Mineros ven riesgo de que inversiones se frenen ante nueva ley propuesta en el sur

A pesar de Quellaveco y Mina Justa, monto destinado a la exploración retrocedió 17% en el primer semestre
Mineros ven riesgo de que inversiones se frenen ante nueva ley propuesta en el sur

Mineros ven riesgo de que inversiones se frenen ante nueva ley propuesta en el sur

03 de Septiembre del 2019 - 09:10 » Textos: Redacción multimedia

Si bien entre enero y junio de este año el total de la inversión minera tuvo un crecimiento de 26.2%, la mayor parte se explica por los proyectos Quellaveco (Moquegua), a cargo de Anglo American, y Mina Justa (Ica), que maneja Marcobre; la exploración minera ha retrocedido. Los $158 millones invertidos, hasta junio, son 17% menos que los $191 millones del 2018.

Estas cifras empeorarían, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en caso de prosperar la propuesta de una nueva Ley General de Minería realizada por los gobernadores de la Mancomunidad Regional del Sur.

“Esa iniciativa desencadenaría la paralización de la exploración en circunstancias en que ya registra una caída mayor al 50% en los últimos cinco años, y de 17% en el primer semestre del 2019”, indicó Manuel Fumagalli, presidente de ese gremio.

Estabilidad jurídica

Explicó que la exploración permite encontrar los yacimientos que se convertirán después en minas y, de eliminarse el régimen de devolución definitiva del Impuesto General a las Ventas (IGV), como plantean los gobernadores, este rubro sería el primero en caer.

El gremio consideró que la alteración del régimen de concesiones y derechos mineros en el territorio nacional le restaría competitividad al Perú como destino de inversión minera y afectaría la estabilidad jurídica del país.

Entre las propuestas que hasta ahora se han hecho públicas, consideró que elevar la retribución del Estado al 80% de las utilidades puede considerarse una “expropiación encubierta”.

Fiscalización

Sobre el pedido de que la fiscalización ambiental quede en manos de las regiones, indicó que eso debilitaría los mecanismos que ahora están a cargo de una institución técnica como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

“Los gobiernos regionales buscan asumir la fiscalización de la gran y mediana minería cuando ya su capacidad ha sido desbordada en su atención a la pequeña minería y a la minería artesanal. Con esa iniciativa ponen en riesgo la supervisión ambiental y el combate a la extracción ilegal de minerales”, precisó. 

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