El Instituto Peruano de Economía (IPE) revisó las propuestas para combatir la minería ilegal de las dos fuerzas políticas que disputarán la Presidencia de la República en una segunda vuelta electoral, el próximo 7 de junio.

Esa revisión la hizo en base a siete ejes prioritarios como son formalización, trazabilidad, fiscalización, desarrollo alternativo, coordinación interinstitucional, cooperación transfronteriza y presencia del Estado.

Ello, considerando que en 2025, las exportaciones de oro ilegal superaron los $ 11,500 millones, 6,5 veces mayor que el de hace una década y 55% superior al de 2024. “Esta expansión también se refleja en el sistema penal y financiero”, precisó el IPE.

En ese sentido, señaló que Fuerza Popular (FP) presenta propuestas alineadas en seis ejes, mientras que Juntos por el Perú (JP) solo en dos.

“En el eje de formalización, la omisión más grave es que ninguno de los dos partidos propone eliminar el Reinfo ni establecer plazos improrrogables, pese a que solo el 2.4% de los inscritos ha logrado formalizarse en más de una década”, anotó

Inclusive, señaló, las bancadas de los dos partidos votaron a favor de su quinta prórroga consecutiva en diciembre de 2025.

Anotó que JP plantea basar la formalización en cooperativas y ‘parques mineros’ bajo tutela estatal, replicando un modelo boliviano cuestionado: en 2017, “las cooperativas de ese país habrían producido el 99% del oro registrado, pero solo explicaron el 0.6% del valor exportado, lo que evidenciaría su uso como mecanismo de blanqueo según la Fundación Milenio de ese país”.

TRAZABILIDAD

El IPE aseveró que en trazabilidad, JP propone la exclusividad estatal en la comercialización, que es perjudicial porque desnaturalizan la función del Estado y, sin trazabilidad robusta, terminaría legitimando la producción ilegal.

Pero FP y JP coinciden en reducir plazos de concesiones mineras: JP plantea recortar el plazo de caducidad de 30 a 5 años, FP propone plazos obligatorios de exploración.

“Ninguna de estas propuestas resulta técnicamente adecuada para fortalecer la presencia del Estado en territorios afectados por la minería ilegal. Estas medidas desconocen que un proyecto minero tarda en promedio 40 años en iniciar producción e introducen una incertidumbre jurídica que desincentiva la inversión formal y facilita la ocupación ilegal del territorio”, manifestó.

El IPE señaló que JP, además, propone aumentar regalías y revisar contratos, pese a que el Perú ya registra una carga fiscal minera superior a la de Chile y Australia, según el FMI.

“Es preciso recordar que hacer más complejo el camino para ser formal solo hace más fácil el camino para las actividades informales e ilegales”, anotó.

Indicó el IPE que el próximo gobierno enfrentará una minería ilegal consolidada y altamente rentable por lo que revertir esta dinámica exige una estrategia integral que combine formalización con plazos creíbles, trazabilidad robusta, fiscalización sostenida, presencia estatal real en territorios capturados y cooperación transfronteriza.

“De no avanzar en esa dirección, se consolidará un problema que ya erosiona el fisco, el medio ambiente y la competitividad del país”, precisó.