Las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026 definieron a los virtuales alcaldes de las ocho provincias de Arequipa para el periodo 2027-2030, de acuerdo con los resultados difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Los perfiles de los ganadores muestran distintas trayectorias en la administración pública y situaciones legales que deben diferenciarse entre antecedentes, denuncias e investigaciones aún en trámite. En la provincia de Arequipa, Manuel Enrique Vera Paredes, del movimiento regional Fuerza Arequipeña, obtuvo el primer lugar de la votación.

Economista de profesión, cuenta con amplia experiencia en la gestión municipal. Fue regidor en 2006 y alcalde de Cerro Colorado en los periodos 2007-2010, 2011-2014, 2015-2018 y 2023-2026. En su declaración de ingresos consignó S/ 503.393 anuales brutos provenientes del sector público. La situación judicial de Vera Paredes es uno de los aspectos que marcarán su llegada a la alcaldía provincial.

En octubre de 2022 recibió una condena de ocho años de prisión por lavado de activos, ratificada en segunda instancia en mayo de 2023. Sin embargo, en julio de 2024, la Corte Suprema declaró fundada su casación y lo absolvió de ese delito.

Paralelamente, afrontó un proceso por presunto enriquecimiento ilícito, por el cual recibió una condena de cinco años de prisión en primera instancia en enero de 2025. No obstante, dicha sentencia fue anulada en diciembre de 2025 por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que ordenó la realización de un nuevo juicio oral.

EN ISLAY

En la provincia de Islay, Richard Ale Cruz, del movimiento regional Yo Arequipa, aparece como la principal figura vinculada al resultado obtenido por su organización política. El exalcalde distrital de Deán Valdivia y exalcalde provincial de Islay, es conocido por su participación en la defensa de los agricultores del Valle de Tambo durante los conflictos generados por el proyecto minero Tía María.

Sin embargo, su eventual proclamación presenta una particularidad. La renuncia de Kelly Salas Ramírez, quien encabezaba originalmente la lista, obliga al Jurado Electoral Especial a evaluar la entrega de credenciales y la aplicación de las normas electorales correspondientes.

Ale Cruz registra diversas investigaciones fiscales. Entre los casos mencionados figuran presuntos delitos de abuso de autoridad y omisión de funciones, denuncias por hostigamiento laboral y maltrato psicológico, además de una investigación por colusión agravada y actuaciones relacionadas con el caso Tía María. Estas investigaciones no constituyen una sentencia condenatoria. En su declaración jurada de hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), además, no consignó propiedades inmuebles a su nombre.

CUESTIONADOS

En Camaná, Luz María Carazas Carnero, de Acción Popular, encabezó la votación provincial con más del 21 % de los votos válidos. Su elección también destaca por la limitada presencia femenina entre las autoridades electas de la región, que representan aproximadamente el 12,7 % del total.

Entre sus antecedentes figura una denuncia por presunto abuso de autoridad presentada en 2020, cuando se desempeñaba como gerente de Participación Ciudadana de la Municipalidad de San Martín de Porres, en Lima. No se reporta una sentencia firme que le impida ejercer el cargo.

En La Unión, Antonio Dionicio Castro Flores, de Somos Perú, consiguió una de las votaciones más amplias entre las provincias al alcanzar cerca del 40% de los votos procesados. Cuenta con experiencia en gestión municipal al haber sido alcalde del distrito de Alca durante el periodo 2019-2022. Según la información disponible, no registra sentencias ni investigaciones en curso.

En Caravelí, Roberto Gerardo Vásquez Pisco, de Progresemos, superó el 37 % de los votos válidos y ocupó el primer lugar en el escrutinio provincial. Su trayectoria electoral incluye un procedimiento administrativo sancionador relacionado con la campaña de las Elecciones Regionales y Municipales de 2022. La ONPE ratificó una resolución que declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por el candidato respecto de una sanción vinculada a irregularidades u omisiones en la información financiera de campaña.

En Castilla, Antonio Manuel Quispe Yauri, también de Progresemos, obtuvo una ajustada victoria frente al candidato de Fuerza Arequipeña, Raúl Cáceres. El resultado preliminar le atribuye alrededor del 27 % de los votos frente al 25 % de su rival.

Quispe Yauri cuenta con más de 30 años de experiencia en la administración pública y, según la información consignada en su hoja de vida, no registra denuncias penales formalizadas ni investigaciones fiscales abiertas.

En Condesuyos, Ronal Marcos Medina Tejada, de Ahora Nación, aseguró el primer lugar con una votación cercana al 38,5 %. Su trayectoria ha estado marcada por cuestionamientos relacionados con un presunto caso de favoritismo y nepotismo en contrataciones estatales. Las observaciones apuntan a la supuesta adjudicación de más de S/ 254 mil en contratos públicos a una empresa perteneciente a un primo hermano.

En Caylloma, Julio César Calsina Ortiz, de Perú Primero, encabezó la votación provincial con 10.165 votos válidos, equivalentes al 18,79 % del total. En su declaración jurada de hoja de vida presentada ante el JNE dejó en blanco el apartado referido a sentencias firmes, por lo que no reportó antecedentes de esa naturaleza.

Un dato relevante es que, según registros del Ministerio Público, entre enero y diciembre de 2025, un total de 76 alcaldes provinciales y distritales recibieron condenas en primera instancia por delitos contra la administración pública. En ese mismo periodo, ocho alcaldes provinciales y distritales de la región fueron sentenciados. Esto puso a Arequipa en el primer lugar a nivel nacional en la lista de castigados.

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