Empresas investigadas se acogen lentamente a Ley Anticorrupción

Actualizado el 18/06/2018, 05:20 p.m.

Hace poco más de un mes se reglamentó la Ley 30737, que reemplazó al Decreto de Urgencia 003 (D.U. 003) y alcanza a las empresas que se declaren culpables por corrupción (solo Odebrecht), las que se hayan asociado con esta y todas las investigadas por este delito. Si bien el objetivo de reactivar proyectos paralizados y dar más garantías a la banca es un logro reconocido por el sector financiero, la reparación civil en favor del Estado todavía no se concreta.

ODEBRECHT, GRAÑA Y OTRAS

De las tres categorías fijadas por la ley, Odebrecht es la única en la Categoría 1 (confesión de culpabilidad) y su fideicomiso se creó el 2017, cuando estaba en vigor el D.U. 003. Según un informe de Apoyo & Asociados realizado para Trasvase Olmos, el fideicomiso retuvo fondos por más de $501 mil, pero en virtud de una garantía soberana, el año pasado estas retenciones se extornaron en dos tramos. De concretarse la venta de este proyecto, a Brookfield y Suez, el 50% de la venta deberá ir a este fondo.

En el caso de Graña y Montero, investigada por su asociación con Odebrecht en IIRSA Sur, la compañía estima que $41 millones irán al fideicomiso. En una nota agregada a sus estados financieros, detallaron que también están comprendidos en el caso “Club de la Construcción”, pero que en conjunto su contingencia no excedería los $51 millones.

IIRSA Sur también compromete al Grupo JJC, que tuvo 7% de participación en el proyecto y ya tiene un monto fijado, según adelantó su director ejecutivo en Semana Económica.

El caso Interoceánica también afecta a ICCGSA, que participó con un 4% y asegura estar en proceso de formar el fideicomiso. “La conformación del fideicomiso para garantizar al Estado el pago de una eventual reparación civil no afecta la operación de la empresa”, dijeron a Correo.

Distinto es el caso de Obrainsa, compañía que niega sociedad alguna con Odebrecht; sin embargo, el Ministerio de Justicia decidió incluirla en la Categoría 2. “Hemos adoptado medidas legales inmediatas para corregir dicha situación”, expresaron en una misiva enviada a la SMV.

Para monitorear los avances en esta ley, el Gobierno creó una comisión de seguimiento a fines de mayo, pero todavía no se ha nombrado a ningún miembro.