El incremento de la inseguridad ciudadana en el país está poniendo contra la pared a los más vulnerables, entre ellos los bodegueros, miles de los cuales se vieron obligados a cerrar sus negocios por no poder hacer frente a las extorsiones.

Al respecto, el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), Jorge Solís, señaló que el incremento de la criminalidad está impactando directamente a las cajas municipales.

Ello, según explicó, está dificultando una mayor inclusión, considerando que sus potenciales clientes son las micro y pequeñas empresas (mypes).

Trabas. Al respecto, manifestó que se han reportado casos de extorsión y amenazas dirigidas no solo a comercios, sino también a analistas de crédito, principalmente en las zonas periféricas de Lima.

Los analistas de créditos, refirió Solís, tienen un papel fundamental en la evaluación y otorgamiento de créditos.

Por ello, según dijo, las amenazas y extorsiones dirigidas a los analistas de crédito están dificultando la evaluación de los préstamos y podría limitar el acceso al financiamiento a las mypes.

Informal. En ese sentido, preocupa a a Solís que la banca informal (casas de empeño y otros) y el denominado “gota a gota” tengan hoy una fuerte participación en la torta del mercado microfinanciero.

“Una consecuencia es el aumento de gastos operativos. Nosotros estamos regulando nuestra vigilancia de agencias, donde tenemos cajas fuertes y la gente va con dinero porque todavía hay transacciones en ventanillas, sobre todo en nuestro segmento de micro y pequeñas empresas”, anotó.

Comentó que el sistema de cajas invirtió S/10,000 millones en seguridad y que estos costos operativos se trasladan al producto financiero (créditos).