El 69% de pequeñas y medianas empresas (pymes) identifica a Sunat como la entidad cuyas fiscalizaciones generan mayor impacto negativo en su operación, según el estudio “Empresas y Estado: Diagnóstico de barreras y oportunidades para la formalización y el crecimiento”, elaborado por Ipsos Perú por encargo de ComexPerú

Inclusive, cuestionan la forma en que las fiscaliza. El 40% considera que tiene un carácter principalmente sancionador. Además, el 88% señala que los criterios o interpretaciones de los fiscalizadores de Sunat cambian con alguna frecuencia.

“Una fiscalización poco predecible eleva costos de cumplimiento y puede terminar convirtiéndose en una barrera adicional para crecer dentro de la formalidad”, señaló Patricia Rojas, Public Affairs Senior Director de Ipsos Perú.

Grandes

El estudio también recoge desafíos vinculados a los costos que implica la contratación formal. El 77% de las pymes considera que sus aportes superan los beneficios que reciben mediante los servicios públicos. También se recogen cuestionamientos sobre la calidad del servicio brindado por EsSalud”, anota.

Además, según el estudio, el 82% de grandes empresas tienen igual percepción de la Sunat; el 47% señala que los inspectores de Sunat cambian de criterio con frecuencia durante los procesos de auditoría.

El 80% califica como mala o muy mala su capacidad para cruzar información y evitar duplicidad de trámites; el 68% identifica la dificultad legal para desvincular personal por bajo desempeño como su mayor barrera laboral.

Coima

De otro lado, según el mismo estudio, el 26% de grandes empresas indicó que se le solicitó algún pago informal o coima en al menos una entidad pública, el último año.

“La interacción institucional evoluciona con el tamaño del negocio. La supervisión municipal inicial da paso a una fiscalización tributaria y laboral simultánea en los segmentos superiores. Este aumento en los puntos de contacto representa un reto adicional para el crecimiento de las empresas”, apuntó Rojas.

En tanto, ComexPerú plantea avanzar hacia una Nueva Formalidad, que ponga también el foco en las condiciones que enfrenta una empresa una vez que decide ingresar y permanecer en la formalidad.

“La fiscalización es indispensable, pero no puede convertirse en un costo adicional por ser formal. Si queremos ampliar la base tributaria, el Estado no puede concentrar sus esfuerzos en aumentar la presión sobre quienes ya cumplen”, dijo Jaime Dupuy, director del gremio empresarial.