Así como la minería formal ha crecido geográficamente en los últimos 20 años, también lo ha hecho la amenaza de la ilegalidad -la extracción que se realiza en espacios prohibidos- e informalidad de esta actividad -especialmente la aurífera-, lo que genera graves estragos ambientales y sociales, los que son prácticamente irreversibles.

Aunque hay esfuerzos para enfrentar ambos problemas, estos resultan insuficientes, dado que la producción ilegal de oro ya representa el 25% del total formal; es decir la cuarta parte, advierte Rómulo Mucho, exviceministro de Minas.

“Se calcula que la producción de oro ilegal alcanza, como mínimo, las 20 toneladas al año”, agrega.

Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) coincide con dicha estimación y revela que en términos de impacto económico este negocio, que actúa al margen de la ley, mueve entre 1,000 millones de dólares y 1,300 millones de dólares cada año, monto que ha aumentado en función a la cotización del oro (1,700 dólares la onza) y en la medida que se han abierto nuevas zonas con operaciones ilegales más allá de Madre de Dios, como en Puno, La Libertad, las provincias de Palpa y Nasca, en Ica; Caravelí y Chala, en Arequipa; y Lucanas en Ayacucho, entre otras.

MEDIDAS

Gálvez sostiene que la minería informal no desaparecerá porque es una alternativa de vida que mueve la microeconomía, y menos en estos momentos en los que los minerales tienen un alto precio, lo que hace mucho más atractivo, por ejemplo, a un agricultor dedicarse a esta actividad antes que a cultivar la tierra.

No obstante, para poder dar pasos firmes en pro de la formalización es necesario crear un nuevo marco normativo que derogue los decretos anteriores -que no han funcionado- y trabajar en un plan a mediano y largo plazo.

“Definitivamente, se necesita un replanteo y nuevos objetivos para poder avanzar”, indica el especialista.

Aunque recientemente el Gobierno anunció que se trabajará en la formalización de 11 mil mineros, Gálvez sostiene que se debe precisar en qué consistirá tal proceso y cómo se realizará.

Asimismo, precisa que se debería retomar la labor que realizaba en años pasados el Banco Minero, el que estaba orientado al fomento de la pequeña y mediana minería y dar asesoría técnica, lo que empezaba con la titularidad de la propiedad minera.

“Si lo que se quiere es tener un país de empresarios y emprendedores, se tiene que dar ese primer respaldo y orientación”, recomienda.

Por su parte, Mucho puntualiza que es necesario que se cuente con un personal idóneo y especializado que conozca los problemas reales ‘in situ’ para llevar a cabo el proceso de formalización.