El Comité contra la Delincuencia y por la Paz (CCDP), que agrupa a cinco gremios empresariales y a dos centrales sindicales condenó el asesinato de Arturo Cárdenas, secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios.
Dicho sindicato es base de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP),
En un comunicado demanda al Gobierno, a la Fiscalía y al Poder Judicial, asumir un real compromiso en la lucha contra la inseguridad.
Precisó que la inseguridad ciudadana es uno de los más urgentes e importantes problemas nacionales, que lo llevó a plantear propuestas para enfrentar la criminalidad organizada y la delincuencia común; y estaba comprometido en participar en la concreción de tales propuestas.
Severidad. Uno de los gremios empresariales que integra el CCDP es la Cámara de Comercio de Lima (CCL), cuyo primer vicepresidente, Hernán Lanzara, afirmó que para enfrentar al crimen organizado se necesita un plan efectivo liderado por la presidenta Dina Boluarte.
Así, exhortó a las instituciones y a la sociedad colectiva a unir esfuerzos para combatir la delincuencia, que genera un alto costo en vidas, poniendo en riesgo la seguridad y el libre ejercicio del trabajo.
“La inseguridad ciudadana sigue creciendo en nuestro entorno, por lo que demandamos a los Poderes del Estado a revisar de manera urgente las últimas modificaciones a la legislación vigente que abren el camino a la impunidad de la delincuencia organizada”, señaló Lanzara.
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), en base a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Perú pierde más de S/30,000 millones al año por la delincuencia.
El CCDP la integran, además, la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Exportadores, la Cámara Peruana de la Construcción, la Confederación General de Trabajadores del Perú y la FTCCP.
Empresarios y centrales sindicales exigen al Gobierno poner fin a ola criminal
Condenan asesinato de dirigente sindical. Demandan también a la Fiscalía y al Poder Judicial asumir un real compromiso contra la inseguridad, que hace perder S/30,000 millones al Perú anualmente