Según lo señalado por el presidente Francisco Sagasti, el gobierno establecerá medidas de apoyo tributario para las empresas que se verán afectadas por las restricciones que dictó el Ejecutivo para las regiones consideradas en nivel extremo.

En clara atención a lo afirmado por el mandatario, Silvana Huanqui, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), considera que como parte de las medidas de apoyo complementarias que se aprobarán, se debe contemplar la suspensión del pago del Impuesto a la Renta (IR) por unos meses.

“Una parte del sector formal puede verse beneficiado por esta medida tributaria, pero no se trata de olvidar esta obligación sino de suspender su pago. El dilema del Estado será o la recuperación económica o la salud y eso se vuelve un poco más grave porque hablamos de una economía golpeada”, afirma.

Al respecto, Marilú Pedraza, socia del área de Impuestos del Estudio Rubio, considera que aunque la suspensión de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta siempre es una ayuda, más viable le parece la reducción de las alícuotas de los pagos a cuenta para este año.

“Lo más importante será siempre tener reglas claras”, y por eso no duda en preguntarse si “¿se van a suspender los plazos de las fiscalizaciones, reclamaciones o apelaciones de los informes orales programados durante esas fechas, los plazos para la entrega de documentación requerida o los plazos de prescripción?”.

OTRAS MEDIDAS

Adicionalmente, la especialista sostiene que para aminorar el golpe que significa la paralización (total o parcial) de las empresas formales, el Ejecutivo también debería diferir, por unos días, el pago del IGV debido a que –según explica– la morosidad en el pago de los clientes siempre crece durante las crisis.

“Sería importante hacerlo, pero como otra medida importante se debería reducir significativamente el interés moratorio, que es demasiado alto y vuelve impagable muchas deudas tributarias”, indica convencida de que al pequeño contribuyente que quiere subsanar sus deudas tributarias debería dársele un plazo para poder regularizar su situación sin multas y con un interés a una tasa preferencial.

En esa misma línea, Marilú Pedraza también se muestra a favor de que se elimine totalmente la facultad de la Sunat de interponer acciones contenciosas administrativas ante el Poder Judicial cuestionando las decisiones del Tribunal Fiscal. “Eso solo crea incertidumbre en el contribuyente, ya que no puede cerrar casos cuando los gana en el Tribunal y tiene que esperar muchos años con incertidumbre y una potencial contingencia. La estabilidad y las reglas de juego claras siempre son el mejor estímulo para la inversión”, anota.

Finalmente, Silvana Huanqui sostiene que considerando que la reactivación de la economía va a ser costosa, se debe barajar la posibilidad de flexibilizar algunas reglas fiscales, como elevar el límite de déficit fiscal, “para tener la solidez económica que nos permita tener un control de la pandemia”.