La Procuradora Pública Adjunta a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Zayda Suárez Aguilar, en carta dirigida al Tribunal Constitucional (TC) le pidió un mayor plazo para emitir el nuevo reglamento para pagar la deuda agraria a más de 300 mil bonistas, que esperan desde hace más de 55 años.

El TC hizo eco de la demanda de Mónica Jimena Burga Fernández contra Magistrados de la Primera Sala Civil de Lambayeque y el MEF, pidiendo hacer los pagos, y otorgó al MEF (enero 2026) un plazo de 60 días, que venció el último 5 de mayo.

Suárez indicó que “encontrándose el expediente aún en sede del TC”, informó la imposibilidad material de cumplir el mandato contenido en la sentencia, en 60 días.

Por ello, pidió “se sirvan disponer” que el plazo de cumplimiento “pueda ser adecuadamente modulado en etapa de ejecución por el juez competente, o bien precisar un plazo razonable adicional”.

Dificultad

Así, refirió que se encuentra impedida de acudir ante el juez de ejecución, pese a encontrarse en curso el plazo fijado en la sentencia, que genera un riesgo cierto de incurrir en un incumplimiento no imputable.

Por ello, solicitó de forma excepcional y preventiva, un mayor plazo “en resguardo de los principios de buena fe procesal, de colaboración con la justicia constitucional”.

Al respecto, el asesor legal de la Asociación de Bonistas de Deuda Agraria, Mario Seoane, recordó que el TC ya había dispuesto en 2013, el pago a los bonistas, pero el MEF debía hacer el cálculo del valor de las tierras expropiadas.

Pero la fórmula que aplicó el MEF arrojó cero soles, lo que fue declarado inconstitucional por el TC y le ordenó hacer una nueva fórmula, aplicando un valor actualizado de los bonos

El monto a pagar a cada bonista está sujeto al número de hectáreas expropiadas. El importe total a pagar sería de unos S/ 3,000 millones.