El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) rige desde el 2017 y no ha tenido los resultados esperados, a pesar de ampliarse su vigencia. Se inició con más de 90 mil inscritos, entre personas naturales y jurídicas y se formalizaron 2,100 del total, es decir, el 2.3%.

A pesar de los años transcurrido, no se ha logrado el objetivo de formalizar. El Congreso se encargó de su prórroga por más de tres veces. La cuarta y última vigencia tiene como plazo este 31 de diciembre y existen otras propuestas en el Legislativo para ampliarlo una vez más.

Frente a esa situación, el Colegio de Abogados de Loreto presentó una demanda inconstitucional contra otras prórrogas ante el Tribunal Constitucional (TC), que la admitió y mañana realizará la primera audiencia pública en la sede institucional de San Isidro.

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La demanda del citado Colegio contra el Congreso y el Poder Ejecutivo cuestiona la ampliación del Reinfo y de la norma que modifica el Código Penal en materia de minería ilegal.

Señala, además, que se generan zonas de impunidad y afecta el medio ambiente (caso río Nanay).

A mediados de octubre pasado, el Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley para una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) con el objetivo de poner plazos y medidas definitivas para facilitar la formalización minera.

Propone un proceso de consolidación para la formalización minera por un plazo de 18 meses, que regiría desde el 1 de enero del 2027 hasta el 30 de junio del 2028.

Esta última propuesta está dirigida a unos 31 mil mineros (tras la depuración de las lista de más de 90 mil inscritos) que tienen registros en proceso para la formalización.