En Arequipa son aproximadamente 30 los albergues que acogen a un estimado de mil 200 niñas, niños  y adolescentes, pero no todos los Centros de Atención Residencial (CAR) están debidamente acreditados o registrados ante el Ministerio de la Mujer.

Pese a que el plazo para esta certificación vence el 12 de febrero del 2024, según la presidente  de la Red de Albergues de Arequipa, Sandra Meza, la mayoría se encontraría en proceso de formalización, porque se requiere varios requisitos,  entre ellos contar con la infraestructura, la licencia de funcionamiento, certificado de Defensa Civil, planes de trabajo, evaluación psicológica de los trabajadores, antecedentes penales, judiciales.

De no conseguir esta calificación,  según la dirigente, será necesario ampliar el plazo, porque los perjudicados serían los albergados, considerando que no habría espacio para trasladarlos o acogerse.

Según el Decreto Legislativo 1927, en el año 2018 se dio el plazo de 4 años para la acreditación, pero en el 2022 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables amplió el plazo hasta febrero del 2024.

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SIN APOYO

Sandra Meza también cuestionó la falta de respaldo del Gobierno, porque la Unidad de Protección Especial ordenan el albergamiento de las víctimas de desprotección o violencia familiar, pero no brindan el apoyo económico o profesional. Sin embargo, piden a los CAR la información periódica del avance de desarrollo del menor. Manifestó que en cada uno  se invierte aproximadamente 500 dólares al mes, considerando la alimentación, educación, atención médica, ropa, atención psicológica, entretenimiento, entre otros.

Solo 4 de los 30 albergues son públicos, la mayoría del Gobierno Regional de Arequipa, los demás son privados, cuyos responsables gestionan apoyos de instituciones locales, nacionales e internacionales para costear el mantenimiento de estas casas hogares.

La mayoría de los casos atendidos corresponden a  violencia psicológica, física o sexual. Al no tener parientes que se hagan cargo o al encontrarse en abandono moral y económico, las víctimas  son trasladadas a los albergues por disposición de la Unidad de Protección Especial o por sentencia del juzgado.

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