Los industriales pagarán tarifa de agua subterránea fijada por Sedapal
Los industriales pagarán tarifa de agua subterránea fijada por Sedapal

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) ratificó la vigencia de la tarifa de las aguas subterráneas, las que en diciembre del 2017 estableció Sedapal, las mismas que deberán pagar los usuarios no agrarios de fuente propia (embotelladoras, textiles, centros comerciales, industria láctea, entre otros).

Señala el regulador que la tarifa establecida por Sedapal busca que los usuarios no agrarios, principalmente industriales, paguen los costos que viene afrontando para poner a su disposición las aguas subterráneas, los cuales venían siendo cubiertos por todos los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado conectados a la red de Lima y Callao.

También busca que se mantengan las condiciones de equilibrio en los acuíferos de los ríos Chillón–Rímac–Lurín, que constituyen la principal reserva de agua de Lima y Callao, por lo que debe ser conservada y gestionada para asegurar su sostenibilidad, así como enfrentar eventuales crisis hídricas o catástrofes.

La ratificación de esa tarifa se dio frente a la interposición de recursos de reconsideración, para que deje de tener efecto, por parte de gremios empresariales y empresas industriales y de servicios, así como Lima Aiport Partners (LAP), concesionario del aeropuerto Jorge Chávez.

Sunass desestimó esos recursos porque corroboró que la tarifa aprobada es resultado de la estricta aplicación de la metodología previamente definida y de la participación de la ciudadanía –tanto en la audiencia pública como a través de comentarios escritos respondidos en su oportunidad-, cuyas propuestas técnicas tuvieron incidencia directa en la definición de la tarifa final.

El regulador recordó que aún hay un gran número de usuarios no agrarios de fuente propia (usuarios industriales y comerciales), “que se resisten a pagar a Sedapal la tarifa por monitoreo y gestión de aguas subterráneas, valiéndose de resoluciones del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional (que datan de hace varios años) que las exoneraron de todo pago, promoviendo así la explotación irresponsable de los acuíferos y la generación de una situación de grave riesgo para la población de Lima y Callao”.