Las empresas mineras formales no se oponen a la fiscalización del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), señaló el gerente general de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), Pablo de la Flor.

Pero, dijo que ninguna persona o institución debe ejercer presión contra la administración de justicia para conseguir fallos a su favor, en alusión a lo dicho por la presidenta del OEFA, Tessy Castillo, quien advirtió que si el Tribunal Constitucional (TC) falla a favor de dos empresas (Perubar y Cerro Verde), por el pago del Aporte de Regulación, tendrá que devolver S/ 696 millones a las mineras.

“Las empresas mineras formales no se oponen a las funciones de supervisión y fiscalización en materia ambiental, por parte del OEFA, pero sostienen que los cobros de estas tareas deben estar en función al costo real de las labores desempeñadas”, señaló para precisar que, actualmente, el Aporte por Regulación se calcula en base a las ventas de las empresas.

En esa línea, Pablo de la Flor recordó que en el año 2013 se creó el Aporte por Regulación, que tiene el carácter de un impuesto confiscatorio e inconstitucional a favor del OEFA.

Afirmó que las empresas mineras formales que trabajan en el país apoyan las labores de fiscalización ambiental que ha establecido el Estado peruano y son respetuosas del medio ambiente, descartando que el sector minero peruano busque la desaparición de este organismo de fiscalización. “Más bien consideramos que debe ser fortalecida para que afiance su trabajo técnico y profesional y permita un mejoramiento continuo de las prácticas de gestión ambiental en el país en beneficio de todos los peruanos”, comentó.