Abogada de Gerencia de Agricultura es parte de asociación agropecuaria irregular

La servidora de la Gerencia Regional de Agricultura, Joselyne Bustamante Uriarte, figura en el registro de personas jurídicas de la Sunarp como apoderada y representante para toda acción administrativa y legal de la Asociación Agropecuaria Señor de La Joya San Isidro, organización que tramita ante la misma entidad regional la compra directa de 630 hectáreas de tierras invadidas, de propiedad de los ministerios de Defensa y Agricultura.

Según se lee en la partida registral N° 11240815, la asociación fue inscrita el 15 de enero del año 2013, y en el primer consejo directivo figuran como directivos los padres de la mencionada empleada estatal, que labora en la oficina de Asesoría Jurídica. Daniel Ezequiel Bustamante Pizano aparece en la directiva en calidad de vicepresidente y Nelly Zulema Uriarte Cabrera de Bustamante, como vocal de capacitación y formación general. Como presidente está el servidor estatal Eduardo Clemente Luna Flores, quien labora en una entidad de servicio eléctrico.

Correo buscó la versión de la jefa de la citada funcionaria, Pamela Peñafiel, y como no se la ubicó personalmente, dos días después escuetamente y a través del teléfono, confirmó que tanto Bustamante como el esposo de esta, de apellido Prado, laboran en la institución estatal.

“Yo no puedo dar declaraciones, eso le corresponde al gerente regional, pero de ser cierto la versión que usted me consulta, sería un asunto muy delicado, muy grave”, dijo la abogada.

LO NIEGA. Informado del asunto, el gerente regional de Agricultura, Francisco Almeyda Cupe, indicó que Bustamante aceptó ser apoderada, aunque niega haber actuado en el cargo e incluso afirma que anuló esa encargatura, lo cual resulta dudoso porque la hoja registral obtenida por Correo data de hace dos meses, sin variantes desde el 2013.

Agregó que la subgerenta de Recursos Naturales, Elsa Pacara, le advirtió que el trámite de la Asociación Señor de La Joya San Isidro, no figura o ha sido rechazado. “El D.S. 026 establece que la formalización procede en forma individual, no en asociaciones, quienes ofrecen este tipo de titulación, están engañando a las personas”, advirtió Almeyda.

Correo tuvo acceso a comunicados firmados por Melina Choquehuanca Uriarte, prima hermana de Bustamante Uriarte, cuyo rol en la asociación de posesionarios sería cobrar cuotas.

Ella habría citado para el domingo 9 de abril una asamblea en la zona invadida, y en la agenda se contempla el cobro de una cuota extraordinaria para reparar una cisterna que abastece de agua a las casas granja.

Aunque la abogada negó haber obrado como apoderada, la solicitud de trámite presentada por ella ante Cofopri para la titulación del predio de 630 h la desmiente. Ella figura como representante de Eduardo Luna Flores, presidente de la asociación.

Por cierto, Cofopri le respondió que la gestión es inviable, entre otras cosas, porque parte de la zona invadida es de propiedad de la Fuerza Aérea (Ministerio de Defensa), zona destinada a la investigación científica a cargo de NASA de EE.UU.

630 hectáreas de terrenos de propiedad del Estado ha invadido esta asociación