El Gobierno aprobó el Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia N° 003-2026 para facilitar 2,000 millones de dólares a Petroperú y así garantizar sus operaciones porque por falta de capital de trabajo no asegura el abastecimiento de combustibles, principalmente en zonas donde es único distribuidor, como en las regiones de la Amazonía

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Arroyo, afirmó que no se trata de un rescate como los realizados anteriormente. “Por primera vez, el financiamiento no vendrá del tesoro público, no se tocará un sol de los impuestos de todos los peruanos”, sostuvo.

Según el director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, el aval es para proteger la estabilidad energética del país frente a un contexto internacional marcado por el incremento del precio del petróleo, restricciones de liquidez y presiones financieras sobre la empresa estatal.

Para ese propósito, explicó en RPP, se está creando la empresa Sociedad de Propuesta Específica (SPE), como una subsidiaria de Petroperú, para que canalice y administre los 2,000 millones de dólares, pero bajo la supervisión de Proinversión.

Salvataje

Al respecto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, precisó que la deuda que asumirá Petroperú deberá ser cancelada dentro de siete años, pero que, inclusive, podría pagarse antes de 2033, porque se confía en que Petroperú mejorará su marcha.

En conferencia de prensa en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), manifestó que “se está asegurando que tenga los fondos suficientes para que pueda seguir operando. Pero no es un salvataje. Hemos establecido condiciones para el uso de esos recursos“.

Fue en alusión a los cuestionamiento que se le formula al Ejecutivo por entregar fondos sin límites a la petrolera estatal, cuya situación empresarial es de profunda crisis, pues carece de capital de trabajo y acumula deudas por más de 5,000 millones de dólares, principalmente por la ampliación y modernización de la refinería de Talara, que muy a pesar de la empresa no está dando los resultados que se esperaba: ser su motor.

“No son recursos de libre disponibilidad de Petroperú. Estaremos detrás de ellos, ProInversión, el Ministerio de Energía y Minas, además del Ministerio de Economía y Finanzas”, explicó.

Sobre el particular, el titular de la PCM, Luis Arroyo, señaló que Petroperú seguirá siendo una empresa estatal, pero su gestión debe cambiar para ser más sostenible.

“Este Gobierno de transición ha asumido un compromiso: no repetir los errores del pasado. Estamos garantizando el abastecimiento de combustible, protegiendo la estabilidad económica y, al mismo tiempo, cuidando el dinero de todos los peruanos”, afirmó.

Exclusivo

En ese sentido, el director ejecutivo de Proinversión señaló que la SPE cumplirá la función de fiduciario de los 2,000 millones de dólares que se destinarán, según el DU, específicamente como capital de trabajo de la petrolera estatal. Es decir, no deberá ser destinado para otros fines.

“La norma marca un punto de quiebre respecto a los modelos anteriores de financiamiento y representa una innovación financiera en la gestión de empresas públicas. Por primera vez, el esquema no contempla recursos del Tesoro Público ni el uso de impuestos de los peruanos para sostener la operación de la empresa”, precisó Del Carpio.

Agregó que de esa forma se deja atrás el modelo histórico de rescates fiscales y se reemplaza por financiamiento proveniente de banca privada internacional bajo supervisión técnica de Proinversión.

“Se habilitará una línea de financiamiento de hasta 2,000 millones de dólares provenientes de la banca internacional bajo un esquema de compromiso contingente. Se constituirá un vehículo de propósito especial (SPE) con un mecanismo de administración supervisada y una gobernanza técnica a cargo de Proinversión, que tiene la confianza de la banca internacional”, refirió.

De esa forma, prosiguió, aseguramos que los recursos (los 2,000 millones) se utilicen exclusivamente para garantizar la continuidad operativa de Petroperú, que en la actualidad tiene deudas por pagar por petróleo que ha recibido para refinar en Talara.

Garantía

Por su parte, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, consultado por Correo sobre el tema, precisó “que se procura mediante la norma dar mayor seguridad al uso de los recursos porque, efectivamente, un fideicomiso tiene legalmente la virtud de blindar su utilización y destinarlos para el uso para el cual se formuló la norma”.

“La norma es legal, requiere un cumplimiento, requiere mucha responsabilidad, pero una ley puede cambiar otra ley. Creo que también es positivo que no se ha dado una garantía explícita, pero obviamente al cabo de siete años (cuando se debe pagar los 2,000 millones), si Petroperú no tiene la capacidad de generar ingresos para poder pagar la deuda, el que asumirá la deuda será el Ministerio de Energía y Minas (Minem), porque se constituye como el garante, pero, al final, volteará al MEF y le va a solicitar recursos”, comentó.

Al final, prosiguió, el Estado acaba siendo una garantía implícita, “Lo que sigue ocurriendo en la empresa es que no hay ningún avance en lo que genera la insolvencia, que es el mal manejo de la empresa, su falta de transparencia y su pésimo gobierno corporativo”, afirmó.

Castilla basó su comentario porque “ninguno de los decretos de urgencia aprobados han sido cumplidos”.

Entonces, prosiguió, no veo tanto el problema en el supervisor por acción (Proinversión), sino veo el problema en que nada de fondo está cambiando en la forma en cómo se maneja Petroperú. “Igual, el problema de fondo sigue siendo el mismo: una empresa pública insolvente, manejada con móviles políticos y no con móviles empresariales”, precisó.

El Ejecutivo, bajo la administración de Dina Boluarte y José Jerí, emitieron decretos de urgencia para reestructurar Petroperú, considerando su situación financiera, venida a menos con la ampliación y modernización de la refinería de Talara.