Existen 2.615 entidades del Estado las que mantienen una deuda que asciende a más de S/15.838 millones [incluidos los intereses por pago tardío] con sus colaboradores por concepto de AFP, y son más de 636.000 los afectados, según información difundida por la Asociación de AFP (AAFP) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En ese sentido, las entidades del gobierno nacional -actualmente dirigido por Pedro Castillo- que más deben figuran el Ministerio de Educación, el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Ejército Peruano.

Por otro lado, en cuanto a los gobiernos regionales, encabezan la lista Junín, Piura, Puno, Cajamarca, Huánuco y Ayacucho. Asimismo, las municipalidades distritales más deudoras de Lima y Callao aparecen La Victoria, San Martín de Porres, Bellavista, San Juan de Lurigancho, Carmen de la Legua Reynoso, y Huaral.

De igual forma, los municipios de provincias que reconocen menos pagos a las cuentas individuales son Chiclayo, Pisco, Talara, Del Santa y Zarumilla.

Ante ello, en diálogo con Perú 21, el representante de la AAFP, David Tuesta, señaló que esto demuestra la “penetración de la informalización” en el Estado.

“Esta situación debería ser corregida, a través de una ley, para obligar a los empleadores del Estado a pagar. No es posible que, pese a que constitucionalmente debe garantizar una pensión para la vejez de los peruanos, sea el Estado el que no cumple”, manifestó.