Para reactivar la economía, que está en desaceleración, tanto por factores externo como internos, así como para modernizar la gestión del Estado, el Ejecutivo pide al Congreso facultades legislativas, por 90 días calendarios.

Alberto Otárola, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dijo ante el Congreso, donde busca el voto de investidura, que para acelerar la inversión pública se establecerán disposiciones especiales para facilitar los trámites, evaluación o aprobación de procedimientos vinculados con licencias, autorizaciones, en especial en temas de habilitación urbana y certificación ambiental.

Agregó que es necesario dictar medidas extraordinarias para promover la implementación de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022 — 2025 (PNISC), como exceptuar de licencias y regularizar (luego) ante las municipalidades.

También hay medidas que apuntan a reforzar programas sociales, a potenciar el acceso al crédito de las micro y pequeñas empresas (mypes).

Minería. Sobre la inversión privada, Otárola señaló que, para reactivar al sector minero, “la acción del gobierno se enfocará en el acompañamiento y destrabe, concretamente, de nueve grandes proyectos productivos que representan una cartera de 10,555 millones de dólares”.

Esos Proyectos son, precisó, Toromocho (ampliación), Sulfuros Yanacocha, Extensión Antamina, Optimización Inmaculada, Yacimiento Zafranal, Proyecto San Gabriel, Planta de Cobre Río Seco, Proyecto Yumpaq y Ampliación de Retamas, etc.

Adelantó que, personalmente, se encargará de destrabar los procedimientos administrativos de esos proyectos.

Pero, igualmente será celoso del cumplimiento de las normas socioambientales y el cumplimiento de las condiciones que aseguren el respeto de las comunidades circundantes y del medio ambiente.