1,200 familias viven en quebradas de Arequipa

En Arequipa 1,200 familias viven en quebradas invadidas, informó el jefe de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña, Alberto Osorio, luego de declarar que pese a que se pidió a los alcaldes frenar estas invasiones, la cifra aumentó en un 20% en los dos últimos años.

Según un estudio de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en el 2017 habían 1,000 familias, pero ahora llegan a las 1,200 y quizá más.

Esto se observa en las partes altas de los distritos de Cerro Colorado, Cayma, Mariano Melgar, Miraflores, Alto Selva Alegre y Paucarpata.

Alberto Osorio señaló que saldrán a verificar los planes de contingencia que ayer 24 municipios distritales y 7 provinciales presentaron ante el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer), para la temporada de lluvias.

El funcionario señaló que a fin de mes iniciarán visitas con la fiscalía para verificar si aplican sus planes y si frenaron las invasiones.

Anunció además que a las personas que estén ocupando quebradas o fajas marginales de los ríos, se les aplicará una multa pecuniaria que va desde los S/8,400 (2 UIT) a los S/21,000 (5 UIT). Si la invasión es de mayor magnitud, será de más de 5 UIT.

PUENTE. Osorio precisó que también ha pedido al Gobierno Regional de Arequipa retirar el puente Bailey entre Hunter y Tiabaya, ya que era una obra provisional hasta el 2017. De no hacerse, iniciarán un procedimiento sancionador. Este viaducto se ejecutó sin autorización de la AAA - Caplina Ocoña. De igual manera, precisó que la vía La Ribereña debe ser cerrada.

Las sanciones se aplican en base a la Ley de Recursos Hídricos, porque ocupan un cauce inactivo de quebradas.

FISCALÍA. Por su parte, la fiscal de Prevención de Delito, Cecilia Cordero, durante su participación en la reunión señaló, que se debería aplicar la vacancia a los alcaldes que no frenen las invasiones en zonas de riesgo, ya que la Ley de fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) así lo estipula. Ante ello, se evaluará si la Contraloría debe actuar u otra entidad, pues recordó que la labor de los alcaldes es fiscalizar las construcciones que se realizan en sus distritos, y si son terrenos del Gobierno Regional deben informarles para que procedan a desalojarlos. La semana pasada precisó que visitó dos asociaciones, una es Amipe, que se ubica en una quebrada entre Mariano Melgar y Paucarpata, la cual incluso tiene luz, ante ello se ha pedido un informe a Seal. Similar caso se vive en Cayma, con la Embajada de Japón zona B, donde vecinos invadieron un terreno destinado para un estadio, este tiene un plano vizado por la municipalidad que les autoriza solicitar a Seal un medidor.

DATO. Cecilia Cordero dijo que la Fiscalía Penal solicitó la exhortación que hicieron al exalcalde Manuel Vera sobre Villa Magisterial, es decir, una investigación..