No solo unidades mineras que operan en el Corredor Minero del Sur, entre ellas antapaccay (Cusco), han sido blancos de ataques de parte de protestantes violentos, sino también empresas agroexportadoras que operan en Ica, durante los 22 días de convulsión social que soporta el país en este nuevo año.

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Al respecto, el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agropecuarios del Perú (AGAP), Alejandro Fuentes, denunció que muchas personas que trabajan en las empresas agroexportadoras son conminadas por los protestantes a dejar de laborar, de lo contrario, los golpean.

Por ello, la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) invocó al Gobierno disponer, según la ley, el estado de sitio en los principales focos de producción para controlar la violencia y no afectar la economía nacional, “como es el caso del agro, la minería, el turismo, entre otros”.

Crítica. De no hacerlo, agregó, sería no valorar a quienes trabajan, invierten y producen en el país.

“Creemos que el gobierno aún es consciente de que la sostenibilidad del sistema democrático pasa por una economía en paz”, señaló.

El gremio cree que la presidenta Boluarte debe definir su posición política frente a la violencia porque la contención en sí misma no es una forma de gobierno.

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Favio León, presidente de ASPPOR, afirmó que si la violencia sigue será incontrolable y no se garantiza la seguridad individual ni la libertad de trabajo porque contener desmanes no prepara el terreno para ningún diálogo ni es un disparador de negociaciones, todo lo contrario, aumenta la violencia, se afecta a los trabajadores y al final, origina el descontento y la depresión de los inversionistas.

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