2 años y aún no resuelven robo de hangar en base militar del Ejército

Actualizado el 15/01/2019, 09:01 a.m.

El 1 de abril del 2017, el general de brigada EP, Ángel Florencio Pajuelo Jibaja, jefe de Estado Mayor en la Tercera División del EP, Arequipa, se presentó ante la oficina de la Sección de Investigación Criminal de la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero para ratificar su denuncia respecto al robo de un hangar militar en la base del Ejército en La Joya.

La sustracción se produjo en marzo de ese año, pero recién se ponía de conocimiento a la autoridad policial en abril, cuando el técnico EP, Isaías Máximo Llallico Lozano, divisó en las inmediaciones del Avelino Cáceres un camión cargado con las estructuras cortadas de lo que fue el garaje del Ejército.

Desde entonces, han pasado casi dos años y ni el Ministerio Público ni Inspectoría del Ejército, han conseguido sanción para los culpables. Es más, desde agosto del año pasado, el proceso está paralizado en la Cuarta Fiscalía Superior Penal, a cargo del fiscal Santiago Irigoyen.

suceso. El técnico Llalico Lozano declaró ante la Policía de Bustamante y Rivero que, el 30 de marzo del 2018, a las tres de la tarde, llegó a la zona de construcción del Centro de Mantenimiento de Aeronáutica del Ejército Peruano, en la base aérea de La Joya, ubicada en el km 1012 de la Panamericana Sur, y notó que el hangar de 90 x 50 metros, de estructura de metal, cubierta de plástico y toldera gruesa, instalado en la zona, había sido cortado y robado, lo mismo que tres módulos de vivienda de material prefabricado y con techo de metal. El hecho fue comunicado por él a sus superiores, quienes le encargaron investigar lo sucedido. Es así como dio con el camión que portaba parte del lote sustraído.

Luego de la intervención al camión, se comprobó que la carga era parte de las estructuras de aluminio del hangar. Según se desprende de las investigaciones, a mediados de marzo, el llamado “Chatarrero”, Estalin Edwin Condori Rojas, llegó hasta la sede militar con un camión y en compañía de otros dos involucrados, desmontaron la estructura de metal de 100 x 50, la cortaron y la subieron al camión para llevársela. Nadie los detuvo ni notó lo que ocurría dentro de la sede militar. Parte de la carga fue vendida por Condori Rojas a Sandra Ramírez Calle, quien confió en la legalidad de la transacción. Fue cuando se trasladaba el lote a su depósito que el técnico Llalico, delegado para investigar los sucedido, vio al camión en el Avelino Cáceres.

SOSPECHOSOS

Hasta junio del 2018, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa recibió las testimoniales de los investigados Isaías Máximo Llallico Lozano, técnico del Ejército (quien dio cuenta de lo ocurrido en la Comisaría de Bustamante y Rivero), el chofer del tráiler en el que se halló parte de la estructura sustraída, Nicolás Llagua Bustinza; el conductor Dulio Bedregal Peralta (involucrado); el chatarrero que comercializó la carga, Estalin Edwin Condori Rojas; la compradora Sandra Ramírez Calle, además de los coroneles del Ejército César Alex Guerrero Rodríguez y César Gerardo Claudet Morote.

Ese mismo mes, el Tribunal Supremo Militar Policial abrió un proceso de investigación al coronel EP César Gerardo Claudet Morote (custodios del Hangar) y a algunos más, por presunto delito de desobediencia a la autoridad y otros en agravio del Estado y el Ejército del Perú. A cargo de las investigaciones estaba el coronel Fulgencio Gerbacio Galindo Ariza, fiscal supremo adjunto de la Vocalía Suprema Militar.

Sandra Ramírez fue apartada del proceso por la Fiscalía, pero pidió que se la incorpore como agraviada, esto a mediados del 2018, que es lo último que obra en la carpeta de investigación fiscal.