El año pasado, la inversión pública cayó 17.7% y la privada se contrajo 16.5%, mientras que la brecha en infraestructura superó los 363 mil millones de soles.

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Frente a ese panorama, los planes de gobierno de los partidos político en carrera a Palacio de Gobierno coinciden en prometer el cierre de la brecha y en alcanzar –entre otras metas– la cobertura al 100% de los servicios de agua y saneamiento en todo el territorio nacional.

¿Cómo y de qué manera?

Victoria Nacional de George Forsyth, Podemos Perú (PP) de Daniel Urresti y Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña apuntan a la creación de un ministerio –de infraestructura, de fomento o de obras públicas– enfocado en la agilización de los proyectos a ejecutar.

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En tanto, Acción Popular (AP) de Yonhy Lescano y Victoria Nacional también han puesto el foco en la Ley de Contrataciones Públicas, ya sea mediante una reforma –como lo plantea Forsyth– o una nueva legislación, como lo propone el partido de la lampa.

Estos cuatro partidos, al igual que Fuerza Popular (FP) de Keiko Fujimori y Juntos por el Perú (JP) de Verónika Mendoza, prometen alcanzar la cobertura al 100% de los servicios de agua y saneamiento en todo el país.

No obstante, JP plantea un nuevo modelo de asociación público–privada (APP), en el que todas las concesiones sean por iniciativa pública y ya no privada.

¿VIABLES O NO?

Sobre el planteamiento de Juntos por el Perú, la economista Claudia Sícoli, directora de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC, sostiene que debido a que la apertura de la competencia genera mejores precios/ofertas en el mercado, el “concretar proyectos bajo el formato de APP permite generar sinergias entre el Gobierno y el sector privado, así como eficiencia y celeridad en la ejecución de las inversiones”.

Tomando en cuenta que los partidos políticos han prometido casi al unísono una cobertura al 100% de los servicios de agua y saneamiento en todo el país, Mariella Sánchez, directora ejecutiva del Fondo de Agua para Lima y Callao (Aquafondo), advierte que con un crecimiento poblacional exponencial -como el que experimenta una ciudad como Lima- “difícilmente” se va a cerrar la brecha en el sector agua y saneamiento.

Con relación al posible ministerio de infraestructura, de fomento o de obras públicas, Eduardo Escobal, consultor internacional en APP e infraestructura, y la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) coinciden en señalar que, independientemente de su creación, urgen modificaciones al marco normativo para avanzar con la ejecución de los proyectos.

El también docente de ESAN apuesta por una “reforma revolucionaria del sistema de elaboración de estudios y de ejecución de proyectos”, y por una adecuada gestión de expropiaciones.

AFIN sostiene, por su parte, que “el enfoque debe estar en los sectores de salud y educación, así como en la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura, que tiene inversiones por 25 mil millones de dólares (sin IGV), los que pueden reactivar económicamente el país y generar miles de puestos de trabajo”.

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