Para el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, el gran reto del nuevo gobierno es vacunar a la mayoría de los peruanos. En diálogo con Correo dijo que otro gran reto es consolidar las cuentas fiscales, ajustando los ingresos con los gastos. Indicó que hay proyectos con inversión pública que se pueden ejecutar. Agregó que relanzar ProInversión es una tarea pendiente.

¿Qué debe priorizar el gobierno que entre el 28 de julio?

La prioridad es la vacunación. El nuevo gobierno tendrá la responsabilidad de vacunar a la mayoría de peruanos. El actual gobierno señaló que el stock de vacuna disponible hasta julio no es lo que esperaba. El reto logístico de la nueva administración es asegurar más vacunas porque la salud es la arista de la economía.

¿Otra prioridad?

Toca empezar a reconsolidar las cuentas fiscales. Perú usó gran parte de sus ahorros para cubrir la pandemia y ahora corresponde ver cómo ajustar las cuentas de ingresos con gastos, con mayor eficiencia, para ir reconstruyendo nuestra fortaleza fiscal. Los ahorros permitieron entregar bonos, pero tarde o temprano se tienen que pagar. Es una responsabilidad macroeconómica urgente (Ejecutivo). Del lado monetario, hay que garantizar que el Banco Central de Reserva (BCR) funcione como hasta ahora, con independencia, priorizando criterios técnicos; si hoy no notamos al BCR es porque hace bien su trabajo, tiene una labor indispensable para la estabilidad macroeconómica del país.

¿Una tercera prioridad?

Reactivar el empleo, junto con una agenda de mediano plazo, enfocado en incrementar la productividad. Una mayor contratación de empleos adecuados debe ser gatillado por la inversión privada, junto con un proceso que impulse la competitividad y la productividad, pensando no tanto en el crecimiento del 2021 y 2022, sino poner la semilla para crecer saludable desde el 2023  hacia adelante.

La recesión ha dejado tristeza y pobreza, ¿verdad?

Hay que llegar rápido a las  cifras sociales del 2019, cuando uno de cada cinco peruanos era pobre. Es posible que tras la pandemia sea uno de cada cuatro y quizá un poco más. Es un retroceso de varios años, pero confío que la recuperación será rápida si hacemos las cosas bien. Creo que tendremos un PBI similar al del 2019  a inicios o mediados del 2022; y una recuperación del consumo parecida a la del 2019, entre 2023 y 2024.

¿Medidas concretas para elevar la productividad?

Hay una brecha pendiente muy grande en los procesos de destrabe de infraestructuras, sobre todo con inversión pública. En 2016 PPK (Pedro Pablo Kuczynski) priorizó unos 20 proyectos para destrabar, pero se avanzó muy poco. Se presentaron problemas como el de Odebrecht. Es una agenda que sigue pendiente. Hay varios proyectos de inversión pública que están desde hace diez años; que se podrían ejecutar, de forma más eficiente, mediante los mecanismos que conocemos y que funcionan. De repente, aprender mejor de los contratos gobierno a gobierno; hay algunos sistemas que se pueden mejorar. Obviamente, relanzar ProInversión es una tarea pendiente para priorizar el cierre efectivo de la brecha de infraestructura; pensado más que en la tasa de ejecución, de si se gasta 50% o 60% del presupuesto, se debe buscar solucionar la brecha social y económica.

¿Pero qué se necesita?

Sobre la promoción de la productividad, hay reglas alrededor del crecimiento empresarial. Hay muchas normas administrativas, tributarias y laborales, que hacen poco atractivo a las empresas dar el siguiente salto y pasar a una categoría o régimen distinto del Impuesto a la Renta; es decir, de tamaño de empresa. Esto tiene que  repensarse de forma urgente porque lo que se tiene hoy es un enanismo empresarial, y un país con empresas tan chiquitas es poco productivo y se termina no usando, de forma correcta, el talento y trabajo de la gente. Los peruanos son muy trabajadores, muy talentosos, creativos; este esfuerzo tiene que usarse en un contexto empresarial adecuado, con accesos al capital, al mercado y a la infraestructura, para aumentar la productividad y terminar con los salarios relativamente bajos.

¿Es  muy complicado?

Esta reforma es más complicada porque involucra un replanteamiento serio del esquema tributario para empresas pequeñas, involucra una discusión honesta sobre el régimen laboral; involucra también, quizá, una nueva visión sobre los permisos y demás temas administrativos que tienen que pasar las empresas para operar. Esta es una de las caras de la moneda.

¿La otra cara de la moneda es el trabajador?

Claro, también tiene que beneficiarse con una reconstrucción del esquema de protección social, que sea efectivo. Hoy tenemos que dicho esquema protege a la minoría formal dependiente; entendiendo como protección social previsional a la  AFP,  ONP,  la CTS que es protección al desempleo; por supuesto, protección a la salud, con acceso a EsSalud. Esta es la reforma más significativa que es urgente hacer y tenemos que abordarla con seriedad, para la cual es necesaria la participación del Congreso.

¿Solo el Congreso?

Todas las reformas grandes pasan por el Congreso; se debe coordinar entre el  Legislativo y Ejecutivo. Pero ello supone que participen el empleador y el trabajador, que no sea unilateral. Es un proceso complicado que ha tomado años en otros países, y se tiene que escuchar a todas las partes,  empleadores y trabajadores. Igual, el Estado tiene algo que decir porque se habla de tributos; el MEF tiene algo que decir. Se puede tomar lecciones de afuera, como de la OCDE y de otros países de la región, son procesos que por su propia naturaleza requieren de un período de maduración de intercambio de ideas, que se vaya legitimando. Cuando las propuestas salen muy crudas termina pasando algo parecido con la propuesta del sistema de pensiones (Comisión Omonte), no tuvo tiempo suficiente para cuajar una propuesta concreta, ni tampoco para construir legitimidad social.

¿Cayó la población laboral formal?

Los números todavía no los tenemos cerrados, no ha salido la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Podría haber una diferencia de más de 5 puntos porcentuales de lo que se tenía.  Estábamos con el 72% de informalidad, que, con la pandemia, puede haber pasado a 77 o 78%. De repente, en el tercer trimestre del 2020, se pudo tener un 80% de informalidad laboral, pero el proceso de recuperación durante el cuarto trimestre fue bastante bueno y en este período, quizá se ganaron algunos puntos extras que se habían perdido antes.

¿Sagasti debe cuidar el gasto fiscal?

El ministro Waldo Mendoza es una persona  muy responsable en el manejo de caja, él ha tenido una posición clara desde el Consejo Fiscal y creo que él tiene una visión bastante prudente de cómo se puede manejar la caja.  Con Mendoza (como ministro de Economía) me preocupa menos. Lo más importante es que se deje, lo más avanzado posible, el proceso de vacunación, el proceso de compra de vacunas y más.