En su mensaje de Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte anunció que el Gobierno convocará “al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo para consensuar el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), que debería efectivizarse el último trimestre del 2024″.

En efecto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que la primera sesión del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) se realizó el último lunes.

En ella se acordó instalar la Comisión de Productividad y Salario Mínimo, la que abordará todo lo relacionado al salario mínimo en un máximo de 45 días hábiles.

Su informe final se presentará al Consejo de Ministros. Será el Gobierno el que tomará la decisión de aumentar o no el sueldo mínimo.

Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), advirtió a Correo que el contexto actual no es adecuado para aumentar la RMV.

Inversión privada. Refirió que si bien el Perú superó la recesión de 2023, la recuperación es aún lenta.

“Por ejemplo, la inversión privada creció solo 1% en el primer semestre. A nivel de regiones, en 2023, el empleo adecuado estuvo por debajo del nivel de 2019 en 18 regiones. Además, el desempleo y la informalidad siguen siendo superiores a los niveles pre pandemia”, subrayó.

La inversión privada, que representa el 80% del total de la inversión en el país, es el mayor generador de empleo.

Según Comex Perú, las micro y pequeñas empresas (mypes) son las principales generadoras de empleo, pero dado que en la actualidad atraviesan un problema de financiamiento -por las altas tasas de interés que le aplican, pues tienen una tasa de morosidad alta- pocas podrían asimilar un incremento del sueldo mínimo.

De otro lado, Gonzalo Manrique resaltó que la relación entre la RMV y el ingreso promedio se mantiene en un nivel alto, cerca al 60%; superior a la situación en Chile (49%) y México (45%).

“Esa alta relación entre la RMV y el ingreso promedio indica que hay una mayor proporción de empresas de baja productividad que no serían rentables ante un aumento de la RMV, optando, entonces, por la contratación informal”, alertó.

Ese problema, según el economista, es más relevante al considerar las enormes diferencias en el ámbito regional.

“En Puno y Huánuco, el ratio RMV-ingreso medio es de 81%. Ello significa que el salario mínimo en estas regiones es bastante elevado para el nivel de ingresos promedio, por lo que cualquier incremento tendrá un impacto más significativo sobre su nivel de formalidad y afectará principalmente a las empresas más pequeñas”, afirmó.

Desigual. Manrique advirtió que elevar la RMV con un decreto no significa que los ingresos de todos los trabajadores, formales e informales, se incrementen.

“El 32% de trabajadores a nivel nacional percibe un ingreso menor a la RMV, cifra que se ha mantenido en un nivel similar desde el 2004″, comentó.

Agregó que el incumplimiento de la RMV en 15 de las 25 regiones del país se ubica por encima del 33%, y que en Cajamarca dicho porcentaje se eleva al 50%.

Manrique refirió que más importante que un aumento de la RMV es trabajar en una legislación laboral más competitiva.

“Se debe recordar que 3 de cada 4 trabajadores en el Perú son informales y no están afectos a la RMV”, remarcó.

Detalló que, con datos al 2022, se calculó que un aumento de 10% de la RMV beneficiaría apenas al 2% de trabajadores del total de la Población Económicamente Activas (PEA) ocupada total.

“Son casi 350 mil trabajadores, considerando el último dato del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al primer trimestre del 2024″, precisó también.

Propuesta. Para que un incremento del sueldo mínimo se concrete, el IPE plantea establecer un mecanismo formal para actualizarlo.

Manrique destacó que es importante considerar que en el Perú tres de cada cuatro trabajadores son informales, y una RMV más alta solo disminuye sus probabilidades de pasar a la formalidad.

“Esto se da porque una mayor RMV incrementa los costos, no solo de la remuneración, sino también de los beneficios laborales que tendrían que pagar los empleadores para contratarlos formalmente (gratificaciones, vacaciones, aporte a seguro de salud, etc.)”, comentó.

Puntualizó que si se consideran los beneficios laborales, este costo anual es, en realidad, entre 15 y 19 veces el sueldo mínimo, según el empleado se encuentre en el régimen laboral de pequeña empresa o en el general.

Por todo esto, enfatizó que es necesario dar prioridad a estrategias que promuevan un mayor crecimiento económico que genere más empleo y una mayor formalidad, mediante una legislación laboral más competitiva.

Mecanismo. El IPE advierte que en el Perú, históricamente, los incrementos en la RMV han estado asociados más a factores políticos que técnicos, lo que termina en un sueldo mínimo volátil y poco predecible, que limita la capacidad de empresas y trabajadores para tomar mejores decisiones.

En ese contexto, resulta importante contar con un mecanismo formal para la determinación de la RMV, como lo tiene, por ejemplo, Chile, cuya ley establece que el salario mínimo se revise como máximo cada dos años.

En Colombia, México, Costa Rica y Brasil las actualizaciones se efectúan anualmente, generalmente en la misma fecha. En todos estos países hay reglas claras para determinar el monto de un aumento, lo que minimiza su uso para fines políticos.