La criminalidad tiene un impacto muy fuerte en el sistema financiero del país, tanto que la inclusión financiera retrocedería cinco años, con pérdidas de S/ 10 mil millones en colocaciones, advirtió el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), Jorge Solís.

Tanto que hace retroceder los créditos entre las micro, pequeña y medianas empresas (mipymes) y se estima que caerían 12%, teniendo mucha incidencia en los distritos limeños del cono norte.

Es porque los principales demandantes de microcréditos (transportes, bodegas, inmobiliario, construcción), son víctimas de extorsión y reducen sus demandas de créditos.

También porque la criminalidad impone el pago de cupos a los representantes de las entidades microfinancieras que van a las zonas difíciles donde está la gente, principalmente informal, a la que las cajas municipales atiende con créditos.

Por ello, la persona informal se ve atrapada en el crédito denominado “gota a gota”, cuyas tasas de interés son muy altas y que ya estaría movilizando S/ 4 mil millones, convirtiéndose en una banca paralela.

Demanda

Solís dijo que para frenar la criminalidad se debe derogar las leyes pro crimen, como el que dispone detener a una personas solo cuando se le sorprende en flagrancia (en pleno delito).

También demanda que el Estado otorgue garantía a los microcréditos de personas muy vulnerable a las extorsiones.

Así, explicó en una conferencia de prensa, que ante el avance de la criminalidad, existe el riesgo de que 250 agencias microfinancieras cierren sus puertas por extorsiones, amenazas y atentados (como fue el caso de un cajero de Caja Huancayo).