El Pleno del Congreso de la Repúblico ha dado inicio este jueves al debate de la autógrafa de ley que autoriza el retiro de hasta S/ 17,600 de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) luego de que fuera observada por el Poder Ejecutivo.
Durante la semana, los miembros de la Comisión de Economía habían alegado que estaban “contra el tiempo” ya que se buscaba agilizar la posible publicación del reglamento operativo para junio.
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Coincidentemente, el primer punto de la agenda del Pleno de hoy es la discusión del dictamen aprobado por la referida comisión, la cual ha recogido algunas de las observaciones hechas por el Gobierno.
Durante la sustentación del dictamen, el congresista Anthony Novoa afirmó que se han recogido algunas recomendaciones del Ejecutivo pero que “finalmente se trata de una ley que hará justicia a los aportantes activos y no activos”.
¿Qué cambios habrán en el retiro de AFP?
La norma inicialmente aprobada por el Legislativo planteaba autorizar el retiro de hasta 4 UIT (S/ 17,600) para todos los afiliados al sistema privado de pensiones (SPP) y el retiro del 100% para los mayores de 40 años que no registren aportes en los últimos 5 años.
Asimismo, se planteaba autorizar a los beneficiarios de una demanda alimentaria a acceder a los fondos del demandado para solicitar el porcentaje de dinero que disponga la sentencia judicial o el acuerdo convencional, no pudiendo exceder del 30%.
Si bien el Poder Ejecutivo sugirió que el retiro sea solo para los aportantes no activos, el Congreso ha decidido insistir con permitir el retiro para todos.
“No debe ser solo para quienes se hayan quedado sin empleo sino que debe ser facultativo a todos los aportantes de la AFP dado que la pandemia ha afectado a todos los afiliados de manera directa o indirecta”, dijo Anthony Novoa, presidente de la Comisión de Economía.
Por otra parte, sí se ha tomado en cuenta la propuesta de eliminar la disposición que autorizaba el retiro del 100% a los mayores de 40 años al considerar que estos “obtendrían una pensión bajísima”, según Novoa.
El Congreso también ha acogido la recomendación del Ejecutivo de no autorizar que los beneficiarios de la demanda alimentaria accedan a fondos de terceros ya que se trata de una medida inconstitucional.
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