MEM: El Estado se defenderá si le inician arbitraje por el gasoducto

En su presentación ante la comisión de Energía y Minas del Congreso, el ministro de Energía y Minas (MEM), Gonzalo Tamayo, afirmó que en caso el consorcio responsable del gasoducto del sur del Perú (GSP) decida interponer un arbitraje al Perú, el Esstado está preparado para defenderse, usando todos los mecanismos legales que correspondan.

“En caso la empresa decida interponer un arbitraje al Estado, estamos preparados para defendernos, usaremos todos los mecanismos legales que correspondan para salvaguardar los intereses del país. Cuando las empresas se sienten afectadas porque hay mucho dinero de por medio, es posible que surjan leguleyadas. Estaremos atentos”, precisó.

Al respecto, el titular del MEM manifestó que su sector ha iniciado una lucha frontal contra la corrupción y colabora de forma efectiva con la Fiscalía, la Procuraduría y con las comisiones investigadoras del Congreso de República, en el proceso de investigación que existe sobre el proyecto del GSP.

De otro lado, ante ese grupo de trabajo del Congreso, Tamayo que afirmó que el Estado, tras el fin de la concesión del Proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, por el incumplimiento de la concesionaria de lograr el cierre financiero en el plazo contractual (23 de enero), cobró la penalidad total de las garantías de fiel cumplimiento.

“Hemos concretado el cobro de la carta fianza más grande de la historia del país, el consorcio Gasoducto Sur Peruano pagó al Estado 262 millones 500 mil dólares en sólo tres días”, precisó.

Explicó que la Garantía de Fiel Cumplimiento original era de $ 350 millones, pero este monto fue reducido por el Gobierno anterior, porque el contrato permitía que el concesionario solicite la reducción de la fianza, cada vez que ejecutaba avances del 25% de la inversión respecto a las obras comprometidas, las mismas que fueron aceptadas el 15 de julio del 2016.

“Con la cancelación de este contrato que costaba una gran cantidad de dinero a los consumidores, afectamos intereses económicos enormes. Todo este tiempo hemos sido firmes en nuestra posición, rechazamos cambiar la cláusula anticorrupción, no cedimos ante una solicitud de ampliación de plazo para el cierre financiero y conforme lo establecía el contrato cancelamos la concesión”, comentó.