, para el caso de obras, que la entidad pública entregue un adelanto del 30% (del total del valor de la obra) al contratista a cambio de una garantía de fiel cumplimiento. “Otra alternativa para agilizar la ejecución de obras públicas es el fideicomiso, pero la entidad pública debe incluirlo en el proceso, que la obliga a firmar una escritura pública para entregar el 30% al contratista bajo la custodia de una entidad supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que es el fiduciario”, precisó.