Comprar o alquilar un inmueble representa un riesgo para muchos. Según Rafael Gonzales, abogado del Estudio Barrios & Fuentes Abogados, los casos de estafas inmobiliarias se han incrementado de forma alarmante en el Perú y las modalidades más comunes son la suplantación de identidad y la falsificación de documentos.

La Ley N° 30313, publicada en marzo del 2015, permite al ciudadano adoptar acciones destinadas a paralizar y contrarrestar los actos fraudulentos vinculados a inmuebles de su titularidad.

“La norma permite al ciudadano afectado por suplantación de identidad o falsificación de documentos, oponerse al procedimiento de inscripción registral ante el Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Púbicos y hasta solicitar la cancelación del asiento registral en caso ya se haya inscrito el inmueble a favor de un tercero, mediante el apersonamiento de notario, cónsul, juez, funcionario público o árbitro también afectado”, explica.

Con esta norma se busca evitar que malos funcionarios y personas naturales confabulen entre sí para dañar al propietario de un predio o inmueble, cuyo dominio ya está inscrito en los Registros Públicos.

Gonzales señala que antes la norma no era clara y los ciudadanos afectados debían denunciar previamente el acto delictivo. La Ley N° 30313 permite al propietario del inmueble afectado acudir ante la vía administrativa a fin de frenar los actos fraudulentos destinados a consumar la transferencia de inmuebles a favor de terceros.