La situación financiera de Petroperú es insostenible por lo que el directorio de la empresa aprobó medidas drásticas para evitar declararla en quiebra. No obstante su deuda (estimada en $8,500 millones) supera al valor de sus activos (unos $1,645 millones).

Una de esas medidas es el traslado de su personal a Talara, donde está su principal activo, la renovada refinería, cuya operación se normalizaría en julio con el reinicio de operaciones de su unidad de flexicoking.

La refinería de Talara ha generado las mayores deudas de la empresa y la obligó a pedir más de un rescate financiero al Ejecutivo que se negó al último requerimiento (por $2,200 millones) que era, principalmente, para mantener su operación comercial (venta mayorista de combustibles).

César Gutiérrez, expresidente de la petrolera, dijo a Correo que le preocupa cómo se seleccionará la empresa que administrará Petroperú y a la inmobiliaria que venderá sus inmuebles, entre ellas la sede principal de San Isidro.

Transparente. Gutiérrez consideró que el traslado a Talara “llevará a muchas renuncias, que disminuirán el número de trabajadores, es una medida necesaria”.

“Lo que preocupa es cómo se designará a la empresa que administrará la petrolera, así como a la inmobiliaria que se encargará de vender sus inmuebles”, comentó.

En ese sentido, señaló que el proceso debe ser prolijo y transparente, pero, si se da por emergencia, se haría con las reglas de Petroperú, que no contempla estos criterios.

Gutiérrez indicó que para la venta de inmuebles se debe considerar la valorización de referencia y la selección de los corredores.

“Se necesita conocer con detalle cómo se hará el proceso, de lo contrario las suspicacias serán inmensas”, comentó.

También hay que tener en cuenta la selección del operador, considerando que se debe acotar su pago (por el servicio, los gastos administrativos y de ventas).

“La cifra tendrá que ser significativamente menor a los $300 millones, que es la cifra anual actual”, agregó.