El informe titulado “Redes y economías criminales: la cara oculta detrás de los productos eléctricos ilegales”, del Observatorio de Productos Eléctricos Ilegales, advierte que las economías criminales vinculadas al comercio ilegal de productos eléctricos se desarrollan en entornos donde persisten desafíos relacionados con la fiscalización, la informalidad y la capacidad de control.

En ese contexto, factores como la inestabilidad política y las brechas institucionales registradas en la última década habrían generado condiciones complejas para enfrentar este tipo de actividades ilícitas en distintos sectores.

Según el Índice Global de Crimen Organizado 2025, Perú ocupa el segundo lugar a nivel mundial en comercialización de productos falsificados, detrás de China y Paraguay que empatan en el 1er lugar.

El índice también señala que las falsificaciones figuran entre los delitos ilícitos de mayor crecimiento en el mundo, consolidándose como una actividad ligada a redes criminales cada vez más sofisticadas.

En Perú, las economías ilegales moverían alrededor de $ 31 mil millones, equivalentes al 8% del PBI nacional.

ELÉCTRICO

Así, la falsificación relacionada al sector construcción representaría unos $ 700 millones, de los cuales cerca de $ 60 millones corresponderían al mercado de productos eléctricos: $ 20 millones en el segmento industrial y $ 40 millones en el residencial, un sector vulnerable a los productos eléctricos falsificados.

Según el informe, las redes criminales operan mediante mecanismos difíciles de detectar y, en muchos casos, unidos a la corrupción.

“Los productos ingresan al mercado sin controles efectivos y son comercializados como artículos ‘seguros’, ‘económicos’ o ‘de calidad’, pese a tener un ADN ilegal, falsificado o subestándar pudiendo ocasionar cortocircuitos, incendios y accidentes eléctricos en viviendas, comercios e industrias”, precisa el informe.

Es así que el Observatorio propone que medir los niveles de incautación, las pérdidas económicas y los accidentes asociados permitiría dimensionar no solo la evasión tributaria, sino también el costo real que esta economía criminal genera para el Estado y la ciudadanía.

Concluye que el mercado de productos eléctricos ilegales se sostiene sobre una triple estructura: 1) redes criminales que abastecen y distribuyen la oferta ilícita, 2) consumidores que, priorizan el ahorro inmediato sin dimensionar los riesgos a los que se exponen diariamente y 3) un estado resiliente, contribuyendo así a la permanencia de este mercado criminal.